Hasta el momento el Gobierno ecuatoriano no ha revelado la identidad de las cuatro personas capturadas.

“Durante la intervención se aprehendieron dos ciudadanos ecuatorianos y dos ciudadanos colombianos, quienes fueron trasladados a la Base Naval Guayaquil, junto con la embarcación y los indicios recabados para ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. En todo momento se garantizó la preservación de las evidencias, el cumplimiento de la cadena de custodia, el debido proceso y el estricto respeto de los derechos humanos de los aprehendidos”, dice el comunicado emitido por la armada del vecino país.

Así mismo, hasta finales de mayo de 2026, en el país se habían decomisado más de 70 toneladas de droga, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

Ese volumen se suma a una serie de operativos marítimos en los que las fuerzas de seguridad han incautado varias toneladas de cocaína en lanchas rápidas y otras embarcaciones, en coordinación con países como Estados Unidos.

La operación ocurrió a 140 millas náuticas de la costa, equivalente a 259 kilómetros, y terminó con la captura de los cuatro ocupantes que estaban dentro del artefacto. Según el Ministerio de Defensa, los detenidos ya estaban siendo trasladados al territorio nacional.

En su comunicación oficial, la cartera de Estado definió la incautación como “una nueva acción contra las economías criminales transnacionales”.

El operativo permitió además decomisar la nave, que las autoridades vinculan no solo al presunto transporte de droga, sino también al almacenamiento ilegal de combustible.

En una publicación a través de la cuenta en X de la Armada del Ecuador se confirmó dicha información: “Casi medio millón de dólares sería lo valorado, concerniente a la incautación de dicho semisumergible, afectando directamente a la economía criminal”.

La interceptación se produjo una semana después del hallazgo de 32 bultos de droga abandonados en aguas jurisdiccionales ecuatorianas.

En ese procedimiento participaron la Armada de Ecuador y organismos de inteligencia de la Policía Nacional, y las primeras investigaciones apuntaron a que la carga fue arrojada al mar para evadir los controles oficiales.

El caso vuelve a exponer la presión que enfrentan las fronteras entre Ecuador, Colombia y Perú, estos últimos señalados como los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con puertos en su costa como los de Guayaquil, el país se consolidó en los últimos años como un paso importante para los envíos de esa droga.

A esa condición geográfica se suma una economía dolarizada, un elemento que se ubica dentro de las condiciones que favorecieron ese papel en la cadena del narcotráfico. La droga que cruza por territorio ecuatoriano se dirige mayormente a mercados de Europa y Norteamérica.

Así mismo, las autoridades ecuatorianas agregaron: “Navegaban a bordo de una embarcación de bajo perfil (semisumergible), aproximadamente a 140 millas náuticas de la costa continental, que presuntamente era utilizada para el transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y la tenencia ilegal de combustible. La embarcación y sus tripulantes están siendo trasladados a territorio nacional”.

Según la información difundida por la autoridad ecuatoriana y citada por EFE, el procedimiento se desarrolló frente a las costas del país y forma parte de la intensificación de las operaciones en el mar.

En ese frente, las fuerzas de seguridad vienen concentrando parte de sus esfuerzos ante el uso de lanchas rápidas, semisumergibles y otras embarcaciones para mover cargamentos ilícitos.

Los efectivos secuestraron 5.770 kilogramos de marihuana valuados en $21.639.375.000. La carga estaba distribuida en 257 bultos y era usada como acopio para su traslado.

El procedimiento realizado ayer fue uno de los mayores de los últimos años en Misiones. Del total incautado, 4.912 kilogramos correspondían a marihuana prensada y 858 kilogramos a flores de marihuana.

El operativo fue ejecutado por efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de las Unidades Regionales III de Eldorado y XV de Montecarlo, junto con fuerzas federales del Grupo Operativo Conjunto del Nordeste Argentino.

La investigación permitió detectar un punto de acopio clandestino en un sector rural donde una organización criminal mantenía almacenada la carga.

Cómo encontraron el campamento

Una vez confirmado el lugar, los agentes ingresaron al monte e hicieron rastrillajes en chacras y sectores rurales cercanos para localizar a los responsables de la custodia del cargamento. Durante ese despliegue hallaron los 257 bultos escondidos entre la vegetación y cubiertos con lonas.

La intervención se concretó en la tarde de ayer y continuó con el traslado de toda la carga bajo un dispositivo de seguridad. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Eldorado, que ordenaron llevar el material a un predio acondicionado para el pesaje y las diligencias judiciales.

De acuerdo con el material difundido por la Policía de Misiones, el operativo conjunto sigue desplegado en la zona de Caraguatay con nuevas tareas investigativas y rastrillajes. El objetivo es identificar y detener a los integrantes de la estructura criminal que resguardaban la droga y organizaban su movimiento posterior.

La publicación oficial y los medios locales coinciden en que se trata de uno de los procedimientos antidrogas de mayor escala registrados en la provincia en los últimos años. Para las fuerzas intervinientes, el hallazgo permitió desarticular un centro de acopio dentro de la logística de la organización investigada.

Dictaron prisión preventiva a una pareja acusada de almacenar más de 200 kilos de droga en Salta

En otra causa, la Justicia Federal de Salta dictó prisión preventiva para una pareja acusada de acopiar y comercializar más de 200 kilos de marihuana y cocaína, luego de un operativo que permitió secuestrar un cargamento valuado en más de 900 mil dosis, según estimaciones oficiales. La investigación, bajo la órbita federal, se inició tras un control vehicular y derivó en el allanamiento de una vivienda en el barrio Juan Pablo II, en la zona sur de la capital provincial.

El procedimiento comenzó con efectivos de la Policía de Salta en un punto de control vial, donde detectaron inconsistencias en la documentación de un automóvil conducido por una persona identificada como J.L.M. Durante la requisa, la Policía encontró 17 kilos de marihuana en el baúl y más de un kilo de cocaína debajo del asiento. El hombre quedó detenido en ese momento y el caso pasó a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Las autoridades hallaron además comprobantes de pago de expensas vinculados a un departamento en la zona sur, lo que orientó la investigación hacia un posible lugar de acopio. Según El Tribuno, la fiscalía federal solicitó un allanamiento en ese inmueble. Allí, los agentes secuestraron nueve bolsas de arpillera con 188 kilos de marihuana y casi 400 gramos de cocaína, además de documentación relevante para la causa.

Durante el operativo en la vivienda allanada se presentó la pareja del detenido, S.A.B., quien fue arrestada luego de que testigos aseguraran que convivía con J.L.M. en ese inmueble. El sitio posiblemente funcionaba como punto de almacenamiento o distribución de estupefacientes.

La cantidad de droga incautada superó los 205 kilos y estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia.

La extradición de Víctor Manuel Pérez Mazariegos, conocido como “Hollywood”, a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos marca un nuevo episodio en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala. El operativo de entrega se realizó en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación interinstitucional, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con información divulgada por Prensa Libre y reportes de agencias internacionales, Pérez Mazariegos permaneció en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala hasta la conclusión de su proceso de extradición. La justicia estadounidense lo reclama por conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con destino a territorio norteamericano, así como por fabricación, distribución y complicidad en el tráfico de drogas.

La operación que culminó en la entrega del sindicado fue ejecutada por el Grupo Élite del Sistema Penitenciario (SP), en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades guatemaltecas reforzaron la seguridad durante el traslado, con el objetivo de garantizar el orden público y proteger a la población, según detalló el Ministerio de Gobernación.

El arresto de Pérez Mazariegos, alias “Hollywood”, ocurrió el 21 de febrero en el barrio La Pedrera, zona 1 de Quetzaltenango, tras un operativo de las fuerzas antinarcóticas de la PNC. Durante la detención también se incautó el vehículo en el que se desplazaba el sindicado, informaron fuentes policiales.

Según documentos judiciales citados por El Periódico, Estados Unidos acusa a Pérez Mazariegos de actuar con conocimiento y causa razonable de que la droga sería importada ilegalmente a ese país. La solicitud de extradición incluyó cargos de fabricación y distribución de cocaína, así como de ayuda e instigación en la comisión de estos delitos.

La cooperación entre Guatemala y organismos internacionales ha sido señalada como fundamental para el combate al crimen organizado transnacional. En declaraciones recogidas por Prensa Libre, voceros del Ministerio de Gobernación destacaron la importancia de la colaboración con agencias estadounidenses en la persecución de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La entrega de “Hollywood” se suma a una serie de extradiciones recientes de ciudadanos guatemaltecos requeridos por delitos de narcotráfico, fortaleciendo la cooperación bilateral y subrayando la presión internacional sobre las estructuras criminales en la región. El proceso de extradición se completó tras la autorización de los tribunales guatemaltecos y la coordinación con la DEA.

Fuentes oficiales no precisaron detalles sobre el destino inmediato de Pérez Mazariegos tras su entrega, aunque el procedimiento habitual contempla su presentación ante una corte federal en Estados Unidos para enfrentar los cargos imputados.

Guatemala registró 27 capturas con fines de extradición en lo que va de 2026, en una tendencia al alza que mantiene el ritmo tras los operativos ejecutados durante 2025. La mayoría de los requerimientos proviene de Estados Unidos y se concentra en delitos de narcotráfico, aunque también hay solicitudes de países centroamericanos por tráfico de personas y lavado de dinero.

Entre los primeros extraditados del año figura Alex Javier Cardona Estrada, alias “Chele Peña”, señalado como capo hondureño-guatemalteco que usaba identidades falsas para dirigir redes de narcotráfico en Centroamérica. Fue detenido en Zacapa y entregado a la DEA.

Otro caso relevante es el de la red de coyotaje por tráfico ilícito de personas, con cuatro extraditables capturados: Tomás Quino Canil, Josefa Quino Canil, Alberto Macario Chitic y Oswaldo Manuel Zavala. Las solicitudes se vinculan con un accidente en Chiapas, México, donde murieron 56 migrantes guatemaltecos.

El proceso de los hermanos Morales Guerra permanece detenido de forma temporal por acciones de inconstitucionalidad y recusaciones contra el tribunal a cargo. En paralelo, Wenshen “N” fue trasladado junto a otros tres privados de libertad a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para su entrega formal a la justicia estadounidense.

La cooperación entre las autoridades de Panamá, España e Interpol permitió la captura en territorio español de Stephany Maryel Villarreal, señalada por las autoridades panameñas como presunta integrante de una estructura dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y vinculada a Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, uno de los nombres que durante años ha aparecido en investigaciones relacionadas con crimen organizado internacional.

La detención se produjo como parte de los esfuerzos derivados de la denominada Operación Éxodo, una investigación desarrollada principalmente en la provincia de Colón y orientada a desarticular una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero mediante operaciones vinculadas a puertos ubicados en la costa atlántica panameña.

Según informó la Policía Nacional, Villarreal era requerida por las autoridades panameñas por su presunta participación en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y ahora enfrentará un proceso de extradición que deberá tramitarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda comparecer ante la justicia panameña.

La captura vuelve a colocar bajo la atención pública el nombre de Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, una figura que desde hace años aparece en investigaciones desarrolladas tanto en Panamá como en el extranjero.

Powell fue detenido en febrero de 2023 en Madrid, España, en una operación coordinada entre autoridades panameñas y españolas. Posteriormente, un Tribunal de Garantías en Panamá ordenó su detención provisional con fines de extradición dentro de una investigación por el delito de falsificación de documentos en general.

Las autoridades también lo habían vinculado previamente a investigaciones por pandillerismo y asociación ilícita. En 2018, organismos de seguridad panameños informaron que había sido ubicado en Emiratos Árabes Unidos en medio de pesquisas relacionadas con estructuras criminales transnacionales.

La Operación Éxodo representa una de las investigaciones más amplias desarrolladas en los últimos años contra redes de narcotráfico con capacidad de operar desde Panamá hacia Europa.

De acuerdo con los expedientes judiciales, las pesquisas comenzaron en febrero de 2023 y permitieron identificar una estructura criminal presuntamente dedicada a contaminar contenedores con cargamentos de droga que posteriormente eran enviados a puertos de España, Croacia, Países Bajos y otros países europeos.

Según la Fiscalía, la organización utilizaba una sofisticada red de contactos en puertos y empresas logísticas para introducir droga en contenedores destinados al comercio internacional.

Las investigaciones también revelaron que los integrantes de la estructura empleaban la plataforma de comunicación encriptada Sky ECC, un sistema utilizado por organizaciones criminales en distintos países y cuyo contenido fue descifrado durante una operación internacional liderada por Europol.

El acceso a esas comunicaciones permitió a las autoridades reconstruir movimientos, contactos y operaciones atribuidas a grupos dedicados al tráfico internacional de drogas.

La captura de Villarreal se suma a una lista cada vez más extensa de arrestos de ciudadanos panameños o personas vinculadas a organizaciones criminales nacionales localizados en España durante los últimos años.

Uno de los casos más recientes ocurrió en mayo de este año, cuando la Policía Nacional española capturó en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, a Juan Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado por las autoridades panameñas como uno de los principales cabecillas de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges.

Su arresto se produjo tras una alerta internacional emitida por Interpol Panamá y fue considerado uno de los golpes más importantes contra esa estructura criminal con presencia en Panamá Este. La relación entre organizaciones criminales panameñas y España tampoco es nueva

En febrero de 2023, autoridades españolas capturaron en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a quien identificaron como líder del denominado “Cártel de Bagdad”, organización señalada por el tráfico internacional de drogas y armas.

Esa investigación se originó a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y permitió descubrir operaciones de blanqueo de capitales que incluían la comercialización de lingotes de oro procedentes de Panamá, movimientos financieros internacionales y el uso de criptomonedas para ocultar recursos de origen ilícito.

Como resultado de esa operación fueron detenidas diez personas, se bloquearon 92 cuentas bancarias y se inmovilizaron 39 propiedades valoradas en más de 1.5 millones de dólares.

Los organismos de seguridad panameños consideran que la presencia recurrente de ciudadanos vinculados a estructuras criminales nacionales en España refleja el alcance internacional que han alcanzado algunas organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Las autoridades sostienen que muchas de estas redes utilizan la posición geográfica de Panamá, su actividad portuaria y sus conexiones logísticas internacionales para mover cargamentos de droga con destino a Europa y posteriormente canalizar las ganancias mediante mecanismos de blanqueo de capitales.

Con la captura de Stephany Maryel Villarreal, la investigación de la Operación Éxodo suma un nuevo capítulo en un proceso que continúa abierto y que busca determinar la dimensión real de una estructura que, según las autoridades, logró operar simultáneamente en Panamá y varios países europeos utilizando puertos, comunicaciones encriptadas y complejos mecanismos financieros para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.

El decomiso de 6.68 toneladas de cocaína realizado por la Marina Nacional marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de X que este operativo establece un nuevo récord nacional en incautaciones, superando cifras previas y consolidando una tendencia de golpes cada vez más severos a las redes criminales internacionales.

Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

En la nave viajaban tres personas: dos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, todos identificados como presuntos narcotraficantes. Transportaban 3,425 toneladas de cocaína.

Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.

Ambos decomisos, concentrados en menos de un día, suman 6,68 toneladas de cocaína con un valor estimado de USD 167 millones. Las autoridades salvadoreñas consideran que este resultado representa el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país.

Contexto de los operativos antidrogas recientes

El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga.

El presidente Bukele subrayó que la cifra total de incautaciones en 2026 ya asciende a 13,286 toneladas de cocaína, valoradas en más de USD 332,15 millones.

Esta tendencia al alza refleja una estrategia sostenida que comenzó a mostrar resultados visibles desde el año anterior. El 13 de febrero de 2026, la Marina Nacional logró decomisar 6,606 toneladas de cocaína en una sola acción, registro que hasta ahora era considerado el mayor golpe a los traficantes. El nuevo operativo del 18 de junio supera tal antecedente y marca un hito en la historia reciente del país.

Respuesta del gobierno y persistencia del fenómeno

Las autoridades de El Salvador han centrado sus esfuerzos en combatir las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

La Marina Nacional ha intensificado la vigilancia en aguas jurisdiccionales y zonas de alta incidencia, logrando interceptar embarcaciones de última tecnología, como las LPV, diseñadas para eludir radares y patrullas.

El propio presidente Bukele afirmó que la guerra contra el narcotráfico se libra en escenarios donde antes los grupos delictivos actuaban con total impunidad.

Los constantes decomisos de grandes volúmenes de cocaína demuestran una política de cerco activo y permanente sobre las operaciones de estas redes.

En lo que va de 2026, El Salvador ha registrado la mayor cantidad de droga incautada en su historia, resultado de acciones coordinadas entre la Marina, la Policía Nacional Civil y organismos internacionales.

Con cada nuevo decomiso, las autoridades insisten en que la estrategia continuará para evitar que el país vuelva a ser utilizado como ruta segura para el tránsito de narcóticos.

Los decomisos recientes no solo han golpeado las finanzas de los cárteles, sino que también han reforzado la imagen del país en el combate regional al tráfico de drogas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el jueves un decreto que declara el país en "conflicto armado interno" con el objetivo de neutralizar cualquier estructura que represente una amenaza para el Ejecutivo. El texto también insta a la Asamblea Nacional a conceder amnistía a quienes actúen “en defensa del Estado” y otorga inmunidad a militares extranjeros autorizados para desplegarse en territorio ecuatoriano, según lo aprobado en el mismo documento.

El Decreto Ejecutivo 424 establece: “Se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional, configurado por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.

Según el decreto, el gobierno ecuatoriano busca “neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza” y acepta la cooperación internacional para fortalecer las acciones, permitiendo la coordinación del personal extranjero con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El documento dispone que “el presidente de la República concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participe en dichas operaciones”, así como solicita a la Asamblea que otorgue amnistías a quienes hayan actuado en defensa del Estado.

Además, determina que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad”, sujeto a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.

Tras el anuncio, la Presidencia publicó un video en el que Noboa, acompañado de fuerzas de seguridad, vinculó el decreto con “la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador”.

Según explicó el mandatario, “militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia”, una medida que resulta de “meses de trabajo” y que, según el mandatario, tuvo un impulso especial tras la “última reunión en el Pentágono”, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

El gobierno de Noboa profundizó la cooperación en materia de seguridad con Washington, llegando incluso a ofrecer bases militares antes de que la ciudadanía rechazara esa posibilidad en un referéndum realizado en noviembre. El presidente celebró la medida y afirmó: “Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”.

Dentro del país andino, un contingente de 13.000 militares comenzó a desplegarse el jueves en cuatro de las provincias más violentas para reforzar las operaciones de combate al crimen organizado. La medida afecta a casi la mitad del país y busca enfrentar el incremento de la violencia vinculada a organizaciones criminales.

Las tropas fueron trasladadas desde zonas con menor índice delictivo hacia las provincias costeras de Guayas—cuya capital es Guayaquil—, Manabí, El Oro (fronteriza con Perú) y Los Ríos, territorios que concentran altos niveles de violencia y son estratégicos para las rutas del narcotráfico hacia Europa y Norteamérica.

Los efectivos militares se instalarán en los puntos más conflictivos para intensificar los patrullajes terrestres y marítimos, reforzar los controles de armas, municiones y explosivos y brindar apoyo directo a las operaciones contra grupos armados.

“El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas”, explicó el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), durante el arribo de 210 soldados a la base aérea de Guayaquil. El comandante agregó: “El objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población”.

(Con información de Europa Press)

Este episodio llevó a 211 el número de criminales muertos en bombardeos a embarcaciones por parte de fuerzas estadounidenses desde el lanzamiento de la campaña contra quienes la administración denomina “narcoterroristas”. Las acciones comenzaron a principios de septiembre de 2025 y se centraron en rutas de contrabando identificadas por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Un video difundido en la red social X mostró una lancha desplazándose a alta velocidad antes de ser alcanzada y envuelta en llamas. Por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza llevó adelante la ofensiva contra el navío. El Comando Sur colabora con socios comprometidos en la región latinoamericana para “detectar, desarticular y desmantelar las redes de narcotráfico en la región”.

La postura de la Casa Blanca sostiene que Washington mantiene un “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos. “Es una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses”, afirmó el presidente Donald Trump.

En ese sentido, Estados Unidos anunció el jueves una recompensa de hasta quince millones de dólares por información que permita capturar a los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, identificados como Yulan Adonay Archaga Carías, alias ‘Porky’, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias ‘Cuervo’. La medida se suma a las estrategias estadounidenses para combatir el crimen transnacional en Centroamérica.

“Porky” figura en la actualidad entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por su presunta implicación en delitos vinculados a narcotráfico, crimen organizado y tenencia ilegal de armas de fuego.

El caso de ambos cabecillas es supervisado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), un cuerpo que agrupa a varias agencias federales de Estados Unidos y cuya misión es enfrentar a organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con la acusación judicial presentada en Estados Unidos, Archaga Carías y Morales Zelaya son considerados los máximos líderes de la MS-13 en Honduras. Ambos son señalados como responsables de coordinar las operaciones delictivas de la pandilla, entre ellas narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

El Departamento de Estado ofreció hasta 10 millones de dólares por la localización y arresto de Porky, quien integra la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. La recompensa por Morales Zelaya asciende a cinco millones de dólares. La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), un equipo conformado por diversas agencias estadounidenses dedicado a desarticular cárteles de droga y organizaciones criminales.

El presidente Donald Trump clasificó en el último año a la Mara Salvatrucha como grupo terrorista, al igual que a los principales cárteles mexicanos y a la organización venezolana Tren de Aragua.

La recompensa ofrecida forma parte de los esfuerzos intensificados por el gobierno estadounidense para combatir la expansión de la MS-13 y su estructura de mando en Centroamérica. Según las autoridades, la colaboración ciudadana resulta clave para localizar y detener a los principales responsables de la violencia y el narcotráfico en la región.

La Mara Salvatrucha surgió en la década de 1980 en Los Ángeles (California), formada por jóvenes salvadoreños. Posteriormente, la pandilla se expandió a Centroamérica y otras regiones de Estados Unidos, donde se dedica a la extorsión, tráfico de drogas y diversos delitos violentos.

(Con información de EFE)

Una alianza de delincuentes españoles y albaneses había ‘tomado’ la población de Cabra del Camp, en Tarragona, de poco más de 1.000 habitantes. Una operación conjunta de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra (que movilizó a unos 300 agentes), desmanteló a principios de junio un total de 11 plantaciones de marihuana en varias viviendas de la localidad. Hubo 14 detenidos, que habían conseguido cultivar 5.000 plantas. Un par de semanas antes, también en Tarragona, era la Guardia Civil (en colaboración también con los Mossos) quien desarticulaba una organización criminal que suministraba de forma coordinada todo el material necesario para instalar y mantener plantaciones de marihuana a gran escala. Esta red ofrecía un servicio integral, con todos los elementos necesarios para que estos cultivos ilegales fueran una realidad: iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental.

Dos noticias recientes que revelan que España lleva siendo, desde hace años, la mayor plantación de marihuana de Europa. De hecho, nuestro país concentró el 75% del número total de plantas de cannabis incautadas en la Unión Europea en el año 2024, según el último Informe Europeo sobre Drogas presentado este mismo mes de junio. “Siempre ha sido una droga fácil y barata de producir, fácil de vender y con un rápido retorno económico. Y encima tiene la percepción de droga blanda, que no es nociva, con buena prensa”, coinciden en señalar fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinadas a la lucha antidroga. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar. Aunque el Ministerio del Interior no ha hecho públicos los datos de 2025, “las cifras provisionales disponibles de 2025 apuntan a un importante descenso en las aprehensiones, dado que se ha incautado prácticamente la mitad de la cantidad intervenida en 2024″, señalan las mismas fuentes.

Las cifras hablan por sí solas. En 2015, por ejemplo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 377.458 plantas (una media de 1.034 cada día) en todo el país. En 2021 se incautaron 3.335.167 plantas (9.100 al día), lo que supone un incremento del 783%. La tendencia se mantuvo en 2022 (3.350.969). Pero en 2023 empezó a cambiar la tendencia: 1.704.294 plantas incautadas ese año y 1.601.532 en 2024. Los datos de 2025 estarán en torno a las 800.000, un descenso de 76% en cuatro años. Los narcos ya no apuestan por las grandes plantaciones de exteriores, pero “sí continúa la prevalencia de las llamadas plantaciones ‘indoor’, dentro de viviendas, más pequeñas”, explican las fuentes antes señaladas.

¿Por qué este descenso? Desde el ministerio del Interior reconocen que el cultivo y tráfico de marihuana “estaba consolidándose como una de las principales actividades delictivas de los grupos organizados en España”. Por eso, la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha en 2021 el ‘Plan de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la producción y tráfico de marihuana’, que ha empezado a dar sus frutos. “El objetivo era incrementar la detección y desarticulación de los grupos organizados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana, así como disminuir los canales de distribución y favorecer la destrucción de las plantaciones detectadas y los utensilios utilizados para el cultivo”, explican desde Interior.

Primer productor desde 2018

España era desde 2018 el productor número uno de Europa. Algo había que hacer. “La implantación del plan ha arrojado excelentes resultados, produciéndose una tendencia descendente importante en las incautaciones desde el año 2021, tanto de marihuana como de plantas. El desarrollo de planes operativos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación está contribuyendo a frenar el asentamiento de grupos de crimen organizado dedicados al cultivo y tráfico de cannabis en nuestro país”, concluyen desde Interior. El plan es sencillo: aumentar la desarticulación de redes de crimen organizado que controlan estas plantaciones (se estaban implantando en España grupos chinos, suecos, polacos y de origen balcánico como albaneses, rumanos, búlgaros y serbios) y destruir con mayor rapidez los cultivos, que cada vez eran más grandes y contienen más niveles de THC (el componente psicoactivo de la planta).

Las grandes plantaciones de exterior van desapareciendo y se consolidan las de menor porte en interior de viviendas. Sobre todo en Cataluña, Granada, Murcia y Almería, siendo ahora las nacionalidades principales de los detenidos la española, albanesa y colombiana. Las pequeñas plantaciones ‘indoor’ (en pisos, garajes, cobertizos, pequeñas naves industriales…) son más fáciles de ocultar y, por tanto, complicadas de localizar. Además, no necesitan grandes inversiones económicas. “Las plantaciones en interior son más eficientes. Ahora las semillas vienen modificadas y pueden dar incluso cinco cosechas anuales”, confirman desde la Guardia Civil. “La gente se dedica ahora más a las plantaciones ‘indoor’, que son más difíciles de detectar y producen todo el año. Las que son al aire libre solo producen una cosecha al año, son más fáciles de detectar y más fácil que te las levanten”.

Además, en la mayoría de las ocasiones, las plantaciones conllevan otro tipo de delito, el fraude eléctrico. Las grandes operadoras energéticas colaboran ya con las Fuerzas de Seguridad del Estado para ayudar a detectar estas plantaciones, que necesitan mucho consumo de luz. Solo en 2025, Endesa detectó y desmanteló, en colaboración con Policía y Guardia Civil, 1.850 instalaciones ‘indoor’ de producción de marihuana. En los últimos cinco años, esta compañía ha llevado a cabo el desmantelamiento de 10.600 plantaciones de este tipo. Estas prácticas delictivas representan el 26% del total de ‘enganches’ fraudulentos a la red eléctrica; es decir, una quinta parte del ‘robo’ de electricidad que se practica en España. Naturgy colaboró en el desmantelamiento de 144 plantaciones en 2025. Una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas. Iberdrola no facilita esos datos.

La encuesta EDADES del Plan Nacional sobre Drogas de 2024 revela que el 2,5% de personas de 15 a 64 años consume a diario en España esta droga (unas 825.000). Además, el 42% de los consumidores la ha conseguido gracias a un traficante y un 8,2% porque tiene una plantación propia. España prohibió el cultivo, la producción y venta de cannabis en 1967. Pero según el Ministerio de Agricultura no se considera estupefaciente si tiene menos del 0,2% de THC (abreviación del componente psicoactivo tetrahidrocannabinol) y el cultivo en cuestión tiene fines industriales. Pero ese cultivo pasaría a ser ilegal si los cogollos resultantes se usan para fines recreativos, para el tráfico. En España solo se permite tener hasta 100 gramos de marihuana para consumo personal y únicamente privado. Todo lo que pase de esa cantidad es tráfico de drogas.

Reportan un hombre lesionado y llevado al hospital por presunta caída en el Fan Fest del Zócalo de la CDMX, en el cierre del México vs Corea.

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Marina choca con embarcación de carga

La Patrulla Costera “Uxmal” de la Secretaría de Marina (Semar) presentó una posible falla en su sistema de embrague durante una maniobra de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval, lo que derivó en un “contacto no intencional” con una embarcación de carga. El incidente no dejó personas lesionadas.

Por lo anterior, la Marina lleva a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes al siniestro y mantiene coordinación con las autoridades portuarias para atender las circunstancias derivadas del evento.

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Morena niega que hombre implicado en plan para atacar la Casa Blanca en EEUU esté afiliado

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió un comunicado en el que rechaza de manera cualquier vínculo entre el partido y Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano de 31 años identificado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como el presunto autor intelectual del plan para atacar la Casa Blanca durante el evento de UFC Freedom 250, celebrado el 14 de junio en los jardines de la sede presidencial, en el marco del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el partido, las secretarías de Organización y de Mexicanos en el Exterior de Morena verificaron sus registros internos y los padrones del Instituto Nacional Electoral (INE), sin encontrar a ninguna persona con ese nombre como militante.

El CEN subrayó que la posesión de materiales, propaganda o cualquier referencia vinculada a Morena no implica pertenencia, afiliación, representación ni actuación bajo instrucciones del movimiento

Además, condenó cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos, y reiteró que su movimiento se ha conducido “siempre por la vía pacífica, democrática e institucional”.

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Arrestan a presunto responsable del asesinato de un joven en transporte público de Jalisco

El pasado 28 de mayo en un camión de transporte público en Guadalajara un joven murió tras recibir un disparo al interior de la unidad. La captura del posible responsable fue realizada el 18 de junio en la colonia Del Fresno.

El detenido, identificado como Javier Enrique “N”, fue aprehendido mediante la cumplimentación de un mandamiento judicial vigente por el delito de homicidio calificado, en las modalidades de alevosía y ventaja.

De acuerdo con las indagatorias, tras un altercado con el operador de la unidad de transporte, el presunto responsable sacó un arma de fuego y disparó hacia el camión. El proyectil impactó al joven pasajero, quien perdió la vida en el lugar. Los hechos ocurrieron en la avenida Mariano Otero.

Reportan personas desmayadas en el Fan Fest de Guadalajara previo al México vs Corea

Reportes compartidos en redes sociales indica que en el Fan Fest de Guadalajara fueron registradas personas desmayadas y hasta lesionados, según compartió el reportero Héctor Escamilla.

Poco después de las 3:00 de la tarde las autoridades estatales confirmaron un aforo completamente lleno en la Plaza de la Liberación.

“Las personas que no lograron ingresar al recinto pueden disfrutar del partido en el Public Viewing habilitado en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en calle Mariano Bárcena s/n, Zapopan, Jalisco, donde podrán vivir la misma fiesta y ambiente futbolero", es parte del reporte de las autoridades

En redes sociales también circula un video que muestra la caída de una valla para que las personas traten de acceder a la zona.

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La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la disposición de Agencias Móviles de atención ciudadana durante los partidos del Mundial 2026 que se relicen en el Estadio Guadalajara, con el objetivo de brindar servicios a la ciudadanía local y a los visitantes.

Entre los servicios disponibles en dichas unidades móviles se encontrará la recepción de denuncias por extravío de documentos oficiales, entre ellos la identificación oficial (INE) y el pasaporte, además de orientación general y acceso a diversos servicios de atención a la ciudadanía.

Detienen a adolescente por presunta extorsión en Michoacán

Elementos de la Guardia Civil de Michoacán detuvieron a un adolescente en Zamora por su presunta relación con actividades de extorsión.

“El implicado quedó a disposición de la autoridad competente, donde darán seguimiento a las diligencias establecidas", es parte de lo compartido por la Secretaría de Seguridad estatal.

Detienen a presunto integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala

Fue detenido Yelson “N”, un hombre de origen guatemalteco, en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Dicho sujeto fue asegurado junto con un arma larga AK-47, un cargador, ⁠28 cartuchos útiles, 27 bolsitas de nylon con presunto cristal (metanfetamina) y una motocicleta Italika FT150, de color negra con rojo, sin placas y un teléfono celular.

“El detenido, quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas y Guatemala, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente", es parte de lo informado por las autoridades.

Aseguran cargadores y cartuchos tras detonaciones de arma de fuego en Pátzcuaro, Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó sobre el hallazgo de cartuchos, cargadores, un chaleco táctico con placas balísticas y celulares. El aseguramiento sucedió en la localidad de San Miguel de Charahuén, municipio de Pátzcuaro.

“Durante el desarrollo de las labores, civiles armados detectaron la presencia de las autoridades y se dieron a la fuga, realizando detonaciones de arma de fuego, sin que se registraran personas lesionadas”, es parte del reporte.

/mexico/2026/06/18/niegan-amparo-contra-extradicion-a-el-jardinero-lider-del-cjng-capturado-en-nayarit/

/mexico/2026/06/18/fiscalia-de-jalisco-detiene-al-presunto-asesino-de-adrian-salinas-vocero-de-juventudes-de-mc-en-tlajomulco/

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará este 9 de julio audiencia de imputación por presunta simulación de secuestro; la Fiscalía mexiquense sostiene que habría participado en la planeación y ejecución de un presunto montaje para exigir 40 millones de pesos, mientras un juez definirá si el caso avanza a proceso penal y el alcance de su responsabilidad.

Trasladan a 25 reos federales de penales en Sinaloa a centro federal de reinserción

Un total de 25 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, hacia un Centro Federal de Reinserción Social, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el movimiento se realizó por instrucción del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social y forma parte de acciones para reducir riesgos al interior de los penales del estado.

Detienen a dentista en Tijuana por presunto abuso sexual contra una joven durante consulta

La Policía Municipal de Tijuana detuvo a Marco Antonio “N”, de 40 años, señalado como presunto responsable de un caso de abuso sexual ocurrido dentro de un consultorio dental en la colonia Tomás Aquino, tras una denuncia ciudadana que derivó en la intervención de los agentes. De acuerdo con el reporte, una joven de 18 años pidió auxilio al número de emergencias luego de la agresión, por lo que los oficiales acudieron al sitio, donde realizó el señalamiento directo contra el odontólogo, quien fue asegurado en el lugar y trasladado ante la Fiscalía de Baja California.

Detienen a un hombre en Zacatecas tras cateo en Las Huertas; aseguran armas y droga

La Fiscalía de Zacatecas detuvo a Alejandro “N”, de 33 años, durante un operativo realizado en la colonia Las Huertas, donde agentes ministeriales ejecutaron un cateo derivado de una denuncia por conductas violentas reportadas en la zona. En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y plantas de marihuana, además de cumplimentar una orden de aprehensión contra el señalado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Jalisco suma 65 revisiones en penales desde 2024 y aseguran objetos prohibidos en operativos

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que entre diciembre de 2024 y junio de 2026 se han realizado 65 revisiones aleatorias en centros penitenciarios del estado, como parte de operativos permanentes con apoyo de fuerzas estatales y federales. El caso más reciente ocurrió el 17 de junio de 2026 en el penal de Puerto Vallarta, donde se aseguraron puntas metálicas, herramientas y otros objetos no permitidos durante una inspección realizada en distintas áreas del centro.

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo habrían operado falso secuestro para encubrir presunto desfalco de 40 millones

El esposo y el cuñado de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, fueron identificados por la Fiscalía mexiquense como piezas clave en la planeación de un supuesto “secuestro” que habría sido simulado para encubrir un presunto desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal.

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, ambos habrían organizado el montaje junto con otras personas a cambio de dinero, con el objetivo de justificar recursos públicos, mientras que las indagatorias señalan que el caso derivó en órdenes de aprehensión, detenciones y la continuación del proceso penal contra los involucrados.

Información ampliada:

/mexico/2026/06/18/esposo-y-cunado-de-la-alcaldesa-de-tenancingo-fungieron-como-piezas-clave-en-la-planeacion-de-su-secuestro-para-tapar-desfalco/

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

Valdemar “N”, alias “El Valdo”, fue trasladado a la Ciudad de México tras ser detenido en Colima junto con otras dos personas requeridas por autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Marina, el sujeto era considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia, además de contar con una orden de aprehensión con fines de extradición por señalamientos relacionados con el envío de metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense. Las autoridades también lo identificaron como presunto autor intelectual de diversos homicidios cometidos en México y EEUU, así como exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación que posteriormente se incorporó al Cártel del Golfo.

La intervención ocurrió en la sala de embarque del tercer piso del terminal aéreo. La pasajera, identificada como Marta Mellado Pérez, de 51 años, aguardaba para abordar un vuelo con destino a Madrid cuando fue interceptada por personal de inteligencia de la Policía Antidrogas, que seguía sus movimientos.

Los agentes determinaron que la carga incautada alcanzó 12 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína y que estaba impregnada en textiles y artículos del equipaje de bodega de la pasajera, según informó la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con estimaciones policiales, el cargamento tendría un valor superior al millón de soles.

Lo que inicialmente parecía una inspección rutinaria reveló un método de ocultamiento de estupefacientes. La droga había sido impregnada en textiles y otros artículos personales, una modalidad utilizada por organizaciones criminales para intentar burlar los controles de seguridad en aeropuertos internacionales.

Hallan cocaína impregnada en prendas y artículos de una pasajera

Según informó la Policía Nacional del Perú, los agentes solicitaron a la pasajera que abriera su equipaje de bodega para realizar una revisión detallada. Durante la diligencia, los efectivos inspeccionaron cada uno de los objetos transportados en la maleta.

La revisión permitió detectar una sustancia sospechosa impregnada en diversas prendas y artículos. Entre los elementos intervenidos figuraban sábanas, toallas, ropa de vestir y el forro interno de una portalaptop, todos acondicionados para transportar el alcaloide de cocaína.

Para confirmar la naturaleza de la sustancia, los especialistas realizaron una prueba química preliminar con el reactivo cianato de cobalto. El resultado arrojó una coloración azul turquesa, indicador presuntamente positivo para alcaloide de cocaína.

Los agentes continuaron con las diligencias correspondientes y procedieron al pesaje de la mercancía ilícita hallada en el equipaje de la pasajera.

12 kilos de cocaína iban a ser enviados desde Lima hacia España

Tras culminar la inspección, las autoridades determinaron que la carga alcanzó un peso total de 12 kilos con 100 gramos de alcaloide de cocaína.

La droga se encontraba impregnada en materiales textiles, una técnica que dificulta su detección durante los controles convencionales. Sin embargo, la experiencia de los agentes especializados permitió identificar alteraciones en los objetos transportados y descubrir el cargamento.

De acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional del Perú, la sustancia incautada tendría un valor superior al millón de soles en el mercado internacional, especialmente en destinos europeos, donde el precio de la cocaína se incrementa tras superar las rutas de tráfico ilícito.

El hallazgo evitó que la droga saliera del país y llegara a España, uno de los principales puntos de ingreso de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica hacia el continente europeo.

Detenida no pudo explicar la presencia de droga en su equipaje

Durante la intervención, los agentes advirtieron signos de nerviosismo por parte de la ciudadana española. Según el reporte policial, Mellado Pérez no ofreció explicaciones coherentes sobre la presencia de la droga en su equipaje ni sobre el peso adicional que transportaba.

Las autoridades informaron que la pasajera llevaba consigo únicamente 50 pesos colombianos y 20 soles en efectivo al momento de su detención, un detalle que forma parte de las investigaciones en curso.

La Policía destacó la labor de inteligencia y el trabajo de los agentes antidrogas que permitieron detectar el cargamento antes de que abandonara territorio peruano. Las pesquisas continúan para determinar cómo se organizó el envío y quiénes integran la red criminal responsable de acondicionar la droga y coordinar su traslado hacia Europa.

La detenida quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones destinadas a identificar a todos los involucrados en esta presunta operación de narcotráfico internacional.

El 18 de junio, las autoridades en Costa Rica anunciaron la captura de Wilder Eusse Osorio, colombiano nacionalizado costarricense que en los últimos años se desempeñó como presidente del club Municipal Liberia.

De acuerdo con la Policía OIJ, la detención se registró en San José tras una solicitud de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos, donde es acusado por cargos por presunta conspiración para el tráfico de drogas.

La solicitud de extradición proviene de una corte federal del estado de Texas, que investiga una red supuestamente dedicada al transporte de sustancias ilícitas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El dirigente capturado es señalado como presunto intermediario logístico y financiero dentro de la organización, con la supuesta responsabilidad de facilitar recursos y coordinar movimientos de mercancía ilegal.

La investigación contra el colombiano incluye registros de comunicaciones, movimientos bancarios y transferencias internacionales que habrían sido utilizadas para legitimar fondos provenientes del narcotráfico.

El operativo de captura se llevó a cabo en una zona residencial de la capital costarricense, donde agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol y la DEA, localizaron al directivo deportivo, que fue trasladado a dependencias judiciales para ser notificado formalmente sobre la solicitud internacional de extradición y los cargos que enfrentará.

Las autoridades de Costa Rica han indicado que el procedimiento se ajustará a los tratados internacionales y a la legislación nacional, permitiendo al acusado ejercer su derecho a la defensa.

Tras la captura, la Federación Costarricense de Fútbol emitió un comunicado informando que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que actuará conforme a la normativa vigente para garantizar la integridad del torneo nacional. Directivos de otros clubes manifestaron preocupación por el impacto del caso en la reputación del fútbol costarricense y solicitaron a la federación reforzar los mecanismos de control y vigilancia sobre las personas relacionadas con el deporte.

Se ha anticipado que, en caso de que el colombiano sea culpable, el club afectado podría enfrentar sanciones administrativas y deportivas dependiendo del resultado de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades.

Antes de ser extraditado, el presidente del club tendrá la oportunidad de presentar argumentos y pruebas ante el tribunal penal costarricense. El juez encargado valorará los elementos presentados por la defensa y definirá el futuro del colombiano.

La defensa del dirigente sostiene que no existen antecedentes judiciales en su contra en el país centroamericano y alega que las pruebas presentadas por Estados Unidos no acreditan su participación en los hechos imputados. El abogado del acusado ha anunciado que recurrirá a todas las instancias legales para evitar la extradición.

El País reveló que el expediente remitido desde Estados Unidos contiene registros documentales sobre transferencias de dinero, viajes y operaciones comerciales presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses sostienen que el investigado habría empleado su posición en el club de fútbol para facilitar actividades ilícitas y para encubrir movimientos de recursos vinculados al narcotráfico.

Al respecto, la Federación Costarricense de Fútbol reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración del deporte, por lo que colaborará con las autoridades durante la investigación.

Por su parte, Municipal Liberia anunció que el nuevo presidente del equipo será Luis Felipe Eusse, sobrino del capturado. “La operación del club seguirá desarrollándose con normalidad, manteniendo el compromiso, la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones correspondientes”.

El dirigente permanece bajo custodia a la espera de una audiencia judicial que determinará los próximos pasos en el proceso de extradición. Las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos han emitido comunicados en los que se habla de la colaboración para el intercambio de información y la ejecución de diligencias adicionales.

La Armada de Colombia confirmó la destrucción de cinco laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Cumaribo, en una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Policía.

Esta acción, desarrollada en el departamento de Vichada, afectó directamente las finanzas del Frente 44 Antonio Ricaurte del Estado Mayor Central, estructura criminal vinculada a las disidencias de las Farc, según informaron la institución militar.

Impacto en la economía ilícita y operatividad criminal

De acuerdo con la información suministrada por la Armada de Colombia, la destrucción de estos complejos clandestinos representa una afectación económica superior a los $1.000 millones para el Frente 44.

La infraestructura hallada tenía capacidad para procesar cerca de cuatro toneladas de pasta base de coca al mes, producto que abastecía redes del narcotráfico con alcance internacional.

Durante el operativo, efectivos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, junto a tropas del Batallón de Infantería No. 45 del Ejército y agentes de la Policía, ubicaron cinco estructuras ilegales utilizadas para transformar hoja de coca en pasta base.

En el lugar fueron destruidos más de 1.500 galones de insumos líquidos como gasolina, ACPM, amoniaco y soda cáustica, además de 2.200 kilogramos de insumos sólidos entre los que se encontraban cemento, cal, sulfato de amonio y fertilizantes. También se incautaron 1.125 kilogramos de hoja de coca listos para ser sometidos al proceso de transformación.

Según reportó la Armada de Colombia, la acción se logró gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar la ubicación exacta de los laboratorios, ubicados en una zona de influencia de grupos armados ilegales en la Orinoquía.

Reducción de capacidad logística y productiva

Las autoridades señalaron que la infraestructura destruida era fundamental para la economía ilícita de la estructura criminal. Los complejos ilegales generaban recursos suficientes para sostener las operaciones del Frente 44, cuya capacidad de producción mensual se estimaba en cuatro toneladas de pasta base de coca. La intervención produjo una afectación significativa en la logística, el abastecimiento de precursores químicos y la producción continua de alcaloides.

El coronel de Infantería de Marina Andrés Varón Daza, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 5, afirmó que el resultado de la operación tiene un impacto directo en la estructura financiera del grupo armado ilegal.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en los departamentos y zonas fronterizas donde persisten los cultivos ilícitos y el procesamiento de alcaloides.

“Continuaremos desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para debilitar las economías ilícitas, proteger las comunidades y fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en la Orinoquía colombiana. Cada golpe a las economías ilícitas es un avance a la protección de nuestras comunidades y una muestra de compromiso de la fuerza pública con la seguridad de la región”, concluyó el oficial.

Ofensiva contra las rutas del narcotráfico

La operación en Vichada se suma a otras acciones recientes lideradas por la Armada Nacional contra el narcotráfico en diferentes regiones del país.

En el Caribe colombiano, unidades navales y aéreas interceptaron dos embarcaciones rápidas y decomisaron más de 5.400 kilogramos de clorhidrato de cocaína, generando pérdidas estimadas en 250 millones de dólares para las organizaciones criminales involucradas. Las autoridades informaron que en estos operativos siete personas fueron capturadas, entre ellas ciudadanos colombianos y un hondureño.

De acuerdo con información oficial, el Caribe colombiano continúa siendo una de las rutas más vigiladas debido al constante intento de envío de cargamentos hacia mercados ilegales en Centroamérica y Norteamérica.

Las Fuerzas Militares y organismos internacionales reforzaron la presencia en la región para impedir el uso de corredores marítimos por parte de los grupos dedicados al tráfico de drogas.

El especialista en seguridad, David Saucedo, aseguró que la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó el fin de la alianza que tenía ese grupo delictivo con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, para enfrentar a La Mayiza.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Saucedo señaló que desde el 2025, agencias de inteligencia de Estados Unidos documentaron la existencia de un acuerdo entre ambas organizaciones criminales, aunque esa información permaneció restringida a círculos de inteligencia hasta que fue mencionada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recientemente.

“Desde el año pasado el gobierno de los Estados Unidos, en distintos informes de inteligencia, dio a conocer que el Cártel Jalisco había establecido un pacto con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para enfrentar a El Mayo Zambada y a sus hijos, La Mayiza”, explicó Saucedo.

De acuerdo con el especialista, la alianza se consolidó una vez iniciada la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa detonada tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y que Los Chapitos buscaron respaldo externo debido a que enfrentaban una posición armamentística menos favorable frente a la facción rival.

Sostuvo que Audias Flores fungió como intermediario en las negociaciones entre ambos grupos y como parte del acuerdo, dijo, el Cártel Jalisco Nueva Generación habría proporcionado hombres armados, armas y municiones, para reforzar a Los Chapitos en los enfrentamientos contra La Mayiza.

A cambio, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían cedido espacios de operación y rutas para el tráfico de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, como la ruta que tiene en la costa oeste de los Estados Unidos en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Con esto, el CJNG aprovechó la guerra interna del Cártel de Sinaloa como una “jugada de ajedrez” para debilitar simultáneamente a Los Chapitos y a La Mayiza, expandir su presencia territorial, y ganar rutas para el tráfico de drogas, afirmó el especialista.

“El Mayito Flaco iba ganando posiciones, entra el Mencho a respaldar Los Chapitos para prolongar esta sangria en el Cartel de Sinaloa; lo que hizo el Cartel Jalisco es una jugada de ajedrez; es decir, aportar recursos para que las dos facciones del Cartel Sinaloa se autodestruyeran, evidentemente con el objeto después de apoderarse de los vastos territorios del imperio que ha construido a lo largo de décadas el cartel de Sinaloa”.

Señaló que el grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, respondió construyendo una red de alianzas con organizaciones rivales del CJNG en distintas regiones del país.

Entre estos grupos enemigos del CJNG se mencionó al Cártel Nueva Plaza en Jalisco, el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Cárteles Unidos en Michoacán, el Cártel Chiapas-Guatemala en la frontera sur y La Unión Tepito en la Ciudad de México.

“Ahora que ya Los Chapitos no cuentan con el respaldo en armas, hombres y municiones que les estaba proporcionando el Cártel Jalisco, tienen una situación de fuerzas que les es desfavorable”, dijo Saucedo en la entrevista.

La detención de El Jardinero fortaleció la posición de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dentro de la sucesión dentro del CJNG.

“Después de la captura de El Jardinero, Valencia se convierte en el único e indiscutible líder del Cártel Jalisco”.

Tras estas situaciones, el especialista en seguridad dijo que en la actualidad existen en México tres grandes estructuras criminales con capacidad nacional: el Cártel de Sinaloa, que se encuentra en una guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza; el CJNG, que atraviesa un proceso de reacomodo en su liderazgo y La Nueva Familia Michoacana.

Por debajo de ellos, hay organizaciones regionales que aunque tienen menor presencia nacional, representan “un dolor de cabeza” para los gobiernos estatales. Entre estos están Los Tlacos o Los Ardillos en Guerrero; el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la Unión Tepito en la Ciudad de México.

Paz narca ha disminuido homicidios en el Mundial

Saucedo planteó que durante las últimas semanas se ha observado una disminución de homicidios y delitos de alto impacto en varios estados afectados por disputas entre organizaciones criminales.

Reconoció que no existen elementos públicos que permitan confirmar un acuerdo formal, pero consideró posible que los grupos criminales estén reduciendo temporalmente la confrontación durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol.

Sostuvo que la disminución de homicidios en distintas entidades del país podrían estar vinculadas a la tregua entre el CJNG y Los Chapitos, lo que habría contribuido a reducir los niveles de violencia en zonas de alta incidencia.

“Me parece que es una especie de acuerdo tácito de no hacer olas durante el Mundial, permitir que la Copa Mundial se realice sin delitos de alto impacto y sin acciones que generen represalias de los cárteles”, dijo.

Dijo que esta tregua solamente será durante la justa deportiva.

Zarparon desde Colombia buscando un mejor futuro. Fueron capturados y deportados desde Aruba. Y hoy están presos en Venezuela.

Así se resume la historia de cinco “balseros” venezolanos, con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años, que fueron expulsados por las autoridades arubeñas por tratar de ingresar a la isla en una lancha, y que ahora están en una cárcel del estado Falcón, región noroccidental, imputados por narcotráfico y asociación para delinquir.

El abogado Kerrins Mavares y familiares de estos cinco hombres protestaron este lunes 15 de marzo frente a los tribunales de la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, por lo que califican como una detención arbitraria, reseñó el portal Crónicas del Caribe, medio especializado en temas de Venezuela y los territorios del Caribe Neerlandés.

Según el relato de Mavares, 13 hombres salieron a bordo de una embarcación el 28 de enero desde Punta Espada, Colombia, hacia Aruba. Cuando estaban cerca de la isla, se lanzaron al agua para tratar de llegar a nado. Siete fueron interceptados y el resto logró evadir a la policía para entrar de forma ilegal.

Los detenidos recibieron la libertad plena el 5 de marzo junto con una orden de deportación y la prohibición de ingreso a la isla. Luego de que lograron reunir el dinero para cubrir los vuelos de repatriación, los siete hombres retornaron a Venezuela en abril.

Persecución

En principio, los siete pasaron los controles de Migración y de Interpol sin problemas, pues su única falta fue haber tratado de llegar a Aruba en lancha. Pero al salir del aeropuerto, a cinco de ellos los esperaba una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y allí comenzó su calvario.

“Aquí les quitaron las boletas de libertad que les otorgó Aruba, que es un documento indispensable, y las desaparecieron. Sin embargo, conseguimos tenerlas nuevamente gracias al abogado que tuvieron en la isla. La boleta confirma su libertad plena y que no están involucrados en ninguna investigación criminalística, de lo contrario no hubiesen sido deportados”, argumenta Mavarez.

El abogado sostiene que el acta policial contra sus defendidos está “vacía” y que solo registra una nota periodística publicada en Aruba sobre una lancha que ingresó a la isla con drogas y varios migrantes venezolanos. No obstante, aclara que cuando ocurrió ese hecho, ya estos cinco hombres estaban detenidos en Aruba.

“Los fundamentos que usan para acusar no demuestran la ocurrencia del hecho punible, ni la participación de mis defendidos. Aruba los caracterizó como migrantes ilegales, no como narcotraficantes porque no hay ningún objeto de interés criminalístico. Fueron deportados por ingresar de forma irregular, es un delito migratorio en la isla, no penal”, insiste.

Auxilio

Mavarez comenta que fueron sorprendidos con la suspensión de la audiencia preliminar, que debía celebrarse este miércoles 17, y con la decisión de internar a tres de las cinco personas en la ciudad penitenciaria de Coro, capital de Falcón, dejando a los otros dos en las instalaciones de la Guardia Nacional.

Los cinco hombres pudieron superar los controles internos del aeropuerto porque sobre ellos no pesaba ninguna orden de captura en el sistema. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sí sabían que aterrizarían en el país, gracias a los datos suministrados por el Consulado venezolano en Oranjestad.

El abogado informó que consignarán este caso ante la comisión nacional para la reforma de la justicia penal, recientemente creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los parientes de los detenidos claman por justicia. “Nuestros hijos lo que quieren es trabajar, tener estabilidad, prosperidad, por eso se fueron a Aruba buscando mejoría. No son culpables de lo que les acusan”, declaró un familiar al medio Crónicas del Caribe.

La segunda ronda de conversaciones preparatorias para la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) concluyó este miércoles en Washington. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó desde la capital estadounidense que los equipos negociadores abordaron temas clave como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz, y que México presentó sus propuestas formales a la contraparte encabezada por el embajador estadounidense Jameson Reed.

El 1 de julio: no el fin, sino el inicio

Ebrard fue enfático en aclarar un punto de confusión pública: el 1 de julio no es la fecha límite para cerrar el acuerdo, sino el arranque formal de la revisión. Ese día, los tres países —México, Estados Unidos y Canadá— sostendrán una reunión virtual para presentar sus posiciones oficiales sobre el futuro del tratado. En esa instancia se definirá cuál de las dos opciones previstas en el texto tomará forma: una extensión automática de 16 años o una prórroga de 10 años con revisiones periódicas.

La siguiente ronda presencial está programada para el 20 de junio en la Ciudad de México, donde los negociadores pasarán de las posiciones generales a discutir textos concretos y contenidos más detallados, según precisó el funcionario.

Trump sube el tono: “No busco renovarlo”

El escenario diplomático que enfrenta la delegación mexicana no es sencillo. El pasado 10 de junio, el presidente Donald Trump declaró desde la Oficina Oval que su gobierno “no sabe si lo va a renovar”, argumentando que Estados Unidos no necesita los autos, la madera ni la energía de sus vecinos.

Apenas ayer, 17 de junio, Trump fue más lejos. Desde la Cumbre del G7 en Francia, el mandatario señaló que preferiría que Estados Unidos no formara parte del T-MEC, aunque evitó amenazar explícitamente con abandonar el pacto. “Preferiría no tener el T-MEC”, dijo desde París.

La narrativa del narco, un frente paralelo

Junto con las tensiones comerciales, Trump mantuvo otro frente abierto: el discurso sobre seguridad. También desde el G7, el presidente estadounidense reiteró que los cárteles controlan México y calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una mujer muy asustada”. “México ha perdido el control de su país”, declaró en Evian, Francia.

La presión no viene solo del presidente. Sara Carter, zar antidrogas de la administración Trump, advirtió que el gobierno estadounidense apunta actualmente a políticos mexicanos que trabajan con organizaciones criminales, e indicó que ya se buscan órdenes de aprehensión contra funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa.

La complejidad del tablero

El T-MEC no expira sino hasta 2036, pero el mecanismo de revisión a seis años —activado este 2026— abre una ventana de renegociación que cualquiera de los tres países puede aprovechar, o convertir en presión. Cualquier nación participante puede retirarse del acuerdo con tan solo seis meses de preaviso.

México llega a estas negociaciones en una posición compleja: con un tratado que gestiona casi 2 billones de dólares en comercio trilateral anual, una contraparte que mezcla la mesa comercial con el discurso de seguridad, y un socio que en público dice no necesitar el acuerdo mientras sus negociadores siguen sentados frente a los mexicanos.

La próxima semana definirá si el diálogo avanza o si las declaraciones de Trump desde Europa marcan el tono real de lo que viene.

“El sistema falló, colapsó”. Con esa frase, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, resumió la crisis penitenciaria que quedó al descubierto tras la fuga masiva de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, un hecho que calificó como una de las situaciones más graves enfrentadas por su administración en materia de seguridad.

Durante su conferencia semanal, el mandatario afirmó que la evasión no solo evidenció fallas operativas dentro del sistema penitenciario, sino también problemas estructurales acumulados durante años, que permitieron que organizaciones criminales continuaran operando desde el interior de las cárceles.

Mulino adelantó que el próximo 1 de julio, durante su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, presentará una serie de medidas destinadas a transformar el modelo penitenciario panameño, endurecer los controles internos y reforzar el aislamiento de los reclusos considerados de alta peligrosidad.

“La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó. La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron”, sostuvo el mandatario.

Según explicó, de los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita, 178 ya han sido recapturados y continúan las operaciones para localizar al resto. Aunque aclaró que no se trata de cabecillas de alto perfil ni de líderes de grandes organizaciones criminales, aseguró que todos deberán responder ante la justicia y regresar a prisión.

El presidente reveló que desde el momento en que se produjo la evasión ordenó la separación inmediata de los guardias y responsables de seguridad involucrados, además de la apertura de investigaciones internas y la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.

“No habrá protección legal ni política para nadie”, aseguró. Sin embargo, señaló que tampoco tomará decisiones apresuradas únicamente para satisfacer presiones mediáticas o políticas. “No tengo ningún protegido. Sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”, afirmó.

Las acciones emprendidas por el Gobierno también incluyeron requisas masivas dentro de distintos centros penitenciarios. De acuerdo con Mulino, estos operativos permitieron decomisar armas, drogas y artículos de lujo que evidencian el nivel de control que algunos grupos criminales habían logrado mantener desde prisión.

Para el mandatario, el problema va mucho más allá de una fuga puntual. Sostuvo que las cárceles dejaron de cumplir su función principal de aislamiento y resocialización, convirtiéndose en centros desde donde se coordinan delitos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos.

“Todo eso entró por la puerta, con la complicidad de los que estaban cuidando la puerta”, afirmó al referirse al ingreso de objetos prohibidos y a las actividades ilícitas detectadas dentro de los centros penitenciarios.

Mulino también vinculó la crisis penitenciaria con el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Como ejemplo mencionó el reciente homicidio de una niña de 10 años ocurrido en Betania durante un ataque l dirigido contra el compañero sentimental de su madre, quien mantenía antecedentes penales.

Aunque reconoció que el sicariato es un fenómeno complejo y difícil de prevenir mediante labores de inteligencia, advirtió que el crecimiento del narcotráfico representa una amenaza creciente para la seguridad nacional y requiere respuestas más contundentes por parte del Estado.

Otro de los temas abordados por el presidente fue la decisión de trasladar a 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad hacia instalaciones ubicadas en Coiba, una medida que ha sido cuestionada por organizaciones ambientalistas y representantes del sector turístico.

Mulino defendió la decisión y aseguró que responde exclusivamente a criterios de seguridad nacional. Recordó que las instalaciones utilizadas pertenecen al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y existen desde hace años, incluso desde cuando ocupó el cargo de ministro de Seguridad.

“No es una discusión sobre el uso de una reserva, sino sobre la seguridad de los panameños”, afirmó.

El mandatario rechazó las críticas que sugieren que los reclusos se encuentran libres dentro de la isla y explicó que permanecen recluidos en un recinto controlado por las autoridades. También negó que la medida implique la construcción de nuevas infraestructuras dentro del Parque Nacional Coiba o genere afectaciones ambientales.

“Ese es el mismo recinto de toda una vida. No se ha construido un pabellón nuevo; simplemente se ha adaptado para albergar detenidos”, explicó.

Asimismo, recordó que el Gobierno desarrolla proyectos para fortalecer la presencia institucional en la zona, incluyendo la construcción de instalaciones destinadas a guardaparques de MiAmbiente.

Durante su intervención, Mulino también cuestionó a organizaciones que han expresado preocupación por las condiciones de detención de los reclusos. A su juicio, en muchas ocasiones se otorga mayor atención a los derechos de los delincuentes que a los derechos de las víctimas de homicidios, violaciones, extorsiones y otros delitos violentos.

El presidente insistió en que Panamá necesita revisar profundamente su modelo penitenciario y avanzar hacia esquemas más estrictos que impidan que las estructuras criminales continúen operando desde prisión.

“Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes”, afirmó.

Aunque evitó revelar detalles específicos de las medidas que anunciará, adelantó que el paquete incluirá cambios en la cultura penitenciaria, nuevas estructuras de control, mayor disciplina interna y políticas públicas enfocadas en garantizar el aislamiento efectivo de los criminales más peligrosos.

Para Mulino, la fuga de La Joyita debe marcar un punto de inflexión. “Lo sucedido me indigna y me avergüenza”, reconoció. Sin embargo, sostuvo que también representa una oportunidad para impulsar transformaciones profundas en un sistema que, según sus propias palabras, terminó colapsando frente a la capacidad de infiltración y operación de las organizaciones criminales.

El presidente del Municipal Liberia Wilder Eusse fue detenido este miércoles en San José por una solicitud de Estados Unidos que busca su extradición por presunto narcotráfico, un caso que lo expone a un proceso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos ligados al tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

La acusación formal fue presentada el 10 de junio de 2026 ante esa corte federal, según el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, al dirigente deportivo se le atribuyen dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de introducirla ilegalmente en Estados Unidos.

La captura se produjo en las inmediaciones de La Sabana, en San José, por agentes del Organismo de Investigación Judicial. Después será presentado ante el Tribunal Penal de San José, que ordenó su detención provisional mientras avanza el trámite para atender el pedido de extradición.

Eusse, identificado por las autoridades con los alias de “El Soldado” y “El Tío”, presuntamente integraba una organización narcotraficante que operaba en distintos países del continente americano y se dedicaba a la importación de cocaína hacia Estados Unidos, según la Fiscalía.

La acusación en Texas apunta a una red de cocaína con alcance continental

La detención del empresario colombiano no responde al llamado caso Lusso, sino al requerimiento de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas. El pedido de entrega fue emitido para que enfrente en ese país el proceso judicial correspondiente.

El dato central del caso es que Wilder Eusse Osorio está requerido con fines de extradición por una causa de narcotráfico abierta en Texas, y que la justicia costarricense ya activó su detención provisional mientras se tramita esa solicitud.

Según el texto del expediente citado en la información oficial, la acusación lo vincula con dos conspiraciones: fabricar cocaína y distribuirla para su ingreso ilegal a Estados Unidos. La imputación quedó formalizada el 10 de junio de 2026 ante el tribunal federal del Distrito Este de Texas.

Tras conocerse la captura, el club emitió una respuesta escueta. “Por el momento, de parte de nuestra institución no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones. En el momento oportuno atenderemos las consultas y emitiremos las declaraciones respectivas”, indicó Municipal Liberia en su chat de prensa.

Según La Nación, el medio también intentó obtener una reacción del presidente ejecutivo de la institución, Luis Felipe Eusse, sobrino de Wilder Eusse, pero no obtuvo respuesta.

Su nombre ya había aparecido en el caso Lusso, aunque no como sospechoso

Semanas antes de esta detención, CR Hoy informó que Eusse aparecía mencionado en el expediente del caso Lusso, una investigación por presunta legitimación de capitales seguida contra Francisco Javier Alfaro Flores. Esa mención, de acuerdo con la información publicada, se explica por un vínculo familiar entre ambos: estaban casados con hermanas.

La misma información precisa que Eusse no figura como sospechoso en ese expediente. Aun así, la documentación judicial lo describe como una persona “conocida policialmente” y menciona reuniones entre ambos, además de propiedades y vehículos de lujo que estaban a nombre de los involucrados, según CR Hoy.

El 26 de mayo, después de una serie de allanamientos vinculados con esa investigación, el club difundió un comunicado en respaldo de su presidente. Allí sostuvo que la institución desarrolla sus actividades bajo principios de legalidad y cumplimiento normativo, y que mantiene al día sus obligaciones contables, tributarias, fiscales, administrativas y deportivas.

Eusse se convirtió en 2020 en el principal inversionista y presidente del club liberiano. Su ingreso al fútbol costarricense se produjo mediante el grupo Horus FC, encargado de la gestión del equipo.

Fuera del ámbito deportivo, es una figura conocida en Guanacaste por su participación en varios negocios. Según el texto fuente, mantiene inversiones en gasolineras, lubricentros, gimnasios y minimarkets.

La operación conjunta en Bochalema permitió el hallazgo de un complejo dedicado al procesamiento de cocaína con una infraestructura que, según las autoridades, ofrecía una capacidad de producción mensual cercana a los 1.000 kilogramos.

En el procedimiento, los uniformados incautaron 301 kilos de cocaína, 80 kilos de base de coca, 132 galones de base de cocaína en solución y una importante cantidad de insumos líquidos y sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, precisó la Policía Nacional. La presencia de estos laboratorios en Norte de Santander mantiene a la región como uno de los principales enclaves de producción y tráfico de drogas en Colombia, lo que incentiva el accionar de organizaciones armadas ilegales.

Rescate de una víctima de secuestro en la región

En Bochalema y áreas aledañas, las acciones de seguridad incluyeron también operativos de rescate. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Norte de Santander, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró liberar a una mujer que había sido secuestrada junto a su pareja por integrantes del grupo armado residual Estructura 33.

La intervención se realizó en el sector de Pozo Azu tras recibir una alerta sobre el secuestro de dos ciudadanos en la vía entre el corregimiento La Don Juana y el municipio de Durania. Tras activar los protocolos de seguridad, las tropas desplegaron un dispositivo que permitió rescatar a una de las víctimas y capturar a tres presuntos responsables en flagrancia.

Durante la operación se incautaron dos vehículos, dos motocicletas, cadenas, candados y varios equipos de comunicación móvil. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el secuestro habría sido ordenado por alias Richard, presunto cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio.

Golpes recientes al narcotráfico en Norte de Santander

Las operaciones recientes de la fuerza pública afectaron de manera significativa la infraestructura de producción de drogas en Norte de Santander. Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y la Policía Nacional identificaron en las veredas Morretón (Durania) y San Isidro (San Cayetano) un total de nueve estructuras clandestinas utilizadas por el grupo armado organizado ELN, específicamente el Frente Juan Fernando Porras Martínez.

Este operativo permitió la incautación de 1.945 kilos de clorhidrato de cocaína y sus derivados, así como 655 kilos de suministros sólidos, 910 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 1.734 galones de componentes químicos, entre los que figuraban acetato N-propilo, ácido sulfúrico, acetona y gasolina. También se decomisó maquinaria y equipos empleados en la obtención del narcótico.

Según inteligencia militar, los dos laboratorios desmantelados en estas veredas contaban con una capacidad de producción mensual de 1,5 toneladas de droga, destinadas a ser enviadas fuera del país a través del Caribe y comercializadas en Europa.

La destrucción de estas estructuras supuso, según el Ejército Nacional, una afectación económica para el GAO ELN de $14.877 millones. En un comunicado, la institución castrense destacó que con estas acciones se impactan de manera directa las fuentes de financiamiento ilegal de las organizaciones armadas que operan en la región.

Las acciones coordinadas entre el Ejército Nacional y la Policía reflejan la estrategia sostenida para combatir el narcotráfico en Norte de Santander. La destrucción de laboratorios y el decomiso de cargamentos de droga buscan limitar la capacidad operativa y financiera de los grupos armados organizados.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, detectó la droga tras una inspección en el puerto de Cartagena, según informó la institución. El operativo, realizado en el desarrollo de la estrategia Esmeralda Plus, permitió identificar una modalidad de ocultamiento que empleó la mezcla del estupefaciente con pulpa de fruta de guayaba.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Antinarcóticos, las autoridades inspeccionaron 77 canecas plásticas que contenían aproximadamente 14 toneladas y 981 kilos de carga. La sustancia ilícita estaba camuflada en el producto alimenticio, destinado a la exportación, con el objetivo de evadir los controles aduaneros y llegar al mercado europeo.

Tecnologías y controles para evitar el tráfico

La operación fue posible gracias a las labores de perfilamiento adelantadas por el Centro de Análisis y Seguimiento Operacional de Bienes, que identificó patrones sospechosos en el embarque. Las actividades de control e inspección sobre los contenedores de exportación permitieron detectar la presencia de la droga, que había sido mezclada en el interior de la carga de pulpa de guayaba.

El cargamento tenía como destino Italia, uno de los principales mercados de consumo en Europa. Según informó la Policía Nacional, la concentración de clorhidrato de cocaína en la mezcla alcanzó el 3,86% en las muestras analizadas por el Laboratorio de Estupefacientes Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El concepto pericial confirmó la presencia del alcaloide en la carga inspeccionada, lo que permitió judicializar el caso y remitir los elementos materiales probatorios a las autoridades competentes.

Impacto en las finanzas del narcotráfico

Según detalló la Policía Nacional, la incautación de este cargamento representa un duro golpe para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades estiman que la afectación a las finanzas criminales supera los $3.172 millones, y se evitó la distribución de cerca de 1,4 millones de dosis de cocaína en el mercado europeo.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, declaró: “Continuamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales, investigativas y de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para contrarrestar las diferentes modalidades empleadas por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Este resultado evidencia el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional y la protección de la seguridad global frente al tráfico ilícito de drogas”.

Además, la Policía Nacional instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, recordando que la línea antidrogas 167 garantiza absoluta reserva de la información aportada.

El cargamento incautado quedó bajo custodia de las autoridades competentes, mientras avanza el proceso para determinar los responsables y establecer las posibles conexiones con redes de tráfico internacional de estupefacientes. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades reiteran su llamado a la colaboración ciudadana.

Nuevas modalidades y antecedentes recientes

La modalidad utilizada por los narcotraficantes evidencia la sofisticación creciente para intentar burlar los controles portuarios. El método de mezclar clorhidrato de cocaína con pulpa de fruta buscaba dificultar la detección de la droga mediante controles rutinarios y tecnológicos.

Este operativo se suma a otro realizado días antes en el mismo puerto de Cartagena, donde las autoridades decomisaron 2,4 toneladas de cocaína ocultas en productos derivados del café, con destino a la ciudad de Valencia, en España, según declaraciones del director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano.

Ambos casos, reportados por la Policía Nacional, ponen de manifiesto la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales para modificar sus métodos de ocultamiento y transporte. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a los responsables y establecer posibles conexiones con otras redes internacionales de narcotráfico.

La Polícia de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial ejecutaron este miércoles 23 allanamientos en Puntarenas y Alajuela para desarticular una presunta red de narcotráfico internacional liderada por Engler Araya Aguilar, una estructura que, según las autoridades, está vinculada con el decomiso de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína en tres operaciones marítimas de 2025.

Durante las primeras horas del operativo fueron detenidas 19 personas, informó Stephen Madden, director de la PCD. La investigación también atribuye al grupo delitos de legitimación de capitales, venta local de drogas y extorsión mediante préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

El caso fue denominado Turbo porque buena parte de la droga salía del puerto de Turbo, en Antioquia, Colombia, según confirmó la PCD. De acuerdo con la investigación, lanchas rápidas cargadas con cocaína partían desde Colombia y otros países de Sudamérica para abastecer embarcaciones pesqueras en el Pacífico costarricense, que luego llevaban los cargamentos hacia Estados Unidos y El Salvador.

Las diligencias comenzaron a las 3:00 en sectores de Puntarenas como Miramar, El Roble, Esparza, El Carmen y El Cocal. Los agentes también realizaron intervenciones en el centro de Alajuela.

La estructura está vinculada con tres decomisos marítimos de 2025

Según las autoridades, el primer caso relacionado con la organización ocurrió en abril, cuando autoridades de El Salvador interceptaron la embarcación pesquera Río Bravo. En esa operación fueron detenidas 11 personas, entre ellas cuatro costarricenses, y se decomisaron 1,25 toneladas de cocaína junto con varios rifles tipo AR-15.

El segundo decomiso ocurrió en junio en una embarcación llamada Zona Cero. Las autoridades incautaron 1.850 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro costarricenses que, según la investigación, operaban bajo la modalidad de falsos pescadores.

El tercer operativo permitió decomisar 950 kilos de cocaína cerca de Golfito y detener a tres costarricenses. Según las autoridades, los tres casos guardan relación directa con la estructura investigada en el caso Turbo.

Las autoridadades sostienen que los integrantes del grupo se hacían pasar por pescadores y utilizaban barcos con compartimentos ocultos, conocidos como “caletas”, para esconder la droga antes de enviarla a otros países. Según la PCD, ese mecanismo permitió mover cargamentos en rutas del Pacífico costarricense sin despertar sospechas inmediatas.

Las autoridades investigan una red con base familiar y patrimonio de alto valor

Según las autoridades, el presunto líder de la organización es Engler Araya Aguilar, quien ya estaba recluido en el Centro de Atención Institucional Terrazas por una causa relacionada con hechos ocurridos en 2009. De acuerdo con la investigación, fue condenado en 2015, aunque ingresó al sistema penitenciario hasta 2022.

Este miércoles también fueron detenidas su esposa, una mujer de apellido Sirias, y una de sus hijas. Ambas residían en una vivienda ubicada en Miramar cuyo valor rondaría el millón de dólares, según la investigación.

Las autoridades señalan como supuesto segundo al mando a Michael Sánchez Arce, capturado durante los operativos y señalado como responsable de coordinar la logística para el traslado de la droga. Junto a él fue detenida su pareja sentimental, una mujer de apellidos Medrano Quesada, de 26 años, hija de la primera vicealcaldesa del cantón central de Puntarenas Adriana Quesada Mora.

Según las autoridades, también fueron arrestados dos ciudadanos colombianos en Alajuela por su presunta colaboración con la estructura. La investigación describe al grupo como una red integrada por familiares y personas de absoluta confianza de Araya Aguilar.

La Sección de Legitimación de Capitales del OIJ desarrolla en paralelo una investigación financiera para rastrear bienes que habrían sido adquiridos con dinero del narcotráfico. Según las pesquisas, la organización acumuló propiedades, fincas, viviendas y vehículos de alto valor, y esos informes patrimoniales serán utilizados por la Fiscalía para solicitar la anotación y el eventual decomiso de esos activos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación de seguridad en México con declaraciones que generaron repercusión en ambos países. Según el registro de sus palabras, el mandatario afirmó que las autoridades estadounidenses han logrado reducir en 60% el tráfico de drogas por una de las rutas que monitorean, y adelantó que ahora concentrarán sus esfuerzos en las rutas terrestres que atraviesan territorio mexicano.

“Los cárteles, simplemente, gobiernan”

Trump aseguró que “México ha perdido el control de su país” y que son las organizaciones criminales las que ejercen el poder real en el territorio. “Los cárteles dirigen México, y es triste”, expresó, en lo que se trata de una postura que el republicano ha repetido en múltiples ocasiones desde el inicio de su segundo mandato.

El mandatario estadounidense también se refirió directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una mujer muy buena”, pero agregó que se trata de “una mujer muy asustada” frente al poder de los grupos del narcotráfico que operan en el país. “Los cárteles de la droga están totalmente al mando de México”, insistió.

Una narrativa que se repite

• Estas declaraciones se suman a una serie de pronunciamientos similares que Trump ha hecho a lo largo de 2026, en los que ha:
• Vinculado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos con la situación de seguridad en territorio mexicano.
• Ofrecido en distintas ocasiones el envío de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles, propuesta que el gobierno mexicano ha rechazado.
• Calificado a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” en el hemisferio durante foros internacionales de seguridad.

La presidenta Sheinbaum ha respondido en distintas conferencias matutinas que México está actuando contra el crimen organizado y que mantiene una postura de cooperación con Washington, sin que ello implique ceder soberanía. La mandataria ha insistido en que una intervención militar estadounidense “no es una opción” para su gobierno, y ha subrayado el principio de responsabilidad compartida entre ambos países en materia de seguridad y tráfico de armas.

Contexto de tensión bilateral

Las declaraciones se producen en un momento de fricciones constantes entre ambos gobiernos, marcado por:

• Amenazas previas de acciones unilaterales si México “no hace su trabajo” contra el narcotráfico.
• La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Washington.
• Alertas de viaje del Departamento de Estado que incorporaron el factor “terrorismo” para distintos estados mexicanos, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El G7 de París, escenario del endurecimiento del discurso anticartel

Las declaraciones de Trump se producen en paralelo a la participación de su gabinete en el G7 celebrado en París. En el marco del foro denominado “No al financiamiento del terrorismo”, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las redes criminales operan más allá de las fronteras nacionales y utilizan mecanismos financieros complejos para sostener sus actividades, equiparando al Cártel de Sinaloa con organizaciones como Hezbolá y estructuras vinculadas con Irán. La postura refuerza la estrategia del gobierno de Trump de tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones con características similares a grupos terroristas internacionales, un enfoque que ha incrementado la presión diplomática sobre México y que la presidenta Sheinbaum ha respondido reiterando el principio de soberanía nacional.

Las autoridades del sur del Bronx desmantelaron cinco redes de narcotráfico que durante años operaron a plena luz del día en el distrito comercial conocido como “The Hub”. El lunes 15 de junio, la fiscal del Bronx Darcel Clark y la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunciaron la acusación formal de 32 personas vinculadas a esas organizaciones, en un operativo que incluyó la incautación de drogas, armas y miles de dólares en efectivo.

Las cinco bandas vendían fentanilo, metanfetamina y cocaína sin ningún intento de ocultamiento, frente a comercios, escuelas y vecinos. Los acusados acumulan un historial conjunto de 550 arrestos previos por delitos que van desde homicidio hasta agresión, según informó CBS New York.

Qué se incautó y qué cargos enfrentan los acusados

Los detectives confiscaron 13,6 kilogramos de fentanilo (30 libras), 5,4 kilogramos de metanfetamina (12 libras), un kilo de cocaína, cinco armas de fuego y más de USD 100.000 en efectivo.

Cuatro de los 32 acusados enfrentan cargos como grandes narcotraficantes. Si los declaran culpables, pueden recibir cadena perpetua.

Los cargos incluyen venta y posesión de sustancias controladas en distintos grados, además de conspiración. Al menos 20 acusados no enfrentaron cargos con derecho a fianza y quedaron en libertad. Cuatro sospechosos más aún están prófugos, según confirmó el NYPD.

Cómo operaban las cinco organizaciones

Las redes criminales se identificaban con nombres propios: Ghost, Prada, TikTok, Brook y Bugatti. Cada una tenía su propio proveedor, un líder, gerentes, vendedores callejeros y mensajeros.

Las escuchas telefónicas captaron conversaciones en las que los propios distribuidores alardeaban de la potencia de sus productos. “Los acusados y sus proveedores aparecen en grabaciones hablando de sus marcas como demasiado fuertes y que hacían caer a la gente”, declaró Clark a ABC7 NY.

La fiscal fue directa al describir la actitud de los implicados: “Simplemente no les importa la vida, pero a nosotros sí”, dijo a CBS New York.

Dónde ocurría todo: “The Hub”

“The Hub” es el punto donde convergen la Tercera Avenida, la calle 149 Este y la Avenida Melrose, en el barrio Mott Haven. Fue durante décadas un distrito comercial activo del sur del Bronx.

En los últimos años, la venta y el consumo de drogas en ese espacio público ahuyentaron a compradores y negocios. “El tránsito peatonal en el distrito comercial bajó y las tasas de locales vacíos subieron”, explicó Tisch en conferencia de prensa, según recogió ABC7 NY.

Las personas se inyectaban drogas y sufrían sobredosis en plena calle, a metros de una escuela primaria, de acuerdo con Fox 5 NY.

Por qué la investigación tardó más de un año

La investigación arrancó en febrero de 2025, tras años de reclamos de vecinos y legisladores que exigían una respuesta concreta. La Unidad de Casos Mayores de Narcóticos del Bronx y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fiscalía llevaron adelante el trabajo.

Entre el 9 y el 12 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron 12 órdenes de registro y concretaron los arrestos. Otros nueve detenidos, que no figuraban en las acusaciones formales, también enfrentaron cargos por posesión.

Qué viene ahora para el barrio

La comisionada Tisch adelantó que el operativo es solo la primera parte de un plan más amplio. “Ahora verán una presencia policial reforzada del NYPD para asegurarnos de que esto no vuelva a arraigarse”, dijo, según CBS New York.

Pedro Suarez, director ejecutivo del Distrito de Mejora Comercial de la Tercera Avenida, reconoció que aún queda trabajo por hacer. “Asegurémonos de seguir prestando mucha atención a las personas que luchan con la adicción a las sustancias”, señaló al mismo medio.

La residente del sur del Bronx Amelia Moore resumió el sentir de muchos vecinos al caminar por el lugar el mismo lunes del anuncio: el área, indicó a ABC7 NY, solía ser muy difícil. Ese día, según sus palabras, se sentía distinta.

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

Según la información oficial, tareas de inteligencia identificaron que la embarcación transitaba rutas conocidas por el narcotráfico en la zona oceánica y estaba involucrada en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El SOUTHCOM describió el operativo como un “ataque cinético letal”.

“Tras el enfrentamiento, SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE. UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes”, subrayó el cuerpo militar.

Con este ataque, la ofensiva contabiliza al menos 63 operaciones contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur estadounidense. La campaña fue objeto de escrutinio en Washington y en mayo, la oficina del inspector general del Pentágono inició una evaluación para determinar si el Comando respetó los protocolos de selección de objetivos en estas acciones.

Desde septiembre de 2025, la iniciativa de Estados Unidos se centró en la eliminación de narcotraficantes que derivaban la mercancía ilegal hacia territorio mexicano y estadounidense. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicó que el objetivo de la campaña es “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos”.

El titular del Pentágono subrayó que la preferencia de Washington es actuar en conjunto con aliados regionales, aunque consideró que la intervención militar directa resulta indispensable para enfrentar a los cárteles. Las autoridades estadounidenses afirmaron que los recientes ataques permitieron reducir los flujos de fentanilo en un 56% y forzaron a las organizaciones criminales a modificar rutas y estrategias.

“Estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir”, sostuvo Hegseth durante un encuentro con representantes militares de dieciocho países. El funcionario insistió en que la única vía para combatir a los cárteles consiste en “pasar a la ofensiva” y llamó a los países asistentes a reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito en la región.

En paralelo con la Operación Lanza del Sur, Washington procura profundizar la ampliación de relaciones bilaterales con Venezuela tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Este martes, la Marina de Estados Unidos remarcó su apoyo a la operación vía X y mostró las unidades del Ejército estadounidense que están a disposición: “Desde la cubierta de vuelo del USS Nimitz (CVN 68), los F/A-18E Super Hornets asignados a los “Kestrels” del Escuadrón de Cazas y Ataque (VFA) 137, lanzan bombas aéreas MK12/BLU-111 sobre blancos simulados durante una demostración de poder aéreo sobre el Golfo de América".

“Las fuerzas militares de EEUU están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU en apoyo a operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, sostuvo la cuenta oficial del cuerpo militar.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este martes el Decreto Ejecutivo 423, que establece un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez de las 24 provincias del país y en tres cantones, con una vigencia de 60 días prorrogables por otros 30 si las condiciones de seguridad lo exigen. La medida, la más reciente de una larga cadena de emergencias desde que Noboa asumió el poder en noviembre de 2023, responde a un deterioro sostenido de la seguridad que el propio decreto cuantifica: 879 homicidios registrados entre el 1 de mayo y el 12 de junio en los territorios afectados.

Las provincias bajo la medida son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Se suman los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar, y La Troncal, en Cañar. La geografía del decreto traza con precisión las principales rutas del narcotráfico: desde los puertos del litoral, utilizados para exportar cocaína hacia Europa y Estados Unidos, hasta Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia donde el decreto advierte sobre la presencia de estructuras armadas de origen colombiano.

El estado de excepción suspende los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a la Policía y las Fuerzas Armadas registrar inmuebles e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados organizados, armas o sustancias sujetas a fiscalización. A diferencia del estado de excepción anterior, que incluyó toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y Guayaquil, el Decreto 423 no contempla esa restricción.

Según informes del Centro Nacional de Inteligencia citados en el decreto, la violencia obedece a dinámicas diferenciadas por zona. En la costa, las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo atraviesan una reconfiguración criminal, mientras que Santa Elena y Esmeraldas registran un incremento sostenido de violencia. La andina Pichincha enfrenta nuevas modalidades delictivas y la serrana Azuay acumula lo que el documento describe como panoramas de violencia de alto impacto.

El contexto estadístico es contundente. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En 2020, esa tasa era de 8,1. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica al país en el cuarto lugar mundial en su índice de criminalidad. El primer trimestre de 2026 mostró una leve reducción interanual de 550 homicidios menos que en el mismo período de 2025, pero el repunte registrado entre mayo y junio sugiere que esa tendencia no se consolidó.

El decreto anterior, que abarcó nueve provincias, entró en vigor el 2 de abril y expiró el 31 de mayo. Con el nuevo, Ecuador acumula cerca de 900 días bajo algún régimen de excepción desde que Noboa inició su gobierno, una cifra que ilustra tanto la persistencia de la crisis como los límites de una estrategia basada en la militarización del orden público. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de excesos por parte de las fuerzas de seguridad durante estados de excepción anteriores, aunque el decreto establece que la intervención militar deberá respetar de forma irrestricta los estándares internacionales de derechos humanos.

La fragmentación de las organizaciones criminales, resultado en parte de la captura y extradición de líderes históricos, ha derivado en una multiplicación de facciones que disputan territorios y rutas con mayor violencia y menor previsibilidad. Esa dinámica es la que el Gobierno busca contener con herramientas de emergencia que, hasta ahora, no han logrado revertir de forma sostenida la espiral de violencia que convirtió a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina.

La Policía de Brasil detuvo este martes en Río de Janeiro a un hombre señalado como uno de los principales operadores financieros de la banda criminal Tren de Aragua en el país y presunto enlace con el Comando Vermelho, en una investigación que apunta a una red dedicada al tráfico de armas, drogas y personas.

El sospechoso fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Galeão durante la denominada Operación Ruta del Norte, una acción coordinada por la Policía Civil del estado de Roraima para desarticular la estructura de la organización criminal venezolana dentro del territorio brasileño.

Según los investigadores, el detenido desempeñaba un papel clave en el manejo de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Las pesquisas sostienen que participaba en esquemas destinados a ocultar el origen del dinero y que durante el último año habría movilizado más de 300 millones de reales mediante operaciones con criptomonedas.

La investigación también lo identifica como una figura de contacto entre integrantes del Tren de Aragua en Venezuela y miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Además de ejecutar la orden de captura, los agentes incautaron un vehículo de alta gama que presuntamente estaba relacionado con las actividades bajo investigación.

La detención formó parte de una operación simultánea realizada en seis estados brasileños. Las autoridades emitieron 25 órdenes de arresto y 30 órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas y localizar a integrantes de la red.

De acuerdo con la Policía Civil, las investigaciones señalan que el Tren de Aragua habría desarrollado una estructura para suministrar armamento a organizaciones criminales brasileñas. Los agentes sostienen que la banda venezolana mantenía una participación estratégica en el abastecimiento de armas de grueso calibre destinadas a grupos que operan en diferentes regiones del país.

Durante los procedimientos realizados en el estado de Amazonas fueron detenidos varios ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización. También fue arrestado un armero brasileño sospechoso de participar tanto en la provisión como en el transporte terrestre de armamento.

Según las pesquisas, la red utilizaba mecanismos logísticos y financieros complejos para facilitar la circulación de armas y recursos entre distintos estados.

La operación continúa en desarrollo y las fuerzas de seguridad no han divulgado todavía el número definitivo de detenidos ni el volumen total de material incautado. Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre las rutas utilizadas para el traslado de armas o dinero.

La muerte del “Niño Guerrero”

El operativo en Brasil se produjo pocos días después de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder del Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado viernes que el jefe criminal murió durante una operación realizada en el estado venezolano de Bolívar.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’”, afirmó.

Washington considera al Tren de Aragua una organización terrorista extranjera y acusa a Guerrero de haber transformado una pandilla carcelaria dedicada inicialmente a la extorsión en una red criminal con presencia regional.

Aunque la muerte de su principal líder representó un golpe para la organización, las autoridades brasileñas sostienen que la estructura mantiene capacidad operativa fuera de Venezuela. La captura del presunto responsable financiero y de otros sospechosos forma parte de los esfuerzos para afectar las redes de financiamiento, logística y abastecimiento que permitieron la expansión internacional del grupo.

(Con información de EFE)

La Policía Federal Argentina concretó la expulsión hacia Perú de Andy Juniors Huaura Casanova, alias “Chino”, miembro de la banda de Raúl Martín Maylli Rivera, más conocido como “Dumbo”, el jefe narco condenado a 32 años de cárcel, que operaba en Villa Lugano, Bajo Flores y Villa Fiorito y usaba menores como “marcadores”.

Casanova, yerno de Fernando “Piti” González y primo de Bruno Casanova, otros nombres resonantes en el ámbito narco del sur de la Ciudad de Buenos Aires, fue trasladado en un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según informaron fuentes oficiales, la medida se llevó adelante tras una orden judicial y los procedimientos involucraron a diversas divisiones de la fuerza federal.

El procedimiento para atraparlo, realizado en septiembre de 2021, incluyó múltiples allanamientos en el barrio Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde los federales lograron la captura del imputado.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar que el grupo narco, que había operado en el Barrio Padre Mugica, intentaba reorganizarse para disputar territorio en la zona.

De acuerdo con lo reportado, el detenido era el encargado de coordinar las actividades de tráfico de estupefacientes en el mencionado barrio.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) solicitó la colaboración de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA para ejecutar la expulsión bajo custodia policial.

Dada la peligrosidad del individuo, se dispuso una cápsula de seguridad gestionada por el Departamento Seguridad y Detenidos, con apoyo de un Grupo Especial GE-1 y un Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF).

El traslado se realizó desde la División Alcaidías hasta el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, donde el expulsado abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Lima, Perú.

Intervino en la causa el Tribunal Oral Criminal Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la titularidad de la jueza Sabrina Edith Namer. Voceros oficiales indicaron que la medida responde a la estrategia estatal para “prevenir la reorganización de bandas narco en áreas vulnerables del conurbano”.

Quién es “Dumbo”

Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, es un ciudadano peruano condenado por la justicia argentina como jefe de una organización narcocriminal que operó en barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 le impuso una pena única de 32 años de prisión tras encontrarlo responsable de coordinar el tráfico de drogas, la intervención de menores y el acopio de armas entre 2019 y 2021.

El grupo dirigido por Dumbo surgió como un desprendimiento de la banda de Marco Estrada Gonzáles, histórico líder narco del Barrio 1-11-14. La estructura utilizaba menores para tareas logísticas, empleaba barricadas para proteger los puntos de venta y llegó a recaudar cifras millonarias mediante la comercialización de cocaína y marihuana.

Durante su tiempo al frente de la organización, Maylli Rivera fue considerado uno de los prófugos más buscados, hasta su captura en Lima, Perú, y posterior extradición a Argentina.

La trayectoria criminal de Maylli Rivera incluye una condena previa por homicidio y privación ilegal de la libertad.

Tras cumplir parte de esa pena en Perú, regresó a la Argentina en 2014 y retomó las actividades ilícitas, consolidándose como uno de los principales referentes del narcotráfico en la región, según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal y la justicia federal argentina.

Las autoridades bolivianas realizaron allanamientos este lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada al este del país, como parte de la investigación sobre un cargamento de droga oculto en madera de exportación que fue detectado en puertos de Chile, un caso que ha sido denominado por medios locales como “narcomaderas”.

Uno de los operativos tuvo lugar en la zona empresarial de Equipetrol, donde agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto con fiscales, ingresaron a oficinas de una empresa que figura en las investigaciones abiertas tras el hallazgo de la droga en territorio chileno. Durante la intervención se incautó documentación que será analizada por el Ministerio Público y se emitieron citaciones para los representantes de la compañía.

Horas más tarde, se ejecutó y se informó sobre el allanamiento de una empresa exportadora de madera ubicada en el Parque Industrial. En el lugar participaron efectivos policiales, fiscales y canes especializados en la detección de sustancias controladas. Según los investigadores, la empresa estaría vinculada a contenedores que forman parte de la pesquisa sobre el cargamento interceptado en el norte de Chile.

Posteriormente, la Fiscalía boliviana informó que durante esta segunda intervención se recolectaron muestras de madera y documentos para ser sometidos a peritajes. Las muestras proceden de un contenedor que había sido devuelto a la empresa y que ahora forma parte de las investigaciones. Además, se enviaron cinco citaciones a personas relacionadas con el caso, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

De acuerdo con la Fiscalía, los allanamientos forman parte de una investigación más amplia que se desarrolla en distintos puntos del país. La semana pasada también se realizaron operativos en aserraderos del departamento amazónico de Pando, al norte de Bolivia, para buscar indicios relacionados con el mismo caso.

La investigación se abrió luego de que autoridades chilenas reportaran la incautación de más de 100 toneladas de cocaína y ketamina que estaban impregnadas en tablones de madera de exportación procedentes de Bolivia, bajo un mecanismo inédito de tráfico de sustancias controladas que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales.

La droga fue encontrada oculta en 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía, en lo que fue calificado como el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha en Chile. La investigación fue desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, Aduanas y la Fiscalía de Arica, la ciudad portuaria del norte chileno que sirve al comercio exterior boliviano.

Según los reportes preliminares, los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que se creó una comisión internacional para investigar el caso. “Nos hemos reunido con la cooperación internacional, con la Unión Europea, con la Policía de España y con la DEA de Norteamérica para formar una comisión de verificación e investigación internacional”, informó la semana pasada en conferencia de prensa.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, no se trata simplemente de una actividad ilegal sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”.

El experto apuntó que el valor de la droga en los destinos finales equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional.

Un hombre de 31 años ha muerto este martes tras un tiroteo con agentes de la Policía durante un operativo contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés, en Pontevedra, según adelanta Diario de Pontevedra y ha confirmado Infobae. El fallecido sería un supuesto narcotraficante. Las fuentes policiales confirman también que no hay ningún agente herido tras el intercambio de disparos.

El suceso tuvo lugar sobre las 7 de la mañana en las proximidades de una vivienda situada en Cambados, capital de la comarca. Según apunta EFE, el herido fue trasladado al Hospital do Salnés con una herida de bala. Sin embargo, no llegó a tiempo y murió en el hospital poco después de ser atendido por el equipo sanitario.

Investigación de lo sucedido

Este martes, un hombre ha fallecido tras recibir un disparo presuntamente efectuado por un agente de la Policía Nacional. El Hospital do Salnés confirmó que el hombre ingresó herido de bala sobre las 7:30 y murió poco después. El paciente falleció durante las primeras atenciones de emergencia, tras agravarse de forma crítica su estado de salud. Europa Press ha señalado que el abogado de la familia, Guillermo Presa, ha declarado que “no se produjo ningún tiroteo, sino un único disparo de la policía”.

Según su versión, “estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo”, añadiendo que en la vivienda “no encontraron ningún arma”. La Guardia Civil ha abierto una investigación por homicidio, según la agencia. El operativo antidroga incluyó registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia, y permanece bajo secreto de sumario, coordinado por el juzgado de instrucción número 4 de Cambados.

Una semana después de otro tiroteo

La semana pasada, la Guardia Civil incautó más de 1.100 kilos de hachís en una operación llevada a cabo en Punta Umbría, Huelva, donde los agentes fueron atacados a tiros por un grupo de narcotraficantes. El operativo se activó tras detectar una narcolancha a unas ocho millas de la costa y desplegar un dispositivo por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas intentaban cargar la droga en una furgoneta. En ese momento, los implicados abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a los disparos.

No hubo heridos, aunque los narcotraficantes escaparon a pie y solo uno fue detenido; el resto sigue siendo buscado. En la intervención se incautaron 56 fardos de hachís, una pistola y diversos casquillos, que están siendo analizados. El dispositivo de cierre incluyó varias unidades especializadas de la Guardia Civil y la colaboración de otros cuerpos policiales. El Ministerio del Interior ha resaltado la relevancia de esta operación, que pone de manifiesto el aumento de la violencia y el riesgo creciente al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país.

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a un hombre de apellidos Rojas Porras, conocido como “Pirulo” y “Cabro”, en el marco de un operativo desarrollado en Puerto Viejo de Limón, en respuesta a una solicitud de extradición emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. La detención se realizó luego de meses de coordinación entre la policía costarricense y agencias internacionales.

Rojas Porras, de 40 años, es requerido por la justicia estadounidense bajo cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el costarricense habría integrado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones en varios países de América Latina y con destino final en territorio norteamericano.

Según la acusación formal presentada en el tribunal estadounidense, la red delictiva utilizaba una variedad de medios de transporte para movilizar grandes cargamentos de cocaína desde Ecuador y Colombia. El itinerario de la droga incluía el paso por Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, antes de ser introducida a los Estados Unidos. Para ello, los traficantes empleaban lanchas rápidas, embarcaciones semisumergibles, barcos pesqueros y de carga, aeronaves y camiones articulados.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Rojas Porras jugaba un rol operativo en la logística y coordinación de estos envíos, que habrían representado toneladas de cocaína traficadas a lo largo de varios años. El caso contra el costarricense se sustenta en una orden de captura emitida en noviembre de 2025, donde se le señala como responsable de delitos federales relacionados con el tráfico de drogas.

La captura de Rojas se produjo tras recibir la solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses. Según reportaron las autoridades costarricenses, la localización del sospechoso fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento en la zona de Puerto Viejo de Limón, una localidad del Caribe costarricense conocida tanto por su turismo como por ser punto estratégico en las rutas del narcotráfico regional.

Durante el operativo, la policía costarricense contó con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de la Policía de Control de Drogas (PCD). Una vez aprehendido, el imputado fue trasladado a la capital para quedar a disposición del Tribunal Penal de San José.

En las próximas horas, el Ministerio Público presentará la solicitud de detención provisional ante el tribunal, argumentando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga, mientras se tramita el proceso formal de extradición. El procedimiento requiere que el país requirente, en este caso Estados Unidos, complete la documentación y formalidades legales dentro de los plazos establecidos por convenios bilaterales.

La detención de Rojas Porras ha sido destacada por las autoridades costarricenses como un avance en la cooperación judicial internacional en la lucha contra el narcotráfico. Fuentes del Ministerio de Seguridad Pública subrayaron que Costa Rica enfrenta desafíos constantes por su ubicación estratégica en la ruta de la droga entre Sudamérica y Norteamérica.

Organizaciones especializadas en seguridad han advertido que los grupos dedicados al tráfico de drogas han sofisticado sus métodos de transporte y logística, empleando rutas tanto marítimas como terrestres. El caso de Rojas Porras se suma a una serie de capturas relevantes realizadas en los últimos años, en las que han participado tanto fuerzas locales como organismos extranjeros.

La solicitud de extradición presentada por el Tribunal de Distrito Este de Texas establece que, de ser concedida, el costarricense será juzgado en ese país bajo los cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, delitos que pueden acarrear penas de larga duración en el sistema judicial estadounidense.

Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo custodia de las autoridades costarricenses hasta que se resuelva el procedimiento judicial. El proceso de extradición puede extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad del caso y de los recursos legales que presente la defensa.

El caso ha generado interés en la opinión pública local, dada la dimensión internacional de la investigación y el perfil del detenido, conocido en distintas regiones bajo sus alias. El seguimiento a la audiencia en el Tribunal Penal de San José será clave para determinar los siguientes pasos en el proceso de entrega del sospechoso a las autoridades estadounidenses.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó los resultados de operativos realizados entre el 6 y el 14 de junio de 2026, con 253 allanamientos, 192 capturas y decomisos en distintas regiones del país. En la conferencia también informó avances en investigaciones y una nueva etapa de cooperación con agencias de Estados Unidos en seguridad.

Según informó el ministro Marco Antonio Villeda este lunes, la Policía Nacional Civil (PNC) y sus divisiones especializadas incautaron 43 armas de fuego, 24 vehículos y 30 motocicletas. También decomisaron 79 teléfonos celulares y localizaron a 80 menores y 51 adultos mayores durante las operaciones.

El Ministerio de Gobernación reportó además la desarticulación de una célula de la Mara Salvatrucha en Cuilapa, Santa Rosa. El operativo, ejecutado el 6 de junio, terminó con la captura de dos miembros activos de la clica Santa Roseños Locos Salvatrucha, identificados como El Meme y El Motor. En esa acción se incautaron ocho armas de fuego, 562 municiones y cuatro chalecos antibalas en una investigación por extorsión.

Operativos contra secuestro, trata y narcotráfico

De acuerdo con el viceministro de Seguridad Roberto Solórzano, la semana incluyó acciones contra el secuestro y la trata de personas. En uno de los casos, la policía capturó a tres responsables de un secuestro y liberó a la víctima.

El 11 de junio se realizó un operativo contra la estructura de trata de personas denominada Bucanas en el departamento de Retalhuleu, con la captura de 14 personas vinculadas a explotación sexual, lavado de dinero y narcomenudeo.

Durante la conferencia, Villeda informó que se evitaron 18 homicidios y se impactó a dos estructuras criminales. Además, dijo que desde enero se erradicaron 2.886.609 matas de marihuana y cuatro millones de plantas de hoja de cocaína, así como la incautación de 8,4 toneladas de cocaína.

El Ministerio de Gobernación también reportó el desmontaje de 180 cámaras clandestinas de videovigilancia: 75 relacionadas con el Barrio 18, 42 con la Mara Salvatrucha y 63 sin identificar. La cartera indicó que esos operativos buscan debilitar la infraestructura de control territorial de las pandillas.

Cooperación con Estados Unidos y apoyo del FBI

En materia de cooperación internacional, Villeda anunció que el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público participaron en una visita a Estados Unidos por invitación del Departamento de Estado, a través de las agencias INL y Homeland Security. Según el funcionario, el propósito fue fortalecer la coordinación en temas de narcotráfico, pandillas y tráfico de personas.

Las autoridades estadounidenses ofrecieron apoyo en capacitación, inteligencia y equipamiento para Guatemala. Uno de los anuncios fue el regreso del Grupo Vulcano del FBI en julio para sumarse a la recaptura de 11 reos fugados del centro de detención Renovación Uno.

Villeda explicó que la fuerza de tarea se retiró a finales de diciembre del año anterior por falta de coordinación con la administración previa del Ministerio Público. “El fiscal general ha ofrecido el total apoyo de los fiscales en esta nueva administración y ellos, viendo ese ofrecimiento, se han comprometido a regresar en el mes de julio para continuar con estos trabajos de recaptura”, afirmó Villeda.

Bloqueadores, refuerzo policial e investigaciones en curso

Durante la conferencia, las autoridades informaron avances en la implementación de bloqueadores de señal en centros de detención. La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Karen Ortiz dijo que ya se instalaron equipos y que se finalizan pruebas con proveedores de servicios.

Además, el Congreso analiza una iniciativa de ley para que las empresas de telefonía e Internet asuman la responsabilidad del bloqueo, con el objetivo de que la medida abarque también servicios satelitales y radiofrecuencias.

Sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), Villeda adelantó la próxima graduación de 3.200 nuevos agentes en agosto y la adquisición de 1.000 radiopatrullas. El gobierno de Taiwán donó 250 motocicletas y está previsto sumar otras 250, además de la compra de 1.000 motocicletas adicionales.

El Ministerio también gestiona la adquisición de 2.000 armas de fuego y la dotación de chalecos antibalas para todos los agentes, aunque reconoció un déficit temporal de armamento para la nueva promoción. “Tenemos un pequeño déficit que vamos a paliar de alguna manera, pero sí, hay mil quinientas armas, aunque buscamos la solución para que todos tengan su equipo al momento de graduarse”, indicó Villeda.

En respuesta a preguntas de la prensa, las autoridades confirmaron la investigación en curso sobre una extorsión viral a un transportista y el seguimiento a amenazas contra policías municipales de tránsito en Mixco.

El Ministerio de Gobernación indicó que los operativos en Morales, Izabal siguen activos, con la búsqueda de integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas y la colaboración con la policía hondureña para abordar estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

El régimen de Venezuela dijo este lunes que la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, permitió desarticular centros de operación vinculados a organizaciones criminales que actuaban en el país, en el marco de una operación coordinada con Estados Unidos en el estado Bolívar, una región minera del sur del país caribeño.

La declaración fue difundida por el Ministerio de Comunicación, que vinculó el resultado del operativo con una estrategia de inteligencia desarrollada durante meses contra estructuras delictivas de alcance transnacional. Según el comunicado oficial, las acciones ejecutadas junto a organismos estadounidenses permitieron “quebrar los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país”.

El organismo chavista sostuvo que la muerte del líder del Tren de Aragua formó parte de una operación orientada a afectar las capacidades logísticas y de coordinación de grupos armados vinculados a actividades criminales dentro y fuera de Venezuela.

La cartera de Comunicación dijo que la acción respondió a una “planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales” y destacó que mantiene mecanismos de cooperación con organismos policiales internacionales para el intercambio de información e inteligencia.

El anuncio se produjo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente la muerte de Guerrero durante una operación militar desarrollada en territorio venezolano.

Trump aseguró que el Comando Sur ejecutó un “ataque rápido y letal” contra el jefe criminal y afirmó que la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”, con quienes, según dijo, trabaja de forma “excelente”.

Posteriormente, el régimen venezolano confirmó la operación y explicó que fue posible gracias a mecanismos de cooperación, apoyo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia entre ambos países, que retomaron relaciones diplomáticas en marzo tras varios años de ruptura.

El Niño Guerrero era considerado el principal referente del Tren de Aragua, una organización criminal surgida en Venezuela que extendió sus actividades a distintos países de América Latina.

Las autoridades estadounidenses la califican como una organización terrorista y la vinculan con delitos como tráfico de personas, extorsión, secuestros, homicidios y narcotráfico.

La operación se desarrolló en el estado Bolívar, una zona estratégica por su actividad minera y por la presencia de grupos armados vinculados a economías ilegales.

Según la versión oficial, el operativo no solo estuvo dirigido contra Guerrero sino también contra las estructuras que sostenían las operaciones de distintas organizaciones criminales en la región.

La intervención ocurrió además dos meses después de la entrada en vigor de una nueva legislación minera destinada a promover inversiones extranjeras en esas zonas del país.

Tras conocerse la muerte del líder criminal, la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció a Trump por las acciones emprendidas contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”.

Provea pidió transparencia sobre la operación

La ONG Provea reclamó este domingo información detallada sobre el operativo y exigió que la cúpula chavista explique públicamente sus alcances.

En un comunicado, la organización sostuvo que la población venezolana “tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”.

La ONG manifestó preocupación por las circunstancias en que se produjo la muerte del líder criminal y afirmó que, con la información disponible hasta ahora, existirían indicios de lo que calificó como “una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.

Provea también pidió que se informe el número total de fallecidos, heridos y detenidos relacionados con el operativo, así como la identidad de las víctimas.

“El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo”, indicó la organización.

Asimismo, recordó que anteriormente había advertido sobre denuncias de abusos en operaciones de seguridad realizadas en regiones mineras y sostuvo que las acciones contra grupos armados no pueden derivar en “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles”.

La ONG vinculó el crecimiento de organizaciones criminales en el sur de Venezuela con años de debilidad institucional y expansión de economías ilegales en áreas ricas en recursos minerales.

Por ese motivo, reclamó “transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación” y solicitó explicaciones públicas al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, sobre los procedimientos aplicados y los resultados del operativo que terminó con la muerte del líder del Tren de Aragua.

Al filo de la medianoche, elementos de la Policía Nacional se habrían enfrentado a tiros contra cinco sujetos fuertemente armados, presuntamente miembros de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, en el sector La Corrugadora, barrio La Democracia, Morales, Izabal. El percance quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según la información recopilada por las autoridades, el incidente se desató cuando los agentes policiales detuvieron un vehículo en el que se transportaban los cinco hombres. Al solicitarles sus identificaciones, los ocupantes respondieron con agresividad y comenzó un intercambio de disparos. La versión oficial señala que los atacantes utilizaron armas de alto calibre, lo que llevó a los policías a repeler el ataque.

Durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron heridos. Las autoridades indicaron que ambos se encuentran estables y reciben atención médica en un centro hospitalario. En la escena, la policía reportó la incautación de nueve armas de fuego, que incluían tanto armas cortas como fusiles de alto poder.

La operación policial continuó en las horas siguientes. La Policía Nacional Civil (PNC) rodeó un inmueble en la misma zona y contó con el apoyo del Ejército de Guatemala. Las autoridades sospechan que en el interior de la vivienda podrían permanecer más individuos armados vinculados al grupo. El Ministerio Público gestiona actualmente una orden de allanamiento para ingresar al inmueble y proceder con las investigaciones.

Hasta el momento, la policía no ha brindado detalles sobre los motivos concretos que originaron el ataque; sin embargo, en el reporte oficial se confirmó la captura de varios sujetos y la incautación de las armas de fuego. Los detenidos son señalados de pertenecer a una estructura criminal conocida como “El Carpintero”, que estaría involucrada en actividades vinculadas al narcotráfico en varios departamentos del país.

El desarrollo del enfrentamiento quedó grabado por una cámara de vigilancia ubicada en las inmediaciones. El video muestra de tensión durante el incidente, donde se observa al menos seis agentes policiales arriesgarse al acercarse al automóvil, en medio de los disparos de los atacantes.

Segundos después, el registro audiovisual capta una serie de detonaciones provenientes de los alrededores. Los disparos obligan a los policías a buscar cobertura detrás de vehículos estacionados y una patrulla policial. Tras el intercambio de disparos, fuerzas de seguridad reforzaron el área con el despliegue de unidades especializadas y personal militar.

La presencia de las autoridades generó cierres de calles y retenes en distintos puntos de la zona. Vecinos informaron sobre la presencia de patrullas y personal policial durante varias horas, mientras continuaban las diligencias para localizar y detener a posibles cómplices de la estructura criminal.

Las investigaciones siguen en curso la mañana de este domingo, las autoridades trabajan en la identificación de todos los participantes, así como en la recolección de pruebas en la escena del enfrentamiento. La zona permanece bajo resguardo policial y militar para garantizar la seguridad y el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Estados Unidos intercepta apenas 3% de las armas que tienen como destino los cárteles en México. El resto cruza la frontera sin ser detectado, alimentando una crisis de violencia que tiene un costo humano directo y medible: de los 19 mil 986 homicidios registrados en México durante 2025, el 75% —casi 15 mil personas— murieron por arma de fuego. Y según estimaciones del gobierno mexicano, 7 de cada 10 armas ilegales en territorio nacional provienen de Estados Unidos.

Frente a ese panorama, el gobierno de Donald Trump presume sus resultados: desde enero de 2025, operativos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) derivaron en la incautación de 36 mil 277 armas de fuego y más de 2.3 millones de municiones vinculadas a actividades ilícitas y grupos criminales. De ese total, 4 mil 359 armas y 648 mil 975 municiones estaban destinadas directamente a organizaciones criminales en México.

Sin embargo, un nuevo estudio académico advierte que esas cifras representan apenas la superficie del problema.

Lo que EE.UU. no está haciendo

La investigación, publicada en mayo por Claire Castrejon y Abigail Tank para el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown — en colaboración con la iniciativa Stop US Arms to Mexico de Global Exchange — analizó datos de rastreo de armas de la ATF correspondientes al periodo 2015-2024, obtenidos mediante solicitud de transparencia.

La conclusión es clara: las medidas con mayor potencial para frenar el tráfico de armas hacia México siguen sin aplicarse, y algunas incluso han retrocedido.

Las cuatro recomendaciones centrales del estudio son:

• Verificación obligatoria de antecedentes en todas las ventas de armas, incluyendo transacciones entre particulares. Hoy, la ley federal solo exige este requisito a distribuidores con licencia. El llamado “resquicio de las ferias de armas” — ventas privadas que eluden ese control — representó el 40.7% de los tipos de tráfico investigados entre 2017 y 2021, según la propia ATF.
• Más inspecciones en cruces hacia el sur. El estudio señala que las zonas con mayor concentración de armas rastreadas se ubican junto a las principales carreteras del país, por lo que más personal, tecnología y puntos de revisión en sentido sur reducirían la capacidad de las redes de contrabando.
• Devolver al Departamento de Estado la supervisión de exportaciones de armas pequeñas, trasladada al Departamento de Comercio en 2020. Bajo el esquema actual, los exportadores no están obligados a notificar al Congreso ni a registrarse. En septiembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio revirtió la mayor parte de una regla de 2024 que había endurecido estos controles, bajo el argumento de generar “cientos de millones de dólares” en oportunidades de exportación para la industria armamentista.
• Derogar las Enmiendas Tiahrt, que impiden al FBI y la ATF conservar y compartir ampliamente registros de compra y datos de rastreo de armas, obstaculizando las investigaciones sobre “compradores de paja”: personas sin antecedentes que adquieren armas legalmente para traficantes.

Arizona, la puerta de entrada

Arizona se ha consolidado como el principal punto de origen de armas traficadas hacia México. En 2024, el 62% de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en ese estado — particularmente con destino a Sinaloa, donde desde 2024 escaló la violencia por la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

En conjunto, Texas y Arizona son origen del 83.6% de las armas recuperadas en México y rastreadas a Estados Unidos entre 2015 y 2024, de acuerdo con los datos de la ATF analizados por Georgetown.

Entre el armamento detectado destacan los rifles calibre .50, altamente codiciados por los cárteles por su capacidad de perforar blindaje. En 2025, el Ejército mexicano confiscó 140 rifles Barrett de ese calibre, más otros 39 de distintos fabricantes — una cifra que, según el reporte, representa apenas una fracción de los que habrían sido traficados en ese año.

El reconocimiento que no alcanza

El propio gobierno de Estados Unidos reconoció en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 que el flujo de armas hacia México es un factor clave en la violencia de los cárteles, y que este fenómeno “no solo fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales, sino que también facilita el tráfico de drogas hacia el norte, consolidando un circuito binacional de violencia y mercado ilegal.”

Pero el reconocimiento no se ha traducido en las reformas estructurales que los expertos señalan como necesarias. Las autoras de Georgetown advierten que, mientras persistan los vacíos legales en la venta privada de armas, la falta de inspecciones hacia el sur y el debilitamiento de los controles de exportación, los operativos de decomiso seguirán siendo una respuesta insuficiente.

Como alternativa ante la resistencia política — encabezada por grupos como la Asociación Nacional del Rifle — el estudio propone que estados como Texas y Arizona legislen verificaciones de antecedentes a nivel local, como ya lo hizo Nuevo México en 2019, o que se establezca un proceso interagencial entre los departamentos de Comercio y Estado para realizar verificaciones de uso final sin imponer cargas adicionales a los exportadores.

El debate, mientras tanto, tiene consecuencias concretas en México: la Sedena y la Guardia Nacional decomisaron durante 2025 el cuádruple de armas que la ATF interceptó en ese mismo periodo. La diferencia es que las armas que llegan a suelo mexicano ya han llegado demasiado lejos.

La Junta Electoral de Tucumán confirmó, para las elecciones provinciales de junio 2023, a Rodrigo Cristián Chávez como candidato titular a concejal por Movimiento Unidad Popular (M.U.P) en Famaillá, declarada la “Capital Nacional de la Empanada”.

El tucumano logró apenas 292 votos en las 101 mesas dispuestas (un 1,04 por ciento) para los electores en la ciudad de casi 43 mil habitantes, para la lista de la agrupación peronista que apoya al gobernador Osvaldo Jaldo y es opositora al actual intendente Enrique Orellana.

Chávez no ganó, pero su paso por la política hizo más resonante su detención tras el hallazgo de una camioneta con 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, a la altura de Arroyo Seco, en un control del Escuadrón “Aguilares” de Gendarmería.

De acuerdo a medios locales, el comerciante, de 47 años, es conocido por una próspera verdulería que funciona las 24 horas en el centro de la ciudad. Sin embargo, no está inscripto en ese rubro según los registros de ARCA.

Al mismo tiempo, entre 2015 y 2024 se desempeñó como empleado municipal, aunque dependía del gobierno provincial, detallaron fuentes del caso a Infobae.

¿Cómo quedó Chávez involucrado en la causa narco en manos del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz? La investigación lo señala como el dueño de la camioneta Toyota, modelo Hilux, que trasladaba la droga que llevaba el sello de un delfín y que fue incautada el 4 de junio pasado.

Los 449 paquetes paquetes iban en la caja del vehículo y, quien se encargó del método de ocultamiento, no se esmeró demasiado: estaban cubiertos por la carpa de la camioneta, detrás de bidones de combustible, envueltos en bolsa de arpillera de color verde.

Un desgano llamativo para un cargamento valuado en más de 10 mil millones de pesos, exactamente, en $10.313.407.750, de acuerdo al avaluo de la fuerza de seguridad.

El hombre que iba detrás del volante, un chofer de 62 años, fue inmediatamente detenido. Se trata de Marcos Martín Nacif. Según sus antecedentes e información aportada por la Dirección Antidrogas de Gendarmería, registra 46 movimientos migratorios a países limítrofes por Salvador Mazza y Puerto Chalanas (Salta); Bernardo de Irigoyen (Misiones) y Paso de los Libres (Corrientes).

En este caso, según aseguró a los efectivos, iba desde Famaillá a la localidad de Atahona, también en Tucumán.

El jefe de la organización

El procedimiento, que contó el apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Tucumán”, fue solo el inicio de una investigación que apunta a Jorge Alejandro “Pelaín” Nacif, pariente de Marcos Martín Nacif, el chofer, como el dueño de los ladrillos de cocaína.

“Pelaín” es un presunto narcotraficante, señalado como uno de los principales proveedores de cocaína en el sur de la provincia de Tucumán. Tras haber estado prófugo durante seis meses, y con una recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por el gobierno provincial por información que llevara a su paradero, fue capturado en abril de este año por la Policía tucumana, precisamente, en la ciudad de Famaillá, de donde es oriundo.

El supuesto narco se refugiaba en una casa de dos pisos “blindada” con portones reforzados con trabas internas, con cámaras de seguridad que monitoreaba desde su dormitorio y boyeros electrificados.

Cuando llegaron los policías, se lanzó del primer piso hacia una casa vecina. Corrió, pero lo interceptaron a 50 metros, con su celular y una muda de ropa.

El operativo, desarrollado en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, involucró a la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica. Las autoridades interceptaron una embarcación tipo semisumergible que partió de la costa pacífica colombiana y tenía como destino final Estados Unidos. Durante la acción, resultaron capturadas tres personas, de las cuales dos eran ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano.

Según detalló el ministro Sánchez Suárez, “el narcotráfico perdió 2,6 toneladas de coca y más de 20 millones de dólares en una operación articulada entre Colombia y Costa Rica”. La información oficial indica que la droga pertenecía presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la compra del cargamento a grupos armados con presencia criminal en los departamentos de Nariño y Cauca.

La incautación de los 2.600 kilogramos de cocaína se realizó en Cabo Matapalo, Costa Rica, un punto estratégico en las rutas marítimas hacia el norte del continente. El cargamento, de acuerdo con las autoridades, tenía como destino los mercados ilícitos en Estados Unidos y su decomiso evitó la comercialización de más de seis millones de dosis.

El ministro reconoció el trabajo articulado de policías, marinos, investigadores y autoridades costarricenses. En su mensaje, resaltó: “Cuando las naciones cooperan, el narcotráfico retrocede”. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas y recordó los canales habilitados para la recepción de información sobre crímenes y reclutamiento infantil.

Este resultado se suma a otras acciones recientes de la Armada Nacional de Colombia y agencias internacionales, quienes han intensificado la ofensiva contra las redes de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico. Según reportes de El Tiempo, en las últimas semanas se incautaron más de 5.400 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Caribe colombiano, en operativos que permitieron la captura de siete personas presuntamente involucradas en el transporte marítimo del estupefaciente.

En la primera de estas acciones, unidades navales y aéreas detectaron una embarcación rápida tipo “Go Fast” en aguas del Caribe occidental. Tras una persecución, interceptaron la lancha en la que viajaban cuatro colombianos y un hondureño, hallando a bordo 161 bultos que contenían 4.049 kilogramos de cocaína. Las condiciones meteorológicas complicaron la operación, pero las autoridades lograron recuperar tanto a los detenidos como el cargamento, trasladándolos posteriormente a Cartagena para los trámites judiciales correspondientes.

Otra operación, también en el Caribe norte, permitió a la Armada Nacional interceptar una lancha que transportaba 1.390 kilogramos adicionales de cocaína, custodiada por dos colombianos. El cargamento fue identificado mediante pruebas técnicas y los capturados, puestos a disposición de la justicia por delitos relacionados con el tráfico y porte de estupefacientes.

Las estimaciones oficiales señalan que el decomiso de los 5.439 kilogramos de cocaína en el Caribe representa pérdidas superiores a 250 millones de dólares para las organizaciones narcotraficantes. Según el medio, estos golpes afectan directamente las estructuras logísticas y financieras de los grupos que controlan las rutas marítimas entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades han subrayado que la cooperación internacional resulta esencial en la lucha contra el narcotráfico. La Armada Nacional enfatizó que continuará fortaleciendo las capacidades navales, aéreas y de inteligencia, así como los operativos conjuntos con agencias extranjeras, para impedir el uso de los corredores marítimos por parte de organizaciones criminales.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez reiteró su reconocimiento a los equipos involucrados y exhortó a la ciudadanía a contribuir con información que permita avanzar en la lucha contra el crimen transnacional. “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó.

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Panamá decomisó en los últimos días casi 2,800 paquetes de presunta droga decomisados, varias personas aprehendidas, una nueva condena por narcotráfico y procesos judiciales que continúan avanzando contra estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Los resultados forman parte de una serie de operaciones desarrolladas por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, tanto en tierra firme como en aguas del Pacífico panameño.

El mayor decomiso se registró al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Durante labores de patrullaje y control de tráfico marítimo ilícito, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectaron una embarcación en actitud sospechosa cuyos ocupantes intentaron escapar al percatarse de la presencia de las autoridades.

Según el Ministerio Público, durante la persecución los tripulantes comenzaron a lanzar bultos al mar en un aparente intento por deshacerse de la carga ilegal. Sin embargo, la embarcación fue interceptada y sus dos ocupantes, ambos ciudadanos colombianos, fueron aprehendidos.

Tras las diligencias de verificación y conteo realizadas por la Fiscalía de Drogas, se determinó que los 57 bultos recuperados contenían 2,427 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita.

Las autoridades consideran que esta ruta marítima continúa siendo una de las más utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos procedentes de Suramérica con destino a mercados de Centroamérica, Norteamérica y Europa.

Mientras tanto, en la provincia de Coclé también se desarrolló un operativo que permitió la incautación de otros 365 paquetes de presunta droga.

La diligencia se realizó en Río Hato, donde unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas ejecutaron un allanamiento autorizado por un juez de garantías a una camioneta que transportaba ocho bultos con la sustancia ilícita. Durante la operación fue aprehendido un hombre de 32 años.

El caso avanzó rápidamente en los tribunales. La juez de garantías de Coclé, Ilsis Samaniego Robles, validó un acuerdo de pena suscrito entre las partes y condenó al acusado a 96 meses de prisión por el delito de posesión agravada de drogas.

La sentencia también incluyó una multa de 200 dólares a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá ser cancelada en el plazo de un año.

Otro de los operativos se desarrolló en Panamá Este. La Fiscalía de Drogas realizó un allanamiento en una residencia ubicada en el sector de Los Cántaros No. 1, en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde fueron aprehendidas dos personas presuntamente vinculadas a actividades de microtráfico.

Durante la diligencia se decomisaron múltiples envoltorios y carrizos plásticos con polvo blanco, hierba seca, un cigarrillo artesanal, una pesa digital con residuos de sustancias ilícitas y otros elementos que forman parte de las investigaciones.

Las autoridades continúan analizando las evidencias para determinar el alcance de las operaciones que presuntamente se realizaban desde el inmueble. Mientras avanzan los decomisos y capturas, los tribunales también mantienen abiertos procesos contra organizaciones criminales de mayor alcance.

Esta semana fue reprogramada para el próximo 16 de noviembre la audiencia intermedia del denominado caso Escorpión, una investigación iniciada en 2022 contra grupos criminales presuntamente dedicados a la recepción, almacenamiento y transporte de drogas a través de las costas del Pacífico panameño.

La audiencia fue aplazada por la inasistencia de uno de los imputados y la ausencia de varios abogados defensores. El proceso involucra a 41 personas acusadas de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

De acuerdo con información judicial, 18 de los imputados permanecen bajo detención provisional, mientras otros 17 mantienen medidas cautelares de reporte periódico y seis cumplen detención domiciliaria.

Las autoridades sostienen que estas organizaciones forman parte de las estructuras logísticas utilizadas por redes internacionales de narcotráfico para recibir cargamentos procedentes del sur del continente y trasladarlos hacia otros mercados.

Los resultados obtenidos durante la semana reflejan las distintas fases de la lucha antidrogas que desarrollan las autoridades panameñas.

Por un lado continúan los operativos marítimos y terrestres para interceptar cargamentos ilícitos; por otro, avanzan las investigaciones que buscan desarticular organizaciones criminales completas; y paralelamente los tribunales continúan emitiendo condenas contra personas vinculadas al tráfico de drogas.

La ubicación geográfica de Panamá, sus extensas costas en el Pacífico y el Caribe, así como su condición de centro logístico regional, continúan convirtiendo al país en un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Frente a este escenario, fiscales y estamentos de seguridad mantienen operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e inteligencia con el objetivo de afectar las estructuras criminales que utilizan el territorio panameño como ruta para el traslado de sustancias ilícitas.

Tras una intensa persecución y varias acciones evasivas de los narcotraficantes, las fuerzas policiales lograron recuperar 121 fardos de droga que intentaban ser introducidos por mar. Las autoridades han aportado un vídeo de cómo se llevó a cabo el operativo, mostrando a la narcolancha y a la embarcación del Instituto Armado en plena carrera.

Persecución a toda velocidad a una narcolancha

La operación se puso en marcha tras detectarse el desplazamiento de una embarcación semirrígida, conocida en el argot policial como “go fast”, a gran velocidad y en actitud sospechosa por las aguas del Estrecho. Tras analizar el rumbo y maniobras de la nave, la Guardia Civil activó sus medios marítimos y aéreos, desplegando patrulleras y un helicóptero para seguir a la embarcación.

Los tripulantes, conscientes del seguimiento, iniciaron maniobras evasivas e incluso comenzaron a arrojar parte de la carga al mar en un intento por aligerar peso y aumentar su velocidad. Esta táctica, habitual en estos dispositivos, busca dificultar la aprehensión tanto de la embarcación como de la droga. Sin embargo, los agentes del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil lograron mantener la presión constante y localizar los fardos lanzados, muchos recuperados durante la persecución.

Al mismo tiempo, unidades terrestres de la Guardia Civil permanecieron activas en la costa para anticiparse a una posible llegada a tierra de la narcolancha y la huida de sus tripulantes. De esta forma, la Benemérita llevó a cabo un despliegue por toda la costa española del Estrecho de Gibraltar, empujando a los narcos hacia Marruecos.

Colaboración con autoridades marroquíes

La persecución continuó hasta las cercanías de la costa marroquí, donde la Gendarmería Real entró en acción mediante una rápida movilización de sus medios marítimos. Una vez en conocimiento de la situación, las autoridades marroquíes salieron al encuentro de la embarcación, cerrando cualquier ruta de escape posible.

La presión combinada de ambos cuerpos obligó a los narcotraficantes a desprenderse del resto de la carga, frustrando definitivamente su plan de introducir la droga al continente europeo. Finalmente, las autoridades marítimas marroquíes consiguieron recuperar 89 fardos de hachís, que sumados a los 32 rescatados por la Guardia Civil, arrojan un total de 121 fardos con un peso total aproximado de 4.777 kilos.

Este resultado se considera un golpe importante para las organizaciones criminales que operan entre ambos lados del Estrecho. La operación se enmarca dentro de los dispositivos permanentes de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y destaca también por la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Tanto la rápida coordinación como el intercambio de información han sido claves para impedir que esta remesa de droga llegara a su destino.

Desde algunos días, Estados Unidos ha reportado avances en la lucha contra el narcotráfico, destacando una caída en el ingreso del fentanilo un 97% por vía marítima, de acuerdo a información brindada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, alertó que su administración trasladará su foco de operación a la frontera terrestre, lo que representa una advertencia directa a las redes de crimen organizado que funcionan en esas zonas.

México y EU han venido trabajando en conjunto para fretar el tráfico de drogas entre ambos países, a través de la implementación diversas estrategias de seguridad y mesas de diálogo bilaterales, se han reportado logros significativos.

Pese a estos resultados, el líder republicano ha mantenido la presión sobre las autoridades mexicanas para reforzar las acciones en la frontera, advirtiendo que, de no hacerlo, podría desplegar sus propias fuerzas federales

Resultados concretos en la relación México-Estados Unidos

La reciente visita del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, a la nueva sede diplomática de México marcó el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre México y Estados Unidos.

Mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de X del embajador de EU en el país, Ronald Johnson, se dio a conocer que la estrategia conjunta ha generado resultados relevantes en los últimos meses.

Uno de los avances más notables es la reducción de más del 95% en el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadounidense. Esta disminución ha tenido un impacto directo en la salud pública de sus ciudadanos, reflejándose en una baja del 35 % en las muertes por sobredosis en la nación del norte.

Por otro lado, en el ámbito del combate al narcotráfico, el país ha asegurado más de 400 toneladas métricas de estupefacientes y ha logrado desmantelar más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

Autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, muchas de las cuales estaban destinadas a organizaciones criminales mexicanas.

La alianza no se limita al control de drogas y armas, sino que también se orienta a combatir el robo de combustible, frenar la migración irregular y emplear tecnologías avanzadas para enfrentar amenazas emergentes.

“Los Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos. Al profundizar nuestra cooperación, podemos seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas, al tiempo que generamos resultados concretos para nuestros pueblos”, escribió el funcionario estadounidense.

La creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG)

Durante el encuentro, se formalizó la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permitirá fortalecer la articulación entre ambos países. Funcionarios de ambos gobiernos encabezarán este proceso, enfocado en obtener avances tangibles en temas de seguridad y cooperación.

La conformación del BIG responde al compromiso de impulsar una coordinación más permanente y eficiente. El grupo está integrado por 15 dependencias estadounidenses y sus equivalentes mexicanas, lo que señala la dimensión y seriedad de la iniciativa. Este esfuerzo conjunto busca mejorar la implementación de estrategias y obtener resultados verificables en asuntos de interés común.

En este contexto, la cooperación bilateral adquiere un papel central en la lucha contra problemas como el tráfico de drogas, armas y personas, así como en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales.

Ricardo Cáceres Correa, un delincuente uruguayo conocido por todos como Ricardito, apelaba a su fama criminal para vender droga desde la cárcel. “Soy el que sale en la tele”, le dijo a una mujer que había sido amenazada, golpeada y obligada a vender sustancias en una oportunidad.

Ricardito es un viejo conocido de la Policía uruguaya, pero su nombre reapareció públicamente en las últimas semanas luego de un triple crimen que hubo a finales de mayo en una boca que él controlaba tras las rejas. Es, además, medio hermano de Luis Betito Suárez, otro narcotraficante que fue considerado uno de los criminales más peligrosos del país.

Pero más allá de estos lazos familiares, Cáceres tuvo su propio perfil. Fue el líder de “Los Ricarditos”, como se conocía a una de las bandas criminales que disputaba el territorio de venta de droga en el Cerro, un barrio del acceso oeste de Montevideo. La organización se caracterizaba por la violencia, las extorsiones y el uso de los jóvenes para su propia red.

Cáceres estuvo condenado por narcotráfico, extorsión, violencia privada y lesiones personales.

Este narcotraficante es conocido por mandar a torturar a adictos que le deben dinero, acciones que monitoreaba por videollamada desde el penal en el que está.

“Soy el tipo que sale en la tele”, fue una de las frases atribuidas a él que leyó la fiscal de Estupefacientes Stella Lorente, en una audiencia judicial consignada por el diario uruguayo El País. La fiscal sostuvo que, desde la prisión, Cáceres lideraba una red de puntos de venta de droga en el Cerro, con personas encargadas de suministrar las sustancias, recaudar dinero, custodiar las bocas, vigilar las cámaras y recorrer lugares de acopio.

Hubo vecinos de Ricardito que denunciaron sobre los comercios que había en la zona. Y uno de los puntos señalados fue el lugar en el que ocurrió la masacre del 24 de mayo. A esa boca la llamaban “la escalerita”. Los investigadores creen que los autores de los homicidios eran parte de la banda rival.

La organización “Los Ricarditos” tenía cámaras de videovigilancia instaladas en las bocas. Desde cualquier dispositivo los cabecillas podían saber los movimientos de los consumidores, los integrantes de la organización y de la policía. Así, por ejemplo, podían advertir cuando estaba “lleno de botones” en la calle, como surge de uno de los audios. También cuando una persona era detenida: “Agarraron al viejo”.

Uno de los imputados por este caso aparece mencionado en los audios como “Bebe”. Su tarea, según la acusación fiscal, era suministrar droga a “la escalerita”. En una de las conversaciones le pone un precio a las sustancias: “A todos los que estén ahí deciles que a 170 el gramo de base [USD 4] y 250 el gramo de merca [USD 6]”.

Las llamadas a diario del Ricardito

Otro de los imputados era apodado “El Guille” y era uno de los encargados de la distribución, pero además estuvo vinculado a episodios de violencia. Un padre denunció que su hija, por ejemplo, había sido amenazada de muerte, secuestrada, violada y obligada a vender. Ella era consumidora.

Cárceres seguía los movimientos a diario desde la cárcel, al punto que llamaba todos los días a sus colaboradores, según la audiencia judicial consignada por el diario uruguayo. Fue a esa víctima que le dijo que era el que salía en la tele.

Tras el triple crimen, Ricardito sufrió un golpe. En total, fueron nueve los allanamientos realizados tras esa masacre. En los procedimientos la Policía incautó un kilo de pasta base en piedra, varias dosis de la misma sustancia ya fraccionada para su comercialización, municiones y mochilas con dinero en efectivo. Las bocas de venta allanadas funcionaban principalmente en las zonas de Berna y Vigo y de Rusias y Chile.

Además de la condena a su esposa, el cuñado recibió una pena de cuatro años y cuatro meses y una tercera integrante de la organización fue condenada a tres años. “Bebe”, como le decían a otro integrante, fue sentenciado a dos años y tres meses.

La familia del Ricardito

Un cuñado del Ricardito era una pieza clave en la logística de la organización: proporcionaba una moto y un monopatín eléctrico para que otros integrantes recorrieran las bocas.

Su esposa también tenía un rol clave: era la encargada de comunicar al cabecilla de la banda con los demás integrantes de la organización. También recolectaba y administraba parte del dinero, según surgió de esa audiencia judicial, consignada por El País. Tenía un vehículo a su disposición, que usaba para recorrer bocas, reunirse con encargados y levantar efectivo.

El manejo de dinero que realizó la esposa del Ricardito quedó consignado en informes de redes de cobranza. Se registraron giros por unos 209 mil pesos uruguayos (unos USD 5.200) y 28 transferencias de un hombre por un total de 421 mil pesos uruguayos (unos USD 10.400). Hubo otros giros registrados y todos fueron en las sucursales de los mismos barrios.

Esta participación derivó en su condena a cuatro años y siete meses de cárcel.

Su casa también fue allanada: encontraron carteras, monederos, morrales, mochilas con monedas y billetes, marihuana y cocaína.

Uno de los siete prófugos más buscados por el Gobierno de Santa Fe fue detenido este viernes en La Puerta, un pueblo ubicado a 125 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se trata de Samuel Elías Reyes, un hombre de 30 años sobre quien pesaba un pedido de captura por el crimen del nene de 4 años que fue asesinado a disparos en Frontera.

La captura se produjo luego de varias tareas de coordinación operativa que permitieron localizar al fugitivo. Según confirmaron fuentes oficiales, en la operación de inteligencia y seguimiento participó la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el momento de su detención, Reyes era buscado por presuntamente estar involucrado en un ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en una zona conocida por las constantes disputas territoriales entre bandas narco.

En ese episodio, el menor de edad recibió ocho disparos que le causaron la muerte en el acto, mientras que su padre, B. M., conocido como Peladito, resultó gravemente herido tras recibir seis balazos. Ambos viajaban en un vehículo junto con la madre del nene, quien resultó ilesa.

A pesar de que las víctimas llegaron por sus propios medios al Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba, el nene no pudo ser reanimado. En contraposición, su padre había sido ingresado en estado crítico a la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, la principal hipótesis investigaría un presunto ajuste de cuentas entre bandas rústicas que se disputarían el control territorial del narcomenudeo en Frontera.

Como parte de este argumento, los investigadores apuntaron que esta ciudad, con menos de 10 mil habitantes, experimentó varios episodios de violencia vinculados al negocio de la droga. Además, remarcaron que no se trataría de un fenómeno novedoso en la localidad.

Con la captura de Reyes, el número de detenidos por el crimen del nene de 4 años ascendió a seis. Los primeros cinco habían sido detenidos a lo largo de julio del año pasado, por lo que la localización del fugitivo produjo un avance significativo en la causa.

Previo a su detención, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos, luego de que el acusado fuera incluido en el listado de los siete delincuentes más buscados de la provincia.

Sobre esta medida, el titular de la cartera de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que el sistema de recompensas funciona como un instrumento útil para avanzar en investigaciones y detener a prófugos implicados en delitos graves. “Son delincuentes y muchas veces quienes conocen su paradero terminan aportando información”, señaló.

Tras la captura de Reyes, así quedó la lista de los seis prófugos más buscados en Santa Fe

Desde que el Gobierno santafesino anunció la creación de la lista de los delincuentes más buscados en su provincia, el número se redujo de diez a un total de seis. Con la reciente detención de Reyes, el listado quedó conformado de la siguiente manera:

Matías Ignacio Gazzani

Por Gazzani, de 29 años, las autoridades ofrecen una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita su localización. Según fuentes oficiales, nació el 15 de febrero de 1996 en Rosario y está acusado del delito de asociación ilícita.

Vicente Matías Pignata

En el caso de Pignata, de 41 años, el gobierno provincial ofrece una recompensa de 40 millones de pesos por información que facilite su captura. Está acusado de haber cometido una infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes, y es oriundo de Sauce Viejo.

Jesús Maximiliano Eusebio

Jesús Maximiliano Eusebio, conocido como Coco, tiene 32 años y es buscado por las autoridades de Santa Fe por el delito de asociación ilícita. Por información de su paradero, se encuentra vigente una recompensa de 35 millones de pesos.

Facundo Nicolás Aguirre

Nacido en Rosario, Facundo Nicolás Aguirre, apodado Pariente, tiene 27 años y está acusado por el delito de homicidios. A raíz de esto, se habilitó una recompensa de 35 millones de pesos para quienes aporten información que permita su detención.

Fernando Sebastián Vázquez

Para el Gobierno de Santa Fe, Vázquez es considerado como un objetivo prioritario en investigaciones por crímenes violentos, ya que se encuentra imputado por homicidio. Es oriundo de Rosario y actualmente tiene 44 años. Por él, ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos.

Ramiro Gastón Escalante

Escalante, de 30 años, es buscado por el delito de asociación ilícita, específicamente, en el ámbito del crimen organizado. El gobierno ofrece una recompensa de 25 millones de pesos a quien aporte información que facilite su localización.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 911, escribir a recompensas@mpa.santafe.gov.ar. En el caso de Vázquez y Escalante, también se podrán contactar a las redes sociales de Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia de Rosario (Sarmiento 2850), en cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, en la Fiscalía de Santa Fe (Av. General E. López 3302), en Venado Tuerto (Alvear 675), en Reconquista (Iriondo 553) o en Rafaela (Necochea 44).

Más de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en la vía que conecta a Bogotá con Girardot, a la altura del peaje de Chinauta, jurisdicción del municipio de Fusagasugá, cuando uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detectaron el cargamento en un carrotanque.

Según las autoridades, la sustancia ilícita, cuyo valor superaría los 3.200 millones, se encontraba oculta dentro del tanque del vehículo de carga, distribuida en compartimientos especialmente acondicionados dentro del camión, que cubría la ruta entre Ibagué y Bogotá y habría salido, inicialmente, desde el departamento del Cauca.

Durante la inspección, agentes de la Policía hallaron decenas de paquetes rectangulares, cada uno con un peso aproximado de 10 kilogramos, que en total superaron los 370 kilogramos de cocaína.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la acción se logró “gracias a los controles permanentes que realiza sobre los principales corredores viales del departamento nuestra Policía de Tránsito y Transporte, adscrita a la Departamento de Policía de Cundinamarca”.

El mandatario departamental indicó que la droga fue encontrada en paquetes identificados con logos y distintivos, y reiteró que el valor comercial de la incautación es una pérdida sustancial para las economíasilegales.

Durante el operativo se capturó al conductor del vehículo que, junto con la sustancia, quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar la procedencia exacta del cargamento, identificar a los responsables de la organización criminal involucrada y establecer la red encargada de recibir el alijo en Bogotá.

En sus declaraciones, el gobernador Rey manifestó su reconocimiento al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, y al equipo uniformado por su trabajo en la protección de los ciudadanos y el fortalecimiento de las capacidades operativas e investigativas para combatir economías ilegales.

Más de una tonelada de cocaína incautada en San Andrés

Las autoridades también confirmaron la incautación de más de una tonelada —con un peso total de 1.390 kilogramos— de clorhidrato de cocaína en aguas cercanas a San Andrés, tras interceptar una embarcación tipo “go fast” que transportaba el cargamento en el mar Caribe.

En la operación, coordinada entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, dos personas fueron capturadas. El decomiso evitó la circulación de aproximadamente tres millones de dosis de este estupefaciente.

La embarcación fue detectada durante un operativo de seguimiento e interdicción ejecutado por uniformados en alta mar. De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo incluyó varios paquetes con características asociadas al transporte de sustancias ilícitas por organizaciones narcotraficantes. Los dos tripulantes de la motonave fueron detenidos en el lugar.

Posteriormente, la nave, los capturados y el material incautado fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, donde funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal realizaron las pruebas de identificación, confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Según la Armada, el valor comercial del cargamento supera los 64 millones de dólares. Por su parte, los detenidos, la embarcación y la droga quedaron a disposición de la autoridad judicial para el inicio de los procedimientos de judicialización.

En hechos relacionados, durante la segunda semana de junio de 2026, voceros oficiales de la Armada también reportaron otro operativo que resultó en la captación de 649 kilogramos adicionales de clorhidrato de la misma sustancia ilícita, transportados por organizaciones de crimen transnacional, en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Francia.

La acción permitió la captura de dos ciudadanos dominicanos y la incautación de una segunda embarcación, que fue remolcada hasta la ciudad Riohacha, departamento de La Guajira, para su correspondiente judicialización.

El 2 de junio de 2026, el Ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, renunció tras más de un mes de protestas y bloqueos que dejaron a la capital sin alimentos, combustible ni suministros médicos, y perturbaron la vida económica y política en todo el país, amenazando con derrocar al gobierno de Rodrigo Paz. Las protestas abordaron diversas cuestiones, como la escasez de dólares y otros bienes, la mala calidad de la gasolina adquirida mediante un contrato estatal, que dañó numerosos vehículos, las demandas de aumentos salariales y la derogación de la nueva ley de propiedad, la Ley 147. Sin embargo, un aspecto singular de la situación boliviana fue que, en el centro de la financiación, la movilización y la duración de las protestas, se encontraban las acciones del expresidente Evo Morales y los productores de coca de la región del Chapare. Esta región y sus productores de coca constituyen, sin duda, el núcleo de la producción de cocaína en el país, que se exporta a Europa, Oceanía y otros mercados internacionales a través de una red de narcotraficantes, algunos de los cuales utilizan Bolivia como base de operaciones o refugio. Más allá del narcotráfico y otras actividades ilícitas, las protestas en Bolivia han alcanzado un nivel de insurgencia, aunque no se las reconozca comúnmente como tales, en la zona gris. Los actores involucrados cuentan con un buen financiamiento y coordinación, y se dedican a tomar o bloquear objetivos de relevancia militar, como tramos clave de carreteras, con el objetivo de aislar la capital y paralizar la economía. Utilizan armamento altamente letal, como dinamita y, en ocasiones, armas de fuego, llegando incluso a emboscar a la policía y otras fuerzas gubernamentales. Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas de seguridad bolivianas tratan a estos actores como civiles, no como combatientes, temiendo una escalada del conflicto o ser encarcelados, como ya ha ocurrido, si sus líderes políticos, militares o policiales actúan con excesiva agresividad.

Bolivia, estratégicamente ubicada en el centro de Sudamérica, enfrenta una serie de desafíos de seguridad que se refuerzan mutuamente, centrados en la producción de cocaína y el narcotráfico, la minería ilegal y la inestabilidad interna provocada por grupos radicalizados. El gobierno de Rodrigo Paz, recientemente inaugurado, trabaja para abordar estos desafíos, en parte mediante una reorientación fundamental de su política exterior para reconstruir la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, también ha constatado que esta reorientación está acelerando la movilización de quienes buscan derrocar a su gobierno.

Del 21 al 31 de mayo de 2026, el autor visitó Bolivia durante la crisis política y de seguridad que atravesaba el país, entrevistando a más de 40 expertos bolivianos sobre los desafíos y la situación que se desarrollaba en el país. Este trabajo, uno de los tres derivados de esas interacciones y la investigación complementaria, analiza los desafíos de seguridad de la nación y la labor del gobierno de Paz para abordarlos.

Desafíos de seguridad en Bolivia

Narcotráfico. Bolivia es actualmente una zona de origen de la coca, productora de cocaína y país de tránsito de drogas, además de ser un centro de lavado de dinero y refugio para delincuentes internacionales vinculados al narcotráfico. El papel del país en el narcotráfico internacional se expandió significativamente bajo los gobiernos populistas de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y su sucesor y posterior oponente, Luis Arce. Este papel se amplió con la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por parte del gobierno de Morales en 2008, a raíz de las acusaciones de Morales de que la DEA había espiado a sus parejas sentimentales y tomado otras medidas para perjudicar a su gobierno. Según los consultados para este informe, la ausencia de la DEA y la eliminación de los programas estadounidenses asociados para combatir la corrupción dentro de la policía boliviana, incluyendo su fuerza antinarcóticos FELCN, provocaron un aumento de la corrupción y una disminución de la eficacia de dichos organismos. En Bolivia, el cultivo y uso de hojas de coca en cantidades limitadas para fines tradicionales es legal, y la superficie permitida para dicho cultivo fue ampliada por Evo Morales mediante la Ley 906 en marzo de 2017. No obstante, la superficie cultivada en Bolivia por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 34.000 hectáreas, supera significativamente las 24.000 hectáreas permitidas por dicha ley. La superficie cultivada en 2024 representó una expansión del 10% en tan solo un año con respecto a 2023. La producción de coca en Bolivia se concentra principalmente en dos regiones: Yungas y Chapare, dentro del departamento de Cochabamba. Según los expertos consultados para este estudio, la coca de los Yungas posee características más adecuadas para masticar y otros usos humanos, mientras que el contenido de alcaloides y otras cualidades de la coca del Chapare están más optimizadas para la producción de cocaína. En consecuencia, el Chapare se ha convertido en el epicentro de la producción de cocaína, así como de su transformación en cocaína en laboratorios clandestinos. Las seis federaciones de cultivadores de coca del Trópico de Chapare, presididas por Evo Morales, se han convertido, sin duda, en el centro neurálgico de la producción de cocaína en Bolivia y sus vínculos con redes criminales transnacionales.

La cocaína y los productos intermedios producidos en el Chapare se distribuyen a mercados principalmente en Europa y Oceanía a través de múltiples rutas, con la ayuda de importantes grupos del crimen organizado transnacional. Entre ellos se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo paraguayo Insfrán, la mafia serbia y diversos grupos colombianos, entre otros, tienen presencia en Bolivia y participan en este narcotráfico.

Históricamente, las hojas de coca bolivianas se transformaban en base de coca, un producto intermedio, que luego se transportaba por vía aérea al norte de Argentina para su procesamiento final. Hoy en día, Bolivia produce cocaína mucho más refinada, que se exporta a través de múltiples rutas. Estas incluyen el transporte desde el Chapare hacia el este, a Brasil, o hacia el sureste, a Paraguay, o directamente a Argentina. Si bien parte de esta coca, en particular el “paco” de baja calidad, se consume en la región, la mayor parte se carga en buques mercantes transatlánticos en puertos importantes como Rosario o Buenos Aires, Argentina, o Montevideo, Uruguay. Parte de la cocaína proveniente de Perú también transita por Bolivia siguiendo estas rutas. Además, una porción de la cocaína que sale del Chapare se envía hacia el oeste, al norte de Chile o Perú, con destino final a los mercados de Oceanía o Europa a través de puertos como Iquique o Arica, Chile.

De los dos principales grupos del crimen organizado transnacional brasileño que operan en Bolivia, el PCC se concentra en el contrabando de cocaína en dirección sureste, mientras que la CV tiende a concentrarse en el norte, incluyendo el departamento de La Paz y Pando hacia Brasil.

En los últimos meses, se ha descubierto a importantes figuras del crimen organizado transnacional operando desde Bolivia. Entre ellas destacan Sebastián Marsett, jefe del Primer Comando de Uruguay (PCU), filial del PCC, y Gerson Palmero, del Primer Comando de la Capital. Ambos fueron detenidos en Santa Cruz. Marsett vivía cómodamente en el exclusivo barrio de Las Palmas, junto a la élite empresarial y política boliviana, y era propietario de un importante equipo de fútbol del departamento.

Minería ilegal. Más allá de la cocaína, Bolivia cuenta con una importante industria minera ilegal, un subsector del sector minero informal, mal regulado pero muy extendido en el país, que representa más del 80% de la economía boliviana. La importancia económica relativa de esta minería ha aumentado con el precio del oro, que ronda los 4.500 dólares la onza al momento de redactar este informe, lo que hace que la minería ilegal en Bolivia sea más lucrativa que el narcotráfico en muchos casos.

Como reflejo de la magnitud del sector minero informal, Bolivia es actualmente el mayor importador y exportador de mercurio del mundo. El uso de mercurio en la minería informal tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluyendo la contaminación letal del agua, la vegetación y la fauna.

La minería ilegal también se ha utilizado para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, especialmente porque el oro extraído informalmente se suele comprar en efectivo.

Al igual que con la cocaína, existe una sinergia entre la minería ilegal y Bolivia y Perú. Cuando Perú ha intensificado la represión contra la minería ilegal o ha aumentado los controles sobre el origen de su oro, parte de este oro se introduce de contrabando en Bolivia, donde se considera más fácil obtener documentos falsificados que demuestren que el oro proviene de minas bolivianas. Por el contrario, cuando el banco central boliviano ha comprado oro del sector informal para incrementar sus reservas a precios de mercado, los bolivianos lo han introducido de contrabando en Perú para venderlo a precios más altos en la economía ilícita.

Al igual que en Perú, elementos del crimen organizado chino también tienen presencia en el sector aurífero informal e ilegal de Bolivia como compradores del producto, así como proveedores de equipos de dragado y materiales como el mercurio, entre otras funciones.

Insurgencia disfrazada de protesta. Más allá del crimen organizado, Bolivia ejemplifica la difuminación extrema de los límites entre la protesta política y social legítima y la insurgencia. Las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Chapare, mencionadas anteriormente, han desempeñado un papel fundamental, junto con el Comité de Trabajadores Bolivianos (COB) y la federación de trabajadores Tupak Katari, en las protestas contra los gobiernos bolivianos de derecha, en defensa de gobiernos o políticas que afecten su producción de coca y su transformación de facto en cocaína. El papel de los cocaleros en las protestas bolivianas de mayo de 2026 se basa, en parte, en la orden de arresto emitida por el gobierno contra Evo Morales por no presentarse ante el tribunal para enfrentar cargos de trata sexual de menores, relacionados en parte con la hija que tuvo fuera del matrimonio con Gabriela Zapata, quien entonces tenía 14 años. Los enormes ingresos generados por la producción de cocaína en el Chapare proporcionan, sin duda, los recursos utilizados para transportar a los manifestantes a lugares específicos, pagar su comida, estipendios en efectivo y otros beneficios. Cabe destacar que el uso de dinamita en la economía minera ha hecho que los explosivos sean omnipresentes en las protestas en Bolivia, incluso a un nivel que representa un peligro cuando se lanzan contra vehículos blindados de la policía y el ejército.

Según las fuentes consultadas para este trabajo, a lo largo de los años, los aliados ideológicos de los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales han facilitado el reclutamiento de miembros de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y, según informes, también el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), Sendero Luminoso de Perú y grupos cubanos, entre otros, para brindarles entrenamiento militar y de otro tipo.

En las recientes protestas de mayo de 2026, al igual que en ocasiones anteriores, la combinación de recursos, capacidad letal y entrenamiento militar a disposición de los cocaleros y otros manifestantes ha llevado a que sus acciones se asemejen a una insurgencia de baja intensidad. Durante los esfuerzos de mayo de 2026 para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, por ejemplo, los manifestantes bloquearon deliberadamente rutas estratégicas que controlaban el acceso de alimentos, gasolina, suministros médicos y otros materiales necesarios hacia y desde la capital, La Paz. Incluso bloquearon las escasas carreteras que conectan la ciudad con el Aeropuerto Internacional y otras zonas de El Alto, la ciudad ubicada en la cima de la meseta conectada a La Paz, e intentaron paralizar los teleféricos que sorteaban los bloqueos viales que conectaban ambas ciudades. Cuando las fuerzas gubernamentales intentaron avanzar en un convoy blindado para desbloquear una de las rutas y crear un corredor humanitario, manifestantes armados con dinamita y armas emboscaron el convoy, obligándolo a retroceder. En el proceso, el Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zambrano, se separó del convoy y, según los informes, su vida corrió peligro mientras era perseguido por los manifestantes que buscaban asesinarlo, tal como años antes habían emboscar un convoy y asesinado a un ministro del gobierno en la misma zona.

En otra parte del país, cuando la policía boliviana intentó bloquear con discos una carretera crucial que conecta Santa Cruz con Cochabamba, fue emboscada por manifestantes que lanzaron dinamita desde posiciones elevadas estratégicamente ubicadas.

En el departamento de Santa Cruz, los manifestantes bloquearon una carretera estratégica en San Julián y movilizaron a miles de refuerzos al enterarse de que miembros de la Liga Juvenil de Santa Cruz planeaban marchar hacia el lugar para levantar los bloqueos. Según los informes, los manifestantes de San Julián habían apostado francotiradores en la carretera anticipándose a la llegada de la UJC, una situación que habría desembocado en una masacre si el comité cívico de Santa Cruz no hubiera cancelado la marcha prevista.

En el análisis tradicional de contrainsurgencia, el intento de un grupo organizado y bien armado de desplegarse militarmente con el objetivo de aislar la capital y derrocar al gobierno se consideraría una insurrección, sujeta a una respuesta armada, aunque proporcional, por parte del gobierno, conforme a las leyes de la guerra en Bolivia. Sin embargo, la tradición de este tipo de protestas, incluyendo el uso de dinamita y algunas armas, sumada a la debilidad y, en ocasiones, la falta de fiabilidad de las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a tratar repetidamente estas actividades como delictivas, no como un combate.

Respuesta del Gobierno de Bolivia

Dentro del gobierno boliviano, sus fuerzas armadas y policía, existen muchos profesionales competentes que buscan actuar con honor para cumplir con sus deberes, proteger la seguridad del país y combatir a las organizaciones criminales y otras amenazas. Sin embargo, gravemente perjudicado por dos décadas de gobierno del MAS, estrechamente vinculado a los productores de cocaína del Chapare y a intereses criminales en el sector minero informal, y con una financiación insuficiente persistente, el gobierno boliviano y sus fuerzas de seguridad se ven gravemente afectados por la corrupción y la degradación de sus capacidades.

La Policía y la FELCN. Dentro de la policía nacional boliviana, especialmente tras la expulsión de la DEA y la finalización de los programas estadounidenses de capacitación, transparencia y fortalecimiento institucional, los controles contra la corrupción han sido prácticamente inexistentes en un país inundado de actividad y dinero ilícitos. Según los encuestados para este trabajo, la corrupción dentro de la policía boliviana es generalizada. De hecho, a modo de ejemplo, en 2024, Maximiliano Dávila, el zar antidrogas de la era de Evo Morales en Bolivia, fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico, al igual que la anterior directora de la FELCN, Renée Sanabria, en 2011.

Como primer paso para afrontar la situación, el gobierno de Paz reintrodujo a la DEA en el país en 2026, aunque con un número limitado de miembros, operando como representante en una oficina en La Paz.

En la policía en general, además de la corrupción, existe una importante falta de equipamiento necesario tanto para combatir el crimen como para hacer frente a las protestas. Esto incluye una grave escasez de material básico para el control de multitudes, como el gas lacrimógeno, que en respuestas gubernamentales anteriores, el gobierno incluso ha importado de Argentina. La policía boliviana se ha visto obligada durante mucho tiempo a comprar sus propios uniformes y gran parte de su equipamiento. En medio de una grave crisis fiscal, aumentar los recursos policiales aún no ha sido una opción para el gobierno de Paz.

El Ejército boliviano. Las capacidades del ejército boliviano, al igual que las de la policía, se han visto mermadas por la corrupción y el abandono. Durante la era de Evo Morales, el gobierno buscó reestructurar fundamentalmente las fuerzas armadas y transformar su orientación. Entre sus esfuerzos se incluyó la incorporación de cubanos, principalmente al servicio de inteligencia militar boliviano G2, que no solo apoya al ejército, sino que, ante la ausencia de un servicio de inteligencia civil, también integra la inteligencia civil, policial y militar. El gobierno de Morales también utilizó a los cubanos para ayudar a lanzar su “Escuela Antiimperialista” para el adoctrinamiento militar, posteriormente desmantelada por el gobierno de Jeanine Áñez.

El gobierno de Morales impulsó aún más la igualdad entre la tropa y los oficiales, tanto en la policía como en las fuerzas armadas, y abrió el cuerpo de oficiales bolivianos a personal que anteriormente carecía del título universitario requerido, e incluso, en algunos casos, de alfabetización básica. Cabe destacar que un número significativo de estos nuevos reclutas, incorporados a través del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), provenían de Chapare, la principal región productora de cocal y bastión de Evo Morales. Hoy en día, muchos de ellos ocupan, según informes, puestos de liderazgo, con rangos que van desde mayor hasta coronel. Como resultado, el gobierno del presidente Paz se ha mostrado muy reacio a desplegar a las fuerzas armadas o a la policía para enfrentar a los manifestantes, no solo por la falta de equipo y entrenamiento adecuados, sino también por la disparidad de lealtades dentro de las fuerzas armadas y el riesgo de que estas decidieran unirse a los manifestantes, negarse a luchar o incluso participar en actos de sabotaje que incitaran deliberadamente a la violencia para desestabilizar la situación y acelerar la caída del gobierno. Del escaso equipo nuevo adquirido por las fuerzas armadas, prácticamente todo ha sido de baja calidad, comprado o donado por la República Popular China (RPC). Esto incluye 6 cazas interceptores K-8, 6 helicópteros Z-9, un número limitado de camiones militares Dong Feng, 31 vehículos blindados y un pequeño número de patrulleras.

De los seis K-8, dos se estrellaron y, según se informa, solo uno sigue operativo, debido a una combinación de mantenimiento deficiente o postergado y la dificultad para obtener repuestos. Por razones similares, de los seis helicópteros Z-9, solo uno sigue operativo, pero, según se informa, nadie quiere volarlo porque no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Aunque Bolivia intentó mantener una flota antigua de helicópteros UH-1H estadounidenses, el dinero que el Departamento de Estado de EEUU dejó para su mantenimiento fue, según se informa, desviado a otros fines, y ninguno sigue en servicio. La situación es similar con el pequeño número de helicópteros Super Puma de Bolivia. De los vehículos que posee el Ejército boliviano, la mayoría fueron adquiridos del vecino Brasil, incluyendo sus principales camiones de transporte de 2,5 toneladas, fabricados por la empresa INGESSA. Algunos vehículos terrestres de la flota boliviana tienen casi 70 años. De los vehículos anfibios URUTU, ya obsoletos y adquiridos de Brasil, solo seis siguen operativos. También cuentan con un número limitado de vehículos Cascavel, también obsoletos y procedentes de Brasil, de los cuales, según se informa, siete están en funcionamiento. Estos vehículos que aún funcionan lo hacen gracias a que han sido modernizados y mantenidos de forma deficiente.

Bolivia también ha adquirido algunos camiones Nissan “Condor” fabricados en Argentina, pero estos son de uso civil, no militar.

De la pequeña cantidad de vehículos terrestres adquiridos recientemente de China, como se mencionó anteriormente, el Ejército boliviano generalmente no los utiliza debido a sus altos costos operativos, incluyendo un rendimiento de combustible de aproximadamente un kilómetro por litro en un momento en que la gasolina es cada vez más cara y los recursos son limitados. Para detectar vuelos de narcotraficantes, en 2016 el gobierno de Morales adquirió nueve radares de la empresa francesa Thales. Sin embargo, durante su mandato, estos nunca se pusieron en funcionamiento. El gobierno actual, en cambio, ha logrado que aproximadamente la mitad funcione.

Ante estas dificultades, el gobierno de Paz ha retomado el diálogo con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad militar. Según informes, está considerando nuevamente enviar estudiantes bolivianos a instituciones militares estadounidenses como el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), aunque se desconoce el número de estudiantes que podrán recibir financiación en la actual situación fiscal.

Más allá de la cooperación con Estados Unidos, el camino que seguirá el gobierno de Paz con los narcotraficantes, mineros ilegales e insurgentes de facto que buscan derrocarlo es incierto. Según los entrevistados para este trabajo, el presidente ha reconocido en cierta medida la importancia de abordar el tema de Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia boliviana, y otros líderes cocaleros en Chapare, como factores clave para la persistencia, el nivel de violencia y la desestabilización de las protestas. Sin embargo, no está claro si el presidente se arriesgaría a una acción militar o policial que pudiera precipitar la caída de su gobierno, como ocurrió en 2003 con la pérdida de vidas que causó el enfrentamiento con las fuerzas armadas, como sucedió en 2019, o si elementos militares y policiales se unieran a las protestas. Por otro lado, si el presidente intenta negociar con los manifestantes, con la esperanza de dividirlos y sobornarlos, probablemente agravaría los problemas fiscales de Bolivia, lo que en última instancia dificultaría la provisión de los recursos necesarios para las Fuerzas Armadas y la Policía. Además, si el presidente Paz incorpora a algunos grupos radicales de izquierda a su gabinete como ministros, esto podría obstaculizar su acercamiento a Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico que de ello se derivaría.

Conclusión

Bolivia, nación de importancia estratégica, se encuentra en un momento crítico en el que el gobierno de Rodrigo Paz está dispuesto a reconstruir las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad y otros ámbitos, como lo demuestra su participación en la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y en la Operación Escudo de las Américas en marzo de 2026.

Si bien la cocaína boliviana, el oro ilícito y los refugiados no se dirigen directamente a Estados Unidos, el papel previamente señalado de Bolivia como centro neurálgico para importantes organizaciones criminales internacionales, incluidas aquellas como el PCC y el CV, designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas, subraya la importancia para Estados Unidos del éxito de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, otros delitos transnacionales del crimen organizado y la insurgencia disfrazada de protesta social.

La crisis fiscal de Bolivia y la profunda corrupción que impregna sus instituciones hacen prácticamente imposible que el gobierno de Paz tenga éxito en esta lucha por sí solo. De hecho, incluso la capacidad básica para enfrentar a quienes participan en un “asedio” militar a La Paz se ve debilitada por la falta de confianza en los recursos y la lealtad de las fuerzas de seguridad bolivianas.

Recíprocamente, la caída de un gobierno boliviano pro estadounidense, largamente esperado, comprometido con la lucha contra el crimen organizado y los grupos terroristas, y que se resiste a cooperar con rivales estadounidenses extra hemisféricos, sería desastrosa no solo para Bolivia, sino también para sus vecinos, ya afectados por la economía criminal boliviana alimentada por la cocaína y el oro, y por grupos indígenas radicalizados.

Desde la perspectiva de Washington D.C., el papel de Cuba en el apoyo al gobierno anterior de Evo Morales, y el riesgo de que regresen al poder con él, contradiría directamente el progreso que la actual administración estadounidense ha logrado contra el gobierno narco de Nicolás Maduro en Venezuela, y que busca lograr contra el gobierno comunista en Cuba. Aunque Bolivia se encuentra geográficamente algo alejada de Estados Unidos, es fundamental para la dinámica de la región, a la que Estados Unidos ha dado prioridad en sus estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, por considerarla crucial para la seguridad de su territorio. Lo que sucede en Bolivia tiene implicaciones para Estados Unidos.

El pasado miércoles 10 de junio, durante la sesión del Congreso de Michoacán, se suscitó una polémica cuando se presentó un grupo musical mexicano interprendo narcocorridos.

Esta actuación del pleno, organizada por Baltazar Gaona, diputado del Partido del Trabajo (PT), fue difundida por redes sociales, donde se generaron diversos comentarios acerca de este show, al tratarse de un género habitualmente vinculado a historias de crimen organizado.

A lo largo del video se puede observar a varios funcionarios políticos acompañados de los integrantes de la banda, quienes interpretaban “Se les peló Baltazar”, una canción dedicada a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada.

La situación evidenció el alcance de la música popular en espacios institucionales y abrió el debate sobre los límites de las expresiones culturales en el ámbito político local.

¿Quién es Baltazar Díaz Vega?

Durante más de cinco décadas, Ismael “El Mayo” Zambada ha sido una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, manteniéndose por mucho tiempo fuera del alcance de las autoridades gracias a sobornos millonarios, hasta su captura en 2024 en El Paso, Texas.

En sus inicios, su primer socio no fue “El Chapo” Guzmán, sino Baltazar Díaz Vega, conocido como “El Balta”. La relación entre ambos se fortaleció cuando un hijo de su aliado se casó con una hija del narcotraficante, convirtiéndolos en compadres.

Originario de Badiraguato, Sinaloa, Díaz Vega alternaba sus negocios ilícitos con la ganadería y la cría de caballos pura sangre. Se le atribuye una considerable fortuna, aunque parte de sus ingresos provenían también de actividades legales. Su historia inspiró el narcocorrido “Se les peló Baltazar”, que narra un fallido intento de captura y se popularizó en la cultura mexicana.

La suerte de “El Balta” cambió en 1995, cuando hombres armados lo asesinaron en su domicilio en la Ciudad de México. Su muerte y la de su yerno, ambos víctimas de vendettas mafiosas, marcaron el fin de una era para la vieja guardia sinaloense.

Banda El Limón llega Senado y recibe reconocimiento por trayectoria

Los salones del Senado de la República recibieron a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga para celebrar sus más de seis décadas de trayectoria artística. Esta ceremonia, impulsada por el senador Luis Alfonso Silva Romo del PVEM, reunió a legisladores y figuras de la música, con la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entregando el reconocimiento oficial.

Durante el evento, la legisladora resaltó la contribución del grupo a la difusión de las tradiciones mexicanas dentro y fuera del país. Por su parte el funcionario Silva Romo, resaltó el carácter universal de la banda, cuya fusión de talento mexicano e instrumentos europeos ha trascendido fronteras estatales y nacionales.

La agrupación, originaria del pueblo Limón de los Peraza, Sinaloa, se consolidó en Mazatlán y desde ahí proyectó su música al mundo. Juan Luis Barbosa Lizárraga, actual director y descendiente del fundador, recordó que la combinación de pasión y esfuerzo colectivo es la clave de la longevidad del grupo.

Durante la ceremonia, se interpretaron canciones emblemáticas como “El Sinaloense”, “Derecho de Antigüedad” y “Bésame Mucho”, reafirmando el arraigo popular de su repertorio.

La primera reunión oficial entre los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica se produjo en un punto cargado de simbolismo: la frontera que une a ambos países y que, al mismo tiempo, los obliga a enfrentar amenazas comunes que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes y la trata de personas.

El encuentro tuvo lugar en el Cuartel de Progreso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en la provincia panameña de Chiriquí, donde el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, recibió a su homólogo costarricense, Gerald Campos Valverde. La reunión marcó el primer acercamiento formal entre ambos funcionarios desde la llegada de Campos al Ministerio de Seguridad de Costa Rica bajo la gestión de la presidenta Laura Fernández.

Más allá de los temas estrictamente policiales, la cita ocurre en un momento particular para la relación bilateral.

Panamá y Costa Rica han mantenido históricamente una de las relaciones más estables de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años han surgido diferencias vinculadas al comercio bilateral, medidas sanitarias, restricciones al intercambio de productos y posiciones políticas que han generado episodios de tensión entre ambos gobiernos.

La llegada de Laura Fernández a la presidencia costarricense abrió una nueva etapa política en San José. Aunque las discrepancias comerciales se han incrementado en las últimas semanas, ambos países han mantenido abiertos los canales de diálogo en áreas consideradas estratégicas, especialmente en seguridad, migración y control fronterizo.

Precisamente la frontera común se ha convertido en uno de los principales puntos de interés para las autoridades.

La línea limítrofe entre Panamá y Costa Rica supera los 363 kilómetros de extensión y constituye uno de los corredores terrestres más importantes de Centroamérica. Además de conectar dos economías estrechamente vinculadas, sirve como ruta para el transporte de mercancías, el tránsito de turistas y los movimientos migratorios que atraviesan la región.

Paso Canoas concentra la mayor parte del intercambio comercial y migratorio entre ambos países, pero no es el único punto habilitado para el tránsito fronterizo. También operan los pasos de Río Sereno-Sabalito y Sixaola-Guabito, utilizados para actividades comerciales, turísticas y el movimiento cotidiano de poblaciones fronterizas.

Las autoridades de ambas naciones han impulsado proyectos de modernización para fortalecer los controles y agilizar el flujo de personas y mercancías.

La compleja geografía fronteriza representa uno de los principales desafíos para los organismos de seguridad. Sectores montañosos, áreas boscosas y amplias zonas rurales dificultan la vigilancia permanente y han favorecido históricamente la existencia de rutas informales utilizadas para el paso de mercancías y personas fuera de los controles oficiales.

Aunque no existe una cifra oficial actualizada sobre la cantidad de cruces irregulares, distintos estudios y reportes han descrito la frontera como una zona vulnerable a actividades de contrabando, tráfico de personas y otros delitos transnacionales.

Precisamente por esas condiciones geográficas, Panamá y Costa Rica han reforzado en los últimos años la coordinación entre organismos migratorios, policiales y aduaneros. La creación de mecanismos conjuntos de vigilancia e intercambio de información busca cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales sin afectar el intenso intercambio económico y humano que caracteriza a la región fronteriza.

La preocupación no es menor. Tanto Panamá como Costa Rica se han convertido en territorios de tránsito para redes criminales que operan a escala regional y que aprovechan corredores logísticos para movilizar drogas hacia mercados de Norteamérica y Europa.

Durante la reunión, las delegaciones analizaron los principales desafíos asociados al crimen organizado transnacional. Entre ellos figuran el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos ambientales, el contrabando y otras actividades criminales que aprovechan las fronteras para expandir sus operaciones.

Las autoridades coincidieron en que estas organizaciones han incrementado su capacidad para actuar simultáneamente en varios países mediante estructuras cada vez más sofisticadas, lo que exige respuestas coordinadas y un intercambio permanente de inteligencia.

En ese contexto, el ministro Ábrego destacó la importancia de fortalecer una relación de cooperación que históricamente ha permitido a ambos países enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad.

Por su parte, Campos reafirmó el interés de Costa Rica en profundizar los mecanismos de intercambio de información estratégica y robustecer la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de combatir las organizaciones criminales.

La reunión contó además con la participación de autoridades migratorias, policiales y de control fronterizo de ambas naciones, así como del director general del Senafront, Larry Solís.

El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre vigilancia fronteriza, coordinación interinstitucional y buenas prácticas para enfrentar amenazas que afectan por igual a ambos países.

La importancia de este tipo de acercamientos se ha incrementado en los últimos años debido a los cambios que experimenta Centroamérica.

Además del narcotráfico, la región enfrenta presiones asociadas a los flujos migratorios que atraviesan el continente rumbo a Norteamérica. Aunque gran parte de la atención internacional se concentra en la selva del Darién, las autoridades reconocen que la gestión de estos movimientos requiere coordinación a lo largo de toda la ruta centroamericana.

Al mismo tiempo, delitos como el tráfico ilegal de especies, la explotación de recursos naturales y otras actividades vinculadas al crimen ambiental han comenzado a ocupar un lugar más relevante dentro de las agendas de seguridad de ambos países.

En ese escenario, Panamá y Costa Rica buscan consolidar una estrategia común que combine vigilancia, intercambio de inteligencia y cooperación operativa.

La reunión celebrada en Chiriquí no elimina las diferencias que han surgido en otros ámbitos de la relación bilateral, particularmente en materia comercial. Sin embargo, sí envía una señal clara de que ambos gobiernos consideran la seguridad fronteriza como un espacio donde la cooperación resulta indispensable.

Para Panamá y Costa Rica, la frontera sigue siendo mucho más que una línea divisoria: es un punto de encuentro donde convergen comercio, migración, desarrollo económico y desafíos de seguridad que ningún país puede enfrentar por sí solo.

La calificación aplicada es la de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí, la misma por la que fue indagado el mes pasado.

La calificación es al menos grave. Si es condenado, “Pequeño J” -hoy preso en un régimen para detenidos de alto riesgo en el penal de Marcos Paz tras su extradición desde Perú-, podría recibir la pena de prisión perpetua. Su defensa, a cargo del abogado penalista Lucas Contreras Alderete, anunció que apelará la medida.

La decisión fue tomada por el magistrado Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, con una investigación llevada adelante por el secretario Ignacio Calvi, tras un arduo trabajo de la UFI de Homicidios de La Matanza, que elevó el expediente al fuero federal en la primavera de 2025 tras esclarecer las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, una brutal carnicería que ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela.

Para el juez, Valverde “ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”, asegura una fuente del caso. “Su intervención no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes”, continúa la fuente.

La imputación podría empeorar. “Ahora existen elementos que vinculan al acusado con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. También se incorporaron hipótesis vinculadas a posibles delitos de trata y explotación sexual, y eventuales maniobras de lavado de activos”, asegura una alta fuente del expediente. El juzgado pidió a las autoridades de Perú formalizar la ampliación de la imputación -por ley, solo podría procesarlo por la calificación por la que fue extraditado-. Todavía no recibió respuesta.

La Justicia también estudia realizar una extracción de ADN compulsiva para “Pequeño J” y los otros detenidos del caso. El objetivo es cotejar las muestras de material genético bajo las uñas de las víctimas, lo que indica una posible maniobra defensiva, una prueba que, si su resultado es positivo, complicaría seriamente a cualquier acusado.

También, se peritará eventualmente el jogging blanco que Valverde dejó atrás en la casa de su novia en Isidro Casanova antes de fugarse a Bolivia. Un informe policial apuntaba a una “presunta mancha hemática”. En su indagatoria, en donde negó cometer el hecho o ser parte de la trama que llevó a los femicidios de Brenda, Morena y Lara, “Pequeño J” aseguró que era vino que bebió en su cumpleaños.

La primera entrevista a “Pequeño J”

El acusado rompió el silencio dos semanas atrás con una entrevista concedida desde la cárcel a Infobae, la primera de su historia. Allí, negó también ser el autor intelectual del triple crimen, un rótulo con el que fue anunciado por autoridades policiales y medios de comunicación tras su fuga a Perú. “Cuando vi en las redes que me mostraban como el autor intelectual como un narcotraficante,estaba cagado de miedo, porque yo no era ninguna de las dos cosas. Si fuese un narco, no hubiera aparecido en ningún lado", aseveró.

Luego, dijo: “Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad,a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver. También, tengo miedo porque menciono a personas que pueden ser un problema para mí“, afirmó.

El crecimiento de las pandillas en Guatemala ha transformado el panorama criminal, dotando a estos grupos de mayor capacidad logística y financiera.

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, explicó en una entrevista con la agencia EFE, que la diversificación de sus actividades les ha permitido adquirir más recursos para expandir su influencia y equipamiento.

Las autoridades reportan que los grupos criminales conocidos como Mara Salvatrucha y Barrio 18 han dejado de centrarse únicamente en extorsiones y narcomenudeo, para involucrarse directamente en el narcotráfico a gran escala, con ventas de marihuana y cocaína en diferentes puntos del país.

El jefe policial detalló que estas pandillas no solo distribuyen drogas, sino que también han robado cargamentos para fortalecer su posición en el mercado ilegal.

La transición de las extorsiones al narcotráfico ha hecho que estos grupos cuenten con fondos suficientes para adquirir armas, motocicletas y teléfonos celulares, herramientas que utilizan tanto para operar como para intimidar a sus víctimas.

Además, han implementado sistemas de videovigilancia en las calles para monitorear los movimientos de la policía, aunque las fuerzas de seguridad han logrado desmantelar varias de estas redes tecnológicas.

El fenómeno de la mutación de las pandillas en Guatemala responde a una estrategia de diversificación criminal que les permite consolidar su poder territorial.

De acuerdo a lo expresado por el director policial en la entrevista con EFE, la policía ha identificado que ningún acto delictivo se ejecuta sin la orden directa de los líderes de pandilla o de los responsables de cada clica en los distintos territorios del país.

Estrategias policiales y respuesta estatal

Para frenar el reclutamiento forzado de menores en zonas vulnerables, las autoridades han puesto en marcha programas como ‘Escuelas Seguras’, que incluyen revisiones de mochilas en centros de estudio y la protección de escuelas públicas en sectores conflictivos.

Estas acciones buscan impedir que los brazos operativos de las maras penetren en espacios educativos y capturen nuevos miembros.

El combate a estas estructuras ha requerido la declaración de estados de sitio y de prevención en áreas consideradas zonas rojas, medida adoptada este año bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León.

Esta política ha permitido el despliegue conjunto de la policía y el Ejército, mejorando la vigilancia en el transporte público y recuperando el control de espacios públicos.

Un componente clave de la estrategia estatal es el aislamiento de los líderes pandilleros, quienes antes coordinaban delitos desde la prisión.

La apertura de una cárcel de máxima seguridad, inaugurada el año pasado, ha buscado cortar los canales de comunicación telefónica y limitar la capacidad de mando de estos jefes criminales.

Obstáculos judiciales y desafíos futuros

Las autoridades han intensificado los decomisos de armas, con un incremento superior al 32 % en 2026 respecto al año anterior, como parte de la ofensiva para debilitar la economía ilegal de las pandillas.

Sin embargo, la coordinación con el Ministerio Público enfrenta obstáculos, ya que la debilidad de las leyes permite que muchos delincuentes obtengan medidas sustitutivas o salgan libres tras aceptar cargos en apenas 72 horas.

El propio director de la policía expresó su frustración por esta realidad, al señalar que muchos agentes arriesgan la vida capturando criminales que, poco después, recuperan su libertad debido a fallas en el sistema judicial.

Esta situación complica la lucha contra el crimen organizado y pone de manifiesto la necesidad de reformas legales para impedir la reincidencia y proteger a la población guatemalteca.

La evolución de las pandillas hacia el narcotráfico plantea nuevos retos para las fuerzas de seguridad y exige una respuesta integral que combine esfuerzos policiales, militares, judiciales y sociales para frenar el avance de estas redes delictivas.

El operativo estuvo a cargo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), con apoyo de la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario de Santa Fe. De acuerdo con las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, se tomó la precaución de reforzar la seguridad del traslado, debido a que el detenido intentó oponer resistencia al arresto.

Así, durante la noche del jueves, Acosta fue ingresado a la cárcel de alto perfil de Piñero, que es conocida por albergar a los narcos y sicarios más peligrosos de la provincia. En línea con esto, el recluso permanecerá en aislamiento hasta la audiencia imputativa, en donde su situación será definida por la justicia provincial.

Según pudo saber este medio, Plin Acosta era buscado por la Justicia de Santa Fe en el marco de una causa de asociación ilícita y tenencia de arma de fuego. Las recientes investigaciones lo vincularon a una organización criminal liderada por el jefe narco Francisco “Fran” Riquelme.

Además, se analizaría un presunto nexo con la barra brava de Rosario Central y otra organización asociada a Los Menores, la banda acusada de haber heredado el control de la tribuna canalla producto del doble crimen del ex líder barra Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo.

La detención de Plin Acosta ocurrió cerca de las 07:30 horas de este lunes en la esquina de Perú y Venezuela, a la salida del boliche Museum, donde había pasado la noche. El procedimiento fue el resultado de una investigación impulsada por la PROCUNAR y coordinada por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (CIOPE) de Santa Fe, con apoyo de la SIDE.

Luego de que se obtuviera información que ubicaba al sospechoso dentro del local bailable, los efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal (PFA) montaron un operativo en la zona y concretaron el arresto.

El registro audiovisual del procedimiento mostró que Acosta intentó oponer resistencia al arresto, lo que obligó a los efectivos de la CIOPE y la PFA a reducirlo en el lugar. Posteriormente, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la fuerza federal, donde quedó alojado bajo custodia.

La investigación en contra de Plin Acosta

El pedido de arresto de Plin Acosta se concretó a partir de un requerimiento del fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que lo vincula con la barra brava de Rosario Central y con la organización delictiva conocida como Los Menores.

El nombre de Acosta ganó notoriedad pública durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

“El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4 y armas de alto poder de fuego", señaló Federico Angelini, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe tras indicar que tendrían indicios de que el arsenal podría estar vinculado de manera directa con el sospechoso.

De la misma manera, los investigadores también relacionaron al acusado con una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso identificado como jefe de una red de narcomenudeo con operaciones en el noroeste de Rosario.

En este contexto, sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025 por una causa de asociación ilícita que investiga diversos ataques contra escuelas y una dependencia policial, hechos relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región. En ese expediente, el fiscal Saldutti también había solicitado su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

En un operativo conjunto realizado en el departamento de Petén, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala informaron este jueves que llevaron a cabo la erradicación de un total de 128 mil arbustos de hoja de coca, una plantación cuyo valor aproximado asciende a Q3.2 millones (alrededor de USD 410,00), según información oficial.

La intervención tuvo lugar en el caserío Santa Rosa, jurisdicción del municipio de El Chal, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación guatemalteco.

Dicha operación se desarrolló en un área boscosa de difícil acceso, donde los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ejército, localizaron y destruyeron los cultivos ilegales. El reporte oficial destaca que, durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en la zona y se tomaron medidas para evitar riesgos a los habitantes del lugar.

La acción forma parte de una serie de operativos estratégicos diseñados por las autoridades guatemaltecas para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico y prevenir la producción de drogas en el país centroamericano.

El Ejército de Guatemala y la PNC han intensificado su presencia en puntos considerados críticos en el departamento de Petén, un territorio que, de acuerdo con análisis de inteligencia, ha registrado un aumento en la detección de plantaciones ílicitas. Autoridades remarcaron que la destrucción de los cultivos se llevó a cabo garantizando la protección de los habitantes.

“Los cultivos ilegales fueron encontrados en un área boscosa del caserío Santa Rosa, jurisdicción del municipio de El Chal, Petén. Durante estos procedimientos se garantizó la protección de los habitantes y se reforzó la seguridad en las áreas intervenidas, indicó el Ministerio de Gobernación en una nota oficial.

Autoridades intensifican la erradicación de cultivos ilícitos

La SGAIA manifestó que el hallazgo de estos 128 mil arbustos de hoja de coca demuestra la capacidad de adaptación de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, que han comenzado a diversificar los cultivos ilícitos más allá de las zonas históricamente utilizadas para la siembra de marihuana y amapola. Un portavoz de la unidad antinarcóticos explicó: “El trabajo de inteligencia ha permitido ubicar áreas remotas donde operan estos grupos, y la coordinación interinstitucional es clave para destruir la infraestructura ilegal”

El Ministerio de Gobernación reiteró que las operaciones de erradicación continuarán en distintas regiones del país como parte de una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Autoridades exhortaron a la población a colaborar mediante la denuncia de actividades sospechosas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y reducir el impacto de las organizaciones criminales.

En lo que va del año, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han reportado varios operativos similares en el norte y occidente del país, consolidando la tendencia de expansión de los cultivos de hoja de coca en territorios antes ajenos a este tipo de actividad ilícita.

Según el Ministerio de Gobernación, la articulación entre la PNC, el Ejército de Guatemala y los organismos de inteligencia ha sido determinante para ubicar y destruir estos sembradíos, afectando la logística y las finanzas de las bandas dedicadas al narcotráfico.

La carga iba distribuida en 21 sacos que contenían 652 paquetes, de acuerdo con la Fuerza Naval del Caribe. En la embarcación tipo go fast viajaban dos ciudadanos dominicanos, que fueron capturados durante la interdicción.

La lancha, la droga y sus ocupantes fueron trasladados a Riohacha, en La Guajira, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización. La verificación posterior confirmó que el cargamento correspondía a 649 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La incautación se produjo en el marco de “Tucán Royal”, una operación internacional que, según la Fuerza Naval del Caribe, combinó capacidades navales, tecnológicas y de inteligencia de ambos países. El objetivo fue fortalecer la vigilancia, el control y la interoperabilidad sobre las líneas de comunicación marítima de la región.

“En esta oportunidad estamos desarrollando la Operación Tucán Royal con las Fuerzas Armadas francesas, en la que de momento hemos interdictado una lancha go fast, incautando más de media tonelada de clorhidrato de cocaína a ciento cincuenta millas náuticas al norte del departamento de La Guajira", indicó El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

Durante varios días participaron la Fragata Misilera ARC “Independiente”, la fragata francesa “Germinal”, aeronaves, helicópteros y unidades de Guardacostas. Las maniobras de interdicción se realizaron en condiciones marítimas adversas, según la información oficial.

El vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, sostuvo que el resultado muestra la cooperación internacional contra el narcotráfico y la capacidad de respuesta de marinas aliadas frente al crimen organizado transnacional.

“La Armada de Colombia sigue elevando el nivel de interoperabilidad con las marinas de la región en el mar Caribe para cerrarle los espacios a las organizaciones de crimen transnacional dedicadas a las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico”, dijo el oficial de la Armada.

“El intercambio de información de inteligencia y la suma de capacidades navales con las marinas de la región y países aliados nos ha permitido ser mucho más efectivos en la lucha contra los delitos de crimen transnacional”, agregó el vicealmirante.

Además, añadió: “Es así como en menos de un mes, en desarrollo de operaciones con las marinas de Países Bajos y de Francia, ya son cerca de cinco toneladas de estupefacientes incautadas”.

La operación también contó con apoyo de países aliados desplegados en el mar Caribe, según la información entregada por la Armada de Colombia.

La Armada de Colombia señaló que esta fue una de las incautaciones logradas durante la última semana mediante el despliegue conjunto con Francia.

“La Armada de Colombia continuará afianzando la cooperación internacional con su estrategia multinacional Orión y así seguir afectando a las organizaciones de crimen transnacional y terroristas y de esta manera mantener las líneas de comunicación marítima en libertad de navegación en el Gran Caribe”, concluyó el oficial.

La institución agregó que estas operaciones multinacionales buscan afectar las finanzas ilícitas de organizaciones de crimen transnacional y terroristas que usan las rutas del Gran Caribe para el tráfico de estupefacientes.

Según la Armada de Colombia, la institución seguirá participando en operaciones multinacionales con marinas de la región y aliados estratégicos para impedir que las líneas de comunicación marítima del Gran Caribe sigan siendo usadas como corredores del narcotráfico.

La Armada de Colombia incautó 1.930 kilogramos de cocaína en el Pacífico

La Armada de Colombia incautó 1.930 kilogramos de cocaína en una operación de interdicción marítima en el Pacífico colombiano, donde interceptó un pesquero que transportaba también equipos de comunicación y era tripulado por cuatro colombianos, según la institución.

De acuerdo con la Armada, el cargamento evitó que más de USD 89 millones ingresaran a las finanzas de estructuras narcotraficantes y frenó la comercialización de cerca de cinco millones de dosis en calles de distintos países.

El operativo se realizó a 250 millas náuticas de Buenaventura, tras la detección de un “contacto sospechoso” por radares de la patrullera oceánica ARC 20 de Julio, señaló la Armada.

Una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación y halló costales de distintos tamaños con características asociadas a sustancias ilícitas.

El personal y el material fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, según la Armada. Los detenidos y el alijo quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales.

Acosta es investigado por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y con una organización criminal asociada a Los Menores, la banda señalada por la Justicia como heredera del control de la tribuna canalla tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, fue detenido cerca de las 7.30 del lunes pasado en la esquina de Perú y Venezuela, cuando salía del boliche Museum, donde había pasado la noche.

La captura fue el resultado de una investigación impulsada por la PROCUNAR y coordinada por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (CIOPE) de Santa Fe, con apoyo de la SIDE. Tras obtener información que ubicaba al sospechoso en el local bailable, efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal montaron un operativo y concretaron el arresto.

El video que encabeza esta nota muestra que Acosta intentó oponer resistencia al arresto, por lo cual debió ser reducido por efectivos de la CIOPE y de la PFA. Luego, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la fuerza federal.

Finalmente, este jueves, debido a la peligrosidad atribuida al detenido, la Policía Federal implementó un importante operativo de seguridad, con la participación de grupos especiales, para colaborar con el traslado a cargo de la Policía de Santa Fe.

La investigación

La detención de Acosta se concretó tras el requerimiento del fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que vincula a Acosta con la barra brava del Club Atlético Rosario Central y con una organización delictiva asociada a la banda denominada “Los Menores”, la cual habría asumido el control de la tribuna tras el doble homicidio de “Pillín” Bracamonte y “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024.

Asimismo, los investigadores lo vinculan con una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso señalado como jefe de una red de narcomenudeo que opera en el noroeste de Rosario. En este contexto, sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025 en una causa por asociación ilícita que investiga diversos ataques contra escuelas y una dependencia policial, hechos que estarían relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región.

En ese expediente, el fiscal Patricio Saldutti también solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

Por esa investigación, Acosta integraba el listado de los diez prófugos más buscados por el Gobierno de Santa Fe, que había dispuesto una millonaria recompensa para obtener información sobre su paradero.

La orden de detención vigente contra “Plin” Acosta databa del pasado 12 de junio, tras un operativo vinculado a una causa de asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría, en el marco de un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. El fiscal Saldutti solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

El nombre de Acosta cobró relevancia pública durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central. El MPA presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

“(Acosta) Es una persona que está siendo investigada por la Fiscalía y que aparece relacionada con la banda de Fran Riquelme. El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4, armas de alto poder de fuego. Según la investigación, existen elementos que vinculan directamente esas armas con Acosta”, señaló Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, tras la detención del sospechoso.

La banda, aseguran fuentes del caso, operaba dividida en tres células que se movían en barrios como Colonia Lola, Cooperativa 16 de Abril, Sargento Cabral, Márquez Anexo y Ciudad Evita. Habría menores de edad entre sus clientes. A pesar de que se les encontró $1,8 millones en efectivo, la banda prefería cobrar por billeteras virtuales.

Una de las células -compuesta entre otros por dos mujeres, madre e hija- funcionaba a media cuadra de un merendero en el barrio 16 de Abril, llamado “Niños Felices”. Otra célula operaba a dos cuadras de la escuela Alfredo Palacios en la zona de Márquez Anexo, aseguran investigadores.

En el operativo se secuestró cocaína, marihuana, una pistola, 25 balas y una balanza, además de dinero en efectivo. La causa está a cargo de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Segundo Turno.

Este es el segundo operativo realizado por la FPA esta semana. También allanaron un extenso terreno perteneciente a la estación ferroviaria del barrio Mitre, un predio usurpado. Allí, detuvieron a tres sospechosos mayores de edad e incautaron marihuana y cocaína.

La investigación por el hallazgo en Chile de 108 toneladas de droga en tablones de madera procedentes de Bolivia avanzó este miércoles con allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en empresas madereras del departamento amazónico de Pando, al norte del país.

Los operativos se realizaron en las ciudades de Cobija y Porvenir, donde fiscales y efectivos policiales recolectaron documentación y otros elementos que podrían contribuir a establecer posibles vínculos entre las firmas exportadoras y los cargamentos de madera detectados en Arica, la ciudad portuaria al norte de Chile que sirve al comercio internacional boliviano.

De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se desarrollaron en las oficinas del aserradero MultiPando y en la empresa forestal Manurini Eco Import Export, dos de las 15 firmas que aparecen en un listado difundido por medios bolivianos. Según la Fiscalía Departamental de Pando, en el operativo se verificaron las oficinas administrativas, los talleres mecánicos destinados al mantenimiento de maquinaria pesada, como al área de corte y preparación de la madera para su venta, y se secuestró documentación.

El caso, conocido en Bolivia como “Narcomaderas”, salió a la luz después de que autoridades chilenas informaran sobre el hallazgo de más de 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnadas dentro de tablones de madera de exportación, un mecanismo inédito que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales.

La droga fue encontrada oculta en 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía, en lo que fue calificado como el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha en Chile. La investigación fue desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, Aduanas y la Fiscalía de Arica, en el marco de la estrategia denominada Foco Portuario.

Según los reportes preliminares, los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba. Tras conocerse el caso, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, manifestaron que no habían recibido información oficial, pero que se iniciarían investigaciones conjuntas con Chile.

El caso ha provocado una fuerte reacción en Bolivia. El jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) calificó el caso como una “gigantesca vergüenza” para el país y sostuvo que el decomiso evidencia la expansión del narcotráfico y las fallas de los controles estatales. En la misma línea, el vicepresidente Edmand Lara cuestionó cómo un cargamento de esa magnitud pudo salir de Bolivia sin ser detectado por las instituciones encargadas de la fiscalización y el control. Ambos coincidieron en pedir una investigación que establezca cómo la carga atravesó los mecanismos de fiscalización nacionales antes de ser detectada por autoridades chilenas

Para el analista económico Gonzalo Chávez, no se trata simplemente de una actividad ilegal sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”.

El experto apuntó que el valor de la droga en los destinos finales equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional. “Para generar semejante valor no basta una plantación, un laboratorio o unos cuantos camiones. Se requiere una cadena de valor completa”, afirmó en una publicación en redes sociales.

A comienzos de 2025, Macarena Distefano, la estrella de TikTok oriunda de La Matanza hoy presa bajo la acusación de integrar una banda de dealers de tusi que operaban en discotecas como Pinar de Rocha, posteó las fotos de su viaje a París. Allí, sonreía en la torre Eiffel y en el Arco del Triunfo, en la entrada a Eurodisney con sus orejitas de Minnie Mouse. También, mostró orgullosa un plato de fideos de paquete con bolognesa en el restaurant de un coqueto hotel cinco estrellas, a pocos metros del piano.

“¿Cómo hacés? Yo quiero?“, le preguntó una chica en los comentarios. Macarena no respondió. El upgrade, sin duda, era meteórico. En el último año, exhibió más viajes, con destinos como Playa del Carmen e Isla Mujeres en México, Medellín e Isla San Andrés en Colombia. En uno de sus tantos videos en TikTok, Distefano propuso sortear un viaje a cualquier destino del mundo entre sus casi 25 mil seguidores.

La lista del show siguió con varias cirugías y tatuajes, joyas, carteras Guess, champagne Moet Chandon, un departamento a estrenar, zapatillas de 200 mil pesos para un chico de su familia, vacaciones en Pinamar en cuatriciclo. Nunca había tenido un trabajo en blanco, tampoco gastos recientes de tarjeta de crédito a su nombre.

A comienzos de 2024, la acusada conducía un Peugeot 206 modelo 2007, con el que dejó un tendal de deudas por infracciones sin pagar, casi dos millones y medio de pesos por cruzar semáforos en rojo en La Matanza y Tres de Febrero. Luego, lo cambió por una camioneta Volkswagen T-Cross Comfortline, valuada en $40 millones. Había exhibido esa camioneta, precisamente, en un video de TikTok. Decía que era un regalo para sus abuelos. En aquel video, una mujer que sería su abuela lloró de emoción en la concesionaria. Distefano, incluso, anunció el lanzamiento de su propia concesionaria de usados meses atrás.

La Justicia federal que la investiga y la mantiene en una celda también se pregunta cómo hizo. Su nivel de vida no es el de una simple dealer. La causa en su contra sigue envuelta en una suerte de misterio.

Distefano es la única detenida en el expediente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodríguez y la Fiscalía Federal de Hurlingham bajo el fiscal Santiago Marquevich, que inició la investigación en 2023, con un informante que ayudó a delatar a la banda.

Hay una decena de sospechosos en el expediente, entre ellos, otras cuatro mujeres que frecuentarían el circuito de boliches con una serie de “presencias” en sectores VIP del oeste, para clientes de alto poder adquisitivo. “Esta chica es un eslabón más. Hay otras”, asegura una fuente clave en el expediente.

La estrella matancera de TikTok fue allanada por Gendarmería a fines de abril. Le encontraron una camioneta, siete gramos de tusi y le incautaron su iPhone, que espera ser peritado. Su defensa afirma que la droga es, básicamente, para consumo personal. Sin embargo, testimonios y relevos de redes la ubican muy cerca del presunto capo de la banda, un narco de Ituzaingó con antecedentes previos con quien mantendría una relación de “estrecha amistad”.

La cocina más generosa del Oeste

Este narco fue allanado también por Gendarmería. Ya se había ido cuando los gendarmes irrumpieron en su casa de un country de zona oeste. El lugar, para sorpresa de la Justicia, estaba casi vacío.

Este traficante, aseguran investigadores, había comenzado como un simple dealer barrial, para luego expandirse con fuerza hacia el negocio de la noche. La sospecha es que el capó se dedicaría no solo a la distribución, sino también a la cocción de tusi, llamada cocaína rosa años atrás, con la ya conocida receta argentina.

El tusi original, ya casi un mito en el negocio dealer, proveniente de Colombia, contenía la molécula química 2CB -la palabra tusi, básicamente, es su fonética en español-, un potente euforizante y desinhibidor. Los traficantes porteños y bonaerenses crearon su propia versión en la última década, una ensalada de cocaína común, ketamina, MDMA y colorante para tortas. Suele ser un caso de gato por liebre, cocaína corriente teñida con polvo de gelatina. Es una máquina de multiplicar dinero, algo que obviamente entusiasma al negocio de la droga. Su precio supera por tres o cuatro veces al polvo boliviano.

Sin embargo, cocina o no, cuatro viajes en un año, un guardarropa nuevo y una camioneta a estrenar y una serie de visitas al cirujano plástico exceden el presupuesto de una simple menudeadora en boliches.

La fiscalía a cargo de Santiago Marquevich propuso diversas medidas. El juzgado del caso, por su parte, avanzó con medidas también, como un informe del Cuerpo Médico Forense sobre Distefano. Una resolución clave se espera en los próximos días.

Los procedimientos en el caso no rindieron toda la información que los investigadores esperaban. También, queda un misterio más en los escritorios judiciales. Las fotos de la acusada en París y en todos sus otros viajes no son selfies. ¿Quién las tomaba?

La Guardia Civil ha confirmado que un grupo de narcotraficantes ha abierto fuego contra los agentes mientras realizaban una intervención que ha terminado con una tonelada de hachís incautada. Ha ocurrido en Punta Umbría, Huelva, durante la pasada madrugada. Los guardias civiles avistaron una narcolancha y fueron en su captura, iniciando el tiroteo.

En el operativo se han incautado unos 1.100 kilos de droga y, aunque no ha habido heridos, los delincuentes trataron de huir disparando contra los efectivos. Hay un detenido y continúa la búsqueda del resto de implicados. Desde hace meses, asociaciones de agentes advierten del crecimiento en violencia y armamento de las organizaciones que introducen estupefacientes por el sur de la península.

Hace un mes, la Guardia Civil de Huelva ya vivió uno de los episodios más duros en muchos años con la muerte de dos agentes mientras perseguían una narcolancha. Las exigencias de más medios para la lucha antidroga es ya una constante de las protestas de las autoridades. Este jueves, un nuevo caso evidencia el aumento del riesgo de enfrentarse a los narcotraficantes.

Intercepción del alijo y enfrentamiento a tiros

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada, cuando los radares detectaron una embarcación semirrígida aproximándose a unas ocho millas náuticas de Punta Umbría. Ante la sospecha de un alijo de droga, se puso en marcha un amplio dispositivo con agentes especializados por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas esperaban con una furgoneta y un turismo para cargar la droga.

Cuando los narcotraficantes ya habían depositado la mercancía en la furgoneta, los agentes les sorprendieron y fue entonces cuando comenzó la situación de mayor peligrosidad. Los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los guardias civiles. Los agentes respondieron a los disparos, pero afortunadamente no se produjeron heridos entre las fuerzas de seguridad. Los autores del alijo escaparon a pie, aunque se logró detener a una persona en el operativo.

Más de una tonelada de hachís incautada

En la operación, la Guardia Civil ha intervenido 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, además de un arma corta hallada en el interior de uno de los vehículos empleados en la descarga. En la zona se recogieron varios casquillos y proyectiles que serán analizados por el departamento de Criminalística.

Para localizar al resto de los implicados, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de cierre en el que participan diferentes unidades, como Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana, Destacamento de Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de contar con la colaboración de otros cuerpos policiales.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todas las dudas de la operación y dar con las personas que lograron huir tras el enfrentamiento. La intervención ha evitado la entrada de una gran cantidad de droga a la provincia y pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico, algo cada vez más habitual en los últimos meses.

El procedimiento fue el resultado de un seguimiento previo en el que los efectivos relevaron los movimientos de los sospechosos, identificaron los vehículos que utilizaban y mapearon los lugares que frecuentaban. Con esa información, interceptaron a los implicados cuando una camioneta ingresó a una estación de servicio sobre la avenida Las Américas, en el área céntrica de la ciudad de Aristóbulo del Valle, a 140 kilómetros de Posadas.

Al verificar la documentación del vehículo, los agentes constataron que registraba un pedido de secuestro por robo emitido desde Tupanciretã, municipio del estado brasileño de Río Grande do Sul. Los ocupantes fueron detenidos en el momento en que descendieron a cargar combustible. Un análisis posterior del rodado reveló irregularidades registrales y una chapa patente presuntamente falsa, por lo que el vehículo fue secuestrado.

Con las detenciones y las pruebas acumuladas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos en inmuebles vinculados a los imputados. En una vivienda del barrio Bancario de Aristóbulo del Valle, los investigadores hallaron una camioneta Toyota SW4 que también tenía pedido de secuestro por robo en territorio brasileño, dato que consolidó la hipótesis de que la organización operaba con automotores sustraídos para llevar adelante sus actividades.

Fuentes policiales detallaron que, durante la inspección del domicilio, el perro detector de narcóticos K9 “Capitán” marcó la presencia de estupefacientes en el interior del inmueble. Este procedimiento fue en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la ruta provincial 7. Allí, los efectivos secuestraron 27 bultos que contenían un total de 517 kilogramos de marihuana. La droga, acondicionada y lista para su traslado, se encontraba distribuida en paquetes ocultos en distintos sectores de la vivienda.

Además de los paquetes con marhuana y de los vehículos, los investigadores incautaron elementos utilizados para el acondicionamiento, embalaje, ocultamiento y traslado de sustancias ilegales, entre ellos una balanza, una computadora, uniformes militares, accesorios tácticos y otros objetos que fueron considerados de interés para la causa.

De acuerdo a la información oficial, la droga secuestrada tiene un valor aproximado que supera los 1.700 millones de pesos.

Entre los detenidos se encuentran Nahuel Esteban T., de 23 años, y Emiliano José C., de 30, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

Según pudo saber este medio, uno de los detenidos posee formación militar previa, lo cual es analizado por los investigadores como un posible factor que podría haber facilitado la logística y el funcionamiento de la red criminal.

La causa judicial abierta a partir de las detenciones y el secuestro de media tonelada de marihuana apunta ahora a determinar la magnitud de la estructura y establecer conexiones con el narcotráfico en Misiones.

Aristóbulo del Valle es una ciudad del centro de Misiones que se ubica en el departamento Cainguás y es conocida como la “Capital de los Altos y Cascadas” por la cantidad de caídas de agua en sus alrededores. Está a unos 150 kilómetros de Posadas, con acceso por la Ruta Nacional 14.

El principal atractivo es el Parque Provincial Salto Encantado, ubicado a pocos kilómetros del centro urbano, con una caída de agua de 74 metros rodeada por selva misionera. Las tarifas de ingreso varían según la residencia de los visitantes.

Entre las propuestas de naturaleza, el Valle Encantado funciona como un corredor turístico que conecta la localidad con el municipio de Salto Encantado y combina selva, arroyos, cabañas ecológicas y gastronomía local.

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana ha alcanzado un nivel que preocupa a especialistas, organizaciones indígenas y analistas de seguridad. Un reciente informe advierte que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras ya no funcionan de manera independiente, sino que se han articulado en una estructura criminal que gana presencia en amplias zonas del país y que amenaza la gobernabilidad en territorios amazónicos.

El estudio, denominado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, fue elaborado por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El documento plantea que el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de seguridad de los últimos años, debido al fortalecimiento de redes ilícitas que han logrado expandirse aprovechando la débil presencia estatal y los vacíos institucionales existentes en varias regiones amazónicas.

Minería ilegal y narcotráfico consolidan un sistema de “narcocapitalismo” en la Amazonía

Uno de los hallazgos más relevantes del informe señala que el narcotráfico y la minería ilegal han evolucionado hacia un sistema económico interdependiente que los investigadores describen como una forma de “narcocapitalismo”.

Según el documento, entre 2014 y 2024 las economías ilegales movilizaron al menos US$ 13.341 millones en el Perú. De ese total, la minería ilegal habría generado aproximadamente US$ 7.810 millones, superando incluso a los ingresos vinculados al tráfico de drogas.

Los especialistas explican que ambas actividades se complementan. Por un lado, los recursos obtenidos por el narcotráfico permiten financiar operaciones extractivas ilegales en zonas remotas. Por otro, el oro extraído ilegalmente se ha convertido en uno de los principales mecanismos para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

El informe también identifica zonas consideradas estratégicas para estas organizaciones criminales. Entre ellas figuran el corredor Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la denominada Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, así como diversas áreas de Madre de Dios, una región históricamente afectada por la minería ilegal.

La investigación advierte además sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales que buscan ampliar sus operaciones en territorio peruano. Entre ellas menciona a las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, grupos que tendrían interés en fortalecer rutas y actividades ilícitas vinculadas al mercado internacional de drogas y minerales.

Otro factor que facilita la expansión de estas redes es la utilización de infraestructura compartida. Pistas de aterrizaje clandestinas, rutas fluviales y carreteras rurales son empleadas para movilizar drogas, combustible, maquinaria y oro, dificultando las labores de control y fiscalización.

Comunidades indígenas enfrentan violencia, deforestación y expansión de cultivos de coca

El informe sostiene que los territorios indígenas se han convertido en uno de los principales escenarios de esta expansión criminal. Los datos recopilados muestran que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Entre 2018 y 2024, la superficie cultivada con coca dentro de territorios indígenas aumentó 147%, reflejando el avance de las economías ilegales hacia zonas tradicionalmente habitadas por pueblos amazónicos.

Además, los investigadores identificaron una superposición de más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con áreas vinculadas a la actividad cocalera. A ello se suma la existencia de más de 13.000 derechos mineros ubicados en espacios donde también existen comunidades indígenas.

La situación también tiene impactos ambientales. El documento estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, mientras que diversas comunidades reportan niveles preocupantes de contaminación por mercurio.

El reporte alerta igualmente sobre el incremento de la violencia contra dirigentes indígenas. De acuerdo con registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en contextos relacionados con conflictos territoriales y actividades ilícitas. La mayoría de estos casos continúa sin llegar a juicio.

Las mujeres indígenas también enfrentan riesgos adicionales asociados a la presencia de economías ilegales, incluyendo restricciones a su movilidad, violencia sexual y trata de personas.

Frente a este escenario, diversas organizaciones indígenas han impulsado mecanismos de vigilancia y autoprotección. El informe destaca experiencias como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín, iniciativas que realizan patrullajes territoriales, monitoreo comunitario y acciones de alerta frente al ingreso de actores vinculados a actividades ilegales.

Los autores del estudio también cuestionan algunas reformas legislativas aprobadas en los últimos años, las cuales —según señalan— habrían debilitado la capacidad del Estado para perseguir organizaciones criminales y controlar actividades extractivas irregulares. Entre los puntos observados figuran modificaciones normativas relacionadas con investigaciones penales, formalización minera y regulación forestal.

Ante el avance de estas redes criminales, el informe plantea una agenda prioritaria para los primeros 100 días del próximo gobierno. Entre las principales recomendaciones figuran recuperar la presencia estatal en las zonas más afectadas, fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad, mejorar la trazabilidad del oro, impulsar la titulación de territorios indígenas y promover una mayor cooperación con las comunidades amazónicas para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico en la región.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, durante una actividad con tropas en la base de Guantánamo, en Cuba.

El funcionario explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región para localizar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Según detalló, el enfoque actual apunta a identificar tanto los centros de producción como las rutas utilizadas para trasladar estupefacientes hacia Estados Unidos, en coordinación con gobiernos aliados.

“Ahora trabajamos con países dentro de sus propios territorios para identificar dónde operan estos grupos designados como terroristas y dónde fabrican sus drogas”, afirmó Hegseth en su intervención ante militares estadounidenses.

“Muy pronto habrá noticias importantes desde Venezuela sobre este tema, porque contamos allí con un socio dispuesto a colaborar”, agregó.

El secretario de Defensa enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia, que según dijo busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, Estados Unidos impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.

Hegseth señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia Estados Unidos, lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad. En su enfoque, estas organizaciones son consideradas estructuras de carácter terrorista, lo que permite ampliar los mecanismos de cooperación internacional y el nivel de intervención conjunta.

Durante su discurso, el funcionario también hizo referencia a operativos militares previos en la región y vinculó al ex dictador venezolano Nicolás Maduro con causas judiciales en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico. No brindó detalles adicionales sobre esas acciones, pero las presentó como parte de una ofensiva más amplia contra redes criminales transnacionales que operan en América Latina.

La actividad tuvo lugar en el marco de una visita oficial a la base de Guantánamo, donde el secretario de Defensa mantuvo reuniones con tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. Allí insistió en la necesidad de profundizar la cooperación con países aliados y de reforzar la presencia operativa en zonas consideradas estratégicas para el control de rutas ilegales.

Militares venezolanos irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

Las declaraciones de Hegseth se producen mientras las fuerzas de seguridad venezolanas desarrollan un amplio operativo en el estado Bolívar, en el sur del país, una región rica en oro y otros minerales donde desde hace años operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Según reportes de la ONG SOS Orinoco y fuentes locales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó helicópteros artillados y efectivos en áreas como Las Claritas, Las Brisas y el denominado Kilómetro 88 para intentar recuperar el control de territorios dominados por estructuras armadas.

Los operativos se desarrollan en un contexto de disputa por el control de territorios ricos en recursos minerales, donde confluyen intereses estatales, redes ilegales y organizaciones armadas.

Entre los principales riesgos señalados figuran los desplazamientos de población, el incremento de la violencia local y la falta de información oficial sobre la magnitud de los operativos. También se ha advertido sobre la complejidad del fenómeno, debido a la combinación de actores armados, economía ilegal y presencia estatal en distintas formas.

El operativo ocurre además dos meses después de la aprobación de una nueva legislación minera destinada a facilitar la llegada de inversiones extranjeras a regiones que históricamente han estado marcadas por la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Diversos analistas consideran que el control efectivo de estas zonas es una condición necesaria para cualquier intento de expansión de proyectos mineros formales en el sur venezolano.

(Con información de EFE y Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes una caída del 97% en el ingreso de fentanilo por vía marítima a territorio estadounidense y adelantó que su administración trasladará ahora el foco de sus operativos a la frontera terrestre con México. Las declaraciones, realizadas desde la Casa Blanca, representan una advertencia directa a las redes de tráfico que operan por tierra.

El dato que Trump celebró — y la advertencia que vino después

Durante el evento de firma de la Ley de América Segura, Trump detalló los números que, según su administración, demuestran el éxito de su política fronteriza:

• Cero migrantes irregulares admitidos en los últimos doce meses.
• Reducción de casi 60% en el flujo general de fentanilo.
• Caída del 97% en el ingreso de la droga por rutas marítimas.

Pero lejos de conformarse, el mandatario lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”, dijo, dirigiéndose implícitamente a México.

Por qué importa el giro hacia la frontera terrestre

Trump explicó que las rutas marítimas eran, hasta hace poco, la opción “más segura” para los traficantes: quienes eran detenidos en el mar eran procesados y liberados, y regresaban a operar la noche siguiente. Eso, afirmó, ya no ocurre.

Con el cierre efectivo de esa vía, la lógica del tráfico apunta ahora hacia los cruces terrestres — territorio donde México juega un papel central y donde la presión de Washington promete intensificarse.

El tono: entre la fanfarronería y la amenaza

El discurso de Trump combinó humor y advertencia en partes iguales. Al referirse a quienes aún intentan cruzar por mar a pesar de los operativos, bromeó sobre su “valentía” — y remató: “No lo hacen una segunda vez.”

La frase, dicha entre risas, resume la filosofía disuasoria de su administración: visibilidad del riesgo como herramienta de control.

La contraparte que Trump no menciona: la Marina de México

Mientras Washington presume los números, los datos cuentan otra historia. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría de Marina de México aseguró más de 74 toneladas de cocaína, casi 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo — todo esto con una fuerza de apenas 80 mil elementos frente a organizaciones criminales con capacidad logística transnacional. En el ámbito marítimo, los resultados incluyen 74 embarcaciones aseguradas, tres narcosubmarinos de bajo perfil y 114 laboratorios clandestinos desmantelados.

También, el secretario de Marina mexicano sostuvo reuniones de alto nivel con la U.S. Navy y la U.S. Coast Guard — y el embajador estadounidense Ronald Johnson destacó públicamente los resultados de esa cooperación bilateral.

El Mundial arranca mañana — y EE.UU. ya lanzó alerta de terrorismo en México

El anuncio de Trump llega en un momento de máxima tensión diplomática: este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Futbol 2026 en territorio mexicano, estadounidense y canadiense — y apenas días antes, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para viajeros en México, en la que clasificó a ciertas zonas del país bajo la categoría de riesgo por terrorismo. La medida fue recibida con malestar en México, donde funcionarios señalaron que el timing no era casual. Para muchos analistas, la alerta forma parte del mismo repertorio de presión que Washington ha desplegado en los últimos meses sobre su vecino del sur: aranceles, deportaciones, descalificaciones públicas — y ahora, una advertencia que llega a 24 horas del pitazo inicial.

Agentes de la CIA y 10 funcionarios mexicanos: la otra tensión que no se nombra

Detrás de los discursos y las cifras, existe una capa más profunda de fricción bilateral. En semanas recientes trascendió la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua, lo que generó una crisis diplomática silenciosa entre ambos gobiernos. A eso se suma que Estados Unidos tiene señalados a 10 funcionarios mexicanos — entre ellos figuras vinculadas a la seguridad y la política — en el marco de investigaciones sobre vínculos con el crimen organizado. Ninguno de los dos temas ha sido abordado abiertamente en la mesa oficial, pero pesan sobre cada declaración, cada negociación del TMEC y cada cifra que Trump presenta como logro propio. La diplomacia entre México y EU rara vez ocurre solo en los podios.

La figura de alias el Faraón, también conocido como “El Fantasma”, impone temor y silencio en Cúcuta. Este capo invisible, señalado por las autoridades de encabezar redes de narcotráfico y lavado de activos en la frontera entre Colombia y Venezuela, es vinculado con el asesinato del periodista Cristian Herrera, según investigaciones recopiladas por El Tiempo y el medio venezolano Connectas.

“El Faraón” es un capo cuya identidad no ha sido revelada públicamente, descrito por fuentes de inteligencia como líder de una organización criminal transnacional que opera desde la clandestinidad. Está directamente relacionado con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, homicidios de personas influyentes y corrupción política local; además, Herrera investigaba sus nexos en Cúcuta y Norte de Santander.

Las rutas del narcotráfico en Cúcuta

Según las investigaciones de Herrera, sus conexiones involucran carteles venezolanos, mexicanos y de Cali que coordinan el envío de cocaína a Estados Unidos a través de rutas que pasan por República Dominicana.

La DEA y autoridades estadounidenses han logrado identificar la estructura criminal, aunque hasta el momento ningún miembro principal ha sido judicializado.

El modo de operar de la organización incluye el uso de identidades legales para eludir el rastreo. “Sus operadores se mueven por Cúcuta con cédulas colombianas”, explicó una fuente citada por Connectas, lo que dificulta las investigaciones.

Datos oficiales mencionan la presencia de al menos 27 bandas criminales compitiendo por el territorio. Un caso es el asesinato del ganadero Luis Miguel Osorio Chacín en septiembre de 2024, hecho directamente vinculado a estas redes de narcotráfico.

Osorio Chacín mantenía relaciones con el tráfico de drogas y habría financiado campañas políticas con recursos suministrados por el capo.

El lavado de activos y la fachada empresarial de El Faraón

Las investigaciones recogidas por los dos medios mencionados lo vinculan con la constitución de empresas de juegos de azar y la comercialización de carbón como mecanismos para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

El registro mercantil muestra que varias empresas asociadas al sector de juegos de azar fueron constituidas en 2017, 2021 y 2024.

En cuanto al sector del carbón, un hombre de confianza conocido como “La G” sería responsable de gestionar estos negocios en Norte de Santander y mantener lazos con figuras políticas y empresariales de la zona.

“Esta banda estaría conectada con un oficial de alto rango del Ejército de Venezuela que está inyectando capital en Colombia”, señaló una fuente a Connectas.

Uno de los socios identificados es un exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien estuvo preso en Táchira en 2013, según los registros citados.

Vínculos políticos y redes de protección en Cúcuta

El radio de influencia de El Faraón abarca tanto actividades criminales como la esfera política local y departamental.

Diversos testimonios recogidos por los medios mencionados y las investigaciones de Herrera, lo señalan como probable financiador de campañas electorales y como partícipe en eventos con dirigentes regionales.

En una ocasión relatada por fuentes de inteligencia a El Tiempo, “El Faraón” habría obligado a un asistente a limpiar sus zapatos con la lengua frente a varios políticos, lo que refleja el nivel de intimidación que ejerce.

Las investigaciones rastrean aportes económicos de su círculo para la financiación de campañas en 2023, un foco resaltado por Connectas.

El miedo a denunciar persiste entre periodistas y la ciudadanía. “El ataque a bala afuera de un colegio y el lanzamiento de una granada en San Miguel son dos casos muy buenos para investigar; lástima que acá (Cúcuta) hacerlo trae consecuencias muy violentas, pues quienes están detrás no quieren figurar en nada”, declaró Cristian Herrera a El Tiempo semanas antes de que lo asesinaran.

Homicidios y el impacto de El Faraón en la seguridad local

A alias Faraón lo relacionan con al menos tres asesinatos relevantes: el de César Ramón Flórez Anaya, empresario del carbón, en junio de 2024; el del abogado y defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega; y la masacre de Luis Miguel Osorio Chacín y su hijo en septiembre del mismo año, según las investigaciones de Cristian Herrera.

Durante el ataque a Osorio Chacín, las investigaciones detectaron 46 disparos, de los cuales 29 fueron de fusil. Según las pesquisas, el motivo sería una deuda millonaria y la participación de Osorio Chacín en el financiamiento de campañas políticas con fondos ilegales, de acuerdo con ambas fuentes.

El asesinato del periodista Cristian Herrera, quien investigaba la relación entre el capo y la política regional, agudizó el clima de intimidación hacia la prensa local.

Tras su muerte, un informante alertó a las autoridades sobre la existencia de amenazas contra otros periodistas, un patrón que El Tiempo califica como parte de las represalias habituales contra quienes investigan a la organización.

En el caso de Herrera, uno de los detenidos, alias Demonio, sería el autor material del crimen. Las autoridades indagan si la orden partió desde un centro penitenciario y esperan obtener colaboración de los capturados para identificar a los responsables intelectuales.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anunció una investigación conjunta con autoridades chilenas sobre la incautación de más de 100 toneladas de droga detectada en cargamentos de madera de exportación en el norte de Chile.

Lo que hace dos días se anunció como un decomiso “histórico” por el volumen de droga no generó mayor reacción en Bolivia. El ministro Oviedo señaló que la información no fue reportada de manera oficial y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que se iniciará una investigación del caso que “llama mucho la atención”.

El caso se originó a partir de una investigación desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, los servicios aduaneros de Chile y la Fiscalía de Arica, una de las ciudades portuarias al norte de Chile que sirve para el comercio internacional boliviano. El proceso se dio en el marco de la estrategia denominada Foco Portuario, implementada por la Fiscalía en 2024 para reforzar los controles frente al crimen organizado transnacional

Los datos preliminares son escandalosos: al menos 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnada en madera almacenada en 45 contenedores, una estimación económica de 8.334 millones de dólares y el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, “lo que observamos no es simplemente una actividad ilegal” sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”. El experto apuntó que el valor de la droga en el destino final equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional.

Los datos dan cuenta de la magnitud del caso y abren interrogantes sobre la red logística que hizo posible el traslado del cargamento. También llama la atención a las autoridades chilenas los aspectos técnicos del procedimiento utilizado: la droga estaba adherida a la estructura interna de la madera, una modalidad inusual que complica su identificación a través de inspecciones convencionales.

Según los datos difundidos en medios chilenos, los cargamentos partieron desde tres regiones de Bolivia -principalmente Pando pero también se reportan envíos desde Santa Cruz y Cochabamba- y tenían como destino a varios países de Europa y Oceanía.

En las últimas horas, medios locales difundieron la lista de las 15 empresas bolivianas que habrían despachado los contenedores de madera, identificadas con nombre, dirección y números de teléfono, pero hasta ahora no se ha informado sobre allanamientos ni ningún avance investigativo. Tampoco se ha pronunciado la Aduana ni la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), encargada de regular todo el proceso de exportación de madera en Bolivia.

Salvo la Cámara Nacional de Exportadores, que expresó preocupación por la imagen del comercio exterior, y la Cámara Forestal de Bolivia, que rechazó que se vincule a todo el sector con actividades ilícitas, ninguna institución boliviana asumió una posición oficial.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al gobierno de Rodrigo Paz, afirmó que el hallazgo evidencia que “todos los controles internos” en su país han fallado y pidió explicaciones al ministro de Gobierno, al comandante general de la Policía y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. “Aquí no hay excusas, aquí hay responsables”, afirmó en conferencia de prensa.

“Bolivia no puede convertirse en un país de tránsito libre para el narcotráfico”, sostuvo y pidió una “decisión política real, depuración institucional y una estrategia seria” para combatir el crimen organizado.

Las acciones contra el narcotráfico continúan generando resultados en distintos puntos de Panamá. En las últimas horas, autoridades judiciales y policiales reportaron una condena por tráfico internacional de drogas, importantes decomisos de sustancias ilícitas y varias aprehensiones vinculadas con delitos relacionados con estupefacientes.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde dos ciudadanos colombianos fueron condenados a 150 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en un caso de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

La condena fue impuesta luego de que la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, en representación de la Procuraduría General de la Nación, presentara los elementos de convicción que vinculaban a ambos extranjeros con el delito investigado.

De acuerdo con la información oficial, los procesados aceptaron los cargos mediante un acuerdo de pena que posteriormente fue presentado ante un Tribunal de Garantías. Tras verificar que el documento cumplía con todos los requisitos legales, el juez validó el acuerdo y emitió la sentencia condenatoria.

El caso se remonta al 17 de diciembre de 2025, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) interceptaron una embarcación durante labores de patrullaje marítimo en Isla Montuosa, ubicada en el Golfo de Chiriquí.

Durante la operación fueron encontrados 2,851 paquetes de presunta sustancia ilícita. Posteriormente, los análisis periciales confirmaron que se trataba de marihuana, uno de los mayores decomisos de esta droga registrados en esa región durante los últimos meses.

Decomiso en la Interamericana

Mientras tanto, en la provincia de Coclé, otro operativo permitió sacar de circulación una importante cantidad de presunta droga que era transportada por carretera de forma oculta.

El procedimiento se desarrolló en un punto de control establecido por unidades de la Policía Nacional frente a la Subestación Policial de Río Hato, sobre la carretera Interamericana.

Según informó el subcomisionado Eusebio Jaén, ejecutivo de la Zona Policial de Coclé, los agentes detectaron comportamientos sospechosos por parte del conductor de una camioneta blanca al percatarse de la presencia policial.

Durante la inspección preliminar realizada desde el exterior del vehículo, los uniformados observaron varios sacos ocultos en el interior.

La revisión permitió ubicar un total de 365 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía de Drogas, junto con los indicios recabados durante la diligencia.

Las autoridades no han revelado todavía el tipo de sustancia encontrada, ya que corresponde a los análisis forenses determinar oficialmente su composición.

Captura en Bella Vista

En otro operativo desarrollado en la ciudad de Panamá, unidades policiales capturaron a un ciudadano colombiano de 25 años requerido por las autoridades judiciales.

La aprehensión se realizó mediante una diligencia de allanamiento efectuada en un apartamento ubicado en el corregimiento de Bella Vista.

De acuerdo con la Policía Nacional, el extranjero mantenía una orden de captura relacionada con un delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas.

Una vez notificado formalmente de la medida judicial, fue trasladado para continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Operativos en Los Santos

Los resultados también alcanzaron a la provincia de Los Santos, donde la Policía Nacional desarrolló una serie de operativos de vigilancia, patrullaje y allanamientos en distintos sectores.

Como resultado de estas acciones fueron aprehendidas 21 personas.

Las autoridades detallaron que 14 de los capturados mantenían oficios emitidos por las autoridades competentes, mientras que cuatro fueron retenidos por faltas administrativas.

Adicionalmente, dos personas fueron aprehendidas por presuntos delitos relacionados con microtráfico de drogas y una más por robo con arma blanca.

Durante las diligencias también se logró el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, fortaleciendo las acciones que buscan contener el tráfico y microtráfico de drogas en la región.

La posición geográfica de Panamá continúa representando un desafío para los organismos de seguridad debido a que el país es utilizado por organizaciones criminales como punto de tránsito para el movimiento de drogas hacia mercados internacionales.

Por esta razón, las autoridades mantienen operaciones permanentes en zonas marítimas, puertos, carreteras, aeropuertos y áreas urbanas consideradas estratégicas.

Los recientes casos evidencian que las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan múltiples modalidades para intentar movilizar sustancias ilícitas, desde embarcaciones en aguas del Pacífico hasta vehículos particulares en las principales carreteras del país.

Colombia vive momentos de alta tensión y polarización política de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio entre el candidato opositor Abelardo de la Espriella y el aspirante oficialista Iván Cepeda. Los comicios del 31 de mayo se llevaron a cabo tras una campaña marcada por la violencia, y en particular por el asesinato del candidato y ex senador Miguel Uribe Turbay.

Iván Duque, ex presidente de Colombia entre 2018 y 2022, participó en Buenos Aires de un evento de la Cámara Argentina de la Construcción. En el marco de su viaje a la capital porteña dialogó con Infobae y analizó el panorama político que enfrenta su país. El ex mandatario responsabilizó al presidente Gustavo Petro de haber “sembrado odio” durante la campaña, al tiempo que afirmó que el asesinato del ex senador fue cometido por un grupo terrorista al que Petro trató “con guante de seda”.

La noche del 31 de mayo, cuando se confirmó que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, no había conseguido los votos suficientes para acceder al balotaje, inmediatamente Duque llamó a la unidad con el espacio de De la Espriella para evitar la continuidad del petrismo. “Esperemos que prevalezca la seguridad por sobre el intento de Petro y su candidato de conducirnos a una dictadura constitucional”, aseveró el ex jefe de Estado, quien no dudó en calificar de “trágico” el gobierno de Petro.

Durante la entrevista también brindó su mirada sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro, la incertidumbre que hay sobre el futuro de la dictadura cubana, y el giro político que experimenta gran parte de la región, con un mensaje enfático sobre la defensa de la libertad y la democracia frente a los gobiernos autocráticos.

-Presidente, muchas gracias por estar nuevamente con Infobae. Me gustaría empezar hablando sobre lo que fue la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Una primera vuelta que se llevó a cabo después de una campaña marcada lamentablemente por la violencia.

-Esta ha sido una campaña marcada por un elemento muy doloroso que fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Un asesinato cometido por un grupo terrorista que ha sido tratado con guante de seda por Gustavo Petro. También un candidato que fue atacado, vapuleado, que fue agredido desde el púlpito presidencial en Twitter por parte de Petro. Y una campaña donde Petro se ha dedicado a sembrar odio, a dividir al país, a exagerar y a emplear el odio de clases como vehículo para tratar de fidelizar a una base electoral y una intromisión inconstitucional e ilegal en política por parte del presidente. Eso ha sido quizás uno de los elementos más dominantes de esta campaña, pero también creo que ha surgido un liderazgo nuevo, sólido, como es el de Abelardo de la Espriella, que ha logrado congregar a conservadores, a las bases del Centro Democrático, a independientes, a gente de centro, a ciudadanos que están hastiados de la posibilidad de una continuidad petrista. Entonces, creo que ese contraste es lo que hoy está sembrando esperanza en el país y donde esperamos que prevalezca la seguridad, la iniciativa privada, sobre el intento de Petro y su candidato de desmoronar la constitución del 91 y conducirnos a una dictadura constitucional.

-Cuando se conocieron los resultados usted llamó a una unidad para hacer frente a Iván Cepeda en segunda vuelta. ¿Le sorprendió el resultado de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia?

-No, no me sorprendió. Yo creo que era obvio que la candidatura de De la Espriella ya estaba generando una alineación de muchos sectores. Había sectores del partido nuestro que claramente ya estaban mostrando una simpatía grande y también otros sectores de la población. Pero además porque esta no es una elección cualquiera. Esta no es una elección donde el gobierno es simplemente un espectador y garante del proceso electoral. Aquí estamos viendo la intención absurda de Petro tratar de imponer la victoria en primera vuelta de su candidato. Entonces, yo creo que una decisión ciudadana, soberana en la conciencia de los ciudadanos, es decir, ante ese riesgo, tenemos que ir por el candidato que represente no solamente mayor fortaleza para enarbolar estos ideales, sino que muestre que tenga la capacidad real de vencer al modelo petrista y eso fue lo que detonó esa victoria apabullante de Abelardo de la Espriella.

-Petro dijo que él como presidente no reconocía los resultados. ¿Teme que en segunda vuelta, si gana De la Espriella, el presidente pueda obstaculizar la transición?

-Hay una realidad, Petro es una persona ignorante, y así ha sido siempre su forma de obrar. El presidente de Colombia no reconoce elecciones. Acá en Colombia tenemos una separación de poderes y el que certifica quién gana en Colombia o pierde las elecciones es el poder electoral. Por eso hay una Registraduría Nacional del Estado Civil y hay un Consejo Nacional Electoral. Lo que ellos determinen es lo que el pueblo colombiano tiene que aceptar. Por eso hay una organización electoral independiente. Entonces, que Petro no reconozca la verdad importa muy poquito, porque para eso tenemos separación de poderes. Ahora bien, si Petro pretende que va a desconocer la institucionalidad, ahí sí estamos en una situación donde la misma institucionalidad tendrá que reaccionar con vehemencia y con firmeza y con estricto apego a la constitución. Porque una vez el Consejo Electoral y la Registraduría digan quién ganó las elecciones, se activa de manera automática el proceso de sucesión presidencial. ¿Qué quiere decir? El presidente que ganó se posesiona el 7 de agosto de este año. Y a partir del momento en el cual se le indica que ganó, se empieza el proceso de empalme presidencial. A partir de ese momento empieza a tener diálogo con las cortes, con el congreso, con las fuerzas armadas, con las iglesias, con toda la sociedad en general, para empezar el proceso de preparar su toma de posesión. Entonces, que no pretenda Gustavo Petro amenazar esa institucionalidad, porque la institucionalidad sí no le va a jugar a que él quiera quedarse a las malas en el poder. Y la comunidad internacional también ya está muy vigilante ante esa amenaza.

-Usted hablaba de cómo Petro incitó al odio durante la campaña, y en los últimos días vimos un tuit bastante desafortunado del presidente haciendo referencia al nazismo…

-Es usted muy diplomático, Lucas. Eso es un tuit miserable. Eso es una forma de revictimizar a toda la gente que fue burdamente asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi, y es tratar de revivir ese discurso sectario y de odio. Aquí lo que hay es una conducta sociopática de Gustavo Petro, que se sigue traduciendo en la forma irresponsable en la que emplea sus redes sociales. Y yo me pregunto: ¿dónde están los términos y condiciones de uso de esas redes sociales? Porque cualquier ciudadano de a pie llega a poner eso en un tuit, inmediatamente le censuran la cuenta para siempre. Entonces, yo no entiendo también por qué esas redes sociales creen que la libertad de expresión es la libertad del ultraje y la humillación a través de esas redes. Yo espero que ojalá la gente de X examine eso y pueda también aplicar una clara sanción porque eso es inadmisible y me da vergüenza como colombiano que eso haya sucedido, y como colombiano pido disculpas a todas las personas que se vieron revictimizadas por ese trino mezquino y vil de Gustavo Petro.

-También estuvo en el foco de la polémica por la polémica que hubo con James Rodríguez en la despedida de la selección.

-Me pareció vergonzoso que Petro tratara de hacer política con la selección Colombia. James Rodríguez es un caballero y siempre ha sido un caballero. Y es una persona que siempre ha tenido un trato amable, dulce, cercano, cariñoso con los menores de edad, con los niños, donde él sabe utilizar su condición de símbolo e ídolo de nuestra selección para inspirarlos y motivarlos. Que en un saludo protocolario no haya escuchado cuando se le pide una foto y haya sido utilizado para vapulear y para tratar de hacer política, eso me parece una vergüenza. Pero una vez más, James Rodríguez mostró su clase y su talante y ofreció no solamente tomarse una foto, sino firmar un balón o una camiseta o lo que sea, como siempre lo ha hecho con los hijos de los presidentes, pero sobre todo con millones de niños que todos los días se encuentra y que lo siguen viendo a él como un símbolo de nuestra selección Colombia. Entonces, yo creo que una vez más, Petro trata de hacer política divisoria y para fracturar a la sociedad, y eso no se lo vamos a permitir los colombianos.

-¿Y qué deja Petro en Colombia?

-Petro deja el segundo peor déficit fiscal del mundo, una deuda que se paga el doble de lo que costaba en el año 2022, deja la salud quebrada, deja el sistema energético a puertas de un apagón frente a la amenaza del fenómeno del Niño, deja al país en el top diez de los países más afectados por la violencia terrorista, según el World Terrorism Index, deja un país donde hay más de trescientas cincuenta mil hectáreas de coca sembradas, deja unas fuerzas militares debilitadas operacionalmente y deja relaciones internacionales dañadas con Argentina, con Perú, con Ecuador, con los Estados Unidos. Entonces, es una herencia bastante pobre. Y fuera de eso, deja un país donde una buena parte del país ha sido incendiado con discurso de odio de su parte. Es decir, yo creo que un gobierno bastante trágico.

-Pensando en la segunda vuelta del 21, ¿qué podemos esperar de un candidato como De la Espriella, en caso de que llegue a la presidencia?

-Yo creo que vamos a ver un gobierno que le va a dar un énfasis grande a la seguridad como valor democrático. Vamos a tener un gobierno que va a impulsar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para reinvertir, volver a tener confianza en el país, generar empleo, poner nuevamente al país en una senda de ser visto con ánimo y con interés por parte de la inversión internacional. Vamos a ver una agenda social agresiva y positiva para que haya más cupos de educación, se mejore el sector de la salud y se pueda estimular la vivienda, la construcción de infraestructura. Pero sobre todo vamos a ver un gobierno que respeta la libertad y la democracia y que defenderá a ultranza nuestra Constitución.

-¿En la lucha contra el narcotráfico también cree que va a hacer especial énfasis?

-Sin lugar a dudas. Es más, yo creo que nosotros intentamos en el gobierno nuestro que la Corte Constitucional permitiera retomar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos. Yo creo que la evidencia que hemos visto, que esa fue una decisión equivocada de la Corte y pueda ser reversada, espero que ocurra de manera rápida, de tal manera que esa herramienta no se le sea privada al presidente de la República, toda vez que el presidente debe tener todas las herramientas a su disposición para preservar el orden público. Entonces, espero que así sea. También espero que la cooperación con Estados Unidos y con otros países permita derrumbar esas estructuras del narcotráfico, tener mayor extinción de dominio. Y espero también que criminales como Iván Márquez y otros terroristas que fueron protegidos por el régimen de Maduro también sean entregados a las autoridades colombianas o de los Estados Unidos por parte de Delcy Rodríguez y ese régimen. Porque creo que eso también será fundamental para destruir las estructuras de enclave del narcotráfico entre las disidencias de las FARC y los cárteles mexicanos.

-Hace unos meses el gobierno de Trump conformó junto a otros países de los región lo que llamó el Escudo de las Américas. ¿Le parecería prudente que si De la Espriella gana la presidencia intente unirse a ese bloque?

-Espero que sí y estoy seguro que así será, porque es que hay que revivir el sentimiento panamericano que ha tratado de ser derrumbado con la dialéctica del Foro de São Paulo, del Grupo de Puebla. El panamericanismo es muy importante porque es una visión hemisférica. Entonces, ese escudo también refleja eso, pero también refleja compartir principios de seguridad, de economía, de mercado, de competencia, de institucionalidad. Y esos han sido lazos que hemos tenido históricamente también con los Estados Unidos.

-Recién mencionaba a Venezuela. El pasado mes de noviembre, cuando tuvimos la oportunidad de charlar durante su visita a Buenos Aires, usted me dijo que gente cercana a Maduro estaba esperando para sacarlo del poder…

-¿Y qué pasó? Pasó lo que le dije. Yo creo que era evidente. Te lo dije aquí en la última conversación, que yo no tenía duda que ya había gente cercana al régimen de Maduro que estaba propiciando su salida. Y eso se dio. Ahora bien, hoy Delcy Rodríguez oficia como ama de llaves de Venezuela, y por lo tanto yo creo que hay una expectativa muy grande de cuándo y en qué condiciones se va a propiciar el retorno de la democracia. Yo creo que eso es algo que esperamos también que Estados Unidos empiece a dar luces claras, aunque yo creo que es obvio que ellos están apostando primero por la estabilización económica, la reconstrucción económica y después la reconstrucción institucional, porque es que en Venezuela no hay instituciones independientes. Es una dictadura constitucional donde el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el banco central, todas las instituciones están al servicio de una dictadura. Entonces, hay que adelantar esas reformas también para que eso permita que se pueda hacer una transición rápida, que se puedan convocar elecciones. Pero también creo que hay que propiciar de cierta manera que pueda haber algo de concertación entre los sectores chavistas y la resistencia democrática. ¿Para qué? Por lo menos para garantizar unos diálogos institucionales que permitan que a futuro la estabilidad y el imperio de la ley sea lo que reine en Venezuela. Entonces, creo que el secretario Rubio ha dado señales que quiere estabilización, transformación y transición. Él ha dicho que no tienen que ser secuenciales, que pueden ser de alguna manera sincrónicas, pero se requiere, y espero que se dé, una decisión sobre cuándo y cómo volverá la democracia a Venezuela.

-Más allá de la captura de Maduro, los venezolanos todavía tienen incertidumbre sobre lo que va a pasar. ¿En esa concertación que menciona cree que caben ciertas figuras de peso dentro del régimen, como el caso de Diosdado Cabello por ejemplo? Muchos creen que Diosdado podría entorpecer la transición.

-Eso me acuerda mucho de la parábola del sapo y el alacrán. El alacrán tiene un instinto que es el de picar. Nunca deja de ser alacrán. Y Diosdado Cabello es un alacrán. Entonces, pensar que el alacrán se va a volver mariposa, eso no es realista. Y yo creo que eso lo sabe la resistencia democrática, pero eso también lo saben los Estados Unidos, así como lo sabemos todos los que hemos tenido que lidiar con esa personalidad tan criminal y perturbadora.

-¿La ve a María Corina como la futura presidenta de Venezuela?

-Sí. Espero que sí. La veo con ese talante y creo que se lo ha merecido. Yo creo que pocas personas han mostrado un liderazgo tan firme, tan decidido, tan valiente y tan desprendido como el que ha tenido ella con Venezuela.

-Ella cuando se refiere al caso de Venezuela, siempre remarca que la libertad de Venezuela va a traer la libertad en las Américas, principalmente haciendo referencia a Cuba y Nicaragua…

-Sin lugar a dudas. Yo creo que lo de Cuba también es importante. El proceso de transición, de transformación en Venezuela lo ha garantizado que haya colaboración por parte de algunos miembros del régimen para que se pueda iniciar esa transición. Yo no sé si en Cuba ya está identificado quién va a ser la Delcy o el Delcy, pero espero que ese modelo también opere en Cuba, así sea transitoriamente, porque estamos hablando de regímenes que son similares en su brutalidad, en su violencia y en su forma de amenazar los derechos, pero que llevan muchos años. No obstante, en Venezuela llevaban veinte años o veinticinco años. En Cuba llevan más de cincuenta años. Entonces, pretender que se pueda hacer esa activación de estabilización, transformación y transición sin que haya cooperación de integrantes del régimen es muy difícil. Yo estoy seguro que aparecerá el que pueda prestar ese servicio entendiendo que tiene que ser transitorio y entendiendo que tiene que retornar la libertad a Cuba de manera urgente.

-Para ir finalizando, y agradecerle su tiempo, Colombia podría sumarse a los países que en el último tiempo han tenido un giro hacia la derecha ¿Cómo ve la coyuntura actual de la región, en la que pierde influencia lo que se conoció como socialismo del siglo XXI?

-Vuelve la libertad, vuelve la seguridad como valor democrático, vuelve el imperio de la ley, vuelve el orden institucional, vuelve el respeto por la Constitución, vuelve el respeto por la separación de poderes. Porque los Kirchner nunca respetaron eso. Correa nunca respetó eso. Evo Morales nunca respetó eso. Rafael Correa nunca respetó eso. Entonces, si nos quedamos solamente en que esto es un tema de izquierda y derecha, estamos simplificando el verdadero dilema latinoamericano, que no es entre izquierda y derecha, sino es entre autócratas y demócratas. Ningún país que ha sido gobernado con la partitura del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla le ha ido bien. No ha generado mayor crecimiento, no ha generado mayor bienestar, no ha generado mayor cierre de las brechas sociales. Por el contrario, ellos se denominan progresistas, pero han demostrado ser empobrecistas, porque generan inflación, que es el impuesto más caro que pagan los ciudadanos más vulnerables, porque han generado pérdida de valor y pérdida del valor de los activos, que es una forma de empobrecer una sociedad, porque han generado enormes déficits fiscales, que es dejarle una deuda impagable a las generaciones futuras y porque han erosionado la confianza, que es la base de la inversión. Entonces, yo espero que todas estas elecciones de América Latina se terminen asentando en que la guerra cultural que ellos han tratado de plantear con difamación, hay que ganárselas con evidencia. Y es que ningún país bajo el paraguas del socialismo del siglo veintiuno ha generado prosperidad. Todo lo contrario, ha generado pobreza. En cambio, los países que se rigen por la seguridad, por el imperio de la ley, por el respeto a la Constitución, por la confianza de la inversión, son los que mejor se están desempeñando en América Latina.

Distefano tiene 30 años, un domicilio fiscal registrado en una casa de una planta en un barrio de clase media trabajadora en Villa Maipú, zona de San Martín. No tiene empleo en blanco; nunca tuvo uno en su vida. Apenas fue monotributista durante seis meses, tiempo atrás. Ni siquiera tiene deudas significativas en sus registros, algo que denote gastos de tarjeta de crédito acordes a su nivel de vida.

Durante el último año, Distefano exhibió en stories y posteos de Instagram -donde tiene 65 mil seguidores- y TikTok -25 mil seguidores- sus nuevas cirugías estéticas y tatuajes, sus compras en Shein y su ropero con ropa de marca, sus carreras en cuatriciclo en Pinamar y sus viajes a Playa del Carmen, México y Medellín, Colombia, entre paseos en moto de agua. En un video sorpresa, le regala casi un millón de pesos en zapatillas a un chico de su familia. “Estas son las turras”, dice Macarena mientras exhibe un modelo, con una sonrisa.

Hay videos donde otros hablan de ella. “Es re emprendedora, te vende lo que sea”, dijo una chica sobre Distefano, en otra filmación. En abril de 2025, intentó lanzar su nuevo “emprendimiento” de compra y venta de autos con un video donde intenta verse más profesional.

Luego, dejó de postear semanas atrás. La gente preguntaba dónde estaba en sus comentarios. Uno, jocoso, replicó semanas atrás: “Está en Canadá”. “Pronta libertad, Maca”, siguió otro forista.

No mentían. Distefano está presa en una celda desde fines de abril, acusada de vender droga.

Fue detenida por Gendarmería en el marco de una investigación a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, con el magistrado Jorge Rodríguez y la Fiscalía Federal de Hurlingham bajo Santiago Marquevich. La causa en su contra, iniciada en 2023, la investiga por supuestamente integrar una banda liderada por un hombre y cuatro dealers más, que operaban en discotecas como la hoy clausurada Pinar de Rocha.

Así, tras un pedido del fiscal Marquevich al juez Rodríguez, Gendarmería allanó su departamento el escenario de muchos de sus videos, ubicado en un complejo de la zona oeste.

Allí, los investigadores encontraron siete gramos de tusi divididos en tres bolsitas, que fueron incautados. Poco después, un abogado particular se presentó en los tribunales federales de Morón para representarla.

Un “cafecito” para Macarena

En su defensa, el entorno de Distefano aduce que esa droga es para consumo personal. Sin embargo, otras pruebas en el expediente -que se encamina a un procesamiento- abonan la hipótesis del tráfico. En paralelo, el juzgado del caso avanza con diversas medidas.

El entorno también intentó explicar la buena fortuna de Distefano. Aseguraron que su nivel de vida se debía, en parte, a la venta de contenido erótico. Efectivamente, hay un perfil con su nombre y su imagen en la red Cafecito. El perfil es de vieja data, con apenas 24 seguidores. No parecen muchos.

Tampoco es la primera vez que la acusada tiene un roce con la ley. Investigadores en la zona oeste recuerdan cómo fue hallada por la Policía Bonaerense en Laferrere años atrás a bordo de un auto mellizo.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que los gendarmes del Centro de Operaciones Antidrogas avanzaron con las investigaciones al geolocalizar tres inmuebles en la localidad de Roldán, donde merodeaba Flavio Gabriel Batista (41), uno de los involucrados en la causa.

Al iniciar los registros en uno de los inmuebles, ubicado sobre la calle Jujuy, los agentes accedieron a un patio abandonado con escombros, vegetación y chapas. Las sospechas crecieron cuando divisaron la presencia de una pala, y la intuición no les falló: al levantar unas láminas de metal, notaron la tierra removida, excavaron y descubrieron panes de color verde que contenían un total de 58,823 kilogramos de cocaína.

Según confiaron fuentes de la investigación, la madre de Batista, dueña de la casa, se desmayó al ser notificada del hallazgo.

En los otros domicilios allanados, los efectivos secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos, 140 reales, 48 municiones de distintos calibres y 20 cartuchos calibre 12/70, una camioneta Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Por su parte, los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra, Diego Iglesias y Santiago Alberdi, a cargo de la investigación, ordenaron que Batista quede detenido por infracción a la Ley de Drogas.

El vínculo de Batista con los hermanos Borras

Según se desprende de la investigación, Batista estaría vinculado a Santiago y Juan Cruz Borras, dos hermanos rosarinos que fueron detenidos a mediados de mayo en el marco del mismo expediente.

Los Borras, que tenían pedido de captura, cayeron durante la medianoche del último 13 de mayo. Estaban escondidos en la ciudad de Funes, a unos 15 kilómetros de Rosario, donde se ocultaban en la casa de la novia de uno de ellos.

Casi sobre la medianoche del miércoles 13 de mayo, escondidos en la ciudad de Funes (a unos 15 kilómetros de Rosario), refugiados en lo de una novia y sin disparar un solo tiro. Así fueron capturados por Gendarmería los hermanos rosarinos Santiago Emmanuel Borras (35) y Juan Cruz Borras (27), quienes tenían orden de captura.

Es la segunda causa federal por droga que afronta Santiago Borras, ya que fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por un legajo de marzo de 2014, cuando a sus 23 años cayó en un control de Gendarmería en la ruta 33, a la altura de Venado Tuerto, en la que se incautó en el baúl de su auto una caja de zapatos que contenían cuatro paquetes de marihuana, que pesaron más de dos kilos.

El hallazgo del segundo narcoavión

A mediados de mayo y en una pista de la zona rural de Villa Eloísa, aterrizó un avión con una gran cantidad de cocaína a bordo. Según pudo confirmar este medio, el piloto y copiloto fueron arrestados, aunque los tres hombres que aguardaban en una pista clandestina para iniciar el traslado terrestre de los estupefacientes se dieron a la fuga.

El avión tocó tierra sobre un terreno que lucía acondicionado para tal fin. La mecánica que investiga la Gendarmería marca que dos camionetas Strada y un Gol Trend esperaban el cargamento para luego cargar los ladrillos, aunque todos fueron sorprendidos por los agentes federales que hicieron una suerte de operativo cerrojo para evitar una huida.

En efecto, la fuga se realizó con características cinematográficas. Una de las Strada embistió a un gendarme que fue asistido en un centro de salud de Cañada de Gómez por una fractura de cráneo.

Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas. Se presume que todos se subieron al Gol Trend –que figura en el registro de otra ciudad del sur de Santa Fe–, del que comenzaron a surgir versiones de que tendría orificios de bala producto de un enfrentamiento que después fue negado por fuentes de Gendarmería.

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos por encontrarse a pie en la zona donde se hizo el procedimiento en busca de los narcos, no tener documentación y no contar con un ingreso autorizado al país. Eso llevó a suponer que eran el piloto y copiloto de la aeronave.

Tanto en la cocaína que tocó tierra en la primera aeronave como en esta segunda, se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

La Policía de Ecuador detuvo a dos ciudadanos colombianos identificados como miembros de una estructura internacional de narcotráfico, en una operación realizada en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Los arrestados son Nerlin Pineda Paredes, alias "Familia“, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades ecuatorianas, y Alver Pineda Mosquera, conocido como ”Mono" o “Promesa”, catalogado como individuo de interés penal relevante.

Reimberg señaló que ambos eran requeridos con fines de extradición a Estados Unidos y que figuran como “piezas clave” de una organización criminal vinculada con Edison Washington Prado Álava, alias "Gerald“, quien fue extraditado a territorio estadounidense en 2017 y es apodado el ”Pablo Escobar" de Ecuador.

Las investigaciones apuntan a que los capturados controlaban laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio e insumos químicos en zonas estratégicas de Colombia, desde donde presuntamente abastecían rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El ministro agregó que, tras la captura de "Gerald“, los detenidos habrían intentado infiltrarse en procesos de desmovilización de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos culminaron dos meses de entrenamientos conjuntos realizados entre abril y mayo, en el marco de los programas de cooperación bilateral en seguridad que ambos gobiernos reforzaron durante el último año. Las actividades involucraron a unidades de la Armada ecuatoriana, marines estadounidenses y fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, según información difundida por el Ministerio de Defensa Nacional y citada por medios locales.

De acuerdo con datos publicados por Ecuavisa, personal del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó (BIMJAR), con sede en la provincia de Manabí, finalizó un entrenamiento bilateral junto al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, una de las unidades especializadas de la fuerza militar norteamericana. Las jornadas se desarrollaron en abril y mayo, con énfasis en operaciones marítimas, combate en espacios cerrados, tácticas de unidades pequeñas y medicina táctica.

Según el Ministerio de Defensa, estos entrenamientos buscan fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas ecuatorianas y mejorar la coordinación entre las unidades de ambos países frente a amenazas consideradas prioritarias para la seguridad regional. Las actividades incluyeron ejercicios prácticos, simulaciones tácticas y entrenamiento especializado en distintos escenarios operacionales.

El programa de cooperación bilateral incluyó también ejercicios conjuntos con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos. Según informó la Armada del Ecuador, las actividades se llevaron a cabo entre el 20 de abril y el 2 de mayo en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó, donde efectivos de ambos países participaron en tareas orientadas a fortalecer la interoperabilidad, intercambiar experiencias y mejorar la planificación ante situaciones de emergencia.

El Ministerio de Defensa destacó que estas acciones se enmarcan en los mecanismos de cooperación en seguridad, inteligencia y capacitación conjunta sostenidos entre Quito y Washington. Entre los objetivos establecidos figuran potenciar la capacidad de trabajo conjunto, mejorar la coordinación entre fuerzas y fortalecer la preparación del personal militar frente a diversos escenarios operativos.

(Con información de EFE)

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CNTE y manifestantes en caseta de Tlalpan: saldo blanco en dos movilizaciones simultáneas en CDMX

Dos movilizaciones se registraron este martes en la Ciudad de México sin incidentes. Un grupo de manifestantes en la caseta México-Cuernavaca y un contingente de maestros de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan.

Ambos eventos concluyeron con saldo blanco, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

La manifestación en la caseta de Tlalpan de la carretera México-Cuernavaca duró poco más de tres horas. Los participantes pegaron carteles y repartieron volantes de manera pacífica, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación federal, la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la SSC.

De forma paralela, maestros de la CNTE realizaron una expresión pública sobre Calzada de Tlalpan. La SSC desplegó un dispositivo de 800 elementos de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, además del ERUM. Se instaló un filtro de movilidad -bloqueo policial- y se realizaron adecuaciones viales para proteger a manifestantes y vecinos de la zona.

Según información oficial, los policías portaron únicamente equipo de protección personal: escudo de acrílico, casco, rodilleras, coderas y extintores para prevenir posibles conatos de incendio, en cumplimiento del Protocolo para la Atención a Manifestaciones de la Ciudad de México.

La operación se realizó por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Despliegan operativo en plaza de Culiacán tras reporte de sospechoso: era una persona con discapacidad

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con apoyo del Grupo Interinstitucional desplegó un operativo preventivo este martes 9 de junio en una plaza comercial de Culiacán tras el reporte ciudadano de una persona con actitud sospechosa.

Al acercarse, los elementos constataron que se trataba de una persona con discapacidad que no representaba riesgo alguno.

Las autoridades establecieron comunicación con los familiares de la persona, quienes acudieron al lugar para brindarle acompañamiento. La dependencia difundió la información en su cuenta oficial de X a las 3:11 horas del centro de este 9 de junio.

La SSP Sinaloa aprovechó el comunicado para recordar a la ciudadanía los canales oficiales de reporte: el 911 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

El operativo fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional, esquema de coordinación entre distintas corporaciones de seguridad que opera en el estado. La intervención concluyó sin detenidos ni incidentes.

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El Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta 16 años de prisión para siete integrantes de “Los Peluches”, una banda narco integrada por efectivos de la Gendarmería Nacional que operaba en Salta. El grupo fue declarado penalmente responsable por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados en 2024.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, pidió condenas de entre 3 y 16 años ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Entre los acusados hay dos efectivos de Gendarmería Nacional en actividad, dos exonerados y dos aspirantes, además de un comerciante.

“El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal durante su alegato, y remarcó que la investigación permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal.

La fiscalía solicitó 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado), Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), a quienes consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de varias personas en dos hechos.

Por otro lado, para Adrián Emilio Escarlata (exgendarme exonerado) pidió 13 años, mientras que para Diego Hernán Delgado (cabo primero en actividad), la pena solicitada fue de 9 años y 6 meses tras una reducción por colaboración. Federico Rubén Batista (integrante de Gendarmería) y Francisco Agustín Flores (aspirante) enfrentan pedidos de 3 años de prisión condicional por su rol secundario.

El fiscal también requirió el decomiso de una vivienda en Orán utilizada como centro de operaciones y de tres camionetas que eran utilizadas para el transporte de la droga. Se trata de dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la cual era utilizada como “coche puntero”.

Durante el juicio, Toranzos subrayó que la banda operaba con división de roles y coordinación a través de un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”, donde “enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas”. Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones.

“Todo lo que el Estado invirtió en ellos, en materia de capacitación, ellos lo pusieron al servicio del narcotráfico”, expresó el fiscal.

Los hechos juzgados incluyeron dos operativos clave. El primero, el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro, donde Diego Hernán Delgado fue detenido mientras transportaba 303 kilos de cocaína en una Toyota Hilux. El vehículo había sido aportado por Ostapowicz y financiado por Richar Delgado.

En el segundo, el 26 de octubre de 2024 en El Naranjo, el exgendarme Escarlata fue interceptado trasladando 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Amarok. Ruiz Apaza proveyó la droga y, junto a Flores, realizó tareas de vigilancia y acompañamiento en otro vehículo. El volumen de droga incautado en los dos procedimientos fue suficiente para producir más de dos millones y medio de dosis.

Entre las pruebas presentadas en el juicio se incluyeron mensajes en los que los acusados se referían a la organización como “la empresa”. Además, descubrieron que cada uno de los miembros tenía su propio apodo: “Pulga” (Ostapowicz); “Pinky” (Ruiz Apaza); “Coco” (Escarlata) y “Fiero2” (Richar Delgado).

En la vivienda señalada como centro de mando de la organización, secuestraron una caricatura enmarcada donde los acusados se personificaban en una mesa de juego junto a referencias a Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán.

Por último, desde el MPF adelantaron que el tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció sobre la captura de un ciudadano neerlandés buscado por la justicia europea, que logró burlar los estrictos controles migratorios en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y continuar su viaje en la capital antioqueña.

La detención se efectuó en la jornada del lunes 8 de junio de 2026, en el concurrido Parque Lleras, suroriente de la ciudad, en un hotel en el que se encontraba hospedado el ciudadano europeo.

El secretario de Seguridad indicó que el procedimiento se realizó luego de que los sistemas de información migratoria en Medellín generaran una alerta sobre la presencia de una circular roja de la Interpol por delitos asociados al narcotráfico.

Para este fin, las autoridades aplicaron los protocolos más estrictos en los sistemas de información de Migración Colombia, pese a que el extranjero había pasado el control fronterizo en Bogotá sin levantar sospechas.

No obstante, al llegar a Medellín, donde los controles fueron reforzados, fue plenamente identificado como persona buscada en Países Bajos y Finlandia por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, informó Villa Mejía, en conversación con El Colombiano.

El secretario de Seguridad de Medellín precisó que “al ser solicitado por la justicia de su país para que respondiera por múltiples delitos, no se trata de un criminal cualquiera, se trata de un narcotraficante internacional que ya tenía varios antecedentes”.

Por su parte, los datos emitidos por los voceros oficiales de Migración Colombia apuntan a que la publicación de la circular roja de la Interpol ocurrió el viernes 5 de junio de 2026, dos días después de la llegada del ahora capturado al país.

Qué era lo que traficaba el neerlandés

De acuerdo con el reporte conocido por el medio antioqueño, el sospechoso es procesado por coordinar múltiples envíos de droga hacia Europa entre abril y mayo de 2020.

Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín se informó que las autoridades europeas lo señalan de utilizar sistemas de comunicación encriptados para coordinar estas actividades ilícitas. Incluso, la investigación refiere que, además de marihuana, el individuo habría facilitado el ingreso de cocaína, pastillas de éxtasis y otros compuestos destinados a la adulteración de narcóticos en el mercado europeo.

“La investigación reveló que la organización utilizaba las mismas rutas empleadas en el tráfico de estupefacientes para retornar los recursos obtenidos de su comercialización, mediante una presunta operación de lavado de activos vinculada a una estructura criminal de alcance internacional”, sostuvo el secretario Villa Mejía.

El extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes y podría ser extraditado a su país de origen para enfrentar cargos ante la justicia.

Devolvieron una docena de estadounidenses por turismo sexual

El fin de semana del 24 de mayo de 2026, las autoridades migratorias colombianas confirmaron la inadmisión de doce ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Medellín. Se trató del mayor número de viajeros rechazados en un solo fin de semana en ese punto de entrada de la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte de Migración Colombia, todos los inadmitidos llegaron desde diferentes ciudades de Estados Unidos y declararon motivos turísticos, aunque durante los controles migratorios las autoridades determinaron que su objetivo real era participar en actividades de turismo sexual.

Funcionarios de la entidad confirmaron que el grupo incluía pasajeros procedentes de Miami y de Nueva York, así como otro caso desde República Dominicana.

Uno de los episodios involucró a un grupo de cinco hombres que argumentó venir a una “simple despedida de solteros”. Sin embargo, la investigación de los oficiales migratorios reveló que dos hombres estadounidenses planeaban contratar servicios de “tours privados y fiestas exclusivas para extranjeros que incluyen consumo ilimitado de licor, drogas, y disponer de mujeres muy jóvenes dispuestas a todo”, según la información emitida por la autoridad. Estos eventos, de acuerdo con los reportes, representan un riesgo de explotación sexual de menores de edad.

El otro procedimiento similar involucró a siete estadounidenses procedentes de Nueva York también inadmitidos bajo las mismas sospechas.

Guadalajara tiene historia mundialista. En 1970, el Brasil de Pelé jugó ahí. En 1986, Zico y Sócrates hicieron magia en esa misma tierra. “Hay un amor real entre Guadalajara y el futbol. Espero que sea una fiesta maravillosa”, dijo el periodista mexicano León Krauze en el podcast Today in Focus de The Guardian. El problema es que el 2026 es diferente.

Guadalajara no solo es la segunda ciudad de México. Es también la capital operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa —y violenta— de la historia reciente del país.

El cartel que derribó helicópteros y ahora “recibe” el Mundial

Fundado en 2009 como desprendimiento del Cártel Milenio, el CJNG construyó su dominio a través de violencia extrema: despliega drones armados, granadas propulsadas por cohetes y hasta sistemas antiaéreos. Las desapariciones forzadas, la tortura y la exhibición pública de cuerpos mutilados son sus herramientas de terror.

Krauze lo describió en el podcast sin eufemismos: el CJNG “militarizó más agresivamente y más abiertamente que casi cualquier cartel antes que él”. Derribó un helicóptero del ejército con un RPG, usa rifles Barrett calibre 50 y opera una red de tráfico humano y fentanilo con presencia global.

Jalisco registra además el mayor número de personas desaparecidas en todo México: alrededor de 16,000 casos reportados.

Febrero de 2026: el ensayo del caos

A solo cuatro meses del arranque del torneo, México vivió su peor pesadilla de seguridad. En febrero, las autoridades de Jalisco declararon emergencia tras la muerte del líder del CJNG, “El Mencho”, a manos de fuerzas federales. La respuesta fue devastadora: en dos días murieron 30 agentes del gobierno y un número similar de integrantes del cartel.

En horas, operativos del CJNG lanzaron una campaña de represalias coordinada: en al menos 20 estados se levantaron alrededor de 250 bloqueos en llamas. Autobuses, camiones, bancos y supermercados fueron incendiados. Un lugarteniente del cartel ofreció 20 mil pesos por cada soldado mexicano muerto.

Para Krauze, esa demostración fue un mensaje calculado: “No fue caos aleatorio. Fue el cartel diciendo: ‘Quizás mataron al jefe, pero la estructura sigue en pie y puede paralizar parte del país cuando quiera’”.

¿Los cárteles van a “respetar” el Mundial?

La señal más reciente apunta a una tregua tácita. Según el periodista Ioan Grillo, altos mandos de grupos criminales habrían ordenado a sus operadores no cometer actos violentos durante el torneo para no atraer mayor presión de las autoridades. Una fuente dentro del crimen organizado le dijo que los cárteles “no quieren meterse en más problemas”.

Los propios datos lo respaldan: en los primeros cinco meses de 2026, los incidentes de violencia criminal organizada en Guadalajara cayeron 30% respecto al periodo anterior.

Pero Krauze advierte que no hay que confiarse: “Deberíamos tener cuidado al caracterizar a estas organizaciones criminales como actores puramente racionales, porque no lo son. Son criminales”.

Sheinbaum y la apuesta más alta

México desplegará 100 mil elementos de seguridad, vehículos militares, aeronaves y drones para el torneo. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que el riesgo no es solo futbolístico.

“Estamos a un incidente internacional de darle al gobierno de Trump una excusa para tomar un camino diferente”, advirtió Krauze en el podcast. Ese “camino diferente” tiene nombre: acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano.

La Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia explícita: “En Guadalajara, las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas. Tiroteos han herido o matado a civiles. Ciudadanos estadounidenses han sido secuestrados”.

Para Sheinbaum, que el Mundial transcurra sin incidentes no es solo una cuestión de imagen. Es, literalmente, una cuestión de soberanía.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió un nuevo juicio de amparo para intentar frenar una posible entrega acelerada a Estados Unidos, al considerar que existe el riesgo de que el gobierno federal lo expulse del país sin concluir el procedimiento formal de extradición.

El presunto líder criminal, recluido desde abril pasado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, aseguró ante autoridades judiciales que enfrenta un “temor fundado” y un “peligro inminente” de ser enviado al vecino país del norte mediante un mecanismo extraordinario sustentado en la Ley de Seguridad Nacional.

Según el recurso promovido por su defensa, Flores Silva sostuvo que las autoridades administrativas pretenden utilizar una vía distinta al procedimiento de extradición para concretar su entrega a Estados Unidos.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, argumentó en su demanda.

Sin embargo, el recurso no prosperó.

Juez considera improcedente la demanda

El asunto fue analizado por el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, quien resolvió que el amparo era improcedente debido a que la orden de extradición reclamada ya había sido ejecutada en la etapa correspondiente y actualmente existe un procedimiento formal en marcha.

En su resolución, el juzgador destacó que el propio quejoso reconoció encontrarse bajo un proceso de extradición internacional, por lo que la actuación inicial de las autoridades ya produjo sus efectos legales.

“Conforme a lo narrado por el promovente, el directo quejoso fue materialmente detenido e ingresado en el Cefereso Número 1 Altiplano, en donde según su propio dicho se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición”, señaló el juez.

Asimismo, indicó que los señalamientos relacionados con un supuesto riesgo de entrega “fast track”, así como los conceptos de temor y peligro invocados por la defensa, corresponden a apreciaciones subjetivas que no acreditan por sí mismas una violación concreta e inmediata a sus derechos.

La resolución enfatiza que, al encontrarse ya sometido al procedimiento de extradición, no es posible restituirlo al estado previo a la ejecución de la orden reclamada, por lo que se actualiza una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los operadores más importantes del CJNG durante los últimos años.

Originario de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, habría escalado posiciones dentro de la estructura criminal encabezada por el capo Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder histórico de la organización, abatido el pasado mes de febrero por autoridades mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

Diversos reportes oficiales lo ubican como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en entidades estratégicas para el tráfico de drogas, entre ellas Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Guerrero.

Su influencia dentro del CJNG lo convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades federales debido a su presunta participación en operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y control territorial en diversas regiones del país.

Tras la captura de varios mandos relevantes del cártel, Flores Silva llegó a ser señalado por analistas de seguridad como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura operativa de la organización criminal.

El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha sacado a subasta pública un lujoso velero de 29 metros de eslora que actualmente está amarrado y custodiado en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). El barco se llama Tambo, aunque se hizo famoso cuando tenía otro registro, el ‘WK London’. El velero fue apresado por Vigilancia Aduanera e septiembre de 2022 en una operación de narcotráfico internacional que pretendía introducir en España 1.275 kilos de cocaína. El alijo fue intervenido en aguas del Atlántico a bordo de un velero procedente de Brasil. El precio de salida es de 180.000 euros y las pujas se pueden realizar hasta el 16 de julio.

El activo sale a subasta a través del portal especializado ‘Escrapalia’ y, según Sanidad, se trata de “una excelente e inusual ventana de oportunidad para inversores privados, astilleros especializados en reformas integrales y empresas dedicadas al chárter náutico de alto nivel”. El buque es una embarcación singular de tipo ketch custom, es decir, con dos mástiles y que fue construido a medida para un cliente específico, que cuenta con casco de acero naval de alta resistencia y superestructura de aluminio por los reconocidos astilleros Liman JSC.

Con unas dimensiones de 28,9 metros de eslora, 8 metros de manga y 3,60 metros de calado, el barco “está plenamente capacitado para navegaciones de altura”, de ahí su alto precio de subasta. Tiene una planta propulsora basada en un motor diésel Caterpillar 3196 de 490 HP, dos grupos electrógenos Cummins Onan y equipamiento avanzado de maniobra hidráulica de la firma Harken. “Su interior destaca por unos acabados de gran calidad y una versátil habitabilidad que integra un amplio salón principal, puente de mando protegido, zona de descanso con bar y un total de 8 sollados adaptados con baño independiente”, señala la web que lo vende. Los interesados pueden ir a Pontevedra a examinar el velero el 2 de julio.

El presunto cabecilla de la red de narcos que fletó este velero, Eduardo Alfonso Amato Ruiz de Gauna, alias ‘Jóker’, está actualmente prófugo de la justicia y con una orden internacional de búsqueda. El resto de su grupo criminal, hasta 11 personas, fueron condenadas en mayo de 2025 por la Audiencia Provincial de Las Palmas a penas de entre dos años y 14 años de prisión. El velero, antes de ser apresado, partió de Brasil con destino a Canarias. Desde allí, la intención era llevar la droga hasta Alicante. Los agentes encontraron 52 fardos grandes y uno pequeño que contenían 1.275 kilos brutos de cocaína, con una riqueza del 78,56%, valorados en 64,8 millones de euros.

Dinero para luchar contra el narco

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos. En 2024 (últimos datos oficiales), el Fondo de Bienes Decomisados obtuvo 20,1 millones tras subastar vehículos, barcos, viviendas y joyas. Cantidad que fue de 28,3 millones en 2023; unos 31,9 millones en 2022 y 31 millones en 2021, es decir, un total de 111,3 millones de euros en cuatro años. Todo ello gracias a 7.700 sentencias en las que los jueces han autorizado la subasta de estos bienes para que las propiedades que fueron utilizadas por los narcos o adquiridas con los beneficios de las drogas tengan algún retorno a la sociedad.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana ha ejecutado una serie de operativos que resultaron en la incautación y destrucción de más de 4,800 plantas de marihuana en los primeros meses del año.

Estas acciones se concentraron principalmente en la región Sur, donde se detectaron cultivos ilícitos en las provincias de Peravia y San José de Ocoa.

El operativo más reciente se desarrolló en una zona rural del distrito municipal de El Pinar, en San José de Ocoa. Equipos de la DNCD, en coordinación con el Ministerio Público, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y agencias de inteligencia estatales, intervinieron una finca señalada por informes de inteligencia como centro de actividades ilegales.

Durante la intervención, las autoridades localizaron una extensa plantación con más de 3,000 plantas de presunta marihuana, además de cinco garrafones llenos del vegetal, diversos insumos relacionados con el cultivo, secado y proceso de empaquetado.

Los investigadores identificaron que la finca funcionaba como núcleo de operaciones para una red dedicada al cultivo y tráfico de marihuana. Agentes hallaron plantas en distintas fases de germinación y una vivienda acondicionada como centro de acopio.

En ese lugar se almacenaban equipos como ventiladores, una bomba de fumigación, cortadoras, paneles solares, un regulador de voltaje, una motobomba, secadoras, fundas para empaque al vacío, una radio de comunicación, un teléfono celular, una motocicleta, todos vinculados a la producción y manejo de sustancias controladas.

Durante el despliegue, las autoridades arrestaron a dos ciudadanos haitianos y un dominicano, quienes permanecen bajo custodia judicial en la provincia de San José de Ocoa.

Las investigaciones continúan para identificar y ubicar a otros posibles implicados en la organización responsable del cultivo y procesamiento del vegetal ilícito.

El trabajo de extracción de las plantas y recolección de evidencias requirió más de 12 horas de esfuerzo por parte de fiscales y agentes. La dificultad del acceso a la zona obligó a los equipos a trasladar las plantas y equipos incautados utilizando mulos y caballos, lo que ilustra la complejidad logística que enfrentan las autoridades en estos operativos.

La labor conjunta de la DNCD, el Ministerio Público y la FARD permitió desmantelar no solo la plantación, sino también las instalaciones empleadas para el procesamiento y empaque de marihuana. El hallazgo en zonas rurales alejadas permite a las autoridades frenar el avance de las organizaciones criminales.

Las plantas extraídas fueron entregadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar el conteo y análisis de la cantidad y peso total del cultivo destruido. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la evidencia y respalda el proceso judicial contra los individuos arrestados y los que aún se buscan.

De acuerdo con las autoridades, la intervención en San José de Ocoa se suma a otros operativos en la región Sur de República Dominicana, donde la DNCD ha incrementado la vigilancia y el control sobre posibles focos de producción de marihuana. El decomiso de más de 4,800 plantas en lo que va del año refuerza la estrategia del Estado para combatir la proliferación de cultivos ilegales y el tráfico de sustancias controladas.

La presencia sostenida del Ministerio Público y la DNCD en la zona forma parte de una operación que continúa activa, con el objetivo de erradicar completamente los cultivos detectados y recolectar pruebas para los procesos judiciales en curso. Las investigaciones seguirán hasta lograr la identificación de todos los responsables y el desmantelamiento total de las redes implicadas.

Hace apenas una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum le pedía al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” del país. Este lunes, el mismo diplomático publicaba en redes sociales que ambas naciones “prosperan juntas”. El contraste no pasó desapercibido: en el espacio de pocos días, el tono de la relación bilateral dio un giro notable, al menos en el plano discursivo.

La semana que tensó la cuerda

El punto de quiebre llegó el 1 de junio, cuando Johnson llamó públicamente a no politizar la lucha contra el narcotráfico. “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, escribió el embajador, argumentando que convertir el combate al crimen organizado en una discusión política representa “una oportunidad perdida”.

La respuesta de Sheinbaum fue directa. La mandataria afirmó que “es importante que los embajadores se queden en el tema de la colaboración; deben ser respetuosos de los asuntos internos de los países”, al tiempo que insistió en que México mantiene su disposición a sostener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía.

El cruce ocurrió en un momento de máxima tensión: Washington había acusado a diez funcionarios mexicanos de delitos de narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta denunciando actitudes “injerencistas” del gobierno estadounidense. Desde el escenario del Monumento a la Revolución, Sheinbaum cuestionó si existía un interés genuino de cooperación o si sectores de la “ultraderecha estadounidense” buscaban usar la relación bilateral con fines electorales rumbo a 2026 y 2027.

El giro: de la fricción a la foto cordial

El lunes 8 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron “una cordial y respetuosa llamada de trabajo” en la que refrendaron su interés por mantener la cooperación en seguridad, migración y comercio.

Horas después, Johnson aprovechó la apertura para publicar su propio mensaje en redes sociales, esta vez en clave de vecindad y prosperidad compartida: “Somos vecinos y socios. Cuando uno se ve amenazado, el otro siente el impacto. Cuando uno prospera, prosperamos juntos”.

El embajador también reveló que, en paralelo a la llamada Velasco-Rubio, se reunió en Washington con el secretario de Marina de México, Raymundo Morales Ángeles, y con el comandante interino de la Guardia Costera de EE.UU., Kevin Lunday, para fortalecer la cooperación marítima entre ambos países.

Resultados concretos como argumento

El discurso conciliador de Johnson no es nuevo, pero en esta ocasión llega respaldado por cifras. Según el embajador, para finales de 2025 las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% y las incautaciones de droga en la frontera bajaron 50%, mientras que las realizadas por autoridades mexicanas aumentaron significativamente. Además, México ha decomisado 65.5 toneladas métricas de droga en operaciones marítimas y desmantelado más de 2,300 laboratorios clandestinos.

En materia de extradiciones, desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 y 92 transferencias de personas a custodia estadounidense bajo la Ley de Seguridad Nacional.

¿Distensión real o pausa táctica?

Lo que queda claro es que ninguna de las dos partes informó acuerdos concretos tras la llamada Velasco-Rubio, ni se abordaron públicamente los puntos de conflicto pendientes: las acusaciones contra funcionarios mexicanos, las tensiones por soberanía o la postura de México frente a las políticas migratorias de Trump.

El cambio de tono existe. Si detrás hay un cambio de fondo, es lo que los próximos días tendrán que responder.

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, Acosta fue detenido alrededor de las 7:30 en la intersección de las calles Perú y Venezuela, a la salida del boliche “Museum”, donde el sospechoso había pasado la noche.

En el marco de la investigación ordenada por la PROCUNAR, encabezada por personal de la CIOPE (Central de Inteligencia de Operaciones Especiales) de Santa Fe y de la SIDE -que por segunda vez participó en la detención de un sospechoso en territorio santafesino-, los detectives obtuvieron información que ubicaba a Acosta en dicho local bailable. Así, agentes del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal se presentaron en el lugar y capturaron a Acosta cuando salía a la calle.

El video que encabeza esta nota muestra que Acosta intentó oponer resistencia al arresto, por lo cual debió ser reducido por efectivos de la CIOPE y de la PFA. Luego, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la PFA, desde donde más tarde será derivado a un centro de detención en Santa Fe.

La medida fue adoptada ante el requerimiento del fiscal Patricio Saludutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que vincula a Acosta con la barra brava del Club Atlético Rosario Central y con una organización delictiva asociada a la banda denominada “Los Menores”, la cual habría asumido el control de la tribuna tras el doble homicidio de “Pillín” Bracamonte y “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024.

Asimismo, el sospechoso estaría vinculado a una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso señalado como jefe de una red de narcomenudeo que opera en el noroeste de la ciudad de Rosario. En este contexto, sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025, en el marco de una causa por asociación ilícita que investiga diversos ataques contra establecimientos educativos y una dependencia policial, hechos que estarían relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región.

Con motivo de este prontuario, Acosta integraba el listado de las diez personas prófugas más buscadas por el Gobierno de Santa Fe, que había dispuesto una recompensa de 25 millones de pesos.

La orden de detención vigente contra “Plin” Acosta databa del pasado 12 de junio, tras un operativo vinculado a una causa de asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría, en el marco de un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. El fiscal Saldutti solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

La figura de Acosta emergió con fuerza durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central. El MPA presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

El líder de esta facción, Matías Gazzani, permanece prófugo desde hace más de un año y medio y encabeza la lista de los más buscados en Santa Fe.

El último domicilio registrado de “Plin” Acosta se encuentra en Empalme Graneros, un sector donde la banda de Riquelme consolidó su influencia pese a que su líder estaba encarcelado. En esa zona, la organización que tomó el control de la tribuna canalla expandió su dominio en el narcomenudeo y reclutó vendedores de drogas en barrios como 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

La Operación M4 en Rosario situó a Acosta en el centro de la atención judicial tras el hallazgo de tres armas de fuego de grueso calibre durante un operativo realizado el 10 de junio en el macrocentro de la ciudad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por su parte, llevó a cabo 15 allanamientos ese mismo día, logrando la detención de cuatro personas vinculadas a la venta de drogas y otros delitos atribuidos al clan Riquelme.

Uno de los domicilios señalados por la Fiscalía, un departamento en Rodríguez al 1000, resultó ser la residencia temporal de Acosta. Allí se incautaron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros. Sin embargo, los investigadores no lograron encontrarlo en el lugar al momento del allanamiento.

El operativo, que también incluyó intervenciones en Empalme Graneros y Ludueña, concluyó con el secuestro de más de 14 millones de pesos, 33 proyectiles de distintos calibres, 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, tres automóviles, una motocicleta y una máquina para contar billetes.

La actuación ha tenido como objetivo principal minimizar el impacto ambiental y mejorar la imagen de la costa gaditana, especialmente de cara a la temporada estival. Las recientes muertes de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva mientras perseguían a una narcolancha ha vuelto a colocar el problema del narcotráfico en el sur peninsular en el foco mediático, lo que empuja a las autoridades ha tomar medidas más efectivas.

Las autoridades consideran fundamental este tipo de acciones para proteger tanto el entorno natural como la seguridad de los usuarios de la playa y prevenir posibles incidentes relacionados con la exposición a materiales peligrosos. “Evitar que estos residuos peligrosos permanezcan en zonas públicas es parte de nuestro compromiso con la ciudadanía”, afirma un portavoz de la Guardia Civil.

Operativo para trasladar la narcolancha

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la embarcación trató de eludir la persecución de las patrulleras de Cádiz, realizando maniobras evasivas que terminaron con la lancha varada violentamente sobre la arena. “La retirada por mar resultaba imposible, y la presencia de la narcolancha suponía un riesgo tanto para el medio marino como para la imagen de la provincia”, señalaron responsables del operativo.

Una vez constatada la dificultad para mover la narcolancha por mar, la Guardia Civil de Cádiz se puso en contacto con los responsables de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, quienes en ese momento llevaban a cabo labores de regeneración de la playa de Camposoto con maquinaria pesada. “Gracias a la rápida respuesta y a la disposición de recursos, fue posible acceder con el equipo necesario para retirar la embarcación varada,” explicó un portavoz de la Demarcación de Costas. La lancha fue trasladada hasta una zona especialmente habilitada para su destrucción.

Defensa de la labor de la Guardia Civil

Durante la operación, se realizaron tomas aéreas que documentan, paso a paso, las actuaciones realizadas para la retirada de la narcolancha. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz recalcan la importancia de estas intervenciones conjuntas. “Trabajamos coordinadamente para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la buena imagen de nuestras costas.

La colaboración entre instituciones es clave en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental”, indicaron responsables del cuerpo. El cuerpo quiere transmitir que este tipo de actuaciones ponen de relieve la labor diaria de los servidores públicos y el esfuerzo común por mantener las playas gaditanas libres de restos de actividades ilícitas y en las mejores condiciones posibles para el disfrute de vecinos y visitantes.

La tercera etapa de la operación Jaboco, en Maldonado (Uruguay), terminó desmantelando la organización narco liderada por Santiago Porley, un hombre de 28 años. A lo largo de los años, este joven se transformó en uno de los principales distribuidores de droga de Punta del Este. Tras 16 allanamientos en la ciudad de Maldonado, en el principal balneario uruguayo y en San Carlos, cayó el cabecilla de esta banda criminal.

Según la información consignada por Teledoce, se estima que decenas de bocas de venta de droga en todo el departamento eran abastecidas por esta organización. La banda perdió en el último tiempo el equivalente a 300.000 dosis de cocaína, como también importantes sumas de dinero, autos (algunos de alta gama) y armas cortas y largas.

“Estamos hablando de más de tres millones de dólares en el total de la operación. Por lo tanto, el duro golpe que se le da por la Policía a las organizaciones criminales, hoy adquiere un hito relevante en lo que es el desempeño”, dijo la semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa. El jerarca felicitó a los funcionarios policiales del departamento y a los encargados de la Brigada Antidrogas.

El líder de esta banda estaba en el radar de los investigadores desde 2021, cuando fue atrapado con un suministro de drogas. Pero esta operación Jacobo comenzó en abril en un comercio dedicado a la venta de comida para perros. Allí se incautaron 50 ladrillos de cocaína, dos camionetas y un auto, entre otros elementos. En mayo, se concretó la segunda etapa: se ubicó un laboratorio en el que se procesaba cocaína. La tercera etapa fue la concretada la semana pasada, que terminó con la caída del líder.

La Justicia uruguaya dispuso condenas para integrantes de la organización. El líder de la banda, por ejemplo, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Recibió una pena de tres años y 10 meses de penitenciaría, según informó el Ministerio del Interior.

En tanto, ocho hombres de 19, 19, 25, 26, 31, 41 y 45 años fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes. Deberán cumplir penas que van de dos años a dos años y seis meses de penitenciaría. Otro hombre de 35 fue sentenciado a 10 meses de prisión, que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba.

A esto se le suma el siguiente decomiso: 471.958 pesos uruguayos (cerca de USD 12.000), 741 dólares una camioneta BMW, una camioneta Land Rover, un auto VW Vento, un auto BYD, dos autos VW Gol, dos motos marca Baccio y una moto marca Yumbo.

Este lunes hubo nuevas novedades sobre el caso porque la Intendencia de Maldonado demolió tres viviendas vinculadas al narcotráfico. Eran casas utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico y otros delitos por parte de una organización desarticulada días atrás en el marco de la Operación Jacobo, informó el gobierno departamental.

“Hay una vivienda que comparte techo con otras casas que están habitadas, por lo que primero se debe hacer un corte manual de la estructura y luego continuar con la demolición mediante retroexcavadora”, explicó el subdirector de Vivienda de la intendencia, Hugo Suárez. El jerarca detalló que los inmuebles intervenidos eran utilizados para la venta y distribución de drogas. En uno de ellos incluso funcionaba una especie de “cocina” destinada al procesamiento de estupefacientes.

Suárez sostuvo que estas acciones también representan una “tranquilidad” para los vecinos de las zonas afectadas

La Policía Nacional reportó el lunes festivo 8 de junio que implementó una serie de operativos en Cali como parte del Plan Cazador, orientados al control de actividades ilegales y la verificación rigurosa de mercancías y vehículos en puntos estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue incluyó inspecciones y registros que permitieron identificar sustancias y productos químicos transportados sin la documentación exigida, así como la incautación de droga y la captura de varias personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas.

Estrategia de control y hallazgos relevantes

Según la Policía Nacional, el Plan Cazador se ejecutó en diferentes sectores de Cali y permitió hallar frascos con una sustancia de interés investigativo y recipientes con productos químicos que no cumplían los requisitos legales de transporte.

Además, durante uno de los controles realizados en una vía de la ciudad, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba paquetes de una sustancia vegetal, la cual fue sometida a análisis judicial para determinar su composición exacta.

Los procedimientos se desarrollaron en el contexto de una serie de acciones focalizadas en puntos clave de la capital vallecaucana, con el propósito de identificar posibles actividades delictivas y afectar las redes de suministro ilegal.

En palabras del jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cali, Carlos Vergara, “se impusieron 263 órdenes de comparendo por distintas infracciones al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, se logró evidenciar pruebas de alcoholemia, resultando positivas 8 personas”.

Incautaciones: ketamina y sustancias químicas

Entre los resultados más destacados, la Policía Nacional detalló el hallazgo de 18 frascos de ketamina de 100 mililitros cada uno, ocultos al interior de una encomienda, durante labores de verificación de mercancías. El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente, que deberá investigar el origen, el destino y el posible uso de la sustancia incautada.

En otro procedimiento, los uniformados capturaron a una persona señalada de incurrir en el delito de tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos. Durante el operativo, fueron incautados cerca de cientos de litros de hidróxido de sodio, además de un automóvil que, según las autoridades, era utilizado para el transporte del material. Tanto el capturado como los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Operativos en corredores viales y barrios

Otro de los operativos se realizó sobre la avenida Bicentenario, en el corredor vial que conecta a Jamundí con Cali. Allí, la Policía capturó a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El conductor intentó evadir una señal de Pare en un puesto de prevención, lo que desencadenó un seguimiento controlado y la posterior inspección del vehículo. Durante la revisión, los agentes encontraron una maleta con 25 paquetes de una sustancia vegetal, similar a la marihuana ‘tipo cripy’. Junto a la droga, las autoridades incautaron el vehículo involucrado.

En el barrio San Luis, ubicado en el nororiente de Cali, se produjo otra captura. Una persona transportaba 20 recipientes con aproximadamente 400 litros de hidróxido de sodio y no presentó la documentación necesaria para acreditar la legalidad del traslado. Por esta razón, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados.

Balance vial: infracciones y control durante el puente festivo

Paralelamente a los operativos del Plan Cazador, las autoridades de tránsito de Cali mantuvieron vigilancia especial en el puente festivo, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover la seguridad de conductores y peatones.

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Cali, entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio se detectaron 17 conductores bajo efectos del alcohol, que fueron retirados de circulación tras la respectiva prueba y sanción.

Además, se impusieron más de 1.000 comparendos por diversas infracciones, como estacionar en lugares prohibidos, carecer de documentos al día o incumplir condiciones técnicas de los vehículos.

El balance preliminar incluyó también la inmovilización de 49 vehículos y la atención de 112 accidentes en distintos sectores de la ciudad durante los primeros días del puente festivo.

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar conductas responsables, especialmente durante jornadas con mayor movilidad, y recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y utilizar servicios de transporte público o designar conductores responsables.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo en el que los ocupantes de un vehículo huyeron hacia una zona de cañaverales. Según la institución, el cargamento tendría un valor aproximado de 40 millones de lempiras en el mercado ilícito.

El operativo se ejecutó después de que agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) recibieran información de inteligencia sobre el traslado de un cargamento de estupefacientes por esa zona del norte del país.

Tras verificar la alerta, los equipos especializados iniciaron labores de vigilancia y seguimiento a un vehículo sospechoso. Al detectar la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir a las autoridades y generaron una persecución por varios sectores del municipio.

Cómo ocurrió el decomiso

De acuerdo con el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, los sospechosos se desviaron hacia una zona de cañaverales para dificultar las labores de captura.

“Los transportistas abandonaron el vehículo y huyeron hacia el interior de las cañeras, logrando escapar momentáneamente de la acción policial”, explicó Mayes Ríos.

Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron los paquetes que contenían la cocaína y la marihuana y los aseguraron como parte de la prueba del caso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades mantienen operativos en la zona para identificar a los responsables y determinar el origen y destino final del cargamento.

La incautación ocurre mientras Honduras continúa siendo utilizada como punto de tránsito por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que Cortés, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y Olancho siguen entre los corredores de mayor interés para estas estructuras por su ubicación geográfica y sus conexiones terrestres y marítimas.

De acuerdo con datos oficiales de la DNPA, durante el primer trimestre de 2026 fueron decomisados 432 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 524 libras de marihuana en distintas operaciones desarrolladas a nivel nacional. También se reportó la captura de 95 personas vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades estiman que esas acciones evitaron que más de cuatro millones de dosis de sustancias ilícitas llegaran a las calles y representaron pérdidas superiores a 100 millones de lempiras para las organizaciones criminales.

Investigación abierta

Los resultados operativos reflejan una ofensiva sostenida de los cuerpos antidrogas. Solo entre finales de abril y mediados de mayo, la DNPA informó sobre múltiples operaciones que incluyeron el decomiso de 70 kilos de supuesta cocaína en Olancho, así como capturas y aseguramiento de vehículos utilizados para actividades ilícitas.

La Policía Nacional también reportó a inicios de 2026 el aseguramiento de cerca de 895 kilos de cocaína en distintos operativos ejecutados bajo el Plan Alcázar, una estrategia orientada a combatir el crimen organizado y la delincuencia común en zonas de alta incidencia delictiva.

Tras el decomiso realizado en Pimienta, equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios para establecer quiénes integraban la estructura responsable del traslado de la droga.

Los peritos analizarán el vehículo abandonado y otros elementos encontrados en la escena con el propósito de obtener información que permita identificar a los implicados y fortalecer las acciones judiciales correspondientes.

El cargamento decomisado fue trasladado bajo medidas de seguridad para los procedimientos legales y periciales correspondientes, mientras las investigaciones permanecen abiertas.

El Colegio de México documentó más de 100 cuentas activas en TikTok que el crimen organizado usa para reclutar jóvenes en México. El hallazgo, publicado en abril de 2025 por el Seminario sobre Violencia y Paz —fundado por el académico Sergio Aguayo—, revela una infraestructura digital que va mucho más allá de las simples ofertas de trabajo falsas que las autoridades ya conocían.

El estudio fue elaborado en colaboración con el Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern, que aportó acceso a la API de TikTok para medir el comportamiento de las cuentas. La investigación combinó una etnografía digital con un análisis cuantitativo de métricas de interacción, seguidores y lenguaje utilizado.

El detonante: el Rancho Izaguirre

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Ese predio habría funcionado como campo de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal con mayor presencia detectada en la investigación.

El hallazgo puso en primer plano un problema que los medios venían advirtiendo desde meses antes: los cárteles publicaban ofertas de trabajo en plataformas como Facebook y TikTok. Múltiples desapariciones de jóvenes en el Valle de México ya se vinculaban con esas convocatorias fraudulentas.

El 24 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó ese modus operandi en la conferencia mañanera. Identificó a José Gregorio, alias “el Lastra” y “Comandante Lastra”, como uno de los principales responsables del reclutamiento del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. La Secretaría también reportó la identificación de 39 cuentas en distintas plataformas dedicadas a esas actividades, aunque el Colegio de México documentó más del doble.

¿Qué encontró la investigación?

De las 100 cuentas que conformaron la muestra, el 47% realizaba reclutamiento explícito. El 31% correspondía a propaganda, es decir, cuentas que promocionaban el nombre de una organización criminal mediante música y símbolos sin llamar abiertamente al reclutamiento. El resto se distribuía entre cuentas que ofrecían dinero fácil sin aludir al crimen organizado (invitación a negocios sospechosos), venta de armas (3%) y facilitación de cruces fronterizos ilegales hacia Estados Unidos (6%).

El CJNG lideró la presencia en la plataforma, seguido por contenido sin alusión a una organización específica como segunda categoría más numerosa. El Cártel de Sinaloa (CDS) —tanto la facción de los Chapos como la de los Mayos— y el Cártel del Noreste (CDN) tuvieron una actividad menor. En el caso del CDS, los investigadores detectaron videos de reclutamiento orientados a armar equipos dentro del videojuego Roblox, lo que abre la interrogante sobre si esa vía se ha convertido en un canal dirigido a audiencias aún más jóvenes.

El lenguaje cifrado: emojis, hashtags y canciones

Uno de los elementos más sistemáticos que la etnografía digital identificó fue el uso de emojis como códigos de identificación. El emoji del ninja (🥷) representaba a operadores encapuchados de los cárteles.

En tanto, el del gallo y las siglas NG eran marcas del CJNG, vinculadas a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Mientras el emoji de la pizza aparecía en cuentas asociadas al CDS, específicamente a la facción del Chapo, formando la palabra “chapizza”.

Los hashtags completaban el sistema de señalización. Los de mayor presencia en TikTok eran #nuevageneración, #4letras, #4l y #mencho, todos vinculados al CJNG y utilizados sobre todo en publicaciones de reclutamiento. El hashtag #trabajoparalamaña operaba de forma transversal entre distintas organizaciones.

La música fue el tercer pilar del ecosistema. La investigación catalogó más de 30 canciones presentes en el contenido criminal de TikTok. Entre las más recurrentes vinculadas al CJNG figuran Pura Gente del Mencho de Revolver Cannabis, El 03 de Fuerza Regida y SU CASA de Peso Pluma. Para el Cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada de Los Tucanes de Tijuana y JGL de La Adictiva eran las más frecuentes.

Los investigadores aclaran que no todos los usuarios que emplean esos audios pertenecen a alguna organización criminal. Existe un volumen considerable de videos donde personas simplemente disfrutan esa música sin referencias adicionales al crimen.

¿Cómo se construye el mensaje de reclutamiento?

El informe describe cuatro modalidades de captación. La primera es el reclutamiento directo: mensajes con referencias explícitas a la adhesión a un grupo criminal, ya sea en diálogos, textos sobrepuestos en pantalla o en los comentarios. La segunda es el scrolling, que no menciona el reclutamiento pero exalta la cultura criminal mediante estética y narrativa.

La tercera modalidad apela a la aspiración: símbolos y mensajes que presentan la vida criminal como un proyecto de vida deseable. La cuarta usa el audio como vector principal, con canciones de temática delictiva como fondo de videos aparentemente cotidianos.

“Los contenidos construyen una narrativa en la que el crimen organizado no aparece como un mundo ajeno, sino como una extensión de la vida cotidiana”, señala el informe. La exaltación de vehículos, armas y paisajes asociados al trasiego de drogas “se presenta como algo normalizado, incluso aspiracional”.

¿A quién apuntan las cuentas?

Casi el 80% de los videos de la muestra apelaba a audiencias mixtas, sin distinción de género. Alrededor del 16% se dirigía explícitamente a hombres. El reclutamiento orientado a mujeres fue minoritario pero diferenciado: lo manejaban cuentas administradas por mujeres que ofrecían apoyos a “madres solteras y estudiantes” para que pudieran “salir adelante”.

Los datos cuantitativos mostraron que las cuentas que ofrecían hospedaje, pago y entrenamiento de forma conjunta tenían correlaciones muy altas entre sí (todas iguales o superiores a 0.7), lo que sugiere un modelo de captación empaquetado. La correlación entre el número de seguidores y los likes fue de 0.94, lo que indica que el tamaño de la audiencia determina en gran medida el nivel de interacción.

¿Por qué TikTok y no otras plataformas?

El informe señala que TikTok tiene menor moderación de contenidos respecto a otras plataformas digitales, lo que facilitó que el crimen organizado construya identidades en ese espacio. La promesa que se les extiende a los jóvenes es la de pertenecer a un grupo donde serán aceptados y donde recibirán, según la narrativa criminal, “mejores oportunidades para su desarrollo futuro”.

El Seminario sobre Violencia y Paz decidió no publicar la lista de las cuentas analizadas. La decisión responde a tres criterios: algunas cuentas pertenecían a menores de edad, cuya exposición generaría riesgos adicionales; la difusión de esos perfiles contribuiría a normalizar el contenido violento; y la publicación podría vulnerar las políticas de privacidad de TikTok.

Las limitaciones del estudio y los próximos pasos

Los investigadores reconocen que la muestra no fue aleatoria, ya que la recopilación manual por distintas personas introduce sesgo. Muchas de las cuentas analizadas solo estuvieron activas por periodos cortos, porque la plataforma las eliminó o los propios usuarios las dieron de baja, lo que impidió un muestreo retrospectivo. Por esas razones, los autores advierten que los resultados no permiten hacer inferencias sobre el universo total de cuentas con ese tipo de actividad.

El uso del lenguaje del hampa —términos como “la maña” o “belikon”— mostró una correlación negativa con el engagement (-0.22 con likes, -0.25 con seguidores), lo que sugiere que ese vocabulario no es efectivo para atraer audiencias masivas. El reclutamiento explícito, en cambio, tuvo su correlación más alta con ese mismo lenguaje (0.35), lo que indica que las cuentas que reclutan abiertamente sí lo usan con más frecuencia.

¿Qué hace falta para contener el fenómeno?

El Laboratorio de Odio y Concordia del Colegio de México plantea que el entorno familiar y escolar son los espacios más adecuados para hablar con los jóvenes sobre los riesgos del uso irresponsable de las redes sociales. El laboratorio continuará el estudio del fenómeno con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas.

Los investigadores también piden que una siguiente etapa identifique qué factores hacen a un joven vulnerable frente al crimen organizado. Esa información, señalan, es necesaria para pasar de diagnósticos generales a intervenciones concretas.

Hace unos días se publicó una amplia investigación que llevó tres años en documentar: Esclavos de la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco, que refleja uno de los principales problemas que se vive en todo el país donde secuestran a personas vulnerables, quienes son sometidos a las más crueles prácticas de deshumanización, violación, amenazas a sus familias y la muerte, ya que muchos son asesinados al intentar escapar o exigir el pago que les prometieron.

El reportaje investigado y gestionado por Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff de Quinto Elemento Lab, muestra diversas entrevistas con varias personas que fueron rescatadas o lograron escapar tras años de trabajar en lo más alejado de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

En entrevista con Infobae México, Marcela y Eliezer detallaron ampliamente los motivos del reportaje. En este periodo apenas les daban de comer lo básico para sobrevivir sin pago alguno e incluso los presionaban para consumir drogas y trabajar cerca de 20 horas todos los días. Se aseaban con una barra de jabón para 15 personas dos veces al mes y los castigos si se quejaban eran prácticas de tortura infrahumanas.

A principios de julio de 2019, posteriormente tres personas lograron escapar y dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. Un desenlace inusual en un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130 mil personas, el 95 por ciento ocurrido en las últimas dos décadas.

Margarito Guerrero fue llevado con engaños en los años ochenta al rancho El Búfalo en Chihuahua, una plantación de marihuana de más de 500 hectáreas atribuida en el texto a Rafael Caro Quintero, y esa experiencia marcó décadas después la forma en que entendió la desaparición de su hijo Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Proceso, en ese rancho trabajaban unos 12 mil jornaleros y la operación funcionó durante tres años. El texto describe una división precisa de tareas: siembra, selección de ramas, empaque y vigilancia armada para impedir fugas.

Margarito Guerrero era originario de Omeapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero. Hombres que llegaron a su pueblo le ofrecieron trabajo en la pizca de manzana con buena paga y él abordó un autobús hacia el norte del país.

A mediados de los años ochenta llegó a una planicie del municipio de Allende, cerca del poblado El Búfalo, en Chihuahua. En lugar de manzanos encontró una extensión preparada para cultivar marihuana.

El rancho funcionaba con encierro, castigos y trabajo sin salario

El texto señala que las jornadas empezaban a las 07:00 horas y podían extenderse hasta las 04:00 del día siguiente. Los trabajadores dormían en bodegas y, durante el mes y medio que Margarito estuvo ahí, no recibió pago.

Los “mayordomos”, hombres armados, vigilaban que nadie escapara. Si alguien intentaba salir, era castigado, aunque sí les daban comida.

“Mataban muchas vacas”, recordó Margarito al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El texto indica que contó por primera vez lo vivido después de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga escribe que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y rancherías cercanas eran reclutados para sembrar amapola en el Triángulo Dorado mediante anuncios en camiones de redilas que ofrecían empleo para la “pizca de la manzana”.

Astorga añade en su libro que a esos “pizcadores de droga” se les ofrecían sueldos muy por arriba de los del trabajo agrícola tradicional. La paga era tan alta que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, según cita el texto.

El texto también ubica otros patrones regionales. En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas y los cárteles tomaban pueblos enteros para obligarlos a sembrar la flor, aunque a esos cultivadores sí les pagaban.

En Chihuahua, sobre todo en rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres y niños se alistaban para la temporada de amapola. Eran contratados para rayar el bulbo de la flor y extraer la goma que después se transformaría en heroína, y esa labor también era pagada.

Pobladores de campamentos de reclutados suelen estar coludidos

El reclutamiento forzado del narco se sostiene desde hace décadas sobre redes de trabajo temporal y sobre la dependencia económica de poblados cercanos a los campamentos, explicó Eliezer Budasoff. Esa combinación ayuda a entender por qué las personas secuestradas que intentan escapar suelen ser devueltas o detectadas antes de salir de la zona.

Budasoff dijo a Infobae México que una de las claves de la investigación fue acceder a testimonios que casi nunca se consiguen, porque aunque se conoce la existencia de campamentos de trabajo del narcotráfico, no se sabe con precisión qué ocurre dentro. Según el periodista, esos relatos permitieron profundizar en la facilidad con la que los grupos criminales captan mano de obra.

El narco aprovecha una cultura de trabajo temporal en varias regiones

De acuerdo con Budasoff el reclutamiento se monta sobre una cultura de trabajo temporal que no existe solo en Chihuahua, sino en otros estados del país. Se trata, dijo, de personas que no encuentran otra oportunidad laboral y pasan meses desplazándose entre cosechas, de la pizca de manzana a la nuez y de la nuez al tomate en Sinaloa.

El periodista señaló que en muchos rincones de México opera un código comunitario alrededor de ese tipo de trabajo, y que el narco se aprovecha de esa lógica para quebrarla. Esa estructura, agregó, vuelve más sencillo atraer y someter a quienes ya viven en condiciones de precariedad.

Los poblados cercanos dependen del narco para subsistir

Budasoff afirmó que también hay un factor geográfico: los campamentos se ubican en sitios donde los pequeños poblados cercanos dependen casi por completo del narco para su subsistencia. Según su explicación, esas comunidades proveen materiales y alimentos, lo que refuerza la vigilancia sobre quienes buscan huir.

El periodista detalló que las historias de sobrevivientes muestran dos rutas frecuentes de captura tras un intento de escape. Una ocurre cuando las víctimas se topan con otros campos de trabajo forzado en la zona, vinculados entre sí y asociados a una misma familia; la otra, cuando llegan a la población más cercana y ahí son identificadas.

Budasoff recordó una idea planteada por Marcela Turati en una entrevista para su podcast El hilo: las personas de esas comunidades tampoco tienen muchas opciones. A partir de eso, sostuvo que una de las partes más duras del reportaje es ver cómo todos saben qué sucede en esos lugares y cómo, en los niveles más bajos de la economía criminal, las fronteras entre víctimas y victimarios se diluyen.

¿Por sustitución de amapola y marihuana por drogas sintéticas disminuirá el reclutamiento forzado?

El reclutamiento forzado por parte del narco no disminuiría de forma automática si baja el consumo de drogas sintéticas y sube el de amapola o marihuana, porque las organizaciones criminales ajustan sus negocios para mantener ganancias y recortan costos cuando un mercado deja de ser rentable, según explicaron los periodistas Eliezer y Marcela Turati a partir de su reportaje sobre personas obligadas a trabajar para estos grupos.

El punto de quiebre que describen está en la economía criminal: desde 2016, con la entrada del fentanilo, el precio de la goma de opio cayó en picada y en una década registró una baja de 90%, dijo Eliezer al explicar una tesis del investigador Luis Astorga. Según esa lectura, los grupos no abandonan un negocio aunque pierda valor; buscan que siga dejando dinero a partir de la reducción de costos.

Esa reducción, de acuerdo con Eliezer, incluye esquemas de esclavización y trabajo forzado. La lógica no es sustituir una droga por otra y desactivar la violencia de reclutamiento, sino hacer rendir cualquier actividad ilícita en una coyuntura de mercado adversa.

El abandono estatal aparece como la base del reclutamiento

El reportaje citado por Eliezer y Turati ubica el reclutamiento en territorios donde la ausencia del Estado ya era previa. Según Eliezer, los criminales no captan personas en cualquier sitio, sino en poblaciones “abandonadas por el Estado”, donde la marginación ya había dejado a sus habitantes fuera de la protección institucional.

Para sostener esa afirmación, Eliezer relató que las reporteras pudieron recorrer calles de Vista Cerro Grande y localizar con facilidad tanto a víctimas como a victimarios, incluso dentro de la misma colonia. Según su testimonio, si dos periodistas lograron identificar dónde operan y dónde levantan personas, las autoridades también podrían hacerlo si realmente estuvieran mirando.

Marcela Turati detalló que el perfil de las personas a las que se llevan incluye migrantes, jóvenes sin empleo, jornaleros agrícolas en tránsito y personas con deudas relacionadas con adicciones. También dijo que, en algunos casos, esas adicciones son provocadas por los mismos grupos que después exigen el pago de una deuda y usan esa condición para someter a las víctimas.

La respuesta a la pregunta de si el reclutamiento bajaría con un regreso a mercados como la amapola o la marihuana, según lo expuesto por ambos periodistas, es negativa si persisten las mismas condiciones de explotación, pobreza y omisión oficial. Mientras exista una población disponible por desempleo, deuda, movilidad forzada o abandono institucional, las redes criminales conservarían una fuente de mano de obra coaccionada.

Las organizaciones criminales cambian de negocio, pero no dejan de captar personas

Marcela Turati definió a estos grupos como “empresas criminales” que buscan maximizar ganancias y minimizar costos. Bajo esa lógica, explicó que el reclutamiento forzado no se limita al sicariato, sino que forma parte de una división de tareas más amplia dentro de la estructura del crimen organizado.

Según Turati, cuando necesitan pelear territorios citan a jóvenes en centrales de autobuses y se los llevan por la fuerza. También señaló que otros reportajes han documentado la captación de estudiantes de química para procesos técnicos, mientras que su trabajo se concentró en otra rama: personas forzadas a laborar en condiciones de esclavitud.

Esa descripción apunta a un fenómeno más amplio que la sola producción de una droga. Si una organización se fragmenta, el incentivo para retener rentas y abaratar operaciones puede mantenerse en células más pequeñas, siempre que conserven acceso a víctimas vulnerables y tolerancia de autoridades locales, según lo planteado por Turati al hablar de responsabilidad “por omisión, por complicidad o por participación”.

La periodista añadió que familias de personas desaparecidas de distintas partes del país les han hecho saber que ya habían denunciado que sus hijos estaban siendo obligados a trabajar y que las autoridades no actuaron. Para Turati, ese patrón vuelve el caso una pista concreta sobre dónde podrían estar algunas personas desaparecidas.

Marcela Turati también cuestionó la eficacia de las intervenciones públicas en esas colonias. Dijo que personas encargadas de programas sociales que llegan a esos lugares les habían reconocido que ninguna intervención había funcionado y que muchas medidas eran apenas “cosméticas”, como entregar una despensa o una beca sin ofrecer empleo estable.

Su conclusión fue que el Estado compite con desventaja frente al narco cuando no garantiza trabajo. Según Turati, lo que se necesita es una política laboral capaz de ofrecer ingresos sostenidos, porque el reclutamiento forzado se alimenta de personas que buscaban empleo con urgencia para mantener a su familia o saldar una deuda.

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Detienen en Iguala a hombre señalado de violación equiparada agravada

Un sujeto identificado como Pablo “N” fue detenido en Iguala, Guerrero, luego de que la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en agravio de una víctima de identidad reservada.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE Guerrero, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2026. El imputado presuntamente cometió la conducta delictiva mientras la víctima se encontraba en el interior de una habitación en su domicilio.

El operativo de aprehensión fue ejecutado por personal de la Policía Investigadora Ministerial en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

Una vez detenido, Pablo “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, a efecto de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

La FGE Guerrero reafirmó en un comunicado de prensa que su compromiso de investigar y perseguir los delitos que vulneren la integridad y el libre desarrollo de las personas, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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Derek Maltz, ex titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), pidió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detener a los “funcionarios corruptos” que recientemente fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, para enviarlos a Nueva York y que “rindan cuentas ante la justicia”.Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, Maltz señaló que la lucha contra los cárteles de “Terror Mexicano” no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los sustenta, y aseguró que dichos cárteles no operan en el vacío, sino que dependen, en gran medida, de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales que facilitan el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.Además, en su publicación, expuso que “cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional, federal, estatal y local”. Dijo que mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrándose de la actividad de los cárteles, dichas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán. “Derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, señaló. Indicó que era hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch para detener a los funcionarios corruptos que fueron acusados por la Fiscalía estadounidense y mandarlos a Nueva York para que rindan cuentas ante la justicia. Derek Maltz encabezó la DEA del 20 de enero de 2025 hasta el 2 de mayo de 2025. Hace unas semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios y ex funcionarios del estado de Sinaloa de tener nexos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.Se trata de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general con licencia de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de Seguridad Pública estatal.Así como Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE); José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

El hallazgo se produjo en sectores poco accesibles y montañosos del caserío Ixmuconé, en el municipio de Las Cruces, Petén. Según los reportes oficiales, durante la operación se localizaron y erradicaron 115,416 plantas de marihuana, cuyo valor estimado en el mercado ilícito es de 50,974,155.00 quetzales (6,686,420.82 dólares estadounidenses). La droga fue incinerada en el mismo lugar como parte del procedimiento establecido por las autoridades.

El Ejército de Guatemala señaló que estas acciones integran una estrategia nacional para reforzar la seguridad y defender el Estado de Derecho, mediante una lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Las fuerzas de seguridad civil y militar han incrementado las operaciones de localización y destrucción de cultivos ilícitos, en respuesta al crecimiento de actividades vinculadas al narcotráfico en la región norte del país.

La ofensiva antidrogas abarca también otras zonas de Guatemala. Este mismo día, la PNC reportó la localización de un vehículo tipo pick up en el departamento de Retalhuleu, en cuyo interior se encontraron 72 paquetes de cocaína. El cargamento fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la ruta de la droga.

Detenciones por narcomenudeo y operativos en diferentes departamentos

En paralelo a los grandes decomisos, la policía ha intensificado la persecución del narcomenudeo en distintas regiones. En las últimas horas, la PNC ha informado sobre diferentes capturas, entre estas figura la detención de Ariel “N”, un ciudadano hondureño de 18 años, en el departamento de Huehuetenango. El joven fue sorprendido con tres bolsas con cocaína, según informaron los agentes antinarcóticos.

En el cantón San Miguel, zona 3 de San José Pinula, un operativo conjunto entre la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA-PNC) y el Ministerio Público permitió desarticular un punto de venta de drogas. En el lugar fueron capturados Valentín “N”, de 74 años, y Viki “N”, de 23 años. Durante el allanamiento, las autoridades localizaron 50 bolsas con marihuana, nueve envoltorios (“colmillos”) con cocaína y dos teléfonos celulares. Los detenidos y la evidencia quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

En la aldea Las Crucitas, Jutiapa, la PNC detuvo a Rubén “N”, de 26 años, quien portaba una bolsa con marihuana. En el mismo operativo, Francisco “N”, de 53 años, fue aprehendido por portar de manera ilegal una pistola marca Glock.

Refuerzo a la política de seguridad

Los recientes operativos reflejan una intensificación de las acciones estatales para combatir el tráfico de drogas a gran escala y el narcomenudeo, así como la portación ilegal de armas. Las autoridades guatemaltecas han reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el despliegue coordinado de fuerzas policiales y militares en los puntos de mayor incidencia delictiva.

Las incautaciones, erradicaciones y capturas forman parte de una estrategia para desarticular redes criminales y limitar el avance del narcotráfico en el país, considerando tanto el impacto de los grandes cargamentos como la incidencia en el consumo local. El Gobierno de Guatemala sostiene que la continuidad de estos operativos es clave para reducir la criminalidad y proteger a la población.

Un hombre de 60 años manejaba una camioneta por la ruta nacional 157, a la altura de la localidad tucumana de Río Seco, cuando un control de la Gendarmería Nacional frenó su marcha en horas de la noche del jueves pasado. Era una verificación de rutina más, pero terminó con el hallazgo de casi media tonelada de cocaína.

Según fuentes oficiales, al momento del control, el conductor dijo que solo se movía dentro de la provincia, entre la ciudad de Famaillá y la localidad de Atahona. Y ante las preguntas habituales sobre la carga que llevaba, dio respuestas contradictorias que llamaron la atención de los gendarmes. Su relato no convencía.

Frente a esta situación, los efectivos -de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71- revisaron la caja del vehículo. Allí encontraron varios bidones con combustible -algo que levantó sospechas de inmediato, ya que es un método que narcos emplean para disimular olores- y, detrás, bolsas de arpilleras verdes. Dentro de esas bolsas, hallaron 449 paquetes con una sustancia blancuzca.

Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, la camioneta fue llevada hasta el escuadrón “Aguilares” para continuar la inspección con mayor profundidad. En presencia de testigos, se pesó el cargamento: 470 kilos 470 gramos de clorhidrato de cocaína.

Desde la fuerza federal informaron que, al revisar los antecedentes, el conductor presentaba numerosos movimientos migratorios a países limítrofes. El juzgado finalmente dispuso el secuestro de la droga, el vehículo y todos los elementos de interés para la causa. El hombre quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Ahora la tarea es investigar el origen de la droga y si provino de otro país. Una línea en ese sentido se orienta a determinar si el cargamento fue arrojado o descargado de una aeronave en otra provincia para luego seguir por vía terrestre.

Hay un dato que puede ser clave: la cocaína tenía el sello del delfín, comúnmente ligado a Reinaldo Delfín Castedo, más conocido como “El Patrón del Norte”, el histórico capo que cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza junto a otros jefes de la droga en Argentina.

Sin embargo, fuentes judiciales explican que es probable que los ladrillos no sean del narco salteño, debido a que “vendió” parte de su marca, garantía de calidad, con laboratorio y cartera de clientes incluidos, como si se tratara de un holding.

Lo concreto es que este tipo de hallazgos no son aislados. De hecho, en enero de este año un camionero vio cajas “raras” que no coincidían con el resto de la carga de bananas y le avisó al dueño del camión que tenía que conducir desde un depósito de la provincia de San Juan hasta Mendoza, antes de iniciar el viaje. El pálpito del chofer era certero: tras el llamado, Gendarmería encontró entre los cajones de frutas 64 kilos de cocaína, que también tenía el sello del delfín.

Aquel camión provenía desde Pichanal, una ciudad del departamento de Orán, en Salta. La investigación posterior llevó a la detención de un hombre de 27 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la captura de Juan Carlos “N”, alias “El Killis”, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en los municipios de León y Silao, en Guanajuato, tras una serie de operativos coordinados que incluyeron la ejecución de cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de la región.

La detención fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guanajuato, la cual permitió identificar posibles actividades relacionadas con delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además de la captura de “El Killis”, las autoridades federales detuvieron a otras dos personas identificadas como Lorenzo “N” y Juan Martín “N”, quienes también son investigados por su probable participación en actividades ilícitas.

Durante los operativos fueron aseguradas armas, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas cantidades de droga, entre ellas marihuana y una sustancia con características similares al cristal.

Cateos simultáneos permitieron las detenciones

La captura de Juan Carlos “N” ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Molino del Bajío número 121, en la colonia Paseos del Molino, en el municipio de León.

En ese lugar también fue detenido Lorenzo “N”, quien presuntamente se encontraba en posesión de diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, durante la intervención fueron asegurados 25 cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un arma larga del mismo uso, 10 envoltorios con vegetal verde y seco con características propias de la marihuana, 17 envoltorios con sustancia granulada y un paquete tipo bloque que contenía aproximadamente 10 kilogramos de marihuana.

Las autoridades señalaron que estos indicios serán integrados a la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de los detenidos y la posible comisión de delitos federales.

Mientras tanto, en un segundo operativo realizado en la comunidad de Franco, perteneciente al municipio de Silao, fue detenido Juan Martín “N”.

En este inmueble, ubicado sobre la calle Niños Héroes sin número, los agentes localizaron ocho pequeños envoltorios con marihuana y nueve envoltorios que contenían una sustancia con características similares al cristal, aunque no se informó el peso exacto de lo asegurado.

Investigación derivó del análisis de dispositivos electrónicos

La FGR informó que las acciones fueron resultado de una investigación iniciada a partir de la carpeta FED/GTO/LEON/0002281/2025, en la que se detectaron posibles conductas delictivas de competencia federal.

Según las autoridades, uno de los elementos clave para avanzar en el caso fue la extracción y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos previamente asegurados durante otras diligencias ministeriales.

A través de estas labores de inteligencia, los investigadores obtuvieron indicios relacionados con la probable posesión y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posibles actividades vinculadas con delitos contra la salud.

Con base en los datos recabados, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez federal cinco órdenes de cateo para intervenir diversos inmuebles ubicados en los municipios de León y Silao.

Las diligencias fueron ejecutadas de manera simultánea con el objetivo de evitar fugas de información y garantizar el éxito de la operación.

Tres detenidos y una nueva carpeta de investigación

De los cinco inmuebles inspeccionados por las autoridades federales, únicamente en dos se localizaron objetos ilícitos y personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas.

En los otros tres cateos realizados en el municipio de Silao no se encontraron armas, drogas u otros indicios constitutivos de delito, por lo que tampoco hubo detenciones.

Tras los resultados obtenidos, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación FED/GTO/LEON/0001411/2026, mediante la cual continuará las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Las autoridades federales indicaron que la situación jurídica de Juan Carlos “N”, alias “El Killis”, así como la de Lorenzo “N” y Juan Martín “N”, será definida en las próximas horas conforme avancen las diligencias ministeriales y se integren los elementos de prueba recabados durante los cateos.

La captura de “El Killis” representa una de las acciones recientes más relevantes emprendidas por las autoridades federales en la región del Bajío, una zona que en los últimos años ha enfrentado diversos episodios de violencia vinculados a la disputa entre grupos criminales por el control territorial y de actividades ilícitas.

Las autoridades de Guatemala localizaron y decomisaron 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en el departamento de Retalhuleu, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) a través de sus redes oficiales. El hallazgo se produjo durante una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, ubicada en la zona 4 de Retalhuleu, después de que una denuncia anónima alertara sobre la presencia del vehículo sospechoso en el lugar.

Según detalló la Policía Nacional Civil, agentes de la Comisaría 34 acudieron al sitio y encontraron un camión marca JAC, con placas de circulación C-575CBJ, que presentaba daños en su estructura. Ante esta situación, se coordinó la intervención de investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público para realizar la inspección correspondiente.

Durante la revisión, el agente canino Héctor detectó posibles ilícitos ocultos en la palangana del camión. Al inspeccionar los compartimientos con doble fondo, las autoridades localizaron 72 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo practicadas por los especialistas antinarcóticos confirmaron que el contenido era cocaína. La droga fue embalada por el Ministerio Público y trasladada a las bodegas de la SGAIA para su resguardo y análisis, mientras que el camión quedó consignado y fue trasladado al predio correspondiente. Las imágenes del operativo, que muestran el camión y los paquetes de cocaína, fueron publicadas por la PNC en sus redes oficiales.

De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Policía Nacional Civil, durante el primer semestre del año, las autoridades han incrementado las acciones contra el narcotráfico en el territorio guatemalteco. En lo que va de 2026, los operativos han resultado en la incautación de varios cargamentos de droga, tanto en rutas terrestres como en el litoral del Pacífico. Hasta el momento, los decomisos de cocaína ascienden a cifras superiores a las registradas el año anterior, reflejando el impacto de los operativos conjuntos entre la SGAIA y el Ministerio Público.

En el caso de las rutas marítimas, la SGAIA y la Marina han localizado diversas embarcaciones en aguas del Pacífico guatemalteco que transportaban grandes cantidades de droga. Según registros oficiales, al menos cinco embarcaciones fueron interceptadas en los primeros meses del año, lo que representa un incremento respecto a los años previos. Estas acciones se han logrado gracias a la coordinación internacional con agencias de seguridad de países vecinos y el uso de tecnología de rastreo satelital.

Las autoridades han destacado que el Pacífico guatemalteco continúa siendo una de las principales rutas de tránsito de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica, con destino a mercados de Norteamérica y Europa. Los operativos implementados en zonas costeras y puntos fronterizos forman parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

La Policía Nacional Civil ha reiterado en diferentes ocasiones que la colaboración ciudadana, a través de denuncias anónimas, ha sido fundamental para el éxito de varias incautaciones recientes. En el caso del camión localizado en Retalhuleu, la alerta de la población permitió la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y los responsables continúan en curso. La SGAIA mantiene coordinaciones con entidades nacionales e internacionales para el intercambio de información y la detección temprana de cargamentos ilícitos. El objetivo es fortalecer el control territorial y reducir la incidencia del narcotráfico en el país.

El Ministerio Público informó que los paquetes de cocaína decomisados serán sometidos a análisis periciales para establecer su pureza y origen. Mientras tanto, el camión quedó bajo custodia judicial y se espera que, en los próximos días, las autoridades presenten avances sobre la identificación de los responsables de este nuevo cargamento.

Las imágenes difundidas por la Policía Nacional Civil muestran parte de la droga incautada y el operativo realizado, como una muestra de los resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala.

En una operación conjunta realizada en el municipio de Cahabón, departamento de Alta Verapaz, las autoridades de Guatemala informaron, este viernes, que erradicaron una plantación de 218,096 arbustos de hoja de coca, valorada en aproximadamente 5,452,400 quetzales (alrededor de USD 715,455.75). El despliegue incluyó la participación coordinada del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC), mediante su Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), como parte de las estrategias oficiales para combatir las estructuras del crimen organizado transnacional.

Según informó el Ejército de Guatemala, por medio de sus canales oficiales, la operación se desarrolló en la aldea Chicoc II de Cahabón, donde los efectivos localizaron la plantación ilegal y procedieron a la destrucción e incineración total de las plantas halladas.

De igual manera, la institución castrense indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la seguridad nacional y el Estado de Derecho, en el marco de la política impulsada por el Gobierno de Guatemala.

Erradicación de cultivos de coca en zona montañosa afecta finanzas del narcotráfico en Alta Verapaz

Por su parte, la PNC detalló que el área intervenida correspondía a una zona montañosa, donde agentes de la SGAIA detectaron y eliminaron los cultivos ilícitos. De acuerdo con la información oficial, el avalúo de los arbustos erradicados en un monto que supera los 5 millones de quetzales cifra que representa un golpe a las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

“Más de 218 mil arbustos de hoja de coca fueron destruidos en Cahabón, Alta Verapaz, como parte de las acciones de erradicación de cultivos ilícitos”, puntualizó la PNC a través de sus canales institucionales. Por su parte, el Ejército de Guatemala enfatizó que la operación fue resultado de la labor interinstitucional entre fuerzas militares y cuerpos civiles de seguridad, lo que permitió una intervención efectiva en el área rural afectada.

“Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de Derecho en el país”, expresó el Ejército por medio de redes sociales.

Estrategias oficiales refuerzan la lucha contra cultivos ilícitos y crimen organizado en Guatemala

Estas actividades se enmarcan en las estrategias de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada que el Ejecutivo ha puesto en marcha para frenar el avance de los cultivos ilegales y reducir el impacto de las economías criminales en el país. Tanto el Ejército de Guatemala como la Policía Nacional Civil reiteraron su compromiso con la protección de la población, subrayando la importancia de la cooperación entre instituciones para mantener la seguridad y el orden público.

El operativo en Cahabón representa una de las intervenciones más relevantes del año en materia de erradicación de cultivos de coca en Guatemala, según reportaron las entidades participantes. Las fuerzas de seguridad confirmaron que continuarán con estas acciones para debilitar las estructuras delictivas que operan en zonas rurales, donde la siembra de cultivos ilícitos se ha incrementado en los últimos años.

Una vivienda en Florida funcionaba como depósito de drogas, donde la policía halló sustancias listas para el tráfico, varias armas de fuego y detuvo a cuatro personas. El dato del caso: la propiedad se encuentra justo al lado de la cárcel del condado de Lake, en la ciudad de Tavares.

La operación se ejecutó en la madrugada del martes en una vivienda situada junto a la cárcel del condado de Lake, en Tavares, Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Lake confirmó el allanamiento y el jueves difundió el video del operativo, en el que se ve a agentes del equipo SWAT, unidad táctica de respuesta rápida, rodear la propiedad, romper una ventana e ingresar al inmueble.

Los sospechosos salieron con las manos en alto.

Qué encontraron las autoridades en la vivienda

Durante la intervención, los detectives informaron que hallaron 40 gramos de fentanilo y 40 gramos de cocaína, ambos en cantidades que permiten formular cargos por tráfico. Además, encontraron pequeñas cantidades de metanfetamina, gomitas de THC fabricadas artesanalmente, parafernalia para el consumo de drogas y tres armas de fuego.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, uno de los detenidos también tenía municiones y antecedentes penales.

La Oficina del Sheriff del condado de Lake señaló que la presencia de drogas y armas en una vivienda contigua a la cárcel representa un riesgo para la seguridad local.

Quiénes fueron arrestados y qué cargos enfrentan

El operativo resultó en la detención de cuatro personas. Dos hombres fueron acusados por tráfico de fentanilo y cocaína, así como por tenencia de parafernalia para el consumo de drogas.

Uno de ellos, además, recibió cargos por posesión de arma y municiones siendo un delincuente convicto, y por posesión de metanfetamina. Los otros dos detenidos fueron acusados de tenencia de metanfetamina.

La Oficina del Sheriff no brindó detalles adicionales sobre las identidades de los implicados ni antecedentes de incidentes similares junto a la cárcel. El caso se mantiene bajo investigación.

Cómo se realizó la intervención

El video difundido por las autoridades muestra a los agentes del equipo SWAT rodeando la vivienda, irrumpiendo por una ventana y ordenando a los ocupantes salir con las manos levantadas. La intervención respondió a una orden judicial obtenida tras detectar presunta actividad de narcotráfico en la casa.

El despliegue tuvo lugar en la madrugada del martes, concluyó con la incautación de drogas y armas y con la detención de cuatro sospechosos; el video oficial fue difundido el jueves. Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, operativos de este tipo en zonas próximas a instituciones penitenciarias no se registraban en la localidad al menos desde 2022.

Otro operativo en Nueva York: incautan 41 kilos de fentanilo en El Bronx

En Nueva York, una operación conjunta de la DEA y la fiscalía local permitió incautar 41 kilogramos de fentanilo en El Bronx. El operativo, realizado el miércoles, desmanteló tres centros de empaque ubicados en edificios residenciales de Mount Eden, Belmont y Washington Heights, todos próximos a escuelas y zonas familiares.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a ocho personas y decomisaron más de USD 30.000 en efectivo, dos armas de fuego cargadas y cientos de miles de sobres preparados para la venta inmediata. La droga estaba lista para ser distribuida en distintos formatos y su valor estimado asciende a USD 7,5 millones, según la DEA.

La fiscalía del Bronx detalló que los detenidos enfrentan cargos federales por posesión y distribución de fentanilo a gran escala. Las agencias involucradas señalaron que la cercanía de los laboratorios a hogares y escuelas expuso a residentes y menores al riesgo constante del tráfico de drogas, y que la vigilancia sobre estos puntos seguirá activa para prevenir la expansión de estas redes.

Luego de que el Concejo Deliberante de Morón aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi, este jueves el secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso compareció ante los concejales para dar respuestas sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora de Políticas de Género que se encuentra prófuga desde que hallaron medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar.

Ante la decisión del jefe municipal de no asistir a la sesión extraordinaria, Cardoso asumió el rol de representante del gobierno. Así, inició su exposición detallando la política municipal orientada a “combatir el narcomenudeo” y a “impulsar las denuncias”.

La interpelación se extendió por más de cuatro horas, en donde el secretario de Seguridad destacó la rapidez con la que el gobierno local actuó una vez confirmados los cargos contra Ortigoza. “Grave sería que el intendente no la desplace de su cargo”, manifestó.

Según la información publicada por Primer Plano Online, el funcionario municipal explicó que “nada hacía prever” que Ortigoza estuviera involucrada en actividades delictivas y remarcó que el accionar ilegal era “ajeno a su desempeño en el Municipio y se realizaba de manera escondida”.

En este sentido, Cardozo aseveró que “no hubo alertas tempranas” y señaló que la acusada no exhibía signos de riqueza que pudieran vincularla con la venta de drogas. “Esta chica no llegó con un Mercedes Benz a su trabajo”, apuntó al desmentir que estuviera de vacaciones cuando allanó su propiedad.

Según el secretario de Seguridad, hasta el momento “no hay ningún elemento que indique” que Ortigoza haya cometido delitos en el ejercicio de su función. No obstante, consideró que el caso demostró que “en Morón no hay libertades para cometer delitos”. Asimismo, informó que todo el material incautado, incluso elementos vinculados a su labor municipal, quedó a disposición de la justicia para peritajes.

Al finalizar su exposición, Cardoso respondió preguntas de concejales de distintos bloques, comenzando por Analía Zappulla, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con quien coincidió en la necesidad de debatir una legislación que permita controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.

En este sentido, el secretario adelantó que la revisión anual de antecedentes penales será obligatoria con la creación de la Policía Municipal. Además, le cuestionaron por qué Ortigoza continuaría registrada como una empleada de la planta permanente.

“Los mecanismos administrativos prevén que tiene estabilidad. Sí se le retuvo su salario: tiene orden de captura nacional e internacional”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Morón sobre la situación laboral de la funcionaria fugitiva.

En un intercambio con Ariel Aguilera, miembro de Todo por Argentina, Cardoso detalló que Ortigoza mantenía una actividad funcional activa y que su desempeño incluía intervenciones para proteger a mujeres víctimas de violencia. No obstante, aclaró que esto no representaba una evaluación personal y calificó como “detestable” lo revelado por la investigación.

Desde Unión por la Patria, la concejal Florencia De Luca cuestionó la ausencia del intendente o de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura de Peri, quien fue la jefa durante el paso de la acusada por la gestión municipal. “Es una situación que muestra a un intendente debilitado. Por eso queremos aclarar que la única intención del bloque Fuerza Patria fue conocer qué hizo el Municipio ante una situación grave”, expuso.

En respuesta a Diego Spina, Cardoso señaló que el único detenido en la causa declaró ante la justicia “que él era comprador de Ortigoza” y entregó las cuentas bancarias con las que pagaba la droga. El secretario afirmó que la pericia sobre esas cuentas permitirá identificar a otras personas vinculadas y aportar nuevos elementos a la investigación.

A lo largo de la sesión también participaron otros concejales, entre ellos Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño, Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza); Diego Spina (Unión por la Patria); Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (PRO); Daniela Cáceres (Nuevo PRO Morón); y Agustín Ramponelli (PJ-MDF).

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación comenzó con una denuncia realizada el 25 de febrero de este año, en donde señalaban la existencia de puntos de venta en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, y otro en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

No obstante, la funcionaria municipal fue declarada como prófuga de la Justicia junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, a finales de mayo. Después de que un miembro de la banda la delatara y se encontrara medio kilo de cocaína, armas y marihuana en su casa, los investigadores sostienen que la pareja lideraba una red dedicada al tráfico y la venta de drogas.

La Policía de Misiones capturó a un narcotraficante, identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años, que era buscado por un ataque armado que dejó dos heridos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron más de 12 kilos de droga valuados en casi 100 mil dólares, armas de fuego, ocho teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo, realizado este jueves por distintas divisiones de la Unidad Regional V en el barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú, permitió desarticular una importante estructura dedicada al narcomenudeo.

La investigación comenzó el miércoles, cuando dos jóvenes, Javier A. (27) y Marcelo P. (21), ingresaron al Hospital Samic de Iguazú con heridas de arma de fuego. Fuentes policiales indicaron que ambos se encontraban frente a un comercio en avenida 9 de Julio y calle Caña Fístola, cuando un motociclista llegó al lugar y disparó varias veces sin mediar palabra.

Por un lado, el hombre de 27 años sufrió heridas en el abdomen y la espalda, y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven de 21 sufrió heridas en una de sus piernas. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia, la Policía identificó al presunto autor del ataque, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento que derivó en su detención y el secuestro del cargamento de drogas y armas.

En tanto, le incautaron un revólver calibre .32 con municiones, ocho teléfonos celulares, chapas patentes de motos y autos, una balanza de gran porte, tres balanzas de precisión, cientos de bolsas tipo ziploc, bandas elásticas y dinero en efectivo. A su vez, secuestraron objetos utilizados para el estiramiento, fraccionamiento y distribución de drogas.

Entre las sustancias incautadas se contabilizaron 5,1 kilos de clorhidrato de cocaína, 7,1 kilos de cannabis sativa, 605 gramos de hachís y bolsas con tusi, una droga sintética cuya circulación viene en aumento en el mercado ilegal argentino.

Parte de la droga ya estaba fraccionada en más de 300 dosis listas para ser comercializadas. De acuerdo a estimaciones oficiales, el valor de la cocaína incautada supera los 60 mil dólares, mientras que la marihuana y el hachís rondan los 35 mil dólares, lo que representa un golpe económico de casi 100 mil dólares para el narcotráfico.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque armado y de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.

Este caso se suma a otro operativo antidroga realizado en la provincia. El pasado 30 de abril, un narco brasileño fue detenido en la zona norte de Misiones con más de 110 kilos de marihuana. El hombre, de 28 años, intentó huir de un control policial en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, pero fue capturado tras una persecución y un operativo de rastrillaje en la zona rural.

La droga que estaba oculta en el baúl de un Fiat Uno con patente brasileña fue descubierta luego de que el conductor abandonara el vehículo al despistar y quedar atrapado en una alcantarilla. El cargamento fue secuestrado y el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina descubrieron en Córdoba un cargamento de 1.100 litros de éxtasis líquido oculto en los tanques de combustible de un camión. El procedimiento fue el resultado de una investigación por presunto tráfico internacional de estupefacientes y contó con cooperación de autoridades paraguayas.

La pesquisa comenzó a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”, que alertó sobre un transporte de cargas sospechoso procedente de Paraguay. Según las fuentes oficiales, el vehículo había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía como destino final el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

Con esos datos, investigadores de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” montaron un operativo para localizar el rodado. Finalmente fue encontrado sin ocupantes en una estación de servicio de la ciudad cordobesa de Villa Nueva.

Con apoyo de personal de los Escuadrones de Seguridad Vial Villa María y Santa Catalina, y por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Villa María, los efectivos inspeccionaron el camión.

Durante la requisa detectaron que uno de los tanques no estaba conectado al sistema de alimentación del motor y contenía un líquido de coloración incompatible con combustible.

Los análisis preliminares revelaron que se trataba de una sustancia compatible con MDMA (éxtasis). Luego, los gendarmes comprobaron que el segundo tanque también contenía el mismo líquido, por lo que concluyeron que ambos compartimientos habían sido acondicionados para ocultar y transportar la droga.

A su vez, especialistas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Villa María realizaron los test químicos correspondientes, que arrojaron resultado positivo para éxtasis. El volumen total secuestrado fue estimado en 1.100 litros.

Por orden judicial, los investigadores secuestraron el camión, la sustancia hallada, los 27.990 kilos de harina de girasol que transportaba como carga legal y documentación de interés para la causa.

Del procedimiento también participó la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería, que obtuvo información complementaria mediante mecanismos de cooperación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay.

Este hallazgo se suma a otros golpes al narcotráfico registrados recientemente en Córdoba. Semanas atrás, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización que transportaba cocaína desde el norte del país hacia esa provincia oculta entre materiales de construcción. La investigación se inició luego de que uno de los integrantes de la banda aportara información clave sobre la maniobra.

En aquel operativo se secuestraron cerca de 158 kilos de cocaína y 37 kilos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los estupefacientes estaban escondidos en compartimientos especialmente acondicionados dentro de camiones que simulaban trasladar piedras y cascotes. La causa, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, derivó en la detención de tres sospechosos y allanamientos en Jujuy y Córdoba.

La justicia peruana mantiene activa la búsqueda de Carmen López Chávez, exfiscal adjunta de Lima Este, sobre quien ya pesa una orden de prisión preventiva de dieciocho meses por presuntamente liderar una organización internacional de tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con información de 24 Horas, la medida fue dictada luego de que la investigación policial y fiscal identificara a López Chávez, alias ‘Camucha’, como la principal cabecilla de una red que enviaba cocaína a Europa y repatriaba el dinero al Perú por vías clandestinas.

Carmen López Chávez ingresó al Ministerio Público en 2022 como asistente y luego fue nombrada fiscal adjunta en la Unidad de Flagrancia de Lima Este. Su posición estratégica le habría permitido acceder a investigaciones reservadas, incluyendo expedientes contra su entonces pareja, José Bonifacio Muñoz Tarazona, conocido como ‘Titi’.

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) señaló que ambos comenzaron su relación cuando López aún era estudiante de Derecho.

Las autoridades atribuyen a Muñoz Tarazona el liderazgo original de la organización. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, tras el asesinato de ‘Titi’ en abril de 2024, la fiscal asumió el control de la estructura criminal.

El modus operandi

De acuerdo con la Dirandro, la red captaba a jóvenes conocidos como burriers para trasladar cocaína hacia países como España, Francia e Italia. A cada uno le ofrecían 4.000 euros por kilogramo de droga, cubriendo además los costos de viaje y equipaje.

Se sospecha que López Chávez coordinaba los retiros de transferencias de hasta 2.000 dólares a través de familiares, con el objetivo de financiar los boletos aéreos de los emisarios.

El coronel Richard Noriega, jefe de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirandro, explicó que los envíos de dinero producto de la venta de drogas en Europa se realizaban mediante portadores que traían el efectivo adherido al cuerpo, modalidad que buscaba eludir los controles de agencias de envío como Western Union u Olva Courier.

“Los viajes eran exclusivamente con la finalidad de recoger el dinero producto de los envíos de los, de las personas que fungían de burrilleros y traían ellos el dinero momificados en el cuerpo”, manifestó.

Además, la exfiscal realizaba viajes en primera clase a Roma, acompañada del propio ‘Titi’, para centralizar pagos y mantener contactos con socios internacionales, entre ellos el ciudadano italiano Salvatore Cardinale.

El asesinato de ‘Titi’

El 3 de abril de 2024, la muerte de José Bonifacio Muñoz Tarazona marcó un punto de inflexión para la organización. El hecho ocurrió frente a su vivienda en San Juan de Lurigancho, mientras conversaba con la entonces fiscal.

Aunque López Chávez declaró ante las autoridades que se trató de un asalto, interceptaciones telefónicas de la Dirandro revelaron que fue un ajuste de cuentas.

En una de las grabaciones, Rudy López, hermano de la exfiscal, le dijo a su madre: “A su marido lo han matado por cerrado, mami, por querer robar y cerrarle plata a la gente. Yoselin está dispuesta a hablar todo lo que sabe; sin embargo, le he dicho que de eso hemos comido y nos hemos divertido”.

Tras la muerte de ‘Titi’, Carmen López Chávez habría consolidado su posición al frente del grupo criminal, coordinando las operaciones y manteniendo la estructura en funcionamiento.

Acciones judiciales

El pasado 14 de abril, la Dirandro ejecutó un operativo en el departamento que compartían la exfiscal y Muñoz Tarazona en San Juan de Lurigancho. Se incautó alhajas de gran valor, relojes de alta gama y el anillo de compromiso de la exmagistrada. Durante el procedimiento, fueron detenidos la madre y el hermano de López Chávez bajo cargos de testaferrato.

El Poder Judicial en el Callao dictó condenas de más de seis años de prisión contra varios transportadores vinculados a la red, identificados como Edwin de la Cruz, Gianella Raymundo Gutiérrez y Miguel Pinchi Vargas.

En un intento de evadir a la justicia, Carmen López Chávez solicitó vacaciones entre el 15 y el 23 de mayo. El Ministerio Público declaró improcedente el pedido y, ante su ausencia, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este dio por terminado su nombramiento de manera definitiva.

A la fecha, Carmen López Chávez permanece prófuga, mientras las autoridades continúan con las acciones para lograr su captura. La orden de prisión preventiva de dieciocho meses sigue vigente, mientras la investigación avanza bajo la supervisión de la Dirandro y del Ministerio Público.

“El general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó el comando estadounidense.

Según el comunicado, “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”. La publicación incluyó imágenes de video en blanco y negro que mostraron la embarcación antes y después de recibir el impacto del proyectil.

La operación militar de Estados Unidos contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, Operación Lanza del Sur, generaron una reducción significativa de estos objetivos en la región, según informó Pete Hegseth, jefe del Pentágono, durante una conferencia en la sede del Comando Sur en Doral, Florida, en marzo.

El secretario de Guerra precisó que el despliegue alcanzó tal nivel de eficacia que las fuerzas estadounidenses no localizaron suficientes barcos para ejecutar nuevos ataques durante ese mes.

Desde septiembre de 2025, la iniciativa estadounidense eliminó numerosas lanchas y abatió a más de 200 narcotraficantes, de acuerdo con datos oficiales. Hegseth explicó que la finalidad de la campaña busca “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos”. El titular del Pentágono remarcó que la preferencia de Washington apunta a actuar junto a aliados regionales, aunque sostiene que la intervención militar directa resulta indispensable para enfrentar a los cárteles.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que los recientes ataques permitieron reducir los flujos de fentanilo en un 56% y forzaron a los narcotraficantes a modificar rutas y estrategias. “El mes pasado, estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir”, afirmó Hegseth ante representantes militares de dieciocho países presentes en el encuentro.

Durante su intervención, el jefe del Pentágono insistió en que la única vía para combatir a los cárteles consiste en “pasar a la ofensiva” y exhortó a los países asistentes a reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito en la región.

En paralelo a la Operación Lanza del Sur, Washington busca continuar con la ampliación de las relaciones bilaterales con Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de sus fuerzas.

Este miércoles, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó el miércoles a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida cinco meses atrás. La agenda incluyó reuniones con altos dirigentes del gobierno interino venezolano, según informó en un comunicado el portavoz del Estado Mayor, Joe Holstead.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se encontraba ausente del país en un viaje oficial a India durante la visita de Caine. El general sostuvo “conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino”, además de realizar una visita a la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada estadounidense, de acuerdo con el parte oficial.

En meses recientes, otros altos mandos militares estadounidenses visitaron Venezuela. El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, registró dos viajes tras la captura de Maduro el 3 de enero, episodio marcado por una incursión de fuerzas estadounidenses y bombardeos en la capital venezolana y zonas aledañas. Donovan visitó el país por última vez el 23 de mayo durante una actividad de respuesta militar en la embajada de Estados Unidos en Caracas, a la que arribó a bordo de una de las aeronaves empleadas en el operativo.

(Con información de AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción y sostuvo que parte de las movilizaciones que mantienen bloqueadas amplias zonas del país están siendo alimentadas con recursos vinculados al narcotráfico.

Durante un acto oficial en el que tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario afirmó que la iniciativa busca otorgar mayor respaldo institucional y seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en escenarios de emergencia, especialmente ante la situación que enfrentan ciudades como La Paz y El Alto, afectadas por más de un mes de bloqueos.

“Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al parlamento y espero que pronto sea resuelta”, declaró Paz. Según explicó, la propuesta tiene como objetivo “fortalecer” la actuación de las fuerzas de seguridad bajo una lógica de asistencia a la población.

El presidente insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar el abastecimiento de bienes esenciales. “La gente necesita alimentos, medicina, combustibles. No vamos a dudar en aplicar el programa de acción humanitaria junto a la Policía y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Las protestas, impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas y grupos afines al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen bloqueos en distintos puntos del país y exigen la renuncia del mandatario. La situación ha generado problemas de abastecimiento, restricciones en el transporte y dificultades para el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.

Paz sostuvo que el conflicto actual va más allá de las reivindicaciones sociales y aseguró que detrás de algunas movilizaciones existen intereses vinculados al crimen organizado.

“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, señaló.

El mandatario afirmó que las autoridades cuentan con elementos que respaldan esas acusaciones y aseguró que también existen indicios sobre la participación de personas cercanas al ex presidente Morales en la organización de las protestas. Sin embargo, evitó ofrecer detalles específicos sobre las investigaciones en curso.

Al mismo tiempo, Paz buscó diferenciar a quienes participan en manifestaciones por reclamos sociales de aquellos sectores que, según dijo, intentan desestabilizar el sistema democrático. Por ese motivo, reiteró su invitación al diálogo.

“Hemos dado respuesta inmediata y los hemos convocado para tener un diálogo franco abierto”, manifestó. Luego añadió que la posibilidad de avanzar hacia una solución negociada depende ahora de los dirigentes movilizados. “Ya depende de ellos la prontitud de poder estar junto a ese diálogo con el presidente, con los ministros”, afirmó.

El Gobierno también pidió la apertura de corredores humanitarios para permitir el ingreso de combustible, medicamentos y alimentos a las zonas más afectadas por los cortes de rutas.

“Dejemos abiertos los corredores humanitarios”, reclamó Paz, quien aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a activar nuevas operaciones para garantizar el tránsito de suministros esenciales.

Las tensiones aumentaron después de que dirigentes reunidos en un cabildo en la ciudad de El Alto rechazaran una convocatoria impulsada por la Iglesia para establecer una mesa de diálogo orientada a pacificar el país.

En ese contexto, el presidente describió la situación actual como uno de los desafíos más importantes que enfrenta su administración. “Esta es la batalla de todas las batallas”, afirmó.

Paz también denunció la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde el exterior y aseguró que las redes sociales están siendo utilizadas para profundizar la polarización política.

“Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia”, sostuvo al referirse a la difusión de contenidos que, según su visión, buscan dividir a la sociedad boliviana.

(Con información de Europa Press)

La Policía Nacional de República Dominicana, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), realizó un operativo en Santo Domingo Norte que concluyó con la incautación de cuatro pacas de marihuana, cuatro paquetes de presunta cocaína y más de cinco millones de pesos dominicanos en efectivo (más de 85,973.85 dólares). Durante el procedimiento, las autoridades también detuvieron a tres personas para fines de investigación y decomisaron armas de fuego, balanzas, prendas de valor, una camioneta y máquinas tragamonedas.

El operativo, desarrollado en coordinación con representantes del Ministerio Público, se llevó a cabo de manera simultánea en varios sectores del municipio. La intervención permitió ocupar tres pistolas, un revólver, dos balanzas presuntamente utilizadas para el pesaje de sustancias ilícitas, diversas prendas de color dorado y una camioneta marca Honda CR-V de color azul. Además, los equipos actuantes incautaron ocho máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular en los inmuebles intervenidos.

La Policía Nacional informó que las evidencias fueron debidamente levantadas y serán remitidas a los organismos correspondientes para los análisis y procedimientos legales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Este operativo se suma a una serie de acciones desarrolladas durante el año por las autoridades dominicanas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Durante los primeros meses del año, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional han realizado numerosos allanamientos en distintas provincias, logrando incautaciones relevantes de drogas y arrestos de personas vinculadas a redes de tráfico.

En enero, miembros de la DNCD decomisaron más de 200 kilogramos de cocaína en un operativo realizado en la provincia de San Pedro de Macorís, donde también fueron detenidas cinco personas consideradas de interés para la investigación. En febrero, un trabajo conjunto entre la DNCD y la Armada permitió interceptar una embarcación en la costa de Barahona con 150 kilos de marihuana y tres tripulantes detenidos. Ese mismo mes, en Santiago, la Policía Nacional ocupó 80 paquetes de cocaína en una vivienda, donde también se hallaron armas de alto calibre y dinero en efectivo.

En marzo, las autoridades reportaron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Boca Chica, donde se producían sustancias controladas y se incautaron productos químicos, equipos de procesamiento y una cantidad significativa de drogas listas para su distribución. La operación resultó en la captura de cuatro individuos, presuntos integrantes de una red dedicada a la elaboración y distribución de estupefacientes en el Gran Santo Domingo.

Durante abril y mayo, las fuerzas de seguridad intensificaron los patrullajes y allanamientos en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. En esos meses, se incautaron más de 300 kilos de diferentes tipos de drogas en operativos realizados en La Romana, Puerto Plata y el Distrito Nacional. Además, se recuperaron vehículos, armas de fuego y sumas importantes de dinero en moneda local y extranjera.

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso de mantener la presión sobre las estructuras dedicadas al tráfico ilegal de sustancias. Los operativos, que suelen realizarse en coordinación con el Ministerio Público, buscan no solo el decomiso de drogas, sino también la identificación y desarticulación de las redes que operan en el país.

La incautación realizada en Santo Domingo Norte refuerza la estrategia de las fuerzas de seguridad para enfrentar el narcotráfico y otras actividades ilícitas que afectan a la población. La Policía Nacional y la DNCD han solicitado la colaboración ciudadana para denunciar actividades sospechosas y contribuir con las investigaciones en curso.

Las evidencias y los detenidos relacionados con los operativos serán procesados conforme a lo establecido por la ley, mientras se mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles vínculos con organizaciones criminales nacionales e internacionales.

Un operativo de la Guardia Costera de Estados Unidos permitió incautar 690 kilogramos de cocaína en una embarcación localizada a 14 kilómetros al este de Government Cut, cerca de Miami Beach. El cargamento fue interceptado a principios de mayo por la tripulación de la Estación Miami Beach, según informaron las autoridades.

Las autoridades dejaron la droga, distribuida en numerosos paquetes, bajo resguardo federal tras el hallazgo. Este decomiso se suma a los operativos contra el tráfico marítimo de estupefacientes en el área en lo que va del año, según confirmaron voceros de la Guardia Costera a medios locales.

Los agentes indicaron que la acción formó parte de una misión antidrogas de rutina. El operativo tuvo lugar sobre aguas del Atlántico, a poco más de 14 kilómetros al este de la entrada del Puerto de Miami, en una zona frecuentada por embarcaciones comerciales y de recreo.

La tripulación de la Estación Miami Beach de la Guardia Costera localizó la embarcación sospechosa y la inspeccionó y encontró la droga oculta a bordo, según datos publicados por la agencia federal en su cuenta oficial de X.

Qué se sabe sobre el cargamento y su valor

El lote incautado pesaba 690 kilogramos. El valor estimado de la droga superó los USD 11.000.000, según la tasación oficial divulgada por la Guardia Costera y reproducida por medios como NBC Miami y Telemundo 51 el 2 de junio.

El hallazgo resultó de una inspección rutinaria dentro de las operaciones de control y patrullaje que realiza la Guardia Costera en la región. Los oficiales no detallaron el destino final de la embarcación ni el origen exacto del estupefaciente, aunque subrayaron que el tráfico de drogas por vía marítima constituye una de las mayores amenazas en la costa de Florida.

Por qué se realizó la operación y cuál es el contexto

La Guardia Costera mantiene operativos permanentes en el Atlántico para frenar el ingreso de cargamentos ilícitos por rutas marítimas cercanas a Miami, utilizadas por organizaciones criminales para introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

Según el comunicado oficial: “Desde misiones antidrogas hasta operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas, las tripulaciones del Distrito Sureste continúan preparadas para proteger al pueblo estadounidense”. Así lo expresó la agencia en redes sociales tras difundir la noticia.

Las autoridades federales advirtieron que el control sobre el tráfico en la zona se ha intensificado, lo que ha permitido decomisos durante el año.

Cómo se desarrolló el procedimiento

La tripulación de la estación Miami Beach detectó y abordó la embarcación en horas de la mañana del lunes 6 de mayo, aunque la información se hizo pública un mes después, cuando la Guardia Costera divulgó imágenes del decomiso.

Tras la inspección, los oficiales hallaron la droga distribuida en múltiples paquetes, aunque no trascendieron detalles sobre la cantidad de personas detenidas ni sobre el tipo de embarcación usada.

Tras el hallazgo, las autoridades trasladaron el cargamento a puerto seguro y procedieron a entregarlo a las instancias correspondientes para su destrucción y para la continuación de la investigación judicial.

Qué dice la Guardia Costera sobre este tipo de operativos

El comandante de la Guardia Costera en el Distrito Sureste dijo: “las tripulaciones permanecen listas para proteger a la población estadounidense” y resaltó la importancia de estos operativos en la lucha contra el narcotráfico.

La agencia compartió imágenes del decomiso en redes sociales, y subrayaron que el resultado como parte de sus misiones habituales en el Atlántico.

Qué consecuencias tiene el decomiso

La incautación de esta carga representa un golpe económico para las redes de tráfico de drogas que operan en la región. Además, refuerza la presencia y el accionar de la Guardia Costera en las rutas marítimas cercanas a Miami, donde el tráfico de estupefacientes se mantiene como una prioridad en la agenda de seguridad nacional.

Según los agentes federales, la vigilancia constante y la cooperación entre agencias permiten resultados exitosos.

En el norte de Entre Ríos, un operativo policial resultó en el secuestro de más de 250 kilos de cocaína, cuya carga supera los diez millones de euros en el mercado europeo.

El procedimiento, considerado uno de los más importantes en la historia provincial en materia de incautación terrestre, fue presentado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien subrayó el valor de las políticas de control implementadas en los accesos a la provincia y el accionar conjunto de la Policía de Entre Ríos y la Justicia Federal.

El gobernador Frigerio remarcó que el resultado se logró gracias a una estrategia de seguridad orientada a reforzar los controles fronterizos desde el inicio de su gestión. “Identificamos diez lugares estratégicos y los controlamos como nunca antes en la historia y este resultado es producto de estar en el territorio”, expresó durante la presentación. Además, agradeció el acompañamiento de la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, quien interviene en la causa.

La droga incautada, repartida en 250 paquetes de cocaína, representa un cargamento que, de no haber sido interceptado, habría llegado a miles de consumidores. “Ya no va a llegar a ningún hogar”, sostuvo Frigerio, quien también destacó la colaboración entre la fuerza policial y el Poder Judicial como clave para el éxito del procedimiento.

El operativo se desplegó en el puesto caminero ubicado en el kilómetro 130 de la Ruta Provincial 28, cerca del límite con Corrientes. Dos efectivos policiales se encontraban realizando controles de tránsito cuando interceptaron un vehículo Mercedes Benz de alta gama ocupado por dos hombres. Durante el procedimiento de identificación, los agentes notaron un comportamiento nervioso en los ocupantes y visualizaron varios bolsos en el asiento trasero.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, relató que los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial, lo que derivó en una persecución que se extendió hasta la Ruta Provincial 1 en jurisdicción de Feliciano. Durante la huida, los ocupantes arrojaron los bolsos con cocaína y una pistola calibre 9 milímetros. Ambos fueron finalmente detenidos por la policía.

De acuerdo a lo informado por el portal El Once, uno de los detenidos fue identificado como Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, a quien Roncaglia describió como “uno de los narcotraficantes más reconocidos que hay en la Argentina”. El funcionario agregó que Fiordelino “tiene 40 procesos judiciales, estuvo prófugo durante cinco años y siempre anda armado”. Al momento de la detención, portaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

El segundo detenido, Benjamín Ariel Maciel, es oriundo de la localidad correntina de Itatí, señalada por Roncaglia como “una zona de narcos”. Ambos sujetos permanecen actualmente encarcelados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, junto a un tercer implicado, de nombre Damián, que también fue indagado por la Justicia Federal.

Tanto el gobernador Frigerio como Roncaglia y el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacaron especialmente la actuación de los dos policías que detectaron la maniobra. Se trata de un oficial ayudante con apenas tres años de carrera y un sargento ayudante con 16 años de servicio, quienes fueron distinguidos públicamente durante el acto. Roncaglia enfatizó: “Entre los dos, no llegan a ganar tres millones de pesos, mientras que el cargamento de droga, en Europa, está valuado en diez millones de euros”.

González destacó la emoción y el compromiso de los efectivos al concretar el procedimiento, resaltando la pasión y el esfuerzo de quienes trabajan en el anonimato para proteger a la sociedad.

El ministro Roncaglia subrayó que “gracias a la atención de dos policías apostados en la ruta se originó la persecución y la interceptación de este cargamento histórico”, señalando el impacto que tuvo la alerta temprana de los uniformados en el éxito del operativo.

La jueza federal Ramponi confirmó que los tres detenidos —Fiordelino, Maciel y Damián— ya fueron indagados y que la causa continúa bajo investigación, con numerosas medidas probatorias en curso. Ramponi explicó que la Justicia cuenta con diez días hábiles para definir la situación procesal de los imputados. La magistrada remarcó la complejidad de las investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, resaltando el trabajo multidisciplinario que exige este tipo de delitos.

El secuestro de la droga, que equivale a unas 810.000 dosis según la Policía, se inscribe como uno de los mayores golpes al narcotráfico terrestre en la provincia de Entre Ríos. Solo el año pasado, recordó Roncaglia, se registró un caso de mayor volumen, aunque involucró el uso de una avioneta.

El procedimiento también implicó la incautación de más de dos millones de dólares, lo que refuerza la magnitud económica de la operación. Autoridades provinciales coincidieron en calificarlo como un hito en la lucha contra el narcotráfico a nivel local.

El gobernador Frigerio aprovechó la presentación para reiterar el compromiso de su gestión con el fortalecimiento de la seguridad. “En Entre Ríos no tienen lugar. Vamos a perseguirlos, atraparlos y ponerlos a disposición de la Justicia”, afirmó en referencia a las organizaciones narcotraficantes. Detalló la inversión en capacitación, equipamiento, conectividad, armamento, chalecos antibalas y movilidad para potenciar las tareas preventivas y de investigación.

Frigerio valoró la articulación permanente con la Justicia Federal y subrayó el orgullo por el desempeño de la Policía de Entre Ríos, a la que definió como “una de las mejores del país”. La cooperación institucional y la inversión en recursos tecnológicos han sido, según el mandatario, factores clave para impedir que el cargamento llegue a destino y para enviar un mensaje contundente a las bandas delictivas.

La investigación judicial sigue en curso y las autoridades provinciales aguardan los próximos avances del caso, que ya figura entre los mayores decomisos terrestres en la historia de la provincia, según se informó.

El presidente Gustavo Petro presentó en la noche del martes 2 de junio un balance de su política antinarcóticos y nuevamente atribuyó el aumento histórico de los cultivos de hoja de coca registrado entre 2018 y 2022 a las decisiones del gobierno de su antecesor, Iván Duque, que en su criterio abandonó los acuerdos de paz firmados con las Farc en 2016.

Durante la alocución presidencial realizada en la sede de Inravisión, el mandatario sostuvo que esa ruptura fue la causa directa de que los cultivos se dispararan más de 100% desde los niveles más bajos alcanzados durante el proceso de paz. “Esto es porque aquí se planteó hacer trizas la paz”, señalando que la desmovilización de cerca de 16.000 combatientes de las Farc durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos había llevado los cultivos ilícitos a su punto más bajo, y que la reversión de esa tendencia coincidió con el cambio de gobierno en 2018.

Según las cifras presentadas por Petro, entre 2020 y 2021 los cultivos crecieron 43% —el mayor salto registrado en el período analizado—, y aclaró que ese aumento no respondía a una intención deliberada de Duque de favorecer el narcotráfico, sino a la política de seguridad que privilegió la fuerza sobre el diálogo.

Para el período correspondiente a su administración con datos hasta abril de 2026, Petro presentó una curva de desaceleración: una tasa de crecimiento de 10% en 2023, de 3% en 2024 y cifras negativas en los cuatrimestres de 2025 y el primero de 2026. El presidente indicó que la reducción más reciente equivale a 8.821 hectáreas menos respecto al cuatrimestre anterior, y a casi 10.000 hectáreas menos frente a las 262.000 con que arrancó ese tramo final de su gobierno.

El eje de la estrategia oficial, en palabras de Petro, es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, al que se han inscrito 31.000 familias en departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander. También mencionó que de acuerdo con los trabajos de verificación por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), se erradicaron unas 8.584 hectáreas, mientras que el total de hectáreas en proceso de sustitución —incluyendo familias inscritas cuyas parcelas aún no han sido certificadas— asciende, según el gobierno, a 41.000 hectáreas. El programa, financiado exclusivamente con recursos colombianos hasta ahora, acaba de recibir el respaldo de cooperantes europeos y chinos, según informó Petro.

En materia de incautaciones, el presidente presentó cifras acumuladas que, según dijo, superan la suma de los tres gobiernos anteriores. Durante el primer período de Juan Manuel Santos se incautaron 653 toneladas; en su segundo período, 1.276; durante el gobierno de Duque, 2.029; y la actual administración lleva 3.210 toneladas con varios meses aún por delante.

En ese sentido, Petro rechazó el argumento de la oposición, que atribuye ese récord a un mayor volumen de producción. “Eso también es relativamente cierto, pero ya nuestros números indican que incautamos más que las áreas sembradas nuevas”, destacó. La consecuencia, agregó, es que “cada vez es más difícil para el narcotraficante sacar cocaína de Colombia”.

El mandatario reconoció que ese éxito en la interdicción tuvo un efecto colateral: Ecuador se convirtió en el principal corredor de exportación de cocaína producida en Colombia y Perú, al desplazarse las rutas ante la presión ejercida por las fuerzas colombianas. También advirtió sobre el desplazamiento de nuevos cultivos hacia el río Putumayo en dirección al Amazonas, con destino a Belém do Pará (Brasil) para darle salida a los cargamentos hacia Europa y África.

En el caso de Norte de Santander, Petro describió una situación dividida: en el área donde opera el ELN —con quien no hay negociaciones activas— fueron asesinados 200 campesinos, calificados por él como crímenes de lesa humanidad; mientras que en la zona del Frente 33, donde sí existe un proceso de paz, el diálogo con el Estado permitió avanzar en la sustitución.

Sobre la relación con Washington, Petro afirmó que no ha interrumpido la cooperación antinarcóticos a pesar de las tensiones diplomáticas con su homólogo Donald Trump, este valora la capacidad de incautación de las fuerzas colombianas. Señaló, no obstante, que la agenda bilateral parece haberse desplazado hacia objetivos políticos ajenos al combate al narcotráfico.

“Es garantizar que el campesinado viva próspero, no echarle fumigación y veneno y destriparlo”

En la parte final de su alocución, Petro remarcó que su política contra el narcotráfico tiene la clara intención de no repetir el ciclo de violencia que atravesó el país en otros momentos de su historia.

“Es garantizar que el campesinado viva próspero, no echarle fumigación y veneno y destriparlo, por favor. No volvamos a los tiempos de Laureano Gómez”, manifestó, haciendo una velada referencia a lo expresado por Abelardo de la Espriella con relación a “destripar a la izquierda”.

“Aquí estamos demostrando cómo un diálogo social e incluso negociación de paz puede garantizar el éxito que ya está teniendo el programa de sustitución de cultivos con el campesinado de Colombia, que ya muestra cómo disminuimos los cultivos de hoja de coca que otro gobierno, por hacer lo contrario, fumigar, quemar ranchos, bombardear, etcétera, hizo disparar”, apuntó.