Un hombre fue atacado a tiros el último domingo en el barrio Abasto, partido de La Plata, un hecho que motivó un amplio operativo policial. La investigación analiza si el ataque estuvo vinculado con una disputa en un contexto narco, aunque hasta el momento no se difundieron datos oficiales que permitan confirmar esa hipótesis.

El caso ocurrió en el sector de las calles 214 y 518. Las autoridades desplegaron un operativo luego de que se conociera que un hombre había recibido disparos en plena vía pública.

De esta maera, de acuerdo con lo informado por el portal 0221, los investigadores intentaron reunir los primeros datos sobre el caso, por lo que trabajaron en la identificación de posibles testigos, el relevamiento del área y la búsqueda de registros que permitan reconstruir los movimientos previos y posteriores a la agresión. Sin embargo, no se conocieron detalles oficiales acerca de las medidas concretas adoptadas en este expediente.

Tampoco trascendió cuál es el estado de salud de la víctima ni la cantidad de heridas que sufrió. Por ahora, no se informaron las condiciones en que el hombre fue encontrado ni el recorrido que siguieron los efectivos en las primeras actuaciones. Tampoco se precisó si en el lugar se secuestraron elementos que puedan aportar datos a la pesquisa, como armas, vainas servidas, vehículos o registros de cámaras de seguridad.

La investigación deberá establecer la secuencia previa al ataque y determinar quién efectuó los disparos. No hay personas detenidas por el hecho, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

Una de las líneas que aparece bajo análisis es una eventual relación entre el ataque y una disputa en un contexto narco. Se trata, de todos modos, de una hipótesis preliminar que deberá ser respaldada o descartada a partir de las pruebas que incorpore la causa.

Vecinos de la zona señalaron que en ese sector de la localidad habría distintos puntos de venta de droga. Ese dato forma parte del contexto mencionado alrededor del episodio, pero por sí solo no permite establecer un vínculo directo entre esas actividades y el ataque del domingo.

Para avanzar sobre esa posibilidad, será necesario que la pesquisa determine si la víctima tenía alguna relación con personas o situaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes. También se deberá identificar si existieron conflictos anteriores, amenazas o hechos que puedan aportar una explicación sobre el origen de la agresión.

El caso quedó a la espera de directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que tendrá a su cargo la orientación de las medidas judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Hace dos meses, un vecino de La Plata que llegó herido al Hospital San Roque de Gonnet con cuatro impactos de bala fue operado de urgencia y quedó internado fuera de peligro. La Policía Bonaerense detectó que la propia víctima tenía pedidos de captura vigentes y antecedentes penales.

El episodio sumó en pocas horas dos planos distintos. Por un lado, el cuadro clínico de J.L., de 30 años, que debió ser intervenido por una lesión abdominal y recibió atención por disparos en una mano y en un brazo. Por otro, el avance de las averiguaciones sobre su identidad y situación judicial, que derivó en la confirmación de órdenes de detención vinculadas con causas por estupefacientes.

De acuerdo con la información disponible, J.L. fue trasladado por un grupo de amigos al centro asistencial ubicado en 508 entre 18 y 19, en la zona de Gonnet. Cuando ingresó al hospital, el personal médico constató que presentaba cuatro heridas de bala distribuidas en distintas partes del cuerpo.

El cuadro obligó a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon parte del intestino. Pese a la gravedad de esa herida, las fuentes indicaron que ninguno de los disparos puso en riesgo su vida y que el paciente permanecía internado fuera de peligro.

La secuencia inicial, sin embargo, dejó preguntas abiertas para los investigadores. Los amigos que lo llevaron al hospital no pudieron aportar detalles sobre lo ocurrido antes del traslado, un punto que complica la reconstrucción del episodio y limita, por el momento, la posibilidad de ubicar el escenario de la balacera.

La infraestructura, localizada en la vereda Alto del Oso, en el sur del departamento, tenía una capacidad estimada de producción de 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína por mes. De acuerdo con el reporte oficial, su destrucción evitó que más de un millón de dosis del estupefaciente llegaran a circuitos de comercialización ilegal.

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, con apoyo de la Policía Antinarcóticos.

Las autoridades señalaron que el complejo estaría vinculado con el Frente Resistencia Campesina, estructura de las Acsn, grupo que ha sido mencionado por las autoridades en relación con actividades criminales en zonas de la costa Caribe y el norte de Colombia.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada, afirmó que el hallazgo hace parte de las acciones contra las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que operan en esta zona del país.

Las autoridades no precisaron durante cuánto tiempo habría operado el laboratorio ni informaron sobre capturas en el desarrollo del procedimiento. Tampoco detallaron las rutas que la droga habría seguido después de su procesamiento en el municipio de San Alberto.

El Ejército sostuvo que la operación afectó los recursos logísticos y financieros de la estructura señalada. “Se logra la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína”, dijo el coronel Rodríguez Gómez.

Hallaron combustible, ácido clorhídrico y equipos para procesar el alcaloide

Durante la intervención, los uniformados encontraron 848 galones de insumos líquidos. De ese total, 800 galones correspondían a Acpm y 48 galones a ácido clorhídrico. También fueron hallados 350 kilogramos de soda cáustica, sustancia que, junto con otros compuestos químicos, puede ser utilizada en las distintas etapas del procesamiento de derivados de cocaína.

El inventario divulgado por la Quinta Brigada incluyó cinco hornos, cuatro grameras, una balanza, una estructura conocida como marciano, cuatro tanques con capacidad para 500 litros cada uno, dos tolvas, un molde y nueve bidones.

Estos elementos, de acuerdo con la institución castrense, eran empleados para transformar la materia prima y preparar el clorhidrato de cocaína. La infraestructura y los insumos fueron destruidos en el lugar como parte del operativo.

La operación se desarrolló dentro de las acciones militares dirigidas contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados. El narcotráfico constituye una de las principales fuentes de recursos de estas estructuras, junto con otras actividades ilegales como la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Según el coronel Rodríguez, los resultados obtenidos están alineados con las acciones del plan Ayacucho Plus, cuya estrategia contempla combatir las actividades ilícitas que sostienen económicamente a los grupos armados y disminuir su capacidad operativa.

“De esta forma se logra afectar las economías ilícitas, en cumplimiento del segundo objetivo del plan de campaña Ayacucho Plus”, expresó el oficial al referirse a la destrucción del laboratorio en San Alberto.

La Quinta Brigada afirmó que mantendrá operaciones en el sur del Cesar para contrarrestar las actividades de los grupos armados y reducir los riesgos para la población civil de la región.

Las autoridades pidieron reportar hechos que afecten la seguridad

El Ejército exhortó a los habitantes del Cesar a entregar información sobre actividades sospechosas o situaciones que puedan comprometer la seguridad en sus municipios y zonas rurales.

La institución recordó que están habilitadas la línea 107, destinada a recibir denuncias relacionadas con terrorismo, y la línea 147, para casos de extorsión y secuestro.

La destrucción del laboratorio en San Alberto se suma a las acciones anunciadas por la fuerza pública contra la infraestructura destinada al procesamiento de drogas ilícitas y a la obtención de recursos por parte de grupos armados organizados.

Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Puebla durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General del Estado (FGE). La intervención se realizó en la colonia Unidad Antorchista.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años. Según se informó, los tres habrían cumplido funciones operativas dentro de una célula vinculada a esa organización delictiva.

Cómo operaban los detenidos según la investigación

De acuerdo con las pesquisas, los tres hombres se encargaban de coordinar la logística para la distribución de sustancias ilícitas dentro de la estructura criminal. También tenían la tarea de localizar inmuebles que pudieran funcionar como puntos de encuentro para otros integrantes del grupo.

Además de estas funciones logísticas, las autoridades señalaron que los detenidos participaban en actos de violencia vinculados a las actividades de la célula. Esta combinación de tareas (distribución, logística de inmuebles y violencia) definió el perfil operativo que las instituciones atribuyeron al grupo detenido.

Dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes penales previos. Según se informó, estos registros corresponden a delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.

Qué aseguraron las autoridades durante la intervención

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 280 envoltorios con sustancias de características similares a la metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

El material asegurado incluyó también armamento. Las autoridades reportaron el hallazgo de un arma de fuego, dos cargadores y 39 cartuchos útiles en el lugar de la intervención.

A esto se sumó el aseguramiento de un vehículo con placas de circulación del estado de Guerrero, cuya presencia en Puebla forma parte de los elementos recabados durante la diligencia.

El conjunto de bienes asegurados quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones abiertas contra los tres detenidos.

El contexto de coordinación interinstitucional

Las autoridades estatales enmarcaron esta detención dentro de un esquema de coordinación entre instituciones federales y estatales. La participación conjunta de la SSP, la Marina y la FGE fue presentada como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada en la entidad.

Según se informó, esta intervención busca debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos que operan en Puebla. El trabajo de inteligencia y el despliegue estratégico de fuerzas de seguridad fueron mencionados como ejes centrales de esta estrategia.

El Gobierno del Estado señaló que continuará con este tipo de acciones coordinadas. La SSP indicó que, en conjunto con autoridades federales y municipales, mantendrá operativos firmes contra las células delictivas que operan en la entidad poblana, con el objetivo de preservar la tranquilidad de las familias poblanas.

Presencia del CJNG en Puebla

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura entre las organizaciones delictivas con actividad registrada en territorio poblano desde al menos enero de 2025. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció ese mes la presencia de esa organización, junto con el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, además de grupos locales dedicados a actividades ilícitas.

Previo a la detención del 2 de noviembre, la SSP ya había reportado capturas vinculadas al CJNG en la entidad. El 31 de agosto de 2026, la dependencia informó sobre la detención de tres hombres identificados como presuntos integrantes del cártel, relacionados con delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

La organización también mantiene presencia a través de operadores con influencia en varios estados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre de 2026 sobre la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, a quien identificó como operador regional del CJNG con influencia delictiva en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

La detención o captura de líderes de estas estructuras no implica necesariamente el fin de la organización, debido a la posible sustitución de mandos y fragmentación de células que continúan operando bajo el mismo nombre.

Según pudo saber Infobae, se llevaron a cabo 30 órdenes de allanamiento simultáneas en donde las fuerzas de seguridad incautaron 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 500 gramos de marihuana de distintas variedades, 19 vehículos, armamento, dinero en efectivo y numerosos elementos de logística vinculados a la red criminal. La causa tramita ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del doctor Juan Manuel Culotta, con la Secretaría N° 7 bajo la dirección del doctor Gregorio Rueda.

La cocaína secuestrada estaba fraccionada en distintos lotes: siete panes con el sello “Lacoste” —con un peso de 7,5 kilogramos—, un pan identificado con la insignia Louis Vuitton de 1,5 kilogramos y trozos compactos en piedra por otros dos kilogramos. En cuanto a la marihuana, se hallaron varios frascos con cogollos de diferentes genéticas —Fuji Juice, AK47, Gkw, Strawberry, Moby Dick, Melonia y Tropical Fruit— que sumaron en conjunto medio kilogramo. También se secuestraron nueve balanzas de precisión.

El dinero incautado ascendió a $92.430.200 y USD 21.550, junto con tres máquinas contabilizadoras de billetes y cuatro cajas fuertes. En materia de armamento, se decomisaron una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm con tres cargadores, un revólver calibre 22 y 207 municiones calibre 9 mm. El operativo también arrojó 29 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, cuatro pendrives y dos cédulas vehiculares. El parque automotor secuestrado incluyó modelos como Jeep Compass, VW Taos, Ford Ranger, VW Amarok, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Fiat 500, entre otros.

La investigación se había iniciado en marzo de 2026 a partir de la detección de una estructura criminal encabezada por Martín Alejandro Chamut, de 52 años, identificado por las fuerzas de seguridad como un narcotraficante con historia en el distrito de San Martín. Según pudo establecerse durante la pesquisa, Chamut había continuado operando la organización incluso mientras se encontraba privado de su libertad, y al recuperarla comenzó a gestionar personalmente las transacciones de mayor volumen.

La banda tenía como territorio principal de distribución San Martín, la Zona Norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Durante el seguimiento, los investigadores identificaron que los compradores realizaban la entrega de dinero en Villa Corea, mientras que el retiro de la sustancia se efectuaba en Villa Ballester, con traslados en bolsos, mochilas y vehículos especialmente acondicionados para ocultar la mercadería.

Chamut contaba con dos colaboradores directos de confianza. Por un lado, Gustavo Ariel Etchart, de 43 años, quien abastecía la Zona Norte —que comprende Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López— y presidía una financiera junto a su sobrina Oriana Ailén Etchart Torres para el blanqueo de capitales y el cambio de divisas. Por el otro, Facundo Leonardo Romero, responsable de abastecer más de 10 puntos de venta en Villa Corea y varios búnkeres en Villa Hidalgo y Villa Carcova. Una vez en libertad, el propio Chamut retomó el control de los búnkeres de mayor expendio, ubicados en las villas “9 de Julio”, “El 18 (Mameluco)”, “Sarmiento”, “Pegamil” y “Loyola”. En paralelo, la investigación permitió identificar al proveedor principal de la droga, radicado en Pilar y con comercios en Tres de Febrero e Ingeniero Budge.

Para encubrir el flujo de dinero, la organización utilizaba como pantallas comerciales una red de financieras, agencias de autos y lavaderos de vehículos. Además, contaba con cocheras, oficinas y departamentos distribuidos en San Martín, Nordelta, San Isidro, Vicente López y Pilar, donde almacenaba los estupefacientes. Las escuchas telefónicas también revelaron que uno de los integrantes, Alex Uriel Etchart, de 25 años, mantenía vínculos operativos con una banda dedicada a las “entraderas” en la Zona Norte bonaerense.

Para llegar a los allanamientos, las fuerzas de seguridad desplegaron un extenso trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de cámaras de vigilancia, la colocación de rastreadores GPS Tracker LK 208 en varios de los vehículos investigados, el uso autorizado de drones en zonas de difícil acceso y la intervención de más de 25 líneas telefónicas, con más de 230 horas de escuchas acumuladas. El análisis de antenas y los seguimientos en campo completaron el cuadro probatorio que habilitó las órdenes judiciales.

Junto a Chamut, Gustavo Etchart, Oriana Etchart Torres, Alex Etchart y Romero, fueron detenidos Ricardo Daniel Pérez (40 años), Marcelo Rodrigo Veriz, Oscar Daniel Agüera (47 años), Francisco José Chifaldi (30 años) e Iván Gerometa (26 años). Los diez imputados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Tres de Febrero, que tiene a su cargo la investigación por infracción a la Ley 23.737 de narcotráfico y lavado de activos.

A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, se ha identificado el papel específico de cada uno de los 34 detenidos dentro de la estructura criminal que planeó y ejecutó el crimen. El expediente, con un avance del 90%, distingue entre quienes ordenaron el ataque, quienes lo coordinaron, quienes dispararon y quienes filtraron información desde el propio Ayuntamiento de Uruapan.

El homicidio ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, cuando Manzo era entonces alcalde de Uruapan. Según la Fiscalía, el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la detención de uno de sus jefes de plaza, ocurrida meses antes por órdenes del propio edil.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de la célula “Los R’s” vinculada al CJNG, es señalado como el autor intelectual del homicidio. Las autoridades sostienen que fue él quien dio la orden de matar a Manzo tras la captura de René Belmontes, alias “El Rhino”, jefe de plaza detenido en agosto de 2025.

El R1 fue aprehendido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un juez lo vinculó a proceso el 7 de agosto con prisión preventiva oficiosa.

El operador que coordinó la célula y creó el chat de vigilancia

Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, también conocido como “El Contador”, fungió como operador logístico del atentado. De acuerdo con la investigación, reportaba directamente al R1 y dirigía a la célula encargada de planear y ejecutar el ataque en al menos cuatro regiones del estado.

Las pesquisas indican que El Licenciado creó un grupo de mensajería cifrada en la aplicación Threema uno o dos días antes del crimen.Ese chat se usó para tareas de observación y para coordinar el seguimiento de los movimientos de Manzo previo al ataque. El Licenciado fue detenido el 19 de noviembre de 2025 en Morelia.

El comando que disparó contra Manzo, hoy sin sobrevivientes

El ataque armado estuvo a cargo de tres jóvenes, los tres ya fallecidos. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue el tirador que abrió fuego contra Manzo en plena Plaza Morelos; murió abatido de inmediato por los escoltas del alcalde con la misma pistola que usó para disparar.

Fernando Josué, también menor de edad, actuaba como tirador suplente. Ramiro, alias “El Jaguar”, cumplía funciones de reclutador y coordinador de ambos jóvenes. Los cuerpos de ambos fueron hallados el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho; un día después, las autoridades recuperaron sus teléfonos celulares, dispositivos que resultaron determinantes para reconstruir la planeación del homicidio.

Por esas dos muertes fue detenido Alejandro Baruc Castellanos, alias “El Caos”, señalado como hombre de confianza de El Licenciado en las localidades de La Basilia y Tiamba, al norte de Uruapan.

La filtración de información desde el entorno cercano al alcalde

Dentro del Ayuntamiento de Uruapan, Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, es investigado por proporcionar datos sobre la agenda y los desplazamientos de Manzo a integrantes de la célula criminal, presuntamente a cambio de dosis de estupefacientes para consumo personal. Fue detenido el 11 de enero de 2026.

Rosa Alejandra “N”, exsecretaria de Bienestar municipal, fue aprehendida el 29 de octubre de 2026 por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Es madre de Alejandro “El Macas”, uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis “El Brilloso” y Cristian “El Vikingo”, señalados como integrantes de la célula operativa.

Reclutamiento, traslados y apoyo logístico al ataque

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, fue identificado como el reclutador que captó a Víctor y Fernando Josué en centros de rehabilitación de Uruapan y los puso en contacto con Ramiro. Fue detenido el 23 de noviembre de 2025.

La investigación también ubicó a un taxista que trasladó a Fernando Josué hasta La Basilia el día de los hechos, además del intermediario que consiguió ese transporte. En febrero de 2026 cayeron tres personas cercanas al grupo de El Caos, entre ellas Salvador Belmontes Aguilar, alias “Comandante 26”, hermano de “El Rhino”.

Los escoltas bajo investigación y el jefe de seguridad prófugo

Los siete escoltas que integraban el primer cinturón de seguridad de Manzo fueron detenidos el 21 de noviembre de 2025 y permanecen vinculados a proceso por presunta omisión en su labor de protección. Entre ellos figura Alejandro “El Macas”, sobrino de Rosa Alejandra “N”. Los escoltas son identificados como Omar M, Mario Alberto S, Guillermo T, Demetrio D, Omar Osvaldo G y Montserrat G.

La Fiscalía mantiene pendiente la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde y coronel en retiro, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que permita ubicarlo.

En qué punto está la investigación

A un año del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reporta un avance del 90% en las pesquisas. El expediente acumula alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil dictámenes periciales, mil 200 horas de videograbaciones analizadas, 120 audiencias y 72 extracciones de información digital.

De las 34 personas detenidas, al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso. La Fiscalía descartó un móvil político y sostiene que el homicidio respondió a una represalia de la delincuencia organizada contra Manzo.

Quedan, sin embargo, diligencias pendientes, como la entrega de los teléfonos celulares de Manzo, que permanecen bajo resguardo de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz. El vicefiscal Israel Vega explicó, en conferencia de prensa del 28 de octubre, que la funcionaria no ha entregado los dispositivos por desconfianza de que su contenido sea borrado.

Quiroz, por su parte, ha pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y acusa a la Fiscalía de Michoacán de irregularidades en el proceso.

La marcha del 1 de noviembre

Al cumplirse un año del asesinato, Grecia Quiroz convocó una marcha por la justicia y la paz en Uruapan. La actividad incluyó una misa, una ofrenda en memoria de Manzo y la develación de una estatua en su honor.

Habitantes de Uruapan, víctimas de violencia y madres buscadoras se sumaron a la convocatoria bajo la consigna de que la ciudad “merece paz”. La jornada conmemorativa coincidió con la fecha exacta del crimen.

Pese a los 34 detenidos y el avance reportado por la Fiscalía, Quiroz insistió en que la justicia aún no llega a su familia y afirmó que, un año después, las autoridades todavía no han determinado quién ordenó el asesinato.

Durante años, Lili Infante siguió el dinero que circulaba por mercados clandestinos de internet, entre seudónimos y pagos con criptomonedas. La agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) participó en el cierre de Hydra, uno de los mayores mercados ilegales de la red oscura.

Una revelación familiar cambió después el sentido de esa investigación. Su abuela, Nina, había vendido marihuana en un mercado radicado en Rusia.

Según publicó Wired, Infante conoció esa historia después de la muerte de Nina, cuando su madre le relató cómo la mujer había ingresado a Hydra para ayudar a otro integrante de la familia.

El caso mostró cómo una pesquisa sobre delitos digitales podía cruzarse con una historia familiar ocurrida a miles de kilómetros de Miami.

Lili Infante llegó a la DEA antes de que Hydra se convirtiera en su objetivo

Infante nació en Moscú y se trasladó a Estados Unidos durante su infancia. Tras estudiar economía en la Universidad de Columbia, trabajó como analista de idioma ruso en una investigación de la DEA sobre grupos criminales de Brighton Beach, en Nueva York.

Esa tarea la acercó al trabajo de inteligencia y la llevó a convertirse en agente federal. En 2014 fue destinada a Miami, donde investigó el lavado de dinero ligado al narcotráfico.

Allí advirtió que las transacciones con criptomonedas podían dejar rastros, aun cuando quienes vendían drogas usaran seudónimos. La DEA autorizó una compra de USD 200 en bitcoin en el mercado Blue Sky.

El envío de cocaína llegó a un apartado postal de la agencia y confirmó que la venta de drogas por internet exigía métodos distintos de investigación, según reconstruyó el medio.

La pesquisa sobre un vendedor identificado como Owlcity le permitió probar ese método. Infante se hizo pasar por compradora y le pidió que rastreara un paquete que supuestamente no había recibido.

El vendedor consultó el sitio del servicio postal fuera de Tor, una red que dificulta identificar a los usuarios, y ese registro condujo a los investigadores hasta Chrissano Leslie, detenido en Miramar, Florida, con armas en su vivienda.

A partir de ese episodio, Infante ayudó a formar un equipo con agentes de varias instituciones para investigar el narcotráfico digital. Ese fue el inicio de un trabajo centrado en seguir movimientos de dinero entre billeteras digitales y vincularlos con datos obtenidos mediante vigilancia tradicional.

Hydra combinaba la venta de drogas con otros servicios ilegales, siendo que llegó a reunir 17 millones de usuarios, miles de vendedores y cerca del 80 % de las transacciones con criptomonedas vinculadas con la red oscura. Su actividad se extendía por Rusia, Kazajistán, Armenia, Ucrania y Bielorrusia.

Nina vendió marihuana en Hydra para ayudar a Dennis

La plataforma ingresó en la historia familiar de Infante después de que Nina enfermara y muriera.

Su madre le contó entonces que Dennis, nieto de Nina y primo de la agente, había quedado endeudado con una banda local tras vender drogas a consignación y no devolver el dinero. El grupo lo amenazaba y Nina buscó una forma de reunir el monto necesario.

Según relató Wired, la mujer cultivó marihuana y compró semillas a través de Hydra. Desde su casa en el campo ruso, aprendió a usar Tor, redes privadas virtuales y bitcoin. Luego abrió un perfil de venta en la plataforma, mientras Dennis se encargaba de las entregas.

El sistema de distribución de Hydra evitaba en muchos casos el correo. Los repartidores ocultaban los paquetes en parques, arbustos y otros espacios públicos, y enviaban a los compradores las coordenadas para retirarlos. Dennis cumplía esa función para su abuela, según reconstruye el medio.

La deuda fue saldada, pero Nina y Dennis continuaron con la actividad. La madre de Infante comprendió la dimensión del negocio cuando consultó por los gastos médicos de Nina y recibió como respuesta que no debía preocuparse porque su madre era una mujer rica.

La DEA no tenía jurisdicción directa sobre un mercado que operaba fuera de Estados Unidos, pero Tigran Gambaryan, investigador de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, la incorporó a un equipo autorizado para avanzar sobre la plataforma.

El operativo internacional desactivó los servidores de Hydra y secuestró USD 25 millones en bitcoin

El grupo siguió movimientos en la cadena de bloques, el registro público de las transferencias con criptomonedas y ubicó recursos de Hydra en un centro de datos de Hetzner, en Alemania.

Infante ingresó además al sitio con una identidad encubierta como evaluadora de pureza de drogas, una tarea que aportó información sobre su funcionamiento y sobre Dmitry Pavlov, señalado como administrador tecnológico.

La invasión rusa a Ucrania, iniciada en febrero de 2022, aceleró la investigación. Según la crónica, el equipo consideraba que la estructura financiera de Hydra podía facilitar transferencias de grupos que buscaban eludir las sanciones internacionales impuestas a Rusia.

El 5 de abril de 2022, la policía alemana retiró los servidores vinculados con la plataforma y el sitio dejó de operar. Seis días después, Pavlov fue detenido en Rusia, mientras que las autoridades alemanas incautaron una billetera digital de Hydra que contenía USD 25 millones en bitcoin.

Infante dejó la DEA meses después de esa operación. En 2023, recibió un reconocimiento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por sus investigaciones sobre delitos informáticos.

Un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Rosario fue condenado a un año y medio de prisión por haber filtrado información sensible a Los Monos a través de un policía exonerado que formó parte de la organización. Se trata de Iván Roberto Jokanovich (54), que ya recuperó la libertad por el tiempo que transcurrió detenido en el penal federal de Ezeiza.

El fallo lleva la firma del juez federal Ricardo Moisés Vázquez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, quien hizo lugar al acuerdo entre el fiscal Federico Reynares Solari y la defensa a cargo de Fernando Sirio y Candela De Marchi. Contempla también una inhabilitación especial por tres años.

La condena es por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, infracción a la Ley de Inteligencia Nº 25.520 y por encubrimiento agravado, por tratarse del encubrimiento de un delito especialmente grave como el tráfico de estupefacientes, y por su condición de funcionario público.

De acuerdo al legajo del Ministerio Público Fiscal, como espía accedió a información confidencial de causas judiciales a las que no estaba asignado institucionalmente y la utilizó para pasársela a Juan José Raffo, policía exonerado de Santa Fe que está condenado desde 2018 como integrante de Los Monos y que volvió a caer detenido en la “Operación Romaní”, que tuvo lugar en marzo de 2024, como presunto miembro de una banda dedicada al tráfico de drogas que está liderada por el recluso Leandro “Pollo” Vinardi, jefe de la barra brava de Newell’s y mano derecha del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Vinardi, según la investigación, estuvo al mando de la presunta estructura que tiene entre sus filas a Guillermo “Chupa” u “Ojitos” Sosa, otro cabecilla de la barra brava de Newell’s que cayó el 4 de mayo de 2022 al ser acusado por el asesinato del ex barra leproso Nelson “Chivo” Saravia en San Nicolás al 3700.

Vinardi y Sosa organizaban, de acuerdo a la imputación, una estructura que operaba la venta de droga en barrios como Villa Constitución, Granadero Baigorria y San Lorenzo. Para los investigadores judiciales, se valieron de Raffo, quien se habría encargado de dar aviso de causas en curso contra la banda y de suministrar información sobre autoridades policiales con competencia en esas zonas, con quienes habría mantenido comunicación para lograr instalarse en esos territorios. Raffo, a su vez, tomó el rol de conseguir dólares para dárselos a la banda para comprar droga al por mayor.

El nombre del “Operativo Romaní” es porque quienes recibieron los dólares fueron personas de la comunidad gitana, algunos de ellos viejos conocidos de la Justicia, como Mariano “Gordo” Salomón, también condenado en la trama de Los Monos.

Sin embargo, el policía exonerado también contaba con asistencia. Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, tenía frecuentes comunicaciones telefónicas con Jokanovich, quien habría aportado datos clave para que Raffo no cayera fácilmente detenido.

El ex agente de la SIDE tiene una historia previa. Había sido indagado también por llamar a fines de diciembre de 2022 a un fiscal provincial —ahora preso por estafas— que figura como titular de un auto en el que fue visto Raffo en el aeropuerto de Ezeiza.

Ese fiscal provincial, ahora caído en desgracia por una causa de asociación ilícita, es Mariano Ríos Artacho. Luego de enterarse de la causa federal, hizo un descargo judicial y presentó una denuncia de venta del auto en cuestión, aportó documentación y aseguró que lo había vendido en octubre de ese año a un policía al que conocía hacía 10 años, aunque dicho papeleo fue terminado en diciembre de ese año por su gestora. Afirmó desconocer qué había sucedido con el auto y añadió que lo dejó asegurado a su nombre para mantener la responsabilidad civil hasta que finalizaran los trámites registrales para el traspaso de titularidad.

En la causa federal se agregó que el servicio de inteligencia también alertó a Raffo que lo habían observado en ese auto en Ezeiza, lo que se supone que provocó que el policía dejara de usar ese vehículo y la línea telefónica que tenía en ese momento.

Cuatro hombres vinculados a las carreras de caballos fueron detenidos por efectivos afectados al operativo Muralla Norte y de la subcomisaría San José del Boquerón, en Santiago del Estero, tras un procedimiento en el que secuestraron casi 220 kilos de cocaína, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó el jueves pasado, en la Ruta Provincial N.º 2, en el tramo entre San José de Boquerón y Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, cuando policías que realizaban un control vehicular detuvieron la marcha de dos vehículos tipo pick-up.

En el primero de ellos, una camioneta marca Mitsubishi, color negro, estaba ocupada por Jaime Ariel Vides, con domicilio en Salta capital; y Claudio Andrés Catán, de Tartagal. En el segundo, una Toyota blanca, viajaba Diego Armando Donaire, también de Tartagal.

Una tercera camioneta que iba en la caravana, eludió el retén y escapó a toda velocidad con dirección al sur. De acuerdo a los investigadores, en ella se desplazaba el supuesto jefe de la organización identificado como Matías Emanuel Betancourt, de 34 años, alias “El Patrón” y oriundo de El Quebrachal, en el departamento de Anta.

Sin embargo, lo siguieron y los agentes interceptaron la Hilux que era conducida por Betancourt en la localidad de La Manga. De acuerdo a su registro comercial, el presunto jefe de la banda se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los investigadores, además, señalaron que su nombre está ligado a la actividad hípica de la zona.

Según indicaron, “Nórdico” es el equino de Betancourt que participaba de las típicas carreras cuadreras que se realizan en canchas de tierra de 300 metros a toda velocidad (“a puro látigo”), exigiéndole al caballo al máximo para pasar primero la meta.

El compartimiento oculto y los 220 kilos de cocaína

Los policías dieron aviso a Gendarmería. el Juzgado Federal N.º 1 de Santiago del Estero dispuso el traslado de los vehículos hacia la subcomisaría San José de Boquerón, donde los peritaron. Al requisar la Mitsubishi, color negro, dominio JLW209, los agentes notaron una alfombra nueva, aparentemente recién colocada, como así también restos de pintura y tornillos nuevos.

Con un escáner y el ladrido de “Maia”, can detectora de narcóticos, los uniformados abrieron el compartimiento oculto en presencia de personal de Drogas Peligrosas de Monte Quemado. Lo que encontraron no los sorprendió: contaron 210 paquetes de cocaína con un peso de casi 220 kilos. Además, secuestraron unos $ 3.260.000 en efectivo.

Ante el resultado positivo, el juzgado dispuso la detención de los cuatro sospechosos y el secuestro de las tres camionetas. Los detectives sospechan que el grupo usaba las hípicas como fachada para el tráfico de drogas.

En ese sentido, las fuentes señalaron que el control vehicular en ese punto de la ruta no fue casual. Los investigadores sabían que una red narco que operaba en la ruta provincial N.º 46, la misma que utilizaba René “Manudo” Guzmán, líder del Cártel del Valle de Acambuco, antes de ser capturado tras un enfrentamiento armado con gendarmes.

Al igual que “Manudo”, la organización en la que estarían involucrados los “narcohípicos” utilizaría el “bombardeo de cocaína” (uso de aeronaves) como método para el ingreso de cocaína al país.

El sábado 17 de octubre último, la guerra para controlar el negocio narco en La Matanza llegó a un punto inquietante: un capo apareció muerto de un tiro en una calle de tierra de Rafael Castillo, un capo del que muy pocos fuera de ese mundo de pasta base y pólvora habían escuchado hablar.

Nicolás Alejandro Hermosilla era su nombre, alias “El Gordo Nico”, un ex albañil y trabajador gráfico con domicilios en Virrey del Pino y Tristán Suárez. Tenía 32 años, y una larga lista de antecedentes. Los datos precisos de su muerte trascendieron en las últimas horas.

Para la Policía Bonaerense y para la Justicia, “El Gordo Nico” era un nuevo capo en ascenso de la zona oeste, convertida en la nueva Rosario, el centro de una pelea de perros donde morder el hueso más grande termina, casi invariablemente, con una autopsia y un funeral.

La Policía Bonaerense llegó a la escena del hecho, en el cruce de las calles Carcarañá y Lavalleja, en el barrio La Juanita. Allí estaba Hermosilla, casi muerto, boca abajo en el suelo. Médicos que llegaron en una ambulancia pronunciaron su fallecimiento.

Temporada de ametralladoras

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios matancera, está a cargo de esclarecer el caso, con tareas encomendadas a la Superintendencia AMBA Oeste de la Policía Bonaerense. La misma Superintendencia, en paralelo, investiga el negocio narco de “El Gordo Nico”.

Su muerte, por otra parte, marcó el final de un turno judicial particularmente intenso. El 13 de octubre, cuatro días antes, un ataque sicario con un fusil calibre .223 sacudió a González Catán ayer domingo por la noche. La víctima fatal, identificada como Adán Bogarín Britez, nacido en Paraguay, recibió diez disparos, de acuerdo al conteo de los forenses policiales. El hecho ocurrió en el cruce de Armonía y Larraya, a veinte cuadras de la escena del crimen de “El Gordo Nico”.

Eriberto Azamendia, otro ciudadano paraguayo, fue asesinado esa misma semana, también en González Catán. Recibió trece tiros en la cara, un enjambre de plomo bajo el pómulo derecho. La Bonaerense encontró una ametralladora FMK-3, de fabricación argentina en su casa. Los casos se repiten, con inocentes muertos por el fuego cruzado de las bandas, como Candela Urquiza, de tan solo 14 años.

El prontuario y el auto en marcha

El prontuario de “El Gordo Nico” es notable. Su ficha indica que pasó varios años de la última década preso en penales como la cárcel de Gorina y la Unidad N°42 de Florencio Varela. Los delitos en su lista: encubrimiento, portación ilegal de armas, falsificación de documentos, robo agravado, tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, con causas en fiscalías que datan de 2021 en adelante.

Cinco años atrás, el Juzgado de Familia N°2 de La Matanza había dictado una restricción perimetral en su contra, precisamente, por episodios de violencia familiar.

De vuelta a la escena del crimen, un dato llamó la atención de los investigadores. Un auto se encontraba en marcha a metros del cadáver, un Volskwagen Virtus con una deuda de más de $8 millones en multas según registros provinciales. El auto, según los mismos registros, está vinculado a un ciudadano paraguayo con domicilio en Tristán Suárez.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco prófugos buscados en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y apunta a obtener datos que permitan localizar a sospechosos vinculados al expediente por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La noche del 19 de septiembre de 2025, Brenda, Morena y Lara subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita. Según la reconstrucción del expediente, las jóvenes creían que iban a una fiesta. Sin embargo, el vehículo se dirigió hacia el sur del Conurbano bonaerense y llegó a una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Las familias denunciaron la desaparición al día siguiente. El seguimiento de cámaras de seguridad permitió identificar la camioneta, mientras que la actividad del celular de Lara ubicó una señal en el sur del Conurbano a las 23:14 de esa misma noche.

El 24 de septiembre, agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza allanaron la vivienda de Chañar 702. Allí detuvieron a dos personas que, según la pesquisa, intentaban borrar rastros. En el patio encontraron enterrados los cuerpos de las tres jóvenes. La Tracker fue hallada incendiada en un descampado cercano a la casa.

A partir de esos primeros hallazgos, la causa avanzó sobre una presunta organización dedicada al narcotráfico, con conexiones entre el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y Perú. La hipótesis de un ataque ligado al presunto robo de cocaína forma parte de la investigación, aunque el móvil permanece sin una definición judicial concluyente.

En ese marco, la recompensa publicada por el Gobierno alcanza a cinco personas que continúan prófugas y son investigadas en el expediente. Los buscados son: Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamaní, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

Según el texto oficial, los tres primeros tenían pedidos de captura nacional desde octubre de 2025 y orden de captura internacional desde el 18 de septiembre de este año. Sobre los otros dos, pesan órdenes de captura nacional e internacional desde esa misma fecha.

Las personas que aporten información pueden comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134. El pago quedará sujeto a una evaluación de la autoridad judicial sobre el valor de los datos entregados y el Estado deberá preservar la identidad del aportante.

Entre los principales imputados figura Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien fue detenido en Perú y extraditado a la Argentina en mayo de 2026. Está procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género. El acusado negó haber participado del plan criminal.

También fueron detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, apodado “El Duro”; Florencia Ibáñez; Ariel Jeremías Giménez; Matías Agustín Ozorio y Jesús Bernabé Mallón, entre otros. La causa continúa bajo la órbita del juez Rodríguez y con la intervención de fiscales federales.

Recompensa por el hijo de “Mameluco” Villalba

En una resolución publicada el mismo día, el Ministerio de Seguridad Nacional fijó otra recompensa de $10 millones por cada uno por datos que permitan ubicar y detener a Álan Marcial Villalba, alias “Peladito”, y a Nahuel Pellati, alias “Yankee”.

Villalba es hijo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, condenado por narcotráfico y señalado históricamente como jefe de una organización que operó en el partido bonaerense de San Martín. Según la resolución, Villalba y Pellati están investigados por su posible participación en la organización narcocriminal que operó durante décadas en San Martín, especialmente en Barrio 18 de Septiembre y Villa Ballester.

La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín y está caratulada como una presunta infracción a la Ley 23.737. Ambos tienen orden de captura desde el 24 de noviembre de 2023. Al igual que en el caso de los prófugos vinculados al triple femicidio de Florencio Varela, quienes tengan información pueden llamar al 134 y la identidad de los aportantes será preservada.

Durante una fiesta electrónica realizada en San Roque, Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 23 procedimientos positivos en el marco de un operativo preventivo dispuesto dentro y en los alrededores del complejo de eventos.

El despliegue tuvo como resultado el secuestro de comprimidos de éxtasis, MDMA, ketamina y dosis de marihuana. Las intervenciones se realizaron en un predio situado sobre la ruta provincial E55, una vía de acceso relevante para la localidad cordobesa.

La acción reunió a investigadores de la Dirección General de Investigaciones Antinarcotráfico (DGIA) y a efectivos de los equipos operativos C.I.E. y K-9. La presencia de esas áreas permitió combinar controles a los asistentes con tareas específicas de detección durante el desarrollo del encuentro.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la realización de controles preventivos en eventos masivos forma parte de las tareas asignadas a los cuerpos especializados en la investigación y persecución del narcotráfico.

No es raro en distintas localidades de la provincia de Córdoba esta serie de operativos en fiestas electrónicas. A fines del mes de julio pasado, una multitud se congregó en un evento de estas características sobre la calle Mauricio Yadarola de la ciudad capital. El evento se vio interrumpido cuando la FPA desplegó un amplio operativo de seguridad y prevención.

La intervención, planificada como parte del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, buscó reforzar los controles en eventos masivos y proteger la salud pública frente al consumo de sustancias ilícitas.

Equipos tácticos e investigativos de la FPA participaron en la operación, que se extendió durante toda la jornada y resultó en 74 procedimientos positivos. Los agentes, distribuidos estratégicamente en los accesos, zonas comunes y áreas de mayor circulación, inspeccionaron a asistentes y recintos internos de la fiesta. La acción coordinada incluyó la colaboración de la División K-9, cuyos perros adiestrados recorrieron baños y barras para intensificar la detección de estupefacientes.

Según lo informado también por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado fue el secuestro de diversas dosis de cocaína, tussi, ketamina, MDMA, éxtasis, popper y marihuana. La incautación de estas sustancias confirma la presencia de diferentes drogas sintéticas y tradicionales en el circuito nocturno cordobés, así como la variedad de estupefacientes que circulan en este tipo de eventos. El operativo fue supervisado bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que mantiene vigente un protocolo de actuación intensiva en fiestas electrónicas.

Durante el operativo, la División K-9 tuvo un rol central. Los perros rastreadores, entrenados especialmente para la detección de narcóticos, realizaron búsquedas minuciosas en baños, barras y sectores de descanso.

El despliegue de recursos logísticos y humanos respondió a la preocupación de las autoridades por el aumento en el uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. La FPA indicó que parte de la estrategia consiste en la irrupción sorpresiva y coordinada, con el fin de desalentar tanto el consumo como la distribución de estupefacientes en estos encuentros.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó que incautó 1,148 paquetes de presunta droga y capturó a tres personas durante una operación desarrollada al sur de la isla Jicarón, en el litoral del Pacífico de la provincia de Veraguas.

La institución también decomisó la embarcación en la que viajaban los sospechosos. Tanto los aprehendidos como la nave y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir las responsabilidades penales.

El operativo contó con la coordinación de la Fiscalía de Drogas y formó parte de las acciones de seguridad incluidas en el Plan Firmeza y la operación Escudo Protector, dos iniciativas con las que las autoridades panameñas buscan combatir el narcotráfico y otras estructuras delictivas.

Sin precisión sobre el tipo de sustancia ni el peso total del cargamento

El Senan no precisó qué tipo de sustancia contenían los 1.148 paquetes ni informó el peso total del cargamento. En Panamá, sin embargo, los paquetes decomisados en operaciones contra el narcotráfico suelen tener un peso aproximado de 1 kilogramo y, en la mayoría de los casos, corresponden a cocaína.

La zona donde se realizó el procedimiento se encuentra al sur de la isla Jicarón, dentro del Parque Nacional Coiba, un sector del Pacífico panameño que forma parte de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al traslado de drogas por vía marítima.

Las autoridades suelen desplegar patrullajes en áreas costeras, puertos y aguas territoriales para detectar embarcaciones sospechosas, cargamentos ocultos y movimientos vinculados con redes que transportan sustancias ilícitas hacia mercados de América del Norte y Europa.

La detención de los tres ocupantes abre una investigación para establecer el origen de la carga, el destino previsto y los posibles vínculos de los implicados con organizaciones de narcotráfico. Hasta el momento, el Senan no difundió las identidades de los capturados ni detalles sobre la nacionalidad de la embarcación.

Más de 100 toneladas incautadas en 2025 y 96 operaciones hasta octubre

La incautación se conoció pocos días después de otra serie de procedimientos registrados en el país. El 30 de octubre, las autoridades panameñas informaron el decomiso de 1.208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en menos de 24 horas en dos operaciones distintas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.

En uno de esos casos, la Policía Nacional localizó 510 paquetes dentro de un contenedor que había salido de Chile y tenía como destino final España. La carga declaraba transportar extractos vegetales. El segundo operativo permitió hallar 698 paquetes distribuidos en 28 sacos dentro de una embarcación ubicada en Isla Grande, en la Costa Arriba de Colón.

Según datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Pública, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas hasta el 11 de agosto de 2026. El Senan, por su parte, había contabilizado 60.935 paquetes decomisados en 96 operaciones hasta el 27 de octubre, de acuerdo con su informe institucional.

Panamá cerró 2025 con más de 100 toneladas de sustancias ilícitas incautadas, según datos oficiales. Esa cifra impulsó el refuerzo de los operativos terrestres, marítimos y portuarios en distintos puntos del país.

La posición geográfica de Panamá y su infraestructura logística la convierten en un punto utilizado por redes criminales para movilizar cargamentos entre Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Las investigaciones sobre el decomiso frente a Jicarón continuarán bajo la conducción de las autoridades judiciales.

Brayan Mauricio Miranda, conocido como “El Pozoles”, fue sentenciado a cinco años de prisión por un juez federal. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como uno de los líderes de la organización criminal La Unión Tepito.

El juez lo encontró responsable del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, tras un proceso que incluyó investigación complementaria y juicio oral.

La sentencia y el delito imputado

Un juez federal determinó la responsabilidad penal de Miranda por posesión de narcóticos con fines de comercio. La resolución se dictó tras un juicio oral en el que el agente del Ministerio Público Federal presentó las pruebas correspondientes, según informó la propia Fiscalía General de la República.

La condena establecida fue de cinco años de prisión más una multa. El tribunal ordenó además el decomiso de la droga asegurada durante la detención.

La detención en la colonia Roma Norte

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miranda en octubre de 2023. El operativo ocurrió cuando el hombre conducía un vehículo por calles de la colonia Roma Norte.

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína. La droga estaba confeccionada en bolsas de plástico transparente, listas para su venta.

El traslado del caso al fuero federal

Tras la detención, el caso inició en el fuero local. Sin embargo, en enero de 2024, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la declinatoria de competencia correspondiente.

Esa declinatoria significó que la investigación pasara del fuero local al federal, en etapa de investigación complementaria. A partir de ese momento, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con el proceso.

El caso avanzó por las distintas etapas procesales hasta llegar al juicio oral, instancia en la que finalmente se dictó la sentencia condenatoria de cinco años de prisión y la respectiva multa.

Quién es “El Pozoles” y sus antecedentes criminales

Antes de su detención de octubre de 2023, Miranda ya había pasado por prisión en el Estado de México. Tras recuperar su libertad, continuó operando en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas y narcomenudeo.

El Pozoles estaría ligado a varias desapariciones ocurridas en la capital del país y se le señala como presunto responsable de la muerte de Kenny Finol y de otras parejas.

En 2024, agentes de investigación ejecutaron una segunda orden de aprehensión contra Miranda, esta vez por el delito de desaparición cometida por particulares.

Esa causa está relacionada con la desaparición de un joven identificado como Brayan Apodaca Quintero, ocurrida en 2016. “El Pozoles”, entonces de 24 años, fingió que iría a cargar gasolina para su camioneta y salió junto con la víctima, de quien no se volvió a saber nada.

Qué es La Unión Tepito y quiénes la han liderado

La Unión Tepito es una red criminal integrada por células que operan en la Ciudad de México. Surgió entre 2009 y 2012 a partir de desertores de la Organización Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, de acuerdo con InSight Crime.

La organización registró un recambio constante en su liderazgo por capturas y disputas internas. Francisco Javier Hernández Gómez, “Pancho Cayagua”, fue su primer líder; lo asesinaron en 2017. Lo sucedió Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, detenido en 2018.

Después asumió el mando Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, capturado en enero de 2020. Más tarde encabezó la organización Raúl Rojas Molina, “Mi Jefe”, arrestado en mayo de 2022.

Eduardo Ramírez Tiburcio, “El Chori”, se convirtió luego en uno de los operadores principales del grupo y uno de los delincuentes más buscados de la capital, con una recompensa de cinco millones de pesos por información que llevara a su captura. Fue detenido en marzo de 2024.

En febrero de 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, afirmó que La Unión Tepito había quedado fragmentada de manera irreversible tras la ofensiva policial y la caída sucesiva de sus líderes. Desde entonces, la organización opera dividida en células semiautónomas sin un mando central.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Erick Jesús “N”, alias “El Chulo”, y José Alfredo “N”, alias “El Gil”, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión. Ambos eran considerados objetivos prioritarios dentro de la llamada Operación Restitución.

Los detenidos estarían vinculados al grupo delictivo autodenominado Nueva Familia Michoacana, organización relacionada con secuestro, despojo y delitos contra la propiedad en distintas modalidades.

Objetivos prioritarios ligados a la Nueva Familia Michoacana

Erick Jesús “N” y José Alfredo “N” formaban parte de la lista de blancos clave de la Operación Restitución, estrategia de la FGJEM contra el despojo de inmuebles. La Fiscalía los relaciona con la Nueva Familia Michoacana, grupo que operaría en los municipios de Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, con actividades de secuestro, despojo y delitos contra la propiedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización utiliza la extorsión y el amedrentamiento con armas de fuego como método para apropiarse de inmuebles y exigir pagos periódicos a sus víctimas.

El caso que derivó en la detención de ambos sujetos comenzó el 14 de febrero de 2025. Ese día, una víctima de 59 años acudió a una bodega de su propiedad, ubicada en el municipio de Toluca.

Hasta ese lugar llegaron los hoy detenidos, quienes, según la investigación, portaban armas de fuego y se habrían ostentado como integrantes de La Nueva Familia Michoacana. Le exigieron el pago de 10 mil pesos mensuales y la entrega del inmueble, bajo amenaza de privarla de la vida y dañar a su familia si no cumplía.

Cronología de las amenazas y el despojo

El 18 de marzo, “El Chulo” y “El Gil” regresaron a la bodega. Según el relato de la víctima ante el Ministerio Público, le indicaron que iban por el dinero y las llaves del inmueble.

Bajo amenazas, la víctima entregó cinco mil pesos y las llaves de la propiedad, con lo que los sujetos consumaron el despojo del lugar.

Los hechos se mantuvieron sin nuevas acciones reportadas hasta el 7 de septiembre de 2026. Ese día, la víctima se encontraba en su domicilio cuando llegaron los mismos sujetos.

La agredieron físicamente y, con arma de fuego, le reclamaron por qué no había entregado el dinero. Le exigieron entonces 20 mil pesos y le ordenaron trabajar para el grupo delictivo.

La víctima entregó una parte del dinero exigido y, para resguardar su seguridad, abandonó su vivienda.

El 12 de octubre, la víctima volvió a su domicilio con la intención de recoger sus pertenencias. Al abrir la puerta, localizó un letrero con una amenaza firmado por “El Chulo” y “El Pepe”.

La investigación y la orden de aprehensión

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Como parte de la indagatoria, identificó a los probables responsables del delito de extorsión.

Con base en los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Erick Jesús “N” y José Alfredo “N”.

Elementos de la Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a ambos detenidos al Centro Penitenciario de la zona. Ahí quedaron a disposición de una autoridad judicial, que determinará su situación legal.

La FGJEM precisó que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

El avance de la Operación Restitución en el Edoméx

La detención de “El Chulo” y “El Gil” se suma a los resultados que la FGJEM ha reportado en el marco de la Operación Restitución, estrategia enfocada en combatir el despojo de inmuebles en la entidad.

Desde su puesta en marcha, la operación suma 2 mil 876 inmuebles asegurados en 91 municipios del Estado de México, de los cuales mil 859 ya fueron restituidos a quienes acreditaron legalmente su propiedad, según el comunicado 1029/2026 de la Fiscalía, con fecha del 25 de octubre de 2026.

El operativo involucra a la FGJEM junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Solo en el periodo del 17 al 23 de octubre de 2026, estas corporaciones realizaron 11 cateos y 39 inspecciones en municipios como Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco, entre otros. Como resultado, se aseguraron 50 inmuebles: 31 casas habitación, 18 predios y un local comercial.

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México.

El diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla, dirigente del Movimiento del Sombrero, exigió a todos los partidos políticos depurar sus filas de presuntos vínculos con el crimen organizado. Advirtió que, de no hacerlo, “va a venir Estados Unidos por ellos”. Sus palabras coinciden con el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

“No es traición a la patria”, dice Tafolla

El legislador sostuvo que el tema es “político” y que Morena necesita presión externa para entregar a presuntos culpables. Citó los casos del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, del que también se ocupa Estados Unidos, y el de Guadalupe Taddei, sin detallar en su intervención las acusaciones.

“¿Por qué tienen que venir la presión extranjera para que entreguen a los delincuentes? ¿Por qué no limpian sus filas desde adentro?”, cuestionó. Aclaró que su señalamiento no se limita al partido en el poder: “Me refiero a todos los partidos políticos”.

Tafolla fue más allá y afirmó que una eventual acción de Washington “no es traición a la patria”, sino consecuencia de que en México “no están haciendo el trabajo que les corresponde”.

Una marcha a un año del crimen

Las declaraciones llegan el día en que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó una marcha en el centro del municipio, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con elementos del Ejército, al cumplirse un año del asesinato de su esposo.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, una celebración ligada al Día de Muertos. La movilización fue convocada para las 10:00 horas en el Monumento Lázaro Cárdenas. Quiroz aseguró que sería una marcha ciudadana, sin participación de partidos, y que además de esclarecer el crimen buscaría visibilizar la violencia en Uruapan y otros municipios de Michoacán.

¿Qué dice la Fiscalía de Michoacán?

La investigación mantiene puntos abiertos:

• Hay 34 detenidos, de los cuales al menos 29 ya fueron vinculados a proceso.
• La Fiscalía reporta un avance de 90% y señala como autor intelectual a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto líder regional del CJNG.
• El encargado del despacho de la Fiscalía, Israel Vega Rodríguez, dijo que no hay indicios de un móvil político y que todo apunta a una afrenta entre el alcalde y el CJNG.
• Siguen pendientes la detención del exjefe de escoltas de Manzo, José Manuel Jiménez Miranda, y la obtención de los teléfonos del exalcalde, en poder de Quiroz.

Quiroz ha pedido que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, al argumentar que así se evitarían conflictos de interés.

¿Qué relación ha tenido el Movimiento del Sombrero con EU?

Los antecedentes públicos de ese acercamiento pasan sobre todo por el propio Tafolla:

• Diciembre de 2025. Desde San Diego, California, dijo que insistiría ante instancias estadounidenses para que ayudaran a esclarecer el asesinato, aunque no precisó qué dependencias contactaría.
• Enero de 2026. Informó que hubo contacto con el gobierno de Estados Unidos por el caso Manzo. Precisó que la gestión no implicaba intervención militar. Medios reportaron además que buscaría reunirse con el embajador Ronald Johnson.
• Mayo de 2026. En entrevista con La Jornada, dijo haberse reunido con funcionarios del FBI para hablar del asesinato. Según esa publicación, afirmó que a Estados Unidos le interesan los “narcopolíticos” y que su presión podría ayudar a que se haga justicia.

La postura generó polémica. El senador Gerardo Fernández Noroña lo llamó “traidor a la patria” por pedir la intervención de Estados Unidos. Tafolla rechazó esa acusación.

No se localizaron registros públicos de un vínculo institucional del movimiento como organización con agencias estadounidenses. Lo documentado son las gestiones y declaraciones de Tafolla.

El contexto: la acusación contra Rocha Moya

La mención de Tafolla a Rocha Moya remite a abril de 2026. Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya respondió que las acusaciones no son “más que literatura”. Dirigentes y legisladores de Morena sostuvieron que las acusaciones deben probarse y denunciaron una posible instrumentalización política del caso.

En agosto, la DEA y el Departamento de Justicia reiteraron que su objetivo incluye a los narcopolíticos mexicanos que protegen a los cárteles.

Rumbo a 2027

Tafolla ha dicho que el Movimiento del Sombrero buscará estar en la boleta de la elección a gobernador de Michoacán en 2027, con Grecia Quiroz como candidata, algo que ella confirmará en su momento. Las autoridades no han calificado la marcha de este domingo como acto anticipado de campaña.

El procedimiento tuvo lugar en una zona marítima bajo jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico, con apoyo de unidades de superficie y de la Aviación Naval. La embarcación interceptada, una lancha de alta velocidad tipo flipper, navegaba con rumbo a México y transportaba 75 bultos con paquetes rectangulares que contenían la droga.

La operación concluyó con la captura de un ciudadano colombiano de 33 años y dos ecuatorianos, de 34 y 38 años. Los tres quedaron a disposición de las autoridades judiciales junto con el alijo y la embarcación utilizada para el transporte marítimo.

La lancha navegaba hacia México con 75 bultos

Unidades de Guardacostas detectaron la embarcación durante operaciones de control y seguridad marítima en el Pacífico sur. De acuerdo con la información oficial, la lancha despertó sospechas por sus condiciones de navegación y su ruta hacia territorio mexicano.

Tras la interdicción, los uniformados inspeccionaron la motonave y encontraron 75 bultos con 2.250 paquetes rectangulares. El personal de la Armada aseguró a los tres ocupantes y trasladó tanto a los detenidos como al cargamento hasta la Estación de Guardacostas de Tumaco, en el departamento de Nariño.

En tierra, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional efectuó los actos urgentes y aplicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada. El análisis confirmó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína.

El comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, el capitán de corbeta Andrés Felipe Henao Morales, señaló que la intervención fue posible por la articulación entre las unidades navales desplegadas en la zona y el componente aéreo de la institución.

“Las unidades de Guardacostas, con apoyo de la Aviación Naval, interceptaron una embarcación de alta velocidad tipo flipper que transportaba 75 bultos con 2.250 paquetes rectangulares”, afirmó el oficial.

Las autoridades calculan que evitaron la venta de 5,6 millones de dosis

La Armada estimó que el cargamento decomisado tenía un valor aproximado de USD 104 millones en el mercado ilegal internacional. La institución también indicó que la droga habría permitido la distribución de cerca de 5,6 millones de dosis.

La ruta marítima del Pacífico colombiano figura entre los corredores utilizados por organizaciones narcotraficantes para sacar cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Las lanchas rápidas permiten mover cargamentos en trayectos de alta mar, con escalas que pueden incluir aguas de otros países de la región.

El capitán de corbeta Henao Morales afirmó que la operación afectó las capacidades financieras de las redes criminales y reiteró que la Armada mantendrá los controles sobre los corredores marítimos. Los detenidos deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos que determine la investigación judicial.

Otra operación en el Caribe dejó 2.001 kilos de cocaína incautados

El operativo en el Pacífico sur ocurrió en paralelo con otra intervención de la Armada en aguas del Caribe colombiano, donde fueron decomisados 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína tras la interceptación de dos embarcaciones tipo Go Fast.

En ese caso, la operación contó con coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos. Cinco personas viajaban a bordo de las motonaves cuando las unidades navales detectaron su desplazamiento.

Según la Armada, los tripulantes de una de las embarcaciones arrojaron paquetes al mar para intentar evitar el decomiso. Las unidades de Guardacostas recuperaron 80 bultos, que contenían 2.000 paquetes rectangulares con un peso total de 2.001 kilogramos de cocaína.

El cargamento fue llevado a la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación confirmó la naturaleza de la sustancia. Las autoridades calcularon que ese decomiso afectó en más de USD 92 millones las finanzas de las organizaciones narcotraficantes e impidió la circulación de más de cinco millones de dosis.

Una pareja fue detenida tras el hallazgo de 12.927 pastillas de éxtasis ocultas en tres valijas que transportaban en un micro que viajaba desde Corrientes hacia Rosario, informaron fuentes de Gendarmería Nacional a Infobae.

El procedimiento se realizó en la Base de Patrulla Fija Puente General Belgrano, ubicada sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 5. Integrantes del Escuadrón 51 “Fontana” detuvieron el colectivo durante un control preventivo y revisaron el sector de equipajes.

Con un escáner portátil, los efectivos detectaron bultos de forma irregular dentro de tres maletas. Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de Resistencia, abrieron los equipajes y encontraron pastillas de éxtasis acondicionadas en paquetes.

Los agentes identificaron como propietarios de las valijas a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Por disposición del magistrado interviniente, la fuerza secuestró el cargamento y detuvo a la pareja por infracción a la Ley 23.737, que sanciona delitos vinculados con estupefacientes.

52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica

En septiembre y en un trabajo conjunto, la Policía Federal Argentina y la Aduana secuestraron 52 kilos de la droga conocida como MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica, durante un procedimiento en la Terminal de Zárate. El cargamento, valuado en USD 2,34 millones, estaba escondido en el chasis, el tanque y los asientos de una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país por vía marítima desde el puerto de Amberes.

La investigación había comenzado en marzo de 2026, luego de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) alertara sobre maniobras destinadas a introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de ese aviso, los investigadores siguieron a la presunta organización y la logística prevista para recibir el vehículo.

En Zárate, los agentes sometieron la camioneta a un control con rayos X. Las imágenes mostraron densidades anómalas en distintos sectores del rodado, por lo que realizaron una revisión detallada. Primero hallaron 20 kilos de una sustancia granulada y cristalina. Luego, al desmontar otras partes de la furgoneta, encontraron otros 32 kilos. Los análisis determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo de Gustavo Meirovich, con participación de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Después del secuestro, la Justicia ordenó siete allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta.

Tres hombres —un argentino, un venezolano y un mexicano— fueron detenidos e imputados por contrabando agravado. Durante los operativos se secuestraron teléfonos, documentación y otros elementos para peritar. Además, se emitió una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado como presunto coordinador de la maniobra.

Ecuador activó un nuevo toque de queda nocturno en cinco provincias costeras desde la madrugada de este domingo, con restricciones de movilidad entre las 0.00 y las 5.00 hasta el 10 de noviembre. La medida incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

El Gobierno limitó la circulación en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, territorios donde se concentra parte de la actividad criminal vinculada al narcotráfico y algunos de los mayores índices de homicidios del continente.

El toque de queda rige del 1 al 10 de noviembre en cinco provincias de Ecuador y solo permite la circulación de equipos de emergencia entre la medianoche y las 5.00. El presidente Daniel Noboa señaló que la restricción busca proteger a la población durante operativos policiales y militares contra presuntos integrantes de bandas criminales.

Operativos contra bandas criminales en la costa

Durante la vigencia de la medida, policías y militares realizarán las “operaciones especiales” anunciadas por Noboa, que contemplan irrumpir en inmuebles para detener a presuntos miembros de organizaciones delictivas.

La restricción constituye el cuarto toque de queda decretado por el mandatario en 2026, después de los aplicados en marzo, mayo y septiembre.

Ecuador registró en 2025 un récord de 9.283 homicidios, con una tasa superior a 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Los toques de queda se han aplicado bajo estados de excepción parciales o nacionales, que suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. Estas disposiciones también pueden limitar la libertad de tránsito.

La medida coincide con las elecciones locales

El nuevo toque de queda se aplica a cuatro semanas de las elecciones locales del domingo 29 de noviembre. Los ecuatorianos elegirán, entre otros cargos, prefectos y alcaldes para los próximos cuatro años.

El oficialismo busca disputar al correísmo el control de ciudades como Quito y Guayaquil, según el escenario electoral descrito.

La restricción también coincide con uno de los puentes festivos más extensos del año, previsto del 31 de octubre al 3 de enero por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca.

Desde que declaró en 2024 una “guerra” contra el crimen organizado y calificó la situación como un “conflicto armado” interno, Noboa ha catalogado a las bandas criminales como grupos terroristas y reforzado la cooperación con la administración de Donald Trump en seguridad, inteligencia y operaciones contra el narcotráfico.

El interno Claudio Nahuel Jesús “El Gendarme” Ledesma fue detenido en la cárcel de Sierra Chica por agentes de la Superintendencia AMBA Oeste I acusado de liderar una red narco que tomaba casas a la fuerza en Ciudad Evita para convertirlas en centros logísticos y operativos.

El nombre de “El Gendarme”, mencionado como integrante de la banda del capo narco de la zona Chaky Chan, no es nuevo para los investigadores. En 2015 fue detenido por el crimen de Gustavo Álvarez, un oficial de la comisaría de Virrey del Pino, pero recuperó la libertad a fines de ese año.

En 2016 volvió a quedar bajo sospecha por una serie de homicidios. Tenía 20 años cuando lo detuvieron en San Justo, después de que escapara de un Renault 19 y fuera perseguido unas tres cuadras. La investigación lo vinculaba con los asesinatos de Paulo Ferreyra, en una casa del barrio Esperanza; Cristian Vera, que apareció calcinado, y Sergio Quiroga, baleado en Ciudad Evita, de acuerdo con el medio local El1.

Ledesma continuó detenido y, con los años, volvió a aparecer en informes penitenciarios por distintos episodios dentro de la cárcel. El 2 de marzo de 2022 sufrió heridas leves en las piernas durante una pelea entre internos en el patio del pabellón 3. El 31 de mayo volvió a quedar involucrado en un enfrentamiento en ese sector y resultó herido por el efecto rebote de disparos preventivos efectuados por el personal.

El 4 de noviembre de ese año participó, junto con otros dos internos, en un intento de agresión al personal en el pabellón 1. Según las fuentes, los internos usaron elementos contundentes y punzantes; durante la intervención se arrojó gas defensivo y se efectuaron disparos preventivos. Ledesma sufrió heridas leves y escoriaciones.

Al día siguiente, el 5 de noviembre, el personal lo encontró en una celda del pabellón de separación con un trozo de tela del colchón alrededor del cuello y sujeto a una ventana. El informe describió el episodio como un intento de ahorcamiento y consignó que los agentes intervinieron para resguardar su integridad física.

Más tarde, en diciembre de 2024, durante un allanamiento en su celda por una causa de amenazas, coacción agravada y asociación ilícita, secuestraron 12 celulares y 11 chips. En marzo de 2025, otro procedimiento en su celda terminó con el secuestro de un teléfono.

Cómo operaba la banda

Según la investigación, la organización usurpaba viviendas por la fuerza para ampliar sus puntos de venta y montar centros de logística y almacenamiento. En Ciudad Evita, uno de los puestos de expendio era conocido como “La Ventanita”: vendían la droga a través de una ventana y, de acuerdo con los investigadores, frente al lugar solían formarse largas filas de compradores.

La casa ubicada enfrente habría sido ocupada para funcionar como centro operativo y de custodia. La pesquisa sostiene que “El Gendarme” coordinaba la actividad desde la Unidad 2 de Sierra Chica. Desde allí se habría comunicado con otros integrantes y les habría impartido órdenes, entre ellas desalojar por la fuerza a los ocupantes de viviendas mediante amenazas con armas. Esos inmuebles luego eran usados para la logística y la distribución de drogas.

Con autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, Secretaría N° 11, a cargo de Leonardo Julián Cano, se hicieron 5 allanamientos: cuatro en La Matanza y uno en la celda de Ledesma. Allí secuestraron 3 celulares con líneas activas y conexión de datos. En los domicilios encontraron dosis de pasta base y cocaína, $ 5 millones, armas, municiones, equipos de comunicación, chalecos antibalas y una granada activa. La Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense intervino para desactivarla.

Como resultado de los procedimientos, 2 personas —un hombre de 39 años y una mujer de 22 años— fueron aprehendidas. Ledesma, alojado en Sierra Chica, quedó notificado como detenido e imputado.

Seis de cada 10 homicidios que ocurren en Uruguay tienen su origen en conflictos entre grupos criminales, según datos oficiales. Son personas que se matan por represalias, por disputas entre grupos o porque acumulan años –y hasta décadas– de violencia. Conocer las historias detrás de estos asesinatos es clave, para el Ministerio del Interior del país, para intentar prevenir una próxima agresión.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se basó en este dato para explicar por qué los homicidios crecieron un 14% en el primer semestre del año y para defender en el Parlamento la estrategia de su cartera.

Los asesinatos por disputas criminales se han duplicado en los últimos 12 años al tiempo que otras patologías disminuyeron. Por ejemplo, los crímenes ocurridos por conflictos interpersonales y altercados espontáneos bajaron un 5%; por violencia doméstica, un 10%; por rapiñas, un 21%; por otros motivos o causas desconocidas, un 1%.

Las víctimas con antecedentes penales, en tanto, se han duplicado en los últimos 12 años.

“La violencia letal sufrió un aumento en los últimos meses, concentrándose la mayoría de los homicidios en la zona metropolitana”, detalló Negro ante los legisladores.

La estrategia del gobierno uruguayo para hacer frente a esta realidad son las intervenciones policiales a través de distintos operativos, que hasta ahora ha derivado en “afectar capacidades operativas” de 22 estructuras criminales uruguayas, informó Negro. Fueron un total de 1.800 los allanamientos realizados.

Los narcos que cayeron

Las organizaciones criminales en Uruguay tienen tres “flancos más sensibles”, según el ministro del Interior uruguayo. Son sus líderes, las drogas y el dinero. Es por eso que las intervenciones de la Policía apuntan a capturas, incautaciones y lavado de activos. Pero, ¿quiénes son los líderes criminales que fueron capturados en Uruguay? El ministro Carlos Negro mencionó sus nombres en el Parlamento.

Luis Fernando Fernández Albín fue uno de los mencionados por Negro. El narcotraficante fue detenido en argentina y está preso en Uruguay, condenado por tráfico de drogas y lavado.

Luis Alberto Betito Suárez fue recientemente condenado a tres años y ocho meses por tenencia de estupefacientes. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y, si bien decía estar retirado del mundo delictivo, la Policía nunca dejó de prestarle atención.

Loly Suárez Correa fue la tercera líder criminal mencionada por Negro ante los legisladores. Es la hermana del Betito y fue a fines de 2025 por varios delitos relacionados a las drogas.

Rodrigo Lescano era un socio de Betito y también fue condenado.

Ricardo Cáceres Correa, conocido como Ricardito, fue condenado en julio de 2026. Este conocido delincuente dirigió torturas desde la cárcel por videollamada y estuvo vinculado a un triple crimen.

José Carlos Machado, el Pelón, fue condenado a la pena máxima en septiembre. El fiscal que investigó el caso lo definió como el asesino serial “más prolífico”. Había matado desde adolescente.

Axel Joel Mattos, el líder de Los Colorados, un grupo criminal que disputa el mercado tradicional de venta de drogas. Él esta guerra personalmente. En octubre de 2024 fue asesinado su hijo, un bebé de un año, sobre un pasillo angosto de Cerro Norte. El ataque iba dirigido hacia él.

Eduardo Félix Farías y Raimundo de Souza, dos integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y de la banda que planificó el “robo del siglo”, como se conoció al intento de ingresar a una sucursal de BBVA del casco histórico de Montevideo.

La lista de “líderes narcos” mencionada por Negro se completaba por: Fiorella Albín; Carlos Damián Araújo; Matías Suárez Barbero –de la banda Los Calidad, de Casabó–; Andrés Díaz –perteneciente a los Puglia–; Santiago Nicolás Rosa, el Dibu –de la zona metropolitana de San José–, Gustavo Edgardo Casari, Piolín –detenido recientemente–, Gabriel Jiménez Mattos –también de los Colos–; Kevin Moroto –conocido por varios episodios y delitos de homicidio, Emanuel Pintos, Manu; Agustín Cuello –perteneciente a los Fraga, de La Cruz de Carrasco–, Diego Ezequiel Carballo –de los Priti–; Marcelo Surraco; y Ruben Darío Goncalves, alias el Sapo, de la zona del Marconi.

“Estos son solo algunos nombres de las personas que fueron detenidas en este período. Cada una de ellas ocupa importantes lugares en las estructuras criminales atacadas”, describió Negro después de mencionar a cada uno de ellos.

El ministro del Interior mencionó también varios líderes que fueron capturados en el interior del país.

En Maldonado, por ejemplo, fueron apresados los principales líderes de las organizaciones de la zona, como Nicolás Montelongo Porley, líder de la organización, vinculado a los Patas Blancas. Se estima que decenas de bocas de venta de droga en todo el departamento eran abastecidas por esta organización.

El Tonga, como se conoce a Mario Gastón Fernández Pascal, era uno de los principales líderes del Primer Comando de la Frontera, que operaba en los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja y Canelones.

Tras mencionar estos –y otros nombres–, el ministro insistió con la explicación de que muchos homicidios ocurren “en contextos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico”. “Muchas de las personas asesinadas tenían importantes antecedentes delictivos”, expresó.

“En este punto quiero ser muy claro: el ‘¡Que se maten entre ellos!’ no puede ser una respuesta del Estado. No podemos aceptar que haya muertes que nos importen menos por quienes son sus víctimas o por las circunstancias en las que ocurren. Cada homicidio nos interpela como Estado y como sociedad, y frente a cada uno tenemos la misma responsabilidad: investigar, esclarecer y trabajar para evitar que vuelva a ocurrir un hecho similar. Ninguna vida puede quedar fuera de la responsabilidad del Estado”, expresó el ministro.

Negro dijo que el objetivo del gobierno es “perseguir a los autores” de los homicidios y seguir la ruta del dinero, “la causa definitiva del tráfico y de las muertes”.

Los operativos realizados

Uno de los operativos que puso en marcha el Ministerio del Interior para capturar a estos delincuentes se denominó Atenea. Negro explicó que está orientado a “la presencia policial, el patrullaje y la investigación en zonas de alta exposición de violencia letal”. En los cuadrantes donde se aplica esta intervención, los homicidios se redujeron un 42% y las personas heridas por arma de fuego un 27%, según las cifras oficiales.

El operativo Argos, en tanto, está pensado como un complemento de este trabajo en áreas con homicidios recientes, personas heridas y balaceras. Un tercer operativo es el Dominó que “aporta una respuesta inmediata en territorios en conflicto luego de hechos de violencia armada”.

Negro informó que en Maldonado se han realizado 130 allanamientos tras los cuales hubo 140 imputados o condenados por la Justicia. Varias de las bocas de drogas allanadas fueron tapiadas o demolidas y se incautaron 90 armas de fuego, más de 85 kilos de cocaína y pasta base y más de 30 kilos de marihuana.

Claudia Sheinbaum se encuentra ante un dilema de dimensiones mayúsculas: la Presidenta debe decidir si finalmente combate la corrupción dentro de Morena o el narcotráfico terminará de controlar -cada vez más- a quienes componen el partido gobernante en México.

La detención del ex fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, creó una importante grieta en su gobierno y provocó una cascada de reproches internos que no termina. Un bando quiere que el ex funcionario continúe confinado por largo tiempo en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde actualmente se halla detenido. Otro, denuncia la injusticia a la que es sometido por combatir al narco.

Para Sheinbaum el caso se encuentra en una encerrona. Sobre todo por la presión de dirigentes de Morena que están buscando silenciar al fiscal. Son dirigentes chihuahuenses como nacionales. Jáuregui Moreno autorizó un operativo contra un laboratorio narco en ese estado, pero un accidente destapó la identidad de agentes involucrados en la misión. Frente a eso, la gobernadora de Chihuahua -María Eugenia Campos Galván, opositora a la presidenta- entregó al fiscal a las autoridades nacionales presionada por sus propios rivales en el estado.

“Jáuregui no ocultó nada. Ni a las autoridades ni al público: al día siguiente del operativo publicó imágenes del narcolaboratorio y de quiénes participaron, resguardando su identidad”, señala un allegado. Las fotos pueden descargarse aquí.

Fuentes que diseñan la estrategia de la defensa del ex fiscal en comunicación con Infobae explicaron que la cadena de mando -tanto local como federal- conocía al detalle los movimientos del funcionario judicial. Sabían su accionar y su metodología para golpear a bandas criminales locales. “Se hacen los desentendidos por dos cosas: para sacar ventaja política y para aliviar la presión sobre sus socios criminales. Parecería que Sheinbaum no manda en Morena”, dice en off the record un funcionario cercano al denigrado fiscal.

Quienes defienden a Jáuregui Moreno creen que buscan silenciarlo definitivamente y encerrarlo el máximo tiempo posible. “Sabe mucho de muchos”, avisan. También creen que buscan que sea “un ejemplo”: esto es lo que sucede al que va contra el narco. A tal punto llegó ese silenciamiento que a los abogados defensores les negaron acceso a información confidencial que la fiscalía acusadora dice tener contra el acusado. ¿El derecho a la defensa tiene un código propio en Chihuahua? “Un código mafioso”, dicen algunos.

La causa en su contra fue estructurada detalladamente durante meses por dirigentes de Morena y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). El pasado 17 de octubre finalmente fue detenido. En su estado lo acusan de ejercicio ilegal del servicio público. Pero algún consejero de Morena le susurró a Sheinbaum la conveniencia de que fuera acusado de “traición a la patria” y así se instruyó. Podrían significar 30 años de prisión.

“¿Traición a la patria? Absurdo. Fue todo tan transparente que hasta se conocieron por Facebook las imágenes de la misión", recuerdan.

La acusación deriva del golpe a un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril en el cual se desmantelaron dos laboratorios donde se producían drogas sintéticas. En el regreso de ese operativo, una camioneta del convoy se despistó, cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua y se prendió fuego, lo que provocó la muerte de cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y dos empleados de la Embajada de los Estados Unidos en México.

Todos, tanto las autoridades locales de Chihuahua como los de la FGR tenían conocimiento de quiénes formaban parte de la arriesgada misión. También los popes máximos de seguridad nacional. “Ahora dejan en soledad a quienes se arriesgaron”, se quejan también militares que prefieren el anonimato. Ese desamparo, creen incluso informantes de la propia Morena, fue para proteger a bandas criminales de las investigaciones de Jáuregui Moreno.

Culpas y más culpas

Sheinbaum parece no dimensionar el problema que está agitando. O lo disimula. Responsabilizó a la gobernadora Campos por el accionar contra el ex fiscal pero al mismo tiempo se supo que fue la Presidenta quien le ordenó que ponga a disposición las herramientas estatales para detenerlo. “Proceda”, habría sido la instrucción luego de que Campos le señalara -sin aportar datos ni pruebas- que Jáuregui Moreno era “corrupto y tenía casinos”.

Sheinbaum y Campos cruzan constantes acusaciones. Intentan desentenderse -tanto una como la otra- de lo ocurrido y de sus responsabilidades. “Fue ella; no, fue ella”. Herencia política de otro prefecto que quedó en la historia por una actitud idéntica: Poncio Pilato. El narco sonríe.

Campos, miembro del Partido Acción Nacional, está enfrentada con grandes facciones de Morena en Chihuahua. Muchos sospechan que el partido nacional no sólo intenta proteger sus vínculos con elementos presuntamente ligados al narco, sino que además trata de generar una crisis institucional en el estado para golpear a la gobernadora políticamente.

A nivel nacional, el partido es conducido por Ariadna Montiel, quien también es centro de cuestionamientos por el accionar de Morena en este caso. En tanto, a nivel local, la dirigente que conduce a esa facción opositora en Chihuahua es Brighite Granados de la Rosa. ¿Qué grado de involucramiento tienen en la persecución a Jáuregui Moreno? “Absoluta, también son parte”, dice una fuente.

En tanto, el ex fiscal resiste en prisión. “Gracias a todos por su apoyo. Estoy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y siempre me esforzaré por estar a la altura de las expectativas. Les mando abrazos a todos y espero verlos pronto”, escribió el exfuncionario en una hoja rayada de cuaderno, con tinta roja de acuerdo a un perfil de Facebook que suma adhesiones en su favor.

X: @TotiPI

De acuerdo con la información oficial divulgada por Migración Colombia, el procedimiento, que se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, contó con coordinación del Servicio de Seguridad Interior de Francia y del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades hicieron efectiva la orden internacional contra el extranjero, que deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional señaló que la operación se desarrolló dentro de las acciones contra redes de crimen organizado transnacional.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales para una eventual extradición.

Según la Dijín, “Tommy” se habría instalado “estratégicamente” en el Eje Cafetero para establecer contactos con estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que el ciudadano neerlandés habría coordinado desde esa zona la logística para el transporte de cargamentos de droga hacia puertos europeos.

De acuerco con su declaración, el investigado ya tendría una lista de alianzas con organizaciones locales para el envío de estupefacientes.

Capturaron en Pereira a alias El Viejo, colombiano requerido por Perú con circular roja de Interpol

Además de este caso, un colombiano identificado como José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, fue capturado en Pereira (Risaralda) tras ser requerido por las autoridades de Perú para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. El hombre tenía una notificación roja de Interpol vigente desde el 23 de mayo de 2025.

El Ejército Nacional informó que el procedimiento se realizó el 29 de octubre, cerca de las 7:00 p. m., como parte de una operación coordinada entre la Quinta División, el Gaula Militar Eje Cafetero, la Octava Brigada, el Batallón de Alta Montaña N.º 2 (Baime 2) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades señalaron que Tobón estaría vinculado con el grupo armado organizado residual (GAO-r) Carolina Ramírez y con una estructura conocida como Alianza del Perú.

De acuerdo con la investigación de las autoridades peruanas, alias El Viejo sería uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada a financiar, adquirir, acondicionar y transportar pasta básica de cocaína hacia mercados internacionales.

La información conocida indica que una de las operaciones atribuidas a esa red habría consistido en el envío de droga oculta entre granos de café. El cargamento tenía como destino final Róterdam, en Países Bajos, y habría salido a través del puerto de Paita, en Perú.

El requerimiento judicial contra Tobón establece que podría cumplir una pena de hasta 25 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, según los datos de Interpol citados por las autoridades.

Siete extranjeros requeridos por seis países fueron expulsados de Colombia

Por otro lado, la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia entregó a siete ciudadanos requeridos por Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos para responder por procesos relacionados con narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, lavado de activos y falsedad documental.

Los procedimientos se realizaron el 28 y 29 de octubre, con apoyo de la Dijín, Migración Colombia y autoridades de los países solicitantes. Los requeridos viajaron en vuelos comerciales bajo custodia internacional.

Entre los entregados figura el venezolano Adolfredo Rafael Matos Gonzáles, conocido como “El Monstruo del modelaje”, requerido en Venezuela por delitos contra la integridad sexual de menores. También fue enviado a España Édgar Germán Montoya Montoya, solicitado por acceso carnal violento.

El colombiano Óscar David Galindo Caraballo fue trasladado a Estados Unidos, donde deberá responder por concierto para delinquir y narcotráfico. A Francia fue entregado el ciudadano Edouard David Joseph Chavanne, requerido por presunto lavado de activos.

La lista incluyó además al venezolano Ender Emanuel Alvarado Contreras, solicitado por homicidio; al ecuatoriano Heraldo William Rosero Tacán, investigado por un delito sexual contra una menor; y a la ciudadana taiwanesa Po Ya Lin, requerida en Argentina por falsedad documental y encubrimiento.

Según la información divulgada por la Presidencia de la República, entre el 7 de agosto y el 11 de octubre, la Dian logró 4.259 incautaciones de mercancía ilegal por un valor superior a $151.000 millones.

Conforme a la información oficial, dicha cifra representó un aumento del 82,6% frente al mismo lapso del gobierno anterior, cuando las retenciones alcanzaron cerca de $83.000 millones.

Por ende, Velásquez afirmó que las conductas investigadas “comprometen la sostenibilidad fiscal, la seguridad nacional, la salud pública y la competencia leal y el desarrollo económico de nuestro país”.

“Estas conductas interconectadas se nutren de recursos ilícitos, se articulan con estructuras criminales, nacionales e internacionales y exigen, por lo tanto, una respuesta armónica y contundente por parte de las instituciones del Estado”, dijo en el video que compartieron desde la Presidencia.

La respuesta es la elaboración de propuestas que serán trabajadas con el Ministerio de Hacienda. Para este fin, ambas instituciones buscarán adecuar el contexto jurídico frente a delitos transnacionales, cibercriminalidad y estructuras dedicadas a actividades ilegales.

El director de la Dian indicó que los controles apuntarán a frenar tránsitos no autorizados de maquinaria amarilla, drones, precursores químicos, medicamentos desviados para la fabricación de drogas sintéticas y gasolina destinada al procesamiento de insumos del narcotráfico.

También mencionó la producción y exportación ilegal de oro y minerales estratégicos, además de las exportaciones ficticias.

El plan de la entidad contempla la recuperación de cartera, la lucha contra la evasión y la facilitación del cumplimiento tributario. Sobre el primer punto, Velásquez sostuvo que la Dian buscará priorizar los cobros e incentivar la normalización de obligaciones pendientes.

En materia de fiscalización, anunció que la entidad cruzará información sobre activos en el exterior, facturación electrónica, documentos electrónicos, datos exógenos y criptoactivos para detectar operaciones que puedan estar vinculadas con la evasión fiscal o el contrabando.

El alto funcionario indicó que la administración busca simplificar los trámites y mejorar la relación con los contribuyentes.

Estados Unidos y aduanas europeas participarán en la cooperación

Velásquez también destacó la cooperación con autoridades internacionales para combatir las redes asociadas al contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico.

Según su declaración, Estados Unidos está participando en el plan a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). La Dian también trabaja con las aduanas de Suecia, España y Países Bajos, además de la Dirección de Antinarcóticos y Migración Colombia.

El motivo de esto es poder implementar “la cultura tributaria y el cumplimiento de nuestras obligaciones”, que serán “el camino correcto para garantizar la seguridad, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo de nuestra patria”.

Los operativos que tienen a las autoridades ideando estrategias

De acuerdo con el funcionario, los operativos de mayor valor se concentraron en mercancías como textiles, confecciones, cigarrillos, productos de tabaco, maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos. Las acciones se realizaron principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Maicao.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en Cali entre el 24 y el 27 de septiembre. Allí, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) intervinieron una bodega clandestina en la que, según Velásquez, se aprehendió mercancía por $38.520 millones.

El operativo incluyó el hallazgo de más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, productos de perfumería y juguetes.

La segunda operación se desarrolló el 29 y 30 de septiembre, con 992 verificaciones simultáneas en depósitos públicos y lugares de arribo de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Ipiales y Medellín.

La tercera acción ocurrió el 20 de octubre en la vía Bosconia-El Paso, en el departamento del Cesar. Según la declaración del director, funcionarios de la Dian retuvieron una tractomula que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de $4.130 millones.

“El resultado de estas tres acciones: 132 medidas cautelares valoradas en más de $14.675 millones”, señaló Velásquez. Entre esas medidas incluyó aprehensiones, retenciones temporales y suspensiones de operación.

Durante los procedimientos, además, fueron aprehendidos dos sospechosos: Mario Hipólito Peralta, de 39 años, y Ariana Viviana Abigail Jiménez, de 22. Ambos, según el reporte policial, serían parte de la organización que era dirigida por Claudio Nahuel Jesús Ledesma Blanco, alias “El Gendarme”, un preso alojado en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica.

La investigación puso el foco en una vivienda de Ciudad Evita conocida entre vecinos del barrio como “La Ventanita”. Allí, de acuerdo con el expediente, se vendían estupefacientes a través de una abertura de la casa, incluso solían formarse largas filas de compradores, tal como se observa en uno de los videos que encabezan esta nota.

Frente a ese lugar había otra propiedad que fue tomada por integrantes de la banda y que funcionaba como punto de apoyo, guarda de armas y custodia.

Según fuentes policiales, Ledesma Blanco mantenía contacto con sus secuaces desde el penal y les daba órdenes por teléfono. En su celda se encontraron tres celulares con líneas activas y conexión de datos.

En los domicilios allanados secuestraron 2.526 dosis de pasta base, 515 envoltorios de cocaína listos para la venta y cerca de $ 5 millones en efectivo. También había balanzas y otros elementos para cortar y fraccionar la droga, además de anotaciones, cuatro handies y varios teléfonos celulares.

El arsenal encontrado incluyó una escopeta Maverick calibre 12 cargada con seis cartuchos, una pistola ametralladora con numeración suprimida y cargador extensible, una pistola Bersa calibre .22 sin numeración y dos Bersa calibre 9 milímetros con numeración limada. Había municiones calibre 12, 9 milímetros, .40, .22 largo y .22 corto.

En una de las casas también apareció una granada activa. Peritos en explosivos la detonaron de forma controlada y en un sector apartado, ante el riesgo que representaba para los vecinos y las propiedades cercanas.

Los agentes incautaron, además, dos chalecos antibalas que tenían pedidos de secuestro vigentes por causas de hurto y robo, junto con una pechera con la inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En la causa, caratulada como infracción a la Ley 23.737, interviene el Juzgado Federal de Morón N°3, a cargo de Leonardo Julián Cano.

El antecedente de “El Gendarme”

No es la primera vez que Ledesma Blanco queda bajo la lupa por comandar delitos desde una cárcel bonaerense. En marzo de 2025, otra investigación lo ubicó como uno de los jefes de una banda que operaba en el barrio Villegas, también en Ciudad Evita.

En ese expediente, el acusado aparecía ligado a Oscar Riveros, alias “El Mono”, y Jonathan Ulloa, conocido como “Ratita”. La acusación era prácticamente la misma: el grupo expulsaba a vecinos a los tiros de sus casas y departamentos para usarlos como aguantaderos, puntos de venta de droga o para alquilarlos y revenderlos.

En aquella causa, la Policía Bonaerense hizo 50 allanamientos y requisó la celda de Ledesma Blanco, quien entonces estaba detenido en el penal de Magdalena. Hubo 17 arrestados y el secuestro de armas, más de mil municiones, chalecos antibalas, drogas, efectivo y 28 teléfonos celulares.

La banda también fue vinculada con fiestas clandestinas en el monoblock 8 del barrio Villegas, donde habían instalado una pileta sobre un espacio público. El lugar fue clausurado.

El ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, conocido como “Baco”, habría pactado el pago de $1.200 millones para obtener su libertad mediante un hábeas corpus en Bogotá, pese a que era requerido por narcotráfico y estaba pendiente su extradición a Países Bajos.

El caso derivó en la captura de una jueza, un funcionario judicial y una abogada, señalados de integrar un presunto entramado de corrupción.

La investigación se concentra en un primer desembolso de $600 millones, que la Fiscalía relaciona con la asignación del recurso al despacho que concedió la libertad. Durante las audiencias fueron exhibidas fotografías de paquetes de dinero y billetes de $100.000, según El Colombiano.

Van der Voort permanecía recluido en la cárcel La Picota desde febrero de 2026, cuando fue detenido en Colombia por una notificación roja de Interpol. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había emitido concepto favorable para entregarlo a las autoridades de Países Bajos.

La ruta de cocaína entre Colombia, Ecuador y Europa

De acuerdo con información recopilada por El Colombiano, Van der Voort residía en Medellín desde 2016 y figura en expedientes de Países Bajos sobre una organización dedicada al envío de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia puertos europeos. La estructura habría usado contenedores de productos agrícolas, especialmente frutas, para ocultar los cargamentos.

Las pesquisas ubicaron parte de la logística en Medellín y Cali, mientras que Ecuador aparece como uno de los puntos de salida de mercancías contaminadas con cocaína. El análisis de comunicaciones cifradas en 2025 permitió establecer vínculos entre presuntos integrantes de la red y abrió líneas de investigación sobre movimientos financieros y comerciales.

Los antecedentes también incluyen indagaciones por posibles fraudes, extorsiones y preparativos de secuestros vinculados con Kinky.nl, una plataforma de anuncios de servicios para adultos presente en Países Bajos y Bélgica.

Un parqueadero en Envigado bajo revisión

Durante su estadía en Antioquia, Van der Voort constituyó en agosto de 2019 el establecimiento comercial Rotterdam, un parqueadero situado en Envigado. El negocio comenzó con un capital de $2,5 millones y para 2023 habría declarado ingresos cercanos a $310 millones, según el medio de comunicación.

La actividad incluía operaciones con vehículos, entre ellos automotores de alta gama. La Fiscalía analiza si algunos de esos movimientos sirvieron para circular recursos de origen ilícito.

El neerlandés también se casó con una colombiana relacionada con un establecimiento identificado en la investigación como Lotus Spa 010. La mujer inició luego un proceso de separación matrimonial, tras la captura de Van der Voort.

El hábeas corpus y el presunto direccionamiento del reparto

La jueza Miryam Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, ordenó la libertad inmediata de Van der Voort el 13 de junio de 2026. Antes, dos solicitudes de hábeas corpus habían sido rechazadas por el Juzgado 47 Penal del Circuito y el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá.

Según la Fiscalía, después de esos rechazos la abogada Emperatriz Herrera Cuenca habría contactado a Martínez López y a Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, para que una nueva solicitud llegara al despacho de la jueza.

Uno de los encuentros bajo investigación ocurrió el 4 de junio de 2026 en Paloquemao. La acusación sostiene que Herrera Cuenca se reunió con Martínez López y se comunicó con Van der Voort sobre el trámite que buscaba sacarlo de prisión.

El Colombiano mencionó que la hipótesis señala que el dinero fue entregado en el centro comercial Mall Plaza, en Bogotá, por personas cercanas al neerlandés. Garavito Mejía habría facilitado la presentación del recurso durante un fin de semana en el que Martínez López estaba de turno, con el fin de evitar que fuera repartido a otro juzgado.

En uno de los audios exhibidos durante la diligencia, una voz atribuida a Herrera Cuenca afirmó: “Yo ya pagué el reparto, yo lo pagué de mi bolsillo”. La Fiscalía indicó además que, al día siguiente del supuesto pago, Martínez López envió a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos de Van der Voort.

La jueza consideró que habían transcurrido 109 días desde la captura sin una definición sobre la extradición. A su juicio, el plazo superaba el límite de 60 días aplicable al caso. También cuestionó elementos del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia.

El Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó posteriormente el hábeas corpus y dejó sin efecto la orden de libertad. Para la Fiscalía, Martínez López no tenía competencia para resolver la solicitud y su decisión fue manifiestamente contraria a la ley.

Martínez López, Garavito Mejía y Herrera Cuenca fueron capturados el 27 de octubre de 2026 por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en operativos en Bogotá y Cota, Cundinamarca. La Fiscalía les imputó cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la jueza le atribuyó además el delito de prevaricato por acción.

Ninguno aceptó los cargos. Martínez López negó los señalamientos y afirmó que los jueces están expuestos a investigaciones penales y disciplinarias por las decisiones que firman. También sostuvo que buscó ejercer una recta administración de justicia y que no recibió a tiempo una respuesta de un funcionario de la Corte Suprema durante el fin de semana en que estudió el recurso.

El expediente tiene un antecedente en marzo de 2018, cuando Martínez López concedió la libertad a Pedro Aguilar, exdirigente camionero investigado por el llamado cartel de la chatarrización. La investigación disciplinaria posterior no declaró responsabilidad de la jueza, mientras Aguilar recibió después una condena de 10 años de prisión.

Van der Voort continúa detenido en Colombia mientras avanza su proceso de extradición a Países Bajos.

Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, encabeza La Mayiza tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro de sus operadores cercanos por presuntamente sostener la presencia de la facción del Cártel de Sinaloa en México.

La reconfiguración ocurre en medio de la disputa con Los Chapitos por Culiacán y las rutas del noroeste para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. La facción rival está encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En Tijuana, La Mayiza mantiene el control territorial mediante los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “Aquiles” y “La Rana”, quienes ya habían sido sancionados por autoridades estadounidenses. Ambos llevan alrededor de 15 años al frente de esa plaza, con una estructura basada en violencia, alianzas y corrupción política y policiaca.

Cuatro operadores cercanos a Mayito Flaco fueron sancionados

El Departamento del Tesoro identificó a Hildegardo Gastélum García, “Aldo”; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”; Francisco Javier Mendoza Uriarte, y Lorenzo Castillo Maldonado como hombres de confianza de Zambada Sicairos.

Gastélum García sería uno de los principales asesores del líder de La Mayiza. Las autoridades de Estados Unidos lo describen como un narcotraficante de alto rango que estaría al frente de varios hoteles en Culiacán, Sinaloa, utilizados presuntamente para lavar recursos procedentes del tráfico de drogas.

“Aldo” también financiaría la confrontación de La Mayiza contra Los Chapitos con ganancias de actividades ilícitas, de acuerdo con los señalamientos del Tesoro estadounidense.

Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”, tendría la tarea de proteger a la cúpula de la organización durante la guerra contra Los Chapitos y otros grupos. Antes de ponerse bajo las órdenes del Mayito Flaco, trabajó para “El Mayo” Zambada y controlaba territorio en Baja California como jefe de una célula.

Tras la captura del patriarca del grupo, Mendoza Uriarte y su hermano Francisco Javier se habrían incorporado a la estructura de Zambada Sicairos. El Tesoro indica que “El Güero Chompas” da instrucciones directas a Lorenzo Castillo Maldonado, responsable de la seguridad del jefe de La Mayiza.

Castillo Maldonado no solo sería guardaespaldas del Mayito Flaco. También habría formado una red de alianzas con bandas locales para conseguir sicarios, trasladar droga entre plazas y lavar dinero.

El presunto operador cumplía una condena de cadena perpetua en prisión, pero personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa habrían sobornado a funcionarios mexicanos para obtener su liberación. Después de salir de prisión, habría creado la red de apoyo criminal que le permitió fortalecer su posición dentro de la facción.

Francisco Javier Mendoza Uriarte es el integrante menos conocido de este grupo. Su función sería principalmente administrativa: trabajó como secretario de “El Mayo” Zambada, aunque las autoridades estadounidenses no detallaron las tareas que desempeñaba en ese cargo.

La guerra con Los Chapitos se extiende a varias entidades

La captura de Ismael Zambada dejó a La Mayiza con varios frentes abiertos. Desde mediados de 2025, Los Chapitos tendrían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que históricamente ha sido adversaria de la facción vinculada con “El Mayo”.

El CJNG aportaría dinero, armas y sicarios a Los Chapitos en el sur de Sinaloa y en zonas de Chihuahua y Durango. Esa cooperación fortalecería la disputa por rutas y territorios usados para enviar droga a Estados Unidos.

InSight Crime menciona a Los Cabrera, grupo originario de Durango, así como a brazos armados como Los Rusos, Los Ántrax y Flechas MZ, entre las estructuras que permiten a La Mayiza conservar presencia en Baja California.

También existen reportes sobre un presunto acuerdo con “El Chapo Isidro”, del Cártel de Guasave. La publicación especializada advierte que no está claro el alcance ni la vigencia de esa posible alianza.

La frontera de Baja California representa una pieza central para el control de las rutas hacia Estados Unidos. En Mexicali, la plaza está dominada por Los Rusos, subfacción de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala cuestionó la celebración de quince años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle, y pidió “tolerancia cero” frente a los vínculos entre narcotráfico y política.

En una serie de publicaciones difundidas este viernes, la representación estadounidense sostuvo que los guatemaltecos merecen “calles seguras y autoridades honestas”. En ese sentido, señaló que la jefa comunal celebró una fiesta “de lujo valorada en millones”, en alusión al evento que quedó bajo escrutinio público por su despliegue y por los antecedentes judicialesde su entorno familiar.

“Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una ‘narcoquinceañera’ de lujo valorada en millones”, expresó la sede diplomática en su primer mensaje.

La misión también se refirió al esposo de la alcaldesa, Sergio Fernando Cifuentes, a quien identificó como una persona condenada en EE.UU. por narcotráfico. En otra publicación, vinculó el caso con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cuñado de la funcionaria y requerido por la justicia.

“El esposo de la alcaldesa fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su querido cuñado, ‘Haroldito’, es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala”, escribió la sede diplomática. Y agregó: “Nuestra tolerancia: Cero. Punto”.

Las publicaciones constituyen un pronunciamiento directo de Estados Unidos sobre una celebración privada que abrió interrogantes por su costo y sus fuentes de financiamiento. La fiesta se realizó el sábado 24 de octubre en Chiquimula y tomó relevancia en redes sociales por las imágenes de carruajes, fuegos artificiales, flores importadas, artistas invitados y otros servicios de lujo.

Según informó La Hora, hasta la fecha no existía información pública que permitiera determinar el costo total de la recepción ni establecer el origen de los recursos utilizados.

Piden supervisar las candidaturas municipales en 2027

En una tercera publicación, la Embajada amplió el alcance político de su pronunciamiento y exhortó a que la supervisión de los candidatos sea amplia. “De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal”, afirmó.

“Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia”, señaló la representación, antes de convocar a mantener “TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos”.

EE.UU. mantiene una recompensa de hasta USD 5 millones por “Haroldito”

Además, la Embajada compartió la ficha de búsqueda de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, emitida por el Departamento de Estado el 25 de marzo de 2025. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta USD 5 millones por información que permita su arresto o condena.

De acuerdo con la ficha oficial, Haroldo pertenece a la familia Lorenzana, una estructura dedicada al narcotráfico con base en La Reforma, Guatemala. Las autoridades estadounidenses aseguran que la organización mantuvo vínculos con grupos de narcotráfico mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado detalló que la investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) derivó en dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia. La primera fue presentada en junio de 2017 y la acusación sustitutiva, en junio de 2023. En esta última, Lorenzana Terraza fue acusado de dirigir una empresa criminal continua, junto con otros cuatro coacusados.

La ficha lo identifica con los alias “Haroldito”, “Chukito”, “Justino” y “Salvador Ferragamo Stafano”.

/mexico/2026/10/31/detiene-a-irineo-molina-espinoza-exalcalde-de-tuxtepec-por-desvio-de-23-millones-de-pesos/

/mexico/2026/10/31/tribunal-revoca-vinculacion-a-proceso-contra-el-exboxeador-erik-el-terrible-morales-por-abuso-sexual-agravado/

/mexico/2026/10/31/fbi-estaria-investigando-a-cuauhtemoc-blanco-desde-finales-de-2024-revela-el-periodista-jose-luis-montenegro/

/mexico/2026/10/31/el-cobro-de-piso-en-veracruz-va-de-las-tragamonedas-a-las-amenazas-contra-las-familias-asi-operan-las-extorsiones/

/mexico/2026/10/30/ines-gomez-mont-por-que-huyo-de-mexico-y-la-razon-de-su-detencion-en-estados-unidos/

/mexico/2026/10/30/el-mataperros-de-la-condesa-es-trasladado-al-reclusorio-preventivo-norte-juez-definira-su-situacion/

/mexico/2026/10/30/siete-personas-habrian-sido-secuestradas-en-la-sierra-de-chihuahua-la-fiscalia-estatal-investiga-el-reporte-y-desplego-operativo-de-busqueda/

/mexico/2026/10/30/fgr-confirma-colaboracion-con-eeuu-para-captura-de-ines-gomez-mont-en-miami/

/mexico/2026/10/30/capturan-a-ines-gomez-mont-en-florida-lleva-anos-profuga-de-la-justicia-mexicana/

/mexico/2026/10/30/policias-de-la-cdmx-rescatan-a-hombre-que-se-prendio-fuego-e-intento-arrojarse-en-la-glorieta-de-insurgentes/

/mexico/2026/10/30/dan-12-anos-de-prision-en-eeuu-a-ciudadano-chino-que-ayudo-al-cjng-a-traficar-droga-y-lavar-dinero/

El nombre de Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, quedó formalmente ligado ante la justicia de Estados Unidos a uno de los narcotúneles transfronterizos descubiertos este año entre México y California. Un gran jurado federal de San Diego lo acusó de diseñar y construir el pasadizo presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para introducir drogas a territorio estadounidense.

/mexico/2026/10/30/eeuu-acusa-a-el-ingeniero-mexicano-senalado-por-construir-narcotunel-del-cjng-en-tijuana/

La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas dio a conocer, por medio de redes sociales, que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región.

Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

/mexico/2026/10/30/captura-de-el-titan-y-narcobloqueos-provocaron-el-despliegue-de-casi-500-militares-y-de-dos-helicopteros-black-hawk-en-matamoros/

En 1993, el rostro de Joaquín “El Chapo” Guzmán era prácticamente desconocido para México. Un cardenal muerto a tiros en el aeropuerto de Guadalajara cambió eso: aquella tarde del 24 de mayo, Jacobo Zabludovsky presentó en el noticiero 24 Horas el primer retrato hablado del narcotraficante sinaloense, junto con una recompensa de cinco millones de dólares.

El documental Operación Cisne Negro, estrenado el 27 de octubre de 2026 en la plataforma Vix, recupera ese fragmento de archivo como el instante en que el fantasma se volvió rostro.

/mexico/2026/10/30/la-primera-vez-que-mexico-vio-la-cara-de-el-chapo-guzman-asi-lo-revelo-jacobo-zabludovsky/

Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre; sin embargo, el caso comenzó a recibir cobertura nacional al día siguiente.

/mexico/2026/10/30/asesinan-a-expolicia-y-luchador-frente-a-su-esposa-e-hijos-en-quintana-roo/

Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

Las cinco estructuras han sido designadas organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos recibieron esa designación el 20 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump; el Cártel de Juárez fue designado el 16 de julio de 2026.

/mexico/2026/10/30/cinco-carteles-mexicanos-designados-terroristas-por-eeuu-reciben-duros-golpes-en-4-dias/

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

La detención de este jueves desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

/mexico/2026/10/30/el-titan-del-cartel-del-golfo-el-historial-criminal-que-llevo-a-su-nueva-detencion-a-dos-anos-de-su-polemica-liberacion/

La docuserie La caída de El Mayo, disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2026, reconstruye en su primer episodio “El Señor del Sombrero” uno de los episodios menos contados del Cártel de Sinaloa: el secuestro de uno de los gemelos Flores en México, el encuentro que siguió con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la posterior presentación ante Ismael “El Mayo” Zambada, los mismos capos a quienes años después traicionarían desde adentro ante el gobierno de Estados Unidos.

Los hermanos Margarito y Pedro Flores, nacidos en el barrio de Little Village en Chicago, confesaron haber movido más de 60 toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas como los principales distribuidores del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos. En 2008, cuando cooperaron con autoridades estadounidenses, su testimonio derivó en acusaciones formales contra más de 50 narcotraficantes, incluyendo al propio Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada.

/mexico/2026/10/30/docuserie-de-netflix-revela-como-un-secuestro-llevo-a-los-gemelos-flores-a-ser-socios-de-el-chapo-y-el-mayo-a-quienes-despues-traicionaron/

Los detenidos afrontarán procesos por narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, blanqueo de capitales, falsedad documental y encubrimiento. Según la información oficial, los traslados se efectuaron en vuelos comerciales, con custodia de funcionarios de las autoridades internacionales que recibieron a cada requerido.

La operación incluyó a ciudadanos de Taiwán, Ecuador, Venezuela y Francia, además de dos colombianos solicitados por España y Estados Unidos.

Dos extraditados deberán responder por delitos sexuales en España y Venezuela

Uno de los entregados fue Édgar Germán Montoya Montoya, requerido por la Audiencia Provincial de Madrid por el delito de acceso carnal violento. De acuerdo con el reporte conocido, las autoridades españolas lo señalan de haber realizado tocamientos y de haber accedido abusivamente a un menor de edad. Interpol España asumió su custodia para trasladarlo en un vuelo comercial.

El ciudadano venezolano Adolfredo Rafael Matos Gonzáles, conocido como “El Monstruo del modelaje”, también fue enviado a su país de origen. El Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del estado Zulia lo requiere por delitos contra la integridad sexual de menores.

Las investigaciones citadas por la Policía Nacional indican que Matos Gonzáles habría utilizado una escuela de modelaje como fachada para captar y fotografiar a sus víctimas. La acusación sostiene que publicó material íntimo en páginas pornográficas y que abusó de seis niñas. Interpol Venezuela recibió al requerido para que continúe el proceso judicial en ese país.

La lista incluyó a otro ciudadano venezolano, Ender Emanuel Alvarado Contreras, solicitado por el Tribunal de Control No. 3 del estado Yaracuy por homicidio. Según el requerimiento, habría atacado a una persona con un arma cortopunzante y le causó heridas que derivaron en su muerte.

También fue entregado a Ecuador Heraldo William Rosero Tacán, requerido por una Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer. Las autoridades ecuatorianas lo investigan por acceso carnal violento contra una menor de edad, un caso en el que, según la información oficial, habría empleado la fuerza y cometido abusos de manera reiterada.

Estados Unidos solicitó a un colombiano por narcotráfico y concierto para delinquir

Óscar David Galindo Caraballo fue extraditado a Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la justicia por delitos relacionados con concierto para delinquir y narcotráfico. La entrega se formalizó ante agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, conocido como U.S. Marshals.

El caso de Galindo Caraballo concentró el componente de narcotráfico de la jornada de extradiciones. La Policía no detalló en la información entregada el lugar de la investigación ni los hechos concretos que sustentan el requerimiento estadounidense, pero indicó que el ciudadano colombiano deberá enfrentar juicio en ese país.

En Francia, las autoridades de Lyon esperan a Edouard David Joseph Chavanne, ciudadano francés requerido por blanqueo de capitales. El expediente judicial está relacionado con presuntos fraudes fiscales, trabajo no declarado y abuso de confianza. Interpol Francia recibió al detenido luego de su salida de Colombia.

Por su parte, la ciudadana taiwanesa Po Ya Lin fue entregada a Interpol Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 3 la requiere por falsedad en documento y encubrimiento, dentro de un proceso en el que se le señala de haber adquirido un vehículo de procedencia ilícita y de utilizar documentación pública falsa.

Nueve personas salieron de La Picota hacia el hangar de la DEA

En un procedimiento paralelo, el Inpec trasladó durante la madrugada del viernes a nueve personas desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota hasta el hangar de la DEA en el aeropuerto El Dorado. El grupo quedó a disposición de las autoridades que adelantan las diligencias de entrega a los países requirentes.

Entre los trasladados figuran Juan Carlos Ojeda Realpe, Jeovanny Aguilar Jiménez, Eduardo Martínez Álvarez, Jean Carlos Ansasoy Narváez, Jeison Stiven Acosta Ansasoy, Werling Palacios Palacios y Óscar Hernando Giraldo Gómez. Las autoridades los vinculan con investigaciones por narcotráfico, concierto para delinquir, tráfico de armas y transporte de cargamentos de droga.

El listado difundido sobre ese traslado también incluyó a Montoya Montoya y Po Ya Lin, quienes aparecen entre los siete ciudadanos cuya extradición fue reportada por Interpol Colombia hacia España y Argentina.

La Policía Nacional señaló que las extradiciones hacen parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional para impedir que personas requeridas en otros países permanezcan o se oculten en Colombia. Los siete casos quedaron en manos de las autoridades judiciales de las seis naciones que formularon las solicitudes.

Los tres drones militares MQ-9A Reaper prestados por Estados Unidos ya llegaron a Colombia para apoyar las operaciones contra grupos armados y redes dedicadas al narcotráfico. Las aeronaves arribaron en contenedores a bordo de una aeronave militar estadounidense, junto con dos helicópteros Black Hawk.

Los equipos serán trasladados y ensamblados en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde se desarrolla el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026. El entrenamiento reúne a militares colombianos y estadounidenses hasta el 11 de noviembre, con el objetivo de intercambiar tácticas y procedimientos para operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas.

La llegada de los Reaper ocurre después de varios meses de trámites entre Bogotá y Washington. El acuerdo contempla el préstamo de tres aeronaves fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, mientras el Gobierno colombiano estudia la posibilidad de adquirir una cuarta unidad con recursos propios.

Los Reaper serán ensamblados y verificados antes de operar

Los drones llegaron desarmados, por lo que personal militar deberá completar el ensamble y las verificaciones técnicas antes de que puedan ser incorporados a misiones de inteligencia. La capacitación de los uniformados nacionales formará parte de las actividades previstas en Tolemaida.

De acuerdo con la información de La FM, el presidente Abelardo de la Espriella visitará el sábado 31 de octubre la base militar, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares. La agenda incluye la supervisión de los ejercicios de entrenamiento y del proceso de instalación de los sistemas no tripulados.

Una vez termine la etapa de entrenamiento y los equipos superen las comprobaciones operativas, las aeronaves podrán apoyar labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en distintas zonas del país. Las autoridades no han precisado en qué regiones operarán ni cuál será el tiempo de permanencia de los sistemas en Colombia.

Los MQ-9A pueden permanecer más de 27 horas en el aire

El MQ-9A Reaper es una aeronave militar no tripulada y pilotada a distancia. Está diseñada para cumplir tareas de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos, reconocimiento y, según su configuración, ataques de precisión.

El sistema mide cerca de 11 metros de longitud y tiene una envergadura de 20,1 metros. Puede operar a una altitud de hasta 15.240 metros y transportar una carga útil de hasta 1.701 kilogramos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que sus operadores controlan la aeronave desde una estación terrestre, con un piloto y un especialista en sensores.

Entre sus principales capacidades figura la autonomía. El Reaper puede mantenerse en vuelo durante más de 27 horas, de acuerdo con especificaciones difundidas por su fabricante. Esa condición permite vigilar durante periodos prolongados corredores estratégicos, movimientos sobre el terreno y zonas de difícil acceso.

Los drones pueden incorporar cámaras de luz diurna, sensores infrarrojos, sistemas de visión nocturna, telémetros, designadores láser y radares de apertura sintética. La información obtenida puede ser enviada en tiempo real a los centros de control mediante enlaces satelitales.

Estas características amplían las posibilidades de las Fuerzas Militares en regiones montañosas, selváticas o fronterizas, donde las condiciones geográficas dificultan la vigilancia aérea convencional y favorecen el desplazamiento de estructuras criminales.

La configuración de armamento para Colombia no ha sido divulgada

Los Reaper también pueden operar como plataformas armadas. La Fuerza Aérea estadounidense señala que este modelo puede transportar misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas GBU-12 Paveway II y GBU-38 Joint Direct Attack Munition.

Sin embargo, no se han conocido detalles sobre la configuración específica con la que operarán los tres drones destinados a Colombia. La llegada de una aeronave con capacidad para emplear armamento no implica que vaya a desarrollar ese tipo de misiones en el país.

Por ahora, la información difundida sobre el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos apunta a que las aeronaves serán empleadas principalmente para fortalecer la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento. Su uso permitiría identificar rutas del narcotráfico, seguir desplazamientos de grupos armados y reunir información previa a operaciones terrestres.

El modelo ha sido utilizado por Estados Unidos en operaciones de vigilancia fronteriza y costera, así como en misiones militares contra organizaciones armadas en distintos países. La capacidad de observar un objetivo durante varias horas lo convirtió en una herramienta recurrente para tareas de seguimiento e identificación.

El traslado forma parte de un despliegue hacia América Latina

La llegada de los equipos a Colombia se conoce semanas después de que The New York Times informara que Estados Unidos trasladaba varios MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, como parte de una estrategia regional contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En el caso colombiano, las gestiones avanzaron durante octubre y el 28 de ese mes se conoció que los documentos requeridos para autorizar su ingreso ya estaban firmados. La incorporación temporal de los drones Reaper refuerza los mecanismos de cooperación militar entre Bogotá y Washington.

El próximo paso será completar su montaje, verificar los sistemas y capacitar a los equipos que asumirán su control antes de que inicien las misiones previstas en territorio colombiano.

Las autoridades de Panamá decomisaron 1,208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante dos operaciones desarrolladas en las últimas 24 horas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.

Los procedimientos permitieron interceptar cargamentos transportados en una embarcación y un contenedor comercial, este último con destino final España.

Uno de los hallazgos se produjo mediante la Operación Dynamo, desarrollada por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. Durante la intervención, las autoridades localizaron 510 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor inspeccionado en un puerto del Pacífico.

La carga había salido de Chile, realizaba tránsito por Panamá y tenía como destino final España. Según el informe policial, el contenedor declaraba transportar extractos vegetales, pero durante la verificación de la mercancía fueron descubiertos los paquetes con sustancias presuntamente ilícitas, que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Este hallazgo constituye el segundo decomiso de droga en contenedores durante la semana, después de una operación que permitió descubrir otro cargamento procedente de Perú y con destino a Bélgica. Ambos casos evidencian el uso de las rutas comerciales internacionales para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados europeos.

La otra intervención se desarrolló en Isla Grande, Costa Arriba de la provincia de Colón, donde unidades policiales decomisaron 698 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas. La mercancía estaba distribuida en 28 sacos dentro de una embarcación, cuya ubicación permitió retirar de circulación otro importante cargamento de droga.

El hallazgo en Colón representa la mayor cantidad de paquetes incautados entre las dos operaciones recientes, con 188 unidades más que las encontradas en el contenedor procedente de Chile. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia de las sustancias y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su transporte.

Colón figura entre los territorios con mayor incidencia de incautaciones de drogas en Panamá, debido a su actividad marítima y portuaria. Los informes oficiales del primer semestre de 2026 situaron a esta provincia en el primer lugar nacional, seguida de Panamá y Panamá Oeste, dentro de las estadísticas de decomisos.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras nacionales. Hasta el 11 de agosto de 2026, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas, según información del Ministerio de Seguridad Pública. Este balance no incluye necesariamente todas las operaciones posteriores y no constituye una cifra definitiva de octubre.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval había contabilizado 60,935 paquetes de sustancias ilícitas incautados durante 2026, mediante 96 operaciones, de acuerdo con su balance del 27 de octubre. La estadística corresponde exclusivamente a esa institución y no debe confundirse con el total nacional registrado por los organismos de seguridad.

En otro caso relacionado con el narcotráfico, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala obtuvo condenas de 84 meses de prisión para tres ciudadanos panameños por posesión agravada de drogas. Los sentenciados aceptaron su responsabilidad penal y el Tribunal de Garantías también ordenó el comiso de una embarcación y multas de 100 balboas.

El expediente corresponde a hechos registrados el 16 de noviembre de 2025 en Caledonia, comarca Guna Yala, cuando unidades del Servicio Nacional de Fronteras detectaron una lancha sospechosa. Sus tripulantes arrojaron bultos al mar al advertir la presencia policial y, tras una persecución, fueron aprehendidos y se recuperaron 144 paquetes de marihuana.

Mientras tanto, el reporte de la Policía Nacional correspondiente a las últimas 24 horas registró 151 personas aprehendidas y 104 diligencias de allanamiento. Entre los resultados también figuran cuatro armas de fuego, 94 municiones, 14,454.60 dólares en efectivo y tres vehículos recuperados, además de los 1,208 paquetes de droga.

De las personas aprehendidas, 111 mantenían órdenes de captura, 27 fueron detenidas por faltas administrativas, diez en flagrancia y tres por microtráfico. Las acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual las autoridades desarrollan operativos contra distintas modalidades delictivas en el territorio nacional.

Los decomisos recientes ponen nuevamente de manifiesto la utilización de contenedores comerciales y embarcaciones para transportar drogas por las rutas marítimas de Panamá. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las conexiones de los cargamentos con posibles redes de narcotráfico internacional.

Bandas de robo de carga en Costa Rica no solo asaltan camiones: también usan los contenedores capturados para contaminar mercancía legítima con droga. Así lo advirtió la Fiscalía costarricense, que identificó casos de esa diversificación delictiva entre narcotráfico, robo y extorsión, según La República, diario costarricense.

El hallazgo confirma que el robo de carga dejó de ser un delito aislado para convertirse en una estructura criminal organizada que opera a lo largo de los principales corredores de transporte del país.

Un negocio que creció a la sombra de las aduanas

Las bandas sustrajeron al menos 156 cargamentos de mercancía en Costa Rica durante 2025, un promedio de tres camiones por semana. Lo documentó una investigación de InsightCrime, plataforma de análisis del crimen organizado en América Latina, a partir de un recorrido de 520 kilómetros por los dos corredores de transporte que atraviesan el país de sur a norte, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas.

Hasta julio de 2026 ya se habían registrado 71 robos, un ritmo similar al del año anterior. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), equivalente costarricense del FBI, recopila estos datos desde 2016, cuando las bandas robaron al menos 121 camiones.

En la última década, los grupos criminales sustrajeron más de 1,300 vehículos a lo largo de esos corredores. El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica: estas bandas llevan años asaltando camiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero en los últimos años el país se transformó en el centro regional de esta modalidad delictiva, según la reconstrucción de InsightCrime.

Los robos consisten en el asalto organizado de camiones que transportan mercancía valiosa entre Panamá y Nicaragua. Las bandas acceden a datos aduaneros para identificar objetivos, interceptan los vehículos en tramos sin control y revenden la carga en mercados informales a mitad de precio.

Cómo eligen sus objetivos las bandas

Los criminales apuntan a camiones que transportan entre USD 100.000 y USD 500.000 en mercancía, o productos de fácil reventa como ropa, electrónicos, electrodomésticos de cocina, licor o neumáticos. Los contenedores no recuperados pueden costarles a los transportistas hasta USD 14,000.

InsightCrime comenzó a seguir el fenómeno después de confirmar que bandas criminales apuntaban a camiones que transportaban mercancía desde la Zona Libre de Colón, la zona de comercio libre de impuestos más grande de América Latina.

Las bandas cuentan con vigías apostados en las fronteras que informan a los equipos de asalto sobre el camión y su carga. También acceden a sistemas aduaneros como la Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) y la Declaración Única Centroamericana (DUCA), que exponen la placa, el valor de la carga y los datos del conductor ante funcionarios de todos los países por donde pasa el vehículo.

“Estas bandas a menudo tienen acceso a la información aduanera. Entonces, ya saben qué camión lleva qué”, dijo Marjorie Lizano, presidenta de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), a InsightCrime. “El sistema en sí es vulnerable”, agregó.

Lizano señaló que existen planes para migrar a un nuevo sistema, aunque el proceso no se concretó todavía. “Por ahora, el sistema actual sigue siendo bastante poroso”, amplió.

Asaltos en movimiento y fronteras sin control

La frontera física tampoco ofrece garantías. El único puesto de control adicional a lo largo de la carretera Interamericana, ubicado a 35 kilómetros de Paso Canoas, suele quedar sin personal durante la noche. Los agentes, además, a veces suspenden operaciones si llueve.

En 2025, un grupo se apoderó de un camión panameño en un área de descanso mientras el conductor dormía y condujo el vehículo frente al puesto aduanero sin ninguna barrera física que lo impidiera. El contenedor vacío apareció luego en la provincia de Alajuela, a 350 kilómetros del lugar del robo.

Los transportistas intentan reducir el riesgo con rastreadores GPS y caravanas diurnas. Las bandas sortean esas defensas con inhibidores de señal que bloquean el GPS y dividen las caravanas al colar sus vehículos entre los camiones.

“Hay bandas que viajan en dos o tres autos”, explicó Andrés Muñoz, tesorero de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá (CANATRACA), a InsightCrime.

“Encierran el camión, inmovilizan al conductor, le tapan la boca, lo meten en la cabina-dormitorio y lo mantienen ahí un rato”, detalló. “Luego lo pasan a uno de esos tres autos, se lo llevan y lo abandonan mientras ellos se llevan el contenedor”, continuó. Muñoz remarcó que se trata de profesionales, porque quien conduce el camión robado “puede conducir tan bien o incluso mejor que el conductor original”.

El destino de la mercancía: reventa a mitad de precio

La carga sustraída no desaparece sin dejar rastro. Según Yeric Vega Blanco, agente del OIJ que investiga estos casos, intermediarios la venden a establecimientos con controles laxos, donde se ofrece en pequeños mercados, bodegas y locales comerciales.

“El principal indicador es lo bajo del precio”, dijo el agente a InsightCrime. “A veces es menos de la mitad del precio”, añadió. Neumáticos que normalmente cuestan 50.000 colones (unos USD 110) se venden a 25.000, mientras que televisores de 60 pulgadas que cuestan entre 350.000 y 400.000 colones se ofrecen a 100.000.

En 2025, Costa Rica aprobó la ley 10736, que aumentó las penas de prisión por recepción de mercancía robada de alto valor. El mercado ilícito, sin embargo, persiste.

Cifras en aumento y respuesta institucional

Los 156 robos registrados en 2025 representaron un aumento del 31% respecto de 2024, según cifras del OIJ citadas por la Cámara de Comercio Exterior (Crecex). Para mediados de junio de 2026 ya se habían sumado 50 denuncias adicionales, lo que acumulaba 225 casos en dos años y medio, de acuerdo con lo publicado por Delfino.cr, sitio de noticias costarricense.

Un análisis posterior de La República elevó esa cifra a 330 casos entre 2024 y 2026, prácticamente una denuncia cada dos días. Las pérdidas directas se estiman en USD 2 millones para los transportistas, aunque el perjuicio potencial por el valor de las cargas podría superar los USD 13 millones.

Alajuela, Puntarenas y Limón concentran la mayor parte de los casos, de acuerdo con los registros del OIJ difundidos por Delfino.cr. Representantes del transporte terrestre, navieras, puertos y entidades gubernamentales se reunirán el 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en un congreso dedicado a la seguridad logística y al robo de mercancías en tránsito.

La Policía Nacional Civil decomisó 880 bolsas con presunta marihuana ocultas en rollos de tela abandonados en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una diligencia realizada el 28 de octubre tras una denuncia ciudadana. Las autoridades sostienen que la acción evitó que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.

El hallazgo ocurrió a la orilla de una calle de terracería, donde los agentes encontraron los bultos de tela tipo cuerina. La droga estaba escondida dentro de ese material, una modalidad que buscaba ocultar el cargamento durante su posible traslado o almacenamiento.

La Policía Nacional Civil informó que el operativo fue ejecutado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, que acudió al lugar para documentar el hallazgo y efectuar los procedimientos correspondientes.

Los agentes localizaron 44 rollos de tela que contenían las bolsas de nailon con la sustancia. La primera información policial había señalado que se trataba de más de 800 paquetes, mientras que la ampliación posterior precisó la cantidad decomisada.

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación policial permitió impedir el desplazamiento del cargamento por el país. La operación se vinculó con el seguimiento de una denuncia y con pesquisas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.

Más de una tonelada de presunta droga localizada

El cargamento tuvo un peso total de 1.217 kilos de presunta marihuana, de acuerdo con la actualización difundida por la PNC. La institución calculó que el valor aproximado de la sustancia asciende a Q 18.573.854.

La valoración económica fue informada después de la inspección del material encontrado en El Socorro. Las autoridades precisaron el peso y el monto atribuido a la carga tras concluir el conteo de los paquetes y las diligencias iniciales en el sitio.

El procedimiento formó parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico y la distribución de drogas en Guatemala. La PNC señaló que sus unidades especializadas mantienen actividades de investigación derivadas de denuncias ciudadanas.

La ubicación del cargamento en una vía de terracería fue uno de los elementos documentados durante la intervención. Los rollos de cuerina permanecían abandonados cuando fueron localizados por los investigadores antinarcóticos.

Investigación sobre el origen y los responsables

Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de la sustancia y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento. Las autoridades buscan identificar a las personas responsables del cargamento localizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El Ministerio Público dio seguimiento a la diligencia junto con la PNC, mientras los investigadores analizan los indicios recabados en el lugar. La investigación también apunta a esclarecer el recorrido previsto para la carga antes de que fuera encontrada.

La PNC afirmó que mantendrá las diligencias para identificar y capturar a los posibles responsables. El caso permanece bajo investigación como parte de las acciones contra el narcotráfico en el territorio nacional.

El Ejército de Nicaragua informó este jueves 29 de octubre que incautó 150 paquetes de presunta cocaína tras un intercambio de disparos con tres sospechosos en una zona costera del departamento de Chinandega, en el noroeste del país. De acuerdo con el comunicado, los hombres involucrados huyeron hacia el norte y dejaron abandonados seis sacos que contenían la sustancia ilícita.

El operativo ocurrió el 28 de octubre en las cercanías de playa Los Zorros, en la comunidad de Padre de Ramos, municipio de El Viejo. La institución castrense detectó el arribo de una embarcación artesanal considerada sospechosa y desplegó efectivos del Comando de Operaciones Especiales y de la Fuerza Naval.

“La versión oficial sostiene que tres personas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los sospechosos escondieron los sacos entre la vegetación, según el Ejército, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares”, expresó la institución castrense.

A su vez, el Ejército indicó que el hallazgo se produjo en el departamento de Chinandega, ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Los sacos contenían 150 paquetes rectangulares de presunta cocaína, aunque el comunicado no precisó el peso total del cargamento ni informó cuándo se brindarán los resultados del análisis químico que confirme la naturaleza de la sustancia.

La versión oficial sostiene que tres personas sospechosas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los involucrados escondieron los sacos entre la vegetación, según la Fuerza Armada, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares.

“Al escuchar la voz del Alto Ejército de Nicaragua, realizaron disparos, ocasionando un intercambio con nuestras tropas”, señaló la institución en el comunicado. El texto no reportó heridos, detenidos durante el enfrentamiento ni daños materiales derivados de los disparos.

Tras los disparos, los tres hombres escaparon en dirección norte. Aunque, el Ejército no identificó a los sospechosos ni indicó si las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda posterior para localizarlos.

Una mujer fue detenida como presunta responsable de apoyo logístico

De igual forma, la institución armada afirmó que identificaron a Damaris A. como “presunta jefa del grupo de apoyo al narcotráfico responsable de este traslado”. La mujer ya había sido retenida al momento de la difusión de la nota oficial.

El Ejército no detalló dónde ni cuándo se produjo la detención de la mujer. La nota oficial agregó que tanto la mujer retenida como la droga y la embarcación artesanal fueron entregadas a las autoridades correspondientes. El comunicado no especificó qué institución quedó a cargo de la investigación ni si se iniciaron peritajes sobre la lancha, los sacos o el contenido de los paquetes.

El departamento de Chinandega se ubica en la frontera con Honduras y cuenta con una salida al océano Pacífico, factores que lo convierten en un puesto de vigilancia ante la posible presencia de tráfico de drogas.

Por el momento, la información disponible proviene del comunicado militar y no incluye una declaración de la Fiscalía ni de otras autoridades judiciales sobre el caso.

Las acciones fueron resultado de labores de inteligencia, inspección y vigilancia realizadas por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en distintos puntos de la terminal aérea.

Detención por manipulación irregular de equipaje

La primera detención se originó por reportes y quejas de usuarios sobre robo y sustracción de objetos dentro de las maletas facturadas. A partir de trabajos de inteligencia, personal de Marina identificó a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de forma inusual diversas maletas en el área de procesamiento de equipaje.

Ante la conducta irregular, el personal naval intervino de manera inmediata y procedió a su detención. Este caso se enmarca en las acciones orientadas a contrarrestar el robo de pertenencias al interior de los equipajes de los pasajeros.

Cocaína con destino a España

En un segundo hecho, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar droga con destino a España.

Durante la revisión, personal de Marina localizó 17 paquetes con un peso bruto aproximado de 19.9 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. El hallazgo se produjo como resultado de tareas de inteligencia dirigidas a prevenir el tráfico de estupefacientes en la terminal aérea.

Metanfetamina y cocaína con destino a Corea del Sur

En un tercer evento, una persona fue detenida en posesión de dos tipos de sustancia. Se le encontraron 18 paquetes con alrededor de 21.44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina. El sujeto detenido fue identificado extraoficialmente como Jesús Delgado Valencia

Además, portaba cinco paquetes con alrededor de 6.1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. De acuerdo con el reporte, ambos cargamentos tenían como posible destino Corea del Sur.

Del total de tres personas detenidas en estos dos hechos vinculados al tráfico de drogas, dos arribaron al AICM en vuelos procedentes de Guadalajara, Jalisco, según informaron las autoridades. Las detenciones se dieron como parte de las tareas de inteligencia orientadas a prevenir el ingreso y traslado de estupefacientes en la terminal.

Puesta a disposición y afectación económica

A las cuatro personas detenidas se les informaron sus derechos de ley. Junto con la droga asegurada, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente, quien determinará su situación legal.

Las autoridades indicaron que estos aseguramientos representan una afectación económica estimada de aproximadamente nueve millones 125 mil 254.20 pesos para la estructura operativa y logística de los grupos delictivos involucrados.

Coordinación institucional

Con estas acciones, la ANAM, en coordinación con Marina a través del Grupo Aeroportuario Marina, y las instituciones del Gabinete de Seguridad y de la Ciudad de México, refrendaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control aduanero.

El objetivo declarado es evitar el ingreso de sustancias ilícitas al país y reforzar los controles en uno de los puntos de mayor tránsito aéreo de pasajeros en México.

Decomisos previos de droga en el AICM

Entre los casos más recientes reportados en el AICM durante 2026 se encuentra el decomiso de 10 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos dentro de una máquina para carpintería con destino a Australia.

Días antes, el 22 de octubre, el Gabinete de Seguridad reportó el hallazgo de cerca de 10 kilos de sustancias ilícitas en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, quien fue detenido. Las pruebas dieron positivo a sulfato de pseudoefedrina y morfina.

El 25 de octubre, personal de Aduanas, Marina y la SSPC detectó 367 gramos de metanfetamina ocultos en bases de carga para controles de videojuegos, dentro de un paquete postal con destino al Reino Unido, según el Gabinete de Seguridad Federal.

Otros casos documentados en 2026 incluyen el decomiso de 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en piezas de artesanía provenientes de Lima, Perú, el 30 de septiembre, y un cargamento de 8.8 kilogramos de cocaína distribuidos en una silla de ruedas, detectado el 14 de mayo.

El 15 de septiembre, Marina y la ANAM también reportaron un cargamento de mil 77 kilogramos de café contaminado con presunta cocaína base, en tránsito internacional, aunque ese hallazgo no derivó en detenciones confirmadas.

Un grupo armado emboscó y mató al regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y a su esposa, Martha Reyes Salinas, en la comunidad de El Triunfo, municipio de Indaparapeo, Michoacán. El ataque ocurrió la noche del miércoles, cuando la pareja viajaba junto a su hijo en una camioneta particular.

El crimen se produjo días después de que un grupo delictivo amenazara al funcionario y a los habitantes de la zona con un ultimátum: abandonar la comunidad, pagar una cuota o entregar a un familiar a las filas del cártel. La denuncia fue hecha pública por el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

La emboscada en El Triunfo

La agresión ocurrió alrededor de las 21:45 horas sobre la calle Prolongación Bravo, en la comunidad Colonia del Triunfo. El regidor se dirigía a su domicilio a bordo de su camioneta, acompañado por su esposa y su hijo, Jesús Rodríguez Reyes.

Los agresores utilizaron al menos tres vehículos de modelo reciente, identificados de forma preliminar como una Honda CRV, una GMC y un Volvo. Tras disparar contra la unidad, los atacantes huyeron por caminos rurales y brechas de la zona.

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron del ataque a través del número de emergencias 911 y solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro. Al sitio acudieron patrullas y paramédicos de Protección Civil, que confirmaron el fallecimiento de Martha Reyes Salinas en el lugar de los hechos, donde quedó sin vida con varios impactos de arma de fuego.

Adán Rodríguez Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital General “Doctor Miguel Silva”, en el municipio colindante de Charo, donde falleció al momento de ingresar al área de urgencias.

Su hijo Jesús resultó con heridas de gravedad durante el ataque y permanece hospitalizado bajo vigilancia policial.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos a la morgue para la práctica de las necropsias de ley.

Amenazas previas denunciadas por el PRI

El ataque contra Rodríguez Ávalos no fue un hecho aislado, según la versión del PRI estatal. Días antes del asesinato, un grupo delictivo había amenazado directamente al regidor y a los habitantes de El Triunfo con un ultimátum.

De acuerdo con Valencia Reyes, los criminales dieron un plazo de tres días a los pobladores para abandonar la comunidad o, en caso contrario, someterse al pago de extorsiones o aceptar que un familiar se integrara a la organización criminal.

El dirigente partidista relató el contenido de la amenaza en un mensaje difundido en redes sociales: “Llegaron hasta la comunidad de El Triunfo y les dicen a todos los habitantes: tienen tres días para dejar la comunidad... o para pagar cuota o para que uno de sus hijos forme parte de nuestras filas o, si no, los vamos a asesinar”.

Valencia Reyes cuestionó el nivel de violencia ejercido contra las familias de la región y señaló: “¿Cuál fue su pecado? Que un grupo del crimen organizado llegaron a esa comunidad y les comentaron a todos los habitantes: tienen tres días para abandonar la comunidad o de lo contrario tienen que pagar cuota o uno de los integrantes de su familia integrarse a las filas de nuestro cartel delictivo”.

El dirigente, quien también se desempeña como diputado local, condenó el ataque y exigió a la Fiscalía que investigue los hechos. Además, expresó su pésame a la comunidad de Indaparapeo y rechazó la situación de violencia que, según dijo, enfrentan los pobladores de la zona.

En su mensaje, Valencia Reyes describió el caso como un ejemplo de represalia: “Que una comunidad entera en un municipio que está a 30 minutos de Morelia sea desplazada por el crimen organizado”.

Disputa territorial entre cárteles

Autoridades estatales han identificado que en Indaparapeo existe una pugna activa entre organizaciones criminales. Se trata del Cártel X y el Cártel de Los Correa, ambos con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control territorial de la zona.

La confrontación entre estos grupos abarca la producción y el tráfico de drogas, además de la extorsión a comerciantes y otras actividades ilícitas en la región, según la información recabada por las autoridades locales.

No se ha determinado con precisión cuál de las dos organizaciones habría sido responsable directa del ataque contra Rodríguez Ávalos y su familia, debido a que la zona se mantiene como un territorio en disputa entre ambos grupos delictivos.

Condolencias del ayuntamiento de Indaparapeo

El Ayuntamiento de Indaparapeo emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” el fallecimiento del regidor y de su esposa. El mensaje describe la pérdida como “irreparable” y señala que deja “un profundo vacío” entre quienes compartieron con Rodríguez Ávalos la responsabilidad de servir al municipio.

La administración municipal reconoció el “compromiso, entrega y labor” del regidor en favor de los habitantes de Indaparapeo, de acuerdo con el texto difundido por el cabildo.

En el comunicado, el ayuntamiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la pareja, y deseó la pronta recuperación de Jesús Rodríguez Reyes, hijo de ambos y herido en el ataque.

El mensaje cierra con una frase dirigida al propio regidor: “Descanse en paz, compañero Adán”.

Las autoridades de El Salvador informaron este jueves sobre la incautación de 150 mil porciones de droga durante un operativo terrestre que, según el Gobierno, es el mayor de este tipo en la historia del país. El procedimiento dejó siete detenidos, tres de nacionalidad guatemalteca y cuatro salvadoreños, a quienes se atribuye el transporte y distribución del cargamento.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, difundió la información en sus cuentas oficiales y señaló que el decomiso fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de binomios caninos. La droga era trasladada en un camión y dos vehículos tipo sedán.

Villatoro afirmó que los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. La publicación oficial no precisó el tipo de sustancia decomisada, el peso total del cargamento ni el lugar exacto donde se realizó el operativo.

Los guatemaltecos arrestados fueron identificados como Héctor Giovanni González González, Juan Miguel Gómez Mejía y Juan Arístides Gómez Cuéllar. Las autoridades también identificaron a los salvadoreños Katia Alexandra Rivas Orantes, Carlos Giovanni Aguirre Hernández, Cristina de Jesús Acosta González y Manuel Alexander Ulloa Hernández.

El ministro escribió que las fuerzas de seguridad capturaron a los sujetos “en flagrancia”. Y agregó que “esta es la mayor incautación de droga por vía terrestre realizada por nuestras fuerzas del orden”. Según su versión, las 150 mil porciones de droga no llegarán a la población salvadoreña.

La operación se suma a decomisos marítimos y capturas de distribuidores

El procedimiento conocido este 29 de octubre se produjo después de una serie de operativos contra el narcotráfico reportados por las autoridades salvadoreñas durante 2026, con incautaciones tanto en tierra como en aguas del océano Pacífico.

El 6 de febrero, unidades de la PNC interceptaron una embarcación al sur de playa Toluca, en La Libertad Costa, que transportaba aproximadamente 398 kilogramos de cocaína, según informó Villatoro. La droga estaba oculta entre implementos de pesca y tenía un valor estimado superior a $10 millones, de acuerdo con la versión oficial.

En ese operativo fueron detenidos Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, identificado por las autoridades como guatemalteco-mexicano. Villatoro sostuvo entonces que el cargamento seguía una ruta entre Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

Días después, el Gobierno informó la interceptación de un buque con bandera de Tanzania a 380 millas náuticas, equivalentes a unos 704 kilómetros, al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades informaron que hallaron 6.6 toneladas de presunta cocaína y arrestaron a 10 personas de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició peritajes sobre los 330 bultos localizados en esa embarcación. En febrero, la Defensa salvadoreña indicó que el país acumulaba más de 7.4 toneladas de droga decomisada con un valor estimado de $ 184.5 millones.

El 18 de junio, la Marina Nacional informó otro operativo en el Pacífico con el decomiso de 6.68 toneladas de cocaína en dos embarcaciones ubicadas a más de 580 millas náuticas de la costa. Seis tripulantes, cuatro colombianos y dos ecuatorianos, fueron detenidos en ese procedimiento.

La Policía también informó operaciones contra redes locales

Las acciones no se limitaron a interdicciones marítimas. El 30 de mayo, la PNC informó tres operativos en San Salvador y Santa Ana que dejaron 11 detenidos y drogas valoradas en más de $188 mil. Las incautaciones incluyeron metanfetaminas, marihuana y 2.5 kilogramos de cocaína.

En agosto, la denominada Operación Barrido dejó cuatro capturas y el decomiso de 30 kilogramos de cocaína en distintos puntos del país. La Policía indicó que el cargamento tenía un valor aproximado de $106,050.

Las siete personas detenidas en el más reciente procedimiento quedarán a disposición de los tribunales, según anunció Villatoro. La investigación deberá determinar el origen, la composición y el destino final de las 150 mil porciones de droga incautadas.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, García se refirió a la visita pastoral de León XIV, prevista para el 8 de noviembre. Sobre la expectativa de las comunidades populares, sostuvo: “La gente en el fondo, más allá de todas las cosas que espera, espera esperanza”.

El obispo recordó que acompañó la organización de las dos visitas de Juan Pablo II al país: la primera, en 1982, durante la guerra de Malvinas, y la segunda, en 1987, como visita pastoral. También recibió su consagración episcopal de manos de Jorge Bergoglio antes de que fuera elegido papa Francisco.

“Siempre la visita de un papa es, aparte de mucho trabajo, conmocionante en lo que significa y repercute en el pueblo de Dios”, afirmó García, quien lleva 12 años al frente de la diócesis de San Justo.

La continuidad entre Francisco y León XIV

Para el obispo, el pontificado de Francisco modificó la cercanía de los barrios con la figura papal. “La gente de nuestros barrios, que la figura del papa era muy lejana, estos años de Francisco acercaron afectivamente la imagen del papa”, expresó.

García explicó que ese vínculo también alcanza a León XIV, aunque no sea argentino. “No importa, pero es de la familia”, dijo al describir cómo se vive la próxima llegada papal entre las familias de los sectores populares.

El lema que ya apareció en paredes de los barrios sintetiza esa percepción, según contó: “Francisco-León, un solo corazón”. Para el obispo, la consigna muestra que no hay una lectura de reemplazo ni de competencia entre ambos pontificados.

El sacerdote mencionó el encuentro de movimientos populares que se realizó en La Matanza, con delegaciones del Vaticano y referentes latinoamericanos. Allí, según relató, cartoneros, madres y organizaciones comunitarias trabajaron sobre una encíclica del actual papa.

García recordó que Francisco definió a esos sectores como “poetas populares y de la historia” porque “hacen creación de lo que no hay”. Al comparar las orientaciones pastorales, planteó: “Francisco dijo: ‘Tenemos que estar cerca’. León dice: ‘Caminemos juntos’”.

También vinculó esa continuidad con las advertencias sobre la tecnología. “Francisco hablaba de los descartados por una economía a la cual le faltaban rostros, y este papa, en la encíclica, habla de la inteligencia artificial y del riesgo de una tecnología sin corazón”, señaló.

Los comedores de La Matanza volvieron a asistir a 20 mil personas

La descripción de García sobre la situación social partió de la asistencia alimentaria de la Iglesia en el oeste del conurbano bonaerense. “Hace 15 días tuvimos que suspender varios días a la semana los comedores porque no había insumos”, relató.

El obispo precisó que los recursos llegan a través de aportes comunitarios, privados y programas estatales. Sobre el financiamiento destinado a alimentos, explicó que los fondos no se actualizan desde hace un año y que las notas enviadas para pedir una actualización todavía no tuvieron respuesta.

“El recurso que más tenemos es el PNUD, que no está actualizado”, indicó. García agregó que el programa depende del Ministerio de Capital Humano y que la falta de actualización reduce la cantidad de alimentos que pueden comprar las organizaciones.

La diócesis había asistido entre dos mil y dos mil quinientas personas antes de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria, esa cifra trepó a 21 mil; después bajó a 18 mil y ahora volvió a alcanzar las 20 mil personas.

“Después de la pandemia, es la primera vez que nos pasa” tener que interrumpir el servicio por falta de insumos, aseguró. Cuando los recursos llegan, los comedores recuperan días de atención, pero hacia el cierre de cada mes deben volver a achicar la entrega.

García describió que las principales destinatarias son madres de familia y personas mayores. “Si no vienen al mediodía o vienen en la noche, en algún momento vienen a buscar la ración para tener para ese día”, afirmó.

Ante la consulta sobre qué ocurre cuando no abre un comedor, respondió: “Con lo del día anterior o con lo que puede”. También señaló que los aportes privados existen, aunque la búsqueda de donantes y los tiempos de respuesta no siempre alcanzan para evitar suspensiones.

La alerta por la “narcoesperanza” en los barrios

García sostuvo que la visita de León XIV no encontrará una realidad excepcional, sino problemas que atraviesan desde hace años a las familias de La Matanza. “Hace 12 años que estoy en Matanza y de estos 12 años venimos así”, dijo.

El sacerdote vinculó la falta de empleo con el cierre de empresas y pequeños emprendimientos. A ese panorama sumó la expansión del narcotráfico en los barrios: “Cuando el Estado está ausente, avanza el narcoestado”.

Para explicar el concepto de “narcoesperanza”, planteó que algunos adolescentes encuentran en esas redes una salida económica ante la falta de trabajo o estudio. “Cuando la comunidad, el Estado, no te ofrece motivos de esperanza, te ofrece motivos de esperanza ir a vigilar una esquina por si viene la cana, que al menos te dan unos pesitos”, expresó.

El obispo aclaró que esa alternativa no elimina el temor de las familias. “La madre sigue teniendo miedo, quizás no por esto que está haciendo hoy, sino porque su hijo aparezca en un zanjón dentro de cinco días cuando no sea más útil”, advirtió.

García diferenció entre la droga que se comercializa fuera de los barrios y la que circula dentro de ellos. “Hacia afuera se venden las pastillas, se vende droga; adentro está la pipeta”, afirmó, y agregó que el consumo de las sustancias más baratas “los hace bolsa”.

Sobre las estructuras del narcotráfico, señaló que los máximos responsables no son visibles para las organizaciones barriales. “Al narco narco nadie lo conoce, es una cadena. La última cadena es el pichi, el pibe”, explicó.

El obispo relató que hace una década tuvieron dificultades para instalar una salita de primeros auxilios en Puerta de Hierro. “La guerra más grande fue con los narcos”, contó, y detalló que la Policía Bonaerense debió montar un operativo durante tres horas para descargar un contenedor.

Frente a esa realidad, García puso el foco en las familias, las organizaciones y los trabajadores sociales que sostienen respuestas cotidianas. “La gente de todos los días, la que le pone el pecho, es la que está cosiendo la grieta”, afirmó.

La diócesis trabaja con las “tres C”: colegio, club y capilla, como contrapunto frente a “la calle, la cárcel y el cementerio”. “Para nosotros, un chico que no va a la escuela no tiene posibilidad de socializarse”, sostuvo.

García explicó que contar con una escuela dentro de un barrio donde los chicos deben caminar 20 cuadras resulta una herramienta para las familias y para la integración de los jóvenes. Sobre los clubes, añadió: “Es donde puede estar después de la escuela, para socializar, para descubrir que tiene valores, que puede tanto jugar a la pelota como tocar el violín”.

El obispo también contó que participó de encuentros con jueces y fiscales en La Plata y La Matanza para debatir cómo abordar a adolescentes que consumen sustancias. “Un chico de 14 años, de 15, que lo agarran consumiendo: ¿reclusión o readaptación?”, planteó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Las autoridades de Panamá aprehendieron a cinco personas presuntamente vinculadas con una organización criminal dedicada a homicidios, robos y tráfico de artículos prohibidos hacia centros penitenciarios.

La denominada Operación Corsario constituye la segunda acción contra estructuras pandilleriles durante esta semana, después de la captura de un supuesto cabecilla en Don Bosco.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que los allanamientos se realizaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y Bocas del Toro, mediante un operativo coordinado con la Policía Nacional. Las investigaciones, que se remontan a 2020, relacionan a los sospechosos con delitos de homicidio, robo y posesión de armas de fuego.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el presunto uso de drones para abastecer a privados de libertad con sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos. Las autoridades también investigan la introducción de armas de fuego a las cárceles, mediante una estructura que habría mantenido operaciones durante varios años.

Las pesquisas comenzaron después de que se detectaran vuelos de aeronaves no tripuladas sobre el complejo penitenciario La Joya, utilizadas presuntamente para lanzar cargamentos hacia los patios. Durante las diligencias se identificaron viviendas cercanas desde las cuales se habrían preparado los equipos y sus respectivas cargas.

La operación estuvo dirigida por la Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con participación de unidades de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

Los cinco aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público presentará las solicitudes judiciales correspondientes.

El procedimiento ocurrió un día después de la captura de un presunto cabecilla de una agrupación criminal en Don Bosco, durante un allanamiento en el sector de La Riviera. El sospechoso estaba vinculado con una estructura desarticulada en 2017 mediante la Operación Constelación, desarrollada contra organizaciones dedicadas al pandillerismo.

Según las investigaciones, el hombre habría desempeñado funciones de liderazgo dentro de la organización conocida como Los Galácticos de San Pedro. Su aprehensión permitió ubicar a un sospechoso requerido desde aquella investigación, en medio de nuevas acciones policiales contra integrantes de agrupaciones delictivas urbanas.

Los operativos de octubre también incluyen la captura de un presunto integrante de Golfo 81 o Sin Sentimientos, realizada el día 22 en Don Bosco. Esta agrupación había sido intervenida mediante la Operación Porvenir, en abril de 2025, cuando 12 personas fueron aprehendidas por su presunta participación en delitos violentos y relacionados con drogas.

Ese mismo 22 de octubre, la Policía Nacional desarrolló la Operación Lechuza en el corregimiento de Las Garzas, donde fueron aprehendidos seis adultos. Durante las diligencias se decomisaron presuntas sustancias ilícitas, un dron, baterías, controles y teléfonos celulares, mientras tres menores fueron atendidos por condiciones de vulnerabilidad social.

La presencia de equipos tecnológicos en estos procedimientos refleja la preocupación de las autoridades por el abastecimiento clandestino de las prisiones. El 15 de octubre, unidades policiales también decomisaron un dron y accesorios en Las Garzas, que presuntamente serían utilizados para introducir artículos prohibidos al Centro Penitenciario La Joya.

Otro antecedente ocurrió el 30 de septiembre, cuando la Operación Élite permitió aprehender a diez presuntos integrantes de Los Iluminatis, una agrupación que operaba en la 24 de Diciembre. Las autoridades la relacionaron con homicidios, robos, posesión de armas y narcotráfico, además de presuntos vínculos con la estructura conocida como Los HP.

En ese caso, las investigaciones permitieron identificar actividades relacionadas con el almacenamiento de más de una tonelada de sustancias ilícitas en Panamá Este. Posteriormente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de nueve imputados, mientras otro quedó sujeto a medidas cautelares distintas a la prisión.

La continuidad de estas investigaciones evidencia la diversidad de actividades atribuidas a las organizaciones criminales, desde delitos violentos hasta el suministro de mercancías prohibidas dentro de las cárceles. Los operativos buscan identificar a sus integrantes, establecer responsabilidades y reducir su capacidad de actuación dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Los cinco detenidos durante la Operación Corsario permanecen bajo investigación por su presunta participación en delitos de pandillerismo, sin que se haya establecido judicialmente su culpabilidad.

Corresponderá al juez de garantías evaluar las solicitudes del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan las diligencias contra estas estructuras criminales.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18 de La Plata, encabezada por Hugo Tesón, con intervención de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, las tareas comenzaron el 9 de mayo de 2026, a partir de denuncias y hechos violentos registrados en distintos sectores de la zona sur de la ciudad.

La hipótesis de los investigadores sostiene que la organización mantenía una estructura de acopio, traslado, fraccionamiento y venta de estupefacientes entre el barrio El Palihue, en Villa Elvira, y la Mega Toma de Los Hornos.

En ese contexto, la Justicia procura establecer si las disputas por el control de esos puntos de comercialización estarían relacionadas con los homicidios y ataques armados ocurridos en ambos territorios. En El Palihue, la causa incorporó información sobre los asesinatos de Jorge Ariel Mujica y Mauro Núñez, cometidos en la vía pública.

Según la línea de investigación, ambos casos podrían estar relacionados con conflictos entre grupos dedicados a la venta de drogas. Sobre todo porque en ese sector también se registraron balaceras y denuncias sobre la presencia de puntos de expendio.

La pesquisa incluyó además antecedentes de violencia en la Mega Toma de Los Hornos. Entre ellos figura el homicidio de Maximiliano Escudero, quien fue hallado muerto junto a su camioneta incendiada en la zona de calles 79 y 149.

También se analizaron procedimientos previos en los que la Policía detuvo a personas armadas cerca de presuntos puntos de venta y otros episodios de ataques contra viviendas dentro del asentamiento. No obstante, la causa no atribuyó de manera definitiva esos crímenes a las personas detenidas durante el operativo.

Por esto, los investigadores buscan determinar si la organización investigada formó parte de las disputas territoriales que derivaron en ataques armados y homicidios en esos barrios. Según la investigación, el grupo tenía presencia en dos puntos con funciones diferenciadas.

Mientras que en El Palihue se concentraba el acopio y resguardo de los cargamentos, la Mega Toma de Los Hornos era utilizada para el fraccionamiento de la sustancia y su comercialización al menudeo. Asimismo, se cree que el control de una parte de El Palihue estaba a cargo de un grupo familiar de origen paraguayo, que habría organizado el traslado de la droga a Los Hornos.

El destino de las dosis fragmentadas era el asentamiento de más de 160 hectáreas ubicado en terrenos del ex Club de Planeadores. La extensión del predio, sus accesos limitados y la falta de un trazado urbano regular complicaron las tareas de observación de la fuerza. La investigación planteó que allí funcionaban puntos de venta camuflados como viviendas y construcciones.

Por este motivo, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado desplegó puestos de observación, vigilancias estáticas y dinámicas, seguimientos y registros fílmicos en los dos barrios. Como parte de esas medidas, los agentes interceptaron a presuntos compradores en las inmediaciones de los lugares bajo observación.

Según la información oficial, en esos procedimientos se secuestraron envoltorios de cocaína que habrían sido adquiridos para consumo. Ese material se incorporó a la causa como parte de los elementos reunidos para acreditar el funcionamiento de las presuntas bocas de expendio.

De esta manera, se logró identificar a 14 personas que integrarían la estructura, con roles vinculados al acopio, el traslado, la custodia, el fraccionamiento y la venta de estupefacientes. Durante el operativo final fueron aprehendidas 19 personas: 12 hombres y siete mujeres.

Luego de que se libraran las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro, los efectivos intervinieron 12 inmuebles en la Mega Toma de Los Hornos y otros 12 en El Palihue. La simultaneidad del despliegue buscó impedir que los sospechosos retiraran droga, dinero, armas u otros elementos de los lugares investigados.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una pistola Beretta calibre 9 milímetros, dos pistolas Glock, dos escopetas y una carabina calibre .22. También incautó municiones de calibres .357, 9 milímetros, .38, .32 y .22, además de cartuchos calibre 16 y .20.

El secuestro de armas y municiones será analizado en el marco de la causa. Las pericias deberán establecer su aptitud para el disparo y determinar si alguna pudo haber sido utilizada en hechos violentos investigados en la zona.

También se incautaron 11 lotes de marihuana, con un peso total de 12,9 kilogramos, y un lote de cocaína de 1,1 kilogramos. A ese material se sumaron 376,7 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 980 envoltorios y 175,2 gramos de marihuana fraccionados en 58 dosis.

Además, se incautó un paquete de bicarbonato de sodio, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, tijeras, anotaciones y una máquina para contar dinero. La Justicia analizará el posible uso de esos elementos dentro de la presunta operatoria de fraccionamiento y venta.

Por otro lado, en los inmuebles se hallaron $ 2.049.650 en efectivo, dos motocicletas, 11 teléfonos celulares, dos handies, un chaleco tipo funda para protección balística y cuadros de Pablo Escobar. La Justicia deberá determinar el origen del dinero y su eventual relación con la actividad bajo investigación.

Parte de las líneas de los teléfonos estaba intervenida por orden judicial, según indicaron fuentes del caso a este medio. No obstante, los dispositivos serán peritados para reconstruir comunicaciones, contactos, movimientos de dinero y posibles vínculos con otros eslabones de la cadena de suministro.

Oscar Salvador Pelayo Guzmán, ciudadano mexicano de 55 años, se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína ante un tribunal federal de Nueva Jersey. El hombre, señalado por las autoridades como integrante de una red de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, admitió el cargo este miércoles en Newark, según informó el fiscal federal Robert Frazer.

Pelayo Guzmán era residente de Kansas y se presentó ante el juez federal de distrito Jamel K. Semper para reconocer su participación en un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas. Su declaración se suma a la de otros dos acusados que ya admitieron cargos similares en la misma causa.

Quiénes son los otros acusados en la causa

José Manuel Amaya Villarreal y Reymond Alex Avina Samaniego, ambos residentes de California, también se declararon culpables ante el juez Semper por cargos separados de conspiración para distribuir sustancias controladas.

Villarreal ya recibió condena: el 7 de agosto de 2026 fue sentenciado a 57 meses de prisión. Samaniego, en cambio, todavía espera su sentencia, programada para el próximo 9 de noviembre de 2026.

En total son tres los acusados que admitieron su responsabilidad en esta red de distribución de cocaína que operaba entre California y Nueva Jersey, de acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Cómo operaba la red de narcotráfico

Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Pelayo Guzmán era miembro principal de una organización de narcotráfico con sede en Kansas City dedicada al transporte y distribución internacional e interestatal de estupefacientes.

A partir de enero de 2025, Pelayo Guzmán y sus cómplices conspiraron para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Nueva Jersey. En abril de ese año, viajó personalmente al estado y organizó el envío de aproximadamente 20 kilogramos de cocaína desde California hasta Newark.

El cargamento fue trasladado en un camión conducido por Villarreal y Samaniego. Tras la entrega de la droga a cambio de más de 300 mil dólares en efectivo, las autoridades arrestaron a ambos conductores. Poco después detuvieron también a Pelayo Guzmán.

Penas previstas y próxima audiencia

El cargo de conspiración para el tráfico de cocaína conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, un máximo de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia de Pelayo Guzmán está prevista para el 1 de marzo de 2027.

El gobierno está representado en el caso por el fiscal adjunto Jonathan S. Garelick, de la División Penal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Trenton.

Las agencias que participaron en la investigación

El fiscal federal Frazer reconoció a los agentes especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), bajo la dirección de la agente especial a cargo Towanda R. Thorne-James, por la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad.

También agradeció al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la dirección del agente especial a cargo Michael S. McCarthy, y al Servicio de Impuestos Internos, División de Investigación Criminal (IRS-CI), bajo la dirección de la agente especial a cargo Jenifer Piovesan en Newark.

A nivel local, participaron la Oficina del Fiscal del Condado de Monmouth, bajo la dirección del fiscal Raymond S. Santiago, y la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, bajo la dirección de Bradley D. Billhimer.

También colaboró el Departamento de Policía de Asbury Park, bajo la dirección del director de Policía John B. Hayes; el Departamento de Seguridad Pública de Newark, División de Policía de Newark, bajo la dirección del director de Seguridad Pública Emanuel Miranda; el Departamento de Middletown, bajo la dirección del jefe R. Craig Weber; la Policía de Lakewood, bajo la dirección del jefe Gregory H. Meyer; el Departamento de Policía de Neptune, bajo la dirección del jefe Anthony Gualario; la Policía de Ocean Gate, bajo la dirección del jefe Michael Kuchta, y el Departamento de Spotswood, bajo la dirección del jefe Philip Corbisiero.

El marco de la Operación Recuperar Estados Unidos

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional que moviliza los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.

La causa contra Pelayo Guzmán, Villarreal y Samaniego se enmarca en esta estrategia federal, que combina la persecución de redes de narcotráfico con la aplicación de controles migratorios más estrictos sobre personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales que operan dentro de territorio estadounidense.

Lo que inició como una ostentosa fiesta de Quince Años, se ha convertido en una espiral que destapó una red de parentescos que conecta a la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, con Los Lorenzana, uno de los carteles de narcotráfico más antiguos y poderosos de Guatemala.

Desde su llegada a la silla municipal, Ovalle ha estado bajo el escrutinio público por ser esposa del narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, quien cumplió condena en Estados Unidos luego de admitir operaciones de trasiego de cocaína a gran escala.

Sin embargo, esta no es la única relación de la alcaldesa de Zacapa con el narcotráfico. Su hermana Ana Rosa Ovalle Madrid está casada con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, más conocido como “Haroldito”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones para quien ofrezca información que lleve a su captura.

De acuerdo con su certificado de nacimiento, Lorenzana Terraza contrajo matrimonio con Ana Rosa Ovalle Madrid en agosto de 2010. Acuerdo Nupcial que quedó registrado bajo el número 822 en el municipio de Zacapa, del departamento del mismo nombre en Guatemala.

Ana Rosa, es hermana de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa. Ambas mujeres son hijas de Zonia Elizabeth Madrid Chacón y Vicente Ovalle Chacón, también conocido como “El Patrón” un terrateniente y ganadero que medios de prensa han vinculado también con estructuraas criminales y actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme esos señalamientos.

Quién es Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza y sus vínculos con el narcotráfico

Lorenzana Terraza, también apodado “El Chuqui” o “Ferragamo”, es nieto del fallecido narcotraficante Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “El Patriarca”, quien murió en 2021 mientras cumplía una condena de 23 años en una cárcel de Estados Unidos, también por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Administración de Control de Drogas (DEA) sostiene que Lorenzana Terraza enfrenta dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia por violaciones internacionales de narcotráfico, una de ellas por operar una Empresa Criminal Continua.

La primera acusación data de junio de 2017; en 2023 se ampliaron los señalamientos en su contra. Las autoridades creen que asumió el liderazgo del clan tras el asesinato en 2022 de Hans Broiner Lemus Lorenzana, “El Broy”, otro nieto de “El Patriarca” que dirigía el negocio familiar, pero fue asesinado en Huité, Zacapa.

“Haroldito” es hijo de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chuchi”, capturado en noviembre de 2019 tras ser buscado desde 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena señalado de dirigir la empresa familiar de estupefacientes.

El propio Haroldito ya había sido detenido en 2013, a los doce años, cuando transportaba 14 kilos de cocaína en San Marcos; un juzgado de menores lo benefició entonces con arresto domiciliario sin vigilancia policial.

El 25 de marzo de 2025, Estados Unidos elevó la recompensa por información sobre su paradero a USD 5 millones, luego de que en 2022 el Ministerio de Gobernación guatemalteco lo incluyera en la lista de los cien más buscados con una recompensa de Q50 mil, alrededor de USD 6.495.

El Clan Lorenzana opera desde la aldea La Reforma, en Huité, Zacapa, y mantiene, según el gobierno estadounidense, “vínculos establecidos con diversas organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa”.

La hipótesis inicial de la masacre de Huité apuntaba a un operativo fallido contra Haroldito

El 27 de septiembre se produjo un violento choque armado en el municipio de Huité, bastión histórico del clan en Zacapa, donde ocho personas murieron en un enfrentamiento directo en el que habrían participado efectivos del Ejército de Guatemala, extremo que se encuentra bajo investigación reservada y que hasta el momento no se ha revelado ningún avance.

No obstante, sí se ha reconocido la participación de las tropas militares, quienes ejecutaron la incursión sin la participación de la Policía Nacional Civil (PNC), una anomalía táctica que generó controversia dentro de las instituciones de seguridad del Estado.

Tras el choque armado, la hipótesis inicial que surgió, principalmente en redes sociales es que la operación militar representó un intento fallido por capturar a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza en su propia zona de resguardo.

En esa hipótesis se afirmó que el dispositivo de las fuerzas castrenses localizó el campamento donde presuntamente permanecía el jefe criminal y que habían sido recibidos con fuego abierto. Sin embargo, luego se revelaron imágenes que contradecían por completo esas versiones.

Posteriormente el Ejército guatemalteco aseguró que se trató de una disputa territorial entre organizaciones criminales transnacionales, pero después de un mes de los hechos no se ha confirmado ni revelado ningún aspecto de las investigaciones que el Ministerio Público mantiene bajo reserva.

Quiénes son Los Lorenzana y cómo cayeron sus principales líderes

Los Lorenzana constituyen una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas de Guatemala, con centro de operaciones en el departamento de Zacapa.

Durante más de una década lideraron el tráfico de droga en la región de Oriente, no solo por métodos violentos, sino por una red de corrupción que les garantizaba impunidaden las más altas esferas de gobierno, al punto de utilizar estructuras estatales para lavar dinero a través de empresas como Constructora HLP y Transportes Cordón.

Waldemar Lorenzana Lima heredó el liderazgo del clan en la década de los noventa, tras la captura del entonces alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, alias “Archie”.

“El Patriarca” mantuvo nexos con el cartel de Cali en Colombia a través de Phanor Arizabaleta Arzayús y se jactaba de un contacto directo con Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, uno de los líderes del cartel de Sinaloa.

En enero de 2010, Estados Unidos ofreció una recompensa de 500 mil dólares por información sobre su paradero, además de 200 mil dólares por cada uno de sus hijos: Waldemar, Elio y Haroldo Lorenzana Cordón.

“El Patriarca” fue capturado el 26 de abril de 2011 cuando transitaba por un camino rural de El Jícaro, El Progreso. Casi tres años después fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable.

Fue liberado en noviembre de 2015, a los 77 años, por un supuesto diagnóstico de alzhéimer, y murió en 2021 mientras cumplía condena. Su hijo Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, “Chuchi”, papá de “Haroldito” cuñado de la alcaldesa de Zacapa, fue el último hermano en ser capturado, en noviembre de 2019, y posteriormente extraditado.

La acusación formal de Estados Unidos contra la organización se estableció el 31 de julio de 2003, cuando la Corte del Distrito de Columbia los declaró responsables de conspiración para distribuir cocaína en ese país.

Según la DEA, desde 1996 el clan recibía cargamentos de cocaína colombiana transportados por barco hasta El Salvador y ocultos en camiones bananeros con destino a Guatemala, desde donde la droga se trasladaba hacia México para su entrega al cartel de Sinaloa.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, el padre de la quinceañera y el origen de la fiesta

El despliegue de recursos en la fiesta de 15 años de Adriana Cifuentes volvió a exponer los antecedentes de su padre, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como “El Gordo”.

El exconcejal de Zacapa fue arrestado con fines de extradición en noviembre de 2017 y enviado a la justicia de Estados Unidos en marzo de 2023.

Ante el tribunal federal del Distrito Sur de California, Cifuentes Sagastume admitió haber coordinado cargamentos marítimos de cocaína hacia México y Estados Unidos, entre ellos un alijo de 866,2 kilos interceptado en una lancha rápida en el océano Pacífico. Recibió una condena reducida de 72 meses y regresó libre a territorio guatemalteco en junio de 2024.

Mientras que este 2026, lo volvió a colocar en la palestra pública tras la celebración de los 15 años de su hija Adriana Cifuentes, realizada en un hotel de Chiquimula que incluyó carruajes, fuegos artificiales, rosas importadas de Ecuador, un vestido elaborado por un diseñador mexicano, restaurantes de comida rápida y la actuación de artistas internacionales junto con músicos que integran de una Orquesta Sinfónica.

Ante los cuestionamientos públicos por los gastos de la recepción, que contrastan con los ingresos municipales de la alcaldesa, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió en una declaración oficial al Diario La Hora: “Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”.

Luis Abinader inauguró la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) el 27 de octubre en Santo Domingo, un encuentro de autoridades de defensa y seguridad de 19 naciones destinado a coordinar la lucha regional contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. La Presidencia de República Dominicana informó que la cita busca reforzar el intercambio de información, las operaciones conjuntas y las capacidades institucionales.

“Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente”, manifestó Abinader durante la apertura. El mandatario planteó que la cooperación debe asentarse en la confianza mutua, el respeto por la soberanía y los marcos jurídicos de cada país.

Las jornadas de trabajo, iniciadas el lunes y concluidas el 27 de octubre, incluyeron el diseño de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza para definir prioridades, mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición. La agencia EFE indicó que esas herramientas apuntan a poner en marcha la fase operativa de la alianza.

Seguridad, desarrollo y operaciones contra las redes criminales

Abinader sostuvo que la seguridad requiere instituciones sólidas, justicia, educación y oportunidades económicas para alejar a los jóvenes de la violencia y de las redes criminales. “La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad”, expresó.

El presidente pidió que los acuerdos alcanzados en los encuentros anteriores se conviertan en compromisos concretos, responsabilidades definidas y resultados verificables. También propuso mecanismos de evaluación para medir los avances y fortalecer la coordinación entre los participantes.

El Gobierno dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, organizadores de la conferencia, señalaron en un comunicado que la cooperación permitirá ampliar el intercambio de inteligencia e información, fortalecer los vínculos bilaterales y multilaterales y desarrollar operaciones combinadas. Esas acciones buscan desarticular redes criminales, proteger fronteras e infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva.

Uno de los objetivos centrales de la coalición es superar las acciones aisladas de interdicción y abordar las estructuras que sostienen las actividades ilícitas, incluidas las redes de financiamiento, logística y corrupción. Los países participantes procuran limitar la capacidad de expansión de esas organizaciones mediante el intercambio oportuno de inteligencia y una mayor coordinación operativa.

En el acto estuvieron el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos; y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur. También participaron autoridades de defensa y seguridad de los países integrados en la coalición.

Abinader agradeció a las delegaciones y al Comando Sur por su contribución al encuentro. “Los criminales no deben encontrar en nuestra cooperación una oportunidad para escapar de la justicia, sino la certeza de que la justicia siempre los alcanzará”, afirmó.

Una alianza anunciada en Miami y ampliada a Colombia

La A3C fue anunciada el 7 de marzo en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de responsables de Defensa y seguridad pública convocada por su secretario de Guerra, Pete Hegseth. En esa ocasión, los países participantes firmaron un acuerdo para enfrentar de manera conjunta las amenazas del crimen organizado.

La alianza está integrada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia. Colombia fue el último país en sumarse, tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella.

La Coalición de las Américas contra los Carteles funciona de manera independiente, aunque complementa al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la Administración Trump con varios países latinoamericanos para coordinar la cooperación económica, el combate contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.

Costa Rica se sumó a una iniciativa internacional junto con otras 18 naciones del continente americano para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mediante el intercambio de información de inteligencia, una mayor coordinación entre las autoridades y el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

El anuncio se dio tras la participación del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, en la Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), celebrada los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

La reunión congregó a representantes de defensa y seguridad pública de 19 países del hemisferio occidental, con el propósito de establecer mecanismos de colaboración para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan sus actividades en diferentes territorios.

La participación costarricense busca fortalecer las herramientas disponibles para combatir delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, las operaciones financieras ilícitas y otras actividades vinculadas con estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los principales objetivos es mejorar el intercambio de inteligencia entre las instituciones de los países participantes, para facilitar la identificación de amenazas y coordinar respuestas frente a las redes delictivas.

La conferencia fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Defensa de República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), como parte de una iniciativa de cooperación regional.

Países trabajan en una estrategia conjunta contra los carteles

Durante el encuentro, las delegaciones avanzaron en la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza, documentos que permitirán definir las prioridades de la coalición y los mecanismos de coordinación entre los países participantes.

Estas herramientas buscan establecer una estructura de trabajo que facilite la colaboración entre las autoridades nacionales, especialmente cuando las investigaciones involucren organizaciones que operan en diferentes países.

Uno de los puntos centrales es que la lucha contra el narcotráfico no se limite únicamente al decomiso de drogas o a la detención de sospechosos, sino que también contemple las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Por esta razón, la coalición pretende ampliar sus esfuerzos hacia las redes de financiamiento ilícito, los sistemas logísticos utilizados por los grupos delictivos y los mecanismos de corrupción que pueden facilitar sus operaciones.

La estrategia contempla fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, de manera que las instituciones de seguridad puedan desarrollar respuestas coordinadas frente a amenazas que superan las fronteras nacionales.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estos esfuerzos deben desarrollarse respetando la soberanía de cada país y las disposiciones establecidas en sus respectivos marcos jurídicos.

Iniciativa comenzó en marzo de 2026 en Estados Unidos

La Coalición de las Américas Contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión celebrada en Miami, Florida, donde comenzó el proceso de articulación entre los países participantes.

Posteriormente, en agosto del mismo año, se desarrolló una nueva etapa de seguimiento en Ciudad de Panamá, con el objetivo de continuar las conversaciones y avanzar en la coordinación regional.

El encuentro de Santo Domingo representó una nueva fase de este proceso, centrada en transformar los compromisos iniciales en mecanismos de trabajo más concretos.

Para Costa Rica, la participación en esta iniciativa representa una oportunidad para ampliar la colaboración con otros países en materia de seguridad pública y fortalecer los esfuerzos contra el crimen organizado.

Las autoridades consideran que el carácter internacional de muchas organizaciones delictivas hace necesaria una coordinación que permita compartir información y desarrollar acciones entre diferentes instituciones.

En ese sentido, el intercambio de inteligencia constituye uno de los principales componentes de la iniciativa, debido a que puede contribuir al seguimiento de organizaciones que mantienen actividades en varios territorios.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la colaboración internacional permitirá continuar impulsando esfuerzos regionales contra las estructuras criminales, bajo el respeto de las competencias y legislación de cada nación.

Con la participación en esta conferencia, Costa Rica reafirma su incorporación a un mecanismo de cooperación integrado por 19 países, que busca fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar estrategias conjuntas frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El detenido, de 42 años y originario de ese municipio oaxaqueño, era señalado como el sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado días antes en Jalisco. Junto a Carlos César Cruz Muñoz fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, identificada como presunta operadora logística de la organización.

Detención en Tuxtepec y los señalamientos contra los capturados

El operativo se ejecutó en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, resultado de labores de recolección y análisis de información, inteligencia naval y la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con el área de operaciones especializadas de Marina. El detenido también responde a los alias de “Semo” o “Señor de las Luces”.

Carlos César Cruz Muñoz, esta vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto jefe de plaza en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Segundo al mando y sucesor de “El Tanque”

De acuerdo con la información oficial, Carlos César Cruz Muñoz, ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura del grupo delictivo al que pertenecía. Las autoridades lo señalan como presunto sucesor de Iván Casarín Molina, alias “El Tanque”, detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 5 de octubre.

“El Tanque” fue capturado mediante una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo identificó en su momento como presunto operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Radio de acción del grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca

Carlos César Cruz Muñoz, es señalado como presunto responsable de actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites de ese estado con Oaxaca. El grupo delictivo al que pertenecería está vinculado con secuestros y homicidios en esa franja territorial.

El detenido es señalado por su presunta participación en el asesinato de dos agentes ministeriales ocurrido en Vía Muerta, Boca del Río, en mayo de 2025, durante un operativo contra el secuestro.

Ana Gabriela Aguilar Ávalos, por su parte, es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en la misma zona de Veracruz y Oaxaca, sin que el comunicado oficial detalle funciones adicionales atribuidas a ella.

Bienes asegurados y traslado de los detenidos

Durante la acción se aseguraron sustancias ilícitas, armas y granadas. También fueron decomisados cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble.

El valor estimado de estos bienes asciende a 8.837.000 pesos, según el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval desde Tuxtepec, Oaxaca, hasta la Base Aeronaval de Veracruz. Posteriormente fueron llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Parte de una ofensiva más amplia contra el grupo delictivo

Las autoridades federales enmarcaron estas detenciones dentro de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia. El comunicado oficial precisa que estas capturas se suman a las de otros 16 integrantes de este mismo grupo delictivo, detenidos previamente en Veracruz y Oaxaca.

Marina, SSPC, FGR y las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales que operan en la región. El despliegue en Tuxtepec incluyó más de 15 vehículos oficiales, varios blindados, que ingresaron a las colonias Gelatao, Loma Alta, El Nanche, El Rubí, El Edén y Los Tules, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad y puntos cercanos de Veracruz como Tres Valles y Cosamaloapan.

Otras detenciones dentro de la misma estructura

La captura de Carlos César se suma a la de otros 16 presuntos integrantes de este grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca, como parte de los esfuerzos coordinados para debilitar la estructura criminal en la región.

Entre las personas ya detenidas dentro de esta presunta organización se encuentran Omar Alfonso, conocido como “Comandante Toga”, y Cristian Aldair, identificado como “Comandante Güero”. Ambos son señalados como mandos operativos subordinados a la célula que encabezaban sucesivamente “El Tanque” y, posteriormente, “El Semáforo”.

La estructura operativa a la que pertenecían ambos detenidos habría estado subordinada a Cazarín Molina antes de su captura en Jalisco. Las autoridades no han precisado si existen más personas señaladas dentro de esta cadena de mando que permanezcan prófugas.

“El Tanque” y cómo fue su detención

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con apoyo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que la detención ocurrió en flagrancia y que las autoridades aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. El funcionario señaló que la acción resultó de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre dependencias.

El Gobierno mexicano identifica a Cazarín Molina como líder regional de una célula del CJNG con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y lo ubica dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en un ataque armado contra un helicóptero en Jalisco en 2015, durante un operativo contra “El Mencho”.

García Harfuch indicó que en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Cazarín por sus vínculos con el CJNG, lo que permitió un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA) que condujo a su localización.

Tras su detención, “El Tanque” fue acusado formalmente el 22 de octubre por un gran jurado federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, además de posesión de arma de fuego vinculada al narcotráfico. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Una jueza federal mexicana, Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó un amparo con el que la defensa de Cazarín buscaba frenar una eventual orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles 28 de octubre cargos formales contra 24 personas señaladas de integrar una organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa que distribuyó grandes cantidades de metanfetamina, fentanilo, cocaína y otras drogas en el centro de Tennessee.

El fiscal federal Braden H. Boucek anunció la acusación en una conferencia de prensa en Nashville, derivada de una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

Los documentos judiciales alegaron que la organización en Tennessee operaba bajo la dirección de sujetos en México y otros lugares, conocidos como “La Oficina”, quienes coordinaban las actividades de narcotráfico y conspiraron para distribuir cientos de kilogramos de droga mientras lavaban millones de dólares mediante transacciones financieras y el contrabando de efectivo hacia proveedores en México.

Según las acusaciones, dos de sus líderes dirigieron las operaciones desde prisiones estatales de Tennessee.

El comunicado de EEUU no precisó a qué facción del Cártel de Sinaloa es afín la organización. Los documentos judiciales no mencionan si la red operaba bajo “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, o alguna otra fracción con menor relevancia.

Estos son los 24 acusados por EEUU

La acusación formal, de 33 cargos, identificó a los siguientes 24 imputados por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir 50 gramos o más de metanfetamina, 400 gramos o más de fentanilo, cinco kilogramos o más de cocaína, además de cantidades de heroína y marihuana:

Humberto Morales, alias “Pelón”, “Homie”, “Big Homie”, “Jefe”, de 34 años; José Martín Pérez, alias “JR”, “Junior”, de 30 años; Roger Dale Floyd, alias “Crow”, de 65 años; Eric Colon, de 36 años; Montay Batey, de 27 años; Monterrey Batey, de 34 años; Danielle Nuno, de 32 años; Tynerick D. Turner, de 26 años; Reginald Dante Samuels, de 37 años; Geovany José Rápalo Hernández, de 43 años; Juan Ramón Padilla-Torres, de 40 años; Johnny Mason, de 33 años; Quanshala Harper, de 30 años; César Carrillo Polina, de 23 años, y Hannah Ireland Thornton, de 24 años.

Nueve de los imputados enfrentaron, además del cargo de conspiración, cargos individuales por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, que conllevan una sentencia mínima obligatoria adicional de cinco años, consecutiva a cualquier otra pena: Chason Lipscomb, alias “Kilo”, de 29 años; David Joseph Kelsey, de 48 años; Héctor Alexis Rodríguez Sánchez, alias “Toly”, de 27 años; José Pablo Gachuz-Zamora, de 36 años; José Antonio Araujo-Rivas, de 32 años; Jesús Alberto Vázquez Rodríguez, de 35 años; José Antonio Olivas-Ávila, de 22 años; Magdiel Pina Ramírez, alias “Big Show”, “Menique”, “Moisés Rojas Rodríguez”, de 33 años, y José Cano Alonso, también identificado como “Heriberto Alonso Sánchez”, de 42 años.

Humberto Morales y José Martín Pérez, los dos señalados como líderes de mayor rango, enfrentaron además el agravante de haber dirigido las operaciones de la organización desde centros penitenciarios del Departamento Correccional de Tennessee, donde permanecían recluidos por delitos no relacionados con este caso.

Autoridades aseguraron más de 500 kilogramos de metanfetamina y 375 mil dólares en efectivo al grupo criminal

Según datos oficiales, la pesquisa culminó con la incautación de más de 500 kilogramos de metanfetamina, 20 kilogramos de fentanilo, 60 kilogramos de cocaína, más de 375 mil dólares en efectivo, varias armas de fuego y cinco vehículos.

El jefe de policía de Nashville, John Drake, señaló que la mayor parte de las drogas se decomisó en el condado de Davidson.

“No debemos olvidar que esta investigación resultó en la incautación de una enorme cantidad de drogas, incluyendo más de media tonelada de metanfetamina, además de cantidades menores de cocaína y fentanilo”, dijo Drake. Agregó que los detectives, agentes y oficiales que participaron en el caso “salvaron vidas gracias a estas incautaciones” y “evitaron el sufrimiento de las familias”.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Nashville el 21 de octubre de 2026 y desclasificada el 27 de octubre.

Según datos revelados por autoridades estadounidenses, para evadir a las fuerzas de seguridad, la organización criminal cambiaba de mensajeros y vehículos, además de usar automóviles registrados a nombre de terceros e intercambió matrículas con frecuencia.

Cuando las dependencias de seguridad localizaban o detenían a un integrante, otros participantes trasladaban las drogas, las armas y el dinero de los escondites antes de que los agentes pudieran actuar.

Humberto Morales y José Martín Pérez dirigieron la red desde prisiones de Tennessee

Los documentos judiciales indicaron que la organización operó bajo la dirección personas en México y otros lugares identificados como “La Oficina”, quienes coordinaron las actividades de narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa.

Los clientes realizaron pedidos a través de “La Oficina” o sus representantes, frecuentemente Morales o Pérez, quienes negociaron precios y coordinaron los lugares de entrega.

La red dependió casi exclusivamente de Signal, una aplicación de mensajería cifrada, para coordinar las transacciones y evitar la detección de las fuerzas del orden. Después de cada negociación, La Oficina coordinó con los mensajeros y con las personas que supervisaban los depósitos de droga para completar las entregas.

De ser declarado culpable, Morales se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 25 años y hasta cadena perpetua. Cada uno de los 23 acusados restantes enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal.

Dieciséis de los 24 acusados permanecen bajo custodia estatal por cargos no relacionados y serían presentados ante el tribunal federal en relación con este caso.

El gobierno solicitó la detención preventiva de todos, al alegar peligro para la comunidad, riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia.

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 10 kilos de metanfetamina ocultos en una máquina de carpintería que tenía como destino Australia.

El hallazgo se dio a conocer a través del comunicado de prensa conjunto 114/2026, fechado el 28 de octubre de 2026 en Ciudad de México, durante la revisión de un embarque de exportación en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cómo se detectó la droga en la aduana del AICM

El embarque fue declarado como una máquina trompo para carpintería. Durante el procedimiento de despacho, personal de la ANAM realizó una inspección no intrusiva con equipo de rayos X, con apoyo adicional de un binomio canino.

Esa revisión reveló compartimentos dentro de la maquinaria que no correspondían a su estructura original. Al abrir el equipo, los agentes localizaron 10 bolsas con una sustancia ajena a los componentes del aparato.

La inspección se realizó como parte del procedimiento habitual de despacho aduanero para embarques de exportación, sin que el comunicado detalle si hubo detenciones asociadas al hallazgo.

Autoridades involucradas en el operativo

La acción fue resultado de la coordinación entre tres dependencias federales. La ANAM condujo la inspección física y documental del embarque, mientras la Secretaría de Marina y la SSPC participaron en el operativo conjunto, según precisó el comunicado.

Las tres instituciones integran el Gabinete de Seguridad, que difundió el hallazgo como parte de sus reportes habituales sobre aseguramientos en operaciones de comercio exterior.

Qué sigue para la maquinaria y la droga asegurada

La máquina de carpintería permanece asegurada de manera precautoria en la aduana del AICM. Las autoridades tomaron muestras de la sustancia localizada para su análisis.

El dictamen técnico sobre la composición de la sustancia estará a cargo del Laboratorio Central de la ANAM. Una vez concluido ese análisis, el procedimiento continuará con la puesta a disposición del caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), según el comunicado.

El documento no especifica plazos para la emisión del dictamen ni detalles adicionales sobre el remitente o destinatario declarado del embarque.

Antecedentes de envíos de metanfetamina a Australia desde México

El AICM ha registrado en años recientes varios aseguramientos de metanfetamina con Australia como destino declarado. En septiembre de 2022, la ANAM informó el aseguramiento de 440 kilogramos de aparente metanfetamina dentro de 20 botes de plástico con destino a la ciudad de Victoria, en Australia, detectados por un binomio canino.

En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Marina detectó un cargamento de 8 mil 368 kilogramos de shampoo, acondicionador y cremas que dio positivo a contaminación con metanfetamina y cocaína, en el mismo aeropuerto. El entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, calificó el hallazgo como el mayor registrado hasta ese momento en una terminal aérea mexicana, con destino a Australia.

Más recientemente, en julio de 2025, la Guardia Nacional incautó más de 100 kilogramos de metanfetamina ocultos en bloques metálicos de maquinaria en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, procedentes de Lagos de Moreno, Jalisco, también con destino a Sídney, Australia.

Decomisos registrados en puertos australianos con origen en México

En abril de 2023, agentes de la Fuerza Fronteriza de Australia inspeccionaron en el puerto de Nuevo Gales del Sur, en Sídney, una prensa hidráulica procedente de México. El grosor anormal del acero, detectado mediante rayos X, llevó a desarmar el equipo.

Dentro de la maquinaria hallaron 79 paquetes esféricos con metanfetamina en polvo, con un peso total de 300 kilos.

Dos días antes de ese hallazgo, la Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés) había interceptado en territorio australiano otro cargamento con 45 kilos de metanfetamina salido de México, oculto en una máquina de inyección de plástico y enviado con escala en Hong Kong con destino a Melbourne.

Salam Zreika, sargento de la AFP, declaró al anunciar el decomiso de la prensa hidráulica: “El decomiso muestra lo que están dispuestos a hacer los grupos del narcotráfico para introducir droga a Australia por las ganancias que pueden generar aquí”.

La misma investigación señaló que la AFP abrió una oficina en México para anticipar movimientos de los traficantes que operan hacia Oceanía, y que la corporación identificó al menos dos rutas utilizadas para esos envíos: una con escalas en Corea del Sur y Hong Kong, y otra que pasa por islas como Fiyi y Tonga.

Rosario realizará una exposición sobre seguridad, dividida en dos encuentros durante noviembre y diciembre, para presentar los resultados del modelo que articula al Estado, el municipio, universidades, organizaciones sociales y empresas privadas. El gobierno de Santa Fe, la intendencia de Rosario y la Bolsa de Comercio son parte de la organización. La propuesta busca vincular las políticas contra el crimen con el desarrollo económico de la ciudad y proyectar una agenda de trabajo hasta 2036.

La primera convocatoria se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre bajo el eje “Seguridad y Desarrollo Económico”. El segundo encuentro será el 2 y 3 de diciembre y estará centrado en la prevención social de las violencias, con la participación de instituciones estatales, referentes barriales y ciudadanos.

La agenda se construyó a partir de los cambios que Rosario atravesó tras uno de los períodos de mayor violencia de su historia reciente. La exposición planteará que la respuesta combinó decisiones gubernamentales, compromiso de la sociedad civil y participación empresarial, con medidas orientadas a recuperar el control territorial y reforzar las herramientas de prevención.

Entre diciembre de 2022 y agosto de 2026 fueron derribados más de 80 búnkeres de droga en Rosario, de acuerdo con los informes provinciales de seguridad de 2025 y 2026. Esos mismos registros consignan una baja del 70% de la violencia respecto del punto más alto de la crisis.

Se buscará presentar esos indicadores como parte de un proceso con efectos sobre la actividad económica, la circulación urbana y el turismo. Rosario recibió 2,4 millones de visitantes durante 2025, una cifra que la organización del encuentro identifica como un récord para la ciudad.

La exposición tendrá como objetivo documentar el modelo de cooperación público-privada aplicado en Rosario, posicionar a la ciudad y a la provincia como referencias para otros distritos y aportar propuestas para la estrategia de seguridad prevista hacia 2036. El planteo oficial sostiene que los avances obtenidos deben mantenerse en el tiempo y convertirse en una política de largo alcance.

El primer encuentro reunirá a empresarios, periodistas, líderes de opinión y funcionarios de seguridad de otras provincias. Tendrá una duración de un día y medio, con una asistencia estimada en alrededor de 500 personas.

La jornada del 4 de noviembre se realizará en el Salón Metropolitano, mientras que el 5 de noviembre estará destinado a visitas vinculadas con la infraestructura del programa de seguridad. El recorrido incluirá el nuevo penal denominado “El Infierno”, estaciones policiales y el centro de monitoreo Lince.

La programación de noviembre abordará el diagnóstico y la conducción política, las reformas legislativas y judiciales, las compras realizadas en situación de emergencia, el uso de tecnología, el servicio penitenciario, el papel de los medios de comunicación y el desarrollo económico y productivo.

Uno de los puntos que se exhibirán será el funcionamiento del Sistema Lince, que procesa 144 mil horas diarias de video. Según los datos incluidos en los informes provinciales de seguridad, esa herramienta contribuyó a resolver más de 650 casos.

La exposición buscará explicar cómo se incorporó al sector privado a las acciones contra el crimen y cuál fue el alcance de las inversiones y obras asociadas al plan oficial. La actividad combinará exposiciones plenarias, paneles de conversación, una feria con demostraciones en vivo y recorridos de campo.

La segunda parte de la iniciativa se realizará en el Centro de Convenciones La Fluvial, ubicado en Los Inmigrantes 410. Estará enfocada en experiencias de intervención en barrios, acompañamiento a familias y programas dirigidos a jóvenes.

El encuentro de diciembre contará con representantes de distintos niveles del Estado, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos. También prevé una convocatoria cercana a 500 asistentes y una duración de un día y medio.

Los temas previstos incluyen familias y juventudes, contextos de encierro y egreso, unidades socioproductivas y socioeducativas, además de un pacto social de compromisos. La propuesta busca reunir iniciativas que trabajan sobre las condiciones sociales vinculadas a las violencias y darles continuidad institucional.

La actividad concluirá con un documento elaborado durante el encuentro y firmado por instituciones sociales y estatales. Ese texto funcionará como una hoja de ruta para sostener las acciones implementadas y fijar compromisos para una Rosario segura, integrada y con proyección de futuro.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este miércoles que incautó 4,204 libras de marihuana, equivalentes a 1.9 toneladas, ocultas en un camión que transportaba cerámica y que fue retenido en el puesto de control fronterizo de El Guasaule, en el departamento de Chinandega.

De acuerdo con la información de la institución policial, el procedimiento ocurrió el martes 27 de octubre. La droga estaba escondida en más de 600 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café.

El vehículo inspeccionado era un cabezal de color rojo junto con un remolque de plataforma de color blanco. Según el reporte oficial, el cargamento tenía como destino final Costa Rica y había partido desde Hidalgo, México.

La droga estaba oculta entre láminas y flejes de la carga

La Policía nicaragüense indicó que los agentes detectaron la mercancía ilícita durante una revisión de láminas aislantes de calor y flejes, unas cintas plásticas utilizadas para asegurar mercadería.

“Al inspeccionar láminas de aislante de calor y flejes para amarrar mercancía, se incautaron 608 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo hierba color verde”, detalló la institución en la síntesis difundida sobre el caso.

A su vez, las primeras pruebas de campo dieron resultado positivo para marihuana. Luego, peritos de Criminalística realizaron análisis químicos que también confirmaron que la sustancia incautada era marihuana, según informó la fuerza policial.

La carga fue localizada entre productos de cerámica, sulfato de plomo y respuestas para vehículos que eran trasladados por el conductor del camión, identificado como Fredy Bladimiro R., de 52 años y nacionalidad guatemalteca.

Según la reconstrucción de los hechos, el transportista ingresó a México durante la mañana del 23 de octubre de 2026 y se dirigió a una bodega.

De igual manera, el comunicado de la institución señala que el conductor cargó el camión en ese lugar y que, cerca de las 14:00 de ese mismo día, retiró el cabezal con el furgón para estacionarlo en el área asignada por la compañía. Al día siguiente, el 24 de octubre, salió de México a las 9:00 para partir rumbo a Costa Rica.

El vehículo llegó el lunes 26 de octubre a la frontera de El Guasaule, en Nicaragua. Allí fue sometido a un proceso de perfilamiento e inspección, tras el cual los agentes encontraron la droga oculta en el cargamento de cerámica, siempre de acuerdo con la versión de la Policía.

A su vez, la Policía nicaragüense precisó que aplicó la técnica Scintrex Trace, un detector empleado para identificar partículas de marihuana. A su vez, el análisis se realizó en distintos sectores de la cabina del vehículo, entre ellos la palanca de cambios, el timón, la vestimenta, los dorsales y las palmas de las manos del detenido.

Ese procedimiento confirmó la presencia de partículas de marihuana en los elementos examinados. El comunicado no informó sobre otras personas detenidas ni sobre las medidas judiciales que enfrentarán Recinos Vargas y el cargamento retenido.

La operación incluyó además la ocupación del cabezal y de su plataforma, utilizados para transportar la mercancía.

Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias “D-Max” y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Dimax, fue expulsado de Panamá y entregado a las autoridades colombianas el martes 27 de octubre.

El extranjero registra una condena superior a 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol por requerimientos judiciales en su país de origen.

Castillo Vaca es vinculado por las autoridades con presuntas actividades de narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y préstamos ilegales mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

La organización Los Dimax, que presuntamente dirigía, mantiene su principal área de operaciones en Cali, una de las ciudades colombianas donde las autoridades han investigado estructuras dedicadas a distintas actividades delictivas.

El colombiano había sido identificado en septiembre por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante labores coordinadas con el Consejo de Seguridad Nacional y la Policía de Colombia.

Estas diligencias permitieron confirmar su identidad y los requerimientos judiciales que motivaron su entrega a las autoridades del vecino país.

Su salida formó parte de un operativo que involucró a 37 colombianos, de los cuales 19 fueron deportados y 18 expulsados. Entre las causales identificadas figuran delitos contra la seguridad colectiva y casos relacionados con el Tren de Aragua y préstamos informales, mientras Panamá mantiene controles sobre extranjeros vinculados con actividades ilícitas.

El caso también vuelve a poner bajo atención el sistema de préstamos denominado “gota a gota”, utilizado para ofrecer dinero rápido, generalmente sin garantías bancarias ni evaluaciones crediticias.

Los prestatarios deben realizar pagos frecuentes, habitualmente diarios, bajo condiciones que pueden incluir intereses elevados y mecanismos de cobro abusivos, especialmente cuando existen retrasos.

En Panamá, prestar dinero con intereses elevados no constituye automáticamente un delito, porque la usura no está tipificada como una conducta penal independiente en el Código Penal vigente.

Sin embargo, cuando los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones o exigencias violentas, pueden configurarse delitos como extorsión, castigada con penas de cinco a diez años de prisión.

Las autoridades panameñas han desarrollado otros operativos contra personas vinculadas a esta modalidad. En agosto de 2026, Migración retuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un colombiano identificado como presunto tercer cabecilla de La Inmaculada, una organización criminal investigada por extorsiones y cobros violentos de préstamos en Colombia.

Posteriormente, el 4 de septiembre, un ciudadano colombiano fue aprehendido en Chitré, provincia de Herrera, durante la Operación Perseus, cuando presuntamente realizaba cobros diarios.

La intervención respondió a que su actividad económica era incompatible con el permiso migratorio que autorizaba su permanencia en territorio panameño.

El 20 de septiembre, la Policía Nacional reportó la aprehensión de otros tres colombianos presuntamente relacionados con el sistema de cobros denominado “cobra diario”. Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continuaban las verificaciones sobre sus actividades y posibles infracciones legales.

Los controles migratorios también reflejan un aumento de las medidas administrativas de salida. Hasta el 11 de octubre de 2026, Panamá había registrado 3.711 deportaciones y expulsiones, distribuidas entre 2.907 deportados y 804 expulsados, según las estadísticas oficiales correspondientes a ese período.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron los registros con 2.079 personas, seguidos por 508 ecuatorianos y 237 ciudadanos de India. Los hombres concentraron 3.170 procedimientos, frente a 541 mujeres, mientras otras nacionalidades acumularon 887 casos dentro del balance migratorio.

Mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, Panamá contabilizó 3.209 personas deportadas o expulsadas, entre ellas 1.860 colombianos, 494 ecuatorianos y 236 ciudadanos indios.

El informe también registró 134 venezolanos y cinco ecuatorianos con retorno asistido, como parte de los mecanismos de cooperación internacional.

Con el operativo del 27 de octubre, Panamá acumuló 76 vuelos chárter utilizados en procedimientos de control migratorio. Las autoridades mantienen la cooperación con organismos internacionales para identificar personas requeridas judicialmente y fortalecer la vigilancia sobre actividades criminales, mientras continúan las deportaciones y expulsiones de extranjeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina a la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen. Le Pen lanzó su campaña presidencial en Orleans el 25 de octubre y advirtió que no permitirá que Francia se deslice hacia la “mexicanización” por la presencia de cárteles.

Al ser cuestionada sobre si tenía alguna postura respecto a esa declaración, la mandataria respondió:

“Está mal informada, porque la mexicanización, que debería llegar a todo el mundo, es la de los valores del pueblo de México, de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero.”

Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Le Pen en el arranque de su campaña?

Le Pen habló ante unos 8 mil 500 simpatizantes de Agrupación Nacional (RN) en su primer gran mitin de campaña. Sostuvo que no permitirá que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles, y prometió erradicar esas organizaciones tratándolas como terroristas.

Entre sus principales propuestas, de acuerdo con reportes de medios:

• Tolerancia cero en materia de inmigración. (Infobae)
• Una “doble frontera” europea y francesa, junto con la deportación automática y permanente de migrantes.
• Restablecer el Estado de derecho tras las recientes protestas con disturbios en distintas ciudades francesas.
• Expulsar a migrantes que cometan delitos y endurecer las sanciones a quienes agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Grupo Marmor señaló que la expresión corresponde a un planteamiento político de Le Pen y no constituye, por sí misma, una descripción objetiva de la seguridad en ambos países.

¿Quién es Marine Le Pen?

Nació en 1968 en Neuilly-sur-Seine, es abogada y presidió el Frente Nacional desde enero de 2011, en sustitución de su padre, Jean-Marie Le Pen. En junio de 2018 anunció que el partido pasaría a llamarse Agrupación Nacional, con el objetivo de distanciarse del pasado extremista de la formación. Desde 2022 el partido es presidido por Jordan Bardella, a quien ella misma eligió como relevo.

La BBC la describió como una dirigente cuya política migratoria sigue siendo de extrema derecha, aunque la imagen que transmite es moderada y cercana al populismo. Ese giro buscó “desdemonizar” al partido ante la opinión pública.

Su historial electoral en presidenciales: tercer lugar en 2012 con 17.9 % de los votos; segunda vuelta en 2017 con 33.9 % y en 2022 con 41.45 %. La de 2027 será su cuarta candidatura.

Su situación judicial

En marzo de 2025 fue declarada culpable de malversar fondos de la Unión Europea para pagar personal del partido, y recibió una inhabilitación de cinco años. Le Pen ha sostenido su inocencia.

En apelación, el Tribunal de París la condenó a 45 meses de inelegibilidad, 30 de ellos condicionales, por lo que en principio puede presentarse en 2027. La sentencia mantiene la declaración de culpabilidad. Existe además la posibilidad de un nuevo recurso de casación.

El contexto de los cárteles en Europa

Una investigación de The Guardian identificó actividad de organizaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, cifra que podría llegar a 16. Francia figura entre los países con presencia más destacada.

En mayo de 2025, autoridades francesas y Europol desmantelaron una red ligada al Cártel de Sinaloa, con 16 detenidos. Según medios, fue el primer caso documentado en Francia con participación directa de ese grupo: un laboratorio de metanfetamina operado por químicos mexicanos en el departamento de Var.

Antecedentes de respuestas de Sheinbaum a figuras extranjeras

Sheinbaum ya había rechazado declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien equiparó a México con Cuba y Venezuela y lo calificó de “narcoestado”. En aquella ocasión, la mandataria defendió el proyecto de la Cuarta Transformación.

Lo que sigue

Le Pen lidera los sondeos para suceder a Emmanuel Macron, quien no puede volver a presentarse. Las elecciones presidenciales están previstas para abril de 2027.

Las autoridades panameñas decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita que permanecían ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor localizado en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

El cargamento procedía de Paita, Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, una ruta comercial que ha sido utilizada reiteradamente para el tráfico internacional de drogas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el hallazgo se produjo mediante operaciones de control portuario, desarrolladas en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector.

La institución no precisó el peso de los paquetes ni el tipo de sustancia encontrada, cuya identificación corresponde a las investigaciones correspondientes.

Este decomiso se suma a otros cargamentos interceptados durante 2026 mediante una modalidad que consiste en introducir drogas en contenedores utilizados para transportar mercancías legales.

Los narcotraficantes aprovechan el movimiento internacional de carga y las operaciones de transbordo para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados de Europa y otros continentes.

El pasado 26 de octubre, la Aeronaval reportó 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de otro contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.

Una semana antes, el 19 de octubre, las autoridades habían localizado 298 paquetes de presunta droga en un cargamento procedente de Guayaquil, Ecuador, que también se dirigía hacia territorio español.

Los decomisos de mayor volumen incluyen 1,897 paquetes encontrados en abril dentro de dos contenedores que viajaban desde Ecuador hacia Bélgica. En julio fueron interceptados otros 1,130 paquetes procedentes de Perú, mientras que en marzo la Policía Nacional descubrió 525 paquetes en un contenedor cuyo destino final era Málaga, España.

La utilización de contenedores refrigerados constituye una de las técnicas identificadas por las autoridades para introducir sustancias ilícitas en el comercio marítimo.

Los compartimentos técnicos permiten esconder paquetes sin colocarlos directamente entre las mercancías, mientras que la circulación de miles de contenedores plantea importantes desafíos para las inspecciones y los controles de seguridad.

La Aeronaval identificó durante 2025 la carga contenerizada como una modalidad recurrente del narcotráfico internacional. En ese período documentó 42 eventos relacionados con esta práctica, con 12,533 paquetes de cocaína decomisados, equivalentes al 35% de las incautaciones registradas por la institución hasta septiembre de ese año.

Las investigaciones desarrolladas en Panamá también han revelado la presunta infiltración de organizaciones criminales en instalaciones portuarias. En mayo de 2026, la Operación Dársena Cero permitió aprehender a 16 personas, entre trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, vinculadas a una investigación sobre más de cuatro toneladas de drogas detectadas en contenedores con destino europeo.

Según las investigaciones, integrantes de estas redes presuntamente utilizaban información sobre la ubicación de contenedores, espacios con menor vigilancia y mecanismos para sustituir sellos de seguridad.

Posteriormente, en julio, la Operación Alianza permitió la aprehensión de más de 25 personas, investigadas por una estructura que operaba principalmente desde el puerto de Balboa.

El alcance de estas actividades se refleja en las cifras oficiales de incautaciones. Según el balance más reciente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), hasta el 26 de octubre de 2026 se habían decomisado 60,910 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 94 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

Estas cifras evidencian la magnitud de las actividades del narcotráfico y los esfuerzos de las autoridades para combatirlas.

La reiteración de estos hallazgos evidencia la presión del narcotráfico sobre los puertos panameños, utilizados como puntos de conexión entre América y otros mercados internacionales. Las autoridades mantienen operaciones de inteligencia, inspección y vigilancia para detectar cargamentos contaminados y desarticular redes criminales que aprovechan las rutas del comercio marítimo.

La ostentosa celebración de los 15 años de Adriana Cifuentes, hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, devolvió al centro del debate público a su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, un narcotraficante confeso que cumplió condena en Estados Unidos tras admitir operaciones de trasiego de cocaína a gran escala

Pero ¿quién es el padre de la quinceañera y cuáles fueron los cargos que admitió en Estados Unidos?

Cifuentes Sagastume, conocido como “El Gordo”, fue concejal primero de Zacapa por el Comité Cívico El Cambio. El 3 de noviembre de 2017 fue detenido en Río Dulce, Izabal, tras permanecer prófugo desde agosto de ese año, cuando dejó de asistir a sus funciones municipales.

Estados Unidos lo reclamaba por conspiración para poseer y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de embarcaciones sujetas a jurisdicción estadounidense, qué más tarde se supo que se trataba de lanchas rápidas.

En un inicio se opuso a la extradición y permaneció casi seis años detenido en Guatemala, primero en el centro de detención Matamoros y luego en la prisión Álvaro Arzú Irigoyen, en Los Jocotes, Zacapa.

El 30 de marzo de 2023 fue extraditado para comparecer ante la Corte Federal del Distrito Sur de California. Meses después aceptó un acuerdo de culpabilidad por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína en una embarcación.

Según documentos judiciales, admitió que entre 2016 y 2017 coordinó, junto con otros integrantes de la estructura, el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, con rutas posteriores hacia México y Estados Unidos.

Las lanchas rápidas y los cargamentos decomisados

La acusación formó parte de un expediente contra 26 personas vinculadas con una red internacional de tráfico marítimo de drogas. La fiscalía sostuvo que Sergio Fernando Cifuentes Sagastume ocupaba una posición de liderazgo dentro de la organización.

Uno de los principales decomisos ocurrió el 2 de enero de 2017, cuando autoridades estadounidenses interceptaron una lancha rápida con 866,2 kilogramos de cocaína en aguas del Pacífico, al oeste de Guatemala. Mensajes hallados en una cuenta de Blackberry fueron utilizados para relacionarlo con ese cargamento.

La investigación también lo vinculó con otros 69 kilogramos de cocaína incautados en Puerto Quetzal. La fiscalía señaló que el exconcejal coordinaba la compra de droga a proveedores colombianos, su extracción de contenedores o embarcaciones menores y la entrega a compradores mexicanos.

En octubre de 2023, el juez federal Larry Burns lo condenó inicialmente a 90 meses de prisión, además de cinco años de libertad supervisada. La pena fue reducida después a 72 meses, con reconocimiento del tiempo que ya había cumplido en Guatemala mientras se resolvía su extradición.

La defensa sostuvo que lloraba por su esposa e hijos

El abogado Nathaniel Crowley argumentó ante la justicia estadounidense que su cliente podía abandonar el narcotráfico y reinsertarse en actividades legales vinculadas con la ganadería lechera, la reparación y venta de vehículos y la construcción.

En sus argumentos, la defensa afirmó que Cifuentes Sagastume había padecido condiciones difíciles en prisión, donde temía ser atacado por personas relacionadas con la conspiración. Crowley sostuvo que su cliente pasó períodos en aislamiento y que, en ocasiones, evitaba comer o bañarse por temor a sufrir agresiones.

El abogado también aseguró que el exconcejal lloraba cuando recordaba a su esposa y a sus cuatro hijos. La defensa enfatizó que uno de ellos tiene autismo y que el acusado había permanecido alejado de su familia durante años.

En una audiencia previa a su condena, sus familiares ofrecieron que residiera en Hayward, California, bajo supervisión, y que ayudara a cuidar a sobrinos (como niñero) de entre dos y siete años. Una tía consideró hipotecar su vivienda como garantía para una fianza de USD 500 mil, aunque no se estableció públicamente si esa caución llegó a pagarse.

Sin embargo, más tarde la celebración de los 15 años de su hija Adriana se realizó con una fiesta que incluyó hasta puestos de comida rápida de marcas nacionales e internacionales, así como cantantes de renombre y una orquesta sinfónica en vivo para que él y la joven bailaran el vals.

El regreso a Zacapa y la bienvenida organizada por su entorno

Cifuentes Sagastume recuperó la libertad el 17 de mayo de 2024 y regresó a Zacapa a inicios de junio. El 4 de ese mes recibió una bienvenida en la vivienda de su madre, en la aldea La Fragua.

Asistieron Ovalle, uno de sus hijos, familiares, amigos, empleados municipales y miembros del comité cívico R-19.

Durante una actividad religiosa y una cena, el exconcejal afirmó que la prisión le había cambiado la vida. Dijo que extrañaba a su familia y que deseaba reconstruir su vínculo con sus hijos.

La alcaldesa, por su parte, agradeció el regreso de su esposo y recordó las dificultades que enfrentó la familia durante los años de encarcelamiento.

La celebración de 15 años y la respuesta del Gobierno de Estados Unidos

El festejo incluyó carruaje, flores importadas de Ecuador, pirotecnia, puestos de comida, artistas, creadores de contenido, seguridad privada y un vestido elaborado por una firma mexicana. En las imágenes difundidas en redes sociales, Cifuentes Sagastume aparece durante el vals con su hija.

La celebración también contó con la actuación del cantante colombiano Jessi Uribe, de la guatemalteca Fabiola Roudha y de músicos que fueron identificados por asistentes como integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. La institución aclaró que no participa en eventos privados y que, si algunos de sus integrantes estuvieron presentes, lo hicieron a título personal.

Ovalle había dicho antes de la fiesta que familiares suyos aportarían el pastel, la comida y la música. Sin embargo, no existe una cifra pública verificable sobre el costo total ni una confirmación de que se hayan usado recursos municipales.

La celebración de los 15 años de Adriana volvió a colocar a la pareja en el centro de la discusión pública. Consultada por Diario La Hora, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó: “Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”.

Fabiola Roudha difundió un comunicado para aclarar que no asistió como invitada. La artista indicó que su presencia respondió a una contratación profesional pactada en agosto con la empresa ML Eventos Creativos, S. A., y negó cualquier vínculo personal, comercial o político con la Municipalidad de Zacapa o con sus autoridades.

/mexico/2026/10/28/golpe-a-la-luz-del-mundo-tribunal-federal-niega-mociones-de-naason-joaquin-rumbo-a-su-juicio-en-nueva-york/

/mexico/2026/10/28/ricardo-trevilla-supervisa-tropas-de-la-defensa-en-mazatlan-luego-del-hallazgo-de-presuntos-restos-humanos-al-exterior-del-ayuntamiento/

/mexico/2026/10/28/capturan-a-la-china-ex-policia-estatal-de-tamaulipas-ligada-a-la-masacre-de-19-migrantes-en-camargo/

/mexico/2026/10/28/cumplimentan-orden-de-aprehension-contra-el-toro-miembro-de-la-familia-michoacana-acusado-de-extorsion/

/mexico/2026/10/28/fgr-desarticula-celula-de-secuestradores-ligada-al-asesinato-de-un-agente-federal-en-almoloya/

/mexico/2026/10/27/fiscalia-de-veracruz-ofrece-recompensa-de-350-mil-pesos-por-el-presunto-feminicida-de-la-doctora-cristina-ramos-el-padre-tambien-es-buscado/

/mexico/2026/10/27/asesino-a-cuatro-personas-a-tiros-durante-un-funeral-y-fue-sentenciado-a-mas-de-200-anos-de-prision/

/mexico/2026/10/27/procesa-a-miembro-de-la-alianza-de-sindicatos-de-oaxaca-por-exigir-15-mil-pesos-semanales-a-constructora/

/mexico/2026/10/27/autoridades-llevan-a-juicio-a-un-menor-de-edad-senalado-como-complice-en-el-feminicidio-de-helen-ramirez/

/mexico/2026/10/27/alerta-en-la-condesa-por-presunto-envenenamiento-de-perros-en-parque-espana-fiscalia-revisa-ocho-puntos/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1793138131

/mexico/2026/10/27/balean-casa-presuntamente-ligada-al-gobernador-con-licencia-ruben-rocha-moya-en-culiacan/

Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, líder de los Cárteles Unidos, está siendo “cercado” por autoridades de México y Estados Unidos (EEUU) para su detención en los próximos días o semanas.

Así lo aseguraron los periodistas y escritores especializados en narcotráfico José Luis Montenegro y Jesús Lemus, en su podcast Narcomundo, donde dijeron que “ya no tardan” en detener al narcotráficante.

/mexico/2026/10/27/dea-y-fbi-estrechan-el-cerco-contra-el-abuelo-farias-lider-de-carteles-unidos-especialistas-preven-una-captura-inminente/

Las desapareciones de niñas y adolescentes en Guerrero y Puebla han alertado a la población y sus familias piden ayuda para encontrarlas ya que temen que puedan ser víctimas de algún tipo de delito.

Romina Querena Pomposo Tolama, de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 2026 al salir de la escuela Guillermo Jiménez Morales, en Puebla. Según la información difundida por su familia, una mujer habría llevado a la menor cuando se encontraba en la plazuela del Calvario, en la colonia Plazas Amalucan.

/mexico/2026/10/27/a-romina-de-8-anos-se-la-llevo-una-mujer-en-puebla-a-cambio-de-una-casa-yeimi-y-yamileth-desaparecieron-en-guerrero-y-jalisco/

El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de ser reportado como desaparecido el pasado sábado tras salir de una consulta médica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este martes el sacerdote fue localizado “sano y salvo” en la ciudad, tres días después de ser visto por última vez.

/mexico/2026/10/27/localizan-con-vida-al-sacerdote-clemente-morales-reportado-como-desaparecido-en-culiacan-blindan-parroquia-donde-daba-misa/

Dos narcolaboratorios para elaborar metanfetamina fueron localizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Topia, en Durango. Su desmantelamiento provocó una afectación de más de 500 millones de pesos a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los laboratorios clandestinos fueron localizados en dos acciones distintas en inmediaciones del poblado El Destierro, en el que el primer sitio fue ubicado durante labores de búsqueda de lugares para la fabricación de drogas, en el que aseguraron aproximadamente 3 mil litros de metanfetamina líquida.

/mexico/2026/10/27/marina-golpea-con-mas-de-500-millones-de-pesos-a-los-mayos-desmantelan-dos-narcolaboratorios-para-elaborar-metanfetamina-en-durango/

Zapopan se ha convertido durante 2026 en uno de los principales puntos de captura de objetivos prioritarios relacionados con organizaciones criminales, con al menos 12 personas detenidas en los primeros nueve meses del año y hasta octubre.

Los perfiles identificados por autoridades incluyen presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), miembros de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, además de personas investigadas por extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, homicidio y contrabando de hidrocarburos.

/mexico/2026/10/27/zapopan-refugio-del-crimen-organizado-12-objetivos-prioritarios-han-sido-detenidos-en-nueve-meses/

La detención de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, abrió una nueva etapa para las investigaciones sobre la violencia atribuida a Los Rusos en el Valle de Mexicali.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 26 de octubre que el presunto operador tiene asuntos pendientes con la justicia estatal por homicidio y desaparición de personas, además de que las autoridades lo relacionan con los asesinatos de los agentes Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, así como con el de la esposa del primero.

/mexico/2026/10/27/los-rusos-tras-la-captura-de-el-isra-las-investigaciones-por-desapariciones-y-ataques-contra-policias-que-siguen-abiertas/

Al menos dos civiles habrían muerto durante un presunto enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina registrado la tarde del lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ocurrió después de una persecución que habría comenzado en la sindicatura de Estación Bamoa y que posteriormente se extendió por caminos rurales hacia Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

/mexico/2026/10/27/persecucion-desata-operativo-de-marina-en-guasave-hay-dos-civiles-muertos/

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos en un operativo realizado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde los almacenaban para su posterior comercialización.

La movilización de los agentes derivó de una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

/mexico/2026/10/27/los-empaquetaban-y-vendian-en-edomex-aseguran-6-toneladas-de-cigarros-falsos-que-almacenaban-en-bodegas-de-la-colonia-morelos/

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina (Marina), Raymundo Pedro Morales Ángeles, y él mismo, realizarán, durante esta semana, una agenda coordinada de visitas de supervisión en el estado de Sinaloa.

Harfuch señaló que el secretario de la Defensa Nacional acudirá este martes, mientras que la Marina y la SSPC realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana. Esta distribución, explicó, permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

/mexico/2026/10/27/cambian-estrategia-en-sinaloa-sheinbaum-ordena-a-mandos-de-las-fuerzas-armadas-visitar-el-estado-para-un-informe-de-seguridad/

El penal de Mazatlán, en Sinaloa, continúa registrando hechos violentos luego de la riña que dejó 12 muertos a principios de mes, y en la que estuvieron involucrados miembros de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A menos de 20 días de los hechos, medios locales reportaron la desaparición de José Luis Vega Parra, identificado como médico del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, quien fue visto por última vez el pasado 23 de octubre.

/mexico/2026/10/27/penal-de-mazatlan-sigue-en-medio-de-la-violencia-tras-rina-de-los-chapitos-que-dejo-12-muertos-desaparece-jose-luis-vega-doctor-de-la-prision/

Marcos Alejandro G., de 25 años y originario de Paso de Valencia, fue identificado por sus familiares como el joven localizado sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa, en Papantla, Veracruz. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que no informó las circunstancias del fallecimiento ni el posible móvil.

La víctima se dedicaba al corte de naranja y otros cítricos. Sus familiares acudieron ante las autoridades ministeriales para realizar el reconocimiento oficial y proporcionar la información requerida durante las diligencias.

/mexico/2026/10/27/identifican-a-hombre-cercenado-en-veracruz-tenia-25-anos-y-se-dedicaba-al-corte-de-naranja/

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas trasladó a un penal estatal a Armando “N”, alias “El Melo”, uno de los dos hombres señalados como presuntos responsables del feminicidio de Miriam, de 55 años, y su nieta Ariana Scarleth, de 12, ocurrido en el municipio de Ostuacán.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video que “El Melo” fue llevado a un centro penitenciario para continuar con el proceso relacionado con los hechos ocurridos el pasado 23 de octubre.

/mexico/2026/10/27/el-melo-es-enviado-a-un-penal-tras-el-linchamiento-de-su-complice-por-el-feminicidio-de-miriam-y-su-nieta-ariana-de-12-anos/

El Gabinete de Seguridad negó la existencia de un informe o reporte de inteligencia federal que acredite la supuesta reunión de Ariadna Montiel Reyes con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, luego de que se reportó que el encuentro habría tenido como objetivo beneficiar a candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

Tras la publicación de la columna de Héctor de Mauleón para El Universal, en el que el periodista citó un informe de seguridad para reportar el presunto encuentro, las autoridades aseguraron que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte, ni elementos que acrediten los supuestos acuerdos con el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

/mexico/2026/10/27/gabinete-de-seguridad-niega-existencia-de-reporte-sobre-presunta-reunion-de-ariadna-montiel-con-el-guano-para-favorecer-candidatos-de-morena/

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

El traslado del animal confirmó la ubicación del escondite del narcotraficante más buscado de México, según revela la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en ViX.

/mexico/2026/10/27/botas-el-changuito-de-las-hijas-de-el-chapo-que-llevo-a-las-autoridades-hasta-su-escondite-tras-la-fuga-del-altiplano/

Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX.

Las declaraciones pertenecen a enemigos directos de “El Chapo” Guzmán —integrantes de Los Zetas, del Cártel de Tijuana y del Cártel Jalisco Nueva Generación— que compartían el mismo lugar de máxima seguridad donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido tras su captura en febrero de 2014.

/mexico/2026/10/27/se-oia-taladrar-dia-y-noche-narcos-enemigos-de-el-chapo-alertaron-del-tunel-por-el-que-se-fugo-del-altiplano-y-fueron-ignorados-revela-docuserie/

Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”.

Así lo reveló el propio expresidente en la docuserie Operación Cisne Negro, producido por N+ Docs que se estrenó este martes 27 de octubre en la plataforma ViX.

/mexico/2026/10/27/lamento-informarle-pero-el-chapo-se-fugo-asi-fue-la-noche-que-enrique-pena-nieto-perdio-al-capo-mas-buscado-de-mexico/

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta.

La resolución judicial abarca también las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group, todas con recursos inmovilizados en instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026.

/mexico/2026/10/27/los-santelices-empresarios-ligados-a-la-mayiza-por-eeuu-pierden-primer-round-contra-la-uif-por-bloqueo-de-cuentas/

Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.

/mexico/2026/10/27/hijos-de-campesino-secuestrado-en-guerrero-piden-ayuda-a-sheinbaum-harfuch-y-evelyn-salgado-regresen-a-nuestro-papito/

Unidades de la Estación de Guardacostas detuvieron la embarcación durante operaciones de control y seguridad marítima en esa zona del litoral colombiano. La Fuerza Naval del Pacífico informó el procedimiento el 27 de octubre de 2026. Según la institución, el hallazgo se produjo tras una revisión a bordo con apoyo de un binomio canino.

Los guardacostas encontraron 627 paquetes rectangulares ocultos en la carga

Los uniformados detectaron irregularidades en varios colchones y costales de arroz que viajaban dentro de la motonave. En esos elementos hallaron 627 paquetes rectangulares, por lo que la nave, sus ocupantes y el material fueron trasladados hasta un puerto seguro para avanzar con las diligencias judiciales.

La Armada coordinó el procedimiento con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI). Una vez en el muelle, los investigadores practicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) sobre el contenido de los paquetes.

El resultado confirmó que la carga correspondía a 303,7 kilogramos de marihuana y 2,9 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las autoridades también incautaron siete teléfonos móviles que estaban en poder de los tripulantes.

El teniente de fragata Daniel Andrés Santos Contreras, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, señaló que “durante el procedimiento de visita e inspección a la embarcación, se encontró una carga sospechosa dentro de unos colchones y costales de arroz”. Según explicó, el traslado hacia el muelle permitió que el CTI realizara las pruebas necesarias para determinar el tipo y la cantidad de droga.

La Armada calculó una afectación de USD3,3 millones a las redes criminales

La institución militar estimó que el cargamento habría representado ingresos cercanos a USD3,3 millones (unos $10.339 millones, al cambio actual) para las estructuras de crimen transnacional. Además, sostuvo que la incautación evitó la posible distribución de unas 57.000 dosis de estupefacientes en mercados ilegales internacionales.

Los ocho capturados fueron entregados a las autoridades competentes junto con los paquetes de droga, los teléfonos y los demás elementos recuperados durante la operación. La Fiscalía deberá establecer el origen de los estupefacientes, el destino previsto de la embarcación y las posibles organizaciones vinculadas con el transporte de la carga.

La Armada de Colombia indicó que mantendrá las operaciones de interdicción en el Pacífico para impedir que las rutas marítimas sean utilizadas por redes dedicadas al narcotráfico. La zona de Bahía Solano forma parte de un corredor marítimo que conecta distintos puntos de la costa colombiana con rutas hacia Centroamérica y otros destinos internacionales.

Cocaína camuflada en cavas de pescado

La operación en Bahía Solano se conoció un día después de que la Armada informara otra incautación en el Pacífico colombiano. El 26 de octubre, unidades de Guardacostas interceptaron una embarcación artesanal al oeste del departamento de Chocó con 1.250 kilogramos de cocaína ocultos entre una carga de pescado.

En ese caso, la droga estaba distribuida en 42 bultos con 1.250 paquetes rectangulares, escondidos dentro de una cava de hielo. La embarcación fue llevada a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en Valle del Cauca, donde el CTI confirmó que el cargamento correspondía a clorhidrato de cocaína.

Tres ciudadanos colombianos fueron capturados durante ese procedimiento. Las autoridades también decomisaron dos motores fuera de borda, 90 galones de combustible, equipos de navegación, dispositivos de comunicación y la nave utilizada para el transporte de la carga.

El capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación Guardacostas de Buenaventura, afirmó que aquella incautación impidió que cerca de USD58 millones llegaran a las finanzas de organizaciones narcotraficantes. La operación contó con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos.

Las dos operaciones, informadas entre el 26 y el 27 de octubre, dejaron 11 personas capturadas y más de 1,5 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en el Pacífico colombiano.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 27 de octubre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Ramón “N”, alias “El Toro”, señalado como integrante de La Familia Michoacana, por su probable responsabilidad en la extorsión a un comerciante de Tenango del Valle. El detenido ya había sido capturado con anterioridad por su presunta relación con el homicidio de un expresidente municipal mexiquense.

Según el comunicado de la dependencia, elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sujeto y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde quedó a disposición de una autoridad judicial.

Los hechos de extorsión en Tenango del Valle

Las indagatorias del Ministerio Público establecieron que el 30 de noviembre de 2024, la víctima, dedicada al comercio, se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de Tenango del Valle cuando llegó “El Toro” acompañado de dos sujetos más.

Los tres hombres portaban armas de fuego y, de acuerdo con la investigación, se habrían ostentado como miembros de La Familia Michoacana.

El comerciante extorsionado fue obligado a pagar 10 mil pesos tras una exigencia inicial de 15 mil, ya que “El Toro” lo amenazó con dañarlo a él o a su familia. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después de recibir el dinero.

El agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos. Tras identificar al probable responsable, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de extorsión que derivó en la detención de este 27 de octubre.

El antecedente: vínculo con el homicidio de un exalcalde

“El Toro” no es un nombre nuevo para las autoridades mexiquenses. El sujeto había sido detenido en una operación de la FGJEM en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Ixtapan del Oro.

En aquella ocasión, Ramón “N” fue señalado como integrante de La Familia Michoacana y vinculado a la muerte del expresidente municipal de Ixtapan del Oro, Francisco García Morales, ocurrida el 25 de septiembre de 2023.

García Morales murió tras perder el control de su camioneta e impactar contra un árbol en el paraje La Rastra, en un hecho catalogado inicialmente como accidente. La Fiscalía no detalló en ese momento por qué vinculaba a “El Toro” con esa muerte.

El Ministerio Público local, de acuerdo con el mismo reporte, investigaba también la probable intervención de Ramón “N” en los delitos de secuestro y extorsión, además del homicidio.

La situación legal del detenido

Tras la captura de este 27 de octubre, Ramón “N” permanece a disposición de una autoridad judicial de Tenango del Valle, que determinará su situación legal por el delito de extorsión.

El detenido debe ser considerado inocente hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria. En caso de resultar responsable de los hechos, podría alcanzar una pena de 70 años de prisión.

La Familia Michoacana opera en el 42% del territorio mexiquense

La Familia Michoacana es el grupo delictivo con origen en Michoacán al que pertenecería “El Toro”, de acuerdo con las investigaciones de la FGJEM. La organización está liderada por los hermanos Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga.

Según el mapa criminal de la propia Fiscalía del Estado de México, el grupo opera en 26 municipios mexiquenses, equivalentes al 42% del territorio estatal. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que La Familia Michoacana tiene su base de operaciones en el Estado de México.

Esa expansión se documentó bajo la “Operación Enjambre”, que reveló el financiamiento de gobiernos municipales hacia el grupo. Los municipios de Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico habrían canalizado fondos a la organización, de acuerdo con Infobae.

La investigación derivó en la detención de siete funcionarios públicos desde finales de noviembre de 2024, entre ellos la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, arrestada el 22 de noviembre junto con otros seis servidores públicos. Según la FGJEM, la funcionaria sostenía reuniones periódicas con líderes de la organización y entregaba 100 mil pesos por cada acuerdo de cabildo aprobado, además de transferencias trimestrales por 1 millón de pesos provenientes de fondos públicos.

El modus operandi atribuido a “El Toro”, extorsionar comerciantes bajo la identificación del grupo, se repite en otros casos recientes en la entidad. El 26 de octubre, un juez vinculó a proceso a Alan Yair “N”, alias “El Árabe”, por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán bajo el mismo esquema.

César Rogelio Valdez Bermúdez fue sentenciado a 202 años de prisión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara ante un juez su responsabilidad en un ataque armado ocurrido en Coacalco.

El fallo judicial se dio a conocer este 27 de octubre de 2026. La investigación determinó que el móvil del ataque fue una disputa por la venta de narcóticos en la zona.

La sentencia y cómo se compone la condena

Un juez impuso 202 años de prisión contra Valdez Bermúdez tras determinar su culpabilidad en los delitos que le imputó la Fiscalía mexiquense. La pena se dividió en dos partes.

Por el homicidio de tres hombres y una mujer, el sentenciado recibió 190 años de prisión. Por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido contra una víctima que resultó herida, se le impusieron 12 años adicionales. El Órgano Jurisdiccional basó su decisión en las pruebas aportadas por la Fiscalía durante el proceso, que confirmaron la participación de Valdez Bermúdez en ambos hechos.

El ataque armado en Coacalco

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024. Cinco víctimas, tres hombres y dos mujeres, se encontraban en la vía pública del municipio de Coacalco cuando fueron agredidas a disparos.

El sentenciado llegó al lugar acompañado de dos hombres más. Los tres abrieron fuego contra el grupo por una presunta rivalidad vinculada a la comercialización de drogas en la zona, según el reporte oficial. El ataque privó de la vida a cuatro personas: tres hombres y una mujer. Una quinta víctima resultó herida.

El ataque ocurrió durante el velorio de una víctima previa, identificada por autoridades como “El Chakalito”, a quien se le atribuían asesinatos vinculados a la disputa por el control de la venta de drogas en Coacalco. Valdez Bermúdez y dos cómplices llegaron al domicilio donde se realizaba el funeral y dispararon contra los asistentes.

El origen del ataque fue un homicidio ocurrido un día antes. Dos sujetos en motocicleta interceptaron y dispararon ocho veces contra “El Chakalito”, quien murió en el lugar. Uno de los responsables de ese ataque habría sido el propio Valdez Bermúdez.

Al día siguiente, familiares y amigos despedían a la víctima en un domicilio de la calle Colima, en la colonia San Lorenzo Tetlixtac. Fue entonces cuando el detenido llegó junto con dos cómplices y disparó con armas de grueso calibre contra los asistentes al funeral.

En el lugar del ataque al velorio, peritos localizaron más de 40 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y .223, de acuerdo con el citado medio.

Investigación y detención del responsable

La Fiscalía estatal identificó a los entonces probables responsables del ataque a partir de las diligencias realizadas tras el hecho. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez una orden de aprehensión.

La ejecución de ese mandamiento judicial permitió la detención de César Rogelio. Tras su aprehensión, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

En octubre de 2024 se encontraba en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. La autoridad judicial se encargó de dictar auto de vinculación a proceso en contra del detenido, con lo que inició formalmente el proceso penal que derivó en la sentencia de 202 años.

Acreditación de responsabilidad en el proceso judicial

Una vez que Valdez Bermúdez quedó bajo investigación, la Fiscalía estatal continuó recopilando y aportando evidencia adicional para demostrar su participación en los hechos.

El material probatorio fue analizado por el Órgano Jurisdiccional, que con base en esos elementos determinó la culpabilidad del acusado en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Por esa responsabilidad, el juez dictó la condena de 202 años de prisión, distribuida entre los 190 años correspondientes al homicidio de las cuatro víctimas fatales y los 12 años por el homicidio en grado de tentativa de la persona que sobrevivió al ataque.

“El 27 de octubre, bajo la dirección de Southcom, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación de alta velocidad que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico oriental”, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no precisaron el punto donde ocurrió el ataque, los países involucrados ni la identidad y nacionalidad de las víctimas. Tampoco divulgaron datos sobre la carga de la lancha, su destino o la recuperación de restos después de la explosión.

Southcom publicó un video en el que se observó una pequeña embarcación sobre el agua antes de una detonación. El Ejército no presentó elementos públicos que detallaran el cargamento ni los presuntos vínculos de los ocupantes con organizaciones de narcotráfico.

El operativo fue el primero desde el 4 de octubre contra una embarcación vinculada con el tráfico de drogas. Ese día, militares estadounidenses ejecutaron un ataque en el Caribe que dejó cuatro muertos.

La acción de esta jornada forma parte de la campaña que el presidente Donald Trump inició en septiembre de 2025 contra personas y grupos que su administración denominó “narcoterroristas”. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

Los registros disponibles situaron entre 238 y 240 el número de personas muertas durante esta campaña. Un recuento contabilizó 72 embarcaciones alcanzadas, mientras otro registró más de 70 ataques. La diferencia respondió a la actualización de los datos en cada recuento.

Trump sostuvo en ese momento que Estados Unidos se encontraba en un “conflicto armado” con carteles latinoamericanos y otras organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Su Gobierno defendió los bombardeos como una medida para interrumpir el ingreso de estupefacientes y reducir las muertes por sobredosis dentro del país.

Por otro lado, en septiembre, el Comando Sur de Estados Unidos interceptó y hundió en el Pacífico oriental una embarcación que atribuyó al grupo ecuatoriano Los Choneros.

Según las autoridades estadounidenses, la nave funcionaba como una plataforma de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico en alta mar. La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental retiró a los ocupantes de la embarcación principal y los entregó a autoridades de Ecuador antes de destruirla.

Estados Unidos también hundió las lanchas de apoyo que acompañaban a la nave. El Comando Sur difundió un video de la intercepción y afirmó que sus fuerzas continuarán con acciones contra las redes logísticas que, según sostuvo, sostienen el tráfico de drogas en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el mes pasado, que Washington buscaría la cooperación de aliados regionales. “Tenemos la capacidad de actuar unilateralmente”, dijo, aunque sostuvo que trabajar con otros gobiernos era “la forma más efectiva de hacerlo”.

Durante una visita a Perú, señaló que Estados Unidos conservaría la opción de intervenir. “Todavía destruiremos barcos si fuera necesario”, afirmó. El funcionario indicó que cada decisión dependería de una evaluación “ataque por ataque u operación por operación”.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)

La Procuraduría General de la Nación de Panamá desarrolló la operación Panamá Norte Seguro 2, que dejó 19 personas aprehendidas por su presunta vinculación con el microtráfico.

Entre los investigados figuran conductores de transporte selectivo y personas que supuestamente elaboraban dulces con sustancias ilícitas para distribuirlos mediante entregas a domicilio.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los allanamientos se realizaron en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, sectores donde las autoridades habían identificado posibles actividades de comercialización y posesión de estupefacientes.

Durante los operativos, los investigadores incautaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

La Fiscalía busca determinar la participación de cada uno de los sospechosos y establecer cómo funcionaban los mecanismos de distribución utilizados en las comunidades intervenidas.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la presunta utilización de dulces como vehículo para comercializar drogas, una modalidad que las autoridades han detectado anteriormente en Panamá. Según la investigación, algunos aprehendidos preparaban estos productos y coordinaban su entrega a domicilio, mientras otros detenidos trabajaban como conductores de transporte selectivo.

La Procuraduría no ha precisado qué sustancia contenían los dulces investigados ni la cantidad decomisada, por lo que todavía no se ha confirmado su composición.

Los 19 sospechosos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Antecedentes de brownies con marihuana

El nuevo caso se produce menos de un mes después de una investigación similar en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El pasado 3 de octubre, un juez ordenó la detención provisional de un joven de 19 años, investigado por presuntamente vender brownies con marihuana en las inmediaciones de un centro educativo.

La investigación se desarrolló mediante la operación Loky, ejecutada el 30 de septiembre, cuando agentes policiales y fiscales realizaron tres diligencias para verificar la comercialización de drogas. El sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, que ordenó mantenerlo detenido mientras avanzaba el proceso penal por los hechos investigados.

Otro antecedente ocurrió el 20 de octubre en Condado del Rey, corregimiento de Betania, donde la Policía Nacional aprehendió a dos personas de 20 y 22 años. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron dulces, frascos, sobres, cajas y una pesa digital, objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía ha advertido que los brownies, las golosinas y otros productos preparados con cannabis pueden confundirse con alimentos convencionales, especialmente entre menores de edad.

Su apariencia dificulta reconocer la presencia de sustancias psicoactivas, mientras que los efectos de los comestibles pueden tardar en manifestarse y prolongarse durante varias horas.

En diciembre de 2024, una mujer fue condenada a 80 meses de prisión por vender brownies con marihuana en estaciones del Metro de Panamá. Los productos eran ofrecidos como “Happy Brownies” y fueron vendidos a un agente encubierto, lo que permitió a la Fiscalía sustentar la investigación por comercialización de drogas.

Condenas por tráfico internacional

En otra actuación judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas obtuvo una condena de 108 meses de prisión contra un hombre detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acusado había sido aprehendido el 26 de octubre por el Servicio Nacional Aeronaval, cuando transportaba dos botellas de vidrio con éxtasis ocultas en su equipaje.

Durante la audiencia, el hombre aceptó su responsabilidad por tráfico internacional de drogas, lo que permitió validar la sentencia. Además de los nueve años de prisión, el tribunal le impuso una multa de 200 balboas, que deberá pagar en el plazo de un año, según informó la Procuraduría.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I y comenzó cuando los efectivos detectaron un intercambio de tipo “pasamanos” entre dos personas en inmediaciones de Colibrí al 300, donde se sospechaba que se vendían estupefacientes.

Al advertir la presencia policial, ambos hombres intentaron escapar e ingresar a un domicilio ubicado en Espadaña al 1900. Los uniformados lograron interceptarlos: uno fue aprehendido dentro de la vivienda y el otro, en la puerta del lugar.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 404 envoltorios con marihuana, con un peso total de 556 gramos; 125 con pasta base, que pesaban 270 gramos; y 914 con cocaína, con un peso de 238 gramos. En total, incautaron 1.064 gramos de droga fraccionada.

Ambos detenidos registraban numerosos antecedentes. El mayor de ellos, de 30 años, acumula 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737, además de una por robo, otra por portación de arma no convencional y una más por desobediencia, registradas desde 2020.

Su cómplice, de 25 años, también cuenta con un amplio prontuario. Entre sus antecedentes figuran seis actuaciones por infracción a la Ley de Drogas, dos por portación de arma no convencional, una por atentado y resistencia a la autoridad y otra por ensuciar bienes, entre 2024 y 2026.

En la causa interviene la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a Estupefacientes (UFLA) Este, a cargo del fiscal Vidal Alemán, quien dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de las sustancias.

El procedimiento se conoció dos días después de otro operativo antidrogas en Parque Chacabuco, donde la Policía de la Ciudad encontró un invernadero con plantas de marihuana mientras cumplía una orden judicial vinculada a una denuncia por violencia de género.

Ese operativo se realizó en un departamento situado sobre la calle Salvigny al 1800, por orden del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 23. La intervención judicial incluyó una prohibición de acercamiento para el hombre denunciado y el secuestro de las armas que pudiera tener en su poder.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron en el lugar a un hombre de 32 años, quien estaba acompañado por su pareja al momento del operativo.

Los agentes incautaron tres armas de fuego con sus respectivas municiones: un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9 × 19 mm y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Durante la requisa, el personal policial también encontró dos habitaciones acondicionadas para el cultivo de cannabis. Allí había 52 plantas de marihuana, distribuidas en dos invernaderos interiores.

El hombre contaba con una inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), aunque su autorización habilitaba el cultivo de hasta ocho plantas. La cantidad detectada superaba ese límite.

Tras una consulta con la Justicia, se notificó al involucrado de la restricción de acercamiento. Tanto las armas como las plantas quedaron secuestradas en el marco de la causa.

El hallazgo ocurrió durante una operación de vigilancia y control de tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 13, unidad adscrita a la Brigada de Infantería de Marina No. 1. La droga estaba distribuida en 102 bultos y, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad militar, habría sido acopiada para una eventual salida hacia mercados internacionales.

La operación tuvo lugar en la madrugada del 27 de octubre de 2026 en un sector costero ubicado a unos 40 minutos del casco urbano de la capital del departamento de Bolícar. Las autoridades indicaron que el procedimiento evitó que más de 7,6 millones de dosis llegaran a circuitos ilegales de comercialización.

Tropas detectaron luces en un terreno baldío durante la madrugada

Los infantes de Marina realizaban patrullajes de control territorial y vigilancia en Punta Canoas cuando observaron varias fuentes de iluminación en un predio baldío cercano a la costa.

Al acercarse para verificar la situación, los uniformados encontraron a varias personas en el lugar. Según la información entregada por la Armada, los sospechosos huyeron al notar la llegada de las tropas y aprovecharon las condiciones de oscuridad y la vegetación del sector.

Tras asegurar el área, los militares inspeccionaron el terreno y localizaron 102 bultos con paquetes rectangulares. Cada paquete tenía un peso aproximado de un kilogramo y características similares a las de sustancias ilícitas.

El material fue trasladado bajo custodia a instalaciones en Cartagena, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron las pruebas correspondientes.

La Fiscalía confirmó que el cargamento contenía cocaína

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada practicada por el CTI determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína. El peso total del alijo alcanzó los 3.054 kilogramos, equivalentes a más de tres toneladas.

Después de la verificación, las autoridades judiciales iniciaron los procedimientos para la judicialización del cargamento. Hasta el momento, la Armada no informó sobre personas capturadas durante el operativo.

La institución señaló que las personas que escaparon del lugar, de forma preliminar, estarían vinculadas con la organización y el almacenamiento del estupefaciente antes de su envío al exterior. Las autoridades investigan cuál era el destino final de la droga y el método que se pretendía utilizar para sacarla de Colombia.

El coronel de Infantería de Marina, Harlinzon Quiroga Polanía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, atribuyó el resultado a las operaciones de control y a labores de inteligencia naval en el área.

“Armada Nacional, en el desarrollo de operaciones navales, incautó tres toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Punta Canoa, en Cartagena, Bolívar”, afirmó el oficial. También indicó que el resultado “representa una afectación superior a los ciento cuarenta y un millones de dólares a las economías del crimen organizado”.

El cargamento estaba en un corredor costero al norte de Cartagena

Punta Canoas forma parte de la franja costera rural ubicada al norte de Cartagena, en el corredor de la Vía al Mar que conecta a la capital de Bolívar con Barranquilla. La zona combina sectores de playa, predios rurales y vías terrestres que permiten la comunicación con otros puntos del departamento.

La Armada concentra parte de sus operativos en zonas marítimas, fluviales y terrestres del Caribe colombiano para detectar el tránsito de drogas y otros delitos asociados a estructuras criminales. En este caso, el procedimiento se desarrolló en tierra, cerca de la línea costera.

El hallazgo de la droga en un lote baldío refuerza la investigación sobre posibles puntos de acopio utilizados por redes de narcotráfico antes de movilizar cargamentos hacia otras zonas. La información oficial no precisó qué organización sería responsable del alijo ni confirmó la ruta que tenían prevista los responsables.

De acuerdo con los cálculos entregados por la institución, el cargamento tiene un valor superior a USD 141 millones, una cifra que equivale a más de $560.000 millones. La estimación se basa en el valor que la droga podría alcanzar en mercados ilegales internacionales.

La Armada anunció que mantendrá los operativos en el Caribe colombiano

La Brigada de Infantería de Marina No. 1 informó que continuará con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en áreas costeras de Bolívar. El objetivo, según la institución, es limitar el uso de esos territorios para el almacenamiento y la salida de sustancias ilícitas.

Quiroga Polanía sostuvo que la Armada mantendrá “operaciones ofensivas y sostenidas” contra el narcotráfico para reforzar la seguridad en el Caribe colombiano.

Mientras avanza la investigación, el cargamento quedó a disposición de las autoridades judiciales. La Fiscalía deberá establecer quiénes estaban en el predio, de dónde provenía la cocaína y cuál era la red logística que tenía previsto movilizar las más de tres toneladas incautadas.

Josué Quintero, conocido como alias “Aris” y señalado como presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos de San Pedro, fue capturado por la Policía Nacional de Panamá durante un allanamiento en una residencia del sector de La Riviera, en Don Bosco.

El hombre figuraba entre los más buscados por el delito de pandillerismo y era requerido por las autoridades desde julio de 2017.

La detención fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público.

Según los informes policiales, Quintero permanecía oculto para evitar su captura y su localización fue posible mediante labores de investigación y colaboración ciudadana, después de más de nueve años de búsqueda.

El sospechoso era requerido desde el 12 de julio de 2017, cuando las autoridades desarrollaron la operación antipandillas Constelación, una investigación que permitió identificar integrantes de Los Galácticos de San Pedro.

La estructura fue vinculada con LYM de San Pedro, aunque no se han divulgado detalles recientes que permitan atribuir individualmente a Quintero otros delitos específicos.

Alias “Aris” también integraba una lista de 33 personas buscadas por pandillerismo y crimen organizado, dentro de una estrategia gubernamental que contemplaba recompensas de 20.000 dólares.

Su aprehensión representa un avance en la localización de sospechosos que permanecieron prófugos durante varios años, pese a investigaciones y operativos contra estas organizaciones.

La captura ocurre mientras Don Bosco vuelve a aparecer en investigaciones relacionadas con estructuras pandilleriles. El 22 de octubre, la Policía Nacional aprehendió en ese corregimiento a otro hombre presuntamente vinculado con Golfo 81, también conocida como SS Sin Sentimientos, una organización investigada por homicidios y delitos relacionados con drogas.

Esta segunda estructura fue objeto de la operación Porvenir, ejecutada el 29 de abril de 2025 en Panamá y Panamá Oeste. Las autoridades realizaron 34 allanamientos y aprehendieron a 12 personas, entre ellas alias “Willy”, señalado como presunto líder del grupo, localizado durante una diligencia en Concepción La Vieja.

Durante aquellos procedimientos, los investigadores encontraron armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas, dinero en efectivo y otros indicios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita relacionó a los investigados con actividades de narcotráfico y hechos violentos, mientras los procesos judiciales continuaron para establecer responsabilidades individuales.

Las investigaciones también derivaron en una condena de 80 meses de prisión contra un hombre vinculado con la operación Porvenir, después de aceptar su responsabilidad por pandillerismo. Este antecedente demuestra que las actuaciones contra Golfo 81 no se limitaron a las capturas iniciales y continuaron mediante procesos penales posteriores.

La investigación contra Los Galácticos también produjo resultados judiciales durante 2026. En enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó condenas contra 33 integrantes de esa organización: tres recibieron penas de 14 años y otros 30, de diez años de prisión, por su participación en actividades de pandillerismo.

Según las investigaciones, Los Galácticos operaban en San Pedro, Juan Díaz, Altos del Hipódromo y sectores cercanos. Sus integrantes fueron relacionados con tráfico de drogas, robos, extorsiones y tentativas de homicidio. Algunos también habrían brindado apoyo logístico a redes del narcotráfico que introducían cargamentos por Chepo y los manglares de Juan Díaz.

El problema supera estas organizaciones. En agosto de 2026, el Ministerio de Seguridad informó que Panamá mantenía 121 pandillas activas, frente a las 180 identificadas al inicio de la actual administración. El ministro Frank Ábrego indicó que 59 estructuras habían sido desactivadas y más de 400 personas encarceladas por su vinculación con estos grupos.

Las autoridades también identifican ocho grandes estructuras criminales que agrupan organizaciones menores, algunas relacionadas con el narcotráfico internacional. Entre ellas figuran Bagdad y Calor Calor, cuya influencia se extiende mediante alianzas y grupos asociados. La fragmentación de estas redes y las disputas territoriales siguen siendo factores de preocupación para la seguridad pública.

Durante 2026, las operaciones contra las pandillas han continuado en distintos puntos del país, especialmente en zonas urbanas y costeras utilizadas para el movimiento de drogas. La captura de alias “Aris” vuelve a colocar bajo atención las investigaciones de larga duración y la persecución de cabecillas vinculados con estructuras criminales.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos realizó este martes un allanamiento en la vivienda de Tam Zhang en Granadilla de Curridabat, dentro de una causa por presunto tráfico internacional de cocaína y legitimación de capitales.

El sospechoso fue llevado de nuevo al centro penitenciario La Reforma tras permanecer en el inmueble durante la diligencia, según publicó Diario Extra.

El operativo se desarrolla bajo el expediente 26-000007-1981-PE y procura sumar elementos a la investigación que conduce el Ministerio Público. De acuerdo con la información difundida por El Mundo CR, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participan en la actuación, con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El fiscal adjunto contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Cristian Quirós, indicó a Diario Extra que los investigadores buscan incautar y revisar prueba electrónica y documentación que pueda resultar relevante para la causa. La diligencia cuenta además con coordinación de la Policía de Control de Drogas (PCD), de acuerdo con ese medio.

Tam Zhang, de nacionalidad china y costarricense por naturalización, permanece detenido mientras se tramita una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. El proceso se vincula con sospechas sobre una estructura dedicada al traslado de cocaína a mercados internacionales.

Según la información publicada por El Mundo CR, el imputado figura en reportes judiciales como Guobin Tam Zhang y está privado de libertad desde el 2 de octubre. La Fiscalía sostiene que habría tenido un papel de dirección dentro de la organización bajo investigación.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que el sospechoso negociaba de forma directa con compradores y ofrecía cargamentos de droga destinados a Estados Unidos y Europa. El objetivo de esas operaciones habría sido la exportación de cocaína hacia ambos destinos, según los datos divulgados por las autoridades judiciales.

El medio monumental.co.cr informó que la investigación también abarca el presunto uso de transferencias internacionales de criptomonedas para ocultar recursos de origen ilícito. Esa línea corresponde al posible delito de legitimación de capitales, que se analiza en paralelo con los supuestos envíos de droga.

El Tribunal Penal de San José ordenó prisión provisional

La causa costarricense mantiene vínculos con el trámite de extradición requerido por las autoridades estadounidenses, aunque ambos procedimientos siguen sus propias etapas judiciales. Quirós explicó a monumental.co.cr que el allanamiento forma parte de las pesquisas locales que dirige la Fiscalía.

El mismo medio añadió que el Tribunal Penal de San José ordenó inicialmente dos meses de detención provisional para Tam Zhang mientras avanza la solicitud de entrega a Estados Unidos. Esa medida rige mientras las autoridades judiciales valoran los requisitos y actuaciones correspondientes al proceso.

El operativo en Curridabat se suma a otras acciones desplegadas contra el extraditable. El Mundo CR señaló que las autoridades lo han relacionado con redes internacionales de narcotráfico, entre ellas organizaciones de México y Colombia, dentro de las averiguaciones aún abiertas.

Por ahora, la Fiscalía procura establecer el alcance de las comunicaciones, documentos y movimientos financieros que puedan aparecer durante el allanamiento. El material que resulte de esa diligencia será incorporado al expediente judicial, conforme a las decisiones que adopte el Ministerio Público.

Montiel expresó su rechazo categórico a tener relación alguna, “ni antes, ni ahora, ni nunca”, con personas que se dediquen a actividades al margen de la ley.

¿Qué dijo Montiel sobre la vía legal?

Al ser cuestionada sobre si sería una vía civil o penal, respondió que cada tema tiene su ámbito: uno es electoral, otros son civiles y los abogados los llevarán.

La dirigente planteó que: “el ámbito partidario se mantenga en lo partidario” y que el trabajo jurídico quede a cargo de un abogado en lo relativo a difamación y calumnias.

Dijo que no le gustan “los dime y diretes como a la señora gobernadora”, sin mencionar un nombre.

En las declaraciones conocidas, la dirigente no precisó contra quién se presentará la acción ni ante qué instancia.

La carta aclaratoria del Gabinete de Seguridad

Montiel hizo referencia a una carta aclaratoria que el Gabinete de Seguridad publicó hoy en su página, en relación con una columna del periodista Héctor de Mauleón, difundida el 26 de octubre en el diario El Universal.

De acuerdo con el documento, la columna afirma que existe un supuesto reporte de inteligencia federal sobre una supuesta reunión entre la dirigente de Morena y un criminal.

El Gabinete de Seguridad realizó las siguientes precisiones:

• No existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de un reporte de inteligencia federal como el mencionado.
• Tampoco hay elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada a los que alude la publicación.
• Es falso que las instituciones del Gabinete hayan confirmado la información difundida en la columna.
• Las afirmaciones atribuidas a supuestas fuentes federales no constituyen, por sí mismas, información oficial.

El comunicado agrega que las instituciones realizan sus trabajos de inteligencia e investigación con apego al marco legal y que el Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad.

Para esta nota, el contenido de la columna no fue verificado de manera independiente: lo que se conoce de ella proviene de la descripción que hace la carta. Tampoco se incluye una postura de De Mauleón o de El Universal.

No es la primera carta aclaratoria del Gabinete de Seguridad ante columnas periodísticas: el 9 de julio de 2026 negó, mediante una carta firmada de forma conjunta por Defensa, Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC, que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuviera resguardado por el Ejército.

Los señalamientos previos de Maru Campos

El anuncio se suma a un cruce de acusaciones con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. De acuerdo con medios, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos afirmó que Montiel está vinculada con el crimen organizado.

Ante la pregunta sobre un posible vínculo con el Cártel de Sinaloa, Campos respondió afirmativamente y agregó que podría tratarse de alguna de sus escisiones. Según los reportes, también mencionó propiedades de Montiel en el municipio de Chihuahua y terrenos en Guachochi. Medios señalan que no presentó pruebas públicas que respalden sus afirmaciones.

Montiel rechazó los señalamientos el 23 de octubre y los calificó como acusaciones sin sustento. Ese mismo día, 24 gobernadores de la Cuarta Transformación expresaron su respaldo a la dirigente. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Campos presentar denuncias formales con evidencias ante la Fiscalía.

El enfrentamiento tiene antecedentes. El 20 de mayo de 2026, Campos afirmó en una entrevista con Joaquín López-Dóriga que Montiel habría intercambiado apoyo con el crimen organizado en la Sierra desde 2021, lo que calificó como “vox populi”. Días antes, Montiel encabezó un mitin en Chihuahua en el que señaló a Campos por “traición a la patria” y anunció que se juntarían firmas para un juicio político.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció cargos de crimen organizado contra una estructura vinculada al Cartel de Sinaloa que, según las autoridades, trasladó cocaína desde la frontera con México hasta Tampa Bay. El caso derivó en 12 acusados y en la captura de uno de los presuntos jefes de la organización.

La pesquisa partió de un operativo del 11 de julio, cuando los agentes detuvieron a Daniel Pinales con 60 kilogramos de cocaína. Según Uthmeier, el hallazgo inicial permitió seguir la ruta de los cargamentos, identificar a los proveedores y sumar acusaciones por asociación para delinquir a los cargos de tráfico ya presentados.

La pesquisa siguió la ruta de la cocaína desde El Paso hasta Tampa Bay

Uthmeier sostuvo que el expediente pasó de una incautación local a la desarticulación del flujo de droga que llegaba a la región desde esa red. “Lo que comenzó como una incautación inicial terminó con el desmantelamiento de toda la corriente de cocaína que entraba a esta región desde el cartel”, afirmó durante la conferencia de prensa.

De acuerdo con el fiscal especial Ryan Shaw, las autoridades reconstruyeron una cadena que comenzaba con el cruce de la droga hacia Estados Unidos, continuaba en El Paso, Texas, y terminaba en Florida. Shaw sostuvo que, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el flujo total de la red —que abarcaba Florida y otros estados— alcanzó los miles de kilogramos, período sobre el que la fiscalía dice contar con pruebas para presentar ante un jurado.

Los transportistas ocultaban los cargamentos en tractores sin uso

La organización usaba dos tractores inoperables como fachada, según explicó el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri. Un tercer vehículo operativo los remolcaba por carretera y los acusados ocultaban la cocaína en su interior para simular un traslado de maquinaria.

Una vez en Florida, los enviados desde Texas se alojaban en un hotel de Wesley Chapel. Esperaban el anochecer para entregar bolsos con droga a Pinales durante encuentros entre vehículos y, a cambio, recibían bolsos con dinero en efectivo para el regreso, según detalles de la investigación publicados por Fox 13 News.

El caso suma 12 acusados y 10 cargos por conspiración RICO

Uthmeier informó que se realizaron 10 arrestos en esta etapa, incluidos los de presuntos integrantes de alto rango. Shaw, por su parte, habló de 12 acusados en total y precisó que 10 enfrentan cargos de conspiración para cometer crimen organizado bajo la ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés); varios también afrontan cargos directos de crimen organizado.

El fiscal identificó a Eric Manuel Gómez Tapia, alias “Canelo”, como el hombre al que la red confiaba el cruce de la droga hacia Estados Unidos. Shaw indicó que Gómez Tapia tiene una fianza de USD 30 millones. También mencionó a Jorge Ramiro Zamonsett, coordinador logístico en el área de El Paso, con una fianza de USD 10 millones, según el comunicado de la fiscalía general de Florida recogido por la cadena WINK News.

Pinales permanece detenido con una fianza de USD 10,1 millones, según Gualtieri y el reporte de Fox 13 News. En julio, cuando enfrentaba únicamente cargos de tráfico, su fianza era de USD 2,25 millones y la pena mínima de 15 años.

Tras la presentación de los cargos de conspiración para traficar más de 150 kilogramos y de crimen organizado, el sheriff afirmó que ahora enfrenta una pena mínima obligatoria de cadena perpetua en una prisión estatal, sin posibilidad de liberación.

Gualtieri estimó más de 500 kilos distribuidos en el condado de Pinellas

Gualtieri afirmó que la prueba reunida permitirá atribuir a la organización más de 500 kilogramos de cocaína distribuidos en las calles del condado de Pinellas. Las autoridades también señalaron que la red tenía alcance en Illinois, Pensilvania y otros puntos del Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos.

En Florida se incautaron los 60 kilogramos valorados en USD 2,1 millones, de acuerdo con el sheriff. Gualtieri añadió que hubo otra incautación de 99 kilogramos en Texas el 29 de julio de 2026, vinculada a la investigación, según confirmó la fiscalía general de Florida. La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas trabajó con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de El Paso y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Las autoridades distinguieron entre años de información y la investigación formal

Gualtieri dijo que las fuerzas de seguridad recibían información sobre Pinales desde hacía al menos cinco años, aunque no lograron reunir un caso penal en ese período. La investigación formal, que incluyó escuchas telefónicas, se extendió durante tres años antes del arresto de julio, según consignó Fox 13 News.

Uthmeier señaló que la pesquisa puede generar nuevas detenciones a medida que los investigadores revisen el material reunido. “Estas personas van a pasar mucho tiempo encerradas”, afirmó al anunciar los cargos.

El principal investigado permanecía fugado desde marzo de 2026, cuando logró abandonar su domicilio en una urbanización de lujo de Madrid antes de ser arrestado en una primera fase de la operación. Finalmente fue localizado el pasado 8 de octubre en Tánger gracias a la cooperación policial y judicial entre España y Marruecos. Está en prisión en el país africano y se trabaja ya en su extradición a España. Según la investigación, la red introducía mensualmente grandes cantidades de droga a través de las costas españolas. Desde allí, el hachís era trasladado principalmente a Madrid, donde era almacenado en viviendas y naves antes de su reparto a otros puntos del país y a distintos destinos europeos.

Narco fugitivo localizado en Tánger tras siete meses

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. En 2025, los agentes detectaron que los responsables de la organización utilizaban plataformas de mensajería encriptada para comunicarse y coordinar la entrada de los cargamentos. La Policía atribuye a Juan Carlos T. B. la dirección de toda la logística de la estructura: desde los contactos y negociaciones con proveedores marroquíes hasta la organización de los transportes marítimos y por carretera. También habría controlado la compra de vehículos e inmuebles utilizados para guardar la droga, así como a los encargados de recogerla, custodiarla y distribuirla.

En diciembre, los investigadores localizaron uno de los primeros almacenes de la organización en una vivienda del barrio madrileño de Las Tablas. En ese inmueble fueron intervenidas más de 2,1 toneladas de hachís. La red utilizaba casas de alquiler y propiedades ubicadas en urbanizaciones residenciales como “guarderías” de droga, con el objetivo de pasar desapercibida y facilitar el reparto posterior de las partidas. En marzo de este año se produjo una primera operación contra la cúpula de la organización.

Varios de sus integrantes fueron arrestados, pero el presunto líder consiguió escapar. A partir de entonces, la investigación se centró en la red de proveedores, transportistas y personas encargadas de mantener los puntos de almacenamiento activos. Tras meses de seguimiento, la Policía consiguió ubicarlo en la ciudad marroquí de Tánger. La detención se ejecutó el 8 de octubre en virtud de una orden internacional.

Siete almacenes y toneladas de hachís

La investigación ha permitido desmantelar siete puntos de almacenamiento de droga situados en Madrid, Guadalajara y Valencia. Además de la vivienda de Las Tablas, los agentes localizaron a finales de junio dos nuevos inmuebles: uno en las afueras de Madrid, con más de 960 kilos de hachís y más de 12 kilos de cogollos de marihuana, y otro en Sanchinarro, donde fue incautada una tonelada de hachís. Uno de los mayores golpes se produjo en una nave industrial de Silla, en Valencia. Allí los agentes hallaron 4,6 toneladas de hachís que, según la investigación, iban a ser trasladadas a Madrid.

El balance total incluye 10.800 kilos de hachís, más de 21 kilos de marihuana, dos armas largas, cuatro armas prohibidas, 25 vehículos y 15 relojes de lujo. Los agentes también intervinieron cerca de 466.000 euros. Los arrestos se han producido en siete provincias. Del total de 86 detenidos, 65 fueron localizados en Madrid. La Policía apunta también que la red disponía de un sistema para introducir los beneficios del narcotráfico en el circuito legal. Entre las fórmulas detectadas figuran créditos obtenidos con testaferros, facturas falsas emitidas desde empresas pantalla, compraventas de inmuebles y vehículos de lujo.

Desde stand de comida rápida, hasta la participación de cantantes nacionales e internacionales, formaron parte de la celebración de los 15 años de Adriana, hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, en Guatemala.

Videos difundidos por asistentes exhibieron una carroza tirada por caballos, decoración floral, pantallas, pirotecnia, un pastel de grandes dimensiones y presentaciones musicales.

En redes sociales, la recepción fue descrita como “la fiesta del año”, pero también dejó la festividad bajo escrutinio público por el nivel de despliegue económico que mostró la celebración.

Un hotel y restaurante en Chiquimula, fue el escenario del evento. Este habría sido reservado casi durante una semana para los preparativos, la actividad y el hospedaje de invitados que llegaron desde otros puntos del país, según comentaron a Infobae allegados a la alcaldesa.

La celebración contó con un dispositivo de seguridad y una lista de invitados que incluyó a figuras políticas, creadores de contenido y artistas. Entre los asistentes estuvieron la diputada Carolina Orellana, los integrantes de Hello Muchá y la cantante guatemalteca Fabiola Roudha, quien amenizó parte de la jornada.

También participó el cantante colombiano Jessi Uribe y el guatemalteco Mario Vallar, cantante y presentador de canales nacionales..

El vals de Adriana con su padre fue acompañado por músicos identificados como integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Sin embargo, la institución precisó el lunes 26 de octubre que no participa en celebraciones privadas y que, si algunos de sus músicos estuvieron presentes, lo hicieron a título personal.

Las grabaciones también mostraron una ambientación con lámparas, un castillo, zonas de fotografía y puestos de comida. La decoración incluyó arreglos florales que, de acuerdo con publicaciones de los organizadores, fueron importados de Ecuador.

En el área de la fiesta se instalaron servicios de alimentos de comida rápida de marcas transnacionales y nacionales, donde los asistentes pudieron acceder a alimentos, bebidas y golosinas.

El vestido de la quinceañera fue elaborado por una firma mexicana de moda, que confirmó en redes sociales su participación en el evento. Según personas vinculadas con la organización, el diseñador viajó exclusivamente a Guatemala para la celebración.

La alcaldesa también utilizó un diseño confeccionado por la misma firma. Mientras que una maquillista viajó desde Culiacán, México, para preparar a ambas antes de la recepción.

Hasta ahora no existe una cifra pública y verificable sobre el costo total de la fiesta, tampoco una confirmación de que se hayan utilizado recursos municipales.

Acción Ciudadana cuestionó la distancia entre el salario y el despliegue de la fiesta

Un informe de Acción Ciudadana sobre las remuneraciones municipales establece que Ovalle tiene un salario nominal fijo mensual de Q43.250, equivalente a unos USD 5.664. Con dietas y gastos de representación, sus ingresos mensuales llegan a alrededor de Q70 mil, unos USD 9.167.

En una entrevista con Infobae, el director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, sostuvo que esa remuneración no permitiría cubrir un festejo de esta magnitud. “No da. Ni ahorrando los cuatro años (de gobierno municipal) íntegramente”, afirmó.

El analista agregó que “con ese salario no se costea ni lo mínimo de esa fiesta. Ni siquiera el hotel”. Para Marroquín, la exhibición de riqueza forma parte de una dinámica política territorial: “Lo que se quiere proyectar es el poder a través de ese exhibicionismo material”.

También señaló que Zacapa figura entre los municipios que más recursos reciben de los Consejos Departamentales de Desarrollo, conocidos como Codedes.

“Ese municipio, que no es tan grande, que no tiene tanta población, acumula fondos de los Codedes. Es uno de los que más tiene a nivel nacional”, afirmó el analista.

La quinceañera y su relación con el narcotráfico

Adriana es hija de Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, esposo de la alcaldesa y exconcejal primero de Zacapa. Cifuentes fue extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo de 2023 y se declaró culpable de cargos vinculados con el tráfico de cocaína.

Un tribunal federal del Distrito Sur de California lo condenó inicialmente a 90 meses de prisión. La pena por narcotráfico fue reducida a 72 meses, con reconocimiento del tiempo que había permanecido detenido en Guatemala desde 2017. Recuperó la libertad condicional en mayo de 2024 y regresó a Zacapa el mes siguiente.

Los documentos del caso establecen que Cifuentes admitió su participación en una estructura que trasladó cocaína desde Sudamérica hacia Guatemala, con destino final en México y Estados Unidos. La investigación incluyó cargamentos interceptados en embarcaciones rápidas en aguas internacionales.

El guatemalteco fue capturado en Guatemala en 2017, donde ingresó a prisión mientras avanzaba el proceso de extradición que finalmente se llevó a cabo en 2023.

Previo a ser extraditado, Cifuentes Sagastume se postuló como concejal municipal en Zacapa, puesto que obtuvo impulsado por el Comité Cívico “El Cambio”.

La adolescente también es nieta de Vicente Ovalle, conocido como “Chente Ovalle” o “El Patrón”. Su nombre ha sido mencionado en publicaciones periodísticas como empresario ganadero y como figura de poder local en el oriente guatemalteco, con presuntos vínculos con estructuras criminales y actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme esos señalamientos.

En las redes sociales, se documentó el momento en que la joven baila el vals con su padre Cifuentes Sagastume, mientras se escucha una orquesta sinfónica en vivo.

Juan Luis Font interpretó la fiesta como una demostración de poder

El periodista Juan Luis Font, quien se encuentra en el exilio tras denunciar una persecución del Ministerio Público durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, consideró que el festejo buscó enviar un mensaje político y social en Zacapa.

“Fue la fiesta más llamativa. No fue nada discreta. Intentó verdaderamente llamar toda la atención”, afirmó Font. Para el periodista, la celebración pudo representar una demostración de que Cifuentes Sagastume y Ovalle mantienen influencia en el departamento después del regreso del exconcejal a Guatemala.

“Quieren enviarle un mensaje muy fuerte y muy claro a su entorno, que ellos son muy poderosos y que han regresado a la cima de su poder en Zacapa”, sostuvo Font.

También sostuvo que la actividad podría tener una dimensión electoral. “Una festividad de este tipo le sirve de imagen, de campaña”, afirmó Font, quien advirtió que la exposición pública de riqueza adquiere otro sentido por los antecedentes judiciales del esposo de la alcaldesa.

Xiomara Ovalle dijo que familiares aportaron el pastel, la música y la comida

Horas antes de la fiesta, Ovalle publicó un video en Facebook en el que agradeció a sus familiares por el apoyo. La alcaldesa sostuvo que el costo de la celebración no recayó únicamente en ella.

“Gracias a Dios cuento con una familia que me ha apoyado mucho”, dijo. Luego detalló: “Mi hermano me regaló el pastel, mi otro hermano me regaló la música, mis papás me regalaron la comida y a mí ya solo me faltan los poquitos”.

La funcionaria también escribió que ser alcaldesa representa “una gran responsabilidad”, pero que ser madre constituye una bendición.

Tras la difusión de las imágenes de la fiesta, no había emitido otro pronunciamiento sobre el costo del evento, el alquiler del hotel o el origen de los recursos destinados a la celebración.

El cargamento estaba oculto en una cava de hielo y fue detectado durante una operación de control marítimo desarrollada con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos.

La operación, informada el 26 de octubre de 2026, terminó con la captura de tres ciudadanos colombianos, que tripulaban la motonave tipo viento y marea. La institución militar informó que el procedimiento evitó la eventual distribución de 3,1 millones de dosis en mercados ilegales.

Las unidades de Guardacostas interceptaron la embarcación durante una operación de interdicción marítima. En la inspección inicial, los uniformados detectaron paquetes rectangulares ocultos en una cava de hielo, entre la carga de pescado que transportaba la nave.

La embarcación fue trasladada hasta la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Allí, personal de la Armada coordinó las diligencias con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) confirmó que el contenido de los paquetes correspondía a clorhidrato de cocaína. El material estaba distribuido en 42 bultos con 1.250 paquetes rectangulares, cuyo peso total fue de 1.250 kilogramos.

Además de la droga, las autoridades decomisaron dos motores fuera de borda, 90 galones de combustible, equipos de navegación, dispositivos de comunicación y la embarcación utilizada para el traslado de la carga.

El capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación Guardacostas de Buenaventura, señaló que el operativo afectó la logística de las redes dedicadas al tráfico de drogas por vía marítima.

“La Armada Nacional asestó un nuevo golpe a las finanzas del narcotráfico en el Pacífico colombiano con la incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas a bordo de una embarcación viento y marea”, confirmó el oficial.

Según las estimaciones entregadas por la Armada, la incautación impidió que cerca de USD 58 millones llegaran a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes. Los tres tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con los demás elementos recuperados. La Fiscalía deberá establecer la procedencia del cargamento, la ruta prevista y los responsables de la operación.

La operación contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos (Jiatfs, por sus siglas en inglés), una entidad que participa en tareas de intercambio de información y detección de embarcaciones sospechosas en rutas del Caribe y el Pacífico.

Gutiérrez indicó que la institución mantendrá los controles en el Pacífico colombiano junto con autoridades nacionales e internacionales. “La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones de control y seguridad marítima para debilitar las economías ilícitas, combatir el narcotráfico y contribuir a la seguridad de la región”, sostuvo.

Otra persecución terminó con 568 kilos de cocaína incautados cerca de República Dominicana

El nuevo decomiso se conoció un día después de otra operación contra el narcotráfico en aguas cercanas a República Dominicana. En ese caso, la Armada de Colombia informó la incautación de 568 kilogramos de cocaína que eran transportados en una lancha rápida tipo go fast.

La embarcación fue interceptada a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata, tras una persecución en altamar. De acuerdo con la información oficial, la lancha había partido desde La Guajira y tenía como destino final territorio dominicano.

Durante la inspección, los uniformados hallaron 555 paquetes rectangulares escondidos en costales. La prueba preliminar confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Tres ciudadanos dominicanos, de 24, 34 y 45 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia.

La institución estimó que ese cargamento habría representado ingresos superiores a USD26 millones para las organizaciones criminales. También calculó que la carga equivalía a más de 1,4 millones de dosis destinadas a mercados ilegales internacionales.

El operativo involucró a la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de República Dominicana y la Jiatfs. Las autoridades no informaron qué grupo estaría detrás del traslado ni si los detenidos tenían antecedentes judiciales.

Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es señalado como uno de los operadores de mayor rango dentro del Cártel de Sinaloa. Su historial incluye ataques armados contra fuerzas federales, el presunto asesinato de un familiar y sucesivos operativos de captura que no han logrado su detención.

El nombre de “El Guano” volvió a cobrar relevancia pública luego de que se señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de mantener una supuesta reunión con Aureliano en 2024. El señalamiento fue negado por Montiel.

Guzmán Loera opera principalmente en el Triángulo Dorado, la zona serrana que comparten Sinaloa, Chihuahua y Durango, dedicada al cultivo de amapola y marihuana y a la producción de drogas sintéticas. Desde la primera detención de su hermano, su carrera dentro de la organización criminal mostró un crecimiento sostenido.

El ataque armado de 2016 y la fuga de “El Kevin”

En octubre de 2016, “El Guano” quedó en la mira de las autoridades federales tras un ataque con granada contra un convoy militar en Sinaloa. El objetivo de la agresión era liberar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, uno de sus aliados cercanos que se encontraba bajo custodia castrense. El saldo del ataque fue de cinco militares muertos y diez heridos. “El Kevin” logró escapar durante la confusión generada por el asalto.

Tras el hecho, se desplegaron alrededor de 50 vehículos militares en territorio sinaloense para dar con el paradero de Guzmán Loera. El operativo no tuvo éxito y “El Guano” consiguió evadir el cerco.

Ese episodio marcó el inicio de una búsqueda intermitente por parte de las fuerzas federales que, hasta la fecha, no ha derivado en su captura.

El homicidio de su medio hermano y otros delitos en Chihuahua

A “El Guano” se le atribuye el asesinato de su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, ocurrido en abril de 2015 en la sierra de Sinaloa. El crimen reforzó su reputación de violencia incluso dentro de su propio círculo familiar.

En la región serrana donde opera, reportes periodísticos lo señalan como una figura poco respetada por otras estructuras criminales, debido a conflictos recurrentes con bandas rivales que han puesto en riesgo tierras y vidas de cientos de habitantes de la zona.

Además de los hechos en Sinaloa, se le atribuyen el secuestro, la extorsión, la tortura y el homicidio de un elevado número de personas en Chihuahua. Entre las víctimas atribuidas a su organización figuran funcionarios públicos y empresarios de esa entidad.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados en 2018, “El Guano” comandaba entonces una red de al menos 300 personas, distribuida en células como “Los Coteros”, “La Válvula” y “Gente de Aboyta”, con presencia en Badiraguato y Escuinapa, en Sinaloa, y en Tamazula, Durango.

Las fugas lo han mantenido libre durante casi una década

Aureliano Guzmán Loera ha evadido al menos siete grandes operativos militares en la sierra de Sinaloa y Durango desde 2011, lo que lo convierte en uno de los capos más escurridizos del narcotráfico mexicano.

El primer operativo documentado ocurrió en 2011, cuando las autoridades aún no lo identificaban plenamente como figura de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa. Esa falta de perfil le permitió construir en silencio una base territorial en Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango.

En 2014, un operativo preparado durante cuatro meses con apoyo de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) apuntó a una vivienda en Santiago Papasquiaro, Durango. Cuando los soldados intentaron bloquear las salidas del pueblo, una turba los detuvo alegando invasión de propiedad privada, lo que dio tiempo suficiente para que “El Guano” escapara.

En octubre de 2016, durante un enfrentamiento en la zona de Huixiopa y Bacacoragua, Guzmán Loera resultó herido, según informó entonces el comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán. Pistoleros de su organización irrumpieron en el hospital donde era atendido y mataron al soldado que lo había auxiliado para rescatarlo. Más de 50 vehículos del Ejército se desplegaron en la sierra sin lograr su captura.

En abril de 2017, una nueva incursión en Badiraguato generó versiones de que “El Guano” había sido detenido, pero el gobierno de Sinaloa desmintió el arresto. El entonces gobernador, Quirino Ordaz Coppel, declaró no tener conocimiento de ninguna detención.

Entre el 23 y 24 de febrero de 2023, un operativo de la Secretaría de Marina en El Durazno, Tamazula, terminó sin resultados: según el periodista Óscar Balderas, el capo escapó por una puerta falsa con al menos una hora de ventaja sobre las fuerzas federales.

El operativo más reciente ocurrió el 22 de abril de 2026 en La Cebadilla, Tamazula, con participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, y apoyo de inteligencia estadounidense. Se detuvo a 10 integrantes de su círculo cercano, entre ellos su mano derecha, Abel “N”, pero Aureliano Guzmán Loera volvió a evadir la captura.

Cargos pendientes en Estados Unidos y recompensa de 5 millones de dólares

Fuera de México, “El Guano” enfrenta dos acusaciones formales presentadas por un gran jurado federal del Distrito de Arizona, Estados Unidos. La primera, del 13 de noviembre de 2019, lo señala por cuatro cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo.

La segunda acusación, emitida el 19 de febrero de 2020, sumó dos cargos adicionales vinculados a la distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.

Como consecuencia de estos procesos, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó en 2021 la recompensa por información que lleve a la captura y extradición de Aureliano Guzmán Loera hasta 5 millones de dólares, cifra que se mantiene vigente.

“El Guano” según el Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una ficha oficial sobre Aureliano Guzmán-Loera dentro de su programa de recompensas contra narcotraficantes mexicanos. El documento no precisa con exactitud su fecha de nacimiento, pero sí registra tres posibles datos: el 20 de julio de 1945, el 20 de octubre de 1946 y el 16 de junio de un año desconocido.

La ficha tampoco detalla su estatura ni su peso, y los describe como desconocidos. Según el registro, tiene cabello negro, ojos color marrón, y no se consignan cicatrices, tatuajes o marcas distintivas.

El documento confirma que su base de operaciones se ubica en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, el mismo poblado natal de su hermano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde ahí, su organización administra plantaciones y laboratorios distribuidos en distintas localidades del Triángulo Dorado.

El perfil oficial describe a su organización como “polidroga”, es decir, dedicada al cultivo, producción, fabricación y transporte de amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína en nombre del Cártel de Sinaloa. La principal fuente de ingresos del grupo proviene del cultivo a gran escala de marihuana y amapola en la Sierra Madre de Sinaloa.

La reciente controversia política

El historial criminal de “El Guano” volvió a cobrar relevancia pública este mes luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, por supuestos vínculos con el crimen organizado, durante una entrevista.

Campos aseguró que se lo había hecho saber en privado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien posteriormente confirmó el señalamiento en su conferencia matutina y defendió a Montiel como una dirigente honesta.

El origen directo de la controversia fue una columna del periodista Héctor de Mauleón, que citó un informe de seguridad sobre una supuesta reunión entre Montiel y Aureliano Guzmán Loera en 2024, en la que la dirigente morenista habría negociado el apoyo de la organización de “El Guano” a candidatos del partido en Chihuahua, a cambio de permitirles el control territorial entre La Tuna, Sinaloa, y Moris, Chihuahua.

Ariadna Montiel negó las acusaciones

Montiel rechazó la acusación en sus redes sociales, en donde afirmó: “Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento”, escribió.

La dirigente calificó la columna como un “instrumento de golpeteo de la derecha” y afirmó: “Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública”.

Montiel vinculó la difusión del señalamiento con sus propias denuncias sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Según la dirigente, Campos conocía la participación del exfiscal César Jáuregui Moreno en ese operativo y guardó silencio durante seis meses antes de señalarlo.

Los 24 gobernadores de Morena emitieron un comunicado conjunto en el que atribuyeron las acusaciones de Campos a “frustración y diferencias políticas”.

El operativo se realizó en horas de la madrugada en el corregimiento de Acapulco, en zona rural de Gamarra, Cesar, con participación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Magdalena Medio, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El detenido fue identificado como Neftalí López Gómez, de 49 años. Contra él pesaba una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias Muco aparecía en el cartel de los más buscados de Norte de Santander

La orden judicial en su contra había sido expedida el 27 de octubre de 2025, a solicitud de la Fiscalía 115 de Bogotá. En enero de 2026, las autoridades difundieron un volante con una recompensa de hasta 600 salarios mínimos por información que permitiera ubicarlo.

El Ejército indicó que alias Muco era requerido por su presunta participación en varios homicidios. Los investigadores concentran parte de sus indagaciones en ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y familiares de estos últimos.

La institución militar sostuvo que el detenido habría tenido incidencia en acciones de extorsión y en homicidios selectivos en áreas del Catatumbo y zonas vecinas. Esas conductas hacen parte de la investigación que ahora continuará bajo la dirección de la Fiscalía.

Las autoridades le atribuyen tareas de logística, narcotráfico y extorsión

Según información de inteligencia militar, la estructura 33 habría contado con alias Muco durante cerca de 12 años. En otra reconstrucción divulgada tras el operativo, las autoridades señalaron que el hombre ingresó en 2017 como integrante raso y luego asumió funciones de mayor responsabilidad dentro de la organización.

La versión oficial sostiene que, para 2025, habría estado encargado de conseguir elementos necesarios para mantener la infraestructura de la subestructura armada. También habría coordinado actividades vinculadas con el narcotráfico y cobros extorsivos contra habitantes de la región.

En su historial judicial aparecen señalamientos por otros hechos. Entre ellos figura su presunta participación en dos homicidios ocurridos el 14 de marzo de 2017 en el casco urbano de San Pablo, Bolívar. También es investigado por el asesinato de quien era su compañera sentimental en Gamarra.

El reporte de las autoridades incorpora además acusaciones por amenazas y exigencias extorsivas contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz, que habrían ocurrido el 5 de enero de 2026.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó el resultado en un mensaje publicado en la red social X. El mandatario afirmó que alias Muco hacía parte del frente 33 de las disidencias de las Farc y lo incluyó entre los resultados recientes de la fuerza pública contra estructuras criminales.

“Nuestra Fuerza Pública no descansa y los resultados hablan por sí solos: En Gamarra, Cesar, el Ejército Nacional, a través del Gaula Magdalena Medio, con apoyo del BAIME 2, logró la captura de alias “Muco”, uno de los delincuentes más buscados del grupo narcoterrorista Frente 33 de las disidencias de las FARC (sci)”, escribió el mandatario.

Tras la operación, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas deberá avanzar el proceso judicial para definir su situación jurídica por los delitos incluidos en la orden de captura.

El Ejército sostuvo que la detención afecta las redes de apoyo, abastecimiento y coordinación de actividades ilegales de la estructura 33. La institución señaló que el operativo hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con el que busca debilitar a los grupos armados ilegales en Cesar, Norte de Santander, Santander y otras zonas del país.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a entregar información sobre casos de secuestro y extorsión a través de la línea 147 del Gaula Militar. Para alertar sobre posibles acciones terroristas, indicaron que está disponible la línea 107.

En el operativo se aseguraron 100 kilos de la droga sintética, resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para combatir la producción de estupefacientes en el país.

Operativo y hallazgos en el laboratorio

Personal naval y de la SSPC ejecutaron la acción dentro de los trabajos permanentes de búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos que realizan de forma coordinada las instituciones del Gabinete de Seguridad.

En el sitio ubicado en Los Brasiles, Culiacán, las autoridades aseguraron 100 kilos de metanfetamina junto con 32 litros de sustancias químicas y material diverso empleado en el proceso de fabricación.

El hallazgo forma parte de las labores que Marina, SSPC y FGR desarrollan en Sinaloa para detectar instalaciones dedicadas a la producción de drogas sintéticas antes de que la sustancia llegue a circular. El operativo permitió el aseguramiento conjunto de droga terminada, insumos químicos y equipo utilizado en el proceso clandestino.

Inhabilitación del equipo y afectación económica

Todo el equipo y los accesorios localizados en el laboratorio fueron inhabilitados directamente en el lugar, con el objetivo de impedir que vuelvan a utilizarse para fabricar droga. La medida se aplicó tanto al material de producción como a las sustancias químicas encontradas en el sitio.

El comunicado conjunto precisó que la operación representa una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de aproximadamente 8.8 millones de pesos. Esta cifra corresponde al valor combinado de la metanfetamina asegurada, los 32 litros de sustancias químicas y el equipo inhabilitado durante el procedimiento.

Postura del Gabinete de Seguridad

Marina, SSPC y FGR reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de drogas sintéticas en el territorio nacional.

Según el comunicado, este tipo de acciones buscan evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles y proteger la seguridad de la población.

Otro operativo simultáneo en Culiacán

El hallazgo en Los Brasiles no fue la única acción contra la producción de drogas sintéticas reportada en Culiacán durante el mismo fin de semana. Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron, por separado, siete áreas de concentración de sustancias químicas en los poblados de Corral Viejo, Las Puertas, San Román, El Cedrito y Los Mayos.

En esas zonas se aseguraron 5 mil 935 litros y 365 kilos de materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina, con un valor estimado de 128 millones de pesos. En conjunto, ambos operativos realizados en Culiacán representaron decomisos valuados en 136.8 millones de pesos para el crimen organizado.

Antecedentes de operativos en Sinaloa y Durango

El operativo en Los Brasiles se suma a una serie de acciones recientes del Gabinete de Seguridad contra laboratorios clandestinos en el noroeste del país. El 16 de octubre, Marina, SSPC y FGR desmantelaron un laboratorio en la comunidad de Carricitos, Durango, donde aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina, con una afectación económica de 163 millones 560 mil 134 pesos, según el propio Gabinete de Seguridad.

Días antes, el 7 de octubre, las mismas corporaciones habían inhabilitado un laboratorio en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa, donde se localizó un predio de 12 mil metros cuadrados (129.167 pies cuadrados) destinado a la fabricación de drogas sintéticas.

Según cifras difundidas por el Gabinete de Seguridad en redes sociales, en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina en el país.

El Tribunal Oral Penal Económico N° 3 de la Capital Federal concedió la libertad bajo caución juratoria a Carlos Sein Atachahua Espinoza, un capo del narcotráfico oriundo de Perú. Había recibido una condena de nueve años de prisión en diciembre de 2024, al ser considerado el líder de una organización transnacional que blanqueó al menos 9.000.000 de dólares provenientes de actividades ilícitas.

La resolución judicial, firmada por los magistrados Fernando Marcelo Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Alejandro Zabala, determinó el cese del arresto domiciliario que el imputado cumplía en un departamento del barrio porteño de Caballito. La decisión se fundamentó en el cumplimiento de los dos tercios de la pena —el mínimo necesario para acceder a este beneficio— y en el comportamiento adecuado que demostró el acusado a lo largo del proceso.

La defensa de Atachahua Espinoza había solicitado formalmente la excarcelación de su cliente. Los letrados argumentaron que se vulneró el plazo razonable del juicio y que el cómputo de la detención habilitaba la soltura de su asistido. El imputado permaneció bajo prisión preventiva de manera ininterrumpida desde el 21 de octubre de 2020.

Al haber cumplido gran parte de su encierro bajo la modalidad domiciliaria, el tribunal evaluó los reportes de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, los cuales confirmaron que nunca violó los límites de su residencia ni registró ausencias injustificadas.

Frente a este requerimiento, el fiscal general Marcelo Agüero Vera dictaminó a favor de otorgar la libertad. El representante del Ministerio Público Fiscal constató que, según los cálculos de la secretaría del tribunal, el condenado alcanzó el tiempo requerido por la ley para obtener la excarcelación el pasado 20 de octubre. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) no emitió opinión al respecto dentro del plazo otorgado.

Aunque los jueces hicieron lugar al pedido, impusieron severas reglas de conducta para garantizar que el procesado continúe ligado a la causa. Atachahua Espinoza deberá presentarse en la sede del tribunal para firmar el acta de soltura bajo juramento.

Asimismo, tiene la obligación de residir en el domicilio declarado, notificar cualquier modificación en un lapso de 24 horas y comparecer ante los magistrados entre el primer y el quinto día hábil de cada mes.

Adicionalmente, se mantuvo la prohibición de salir del territorio argentino que pesaba sobre él desde la etapa de instrucción. En consonancia con esto, el tribunal ordenó retirar el dispositivo de monitoreo electrónico que el ciudadano peruano llevaba en su tobillo.

La condena

La sentencia contra la banda se dictó el 20 de diciembre de 2024. En aquella oportunidad, el tribunal consideró probado que la red criminal operó en el país de forma constante desde el año 2006 hasta fines de 2020. El grupo introdujo sumas millonarias de dinero en efectivo de origen espurio en el mercado formal para otorgarles apariencia legítima.

La investigación judicial determinó que la estructura delictiva utilizó diversas metodologías para canalizar los fondos. Una de las principales vías consistió en la adquisición de paquetes accionarios de firmas comerciales como “Tebinan S.R.L.”, “Rosgar S.A.” y “S y B S.A.”. A través de estas sociedades, la organización logró canalizar aproximadamente 7.250.000 dólares en efectivo. Además, Atachahua Espinoza y su esposa, Maribel del Aguila Fonseca, aprovecharon programas estatales de exteriorización de capitales para blanquear sumas que superaban los 1,3 millones de dólares en conjunto.

El expediente judicial se nutrió de múltiples líneas de investigación. Entre los elementos clave, se destacaron las revelaciones sobre tráfico de estupefacientes y contrabando de divisas vinculadas a Diego Xavier Guastini. Este último, quien colaboró con la justicia bajo la figura del arrepentido, resultó asesinado por un sicario en la localidad bonaerense de Quilmes en octubre de 2019.

La sentencia del TOPE N° 3 no solo alcanzó al líder de la banda, sino también a su entorno familiar y societario. Su cónyuge, Maribel del Aguila Fonseca, quien se desempeñaba como asesora financiera de la estructura, recibió una pena de cinco años de prisión y una sanción económica de 83.777.070 pesos. Miguel Ángel García Ramos, sindicado como el organizador de la asociación ilícita, resultó condenado a seis años de cárcel y al pago de una multa de 44.247.920 pesos.

Por otro lado, la hija del jefe de la banda, Naddya Lebira Atachahua del Águila, y la pareja de García Ramos, Carla Violeta Correa Castañeda, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso por su rol como ejecutoras de las maniobras de lavado. Con idéntica pena en suspenso resultaron sancionados Nelly Norma García Broncano (hija adoptiva de Atachahua) y Luis Lenchung Guardia Atachahua (sobrino del líder), quienes actuaron como prestanombres en las transacciones comerciales.

Finalmente, la justicia dispuso la cancelación de la personería jurídica de las empresas utilizadas para las operaciones y les aplicó multas millonarias. También ordenó el decomiso de cuatro vehículos y de diversos inmuebles que la organización adquirió con las ganancias de sus actividades delictivas.

Marine Le Pen advirtió durante su lanzamiento de campaña presidencial que tratará a los cárteles mexicanos como terroristas: “tampoco permitiremos que Francia caiga en la mexicanización”

Marine Le Pen advirtió que no permitirá que Francia se deslice hacia la “mexicanización” por la presencia de cárteles. La líder de extrema derecha lanzó así oficialmente su campaña presidencial este domingo en Orleáns, con la seguridad como eje central de su discurso.

“No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles. Erradicaremos estas organizaciones criminales sin contemplaciones, tratándolas como terroristas”, afirmó ante unos 8.500 simpatizantes reunidos en la ciudad vinculada históricamente a Juana de Arco.

La advertencia sobre los cárteles y la “mexicanización”

La frase se convirtió en el punto más citado del acto de lanzamiento. Con ella, Le Pen buscó instalar la idea de que el crimen organizado representa una amenaza creciente para Francia, comparable a la situación que atribuye a México.

Le Pen aseguró que combatirá a los cárteles sin contemplaciones si llega al Elíseo en las elecciones de abril y mayo de 2027. La advertencia sobre la “mexicanización” formó parte de un bloque de propuestas de seguridad que incluyó, además, penas más duras contra quienes agredan a agentes de la autoridad.

La dirigente vinculó esta amenaza al deterioro del orden público que, según su discurso, atraviesa el país. Presentó el combate a las organizaciones criminales como una de las prioridades de su eventual gobierno, junto al control migratorio y el refuerzo de fronteras.

Cárteles mexicanos en Francia

Existen casos documentados de presencia de cárteles mexicanos en territorio francés. El más relevante ocurrió en junio de 2024, cuando la gendarmería francesa desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina en una villa del departamento del Var, cerca de Toulon. El caso se hizo público en mayo de 2025, cuando la fiscalía de Marsella confirmó los detalles.

El laboratorio fue montado por químicos mexicanos vinculados directamente al cártel de Sinaloa, según confirmó el periódico Le Parisien. Fue la primera vez que una investigación francesa estableció un vínculo directo entre el territorio galo y una organización criminal mexicana de ese nivel.

El operativo derivó en 16 detenciones en Francia y Bélgica. Según el diario Midi Libre, los traficantes esperaban facturar más de 11 millones de euros con una inversión inicial de 150 mil euros. La droga producida se exportaba hacia Nueva Zelanda.

Además, un informe de la Brookings Institution confirmó que el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) instalaron laboratorios de metanfetamina en Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Bulgaria y Rumania. El mismo informe señala que redes chinas de lavado de dinero vinculadas a estos cárteles operan en Francia, Italia y España.

La conexión entre el narcotráfico latinoamericano y Francia no es reciente. Se remonta a las décadas de 1960 y 1970 con la llamada “French Connection”, y luego evolucionó con los cárteles colombianos en los años 80. Los grupos mexicanos tomaron el relevo de forma más visible desde la consolidación del cártel de Sinaloa bajo las ordenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la década de 2010.

El lanzamiento de campaña en Orleans

El acto donde Le Pen dio su declaración marcó el inicio formal de la cuarta candidatura presidencial de Marine Le Pen. La dirigente de Agrupación Nacional (RN) pronunció su discurso en Orleans, ciudad donde Juana de Arco, figura del siglo XV venerada por los nacionalistas como símbolo de patriotismo y soberanía, logró su victoria militar más reconocida.

Le Pen definió su proyecto como “el amanecer de una nueva era” y no como un regreso al pasado. La frase buscó despegar su propuesta de gestiones anteriores del partido y presentarla como una alternativa de renovación.

El mitin se desarrolló entre cánticos de “¡Vamos a ganar!” y consignas contra el presidente centroderechista Emmanuel Macron. La candidata apeló reiteradamente a la unidad y planteó la posibilidad de un “gobierno abierto y plural, de unidad nacional” en caso de ganar las elecciones.

Propuestas migratorias y de orden público

Además de su advertencia sobre los cárteles, Le Pen anunció una política de “tolerancia cero” en materia de inmigración. La propuesta incluye el establecimiento de una “doble frontera”, tanto a nivel europeo como francés.

La candidata prometió también la “deportación automática y permanente” de los extranjeros que cometan delitos en territorio francés. Este punto se suma a su planteo de expulsar a todo inmigrante que delinca, sin excepciones.

Le Pen planteó, además, que la nacionalidad francesa vuelva a ser “un privilegio que se hereda o se merece”. En esa línea, propuso introducir el concepto de “prioridad nacional” dentro de su esquema de gobierno.

El escenario electoral

Las encuestas actuales ubican a Le Pen como favorita para las elecciones presidenciales de 2027. En segundo lugar aparece el candidato de extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

Durante el acto, la dirigente de RN confirmó que Jordan Bardella, presidente del partido, ocupará el cargo de primer ministro en caso de que ella gane las elecciones. Bardella fue reelegido al frente de RN durante el congreso partidario que precedió al lanzamiento de campaña.

Con este escenario de respaldo en los sondeos, Le Pen afronta su cuarto intento de alcanzar la presidencia de Francia, en una campaña que se definirá en dos rondas durante abril y mayo del próximo año.

Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala durante las primeras horas de este lunes 26 de octubre.

Los avisos atendidos por el Cuerpo de Bomberos Municipales confirmaron la presencia de bultos sospechosos en las zonas 18 y 3 de la capital, una situación que obligó a desplegar cordones policiales para resguardar las evidencias en la vía pública.

La primera alerta ingresó mediante la línea de emergencia 123 hacia la 17 avenida y 11 calle de la colonia Lomas de la Barreda, en la zona 18.

En ese sector, los socorristas inspeccionaron un paquete de nailon oscuro abandonado sobre la calle y constataron que contenía restos humanos.

Ante el hecho, los elementos del casco rojo solicitaron la presencia de peritos y fiscales del Ministerio Público (MP) para determinar el sexo y la identidad de la víctima.

Un segundo fallecido en la zona 3

Pocos minutos después, otra llamada notificó la existencia de un bulto semejante sobre la banqueta de la 38 calle y novena avenida de la zona 3, también de la Ciudad de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al punto para cerrar el paso y custodiar el área.

Peritos del Ministerio Público asumieron las diligencias de rigor con el propósito de trasladar ambos cuerpos a la sede forense e identificar las causas de la muerte.

El Ministerio Público contabiliza 137 víctimas en bolsas, sábanas y costales durante 2026

Este patrón delictivo mantiene una marcada tendencia al alza a lo largo del año. Registros de la fiscalía señalan que, entre el primero de enero y el 25 de octubre de 2026, las fuerzas de seguridad han documentado 137 hallazgos de este tipo en el país.

El recuento triplica con amplitud los 39 casos que la institución policial computó en todo 2025.

El desglose estadístico oficial precisa que los investigadores levantaron a 68 víctimas dentro de bolsas plásticas, 53 en sábanas y 10 en costales, en tanto que los casos restantes aparecieron en circunstancias afines.

El fenómeno golpea a 14 de los 22 departamentos, aunque 105 cuerpos se concentraron en el departamento de Guatemala, jurisdicción que abarca la capital y sus áreas conurbanas.

Las disputas territoriales del narcotráfico y las purgas internas motivan los crímenes

Las pesquisas oficiales vinculan esta modalidad a las pugnas violentas entre organizaciones criminales.

Según la PNC, el abandono metódico de restos mortales en espacios públicos responde a la confrontación territorial entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, facciones declaradas grupos terroristas por la legislación local en 2025.

Además, de una vinculación directa con la organización criminal de narcomenudeo conocida como “Los Caradura”, que hasta ahora ha mantenido el control en la Ciudad de Guatemala.

El portavoz policial César Mateo ha explicado en varias entrevistas que las motivaciones centrales radican en “el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como ‘correcciones’ a lo interno de las propias pandillas”.

La Unidad de Videoforense rastrea grabaciones de cámaras viales para reconstruir las rutas de escape de los vehículos implicados, trabajos que ya facilitaron la captura de más de diez personas ligadas a estos homicidios.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Guatemala a Joel Gómez Arias, de 42 años, alias “Shoruco” o “Canoso”, requerido por una corte de Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas.

La detención se realizó en el municipio del Ixcán, Quiché, ubicado a 369 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Esta aprehensión elevó a 41 el número de personas capturadas con fines de extradición en Guatemala durante 2026.

El operativo se realizó en la aldea San Francisco, ubicada en Playa Grande, Ixcán, como parte de una acción de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

Según la información oficial, Gómez Arias deberá ser puesto a disposición de los tribunales guatemaltecos, que conocerán el requerimiento de la justicia estadounidense y definirán los pasos del proceso de extradición.

La acusación se relaciona con el ingreso de drogas a territorio estadounidense

La solicitud judicial señala a Gómez Arias por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con conocimiento e intención de que fuera importada de manera ilegal a Estados Unidos.

La acusación no equivale a una condena. El detenido tendrá que pasar por el procedimiento establecido en Guatemala para las personas reclamadas por tribunales extranjeros.

En esa etapa, las autoridades judiciales evaluarán la documentación remitida y resolverán si procede su entrega a Estados Unidos.

Tras la aprehensión, la PNC coordinó el traslado aéreo de Joel Gómez Arias hacia la capital para que comparezca ante las autoridades competentes. El operativo estuvo a cargo de unidades antinarcóticas.

El detenido se convirtió en el extraditable número 41 de 2026

Con la captura de alias “Shoruco”, el registro de detenidos con fines de extradición en Guatemala llegó a 41 casos en lo que va de 2026, de acuerdo con el conteo de las autoridades de seguridad.

El antecedente inmediato corresponde a la detención de César Olivares Paau Pan, capturado el 13 de octubre y considerado entonces el extraditable número 40 del año. La nueva aprehensión se produjo pocos días después y mantuvo la secuencia de operativos dirigidos contra personas requeridas por la justicia de Estados Unidos.

En este caso, la orden se vinculó con presuntas actividades de narcotráfico orientadas al traslado de drogas hacia territorio estadounidense. La PNC identificó a Gómez Arias con los alias “Shoruco” y “Canoso”, datos que forman parte de la información divulgada tras su captura.

El operativo tuvo lugar en Playa Grande, Ixcán

La detención ocurrió en la aldea San Francisco, en Playa Grande, municipio de Ixcán, departamento de Quiché. Agentes de la SGAIA desarrollaron el operativo táctico en esa localidad del norte del país.

Las autoridades no detallaron el período en el que habrían ocurrido los hechos atribuidos a Gómez Arias ni precisaron si existen otros implicados en el expediente judicial. Tampoco informaron sobre decomisos vinculados con la captura.

La PNC indicó que las acciones para ubicar a personas requeridas internacionalmente continúan, con especial atención en investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.

En el caso de Gómez Arias, el proceso seguirá ante los tribunales guatemaltecos antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud presentada por Estados Unidos.

Elementos de la Comisaría Regional de la Policía de Jalisco localizaron y destruyeron dos plantíos de aparente marihuana, además de un centro de secado, en la delegación de San Martín de las Cañas, municipio de Tequila.

El hallazgo se produjo durante labores de prevención y vigilancia en brechas y zonas serranas de la demarcación. En conjunto, los dos terrenos detectados sumaban una extensión de 22 mil 880 metros cuadrados.

Hallazgo durante patrullajes en zonas serranas

Los oficiales de la corporación estatal realizaban patrullajes de prevención y vigilancia por brechas y zonas serranas de la delegación cuando ubicaron los dos predios destinados al cultivo. Ambos terrenos presentaban una extensión combinada de 22.880 metros cuadrados.

Junto a los cultivos, los uniformados identificaron un centro de secado con plantas ya cortadas. El hallazgo abarcó así tres puntos dentro de la misma zona: los dos plantíos y el secadero.

Cerca de 98 mil plantas aseguradas

En los dos predios localizados, los elementos contabilizaron aproximadamente 95 mil plantas en pie. A esa cifra se sumaron otras 3 mil ejemplares de un metro de altura encontradas en el centro de secado.

El total combinado entre ambos sitios rondó las 98 mil unidades vegetales aseguradas. La extensión de 22 mil 880 metros cuadrados ocupada por los cultivos da cuenta de la escala de la operación agrícola ilegal detectada en la zona serrana del municipio.

Procedimiento legal y corporaciones involucradas

Tras el hallazgo, los uniformados dieron aviso a un agente del Ministerio Público de la Federación para proceder conforme al protocolo establecido. Antes de la destrucción del enervante, se recabaron muestras representativas de las plantas.

También se recopiló material fotográfico del sitio, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente al caso. Una vez cumplidos estos pasos, se llevó a cabo la incineración de la droga asegurada en el lugar.

El operativo contó con el apoyo coordinado de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional en la región Valles. Esta participación conjunta, sumada a la de la Comisaría Regional de la Policía de Jalisco, permitió completar las labores de localización, aseguramiento e incineración del material vegetal.

Valor estimado en el mercado negro

De acuerdo con informes de inteligencia, la droga localizada en la delegación San Martín de las Cañas tiene un precio estimado en el mercado negro de 102.9 millones de pesos.

Esta valoración corresponde al conjunto de las casi 98 mil plantas aseguradas entre los dos terrenos de cultivo y el centro de secado ubicados en la zona serrana de Tequila.

Cómo se realiza la destrucción de plantíos ilícitos en México

La destrucción de plantíos de marihuana y amapola en el país se rige por el Protocolo Nacional de Actuación para la Destrucción de Plantíos Ilícitos, un instrumento firmado por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, según informó el Gobierno de México.

En los operativos documentados, las fuerzas de seguridad han ubicado sembradíos tanto durante patrullajes de rutina como a partir de información de inteligencia, de acuerdo con reportes de la Sedena. Una vez confirmado el hallazgo, se establece un perímetro de seguridad en la zona.

Antes de proceder a la quema, las autoridades dan aviso a un agente del Ministerio Público de la Federación para que se integre la carpeta de investigación. En ese paso se recaban muestras representativas del vegetal y se levanta material fotográfico como evidencia.

En los casos registrados en Michoacán y Sinaloa, la destrucción se realizó mediante el método conocido como mano de obra e incineración, que consiste en cortar manualmente las plantas y quemarlas en el propio sitio del cultivo, según documentaron la Guardia Nacional y la Sedena. En otros casos, cuando el procedimiento se efectúa en instalaciones oficiales, participan también peritos en química forense, quienes realizan un muestreo aleatorio antes de confirmar la incineración, de acuerdo con un comunicado de la FGR.

Estas tareas suelen ejecutarse de forma coordinada entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de evitar que estas drogas lleguen a la juventud mexicana, según señaló la Sedena.

Un juez vinculó a proceso a Alan Yair “N”, alias “El Caimán” o “El Árabe”, señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como su probable responsable en un delito de extorsión cometido contra un comerciante en el municipio de Chimalhuacán. La autoridad judicial le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

El sujeto es considerado un objetivo prioritario de la Fiscalía mexiquense por su papel como generador de violencia en la zona oriente de la entidad. Tras el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez otorgó un plazo de dos meses para las indagatorias complementarias.

Cómo ocurrió la extorsión en Chimalhuacán

De acuerdo con las primeras indagatorias del Ministerio Público, los hechos se registraron el 6 de febrero de este año. La víctima, dedicada al comercio, se encontraba vendiendo en calles de Chimalhuacán cuando la abordaron cuatro sujetos armados, entre ellos el ahora procesado.

Los agresores se habrían presentado como integrantes de La Familia Michoacana. Bajo esa identificación, le exigieron al comerciante el pago de 2 mil pesos como condición para respetar su lugar de venta en la zona.

Además del cobro inicial, los sujetos advirtieron a la víctima que a partir de ese momento debería entregar 4 mil pesos semanales para continuar con su actividad comercial en el lugar. La amenaza incluyó una advertencia directa: en caso de negarse, le harían daño a él o a su familia.

El pago bajo amenaza y la huida de los agresores

Ante el temor a represalias, el comerciante entregó en ese momento la cantidad de mil pesos, inferior a la exigida originalmente. Una vez recibido el dinero, Alan Yair “N” y sus acompañantes se retiraron del lugar sin más incidentes.

El episodio se enmarca en un patrón de cobro de piso que, según las primeras líneas de investigación del Ministerio Público, los sujetos aplicaban contra comerciantes de la zona mediante la intimidación con armas de fuego y la invocación de pertenecer a una estructura criminal.

La investigación y la detención del acusado

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. El trabajo ministerial permitió identificar al probable responsable, lo que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión por el delito de extorsión ante un juez.

Con esa orden en mano, elementos de la Fiscalía detuvieron a Alan Yair “N” e ingresaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. En ese momento quedó a disposición de una autoridad judicial para que se determinara su situación legal.

La vinculación a proceso y las medidas cautelares

Tras recibir y analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alan Yair “N” por el delito de extorsión en agravio del comerciante de Chimalhuacán.

Como medida cautelar durante el proceso, el juez determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva. Asimismo, otorgó un plazo de dos meses para que se desarrollen las indagatorias complementarias correspondientes al caso.

Según información de la propia Fiscalía, el detenido es clasificado como objetivo prioritario dentro de las estrategias de combate a la violencia en la zona oriente del Estado de México, región que concentra buena parte de las denuncias por extorsión en la entidad.

La incautación ocurrió a 102 millas náuticas al sur de la isla Beata, en aguas próximas a República Dominicana, según informó la institución militar el 25 de octubre. La carga estaba distribuida en 555 paquetes rectangulares ocultos en costales dentro de una lancha rápida tipo go fast.

La operación contó con la participación de la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de República Dominicana y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos, conocida como Jiatfs.

La lancha habría salido desde La Guajira

De acuerdo con la información de inteligencia naval citada por la institución, la embarcación había zarpado desde La Guajira y tenía como destino final territorio dominicano. Las autoridades detectaron movimientos que consideraron sospechosos y alertaron a las unidades navales de ese país caribeño.

Tras la alerta, unidades de Guardacostas de la Armada de República Dominicana iniciaron el seguimiento de la lancha. La persecución se desarrolló en alta mar y concluyó con la interceptación de la nave, que presentaba fallas en uno de sus motores.

Los uniformados hallaron varios bultos en el interior de la embarcación. Por las características del embalaje, las autoridades sospecharon que contenía sustancias ilícitas, por lo que trasladaron la lancha y el material a un puerto seguro para completar el procedimiento de inspección.

Allí, los agentes encontraron 555 paquetes que dieron positivo para clorhidrato de cocaína en la Prueba de Identificación Preliminar Homologada. El cargamento tuvo un peso total de 568 kilogramos de cocaína, de acuerdo con el reporte oficial.

Tres ciudadanos dominicanos quedaron a disposición de la justicia

Los detenidos, de 24, 34 y 45 años, quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar con el proceso de judicialización y establecer las responsabilidades individuales dentro de la operación de narcotráfico.

La Armada no precisó qué organización estaría detrás del envío ni detalló si los capturados tenían antecedentes judiciales. La investigación deberá determinar la estructura logística utilizada para preparar el cargamento en Colombia, el rol de los tripulantes y los destinatarios previstos en República Dominicana.

La institución estimó que la incautación evitó ingresos superiores a USD 26 millones para las organizaciones narcotraficantes. También calculó que la droga incautada equivalía a más de 1,4 millones de dosis que no llegarían a mercados ilícitos internacionales.

El operativo apuntó a una ruta marítima que conecta el Caribe colombiano con otros puntos de la región. Las lanchas tipo go fast son empleadas con frecuencia por redes de narcotráfico debido a su velocidad y a la posibilidad de transportar grandes cantidades de droga en trayectos de larga distancia.

La cooperación internacional permitió ubicar la embarcación en alta mar

La participación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos se sumó al intercambio de información entre Colombia y República Dominicana. Según la Armada, este tipo de coordinación permite detectar embarcaciones sospechosas antes de que lleguen a su destino.

El Comando de la Armada sostuvo que el resultado afectó la capacidad de transporte de las organizaciones criminales transnacionales. La institución señaló que mantendrá las operaciones de control sobre las rutas marítimas del Caribe, con apoyo de autoridades de otros países.

Otro operativo en el Caribe colombiano terminó con 736 kilos de cocaína incautados

La nueva incautación se conoce después de otro procedimiento de la Armada Nacional en el mar Caribe, en jurisdicción de Cartagena, Bolívar. En ese caso, las autoridades decomisaron 736 kilogramos de cocaína que eran transportados en otra embarcación rápida.

Durante ese operativo fueron capturados dos ciudadanos dominicanos. La detección de la lancha contó con el apoyo de una aeronave patrullero marítimo de la Jiatfs, que orientó a las unidades de Guardacostas hasta el punto de la interceptación.

Las autoridades localizaron 30 bultos con 741 paquetes. Tras la prueba preliminar, el material dio positivo para clorhidrato de cocaína. La Armada indicó que la embarcación se hundió durante el intento de remolque hacia puerto, debido a condiciones meteorológicas adversas.

En ese procedimiento, los dos detenidos, la droga recuperada y los equipos de navegación y comunicaciones fueron trasladados a tierra. La institución calculó que la incautación representó una afectación cercana a USD 34 millones para las redes dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe.

La Iglesia católica mexicana llamó este domingo a las autoridades y a la sociedad en general a proteger a niñas, niños y adolescentes de las presiones del crimen organizado para integrarse a sus filas. La advertencia se difundió a través del editorial del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis Primada de México, que insistió en que se debe actuar antes de que los menores sean reclutados por los delincuentes.

“Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita”, señaló la Arquidiócesis en el editorial.

“Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”, agregó.

El respaldo de cifras sobre violencia infantil

El reclutamiento de menores por el crimen organizado en México preocupa a la Iglesia católica porque, según sus propias palabras, el país no cuenta con información suficiente para dimensionar el problema. Por eso, la Arquidiócesis recurrió a cifras de homicidios y desapariciones infantiles como evidencia de la violencia que enfrenta la niñez mexicana, aunque aclaró que estos datos no equivalen a un conteo directo de reclutamiento.

El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que indicó que en México mil 338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en el año 2024. Mientras que otros 7 mil 941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

La Iglesia explicó que estas cifras fueron recopiladas por la IBERO a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas, con el propósito de desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil publicado hace unos días.

El documento citado por la Arquidiócesis advierte que estas cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que “carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado”.

“Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación”, apuntó la Iglesia católica mexicana en su editorial dominical.

Cómo opera el reclutamiento, según el reporte citado

La Arquidiócesis explicó, con base en el reporte de la IBERO, que el reclutamiento de un niño o un adolescente “puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza”. Las organizaciones criminales, señaló, también “aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro”, entre otras situaciones.

El cuadernillo sobre reclutamiento infantil, citado por el semanario católico, documentó que “incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados”. Con esta advertencia, la Iglesia subrayó que el riesgo no se limita a condiciones de pobreza o abandono familiar.

Los cuatro ejes que propone la Iglesia

A partir del diagnóstico recogido en el cuadernillo, la Arquidiócesis difundió cuatro ejes de acción para enfrentar el reclutamiento infantil.

El primero consiste en conocer y medir el fenómeno. Contar con un registro específico e investigar los casos permitiría identificar cómo se establece el contacto, qué amenazas o engaños se utilizan y dónde se necesita intervenir. Escuchar a los propios adolescentes es indispensable para comprender los riesgos que enfrentan y orientar las políticas de prevención.

El segundo plantea prevenir desde la familia, la escuela y la comunidad. Esto exige informar sobre los mecanismos de captación y ofrecer espacios seguros de convivencia, educación, arte y deporte. Las familias, como núcleo fundamental de la sociedad, necesitan orientación y respaldo para ejercer su tarea de cuidado, especialmente cuando la violencia o las amenazas rebasan sus posibilidades.

El tercero se concentra en actuar frente al reclutamiento digital. Las plataformas deben responder ante los contenidos que buscan captar a menores de edad, transparentar sus medidas de moderación y colaborar con las autoridades para establecer mecanismos eficaces de detección y denuncia. Además, las familias necesitan herramientas para reconocer estos riesgos y saber a quién acudir.

El cuarto eje llama a proteger y acompañar a quienes ya fueron reclutados. Reconocerlos como víctimas exige ofrecerles caminos para salir de las organizaciones criminales, recibir atención y reconstruir sus proyectos de vida. Esa tarea requiere instituciones preparadas y comunidades capaces de recibirlos y acompañarlos.

La prevención en la vida cotidiana

La Iglesia destacó que la prevención comienza cuando la protección se hace presente en la vida cotidiana. Como ejemplo, mencionó que una ausencia escolar debe recibir atención, una amenaza debe encontrar respuesta y una familia debe saber que puede pedir ayuda sin quedar expuesta.

El editorial de Desde la Fe cerró con el mismo mensaje con el que abrió su llamado dominical, asegurando que es necesario “llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita. Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”.

La acción formó parte de la ejecución de nueve órdenes de cateo en distintos municipios de la entidad, de las cuales cuatro arrojaron resultados positivos.

La detención en el segundo domicilio de Salina Cruz

La detención se dio durante una serie de cateos a diversas propiedades, fue en el segundo domicilio allanado en Salina Cruz donde elementos de la Décima Región Naval detuvieron a Henry “N” y Luis “N”. En ese mismo inmueble se aseguraron presuntas sustancias ilícitas, cuya cuantificación permanece pendiente según informó la dependencia.

Este hallazgo se suma a los resultados obtenidos en el primer domicilio allanado, donde fue detenido Andrés “N” y se le aseguraron dos armas cortas. En otro inmueble, también incluido entre los resultados positivos, se aseguraron 24 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana y 32 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal. Ese inmueble quedó asegurado.

Señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado

De acuerdo con información preliminar de inteligencia, Henry “N” es identificado como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Las autoridades señalan una presunta vinculación de Henry “N” con el Cártel de Sinaloa y con el grupo de una persona identificada con el alias de “Bogar”. Se apunta además una posible relación con la estructura delictiva denominada “Los Cromos”.

La Marina aclaró que estos señalamientos corresponden a información preliminar de inteligencia, por lo que la situación jurídica de los detenidos quedará sujeta a la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

“El Bogar”, líder criminal ligado al detenido

El alias “Bogar” corresponde a Ricardo Estévez Colmenares, señalado como presunto líder del Cártel de la Costa de Oaxaca, una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva. Su centro de operaciones y control territorial se ubica en la región de la Costa oaxaqueña.

El pasado 30 de julio de 2026, autoridades federales y estatales detuvieron a J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, identificado como el segundo al mando dentro de la estructura de “El Bogar” y encargado de plaza en los corredores que enlazan la Costa y el Istmo de Tehuantepec con la capital del estado.

La FGEO ha documentado una presunta alianza entre el Cártel de la Costa que lidera “El Bogar” y la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización gremial que derivó en un grupo dedicado a la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y los préstamos “gota a gota” en más de 90 municipios de los Valles Centrales. La Fiscalía identificó a “El Miky” como el vínculo entre ambas estructuras y a “El Contador” como jefe de plaza en Ocotlán de Morelos.

El 17 de octubre de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, incluyó a Estévez Colmenares en la lista de los criminales más buscados por la justicia estadounidense, en un comunicado enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Rodríguez Alamilla confirmó que, a partir de esa alerta, se activaron operativos en la Costa y los Valles Centrales para lograr su captura, aunque “El Bogar” continúa prófugo.

Cateos en el Istmo de Tehuantepec

El operativo se enmarcó en la ejecución de nueve órdenes de cateo en municipios del Istmo de Tehuantepec, de las cuales cuatro tuvieron resultados positivos. Las diligencias se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec.

En un tercer domicilio fueron detenidos Pablo “N” y Jorge “N”. En ese inmueble se aseguraron 22 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 33 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y tres pipas. El inmueble también quedó asegurado.

La dependencia señaló que las acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre las instituciones de seguridad para combatir actividades ilícitas en la región.

Balance general del operativo

En total, las diligencias dejaron cinco personas detenidas: Andrés “N”, Henry “N”, Luis “N”, Pablo “N” y Jorge “N”. Los aseguramientos sumaron 111 dosis de presuntas sustancias ilícitas, dos armas cortas y dos inmuebles.

Los operativos se concentraron en cuatro domicilios con resultados positivos de los nueve cateos ordenados. La Marina precisó que las cifras reportadas son preliminares.

Diligencias pendientes

La Secretaría de Marina indicó que los resultados son preliminares, toda vez que se encuentra pendiente la cuantificación de las presuntas sustancias ilícitas aseguradas en uno de los domicilios, el correspondiente al segundo inmueble de Salina Cruz donde fueron detenidos Henry “N” y Luis “N”.

También quedan pendientes de ejecución dos órdenes de cateo adicionales, por lo que el balance del operativo podría modificarse en los próximos reportes.

Las personas detenidas y los efectos asegurados serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de la población.

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a dos hombres identificados como presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Rayón” por el homicidio de dos hombres ocurrido en mayo pasado en el municipio de Otumba. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante la autoridad judicial la probable participación de Luis Gustavo “N”, alias “El Rayón”, y de Carlos Adán “N”, alias “El Papayo”, en el crimen.

Ambos quedaron sujetos a un proceso penal con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras la investigación complementaria continúa su curso.

Cómo ocurrió el doble homicidio

Según la reconstrucción de la FGJEM, el ataque sucedió el 28 de mayo de este año. Las dos víctimas, ambas de sexo masculino, se encontraban en el poblado de Santiago Tolman a bordo de una camioneta tipo pickup color negro.

Hasta ese lugar llegaron cuatro sujetos, entre ellos los dos hombres ahora procesados. De acuerdo con la indagatoria, “El Rayón” comenzó a agredir verbalmente a una de las víctimas y después habría accionado un arma de fuego en su contra.

Otro de los agresores disparó contra la segunda víctima. Ambos hombres murieron a consecuencia de las heridas producidas por los disparos.

Una vez consumado el ataque, “El Papayo” habría indicado a los otros tres sujetos que abordaran la camioneta y abandonaran el sitio antes de ser descubiertos, según el relato de la Fiscalía.

La estructura delictiva “Los Rayón”

La FGJEM estableció que los dos hombres procesados formaban parte de una estructura delictiva independiente autodenominada “Los Rayón”. El grupo operaba en la zona de Otumba y se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos, además de robo de vehículos, robo de hidrocarburo y homicidio.

El proceso judicial y la captura

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía identificó a los probables responsables y solicitó ante un juez una orden de aprehensión, que fue cumplimentada posteriormente. Luis Gustavo “N” y Carlos Adán “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona tras su captura.

Una vez a disposición de la autoridad judicial, el juez analizó las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público para sustentar la probable participación de ambos en el doble homicidio. Con base en ese análisis, determinó la vinculación a proceso.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los dos procesados.

Otro operativo reciente en la misma zona

Días antes de esta vinculación a proceso, la FGJEM realizó otro operativo en Santiago Tolman que derivó en la detención de seis personas, entre ellas se detuvo a Luis Gustavo “N”, con el alias “Rayón”.

La detención, ocurrida el 22 de octubre, se dio en el marco de la investigación por el homicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) Joselyn Sandoval, su pareja sentimental Juan Carlos Ortiz Bravo y un tercer hombre, identificado como Mario Alberto Hernández Martínez. Los tres cuerpos fueron hallados en septiembre pasado en Otumba.

Los cuerpos de Ortiz Bravo y Hernández Martínez fueron localizados el 22 de septiembre dentro de un vehículo Chevrolet Aveo con heridas de arma de fuego. Un día después fue hallado el cuerpo de Sandoval, también con impactos de bala, en la zona de Santiago Tolman.

Las autoridades determinaron que ese triple homicidio estaría relacionado con una disputa por la comercialización de narcóticos en la región, derivada de la fragmentación de un grupo criminal que antes encabezaba Irving “N”, actualmente recluido en un penal estatal. Tras su detención, Felipe “N” habría formado su propia organización, en disputa con otro grupo rival por el control de la zona.

Los seis detenidos en ese operativo fueron vinculados a proceso por un homicidio distinto al de las tres víctimas de septiembre, con prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía mexiquense señaló que continuará las diligencias para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados en la región de Otumba.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena del líder narco Fernando Estrada Gonzales, alias “Piti”, quien durante años controló el negocio de la droga en el Barrio 1-11-14. Fue sentenciado a 17 años y medio de prisión como organizador de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y acopio de armas de fuego.

En un fallo de 65 páginas, los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky rechazaron un recurso de la defensa y dejaron firme la condena dictada el 14 de abril último por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3.

En el juicio se determinó que la organización criminal operó de forma continua al menos desde el 9 de mayo de 2009 hasta el 25 de abril de 2023. Se dedicaban principalmente a la venta de cocaína y marihuana.

La empresa delictiva funcionaba mediante un esquema piramidal y vertical sumamente estructurado. En la cúspide se ubicaban los organizadores, quienes impartían las directivas generales. Debajo de ellos, un segundo estrato se encargaba de transmitir las órdenes operativas y recolectar el dinero recaudado.

El escalón intermedio de la banda se ocupaba de ingresar la droga al barrio, custodiar los puntos estratégicos y fraccionar las sustancias. Para la venta al menudeo, la organización utilizaba puestos fijos denominados “Varela”, “San Juan”, “Corner de Lalo” y “San Jorge”. Los vendedores contaban con el apoyo de “satélites” o “soldados”, personas armadas que vigilaban los alrededores, alertaban sobre la presencia de las fuerzas de seguridad y amedrentaban a los vecinos para evitar denuncias o disturbios.

En distintos procesos, la Justicia identificó y sancionó a al menos 180 personas que trabajaban para el clan Estrada.

La comercialización de los estupefacientes se realizaba bajo un estricto sistema de turnos de 28 días. Estos ciclos mensuales estaban bajo la dirección de los hermanos Marco Antonio Estrada Gonzales y “Piti” Estrada Gonzales. Esta división de tareas permitió que la banda continuara con sus actividades ilícitas a pesar de las sucesivas detenciones de varios de sus integrantes.

La revisión de la condena

La defensa pública de Estrada Gonzales cuestionó la condena con el argumento de que se basó en indicios indirectos, rumores de vecinos y declaraciones de policías que nunca vieron al imputado en el asentamiento. También objetó la validez del testimonio de un imputado colaborador, la falta de peritajes en los cuadernos contables secuestrados y la atribución del delito de acopio de armas, dado que su asistido residía en Perú, a miles de kilómetros de donde se incautó el armamento.

Sin embargo, el juez Gustavo M. Hornos explicó en su voto que en investigaciones sobre grandes organizaciones criminales la prueba suele ser de carácter indirecto. El magistrado señaló que la intervención de “Piti” se acreditó mediante un análisis conjunto de diversos elementos. Entre ellos, se destacaron los testimonios concordantes de miembros de distintas fuerzas de seguridad que intervinieron en las pesquisas a lo largo de los años.

Asimismo, los jueces valoraron la documentación contable incautada en los allanamientos. En esos cuadernos se hallaron anotaciones con el encabezado “Piti” dividido en cuatro recuadros, formato idéntico al utilizado para “Marcos”. Los nombres y apodos que figuraban en dichos registros coincidían con personas que ya resultaron condenadas en causas conexas, lo que otorgó veracidad a la contabilidad de la banda.

Respecto al acopio de armas, la Cámara de Casación ratificó que la coautoría no exige la tenencia física de los elementos. El tribunal consideró que, al ocupar un rol de liderazgo en la cúpula de la organización, Estrada Gonzales tenía el dominio funcional sobre el armamento. Las armas no eran un elemento accidental, sino un componente estructural indispensable para asegurar el control territorial y la continuidad del tráfico de drogas.

El tribunal de alzada también desestimó los agravios referidos a la escala de la pena de prisión. Los jueces consideraron que el tribunal de origen fundamentó de manera adecuada los atenuantes —como la falta de antecedentes penales y la presentación voluntaria ante la justicia— y los agravantes. Entre estos últimos, se ponderaron la extensión temporal de la actividad por casi quince años, el uso de violencia sobre un sector vulnerable, la magnitud económica de la empresa y el poder de daño del armamento.

Finalmente, la defensa cuestionó la multa de 1080 unidades fijas por considerarla confiscatoria y de imposible cumplimiento. Los magistrados recordaron que esta sanción económica está prevista en la ley de estupefacientes y que su valor nominal en pesos se calcula al momento de la intimación de pago.

Además, señalaron que las dificultades económicas del condenado para afrontar el pago deberán ser evaluadas y resueltas por el juez de ejecución durante la etapa correspondiente, mediante las alternativas que prevé la legislación vigente, tales como el pago en cuotas o la amortización del monto.

Con esta resolución, la justicia federal ratificó la condena contra uno de los principales jefes del narcotráfico del barrio 1-11-14, consolidando las decisiones previas que desarticularon los diferentes estratos de la organización criminal.

La Fiscalía General de la Nación investiga a siete personas por su presunta participación en “La Constru”, una organización que habría lavado dinero proveniente del narcotráfico mediante supuestas empresas de transporte asistencial y ambulancias desde 2015 en las ciudades de Mocoa, Cartago, Neiva, Pasto, Popayán y un municipio de Caldas.

El proceso, revelado en la mañana del domingo por el medio La Patria, incluye los delitos de lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir.

La investigación sostiene que la red habría simulado servicios de salud, también adquirido vehículos y alterado la facturación y la contabilidad para ocultar y legalizar presuntos recursos provenientes del tráfico de estupefacientes. Una de las sociedades fue constituida en la ciudad de Mocoa el 21 de diciembre de 2015 y otra, con sede en Caldas, el 24 de agosto de 2019.

Según el ente acusador, alias Chamón habría liderado la organización y coordinado sus finanzas. El señalado constituyó ambas empresas con dinero ilícito y habría ordenado que terceros aparecieran como accionistas o propietarios de bienes comprados con esos recursos.

El expediente revelado por La Patria también menciona a “Paola”, que habría actuado como accionista y representante legal de la empresa de Mocoa, además de prestar su nombre para adquirir vehículos y otros bienes. “Nata” habría sido accionista de la sociedad con sede en Caldas y habría intervenido en la compra de ambulancias y activos para aparentar un origen legal.

Así mismo, la Fiscalía sostiene que la compañera sentimental de Chamón habría ejercido como representante legal de la empresa de Mocoa y participado en la administración de las sociedades. Un contador y una coordinadora de facturación presuntamente manipularon registros contables, facturas y finanzas para encubrir el origen de los fondos.

El ente acusador también señala a un pensionado del Ejército Nacional, quien habría prestado su nombre para adquirir vehículos y bienes muebles con dinero ilícito. Las siete personas están acusadas, con distintos niveles de responsabilidad, por concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares.

Las audiencias preliminares se realizaron en el año 2025 ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga. Sin embargo, durante la diligencia ninguno aceptó los cargos y el juzgado impuso detención preventiva en cárcel, salvo a dos mujeres, a quienes les concedió prisión domiciliaria.

En abril de 2026, la defensa cuestionó la competencia de ese despacho y sostuvo que el caso debía ser asumido por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa. La Fiscalía se opuso al argumento y afirmó que la organización tenía presencia en varios departamentos y ciudades.

Entretanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que el proceso permanecerá en Buga, por lo que se mantendrán en firme las decisiones del juez.

Ocho detenidos enfrentan solicitudes de extradición de Estados Unidos

La Fiscalía General de la Nación capturó a ocho personas requeridas en extradición por autoridades de Estados Unidos, dentro de investigaciones por presunto narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Los operativos se llevaron a cabo el 21 de octubre en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.

Siete de los detenidos son requeridos por una corte federal de Puerto Rico. Entre ellos está Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como “Guillo” o “Gallo”, a quien las autoridades señalan como posible jefe de la estructura. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

La hipótesis incluida en la solicitud estadounidense indica que la red habría empleado transferencias a terceros, depósitos divididos en montos menores y tokens para mover y ocultar recursos de origen ilícito. Parte de esas operaciones habría tenido lugar en Bogotá y Barranquilla.

El procedimiento fue coordinado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Armada de Colombia.

José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, indicó que la operación contó con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de ese país (IRS-CI).

Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan con reivindicaciones de los agentes de la Guardia Civil. Durante los ocho años de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, el enfado de policías y guardias civiles con su labor ha sido prácticamente una constante. La crisis de Ceuta, el problema con el tráfico de drogas en el sur peninsular o los casos de figuras de la cúpula del cuerpo que han tenido que declarar en los juzgados han creado una barrera entre Marlaska y los agentes.

Ahora, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado a los partidos un documento con 10 demandas de cara a una posible legislatura de cualquiera de ellos. La organización reclama que las propuestas se incorporen a los programas electorales. Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de la profesión de riesgo. AUGC pide que los agentes puedan acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, como ya ocurre con la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral y las policías locales. La asociación reclama una jornada de 35 horas semanales de promedio anual y pide completar el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, que destina 807 millones de euros a reducir la brecha salarial entre ellos y las policías autonómicas. La lucha contra el narcotráfico y la elección “a dedo” de los altos cargos son otras dos demandas puntuales.

Una unidad permanente contra el narcotráfico

El documento reserva un apartado para el narcotráfico en el litoral andaluz. Tras la muerte de cuatro guardias civiles en operaciones marítimas entre 2024 y 2026, AUGC exige una unidad permanente especializada, más medios para el Servicio Marítimo y plantillas reforzadas en las zonas expuestas. Ya existió la OCON-Sur, pero desapareció por orden de Marlaska tras explotar el caso de David Oliva, jefe de la unidad investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La explicación del Ministerio fue que se optó por una “reorganización operativa”.

La asociación también reclama declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. La medida incluiría para los agentes complementos por peligrosidad, incentivos de movilidad, pluses vacacionales, recursos materiales y plantillas estables. AUGC plantea que pueda extenderse a Huelva y otros puntos de la costa andaluza. En los últimos años, el sur de España se ha convertido en una de las principales puertas del narcotráfico europeo, dominando la entrada de hachís procedente del norte de África. Marlaska anunció medidas como la barrera que ‘cerraría’ el Guadalquivir para evitar que lo crucen las narcolanchas, pero, de momento, no se conocen detalles de su avance. También presume de haber aumentado los agentes en un 5,92% en la zona.

Concurso público para evitar designaciones “a dedo”

Además, AUGC pide limitar los puestos de libre designación a funciones de “confianza real”. El resto, sostiene, debe cubrirse mediante concursos de méritos con baremos públicos. La asociación cifra en unos 10.600 los destinos de este tipo, según datos oficiales de 2022. De esta manera, la asociación plantea que se debe evitar poner “a dedo” a perfiles de las altas esferas de la Guardia Civil, tras conocerse casos como el de la actual directora, Mercedes González, que tuvo que explicar sus encuentros con Leire Díez. González declaró como investigada el 17 de julio por presunta obstrucción a la justicia y prevaricación. Negó haber presionado a la UCO para frenar investigaciones políticas.

La asociación también solicita acotar las comisiones de servicio, publicar las plazas disponibles y fijar una duración máxima. Propone además un informe anual al Congreso sobre los destinos de libre designación y las comisiones concedidas. La entidad vincula esa reforma con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha pedido más transparencia y objetividad en la carrera profesional dentro de la Guardia Civil.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, descartó el pasado 9 de junio en el Senado que España esté en riesgo de padecer una crisis por consumo de fentanilo. Nada que ver, ni por asomo, con el problema que hay en algunos estados de EEUU, donde los cárteles mexicanos han conseguido inundar el mercado ilegal con esta potente y lesiva droga. En España, la Policía Nacional detectó en mayo de 2025 por primera vez en nuestro país la existencia de cápsulas con fentanilo y heroína de manera conjunta. Un caso puntual. De hecho, las estadísticas oficiales de 2025 del Ministerio del Interior revelan que solo se decomisó un gramo (una cifra insignificante con las 257 toneladas de hachís).

Desde el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente de Sanidad, recuerdan que el informe de aguas residuales de 2025 detectó fentanilo en dos de las nueve depuradoras examinadas en España. Las cantidades halladas eran inferiores a un miligramo diario por cada 1.000 habitantes, niveles compatibles con el uso de medicamentos prescritos (el fentanilo es un opioide de uso médico habitual para dolores intensos) y no con un consumo ilegal. “No nos encontramos con una situación relevante de afectación ligada al consumo de fentanilo”, recalcó Padilla.

A pesar de ello, Sanidad quiere gastarse 121.000 euros para la vigilancia epidemiológica del consumo de sustancias psicoactivas mediante el análisis de aguas residuales urbanas, en el marco de las actividades desarrolladas por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Es decir, busca una empresa que le ayude a analizar en ocho comunidades autónomas cómo está siendo el consumo de sustancias como la anfetamina, la metanfetamina, el MDMA o éxtasis, la benzoilecgonina (un metabolito de la cocaína), el tetrahidrocannabinol (un metabolito del cannabis), ketamina y fentanilo. También se buscará sulfato de etilo, un marcador relacionado con la ingesta de alcohol. El plazo de ejecución del contrato será de dos años. Durante este periodo se desarrollarán campañas de muestreo en la primavera y otoño de 2027 y 2028.

El objetivo de estos análisis es “obtener estimaciones objetivas y comparables del consumo de sustancias psicoactivas en la población”. Para Sanidad, “la epidemiología basada en aguas residuales se configura como un instrumento clave dentro de los sistemas europeos de vigilancia, al proporcionar información objetiva, casi en tiempo real y comparable a nivel internacional”.

Los últimos datos que maneja el Ministerio son que solo un 2,5% de la población “ha consumido opioides sin receta alguna vez en la vida”, una cifra que cae al 0,3% en el caso específico del fentanilo. En el ámbito asistencial, por ejemplo, de las 49.000 personas que ingresaron para tratarse por abuso de estas sustancias, solo 148 presentaban el fentanilo como sustancia principal.

En ocho depuradoras

El alcance del contrato se circunscribe a dos campañas de muestreo anuales durante los años 2027 y 2028 en los periodos de primavera y otoño, realizadas durante una semana completa en un mínimo de ocho estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) ubicadas en comunidades distintas, “seleccionadas de forma que aseguren una adecuada representatividad territorial y poblacional”, señala el pliego del contrato. Con carácter general, se mantendrán las mismas estaciones depuradoras de aguas residuales durante toda la vigencia del contrato, salvo imposibilidad técnica debidamente justificada o acuerdo expreso del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), que coordinará este trabajo.

Si nos centramos en otras drogas, el hachís y la cocaína son los estupefacientes más consumidos en España. Según el último Informe Europeo sobre Drogas del año 2025, un 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años ha tomado cocaína al menos una vez en su vida, la cifra más alta de la UE. Cuatro ciudades españolas aparecen entre las 15 europeas con más rastro de cocaína en las aguas residuales, según este mismo informe. Se trata de Lleida, Granada, Santiago de Compostela y Barcelona. Y eso que Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), decidió salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

Las muestras recogidas en este trabajo se mandarán a Europa, a la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), que analiza periódicamente el consumo de drogas a través de análisis de las aguas residuales en ciudades donde habitan unos 72 millones de personas. Interesan, sobre todo, seis sustancias: cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y ketamina y cannabis, aunque también se incluye el fentanilo.

En cuanto al cannabis (incluyendo hachís y marihuana), es la sustancia ilegal más consumida en España. Cerca del 40,8% de la población general (de 15 a 64 años) lo ha probado alguna vez en la vida, un 12,6% lo ha consumido en los últimos 12 meses y un 2,5% lo hace a diario, según datos que maneja el Ministerio de Sanidad.

/mexico/2026/10/25/abaten-a-el-meny-carranza-y-detienen-a-cuatro-mas-tras-enfrentamiento-armado-en-san-antonio-sonora/

/mexico/2026/10/25/mas-de-un-ano-despues-de-la-desaparicion-de-carlos-emilio-fgr-asegura-el-bar-terraza-valentino-en-mazatlan/

/mexico/2026/10/24/caso-cia-reanuda-audiencia-para-definir-si-el-exfiscal-cesar-jauregui-es-procesado-por-traicion-a-la-patria/

/mexico/2026/10/24/que-es-la-hidrocodona-el-opioide-que-aseguraron-en-el-aicm-oculto-en-frascos-de-suplementos-alimenticios/

/mexico/2026/10/24/no-eran-suplementos-alimenticios-transportaban-hidrocodona-clandestinamente-en-el-aeropuerto-de-cdmx-desde-colombia/

/mexico/2026/10/24/crisis-de-desaparecidos-en-mexico-hallan-24-cuerpos-por-identificar-y-417-restos-oseos-en-panteon-de-dolores-en-cdmx/

/mexico/2026/10/24/aumentan-hasta-700-decomisos-de-droga-en-la-frontera-de-chihuhua-con-texas-cbp/

/mexico/2026/10/24/eeuu-presiona-a-mexico-para-enviar-agentes-a-operativos-contra-carteles-de-droga-revela-nyt/

/mexico/2026/10/24/cajeros-y-transporte-publico-los-lugares-donde-los-mexicanos-se-sienten-mas-inseguros-segun-el-inegi/

La Secretaría de Seguridad de Jalisco detuvo este viernes en Zapopan a Miguel C., identificado como “Compa Mike 157”, ciudadano estadounidense requerido en California por acusaciones de homicidio y delitos contra la salud relacionados con narcotráfico. Su apodo también aparece en narcocorridos que lo retratan como un hombre con operaciones entre México y Estados Unidos, vehículos de lujo, armas y vínculos con grupos armados.

La orden de aprehensión contra el hombre de 36 años fue emitida en junio pasado en San Diego, California. Las autoridades de Jalisco lo localizaron tras intercambiar información con corporaciones estadounidenses, analizar datos de la Policía Cibernética y vigilar con drones los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense. Fue relacionado con el Cártel de Sinaloa mientras que en las canciones presuntamente pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

/mexico/2026/10/24/asi-describen-los-narcocorridos-a-el-compa-mike-517-detenido-en-jalisco-cuatro-letras-lo-definen-radica-con-los-gueros/

El gobierno de Donald Trump está ampliando un sistema de vigilancia con inteligencia artificial (IA) a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, mediante torres equipadas con cámaras y sensores capaces de detectar movimientos sin necesidad de supervisión humana constante, de acuerdo con The New York Times.

En un artículo publicado este viernes, el diario estadounidense detalló que estas estructuras forman parte de un denominado “muro inteligente” que complementa las barreras físicas y permite monitorear tanto zonas desérticas como comunidades habitadas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

/mexico/2026/10/24/el-muro-de-trump-va-mas-alla-del-acero-inteligencia-artificial-vigila-comunidades-fronterizas/

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este viernes sobre la detención en Zapopan de Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, un ciudadano estadounidense buscado en California por los delitos de homicidio y contra la salud, relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia estatal, el hombre contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California. Su localización fue posible mediante un operativo coordinado con autoridades estadounidenses, el análisis de información recabada por la Policía Cibernética y el uso de drones para vigilar los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense.

/mexico/2026/10/24/cae-en-jalisco-compa-mike-buscado-por-homicidio-y-delitos-contra-la-salud-en-california/

Agencias de seguridad de Estados Unidos, especialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), participaron con intercambio de información en los operativos para detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).

Sin embargo, un punto de inflexión ocurrió cuando Guzmán Loera se reunió con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn en octubre de 2015 en Sinaloa, ya que las agencias estadounidenses pidieron no proceder con el operativo de su captura por la presencia de dos de sus ciudadanos. Esto, fue un parteaguas en su seguimiento para finalmente arrestarlo en enero de 2016.

/mexico/2026/10/24/la-cia-participo-en-los-operativos-de-captura-de-el-chapo-guzman-reunion-de-kate-del-castillo-con-lider-del-cds-freno-colaboracion/

El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas Juárez Lara, fue detenido durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, como parte de las acciones del denominado Operativo Enjambre, por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

La captura ocurrió durante las primeras horas de este viernes en un domicilio ubicado en la colonia Bajo Usumacinta, en la cabecera municipal, donde elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca desplegaron acciones para cumplimentar las detenciones.

/mexico/2026/10/24/operativo-enjambre-detiene-a-director-de-seguridad-publica-de-emiliano-zapata-tabasco/

Según el reporte presidencial, la operación fue liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que coordinó acciones con las autoridades de República Dominicana y Estados Unidos. El procedimiento se desarrolló mediante labores de vigilancia e inteligencia aérea que permitieron identificar la embarcación, hacer seguimiento a sus movimientos y facilitar su posterior interceptación en el mar.

Los resultados fueron presentados por el presidente como parte de las acciones coordinadas entre países para combatir el tráfico de drogas mediante rutas marítimas.

De la Espriella advierte que “no habrá tregua” contra el narcotráfico

Tras comunicar los resultados de la operación, el mandatario reiteró que su Gobierno mantendrá las acciones contra las organizaciones dedicadas al transporte y comercialización de estupefacientes. En su publicación, insistió en que la persecución de estas redes abarcará distintos escenarios y medios de transporte. “¡Al narcotráfico lo perseguimos por tierra, mar y aire! ¡No habrá tregua contra el crimen!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente también se refirió al uso de rutas marítimas por parte de las estructuras criminales para movilizar cargamentos ilegales y advirtió que las fronteras nacionales y las extensiones oceánicas no impedirán las operaciones de las autoridades. “¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no hay fronteras que los protejan ni océanos donde puedan esconderse!”, manifestó el mandatario.

En su pronunciamiento, De la Espriella señaló que la cooperación con otros países continuará como parte de la estrategia para cerrar las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico. También planteó la necesidad de afectar los recursos económicos de estas estructuras y avanzar en su desmantelamiento. “Seguiremos trabajando con nuestros aliados internacionales para cerrarles las rutas del narcotráfico, golpear sus finanzas y desmantelar las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse envenenando al mundo”, afirmó.

Antecedente de la incautación de cocaína en Cartagena

El anuncio de la operación Zeus Guyana se produjo después de otro procedimiento contra el narcotráfico informado el 21 de octubre, cuando las autoridades colombianas reportaron la incautación de más de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena de Indias, sobre el mar Caribe. El decomiso fue presentado como el mayor realizado en esa terminal portuaria durante la última década.

En esa ocasión, De la Espriella destacó el resultado de la Policía Nacional y señaló que el cargamento tenía como destino Países Bajos. El presidente calificó el procedimiento como un “Golpe contundente al narcotráfico” y reiteró su posición frente a las organizaciones criminales.

En el balance divulgado entonces, el mandatario indicó que, durante los primeros 75 días de su Gobierno, la fuerza pública había incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares. También sostuvo que impedir la distribución de estas sustancias y afectar los ingresos de las redes criminales formaba parte de las acciones para reducir su capacidad operativa.

Por su parte, la Policía Nacional informó que la droga decomisada en Cartagena estaba oculta mediante la modalidad de mezcla con panela pulverizada. Según la institución, el cargamento representaba una afectación superior a 42.000 millones de pesos para las finanzas criminales y evitaba que 19 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.

Ambos procedimientos fueron comunicados por el Gobierno en el marco de sus anuncios sobre la lucha contra el narcotráfico. Abelardo de la Espriella ha sido contundente en señalar que en su administración “no habrá espacio para los criminales”.

El gobierno de Donald Trump está ampliando un sistema de vigilancia con inteligencia artificial (IA) a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, mediante torres equipadas con cámaras y sensores capaces de detectar movimientos sin necesidad de supervisión humana constante, de acuerdo con The New York Times.

En un artículo publicado este viernes, el diario estadounidense detalló que estas estructuras forman parte de un denominado “muro inteligente” que complementa las barreras físicas y permite monitorear tanto zonas desérticas como comunidades habitadas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Las torres utilizan radares para detectar movimientos a kilómetros de distancia, cámaras de alta resolución y sistemas de IA que clasifican lo que observan. Buena parte de la infraestructura ha sido fabricada por la empresa de defensa Anduril, especializada en tecnologías de vigilancia y sistemas autónomos.

Según el periódico, alrededor de 350 torres con inteligencia artificial vigilan constantemente a más de un millón de personas en Estados Unidos y México. Además, otros cuatro millones de habitantes residen en áreas cubiertas por cámaras de generaciones anteriores que las autoridades estadounidenses pretenden modernizar.

La expansión del sistema contempla una inversión superior a mil 500 millones de dólares para construir mil 500 nuevas torres con IA, así como ampliar la cobertura hacia la frontera con Canadá y zonas costeras de Puerto Rico.

Cámaras vigilan viviendas, escuelas y parques

Uno de los principales cuestionamientos al sistema es que la vigilancia no se limita a los puntos de cruce irregular o a las áreas remotas utilizadas por migrantes y contrabandistas.

De acuerdo con The New York Times, las cámaras también alcanzan espacios urbanos, parques infantiles, escuelas y propiedades privadas, incluidos patios y ventanas de viviendas ubicadas cerca de la frontera.

La expansión de esta infraestructura ha generado inquietud entre residentes que consideran que la tecnología puede registrar aspectos de su vida cotidiana sin que exista una amenaza concreta contra la seguridad fronteriza.

Eloisa Cavazos, habitante de Mission, Texas, cuya vivienda se encuentra frente a una de estas torres, describió al diario la sensación de estar bajo observación constante.

“Puede ver cuándo salgo, con quién estoy, quién entra y sale de nuestra casa. Te sigue”, afirmó la residente, según el reporte del periódico estadounidense.

El despliegue tecnológico también se extiende más allá de la línea fronteriza tradicional. El artículo señala que el gobierno ha llevado estas herramientas de vigilancia hacia comunidades del interior de Estados Unidos y zonas costeras de California, como San Clemente y Del Mar.

Seguridad fronteriza frente a la privacidad

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) defiende las torres como una herramienta esencial para reforzar la seguridad, detectar cruces irregulares y proteger a sus agentes.

Para quienes respaldan el sistema, la tecnología permite vigilar territorios extensos y de difícil acceso, además de identificar movimientos que podrían estar relacionados con el tráfico de personas, drogas u otras actividades ilícitas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de las libertades civiles y auditorías gubernamentales han cuestionado el alcance del programa, sus costos y las garantías para proteger la información recopilada.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) ha advertido sobre deficiencias relacionadas con la falta de planes generales claros, la justificación de los gastos y la existencia de protocolos estrictos para salvaguardar los datos personales.

Las críticas también apuntan a la posibilidad de que una herramienta concebida para vigilar la frontera termine recopilando información sobre personas que no están relacionadas con actividades delictivas.

Un sistema que amplía el alcance de la vigilancia

Las opiniones entre los habitantes de las comunidades fronterizas permanecen divididas. Mientras algunos consideran que las cámaras son necesarias para contener la migración irregular y el narcotráfico, otros temen que la vigilancia permanente afecte su privacidad y transforme sus localidades en espacios de monitoreo continuo.

La expansión de las torres con IA representa una evolución de la estrategia fronteriza estadounidense: además de construir barreras físicas, el gobierno apuesta por sistemas automatizados capaces de observar grandes extensiones de territorio y analizar movimientos en tiempo real.

El debate, no obstante, va más allá de la eficacia de las cámaras para detectar amenazas. También plantea preguntas sobre quién puede acceder a las imágenes, cuánto tiempo se conserva la información, qué mecanismos existen para impedir usos indebidos y cómo pueden los residentes conocer o cuestionar la vigilancia a la que están expuestos.

Mientras la administración Trump continúa ampliando el programa, la disputa entre seguridad y libertades civiles se perfila como uno de los principales desafíos de una política fronteriza cada vez más dependiente de la inteligencia artificial.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este viernes sobre la detención en Zapopan de Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, un ciudadano estadounidense buscado en California por los delitos de homicidio y contra la salud, relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia estatal, el hombre contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California. Su localización fue posible mediante un operativo coordinado con autoridades estadounidenses, el análisis de información recabada por la Policía Cibernética y el uso de drones para vigilar los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense.

Tras su captura, Casillas fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM), donde sería presentado ante las autoridades estadounidenses, según el comunicado oficial.

Así localizaron a “Compa Mike” en Zapopan

La Secretaría de Seguridad de Jalisco detalló que el operativo se realizó mediante un despliegue por tierra y aire, con apoyo del monitoreo efectuado por la unidad de drones de la corporación.

Las investigaciones comenzaron a partir del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, agencia federal encargada, entre otras funciones, de localizar a personas buscadas por la justicia estadounidense.

A partir de esos datos y del análisis realizado por la Policía Cibernética, las autoridades identificaron los lugares que frecuentaba Miguel Casillas en Zapopan, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

El despliegue permitió ubicarlo en el cruce de la avenida Central Guillermo González Camarena y la calle Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente.

En ese punto, elementos de la Secretaría de Seguridad interceptaron al hombre y corroboraron su identidad, así como la existencia de mandamientos judiciales pendientes en Estados Unidos.

La dependencia no detalló si durante la intervención se aseguraron armas, drogas u otros objetos, ni proporcionó información adicional sobre los hechos específicos que se le atribuyen en California.

Será presentado ante autoridades estadounidenses

Después de confirmar la identidad del detenido y sus antecedentes judiciales, los agentes lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente ante las autoridades de Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad estatal no precisó si la entrega se realizará mediante un procedimiento de deportación, expulsión o extradición, por lo que el mecanismo legal para su traslado definitivo no fue especificado en el comunicado.

La detención se suma a una serie de operativos realizados en Jalisco para localizar a personas buscadas por agencias estadounidenses. Según la dependencia, con este arresto suman 20 objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos que han sido capturados en la entidad.

Entre los casos recientes se encuentra la detención de un hombre conocido como “El Nenuco”, a quien las autoridades señalan por homicidio y presuntos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes publicados el 20 de octubre.

La captura de “Compa Mike” refleja la colaboración entre corporaciones mexicanas y agencias estadounidenses para ubicar a personas con órdenes judiciales pendientes. En este caso, las autoridades de Jalisco destacaron el intercambio de información, el análisis de datos y el monitoreo con drones como herramientas clave para identificar y detener al sospechoso.

No obstante, la responsabilidad penal de Miguel Casillas por los delitos que se le atribuyen deberá determinarse ante las instancias judiciales correspondientes.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo otra vez al “Tuerto Cacho” y desbarató la organización que integraba durante un despliegue de 52 allanamientos en la ciudad de Córdoba. El operativo dejó 19 personas detenidas y el secuestro de más de 48.000 dosis de droga, 12 armas de fuego, vehículos y dinero.

El “Tuerto Cacho” fue identificado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba como uno de los narcotraficantes más importantes de la capital provincial. Su nueva detención concentró la investigación sobre una estructura que operaba en distintos barrios y que tenía, además, a otro referente entre los arrestados.

Los procedimientos alcanzaron domicilios de Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme. La FPA arrestó a 12 hombres y siete mujeres, todos mayores de edad. La investigación ahora busca determinar el alcance de la organización y las funciones que cumplía cada uno de sus integrantes.

Durante los operativos, los investigadores incautaron 47.013 dosis de cocaína y 1.119 dosis de marihuana, una cantidad que supera las 48.000 dosis de estupefacientes. También secuestraron 12 armas de fuego y un chaleco balístico.

El procedimiento incluyó siete vehículos —cuatro automóviles y tres motocicletas—, además de $ 10.877.600 y USD 7.700. El Ministerio Público Fiscal estimó que el valor total de los elementos incautados alcanza $ 385.785.880.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno quedó a cargo de las actuaciones, con los detenidos y los elementos secuestrados a su disposición.

Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmó que espera que Estados Unidos solicite la extradición de Gustavo Petro, a quien acusó de ser “un delincuente en la Casa de Nariño”.

Sus afirmaciones, incluidas las acusaciones de delitos y las presuntas actuaciones de funcionarios y allegados del ex primer mandatario.

Vargas Lleras sostuvo que las autoridades estadounidenses recaudan pruebas y convocan testigos sobre hechos vinculados con el presidente y su entorno. También afirmó haber presentado denuncias por soborno y concierto para delinquir en Colombia, además de solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

El copresidente del partido Cambio Radical también pidió que la investigación estadounidense desemboque en una medida contra el expresidente. “Esperamos que pronto llegue una solicitud de extradición contra Petro y que finalmente pueda acompañar a su amigo Nicolás Maduro en una cárcel de Florida, en Estados Unidos”, dijo Vargas Lleras en entrevista con Semana.

Incluso, señaló que la actuación de la justicia estadounidense está en marcha, aunque no aportó documentos ni confirmó una investigación oficial de ese país. “Vemos con muy buenos ojos que la justicia estadounidense haya comenzado a recaudar pruebas y llamar testigos”, afirmó.

Las denuncias y solicitudes de investigación contra Petro y su entorno

Enrique Vargas Lleras dijo que presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara por los presuntos delitos de soborno y concierto para delinquir. “Esperamos que la Comisión de Acusaciones proceda con las investigaciones correspondientes”, manifestó.

También aseguró que pidió al ente acusador “investigar posibles conductas de testaferrato, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, para que se proceda a una investigación formal”, declaró.

Según el denunciante, dirigió una carta fechada el 13 de octubre de 2026 a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para solicitar actuaciones contra la ex primera dama , Verónica Alcocer, y otras personas mencionadas en denuncias de Angie Rodríguez y Eva Ferrer. “Le solicité a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, una investigación inmediata contra la señora Alcocer y las 32 personas mencionadas en las denuncias”, señaló al medio citado.

El entrevistado añadió que espera decisiones tanto de la Fiscalía como del Congreso. “Espero que la fiscal general actúe, que le dé la cara al país, que no dilate más estas circunstancias y que reciba los testimonios y adopte las decisiones que en derecho correspondan frente a todos los implicados”, dijo.

Sobre la Comisión de Acusación, pidió que avance hacia una acusación formal que permita la intervención del Senado. “Hago un llamado al Congreso de la República y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que no dilaten las investigaciones y procedan con la acusación formal”, sostuvo.

Vargas Lleras vinculó sus denuncias con el denominado pacto de Valledupar, que habría ocurrido el 23 y el 24 de octubre de 2025. A su juicio, se trató de “un verdadero entrampamiento” dirigido contra su hermano, el entonces candidato Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Petro sabía que su única tabla de salvación era hacer ese montaje, ese entrampamiento contra esas tres personas”, afirmó. También consideró que las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de otros testigos respaldan su interpretación: “Fueron los propios testigos quienes se negaron a comprar ese pacto”, expuso en el mismo diálogo.

En sus declaraciones, dijo que da credibilidad a los señalamientos de Angie Rodríguez, aunque sostuvo que eso no la excluye de una eventual investigación. “Sí le creo, pero no la exonero. Ella también está participando en el soborno”, afirmó, sin aportar pruebas adicionales sobre esa acusación.

Las peticiones a la Fiscalía y a la OFAC

Enrique Vargas Lleras dijo que pidió al Gobierno nacional retirar la nacionalidad por adopción a los españoles Manuel Grau y Xavier Vendrell. “He pedido al Gobierno nacional, mediante comunicaciones enviadas desde la semana pasada, que se inicie el proceso de retiro de la nacionalidad colombiana” de ambos, declaró.

Conforme a su querella, Grau y Vendrell habrían tenido participación en negocios relacionados con Alcocer. “Eran los grandes directores de los negocios de la señora Verónica Alcocer”, sostuvo.

A propósito, dijo haber enviado una comunicación a la OFAC para que incluya a las personas mencionadas en sus denuncias, con excepción de Alcocer. “También envié una comunicación a la OFAC para solicitar la inclusión de las personas mencionadas en esas denuncias, excluyendo a Verónica Alcocer porque ya forma parte de esa lista”, afirmó.

Vargas Lleras también relacionó sus expectativas sobre Estados Unidos con negociaciones para la compra de aviones en Suecia, en las que afirma que Alcocer estuvo presente. “Tengo conocimiento de que Estados Unidos también está investigando estos hechos”, dijo al referirse a esa situación, una afirmación que la revista no acompañó de confirmación oficial.

El próximo 8 de noviembre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplirá su primer año al frente del Gobierno. Estos casi 12 meses estuvieron marcados por protestas, bloqueos y una fuerte presión social y política, sumado a la severa crisis económica y energética que el país ya padecía desde antes de su arribo al Palacio Quemado.

Carlos Sánchez Berzaín, quien fue ministro de la República en cinco ocasiones, advirtió que el país no podrá dejar atrás sus problemas de fondo hasta que el poder siga en manos “del narcoestado”. Incluso, días atrás la propia representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país reconoció que Bolivia en los últimos años se convirtió en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga.

Durante una entrevista con Infobae, Berzaín opinó que el presidente Paz carece de control efectivo sobre las estructuras centrales de poder y sostuvo que “la unidad de la nación boliviana es el instrumento para generar una alianza que permita derrotar al narcoestado”.

“El presidente ha tomado parte del Gobierno, pero no ha tomado el poder, que está en manos de un sistema que genéricamente llamamos el narcoestado”, aseveró. De acuerdo a lo expuesto por el director del Interamerican Institute for Democracy, funcionarios, autoridades y personas vinculadas al gobierno participan en actividades ligadas al narcotráfico.

Esa extensa red vinculada al narco llevó al país a transformarse en un espacio de protección y operaciones para organizaciones criminales internacionales: “En Bolivia no solo está el Comando de la Capital o el Comando Vermelho; está la mafia rusa, están los chinos, los cárteles mexicanos, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los cárteles colombianos”, enumeró. Cabe recordar que en marzo de este año fue capturado en territorio boliviano el uruguayo Sebastián Marset, uno de los capo narcos más buscados del mundo.

En este contexto, el ex presidente Evo Morales, quien tiene dos pedidos de captura, aún sigue en libertad custodiado por sus bases en el Trópico de Cochabamba y no cesa en la presión que ejerce sobre el gobierno de Paz. “El gran jefe de esto es Evo Morales, que controla un territorio en el centro del país, en el Trópico de Cochabamba, al que el Gobierno no se atreve a entrar”, comentó Berzaín.

Consultado sobre por qué el líder cocalero aún sigue en libertad, el ex ministro boliviano afirmó que la Policía boliviana fue “penetrada y cambiada en su doctrina y en sus mandos para servir al narcoestado”. Esto, detalló, hace que el actual presidente no pueda tener “control total de la Policía”.

“En la década de los noventa, en ese territorio del Trópico se creó la Novena División del Ejército. ¿Para qué? Para reinstitucionalizar esa zona en la que ya una vez Evo Morales montó su republiqueta, que la desmontamos en el año 94. Y después del desmontaje se fortaleció la policía, se hizo el aeropuerto de Chimoré y se instaló la DEA y se hizo la Novena División de Ejército. Hoy día, la Novena División le da parte a Evo Morales, no le da parte al presidente Rodrigo Paz. Entonces, el tema es que tener el Gobierno es una cosa -parte del Gobierno-, y tener el poder es otra. El poder lo tiene el narcoestado que controla la justicia, las fiscalías, y el órgano electoral", resumió.

El abogado y politólogo recordó, además, que los dos jefes antinarcóticos de Evo Morales “han pasado por la justicia americana” por narcotráfico, y cuestionó la legislación sobre la coca: “Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca en 2003 y hoy tiene cerca de 70.000”.

Con su llegada al poder, el presidente Paz sumó al país al Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump para hacer frente al narcotráfico. Desde entonces, varios capos narco, como el caso de Marset, cayeron, y Washington también retiró visas a funcionarios a los que acusa de estar ligados al narcotráfico. Según Berzaín, esta actuación de la Casa Blanca “es la única vía que está funcionando” actualmente para desmontar el complejo entramado vinculado al narco. Pero aclaró: “Funciona parcialmente porque no hay contraparte”.

“Evo Morales algún día tendrá que ser capturado; debería ser procesado internacionalmente. Es un narco. Está bien que lo acusen de abuso de menores, pero nadie lo acusa en Bolivia de narcotraficante, ni de asesino, ni nadie de la corrupción que ha cometido, ni de las masacres que ha perpetrado. Todos callados. ¿Por qué? Porque el sistema sigue funcionando así. El Gobierno está en manos de los que fueron los opositores funcionales de ese régimen", añadió el ex ministro boliviano.

A su juicio, el país vive “desagregado” y “fracturado”, también con problemas de tráfico de oro, trata de personas y sicariato. “Se están atendiendo los síntomas, pero no la causa”, planteó. “La causa de la crisis, en mi opinión, es el narcoestado, que suplantó todo el sistema democrático”.

Sostuvo, además, que desde la llegada del MAS al poder el ordenamiento jurídico boliviano dejó de garantizar el Estado de derecho. “En Bolivia no existe ninguna posibilidad de alegar Estado de derecho, porque el régimen, en la aplicación del modelo cubano-venezolano, sustituyó el Estado de derecho por el ‘terrorismo de Estado’”.

Alianza nacional contra el narcoestado

Berzaín propone una alianza nacional que reúna a sectores políticos y sociales para recuperar valores republicanos, modificar o derogar normas que cuestiona, terminar con la impunidad judicial y separar al crimen organizado de la actividad política. El ex ministro plantea esa movilización como una respuesta a la crisis que atribuye a un narcoestado y no como una iniciativa partidaria.

“La unidad de la nación boliviana es el instrumento para generar una alianza que permita derrotar al narcoestado”, afirmó.

Su primera medida consiste en recuperar “los principios y valores de la nación boliviana”. “Son los principios de la civilización, de la democracia y de la moral social”, declaró.

El segundo punto de su propuesta plantea eliminar o reformar el marco legal que describe como propio del narcoestado. “Hay que cesar las leyes del narcoestado, desde la Constitución hasta lo que yo llamo ‘leyes infames’ que violan los derechos humanos”. Esas normas, opinó, condicionan la economía y el sistema político. “¿Cómo va a superar la crisis económica Bolivia si la Constitución del Estado Plurinacional prohíbe la inversión externa?”. También cuestionó la representación política y aseguró que, a su juicio, el sistema constitucional habría afectado el principio de voto universal.

La tercera medida busca romper con la impunidad. El ex ministro consideró que la presión internacional ha abierto algunos procesos recientemente, pero sostuvo que Bolivia aún carece de una reacción interna contra quienes integran redes de corrupción y narcotráfico: “Está llegando presión externa, pero no hay una acción interna contra la impunidad (...) Le toca a Bolivia, pero llega último y por una presión que no nace dentro del país”.

El cuarto eje de su plan apunta a apartar a las organizaciones criminales de la política. “Hay que sacar al crimen organizado de la política”, enfatizó Sánchez Berzaín, quien afirmó que los grupos vinculados a la producción de coca contarían con recursos para incidir en procesos electorales y recurrir a bloqueos cuando no obtienen los resultados que buscan.

“Lo que hago en este documento es decir: hablemos en serio, sinceremos el país. Si seguimos atendiendo los síntomas y no la causa, no vamos a resolver la crisis”, reflexionó.

Sánchez Berzaín dijo que su propuesta no pretende excluir a los partidos, aunque considera que ninguna organización política puede ejecutar por sí sola el cambio que plantea. “Todos los partidos son bienvenidos, pero no hay un partido que alcance para hacer esto”.

Comentó, por su parte, que Bolivia construyó su identidad nacional sobre una “alianza de clases” y argumentó que las disputas contemporáneas multiplicaron las divisiones políticas, regionales, raciales, generacionales e indígenas. Frente a esa situación, propuso desplazar los debates ideológicos por una agenda de emergencia nacional: “Frente a esa confrontación general hay que hacer una gran alianza de la nación boliviana, donde no importa el partido ni la ideología (...) Este es un momento de emergencia nacional. No hay lugar para las ideologías”.

Pese a su llamado a una alianza nacional, el director del Interamerican Institute for Democracy cuestionó a los “opositores funcionales”. Es decir, aquellos “opositores de mentira” que convivieron políticamente con los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

A su juicio, la alternativa requiere una movilización capaz de superar la lógica de las candidaturas individuales. “El eje de confrontación es la nación que quiere libertad y el narcoestado plurinacional que quiere a Bolivia como está”, afirmó. “La realidad muestra que necesitamos cambiar las reglas del juego”.

Cómo se gestó la crisis

Sánchez Berzaín presentó su planteamiento en el artículo “La unidad y movilización de la nación boliviana va a terminar el narcoestado”, publicado por Infobae el 18 de octubre, que divide en una reconstrucción histórica, un diagnóstico de la coyuntura y su propuesta política.

“El documento comienza por preguntarse cuándo se arruinó Bolivia (...) Eso empieza el 17 de octubre de 2003, cuando se fuerza la renuncia y se da un golpe de Estado al presidente constitucional de ese momento”. Tras esos hechos, continuó, se impuso la denominada Agenda de Octubre, que incluía una Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, el libre cultivo de coca y la persecución de dirigentes políticos. “El objetivo era terminar con la estructura de lo que ellos llamaban la democracia pactada; es decir, terminar con la democracia”, afirmó.

Berzaín cuestionó la creación del Estado Plurinacional por parte del gobierno de Evo Morales y sostuvo que el proceso modificó el funcionamiento de las instituciones bolivianas. “Hacen su Constitución, que es la Constitución del Estado Plurinacional, donde técnicamente crean un nuevo país”, dijo, antes de añadir que, a su juicio, se desplazó a los órganos judiciales, electorales y de control que existían previamente.

El politólogo también vinculó ese proceso con el sector energético y con la política de cultivos de coca. “A título de nacionalización, suprimen los contratos de exploración y se concentran en la explotación”, sostuvo, y remarcó que desde entonces Bolivia perdió mercados de gas que antes mantenía con Argentina y Brasil.

Sobre la coca, el ex ministro afirmó que la política aplicada desde entonces favoreció a productores y procesadores vinculados al narcotráfico: “En 2008 expulsan a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), terminan con todo el sistema internacional de lucha contra el narcotráfico y arman el narcoestado”.

También aseguró que la persecución política se convirtió en una herramienta de control institucional. “Destrozan el sistema de partidos políticos y Bolivia tiene hoy más de 200 presos políticos”, afirmó, y recordó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados certificó más de 27.000 asilados y exiliados bolivianos en el mundo.

Sánchez Berzaín recordó que lleva 23 años en el exilio por razones políticas, pero aseguró que nunca abandonó la actividad pública boliviana.

Consultado sobre una eventual candidatura en el futuro, el ex ministro dijo que su objetivo es “recuperar la unidad nacional, la república, el Estado de derecho y la democracia”.

“Esto no es una candidatura presidencial; es un movimiento de la nación boliviana que tiene que tomar el poder”, aclaró.

Según explicó, una eventual opción electoral solo debería surgir después de construir una mayoría amplia y una estructura política colectiva. “En el momento de tomar el poder veremos quién está en mejores condiciones para tener la Presidencia”. Y afirmó: “Una candidatura no se hace con una persona; es un proyecto que tiene que estructurarse”.

Por último, descartó que su iniciativa responda a una ambición personal y sostuvo que la prioridad debe ser reconstruir las instituciones antes que definir nombres.

Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón no debía estar en esa boda, pero se arriesgó. La novia era su hermana Brisa que, curiosamente, cumplía arresto domiciliario por una causa narco y no tenía autorización judicial para salir. El novio, Esteban Enrique “Pinky” Rocha, había sido procesado en ese mismo expediente.

La celebración se realizó el 29 de enero de 2022 en un lujoso salón de Ibarlucea. Para la ocasión, “La Diabla” lució un vestido negro largo, tacos, una cadena dorada y labios rojos. Aunque solo apareció en una de las fotos que Brenda -su hermana trapera- publicó en Instagram, no pasó desapercibida. Estaba vinculada a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, la banda rosarina responsable de elevar la tasa de homicidios de la ciudad durante más de dos décadas.

El episodio conocido como “la narcoboda” no terminó bien. Al dejar el salón, Iván Maximiliano Giménez y Erica Romero fueron interceptados por sicarios en una camioneta. Los acribillaron. En el auto -un Audi TT- también iba su hija Elena, de apenas 18 meses.

El vestido blanco de Brisa, que corrió a socorrer a las víctimas, se manchó con sangre. Cuando llegó la Policía, no había rastros de “La Diabla”. Su presencia fue casi fantasmagórica.

Su nombre, en cambio, resonó el 11 de septiembre de 2023, cuando agentes de la policía santafesina allanaron la casa de San Nicolás donde cumplía arresto domiciliario. De acuerdo a la causa, a cargo del fiscal Pablo Socca, “La Diabla” actuaba como intermediaria de las comunicaciones entre “Guille” Cantero, preso en Marcos Paz, y sus cómplices para ejecutar extorsiones a un empresario.

El celular oculto en el pañal de un bebé

Los policías llamaron a la línea intervenida para comprobar si el aparato estaba en la casa. El tono del Motorola que, según la investigación, funcionaba como nexo de la organización sonó desde el pañal de un bebé de ocho meses.

En ese momento, “La Diabla” estalló. “Esposame, dale. Llevame a la concha de tu madre. ¿Perdimos qué? ¡Perdimos la verga! ¿Qué te pensas pedazo de gil? ¿Qué te tengo miedo? Ustedes no sirven para nada”, gritó y, según consta en la causa, se abalanzó a los agentes con la intención de arrebatarles el aparato. La esposaron a una silla.

Mientras hacían el inventario y el acta de todos los elementos secuestrados, la mujer logró incorporarse, liberar una de sus manos y tomar una tarjeta SIM que estaba sobre una mesa. Se la tragó.

Luego se burló: “Estaba rico, eh. Ya me lo comí. ¿Venían a buscar eso hijos de puta? Ahora no van a encontrar nada”. Los policías la esposaron a la reja de la cocina. Entonces, desafió y amenazó a los uniformados: “Yo voy a acceder al expediente, voy a averiguar sus datos y van a ver con quién se metieron. La van a pagar, si a ustedes los venden por dos pesos”.

Fue condenada a tres años y medio de prisión efectiva en un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que aprobó la jueza Silvia Castelli, por extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de partícipe necesaria, y destrucción e inutilización de objetos de prueba, resistencia a la autoridad y amenazas simples.

En esa etapa intervino la fiscal Juliana González y los fiscales adjuntos Federico Rébola y César Pierantoni. La jueza Castelli tomó en cuenta que no tenía antecedentes previos aunque “La Diabla” también enfrenta un proceso en su contra en la Justicia federal.

El traslado al Sistema de Alto Riesgo en Ezeiza

El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó esta semana que Leguizamón fue incorporada al nuevo Sistema de Alto Riesgo para mujeres en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El traslado se realizó con máxima seguridad.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la decisión se tomó tras las reiteradas faltas de conducta de “La Diabla” en la Unidad N°5 de Rosario donde estaba alojada. “Recibió varias sanciones disciplinarias. Es muy violenta y agresiva. Es incontrolable”, indicaron.

En febrero de 2025, por ejemplo, se enfureció cuando un guardia del pabellón N°1 le comunicó que su tiempo en el teléfono había finalizado. La interna de 33 años de un tirón cortó el cable que unía el tubo del aparato de uso común, lo arrancó de la pared y lo lanzó al suelo. Luego, comenzó a insultar al penitenciario. “Hijo de puta, no tenés familia vos, negro de mierda, verdugo, forro, cornudo”, le gritó.

Aunque dio otra versión -dijo que el guardia le faltó el respeto- la encerraron en una “jaula de seguridad” y la sancionaron. Le suspendieron las visitas por 15 días y descendieron tres grados en su registro de conducta. “La Diabla” se negó a firmar la notificación.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, espera que la detención de Orlando Castañeda Torres, alias “El Coco Ranas”, contribuya a reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto en Culiacán, en medio de una crisis de violencia que mantiene al estado bajo presión desde 2024.

“Esperemos que con la detención de esta persona y con la gente que lo acompañaba disminuyan los delitos de alto impacto y principalmente los homicidios”, declaró el funcionario a medios locales este viernes.

La captura ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán. El operativo comenzó después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de personas armadas en un domicilio. La información fue compartida con instancias federales para verificar si el inmueble figuraba en sus registros de inteligencia.

Téllez López explicó que las autoridades federales confirmaron que el domicilio tenía antecedentes relacionados con personas vinculadas con actividades criminales. La coordinación derivó en la intervención de las corporaciones estatales y federales, que detuvieron a cuatro hombres.

“Con esta coordinación que existe, nosotros informamos a Ciudad de México, si ellos tenían ubicado este domicilio por inteligencia central, nos dijeron que este domicilio ya ellos lo tenían como antecedente”, señaló el secretario.

Durante el operativo fueron asegurados cuatro armas largas, 25 cargadores, más de mil cartuchos, dos granadas calibre 40 milímetros, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas y un vehículo. También se reportaron 50 pastillas de presunto fentanilo y 200 dosis de presunta cocaína.

Los detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los implicados.

Sinaloa acumuló 992 víctimas de homicidio doloso hasta septiembre

La expectativa de Seguridad Pública se produce en un contexto de violencia sostenida. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundidas por medios locales, la entidad acumuló 992 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026.

Durante septiembre se contabilizaron 121 víctimas, frente a las 123 registradas en agosto. La cifra mensual también igualó la de septiembre de 2025, aunque quedó por debajo de las 142 víctimas reportadas en septiembre de 2024.

El balance estatal permite dimensionar el problema de seguridad, pero no establece cuántos de esos homicidios ocurrieron en Culiacán ni cuántos podrían atribuirse directamente a Los Ranas. Tampoco permite determinar qué efecto tendrá la detención de uno de sus presuntos líderes sobre la incidencia delictiva en la capital.

La violencia continuó durante los días siguientes a la captura. El reporte diario de Noroeste contabilizó siete homicidios dolosos en Sinaloa el jueves 22 de octubre, además de dos feminicidios. Estos hechos muestran que los asesinatos seguían registrándose después del operativo, aunque una comparación de uno o dos días no basta para establecer si la detención tuvo algún efecto.

Por ahora, el secretario estatal no ha presentado una estimación de la reducción esperada ni ha fijado un plazo para observarla. Tampoco ha detallado qué indicadores utilizará la dependencia para determinar si la captura modificó la actividad de la célula criminal.

Los Ranas, una célula armada vinculada con Los Chapitos

Las autoridades identifican a “El Coco Ranas” como presunto líder de Los Ranas, una célula armada que opera en Culiacán y que, de acuerdo con los reportes sobre su estructura, está vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Los antecedentes del grupo se remontan a 2016, cuando Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, y Francisco Javier Rosales Zazueta, conocido como “Pancho Chimal”, encabezaron estructuras de pistoleros que brindaban protección a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De esas organizaciones surgieron Los Ranas y Los Chimales.

El 30 de septiembre de ese año, un grupo de hombres armados emboscó un convoy militar en Badiraguato. El ataque dejó cinco militares muertos y diez heridos. Los agresores buscaban rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien era trasladado en una ambulancia bajo custodia militar. Reportes sobre el caso señalaron a “El Güero Ranas” y “Pancho Chimal” como presuntos responsables de organizar la emboscada.

Ambos murieron en operativos posteriores. “Pancho Chimal” fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en 2017, mientras que “El Güero Ranas” murió en febrero de 2018. La desaparición de sus principales dirigentes no significó el fin de la célula, que continuó apareciendo en reportes sobre la actividad criminal en Sinaloa.

En septiembre de 2024, la muerte de un presunto jefe conocido como “El Comandante Coco” volvió a modificar la estructura del grupo. Reportes posteriores señalaron a Jesús Alexis Osorio Álvarez, alias “El Lechu”, y a “El Coco Ranas” como figuras que asumieron responsabilidades de liderazgo.

La trayectoria de Los Ranas ayuda a explicar por qué la detención de uno de sus presuntos dirigentes tiene relevancia para las autoridades. Sin embargo, los antecedentes de la célula no demuestran por sí mismos que todos los homicidios registrados en Culiacán estén relacionados con sus actividades.

La detención ocurre en medio de la disputa criminal en Sinaloa

La entidad enfrenta desde septiembre de 2024 una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, en un escenario que se intensificó después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en julio de ese año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha estado acompañada de homicidios, desapariciones y ataques armados, además de despliegues de fuerzas federales y estatales. En este contexto, las detenciones de presuntos operadores criminales forman parte de las acciones con las que las autoridades buscan contener la violencia.

La detención de “El Coco Ranas” representa un avance operativo para las corporaciones que participaron en el arresto. El efecto sobre la seguridad de Culiacán, en cambio, tendrá que comprobarse con información posterior: la expectativa expresada por el gobierno estatal aún no se traduce en una reducción documentada de los asesinatos.

Entre las personas que fueron entregadas a las autoridades norteamericanas está Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutamiento de menores de edad, de desplazamiento forzado y asesinato.

También están alias Cholo Banano, que sería un presunto financiador del Clan del Golfo, y alias Chocó o “Ñato”, vinculado al Tren de Aragua —una organización originaria de Venezuela dedicada al crimen transnacional— y La Inmaculada —también conocida como la Oficina de Tuluá, un grupo delincuencial organizado que surgió en Tuluá, Valle del Cauca—.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que su Gobierno no detendrá los operativos contra las estructuras criminales, el narcotráfico y el lavado de activos. Informó que las autoridades perseguirán a las organizaciones al margen de la ley “sin descanso” y que también afectarán sus finanzas.

“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTRAFICANTES, NARCOTERRORISTAS, LAVADORES DE ACTIVOS Y DEMÁS ESTRUCTURAS CRIMINALES! No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia. ¡En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror!”, advirtió el jefe de Estado.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los ciudadanos fueron entregados a agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos (Usms, por sus siglas en inglés). La operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.

La Dijín informó que la operación entre las personas que fueron entregadas a las autoridades estadounidenses hay presuntos responsables de financiar estructuras criminales, contaminar vuelos comerciales con cocaína, coordinar envíos marítimos de estupefacientes y ejecutar esquemas de lavado de activos y fraude digital. Todos son requeridos por la Corte Distrital del Sur de Florida.

“[La operación] representa un avance en la cooperación judicial internacional contra las redes criminales y sus fuentes de financiación. Seguimos trabajando con las autoridades internacionales para perseguir el crimen organizado y llevar ante la justicia a quienes delinquen en la Patria Milagro”, detalló el Ministerio de Defensa en su publicación en X.

Más de 100 extradiciones en el gobierno de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella informó que en 74 días de administración avanzó en la extradición de 142 personas requeridas por distintos delitos. Además, aseguró que este resultado responde al compromiso de su Gobierno de combatir la criminalidad “sin distinciones ni privilegios” y aclaró que no dejará ningún espacio para la impunidad.

Según indicó, durante su mandato continuará con el desarrollo de operaciones orientadas a la persecución y entrega en extradición de criminales relacionados con el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal.

“La extradición seguirá siendo una de nuestras herramientas más contundentes para combatir la impunidad y garantizar que los criminales respondan ante la justicia. ¡Que les quede claro: en la era del Tigre, el que la hace, la paga!”, explicó el jefe de Estado en una publicación en X.

De igual manera, informó que avanzará en la fumigación de cultivos de uso ilícito, con el objetivo de propinar un golpe al narcotráfico.

“Seguiré cayéndoles con todo el peso de la ley a los narcoterroristas, a las mafias de la minería ilegal y a las organizaciones dedicadas al contrabando. También avanzaré con determinación en la fumigación de cultivos ilícitos, porque vamos a golpear al crimen donde más le duele: en sus finanzas”, añadió el primer mandatario.

Un presunto tumbe de drogas ejecutado por hombres que simulaban ser policías provocó una balacera y una persecución por distintas vías de la capital panameña. El incidente ocurrió en Albrook, una zona de intensa actividad comercial, próxima al aeropuerto Marcos A. Gelabert y al centro comercial Albrook Mall.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 a. m., cuando dos automóviles interceptaron un vehículo gris en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados, que utilizaban indumentaria similar a la de unidades policiales, descendieron de los automóviles y sustrajeron bolsas negras del vehículo intervenido.

Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que generó alarma entre conductores y transeúntes. La situación ocurrió a plena luz del día, en un sector frecuentado por trabajadores, viajeros y compradores, mientras los involucrados intentaban abandonar el lugar después de apoderarse de los paquetes.

Los reportes periodísticos señalan que los sospechosos vestían prendas similares a las utilizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Esta modalidad habría sido utilizada para simular un procedimiento de las autoridades y facilitar la intercepción del automóvil.

La Policía Nacional desplegó unidades para localizar a los responsables y estableció controles en distintos puntos de la ciudad. La persecución condujo a los agentes hasta San Isidro, en el distrito de San Miguelito, donde fue ubicado uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el incidente.

El operativo provocó un fuerte congestionamiento en las principales vías de San Miguelito y sectores aledaños, debido a la movilización policial y las acciones de búsqueda. La situación afectó la circulación de numerosos conductores, mientras las autoridades continuaban rastreando los automóviles relacionados con el caso.

El despliegue de seguridad terminó con cuatro personas aprehendidas y cuatro vehículos retenidos. Durante las primeras horas circularon cifras preliminares diferentes, pero el reporte posterior elevó a cuatro el número de capturados en relación con el incidente.

Durante la inspección de los vehículos, las unidades policiales encontraron un arma de fuego que contaba con su respectivo permiso, según la información oficial. Las autoridades no precisaron si había personas heridas ni confirmaron la naturaleza del contenido de las bolsas sustraídas, aspectos que permanecen bajo investigación.

Las personas aprehendidas y los vehículos retenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades. Aunque los primeros reportes describieron el episodio como un presunto tumbe de drogas, la Policía Nacional no confirmó oficialmente esa hipótesis en su comunicado inicial.

El incidente ocurrió en medio de una semana marcada por varios hechos de violencia homicida en Panamá. Entre ellos figura el doble asesinato de dos personas dentro de un automóvil en Perejil, corregimiento de Calidonia, donde los atacantes huyeron después de efectuar los disparos, según los reportes policiales.

La sucesión de episodios violentos ha puesto nuevamente la seguridad en espacios públicos y vías de alta circulación en el centro de la atención. En Albrook, los disparos ocurrieron mientras transitaban numerosos vehículos, lo que expuso a conductores y peatones a una situación de riesgo sin relación aparente con los involucrados.

El uso de indumentaria semejante a uniformes oficiales constituye otro aspecto relevante de la investigación, porque los responsables habrían intentado aprovechar la apariencia de autoridad para interceptar a sus víctimas. Corresponderá al Ministerio Público establecer la participación individual de los sospechosos y el origen de las mercancías relacionadas con el incidente.

La Policía Nacional aseguró que mantiene operativos de seguridad y acciones para combatir la delincuencia, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. El caso dejó una persecución por diferentes sectores de la capital y nuevas interrogantes sobre la actuación de grupos armados que ejecutan delitos a plena luz del día.

La Policía Nacional interceptó 50 frascos cilíndricos con presunta heroína procedentes de España y destinados a Panamá, durante una diligencia de allanamiento en un centro de procesamiento postal de Correos y Telégrafos, ubicado en Tocumen.

El hallazgo introduce una ruta de envío poco habitual frente al tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa, aunque las autoridades todavía investigan la procedencia de la sustancia y los responsables.

El cargamento fue localizado dentro de una caja que contenía los recipientes con la presunta droga, durante un operativo coordinado con el Ministerio Público.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades para realizar los análisis químicos correspondientes y determinar su composición, mientras avanzan las investigaciones sobre el remitente y el destinatario del paquete.

La procedencia española del envío plantea interrogantes sobre el movimiento internacional de sustancias ilícitas mediante servicios postales, aunque no demuestra que la heroína haya sido producida en ese país.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha documentado el uso de encomiendas y servicios de mensajería para transportar heroína, aprovechando el volumen de paquetes que circulan internacionalmente.

De acuerdo con la agencia europea, Afganistán ha sido históricamente el principal origen de la heroína comercializada en Europa, aunque las restricciones al cultivo de amapola han modificado las condiciones de abastecimiento.

En 2023, las autoridades europeas desmantelaron 14 instalaciones relacionadas con el procesamiento, corte o empaquetado de esta sustancia, principalmente en Países Bajos, Grecia y Francia.

A diferencia de drogas completamente sintéticas, la heroína es un opioide semisintético derivado de la morfina, obtenida originalmente del opio. La existencia de laboratorios europeos dedicados a otras sustancias ilícitas no permite concluir que el cargamento interceptado en Panamá haya sido fabricado en ese continente, una circunstancia que deberá esclarecerse mediante las investigaciones.

Las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que Panamá decomisó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana.

En otro procedimiento, un ciudadano colombiano fue aprehendido en calle Primera, en el sector de Perejil, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo. Durante la inspección, los agentes encontraron varios sobres con polvo rosado, pastillas y un recipiente tipo cápsula con polvo blanco, sustancias cuya composición deberá determinarse mediante pruebas especializadas.

Las autoridades informaron que el sospechoso mantenía un brazalete electrónico por un caso relacionado con delitos de drogas, circunstancia que forma parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. La Policía Nacional no precisó las cantidades decomisadas ni la identidad química de los productos encontrados, por lo que todavía no existe confirmación sobre el tipo de sustancias.

En el corregimiento de Tocumen, cuatro personas fueron aprehendidas durante un allanamiento a una vivienda, donde las autoridades localizaron paquetes y fragmentos de presuntas sustancias ilícitas. También decomisaron una pesa digital, un chaleco balístico, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos incorporados a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Otro operativo desarrollado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) permitió incautar 150 paquetes de presunta droga en la provincia de Chiriquí, además de más de 13.500 dólares en efectivo, cinco teléfonos celulares y dos vehículos. La intervención, realizada bajo el Plan Firmeza, terminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños.

La operación comenzó en Salsipuedes, distrito de Renacimiento, cuando un conductor desatendió una orden policial de detenerse, lo que desencadenó una persecución. Durante el procedimiento, dos agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada resultaron afectados en un accidente de tránsito y requirieron atención hospitalaria especializada.

El vehículo fue retenido posteriormente en Paso Canoas Arriba, donde las autoridades inspeccionaron seis maletines y encontraron los 150 paquetes. La Fiscalía de Drogas de Chiriquí participa en las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y establecer las responsabilidades penales, mientras continúan las investigaciones de los distintos casos.

Estados Unidos anunció este jueves nuevas restricciones de visa contra 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos diputados, fiscales, jueces y exautoridades policiales, a quienes vincula con presuntas actividades de corrupción y narcotráfico. De los 40, solo 15 fueron identificados y el resto serían familiares inmediatos.

La lista difundida por el Departamento de Estado incluye a funcionarios actuales y personas que ocuparon cargos en organismos centrales del Estado, como el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Migración y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Entre los 15 señalados figuran los diputados Rafael Darío López y Rolando Santos Pacheco; el exfiscal general Juan Lanchipa; el exfiscal departamental de Beni, Félix Balderas; y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde.

La nómina incluye también a Diego Alejandro Barboza, director de la UIF; Aldo Ismael Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Fernando Velasco, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Felcn en el aeropuerto internacional de Viru Viru; el principal centro de conexión área del país; y Freddy Pereira, excomandante de la Policía de Tarija.

Completan la lista Óscar Ortiz Cuéllar, exdirector departamental del Segip en Santa Cruz; Katherine Calderón, exdirectora general de Migración; José Ayaviri, exjuez penal; Armando Rojas, exfiscal de La Paz; Rony Suárez Milliet, ciudadano investigado por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset; y Julio Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

La nueva se suma a una lista anterior de bolivianos a los que Washington impuso restricciones similares, entre ellos el fiscal general que estaba en funciones, Roger Mariaca. La medida también alcanza a los familiares de los señalados, según la información publicada por medios locales.

El Gobierno estadounidense justificó las restricciones al afirmar que las personas incluidas socavan a gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio mediante actividades de corrupción o narcotráfico. Washington añadió que la Administración del presidente Donald Trump apoya al Gobierno de Rodrigo Paz en sus esfuerzos para eliminar la influencia criminal en las instituciones.

Tras darse a conocer la lista, el presidente Paz minimizó la importancia de la sanción estadounidense y cuestionó la atención que la política y los medios concentran en ese tipo de anuncios. “Quiero (decir) a la prensa, yo se que hay titulares que impactan más, hoy día ha salido una famosa lista, salen lista, salen una serie de anuncios y la política centraliza una serie de atención”, afirmó el mandatario durante la presentación de un plan de preservación de agua. En ese contexto, contrapuso la repercusión de esos anuncios con los problemas cotidianos de la población y sostuvo que “la vida de los bolivianos consta de realidades”, como la falta de acceso a servicios básicos.

Poco después, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, adoptó un tono más institucional fijó y la posición del Ejecutivo frente a las restricciones anunciadas por Washington: “El Gobierno no va a dar ninguna protección ni blindaje para nadie”, afirmó en conferencia de prensa.

Gálvez informó que los funcionarios del Ejecutivo que fueron señalados en la lista serán cesados de sus cargos y que la sanción de Estados Unidos coincide con la política de la administración de Paz bajo la cual algunos de los casos ya estaban siendo investigados. “No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia, pero celebramos coincidir en varios casos en las decisiones tomadas por el Gobierno americano”, agregó.

El nuevo listado generó una serie de reacciones en Bolivia: el jefe de la bancada de Libre, Jorge Quiroga, pidió el alejamiento del diputado Rafael López, miembro de su partido; Aldo Quezada renunció a la presidencia del tribunal de Justicia de Santa Cruz y el vicepresidente Edmand Lara anunció que los legisladores señalados serán denunciados ante la Comisión de Ética de la Cámara baja.

El caso también abre el debate en el país sobre la influencia de Estados Unidos para ordenar el tablero político boliviano, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad estatal para combatir la corrupción y el narcotráfico por cuenta propia.

La detención se realizó bajo instrucciones de la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal general del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El crimen que originó la investigación

“El Nenuco” fue aprehendido por su probable participación en el homicidio de un agente activo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, crimen ocurrido en octubre de 2023 en la colonia Las Abejas. La Fiscalía identificó al imputado como probable responsable tras las investigaciones correspondientes.

El caso corresponde al asesinato de Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, baleada frente a su casa en el fraccionamiento Las Abejas de Tijuana el 19 de octubre de 2023, crimen por el que ya habían caído cinco sicarios.

Los delitos que se le imputan

Guillén García es requerido por tres delitos: homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado.

Estos tres cargos conforman la base de la acusación formal presentada por la Fiscalía General del Estado ante la autoridad judicial correspondiente.

Próximos pasos del proceso judicial

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer por completo las circunstancias del homicidio. La detención no cierra el caso, sino que da paso a la etapa judicial.

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de Arturo Enrique Guillén García, conforme al principio de presunción de inocencia que rige todo proceso penal en México.

Así se concretó la captura en Zapopan

Detrás del alias “El Nenuco” está Arturo Enrique Guillén García, detenido la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 en el municipio de Zapopan, Jalisco. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México lo señaló como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa.

El operativo terminó a las 17.00 horas dentro de un hospital privado ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, adonde habría llegado para visitar a una persona herida. La Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión a través de su Agencia de Investigación Criminal.

Labores previas de vigilancia e inteligencia ubicaron su paradero en Zapopan, aunque su zona de operación original se registraba en Tijuana. En la detención participaron también elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en un despliegue conjunto entre dependencias del Gabinete de Seguridad.

Según las autoridades, un reporte del Centro Nacional de Inteligencia resultó determinante para concretar el arresto. En el lugar, los agentes aseguraron tres vehículos con placas de la Ciudad de México: una camioneta Chevrolet Cheyenne roja, un Mazda blanco y un Toyota gris.

Al revisar al detenido, le hallaron dos armas largas, dos cargadores y 22 cartuchos útiles. Luego de hacerle saber sus derechos, quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal.

Lo que ya se sabía por reportes previos

Antes de que el Gobierno federal confirmara la captura, el medio Zeta Tijuana ya seguía el rastro de Guillén García y lo identificaba como un operador con presencia en Tijuana vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, una filiación distinta a la que después difundió el Gabinete de Seguridad, que lo colocó del lado del Cártel de Sinaloa sin precisar si hubo un cambio de bando.

Ese medio reconstruyó el momento del arresto y situó el operativo en un hospital de la Avenida Manuel Clouthier, adonde Guillén García habría ido a visitar a un hombre internado tras recibir un ataque armado el 16 de octubre en unas canchas deportivas de Zapopan.

El medio lo vinculó con la colocación de mantas amenazantes contra intérpretes de corridos en Baja California y con el ataque armado sufrido por un escolta de la entonces alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, también en octubre de 2023.

A esa lista se sumó después una acusación por el homicidio de Librado Álvarez Vizcaíno, quien fuera alcalde del municipio jalisciense de Tonaya y fue asesinado en Tijuana en mayo de 2023, caso por el que Guillén García también enfrenta una investigación.

La instalación ocupaba una superficie aproximada de 2 mil 500 metros cuadrados. En el sitio se identificaron equipos y accesorios para la elaboración de narcóticos, aunque no se localizaron sustancias químicas ni narcóticos.

Operativo coordinado entre Marina, SSPC y FGR

El hallazgo se dio en el marco de acciones coordinadas para la búsqueda, localización, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos. Personal naval y de la SSPC ejecutaron el recorrido terrestre que permitió ubicar la instalación.

La coordinación entre ambas corporaciones se realizó junto con la FGR, según un comunicado conjunto difundido en Ciudad de México el 22 de octubre de 2026. El sitio, de 2 mil 500 metros cuadrados, contenía reactores, quemadores y tambos que fueron inhabilitados en el lugar para impedir su reutilización.

Características del sitio localizado

La instalación se encontraba en preparación para la producción de metanfetamina. El comunicado precisó que durante esta acción no se localizaron narcóticos ni sustancias químicas en el predio.

El hallazgo se concentró en el equipo y los accesorios destinados a la elaboración de la droga.

Inventario del equipo hallado en el laboratorio

Dentro de la instalación se encontró un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, además de cinco quemadores y dos tinas. También se localizaron tres tambos con capacidad de 500 litros cada uno.

El inventario incluyó cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión y una pala para mezclar.

A unos 300 metros de la instalación principal, el personal localizó además un destilador de reactor.

Inhabilitación del equipo en el lugar

Todo el equipo, los accesorios y las herramientas identificadas fueron inhabilitados directamente en el sitio. La medida busca evitar que el material pueda ser reutilizado.

El procedimiento de inhabilitación se aplicó tanto al reactor de destilación como a los quemadores, tambos y demás utensilios encontrados en la instalación de Sanalona.

Mensaje de las instituciones del Gabinete de Seguridad

Las tres dependencias reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la producción de metanfetamina. El objetivo declarado es evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles.

El comunicado conjunto subrayó que estas acciones buscan proteger la seguridad de la población.

Cómo funcionan estos laboratorios clandestinos

La producción de metanfetamina se basa en un proceso químico que extrae precursores como la pseudoefedrina o la efedrina y los reduce mediante sustancias como litio, hidróxido de sodio o éter. Según explica la organización Guardian Recovery, el líquido resultante se hierve y luego se enfría para provocar la cristalización de la droga.

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que los precursores químicos suelen provenir de Asia y llegan al país por puertos como Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Manzanillo. El proceso de elaboración, según ese organismo, consiste en mezclar los ingredientes, calentarlos para integrar los precursores, destilarlos, dejarlos reposar para su secado y finalmente colarlos y limpiarlos para obtener la droga.

El equipo empleado en estos laboratorios suele incluir sustancias químicas, reactores para síntesis orgánicas, centrifugadoras y vehículos para transporte de químicos, de acuerdo con la Sedena. Este proceso conlleva riesgos de explosiones, incendios y contaminación ambiental para las comunidades cercanas, según Guardian Recovery.

Contexto sobre el desmantelamiento de narcolaboratorios en México

El hallazgo en Sanalona se suma a una ofensiva más amplia contra la producción de drogas sintéticas en Sinaloa. De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad citadas, suman 2 mil 792 narcolaboratorios inhabilitados desde el inicio de la actual Estrategia Nacional de Seguridad.

La estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se apoya en la colaboración con agencias de seguridad estadounidenses para debilitar a los cárteles desde distintos frentes.

En Culiacán se han registrado otras intervenciones independientes en días recientes. El Ejército Mexicano inhabilitó dos áreas de concentración para elaborar metanfetamina en la comunidad de Corral Viejo, donde se aseguraron mil 450 litros de sustancias químicas. Esa acción representó una afectación económica estimada en 29 millones de pesos para el crimen organizado.

En otro operativo distinto, también en el municipio, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron una zona de almacenamiento de insumos en el poblado El Melado. Ahí se aseguraron 415 litros de sustancias químicas, con una afectación económica calculada en 8 millones de pesos.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla labores de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales en distintas entidades del país.