Ecuador incorporó el martes tres lanchas guardacostas entregadas por Estados Unidos para reforzar sus capacidades operativas en vigilancia, control y respuesta en aguas ecuatorianas y contrarrestar el narcotráfico.

Según informó el Ministerio de Defensa, Las nuevas lanchas interceptoras tipo Eduardoño destacan por su alta velocidad y maniobrabilidad, lo que permiten interceptaciones en altamar, patrullajes intensivos y reacción inmediata ante amenazas del crimen organizado.

Su despliegue amplía el alcance operativo desde la costa hacia el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y aguas interiores, por lo que los navíos contribuyen al cierre de rutas ilícitas y al fortalecimiento de la seguridad marítima.

Esta entrega se enmarca en un acuerdo de cooperación internacional mediante el cual la administración estadounidense, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), prevé donar un total de 12 embarcaciones a la Armada de Ecuador este año, para potenciar la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales en la región.

La ceremonia de entrega de las primeras tres unidades tuvo lugar en la Base Naval Sur de Guayaquil y contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército Henry Delgado; y el comandante general de la Armada, almirante Ricardo Unda.

En la ceremonia de entrega de las lanchas guardacostas también participaron autoridades estadounidenses, entre ellas Vanessa Acker, jefa de misión encargada; Erik Martini, cónsul de EEUU en Ecuador; Charles Morrill, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley; y Dwayne Crawley, director de la DEA en el país latinoamericano.

Hace dos semanas atrás, Ecuador y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad, orientado a fortalecer las investigaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

El memorando de entendimiento, suscrito el 20 de abril de 2026 entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (HSI) y el Ministerio del Interior de Ecuador, busca ampliar el intercambio de información, la asistencia técnica y la capacitación dirigida a la Policía Nacional ecuatoriana.

El acuerdo contempla un esquema de cooperación operativa enfocado en delitos de alto impacto regional, como el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos vinculados a la explotación sexual infantil.

Las autoridades informaron que el eje central es el fortalecimiento de las capacidades investigativas a través del acceso oportuno a inteligencia compartida y el desarrollo de herramientas técnicas para desarticular estructuras criminales con alcance internacional.

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence J. Petroni, destacó que el acuerdo apunta a “desarticular estructuras criminales y llevarlas ante la justicia”. Por su parte, el agregado de HSI, Héctor Quintana, subrayó que el compromiso refleja las prioridades estratégicas compartidas por ambos gobiernos en materia de seguridad.

Desde el Gobierno ecuatoriano, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó el intercambio seguro y oportuno de información es clave para mejorar la eficacia de las investigaciones y la coordinación interagencial.

En un mensaje público, subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos se fundamenta en la confianza mutua y en intereses compartidos en materia de seguridad y desarrollo.

El memorando forma parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional impulsada desde Quito, que incluye la participación en iniciativas regionales como el programa “Escudo de las Américas”, dirigido a enfrentar redes criminales que operan a escala transnacional.

Estados Unidos es uno de los principales aliados de Ecuador en la lucha contra organizaciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico. Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar las acciones contra las bandas criminales, clasificadas oficialmente como “terroristas”.

A pesar de esta medida, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en el país, con alrededor de 9.300 casos, según cifras del Ministerio del Interior.

(Con información de EFE)

A través de un comunicado en X, el comando castrense señaló que, bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur) realizó un “ataque cinético letal” contra una embarcación operada por "organizaciones terroristas designadas“.

Durante la operación, dos sujetos, denominados “narcoterroristas” por el SOUTHCOM, fueron abatidos y no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses. El Comando Sur indicó que la narco lancha navegaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico.

La embarcación fue localizada a partir de información de inteligencia y entregada al cuerpo militar que es responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en su Área de Responsabilidad asignada, que incluye al Caribe, América Central y Sudamérica.

Washington sostiene que la iniciativa busca aumentar la presión sobre redes de narcotráfico vinculadas, según sus denuncias, con el régimen venezolano y oficialmente designadas como “organizaciones terroristas”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump sostiene que tiene derecho a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por este motivo, desde agosto de 2025 desplegó operativos militares en la zona del Caribe, que posteriormente se extendieron al Pacífico, con un saldo de un centenar de narcoterroristas eliminados.

EEUU prueba nuevos sistemas militares autónomos en medio de tensiones con Cuba

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realiza esta semana en Cayo Hueso, un islote al sur de Florida a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que emplean inteligencia artificial (IA), en un contexto de tensiones con las autoridades del régimen de la isla.

Según comunicó el Comando Sur en X, estas pruebas forman parte de los preparativos para el nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada.

El Ejército estadounidense ordenó el 21 de abril la creación de esta fuerza autónoma basada en IA, que apoyará las operaciones del SOUTHCOM en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y cumplir otras misiones.

El ejercicio militar denominado FLEX 2026, a cargo de la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en Cayo Hueso, funciona como banco de pruebas para la integración de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó SOUTHCOM.

Las maniobras, enfocadas en contrarrestar amenazas regionales, se enmarcan en una estrategia para desplegar plataformas autónomas y semiautónomas en escenarios reales.

Estos ejercicios tienen lugar en un entorno de creciente tensión ante la posibilidad de una intervención del Gobierno del presidente Donald Trump en Cuba, tras las recientes incursiones en Venezuela e Irán, y en medio de la presión económica y petrolera de Washington sobre La Habana.

Estados Unidos reforzó las sanciones contra la isla caribeña y restringió el acceso de petróleo, ejerciendo presión sobre las autoridades del régimen cubano atosigado por la falta de respuesta a la crisis humanitaria interna en Cuba.

(Con información de EFE)

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Arrestan a hombre con metanfetamina y marihuana en Michoacán

Agentes de la Guardia Civil arrestaron a un sujeto que llevaba 36 dosis de presunta metanfetamina y 31 envoltorios que contenían hierba verde al parecer marihuana; los envoltorios tenían una calcomanía alusiva a una célula criminal.

Inhabilitan invernadero de marihuana en Tequila, Jalisco, con más de 1,400 plantas

Elementos de seguridad hallaron mil 493 plantas de marihuana y 360 macetas de la misma sustancia en Tequila, Jalisco.

Agentes militares destruyeron las plantas y las macetas, además de que entregaron muestras representativas del estupefaciente a peritos especializados en la materia, mientras que el inmueble fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Detienen a siete personas con armas y drogas en Hidalgo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó el arresto de siete personas que fueron detenidas junto con armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico y sustancias con apariencia de estupefacientes.

Los arrestados fueron identificados como Y. A. A. F., E. I. J .A., I.D.H.A., S.A.A.,L.F.A.A., y E. Y. O. H., así como un adolescente de identidad reservada.

Todos fueron detenidos como resultado de un cateo en la colonia Dendho, donde había chalecos balísticos, vehículos, dos armas largas y dos armas cortas, las cuatro con cargadores abastecidos, además de chalecos balísticos y cartuchos útiles.

Ofrecen recompensa de medio millón de pesos por feminicidio en Chiapas

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, firmó un acuerdo de recompensa por la cantidad de 500 mil pesos a quien proporcione información para la localización y detención de José Manuel Rubio Santini, alias Tito, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, en el municipio de Tapachula.

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Reportan muerte de dos policías en Tamaulipas

Información compartida en redes sociales señala que habría sido asesinados dos elementos policiacos en Tamaulipas. Poco antes de las 6:30 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad lamentó la muerte de dos elementos, Marco Tulio Pizaña Torres y Vicente Toledo Ruiz.

Por su parte, a las 5:00 de la tarde la Vocería de Seguridad reportó una “situación de riesgo” en la colonia Valle Soleado de Reynosa.

Imputan a cuatro hombres tras aseguramiento de más de una tonelada de marihuana en CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana a José “N”, Jorge “N”, Javier “N” y José Armando “N”.

Cabe destacar que el arresto de dichos sujetos fue realizado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, específicamente en la colonia Lomas de PLateros, acciones que fueron informada el por el Gabinete de Seguridad el 4 de mayo.

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Procesan a cuatro sujetos por tráfico de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de Javier “N”, Brenda “N”, Israel “N” y Miguel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

En el caso de Javier “N”, Israel “N”, Brenda “N”, fueron detemionados dos meses de plazo para la investigación complementaria, y para Miguel “N”, tres.

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Detienen a sujetos con arma tras persecución en Tijuana

Agentes de seguridad de Baja California realizaron el arresto de cuatro sujetos armados en Tijuana. Los ahora capturados viajaban en un vehículo a exceso de velocidad en la colonia Mariano Matamoros.

Fueron identificados como Martin Gerardo “N”, de 45 años, Álvaro “N”, de 30 años, ambos originarios de Guasave, Sinaloa; Víctor Alonso “N”, de 22 años, de Michoacán; y Antonio “N”, de 34 años, originario de Tijuana.

“Al indicarle al conductor que detuviera su marcha, este hizo caso omiso, acelerando a tal punto de estar cerca de impactar un camión de pasajeros”, es parte del reporte oficial.

Lo anterior derivó en una persecución y detención de los sujetos, uno de los cuales llevaba un arma de fuego fajada, la cual trató de lanzarla para deshacerse de ella.

Ante esto, se inició una persecución que contó con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana. La unidad fue interceptada después de unos minutos sobre calle Nonoalcas y Bonampak, lo que permitió controlar la situación sin afectaciones a otros conductores y peatones.

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Sentencian a exrector de Universidad por secuestro agravado

Jorge Carlos “N”, quien es exrector de una universidad al sur de Guanajuato, fue sentenciado a 50 años de prisión tras ser hallado culpable de secuestro agravado, al fungir como autor intelectual del crimen

“El hoy sentenciado planeó y contrató a terceros para privar de la libertad a la víctima en agosto de 2023, al exterior de una institución educativa en Moroleón. La indagatoria estableció que el móvil del crimen fue una disputa de bienes, pues buscaba obligar al padre de la víctima a firmar documentos legales a su favor bajo amenazas contra su familia”, destaca el informe de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Cumple sentencia y lo detienen al salir del CEFERESO de Hermosillo por doble homicidio

Jonathan “N”, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) a las afueras del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 en Hermosillo, Sonora, después de que cumplio una sentencia por el delito de portación de arma de fuego.

Los hechos por los que fue asegurado fueron registrados el 29 de abril de 2012 en Durango en contra de sujetos identificados como Manuel de Jesús “N” y Jorge Magdaleno “N”, quienes fueron privadas de la libertad y posteriormente trasladadas a un camino de terracería rumbo a Rancho Nuevo, a aproximadamente cuatro kilómetros de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo.

Además, los dos sujetos fueron localizados sin vida, atadas y amordazadas. "Las indagatorias establecieron la probable participación directa del ahora detenido“. Posteriormente fue llevado a las autoridades de Durango.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer, por medio de un boletín informativo, que en atención a diversas denuncias ciudadanas donde se refieren a un grupo de personas que se dedican a la comercialización de aparente droga, efectivos de esa dependencia en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, y con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional (GN), ejecutaron tres órdenes de cateo simultáneas, detivieron a cuatro personas y aseguraron varias dosis de aparente narcótico y cartuchos útiles en la alcaldía Venustiano Caeranza.

En atención a las denuncias, los policías realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo.

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Fuentes policiales detallaron que todo comenzó cuando vecinos de barrio Samoré alertaron sobre una carpa, ubicada en un terreno baldío ubicado en Avenida Argentina entre Garmendia y Lacroze, desde donde comercializaban estupefacientes. Según señalaron, se trataba de una banda organizada que contaba con varias personas armadas y roles definidos: “sátelite”, “campana” y “soldadito”.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada, el grupo utilizaba handys para coordinar la operatoria y alertar sobre la llegada de compradores o la posible presencia policial.

Tras recolectar esta información, agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo en el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, varios sospechosos se dieron a la fuga, aunque finalmente lograron detener a dos de ellos: Luis Fernando Galarza (28) y O.D.R. (17).

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una importante cantidad de droga fraccionada y lista para la venta: 242 envoltorios de papel glacé con pasta base; 113 envoltorios de cocaína; y 27 gramos de marihuana. También incautaron 7.100 pesos en efectivo, cinco handys y un cuaderno con anotaciones.

Además, hallaron varias armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada: una escopeta calibre 12/70 —que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 5 de mayo de 2013— con siete cartuchos; una pistola tipo Beretta calibre 9 milímetros con un cargador y municiones; y una pistola Bersa calibre .22 con su respectivo cargador.

Los sospechosos quedaron detenidos e imputados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”. En paralelo, los investigadores buscan determinar si hay otros integrantes de la banda que lograron escapar durante el procedimiento.

Santa Fe registró en el primer cuatrimestre de 2026 la menor cantidad de homicidios dolosos en dos décadas, según el gobierno provincial: 48 casos en los primeros cuatro meses del año. La cifra contrasta con el pico de 172 crímenes de este tipo anotados en el mismo período de 2014 y con los 156 del primer cuatrimestre de 2023.

La tendencia descendente que muestran los números provinciales no es abrupta ni reciente, de acuerdo al relevamiento local. Tras el máximo de 2023, los registros bajaron a 84 en 2024 y a 80 en 2025, hasta llegar al mínimo actual. En términos relativos, los 48 homicidios de este año representan menos de un tercio de los contabilizados tres años atrás en igual lapso.

El dato fue presentado este lunes por la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, en una conferencia de prensa celebrada en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria atribuyó los resultados a “un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”.

En ese marco, Coudannes trazó una comparación directa con la administración anterior. Recordó que en 2023 —último año de la gestión peronista tanto en la provincia como en la Nación— se contaron 156 homicidios dolosos en el mismo cuatrimestre, y sostuvo que la reducción actual “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”. La vocera también mencionó declaraciones del entonces ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que el narcotráfico “había ganado la calle”, y formuló críticas. “Los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación y rendir cuentas a los santafesinos”, afirmó según la gacetilla oficial.

A nivel territorial, el departamento Rosario concentra la mayor parte de los casos pero también exhibe la caída más pronunciada. En el primer cuatrimestre de 2026 se registraron allí 31 homicidios, 19 menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían contado 50. El contraste con 2023 es aún más marcado: ese año, solo en Rosario se sumaron 105 víctimas en los primeros cuatro meses, más del triple que en la actualidad.

El departamento Capital anotó 10 homicidios en el período analizado, ocho menos que en 2025, cuando la cifra había sido de 18. En 2023 se habían registrado 27 casos; en 2020, 39; y en 2014, cuando la violencia alcanzó su punto más alto, la zona acumuló 54 muertes violentas en igual lapso.

En paralelo a los datos sobre homicidios, Coudannes destacó el avance de la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en territorio provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por la gestión actual. El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en el barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe. “Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la gestión”, explicó la funcionaria según el comunicado oficial.

La vocera también se refirió a la reducción de amenazas a establecimientos educativos. Indicó que la implementación del cobro de resarcimientos por los operativos derivados de esas intimidaciones tuvo un efecto disuasorio. “El jueves de la semana pasada se registraron solo seis llamados —cuatro en Rosario y dos en Santa Fe—, y durante el fin de semana se realizaron 11 notificaciones para el recupero de gastos”, detalló según el comunicado. Precisó, además, que durante la mañana del lunes no se recibió ningún aviso de ese tipo.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, propuso este 5 de mayo inhabilitar de por vida a servidores públicos que tengan vínculos con el crimen organizado.

En un mensaje publicado en su cuenta personal, Moreno sostuvo que quien colabora con delincuentes “no puede volver a ocupar un espacio que le pertenece a la ciudadanía”.

Advierte que el PRI propuso aplicar todo el peso de la ley y sostuvo que es necesario “cerrarles el paso” a los funcionarios que hayan pactado con el crimen. También señaló: “La gente está cansada de vivir con miedo” y urgió a “poner orden, defender a las familias y enfrentar al crimen con decisión e inteligencia”.

Sin embargo, esta propuesta no se ha hecho a ninguno de las dos órganos del Poder Legislativo. No hay registro de alguna similar presentada por el PRI ni en la Gaceta Parlamentaria del Senado ni de la Cámara de Diputados.

Lilly Téllez propone que partidos políticos vinculados al narco pierdan su registro

La senadora Lilly Téllez denunció el pasado 4 de mayo que Morena frena en el Senado una reforma para cancelar el registro de partidos vinculados a la delincuencia organizada, aun cuando en Estados Unidos autoridades han iniciado procesos contra funcionarios mexicanos por posibles nexos con cárteles.

Según la legisladora, la iniciativa que ella misma impulsó obligaría incluso a la remoción de servidores públicos que incumplan con la investigación y sanción de delitos electorales cometidos por el narcotráfico, como establece el documento enviado a comisiones legislativas el pasado 29 de abril.

La propuesta de la senadora del PAN reforma varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para definir como violaciones “graves y determinantes” toda intervención del crimen organizado en los comicios.

Se incluirían prácticas que van desde el financiamiento de campañas hasta la intimidación de candidatos, amenazas a autoridades electorales y el uso generalizado de violencia para obstaculizar las votaciones.

En los artículos transitorios, se ordena a la FGR la creación de un protocolo especial para investigar delitos electorales cometidos por la delincuencia organizada. El mecanismo estaría obligado a dar protección a testigos, denunciantes y colaboradores para fortalecer las indagatorias contra este tipo de delitos.

El documento advierte que si el Fiscal General, el Fiscal Especializado o cualquier servidor público adscrito incumple estas tareas sin justificación, incurriría en causa grave de responsabilidad administrativa. El funcionario podría ser destituido y también enfrentar sanciones penales.

El PRI exige al INE cancelar el registro de Morena por supuestos vínculos criminales

“Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció que la organización presentará una denuncia para solicitar la cancelación del registro de Morena ante el INE, argumentando que el partido en el poder opera como un “narcopartido”.

La declaración, realizada en entrevista con Azucena Uresti, surgió tras recientes señalamientos en Estados Unidos que vinculan a funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa.

Moreno sostuvo que el PRI buscará que Morena sea impedido legalmente de participar en procesos electorales al ser considerado una estructura criminal.

La incautación de 1,672 paquetes de presunta droga, el decomiso de tres embarcaciones y la aprehensión de cuatro hombres marcaron el resultado de cuatro operaciones antidrogas ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en distintas zonas del país, en un contexto de refuerzo de los controles marítimos en el Pacífico Central y el Caribe panameño.

Las acciones se desarrollaron en Panamá Oeste, Colón y Coclé, como parte de una estrategia orientada a interrumpir rutas del narcotráfico y reducir el flujo de sustancias ilícitas que transitan por el territorio nacional.

La primera operación se realizó al sur de Playa La Ermita, en el distrito de San Carlos, donde unidades aeronavales detectaron una lancha artesanal con dos ocupantes en actitud sospechosa. Durante la inspección se ubicó un bulto con presunta droga, además de un paquete adicional y un envoltorio plástico, lo que motivó la retención inmediata de la embarcación.

Los tripulantes, junto con los indicios recabados, fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, que asumió las investigaciones correspondientes.

En una segunda intervención, desarrollada al norte de Portobelo, provincia de Colón, las autoridades lograron la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita y el aseguramiento de otra embarcación sospechosa con dos tripulantes.

Tras un seguimiento marítimo y posterior interdicción, se confirmó la presencia del cargamento ilegal y se procedió con la aprehensión de los ocupantes, quienes quedaron a órdenes del Ministerio Público.

El caso fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, reforzando la articulación institucional en este tipo de operativos.

La tercera operación se concentró en la playa de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, donde unidades en tierra ubicaron 621 paquetes de presunta droga dispersos a orilla de playa, lo que evidencia el uso de métodos de abandono de carga para evadir a las autoridades.

La sustancia fue asegurada en el lugar y posteriormente trasladada a la Base Aeronaval de Aguadulce, bajo la supervisión de la Fiscalía de Drogas de Coclé, donde se realizó el conteo oficial del decomiso como parte del proceso investigativo.

En una cuarta acción, desarrollada en el sector de El Salado de Aguadulce, unidades aeronavales detectaron una embarcación que intentaba ingresar a un río, cuyos ocupantes huyeron hacia un manglar cercano al notar la presencia de las autoridades.

La nave fue abandonada y posteriormente asegurada, encontrándose en su interior 350 paquetes de presunta sustancia ilícita, que fueron trasladados igualmente a la Base Aeronaval de Aguadulce por instrucción de la Fiscalía de Drogas, consolidando así uno de los decomisos más relevantes de la jornada.

A estos resultados se suma un operativo paralelo ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, denominado Operación Mustang, desarrollado en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

Durante un control rutinario, los agentes realizaron un registro exhaustivo a un vehículo tipo mula, donde detectaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, que contenían un total de 125 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales, junto con la evidencia incautada.

Detenidos por microtráfico

En paralelo, las autoridades también reportaron avances en la lucha contra el microtráfico, un fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana. En lo que va de 2026, un total de 108 personas han sido condenadas por este delito, mientras que 20 individuos permanecen en detención preventiva por un período de seis meses.

Estas acciones han permitido el decomiso de 7,888 carrizos de cocaína, 1,883 bolsitas de marihuana, 338 pastillas de éxtasis, 274 bolsitas de crispí y 613 fragmentos de piedra, evidenciando la magnitud del mercado local de drogas.

Además de las sustancias ilícitas, las autoridades han incautado balanzas digitales, materiales de embalaje y otros indicios vinculados a la distribución de drogas al menudeo, lo que apunta a la desarticulación de redes locales dedicadas a este tipo de actividad.

La Policía Nacional que continuará con estos operativos, en conjunto con el Ministerio Público, como parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico en todas sus escalas, desde el tráfico internacional hasta la venta en comunidades.

Una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) captó en grabaciones a dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia mientras pactaban envíos de cocaína hacia Norteamérica y Europa, en sociedad con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación revelada por Noticentro1, la operación detectó el involucramiento directo de uniformados en las transacciones y logística del narcotráfico internacional, lo que revela el alcance de la infiltración de redes criminales en las instituciones de seguridad y anticipa un proceso judicial sin precedentes en la cooperación entre ambos países.

La indagación comienza en julio de 2023, cuando el organismo norteamericano documentó la incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Amberes (Bélgica), tras el seguimiento minuto a minuto del envío ilegal desde Colombia, incluido el detalle de los contenedores y embarcaciones, según los documentos enviados a la justicia colombiana y citados por el noticiero nacional.

“Las autoridades del orden público llevaron a cabo vigilancia antes, durante y después de ambas reuniones entre sujeto indagado y testigo cooperante 1”, añadieron.

Este decomiso singulariza la magnitud operativa de las alianzas entre funcionarios y carteles, y constituye la base del proceso judicial en marcha, según explicó la DEA.

La investigación iniciada por la DEA halló que al menos dos oficiales, uno de ellos identificado como el mayor Andrés Osorio, formaban parte de la nómina tanto del Clan del Golfo como de Los Pachenca (también conocidos como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Acsn).

“Estaba brindando servicios a algunas de las Organizaciones de Tráfico de Droga más grandes de Colombia, conocidas por importar cocaína a los Estados Unidos”, destacó la DEA.

De acuerdo con los documentos remitidos a tribunales colombianos, Osorio y otro uniformado utilizaban su posición para facilitar el paso de grandes cargamentos de droga, operando en favor de organizaciones criminales conocidas por enviar cocaína a Estados Unidos.

“Se comunicaba directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de droga y, para su beneficio financiero personal, usaba su posición de confianza pública y procesos legales en Colombia para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia en nombre de otras Organizaciones de Tráfico de Droga”, destacó la DEA en el informe.

Durante las conversaciones intervenidas por la DEA, Osorio expresó abiertamente su intención de expandir el alcance de la estructura delictiva. “Quiero hacer crecer la organización criminal y podemos llegar a ser imparables”, manifestó el alto oficial en las conversaciones reveladas por el medio citado.

De igual forma, la DEA indica que, durante las conversaciones grabadas, se coordinó el envío adicional de tres toneladas de cocaína desde Colombia, además del cargamento incautado en Bélgica.

“En una conversación grabada, sujeto indagado explicó que los propietarios de la cocaína querían que los oficiales corruptos facilitaran el despacho de tres toneladas de cocaína desde Colombia adicionales”, destacó la agencia estadounidense.

Los agentes demostraron con estas pruebas cómo los funcionarios aprovechaban su capacidad de controlar procesos administrativos y de seguridad portuaria para el beneficio económico personal y de las bandas.

Este testimonio, junto con las evidencias materiales, refuerza la hipótesis de que los oficiales aportaban al desarrollo logístico y estratégico del tráfico internacional.

Esta estructura ilegal también generó una fortuna para los implicados: sus bienes, valorados en miles de millones de pesos, están bajo evaluación de la Fiscalía.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano avaló la extradición de uno de los oficiales implicados en la red ilegal para que responda ante la justicia internacional por sus delitos.

Las diligencias se centran en identificar a quienes, además de Osorio, formaban parte de la red de complicidad interna, con el propósito de desarticular los canales de corrupción utilizados por los carteles para asegurar el tránsito de droga a destinos internacionales.

Las pruebas presentadas por la DEA y la Fiscalía evidencian la colaboración sistemática entre agentes del orden y narcotraficantes para el envío de cargamentos a gran escala, el manejo de recursos financieros derivados del tráfico ilícito y la puesta en marcha de mecanismos para burlar los controles legales en los puertos de Colombia.

La violencia narco llegó a un nivel extremo en San Martín, con una ola de asesinatos casi sin precedentes en la historia reciente del Conurbano. Un nuevo estudio de reveló que los homicidios en la jurisdicción crecieron más del doble en el último año.

El trabajo, elaborado por el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín, una iniciativa del Núcleo de Estudios sobre Violencias -que depende del IDAES y la Universidad Nacional de San Martín- determinó que hubo 20 homicidios dolosos registrados entre enero y marzo de este año.

Esta cifra representa el 48,8% del total anual registrado en 2025, concentrado en un solo trimestre. Así, se produjo un incremento interanual del 122,22% respecto al mismo período de 2025. El dato es un salto en la curva. El Ministerio Público Fiscal registró 89 expedientes de homicidios dolosos en 2023 en la jurisdicción. El número subió a 92 al año siguiente.

La nueva tasa de asesinatos es de 4,44 cada 100 mil habitantes. El número, según el informe, triplica la media bonaerense.

El 75% de los hechos en 2026 se inscribe en la lógica del negocio de la droga, con víctimas de ataques por el control del territorio o personas asesinadas por error en ataques sicarios.

El informe, por su parte, será presentado mañana en el Auditorio Tanque de la UNSAM, con un panel de especialistas liderado por Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

Leo Grosso, ex diputado y actual referente de Futuro San Martín, que impulsa el Observatorio, afirma:

“No podemos naturalizar que en apenas tres meses tengamos 20 homicidios en San Martín y que más de la mitad queden en la impunidad absoluta. El narco avanza a paso firme ocupando el vacío que deja el Estado. De esas 20 víctimas, la enorme mayoría son pibes de nuestros barrios que terminan siendo usados como carne de cañón en las disputas territoriales por la droga”.

Una figura clave en la Justicia federal, acostumbrado hace más de una década a la investigación de las bandas, asevera: “Esto siempre fue lo mismo. Muy pocos toman nota”.

María Ramírez, abuela de Chiara Ramírez, será parte del panel en la presentación. El caso de Chiara fue una insignia de la violencia en la zona. Fue asesinada de un tiro en la nuca en septiembre de 2021 en Villa Hidalgo, José León Suárez, a la salida en una fiesta, en plena pandemia del coronavirus.

Alejo Joel Saucedo, de 19 años, fue condenado a 20 años de prisión dos años después. La investigación determinó que Chiara quedó atrapada en medio de una pelea a tiros.

Mientras tanto, la escena narco de San Martín se extiende más allá de focos históricos como la zona de Billinghurst, controlada por el capo “Mameluco” Villalba -hoy enfermo de cáncer en el penal federal de Rawson, donde cumple una condena de 27 años de cárcel- y su clan familiar. Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pey”, acusado de ser un traficante de la villa La Cárcova, vinculado a Hugo Bigeon, policía de la fuerza provincial condenado por corrupción, fue fue detenido por la Policía Bonaerense luego de semanas de vigilancia encubierta.

Los viejos nombres siguen. Días antes, la Superintendencia de Delitos Complejos de la Bonaerense había allanado “Colorado El 32″, el histórico maxikiosco ligado a Villalba, convertido en cueva financiera.

Las autoridades judiciales costarricenses han autorizado la extradición de Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, quien será enviado a Estados Unidos por sospechas de encabezar una red internacional de tráfico de cocaína, informó la agencia EFE.

Lozano, de origen colombiano y nacionalizado costarricense, permanecía detenido desde enero, según acreditó el Ministerio Público.

El Tribunal Penal de San José respaldó el proceso tras verificarse el cumplimiento de los requisitos legales, incluida la presentación por parte de Estados Unidos de garantías formales que protejan los derechos fundamentales del extraditable.

Entre las garantías exigidas, se encuentra que la posible condena no exceda los 50 años, el límite máximo previsto por la legislación costarricense.

En el ámbito local, las investigaciones establecen que Lozano también estaría implicado en el envío de cargamentos de cocaína hacia Europa y Asia. Las pesquisas detallan que la droga era encubierta en botellas de bebidas dentro de contenedores marítimos, una estrategia que actualmente ha ganado notoriedad.

Extradiciones tras la reforma constitucional

La reforma constitucional adoptada en mayo de 2025 habilita a Costa Rica a extraditar nacionales exclusivamente en casos de narcotráfico o terrorismo.

Tras la modificación, cerca de 20 ciudadanos costarricenses han sido requeridos por otros países, principalmente por Estados Unidos, para enfrentar procesos judiciales vinculados con drogas.

Hasta el momento, han sido entregadas tres personas. El primer caso incluyó al exministro de Seguridad, exmagistrado y exdirector de Inteligencia Celso Gamboa, y a su colaborador Edwin López, conocido como Pecho de rata. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos el 20 de marzo para afrontar cargos relacionados con narcotráfico.

El tercer extraditado, José Johnny Angulo, alias John Cadenas, fue enviado a Italia el 27 de abril, país en el que es acusado por el envío de cocaína en contenedores con destino a la Ndrangheta, organización mafiosa.

Primera mujer extraditada

Las autoridades de Costa Rica detuvieron el 13 de marzo de 2026 en Paso Canoas, Puntarenas, a Indira Zúñiga, conocida como “La Güera”, tras una operación conjunta con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Este caso marcó el primer proceso de extradición para una mujer costarricense por cargos de tráfico internacional de drogas, según informaron Telediario.cr y Teletica.com, que citan fuentes oficiales.

Junto a Zúñiga también fue arrestado su compañero sentimental, identificado por el apellido Viveros Viveros, de origen colombiano y nacionalidad costarricense, durante un operativo desarrollado en Escazú, San José.

Según los reportes citados de las mismas fuentes, ambos estarían asociados al Cártel de Sinaloa de México y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), formando parte de una organización que, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, presuntamente exportó grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos a través de rutas que involucraban Colombia, Panamá y México.

La DEA y autoridades costarricenses indicaron que la estructura criminal atribuida a Zúñiga y Viveros operaba con vínculos internacionales, detallando que la actual reforma constitucional, promulgada en 2025, fue fundamental para ejecutar la extradición solicitada por la justicia estadounidense.

Costa Rica como punto clave en rutas del narcotráfico

Las redes globales de narcotráfico han consolidado a Costa Rica como un nodo logístico para el almacenamiento y posterior reenvío de cargamentos hacia Estados Unidos y Europa. De acuerdo con fuentes oficiales, grupos criminales emplean contenedores marítimos para transportar las sustancias, lo que ha provocado un aumento de operativos y decomisos en los principales puertos nacionales.

La extradición de Gabriel Lozano Bonilla se enmarca en la colaboración creciente entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de seguridad. En marzo, el país centroamericano se integró a la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es intensificar la lucha regional contra los carteles de la droga.

El proceso de extradición de Lozano Bonilla fue definido por la resolución del Tribunal Penal de San José y limita su eventual condena a un máximo de 50 años, conforme a la ley costarricense.

La condena de Claudia Mercedes Barraza de Amaya a 60 años de prisión marca el desenlace de un caso de estafa que afectó a un grupo de personas en el distrito de Zacatecoluca, en el oriente de El Salvador.

La sentencia incluye el pago de USD 13,000 en concepto de responsabilidad civil, con el propósito de resarcir a quienes confiaron y entregaron dinero bajo la promesa de una oportunidad laboral en España.

De acuerdo con la investigación judicial, la acusada ofreció a doce personas —seis hombres y seis mujeres— la posibilidad de viajar a Europa para trabajar, solicitando montos de entre USD 700 y 1,800 por interesado. El monto total recaudado alcanzó los USD 13,000.

Barraza de Amaya proporcionó formularios de una supuesta empresa extranjera y aseguró que, si más personas se sumaban al proyecto, el costo del viaje sería menor.

El hecho ocurrió en 2012. Una vez que la acusada tuvo el dinero, dejó de responder a las consultas de quienes buscaban información sobre el viaje. Al no recibir respuestas, las víctimas acudieron a las autoridades y presentaron la denuncia, lo que dio inicio al proceso penal.

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República, determinando la responsabilidad penal de Barraza de Amaya. El fallo estableció cinco años de cárcel por cada víctima, sumando seis décadas de condena, además de la obligación de pagar el monto estafado.

Detención provisional para cuatro acusados de delitos de droga en San Salvador

La Fiscalía General de la República logró que Jennifer P. F. y Alirio R. T. permanezcan en detención provisional por tráfico ilícito de drogas. A ellos se suman Diego R. A. y Jairo B. H., procesados por posesión y tenencia de estupefacientes, mientras el caso avanza hacia la etapa de instrucción.

Los cuatro fueron capturados el 18 de abril durante registros con orden judicial en diferentes bares de San Salvador. El fiscal del caso detalló que a Jennifer y a Alirio se les incautaron varias porciones de cocaína, mientras que a Jairo se le decomisó una porción en el mismo establecimiento. En un club ubicado sobre el bulevar del Hipódromo, Diego fue arrestado con pequeñas cantidades de droga.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 207 gramos de cocaína, valorados en USD 5,045.80. La detención provisional permitirá a la Fiscalía fortalecer el expediente y asegurar la presencia de los procesados mientras se reúne más prueba para la causa penal.

Condena de 19 años de prisión por estafa y falsedad material en San Salvador

El Tribunal Quinto de Sentencia impuso una condena de 19 años de prisión a Jonathan Alexander Molina tras comprobar que se adueñó ilegalmente de un vehículo y lo vendió utilizando documentos falsificados. Además, deberá pagar USD 5,000 a la víctima como compensación.

Según la Fiscalía General de la República, a mediados de 2020 Molina firmó un contrato de promesa de venta de un automóvil reciente, fijando una fecha para que el bien le quedara en legal propiedad. Sin embargo, el imputado nunca completó el pago ni cumplió con los términos acordados.

Durante ese periodo, Molina falsificó la firma del propietario original y vendió el automóvil a un tercero. La víctima descubrió el fraude al intentar renovar la tarjeta de circulación, momento en que fue notificada de que el auto ya figuraba registrado a nombre de otra persona.

La Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron demostrar la apropiación indebida, la estafa y la falsedad material. La sentencia busca sancionar la conducta delictiva y restituir parte del daño ocasionado a la persona afectada.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada por la Casa Blanca, introduce un giro en las políticas antidrogas de Estados Unidos al adoptar un enfoque de mayor agresividad, alcance global y prioridad en la seguridad nacional.

Este nuevo marco ubica a Colombia nuevamente en el centro del debate internacional, al tiempo que refuerza la ofensiva contra el tráfico de fentanilo, responsable de un incremento sostenido en las muertes por sobredosis en el país norteamericano, que han superado las 100.000 víctimas anuales, según el diagnóstico oficial difundido por la administración de Washington.

Un elemento diferenciador de esta estrategia radica en la decisión de clasificar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Este cambio amplía las herramientas legales, financieras y operativas del gobierno estadounidense y permite incrementar la presión internacional contra los responsables de la cadena global del narcotráfico.

La nueva política de Estados Unidos no apunta solo a la gestión del problema, sino a “ganar la crisis”, según especifica el informe divulgado por la Casa Blanca. El documento pone el foco en dos grandes líneas de acción: reducir la oferta global de drogas mediante el desmantelamiento de redes criminales en múltiples países, y disminuir la demanda interna a través de programas de prevención, tratamiento y recuperación.

El texto oficial destaca que esta nueva arquitectura busca neutralizar las rutas de tráfico, eliminar laboratorios clandestinos y golpear las finanzas de las organizaciones, utilizando desde inteligencia hasta sanciones económicas. El fenómeno del narcotráfico es entendido no como un hecho local sino como una red que abarca producción, financiación, transporte y distribución, distribuida en puntos clave de América y Asia.

Colombia como pieza estratégica en la lógica transnacional del nuevo plan de acción de Estados Unidos

En el documento se señala taxativamente que Colombia sigue siendo la fuente principal de cocaína que abastece el mercado estadounidense, puesto que la producción y el flujo de esa droga no solo se mantienen, sino que aumentaron en volumen. Este repunte supone un desafío fundamental para las autoridades de Estados Unidos y se traduce en una presión directa sobre el gobierno colombiano para incrementar la reducción de cultivos ilícitos y desarticular las redes de tráfico, de acuerdo con el informe.

La estrategia de Estados Unidos exige a Colombia y otros países productores asumir una responsabilidad ampliada y explícita en el combate contra la producción y exportación de drogas.

En el caso colombiano, la nueva hoja de ruta apunta a tres metas principales: reducir las áreas sembradas de coca, atacar las estructuras criminales internas y cortar las cadenas de exportación. Estos lineamientos retoman aspectos clásicos de la interdicción y erradicación, aunque integrados ahora en una lógica de seguridad internacional.

El documento también advierte que la cooperación bilateral entre Washington y Bogotá será evaluada bajo criterios estrictos de resultados. Incluso, la Casa Blanca expresó que utilizará “herramientas diplomáticas, económicas y legales” para presionar a los países que no presenten avances medibles en la lucha antidrogas.

Red global: actores, rutas y precursores bajo vigilancia reforzada

La ofensiva no se limita a América Latina. La estrategia nacional amplía su campo de acción hacia actores fundamentales en la estructura global del narcotráfico. A la par, destaca el señalamiento de China e India como principales orígenes de los precursores químicos cruciales para la fabricación de fentanilo, mientras adjudica a México el rol de principal centro de producción de opioides sintéticos. El reporte subraya también la referencia a Canadá y el Caribe como ejes relevantes en las rutas de tránsito hacia territorio estadounidense.

En línea con este enfoque integral, la administración estadounidense planteó fortalecer la cooperación internacional para erradicar cultivos, destruir laboratorios y debilitar organizaciones criminales. La cooperación con Colombia adquiere así un carácter estratégico y, según lo reflejado en el documento, estará sometida a mayores exigencias y escrutinio.

Un aspecto distintivo de la estrategia publicada por la Casa Blanca es la insistencia en el uso intensivo de tecnología avanzada: inteligencia artificial, análisis de datos masivos y sistemas de vigilancia de última generación serán empleados para identificar nuevas amenazas y anticipar movimientos del narcotráfico. Esta metodología se complementa con un endurecimiento de los controles al comercio internacional, especialmente al monitoreo del envío de paquetes pequeños, método frecuentemente explotado por redes criminales.

El plan prevé cerrar las brechas legales y operativas que han favorecido el crecimiento del tráfico ilícito. Entre las medidas destaca la vigilancia sobre las cadenas logísticas y la participación proactiva del sector privado en la garantía del comercio internacional seguro.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó a través de un mensaje en la red social X que “bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’ (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

En el mismo comunicado, el organismo militar precisó que “dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación”. También indicó que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido ni sufrió daños durante la acción.

Según la versión oficial, la embarcación fue identificada a partir de información de inteligencia. El Comando Sur sostuvo que el bote “transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe” y participaba en operaciones de narcotráfico.

Desde el inicio de estos operativos, las fuerzas estadounidenses ampliaron su presencia en el Caribe y posteriormente extendieron las acciones hacia el océano Pacífico. En ese período, las intervenciones dejaron un saldo de alrededor de un centenar de personas muertas, según los datos mencionados en los cables.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur y lanzada en septiembre de 2025, marcó un cambio en la estrategia regional de Estados Unidos. Bajo la dirección del general Francis Donovan, la campaña amplió su área de acción a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Washington sostiene que el objetivo de esta iniciativa es aumentar la presión sobre redes de narcotráfico que, según sus denuncias, mantienen vínculos con el régimen venezolano y fueron designadas oficialmente como “organizaciones terroristas”.

La utilización del concepto de “narcoterrorismo” para referirse a estas redes profundizó el debate sobre la legitimidad de los ataques. La discusión se intensificó tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025, un hecho que se produjo en paralelo a la expansión de las operaciones.

A pesar de esa detención, las acciones militares continuaron y registraron un crecimiento geográfico sostenido. Con el paso de los meses, la actividad dejó de concentrarse exclusivamente en el mar Caribe y alcanzó también aguas del Pacífico oriental.

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

La administración de Donald Trump impulsó la creación de una fuerza autónoma de combate basada en inteligencia artificial para operar en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y actuar ante crisis provocadas por desastres naturales de gran magnitud.

La iniciativa, promovida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), constituye un paso relevante en la incorporación de nuevas tecnologías a la estrategia de defensa y a la presencia militar estadounidense en la región, según informó el propio organismo.

La unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, con un enfoque multidominio. El proyecto apunta a enfrentar tanto al crimen organizado transnacional como a los efectos de fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, de acuerdo con evaluaciones del Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

El jefe del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, definió el alcance de la misión al señalar que será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, y remarcó el carácter dual de la nueva fuerza.

El comando indicó que el rasgo central de esta iniciativa reside en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, obtener información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin intervención directa de operadores humanos.

En paralelo, el Departamento de Defensa presentó el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad orientada a integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares dentro del área de responsabilidad del SOUTHCOM. Según lo comunicado, este modelo podría extenderse a otros comandos estadounidenses si demuestra resultados en el terreno.

(Con información de EFE)

Según un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de EE.UU. (Southcom) aseguró que "bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

"Dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación", sentenció el Southcom.

De acuerdo a la "inteligencia militar" del país norteamericano, la embarcación "transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe" y participaba en operaciones del narcotráfico.

Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses fue herido o sufrió daño.

La Administración del presidente Donald Trump defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 han desplegado operativos militares en la zona del Caribe, que luego extendieron al Pacífico, y así han asesinado a un centenar de personas en aguas internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por "los operativos letales" de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico que ya han causado la muerte a más de un centenar de personas, "en violación al derecho internacional".

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, acusado de ser parte de la banda que cometió el brutal triple crimen narco de Florencio Varela, aterrizó en la Base Aérea del Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea proveniente de Lima, Perú, con escalas previas en Salta y Asunción, Paraguay. El operativo se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad del que participaron efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el área de enlace de Interpol de la Policía Federal, que rodearon a Valverde desde Lima, donde fue detenido en septiembre del año pasado.

Si bien en un primer momento se decidió trasladarlo a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en Villa Lugano, sobre la calle Madariaga, el Servicio Penitenciario Federal resolvió alojarlo en el área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, según pudo confirmar a Infobae.

La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA viajó ayer a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina, con destino a Perú, para participar del traslado. Una vez en Lima, asumieron la custodia del detenido y de otro ciudadano peruano imputado por abuso sexual. De esta manera, ambos fueron trasladados a Asunción, donde también esperaba otro imputado por “acopio de armas de fuego”. Todos aterrizaron pasadas las 20 horas en el país.

Este martes, Janzen Valverde será indagado vía Zoom por la Justicia federal de Morón -con un expediente a cargo del juez Jorge Rodríguez y una investigación del secretario Ignacio Calvi- por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2026 en Florencio Varela.

Hasta el mediodía del lunes, ningún abogado se había presentado para defenderlo en el Juzgado Federal N°2 de Morón, donde el magistrado Jorge Rodríguez, que lo acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía, ensañamiento. Si es condenado, es prisión perpetua. No hay otra para “Pequeño J”.

Janzen Valverde fue detenido hace ocho meses. ¿Por qué tardó tanto la extradición, dado el tratado vigente del Mercosur? “La medida se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran”, afirmó a Infobae uno de los investigadores del caso.

El caso

El triple crimen provocó un espanto genuino en la conciencia argentina, para volverse uno de los puntos más oscuros de la historia reciente. Las víctimas —adolescentes, o poco más que adolescentes— fueron apuñaladas y mutiladas, aún después de muertas, para ser enterradas en tumbas al ras de la tierra. Todo, por un simple robo de droga o dólares en efectivo.

Así, durante unos pocos días, “Pequeño J” se convirtió en uno de los criminales más terribles del país; su nombre rebotaba entre el misterio y la exageración. Para empezar, fue el primer nombre en aparecer, en una investigación a cargo de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, bajo el mando de la UFI de Homicidios de la jurisdicción con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli, que esclarecieron los femicidios y elevaron la causa a la Justicia federal para que se esclarezca la pista narco.

La primera información, basada en conjeturas y trascendidos, señalaba a “Pequeño J” como un autor intelectual de los asesinatos. Cayó en Lima, en una carrera contra el tiempo, tras pasar clandestinamente por Bolivia junto a Matías Ozorio, un argentino de Barracas, miembro de la banda del triple crimen que había pasado por una decena de empleos en blanco, al que el resto de los acusados humillaban un poco.

Tony Janzen se había refugiado días antes en Isidro Casanova, donde usó de aguantadero la casa de su última novia, ubicada en el barrio El Tambo. Paranoico, perseguido, dejó su pistola calibre .40 detrás, junto a un jogging manchado con sangre. Filmaciones de cámara de seguridad lo mostraron junto a Lara Gutiérrez en los días previos al crimen.

Hay dos prófugos en el caso, ambos peruanos, que lo superan ampliamente en rango dentro de la banda. El primero es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, que aseguró mediante abogados en el Juzgado Federal N°2 que estaba en Perú al momento del hecho. De todas formas, el pedido de captura en su contra continúa.

El segundo prófugo, ubicado un paso arriba en la pirámide, es el narco Alex Ydone Castillo, investigado por ser el dueño de la droga supuestamente robada que motivó el triple crimen.

El secretario Calvi, por otra parte, encontró otros tres nuevos sospechosos en las últimas semanas, vinculados al traslado de las víctimas y a la privación de su libertad en la casa de la zona de Villa Vaettone donde fueron torturadas y mutiladas.

Estados Unidos enviará una delegación de alto nivel a San José para la toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica este viernes, encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau. La Casa Blanca confirmó la noticia en un comunicado difundido el lunes y citado por la agencia internacional de noticias EFE, detallando la composición del grupo que representará a Washington en el acto oficial.

También asistirá la embajadora en Costa Rica, Melinda Hildebrand, junto a altos funcionarios del Departamento de Estado: el subsecretario encargado de asuntos para América Latina, Michael Kozak; la subsecretaria adjunta para Asuntos de Centroamérica y Migración, Ana Quintana-Lovett; y el jefe de Gabinete del Consejero y Director de Planificación de Políticas, Matthew Rhodes.

La Casa Blanca remarcó que el grupo participará en encuentros bilaterales durante su estancia en San José para fortalecer las relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno.

El relevo presidencial en Costa Rica representa un momento destacado en la política centroamericana. Laura Fernández, politóloga de 39 años, se convertirá en la segunda mujer en encabezar el Estado costarricense. Según publicó la agencia internacional de noticias EFE, Fernández accedió a la presidencia tras imponerse en los comicios de febrero con el 94.61 % de los votos, liderando el partido Pueblo Soberano, de tendencia centroderechista.

Su llegada supone continuidad en las políticas del actual presidente, Rodrigo Chaves, a quien Fernández se ha declarado heredera tras desempeñarse como ministra de la Presidencia y de Planificación.

Relaciones bilaterales y agenda de seguridad

De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, la delegación estadounidense mantendrá reuniones bilaterales con autoridades costarricenses para reafirmar el interés de Estados Unidos en la estabilidad política y la cooperación en desarrollo y seguridad regional.

El Departamento de Estado enfatizó el papel de la transición democrática costarricense como referente institucional centroamericano. Según datos oficiales recogidos por la agencia internacional de noticias EFE, Costa Rica mantiene uno de los niveles más altos de aprobación en la región respecto a transparencia y solidez de sus instituciones democráticas.

El contexto político en Costa Rica y la región

Durante la campaña, Fernández presentó propuestas centradas en seguridad y combatir el narcotráfico, dos de los principales retos nacionales. Fernández prometió “mano dura” contra la inseguridad, junto con reformas en los sistemas policial y judicial, según consignó la agencia internacional de noticias EFE. Las iniciativas buscan dar respuesta al aumento de la violencia y el crimen organizado en la región.

La investidura de Fernández da forma a una fase de mayor cooperación entre Estados Unidos y los gobiernos de perfil conservador en Centroamérica. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la administración estadounidense ha estrechado vínculos con figuras como Nayib Bukele (El Salvador) y Nasry Asfura (Honduras). El apoyo de Washington fue explícito en el caso de Asfura, a quien Trump respaldó abiertamente durante el último proceso electoral, resalta la agencia internacional de noticias EFE.

Este lunes, el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rindió su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa. El político centró su discurso en destacar los logros de su administración en áreas clave como la economía y el combate al crimen organizado, entre otras.

Seis personas fueron asesinadas por sicarios en Bolivia entre el 25 de abril y el 2 de mayo, entre ellas un juez magistrado del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.

Según los reportes preliminares, todos los casos están vinculados a economías ilegales —principalmente narcotráfico y disputa de tierras— y se ejecutaron con patrones de crimen organizado: violencia focalizada, uso de armas de fuego y huída tras los disparos.

La ola de asesinatos se concentró en el departamento de Santa Cruz, donde ocurrieron cinco de los seis sicariatos. En ese marco, autoridades regionales y del Gobierno, junto a la Fiscalía y el Órgano Judicial, sostuvieron una reunión el sábado para determinar acciones que permitan frenar la escalada de violencia en la ciudad más poblada del país.

“Lo que ha sucedido en Santa Cruz nos une para que la situación crítica que hoy estamos viviendo se pueda combatir. Prácticamente, se le está declarando la guerra al sicariato, al narcoterrorismo que se ha instalado”, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, al anunciar que se asumirán medidas coordinadas para enfrentar a estructuras criminales. En paralelo, la Policía anunció la conformación de un grupo especializado de élite para realizar operativos de seguridad.

El caso que generó mayor impacto fue el del magistrado Víctor Hugo Claure, asesinado la noche del 30 de abril por dos sicarios que lo abordaron en una motocicleta en la zona noroeste de la ciudad, según informó la Policía que dispuso seguridad para los demás miembros del Órgano Judicial.

Pese a que los hechos todavía se encuentran en investigación, el jefe policial de Santa Cruz, David Gómez, señaló como hipótesis de la causa del crimen “un problema de tierras” tras haber firmado una resolución “referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras”.

Su asesinato fue condenado por instancias como la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Magistrados, que calificó el hecho como “un mensaje de intimidación a todo el poder judicial” que constituye un ataque “a la independencia judicial, al Estado de Derecho y a la democracia”.

La seguidilla de asesinatos inició días antes, el 25 de abril, en las localidades fronterizas de San Matías y Puerto Quijarro, donde Douglas Q.R., de 42 años y con antecedentes de narcotráfico, fue atacado mientras se presenciaba un campeonato de fútbol en un centro deportivo. Horas después el brasileño Luiz Antonio P.L., fue abatido por sicarios en la vía pública.

Al día siguiente, el 26 de abril, José Pedro R.V. fue asesinado a tiros cuando se preparaba para participar en una competencia automovilística cerca del aeropuerto de Viru Viru. La víctima estaría vinculada a la red del presunto narcotraficante Sebastián Marset, de quien habría sido piloto.

La noche del 1 de mayo una persona de 30 años fue acribillada en la localidad de Bermejo, en el departamento de Tarija y a pasos de la frontera con Argentina, en un presunto ajuste de cuentas. Horas más tarde, en la madrugada del 2 de mayo, se registró una balacera fuera de una discoteca de Santa Cruz de la Sierra donde perdió la vida un colombiano a manos de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según expertos, estos hechos muestran la expansión del crimen organizado en Bolivia y sus disputas internas tras la captura de Sebastián Marset en un operativo policial el pasado 13 de mayo.

Gabriela Reyes, criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, señala que se están viendo “las consecuencias de no desarticular la organización” del narco uruguayo y de no haber detenido a los cabecillas. “Esto hace que haya una pugna por quién va a encabezar las actividades que Marset llevaba a cabo desde su liderazgo”, afirmó en entrevista con Infobae.

Para la experta, el Estado no está en las mejores condiciones de responder a la escalada de violencia, pero es importante tomar el control para evitar que los asesinatos se sigan produciendo dentro y fuera de las estructuras criminales.

Así, finalmente, Janzen Valverde partió desde Lima poco antes del mediodía, con rumbo a una primera escala en Salta.

El destino de aterrizaje tiene una explicación: Janzen Valverde llegará en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina que partirá desde Lima, rodeado de un comando de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el área de enlace de Interpol de la Policía Federal. Luego, será trasladado en un convoy de móviles a la sede de la PFA en Villa Lugano, ubicada sobre la calle Madariaga.

Allí, dormirá en una celda hasta su cita mañana martes con la Justicia federal de Morón, donde, finalmente, ocho meses después, responderá —o no— en su declaración indagatoria por uno de los crímenes más bestiales de la historia reciente: el triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025 en una casita de Florencio Varela.

Sin embargo, no habrá viaje de Lugano a Morón con un tren armado de patrulleros: “Pequeño J” será indagado por Zoom.

Por ahora, ningún abogado se presentó para defenderlo en el Juzgado Federal N°2 de Morón, con una causa en su contra a cargo del magistrado Jorge Rodríguez, que lo acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía, ensañamiento. Si es condenado, es prisión perpetua. No hay otra para “Pequeño J”.

La decisión de que vuele en un avión de Fuerza Aérea que partió el domingo hacia Lima, aseguran fuentes en torno a la situación, es política: fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La inmensa mayoría de los extraditados que se trasladan a Argentina —estafadores, violadores de chicos, traficantes— viajan en vuelos comerciales, rodeados por personal local de Interpol.

Por ejemplo, “Marcos” Estrada González, el mayor capo narco de la historia porteña, el hombre que literalmente creó el modelo de negocios de la droga que reinó durante 25 años en las villas Buenos Aires, condenado a 24 años de prisión —y un delincuente mucho más peligroso que “Pequeño J”—, dejó el país en un vuelo de la empresa Sky Airlines en junio de 2022, luego de que la Justicia argentina decidiera expulsarlo.

Sin embargo, una fuente directa del caso, por fuera del entramado político, asegura: “Fue una cuestión de costos. Era más barato traerlo de ese modo”.

De todas formas, las autoridades argentinas aprovechan. Otro extraditado, que no guarda relación con “Pequeño J”, vendrá al país desde Perú en el mismo vuelo.

Luego, el avión realizará otra escala en Asunción, Paraguay, donde Interpol abordará a otros dos extraditados más.

¿Por qué tardó tanto la extradición? “Se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran”, continúa un investigador.

Diferentes grados del demonio

El triple crimen provocó un espanto genuino en la conciencia argentina, para volverse uno de los puntos más oscuros de la historia reciente. Las víctimas —adolescentes, o poco más que adolescentes— fueron apuñaladas y mutiladas, aún después de muertas, para ser enterradas en tumbas al ras de la tierra. Todo, por un simple robo de droga o dólares en efectivo.

Así, durante unos pocos días, “Pequeño J” se convirtió en uno de los criminales más terribles del país; su nombre rebotaba entre el misterio y la exageración. Para empezar, fue el primer nombre en aparecer, en una investigación a cargo de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, bajo el mando de la UFI de Homicidios de la jurisdicción con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli, que esclarecieron los femicidios y elevaron la causa a la Justicia federal para que se esclarezca la pista narco.

La primera información, basada en conjeturas y trascendidos, señalaba a “Pequeño J” como un autor intelectual de los asesinatos. Cayó en Lima, en una carrera contra el tiempo, tras pasar clandestinamente por Bolivia junto a Matías Ozorio, un argentino de Barracas, miembro de la banda del triple crimen que había pasado por una decena de empleos en blanco, al que el resto de los acusados humillaban un poco.

Tony Janzen se había refugiado días antes en Isidro Casanova, donde usó de aguantadero la casa de su última novia, ubicada en el barrio El Tambo. Paranoico, perseguido, dejó su pistola calibre .40 detrás, junto a un jogging manchado con sangre. Filmaciones de cámara de seguridad lo mostraron junto a Lara Gutiérrez en los días previos al crimen.

Hay dos prófugos en el caso, ambos peruanos, que lo superan ampliamente en rango dentro de la banda. El primero es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, que aseguró mediante abogados en el Juzgado Federal N°2 que estaba en Perú al momento del hecho. El segundo, un paso arriba en la pirámide, es el narco Alex Ydone Castillo, investigado por ser el dueño de la droga supuestamente robada que motivó el triple crimen.

El expediente, bajo la firma del juez Jorge Rodríguez, con una investigación impulsada por el secretario Ignacio Calvi, logró identificar a dos supuestos responsables de trasladar a las víctimas a la casa de Villa Vaettone, Florencio Varela, donde fueron apuñaladas aún después de muertas luego de ser torturadas. Un tercer sospechoso habría colaborado con la privación ilegítima de Brenda, Morena y Lara, aseguran fuentes claves del caso a Infobae.

Estas tres figuras, que se suman a los diez detenidos del caso identificados por la UFI de Homicidios de La Matanza, fueron descubiertas gracias a los testimonios de otros imputados y una testigo. Estos relatos fueron complementados con cruces de antenas e información de billeteras virtuales y viajes de autos de aplicación. La Justicia federal, por otra parte, convocó a Gendarmería y Prefectura a colaborar en el caso, históricamente investigado por la DDI de La Matanza, para evitar la saturación.

“Pequeño J” será indagado mañana vía Zoom desde una celda en la sede de la PFA en Villa Lugano, ubicada sobre la calle Madariaga. Deberá responder por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía, ensañamiento. Si es condenado, es prisión perpetua. Los otros imputados en el caso comparten la misma acusación.

Hay dos prófugos en el caso, ambos peruanos, que lo superan ampliamente en rango dentro de la banda. El primero es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, que aseguró mediante abogados en el Juzgado Federal N° 2 que estaba en Perú al momento del hecho. El segundo, un paso arriba en la pirámide, es el narco Alex Ydone Castillo, investigado por ser el dueño de la droga supuestamente robada que motivó la represalia del triple crimen.

La semana pasada, la Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados. Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio, que se fugó a Perú junto a “Pequeño J” tras pasar clandestinamente a Bolivia. Los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones ratificaron los embargos por mil millones de pesos sobre los acusados.

Sin embargo, los dos magistrados dictaron la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, ubicado por los investigadores originales del caso como un posible capo local de la banda del Bajo Flores, con hipotéticos jefes máximos ubicados en la zona de Trujillo, Perú. Según testimonios en la causa, Cubas Zavaleta habría presenciado los asesinatos por videollamada en un celular oculto en su celda de la central de la calle Cavia de la PFA, donde se encontraba detenido por otro delito.

Una imputada lo complicó al señalar su imagen. Una testigo de identidad reservada declaró en su contra. Sin embargo, los camaristas aseguraron que las pruebas en su contra carecen de fuerza y pidieron que se investigue con mayor profundidad. Cubas Zavaleta, un ex policía que aseguró haber trabajado de zapatero en La Salada, negó los hechos y planteó un reciente habeas corpus por sus condiciones de detención.

La Guardia Civil ha interceptado en el océano Atlántico al carguero Arconian, de bandera de Comores, que transportaba una gran cantidad de cocaína. Según fuentes de la investigación citadas por la Agencia EFE, la operación, dirigida por la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario. Las mismas fuentes estiman que la droga incautada podría superar las 10 toneladas (con 9.994 kilos), la mayor cifra que se habría recuperado hasta el momento en España.

El Arconian ha sido escoltado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de este domingo pasado, junto a su tripulación, bajo custodia de la Guardia Civil. El carguero partió de Freetown, Sierra Leona, el 22 de abril y según su plan, se dirigía al puerto de Bengasi, en Libia. Esto suponía recorrer una distancia de entre 7.000 y 8.000 kilómetros bordeando todo el continente africano.

Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan al mayor alijo incautado en alta mar por España: 9.994 kilos de cocaína

La cantidad de cocaína incautada, esos 9.994 kilos, superarían con creces la cifra registrada en enero de este año durante el abordaje del United S, por parte de la Policía Nacional. La incautación tuvo lugar a 545 kilómetros al oeste de El Hierro (Canarias) y marcó, hasta ese momento, el mayor decomiso de cocaína realizado en alta mar en Europa. Según aseguran desde la Agencia EFE, el Instituto Armado no ha ofrecido detalles adicionales debido al secreto del procedimiento judicial en curso.

El cargamento, avaluado en cerca de $1.000 millones y equivalente a más de 400.000 dosis en el mercado ilegal, fue detectado en un puesto de control instalado en el sector El Paso, gracias a los refuerzos de seguridad vial implementados en los principales corredores del departamento.

El operativo: modalidad de gemeleo y reacción policial

Las autoridades informaron que la marihuana, tipo creepy, era transportada en una camioneta blindada Toyota Land Cruiser modelo 2007, que había sido sometida a la modalidad de “gemeleo” o suplantación de placas. Este mecanismo, que consiste en la adulteración y copia de placas de vehículos legales —incluso asignados a funcionarios del Estado—, es utilizado por bandas delincuenciales para evadir los controles de la policía en carretera.

El blindaje del vehículo buscaba burlar las inspecciones, dificultando la detección de la droga y protegiendo a sus ocupantes ante eventuales persecuciones.

Durante el procedimiento, dos personas que se movilizaban en el vehículo emprendieron la huida hacia una zona boscosa al percatarse de la presencia policial. Aunque no hubo capturas inmediatas, las labores de búsqueda continúan y la incautación representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras criminales que operan en la región.

Resultados y balance de seguridad

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) confirmó que los 412 paquetes incautados contenían marihuana, evitando que cerca de 400.000 dosis llegaran a parques, colegios y espacios públicos de municipios de Cundinamarca y Bogotá.

El gobernador Jorge Emilio Rey y el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, destacaron que este resultado refleja el fortalecimiento de los controles en las vías y la coordinación con la Policía Nacional para enfrentar el tráfico de estupefacientes, especialmente en rutas utilizadas para la movilización de droga hacia el centro del país.

En lo corrido de 2026, la Policía de Cundinamarca ha incautado cerca de 2,5 toneladas de estupefacientes, evidenciando el refuerzo de los operativos en los principales ejes viales del departamento. Las acciones han permitido desarticular redes logísticas y afectar la capacidad de distribución de las bandas organizadas dedicadas al narcotráfico.

Declaraciones y compromiso institucional

El gobernador Rey, acompañado por el coronel Herrera y el teniente coronel Diego Jaimes (comandante de policía de carreteras), reiteró el compromiso de la administración departamental en la lucha frontal contra el narcotráfico y el fortalecimiento de los controles en las carreteras.

“Ratificamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico. Seguiremos fortaleciendo los controles en las vías del departamento, que, en lo corrido de 2026, ya han permitido la incautación de 2,5 toneladas de estupefacientes. Continuaremos atacando las estructuras y finanzas de estas bandas organizadas para garantizar la seguridad y la convivencia que merecen los cundinamarqueses”, afirmó el mandatario.

El coronel Herrera, por su parte, explicó que la modalidad del gemeleo y el uso de vehículos blindados son tendencias en crecimiento entre los delincuentes para burlar los controles, lo que ha llevado a la policía a perfeccionar sus procedimientos y fortalecer la inteligencia operativa en puntos estratégicos de la red vial.

Proyección y retos de seguridad

La incautación en Ricaurte se suma a una cadena de acciones que buscan no solo interceptar cargamentos de droga, sino también desmantelar las redes que sostienen el tráfico ilícito en el departamento. Las autoridades enfatizaron que los controles seguirán ampliándose y que la articulación entre la Gobernación, la Policía y otras entidades de seguridad es clave para reducir el impacto de las economías ilegales en el territorio.

El Gobierno departamental hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando movimientos sospechosos y colaborando con las autoridades, recordando que la protección de las comunidades y la reducción de la criminalidad dependen del trabajo conjunto.

Durante su intervención, la mandataria recordó la “cruenta represión” ocurrida en mayo de 2006, en el contexto de la oposición al proyecto de aeropuerto en Texcoco, y la atribuyó a gobiernos que, dijo, “defendían los intereses de unos cuantos”.

La gobernante mexicana señaló que el conflicto tuvo origen en 2001, cuando se planteó la construcción del aeropuerto durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y destacó que desde entonces acompañó la defensa de la tierra junto con los pobladores.

En ese sentido, criticó el modelo de desarrollo basado en el despojo de tierras y celebró que en 2018, tras una consulta popular impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se cancelara el proyecto en Texcoco y se optara por construir el aeropuerto en Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Como parte del Plan de Justicia, la presidenta anunció la restitución de 54 hectáreas al ejido de Atenco para uso agrícola, así como un reconocimiento a las víctimas de la represión.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo represión, hoy hay diálogo”, afirmó.

La mandataria también relató que, previo al evento, dialogó con manifestantes que bloqueaban una carretera para exigir acceso a agua y devolución de tierras, lo que, dijo, refleja un cambio en la forma de gobernar frente a administraciones anteriores.

En su discurso, Sheinbaum contrastó a su gobierno con “los conservadores”, a quienes acusó de haber ejercido el poder para beneficiar a una élite y reprimir a la población.

Asimismo, enmarcó el acto dentro de lo que denominó la “cuarta transformación”, al vincularlo con las luchas históricas del país por la soberanía, la justicia social, la libertad y la democracia, desde la Independencia hasta la Revolución mexicana.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de mantener cercanía con la ciudadanía y atender sus demandas, al tiempo que subrayó que su gobierno no traicionará al pueblo.

“Hoy decimos con claridad: nunca más una policía o la Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México”, concluyó.

El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México.

Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.

No cesa la disputa política entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

En una publicación hecha el domingo 3 de mayo de 2026, en la red social X, el mandatario colombiano lanzó nuevas acusaciones contra el jefe de Estado del vecino país, al acusarlo públicamente de supuestamente intervenir en la política colombiana y de emplear la figura de su país para desviar la atención sobre redes criminales mientras se desarrolla el proceso electoral.

“Se burlaban de conexiones entre la banda de los Choneros del norte del Ecuador que dirigía alias Fito, y el gobierno de Noboa. Lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia y mi Gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico”, escribió inicialmente el presidente colombiano en la plataforma digital.

Así mismo, el jefe de Estado sudamericano replicó un informe periodístico que detalló la conexión entre una empresa de seguridad con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los máximos narcotraficantes del vecino país, y que habría recibido contratos del gobierno de Noboa.

Violencia en Ecuador

En su mensaje, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que en Ecuador existe una supuesta articulación entre política, poder y narcotráfico, y señaló que esa relación elevó la violencia en ese país.

“Por eso Ecuador se convirtió en el mayor exportador del mundo se cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia”, agregó.

Entre los elementos centrales de la acusación que diferencia a este episodio de antecedentes similares, Petro argumentó que durante su gobierno se han incautado más de 3.300 toneladas de cocaína y que el programa de erradicación voluntaria ya abarca 39.000 hectáreas.

Estos resultados, sostiene el mandatario, provocaron una reacción adversa de actores criminales y políticos a ambos lados de la frontera. En consecuencia, el jefe de Estado colombiano atribuye la escalada de tensiones al impacto directo de su política antidrogas.

“Colombia ha logrado éxitos después de 200.000 asesinados, 15.000 agentes de policía asesinados y los mejores dirigentes exterminados por la mafia, 5.000 militantes desarmados de la izquierda fueron asesinados por la alianza entre cúpulas militares de la extrema derecha y poderosos narcotraficantes (...) en cambio el Ecuador, en las ciudades que van de la frontera con Perú hasta los puertos ecuatorianos estalla en una violencia inmensa”, manifestó.

Igualmente, el presidente colombiano recordó algunos casos en los que se evidenció una relación entre la política y el narcotráfico, como el proceso 8.000 (en el gobierno de Ernesto Samper), y remarcó que, por ello, ha recibido información sobre un plan para, según él, acabar con su vida.

“En mi política antinarcotraficante he recibido varias operaciones de asesinato contra mi, la DEA está dividida y hay corrupción. Mantengo todas las relaciones posibles para articular las policías del mundo incluida la estadounidense”, expresó el primer mandatario de los colombianos, agregando que tuvo un supuesto sabotaje al interior de su administración en un caso de contrabando proveniente de China.

Intereses político-electorales

El presidente colombiano sostiene también que la actual presión sobre su gobierno no es solo interna, sino que responde a una red internacional que enlaza dirigentes opositores, intereses ilícitos y operadores extranjeros.

Para fundamentar su señalamiento, Petro menciona contactos de Daniel Noboa con representantes de la oposición colombiana, en particular con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Se que sectores de extrema derecha en Colombia que han viajado a Miami y Quito han construido un especie de estrategia para que gane las elecciones la extrema derecha de Uribe con su candidata (Paloma Valencia), olvidando que es esa extrema derecha colombiana la principal aliada del narcotráfico colombiano”, indicó.

Del mismo modo, Petro destacó los resultados de su política frente a la sustitución de cultivos ilícitos que se adelanta en el lado colombiano de la frontera con Ecuador.

“Sí: el programa de erradicación voluntaria de cultivos se logra porque hay procesos de paz con grupos armados que lo permiten y porque desean también desmantelarse”, recalcó.

Según su testimonio, incluso elevó su preocupación al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en busca de establecer una interlocución directa con Noboa frente a la creciente tensión en la región; no obstante, subrayó que existe cierto sabotaje por parte del gobierno ecuatoriano para evitar el cumplimiento de dichas metas.

“Lo que ha sucedido, últimamente, es que desde el Ecuador se sabotea el programa de paz de Colombia y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos en el sur de Colombia. Eso no le gusta a la mafia ecuatoriana y sus políticos. El saboteo es integral y tiene ayuda de algunos corruptos policías en EEUU y Colombia”, mencionó.

Supuesto plan de sabotaje

En esta línea, Petro insistió en la existencia de un sabotaje deliberado al proceso de paz en el sur de Colombia y a, en sus palabras, querer interferir en el proceso electoral que se adelanta en su país.

“Me acusan de tener nexos con bandas cuando son estos políticos del Ecuador los que la tienen los nexos y lo usan (...) han exigido en Colombia extradiciones de los que hacen la paz olvidando que he extraditado 800 personas, incluidos 15 ecuatorianos. Buscan hostigar militarmente y escalar el conflicto para sabotear las elecciones y hacer que gane una candidata”, afirmó.

Por último, insistió en su denuncia de que, posiblemente, se habría utilizado explosivos provenientes de Ecuador para los atentados registrados en el pacífico colombiano, especialmente el ataque en Cajibío (Cauca) donde murieron 21 personas y 57 resultaron heridas.

“Las armas con que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera (...) acaban el comercio legal para que quede el ilegal”, concluyó.

Por el momento, el presidente de Ecuador Daniel Noboa no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las denuncias expuestas por su homólogo colombiano.

Según el reporte oficial, la detención constituye un golpe relevante contra la criminalidad organizada en la región amazónica. El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.°12, unidad adscrita a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional.

La captura se efectuó en el casco urbano de Florencia, departamento de Caquetá (sur de Colombia), en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

“Alias El Negro Uber fue capturado anoche (1 de mayo) en Florencia (Caquetá) cuando departía en un centro de comercio en el centro de la ciudad”, afirmó el coronel Cesar Pinzón, comandante de la Policía Departamental Caquetá.

A su vez, el Ministerio de Defensa destacó que “esta importante operación fue liderada por la Dijín, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Una acción articulada que demuestra la efectividad de nuestra Fuerza Pública”.

Quién es ‘Negro Uber’

Alias Negro Uber es considerado por las autoridades como uno de los principales dirigentes de los Comandos de Frontera, grupo que mantiene actividades de narcotráfico, control de armas y expansión delictiva en Caquetá, Putumayo y sectores limítrofes con Ecuador.

Su captura resulta clave para la seguridad regional, pues afecta directamente la estructura de mando de una organización vinculada a actos violentos y el fortalecimiento de economías ilícitas en áreas estratégicas del sur colombiano.

Las investigaciones establecen que este sujeto llevaba aproximadamente nueve años en la organización. Durante ese periodo habría ocupado diversos cargos hasta llegar a liderar la Unidad Móvil La Paya, con presencia en corredores estratégicos del Putumayo y la frontera con Ecuador.

“Contundente golpe a estructuras criminales en Florencia, Caquetá, con la captura de alias Negro Uber, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, responsable de coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas, el control de rutas ilícitas y el fortalecimiento logístico de la estructura”, destacó el General Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en su cuenta de X.

Así mismo, las autoridades le atribuyen la coordinación de redes criminales para el tráfico de drogas y armas, así como la planeación de ataques contra la Fuerza Pública y acciones de reclutamiento en zonas rurales.

Por su parte, el general Sergio Armando Guzmán, comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército, resaltó que la captura de alias Negro Uber “contribuye al debilitamiento de las capacidades de mando, control y financiamiento de esta estructura, así como a la reducción de su accionar delictivo en la región sur del país”.

El capturado fue dejado a disposición de la justicia para el avance de su proceso judicial. La captura genera un impacto inmediato en la estructura de los Comandos de Frontera, destacados como una de las principales ramas de las disidencias con influencia en el sur de Colombia.

Según informes de inteligencia citados por El Espectador, esta organización desempeña un papel central en la gestión del narcotráfico y el tráfico de armas, lo que afecta la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la gobernabilidad de la región.

La expansión de actividades ilícitas promovidas por los Comandos de Frontera también produce un grave impacto en los ecosistemas de la Amazonía colombiana, profundizando la inestabilidad social y los daños medioambientales.

El Ejército Nacional considera que la detención de alias Negro Uber debilita la capacidad de financiación y operación del grupo armado y ayuda a restringir su margen de acción, con la expectativa de disminuir la violencia e inseguridad en territorios clave del sur colombiano.

Las autoridades enfatizan que este resultado permite fortalecer la presencia estatal y recuperar el control legítimo en zonas afectadas por el accionar delictivo, lo que podría marcar la diferencia en la seguridad y la gobernabilidad de estos territorios apartados.

Autoridades de Costa Rica informaron este sábado que ejecutaron una operación que permitió el decomiso de una aeronave utilizada para el narcotráfico y 205 paquetes de cocaína, en la Zona Sur del país. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que la acción fue resultado de un seguimiento aéreo y un despliegue policial en tierra, articulados con la colaboración de Estados Unidos, Colombia y Panamá durante el jueves 30 de abril.

La alerta se originó cuando el Centro de Operaciones Conjuntas del MSP recibió información internacional sobre el ingreso irregular de una aeronave no registrada al espacio aéreo costarricense. Ante este aviso, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) movilizó recursos hacia el sur, mientras la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública se ubicaron en puntos estratégicos de Golfito, Pavones, Coto 47 y otros sectores cercanos, ante la posibilidad de un aterrizaje clandestino.

En el aire, la aeronave policial localizó el objetivo y lo rastreó hasta que la nave sospechosa realizó un aterrizaje forzoso en una zona de pastizales sin condiciones adecuadas, lo que derivó en su precipitación.

A pesar del amplio operativo de búsqueda, los tripulantes de la aeronave lograron huir. El MSP confirmó que unidades del Grupo de Operaciones Especiales del SNG (GOPES), junto a efectivos de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, se desplazaron al sitio en minutos, asegurando la zona para las diligencias judiciales.

La escena quedó bajo resguardo de la Policía de Control de Drogas, con apoyo del Grupo Táctico de Respuesta Especial Antidrogas (G-3), mientras se recolectaron indicios para la investigación.

Una cooperación internacional

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la operación fue posible gracias a la articulación de esfuerzos con autoridades de Estados Unidos, Colombia y Panamá. La coordinación internacional permitió una respuesta inmediata y oportuna ante la amenaza al espacio aéreo costarricense. El MSP enfatizó que: “Costa Rica mantiene una ofensiva constante contra el narcotráfico, protegiendo el territorio nacional y cerrando el paso a las organizaciones criminales que intentan introducir drogas al país”.

La acción policial, realizada en coordinación con socios estratégicos regionales, refuerza la postura tica frente al crimen organizado transnacional. El operativo, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública, incluyó vigilancia aérea, despliegue en tierra y procedimientos judiciales, evidenciando la capacidad de respuesta ante amenazas complejas.

El MSP agradeció el apoyo de los países colaboradores, subrayando que la cooperación regional es clave para enfrentar el tráfico de drogas y otras actividades criminales transfronterizas. Según la institución, “la articulación de esfuerzos regionales seguirá siendo una prioridad para proteger la seguridad del país y de la región”.

Tripulantes prófugos

“Pese al amplio operativo de búsqueda desplegado en la zona, no fue posible ubicar a los tripulantes de la aeronave, quienes se dieron a la fuga tras el aterrizaje”, expresó Manuel Jiménez Steller, viceministro de Seguridad Pública.

La investigación para determinar la identidad de los tripulantes y la procedencia de la droga continúa abierta, de acuerdo con el funcionario.

Las palabras pronunciadas en el fragor de una campaña política han vuelto para ensombrecer el mandato de Rubén Rocha Moya. En 2021, cuando buscaba la gubernatura de Sinaloa abanderado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rocha Moya fue cuestionado directamente por el periodista Carlos Loret de Mola sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En aquella ocasión, el hoy gobernador con licencia atajó los señalamientos asegurando enfáticamente: “no era capo, ni narcotraficante”.

Sin embargo, durante esa misma plática, el entonces candidato deslizó una postura que hoy cobra una relevancia insospechada. Al ser interrogado sobre si el gobierno debía coordinarse con los cárteles de la droga, Rocha Moya admitió la necesidad de entablar puentes. “Hay que buscar una forma de hacerlo”, respondió en la entrevista. “Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico... en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de Estado”.

Irónicamente, en ese momento el abanderado morenista elogió la firmeza del marco legal del país vecino del norte para castigar a los criminales, subrayando que la coordinación debía reflejarse “como se refleja en Estados Unidos en las leyes”. Hoy, son precisamente esas leyes estadounidenses las que buscan llevarlo ante un tribunal en Nueva York.

El revés del Departamento de Justicia

La situación legal y política del mandatario sinaloense dio un giro de 180 grados este miércoles, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera pública una robusta acusación formal en su contra. El gobierno estadounidense señala directamente a Rocha Moya y a varios funcionarios y exfuncionarios de su administración de mantener nexos profundos con el Cártel de Sinaloa, operando específicamente bajo el cobijo de la violenta facción conocida como “Los Chapitos”.

En el expediente desclasificado por la justicia estadounidense no solo figura el nombre del titular del Ejecutivo estatal. La lista de acusados de alto perfil incluye al actual senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, y a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, la capital del estado. Todos ellos enfrentan señalamientos por presuntamente aprovechar sus posiciones de poder institucional para brindar protección y facilidades a las operaciones internacionales de narcotráfico de la organización criminal.

La respuesta del Gobierno Mexicano y la tensión diplomática

La revelación del documento en Estados Unidos provocó un movimiento inmediato en las más altas esferas del gobierno federal mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento informando que, en efecto, ya se recibió por los canales oficiales la solicitud de detención con fines de extradición en contra de Rubén Rocha Moya y los demás coacusados.

No obstante, la Cancillería mexicana, buscando salvaguardar la soberanía de los procesos judiciales internos, destacó que la petición estadounidense “no cuenta con elementos probatorios” contundentes que acompañen de momento las acusaciones del Departamento de Justicia. Bajo este argumento, el expediente diplomático y judicial fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo mando recae en la fiscal Ernestina Godoy. Será esta dependencia la encargada de analizar exhaustivamente el documento y determinar si, de acuerdo con el derecho mexicano, existen elementos y pruebas suficientes para proceder penalmente contra los funcionarios emanados de las filas de Morena.

El caso no solo representa un terremoto político para el oficialismo en México, sino que ha abierto una nueva fisura en la relación bilateral en materia de seguridad. La Cancillería aseguró que, más allá del curso legal de la solicitud de extradición, el Gobierno de México enviará una nota de extrañamiento diplomático al gobierno de Estados Unidos. El motivo de la queja se centra en “la forma en que se dio a conocer” públicamente la acusación, una maniobra que, desde la perspectiva mexicana, vulnera los protocolos de discreción acordados entre ambas naciones para el manejo de extradiciones de altos perfiles políticos.

Mientras el reloj judicial avanza en la FGR, las declaraciones de Rocha Moya en 2021 sobre “coordinarse con el narco” han dejado de ser una simple anécdota de campaña para convertirse en el preámbulo de lo que podría ser uno de los juicios por narcotráfico más significativos de la historia reciente de México.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), realizó un operativo en el municipio de Las Cruces, Petén, que resultó en la erradicación de 87,800 matas de marihuana. La acción se llevó a cabo en colaboración con el Ejército de Guatemala en áreas montañosas cercanas al caserío Flor de la Esperanza, donde las autoridades identificaron y destruyeron tres zonas de cultivo ilícito.

El operativo permitió localizar e incinerar los sembradíos, que se encontraban en fase de aprovechamiento. Según el avalúo oficial, la droga incinerada está valorada en aproximadamente Q. 43,900 (5,747.81 dólares). Las acciones forman parte de una estrategia planificada para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas en áreas rurales del país.

La SGAIA reportó resultados positivos durante la operación, subrayando la importancia de la denuncia ciudadana para la identificación y localización de estos cultivos. Las autoridades agradecieron los reportes recibidos a través de la Línea Antinarcótica, que han facilitado la detección temprana de actividades ilícitas.

Desde enero hasta abril de 2026, la PNC de Guatemala ha intensificado las acciones para combatir el narcotráfico, tanto en la erradicación de plantaciones como en la captura de implicados en actividades ilícitas. De acuerdo con reportes oficiales y publicaciones institucionales, durante los primeros cuatro meses del año las fuerzas antinarcóticas han logrado varios golpes significativos contra estructuras dedicadas al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas.

Entre las acciones más destacadas se encuentran operativos conjuntos con el Ejército, en los que se han desmantelado plantaciones de marihuana y amapola, así como laboratorios clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas. Las autoridades han informado sobre la destrucción de sembradíos en departamentos como Petén, San Marcos y Alta Verapaz, zonas identificadas como áreas de alta incidencia para el cultivo ilegal.

Además de la erradicación, la PNC reportó la detención de individuos vinculados con el narcotráfico durante allanamientos y patrullajes en comunidades rurales. Estos arrestos han sido catalogados como parte de una estrategia integral que abarca la disuasión, persecución penal y la reducción del impacto de las organizaciones criminales en las comunidades.

Las estrategias implementadas incluyen el refuerzo de la vigilancia en corredores identificados como rutas del narcotráfico, la intervención en puntos de almacenamiento y distribución de drogas, y la cooperación con organismos internacionales para el intercambio de información y mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado. El uso de tecnología y la capacitación continua del personal policial han sido factores clave en la obtención de resultados favorables.

Impacto y proyección

La destrucción de más de 87 mil matas de marihuana en Petén representa uno de los mayores golpes a la producción ilícita de drogas detectados en lo que va de 2026. Según autoridades antinarcóticas, estas acciones buscan cortar la cadena de suministro desde la raíz, dificultando el acceso a la materia prima para las estructuras criminales y limitando la oferta de estupefacientes en el mercado interno y externo.

Las operaciones de erradicación no solo buscan reducir la disponibilidad de droga, sino también afectar las fuentes de financiamiento de grupos dedicados al narcotráfico. El debilitamiento de estas estructuras contribuye a la seguridad ciudadana y al control territorial en regiones tradicionalmente afectadas por la presencia de actividades ilícitas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para continuar denunciando de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcotráfico, recordando la importancia de la colaboración comunitaria en la lucha contra este fenómeno. La PNC y el Ejército de Guatemala mantienen su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas para enfrentar el desafío del narcotráfico, priorizando la erradicación de cultivos ilícitos y la captura de los responsables de estas actividades.

El decomiso de 194 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Jamaica y con destino final a Irlanda marca un nuevo golpe de las autoridades panameñas contra las redes del narcotráfico internacional que utilizan los puertos del país como punto de tránsito.

La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, tras ubicar la carga ilícita en un puerto del Atlántico, reforzando las alertas sobre el uso de rutas marítimas comerciales para el traslado de sustancias ilegales.

Este tipo de incautaciones no es aislado. En lo que va de 2026, los estamentos de seguridad han reportado el decomiso de 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos panameños, en operaciones dirigidas contra estructuras criminales transnacionales.

Las investigaciones han evidenciado que Panamá sigue siendo un punto estratégico para el trasiego internacional de drogas, especialmente en contenedores que salen de países del Caribe o Suramérica con destino a Europa, donde el valor de la mercancía ilícita se multiplica.

Las autoridades han detectado en los últimos meses múltiples casos en los que organizaciones criminales utilizan el método de contaminación de contenedores, introduciendo droga en cargas legales sin conocimiento de las empresas exportadoras.

Este patrón se repite en rutas que conectan con destinos como Bélgica, Países Bajos y España, además de Irlanda, consolidando a los puertos del Atlántico panameño como un punto de interés para las mafias internacionales. La articulación entre inteligencia policial, controles portuarios y cooperación internacional ha permitido interceptar cargamentos antes de que salgan del país.

Condena por microtráfico

En paralelo al combate del tráfico internacional, las autoridades han intensificado las acciones contra el microtráfico, entendido como la venta, distribución y comercialización de drogas en pequeñas cantidades dentro de comunidades locales.

Este fenómeno, aunque de menor escala que el narcotráfico internacional, tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, al estar vinculado a delitos como robos, homicidios y violencia comunitaria.

Un ejemplo reciente es la Operación Panamá Este Seguro, desarrollada en sectores como Pacora y otros corregimientos, donde fueron aprehendidas 21 personas vinculadas al microtráfico.

De estas, 14 recibieron condenas mediante acuerdos de pena de entre 80 y 90 meses de prisión, mientras que 6 permanecen en detención provisional y una persona fue capturada por mantener una condena pendiente de 120 meses. Estos resultados reflejan una estrategia enfocada en desarticular puntos de venta y redes locales de distribución.

Las cifras operativas refuerzan esta tendencia. Solo en los últimos 15 días de abril, se reportó la aprehensión de 54 personas por microtráfico, en el marco de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, que se ejecuta en zonas previamente identificadas por su incidencia delictiva.

Esta estrategia busca concentrar recursos policiales en áreas críticas, aumentando la presencia y la capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas.

Durante el mes de marzo, la Policía Nacional realizó 252 operativos contra el microtráfico, logrando la incautación de dinero en efectivo por un total de 136,142.16 dólares, además de sustancias ilícitas y otros indicios vinculados a estas actividades.

Estos operativos forman parte de un enfoque sostenido que combina acciones de inteligencia, allanamientos y compras controladas, con el objetivo de debilitar las estructuras que operan a nivel comunitario.

En la fase más reciente de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, las autoridades informaron la aprehensión de 84 personas en las primeras horas de despliegue, incluyendo capturas por oficios judiciales, flagrancia, faltas administrativas y delitos de microtráfico.

Asimismo, se realizaron ocho allanamientos, se decomisaron cuatro armas de fuego, 21 municiones y se recuperó un vehículo con reporte de robo, evidenciando la conexión entre el microtráfico y otras actividades delictivas.

En el ámbito judicial, los casos recientes reflejan la aplicación de mecanismos como acuerdos de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio. El juez de garantías Erick González validó la sentencia N°756 del 29 de abril de 2026, mediante la cual se condenó a dos hombres de 27 y 33 años a 80 meses de prisión por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

Además, se impusieron penas accesorias, incluyendo multas y comisos de dinero, como parte de las sanciones establecidas.

En esa misma audiencia, un tercer implicado de 24 años fue imputado por posesión simple de droga, pero recibió una suspensión del proceso sujeta a condiciones, entre ellas mantener un domicilio fijo, abstenerse del consumo de sustancias, someterse a tratamiento y conservar un empleo durante un año.

Este tipo de medidas busca diferenciar entre perfiles delictivos, aplicando sanciones más severas a quienes participan en la comercialización y alternativas en casos de menor gravedad.

Las autoridades han reiterado que la combinación de operaciones internacionales, intervenciones comunitarias y decisiones judiciales es clave para enfrentar el problema de las drogas en Panamá. Mientras los decomisos en puertos reflejan la magnitud del narcotráfico global, las acciones contra el microtráfico evidencian el impacto local de estas redes, consolidando un enfoque integral que abarca desde la interdicción hasta la sanción penal.

La intervención se produjo durante un dispositivo de prevención contra el tráfico de drogas. Los agentes localizaron una embarcación semirrígida, sin sistemas de navegación, y equipada con cuatro motores, una tipología frecuentemente utilizada para el transporte ilícito de sustancias estupefacientes. Al aproximarse, los ocupantes de la lancha detectaron la presencia policial y emprendieron la huida, desoyendo las señales de alto de los agentes.

Persecución a los narcotraficantes

Durante la persecución en alta mar, la narcolancha realizó bruscos cambios de rumbo y aceleraciones repentinas para tratar de esquivar a la patrullera de la Guardia Civil. Los agentes, con apoyo de medios aéreos del Servicio Marítimo. En medio de la huida, los ocupantes de la embarcación comenzaron a arrojar fardos de hachís y garrafas de combustible, con la intención de aligerar peso y dificultar la navegación de los agentes, además de intentar destruir pruebas.

Tras varios minutos de tensión, la patrullera logró acercarse y bloquear el paso de la narcolancha, forzando su detención. En la inspección posterior al abordaje, los agentes localizaron 100 fardos de hachís, distribuidos por toda la eslora de la embarcación y cubiertos con lonas impermeables. El recuento arrojó un peso total de 4.000 kilos de droga, destinada presuntamente a su distribución en el litoral andaluz y en otros puntos del territorio nacional.

Los cuatro detenidos han sido trasladados a dependencias policiales para su identificación y toma de declaración. Posteriormente, han quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación para determinar el origen y el destino final de la droga incautada.

Jhon Viáfara cambió su vida por completo hace siete años: pasó de ser un exjugador recordado y figura del fútbol colombiano a permanecer varios años en una prisión de Estados Unidos, tras ser extraditado por su vinculación con una red de narcotráfico.

Durante una charla con el podcast Chao con gol, el exfutbolista reveló cómo fue su estadía en las penitenciarías de Estados Unidos, contó detalles de situaciones complicadas en su vida, sus labores tras las rejas y cómo se mantuvo firme en el encierro, que marcó su vida para siempre y ahora trata de redimirse.

Cabe recordar que Viáfara fue campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, defendió la camiseta de la selección Colombia y llegó a clubes como el Portsmouth de Inglaterra, al punto de jugar en la Premier League, es por eso que su extradición a Estados Unidos causó impacto en el fútbol internacional y en miles de aficionados.

“Me tocó acomodarme”

Jhon Viáfara habló sobre cómo fue su estadía en prisión en Estados Unidos, mencionó que estuvo en más de un centro de reclusión y en uno de ellos fue blanco de discriminación por su color de piel, algo duro de afrontar.

“Hubo una prisión en Wisconsin donde había mucho racismo, eran puros blancos, pero me tocó acomodarme. Allá paleé mucha nieve, era una prisión muy grande. Duré un año ahí. Y en verano, era limpiando la maleza, con ese calor; son experiencias”, dijo el exvolante.

A su regreso a Colombia, el exjugador afirmó que “no es fácil, ya llevo dos meses desde mi libertad, fue un proceso lento porque no es fácil darse al público porque uno viene con el chip. Poco a poco, ha sido bueno y el apoyo y la aceptación de la gente, el apoyo de mi familia ha sido fundamental.Todavía me cuesta estar con tanta gente”.

“La vida te va dando como unas pautas y cuando se ve un futbolista de la élite, que alcancé, mentalmente he sido muy fuerte, cuando se es respetuoso y buen compañero; la familia siempre estuvo. Algo que me llamó la atención en esa larga carrera, por llamarse así, cuando tú caes preso, la vida te quita gente que tú crees que son tus amigos y te acerca a otros; esa fue la enseñanza“, añadió.

Otro detalle que Viáfara destacó es la cantidad de personas que lo apoyaron durante su condena por narcotráfico: “En este proceso conocí a gente bacanísima que llegó a mi vida cuando estaba en prisión. Me llegó una vez un regalo de 200 dólares a la cuenta, llamo a la casa, pregunto quién me lo regaló y me dicen que un señor del Cauca. Yo no me sentí solo en prisión gracias a eso y a las oraciones, fue mucha gente la que oraba, muchas iglesias, muchos evangélicos; mi familia es evangélica. Donde yo estuve, el diablo se paseaba día y noche, lo veía en todas las figuras”.

“Fue muy duro, eso es otro mundo”

Viáfara también reveló qué fue lo peor que vivió como prisionero en Estados Unidos: “Cuando me mueven. Yo estaba en una prisión privada con ciertas comodidades, microondas, eran puros latinos, como 800 colombianos, se sentía cómodo, no hay pelea, pero esa prisión la cierran y todos para las prisiones federales, que son las complicadas, de un rango de nivel más alto”.

“Llego a esta prisión y me toca pasar por esta sala donde todos te miran. Luego se me acerca un man y me dice en inglés: ‘llevo una semana esperándote, yo soy cristiano, hace una semana Dios me mostró que venías para esta prisión, para esta celda; le tengo guardada hasta la ropa. Me dijo estate tranquilo, que no te va a pasar nada. Él me dijo yo no tengo salida, cuando él me arropó, me sentí tranquilo. Solo estuve un año allá, pero fue muy duro, eso es otro mundo”, agregó.

El exjugador señaló que “fueron tantas cosas feas y buenas que me pasaron en prisión porque, gracias a esas oraciones, no me tocó nadie. Estuve con personas que estaban haciendo hasta cuatro vidas, y estar en medio de ellos y que te tengan respeto, eso es un privilegio”.

El campeón de la Copa Libertadores 2004 finalizó al decir que realizó toda clase de cursos tras las rejas: “Estudié mucho, tengo que operarme los ojos de tanto que leí. El último curso que hice era en inglés todo, ese duró ocho meses, de entrenador personal. Era un grupo seleccionado de toda la prisión, te dan las clases, los libros. Me tocaba con diccionario y libro porque había unas cosas que no entendía. Hice todos los cursos, de alcoholismo, drogas, ira, hasta dibujo, para estar siempre ocupado. Conocí muchas prisiones, pero tuve buenos compañeros”.

Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de alto nivel de ese estado, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, está relacionado con las elecciones que se llevarán a cabo en ese país el próximo mes de noviembre, afirmó la presidenta del Senado de la República Laura Itzel Castillo.

Ante medios de comunicación, el pasado jueves, la legisladora dejó entrever intereses político-electorales en las solicitudes de detención con fines de extradición del gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios y exfuncionarios más.

“Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y que hay muchos elementos que en este caso tendrían que estarse considerando, verdad, para la obtención de votos”, explicó Castillo.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había anunciado que llevaría a cabo una investigación, por lo cual habría que esperar conclusiones.

Castillo, además, aseguró que en la instalación de la Comisión permanente se violó la Ley Orgánica del Congreso General en sus artículos 118 y 120, porque se permitió que, sin acuerdo de por medio, la oposición fijara postura sobre el tema de las acusaciones contra el mandatario estatal.

“Es muy claro cuál es la ley en cuanto al procedimiento que se tiene que realizar para la instalación de la Comisión Permanente y eso es lo que debería de que haber hecho, seguir los pasos que están marcados específicamente en estos artículos. Eso es lo que yo diría, pero bueno, ¿qué podemos esperar?”, concluyó la legisladora.

Acusaciones de EEUU contra funcionarios de Sinaloa

El pasado miércoles 29 de abril, el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de cargos relacionados con el narcotráfico.

El morenista fue acusado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de delitos de tráfico de drogas y armas.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Rocha Moya y los demás funcionarios fueron vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, misma que dirigen los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en ese estado y otros del país.

“El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad (EE.UU.) con drogas peligrosas durante décadas”, señaló el fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza la acusación contra Rocha Moya y los otros acusados.

“Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”, añadió.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que revisaría una petición de detención con fines de extradición que recibió a través ded la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El reciente señalamiento de EE.UU. contra el gobernador oficialista sinaloense, a quien acusan de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de enormes cantidades de droga y aceptar sobornos del crimen organizado, se suma a otras investigaciones o acusaciones similares a otros políticos mexicanos de alto nivel.

A continuación, un repaso de los casos más relevantes:

 1. Mario Villanueva Madrid

Exgobernador del estado de Quintana Roo (este) del año 1993 a 1999, fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) por su relación con el Cartel de Juárez, razón por la cual fue extraditado a Estados Unidos en 2010 para ser juzgado por lavado de dinero en una corte federal.

Antes de este juicio, Villanueva Madrid estuvo preso en México y en Nueva York, y fue condenado a 131 meses de cárcel por conspirar para blanquear millones de dólares en pagos de sobornos del narcotráfico.

Investigado por la DEA durante años, Yarrington fue gobernador del estado de Tamaulipas (noreste) durante cinco años (1999- 2004) como miembro del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo custodia de Estados Unidos desde 2018 y tras su detención en Italia, hace cinco años se declaró culpable de aceptar sobornos como gobernador, aunque se desestimaron los cargos por narcotráfico luego de llegar a un acuerdo. Hoy permanece preso en México por delitos contra la salud en favor del crimen organizado.

 3. Roberto Sandoval

Exgobernador del estado de Nayarit (occidente) entre 2011 y 2018, actualmente se encuentra en prisión en México y, durante la primera Administración del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), fue acusado de recibir sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información.

Por estas imputaciones, Estados Unidos le prohibió ingresar al país y el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra por vínculos con los carteles mexicanos.

4. Salvador Cienfuegos

Militar de carrera y secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía estadounidense lo acusó de producción, tráfico y distribución de una tonelada de marihuana mientras formaba parte del Ejecutivo mexicano.

Nunca fue juzgado porque, en 2020, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo con el que se le retiraron los cargos para que Cienfuegos fuera trasladado e investigado en su país. Al día de hoy está en libertad por falta de pruebas.

Fue el caso más relevante en este contexto, tras haber sido secretario federal de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y el político mexicano de mayor rango condenado en EE.UU. por vínculos con el crimen organizado.

El antiguo encargado de la seguridad pública de su país fue condenado en 2024 a 38 años de cárcel en Estados Unidos, por colaborar con el Cartel de Sinaloa. Al leer la sentencia, el juez lo acusó de estar en una "empresa criminal" y de tener una "manera de pensar muy similar" a la del capo narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Por último, el caso más reciente se develó esta semana y afecta al gobernador de Sinaloa, cargo que Rocha Moya desempeña desde 2021, y a otros nueve altos cargos del estado, a quienes se les acusa presuntamente de colaborar con la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa, para el tráfico de grandes cantidades de droga a EE.UU.

Los acusados negaron categóricamente estos hechos, en un caso que ha provocado un sismo político en México y ha vuelto a abrir el debate de la relación entre el narcotráfico y funcionarios públicos.

El 30 de abril de 2026, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Marina Real de los Países Bajos permitió la incautación de casi cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína y marihuana en el mar Caribe.

El despliegue, denominado operación Anvil, utilizó intercambio de información de inteligencia en tiempo real para identificar y atacar rutas empleadas por redes de narcotráfico, según reportaron las autoridades colombianas.

El impacto económico de este decomiso fue valorado en USD150.000.000 por organismos oficiales, quienes señalaron que ese dinero estaba destinado al financiamiento de organizaciones de crimen transnacional. Además de la incautación de estupefacientes, se reportó la captura de 12 personas de nacionalidad colombiana, dominicana y venezolana, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales tanto en Colombia como en Aruba, junto al material retenido.

“Luego de varios meses de trabajo y una estrecha coordinación de información de inteligencia las dos instituciones navales focalizan su esfuerzo para combatir el crimen transnacional organizado, especialmente el narcotráfico, mediante operaciones de interdicción marítima en corredores estratégicos en el Caribe, que están siendo utilizados por estas organizaciones para el tráfico de sustancias ilícitas”, explicaron las autoridades en un comunicado.

En la operación, cuyo planeamiento requirió meses de coordinación bilateral, participaron la fragata ARC Caldas y la patrullera oceánica ARC 24 de Julio por parte de Colombia, y la patrullera Friesland de la Marina neerlandesa. Las tres embarcaciones ejecutaron maniobras combinadas en altamar y controlaron rutas marítimas estratégicas para el tráfico de drogas.

Las acciones en los corredores marítimos identificados como puntos críticos incluyeron la interceptación de cuatro embarcaciones tipo go fast, en las cuales se transportaban más de tres toneladas de cocaína y 800 kilogramos de marihuana.

Luego de la operación, el vicealmirante Carlos Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, sostuvo que la alianza militar con Países Bajos permitió a la entidad mejorar su desempeño naval y lucha contra criminales.

“La Armada de Colombia y la Marina Real de los Países Bajos, en el marco de la Operación Anvil, hemos fortalecido las operaciones en el mar con capacidades navales e intercambio de información de inteligencia para continuar cerrándole los espacios a las organizaciones de crimen transnacional en el Gran Caribe”, dijo en un video.

Y agregó: “Sin duda alguna, la Armada de Colombia se encuentra reforzando la cooperación internacional y la confianza entre las marinas de la región en la lucha contra las organizaciones de crimen transnacional y terroristas, poniendo de manifiesto la efectiva interoperabilidad entre las instituciones que contribuye en negarle el uso del mar y en mantener las líneas de comunicación marítima en libertad de navegación”.

Balance de la Armada de Colombia en el primer trimestre de 2026

La Armada de Colombia consolidó su ofensiva contra el narcotráfico y otras economías ilícitas durante los primeros tres meses de 2026, logrando la incautación de más de 154 toneladas de estupefacientes en operaciones desarrolladas en mares, ríos y zonas costeras del país.

Según el comunicado oficial de la institución, la cifra incluye 127 toneladas de clorhidrato de cocaína, 23 toneladas de marihuana y cuatro toneladas de pasta base de coca, en una serie de acciones que evitaron que estos cargamentos alcanzaran los mercados internacionales.

Conforme a información de la rama de las Fuerzas Militares, las operaciones de interdicción marítima y fluvial permitieron además interceptar tres semisumergibles empleados por organizaciones criminales para el transporte de droga. Se destruyeron 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, impactando de manera directa la infraestructura criminal en distintas regiones.

En el mismo periodo, 423 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales resultaron capturadas. La autoridad militar atribuye a estos resultados una mejora perceptible en la seguridad de áreas estratégicas del territorio colombiano.

La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reafirmaron el jueves su compromiso de intensificar la cooperación ante el aumento global del narcotráfico durante la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-Celac, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, principal foro político de articulación entre ambas regiones.

El encuentro sirvió para definir prioridades estratégicas y respuestas conjuntas frente a los desafíos del narcotráfico y el crimen organizado.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, indicó que la problemática “exige una respuesta global”. Grande-Marlaska subrayó que estos delitos “han evolucionado en los últimos años (...) con redes altamente sofisticadas que utilizan nuevas tecnologías”, lo que requiere “una respuesta global, basada en el principio de responsabilidad compartida y común”.

Por su parte, la ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que el diálogo confirma la necesidad de una alianza real, estratégica y sostenida entre el sector público y privado para hacer frente al fenómeno de las drogas.

La jefa de la Fiscalía Nacional Antidrogas de España, Rosa Ana Morán Martínez, sostuvo que se enfrenta “un fenómeno global” y remarcó la necesidad de discutirlo y establecer estrategias comunes para mejorar la cooperación. Morán Martínez adelantó que en noviembre se organizará una reunión con fiscales antidrogas de Europa, América Latina y el Caribe para abordar, entre otros temas, la investigación financiera vinculada al narcotráfico.

Raful también subrayó la importancia de enfrentar los desafíos del crimen organizado mediante un enfoque integral que combine prevención, control y cooperación internacional. Raful destacó la necesidad de “corresponsabilidad” entre el sector público y privado para limitar las acciones de las economías ilícitas.

Durante la reunión, se trataron temas clave como el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana, la prevención basada en evidencia y la lucha contra el crimen organizado, con el objetivo de consolidar políticas públicas más efectivas, humanas y sostenibles.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Gabriel Rossi, abogó por la construcción de políticas públicas comunes para combatir el narcotráfico, más allá de las llamadas guerras contra las drogas. “Si lo vemos solo en términos bélicos, la situación termina siendo de dos bandos armados”, afirmó Rossi, quien cuestionó junto a Rosa Ana Morán Martínez la efectividad de los ataques estadounidenses a lanchas en el Caribe presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas.

La XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-Celac reunió a autoridades de ambos bloques con el objetivo de impulsar respuestas coordinadas basadas en la evidencia, con enfoque de salud pública, derechos humanos y seguridad ciudadana. El encuentro permitió intercambiar experiencias y reflexionar sobre el fortalecimiento del mecanismo, “con miras a hacerlo más eficaz, dinámico y orientado a resultados”, indicó la ministra Raful.

En este marco, el acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano Mercosur entró en vigor provisionalmente este viernes, pese a que aún está pendiente de un dictamen judicial sobre su legalidad. Sellado en enero tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y elimina los aranceles sobre más del 90% del comercio entre ambas regiones.

El pacto generó controversia en Europa, especialmente por la oposición de Francia, que teme perjuicios para sus agricultores frente a la competencia de productos sudamericanos más baratos. A pesar de estas objeciones, la mayoría de los países de la UE respaldó el acuerdo, y Bruselas siguió adelante para diversificar el comercio ante la competencia de Estados Unidos y China.

“Se trabajó mucho para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de invertir el mismo esfuerzo para asegurarnos de que nuestros ciudadanos y empresas cosechen sus beneficios de inmediato”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según la funcionaria, “desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

Para conmemorar la entrada en vigor, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mantendrán conversaciones en línea con los líderes de los países del Mercosur, entre ellos Argentina y Brasil. En conjunto, la UE y Mercosur representan el 30% del PIB mundial y más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo facilitará las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, y permitirá la entrada en Europa de carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. La aplicación del acuerdo avanza pese a que el Parlamento Europeo remitió el texto al Tribunal de Justicia de la UE en enero, en vez de aprobarlo directamente.

Francia intentó bloquear el acuerdo por el impacto en su sector agrícola, sin éxito, lo que generó una ruptura pública con Alemania. Mientras tanto, la UE continúa negociando otros acuerdos comerciales con mercados como India, Australia e Indonesia.

(Con información de EFE)

“Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta oficial de X.

Sheinbaum destacó este encuentro como “una gran oportunidad” para “profundizar los lazos comerciales” y “abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo” con el viejo continente.

La cumbre también servirá para avanzar en "prioridades comunes" como el clima y el medio ambiente, la seguridad, la energía, la inversión económica, la salud, la migración, la digitalización y la innovación.

Asimismo, precisó que la agenda de trabajo contempla la visita a México de Costa y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien se firmará el Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación (Acuerdo Global Modernizado) entre México y el bloque comunitario como uno de los principales eventos.

El Acuerdo Global Modernizado busca, según el Consejo Europeo, actualizar y profundizar el marco existente para la relación política, económica y de cooperación entre la UE y México, establecido hace 25 años con el primer Acuerdo Global que entró en vigor en el año 2000.

El narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín, extraditado en diciembre desde Argentina a Uruguay, fue condenado este jueves en Uruguay a 10 años y tres meses de cárcel, según informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Fernández Albín fue sentenciado por los siguientes delitos: organización de las actividades del narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico interno de armas de fuego, todos en régimen de reiteración real.

Fernández Albín llegó a Uruguay desde Argentina tras un fuerte operativo de seguridad y al día siguiente había sido imputado y enviado a prisión.

En su momento, la incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

La Fiscalía informó este jueves que la condena de Fernández Albín se da en el marco de una serie de acuerdos abreviados que hubo, lo que implica el reconocimiento de los delitos a cargo de una pena menor. Además, fueron sentenciados también otro hombre y dos mujeres, pertenecientes a organizaciones criminales que operan en Uruguay.

Una de las condenadas fue por ser responsable de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, a una pena de dos años de penitenciaría. La otra tuvo la misma condena, pero por un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia.

El otro hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, a una pena de 22 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

“Estas resoluciones judiciales representan un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, y reafirman el compromiso de la justicia. Las condenas alcanzadas son el resultado de una investigación rigurosa, pruebas contundentes y el profesionalismo de los equipos intervinientes. Destacamos el esfuerzo coordinado de los fiscales, autoridades policiales de nuestro país y de la República Argentina, cuyo trabajo ha sido clave para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, dice el comunicado de Fiscalía.

Las condiciones de la reclusión de Fernández Albín fueron noticia. Él dice que en la cárcel uruguaya en la que cumple prisión preventiva sufre “tortura psicológica, amenazas y un aislamiento prolongado innecesario”. Su defensa ha presentado recursos de habeas corpus que fueron desestimados por la Justicia uruguaya buscando mejorar las condiciones. En una de las solicitudes, pedía tener acceso a un televisor y una heladera. Para hacer sentir sus reclamos, una de las estrategias que utilizó fue la de recurrir a una huelga de hambre.

A mediados de enero, el gobierno uruguayo difundió imágenes de cómo era este centro penitenciario. Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluyen la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y doble muro perimetral.

Para establecer este sistema, las autoridades tuvieron en cuenta las pericias que el Instituto Técnico Forense hizo sobre Fernández Albín, que constataron que no tiene riesgos ni problemas de salud mental. “Se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”, dice el informe publicado entonces por el Ministerio del Interior.

El Gobierno peruano dio un paso clave en su estrategia contra el narcotráfico: oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), una nueva estructura que reemplazará progresivamente al histórico Proyecto Especial Corah tras más de cuatro décadas de funcionamiento. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la respuesta estatal frente al avance de los cultivos ilegales de hoja de coca vinculados a economías ilícitas.

La decisión marca un giro en la política pública antidrogas en el país. El nuevo programa dependerá directamente del Ministerio del Interior y tendrá como eje central la reducción del espacio cocalero ilegal en zonas estratégicas, incorporando no solo acciones de erradicación, sino también un enfoque integral que incluye variables ambientales, sociales, culturales y económicas en los territorios intervenidos.

Adiós al Corah: el fin de un programa con 43 años de historia

La creación del PRECIP implica la disolución progresiva del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), creado en 1982 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este programa fue durante décadas la principal herramienta del Estado peruano para la erradicación de cultivos ilegales, inicialmente en el Alto Huallaga y luego en todo el territorio nacional.

Con el paso de los años, el Corah amplió su ámbito de intervención y operó con financiamiento internacional, especialmente del gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (INL). Sin embargo, las autoridades consideran que su estructura había quedado desfasada frente a la complejidad actual del tráfico ilícito de drogas y las dinámicas de expansión de los cultivos ilegales en diversas regiones del país.

El cierre del Corah deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días calendario, en paralelo a la implementación del nuevo programa. Para ello, el Ministerio del Interior conformará una comisión encargada de transferir bienes, documentos, activos y pasivos hacia el PRECIP, garantizando la continuidad operativa de las acciones de erradicación.

PRECIP: nueva estrategia con enfoque integral y metas claras

El PRECIP tendrá como principal objetivo reducir y erradicar los cultivos ilegales en las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. A diferencia de su antecesor, este programa incorpora un enfoque más amplio que busca no solo eliminar sembríos ilícitos, sino también intervenir en las condiciones que favorecen su expansión.

Entre sus funciones destacan la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, el desarrollo de campañas de sensibilización en comunidades, así como la articulación con entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional. Además, se enfatiza el respeto a las características de las poblaciones locales para reducir la conflictividad social que históricamente ha acompañado estas intervenciones.

En paralelo, el programa reconoce el impacto ambiental de los cultivos ilegales, especialmente en la Amazonía, donde la expansión cocalera está vinculada a la deforestación y pérdida de biodiversidad. En ese sentido, la erradicación es planteada también como una herramienta para la protección de ecosistemas vulnerables.

En lo que va de 2026, las operaciones de erradicación ya muestran avances. Según información oficial, se han eliminado 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que habría evitado la producción potencial de más de 11 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Estas acciones forman parte de una meta nacional de 19.000 hectáreas a erradicar durante el año.

Las intervenciones se concentran en zonas como Aguaytía, en la región Ucayali, y continuarán en otros ejes operativos como Putumayo, Caballococha, Tingo María, Atalaya y Callería. Solo en una jornada del 8 de marzo, brigadas lograron eliminar más de 40 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

El PRECIP tendrá una vigencia inicial de cinco años y será financiado con recursos del Ministerio del Interior, transferencias de Devida y aportes de cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. Durante su primer año, estará habilitado para contratar personal bajo el régimen CAS con el fin de asegurar su operatividad inmediata.

La administración de Barrancabermeja anunció una recompensa de $50 millones para quien suministre información que permita ubicar a los responsables de la masacre que cobró la vida de tres jóvenes y dejó una menor herida en el barrio Rafael Rangel.

La decisión se tomó en un consejo extraordinario de seguridad, en el que participaron representantes de la alcaldía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia, con el objetivo de contener el avance de la violencia en la zona.

Esta medida responde al impacto social generado por el crimen, ocurrido la tarde del 29 de abril en el sector conocido como Loma de Oro, dentro de la comuna 6. Allí, hombres armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra los ocupantes, causando la muerte de Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años, su hermano Over Delgado, de 17, y una adolescente de la misma edad, pareja de uno de los hermanos.

Una cuarta joven, también de 17 años, resultó gravemente herida y permanece bajo observación médica.

Primeras hipótesis de la investigación

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Barrancabermeja, el principal objetivo del ataque habría sido Juan Felipe Delgado Cabrales, conocido con el alias de Búcaro, que presuntamente pertenecía a la banda delincuencial Los de la M.

Las autoridades investigan si el triple homicidio está vinculado a disputas entre grupos dedicados al microtráfico y otras actividades ilegales en la región.

El secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez, informó que “es una alteración de orden público, hay extorsión en algunos comerciantes. Se dispondrá de una cápsula investigativa y se asignaron dos fiscales para el caso. Hacemos un ofrecimiento público de una recompensa”.

Según datos de la Policía, Juan Felipe Delgado había sido capturado semanas atrás por tráfico de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Contexto de violencia y respuestas institucionales

El múltiple homicidio se suma a una serie de episodios violentos que afectan a Santander y refuerzan la alerta sobre la disputa de economías ilegales en el Magdalena Medio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que, con este caso, ya son 49 las masacres perpetradas en Colombia en lo que va de 2026. Este organismo emitió alertas tempranas sobre el riesgo para la población de Barrancabermeja ante la imposición de normas y gobernanza ilegal por parte de grupos armados.

En respuesta, la Policía Nacional desplegó operativos en la comuna 6, resguardando el sector y recolectando elementos materiales probatorios. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que se realiza “una intervención sostenida en la zona donde ocurrió el ataque”, y que se investiga la relación de los hechos con la confrontación entre bandas conocidas como Los de la M.

Unidades de investigación judicial inspeccionaron la vivienda donde ocurrió la masacre, mientras los equipos técnicos revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para reconstruir la dinámica del crimen.

“Lamentablemente se presenta una situación aquí en el sector de la Ladrillera... Cuando llegamos a verificar nos encontramos con una vivienda donde tres personas perdieron la vida”, declaró el coronel Edwin Nieto, comandante de Policía del Magdalena Medio.

Clamor ciudadano y antecedentes de riesgo

La masacre generó temor entre los habitantes de la comuna 6, que piden una mayor presencia institucional y estrategias efectivas para restablecer la seguridad. Vecinos y familiares de las víctimas reportaron el ataque tras escuchar los disparos, y salieron alarmados en busca de auxilio. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación de los responsables.

La Defensoría del Pueblo incluyó a Barrancabermeja en la Alerta Temprana 013/25 y alertas previas, advirtiendo sobre la disputa entre actores armados por el control del narcotráfico, extorsiones, tráfico de armas y robo de combustible en la zona. Estos factores contribuyen al incremento de la violencia y la vulnerabilidad de la población.

Las autoridades mantienen la recompensa de $50 millones y hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación continúa mientras se refuerzan los controles y la presencia institucional en el sector.

La violencia en el norte de Veracruz golpeó nuevamente al gremio de taxistas luego de que fue asesinado a balazos Josué Bandala, conocido como “El Borrego”, líder de transportistas en la comunidad de Casitas, en el municipio de Tecolutla. El ataque ocurrió frente a su esposa e hijos, en un hecho que evidenció el nivel de inseguridad que enfrenta la región.

De acuerdo con los reportes, el dirigente fue interceptado por hombres armados en la zona de Monte Gordo, cuando se encontraba en el hotel Marbella, lugar donde presuntamente también se desempeñaba como gerente. Los agresores irrumpieron en el sitio y dispararon de manera directa contra él, provocando su muerte inmediata.

El crimen ocurrió cuando Bandala se disponía a trasladar a su familia a la escuela, lo que agravó el impacto del hecho por haberse cometido en presencia de sus seres cercanos. Tras el ataque, elementos de seguridad estatal y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

“El Borrego” era propietario del taxi número 117 y había adquirido notoriedad en el gremio luego de encabezar recientemente manifestaciones de transportistas que exigían un alto a la ola de violencia en la zona. Su asesinato ocurrió en un contexto particularmente tenso, marcado por ataques previos contra trabajadores del volante.

Las autoridades también lo vincularon indirectamente con una investigación en curso, ya que su unidad había sido relacionada con el caso de otro taxista asesinado, lo que mantenía abiertas diversas líneas de indagatoria por parte de la Fiscalía General del Estado.

El homicidio no fue un hecho aislado. Apenas el 16 de abril, en la misma región de Tecolutla, fueron hallados sin vida dos taxistas que habían sido reportados como desaparecidos. Por este caso, incluso fueron detenidos un comandante de la policía municipal y su escolta, señalados por su presunta participación en los crímenes.

La cadena de asesinatos reflejó una crisis de seguridad que se extendió por distintas localidades del norte veracruzano, donde el gremio transportista se convirtió en uno de los más vulnerables frente a la delincuencia. En días recientes, conductores habían denunciado amenazas, desapariciones y homicidios, lo que derivó en protestas y bloqueos carreteros para exigir protección.

El asesinato de Josué Bandala se sumó así a una serie de hechos violentos que, en cuestión de semanas, dejaron varias víctimas entre los taxistas, profundizando la percepción de inseguridad y la exigencia de justicia en la zona.

Un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes permitió detectar 300 ampollas de fentanilo ocultas dentro de un taxi. El procedimiento se realizó durante un control de rutina sobre la ruta provincial N° 34, a la altura del cementerio Santo Tomás, en las inmediaciones de la ciudad de Ituzaingó.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad nacional a Infobae, el personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvo la marcha de un automóvil Chevrolet Classic que prestaba servicio de taxi. El conductor, que viajaba solo, exhibió un comportamiento sospechoso, lo que llamó la atención de los efectivos y, en consecuencia, procedieron a revisar el interior del vehículo. Bajo el asiento del chofer encontraron tres cajas ocultas que contenían ampollas con una sustancia líquida.

Los gendarmes solicitaron la documentación correspondiente que acreditara la legal tenencia y transporte de las ampollas, pero el conductor manifestó no poseer ningún aval. Ante esta situación, dieron aviso al magistrado interviniente, quien ordenó el secuestro inmediato de las sustancias halladas.

Personal especializado de Criminalística abrió las cajas y realizó el conteo de las ampollas, que sumaron un total de 300 unidades de 2 miligramos cada una. Las pruebas de orientación de campo arrojaron resultado positivo para fentanilo, un opioide sintético producido por un laboratorio de la República del Paraguay.

La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de la totalidad de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del taxista, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no informaron la identidad del detenido ni el destino final de las sustancias.

Desde la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva advirtieron que el fentanilo es considerado hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Su uso autorizado se limita al ámbito médico, principalmente para el tratamiento de dolor intenso en cuidados paliativos y procedimientos quirúrgicos.

El hallazgo se enmarca en los controles preventivos que la Gendarmería Nacional realiza de manera periódica en rutas de la región para detectar posibles delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas y productos farmacéuticos de origen extranjero.

El antecedente en Chubut

Días atrás, un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió desarticular un circuito de traslado ilegal de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico, tras la interceptación de una encomienda en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn.

La investigación, encabezada por la sede fiscal descentralizada de Rawson, derivó en la detención de una persona y múltiples allanamientos en la provincia de Entre Ríos, donde se incautó una importante cantidad de sustancias, dinero en efectivo y armamento.

El procedimiento se inició el pasado jueves, cuando efectivos detectaron una caja sospechosa proveniente de Entre Ríos. Al inspeccionarla, encontraron en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, dos potentes opioides utilizados en contextos médicos controlados, principalmente en anestesia.

A partir de este hallazgo, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en Rawson articuló un trabajo coordinado con su par en Paraná. El intercambio de información permitió avanzar rápidamente sobre el origen del envío y solicitar allanamientos en domicilios vinculados al remitente.

Durante los operativos realizados en la ciudad de Paraná, los gendarmes lograron secuestrar un significativo volumen de fármacos: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, otras 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo.

Además, incautaron documentación relevante para la causa, grandes sumas de dinero en distintas monedas —más de 15,8 millones de pesos argentinos, 17.100 dólares y 3.200 reales—, así como armas de fuego y municiones.

Efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” de Gendarmería Nacional Argentina decomisaron 10 kilos 350 gramos de marihuana, ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta durante un control sorpresivo en el kilómetro 1.298 de la Ruta Nacional Nº 86, en la provincia de Formosa. Tres ciudadanos masculinos, que viajaban en el vehículo, resultaron detenidos tras el operativo realizado la semana pasada.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Dreyco” indicó la presencia de sustancias ilícitas al posicionarse sobre el neumático extra, procedimiento que dio origen al hallazgo, de acuerdo a NoticiasFormosa. Los gendarmes extrajeron 14 paquetes de diferentes formas y tamaños con cannabis sativa tras desarmar el neumático utilizando herramientas de corte.

La Unidad Fiscal de Formosa autorizó el uso de escáner para revisar la cubierta, donde se visualizaron bultos amorfos compatibles con material vegetal. Además de la camioneta y los teléfonos celulares incautados, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente desde 2019.

El tráfico ilícito de marihuana se encuentra tipificado en la Ley N° 23.737 y sus modificaciones, que establecen penas de prisión y multa para quienes transporten, comercialicen o faciliten estupefacientes. En el caso de cannabis, la ley prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión para quienes trafiquen cantidades significativas o lo hagan como parte de una organización.

Casos similares en Formosa

Las autoridades decomisaron un inmueble en Formosa que era utilizado para traficar marihuana a la provincia de Buenos Aires. El predio está ubicado en Villa del Carmen, sobre la Ruta Nacional 11 de Formosa y le pertenecía a Ángel Gaspar Jiménez. La propiedad fue utilizada para la preparación de casi una tonelada de marihuana destinada a Buenos Aires.

La decisión fue a partir de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en respuesta a un planteo de la Fiscalía Federal N°2, encabezada por Luis Benítez. La juez estableció que el inmueble representó un elemento central para la comisión del delito, lo que motivó su traspaso al Estado. La causa permitió la desarticulación de una red con actividad entre Formosa y Esteban Echeverría, y en 2025, dos imputados recibieron condenas a 8 años de prisión.

Por otro lado, a mediados de abril, una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida por efectivos de la Gendarmería Nacional tras hallarse 2 kilos 125 gramos de cocaína ocultos en su equipaje, durante un control en un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional N° 11 a la altura del kilómetro 1286.

El equipaje quedó bajo sospecha luego de que personal del Escuadrón 16 “Clorinda” advirtiera actitudes nerviosas y respuestas contradictorias por parte de la pasajera. El bolso de mano, que viajaba envuelto en una frazada, fue inspeccionado con el escáner del puesto de control “Gendarme Fermín Rolón”, donde se detectaron elementos rectangulares inusuales.

La revisión se realizó en presencia de testigos y permitió hallar dos paquetes que, tras las pruebas de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína. La droga, junto a un teléfono celular, fue secuestrada por orden de la Unidad Fiscal Federal de Formosa, que dispuso además la detención inmediata de la involucrada.

Un grupo de cinco adolescentes, incluidos Josué Adán P. V. y Marelin Valeria L. M., fue detenido este miércoles por la Fuerza Armada de El Salvador en Soyapango, según un comunicado oficial. La captura se produjo en la colonia Bosques del Río tras una denuncia ciudadana a través de redes sociales que alertó sobre la presencia de miembros de la pandilla 18 Sureños en el área.

Entre los detenidos, identificados por la FAES como integrantes de la 18 Sureños, había tres menores de edad. A uno de los menores se le incautó una bolsa pequeña de marihuana. Todos los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con las autoridades. La fuente institucional subrayó: “Las pandillas y sus vínculos están siendo eliminados desde la raíz”, en relación con las acciones contra el terrorismo perpetrado por menores en el país.

Prórroga 50° del régimen de excepción

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la prórroga número 50 al régimen de excepción en todo el país. Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados avalaron la solicitud presentada por el presidente a través del Consejo de Ministros, manteniendo suspendidas garantías constitucionales clave, por 30 días más, como el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia, en conformidad con los los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución.

“Se ha dado continuidad a la ejecución de capturas de miembros de diversa jerarquía dentro de las organizaciones criminales o terroristas, en distintos puntos del territorio nacional, lo que se produce a partir de los objetivos y esfuerzos de trabajo conjunto para enfrentar dicha criminalidad y neutralizar a estos grupos delictivos”, detalla el decreto emitido este miércoles.

Además, en los decretos anteriores han justificado al extensión del plazo en tanto a la reincidencia de menores de edad organizándose en estructuras delincuenciales. El documento añade que el régimen de excepción ha permitido la identificación, localización y aprehensión de individuos vinculados a organizaciones terroristas o pandillas, quienes para mantener su capacidad delictiva han salido del país.

Prisión perpetua por terrorismo

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador puede imponer como pena la prisión perpetua a adolescentes de 12 a 18 años por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Este cambio supone la ruptura definitiva con el modelo de justicia juvenil tradicional.

Esta medida incluye la obligatoria de la prisión perpetua para menores una vez cumplidos25 años de encarcelamiento, un punto que diferencia la medida de la cadena perpetua absoluta que aplica a adultos, según se detalla la reforma legal. Este plazo fija la primera oportunidad para evaluar la posible liberación del condenado.

Los menores procesados por la Ley contra el crimen organizado quedan fuera del alcance de la Ley Penal Juvenil. De esta manera, podrán realizarse juicios masivos a adolescentes acusados de integrar organizaciones criminales como maras y pandillas, conforme señala el dictamen legislativo citado por el decreto. Bajo este esquema, los jóvenes serán juzgados en Tribunales Especializados en Crimen Organizado y no en procedimientos juveniles.

El juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, condenó a 6 años de prisión al abogado Iván Carlos Méndez tras homologar un acuerdo pleno de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El letrado, de 53 años, fue hallado culpable de integrar una asociación ilícita que mantenía activas estructuras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios federales, con líderes de alto perfil vinculados al narcotráfico como cabezas visibles.

La condena, dictada el 16 de abril pasado, también incluyó una multa, inhabilitación especial por 8 años para el ejercicio de la abogacía y declaración de reincidencia. Méndez, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, fue hallado responsable de seis delitos en concurso real: asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.

El caso fue llevado ante el tribunal por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Matías Mené, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), representada por su titular, el fiscal Diego Iglesias, y el secretario Matías Lucena Vernengo. Las audiencias se celebraron entre el 31 de marzo y el 16 de abril, fecha en que Vera Barros homologó el acuerdo. Durante ese tramo procesal, el MPF presentó intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada que confirmaron el rol del imputado dentro de la estructura criminal.

Méndez reconoció de forma expresa los hechos de la acusación, su participación, los antecedentes probatorios, la calificación legal atribuida y la pena requerida por la fiscalía. Antes de llegar a ese punto, la investigación había reconstruido con precisión el entramado de vínculos que el abogado sostenía con una decena de internos del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

Entre esos internos figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los principales abastecedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina” y condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, integrante de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del Barrio Padre Carlos Mugica de la Ciudad de Buenos Aires; y Cristian Avalle, condenado a prisión perpetua e identificado como líder de una banda ligada a Los Monos.

El MPF sostuvo que Méndez aprovechaba su condición de abogado para entrevistarse con los detenidos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo las restricciones del SIGPPLAR. El fiscal Matías Scilabra, de la PROCUNAR, fue categórico al respecto durante las audiencias: “Lo que hizo fue garantizar la comunicación de los condenados con el exterior, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. Incluso, conecta organizaciones criminales a partir de la información que obtiene”.

Lejos de ejercer la defensa técnica de sus representados, Méndez triangulaba comunicaciones, retransmitía mensajes y coordinaba gestiones patrimoniales. Desde al menos el 29 de enero de 2025 y hasta su detención el 17 de septiembre de ese año, actuó como nexo entre los líderes encarcelados y sus estructuras operativas en el exterior. Las conversaciones interceptadas mostraron que cobraba por esos servicios: tarifas mensuales de entre USD 3.000 y USD 4.000, o USD 500 por mensaje.

Entre los hechos específicos que le atribuyó el MPF se destacan la triangulación de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades vinculadas al patrimonio del condenado; el enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Carlos Mugica para transmitir información y coordinar gestiones; y la intermediación para que Segovia analizara la compra de un campo perteneciente a Morán de la Cruz. También se le imputó haber participado entre febrero y agosto de 2025 en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15.000 dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021. Como parte de pago por sus servicios, recibió un Ford Mondeo transferido a su nombre el 29 de abril del año pasado.

El 17 de septiembre de 2025, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el domicilio del abogado en Flor de Otoño al 400, en el barrio Padre Mugica —ex Villa 31 de Retiro—, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí secuestraron 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros y tres cajas de municiones.

El material bélico resultó llamativo: las piezas para el armado del fusil de asalto AR-15 eran muy similares a las que Segovia importaba y contrabandeaba desde el penal de Ezeiza, actividad que derivó en una nueva condena de 13 años de prisión para el “Rey de la Efedrina” en abril del año pasado.

La resolución del juez Vera Barros dispuso el decomiso y posterior destrucción de los estupefacientes, la balanza, las piezas del arma y las municiones. Además, ordenó el decomiso de 240.700 pesos y de dos vehículos —un auto y una camioneta—, que quedarán a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF). También se dispuso la destrucción de teléfonos celulares, una notebook, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la causa.

El MPF subrayó que el perfil del condenado acentuaba la gravedad del caso: Méndez es un ex interno del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con dos condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico, que obtuvo su título de abogado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto. Esa trayectoria le permitió conocer desde adentro el funcionamiento del sistema penitenciario y explotar sus resquicios para operar como lo hizo. Para la fiscalía, sus maniobras permitieron que organizaciones de alta peligrosidad conservaran capacidad operativa fuera de las prisiones, con impacto directo sobre la seguridad pública.

El asesinato de Pamela Royo Solano en Turrialba, cuya decapitación estremeció a Costa Rica en junio de 2024, ha expuesto el grado de brutalidad con el que operan las organizaciones criminales del país y la creciente participación de mujeres como víctimas de ejecuciones ordenadas por el narcotráfico.

La captura de dos hermanos como principales sospechosos, ambos ligados a la estructura de Jorge David Núñez Aguilar—conocido como “Coco Pastilla”—revela no solo los vínculos entre distintas bandas sino la dinámica de violencia extrema empleada para dirimir disputas territoriales por la venta de drogas, según ha informado el medio CR Hoy.

En el transcurso de la investigación de este caso, las autoridades judiciales detectaron la implicación de dos menores de edad, actualmente en detención provisional por delitos adicionales. La acción represiva del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió desarticular una célula que, de acuerdo con CR Hoy, respondía directamente al liderazgo de “Coco Pastilla”, aliado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, un fugitivo buscado a nivel nacional e internacional.

La Unidad de Crimen Organizado del OIJ acredita que el asesinato fue planeado no solo como represalia sino también como mensaje político-criminal: la cabeza de Royo Solano fue dejada en el corredor de una vivienda en Turrialba el 2 de junio de 2024; el resto del cuerpo apareció el 6 de junio a 900 metros.

El objetivo era intimidar a un vendedor de drogas operando en la zona bajo el liderazgo de Ariel Muir Solano (“Mancha”), ya advertido previamente para que cesara sus actividades.

Según el director interino del OIJ, Michael Soto, el crimen fue calificado como “atroz, cruel, muy particular y pocas veces visto en el país”, y afectó profundamente a la comunidad. Royo Solano tenía tres hijos menores y, conforme declaró una tía al medio CR Hoy, en las semanas previas a su muerte vivía en la calle y enfrentaba problemas de consumo de drogas.

La ejecución de Jazmín Torres Rankin en un centro educativo y la sentencia al “ángel de la muerte”

El patrón de violencia letal orquestada por “Diablo” se confirma con el caso de Jazmín Torres Rankin, asesinada en Tortuguero de Pococí el 20 de junio de 2023 dentro de un aula mientras rendía un examen. Dos atacantes encapuchados irrumpieron en el centro educativo Cindea, la localizaron y la mataron a tiros. Testigos afirmaron a CR Hoy que los sicarios gritaron: “Ahí les mandó el Diablo, hijueputas”, insistiendo en la autoría intelectual de Arias Monge.

La investigación atribuyó el móvil del homicidio a un ajuste de cuentas vinculado con la venta de drogas. El 8 de julio del mismo año, fue capturado Torres Flores, apodado “El ángel de la muerte”, sospechoso de ejecutar el crimen bajo órdenes de la organización de “Diablo”. Procedente del barrio Atlántida en Limón, se desplazó a Turrialba buscando esconderse, pero fue localizado en la comunidad Proyecto Veroliz. Durante la detención, la policía decomisó un arma semiautomática, municiones y material presuntamente usado para operaciones criminales.

El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Penal de Pococí condenó a “El ángel de la muerte” a 30 años de prisión por el asesinato de Torres Rankin, cuya ejecución fue grabada.

La figura de “Diablo” en la lista de los más buscados por Estados Unidos

Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, centraliza la conexión entre ambos homicidios y se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. Es requerido por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Ministerio Público y el OIJ, debido a su presunta participación en delitos de tráfico de narcóticos, asesinatos y legitimación de capitales en Costa Rica, así como conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas con destino a Estados Unidos.

En 2025, la DEA ofreció una recompensa de hasta USD 500,000 a quien aporte información relevante que conduzca a la detención o condena de Arias Monge. La agencia lo vincula con una amplia estructura de crimen organizado regional, responsable del auge de episodios de violencia extremos y ajusticiamientos en la disputa por el control de territorios para la venta y distribución de drogas.

Las operaciones delictivas de “Diablo” y sus aliados han sido motor de algunas de las expresiones de violencia más impactantes y mediáticas de los últimos dos años. El registro y desenlace judicial de estos casos han puesto de manifiesto la capacidad de las redes criminales para operar con brutalidad—incluyendo la decapitación y el asesinato en espacios públicos escolares—y la dificultad de las autoridades para capturar a los responsables intelectuales, aún prófugos.

Las autoridades de Sri Lanka arrestaron a 22 monjes budistas el 24 de abril en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo tras descubrir que transportaban más de 110 kilogramos de cannabis, en la mayor incautación de drogas registrada hasta hoy en esa terminal.

La causa de este operativo remite a la estricta legislación antidroga que rige en Sri Lanka desde hace décadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido informó que el país impone penas severas por delitos relacionados con narcóticos, permitiendo detenciones indefinidas sin cargos y condenas a largas prisiones.

El valor de los estupefacientes incautados asciende a USD 3,45 millones (1.100 millones de rupias), según detalló el portal oficial de noticias del Gobierno, y se trata del primer arresto de miembros del clero budista en el aeropuerto por estos cargos.

Cada uno de los 22 hombres, identificados como jóvenes de distintas regiones de Sri Lanka, presuntamente ocultó más de cinco kilogramos de cannabis en maletas con dobles fondos modificados. Las autoridades desplegaron el operativo gracias a un aviso confidencial, reveló la policía, e investigan la posible conexión con redes locales de tráfico de drogas.

Sri Lanka enfrenta inédita infiltración de tráfico en estructuras religiosas

El viaje de los monjes budistas a Tailandia, realizado el 22 de abril con pasajes financiados por un patrocinador no identificado, figura en el centro de la investigación. La Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka evalúa si el caso involucra una estructura organizada que trasciende la acción individual de los detenidos.

La operación generó una reacción inmediata en los organismos estatales y reabrió el debate sobre el empleo de tecnología avanzada para detectar artículos ilícitos en los puntos de ingreso al país. Las fuerzas de seguridad indicaron que el procedimiento se ejecutó tras recibir información de una fuente anónima, lo que permitió interceptar a los integrantes del grupo comprometido y asegurar la carga antes de abandonar la zona aduanera.

El episodio ocurrido en el aeropuerto internacional de Colombo involucró la intercepción de 22 monjes budistas, quienes ocultaron más de 110 kilogramos de cannabis en equipaje especialmente modificado tras regresar de Tailandia, y derivó en la mayor incautación de drogas experimentada hasta la fecha por esa terminal. Los investigados afrontan procesos judiciales y el sistema legal de Sri Lanka contempla severas penas, incluyendo la prisión prolongada y la detención preventiva.

El valor total incautado, que supera los USD 3,45 millones, figura entre los mayores registrados en la última década en puertos de entrada a Sri Lanka.

Un nuevo hallazgo de droga dentro de una cárcel vuelve a encender las alertas sobre los mecanismos de ingreso de sustancias prohibidas. Esta vez, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron envoltorios de pasta básica de cocaína escondidos dentro de un juguete de Hello Kitty en el penal de Chiclayo.

La intervención se realizó durante una requisa en las cuadras 5 y 6 del pabellón 3 del Régimen Cerrado Ordinario. Durante la inspección, los agentes revisaron distintos ambientes del recinto, incluidos los servicios higiénicos, donde se produjo el hallazgo.

Según la información oficial, el peluche se encontraba dentro de un balde y ocultaba pequeños paquetes con droga, lo que evidencia nuevas formas de ingreso de sustancias ilegales al interior de los penales.

Además del jueguete, se decomisaron otros objetos prohibidos como encendedores, tijeras, motores de ventilador, cables y una polea artesanal. Todos estos elementos representan un riesgo para la seguridad dentro de la cárcel, donde los internos pueden utilizarlos para actividades ilícitas o para vulnerar el control penitenciario.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la comisaría de Pícsi para iniciar las diligencias correspondientes.

Un antecedente reciente en el mismo penal

Este caso no es aislado. Apenas un mes antes, el 30 de marzo, en el mismo penal de Chiclayo, se realizó otra requisa que también terminó con la incautación de droga y objetos peligrosos.

En ese operativo, desarrollado durante la noche, participaron 35 agentes penitenciarios y 188 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades especializadas antidrogas y caninas.

Durante la intervención en el pabellón 3, se hallaron dos bolsas con 50 envoltorios de una sustancia con características de pasta básica de cocaína, así como 30 envoltorios tipo “ketes” con restos de vegetal molido.

Además, los agentes encontraron armas punzocortantes, cuchillos hechizos, pipas artesanales y herramientas, lo que evidenció el nivel de riesgo dentro del recinto.

En el pabellón 1, también se descubrió una memoria USB escondida dentro de una zapatilla, lo que muestra que los intentos de ocultamiento no se limitan solo a la droga, sino también a otros objetos prohibidos.

Estos antecedentes reflejan una constante: el ingreso y ocultamiento de artículos ilegales dentro de la cárcel, pese a los operativos de control.

Cambio en el INPE en medio de crisis penitenciaria

En paralelo a estos operativos, el sistema penitenciario atraviesa una etapa de cambios. Jorge Cotos Ochoa asumió la jefatura del INPE el pasado 8 de marzo de 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos al control de los penales.

A pocos días de su designación, encabezó su primer operativo en el penal de Trujillo, donde agentes realizaron una requisa en un pabellón con más de 200 internos. Durante esa intervención se incautaron armas punzocortantes y se detectaron conexiones eléctricas clandestinas.

Posteriormente, el funcionario recorrió otros establecimientos, incluyendo el penal de Chiclayo, donde supervisó pabellones y evaluó las condiciones de seguridad.

Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sistema penitenciario y ha ocupado diversos cargos en regiones como Lima, Arequipa y el norte del país.

Su llegada se produce en un momento en que el funcionamiento del INPE está bajo cuestionamiento, debido a fugas de internos, fallas en los registros y problemas de coordinación entre penales.

Críticas al sistema penitenciario desde el propio INPE

Las recientes intervenciones también coinciden con cuestionamientos desde dentro del propio sistema. Iván Paredes, exjefe del INPE, ha advertido sobre problemas estructurales que afectan la seguridad en las cárceles.

El exfuncionario señaló que el sistema enfrenta una “crisis moral”, marcada por la corrupción y el tráfico de influencias, situaciones que dificultan el control de los internos y la gestión de los penales.

Paredes también explicó que decisiones como el traslado de reclusos pueden verse limitadas por órdenes judiciales, lo que reduce la capacidad de acción de las autoridades penitenciarias.

En ese contexto, casos como el hallazgo de droga en un peluche dentro de una cárcel no solo evidencian fallas en los controles, sino también los desafíos que enfrenta el sistema para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Mientras continúan las requisas y operativos, el debate sobre la seguridad en los penales sigue abierto, en un escenario donde los hechos recientes muestran que el problema persiste.

Eva Elisa Dellasanta, alias “La Dellisanta”, fue detenida días atrás durante un impactante operativo de la Policía bonaerense en el barrio Puerta de Hierro, en La Matanza, en el que secuestraron más de 4500 dosis de cocaína. La mujer de 48 años era el principal objetivo del procedimiento, debido a que una investigación, a cargo del fiscal Matías Folino, la señala como jefa de una organización narco.

Sin embargo, su hijo, Luciano Rodríguez, de 22 años, asegura que se trata de un error y de algunas coincidencias que se dan por la metalera que montó su mamá en la misma propiedad donde funciona el kiosco de la familia, ubicado en la entrada al barrio, cerca de una garita de la policía y que, para la causa, es una pantalla para la comercialización de droga.

“Mi mamá es una mujer emprendedora. Siempre tuvo maxikiosco y almacén. En 2010 aprendió el oficio de los metales y abrió un depósito. Ella compra cobre, aluminio, bronce, que pueden estar en latas de cerveza, desodorante, marcos de ventanas... Después ella, lo separa, lo limpia y lo vende por kilo a un mayorista“, explicó el joven a Infobae. “Ella no atiende la mayor parte del tiempo, tiene empleadas”.

Al igual que Luciano, las empleadas fueron aprehendidas y liberadas poco después. “Hace un año y medio hizo un curso de metales preciosos y, desde ese momento, está comprando oro y plata, por eso le encontraron una balanza, no es para pesar droga”, indicó.

“Cuando yo terminé el colegio empecé a trabajar con ella al por mayor, estoy habilitado para la compra de golosinas, alfajores, chocolate, me perfeccioné en eso”, aseguró sobre el trabajo que hace con su camioneta, que también había sido secuestrada por los uniformados.

“Mi mamá no es narco, en diciembre se recibió de psicóloga social en un terciario, hizo varios cursos de salud mental para ayudar a las personas, tiene un hijo y un nieto con autismo, también los hace para entenderlos. En esa casa que allanaron, ella vive con mis hermanitos de 13 y 15 años, mi hermana de 30 años y sus cuatro hijos. Cuando llegaron los policías, todos estaban ahí”, remarcó sobre la mujer que es representada en el expediente por el abogado Fernando Madeo Facente, quien estuvo al frente de la defensa de casos resonantes como la de Braian Nahuel Paiz, acusado de venderle drogas a Liam Payne.

De acuerdo a Luciano, Delliasanta también practica artes marciales, participó de torneos nacionales y planeaba viajar a Europa para disputar otra competencia.

En el procedimiento la policía incautó papel glacé y virulana, dos elementos típicos del negocio narco. Sobre ese punto Luciano asegura que su madre los ofrece como otros artículos del local y, en cuanto a las dosis de cocaína, niega que su madre tenga vinculación al hallazgo.

“La gente del barrio no la ve bien a mi mamá porque tienen toda esa idea que vende droga”, reconoce. “Las personas a la que ella le compra metales es gente de la villa y muchos tienen fea apariencia, a veces, el fisura que junta latas y te la viene a vender para comprar droga o cigarrillos, con eso nosotros no podemos hacer nada. Son personas del barrio que son nuestros clientes, pero es un cierto grupito nada más, no son todos”, relató y aclaró que pone a disposición las cámaras del local para demostrar la inocencia de su madre.

Por otro lado, añadió: “Ella se crió sola porque a los 5 años perdió a su mamá y todos se preguntan cómo es que puede tener negocios, empleadas y una camioneta, cómo puede irse de vacaciones. No es porque vende droga, es porque trabaja 12 horas todos los días”.

De acuerdo a fuentes de la causa, hay evidencias en contra de la mujer que la mantienen en calidad de detenida, por decisión de la Justicia de Garantías.

Mientras tanto, el joven comerciante asegura que la Justicia mantiene el kiosco y la metalera cerrados por lo que no puede trabajar. “Con eso vivímos, alimentamos a la familia. Ahora yo estoy trabajando como chofer de una aplicación para poder tener un ingreso”, se lamentó.

Luego de que el fiscal general subrogante Carlos Fioriti presentara un recurso para revocar el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavar activos provenientes del narcotráfico, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó remitir la causa al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para la realización de un juicio oral.

La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes anularon el fallo dictado en mayo de 2025 por el ex magistrado federal Martín Poderti. En esa resolución, Poderti había sobreseído a familiares y allegados de Juan Manuel Mariscal y Hugo “Coco” Esteban, ambos condenados por narcotráfico, al considerar que no existía suficiente prueba de un esquema de lavado de activos vinculado a las actividades ilícitas de los condenados.

En el caso principal, Mariscal fue sentenciado a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, mientras que Esteban recibió 13 años de condena por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata.

Fue a partir de estos descubrimientos que las investigaciones derivaron en la apertura de un expediente para rastrear el financiamiento de estas operaciones. Como consecuencia, se detectaron maniobras de blanqueo de capitales en el entorno de ambos.

Según la Fiscalía, durante los allanamientos se halló un vehículo de la familia Mariscal en un galpón de propiedad de Esteban, junto a unos 30 automóviles más, varios sin patentar ni documentación. Este hallazgo, sumado a la ausencia de respaldo financiero y al vínculo entre los poseedores de los vehículos y los condenados por narcotráfico, llevó a ampliar la investigación hacia el lavado de dinero.

Por este motivo, el fiscal argumentó que existía un vínculo asociativo y comercial entre ambas familias, con un incremento patrimonial injustificado y operaciones realizadas con documentación falsa, domicilios inexactos y la conversión de dinero ilícito en bienes, principalmente vehículos.

A raíz de esto, se trazó la hipótesis de una organización compuesta por familiares y allegados de Mariscal y Esteban, que habría adquirido bienes desde 2011 hasta 2019 con ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes. Los bienes habrían sido introducidos al mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia para darles apariencia lícita.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) calificó los hechos como lavado de activos agravado por habitualidad, imputando a los acusados como parte de una asociación destinada a cometer estos hechos de modo continuado, según la información recopilada por el sitio Fiscales.

Luego de que el ex juez Poderti analizara las pruebas, consideró que las maniobras de lavado eran operaciones independientes y que no superaban el umbral de 150 salarios mínimos que exige el artículo 303 del Código Penal para el delito de lavado. Por ello, aplicó una figura atenuada prevista en el inciso 4 del artículo, que contempla solo una multa, lo que derivó en la prescripción de la acción penal.

No obstante, el fiscal Fioriti sostuvo que la ley prevé una pena más grave en casos de habitualidad o asociación, y que la habitualidad debía ser discutida en un juicio oral. Además, argumentó que correspondía sumar los montos de todas las operaciones vinculadas, lo que superaría el tope legal y habilitaría una pena de prisión.

De la misma manera, señaló que la decisión de sobreseer invadía cuestiones de política criminal definidas por la Procuración General y afectaba los compromisos internacionales de la Argentina en la lucha contra el lavado. Incluso, remarcó que el grupo operó en Mar del Plata desde 2011 a 2019, realizando operaciones comerciales en nombre propio o a través de terceros, utilizando comercios y una concesionaria de vehículos no registrada como pantalla para ingresar bienes adquiridos con dinero ilícito al circuito formal.

Según información aportada por la AFIP —hoy ARCA—, los acusados no registraban actividad económica acorde a su patrimonio. La investigación determinó que las maniobras se centraban en la compra y venta de vehículos de alta gama y inmuebles como fachada.

Finalmente, Fioriti sostuvo que el lavado de activos es un delito permanente, cuya consumación se prolonga hasta que culmina la conducta ilícita, lo que solo ocurre con una sentencia condenatoria. Asimismo, afirmó que la acción penal no había prescrito porque parte de los bienes continuaban en manos de los imputados o habían sido vendidos a terceros.

Por su parte, el fiscal general Raúl Omar Pleé apoyó esta postura y criticó el enfoque del ex juez, al señalar que la interpretación aislada de los hechos llevó a una conclusión irrazonable sobre el monto real de las operaciones. Por esto, afirmó que el tipo penal permite considerar la reiteración de conductas y la existencia de una organización común, contexto en el que la causa se inserta como un fenómeno criminal complejo vinculado al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En línea con esto, enfatizó que la respuesta estatal debía ser coherente con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que exigen investigar y sancionar eficazmente estas conductas, evitando resoluciones que frustren el juzgamiento de los hechos.

El juez Carbajo destacó que la acusación describía múltiples maniobras de lavado insertas en un plan delictivo global, continuado y organizado, cuyo objeto era dar apariencia lícita a fondos de origen presuntamente ilícito. También sostuvo que la ley es clara y no exige esfuerzo interpretativo, por lo que la decisión de considerar cada operación como un hecho independiente se apartó de la base fáctica y llevó a una conclusión forzada bajo la figura atenuada del artículo 303.

Por este motivo, afirmó que la decisión revocada no puede considerarse un acto jurisdiccional válido. Asimismo, el juez Hornos subrayó que el lavado de activos es un ilícito que afecta bienes jurídicos colectivos, como el orden socioeconómico, la estabilidad financiera y la confianza pública.

Al mismo tiempo, recordó que el delito no solo implica incorporar fondos ilícitos al circuito formal, sino que consolida económicamente el delito precedente, volviéndolo eficaz y rentable, como advierten organismos internacionales como el GAFI y el GAFISUD. Finalmente, Barroetaveña adhirió a lo expuesto por sus colegas.

Ecuador construirá todas las megacárceles que considere necesarias en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, según afirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

La administración del presidente Daniel Noboa impulsa desde 2023 una política firme contra las bandas criminales, que incluye la edificación de prisiones de alta seguridad bajo estrictas restricciones, similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Desde noviembre, Ecuador opera su primera cárcel de máxima seguridad, con capacidad para 800 personas, donde permanecen líderes de mafias y políticos condenados por corrupción, aislados y bajo medidas severas. Noboa prevé iniciar en mayo la construcción de una segunda penitenciaría para 15.000 reclusos, cuya apertura está prevista en un plazo máximo de 18 meses.

“¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes”, afirmó Reimberg desde Guayaquil en una entrevista a la agencia AFP. El país registró en 2023 una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de la región.

La primera cárcel, El Encuentro, se ubica en la provincia de Santa Elena y alberga actualmente a 600 internos. Según el miembro del gabinete de Noboa, la construcción de estas megacárceles provocó ataques de bandas vinculadas a cárteles internacionales, con el uso de drones para intentar vulnerar la seguridad de los centros penitenciarios.

“Llevamos cerca de 600 drones que intentaron llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción. Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen”, detalló.

Las autoridades mantienen en reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por motivos de seguridad. Al nuevo centro serán trasladados “delincuentes de alta peligrosidad” que deberán permanecer incomunicados.

Organizaciones de derechos humanos criticaron la política penitenciaria de Noboa, denunciando abusos, muertes por tuberculosis, enfrentamientos y desnutrición entre los internos. Reimberg respondió: “¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad”.

Ecuador constituye un corredor clave para el narcotráfico, con un 70% de la cocaína de Colombia y Perú transitando por su territorio. “No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar”, concluyó Reimberg, quien informó que 74.000 personas fueron detenidas el año pasado.

Noboa se consolidó como uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump en Latinoamérica, a quien le solicitó apoyo para enfrentar el crimen organizado en la región. De acuerdo con Reimberg, Washington instaló en Ecuador, de manera permanente, una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

La cooperación bilateral se centra en el intercambio de “información” e “inteligencia” para identificar objetivos, ubicar almacenes de drogas y coordinar acciones contra la delincuencia. El ministro agregó que la colaboración incluye la presencia de agentes estadounidenses que trabajan junto a la fuerza pública ecuatoriana, así como el despliegue de aeronaves de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. La administración de Noboa intentó, sin éxito, instalar bases militares extranjeras mediante un referendo.

A poco de asumir el cargo, el mandatario nacional declaró a Ecuador en “conflicto armado interno” para habilitar la presencia militar en las calles, decisión que generó denuncias por presuntos excesos en el uso de la fuerza pública.

Consultado sobre los altos índices de violencia, Reimberg señaló tres factores principales: la justicia permeada por la corrupción, los gobiernos de izquierda anteriores y la política del gobierno de Colombia, presidido por Gustavo Petro.

“Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (...) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte”, afirmó, en medio de una disputa diplomática entre ambos países que incluyó la imposición de aranceles y el retiro de embajadores.

(Con información de AFP)

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Detienen a dos presuntas integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Dos mujeres fueron detenidas en el municipio de Huehuetán por su presunta participación en delitos contra la salud, tras un operativo conjunto de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.

Mediante un reporte oficial, las autoridades señalaron que las detenidas, identificadas como Cielo “N” y Carmen “N”, fueron interceptadas durante patrullajes en Avenida Zaragoza y calle Aldama, donde su actitud evasiva motivó una inspección.

En el lugar les aseguraron ocho dosis de hierba verde con características de marihuana, ocho dosis de sustancia granulada conocida como cristal y siete dosis de polvo blanco similar a la cocaína.

Según las autoridades, las mujeres manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa.

Tanto las personas como las sustancias decomisadas quedaron a disposición de la fiscalía estatal.

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El hallazgo del cuerpo de Pamela Royo Solano el 6 de junio de 2024 en Turrialba conmocionó a las autoridades de Costa Rica. Según informó el Ministerio Público, la joven fue asesinada y decapitada tras negarse a participar en la venta de droga para una estructura criminal vinculada a Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”. La cabeza de la víctima fue abandonada frente a una vivienda del sector, como advertencia a la comunidad.

De acuerdo con datos del Ministerio Público recogidos por el Ministerio Público, la investigación sostiene que Royo Solano fue interceptada por varias personas y llevada a una casa, donde fue ultimada de siete disparos antes de ser decapitada. Posteriormente, su cuerpo fue localizado después de que fuera reportada como desaparecida. Las autoridades calificaron el acto como una medida de amedrentamiento utilizada por la organización delictiva.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Turrialba identificaron a un hombre y dos mujeres como sospechosos directos en el caso. Los tres individuos fueron detenidos en un operativo realizado en la localidad de Los Laureles, donde se decomisó droga y dinero. El principal imputado enfrenta cargos por homicidio calificado, mientras que las dos mujeres permanecen bajo sospecha de favorecer a la estructura criminal al ocultar información relevante sobre el caso. El Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares contra los tres implicados, quienes ya se encuentran bajo investigación formal.

La estructura criminal que lidera Alejandro Arias Monge tiene presencia dominante en el cantón de Pococí, extendiéndose a zonas como Guácimo, Sarapiquí, Pocora y San Carlos, según el OIJ. El Ministerio Público en su sitio web reportó que Arias Monge es considerado uno de los narcotraficantes más buscados del país, con una recompensa de 500.000 dólares ofrecida por la DEA para facilitar su captura.

El 5 de junio de 2025, el Ministerio Público de Costa Rica informó sobre once allanamientos simultáneos en Aguas Zarcas de San Carlos y áreas aledañas, con el objetivo de desarticular una organización dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína, crack y picadura de marihuana. La investigación reveló que el grupo recibía órdenes directas de uno de los lugartenientes de Arias Monge y operaba mediante el sistema de entregas exprés, utilizando palabras clave como “pollo” para la cocaína, “abuelo” para el crack y “verde” para la marihuana.

Las autoridades también atribuyen a esta organización el homicidio de un hombre identificado como Blanco Romero el 8 de febrero en Santa Rosa de La Palmera. Las pesquisas determinaron que dos sicarios vigilaron a la víctima y la atacaron con armas de fuego en su vivienda. El hombre estaba vinculado a una estructura rival.

Los delitos imputados incluyen infracción a la Ley de Psicotrópicos —transporte, almacenamiento, distribución, posesión, comercio y venta de drogas—, con penas de entre ocho y veinte años de prisión, y homicidio calificado, sancionado con hasta treinta y cinco años de cárcel.

La estructura criminal de “Diablo” mantiene una amplia influencia en la región y es objeto de continuas operaciones de seguridad y justicia, según las autoridades costarricenses.

Dos instituciones educativas de la zona sur de Rosario se vieron obligadas a interrumpir sus actividades este martes 28 de abril tras la aparición de banderas con mensajes narco. Los mensajes se encontraban colgadas en las puertas de ingreso del jardín Nº 1.285 “San Casimiro”, en Margis y Nuestra Señora del Rosario, y en la escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, ubicada en B. Suárez al 5000.

Las banderas encontradas eran idénticas y mencionaban a un policía y a Andrés Bracamonte, hijo de “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado en noviembre de 2024. La Policía de Investigaciones secuestró las telas para realizar peritajes y seguir con la investigación del caso.

Frente a esto, decidieron suspender las actividades hasta tanto avance la investigación. En ese sentido, la escuela Yupanqui informó la decisión a través de un comunicado de la institución: “Suspendidas las clases por el día de hoy 28/4. Todos los niveles”. Los incidentes más recientes forman parte de una serie de intimidaciones similares ocurridas en abril, que incluyeron establecimientos de nivel primario, secundario y hasta un centro de salud municipal. En todos los casos apareció el nombre de Andrés Bracamonte.

Andrés “Pillín” Bracamonte, ex jefe de la barra brava de Rosario Central, fue asesinado durante una emboscada a la salida de un partido en el estadio del Gigante de Arroyito. La principal línea de invesigación detrás del ataque apunta a una disputa por el territorio, en medio del crecimiento de la banda Los Menores en la ciudad (señalada por su presunto vínculo con la banda de Los Monos).

Los mensajes narco que aparecieron en las escuelas de Rosario

La aparición de mensajes mafiosos en escuelas de Rosario encendió la preocupación en la comunidad educativa. En lo que va del año, cuatro establecimientos hallaron banderas con textos dirigidos a actores del narcomenudeo.

A principio de marzo, la escuela Nº 84 “José Mármol”, ubicada en Larrea y Vélez Sarsfield, suspendió el turno mañana tras encontrar en su ingreso una bandera intimidatoria que mencionaba a Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda Los Monos; Máximo Ariel “Viejo” Cantero; Jonatan Gómez o “Gordo Jony”; y a Andrés Bracamonte.

En un diálogo con Radio2, la directora de la escuela, Carolina, explicó luego del hecho: ″Están utilizando las escuelas para comunicarse. La escuela tiene que ser un lugar para aprender”. Recordó además un antecedente de abril de 2023, cuando la propia institución fue atacada a tiros durante una ola de agresiones a dependencias estatales, pero destacó que tras ese episodio “la comunidad educativa nos apoyó y logramos que la escuela sea segura”.

Otra bandera con mensajes narco fue colgada en la “Escuela Rey de Gloria”, en Perú al 300 bis. Además, la Policía de Investigaciones intervino en el colegio Nº 1.428 “Colegio del Sur”, en Regimiento 11 al 1100, donde una bandera con el mismo contenido apareció sobre una reja, lo que motivó que las autoridades desobligaran a los alumnos por precaución. Ese mismo día por la tarde se halló un cartel similar cerca del Policlínico San Martín, en Chubut al 7100, también dirigido a Jonatan Gómez, a quien relacionan con Dylan Cantero y Andrés Bracamonte hijo.

El otro incidente apareció en una sábana en un puente peatonal de la ruta 34 S y autopista Rosario Santa Fe, dirigida a quien, según el texto, habría dejado de recibir protección narco de Matías Gazzani. Las autoridades identifican a Gazzani como presunto líder de la banda Los Menores, prófugo desde hace cerca de un año.

“Desconocemos los nombres y a quién está dirigido, es algo atípico. Ante cualquier amenaza posible decidimos actuar con el protocolo y desobligar a los alumnos y al personal”, dijeron las autoridades en Radio 2.

Han transcurrido 41 años desde el arresto de Rafael Caro Quintero en Costa Rica y la libreta incautada al narcotraficante mexicano sigue sin aparecer, consolidando uno de los enigmas más persistentes del país centroamericano en torno al poder del narcotráfico y la relación con las estructuras políticas de los años ochenta.

Según reportes de Q Costa Rica y archivos de prensa, así como documentos oficiales, la agenda decomisada durante el operativo en la finca “La California” en Alajuela, el 4 de abril de 1985, fue objeto de especulación y controversia desde sus primeras horas bajo custodia judicial.

El caso de la famosa libreta, supuestamente mutilada y con páginas faltantes, adquirió notoriedad inmediata por los rumores sobre los nombres y contactos de figuras de alto nivel en Costa Rica y México que podría haber contenido.

La libreta fue incautada por agentes de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, tras pasar a la Fiscalía General, se convirtió en un expediente judicial sellado cuyos detalles nunca fueron divulgados públicamente. Años después, la negativa de la Corte Suprema de Justicia a entregar el cuadernillo a la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aumentó las sospechas de encubrimiento, de acuerdo con los archivos desclasificados y reportes de prensa.

Las teorías sobre el destino de la libreta han girado en torno a la posibilidad de que fuera utilizada como herramienta de chantaje político o que su contenido demostró la existencia de una red de protección para el capo del Cártel de Guadalajara en territorio costarricense. No existen reportes recientes ni reaperturas mediáticas sobre el paradero del documento ni sobre nuevos hallazgos relacionados, según confirmó Infobae.

La controversia sobre la custodia y la desaparición de la libreta ha implicado recurrentemente al exmagistrado Fernando Cruz, aunque los datos disponibles señalan que su vinculación directa con el expediente es producto de interpretaciones erróneas y versiones políticas interesadas.

Según algunos medios costarricenses, exdiputados y miembros de la comisión especial que investigó la penetración del narcotráfico en la política del periodo 1986-1990 defendieron a Cruz, destacando que “no tuvo ninguna actuación que favoreciera el ingreso o egreso al país de Caro Quintero” y que la libreta permaneció en poder del OIJ desde el primer momento.

La insistencia en este punto se reforzó en declaraciones recientes, donde Cruz aclaró que nunca estuvo bajo su control directo y que la polémica se basa en interpretaciones imprecisas de los hechos.

Pese a la persistencia del misterio, la figura de Fernando Cruz ha cobrado relevancia en los últimos años por su papel en la defensa de la independencia judicial y los derechos humanos, como lo reconoció la Facultad de Derecho de Northwestern recientemente con el premio Jurista Global del Año, según confirmó Infobae.

En paralelo, la situación de la libreta de Caro Quintero continúa generando interrogantes sobre el alcance del narcotráfico en las instituciones de Costa Rica y sobre los mecanismos que permitieron la instalación y protección de uno de los capos más buscados de México en los años ochenta.

La última referencia pública sobre la libreta perdida se remonta al expediente judicial sellado por la Corte Suprema y a la negativa de las autoridades de entregar el documento a instancias legislativas, consolidando su estatus como un “secreto a voces” en la historia reciente de Costa Rica.

Mientras tanto, el propio Caro Quintero permanece en una cárcel estadounidense, sin que se haya esclarecido el destino del pequeño cuaderno que, cuatro décadas después, sigue simbolizando las sombras del pasado entre la política y el narcotráfico.

Ricardo Jampier Acuña Quispe afirmó ante las autoridades que, junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas, transportó trece kilos de droga en una mochila a través de rutas agrestes hasta abordar una camioneta, donde también viajaba su primo, Eber Soto Quispe, una de las víctimas fatales de la intervención. No obstante, las condiciones en las que brindó estas declaraciones son puestas en tela de juicio por la defensa legal de las víctimas.

El operativo militar, realizado el pasado 25 de abril en la región de Huancavelica, se enmarcó en acciones de control en áreas consideradas de alto riesgo por actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con la declaración, Acuña Quispe relató que la convocatoria para el traslado se hizo la tarde del 22 de abril, y que la caminata se extendió durante dos días hasta llegar a un punto de encuentro donde recibió el pago de 1.300 soles.

“Nos contrataron para cargar droga. éramos como 50 personas. Nos convocaron el día miércoles en la tarde. Comenzamos a caminar por dos días. Yo he cargado trece kilos de droga en una mochila de costal”, indicó Acuña en su testimonio.

Durante el trayecto, el joven confirmó la presencia de dos hombres armados –uno portaba un arma larga de color negro y el otro una pistola–, aunque negó haber portado armas. El grupo abordó una camioneta rumbo a Colcabamba. En la madrugada, divisaron personal uniformado en la carretera y, según la versión de Acuña, el conductor aceleró, lo que desencadenó disparos desde el contingente militar.

La versión

El parte policial señala que el operativo derivó en un enfrentamiento armado entre efectivos militares y presuntos delincuentes. No obstante, la defensa legal de los familiares de las víctimas cuestionan el relato y el contenido del acta de entrevista a Acuña.

El abogado de los deudos calificó la confesión como “un invento por parte del Ejército, para justificar esta intervención arbitraria e ilegal en donde han matado a cinco peruanos”.

Según el documento fiscal al que accedió ATV, el día del operativo un contingente del ejército recibió información de inteligencia sobre una camioneta gris que transportaría droga por una ruta dominada por el narcotráfico, con al menos cincuenta personas trasladando el ilícito en mochilas. Sin embargo, en la escena no se hallaron ni drogas ni armas, y los familiares de los fallecidos aseguran que eran jóvenes que regresaban de un partido de fútbol.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que uno de los abatidos era de nacionalidad colombiana y tenía antecedentes internacionales por tráfico de armas. El extranjero se hallaba en el país de manera ilegal, tras haber ingresado de forma irregular, según indicó la autoridad policial.

Dudas y exigencias de justicia

La intervención dejó cinco muertos, dos heridos y desencadenó la detención de ocho militares por disposición de la fiscalía, bajo cargos de presunto homicidio calificado. Los dos sobrevivientes, entre ellos Ricardo Acuña, son investigados por tráfico ilícito de drogas, de acuerdo con ATV.

El abogado de las familias cuestionó la ausencia de la policía antidrogas durante el operativo y la presunta presión ejercida sobre el testigo, quien habría declarado sin la presencia de su defensor y en un entorno dominado por militares armados.

El testimonio directo de los familiares sostiene que las víctimas no eran narcotraficantes, sino jóvenes trabajadores de la zona. “Prácticamente él mantenía a sus papás, entonces que se haga justicia”, expresó uno de los allegados a ATV. En el informe, también se detalla que la mayoría de los cuerpos presentaba más de dos impactos de bala y que algunos fallecidos resultaron irreconocibles por los disparos en la cabeza.

El proceso judicial

El Ministerio Público ordenó la liberación de los ocho militares y tres civiles implicados en el operativo, según informó Perú21. La disposición fiscal señaló que, por el momento, no existen elementos suficientes para establecer responsabilidades individuales, ya que aún faltan pericias balísticas y diligencias técnicas clave, como la homologación de armas y casquillos, así como la inspección técnica del vehículo intervenido.

La fiscalía también cuestionó la entrega incompleta y fuera de plazo de información policial relevante para la investigación. De acuerdo con el expediente, la versión inicial recogida sugería que la patrulla militar fue atacada desde el vehículo, pero posteriores testimonios apuntan a un ataque unidireccional contra civiles desarmados. Tampoco se encontraron armas ni sustancias ilícitas en la camioneta.

En paralelo, representantes de comunidades campesinas de Huancavelica acudieron al Congreso para exigir justicia y transparencia en el proceso. Denunciaron que los familiares de las víctimas, en su mayoría quechuahablantes, enfrentan obstáculos para acceder a información clara sobre el desarrollo del caso.

Los investigados deberán cumplir medidas restrictivas mientras avanzan las pesquisas judiciales, incluyendo presentarse ante las citaciones del Ministerio Público, mantener su domicilio y abstenerse de nuevos hechos ilícitos.

El mandatario colombiano vinculó directamente la gestión de las autoridades de Ecuador con el incremento de la violencia en el suroccidente de Colombia, advirtiendo que la falta de control en la frontera marítima y los terminales portuarios del país vecino estaría facilitando la salida de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales.

En la misma intervención, Petro puntualizó que, aunque Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, “el primer exportador de cocaína en el mundo se llaman los puertos ecuatorianos”.

“Y es porque no se cuidan como sí cuidamos cada vez más las salidas y la incautación que se hace en alta mar y en puertos. Tres mil ya trescientas toneladas incautadas. Eso es un récord mundial. ¿Y qué es lo que provoca que se desplace a Ecuador?”, añadió el jefe de Estado durante su intervención.

Según la exposición del presidente colombiano, esta situación es consecuencia directa de “funcionarios veniales” en Ecuador y de una protección insuficiente en sus terminales marítimos.

Al respecto, Petro resaltó que, en Colombia, los operativos de inteligencia han permitido “la incautación de 3.300 toneladas” de droga, cifra que el mandatario calificó como “un récord mundial”.

Estas declaraciones se registraron tras los recientes atentados terroristas en el Valle del Cauca y el Cauca, que han dejado al menos 21 muertos y más de 30 heridos, según información confirmada por el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

Petro denunció, además, que la presunta filtración de datos erróneos desde los servicios de inteligencia ecuatorianos habría contribuido a una campaña de desinformación sobre su reciente visita a la ciudad de Manta.

Al respecto, el mandatario negó tajantemente cualquier vínculo con alias Fito –un cabecilla criminal ecuatoriano– y explicó: “Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro y de que no entró nadie más a mi casa, sino la comida que traían mis escoltas”.

Añadió que la prensa ecuatoriana y algunos medios colombianos habrían replicado, sin verificación, versiones infundadas según las cuales su equipo de seguridad habría contactado con integrantes del crimen organizado.

Los atentados en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, atribuidos a grupos armados dedicados al tráfico de drogas, han tensionado aún más la relación entre Colombia y Ecuador.

El director de la Policía, general William Rincón Zambrano, respondió a los señalamientos de falta de prevención, aclarando que: “Mucha gente cuestiona eso, pero a veces no conocen en realidad cómo se hace la inteligencia. Nosotros teníamos marcado, más o menos, más de 22 puntos donde posiblemente se iban a presentar algunas acciones”.

Así mismo, Petro alertó sobre la posibilidad de que los explosivos utilizados en estos atentados estén siendo suministrados desde Ecuador a la denominada Junta del Narcotráfico, que agrupa a diversas estructuras criminales.

El presidente consideró que tales acciones violentas podrían representar un intento de “sabotaje” alimentado desde su país vecino y destinado, según su hipótesis, a favorecer a sectores políticos de la extrema derecha: “cada vez más estrecha”, aseguró, aunque precisó que se trata de “una hipótesis a confirmar”.

La rivalidad verbal entre los gobiernos de Petro y Noboa se inscribe en un clima inédito de cooperación y recelo mutuo. Los cuestionamientos de Gustavo Petro a la actuación de Ecuador en el control del narcotráfico derivan, según su argumentación, en un mayor flujo de cocaína hacia rutas marítimas internacionales, a pesar de los récords de incautación que reporta la inteligencia colombiana.

Por otro lado, la gestión de crisis por parte de las fuerzas de seguridad frente a los atentados recientes revela la complejidad de un conflicto que traspasa fronteras institucionales y nacionales.

Las acusaciones cruzadas por la capacidad operativa en inteligencia y la difusión de información sensible han ampliado la brecha entre ambos países en un momento de graves repercusiones para la seguridad regional.

Luis Alberto Suárez, el delincuente conocido como "Betito" en Uruguay, decía estar retirado del mundo delictivo, pero para la Policía nunca dejó de ser una persona a la que prestarle atención. Desde que fue liberado en 2023, se dedicó a trabajar en un supermercado de Cerro Norte, un barrio del acceso oeste de Montevideo atravesado por la guerra entre grupos narcos.

Pero los ingresos que declaraba allí no coincidían con el estilo de vida que llevaba, algo que lo llevó a ser imputado este lunes por lavado de activos.

Sus ingresos fueron motivo de alerta para las autoridades, que iniciaron una investigación sobre él y en noviembre de 2025 lo detuvieron en el marco de una serie de allanamientos. La Policía llegó hasta donde estaba y le incautaron armas, drogas y autos de alta gama. En el lugar estaba el propio Betito con nueve gramos de tussi, la droga conocida como cocaína rosa.

Su defensa argumentó esa vez que la cocaína era para consumo personal, pero finalmente fue entonces enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el delito de tenencia de estupefacientes no para consumo, un delito menor en materia de narcotráfico.

Pero los investigadores sabían que la investigación sobre él era más ambiciosa y apuntaron al lavado de activos.

“Esta investigación lleva muchos meses. El foco de la investigación era el tema patrimonial, con un foco en el lavado, porque se detectó que estas personas tenían un nivel de vida que no era acorde con los ingresos que podían tener”, dijo en noviembre el entonces vocero de Fiscalía, Javier Benech, luego de la imputación de Suárez.

“En función de eso, comenzó una investigación que tiene estos primeros resultados, pero es una investigación de largo aliento, con el foco puesto en el lavado de activos”, agregó.

La Fiscalía logró su objetivo este lunes, cuando se llevó a cabo la audiencia en la que la Justicia formalizó la investigación contra Betito Suárez por el delito de lavado de activos, en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico, informó el noticiero Telenoche de Canal 4.

En la audiencia, la Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación inicial. La jueza hizo lugar a ese pedido y dispuso la imputación por lavado de activos, algo que habilita una nueva línea de investigación sobre el origen de los bienes de él.

Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras continúa la investigación.

En noviembre, el Betito fue detenido en el marco de la operación Iro, que la Policía realizó en un edificio que estaba abandonado, en el que no vivía nadie y que funcionaba como un local de distribución de drogas. Los agentes llegaron al lugar asegurándose que toda la manzana estuviera monitoreada en tiempo real, de manera de garantizar la seguridad de los vecinos y del personal policial. La casa en la que estaba el Betito tenía seis puertas de acceso en total.

La Policía incautó allí varias armas, dinero en efectivo, cartuchos de bala, cámaras de videovigilancia, balanza de precisión, marihuana, cocaína y varios celulares. Luego, en otra serie de allanamientos, se incautaron siete vehículos –cinco de estos de alta gama–, una escopeta y una réplica de pistola.

El Betito Suárez pasó buena parte de su vida en la cárcel y vinculado al mundo del delito: fue considerado uno de los criminales más peligrosos de Uruguay, llegó a comandar una banda de 50 sicarios, lideró atracos a la salida de bancos y mantuvo contactos con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. Desde hacía más de dos años estaba en libertad y, según repetía, retirado de la vida delictiva que lo caracterizó.

Seis personas quedaron detenidas con prisión preventiva tras ser acusadas de integrar una organización narcocriminal que, según la investigación judicial, envió 50 kilos de cocaína y 100 de marihuana desde la provincia de Salta hacia Tucumán, ocultos en un camión cargado de limones.

El presunto líder de la banda, identificado por sus iniciales como Z. O. T., permanece prófugo, mientras que las autoridades judiciales dispusieron su captura nacional e internacional. La pesquisa reveló que el acusado utilizaba un comedor comunitario como fachada para encubrir las actividades ilícitas.

La imputación fue presentada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, durante una audiencia ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez. Toranzos detalló que la maniobra fue posible gracias a una estructura logística y operativa que involucró a varios integrantes, todos sindicados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes.

Según informó la página web de los fiscales, la jueza dispuso la prisión preventiva para los seis imputados: tres en modalidad de cumplimiento efectivo y los otros tres bajo arresto domiciliario. Además, fijó un plazo de noventa días hábiles tanto para la medida de coerción como para el avance de la investigación, autorizó peritajes sobre los teléfonos celulares incautados y ordenó la captura de Z. O. T., señalado como jefe de la organización.

De acuerdo con lo informado por la fiscalía, la investigación comenzó en los primeros meses de 2025, tras el análisis de antecedentes vinculados a maniobras de tráfico de drogas entre Jujuy, Tucumán y Mendoza. En 2024, una pesquisa previa había derivado en la condena de tres personas, lo que permitió identificar a nuevos sospechosos, entre ellos Z. O. T., quien ya figuraba en escuchas telefónicas analizadas por los investigadores.

Las intervenciones telefónicas fueron clave para detectar la planificación de la operación. En una de las grabaciones, el prófugo manifestaba la necesidad de trasladar estupefacientes hacia un paraje de Tucumán y de conseguir transportistas para la tarea. Las conversaciones incluían referencias a cantidades de droga —“tenemos 20 kilos en la bolsa”—, precios y la inminencia de una operación de mayor escala.

El 30 de mayo del año pasado, se registró un contacto entre Z. O. T. y H. A. Z., en el que se coordinaba el envío de droga desde Jujuy a Tucumán. En los meses siguientes, los implicados continuaron en comunicación, planificando el traslado de un cargamento mayor, para lo cual dispusieron la utilización de un camión con carga lícita como cobertura.

Uno de los diálogos entre H. A. Z. y su pareja, fechado el 14 de febrero, evidenció la dinámica de la organización. En esa conversación, H. A. Z. señaló que “en este viaje vamos limpios”, haciendo alusión a que solo transportaba bolsas de azúcar, lo que impedía ocultar droga en esa ocasión. Sin embargo, en marzo, las conversaciones se intensificaron y sumaron a otros participantes, quienes asumieron roles específicos, como el acondicionamiento de la droga o la función de “coche puntero” para alertar sobre controles en la ruta.

La operación policial se materializó el 29 de marzo, tras la detección de un camión que circulaba desde Colonia Santa Rosa (Salta) con una carga de limones. Los investigadores observaron que el vehículo realizaba paradas coordinadas con otro automóvil de apoyo. Ante la inminencia de la maniobra, la Fiscalía, junto al auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el investigador Pablo Carraro, organizó un operativo conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional.

El punto de control fue establecido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.358, en la localidad tucumana de Trancas. En la requisa, se hallaron 144 paquetes de droga ocultos entre las bolsas de limones: 52 kilos con 215 gramos de cocaína y 100 kilos con 662 gramos de marihuana. El conductor y su acompañante, identificado como F. A. M. F., fueron detenidos en el lugar.

En los días siguientes, la Policía efectuó múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos en San Salvador de Jujuy y en el asentamiento Sagrado Corazón. En este último, los agentes buscaban capturar a Z. O. T., pero solo hallaron a tres familiares, quienes también fueron imputados por su presunta colaboración como “coche puntero”.

Las autoridades también arrestaron al responsable de acondicionar la droga y secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos relevantes para la investigación penal. Se informó que el presunto líder de la organización operaba desde un inmueble donde funcionaba un comedor comunitario, utilizado supuestamente como pantalla para las actividades delictivas.

La crisis carcelaria en Panamá quedó expuesta tras el fallecimiento de un reo durante un tiroteo entre pandillas dentro del Centro Penitenciario La Joya, la prisión más grande del país, expuso una nota de la agencia de noticias EFE.

Las autoridades de Panamá reconocieron que el crimen organizado ejerce una influencia creciente en los recintos penitenciarios, donde líderes criminales siguen ordenando asesinatos y robos de drogas, incluso tras las rejas.

El director de la Policía, Jaime Fernández, detalló que las estructuras delictivas no solo actúan en las calles, sino que además controlan actividades desde el interior de las cárceles.

Aceptó la presencia de cabecillas pandilleros con la capacidad de coordinar delitos como homicidios y robos de narcóticos entre organizaciones rivales.

Influencia del crimen organizado en el sistema penitenciario

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, citada también en la nota de EFE, explicó que el avance del crimen organizado dificulta la labor de las autoridades. Indicó que, mientras el Estado enfrenta restricciones legales y operativas, las bandas criminales han escalado y fortalecido sus operaciones tanto fuera como dentro de las cárceles.

En el Centro Penitenciario La Joya, la violencia entre internos obedeció a disputas entre grupos ligados al narcotráfico internacional. Según datos oficiales, el episodio se relaciona con la lucha territorial entre pandillas que también ha dejado víctimas en barrios como San Miguelito y en la provincia de Colón.

Panorama de la violencia y expansión de las pandillas

Durante el primer trimestre del año, la cifra oficial de homicidios en Panamá alcanzó 130, lo que representa una disminución del 9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese total, 22 asesinatos ocurrieron en Colón, que se posiciona como la tercera zona más peligrosa del país, detrás de la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Las estadísticas de la Fiscalía indican que en la provincia de Panamá se registraron 52 homicidios, mientras que San Miguelito contabilizó 26 en el mismo periodo.

El director policial expresó que en Colón existen cerca de 13 pandillas enfrentadas, situación agravada por hechos como el doble asesinato de este lunes, donde uno de los fallecidos era un sicario que, al manipular su arma, se disparó accidentalmente.

La situación expone un fenómeno más amplio: más de 180 pandillas están activas en el país, muchas integradas al tráfico internacional de drogas. Estas organizaciones trasladan cargamentos que provienen del sur del continente, con destino a Estados Unidos y Europa.

El control territorial y los conflictos violentos entre bandas han convertido a sectores como Colón y San Miguelito en focos de inseguridad. Los incidentes recientes en las cárceles ponen en duda la capacidad estatal de contener la expansión del crimen organizado, tanto dentro como fuera de los muros penitenciarios.

El liderazgo policial y el Ministerio de Gobierno admiten la urgencia de adoptar medidas más eficaces para evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de operación criminal y violencia, en una coyuntura donde el narcotráfico y las rivalidades pandilleras constituyen los principales desafíos para la seguridad pública de Panamá.

El exteniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez, quien fue condenado recientemente a 30 años de prisión por encabezar una red internacional de narcotráfico, fue encontrado sin vida dentro de una celda en la cárcel de paso de San Luis, provincia Santo Domingo, la noche del sábado, según confirmó Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios, a través de una declaración difundida por el Ministerio Público.

Las investigaciones preliminares sugieren un suicidio, aunque las autoridades han iniciado investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

Al momento de su muerte, Lluberes Sánchez permanecía bajo custodia en San Luis porque la sentencia judicial emitida días atrás todavía no había sido remitida oficialmente al sistema penitenciario para su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal, tal como indicó Santana al Ministerio Público.

Esta demora en el trámite judicial impidió que el exoficial ingresara al penal definitivo dispuesto por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado.

De acuerdo con la información aportada por el propio director de Servicios Penitenciarios, Lluberes Sánchez solicitó a sus compañeros de celda un lapicero horas antes de ser hallado, con el propósito de redactar una nota que fue encontrada en el área del baño anexa a su celda, donde fue ubicado su cuerpo.

La condena contra Lluberes Sánchez, emitida a principios de abril por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez del Segundo Tribunal Colegiado, incluyó no solo la pena de 30 años de prisión, sino también una multa de 50 millones de pesos dominicanos a favor del Estado dominicano, como consignó el Ministerio Público en un comunicado de prensa remitido hace menos de una semana.

El tribunal consideró probado que el exteniente coronel lideraba una organización integrada por dominicanos y venezolanos, en la que se incautaron, en 2015, 450 paquetes de cocaína con un peso de 454 kilogramos.

En 2019, Lluberes Sánchez fue declarado en rebeldía tras no comparecer a varias audiencias del proceso judicial en su contra. Posteriormente, huyó del país, pero el 15 de octubre de 2015 fue deportado desde Estados Unidos, llegando al Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo procedente de Miami, según consta en los registros oficiales.

La red que dirigía fue considerada responsable conforme a la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, según la sentencia que reflejó el perjuicio causado al Estado dominicano.

El resto de los condenados por la operación antidrogas

En diciembre de 2019, la Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo condenas para nueve personas adicionales implicadas en la red dirigida por Lluberes Sánchez, tal como recordó el Ministerio Público. Entre estos, el Segundo Tribunal Colegiado sentenció a 30 años de prisión a los pilotos Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba. Por su parte, el ex segundo teniente del Ejército de la República Dominicana (ERD), Jesús Elías Pérez Vásquez; el excapitán ERD Roberto Segura Peña; y José Luciano, exagente de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) asignado al Aeropuerto Internacional de las Américas, recibieron 20 años de prisión cada uno.

A la lista de responsables se suma Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR, condenado a 18 años de prisión. Los ciudadanos venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, quienes actuaban en calidad de pasajeros, recibieron una pena de cinco años de cárcel cada uno.

La operación que derivó en las condenas permitió la incautación de una alta cantidad de droga y la desarticulación de una estructura criminal con nexos internacionales, de acuerdo a la información confirmada por el Ministerio Público en República Dominicana.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y lanzada en septiembre de 2025, marcó un giro en la estrategia regional de Estados Unidos. Desde su inicio, esta campaña ha extensido su área de acción a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, bajo la directiva del general Francis Donovan.

Washington ha sostenido que su objetivo es consolidar presión sobre redes de narcotráfico que, según sus denuncias, mantienen lazos con el régimen venezolano y han sido designadas oficialmente como “organizaciones terroristas”.

La acusación de “narcoterrorismo” contra estas redes adyacentes a actores estatales sudamericanos profundizó el debate sobre la legitimidad de los ataques, especialmente tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025.

Durante ese periodo, y pese a la detención del líder venezolano, las operaciones mantuvieron su crecimiento geográfico, desbordando el mar Caribe y alcanzando aguas del océano Pacífico oriental, en un patrón de expansión sostenida desde el otoño pasado.

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

El administración de Trump puso en marcha la creación de una fuerza autónoma de guerra basada en inteligencia artificial, destinada a operar en América Central, Sudamérica y el Caribe con el objetivo de desmantelar redes narcoterroristas y responder a crisis derivadas de desastres naturales de gran magnitud.

La decisión, impulsada por el SOUTHCOM representa un avance tecnológico importante en la estrategia de defensa y presencia estadounidense en la región, según comunicó el propio SOUTHCOM.

La nueva unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, adoptando un enfoque multidominio. Esta iniciativa responde tanto a los desafíos tradicionales del crimen organizado transnacional como al impacto creciente de fenómenos naturales, cuya frecuencia y gravedad han aumentado en las últimas décadas, según el Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Francis L. Donovan indicó que la misión principal será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, subrayando el carácter dual de la nueva fuerza.

SOUTHCOM detalló que la innovación de este modelo radica en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, recolectar información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin necesidad de intervención directa de operadores humanos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó recientemente el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad creada para integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares, diseñada específicamente para el área de responsabilidad del SOUTHCOM. Este modelo pionero de integración tecnológica podría ser replicado en otros comandos estadounidenses si demuestra eficacia operativa.

(Con información de AFP)

Un operativo conjunto realizado en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel resultó en la incautación de droga, aparatos electrónicos y licor por parte de la Policía Nacional Civil de Guatemala, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala. Gracias a la coordinación de estas instituciones, se decomisaron 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, cuatro baterías, cuatro auriculares, tres radios Motorola con cuatro cargadores, 11 televisores, 102 bocinas, tres ventiladores y 15 cables para conexiones ilegales, según informaron las autoridades.

Además, la Policía Nacional Civil reportó la localización de bebidas alcohólicas, como cervezas de distintas marcas y licor clandestino, junto a cajetillas de cigarrillos, de acuerdo con el balance oficial del operativo. El decomiso también incluyó estupefacientes: el informe policial destacó la presencia de diversa cantidad de marihuana, envoltorios con cocaína y piedras de crack.

La institución indicó que mantendrá su trabajo articulado con otras dependencias estatales y expresó: “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar desarrollando operativos interinstitucionales que permitan fortalecer el control en los centros de privación de libertad”, aseguraron desde la Policía Nacional Civil.

También, este sábado 25 la Policía Nacional Civil decomisó ocho celulares, 21 cargadores, un panel solar, un router, 104 bolsas y 60 puros de marihuana, dos bolsas con piedras de crack, ocho “colmillos” de cocaína, 80 cajetillas de cigarrillos, cuatro cuchillos y fragmentos de papel con números telefónicos relacionados con posibles víctimas de extorsión durante una requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla.

La operación, enmarcada en la Operación Centinela, contó con la participación coordinada de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala, y busca debilitar estructuras criminales activas dentro de los centros penitenciarios.

El hallazgo de dispositivos de comunicación como celulares, panel solar y router evidencia intentos de mantener contacto ilícito desde el penal, indicaron las autoridades. Las drogas incautadas incluyeron 104 bolsas y 60 puros de marihuana, además de piedras de crack y “colmillos” de cocaína. El decomiso de cuchillos y listados con números telefónicos apunta a esfuerzos por identificar y proteger a posibles víctimas de extorsión controladas desde el interior del centro carcelario.

Actualización en plan de seguridad

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval presentó el 22 de abril los progresos en materia de seguridad pública y combate al crimen en Guatemala, con especial énfasis en la disminución de la criminalidad y la modernización del sistema penitenciario. Las declaraciones se produjeron durante el primer conversatorio previo a la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE), bajo el lema “Seguridad y Desarrollo en Guatemala: Fortaleciendo la Convivencia para un Futuro Próspero”, en una sesión organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).

Uno de los datos más relevantes difundidos por el titular de Gobernación es el decomiso de aproximadamente 5 toneladas de presunta cocaína realizado en enero de 2026, una de las mayores incautaciones registradas en la historia reciente de Guatemala, de acuerdo a lo informado por Marco Antonio Villeda Sandoval durante el conversatorio con empresarios. El ministro también puntualizó la captura de 23 personas vinculadas al narcotráfico y requeridas por la justicia de Estados Unidos, como parte de los resultados más significativos en la lucha contra el crimen organizado.

Estos resultados fueron alcanzados en el marco de la denominada Operación Centinela y el Estado de Prevención vigente. El titular de la cartera de Gobernación subrayó que las estrategias coordinadas permitieron “una reducción significativa en los índices de criminalidad”, consolidando avances en la seguridad pública nacional.

Un operativo militar desarrollado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica, dejó como saldo cinco muertos, dos heridos civiles y la detención de ocho militares, en el marco de una acción orientada al combate del tráfico ilícito de drogas en la región.

Entre los detenidos se encuentra el capitán del Ejército Luis Montenegro, quien permanece junto a los demás efectivos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Huanta, Ayacucho. Las autoridades precisaron que las cinco personas fallecidas son civiles cuyo proceso de identificación oficial avanza, mientras los heridos fueron identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, se encuentran internados en el Hospital de Pampas sin pertenecer a las Fuerzas Armadas ni a la Policía.

El hecho se registró en el sector conocido como Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, una zona de tránsito utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en la ruta del VRAEM hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

Según RPP, no existen heridos entre el personal militar ni policial interviniente. Las primeras diligencias recabadas tras los hechos confirman que el operativo tuvo lugar cerca de la hidroeléctrica del Mantaro, una zona identificada como corredor habitual de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Por otro lado, pericias y testimonios recogidos por la Fiscalía Antidrogas de Huancayo, especializada en delitos de narcotráfico, difiere de la versión presentada inicialmente por fuentes militares. Estas sostenían que se trató de “un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas”.

Las investigaciones judiciales y los peritajes realizados establecen que no hubo intercambio de fuego. Testigos y técnicos consultados han coincidido en que los ocupantes de la camioneta civil atacada no portaban armas de fuego ni sustancias ilícitas.

Personas presentes durante el operativo relataron que la acción armada de la patrulla militar no respondió a un combate, sino que sería un ataque directo contra un vehículo cuyos ocupantes estaban completamente desarmados. La Fiscalía Penal mantiene el foco sobre estos hechos para determinar eventuales responsabilidades penales de los efectivos de inteligencia participantes.

Operativo en el Vraem

El informe oficial divulgado por el Comando Operacional del Este indica que el operativo se basó en labores de inteligencia sobre el uso de la ruta Vraem–Ayacucho/Huancavelica/Junín para el traslado de droga. Según esta versión, los agentes militares ordenaron la detención de una camioneta que circulaba por el área; tras desoír la voz de alto, se produjo el uso de armas de fuego.

Durante la intervención, los agentes habrían ordenado a una camioneta en la que se desplazaban las víctimas. Pese a las indicaciones, el vehículo desconocido no se habría detenido, lo que forzó a que los miembros de las fuerzas armadas utilicen la fuerza, hecho que terminó con la muerte de cinco personas.

Fuentes locales informaron que el sector donde se ejecutó el operativo es un corredor ampliamente utilizado por bandas narcotraficantes y “mochileros” dedicados al transporte de estupefacientes a pie hacia centros de acopio y distribución. Este entorno, en el corazón del Vraem, sostiene la tensión entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

Tras los hechos, habitantes de Colcabamba han convocado manifestaciones públicas con el objetivo de exigir la identificación de las víctimas y que se determine la secuencia real de los hechos.

Según informó la DNCD en un comunicado, la operación contó con la intervención coordinada de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de inteligencia estatales, y el respaldo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) junto a otras entidades internacionales, bajo la supervisión del Ministerio Público.

Las autoridades establecieron un protocolo de vigilancia que permitió detectar una embarcación con perfil sospechoso que avanzaba hacia costas dominicanas.

Detienen a cuatro venezolanos durante el operativo

El despliegue de medios aéreos, navales y terrestres permitió interceptar la narcolancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los tripulantes arrojaron varias pacas al mar e intentaron maniobrar para huir, pero fueron finalmente neutralizados.

Las autoridades arrestaron a cuatro venezolanos y, tras un operativo de rastreo en la zona, recuperaron de las aguas 15 pacas, en cuyo interior se hallaron 450 paquetes envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

La DNCD precisó que “los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo el protocolo de la cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento”.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para establecer posibles conexiones de esta incautación con redes internacionales de tráfico de drogas.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas, los cuatro ciudadanos venezolanos serán presentados ante la justicia en las próximas horas y enfrentarán cargos conforme a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades destacaron que “estamos frente a estructuras criminales que utilizan narcolanchas bien equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuya modalidad es tratar de introducir a territorio dominicano grandes alijos de drogas procedentes de Sudamérica”.

Colaboración internacional y tecnología refuerzan el cerco antidrogas

Durante la operación, participaron unidades especializadas y se emplearon recursos tecnológicos para rastrear la ruta de la embarcación, confirmaron fuentes de la DNCD. El comunicado oficial destaca que la colaboración internacional resultó fundamental para el éxito de la misión, y que las fuerzas de seguridad dominicanas mantienen un “cerco total” contra el narcotráfico en la región.

El balance presentado por la DNCD señala que, con este nuevo golpe, los organismos oficiales han logrado decomisar más de 11 toneladas de drogas en lo que va de 2026. Este resultado refuerza la posición de República Dominicana como uno de los países con mayor capacidad de respuesta en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el Caribe.

La DNCD reiteró que el combate al tráfico de drogas sigue siendo una prioridad nacional y regional, y que las operaciones conjuntas continuarán fortaleciéndose en coordinación con organismos extranjeros.

“El trabajo combinado entre las agencias nacionales y socios internacionales refleja el compromiso de mantener a raya el narcotráfico y proteger la seguridad ciudadana”, afirmó la institución en su más reciente reporte.

Las autoridades dominicanas informaron que el destino final de las drogas incautadas suele ser Estados Unidos y Europa, utilizando rutas marítimas que atraviesan el Caribe. La utilización de lanchas rápidas y técnicas de camuflaje sofisticadas representa un desafío constante para las fuerzas de seguridad.

Autoridades reiteraron que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a esta red.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el operativo tuvo lugar en el paso fronterizo que conecta la localidad misionera de Puerto Eldorado con el distrito Mayor Otaño, en Paraguay.

Allí, personal de la Dirección Regional Aduanera Noreste, dependiente de la Aduana de Iguazú, detuvo un Nissan Tiida con patente paraguaya para un control vehicular. El conductor era un ciudadano paraguayo.

Durante la inspección inicial, los agentes advirtieron que el coche podría tener compartimientos ocultos, por lo que pidieron apoyo para revisar el vehículo en detalle.

Tras una revisión a fondo, los agentes descubrieron "dobles fondos" en el piso, el baúl y los laterales del auto. Al abrir esos espacios, hallaron 104 paquetes con cogollos de marihuana, que pesaron en total 28,285 kilos, y 37 panes de marihuana, con un peso de 20,249 kilos. Así, la droga secuestrada sumó 48,534 kilos.

La marihuana incautada fue valuada en 228.590.364,25 pesos, equivalentes a 164.217,22 dólares.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado intervinieron en la causa y ordenaron la detención del conductor y el secuestro tanto de la droga como del auto, en el marco de las leyes 23.737 y 22.415.

La primera de estas normas castiga la tenencia, comercialización y producción, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión, mientras que la otra, con modificaciones de la Ley 27.283, penaliza el cruce ilegal de mercaderías, pudiendo el autor ser sentenciado con hasta 10 años de cárcel por contrabando agravado.

Más incautaciones de droga en Misiones

En otros operativos recientes en Misiones, Gendarmería detectó grandes cargamentos de marihuana.

El pasado 15 de abril, agentes del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” interceptaron una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la Ruta Nacional 101, en la localidad de San Antonio. Los dos ocupantes, de nacionalidades paraguaya y argentina, trasladaban la caja de la camioneta cubierta con una lona negra.

Al inspeccionar el sector trasero, los uniformados hallaron 23 cajas de diferentes tamaños que desprendían un fuerte olor similar al de la marihuana.

Dentro de los bultos encontraron paquetes prensados, bolsas termoselladas y envoltorios de papel encerado. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 925 kilos 400 gramos de marihuana y 5 kilos 250 gramos de hachís, una sustancia elaborada con la resina de las flores de la planta de cannabis.

Ambos ocupantes quedaron detenidos y tanto la droga como la camioneta fueron secuestrados, bajo intervención del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú.

Otra incautación relevante se produjo el 7 de abril en la costanera de Puerto Piray. Aquella vez, personal de la Sección “Montecarlo”, dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, observó a un grupo de personas descargando paquetes desde una canoa hacia un vehículo Toyota SW4 de dominio brasileño. Al notar la presencia de los gendarmes, los sospechosos escaparon hacia Paraguay y abandonaron el rodado con la carga.

Tras un rastrillaje por la zona, con apoyo de otras unidades de Gendarmería y Prefectura Naval, los efectivos hallaron 43 bultos dentro de la camioneta y esparcidos en el suelo. En total, contabilizaron 1.616 paquetes rectangulares con marihuana, que sumaron un peso de 1.311 kilos 400 gramos.

Además, el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en Brasil.

Las autoridades judiciales de Costa Rica revelaron que, de manera llamativa, los paquetes de droga incautados la madrugada del viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Pavones, en Golfito, presentaban calcomanías con imágenes del personaje animado Tarzán, un detalle que evidencia la sofisticación y los códigos internos manejados por las redes de tráfico internacional de estupefacientes.

Según los informes de medios locales como Teletica y Diario Extra, la operación fue el resultado de una investigación que se extendió por aproximadamente un mes, en la que se logró establecer la ubicación y la dinámica de almacenamiento de la droga. El OIJ ha compartido imágenes de decenas de bultos plásticos negros organizados en filas sobre el césped, cada uno de ellos identificado con la calcomanía de Tarzán. La imagen, que muestra al personaje en una escena selvática, servía como distintivo para diferenciar este cargamento de otros, una práctica habitual en las organizaciones criminales transnacionales para controlar la trazabilidad de la mercancía a lo largo de la cadena logística.

El director interino del OIJ, Michael Soto, brindó declaraciones en las que subrayó la gravedad de la situación y el papel central que ha asumido Costa Rica en el tráfico internacional de drogas. “Costa Rica se ha convertido en un ‘hub’ logístico del narcotráfico, donde los grupos del crimen organizado reciben grandes cargamentos de droga provenientes de Suramérica, que luego son reenviados principalmente a Estados Unidos y Europa”, advirtió Soto. El funcionario explicó que la ubicación geográfica del país, así como las características de su litoral y la permeabilidad de sus fronteras marítimas y terrestres, han facilitado la operación de redes internacionales que utilizan el territorio costarricense como punto de acopio y reexpedición.

Las imágenes difundidas por el OIJ muestran la magnitud del decomiso. Decenas de paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva se encuentran alineados en el suelo, algunos de ellos con etiquetas que permiten su identificación por parte de los agentes judiciales. En una de las fotografías, se observa claramente el paquete con la calcomanía de Tarzán, evidencia de los mecanismos que emplean los narcotraficantes para garantizar que su mercancía no sea confundida en los nodos logísticos.

Este tipo de decomisos, según las autoridades, pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional y los controles fronterizos, así como la capacidad de investigación financiera para rastrear las ganancias ilícitas asociadas a estas actividades. Michael Soto recalcó que la presencia de organizaciones criminales transnacionales en Costa Rica no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino que también pone en riesgo la integridad de las instituciones y la estabilidad social del país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen exacto del cargamento y los posibles destinos finales fuera del territorio costarricense. El OIJ no descarta la participación de otros grupos y la existencia de una red logística que involucre a varios países de la región.

EL OPERATIVO

En el operativo realizado en Pavones fueron detenidas siete personas, con edades comprendidas entre los 22 y los 53 años. Las autoridades judiciales no han revelado mayores detalles sobre la nacionalidad o roles específicos de los detenidos, pero señalaron que este grupo sería responsable de la custodia y el acopio de la droga, a la espera de su reexpedición hacia mercados internacionales.

Los arrestados permanecen a la espera de medidas cautelares, mientras el Ministerio Público recopila las pruebas necesarias para formular los cargos correspondientes por tráfico internacional de drogas.

El decomiso de Pavones se suma a una serie de incautaciones recientes en distintas zonas costeras del país, lo que refuerza la percepción, tanto a nivel nacional como internacional, de que Costa Rica enfrenta un complejo escenario en la lucha contra el narcotráfico, en el que la sofisticación de los grupos criminales demanda respuestas cada vez más coordinadas y efectivas.

La senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, de la Paz Total y su impacto en el narcotráfico tras los atentados del 24 de abril de 2026 en Cali y Palmira.

Para Cabal, “la Paz Total, invento de Petro y Cepeda con el apoyo de la extrema izquierda, son los únicos responsables del aumento del narcotráfico en más de 300 mil hectáreas de coca, de la violencia que nos lleva este año en 46 masacres y de los cientos de miles de desplazados”, según lo publicó en su cuenta de X, vinculando su crítica al aumento de la inseguridad en Valle del Cauca.

La legisladora también señaló en la misma red social que el actual presidente y el senador del Pacto Histórico transformaron a varios líderes criminales en actores de procesos de paz: “Recuerden que alias Iván Mordisco, alias Calarcá y cuánto jefe bandido fueron convertidos por Petro en gestores de paz y ahí tenemos el resultado”.

El Clan del Golfo no firmaría la paz con el Gobierno Petro

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, anunció que no firmará un acuerdo de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. Así lo aseguró Ricardo Giraldo, abogado y representante jurídico de la organización en una rueda de prensa en la que descartó que el proceso tenga un desenlace definitivo antes del cambio de administración previsto para el 7 de agosto de 2026.

Giraldo precisó que la decisión responde a que, aunque se han logrado avances, los tiempos no permiten concretar una paz total bajo el actual mandato. El representante del EGC explicó que el proceso de diálogo con el Estado arrancó demasiado tarde para aspirar a un cierre completo en este periodo presidencial.

Durante la gestión de Petro, las partes instalaron el Mecanismo Tripartito y definieron nuevos instrumentos para la gestión y análisis de los casos. Sin embargo, el EGC considera que estos logros no bastan para alcanzar el objetivo central de la negociación.

El jurista fue enfático al señalar: “No es un proceso de paz con un gobierno. Es un proceso que, si bien va fortalecido a unos avances muy importantes, pues empezó tarde y es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz”.

La postura del Clan del Golfo implica que las conversaciones de paz quedarán abiertas para la siguiente administración, independientemente de el candidato gane las elecciones del 31 de mayo de 2026. Según Giraldo, la organización pretende que el proceso continúe sin importar el color político del próximo presidente.

El proceso de paz entre el Estado colombiano y el Ejército Gaitanista ha avanzado en aspectos técnicos y de transparencia. Uno de los hitos recientes fue la publicación inédita del informe de la mesa tripartita, resultado de un acuerdo entre las partes para mantener informada a la comunidad sobre cada paso de la negociación.

Giraldo destacó: “Esto fue producto de un acuerdo y una exigencia entre las partes de que había que mostrarle a la comunidad lo que se estaba haciendo. Nada va a ser de espaldas a nadie, no va a ser nada soterrado ni debajo de la mesa, y cada avance se a ir publicando”.

En términos concretos, el Gobierno y el Clan del Golfo han logrado instalar mecanismos formales de comunicación y avanzar en la definición de protocolos para el manejo de casos en el marco de la negociación. No obstante, la expectativa del grupo armado es que la paz integral solo será posible bajo un futuro Ejecutivo.

La decisión del Clan del Golfo de postergar cualquier acuerdo definitivo subraya las dificultades que enfrenta el actual proceso de paz en Colombia y reitera la intención de la organización de mantener abierta la puerta al diálogo más allá del ciclo político de Gustavo Petro.

Las investigaciones iniciales han permitido establecer que el túnel fue diseñado para la introducción de importantes cantidades de resina de hachís procedente de Marruecos hacia territorio español, lo que evidencia el nivel de inversión y conocimientos técnicos empleados por la organización criminal. La cabeza pensante que está detrás de esta obra es Mustaphá Chairi, que reconoce en las grabaciones policiales a las que Infobae tiene acceso que era el dueño del túnel.

En la nave industrial intervenida, la Policía Nacional mantiene presencia permanente para asegurar la custodia de la instalación y evitar cualquier intento de acceso no autorizado. También se encuentra precintada la nave colindante, que se investiga como posible punto de apoyo logístico de la organización. La operación policial ha contado con la colaboración de la Policía Local de Ceuta y la implicación directa de varias unidades especializadas.

Investigación del narcotúnel

El hallazgo se produjo tras una operación coordinada contra el narcotráfico que involucró acciones simultáneas en Ceuta, Andalucía y Galicia. La existencia del túnel, que conecta una nave industrial en el Polígono del Tarajal con el subsuelo fronterizo, llevó a la intervención de especialistas de la Unidad de Subsuelo y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), junto a bomberos y personal del Regimiento de Ingenieros número 7 de Ceuta.

Estos equipos verificaron la magnitud y características técnicas de la estructura subterránea, cuyo acceso presentaba condiciones de seguridad complejas y requería experiencia en infraestructuras de este tipo. El narcotúnel mide 19 metros de profundidad, con una altura de 1,20 metros y un ancho de 80 centímetros. La estructura permanece parcialmente inundada, lo que ha dificultado el acceso completo y la recopilación de pruebas materiales.

El operativo que permitió descubrir el túnel forma parte de una investigación más amplia contra una red dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico internacional de drogas. Varios agentes de la Guardia Civil han resultado implicados en la trama, entre ellos A.A., detenido semanas atrás tras una investigación interna que desveló su relación con la organización. Según fuentes próximas al caso, A.A. reconoció su implicación ante los investigadores y llegó a definirse ante sus compañeros como “narcotraficante”, rechazando ser considerado únicamente un “guardia corrupto”.

La complicidad de funcionarios facilitaba el movimiento de hachís y proporcionaba apoyo logístico clave para las operaciones de la red. El caso ha generado un fuerte impacto en los cuerpos de seguridad y ha motivado la revisión de protocolos internos para detectar posibles infiltraciones en unidades sensibles. Las autoridades trabajan para delimitar el grado de participación de los implicados y esclarecer el alcance de la colaboración entre la organización criminal y miembros de las fuerzas de seguridad.

Según el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la nave transitaba por rutas conocidas de tráfico ilícito y estaba involucrada en "operaciones de narcotráfico“.

Esta acción forma parte de una campaña de ataques dirigida contra barcos que, según la administración del presidente Donald Trump, están ligados al narcotráfico en aguas de América Latina. La ofensiva, que se extiende desde hace más de siete meses, continúa mientras el ejército estadounidense mantiene su atención en la guerra contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

“Por orden del comandante de SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, destacó el mensaje publicado en redes sociales junto a un video que mostró la destrucción de la embarcación.

A su vez, indicaron que “la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”. El comando castrense reportó que dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. “No hubo bajas en las fuerzas militares de EEUU”, finaliza el comunicado.

De acuerdo con un recuento de la AFP, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo al menos siete ataques similares en abril, con un saldo total de al menos 182 criminales muertos en estas operaciones.

Los ataques se realizaron en el marco de la operación "Lanza del Sur" del SOUTHCOM, una iniciativa militar puesta en marcha por Washington en septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Según el comunicado, las operaciones estuvieron “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”.

El propósito de la operación es aumentar la presión sobre las estructuras vinculadas al narcotráfico en la región y responde a una estrategia más amplia adoptada por Washington, que ha acusado de “narcoterrorismo” a redes asociadas al régimen venezolano.

La campaña se vinculó también al contexto político regional tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y, pese a ese hecho, las operaciones continuaron expandiéndose más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

El administración de Trump puso en marcha la creación de una fuerza autónoma de guerra basada en inteligencia artificial, destinada a operar en América Central, Sudamérica y el Caribe con el objetivo de desmantelar redes narcoterroristas y responder a crisis derivadas de desastres naturales de gran magnitud.

La decisión, impulsada por el SOUTHCOM representa un avance tecnológico importante en la estrategia de defensa y presencia estadounidense en la región, según comunicó el propio SOUTHCOM.

La nueva unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, adoptando un enfoque multidominio. Esta iniciativa responde tanto a los desafíos tradicionales del crimen organizado transnacional como al impacto creciente de fenómenos naturales, cuya frecuencia y gravedad han aumentado en las últimas décadas, según el Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Francis L. Donovan indicó que la misión principal será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, subrayando el carácter dual de la nueva fuerza.

SOUTHCOM detalló que la innovación de este modelo radica en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, recolectar información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin necesidad de intervención directa de operadores humanos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó recientemente el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad creada para integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares, diseñada específicamente para el área de responsabilidad del SOUTHCOM. Este modelo pionero de integración tecnológica podría ser replicado en otros comandos estadounidenses si demuestra eficacia operativa.

Un megaoperativo policial en Mar del Plata terminó con la desarticulación de una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo, el secuestro de estupefacientes, armas y dinero, y la detención de 17 acusados.

Según fuentes policiales, el procedimiento se realizó este jueves y abarcó 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad balnearia, especialmente en Belisario Roldán y Monte Varela.

Como resultado, la policía secuestró 771 gramos de cocaína fraccionada en 792 envoltorios, más de 43 kilos de marihuana entre plantas, ladrillos y porciones listas para la venta, además de 10 armas de fuego de distintos calibres (revólveres, pistolas y un rifle de aire comprimido), municiones, un arma de fuego casera tipo revólver, dinero en efectivo (386.650 pesos argentinos y 125 dólares), 38 teléfonos celulares, cinco balanzas digitales y un inhibidor de señal.

También fueron incautados una cámara filmadora, una tablet, un vehículo Volkswagen Gol, prendas policiales, ocho bicicletas y autopartes, entre otros elementos.

Durante los allanamientos, las autoridades detuvieron a una mujer con captura activa, identificada como Oriana Cesariny, de 27 años.

A ella se les sumaron otras 16 personas que quedaron aprehendidas: Mauricio Ángel Vázquez (63), Lucas Ezequiel Toledo (27), Ariana Morales Pierini (24), Ivana Soledad Amadeo (40), Marcelo Braian Daniel Fernández (30), Dylan Agustín Ibarra (20), Adriana Belén Luna (36), Marcelo Toribio Acosta (49), Braian Adrián Suranittis (29), Alicia Elizabeth Lezcano (30), Maribel Aldana Farías (40), Rubén Grave (43), Erica Roxana Elisabet Miño (40), Santiago Héctor Suárez (24), Yanina Caviglia (32) y Maximiliano Rubén Melo (32).

Además, una mujer de 50 años y tres hombres de 29, 28 y 21 fueron notificados en el marco de la causa que lleva adelante la UFI de Estupefacientes marplatense a cargo de la fiscal Daniela Ledesma.

A todos ellos se los acusa de integrar una organización que tenía una estructura compleja y estaba vinculada no solo al narcomenudeo, sino también a robos agravados, delitos con armas, robo y hurto de vehículos, y desguace de autopartes.

También se la señala por amedrentar a los vecinos y dificultar el acceso policial a los barrios donde operaba, con antecedentes de violencia armada.

La investigación reunió pruebas como filmaciones, registros de llamadas al 911, interceptaciones a compradores y secuestro previo de estupefacientes. Se utilizaron drones equipados con cámaras térmicas para vigilar los movimientos de los integrantes de la banda durante la noche y se elaboró un mapa del delito en base a estadísticas regionales, lo que facilitó la identificación de los puntos de venta y acopio de drogas.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°4, encabezado por el juez Juan Francisco Tapia, del Departamento Judicial de Mar del Plata. La coordinación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con varias divisiones policiales, entre ellas la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería y equipos de comunicaciones que utilizaron drones con cámaras térmicas para tareas de vigilancia nocturna.

La búsqueda de sospechosos sigue, ya que todavía hay tres que permanecen prófugos.

El gobierno de Estados Unidos transfirió recientemente tres botes Zodiac, valorados en USD 1,2 millones, a la Fuerza de Policía Marítima Costera STORM de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, esta acción concreta —completada con un extenso entrenamiento multinacional— responde a la prioridad hemisférica de combatir el tráfico de estupefacientes y consolida la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En el último año, la unidad STORM incautó más de 2,8 toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos, un resultado que representa un incremento significativo respecto a periodos anteriores, detalló el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador a in situ.

Las nuevas embarcaciones, diseñadas para operaciones nocturnas y de alta velocidad, permitirán a El Salvador fortalecer la detección y la intercepción de cargamentos ilícitos en rutas marítimas críticas del litoral salvadoreño.

Cooperación bilateral y modernización de capacidades contra el crimen transnacional

Durante la ceremonia de entrega, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, destacó que la región enfrenta desafíos únicos en materia de crimen organizado, ya que muchas de estas redes operan transfronterizamente: “Los crímenes pueden estar en un país, el delito cometido en otro y la evidencia encontrarse en un tercero”, subrayó Fellows, según registros de la misión diplomática.

Fellows precisó la finalidad de la donación: “Hoy entregamos tres embarcaciones especializadas al equipo STORM, las cuales fortalecen su capacidad para patrullar las aguas litorales, detectar e interceptar las rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes y cerrar puntos críticos del tránsito ilícito”.

Según la diplomática, los “resultados impresionantes” de las recientes operaciones costeras evidencian tanto la excelencia operativa de la policía salvadoreña como el impacto de la colaboración bilateral en el combate al tráfico de drogas.

Como parte de la estrategia compartida, más de 171 agentes de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería concluyeron un entrenamiento intensivo entre el 13 y el 24 de abril, en el marco del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26.

Este programa, liderado en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño, fortaleció competencias en control fronterizo, investigación criminal y análisis de información, desde la detección hasta la judicialización de delitos.

Participaron agencias federales estadounidenses como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el FBI, la DEA, la HSI, la ATF, así como la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y la Oficina de Seguridad del Departamento de Estado, según detalló la representación diplomática estadounidense.

Este bloque responde directamente a la pregunta sobre lo ocurrido: El gobierno de Estados Unidos transfirió tres botes Zodiac, por valor de USD 1,2 millones, a la unidad STORM de la Fuerza de Policía Marítima Costera de El Salvador, al tiempo que concluyó el entrenamiento especializado de 171 agentes salvadoreños en técnicas de seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional.

Los funcionarios de ambos países declararon que tanto la transferencia de equipamiento como la formación apuntan a reforzar la capacidad salvadoreña para interceptar cargamentos ilegales y desarticular redes criminales en la región.

Durante el acto de clausura del entrenamiento, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, enfatizó que el modelo salvadoreño, consolidado en los últimos seis años, ha avanzado desde ser un receptor pasivo de capacitación a convertirse en “exportador de un modelo de justicia penal que realmente funciona”. Villatoro afirmó: “Hemos decomisado más de miles de millones de dosis de cocaína que nunca, gracias a Dios, llegaron a ningún país en el norte, ni a México, ni a Estados Unidos, ni mucho menos a Europa”.

El ministro puntualizó que las nuevas embarcaciones y vehículos concedidos representan “algo más que merecido para un país que tiene que combatir el flagelo del narcotráfico”, diferenciando la experiencia salvadoreña de otras naciones que, pese a millonarios apoyos internacionales, no han replicado resultados comparables. Villatoro citó ejemplos de colaboración en curso con países como Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, al tiempo que lamentó la inacción de otros gobiernos de la región.

Impacto institucional y futuro de la cooperación

La diplomática estadounidense Naomi Fellows reafirmó el “compromiso” de su país como “socio firme de El Salvador”, y expresó: “Combatir el crimen transnacional requiere que trabajemos en conjunto.

Sabemos que la cooperación no solo se basa en la voluntad compartida, sino en la capacidad concreta de nuestras instituciones para actuar de manera coordinada, efectiva y oportuna”.

Agregó que la colaboración continuará a través del “intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades”, condición clave para construir comunidades más seguras y resilientes en Centroamérica.

Fellows felicitó al personal salvadoreño por perfeccionar “habilidades críticas” en control fronterizo, investigación criminal y análisis de información, competencias consideradas “esenciales para detectar, investigar y desarticular las redes criminales que amenazan la seguridad de nuestras naciones”.

La incorporación de tecnología marítima avanzada y la formación de agentes especializados ratifican el alineamiento entre Estados Unidos y El Salvador en la lucha frente al crimen organizado transnacional, fortaleciendo la protección de rutas marítimas y elevando el estándar operativo de la policía costera salvadoreña.

Una investigación judicial en Salta permitió desmantelar una organización narcocriminal que alquilaba fincas agrícolas para ocultar grandes cargamentos de cocaína, utilizando plantaciones de hortalizas como pantalla. El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates en Colonia Santa Rosa. En las últimas horas, imputaron a los líderes y un integrante de la banda, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de 90 días.

La investigación comenzó en enero pasado, cuando una denuncia anónima llevó a Gendarmería Nacional a realizar un operativo en una estación de servicio de Pichanal. Allí, un camión que transportaba cajones de berenjenas fue requisado con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”, que detectó 30 kilos de cocaína camuflados entre la carga. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas —incluidos el conductor del camión y ocupantes de un automóvil que oficiaba de apoyo logístico— y se inició una investigación más amplia bajo la dirección del fiscal federal de Orán, Marcos Romero.

El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y el testimonio de tres arrepentidos permitió a la fiscalía identificar a dos hermanos, A.R. y J.R., como jefes de la organización, y al ciudadano venezolano J.B. como parte del grupo. El trabajo de los investigadores estableció que la banda arrendaba fincas en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras, pero el verdadero objetivo era utilizar estos predios como depósitos de droga, que ingresaba desde Bolivia y era almacenada de manera clandestina.

Durante la pesquisa, se detectó que los líderes de la banda alquilaron al menos tres terrenos agrícolas y utilizaban vehículos para desplazarse entre las distintas fincas, simulando tareas rurales. En uno de los inmuebles funcionaba el pool “El Bunker”, donde coordinaban el acopio y movimiento de la droga, y también se identificó la utilización de un local bailable y viviendas particulares para actividades conexas.

La investigación se profundizó con la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y de J.B., lo que permitió a la fiscalía obtener evidencia sobre el inminente movimiento de un gran cargamento de estupefacientes. A partir de estas pruebas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó ocho allanamientos simultáneos con intervención de Gendarmería Nacional. En una de las fincas, los agentes hallaron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas con 171,45 kilos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. Además, se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas, dos automóviles, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

El juez Montoya declaró la legalidad de la detención de los tres principales acusados, admitió la imputación fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días, además de autorizar peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Los hermanos y el ciudadano venezolano fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y los dos primeros también por transporte de estupefacientes agravado.

La defensa de los imputados solicitó el arresto domiciliario, pero la fiscalía rechazó el planteo y advirtió que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional por otra causa en Salta, y uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en un juzgado de Lanús. El juez finalmente rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la prisión preventiva, fundamentando su decisión en la gravedad y logística de la organización, los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación.

La causa, a cargo del fiscal Marcos Romero, sigue abierta con la expectativa de nuevos avances. La fiscalía solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos para identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el circuito completo de la organización, que mostraba un poderío económico y logístico significativo, con conexiones en diferentes puntos del país y vínculos con el tráfico internacional.

Las autoridades hondureñas realizaron un operativo en el que localizaron y aseguraron una plantación con 4,500 plantas de supuesta hoja de coca en una zona boscosa del departamento de Olancho, colindante con El Paraíso, dentro del área sur del Parque Nacional Patuca.

Esta acción, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) a través de la 110 Brigada de Infantería, representa uno de los golpes más recientes contra las estructuras criminales que intentan establecer cultivos ilícitos en el territorio hondureño.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Defensa Nacional, la operación se realizó como parte de las acciones permanentes de inteligencia y patrullaje que ejecutan las FFAA para prevenir la expansión de cultivos ilegales.

El operativo se desarrolló en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, integrando la labor de diferentes instituciones estatales en la lucha frontal contra el narcotráfico.

La plantación, localizada en un terreno que abarcaba aproximadamente dos manzanas, fue asegurada por el personal militar tras labores de vigilancia y reconocimiento en la zona.

Posteriormente, operadores de justicia autorizaron la erradicación total de los sembradíos, eliminando así una significativa cantidad de plantas que, según las autoridades, estaban destinadas a la producción de estupefacientes.

Imágenes difundidas por las cuentas oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas muestran a los efectivos militares y policiales, equipados con uniformes de camuflaje, chalecos con identificaciones visibles y pasamontañas, arrancando las plantas y destruyendo parte de la infraestructura utilizada para el cultivo.

Las fotografías documentan la presencia de unidades especializadas, incluyendo elementos de la policía y del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, trabajando de manera conjunta en la erradicación y aseguramiento del área.

Las autoridades resaltaron que esta acción constituye un golpe significativo para las organizaciones delictivas que buscan utilizar el territorio hondureño como plataforma para la producción y eventual tráfico de cocaína.

Además, enfatizaron que el hallazgo y destrucción de la plantación es resultado directo de los patrullajes y acciones de inteligencia desarrolladas en el marco del compromiso institucional de combatir el narcotráfico en todas sus formas.

El Parque Nacional Patuca, donde se ubicó esta plantación, es una zona de difícil acceso y con extensas áreas de vegetación, lo que representa un desafío para las labores de control y supervisión por parte de las autoridades.

La localización de estos cultivos ilegales en áreas protegidas evidencia el constante esfuerzo de las estructuras criminales por aprovechar la geografía para eludir la acción del Estado.

La erradicación fue acompañada por la legalización de procedimientos en el sitio, bajo la supervisión de operadores de justicia locales, garantizando así la documentación y destrucción conforme a los protocolos establecidos. Desde las instituciones responsables, se reiteró el llamado a la población para que denuncie la presencia de cultivos ilícitos y colabore con las autoridades en la protección del territorio nacional.

Esta intervención refuerza el mensaje de las autoridades sobre la tolerancia cero frente a los cultivos de drogas y la importancia de la coordinación interinstitucional para frenar el avance del narcotráfico en Honduras.

La justicia para los narcotraficantes en Olancho

Ayer, el Ministerio Público de Honduras logró la condena de siete años y seis meses de prisión para Lucio Patricio Antúnez Véliz y Osmin Renán Padilla Martínez, integrantes de la banda “Los Véliz”, dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Olancho. La captura de ambos se efectuó tras ocho allanamientos realizados en octubre de 2025 en San Esteban, Gualaco y Salamé, como resultado de una investigación iniciada por denuncias sobre plantaciones ilegales. Las autoridades decomisaron más de 285 libras de marihuana y detuvieron a otras personas vinculadas, quienes utilizaban vehículos y motocicletas para transportar la droga.

El juicio contra la presunta organización criminal dirigida por Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias “Pioja”, ha revelado que un hotel de tres niveles en el centro de San José funcionaba como búnker y núcleo de operaciones para el narcomenudeo, de acuerdo con la cobertura de CR Hoy. La investigación, a cargo de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), expuso una estructura que combinaba venta de drogas y lavado de activos, involucrando a familiares, abogados, funcionarios bancarios y una red de testaferros.

Como parte de este caso, el 19 de julio de 2022 fue allanado el Hotel La Fortuna, ubicado en avenida 6, calle 2-4 del casco central de la capital, por agentes judiciales, según detalló CR Hoy.

El inmueble, administrado por Marvin Alexander Rodríguez Benavides (“Araña”), uno de los imputados, resultó ser punto clave de la organización y alojaba a unas 20 personas consumiendo drogas al momento del operativo.

Durante el juicio, un investigador del OIJ relató su papel en el ingreso policial al edificio, bajo la instrucción de detener a “Araña” y confiscar droga, dinero y dispositivos electrónicos de interés.

Dentro del hotel, los agentes encontraron al menos 20 habitaciones, muchas equipadas con camas, en condiciones precarias e insalubres. Allí se decomisaron alrededor de 40 dosis de cocaína listas para la venta, dinero en billetes de baja denominación y monedas, además de identificar a personas con actitudes que, según el testimonio, reforzaban la hipótesis de que el lugar operaba como centro activo de narcomenudeo.

La tesis del Ministerio Público sostiene que el hotel había sido alquilado formalmente por la organización, hallándose incluso un contrato de arrendamiento durante el allanamiento. El agente judicial indicó que no recordaba los datos completos del documento, según recogió CR Hoy.

La estructura criminal, bajo la dirección de Rodríguez Chaves, extendía sus operaciones más allá del tráfico de drogas. Según la acusación fiscal, una parte central de sus actividades era la legitimación de capitales, mediante la adquisición, ocultamiento y transformación de bienes muebles e inmuebles con fondos procedentes del narcotráfico. Los responsables introducían estos recursos al sistema bancario nacional para darles apariencia de legalidad.

Una figura clave en la ingeniería financiera del grupo era el abogado y notario Danilo Villegas Quirós, quien, de acuerdo con la Fiscalía, colaboró en la confección de actos notariales fraudulentos y constitución de sociedades anónimas utilizadas como fachadas comerciales. El profesional habría coordinado operaciones usando intermediarios, reuniones presenciales y aplicaciones de mensajería, de acuerdo con la reconstrucción judicial publicada por CR Hoy.

En el segundo nivel jerárquico de la organización, destaca la participación de Norma Rodríguez Chaves, hermana del líder y conocida como “La Doctora”, quien supervisaba la venta de droga en barrios como Hatillo y en el propio hotel capitalino. Su rol incluía la transmisión de órdenes, el control de administradores y la recolección de dinero. Además, participaba en el blanqueo de activos mediante negocios comerciales y compraventa de joyas.

La estructura incluía a varios administradores de puntos de venta, identificados como Maikol Parra Chavarría (“Lento”), Pedro Cordonero Benavides (“Colochos”) y Mayid Omed Cano Castro (“Viejo” o “M33”), responsables del control diario de la comercialización, logística, contratación de personal, pago de planillas y manejo del dinero, según la información difundida por CR Hoy.

La red de lavado de activos, de acuerdo con la acusación, también implicaba a familiares directos de “Pioja”. María del Milagro Matamoros Alfaro, esposa del cabecilla, realizaba transacciones bancarias y fungía como tesorera de sociedades. Tiffany Rodríguez Matamoros, hija del líder, coordinaba el almacenamiento de dinero y negocios, mientras que el yerno, Ernesto Aragón Bermúdez, adquirió propiedades mediante sociedades financiadas con fondos ilícitos. El primo Jorge Ureña Quesada (“Zete”) figuraba como enlace para el blanqueo a través de joyería, vehículos y empresas comerciales.

El expediente judicial también señala la colaboración de Didier Quesada Serrano, funcionario bancario, atribuyéndole haber facilitado la inserción de dinero ilícito mediante asesoría y estrategias para eludir alertas del sistema financiero. Otros miembros cumplían funciones de traslado de dinero y actuaban como testaferros de bienes adquiridos con fondos de origen criminal.

La investigación reveló que la organización funcionaba bajo un esquema empresarial, con pagos fijos a sus integrantes y la posibilidad de solicitar vacaciones. El líder, Rodríguez Chaves, fue finalmente detenido en un condominio de lujo en Sabana Sur, desde donde coordinaba las operaciones, de acuerdo con los datos recabados por CR Hoy.

El juicio por el caso Imperio continuará en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, con la presentación de nuevos testigos y pruebas que buscan esclarecer el alcance de la estructura criminal que operó en la capital costarricense.

Una operación contra el tráfico de drogas en Pontevedra, denominada ‘Helo/Kalidas’, culminó con la detención de 11 personas en la comarca de O Salnés. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron alrededor de 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivo y diferentes tipos de armas, además de embarcaciones de alta velocidad. Tras dos años, la operación permitió desarticular una organización criminal que distribuía droga en Galicia y otras zonas de España.

Durante la fase final del operativo, desarrollada este miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron de forma simultánea 12 registros en distintas localidades de León, Bilbao, Caldas de Reis, Vigo, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa. En estas actuaciones, los agentes se incautaron de 9,5 kilos de cocaína, medio kilo de heroína, 19.000 euros en efectivo, dos pistolas, un revólver, 11 escopetas y abundante munición.

En Bilbao, las fuerzas de seguridad localizaron además dos lanchas de alta velocidad de entre 10 y 14 metros de eslora, una de ellas equipada con tres motores fueraborda. Este tipo de embarcaciones está prohibido en España. También fueron intervenidos cuatro vehículos, 18 teléfonos móviles, diversos dispositivos electrónicos, un inhibidor de frecuencia y material destinado al pesaje y distribución de drogas.

Dos años de operación contra el narcotráfico

La investigación comenzó en mayo de 2024 y permitió a los agentes identificar a los principales implicados. Un punto de inflexión se produjo el 3 de octubre de 2025, con la detención del conductor de un vehículo interceptado en Ribadeo, que transportaba en un doble fondo cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís.

Posteriormente, el registro de su domicilio permitió intervenir 3,7 kilos de heroína, 5,4 kilos de cocaína, 10 kilos de hachís, dos kilos de sustancia de corte y dos teléfonos satelitales. El principal sospechoso ingresó en prisión preventiva por orden judicial.

Durante el avance de la investigación, los agentes localizaron además un punto de almacenamiento de drogas vinculado al mismo detenido, donde se incautaron 1,3 kilos de heroína, 600 gramos de cocaína y 100 gramos de hachís.

Desmantelada una organización criminal

Según los investigadores, la red criminal desmantelada estaba formada por once hombres de entre 41 y 52 años, residentes en distintas localidades de Galicia y Bilbao, entre ellas Caldas de Reis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Porto do Son y Bilbao.

El operativo se salda con la incautación de 5,5 kilos de heroína, 20 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y dos kilos de sustancias de corte, además de armas de fuego, dinero en efectivo y embarcaciones de alta velocidad. La operación permitió desmantelar una red con capacidad de distribución a gran escala, activa entre Galicia y otros puntos del territorio nacional.

En el dispositivo han participado distintas unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Vizcaya, el Grupo de Reserva número 7 de Pontevedra, las USECIC de Pontevedra y Bilbao, el Servicio Cinológico de ambas provincias y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, cuya coordinación ha sido clave para el desarrollo de la operación y la ejecución simultánea de los registros y detenciones.

Los cancilleres de Bolivia y Chile mantuvieron el jueves un diálogo centrado en el fortalecimiento del control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, al tiempo que reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países al más alto nivel tras 16 años.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, tras un encuentro previo en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, afirmó Pérez Mackenna durante una declaración conjunta con Aramayo.

Ambos gobiernos deberán coordinar los mecanismos correspondientes respetando los acuerdos bilaterales para garantizar los derechos de la población de ambas naciones, según informó la cancillería boliviana.

Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento” en la relación bilateral.

“Un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”, indicó el ministro boliviano.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna mencionó que, además de los temas políticos, se acordó “iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial” entre Bolivia y Chile.

Previo a la reunión, Aramayo calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones. Pérez Mackenna añadió: “Es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada del centroderechista Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente chileno José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

El reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

(Con información de Assosciated Press)

La lucha contra el narcotráfico en el Perú ha dado un nuevo paso tras la reciente ceremonia de certificación de 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) en el manejo de helicópteros UH-60 Black Hawk.

El evento, realizado en la base de Pucallpa, contó con la presencia del titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata, y el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro. Ambos destacaron el impacto de la cooperación internacional para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como parte de un convenio bilateral antidrogas, el gobierno estadounidense donó nueve helicópteros Black Hawk, seis de los cuales ya se encuentran operativos y asignados a la Diravpol.

Estas aeronaves se suman a los recursos utilizados en operaciones tácticas diurnas y nocturnas en zonas de difícil acceso, especialmente en regiones donde el tráfico ilícito de drogas representa una amenaza persistente.

El entrenamiento recibido por los efectivos incluyó maniobras con visores nocturnos, protocolos de seguridad y mantenimiento especializado, siguiendo estándares internacionales.

La formación abarcó pilotos, mecánicos y tripulantes, quienes ahora cuentan con herramientas para afrontar misiones en entornos complejos.

El fortalecimiento de la relación entre Perú y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y el combate al narcotráfico representa un avance en la estrategia regional para enfrentar a las organizaciones criminales.

“La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobre todo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia”, enfatizó el titular del sector Interior.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos destacó que este evento demuestra el compromiso bilateral. “Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas”, manifestó.

Finalizada la ceremonia, el ministro Zapata supervisó las aeronaves y participó en un sobrevuelo para constatar su funcionamiento en campo

Aliado principal

Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos anunció la propuesta de designar a Perú como “aliado principal no perteneciente a la OTAN” (Organización del Tratado del Atlántico Norte), estatus que ampliaría los beneficios en el marco de la cooperación en defensa y seguridad.

Esta designación, comunicada formalmente al Senado estadounidense, reconoce la prioridad compartida entre ambos países en materia de seguridad regional, lucha contra organizaciones criminales y fortalecimiento de los lazos económicos.

El estatus de aliado principal no OTAN no implica un tratado de defensa colectiva, pero otorga ventajas como acceso preferente a equipos militares, ejercicios conjuntos y mayor participación en contratos de defensa.

En América Latina, países como Argentina, Colombia y Brasil cuentan con esta misma consideración, lo que ha facilitado el desarrollo de estrategias conjuntas en la región.

La iniciativa se produce en un contexto de intensificación de la campaña estadounidense contra el tráfico de drogas y grupos vinculados al narcotráfico transnacional. La cooperación entre Lima y Washington busca mejorar la eficacia de las operaciones conjuntas y reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas que afectan tanto a la seguridad local como internacional.

Según pudo saber Infobae, la investigación comenzó en octubre de 2025 y se apoyó tanto en recursos tecnológicos como en técnicas tradicionales de inteligencia criminal, lo que facilitó el seguimiento y desmantelamiento de una estructura que extendía sus operaciones más allá de la ciudad de Azul, alcanzando zonas aledañas y otros distritos.

La pesquisa, bajo la dirección de la fiscal María Jose Buglione y el fiscal Lucas Moyano, ambos de la Sede Fiscal Federal descentralizada Azul, avanzó gracias a la combinación de vigilancias, seguimientos, capturas fílmicas y escuchas telefónicas.

El líder de la banda, identificado dentro de la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul, ejercía el control absoluto de las operaciones a pesar de estar privado de la libertad por delitos vinculados al narcotráfico. El principal apuntado delegaba funciones clave en su entorno cercano: su pareja y familiares directos asumían la responsabilidad logística, desde la provisión y el fraccionamiento de la droga hasta la distribución en la ciudad y sus alrededores.

Sin embargo, uno de los puntos clave revelados por la investigación fue la existencia de “punteros” dedicados a la venta al menudeo en diferentes sectores geográficos, lo que amplificaba el alcance territorial de la red.

Esto llevó a que toda la estructura tuviera que contar con un circuito de lavado de dinero, lo que llevó a los investigadores hasta un policía retirado que cumplía el rol de intermediario financiero. Este actor recibía sumas de pesos y las transformaba en dólares, mecanismo que permitía mantener la operatividad ilegal de la organización.

El viernes pasado, tras meses de recolección de pruebas y trabajo encubierto, se desplegó en simultáneo una serie de allanamientos en nueve domicilios. Los grupos operativos de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul, Tandil y Olavarría, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Infantería Departamental, ejecutaron los allanamientos de manera coordinada. Incluso, uno de los objetivos se encontraba en la ciudad de Laprida, que surgió como resultado de los procedimientos en curso.

El saldo fue la incautación de cocaína y marihuana listas para su venta, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos que resultaron fundamentales para robustecer la causa judicial.

Durante el operativo se detuvo a siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— que quedaron alojadas en diferentes dependencias policiales o bajo arresto domiciliario.

Según informaron fuentes allegadas a la causa, todos los sindicados comparecieron ante el Juzgado Federal de Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio, quien convalidó las aprehensiones y dispuso diversas medidas cautelares respecto a los involucrados.

Durante más de una década, las autoridades colombianas mantuvieron bajo vigilancia a “Sombrero”, identificado como presunto miembro de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Según un reporte de la Fuerza Naval del Caribe, el hombre de 63 años habría coordinado el envío anual de aproximadamente 50 toneladas de clorhidrato de cocaína desde la zona fronteriza de Sapzurro, en el departamento de Chocó, hacia países de Centroamérica.

De acuerdo con información oficial, alias Sombrero establecía contacto con funcionarios activos de la fuerza pública para ofrecerles incentivos económicos a cambio de datos sobre la ubicación de unidades navales.

Esta estrategia tenía como objetivo evitar los controles marítimos y facilitar el tránsito de cargamentos ilícitos hacia el exterior. “La captura de este individuo representa un golpe estratégico a la estructura criminal que opera desde el Golfo de Urabá”, detalló la Armada de Colombia.

Ofrecimientos a la fuerza pública: una modalidad para eludir la ley

Alias Sombrero no solo habría consolidado rutas y logística para el narcotráfico, también habría implementado mecanismos de corrupción para obtener información sensible.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación indicaron que, el detenido ofrecía dádivas económicas a miembros de la Armada de Colombia, con el fin de conocer movimientos y posiciones de unidades navales desplegadas en el Caribe y el Pacífico colombiano. Esta modalidad buscaba anticipar operativos y garantizar el éxito de los envíos ilícitos.

La operación que llevó a la captura del presunto articulador, ejecutada por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 16 y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, se realizó mediante un allanamiento en una vivienda del corregimiento de Sapzurro. Según la institución militar, la detención de “Sombrero” afecta de manera directa las redes de apoyo e inteligencia delictiva en la región fronteriza con Panamá.

Antecedentes y reincidencia criminal

Alias Sombrero ya había sido capturado en octubre de 2014 en el mismo sector del departamento de Chocó por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Tras cumplir procesos judiciales, organismos de inteligencia detectaron su retorno a la zona para intentar reestructurar redes logísticas y de acopio al servicio de nuevas organizaciones narcotraficantes.

El contexto de su aprehensión en 2026 se dio en medio de una ofensiva más amplia de la Armada de Colombia contra las economías ilegales en el litoral Pacífico, en particular contra el Clan del Golfo. Durante el año en curso, se registraron capturas, incautaciones y sometimientos de varios integrantes de este grupo, así como decomiso de armas, droga e insumos para la producción de pasta base de coca.

Resultados recientes en la lucha contra el Clan del Golfo

La Brigada de Infantería de Marina No. 2 y el Grupo de Guardacostas del Pacífico lideraron acciones que permitieron la captura de siete integrantes del Clan del Golfo y el sometimiento voluntario de cuatro miembros más.

En estas operaciones, las autoridades incautaron más de una tonelada de sustancias ilícitas, entre marihuana y clorhidrato de cocaína, así como miles de galones de insumos líquidos y varias armas de fuego.

De acuerdo con declaraciones del brigadier general Evert Mejía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, “en lo corrido del presente año se han llevado a cabo contundentes operaciones en el departamento del Chocó que han afectado la estructura de las economías ilícitas de estos grupos armados organizados, especialmente el Clan del Golfo.

El alto oficial reiteró el compromiso de la Armada con la legalidad y la protección de los derechos humanos.

Incautaciones y afectaciones a finanzas criminales

En una de las acciones más recientes, la Armada de Colombia interceptó en aguas del Pacífico centro una embarcación de bandera panameña que transportaba más de 600 kilogramos de marihuana. El operativo evitó, según la autoridad naval, el ingreso de más de 6 millones de dólares a las finanzas de las estructuras criminales vinculadas al Clan del Golfo.

“Con este resultado se evitó la comercialización de más de 105.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo”, declaró el capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura. Tanto el material incautado como las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos lo arrestó en la casa del barrio Martín Fierro de la misma jurisdicción, donde se ocultaba junto a su pareja, Joana Giménez, que también fue capturada. Ambos ofrecieron una fuerte resistencia. Así, serán indagados en las próximas horas por la UFI N°7 de la zona.

No fue sencillo encontrar al capo esta vez: cambiaba de domicilio con frecuencia, con alquileres temporarios entre Moreno y General Rodríguez, luego de que su propio sobrino, Iván Abel, fuera detenido el 1° de abril último, con una pistola Glock 9 milímetros con una docena de balas y medio gramo de cocaína encima mientras viajaba a bordo de un Chevrolet Cruze en José León Suárez.

“El Gordo Pey”, vinculado a una histórica operación dealer en la villa La Cárcova de José León Suárez, ya había sido detenido diez años atrás. Terminó preso junto a nueve miembros de su banda.

Bravo, por su parte, ya había sido mencionado con fuerza en una investigación inquietante de la Justicia federal de la zona, la que investigó y llevó a la cárcel al inspector de la Bonaerense Hugo Antonio Bigeon, alias “Plata o Plomo”, que recibió una pena de tres años y medio de cárcel por encubrir a dos traficantes del área de José León Suárez.

La causa en contra del policía, investigada por el Juzgado Federal N°2, con la magistrada Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, apuntó a dos traficantes, Julio Andrés Gómez, alias “Andresito”, y a Jacqueline “La Colo” Ferreyra, condenados en octubre de 2023 a seis años de cárcel. Ambos eran rivales de “El Gordo Pey”.

El celular de “Andresito” fue peritado en la causa original. Allí, se encontró un chat con un contacto. “Este es el cobani que arregla con Pey”, aseveraba en octubre de 2022 el narco hoy preso, mientras le enviaba al contacto una foto de perfil de Bigeon.

El narcotráfico mueve miles de millones de euros. En España, según los últimos datos del INE de 2022, la cifra alcanza los 8.222 millones. Nuestro país es punto de entrada de la cocaína que llega del otro lado del Atlántico y del hachís que procede de Marruecos. También se ha convertido en una de las mayores plantaciones de marihuana en Europa. El dinero que mueve la droga también se utiliza para combatirla. Desde mayo de 2013, el Estado utiliza los bienes decomisados a los narcotraficantes para perseguirlos (el control de la oferta) y para poner en marcha programas de prevención de toxicomanías y la inserción sociolaboral de los drogodependientes (la reducción de la demanda).

2025 fue un buen año para estos propósitos. Según el último informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del ministerio de Sanidad, el fondo que gestiona los bienes decomisados a los narcos obtuvo unos ingresos récord el año pasado: 47,7 millones de euros, un 172% más que lo obtenido en 2024. Se trata de dinero localizado en efectivo en operaciones policiales o embargado en cuentas corrientes a condenados por narcotráfico. Desde que hay estadísticas (1996) nunca había habido un ejercicio con tanto “líquido” incautado por las arcas públicas. Y eso que desde 1996 a 2025 la cantidad ingresada suma ya 473,9 millones de euros. A eso habrá que sumar lo que se podrá obtener si el Estado finalmente subasta los 1.405 bienes materiales decomisados a estos grupos criminales en 2025.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía sigue liderando el número de bienes decomisados. Es lógico. Sus costas y puertos constituyen la principal puerta de entrada de la cocaína y el hachís en España. De hecho, Andalucía es la única región que tiene en marcha un plan especial de seguridad contra el narcotráfico, que comenzó en el verano de 2018 y que ya va por su quinta edición. Desde entonces se han realizado 47.800 operaciones policiales. De los 51.000 bienes incautados desde que hay estadísticas en 1996, el 38% (19.424 bienes) proceden de Andalucía. Le siguen Madrid (el 14,8%) y Comunidad Valenciana (el 6,4%).

Los bienes que forman parte de este Fondo especial se clasifican, para su gestión, en varios tipos: vehículos (automóviles, camiones, furgonetas, motocicletas); inmuebles (pisos, chalés, locales comerciales, naves industriales, plazas de aparcamiento, trasteros, fincas rústicas...); embarcaciones (barcos de pesca o deportivos, lanchas, veleros, motores); aeronaves (aviones, helicópteros, drones); joyas (relojes de pulsera, adornos de oro, plata o piedras preciosas, monedas, etc.) y objetos (donde se incluyen todos aquellos decomisos no clasificados en alguno de los anteriores, como baratijas, quincalla, pequeños electrodomésticos, ropa, material audiovisual, teléfonos móviles, muebles, enseres...). En 2025 el Fondo gestionó 576 vehículos y 82 embarcaciones.

Menos inmuebles

Aunque el dinero obtenido ha batido todos los récords, lo que sí ha bajado notablemente es número de inmuebles decomisados. En 2025 solo fueron 31, cuand la cifra fue de 55 en 2024 y de 123 en 2023. Desde la Delegación del Gobierno del Plan sobre Drogas reconocen que gestionar este tipo de bien es “complejo”. En primer lugar, porque se trata de bienes de diverso tipo ubicados por todo el territorio nacional, siendo necesario el desplazamiento para realizar determinados trabajos y, en segundo lugar, porque, una vez decomisados, hay que llevar a cabo múltiples gestiones necesarias antes de proceder a la tasación y venta de los mismos: “la depuración física y jurídica; su inscripción registral a nombre del Estado; la preparación y presentación de la documentación tributaria que les sean de aplicación; el contacto con los administradores y pesidentes de las comunidades de propietarios informando del nuevo titular del bien; la apertura y el cambio de cerraduras de las viviendas; la investigación y, en su caso, depuración de las cargas que pesaran sobre los mismos...”

El Estado intenta sacar el mayor rédito económico de estos bienes. Por eso, ha mejorado las estadístcias de subastas que llegan a buen puerto. Si en 2023 solo consiguió colocar en el mercado el 8,4% de los bienes decomisados, en 2025 subió el ratio al 28,3%. “Esto se explica por la mejora en la eficiencia introducida con la realización de las subastas electrónicas”, explican desde el ministerio de Sanidad. Un sistema que comenzó en 2024. Aunque no es perfecto. En 2025 se preparó y convocó una subasta de 13 lotes de inmuebles. Sin embargo, un error en el plazo de publicación de la misma en el BOE motivó la presentación de un recurso contencioso administrativo que derivó en la suspensión de la subasta, que se espera poder repetir este año.

Desde esta Delegación del Gobierno recalcan “el incremento de los casos de ocupación ilegal de inmuebles decomisados. Estas ocupaciones son de forma muy habitual realizadas por los propios condenados en los procesos penales que supusieron el decomiso de las viviendas o por sus familias. Los procesos judiciales de desalojo son extremadamente largos, privando al Estado del producto de la venta de estos inmuebles, suponiendo un aumento de los gastos derivados de la propiedad estatal de los inmuebles y frustrando la ejecución de las sentencias en lo relativo a los decomisos”.

A pesar de este inconveniente, los pisos son los que más ingresos dan, por encima obviamente que embaraciones, joyas y vehículos. En 2025 se ingresaron 3,4 millones de euros tras subastar todo tipo de inmuebles, cuando los coches solo dejaron 1,5 millones y los barcos, otros 270.000 euros. Desde que hay estadísticas en 1996, el Estado ha ingresado 125,7 millones de euros tras subastar bienes de los narcos (5.205.932 euros en 2025). Por ejemplo, de los 18.924 vehículos decomisados en el periodo 1996-2025, un total de 4.784 fueron subastados. En el caso de las 2.830 embarcaciones incautadas, lo fueron 1.033. Aunque no todos los bienes se intenta vender. Algunos vehículos y embarcaciones pasan a formar parte de los equipos de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil para perseguir a los narcos. En 2025, en concreto, un barco y 87 vehículos. Su valor es de 437.000 euros.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda Sandoval, anunció este 22 de abril una reducción en los índices de criminalidad y nuevos avances en la transformación del sistema penitenciario, como parte de las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad pública en el país. La presentación formó parte del primer conversatorio previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026 y estuvo organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), según informó Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Durante el evento, titulado “Seguridad y Desarrollo en Guatemala: Fortaleciendo la Convivencia para un Futuro Próspero”, el titular de la Cartera de Gobernación detalló los distintos frentes en los que el gobierno centra sus esfuerzos. Según AGN, Villeda destacó la incorporación de 600 nuevos guardias penitenciarios, la mejora de la infraestructura carcelaria con estándares internacionales y la construcción de nuevos centros de máxima seguridad. Además, explicó que el refuerzo operativo incluye la llegada, en julio, de 3.200 agentes policiales, la apertura de nuevas sedes y la adquisición de patrullas y unidades motorizadas para ampliar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre los avances en materia de combate al crimen, el funcionario subrayó la aprehensión de 23 personas requeridas por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico y la incautación, en enero, de aproximadamente 5 toneladas de presunta cocaína, uno de los mayores decomisos registrados en el país. “En enero de este año, hemos incautado un aproximado de 5 toneladas de presunta cocaína, uno de los mayores decomisos registrados en nuestro país”, puntualizó Villeda ante empresarios y líderes sociales reunidos en Ciudad de Guatemala.

La transformación del sistema penitenciario se presenta como uno de los ejes principales de la actual gestión. De acuerdo con la información de AGN, las requisas focalizadas en cárceles avanzan de manera progresiva, dada la complejidad estructural de los recintos. En el caso de la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, el ministro explicó que ya se han intervenido 18 de los 25 módulos, donde se detectaron centros de operaciones ilícitas, incluidos call centers que operaban desde el interior de las celdas. Durante una de estas requisas se incautaron 451 teléfonos celulares, así como armas de fuego, granadas, instalaciones irregulares como cantinas y jacuzzis, e incluso animales como perros y lagartos, según la cobertura de AGN.

El informe presentado por Villeda precisa que el 70 % de las extorsiones en el país se originan desde las cárceles. Para enfrentar este fenómeno, las autoridades intensificaron las requisas en coordinación con el Ejército de Guatemala, focalizando los operativos en los recintos desde donde se emiten la mayoría de llamadas extorsivas. “Las extorsiones no han desaparecido por completo, pero vamos en el camino correcto para lograr una disminución que impacte directamente en la vida de los ciudadanos”, afirmó el ministro, citado por AGN.

El funcionario también denunció que, antes de la intensificación de los operativos, grupos pandilleros ejercían control dentro de los centros penitenciarios y exigían privilegios como la eliminación de revisiones a encomiendas, visitas sin restricciones y la instalación de aire acondicionado para líderes criminales. “Se les hizo saber que no estábamos dispuestos a conceder privilegios ni a ceder ante esas exigencias”, enfatizó Villeda durante el conversatorio.

Las acciones no se han limitado a Pavón. En la cárcel de Izabal, las autoridades incautaron 161 teléfonos celulares, mientras que en Cantel, en Quetzaltenango, se reanudaron las intervenciones luego de seis años sin operativos. Según reportó AGN, la intervención progresiva de los centros penitenciarios busca erradicar las estructuras ilícitas internas y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población.

La agenda presentada durante el conversatorio posiciona la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sistema penitenciario como pilares para estimular la inversión y el bienestar en Guatemala. El ministro de Gobernación subrayó que el respaldo legal a las fuerzas de seguridad y la colaboración continua entre sectores público y privado son esenciales para enfrentar los desafíos actuales en materia de criminalidad.

La Amazonía peruana enfrenta una nueva alerta ambiental. El ecosistema Aguas Calientes Maquia, ubicado en la región Loreto, se encuentra en una situación crítica ante el avance de la deforestación, los cultivos ilícitos y la expansión del narcotráfico. A pesar de su enorme valor ecológico y turístico, esta zona natural aún no cuenta con una protección oficial que garantice su conservación a largo plazo.

El área, situada entre las provincias de Requena y Ucayali, específicamente en los distritos de Contamana, Alfredo Vargas Guerra y Maquia, es considerada uno de los espacios más singulares de la Amazonía. Sin embargo, mientras se mantiene en espera su categorización como Área de Conservación Regional (ACR), más de 2,000 hectáreas ya han sido afectadas en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades, especialistas y comunidades locales.

Un ecosistema único en riesgo por la deforestación y economías ilegales

El ecosistema Aguas Calientes Maquia destaca por una característica poco común en el Perú: una quebrada de origen tectónico de aproximadamente cinco kilómetros que da lugar a seis pozas naturales con diferentes temperaturas. En época seca, el agua puede alcanzar hasta los 85 °C, y al mezclarse con corrientes frías, forma espacios aptos para el turismo termal.

Estas aguas, ricas en minerales como azufre, hierro y sales, han sido valoradas durante generaciones por las comunidades locales debido a sus propiedades terapéuticas. Este potencial convierte a la zona en un atractivo natural con gran proyección turística, especialmente en una región donde las oportunidades económicas sostenibles son limitadas.

No obstante, la riqueza natural del área contrasta con las amenazas que enfrenta. En los últimos cinco años, informes técnicos han evidenciado un crecimiento acelerado de la deforestación en Loreto, impulsado principalmente por el avance de los cultivos de coca. Esta actividad ilícita no solo destruye grandes extensiones de bosque, sino que también facilita la presencia de redes vinculadas al narcotráfico.

El sector norte de Aguas Calientes Maquia es uno de los más afectados, donde la presión ambiental continúa incrementándose. La falta de una categoría de protección oficial deja al territorio vulnerable frente a estas actividades ilegales, lo que compromete no solo su biodiversidad, sino también su equilibrio ecológico.

Propuesta de Área de Conservación Regional busca proteger a más de 32 mil habitantes

El reconocimiento de Aguas Calientes Maquia como Área de Conservación Regional (ACR) es una iniciativa que se impulsa desde el año 2013. Este proceso ha sido liderado por el Gobierno Regional de Loreto, en coordinación con organizaciones locales como la Asociación de Pueblos Cinco Unidos, la Municipalidad Provincial de Contamana, el SERNANP y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).

Aunque el expediente técnico ya fue aprobado, el proyecto continúa a la espera de un Decreto Supremo, en medio de retrasos asociados a la inestabilidad política. Esta demora mantiene en incertidumbre a miles de pobladores que dependen directa e indirectamente de los recursos naturales de la zona.

La creación del ACR no solo permitiría fortalecer la protección ambiental, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. Se estima que más de 32 mil habitantes de la provincia de Ucayali se beneficiarían de esta medida, incluyendo más de 5 mil personas de comunidades nativas y campesinas.

Además de su riqueza hídrica, el territorio alberga una biodiversidad destacada: al menos 259 especies de aves, 517 de plantas, 38 de mamíferos y 109 de peces. Entre sus principales atractivos se encuentra una colpa de guacamayos, donde se congregan entre 100 y 200 ejemplares, un espectáculo natural que podría convertirse en un importante motor para el turismo ecológico.

Las autoridades locales han subrayado que el desarrollo de la provincia no puede basarse en actividades agrícolas intensivas, debido a las características del suelo. En ese sentido, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y turísticos se presenta como la alternativa más viable para impulsar la economía sin comprometer el entorno natural.

Mientras tanto, las comunidades continúan resaltando la importancia del área, especialmente porque allí nacen las cabeceras de varias quebradas y se reproducen diversas especies animales. Sin una protección formal, el ecosistema sigue expuesto a actividades ilegales que amenazan su conservación y limitan su potencial como destino turístico sostenible en la Amazonía peruana.

El Gobierno de Costa Rica presentó un balance de avances en distintas áreas durante la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves, en la que destacó inversiones en infraestructura turística, educación, seguridad y crecimiento económico, al tiempo que defendió su gestión frente a cuestionamientos políticos y judiciales.

Entre los principales anuncios figura la construcción de un nuevo muelle en la isla San Lucas, en el Golfo de Nicoya, con una inversión de ₡985 millones (USD 1,89 millones) financiada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La obra, que podría inaugurarse entre julio y agosto de este año, busca fortalecer el desarrollo turístico y facilitar el acceso de visitantes nacionales y extranjeros a este sitio histórico.

Además, el Ejecutivo resaltó el fortalecimiento de la conectividad aérea con Canadá, tras la confirmación de un nuevo vuelo directo entre Quebec y San José que comenzará a operar en diciembre. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 ingresaron más de 146,000 turistas canadienses, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior.

Inversión en educación, niñez y tecnología

En materia educativa, el Ministerio de Educación Pública anunció un programa de capacitación en inteligencia artificial dirigido a más de 90,000 docentes, que se desarrollará de forma virtual entre abril y diciembre de 2026.

Asimismo, el Gobierno informó sobre una inversión acumulada de ₡3,759 millones (USD 7,23 millones) en robótica educativa para centros CEN-CINAI, beneficiando a más de 28,000 niños en todo el país. El presupuesto para este programa se duplicó en 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la formación tecnológica desde edades tempranas.

Mejora en infraestructura y finanzas públicas

Otro de los proyectos destacados es la iluminación del Parque Metropolitano La Sabana, impulsada en conjunto por el ICE, el ICODER y la Municipalidad de San José. La iniciativa busca mejorar la seguridad y permitir el uso del parque en horarios nocturnos, con obras que iniciarán en mayo y se extenderán por aproximadamente ocho meses.

En el ámbito financiero, el Gobierno subrayó la recuperación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que registró ganancias cercanas a ₡200,000 millones (USD 385 millones) en 2025. Según las autoridades, la institución logró revertir pérdidas acumuladas en administraciones anteriores y reducir su deuda en un 27% en los últimos tres años.

Crédito para productores y expansión internacional

El Ejecutivo también anunció un programa de financiamiento para 124,000 productores agropecuarios, impulsado por el Ministerio de Agricultura y el Banco Nacional, con tasas cercanas al 4% anual y condiciones adaptadas a los ciclos productivos.

En paralelo, se destacó la apertura de una oficina de promoción de inversiones en Singapur, como parte de una estrategia para atraer capital extranjero y posicionar a Costa Rica en mercados estratégicos como el sudeste asiático y la industria de semiconductores.

Seguridad: decomisos récord y reducción de delitos

En materia de seguridad, el Gobierno informó sobre un récord histórico en decomiso de drogas, con 20 toneladas incautadas en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un aumento del 184% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades también señalaron una reducción en delitos contra la propiedad, incluyendo una disminución del 12.3% en estos casos, así como una baja en asaltos, robos de vivienda y hurto de vehículos. Además, indicaron que los homicidios presentan una tendencia a la baja, con 64 casos menos en comparación con el año anterior.

Críticas al Poder Judicial y defensa del Gobierno

Durante la conferencia, el presidente Chaves lanzó fuertes críticas al Poder Judicial, especialmente en relación con el caso de una jueza que denunció amenazas previas a una agresión. El mandatario cuestionó la actuación de las autoridades judiciales por no haber brindado protección oportuna.

Asimismo, rechazó las acusaciones de que su administración tenga vínculos con el narcotráfico, calificándolas como infundadas y señalando los resultados en decomisos y cooperación internacional como evidencia de su política de seguridad.

Un cierre con tono político

En su mensaje final, el presidente reiteró que su gobierno ha logrado ordenar las finanzas públicas, impulsar la inversión y mejorar la seguridad, aunque reconoció que aún existen retos pendientes.

Chaves aseguró que las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y defendió la transparencia de su administración, en medio de un discurso con marcado tono político a pocas semanas de concluir su mandato.

Con base en la información difundida por la institución militar, el procedimiento se llevó a cabo en el desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima, con la colaboración del Grupo de Guardacostas del Pacífico y una unidad de superficie de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (Jiafts).

El operativo fue posible gracias a labores de inteligencia naval que permitieron la localización y posterior interdicción de la lancha, equipada con tres motores fuera de borda.

Durante la inspección, el personal de la Armada halló a bordo a tres ciudadanos colombianos junto con 109 costales de color azul y amarillo, que contenían la sustancia estupefaciente.

Tras el traslado de la embarcación y sus tripulantes hasta la Estación de Guardacostas de Tumaco, en el departamento de Nariño, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, que confirmó la presencia de 3.259 kilogramos de marihuana. En el procedimiento también fueron decomisados 600 galones de combustible extranjero.

Impacto en el narcotráfico internacional

De acuerdo con la autoridad militar, la incautación evitó que más de 540.000 dosis de estupefacientes llegaran a mercados ilegales internacionales. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que iniciaron el proceso de judicialización correspondiente. La institución destacó que este resultado representa un golpe a las economías ilícitas de organizaciones criminales que operan en el Pacífico colombiano.

En su comunicado, la Armada reiteró el compromiso institucional en la lucha contra el crimen transnacional relacionado con el narcotráfico y exhortó a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a la línea 146, habilitada durante todo el día. “Con esta operación, se afecta de manera significativa la estructura financiera de los grupos ilegales”, subrayó la institución castrense.

Operación paralela en el oriente del país

En simultáneo, la Fuerza Naval de la Orinoquía informó sobre una acción de control y vigilancia fluvial en Guainía, donde se destruyó de forma controlada un artefacto explosivo improvisado.

La intervención se realizó en el sector de Amanavén, zona rural de Inírida, tras la detección de la amenaza por parte de unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50 y el equipo de explosivos y desminado (Exde) de la Armada Nacional, con apoyo de un binomio canino antiexplosivos.

El artefacto, acondicionado en un cilindro y conectado a un sistema de cableado, fue neutralizado mediante detonación controlada, evitando cualquier afectación a las tropas y a la población civil que transita por esta zona.

Según informes de inteligencia, la instalación fue atribuida al Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, como retaliación a la ofensiva que adelantan las autoridades en contra de la extracción ilegal de yacimientos mineros, actividad que pone en riesgo la salud pública y afecta de manera grave al medio ambiente.

Compromiso institucional y llamado a la ciudadanía

La Armada de Colombia reafirmó su rol en la protección de las comunidades y la defensa del territorio nacional. En distintas regiones, la institución impulsa estrategias para contrarrestar actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la neutralización de amenazas explosivas.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, invitando a reportar cualquier situación que pueda poner en peligro la seguridad regional o el medio ambiente.

“La participación activa de la comunidad resulta fundamental para el éxito de las operaciones de seguridad y control”, enfatizó la Armada en su mensaje oficial, difundido tras los acontecimientos en Nariño y Guainía.

El crimen de Diego Xavier Guastini, financista, cuevero, buchón y el encargado de lavar el dinero de alguno de los mayores narcos de la Argentina, se convirtió, con el correr de los años, en uno de los mayores enigmas del mundo del delito y la Justicia penal en la Argentina.

Ocurrió el 28 de octubre de 2019, cuando un comando de sicarios perfectamente cronometrado lo mató en Quilmes mientras viajaba en plena noche con su Audi A4, a pocas cuadras del edificio de la Municipalidad local. El financista llevaba su pistola Glock, que nunca disparó.

Poco después, se supo que Guastini se había convertido en un informante de la PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a investigar delitos narco, lo que alimentó el misterio de su muerte. Así, ayudó con sus declaraciones a encarcelar a sus propios clientes, como el clan Loza y Carlos Atachahua. Guastini, irónicamente, se negaba a moverse con custodia oficial, por miedo a espantar a sus clientes.

Su muerte sigue impune hasta hoy. La investigación al respecto quedó estancada, sin avances significativos. Sin embargo, la semana pasada, la historia de Guastni dio un giro inesperado. El financista colaboró con la Justicia una vez más, en cierta forma. De acuerdo a una decisión del Tribunal en lo Penal Economíco N°1, el dinero del remate de sus bienes ayudará a la Procuración a adquirir nuevas tecnologías para investigar delitos financieros. En particular, desfalcos cripto, con la adquisición del software forense Chainalysis.

Un mes antes de ser asesinado, Guastini había firmado un juicio abreviado junto a otros nueve imputados en el Tribunal Nº 1. La pena fue llamativa para muchos: tres años en suspenso. El delito del que lo acusaron: ser el jefe de una asociación ilícita para el contrabando de divisas agravado; el juicio abreviado sintetizó más de diez causas que había tramitado desde 2014. Según la acusación, el financista encabezó un esquema dedicado a exportar mulas con dinero hacia Europa, con más de tres millones de dólares.

Así, se ordenaron los decomisos y posteriores remates de cuatro departamentos en el edificio de la calle Florida al 520, cuyo titular era la firma Maxsil SRL, cuya quiebra fue decretada dos meses antes del asesinato de Guastini. Entre estos departamentos rematados se encontraba, por ejemplo, la propia cueva de Guastini, la oficina 108.

Tres días antes del crimen, el Tribunal N°1 había decidido incautar una pequeña fortuna: 569 mil euros y 890 mil dólares, que terminaron en cuentas de la Corte Suprema. En abril de 2023, “se resolvió decomisar 13 bienes inmuebles, por resultar producto o provecho de los delitos” de Guastini y otro de los imputados, entre ellos varias oficinas en otro edificio de la calle Florida y un lote en un country de Pinamar, que quedaron en manos de la AAABE.

En el fallo, la jueza Sabrina Namer decidió destinar “U$S 350.000 al Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Recupero de Activos, para la adquisición de recursos concretos como la obtención de licencia/s de herramienta Chainalysis de análisis de trazabilidad de operaciones con criptoactivos”, asevera el documento. El dinero, en este caso, provendrá de las subastas de los bienes incautados. Otros 150 mil dólares serán destinados a una asociación dedicada a la lucha contra la adicción a las drogas.

La idea de emplear el dinero en el software de rastreo de blockchain, producido por la empresa del mismo nombre, provino de María Fernanda Bergalli, representante de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, o SIFRAI, que depende del MPF.

Bergalli, que presentó un presupuesto del representante local de Chainalysis, aseveró que “tenían muchos casos de rastreos de criptoactivos que se utilizan en la actualidad en todos los casos de criminalidad compleja y no tenían ninguna herramienta con la cual poder hacer trazabilidad”. “Mencionó que tuvieron una persona en la División de Recupero, un mes haciendo un trabajo que se hace en una hora con una licencia de Chainalysis que cuesta 25 mil dólares y el Ministerio Público no puede cubrir", continuó Namer.

El Congreso de Estados Unidos analiza la aprobación de la asistencia financiera para Colombia correspondiente al año fiscal 2027 bajo un sistema de exigencias y segmentaciones inéditas.

Según el plan presupuestal presentado por el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, citado por La FM, se incorpora un procedimiento que obliga al Secretario de Estado a remitir al Congreso un informe detallado sobre el grado de alineamiento de las políticas colombianas con las prioridades de Washington.

Dicho informe deberá evaluar desde la reducción del flujo migratorio hasta el fortalecimiento institucional y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Igualmente, la nueva propuesta establece restricciones explícitas sobre el uso de los recursos. El presupuesto prohíbe emplear fondos estadounidenses en reparaciones, subsidios agrarios o pagos a excombatientes derivados del acuerdo de paz de 2016, y veta la inversión en desarrollo alternativo en zonas donde sigan existiendo cultivos ilícitos.

El documento establece que solo se permitirán excepciones para programas de aviación, seguridad marítima y fluvial, y operaciones directas de erradicación e interdicción de drogas, incluyendo los traslados de personal y suministros mediante aeronaves financiadas por Estados Unidos.

Incluso, se advierte que hasta un 30% de los fondos para control antidrogas podría quedar congelado si el gobierno colombiano no demuestra avances concretos en reducción de cultivos ilícitos, cooperación judicial y extradiciones, según el documento revelado por el citado medio de comunicación.

Detalles de la propuesta

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la propuesta destina hasta un millón de dólares a la Oficina del Inspector General, responsable de supervisar y auditar de forma estricta el uso de los recursos, según menciona el documento.

Además, la iniciativa presupuestal proyecta 1.200 millones de dólares para el programa internacional de control de narcóticos y aplicación de la ley, sumando casi 13.000 millones de dólares focalizados en el fortalecimiento de la producción y el acceso a minerales clave para la seguridad nacional, elementos considerados prioritarios en la agenda estratégica de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.

El plan global contempla un impacto aún mayor: la creación del America First Opportunity Fund, dotado con 5.000 millones de dólares para fortalecer fronteras, asegurar el suministro de minerales críticos y contrarrestar a actores geopolíticos rivales.

Además, se anticipa una expansión en el financiamiento militar, con reservas de 18.000 millones de dólares para otorgar préstamos en defensa y 5.300 millones de dólares en asistencia directa, en línea con el objetivo de consolidar a Estados Unidos como socio principal en materia de seguridad global.

Disputas previas

En octubre de 2025, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció la interrupción total de las ayudas económicas destinadas a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, argumentando que la actual administración, encabezada por Gustavo Petro, impulsa y no frena la producción de cocaína.

Según datos del portal oficial ForeignAssistance.gov, gestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cooperación bilateral con Colombia alcanzó 708 millones de dólares en su punto más alto, canalizados mediante 550 programas y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el propio Departamento de Estado como principales ejecutores, aportando 396 millones y 290 millones de dólares, respectivamente.

No obstante, en febrero de 2026, el Gobierno norteamericano reanudó parte de las ayudas económicas hacia Colombia tras la inclusión de 40 millones de dólares en el presupuesto federal de 2026, según anunció la Embajada de Colombia.

El impacto de esta reasignación trasciende la cifra total: USD 25 millones serán ejecutados por organizaciones de base comunitaria para apoyar directamente a poblaciones afrocolombianas e indígenas, mientras que USD 15 millones fortalecerán programas en derechos humanos integrados dentro de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional.

En su momento, el anuncio fue celebrado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien subrayó en la red X el aporte decisivo de “amigos de Colombia de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos”.

Petro destacó la labor del embajador Daniel García Peña en el proceso, así como el respaldo de congresistas con vínculos personales, entre ellos el demócrata Gregory Meeks, presentado años atrás al mandatario por el excanciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo.

Tras más de una década de procesos judiciales, fugas y extradiciones, la justicia dominicana ha dictado una sentencia ejemplar contra el ex teniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez.

El tribunal, compuesto por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, determinó que el exoficial era el principal cabecilla de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias controladas.

Este veredicto no solo pone fin a la impunidad de uno de los oficiales de más alto rango vinculados al narcotráfico en años recientes, sino que también reafirma el compromiso de las instituciones dominicanas en la persecución del crimen organizado transnacional.

El caso tiene su origen el 17 de marzo de 2015. Durante una operación conjunta de inteligencia entre el Ministerio Público y el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se interceptó una aeronave tipo jet procedente de Venezuela tras su arribo al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Dentro de la nave, matrícula YV544T, las autoridades hallaron 454.06 kilogramos de cocaína distribuidos estratégicamente. Este decomiso no solo representó un golpe financiero masivo para el cartel, sino que destapó una compleja red de complicidades militares, policiales y civiles que operaban dentro de las terminales aéreas más importantes del país para facilitar el tránsito de narcóticos hacia mercados internacionales.

El perfil del condenado y su modus operandi

Lluberes Sánchez, aprovechando su rango, experiencia y acceso a información de seguridad, coordinaba toda la logística necesaria para que el cargamento fuera recibido y movilizado sin contratiempos.

En el momento de los arrestos en pista, el ex oficial se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto, listo para efectuar los pagos correspondientes a los facilitadores de la operación. Al notar la intervención de la DNCD y los arrestos masivos, Lluberes emprendió una huida que lo mantuvo fuera del alcance de la justicia por varios años, llegando incluso a salir del país.

El tribunal fundamentó su decisión en las contundentes pruebas presentadas por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo e Ignacio Rojas, quienes demostraron que Lluberes no solo participaba como apoyo, sino que era quien financiaba y dirigía los movimientos estratégicos del grupo criminal.

Su captura final se produjo tras ser deportado desde Estados Unidos a finales de 2025, cerrando así su ciclo de evasión.

La red era de naturaleza binacional, involucrando a ciudadanos dominicanos y venezolanos en roles específicos de pilotaje, seguridad y transporte. En diciembre de 2019, la fiscalía ya había logrado condenas significativas para otros nueve miembros fundamentales:

1. Los Pilotos: Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba, condenados a 30 años de prisión.
2. Seguridad Militar y Civil: El ex segundo teniente del Ejército, Jesús Elías Pérez Vásquez, y el ex capitán Roberto Segura Peña, junto a José Luciano (exagente DNCD), recibieron 20 años cada uno por facilitar el acceso a la pista.
3. Logística en Pista: Francisco Javier de Paula Mena (empleado de la empresa SERVAIR), condenado a 18 años.
4. Pasajeros/Fachada: Los ciudadanos venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, sentenciados a 5 años de cárcel por su rol como pasajeros de fachada.

La condena de 30 años se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal. Además de la pena privativa de libertad, la multa de 50 millones de pesos impuesta a Sánchez busca resarcir al Estado dominicano por los daños sociales y de seguridad causados.

Un narco que era buscado por la Justicia Federal de Corrientes fue detenido este martes a la noche luego de que lo identificaran en un control vehicular por la Policía del Chaco.

Todo ocurrió el martes cerca de las 19:00 horas, cuando el hombre, de 30 años, se autoidentificó con el apellido Espíndola al ser interceptado por un control policial en la intersección de las avenidas Mañanez y San Martín, en la localidad chaqueña de General San Martín.

En el momento en que los efectivos policiales buscaron su identidad en el sistema de datos, descubrieron que se trataba de una persona que era buscada por la Justicia Federal de Corrientes. Asimismo, indicaron que estaba involucrado en una causa por narcotráfico.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, el sospechoso fue detenido inmediatamente en el lugar y se informó que permanecería incomunicado. Además, confirmaron el secuestro del teléfono personal de Espíndola.

Buscan a “La Marcia”, una líder narco acusada de dirigir una banda criminal

Marcia Daniela Giovanetone, de 37 años, permanece prófuga y es señalada por la Justicia Federal como líder de una organización narco con operaciones en los partidos bonaerenses de Luján y General Rodríguez. La investigación asegura que, durante una década, la acusada habría recaudado millones de pesos, lo que le permitió adquirir tres inmuebles valuados en USD 280.000 y seis vehículos, algunos de alta gama, por un total de USD 150.000.

A pesar del presunto crecimiento patrimonial, entre 2015 y 2022, se confirmó que Giovanetone accedió a planes sociales. En 2015 obtuvo un beneficio del Banco Nación, desde 2016 hasta 2022 recibió el Plan Progresar y la Asignación Universal por Hijo; además, en 2022 fue beneficiaria del refuerzo de ingresos y del Programa Hogar (Garrafa). Según la Justicia Federal, ni ella ni su entorno registraron actividad comercial alguna en los registros de ARCA.

“La Marcia”, como es conocida en el barrio Ameghino de Luján, no tiene residencia fija desde 2016, año en que fue detenida por primera vez por venta de drogas. De acuerdo con una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, habría involucrado a toda su familia en el negocio.

El grupo se consolidó en una vivienda ubicada en la calle Darwin, donde residía con su pareja, Carlos Alberto “El Rubio” Salas. La propiedad fue allanada reiteradamente y funcionaba como base operativa del clan. Allí, una pared con un agujero conectaba la casa principal con el principal bunker de venta de cocaína, donde se comercializaban dosis fraccionadas a consumidores de bajos recursos.

La organización fue ampliando su alcance mediante la incorporación de nuevos vendedores y transportistas, quienes distribuían la droga en barrios y ciudades cercanas. Los puntos de venta estaban protegidos por sistemas de cámaras de circuito cerrado, monitoreados remotamente por Giovanetone desde televisores, tablets y celulares.

La acusada es investigada, además, por lavado de activos y amenazas a vecinos y policías, así como por el abuso de armas. Pese a haber sido detenida en varias ocasiones, siempre recuperó la libertad. Su última fuga ocurrió el 30 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a su mano derecha, Horacio Eduardo Arroyo, en Villa Soldati.

En tanto, su pareja fue capturada el 8 de marzo tras una pelea vecinal en la que se utilizaron armas de fuego. El arresto se concretó durante un allanamiento, donde se lo imputó por abuso de arma de fuego y tenencia de droga con fines de comercialización.

Durante la última semana, tras 12 allanamientos realizados por la Policía bonaerense, fue apresado Tomás “Tomy” Hernández, identificado como el hijo mayor de “La Marcia” y presunto administrador de puntos de venta.

También resultaron detenidos Diego Salas y Macarena Peralta, encargados de la distribución de cocaína y recaudación del dinero, junto a Facundo Santillán, señalado como responsable de proveer vehículos para el traslado de líderes y recaudadores. Todos los apresados, junto a otros vendedores, quedaron a disposición del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 para quien aporte información útil que conduzca a la captura de Ezequiel César Rossetti, condenado a prisión efectiva por narcotráfico y actualmente prófugo tras fugarse mientras cumplía arresto domiciliario. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina, responde a la gravedad del caso y al objetivo de fortalecer las acciones federales para enfrentar el crimen organizado en el país.

Rossetti, de nacionalidad argentina, nació el 26 de septiembre de 1994 y tiene como último domicilio registrado en el Barrio Ricardo Rojas, del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. El Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Salta lo condenó a cinco años de prisión efectiva, además de una multa de 45 unidades fijas e inhabilitación absoluta por el mismo período, tras hallarlo culpable de transporte de estupefacientes en concurso real con resistencia a la autoridad. Esta sentencia se dictó conforme lo establecido por el artículo 5 inciso “c” de la ley 23.737 y varios artículos del Código Penal, según informó el Boletín Oficial.

El proceso judicial tramitó bajo la carátula “Rossetti, Jesús Emanuel s/Incidente de prisión domiciliaria de ejecución de sentencia” en la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR), a cargo de la doctora Mariana Andrea Gamba Cremaschi, con intervención del Juzgado de Ejecución de Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta.

La orden nacional e internacional de captura, vigente desde el 22 de agosto de 2025, se dictó después de que Rossetti escapara durante su régimen de prisión domiciliaria, una circunstancia que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal y el pedido formal de recompensa. La solicitud fue presentada el 13 de marzo de 2026 por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, en consonancia con la Ley N° 26.538 y la resolución ministerial 828/2019, que rigen el sistema de incentivos para la colaboración ciudadana en causas federales graves.

La recompensa y el mecanismo de colaboración ciudadana

La recompensa de $5.000.000 aplica dentro de todo el territorio nacional. Está dirigida específicamente a quienes, sin haber tenido participación en los delitos investigados, aporten datos relevantes para la localización de Rossetti, conforme lo estipula la Ley N° 26.538, según consta en la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse de forma anónima con el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la línea gratuita 134. El pago de la recompensa se realizará en la sede del ministerio o en otro lugar que determine la titular de la cartera, previa evaluación y dictamen de la autoridad competente sobre la utilidad de la información recibida, asegurando la preservación de la identidad del aportante, como lo indica la resolución oficial.

El Ministerio encomendó a su Dirección de Comunicación Institucional la difusión de la resolución y la imagen de Rossetti en los principales medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional. Además, instruyó a las fuerzas federales a distribuir y publicar el afiche alusivo a la recompensa en todas sus formas, reforzando el carácter público y urgente de la búsqueda.

Un caso que moviliza recursos federales

La decisión del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Susana Monteoliva, se enmarca en las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y responde a la intervención de áreas clave como la Subsecretaría de Gestión Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina implica la entrada en vigor inmediata de la medida.

El ofrecimiento de $5.000.000 de recompensa sitúa el caso en el rango más alto previsto por la resolución ministerial 828/2019 para la colaboración ciudadana en causas federales graves. El objetivo es recabar información que permita detener a Rossetti, reafirmando el compromiso estatal en la persecución penal del narcotráfico y la evasión a la justicia.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los detenidos son requeridos por una corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. La acción se desplegó en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira y Jamundí, con el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y la Policía Nacional.

Los capturados fueron identificados como Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao. De acuerdo con la Fiscalía, todos eran piezas clave en una estructura que enviaba cocaína a destinos internacionales utilizando terminales aéreas de carga, y que mantenía vínculos directos con el cartel mexicano.

El esquema criminal: envío de cocaína y ocultamiento de ganancias

La investigación, desarrollada en coordinación con la DEA, reveló que la red adquiría sustancias ilícitas en los departamentos de Cauca y Nariño, trasladándolas hacia aeropuertos de Bogotá y Cali para su envío a México y otros destinos.

El cabecilla, Gutiérrez Alonso, coordinaba la logística de los cargamentos y se encargaba de diseñar mecanismos para ocultar las ganancias, que incluían la utilización de criptoactivos y la constitución de empresas fachada en sectores como el automotriz e inmobiliario.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía, “Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales aéreas de carga de Bogotá y Cali”.

Además, empleaba herramientas financieras sofisticadas para dificultar el rastreo de los fondos, recurriendo al uso de monedas virtuales y la adquisición de bienes a nombre de terceros sin capacidad económica para justificarlos.

Maniobras de lavado y bienes incautados

Los demás capturados, según las autoridades, cumplían roles asociados al blanqueo de capitales, la conversión de dinero mediante monedas virtuales y el movimiento de recursos a través de diversas maniobras comerciales.

La operación permitió identificar que la organización había registrado 27 bienes entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, que suman más de $20.000 millones (aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses). Todos estos activos quedaron afectados con medidas cautelares de embargo y ocupación.

Entre los bienes incautados se encuentran lujosas camionetas y una mansión con piscina en zonas de alta valorización, así como empresas del sector inmobiliario y automotriz. De acuerdo con la investigación, “estos bienes estaban a nombre de terceros sin capacidad económica para justificar su adquisición”, lo que evidencia el uso de empresas pantalla para el lavado de activos.

Cooperación internacional y extradición

Las detenciones y la incautación de bienes forman parte de una estrategia de cooperación internacional entre la Fiscalía de Colombia, la DEA y autoridades estadounidenses, que buscan desarticular las estructuras logísticas y financieras asociadas al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los cinco detenidos enfrentan solicitudes de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos, donde deberán responder por una lista de cargos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Durante la investigación, las excentricidades y el alto nivel de vida de los integrantes de la organización llamaron la atención de las autoridades, lo que facilitó su identificación y seguimiento.

La operación, liderada por las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, permitió impactar tanto el componente operativo como el patrimonio ilícito de la red.

La Fiscalía General de la Nación advirtió que en los próximos meses podrían identificarse otros integrantes de la misma organización criminal, que presentan antecedentes similares y también serían requeridos por la justicia estadounidense. La operación continuará enfocada en afectar las finanzas y la logística de las estructuras asociadas al cartel mexicano en territorio colombiano.

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó que en un accidente ocurrido el pasado domingo 19 de abril en Chihuahua murieron cuatro personas: dos agentes de la CIA de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación local.

Los fallecidos regresaban de un operativo coordinado contra el crimen organizado cuando ocurrió el accidente en una carretera mexicana, según la información de Moreno y de la Fiscalía de Chihuahua.

Estados Unidos, destacó el presidente del PRI, ya confirmó que el despliegue correspondía a un operativo antinarcóticos en el que participó la CIA. De acuerdo con Moreno, la información difundida por el gobierno mexicano durante la conferencia matutina del lunes 20 de abril fue, en sus palabras, “incompleta” o presentada “entre evasivas”, lo que a su juicio afecta la credibilidad y la confianza de la población.

El PRI apoya operaciones entre México y EEUU para combatir al crimen organizado

El dirigente del PRI expresó el respaldo de su partido a la cooperación binacional y al intercambio de información e inteligencia para combatir los cárteles. Según Moreno, la coordinación entre ambos países resulta “clave” debido a que la amenaza del crimen organizado “cuesta la vida a miles de mexicanos”.

“Desde el PRI respaldamos las operaciones conjuntas, la amplia cooperación y el intercambio de información e inteligencia para acabar con los cárteles del crimen organizado”, afirmó Alito Moreno en su mensaje en redes sociales este 21 de abril

Moreno señaló que, con frecuencia, las operaciones conjuntas terminan por establecerse solo con los gobiernos estatales, ya que “no hay confianza en el gobierno de Morena ni certeza de resultados". Destacó que entidades como Chihuahua buscan resolver la seguridad en sus propios territorios cuando la coordinación federal se percibe débil.

En palabras de Moreno: “Hoy hay muchas preguntas y no hay ninguna respuesta. En un tema de seguridad nacional no caben silencios ni versiones a medias. La confianza se construye con verdad y con resultados. México merece ambas“.

Sheinbaum confirma alianza entre autoridades de EEUU y gobierno de Chihuahua

La muerte de cuatro agentes, incluidas dos personas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Chihuahua, durante un operativo en la zona serrana de ese estado, genera investigaciones al más alto nivel.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que el Gobierno Federal revisa las condiciones de la colaboración entre autoridades estatales y personal estadounidense tras el accidente ocurrido la madrugada del 19 de abril.

La mandataria explicó que, hasta este 21 de abril, la información recabada apunta a que los agentes estadounidenses trabajaban coordinadamente con autoridades del estado. A pesar de esto, reitera que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal deben confirmar, con detalle y documentos formales, “si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional”.

Sheinbaum solicitó a las autoridades de Chihuahua entregar información veraz. Además, recalcó la importancia de esclarecer el papel de cada uno en el operativo. Sheinbaum advirtió: “Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así”.

La extradición de Celso Gamboa Sánchez a Estados Unidos ha dejado una profunda huella en su entorno familiar, especialmente en su madre, María Cecilia Sánchez, detalla una publicación del portal La Teja.cr.

La publicación narra que este martes en que el exmagistrado cumple 50 años, la familia enfrenta una fecha marcada por la ausencia y la incertidumbre.

María Cecilia Sánchez, quien en el pasado fue ministra de Justicia, relató a La Teja el peso emocional que atraviesan. “Claro, imagínese es un tema bastante fuerte”, dijo al referirse al impacto de tener a su hijo lejos y sometido a un proceso judicial fuera del país.

Actualmente, la familia del exmagistrado Gamboa no ha definido planes para visitarlo en Estados Unidos. Según detalló su madre, la falta de información sobre el proceso dificulta tomar cualquier decisión.

“Todavía todo está un poco incierto, no sabemos mucho sobre el rumbo del proceso y si habrá posibilidades de visita pronto, es un momento muy doloroso para nosotros sin duda”, expresó.

En este contexto, Sánchez señaló que, a pesar de la distancia, logran mantener algún nivel de comunicación con Gamboa. “Sí hay un poco de comunicación”, afirmó, aunque la situación sigue siendo compleja.

Trayectoria profesional de Celso Gamboa

Celso Gamboa nació en abril de 1976 en el barrio El Carmen, en el centro de San José, Costa Rica . Comenzó su carrera profesional en el Poder Judicial en la década de 1990, desempeñándose como asistente de la Fiscalía General, fiscal en Limón y la zona sur, y posteriormente ocupó los cargos de viceministro de Seguridad Pública, director de la DIS y ministro de Seguridad.

Su trayectoria alcanzó su punto más notorio en 2016 cuando fue nombrado magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En 2018, la Asamblea Legislativa lo destituyó por cuestionamientos sobre sus vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños en el caso conocido como Cementazo y por un viaje a Panamá en 2017.

El “Caso Cementazo” sacudió a Costa Rica en 2017 al revelarse un esquema de corrupción relacionado con préstamos millonarios otorgados al empresario costarricense Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento procedente de China.

Como consecuencia de la investigación, el magistrado Celso Gamboa quedó asociado al empresario tras evidenciarse diversas interacciones, entre ellas un viaje conjunto a Panamá.

La investigación llevó a la suspensión de Gamboa por parte de la Corte Suprema en octubre de 2017. Posteriormente, la Asamblea Legislativa decidió su destitución en abril de 2018, estableciendo así el antecedente de que, en la historia reciente del país, un magistrado fue destituido por el Congreso tras un proceso de este tipo.

Proceso de extradición y cargos en Estados Unidos

Después de dejar el Poder Judicial, Gamboa trabajó como abogado defensor para varias figuras asociadas al narcotráfico, incluyendo a Edwin López, conocido como “Pecho de Rata”. El lunes 23 de junio de 2025, fue arrestado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud de la DEA.

El viernes 20 de marzo de 2026, Gamboa fue extraditado junto con López, convirtiéndose en el primer costarricense enviado a Estados Unidos bajo estas circunstancias. Ese día, agentes los trasladaron desde el módulo de Máxima Seguridad en La Reforma, Alajuela, hacia el aeropuerto Juan Santamaría, donde abordaron una aeronave de la DEA.

Gamboa enfrenta acusaciones de tráfico internacional de drogas y conspiración. Las autoridades judiciales investigan además posibles vínculos con la estructura criminal conocida como el cartel Caribe, en la que están involucrados los hermanos Picado Grijalba, apodados “Shock” y “Noni”, quienes también son objeto de solicitudes de extradición.

El Departamento de Casos Especiales de la Policía bonaerense desplegó los procedimientos que incluyeron cuatro allanamientos y permitieron el secuestro de 4.585 dosis de cocaína, armas, dinero en efectivo y la detención de ocho personas, entre ellas la jefa que cumplió 48 años hace dos días, además de la aprehensión de cuatro integrantes adicionales vinculados a la red narco.

De acuerdo a las fuentes, la investigación se inició en enero de 2025, cuando detectives identificaron que un kiosco ubicado dentro del barrio funcionaba como pantalla para la organización.

Los agentes lograron establecer que la banda utilizaba dos camionetas –Fiat Qubo y Volkswagen Amarok– para distribuir la droga en distintos puntos. Durante el procedimiento, se incautó una pistola Bersa Thunder calibre 380, 63 municiones del mismo calibre, $4.850.000 en efectivo y equipamiento electrónico, entre ellos balanzas, teléfonos celulares, una CPU y una tablet.

Entre los elementos secuestrados se encontraron 2.875 dosis de pasta base con un peso total de 2.775 gramos, un trozo compacto de 480 gramos de la misma sustancia, además de un bloque de 300 gramos de cocaína y 1.410 dosis de cocaína con un peso de 1.310 gramos.

También se aseguró material para el fraccionamiento, incluidas cajas de papel glacé y esponja de metal, utilizados por la banda para la preparación y empaque de los estupefacientes, detallaron.

La investigación permitió identificar, además del kiosco, otro comercio vinculado al rubro metalero y dos viviendas utilizadas por la organización para el narcomenudeo.

La estructura contaba con distintos sujetos encargados del fraccionamiento y la distribución, según los investigadores, siempre bajo las órdenes directas de ‘La Dellisanta’. La banda tenía una logística aceitada para operar en la zona sin despertar sospechas”, precisaron las fuentes sobre el modus operandi de la organización.

Las órdenes judiciales se ejecutaron de manera urgente, logrando la detención de ocho integrantes de la organización, junto con la aprehensión de tres mujeres y un hombre, todos relacionados con la actividad ilícita.

El operativo incluyó el secuestro de todos los elementos utilizados en la actividad delictiva: balanzas, armas, vehículos, dinero en efectivo y equipos de telefonía celular.

Por último, destacaron que la investigación continúa para determinar el alcance completo de las operaciones y la posible existencia de ramificaciones fuera del barrio de Puerta de Hierro.

Las autoridades de Florida refuerzan la vigilancia sobre la carretera estatal 710, identificada como una de las rutas más utilizadas para el tráfico de drogas entre Palm Beach y Okeechobee. Solo en el último año, la zona registró 20 muertes por accidentes, una estadística que llevó a incrementar los operativos policiales y endurecer los controles vehiculares, según la Oficina del Alguacil del condado Martin y reportes de medios locales.

Las autoridades señalaron que los sospechosos eligieron esta vía rural para trasladar drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína, con el objetivo de evitar las rutas principales donde la vigilancia policial es más intensa. El mayor Rubén Romero declaró a Telemundo 51 que existe la creencia entre el público de que utilizar ese tramo facilita el tráfico de drogas y otros delitos al esquivar caminos más controlados.

Por qué la carretera 710 preocupa a las autoridades

La carretera estatal 710, que bordea el lago Okeechobee y conecta Palm Beach con el condado Okeechobee, se ha convertido en foco de investigaciones y operativos tras su uso como corredor para el narcotráfico. Las autoridades detectaron que los traficantes buscaban carreteras menos vigiladas para mover sustancias ilegales y evitar controles policiales, según datos recogidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA.

Romero, representante de la Oficina del Alguacil de Martin, afirmó que en las últimas semanas intensificaron los operativos, lo que llevó a la detención de varios sospechosos, así como al decomiso de drogas y parafernalia. El funcionario señaló: “Estamos aplicando la ley de forma firme: realizamos paradas de tráfico, emitimos multas y buscamos a personas que cometieron delitos”, en declaraciones al canal local Telemundo 51.

Qué drogas transportan y cómo lo hicieron

De acuerdo con la DEA y reportes del canal local CBS News Miami, las organizaciones criminales emplearon tanto vehículos particulares como camiones comerciales para trasladar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. Estas sustancias ingresaron a Florida por vía terrestre, aérea o marítima, y luego fueron distribuidas a través de rutas estatales y locales, como la 710, para llegar a otros estados o ciudades.

El sur de Florida se consolidó como un importante corredor para el tráfico de drogas en la región. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que grupos de origen mexicano y colombiano recurrieron a rutas alternativas para esquivar la vigilancia federal y estatal, utilizando carreteras rurales y servicios de paquetería para el transporte de narcóticos.

Dónde y cuándo ocurrieron los operativos

Las acciones policiales se enfocaron en el oeste del condado Martin, especialmente en los alrededores de Indiantown, donde se encuentra el tramo más vulnerable de la ruta 710. Los operativos se realizan de manera intensiva desde hace varias semanas y, según las autoridades, continuará la vigilancia en los próximos meses mientras persista el riesgo de tráfico de drogas y accidentes fatales.

Romero resaltó que el objetivo principal consistió en impedir que el crimen llegara a zonas residenciales o escolares: “No estamos esperando que el crimen llegue a nuestros vecindarios o escuelas. Sabemos que esta ruta puede ser utilizada para llegar a ciudades como Stuart o Jensen Beach, y lo que estamos haciendo es detenerlos en el camino”, explicó al canal local Telemundo 51.

Quiénes están detrás y cómo respondió la policía

Las investigaciones federales y estatales identificaron a organizaciones criminales con vínculos en México y Colombia como responsables del trasiego de drogas por estas rutas. Según el medio estadounidense Fox News, la reciente captura de 11 personas y el decomiso de varios kilos de fentanilo y cocaína confirmaron la participación de carteles internacionales en la distribución de sustancias ilegales a través de Florida.

La Oficina del Alguacil y la DEA trabajaron de manera coordinada, incrementaron los patrullajes, instalaron retenes y emplearon tecnología de vigilancia para identificar vehículos sospechosos. Las fuerzas del orden advirtieron que quienes utilizaran la carretera 710 para transportar drogas o armas tenían altas probabilidades de ser detenidos.

Perspectivas y próximos pasos

Las autoridades de Florida aseguraron que los operativos continuarán de forma permanente mientras persista el riesgo de tráfico de drogas y accidentes en la ruta 710. La cooperación entre agencias locales, estatales y federales se centró en frenar la actividad delictiva antes de que afectara a las comunidades cercanas y reducir la cifra de víctimas en la vía.

La presencia de carteles internacionales y el uso de rutas secundarias para el traslado de drogas obligaron a un monitoreo constante y a la adaptación de estrategias policiales, según informes de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los residentes y conductores que transiten por la zona pueden esperar una vigilancia reforzada y controles frecuentes en los próximos meses.

Los países europeos han acordado una nueva estrategia para combatir el narcotráfico entre 2026 y 2030. En la reunión, España, uno de los países más golpeados por el crimen organizado y el tráfico de drogas, ha solicitado reforzar la persecución de las narcolanchas y de las embarcaciones semisumergibles, utilizadas cada vez más por redes criminales para el transporte de drogas hacia el continente europeo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en “actuar con más firmeza” contra los llamados “facilitadores logísticos” que sostienen la actividad de estas mafias. El nuevo plan y la visión del Gobierno se han desarrollado durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, celebrada en París este lunes 20 de abril.

España reclama mano dura contra las narcolanchas

Durante su intervención en la cumbre, Grande-Marlaska advirtió de la creciente sofisticación y peligrosidad del narcotráfico en Europa. “Debemos actuar con más firmeza contra los facilitadores logísticos que sostienen la actividad de estas redes”, reclamó. El ministro ha señalado como urgente “intensificar la respuesta” frente a las embarcaciones rápidas, conocidas como narcolanchas, y los semisumergibles, que permiten a las mafias sortear los controles marítimos.

Grande-Marlaska ha defendido que la nueva Estrategia de Drogas de la Unión Europea debe basarse en una respuesta “coordinada, multidisciplinar y europea”. En su opinión, la lucha contra este fenómeno violento “exige actuar no solo dentro de la Unión Europea, sino también en origen, en tránsito y en cooperación con otras regiones afectadas”. Además, ha destacado la necesidad de mantener el foco en América Latina y el Caribe, regiones prioritarias por su papel en la producción y tránsito de drogas hacia Europa.

Por otro lado, el ministro ha defendido la incorporación de Portugal en la coalición, señalando su “posición geoestratégica clave”. Según Grande-Marlaska, la cooperación policial y judicial con Portugal y sus lazos históricos y culturales con África y Brasil ayudarán a mejorar la coordinación y el intercambio de información operativa. Grande-También puso en valor el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), en Lisboa, como “modelo avanzado de integración de inteligencia marítima y aérea” y de “coordinación operativa en tiempo real”.

Cooperación para frenar el crimen organizado

En la reunión, los siete países integrantes de la Coalición (Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, Bélgica y Suecia) han aprobado una declaración conjunta y un plan de acción para los próximos tres años, que cuenta con un total de cinco prioridades. Estos objetivos a combatir son desmantelar redes criminales, asegurar la integridad de los nodos logísticos y la seguridad marítima, atacar flujos financieros ilícitos, reforzar la prevención y fortalecer la cooperación internacional.

La Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado nació en 2021 y desde entonces ha celebrado ya seis reuniones, consolidando un espacio de trabajo conjunto en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan en Europa y más allá de sus fronteras. “Es fundamental ofrecer una respuesta conjunta y sostenida ante un fenómeno cada vez más flexible y transnacional”, concluyó Grande-Marlaska.

En pleno centro de la capital, en el Madrid de los Austrias. Muy cerca de la plaza de la Cruz Verde. Allí se ocultaba en un piso de alquiler uno de los sicarios más peligrosos de Francia, Walid Bara, a punto de cumplir los 40 años, apodado ‘Fondu’ y ‘Le Relai’ y uno de los líderes de la emergente DZ Mafia, que controla el narcotráfico y el tráfico de armas en Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia. La DZ (en alusión a la palabra Argelia en lenguas bereberes) se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el Gobierno galo, que se ve incapacitado para frenar que Marsella se consolide como punto neurálgico europeo del tráfico de drogas. Nuevas bandas criminales, como la DZ, importan sus métodos de los carteles sudamericanos.

“DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana. Originaria de varias periferias de París y Lyon, e implantada en barrios de Marsella, la organización ha sido vinculada con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado gran alarma en la opinión pública”, señaló la semana pasada el ministerio del Interior en el comunicado que anunciaba la caída de Bara en Madrid. El prófugo tenía en vigor cuatro órdenes de detención europeas emitidas por Francia. Fue arrestado el jueves, precisamente el mismo día que se conoció que era condenado en ausencia en un tribunal francés a 25 años de prisión por ordenar dos asesinatos.

El cabecilla estaba en busca y captura desde mayo de 2024, cuando huyó tras salir de prisión pese a estar imputado por varios asesinatos. En la capital llevaba una vida muy discreta, portaba documentación falsa y no iba armado. No colaboró mucho con los agentes, señalan fuentes cercanas a la investigación consultadas por Infobae. Aseguró que no recordaba cuanto tiempo llevaba en España, que no trabaja y que estuvo un tiempo residiendo en Málaga con unos familiares. El sicario había evitado desde que huyó en 2024 mantener todo tipo de contactos con amigos y miembros de su grupo para evitar, precisamente, que la Policía u otros rivales dieran con su paradero.

El nombre de Bara empezó a ser conocido en investigaciones policiales en el año 2018 cuando formaba parte de una red de narcotráfico que suministraba cannabis y cocaína en el norte de Marsella. La Policía gala detuvo entonces a 18 personas que formaban parte de esta banda (la DZ aún no había nacido oficialmente), que se movía para sus operaciones con fusiles de asalto. Walid Bara figuraba como líder de esta red, dirigiendo los puntos de venta en Marsella. Obtenían la droga organizando convoyes desde España. El control de sus comunicaciones permitió conocer que incluso preparaban asesinatos.

Por ejemplo, en diciembre de 2018, un narcotraficante fue asesinado a tiros por el propio Bara cuando salía de un bar de París. El entonces sicario recibía órdenes de su jefe, un franco argelino que se refugiaba en Emiratos Árabes. Bara no solo acumulaba delitos de narcotráfico y robos a mano armada, pronto sumó los de tráfico de armas y delitos de sangre.

Ejecutados en un hotel

El 30 de agosto de 2019, en Cabriès, dos hombres fueron asesinados a tiros en la habitación de un hotel donde dormían, en una zona comercial de Marsella. La investigación reveló que el crimen había sido preparado y organizado por Bara. En agosto de 2020, la banda de Walid asaltó a otros dos miembros de otra banda rival en la autopista A7 a su paso por Marsella. Fueron atacados a tiros por los ocupantes de un vehículo que circulaba a su izquierda. Los investigadores colocaron a Bara como uno de los cerebros del crimen. Finalmente, fue arrestado en diciembre de 2021. Pero salió en libertad en febrero de 2022 bajo supervisión judicial. Cuando se produjeron todos estos crímenes (por el de agosto de 2019 ha sido condenado ahora en abril de 2026 a 25 años de cárcel), la DZ no estaba organizada ni recibía el nombre por el que se le conoce en la actualidad. Pero empezó entonces una guerra sangrienta por el control del tráfico de drogas por el entonces clan dominante, los Yoda, y la nueva DZ Mafia.

El sicario acabó huyendo en mayo de 2024, después de que sus abogados consiguieran que saliera de prisión a la espera de juicio. Meses antes, en enero de ese año, la policía francesa y los Mossos d’Esquadra detenían a 13 miembros de la DZ por presuntamente matar a dos hombres delante de un hotel en Salou (Tarragona) en mayo de 2023. “La operación se ha producido en el marco de una guerra entre bandas ligadas al narcotráfico en Marsella”, una guerra que ha cruzado fronteras. La DZ crece y amplía territorios como una organización horizontal, más parecida a los carteles mexicanos.

Se promocionan en redes sociales y sus distintos grupos actúan como franquicias, porque la DZ pone el nombre, la marca y las drogas, pero grupos independientes hacen sus propias operaciones. Es decir, “la DZ opera como una especie de red descentralizada, con grupos autónomos que actúan bajo una misma marca criminal, llegando incluso a contratar asesinatos a través de las redes sociales y a emplear plataformas como Snapchat o Telegram para amenazar a sus rivales”, señalan fuentes policiales.

El informe de gestión de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reveló que durante el 2025 intervino en 306 nuevas causas, lo que equivale a un 12,5% más que las registradas el año anterior.

La oficina especializada en causas de narcotráfico asiste al Ministerio Público Fiscal (MPF) en todo el país, al tiempo que promueve investigaciones autónomas con el objetivo de dar mayor agilidad a los procesos.

El resumen difundido a través del portal del MPF detalla que la PROCUNAR gestionó unas 117 colaboraciones con más de 100 fiscalías de todo el país, tuvo 3 casos delegados, participó de 144 investigaciones preliminares y 42 autónomas.

Por otro lado, el fiscal federal Diego Iglesias destacó que la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio repercutió positivamente en el avance de casos de narcocriminalidad “lo cual se evidencia en la celeridad de los procesos y los resultados alcanzados en la persecución penal”.

Droga en barco a España

Uno de los ejemplos refiere a una pesquisa basada en información recibida desde la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, que orientó a determinar responsabilidades en una organización transnacional, vinculada al contrabando marítimo de cocaína con destino a Europa.

En Argentina, la PROCUNAR trabajó en conjunto con el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial ante el juez Gustavo Meirovich.

El resultado se obtuvo el 28 de agosto de 2025, cuando se incautó una plancha metálica donde se ocultaban alrededor de 510 kilogramos de clorhidrato de cocaína, separados en 444 paquetes.

Se detuvieron en total a ocho personas, todas procesadas con prisión preventiva por delito de contrabando de estupefacientes.

Correos humanos en Posadas

La justicia de Misiones secuestró 20 kilos de MDMA, una droga psicoactiva sintética, conocida también como éxtasis o Molly. El operativo se concretó tras el análisis de la información contenida en los teléfonos celulares que habían sido incautados.

El proceso fue impulsado por la fiscal federal de Posadas, Silvina Gutiérrez, que estaba detrás de una banda que captaba personas para que oficien de “correos humanos” de cocaína a países de Europa.

Cuando regresaban al país debían transportar MDMA para ser comercializadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La PROCUNAR precisó que por ese caso se requirió la elevación a juicio para los siete imputados de tráfico de estupefacientes agravado y falsificación de documentos públicos.

Tráfico aéreo de Droga

La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo a cargo de Claudio Rodolfo Kishimoto y la PROCUNAR lograron interceptar en Santa Fe, una aeronave de matrícula boliviana, que trasladaba 475 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 430 paquetes envueltos en bolsas arpilleras.

La investigación derivó a un campo ubicado en Maguire, provincia de Buenos Aires, donde detectaron dos camionetas que estaban esperando el aterrizaje de otros aviones con droga.

En uno de los vehículos hallaron 956 kilogramos de clorhidrato de cocaína, acondicionada en 22 bultos.

Durante el primer procedimiento detuvieron al piloto que fue condenado a la pena de siete años y dos meses de prisión como autor del delito de contrabando de importación de estupefacientes.

A su vez, identificaron al jefe de la organización, Brian Bilbao, encargado de la distribución de cargamentos, quien en el momento de la detención hacía dos años que estaba prófugo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un toque de queda nocturno en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como en otras provincias y localidades estratégicas, a partir del 3 de mayo.

La restricción, que busca contener el avance del narcotráfico y reducir la violencia, estará vigente hasta el 18 de mayo y limitará la circulación desde las 23:00 hasta las 5:00.

La medida, que abarca nueve provincias y varios municipios, se enmarca en el estado de excepción vigente desde enero y recientemente prorrogado para hacer frente al aumento de la criminalidad.

Noboa subrayó que la decisión responde a la necesidad de “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia estatal en los territorios priorizados”.

El gobierno aspira a replicar los resultados de operativos anteriores, que incluyeron detenciones, decomisos de armas y la destrucción de pistas clandestinas usadas por organizaciones criminales.

El toque de queda afectará a Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de zonas específicas en Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

La prohibición de circulación nocturna se suma a la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo coordinado con fuerzas de seguridad para intensificar los controles.

Las autoridades justificaron la orden al señalar que Ecuador es actualmente un punto clave en la ruta del tráfico internacional de drogas, ya que por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú.

Esta situación ha alimentado una escalada de violencia que posicionó al país con uno de los índices de homicidios más altos de la región: en 2025 se registraron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. El Ministerio del Interior contabilizó aproximadamente 9.300 homicidios el año pasado.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado su respaldo a la política de mano dura implementada por Noboa. Durante una reciente visita a Guayaquil, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, para evaluar mecanismos de cooperación y fortalecer los operativos antidrogas. Según la embajada estadounidense, se analizaron estrategias para profundizar la colaboración bilateral ante el avance de las redes criminales.

En enero de 2024, Noboa declaró a Ecuador en “conflicto armado interno”, una figura legal que habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Bajo este esquema, el gobierno ha endurecido las acciones contra las bandas, a las que califica de “terroristas”. No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de abusos y excesos en los procedimientos policiales y militares.

Cambios en los ministerios de Salud y Energía

Junto con las nuevas medidas de seguridad, el presidente Noboa anunció ajustes en su gabinete. Jaime Bernabé Erazo fue designado como nuevo titular del Ministerio de Salud, asumiendo el cargo de manera inmediata.

En el área energética, se prevé el nombramiento de una nueva autoridad a partir del 30 de abril, con el objetivo de fortalecer la red nacional y garantizar el suministro en medio de la crisis.

Durante este período, el gobierno implementará acciones para estabilizar la infraestructura y asegurar el acceso a servicios básicos en las zonas afectadas.

Asimismo, se dispuso un alivio temporal en las tarifas eléctricas para las familias impactadas por la tormenta solar, con un subsidio de hasta 180 kWh por hogar. La administración busca así responder tanto a la emergencia de seguridad como a los desafíos en materia de servicios públicos.

(Con información de Reuters y AFP)

La Policía Nacional ha cerrado un importante golpe contra el narcotráfico procedente de Marruecos, movilizando a más de 250 agentes y logrando la detención de un ex guardia civil junto a otros 14 integrantes de una organización criminal. La operación, comenzada hace un año, se ha saldado con la incautación de hasta 15.000 kilos de hachís en junio de 2025 y, ahora, la desarticulación total de una infraestructura que conectaba el norte de África con España y Francia, según las fuentes policiales.

El dispositivo policial se desplegó de manera simultánea en Andalucía, Galicia y Ceuta, tras más de un año de investigación judicial centrada en la actividad de una red con base en la ciudad autónoma. La Policía llevó a cabo 29 registros en distintas localidades de las dos comunidades y la ciudad autónoma, que era el epicentro del organismo.

Si bien la red se da por finiquitada tras el operativo policial y la detención de sus principales responsables, la investigación judicial se mantiene activa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el futuro próximo, ya que continúan analizando documentación incautada y rastreando posibles ramificaciones de la organización. El objetivo es identificar a todos los implicados y asegurar la completa desarticulación.

Un despliegue sin precedentes

Entre los elementos intervenidos, la policía incautó cerca de un millón y medio de euros en metálico y 66 equipos de comunicación empleados para coordinar los movimientos de la droga. El mayor alijo se localizó en Almería, donde los agentes interceptaron un cargamento de 15.000 kilogramos de hachís preparado para su distribución hacia el resto de Europa.

La operación pasa a la historia por el enorme despliegue de 250 agentes policiales. La coordinación de tres puntos distintos del país exigió una cuidada preparación durante un año. Según la Policía, la organización ha sido desarticulada, de manera que supone un importante golpe al narcotráfico, ya que movían cantidades gigantescas como las 15 toneladas intervenidas en Almería.

Organización de narcos en Ceuta con un guardia civil

La organización criminal había diseñado una estructura que permitía mover grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta distintos puntos de Europa. Este entramado se apoyaba en una red de vehículos especialmente preparados y en una red de contactos clave, tanto en territorio español como en otros países del continente. Una de las personas relevantes era un antiguo agente de la Guardia Civil, que había dejado el cuerpo un año antes, según confirmó Infobae.

El uso de narcolanchas era fundamental para sortear los controles en el Estrecho de Gibraltar, permitiendo que la droga llegara de forma rápida y discreta hasta la costa española. Una vez en tierra, los cargamentos se distribuían usando rutas seguras y vehículos adaptados para el transporte clandestino. El centro de operaciones se encontraba en Ceuta, donde la red gestionaba la logística de entrada y coordinaba los envíos.

La organización contaba con enlaces en puertos estratégicos y mantenía una relación directa con uno de los principales narcos de La Línea de la Concepción, encargado de operar las narcolanchas. Este vínculo garantizaba el tránsito seguro de la mercancía y la protección de los cargamentos hasta su destino final.

El uso de pistas aéreas autorizadas para actividades ilícitas mantiene en alerta a las autoridades costarricenses, advierte una nota del medio CR Hoy.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), citada por CR Hoy, se han identificado casos en Guanacaste, el Caribe Sur y la zona sur del país, donde organizaciones criminales aprovechan tanto pistas legales como clandestinas para el tráfico de drogas.

Estos grupos han perfeccionado métodos para operar bajo apariencia de legalidad. El fiscal adjunto Mauricio Boraschi reveló que ya cuentan con tecnología portátil: “Ya disponen de sistemas de iluminación portátiles que pueden instalar y desinstalar en cuestión de minutos para facilitar aterrizajes o despegues”, explicó.

La adaptación de terrenos y la experiencia de los pilotos han propiciado la proliferación de esta práctica. Las investigaciones han detectado avionetas con droga en pistas de fincas agrícolas y hoteles, especialmente en Nandayure, Santa Cruz, Nicoya y Bagaces.

La localización de estos sitios, alejados y de difícil acceso, representa una ventaja estratégica para los narcotraficantes.

Vulnerabilidad de las pistas aéreas autorizadas en zonas remotas

De acuerdo a la nota citada, la Fiscalía ha determinado que las pistas aéreas autorizadas ubicadas en lugares aislados, esenciales para la conectividad, presentan vulnerabilidades debido a la vigilancia estatal limitada.

Esta situación permite a los narcotraficantes operar en estos espacios sin ser detectados o buscar corromper a quienes los resguardan, facilitando así el tráfico de drogas a lo largo del país.

El procedimiento judicial investiga casos como el Caso Coraza y el Caso Furtivo, que registran el uso de pistas legales y clandestinas para transportar cargamentos ilícitos.

De acuerdo con la indagatoria, estos esquemas logísticos permitieron la circulación de cargamentos ilícitos por territorio nacional sin ser detectados en muchos casos.

Los informes judiciales señalan que los implicados alternaban el uso de infraestructuras aprobadas con circuitos no autorizados para evadir controles y maximizar el volumen de bienes transportados.

Medios locales informaron que la investigación judicial sobre el Caso Coraza y el Caso Furtivo reveló además, que las organizaciones recurrían de manera sistemática tanto a pistas legales como a rutas clandestinas para el tráfico de mercancía prohibida.

Este hallazgo permitió a las autoridades identificar el patrón de alternancia entre lo permitido y lo ilegal en los movimientos de tales redes.

Los registros oficiales muestran que, en ambos casos, la utilización de rutas legales facilitó la obtención de permisos y la apariencia de legalidad, mientras que las pistas clandestinas resultaron cruciales para sortear controles y transportar cargas de alto riesgo.

Esta combinación representó un desafío adicional para los investigadores, quienes debieron identificar y mapear tanto las rutas abiertas como las ocultas.

Las pesquisas avanzan mientras se recopilan pruebas sobre la manera en que los responsables diseñaron estos esquemas para garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.

En algunos escenarios, vigilantes o administradores resultan captados por los delincuentes; en otros, las actividades suceden sin conocimiento de los propietarios de los terrenos.

La Fiscalía plantea que es urgente reforzar la vigilancia y aumentar recursos para la detección de aeronaves y la localización de campos de aterrizaje clandestinos. Boraschi señaló: “falta inversión, más recursos para detectar las aeronaves y para localizar los campos clandestinos”, en referencia a la ausencia de herramientas suficientes para enfrentar esta modalidad criminal.

Expansión regional y desafíos para la supervisión estatal

La problemática afecta también a otros países. Según la Fiscalía, Colombia, México y Estados Unidos enfrentan situaciones equivalentes, donde las organizaciones criminales valoran la geografía y la capacidad de reacción estatal para definir las rutas aéreas usadas en el transporte de drogas.

El descubrimiento de pistas empleadas para el narcotráfico en sitios como Puerto Jiménez, Limón, Santa Cruz, Nicoya, Bagaces y Cañas demuestra la dimensión del problema. Las autoridades insisten en la necesidad de una supervisión más estricta y en la asignación de mayores recursos para frenar el uso delictivo de las pistas aéreas en Costa Rica.