Una organización criminal que pagaba ₡300.000 (USD 666) a mujeres en situación de vulnerabilidad para ingresar droga a las cárceles costarricenses —y multiplicaba esa inversión hasta ₡5 millones (USD 11,000) por cada cargamento— operó durante al menos dos años antes de ser desmantelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según detalla una nota de CR Hoy.

El expediente judicial-citado por el medio- revela que sus integrantes llamaban “bebés” a los paquetes de droga y teléfonos celulares preparados para entrar a los penales, y guardaban esos cargamentos en lo que denominaban un “refugio seguro”.

El negocio era rentable y metódico. Un gramo de marihuana se vendía dentro de los centros penitenciarios a cerca de ₡18,000 (USD 40), y una onza podía alcanzar los ₡500.000 (USD 1,110). Por eso, la organización construyó una cadena logística que iba desde un taller de preparación en Coopevigua de Guápiles hasta el interior de seis cárceles distribuidas en distintas provincias del país.

Cómo se preparaban los “bebés”

El expediente presentado por la Fiscalía de Siquirres atribuye a Cristian Mendoza, alias “Titán”, la preparación de los paquetes. El proceso consistía en moldear la droga y los teléfonos en envoltorios cilíndricos con plástico, cinta adhesiva, condones y suavizante de telas para reducir los olores y facilitar el ingreso intracorporal.

Una vez listos, los “bebés” esperaban en la vivienda de Coopevigua, identificada en el expediente como el “refugio seguro”. Allí también permanecían las mujeres reclutadas —llamadas “pasantes”— antes de ser enviadas a los centros penales.

La organización usaba ese término en todas sus comunicaciones internas, según la solicitud de allanamiento y declaratoria de crimen organizado presentada por el Ministerio Público.

El papel de “La Patrona” y el reclutamiento de mujeres vulnerables

La captación de las “pasantes” estaba a cargo de Krissia Sánchez Allen, alias “La Patrona”. El OIJ confirmó que la estructura buscaba mujeres en condición de vulnerabilidad económica en la zona de Siquirres, en la provincia de Limón, y les ofrecía ₡300,000 (USD 666) por cada ingreso exitoso.

La reclutadora recibía cerca de ₡100,000 (USD 222) adicionales, mientras que entre ₡15,000 (USD 33) y ₡35,000 (USD 78) se destinaban a cubrir transporte y otros gastos operativos. Antes de cada visita a los penales, las mujeres recibían instrucciones precisas sobre cómo ocultar los paquetes y evadir los controles de la Policía Penitenciaria.

El margen de ganancia para la cúpula era alto: por 250 gramos de cocaína o marihuana ingresados y vendidos al menudeo dentro de una cárcel, la organización podía obtener hasta ₡5 millones: más de 16 veces lo que le pagaba a cada “pasante”.

Privados de libertad coordinaban desde adentro

De acuerdo a la nota de CR Hoy, el expediente establece que varios reclusos dirigían la logística desde el interior de los centros penales mediante teléfonos celulares. Desde allí ordenaban compras, organizaban envíos y distribuían la droga.

Para dificultar el rastreo de las comunicaciones, la organización se valía de colaboradores externos que activaban desvíos de llamadas. Ese mecanismo conectaba a los privados de libertad con proveedores y transportistas sin dejar rastro directo en los teléfonos usados dentro de las cárceles.

Las operaciones documentadas abarcan los centros de atención institucional Jorge Arturo Montero, Terrazas, Leticia, Liberia, Limón y San José.

Los casos concretos y la operación Dalila

Entre los episodios documentados por la Fiscalía figura la detención de una mujer en el CAI Liberia con 183,60 gramos de marihuana ocultos en su cavidad vaginal, y la de otra en el CAI Jorge Arturo Montero con un paquete que combinaba marihuana y clorhidrato de cocaína. Un tercer caso involucra a un hombre que ocultó en su cavidad anal un teléfono marca Unihertz y dos tarjetas SIM.

La investigación, que se extendió por dos años, desembocó el 21 de junio en la operación Dalila, con 39 allanamientos simultáneos en Guanacaste, la zona sur y el Caribe, además de intervenciones en cinco centros penitenciarios. El resultado fue la detención de 34 personas de un total de 41 investigados.

El nombre de la operación tiene una analogía bíblica: al igual que Dalila traicionó a Sansón, uno de los homicidios vinculados a la banda —hay al menos tres en el cantón de Siquirres— involucró engañar a la víctima con la promesa de un encuentro con dos mujeres antes de asesinarla, según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto.

Los vínculos con alias “Diablo” y el funcionario policial detenido

La investigación conecta a la estructura con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, señalado como uno de los delincuentes más buscados de Costa Rica. Tres días después de la operación Dalila, el 24 de julio, el propio Arias Monge fue capturado en San Bernardino de Sarapiquí.

Entre los 34 detenidos en el operativo inicial figuró un jefe de la Policía Penitenciaria destacado en Guápiles. Su posterior liberación por orden judicial desencadenó una reacción pública del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien le advirtió públicamente que el Centro de Atención de Crímenes Organizados lo esperaba.

El director de la Policía Penitenciaria, comisario Pablo Bertozzi, señaló que el intercambio permanente de información con el OIJ generó al menos ocho alertas operativas sobre posibles ingresos de artículos prohibidos a los penales. Cuatro de esas intervenciones produjeron resultados positivos.

Panamá volvió a convertirse en escenario de una serie de golpes al narcotráfico internacional durante los primeros días de agosto, con el decomiso de 2,379 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en cinco operaciones desarrolladas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público.

La cifra equivale aproximadamente a 2.3 toneladas de droga, tomando como referencia el peso habitual de un kilogramo por paquete utilizado en este tipo de investigaciones.

Entre los casos sobresale la incautación de un cargamento que había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, con destino final a Sídney, Australia, una ruta poco frecuente para los decomisos reportados en Panamá.

Las autoridades panameñas detectaron el cargamento durante un operativo de inteligencia y perfilamiento portuario, cuando especialistas del Senan identificaron irregularidades en los sellos de seguridad de un contenedor que transitaba por el país.

Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se efectuó el allanamiento correspondiente y fueron encontrados 320 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el interior del contenedor.

La operación elevó a 44,197 paquetes decomisados en 77 operaciones realizadas por la Aeronaval en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la institución.

Aunque Estados Unidos es conocido principalmente como uno de los mayores mercados consumidores de cocaína, especialistas en seguridad han advertido que las organizaciones criminales también aprovechan su extensa infraestructura portuaria para reexportar cargamentos hacia otros continentes, mezclándolos con el enorme volumen de comercio legal.

Australia, por su parte, representa uno de los mercados más lucrativos del mundo para la cocaína debido a su alto precio en las calles, que puede multiplicar varias veces el valor que alcanza en América Latina o Europa.

Esa rentabilidad ha impulsado a las redes criminales a diversificar sus rutas marítimas y utilizar puertos de tránsito como los de Panamá para dificultar la trazabilidad de los envíos.

Las investigaciones internacionales de los últimos años muestran que Oceanía se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los carteles latinoamericanos.

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado un incremento en los intentos de introducir cocaína mediante contenedores comerciales, aprovechando cadenas logísticas globales que conectan puertos de América con Asia y Australia.

En ese contexto, Panamá, por su posición geográfica y su plataforma marítima, continúa siendo un punto de interés para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, aunque también mantiene una intensa actividad de vigilancia en sus terminales portuarias.

El segundo decomiso reportado por el Senan se produjo en isla Casaya, en el Archipiélago de las Perlas, donde unidades aeronavales localizaron una caleta subterránea que ocultaba 245 paquetes de presunta droga.

La ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia y patrullajes, que permitieron identificar varios sacos enterrados. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, el cargamento fue trasladado a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se confirmó el conteo oficial de los paquetes.

Los otros tres casos fueron informados por el Ministerio Público en coordinación con distintos estamentos de seguridad. En Costa Arriba de Colón, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, junto al Senan, decomisó 530 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en una embarcación con doble fondo, además de aprehender a dos personas.

En otro operativo, desarrollado en el corregimiento de 24 de Diciembre, la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial capturaron a tres ciudadanos panameños e incautaron 785 paquetes de presunta droga.

Finalmente, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, fue detenido un conductor panameño que transportaba 499 paquetes escondidos dentro de 14 sacos cargados en un camión.

Las cinco operaciones reflejan la diversidad de métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.

Mientras unas recurren a contenedores comerciales que forman parte del comercio internacional, otras utilizan embarcaciones modificadas, caletas clandestinas o vehículos de carga para intentar evadir los controles.

Esa variedad obliga a las autoridades a combinar inteligencia, perfilamiento de riesgo, inspecciones físicas y cooperación interinstitucional, tanto dentro del país como con agencias extranjeras.

Panamá mantiene desde hace años una posición estratégica en la lucha regional contra el narcotráfico debido a su Canal, sus puertos, sus conexiones marítimas y su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica.

Esa misma ventaja logística que impulsa el comercio mundial también es aprovechada por redes criminales que buscan introducir cargamentos en mercados de alto valor como Europa y, cada vez con mayor frecuencia, Oceanía.

Los decomisos registrados durante los primeros días de agosto, equivalentes a unas 2.3 toneladas de presunta droga, evidencian que las organizaciones continúan diversificando sus rutas, mientras las autoridades intentan anticiparse mediante operaciones de inteligencia en distintos puntos del país.

El ciudadano sueco Olof Kyros Gustafsson, conocido como “El Silencio”, recibió una condena de cuatro años de prisión federal en Estados Unidos el pasado 31 de julio de 2026 por operar un esquema de fraude a través de la empresa Escobar Inc., que ofrecía productos con la marca de Pablo Escobar a precios bajos, pero nunca entregaba los artículos a los compradores.

La condena, dictada por el juez Fernando L. Aenlle-Rocha en el Distrito Central de California, incluye una multa de 25,000 dólares y el pago de 1,300,193 dólares en restitución a las víctimas.

En México, la noticia sobre la condena generó tendencia en redes sociales porque los productos de Escobar Inc. recobran notoriedad tras la sentencia.

Usuarios mexicanos viralizaron videos, reseñas y publicaciones sobre los supuestos teléfonos plegables, lanzallamas y otros artículos anunciados con la imagen de Pablo Escobar, cuestionando la autenticidad de sus compras y compartiendo experiencias de fraude.

El catálogo de Escobar Inc.: productos inexistentes y precios atractivos

Escobar Inc., dirigida por Roberto Escobar y su ex CEO Gustafsson, ofertó desde 2019 teléfonos plegables, supuestos iPhones bañados en oro, lanzallamas y una criptomoneda denominada Diet Bitcoin, todos bajo la imagen del fallecido narcotraficante colombiano.

El catálogo incluía el Escobar Fold 1, un teléfono plegable anunciado en 349 dólares para la versión de 128 GB y 499 dólares para la de 512 GB; el Escobar Fold 2, ofrecido en 399 dólares; y el Escobar Gold 11 Pro, un supuesto iPhone 11 Pro de 256 GB modificado con baño de oro de 24 quilates, vendido a 499 dólares.

El supuesto lanzallamas Escobar se vendía en dos versiones: un soplete de propano por 249 dólares y otro modelo a 500 dólares. En el caso de la criptomoneda Diet Bitcoin (DDX), la empresa promocionó su venta inicial a 50 dólares por unidad, con descuentos de hasta el 96%. Según las investigaciones, estos dispositivos rara vez llegaban a los compradores comunes.

Operación del fraude: envíos simulados y uso de plataformas digitales

Entre julio de 2019 y noviembre de 2023, Gustafsson utilizó la imagen de Pablo Escobar para publicitar productos electrónicos y artículos de consumo supuestamente innovadores, vendiéndolos a precios considerablemente menores que los de las marcas de alta gama. Escobar Inc. recibió pagos por más de un millón de dólares a través de plataformas como PayPal, Stripe y Coinbase, además de transferencias bancarias.

Para simular entregas y evitar reclamos, la empresa enviaba a los compradores certificados de propiedad, libros u otros materiales promocionales en lugar de los productos adquiridos. Cuando los clientes exigían reembolsos, Gustafsson presentaba ante los procesadores de pago los comprobantes de envío de estos materiales como falsa prueba de entrega, lo que permitía negar la devolución del dinero.

La condena en Estados Unidos y los cargos federales

El viernes 18 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gustafsson se declaró culpable de seis cargos federales, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico y postal, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero, ocultación de lavado de dinero y ocultación internacional de lavado de dinero. Gustafsson fue extraditado desde España en marzo de 2025 y permaneció bajo custodia federal desde entonces.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Gustafsson aceptó la confiscación de fondos procedentes del fraude, incluyendo cuentas bancarias en Suecia y Emiratos Árabes Unidos. La empresa, registrada en Puerto Rico, poseía los derechos sucesorios de la imagen de Escobar y utilizó ese recurso para legitimar la venta de productos inexistentes.

Estrategias de promoción y engaño

Para aumentar la demanda y dar credibilidad a la marca, Escobar Inc. envió muestras rudimentarias a críticos tecnológicos e influencers en línea. En algunos casos, se enviaron teléfonos Samsung Galaxy Fold envueltos en papel dorado y presentados como productos originales de la empresa. Estas acciones buscaban generar reseñas positivas y convencer al público de la legitimidad de la oferta.

Las investigaciones de la División de Investigación Criminal del IRS, el FBI y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos revelaron que los fondos del fraude se movieron a través de cuentas intermediarias y que la empresa ocultó la naturaleza de las operaciones.

Restitución y seguimiento judicial

El juez Aenlle-Rocha dictó la sentencia con la orden de restituir 1,300,193 dólares a las víctimas del fraude. Además, impuso la multa de 25,000 dólares y la entrega de los fondos confiscados en cuentas bancarias internacionales. La sentencia contempla que Gustafsson permanezca cuatro años en prisión federal y enfrente restricciones adicionales tras su liberación.

El fiscal adjunto Joshua O. Mausner, de la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado, lidera el caso, que continúa bajo seguimiento de autoridades estadounidenses y europeas para identificar posibles nuevas víctimas o cuentas relacionadas.

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.

El ciudadano mexicano, de 40 años y residente permanente legal en Estados Unidos, llegó a convertir aproximadamente 750,000 dólares en criptomonedas para encubrir ganancias del narcotráfico, según la denuncia presentada ante el Distrito Sur de California.

La detención la llevaron a cabo agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Kleiman enfrenta una pena máxima de diez años de prisión y una multa de 250,000 dólares por el cargo de asesinato por encargo. La acusación formal corresponde al caso número 26-MJ-4495.

El caso lo llevan los fiscales adjuntos Michael Deshong y Christopher Beeler, con contribución de Daniel Casillas.

De casa de cambio a pantalla para el narco: así operaba MoneyFlip

La investigación federal inició con una pesquisa sobre empresas de cambio de divisas que operan en los condados de San Diego e Imperial. Las autoridades identificaron a Kleiman como presunto responsable de operaciones de blanqueo de dinero a través de su empresa de servicios monetarios con licencia, originalmente registrada como MXN Financial LLC y rebautizada como MoneyFlip LLC en 2025.

Kleiman, quien anteriormente vivió y trabajó en San Diego antes de establecerse en Miami, operaba el negocio como mayorista internacional de divisas y casa de cambio en el Distrito Sur de California. Según la denuncia, utilizaba esa estructura para realizar transacciones transfronterizas de divisas que eludían los requisitos de reporte establecidos en la Ley de Secreto Bancario.

Las ganancias ilícitas provenientes de la venta de drogas eran introducidas al sistema financiero a través de empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

En febrero de 2026, agentes encubiertos de Investigaciones de Seguridad Nacional contactaron a Kleiman y le pidieron convertir dólares en criptomonedas, advirtiéndole de entrada que el dinero venía del narcotráfico. Kleiman no se echó para atrás. “Dime los detalles principales. Necesito saber si... lo que tienes es limpio o sucio. O sea, no me asusto, amigo”, respondió, según los documentos judiciales.

Para mantener las comunicaciones fuera de los canales convencionales, Kleiman creó una cuenta de correo electrónico y compartió la contraseña con los agentes. Los mensajes se redactaban y guardaban como borradores sin enviarse, con la intención de reducir rastros digitales.

En total, convirtió aproximadamente 750,000 dólares en activos digitales, transferidos a la billetera de un agente federal encubierto. Cobró una comisión del 10%.

El giro: de lavar dinero a pagar por un asesinato

Durante las conversaciones sobre las operaciones financieras, Kleiman le preguntó a los agentes encubiertos si podían ayudarle a recuperar una deuda que le debía un empresario mexicano, y a matarlo. Acordó pagar 40,000 dólares por el secuestro y asesinato del hombre.

En mayo de 2026, un tercero entregó un primer depósito de 5,000 dólares en efectivo a uno de los agentes en San Diego. A principios de julio, el mismo agente le pidió a Kleiman un segundo anticipo de 5,000 dólares para “reservar a los salvajes” y le advirtió que “pagara o no, la víctima sería abandonada muerta al costado de la carretera”. Kleiman respondió: “Te prepararé esos cinco en dos o tres semanas”.

El 28 de julio, los agentes encubiertos mostraron a Kleiman tres fotografías y un video montados para simular que la víctima había sido capturada, torturada y asesinada. Entre ese material había una imagen de una supuesta víctima tendida muerta en un campo, con una manta que cubría el cuerpo con la leyenda “Por ser Rata”. Uno de los agentes le dijo: “Ya mataron al tipo, así que hay que pagarles”. Kleiman respondió: “De acuerdo. Cuenten con ello”.

Al día siguiente, 29 de julio, entregó otros 5,000 dólares en efectivo y transfirió aproximadamente 25,000 USDT a una billetera de criptomonedas como pago final por el asesinato. Sumados los dos anticipos previos de 5,000 dólares cada uno, Kleiman completó así el pago total de 40,000 dólares que había acordado por el homicidio. Horas después fue arrestado en Miami.

El caso involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el IRS en su división de Investigación Criminal y la Oficina del Sheriff del Condado Imperial, con apoyo del Departamento de Policía de Brawley.

La investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que agrupa a agencias federales para combatir cárteles criminales, organizaciones transnacionales y redes de tráfico que operan en territorio estadounidense.

La extradición del costarricense Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, dio un paso decisivo luego de que el Gobierno de Estados Unidos remitiera a Costa Rica las garantías jurídicas exigidas para autorizar su traslado a ese país, donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Los documentos, enviados por la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y posteriormente trasladados a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Penal de Limón, contienen los compromisos formales del sistema judicial estadounidense respecto al proceso que enfrentará Bell Fernández una vez sea entregado.

Entre las principales garantías figura el compromiso de juzgarlo únicamente por el delito por el cual fue concedida la extradición. Asimismo, las autoridades estadounidenses aseguraron que no solicitarán una pena de cadena perpetua ni una condena superior a los 50 años de prisión, límite máximo permitido por la legislación costarricense para este tipo de procesos.

La documentación también establece que Bell Fernández no será sometido a torturas y que se respetarán las garantías procesales reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional, incluido el reconocimiento del tiempo que ha permanecido detenido en Costa Rica mientras se resolvía su proceso de extradición.

En relación con la pena de muerte, Estados Unidos no asumió un compromiso expreso de no solicitarla, debido a que ese castigo no está contemplado para el delito atribuido al costarricense conforme a la legislación penal federal estadounidense.

Con la recepción de estos documentos, únicamente resta que un juez del Tribunal Penal de Limón verifique que las garantías cumplen con todos los requisitos legales establecidos por la legislación nacional. Una vez emitido ese aval, la Fiscalía podrá coordinar con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) la fecha y la hora del vuelo chárter que trasladará a Bell Fernández hacia Nueva York.

El abogado defensor de Bell Fernández, Manrique González, confirmó que ya fueron notificados de las promesas relativas a las eventuales condenas y señaló que prácticamente se han completado todos los requerimientos formales para concretar la extradición.

Según indicó el defensor, su cliente afronta el proceso con serenidad y espera que las autoridades estadounidenses respeten el debido proceso para demostrar su inocencia.

“Él está bastante fuerte. Siempre es una persona super fuerte, a pesar de que es una persona ya mayor y que tiene padecimientos crónicos y que su estado de salud se ha visto deteriorado por las circunstancias del sistema penitenciario nacional”, manifestó González.

El abogado agregó que Bell Fernández comprende plenamente la situación jurídica que enfrenta y está dispuesto a comparecer ante la justicia estadounidense.

La solicitud de extradición fue presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 5 de noviembre de 2025, luego de una investigación desarrollada conjuntamente entre la DEA, el Ministerio Público y el OIJ.

De acuerdo con la acusación, Bell Fernández habría liderado una organización transnacional dedicada al almacenamiento, distribución y exportación de grandes cargamentos de cocaína entre marzo de 2022 y agosto de 2023.

Las pesquisas sostienen que el grupo utilizaba rutas marítimas para transportar cocaína desde Sudamérica hacia Costa Rica, desde donde posteriormente era enviada a Estados Unidos y Europa.

Como parte de la investigación, agentes encubiertos de la DEA sostuvieron reuniones con Bell Fernández, en las que presuntamente negociaron precios, rutas y la logística para el envío de estupefacientes. Esos encuentros fueron registrados mediante grabaciones de audio y video que hoy forman parte del expediente judicial.

Las autoridades estadounidenses también sostienen que el costarricense facilitó una muestra controlada de cocaína para verificar la calidad del producto y que posteriormente acordó el envío de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York durante agosto de 2023, sin conocer que negociaba con agentes infiltrados.

En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Bell Fernández en su lista de personas sancionadas, al señalar que presuntamente utilizaba embarcaciones pesqueras para transportar cocaína y que desempeñó un papel importante en la consolidación de Costa Rica como punto de tránsito de droga hacia Norteamérica.

El proceso de extradición enfrentó varios obstáculos judiciales. Inicialmente, el Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud al considerar que la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses por delitos de narcotráfico no podía aplicarse retroactivamente.

Sin embargo, esa decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación, que autorizó una extradición diferida. Posteriormente, la Fiscalía suspendió temporalmente el único proceso penal que Bell Fernández mantenía abierto en Costa Rica, relacionado con el caso PetroCoke, por el presunto robo de combustible a los poliductos de Recope, eliminando así el principal impedimento legal para su entrega.

De concretarse el traslado, “Macho Coca” se convertirá en el cuarto costarricense extraditado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional que habilita la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, después del exmagistrado Celso Gamboa, Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Johnny Angulo, conocido como “John Cadenas”.

Agentes federales detuvieron a un joven con 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en una maleta, el lunes 3 de agosto, tras la revisión de un autobús de pasajeros sobre la carretera federal México 15D, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. La detención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante recorridos preventivos del Grupo Interinstitucional activo en la entidad.

Los agentes realizaban labores de vigilancia en ese tramo de la 15D cuando detectaron una situación que derivó en la revisión del autobús. Al inspeccionar el equipaje de uno de los pasajeros, encontraron la maleta con la droga en su interior.

El detenido quedó de inmediato a disposición de la autoridad competente. Las instancias correspondientes son las encargadas de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Droga oculta en una maleta de pasajero

Los 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina estaban empacados dentro de una maleta que el joven transportaba como equipaje ordinario en el autobús. El destino del vehículo no fue precisado por las autoridades en la información oficial.

Las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni ofrecieron detalles adicionales sobre el origen o el destino previsto del cargamento. Las investigaciones continúan para establecer si el joven pertenece a alguna organización delictiva.

El Grupo Interinstitucional y los operativos en Sinaloa

La detención se enmarca en los operativos permanentes del Grupo Interinstitucional, una fuerza coordinada por corporaciones federales y estatales con presencia en puntos estratégicos de Sinaloa para contener el trasiego de drogas y otros delitos de alto impacto.

Ese mismo lunes, el Gabinete de Seguridad incluyó el caso de Escuinapa en su reporte de acciones relevantes correspondiente al 31 de julio, 1 y 2 de agosto. El documento también registró operativos simultáneos en otros municipios de la entidad.

En Culiacán, dentro de la colonia Libertad, agentes detuvieron a una persona a bordo de un vehículo y le aseguraron una ametralladora, un arma larga, cinco cargadores, 550 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, 100 pastillas de fentanilo, 200 dosis de metanfetamina y cuatro teléfonos celulares.

En Mocorito, en el poblado Zapote de los Cazares, fueron detenidas tres personas. En ese caso se aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 32 cartuchos, tres cargadores y dosis de metanfetamina.

Mazatlán y el balance de la jornada

En Mazatlán, en el poblado San Francisquito, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos armas largas, 2,047 cartuchos, 25 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

El conjunto de acciones del lunes 3 de agosto forma parte de la estrategia de saturación territorial que las fuerzas federales y estatales mantienen en Sinaloa, con operativos activos de forma simultánea en Escuinapa, Culiacán, Mocorito y Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México incluyó el caso en su reporte de acciones relevantes del 31 de julio, 1 y 2 de agosto. El documento registra que elementos federales detuvieron a una persona en la carretera 15D de Escuinapa y aseguraron 13.8 kilos de metanfetamina y una maleta.

Penas de hasta 25 años por narcotráfico

Esa cantidad supera 345 veces el umbral legal que separa el narcomenudeo del narcotráfico en México. El artículo 479 de la Ley General de Salud (LGS) fija la dosis máxima de consumo personal de metanfetamina en 40 miligramos; multiplicada por mil, la frontera entre ambas figuras queda en 40 gramos.

Con 13.8 kilos, la conducta cae en el supuesto del artículo 194 del Código Penal Federal (CPF), que sanciona el transporte y tráfico de narcóticos sin autorización con entre 10 y 25 años de prisión y multa de 100 a 500 días.

Si se acredita vinculación con una organización criminal, las penas pueden agravarse bajo otras figuras del mismo código.

El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a siete ciudadanos costarricenses a penas de entre 10 y 15 años de prisión por transportar 1,562 kilogramos de cocaína en aguas territoriales de El Salvador, en un caso que la Fiscalía General de la República valoró en más de USD 39.2 millones.

La interceptación ocurrió en enero de 2025, cuando la Marina Nacional detuvo a los imputados a bordo de dos embarcaciones. Una cargaba 78 bultos con cocaína; la otra operaba como nave de abastecimiento de combustible, un esquema logístico habitual en el tráfico marítimo de alta mar.

Los siete sentenciados son Francisco Ávila, Erick Gómez, Yeudi Espinoza, Edgar Carranza, Guido Burgos, Alexander Alvarado y Hugo Martín Calvo Sandino. La FGR no precisó cuáles de ellos recibieron la pena máxima de 15 años y cuáles la de 10.

Una ruta consolidada

El Salvador se ha consolidado como uno de los puntos de interdicción más activos del corredor del Pacífico Oriental, la principal arteria del narcotráfico marítimo regional, según un análisis del Poder Judicial de Costa Rica publicado en 2025.

Ese mismo corredor conecta los puertos de salida colombianos con Centroamérica, México y, finalmente, Estados Unidos y Europa. Las organizaciones criminales utilizan embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y naves de apoyo logístico, el mismo esquema del caso juzgado en La Unión, para mantener el flujo de cargamentos.

En 2024, las autoridades salvadoreñas registraron el mayor volumen de droga incautada en operaciones marítimas hasta entonces: 16.7 toneladas de cocaína. En lo que va de 2026, la Marina Nacional ya suma 13.28 toneladas decomisadas en dos operativos que el Gobierno describió como los más grandes de su historia.

Costa Rica, un eslabón recurrente

La participación de ciudadanos costarricenses en operaciones de tráfico hacia o a través de El Salvador tampoco es excepcional. En junio de 2026, las autoridades de Costa Rica desarticularon una red vinculada al decomiso de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína en tres operaciones marítimas realizadas durante 2025, según informó CR Hoy, medio costarricense.

Dos de esas operaciones involucraron directamente aguas salvadoreñas. En una de ellas, el presidente Nayib Bukele señaló que la Marina interceptó un barco pesquero a 1,055 kilómetros al suroeste de la Bocana El Cordoncillo con una tonelada de cocaína y cuatro costarricenses a bordo.

La investigación costarricense apuntó a Engler Araya Aguilar como presunto líder de la organización, quien ya cumplía condena por hechos anteriores y habría continuado coordinando operaciones desde prisión.

El patrón en los tribunales

Los tribunales salvadoreños han procesado una serie de casos similares en los últimos meses. En julio de 2026, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a dos ecuatorianos y un colombiano por transportar 1,326 kilos de cocaína, valorados en USD 33.3 millones, tras ser interceptados a 600 millas náuticas (unos 1,110 kilómetros) de la costa.

Desde marzo de 2026, al menos tres procesos distintos por tráfico marítimo de cocaína han concluido con condenas firmes en distintos tribunales del país, con penas que oscilan entre los 10 y los 15 años.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió en su Informe Mundial sobre Drogas 2026 que el mercado mundial de la cocaína sigue en expansión y que las organizaciones criminales han diversificado sus métodos de transporte para evadir controles. El Salvador, con 13 toneladas decomisadas en lo que va del año, figura entre los países que más presión ejercen sobre ese corredor.

Iván Martín “N” fue imputado por el feminicidio de Valeria Márquez, la creadora de contenido de 23 años asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza de Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo por TikTok. La imputación se formalizó ante el Juez Vigésimo de Control Miguel Ángel Galván Esparza, y este 4 de agosto, a las 14:00 horas, se celebra la audiencia donde se decidirá si el señalado queda vinculado a proceso. Desde su aprehensión el 1 de agosto, permanece en prisión preventiva oficiosa.

El caso sacudió a México en 2025 cuando el ataque quedó grabado en la propia transmisión de la víctima. Más de un año después, la Fiscalía del Estado de Jalisco acumula su primer imputado bajo resguardo y apunta a una red criminal que habría planeado el crimen con antelación.

La audiencia de este martes

Durante la audiencia celebrada el lunes, Iván Martín “N” se reservó su derecho a declarar y, a través de su defensa, se acogió al término constitucional.

Eso significa que la decisión sobre su vinculación a proceso recae ahora en la audiencia de este martes 4 de agosto. El juez determinará, con base en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.

Mientras se resuelve su situación jurídica, el señalado permanece en prisión preventiva oficiosa, medida que aplica de manera automática para delitos de esta naturaleza en el sistema penal mexicano.

Quién es Iván Martín “N” y qué papel habría tenido

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Iván Martín “N” no fue el agresor directo, sino el presunto coautor material del crimen.

Su función, según las autoridades, habría sido la de vigilante. Habría monitoreado el lugar antes del ataque mientras otro individuo ingresó al salón de belleza Blossom The Beauty Lounge bajo el pretexto de entregar un encargo a Valeria Márquez.

Una vez que el agresor confirmó la identidad de la víctima y abrió fuego, Iván Martín “N” habría escoltado su huida desde el estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real de Zapopan. Los involucrados utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para escapar.

El operativo y los indicios asegurados

La aprehensión se concretó el 1 de agosto en un operativo coordinado entre la Vicefiscalía especializada, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra.

De forma simultánea, se ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En ese domicilio, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, teléfonos celulares e identificaciones, todos incorporados a la carpeta de investigación.

La reconstrucción de la ruta de escape fue posible gracias al análisis de imágenes del sistema C5 y de cámaras de vigilancia particulares, que permitieron identificar la probable participación del detenido y establecer su trayectoria durante y después del ataque.

El crimen que conmocionó a México

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su propio negocio en el fraccionamiento Real del Carmen Grand de Zapopan. La joven, con más de 90 mil seguidores en TikTok, realizaba una transmisión en vivo cuando un hombre que se identificó como repartidor ingresó al local, confirmó su identidad y le disparó dos veces: uno en el torso y otro en la cabeza.

La transmisión continuó activa durante algunos segundos después del ataque. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Márquez ya no tenía signos vitales. La Fiscalía de Jalisco abrió de inmediato una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La red detrás del crimen: el CJNG y un exnovio prófugo

El avance judicial contra Iván Martín “N” se produce en el marco de una semana de movimientos acelerados en la investigación. El 31 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch reveló la línea principal que siguen las autoridades.

Según Harfuch, Francisco Álvarez Solorio, identificado extraoficialmente por medios mexicanos como hijo de "El R1" y menor de 30 años habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez, la habría amenazado en múltiples ocasiones y, finalmente, le habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

Su padre es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1“, presunto líder de la célula ”Los R’s" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Las autoridades señalan que el caso de Valeria Márquez es una investigación distinta, aunque la captura de “El R1” aportó indicios para avanzar en ella.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio", declaró García Harfuch.

Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo. Las autoridades lo buscan como el presunto instigador del crimen y la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para localizar a todos los implicados.

Un ciudadano sueco fue sentenciado a cuatro años de prisión federal en Los Ángeles por vender productos de la marca Pablo Escobar que nunca existieron, en una estafa que le reportó más de un millón de dólares a través de plataformas como PayPal, Stripe y Coinbase.

Olof Kyros Gustafsson, de 32 años, alias “El Silencio”, recibió la condena el pasado viernes 31 de julio ante el juez federal Fernando L. Aenlle-Rocha, del Distrito Central de California. La sentencia incluye, además, una multa de 25 mil dólares y una orden de restitución de USD 1.300.193 a las víctimas del esquema. Gustafsson también accedió a entregar los fondos procedentes de las operaciones fraudulentas, entre ellos el dinero depositado en una cuenta bancaria en Suecia.

Escobar Inc. y cómo funcionaba el negocio

Gustafsson se desempeñaba como director ejecutivo de Escobar Inc., una corporación registrada en Puerto Rico que poseía los derechos sucesorios sobre la imagen y el legado de Pablo Escobar, el fallecido líder del Cártel de Medellín. Bajo ese paraguas legal, la empresa comercializaba productos de consumo al público usando la figura del narcotraficante colombiano como gancho de ventas.

El esquema operó entre julio de 2019 y noviembre de 2023. Durante ese período, Gustafsson identificaba artículos ya existentes en el mercado, fabricados y vendidos por otras compañías y lanzaba versiones de la marca Escobar a precios notablemente más bajos que los de la competencia. El catálogo incluía un lanzallamas Escobar, un teléfono plegable Escobar, un modelo Escobar Gold 11 Pro y un producto llamado Escobar Cash, comercializado como una “criptomoneda física”.

Ninguno de esos artículos existía. Los clientes pagaban y no recibían nada.

Teléfonos Samsung disfrazados y certificados de papel

Para sostener la ilusión de legitimidad, Gustafsson desplegó una estrategia de marketing dirigida a críticos tecnológicos e influencers de redes sociales. Les enviaba teléfonos Samsung Galaxy Fold envueltos en papel de oro y presentados como dispositivos de Escobar Inc., con el fin de generar reseñas en línea que impulsaran la demanda del público.

Quienes veían esas reseñas y compraban los productos nunca los recibían. En su lugar, Gustafsson les enviaba por correo un “Certificado de Propiedad”, un libro u otro material promocional de la empresa.

Ese mismo material se convertía luego en el arma para bloquear los reembolsos. Cuando un cliente reclamaba ante el procesador de pagos, Gustafsson presentaba el comprobante de envío del certificado como prueba de que el producto había sido despachado y recibido. Los pagos se habían canalizado a través de PayPal, Stripe y Coinbase, entre otras plataformas.

Una red de cuentas para lavar el dinero

Las ganancias del fraude no permanecieron en un solo lugar. Gustafsson abrió cuentas bancarias a su nombre y a nombre de entidades que controlaba en Estados Unidos, Suecia y los Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de ocultar la naturaleza, el origen y el control del dinero obtenido de forma ilícita.

Esas cuentas funcionaban como intermediarias: el dinero entraba, se movía entre jurisdicciones y perdía su rastro. La estructura fue suficiente para sumar a los cargos de fraude una serie de imputaciones por lavado de dinero, incluyendo un cargo de lavado de dinero internacional.

Seis cargos y una extradición desde España

Gustafsson se declaró culpable en julio de 2025 de seis cargos: conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero, ocultación de lavado de dinero y ocultación internacional de lavado de dinero.

Su camino hacia la condena comenzó con un arresto en España en diciembre de 2023. Permaneció detenido allí hasta marzo de 2025, cuando fue extraditado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia federal.

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS, el FBI y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Eurojust, y autoridades judiciales de España y Francia. Los fiscales federales adjuntos Joshua O. Mausner y James E. Dochterman llevaron adelante la acusación.

El juicio contra Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso y narcotraficante confeso que fue testigo clave en la condena del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, no comenzó este lunes como estaba previsto en Tegucigalpa.

La ausencia por incapacidad médica de una de las juezas del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción obligó a reprogramar el debate para el miércoles 5 de agosto.

La postergación la confirmó a periodistas el abogado defensor Marlon Duarte. El proceso se ventilará en la Sala II del mismo tribunal y se extenderá durante toda la semana, con presentación de pruebas testificales, documentales y periciales de ambas partes.

Qué se juzga y cuánto dinero está en juego

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) acusa a Ardón y a su hermano Hugo Alfredo Ardón de no poder justificar un patrimonio que supera los 50 millones de lempiras, unos USD 1.8 millones, presuntamente acumulado a través del tráfico de drogas y el lavado de activos.

Según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, los hermanos operaron desde aproximadamente 2003 bajo la estructura del llamado cartel AA, que controló las rutas del narcotráfico en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

Con esas ganancias habrían adquirido residencias de lujo, vehículos de alta gama y múltiples propiedades rurales.

Ardón, conocido por el alias Chande, ejerció como alcalde de El Paraíso en dos períodos consecutivos, entre 2006 y 2014, y consolidó una influencia política regional mientras, según las autoridades, mantenía activa su red criminal.

De testigo en Nueva York a acusado en Tegucigalpa

Ardón llegó a Honduras en abril de 2025, deportado desde Estados Unidos tras ser condenado ese mismo año a “tiempo cumplido”, es decir, la pena equivalió exactamente al tiempo que ya había pasado en prisión preventiva, y a 10 años de libertad supervisada, luego de declararse culpable de cargos por narcotráfico.

Antes de su deportación, fue uno de los testigos centrales en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York.

Ante ese tribunal, declaró que el Cartel de Sinaloa entregó USD 1 millón para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013 y afirmó que contó con respaldo político para sostener sus actividades ilícitas.

Las autoridades también lo señalan como responsable de 56 asesinatos y como líder del cartel AA.

Los vínculos de los hermanos Ardón no se limitaban al ámbito local. Según las investigaciones, establecieron “alianzas criminales” con el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y con el guatemalteco Mario Ponce para ampliar sus operaciones en Honduras.

El regreso de Hernández como telón de fondo

El juicio contra Ardón coincide con otro capítulo judicial en Honduras. El propio Hernández, condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, recuperó la libertad el 1 de diciembre de 2025 gracias a un indulto total concedido por el presidente Donald Trump, quien argumentó que el caso había sido un “montaje” de la administración de Joe Biden.

El exmandatario regresó a Honduras el 26 de julio en un vuelo privado procedente de Miami y aterrizó en el aeropuerto de Palmerola, a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Su retorno fue posible después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol en su contra, para permitirle presentarse de forma voluntaria ante la justicia hondureña este lunes 3 de agosto, por cargos de fraude y lavado de activos relacionados con el desvío de fondos públicos para su campaña de 2013.

Así, el mismo día en que Ardón debía sentarse en el banquillo en Tegucigalpa, su exprotegido político más poderoso debía comparecer ante otro juez en la misma ciudad.

Las autoridades de Canadá informaron que 10 de sus fugitivos fueron detenidos en México durante los últimos 12 meses, como parte de la colaboración en materia de seguridad con México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional.

En un informe reciente, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) destacó que el fortalecimiento de la cooperación con ambos países ha permitido ampliar su capacidad para localizar y detener a personas buscadas por delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, homicidio, fraude, contrabando y delincuencia organizada.

“Esto le proporciona una mayor capacidad para combatir el crimen organizado y perseguir las amenazas criminales que afectan a Canadá junto con sus socios”, señaló la corporación en el documento.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y responsable de ordenar diversos asesinatos.

La lista también incluye a Maxime Paquette, considerado uno de los fugitivos más buscados de la provincia de Quebec por fraude y tráfico de información, cuya captura fue reportada el pasado 16 de julio.

Asimismo, la Policía Montada destacó las detenciones de Adham Haouili, acusado de tráfico de cocaína; Denis Iviziku, buscado por delitos relacionados con armas de fuego y drogas, y Maxime Favreau, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los fugitivos capturados en México

El informe también incorpora detenciones realizadas durante 2025, entre ellas la de Andrew Clark, identificado por las autoridades como uno de los principales colaboradores de Ryan Wedding; Daniel Tomassetti, requerido por Italia por el asesinato de un presunto jefe de la mafia; Martin Bessette, buscado por contrabando de tabaco, y Juan Manuel Rueda Salud, quien también era requerido por la justicia canadiense.

De acuerdo con la RCMP, estas capturas forman parte de una estrategia de cooperación internacional para desarticular organizaciones criminales que operan en distintos países y facilitar la localización de personas con órdenes de captura vigentes.

Aunque el informe resalta los resultados obtenidos en territorio mexicano, las autoridades canadienses no detallaron en qué estados fueron capturados los 10 fugitivos ni precisaron el estado de los procesos de extradición para cada uno de ellos.

Las operaciones con las que Canadá golpeó al crimen organizado

Además de reportar la captura de 10 fugitivos canadienses en México durante los últimos 12 meses, la RCMP aseguró que reforzó su estrategia internacional contra el crimen organizado mediante operaciones coordinadas con autoridades de México, Estados Unidos y otros países.

La corporación también destacó que, gracias a la cooperación con agencias de Colombia, Qatar, España y Francia, se concretaron nuevas detenciones de fugitivos canadienses fuera de su territorio, como parte de una red internacional para perseguir a integrantes de organizaciones criminales.

La RCMP explicó que su Programa Federal Internacional trabajó junto con las cuatro regiones policiales federales de Canadá y con autoridades estadounidenses para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia ese país. Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguraron más de 5.6 toneladas de cocaína y metanfetamina antes de que los cargamentos llegaran a comunidades canadienses.

Uno de los operativos fue la Operación Hard Ball, enfocada en la organización de Lawrence Bishnoi y otros grupos del crimen organizado transnacional con origen en India, señalados por extorsión, narcotráfico, homicidios selectivos y otros delitos graves. La investigación derivó en la imputación de 34 personas.

Otra de las investigaciones fue la Operación Giant Slalom, dirigida contra la estructura encabezada por Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense e identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La RCMP señaló que la organización mantenía vínculos con cárteles de la droga y operaba una red de tráfico de cocaína y metanfetamina, lavado de dinero y actos de violencia en Norteamérica. El operativo permitió la detención de 40 personas y afectó la capacidad operativa de la organización.

La tercera investigación, denominada Operación Mano Muerta, estuvo enfocada en integrantes de redes de narcotráfico vinculadas con cárteles mexicanos, entre ellos Roberto Scoppa y Guramrit Sidhu. Según la policía canadiense, la pesquisa desmanteló una estructura dedicada al tráfico transfronterizo de cocaína y metanfetamina hacia Canadá y derivó en la imputación de 19 personas.

La RCMP recordó que, a principios de este mes, Guramrit Sidhu fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión federal tras ser identificado como uno de los líderes de esa organización criminal.

Para las autoridades canadienses, los resultados obtenidos durante el último año reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional con organismos de seguridad de América y Europa, una estrategia con la que buscan combatir el crimen organizado transnacional, impedir el tráfico de drogas y localizar a personas requeridas por la justicia canadiense.

El Ministerio Público de Honduras puso en marcha este lunes la Operación “Mare Nostrum”, coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con ocho allanamientos en Puerto Cortés contra la estructura “Los Coleman”, investigada desde 2014 por presunto narcotráfico, sicariato y posesión de armamento de uso prohibido.

Las acciones se concentraron de manera simultánea en las comunidades de Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, zona norte de Honduras, donde fiscales, investigadores y elementos de las fuerzas especiales ejecutaron ocho allanamientos e inspecciones en inmuebles considerados estratégicos dentro de una investigación que se remonta a 2014.

De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura criminal conocida como “Los Coleman” ha permanecido bajo investigación durante más de 10 años por información que la vincula con operaciones de narcotráfico a gran escala y otras actividades del crimen organizado.

Las pesquisas desarrolladas por la FESCCO y la ATIC apuntan a que esta organización habría consolidado una red logística para recibir, almacenar y transportar cargamentos de droga procedentes de Suramérica, utilizando rutas marítimas y terrestres para movilizar los estupefacientes hacia mercados internacionales.

Además del tráfico de drogas, las autoridades investigan a la organización por su presunta participación en hechos relacionados con sicariato, almacenamiento de drogas, posesión de armas y municiones de uso prohibido, así como otros delitos vinculados al crimen organizado.

Investigan vinculos con otros países

Según el Ministerio Público, “Los Coleman” mantenían conexiones con organizaciones criminales establecidas en Colombia y México, lo que les habría permitido integrar una red transnacional para el transporte de grandes cantidades de droga.

Las autoridades sostienen que estos vínculos fortalecieron la capacidad operativa de la estructura y facilitaron la coordinación de envíos internacionales mediante diferentes modalidades utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La investigación señala que el grupo operaba como un eslabón dentro de una cadena criminal que conectaba la producción de droga en Suramérica con las rutas utilizadas para abastecer el mercado de Estados Unidos.

Pistas clandestinas y rutas marítimas

Según las investigaciones del Ministerio Público, la estructura habría utilizado pistas clandestinas ubicadas en el sector de El Remolino, Baracoa, Cortés, para recibir aeronaves procedentes de Suramérica cargadas con drogas.

Una vez en territorio hondureño, los cargamentos presuntamente eran movilizados mediante una red logística hacia diferentes puntos del litoral atlántico para continuar su recorrido.

Las autoridades también establecieron que la organización utilizaba lanchas rápidas para ingresar droga por vía marítima, aprovechando las condiciones geográficas de la costa norte hondureña.

De acuerdo con las líneas de investigación, estos cargamentos eran trasladados después hacia otras rutas internacionales con destino final en Estados Unidos.

Ocho allanamientos simultáneos

Como parte de la Operación “Mare Nostrum”, fiscales e investigadores intervinieron de forma simultánea ocho inmuebles considerados de interés para la investigación.

Durante los allanamientos, los equipos especializados buscan recolectar evidencia documental, tecnológica y científica que permita fortalecer los expedientes fiscales contra los presuntos integrantes de la estructura criminal.

Entre los indicios que habitualmente son asegurados en este tipo de operaciones figuran armas de fuego, municiones, drogas, dinero en efectivo, vehículos, equipos de comunicación, documentos y dispositivos electrónicos que puedan contener información relevante para las investigaciones.

Las diligencias también buscan identificar bienes que presuntamente habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas.

Operación continúa en desarrollo

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado el número de personas capturadas durante la Operación Mare Nostrum ni los resultados preliminares de los allanamientos, debido a que las acciones continúan en desarrollo.

Las autoridades explicaron que parte de la información permanece bajo reserva para evitar que otros posibles integrantes de la estructura criminal sean alertados mientras se ejecutan las diligencias judiciales.

No se descarta que durante el transcurso del día se informen nuevas capturas, decomisos de evidencia o aseguramientos de bienes vinculados con la investigación.

En los últimos años, la FESCCO y la ATIC han fortalecido las investigaciones contra estructuras nacionales y transnacionales que utilizan el territorio hondureño como punto estratégico para el almacenamiento y traslado de drogas hacia Norteamérica.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público brinde un informe oficial con los resultados completos de la Operación Mare Nostrum, incluido el número de capturas, los bienes asegurados, las evidencias decomisadas y los delitos que serán imputados a los sospechosos.

Un ataque armado dentro del Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B en Guatemala dejó como resultado la muerte del privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, un hombre que estuvo vinculado durante muchos años al cartel de menudeo "Los Caradura" y que más tarde se volvió su enemigo.

Además de Ortiz Romero, durante el ataque armado falleció su esposa, quien había llegado a visitarlo durante este domingo 2 de agosto. También resultó gravemente herido un guardia del sistema penitenciario quien reaccionó para repeler el ataque, informó a través de un comunicado la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió mientras el centro carcelario mantenía las rutinas de custodia habituales.

No obstante, después del ataque activaron los protocolos de emergencia y aislaron a los internos, entre ellos, a los presuntos responsables del hecho, quienes serán puestos a disposición judicial para abrir un nuevo proceso en su contra.

¿Quién era “Gorgojo” y cuál fue su papel en la rivalidad criminal?

Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, figuraba como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha en la Ciudad de Guatemala, detalló el Ministerio de Gobernación en 2024, luego de su detención.

Su nombre cobró notoriedad tras una investigación que lo vinculó con el asesinato de cinco jóvenes en enero de 2024, hecho que detonó una ola de enfrentamientos entre pandillas.

Según las fuentes de investigación, Ortiz Romero habría ordenado la ejecución de los cinco hombres desaparecidos el 5 de enero de 2024 en un club nocturno de la zona 9.

Las víctimas fueron identificadas como José Guillermo Enrique Marroquín Conde, de 29 años; Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, de 39; Brandon Stefan Enríquez Alarcón, de 23; César Alexander Alemán Ramírez, de 26 y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, de 31.

De acuerdo con las investigaciones, los cuerpos fueron posteriormente disueltos en ácido, dentro del barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, un área que anteriormente estuvo bajo el mando del cartel de narcomenudeo "Los Caradura" y que, posteriormente, fue tomada por la Mara Salvatrucha, quien rompió el pacto con la estructura criminal dirigida por los hermanos Francisco y Julio Dominguez Higueros.

Como consecuencia de este crimen, Francisco Édgar Domínguez Higueros, en ese entonces, uno de los líderes de “Los Caradura”, expulsó a “Gorgojo” de la banda y lo obligó a dejar el control del sector.

Este hecho marcó el inicio de una disputa territorialentre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, que ha generado múltiples víctimas en la Ciudad de Guatemala y algunos municipios aledaños.

Capturado

El 6 de febrero de 2024, “El Gorgojo” fue capturado, junto con otro miembros de la Mara Salvatrucha que controlan El Gallito, entre ellos Luis Eduardo Rojas Chivicho “Wuicho”, Andy Rolando Martínez de La Roca “Camello”, Ana Carolina Rodas García “Carol” y Ángel Humberto Alfaro Bran “Angel”.

Todos señalados de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.

Según autoridades se trata del seguimiento a una organización dedicada a la venta de droga, asesinatos y varias desapariciones entre hombres, mujeres y menores de edad.

Posteriormente, a los detenidos se les vinculó con la desaparición y muerte de los cinco jóvenes.

Sospechoso del asesinato de uno de los líderes de Los Caradura

La situación no terminó allí. Estando dentro de prisión, las investigaciones del Ministerio Público habrían revelado que tras su expulsión del territorio por parte de “Los Caradura”, Ortíz Romero no se quedó de brazos cruzados y habría ordenado el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco”.

El cabecilla de "Los Caradura" fue acribillado cuando salía de una cita médica en la zona 10, territorio gobernado por el cartel del narcomenudeo guatemalteco. Según se sabe, sus guardaespaldas lo habrían dejado solo al momento del ataque.

Este hecho incrementó la violencia en la Ciudad de Guatemala, al activarse una guerra indiscriminada entre los líderes de las organizaciones criminales de la Mara Salvatrucha, contra "Los Caradura" que mantienen una alianza con el Barrio 18.

Guerra de poder

Analistas y expertos de seguridad, coinciden en que esta lucha por territorio entre pandillas surgió justamente en 2014, cuando se rompió la alianza de "Los Caradura" con la Mara Salvatrucha, lo que fortaleció los acuerdos con el Barrio 18.

“Siendo estructura rivales, por naturaleza, esta situación escaló de un pleito interno a convertirse en una guerra que ha cobrado la vida de decenas de guatemaltecos, la mayoría integrantes de las estructuras criminales, pero también ha habido muertes civiles que se consideran como daños colaterales", manifestó a Infobae el exministro de Gobernación, Julio César Rivera Clavería.

Ahora, este ataque se produce justo el mismo día en que las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) realizaron una incursión en el Barrio El Gallito, como parte del cumplimiento del Plan 03 “Anillo de Contención”.

Por ahora, entre los territorios más importantes en disputa estaría la Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala; el Barrio El Gallito, zona 3; y los municipios de Villa Nueva y Mixco.

No obstante, la lucha de poder no se concentra sólo en esos lugares, sino que abarca toda la Ciudad y áreas aledañas a la Metrópoli guatemalteca, así como algunos municipios y departamentos considerados como paso del narcotráfico.

La Policía Federal de Brasil detuvo este domingo a nueve personas y decomisó 856 kilogramos de cocaína en el puerto de Salvador, capital del estado de Bahía, en el noreste del país, en un operativo dirigido contra una célula del Primeiro Comando da Capital (PCC) que preparaba el envío de la droga hacia Europa.

El cargamento estaba oculto en un compartimento falso instalado en un camión que se disponía a acceder a la zona portuaria. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, los agentes cercaron el vehículo de madrugada y sorprendieron a los sospechosos, que llevaban máscaras y guantes, cuando manipulaban la carga. La Policía Federal, que participó junto a las fuerzas estatales, cifró la droga incautada en 856 kilogramos, mientras que las autoridades locales situaron el volumen total cerca de una tonelada.

Los nueve detenidos fueron sorprendidos in fraganti y serán denunciados por tráfico de drogas, organización criminal y ocultación de carga ilícita, de acuerdo con la Policía Federal. Un camionero adicional, sospechoso de facilitar el acceso de la mercancía a la zona portuaria, también fue detenido y trasladado junto con la carreta utilizada en la operación. Las diligencias continúan abiertas para identificar a otros posibles integrantes de la red.

La investigación preliminar vincula a los detenidos con estructuras del PCC con base en el estado de São Paulo. Fundada en la década de 1990 en las cárceles paulistas, la organización se ha convertido en la mayor facción criminal de Brasil y ha extendido su presencia a Paraguay, Bolivia y otros países de la región, además de participar en rutas de exportación de cocaína hacia Europa a través de puertos brasileños.

El decomiso de este domingo se enmarca en la Operación Meridian, desplegada en julio por la Policía Federal junto con la autoridad portuaria de Bahía, Codeba, para desarticular una organización dedicada al tráfico internacional de drogas por vía marítima con actuación en el puerto de Salvador. La pesquisa se originó a partir de un intercambio de información con la Receita Federal, el organismo tributario brasileño.

El puerto de Salvador se ha convertido en los últimos meses en uno de los focos prioritarios de la lucha antinarcóticos en el noreste brasileño. Solo en lo que va de 2026, las fuerzas de seguridad de Bahía han incautado cerca de 13 toneladas de droga, un volumen que refleja tanto la intensidad de los operativos como la magnitud del uso de la infraestructura portuaria por parte del crimen organizado para exportar cocaína hacia el mercado europeo.

El hallazgo se produce apenas dos días después de que la Policía Federal frustrara, a plena luz del día, el envío de al menos 400 kilogramos de cocaína desde el aeropuerto internacional de Guarulhos, el mayor de Brasil, situado en la región metropolitana de São Paulo. En aquel operativo, los agentes intercambiaron disparos con un grupo de al menos diez personas, entre ellas un trabajador de la terminal, que había cargado parte de la droga en un avión con destino a Europa antes de huir del lugar. La intervención obligó a suspender parcialmente las operaciones del aeropuerto durante cerca de dos horas y provocó la cancelación de seis vuelos.

Ambos episodios, ocurridos con dos días de diferencia en extremos opuestos del país, ilustran la diversificación de las rutas que el narcotráfico brasileño emplea para alcanzar el continente europeo, donde el precio de la cocaína multiplica varias veces su valor en origen. Puertos, aeropuertos y zonas de carga se han convertido en objetivos simultáneos de una estrategia de las fuerzas federales y estatales que apunta a golpear tanto la salida marítima como la aérea de la droga, en un contexto en el que las facciones criminales brasileñas refuerzan su papel como proveedoras directas del mercado europeo.

Un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba culminó con la desarticulación de una organización criminal que compraba droga en la capital provincial, la trasladaba en colectivos hasta Deán Funes y utilizaba menores de edad para comercializarla. Tras una investigación que se extendió durante cuatro meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a tres integrantes de la banda y secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Según pudo saber Infobae, la investigación se inició tras varias denuncias anónimas recibidas a través del Centro de Denuncias 0800-888-8080. Con las pruebas reunidas, los agentes realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas sobre la calle Pedro Goyena, en el barrio Kilómetro 2, de la ciudad de Deán Funes.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos sorprendieron a una de las investigadas mientras fraccionaba cocaína para su comercialización. Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres sospechosos: dos hombres y una mujer.

Además, los investigadores secuestraron varios envoltorios de cocaína, 13 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, dos balanzas digitales, dos motocicletas y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Fuentes del caso detallaron a este medio que la presunta líder de la banda trasladaba la droga desde la ciudad de Córdoba utilizando colectivos y luego la distribuía desde los domicilios bajo su control en Deán Funes. Además, los investigadores establecieron que la organización empleaba a menores de edad para comercializar las sustancias ilícitas.

En este contexto, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial e imputó a los tres por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Días antes, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmanteló una organización narco liderada por dos familias en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, tras una investigación que se extendió durante tres años y contó con la colaboración de la ciudadanía a través de denuncias anónimas. El operativo incluyó 28 allanamientos simultáneos en los barrios Alberdi y 70 Viviendas, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. Durante los procedimientos, fueron detenidas 19 personas —catorce hombres y cinco mujeres— y se incautaron 1.952 dosis de cocaína, 79 dosis de marihuana, 18 plantas de cannabis sativa, más de 38 millones de pesos, armas de fuego, vehículos y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

La estructura criminal operaba utilizando domicilios como centros de acopio y distribución, además de implementar un sistema de “delivery” para ampliar la venta de estupefacientes. Varios de sus integrantes contaban con antecedentes por narcotráfico y tentativa de homicidio. Las autoridades señalaron la peligrosidad de la organización, que mantenía una activa participación en el mercado ilegal local y regional. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso la remisión de todos los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial para ser indagados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Aunque el empalme entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el saliente presidente Gustavo Petro quedó en el pasado luego del choque entre ambos políticos, en la mañana del domingo 2 de agosto se conoció que uno de los nombrados por el nuevo mandatario resultó nombrado en uno de los expedientes más complejos de la justicia que involucra a la cúpula militar.

Se trata de general Wilson Cháwez, que fue nombrado por el abogado de extrema derecha para liderar el empalme con las Fuerzas militares y que sus datos aparecen en un expediente judicial sobre la infiltración del narcotráfico en la institución castrense.

Aunque el oficial nunca ha sido vinculado formalmente a la investigación, su nombre figura en una de las indagaciones más delicadas sobre los supuestos nexos entre el Clan del Golfo y sectores del Ejército, en particular la organización dirigida por alias Matamba, según información revelada por la revista Cambio.

El general Cháwez fue señalado en conversaciones interceptadas por la Fiscalía, pero hasta ahora mantiene intacta su presunción de inocencia. La Fiscalía ha confirmado que, pese a las menciones a generales en el proceso, ninguna prosperó más allá de la etapa de indagación. Actualmente, no existe ninguna imputación en su contra.

La investigación, que se inició tras la captura de varios coroneles en febrero de 2022, reveló cómo la red de alias Matamba pretendía influir en operaciones militares, gestionar traslados de oficiales y obtener inteligencia para desplazar a su principal rival, alias Sábalo. Las pruebas recabadas incluyeron cientos de interceptaciones telefónicas, chats y seguimientos, que detallan la supuesta colaboración de oficiales activos y retirados del Ejército.

Según los hallazgos de los investigadores revelados por Cambio, la organización de Matamba buscaba controlar los cultivos de coca, laboratorios y rutas hacia el Pacífico en la cordillera nariñense. Los investigadores sostienen que parte de esa expansión habría sido posible por la presunta colaboración de algunos militares, que recibían pagos mensuales y otras contraprestaciones a cambio de favorecer los intereses del grupo criminal.

Conversaciones clave y menciones al general Cháwez

El expediente judicial arroja luz sobre cómo se desarrollaban las estrategias de infiltración. El 20 de octubre de 2019, una conversación interceptada muestra que el coronel retirado Robinson González del Río habría diseñado un plan para modificar el curso de las operaciones militares en Nariño, fabricando supuesta información de inteligencia para que llegara directamente al comando de la Tercera División, entonces bajo el mando del general Cháwez.

En las conversaciones con el líder criminal, González del Río afirmaba haber hablado con el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Leonardo Barrero, quien se encargaría de hacer llegar esos datos “directamente a mi general Cháwez”.

Cinco días después, González del Río envió a Matamba un informe reservado destinado al comandante de la Tercera División. La explicación era clara: el documento serviría para justificar operaciones militares contra la estructura rival de Sábalo, según el expediente revelado por Cambio.

En la misma línea, se discutió la necesidad de relevar a oficiales considerados incómodos para los intereses del Clan del Golfo, con cifras que oscilaban entre 50 y 60 millones de pesos para concretar los traslados, según palabras del propio González del Río.

Según las interceptaciones, para noviembre de 2019, los cambios impulsados dentro del Ejército ya producían efectos visibles. El general Cháwez asumió el Comando Conjunto del Pacífico, ampliando su rango de acción sobre operaciones en Cauca, Valle, Nariño y parte del Chocó.

En paralelo, el coronel Harry Gómez y otros miembros de la red criminal presuntamente preparaban el terreno para coordinar movimientos de tropas y el ingreso de hombres de Matamba en puntos estratégicos.

Estas acciones culminaron en el desplazamiento y posterior muerte de alias Sábalo en un enfrentamiento con el Ejército, lo que consolidó el control de Matamba sobre el corredor cocalero nariñense. La investigación, según la Fiscalía, permitió identificar y capturar a varios integrantes de la red, incluido Matamba, aunque este escapó de la cárcel La Picota en marzo de 2022 y fue abatido por la Policía dos meses después.

El papel de los generales y la respuesta institucional

Las menciones a los generales Barrero y Cháwez en el expediente se derivan principalmente de las conversaciones interceptadas entre miembros de la organización de Matamba. En ningún momento se documentó una reunión directa entre estos oficiales y el grupo criminal.

La hipótesis de la Fiscalía es que la organización creía poder influir en la estructura de mando militar a través de sus contactos, especialmente mediante la figura apodada “El Padrino”, atribuida al general Barrero.

Cuando la noticia salió a la luz pública, Barrero negó cualquier vínculo con el Clan del Golfo y atribuyó las acusaciones a un montaje. Cháwez, por su parte, no respondió a los intentos de contacto realizados por el medio.

En la actualidad, el general Cháwez goza de su derecho a la presunción de inocencia. La Fiscalía ha reiterado que las menciones en su contra no pasaron la fase de indagación. El caso sigue abierto, sin decisiones de fondo sobre los oficiales señalados en las conversaciones.

Un total de cinco personas fueron capturadas en El Salvador por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas durante la operación “Génesis”, en el marco de la estrategia gubernamental para erradicar el narcotráfico en el país, según lo informado este sábado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El operativo, ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), permitió la incautación de marihuana, cocaína, metanfetaminas, un revólver, trece teléfonos y USD 395 en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron identificados como Kattia María H., Jorge Alberto P., José Mauricio M., Brayan Alexander G. y Wendy Yamileth P.. La operación forma parte de la ofensiva nacional contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado.

Autoridades refuerzan ofensiva contra el tráfico de drogas con operativos coordinados

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que el gobierno mantiene una postura inflexible ante el tráfico de drogas. “Erradicaremos el perverso negocio de las drogas en nuestras calles y ciudades. El mensaje para los oportunistas es claro, si terminamos con la dictadura de los terroristas pandilleros, ustedes son cuestión de días”, afirmó el funcionario en una declaración recogida de sus redes sociales.

Durante la intervención, la PNC y la FGR ejecutaron órdenes de captura como parte del dispositivo “Génesis”, enfocado en desarticular estructuras dedicadas al tráfico ilícito y las agrupaciones ilícitas, dos de los delitos que más afectan a la seguridad pública en el país.

Además, el titular de Seguridad señaló que las acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR) han sido clave para alcanzar estos resultados. “No vamos a permitir que sigan ensuciando a nuestra sociedad con el veneno de las drogas. Nuestro trabajo es firme y contundente, vamos tras todo aquel delincuente que no ha entendido esto”, sostuvo Villatoro.

La operación “Génesis” es parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el control estatal sobre territorios estuvieron afectados por la presencia de pandillas y redes criminales.

De igual manera, las autoridades han enfatizado el impacto del decomiso de drogas y armas, así como la detención de presuntos miembros de organizaciones criminales, como medidas que contribuyen a la reducción de la violencia y los delitos conexos en el país. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y el procesamiento judicial de los detenidos, quienes enfrentan cargos por tráfico ilícito y pertenencia a agrupaciones ilícitas.

El ministro Gustavo Villatoro ha insistido en que la política de seguridad pública mantendrá su curso actual, enfocado en la prevención, la represión del delito y la recuperación de espacios públicos. Las acciones recientes refuerzan el mensaje gubernamental de tolerancia cero frente a las estructuras delictivas y al comercio ilegal de drogas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron que continuarán coordinando operativos similares en distintos puntos del país, con el objetivo de debilitar las redes criminales y garantizar la seguridad de la población salvadoreña.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas imputó cargos a una mujer por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales, dentro de la investigación de la Operación Corsario, una pesquisa que desde 2024 busca desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico, la asociación ilícita y el lavado de dinero con apoyo de las autoridades de España.

La investigación forma parte de las acciones contra las operaciones de la pandilla MF o Mafia Filipina, considerada una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos contra la investigada.

Sin embargo, el juez ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario, al encontrarse la mujer en estado de embarazo. Además, le impuso prohibición de salida del país, permitiéndole abandonar su residencia únicamente para asistir a citas médicas o atender situaciones de emergencia.

La investigación de la Operación Corsario comenzó en 2024 y se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre las autoridades panameñas y organismos de investigación del Reino de España.

Las pesquisas permitieron ejecutar múltiples diligencias en distintos puntos del distrito de Panamá y avanzar en la desarticulación de una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas, el blanqueo de capitales y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Las autoridades sostienen que la estructura investigada habría utilizado un complejo esquema financiero para ocultar y movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Precisamente por ello, la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación enfocada en seguir la ruta del dinero y establecer el papel que desempeñaban las personas encargadas de administrar, transferir o dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante las operaciones del grupo criminal.

La Operación Corsario se convirtió en una de las investigaciones antidrogas de mayor alcance desarrolladas este año. Durante su fase operativa fueron aprehendidas 13 personas, se decomisaron 294 fardos de droga y un arma de fuego, mientras que posteriormente las autoridades capturaron a uno de los hombres incluidos en la lista de los más buscados por delitos relacionados con drogas, quien presuntamente también formaba parte de la organización criminal investigada.

El avance del caso también ha permitido ampliar las investigaciones hacia el componente financiero de la organización.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo es no solo procesar a quienes participaron directamente en el tráfico de sustancias ilícitas, sino también identificar a quienes habrían facilitado el lavado de activos, una pieza considerada clave para el funcionamiento y sostenimiento de las redes de narcotráfico.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación ha reiterado que continuará ejerciendo la acción penal contra todos los involucrados, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.

La investigación de la Operación Corsario permitió establecer que la organización no solo obtenía ganancias mediante el tráfico internacional de drogas, sino que también había desarrollado un esquema para ocultar el origen del dinero ilícito. Según las pesquisas, el grupo utilizaba actividades comerciales legales para introducir recursos en la economía formal y dificultar el rastreo de los fondos por parte de las autoridades.

Los investigadores detectaron que la estructura recurría a la apertura y administración de negocios dedicados al comercio, la venta de artículos, los servicios de belleza y otras actividades económicas con el fin de mezclar ingresos legítimos con recursos provenientes del narcotráfico. De esta manera, el dinero podía circular a través del sistema financiero con una apariencia de legalidad.

La Fiscalía también sostiene que la organización presuntamente empleaba terceras personas, entre ellas familiares y allegados de algunos de sus integrantes, para figurar como propietarios, administradores o representantes de las sociedades comerciales. Este mecanismo buscaba ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los recursos y dificultar las investigaciones patrimoniales.

De acuerdo con las pesquisas, otro de los pilares del grupo era la contaminación de contenedores en terminales portuarias panameñas. La red presuntamente infiltraba personal o aprovechaba colaboradores dentro de la cadena logística para introducir cargamentos de cocaína en envíos comerciales con destino a Europa, modalidad que permitió mantener durante varios años una operación de carácter transnacional antes de ser detectada por las autoridades.

Como parte del seguimiento de la investigación, las autoridades mantienen alertas internacionales para ubicar a otros presuntos integrantes de la organización. Entre los principales objetivos figuran los alias “Woper” y “Toti”, considerados por las autoridades entre los supuestos cabecillas de la estructura. En el caso de “Toti”, pesa una Notificación Roja de Interpol, luego de que los investigadores determinaran que podría haber salido de Panamá para evadir la acción de la justicia.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de la estructura criminal, identificar a otros posibles implicados y establecer la trazabilidad de los recursos económicos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas que dieron origen a la Operación Corsario.

La Cámara Federal de Casación Penal avaló la prórroga por otros seis meses de la prisión preventiva de Juan Ignacio Suris, el empresario bahiense condenado por narcotráfico agravado, asociación ilícita fiscal y cohecho, conocido además por su relación con la vedette uruguaya Mónica Farro y por haber sido socio del financista Leonardo Fariña, uno de los principales arrepentidos en la causa conocida como la ruta del dinero K.

La medida fue adoptada por la Sala de Feria del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Carlos Mahiques y Daniel Petrone, quienes habilitaron el receso judicial para intervenir en el expediente y convalidaron la extensión de la cautelar dispuesta el 6 de junio pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.

De esta manera, Suris permanecerá bajo prisión preventiva durante otros seis meses, computados desde el vencimiento del plazo anterior, ocurrido este 8 de julio, mientras aguarda el juicio oral por presunto lavado de activos.

La prórroga corresponde a ese expediente, una investigación paralela a aquellas en las que el empresario ya fue condenado por narcotráfico, asociación ilícita fiscal y cohecho.

En la resolución firmada esta semana, los camaristas entendieron que correspondía “tomar nota de la prórroga de la prisión preventiva dispuesta respecto de Juan Ignacio Suris, por el término de seis meses, a partir de su vencimiento”, de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 1° de la Ley 24.390.

La extensión había sido resuelta por el tribunal oral el 6 de junio, con vigencia desde el 8 de julio, fecha en la que concluía el plazo anterior. Tras intervenir durante la feria, Casación dispuso que el legajo quedara reservado en la Secretaría General hasta su remisión a la sala correspondiente una vez finalizado el receso.

Según la acusación, Suris encabezó una organización destinada a incorporar al circuito económico formal fondos presuntamente provenientes del narcotráfico y de un esquema de facturación apócrifa. El expediente se inició en 2012 y fue elevado a juicio oral en 2024.

Los antecedentes penales del empresario incluyen una condena impuesta el 7 de noviembre de 2023 a seis años de prisión como coautor del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. De acuerdo con la investigación, la banda que lideraba vendió drogas entre 2011 y diciembre de 2013 en Bahía Blanca y localidades cercanas.

En ese expediente había sido absuelto en 2015, luego de que el tribunal declarara nulas una serie de escuchas telefónicas. Sin embargo, Casación anuló aquel pronunciamiento y ordenó realizar un nuevo juicio, que concluyó mediante un acuerdo de pena.

El 23 de noviembre de 2023, además, fue condenado a cinco años de prisión como jefe de una asociación ilícita que perjudicó a la entonces AFIP mediante la generación y comercialización de facturas apócrifas utilizadas para facilitar maniobras de evasión tributaria. De acuerdo al fallo, la organización recurría a sociedades sin actividad económica real para simular operaciones y permitir que terceros redujeran indebidamente sus obligaciones fiscales.

Las penas fueron luego unificadas en ocho años de prisión. En febrero pasado, la Sala I de Casación confirmó además la intimación para que los condenados abonaran $85.625.636,72 en concepto de reparación del daño ocasionado al Estado. El juez de ejecución determinó que Suris debía afrontar el 60% de ese monto, de acuerdo con el rol que desempeñó dentro de la organización.

Mientras cumplía la condena por narcotráfico en la Delegación Unidad Operativa Federal de Santa Fe, quedó involucrado en otra investigación por el pago de sobornos a autoridades policiales para acceder a condiciones de alojamiento privilegiadas.

Por esos hechos, el 25 de marzo, el juez José María Escobar Cello, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, lo condenó a dos años de prisión efectiva por cohecho. La sentencia tuvo por probado que entregó dinero al subcomisario Leonardo Benítez y al comisario Guillermo Gallo para obtener acceso a teléfonos celulares, visitas sin los controles habituales, comidas especiales, electrodomésticos y la posibilidad de circular por distintos sectores de la dependencia.

Esa pena fue unificada con las anteriores y elevó a nueve años el total que deberá cumplir.

Casación también intervino recientemente en el expediente por lavado. El 16 de julio pasado, la Sala I dejó sin efecto la decisión que había apartado a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante y ordenó al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dictar un nuevo pronunciamiento. Los camaristas entendieron que el decreto que impidió al organismo incorporarse como acusador en nuevas causas no lo obliga a abandonar aquellas en las que ya había sido admitido como parte.

La jornada también estuvo marcada por una alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México para sus ciudadanos en Michoacán, estado que el Departamento de Estado clasifica con advertencia de viaje nivel 4: Do Not Travel, en el que se reportaron bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

En el Estado de México, autoridades detuvieron al octavo implicado en el homicidio de la pareja de ciudadanos estadounidenses desaparecida el 20 de mayo en Tlalpan y cuyos cuerpos aparecieron en una fosa clandestina en Ocoyoacac. En paralelo, el INE aprobó con 9 votos a favor la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar vínculos con el narco rumbo a las elecciones de 2027.

La jornada terminó con un operativo de los tres órdenes de gobierno en Cuautla, Morelos, con 394 elementos y 79 unidades desplegados en 14 colonias, dos meses después del arresto de su alcalde por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El secretario de Marina, por su parte, confirmó que la mayoría de la droga que circula por mar hacia México llega por las costas del Pacífico, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa concentran sus operaciones.

A continuación, las noticias de este sábado.

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Detienen a joven con 100 dosis de droga y solvente en Venustiano Carranza

Policías de la SSC arrestaron a un hombre de 22 años en la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza, tras observarlo manipular envoltorios de plástico similares a los usados para comercializar narcóticos en el cruce de Plaza San Lázaro y la calle Juan de la Granja.

La revisión preventiva arrojó 100 bolsitas con un vegetal verde y seco con características de marihuana, además de 11 botellas de plástico con un líquido con propiedades de solvente.

El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal junto con los objetos asegurados.

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Detienen a hombre en Álvaro Obregón

Los monitoristas del Centro de Comando y Control Poniente alertaron a policías en campo sobre agresiones en la esquina de avenida 29 de Octubre y calle Encinos, en la colonia Los Cedros. Al llegar, los uniformados de la SSC observaron a un hombre con lo que parecía una pistola en la cintura.

El sujeto intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado metros adelante. La revisión preventiva arrojó una réplica de arma de fuego corta y 10 bolsitas con hierba con características propias de la marihuana.

El detenido, de 59 años, fue presentado ante el agente del Ministerio Público para que definiera su situación jurídica. Un cruce de información reveló que acumula tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: dos por robo en 2013 y uno por violación y homicidio en 1991.

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Durante un operativo realizado en la madrugada de este sábado, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó acciones para detener a los integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico en el departamento de La Libertad. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos comenzaron sus operaciones a inicios de 2026 y se especializaban en la comercialización de cocaína, marihuana y metanfetamina, utilizando rutas que conectan Guatemala con El Salvador y recurriendo a múltiples personas para la distribución bajo la modalidad de narcomenudeo.

Las autoridades efectuaron registros simultáneos en zonas de Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit, donde capturaron a Katia María Fernández Salazar, identificada como líder y principal operadora de la estructura en la colonia Las Jacarandas. Junto a ella, fueron arrestados Wendy Yamileth Pineda López, José Mauricio Moreno Zapata y Brayan Alexander García Martínez, quienes enfrentan procesos judiciales por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según información oficial difundida por la FGR.

La operación permitió el decomiso de droga, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con la red. Imágenes difundidas por la fiscalía muestran la presencia de agentes durante los allanamientos, así como parte de la evidencia incautada, que incluye envases con estupefacientes y dispositivos electrónicos.

Este golpe se suma a una serie de detenciones y desarticulaciones de estructuras de narcomenudeo realizadas en lo que va de 2026. El pasado 18 de julio, la Policía Nacional Civil capturó a cuatro presuntos integrantes de una red de narcotráfico en San Salvador y Chalatenango. En esa ocasión, las autoridades incautaron más de dos kilogramos de cocaína, valorados en más de USD 50,000, así como marihuana, teléfonos celulares, vehículos y dinero en efectivo. Los detenidos, identificados como Gerardo José C., Raúl Armando Arteaga V., Diego Alexander O. y Juan José H., operaban entre ambos departamentos y buscaban financiar actividades criminales a través de la venta y traslado de sustancias ilícitas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó el impacto de estos golpes en las estructuras criminales del país.

En mayo, la División Antinarcóticos de la PNC desarticuló dos grupos de tráfico de drogas en San Salvador y Santa Ana, logrando la captura de siete personas y la incautación de sustancias ilícitas valoradas en más de USD 61,000. Entre los detenidos figuraban Jaime Salvador M., Moisés Stefan C., Noelia Guadalupe T., Cristhofer Alexander A., José Jonathan A., Dylan Ari H. y Katherine Paola M. Según la información oficial, el operativo permitió incautar metanfetamina, marihuana y dinero, elementos que refuerzan el proceso judicial en curso.

A principios de julio, la FGR y la PNC capturaron a once personas relacionadas con actividades de narcotráfico en Usulután y San Miguel. La investigación, que inició en marzo de 2025, permitió identificar a los principales proveedores y distribuidores, quienes utilizaban vehículos y establecimientos comerciales para encubrir la distribución. Entre los detenidos se encuentra José de la Cruz, señalado como cabecilla, además de proveedores y distribuidores que operaban en colonias y barrios de ambos departamentos. Los procedimientos permitieron el decomiso de marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y armas, consolidando la acusación por delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas.

En febrero, la FGR, en coordinación con la PNC, desarticuló una red internacional de narcotráfico vinculada a operaciones en Guatemala. La estructura, liderada por Luis Alfredo Zuleta y William Leiva Hernández, utilizaba rutas entre ambos países para el ingreso y distribución de drogas. El operativo incluyó la captura de diez personas, entre ellas Andrea Alejandra Santamaría, Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo Ávila y Elmer Nelson Peñate. Además de drogas como metanfetaminas, cocaína, marihuana y tusi, las autoridades incautaron 108 cajas de medicamentos controlados, más de USD 20,000 en efectivo, vehículos y dispositivos electrónicos.

Las operaciones recientes forman parte de una estrategia sostenida de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para combatir el narcomenudeo y el tráfico internacional de drogas. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a otros posibles implicados y consolidar las acciones judiciales en los tribunales del país.

Una cabeza humana con un mensaje amenazante fue abandonada la tarde de ayer bajo el puente que conecta la carretera libre México 15 con la autopista de cuota Mazatlán-Tepic, en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa, Sinaloa. El hallazgo fue reportado a las 19:18 horas en el kilómetro 164+400 por transeúntes que alertaron a las autoridades, quienes confirmaron que los restos corresponden aparentemente a un hombre cuya identidad no fue revelada de forma oficial.

El descubrimiento ocurrió horas después de que, en la madrugada del mismo viernes, la comerciante María Azucena, de 50 años, fue asesinada a balazos dentro de su negocio de comida en la misma comunidad de Tecualilla. Las autoridades investigan si ambos hechos guardan relación entre sí.

De acuerdo con los primeros reportes, la cabeza humana fue localizada debajo del puente vehicular en el punto exacto donde confluyen la carretera libre México 15 y la autopista de cuota. A un costado de los restos, los elementos de seguridad encontraron una cartulina con un texto de contenido intimidatorio, cuyo contenido exacto no fue dado a conocer por las autoridades como parte de la estrategia de investigación.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Guardia Nacional, quienes corroboraron el hallazgo y acordonaron el perímetro de inmediato. La zona permaneció resguardada hasta el arribo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado abre la investigación

Los peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena del crimen y recabaron los indicios disponibles. Posteriormente, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicaron los estudios correspondientes para determinar la identidad de la víctima.

Los agentes de investigación iniciaron las primeras indagatorias con el propósito de establecer la identidad del fallecido y las circunstancias del hecho. Una de las líneas de trabajo consistió en localizar el resto del cuerpo, cuyo paradero se desconocía al cierre de los reportes iniciales.

El medio El Sol de Sinaloa informó que la víctima podría ser un hombre identificado como Julio N., de 50 años, quien fue reportado como desaparecido durante esa semana. Las autoridades no confirmaron ni descartaron oficialmente esta versión.

El doble hallazgo en Tecualilla el 31 de julio de 2026

La jornada del viernes 31 de julio dejó dos escenas del crimen en la misma comunidad de Tecualilla, en el sur de Escuinapa. El primero ocurrió alrededor de las 5:30 horas, cuando clientes de una “cachimba” —puesto de comida sobre carretera— encontraron sin vida a María Azucena dentro de su establecimiento, ubicado a un costado de la autopista Mazatlán-Tepic.

La comerciante presentaba impactos de bala y fue atendida en el lugar por elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron su deceso. El segundo hallazgo, el de la cabeza humana, se registró más de 13 horas después en el mismo corredor vial.

Las autoridades no confirmaron un vínculo entre ambos casos al cierre de las primeras informaciones. No obstante, la coincidencia geográfica y temporal colocó a Tecualilla en el centro de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Sin detenidos ni identidad confirmada

Al cierre de los reportes del viernes, las corporaciones de seguridad no habían informado sobre personas detenidas en relación con el abandono de la cabeza humana. La identidad oficial de la víctima tampoco fue divulgada, en espera de los resultados del Semefo.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables. El mensaje escrito en la cartulina también forma parte del expediente ministerial, aunque su contenido se mantiene bajo reserva.

Los hechos del 31 de julio en Tecualilla se suman a una serie de episodios de violencia registrados en el sur de Sinaloa durante las últimas semanas. El municipio de Escuinapa ha concentrado varios operativos de las fuerzas de seguridad en respuesta al incremento de incidentes en la zona.

Según informó este viernes la DNCD a través de su Dirección de Comunicaciones, estas acciones forman parte de una estrategia de ampliación de labores de inteligencia operativa contra el tráfico de drogas en terminales aeroportuarias clave de la isla.

Durante tareas de supervisión y control en uno de los depósitos de la terminal aérea, una unidad canina de la DNCD alertó sobre la presencia de sustancias controladas en el interior de varias cajas. Por instrucciones del fiscal, se aplicó el protocolo de actuación para realizar una inspección más rigurosa, localizando en una de las cajas de cartón ocho paquetes de marihuana, los cuales estaban empacados en fundas al vacío de color negro y transparente y tenían un peso preliminar de nueve libras (aproximadamente 4.08 kilogramos).

La DNCD detalló que, según las primeras investigaciones, la caja con los paquetes de droga fue enviada presuntamente por un hombre con residencia en Ridgley Drive, Los Ángeles, Estados Unidos, y estaba destinada a una persona identificada como residente en la calle Salomé Ureña, en Boca Chica.

Marihuana oculta en latas de mantequilla de maní

En una segunda intervención, como parte del reforzamiento de las labores de inspección, los agentes localizaron otra caja con cinco latas que simulaban contener mantequilla de maní en polvo, pero en realidad estaban llenas de marihuana.

Esta modalidad, según la DNCD, representa un intento más sofisticado de burlar los controles de seguridad, aprovechando el camuflaje de productos de consumo común para el tráfico internacional de drogas. El manifiesto de envío indicaba que la caja se encontraba en tránsito por el país y que su destinatario sería un hombre con residencia en Northwest, Florida, Estados Unidos.

De igual forma, las autoridades han iniciado una investigación sobre ambos casos para determinar con precisión las responsabilidades penales y la posible conexión entre los remitentes y destinatarios. La DNCD enfatizó que continúa redoblando su capacidad operativa y de inteligencia para enfrentar a las redes criminales, las cuales recurren a métodos cada vez más elaborados de camuflaje y transporte de sustancias ilícitas.

“La detección y decomiso de estos envíos es resultado directo de la ampliación de nuestras labores de inteligencia y del trabajo coordinado entre las distintas agencias de seguridad nacionales e internacionales”, señaló la DNCD en su comunicado oficial. La institución recordó que su misión principal consiste en atacar y perseguir el narcotráfico en todos sus niveles, así como fortalecer los controles en puntos estratégicos como aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

La DNCD reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración interinstitucional para frenar el tráfico de drogas, agradeciendo la cooperación de agencias extranjeras y la participación activa del Ministerio Público en cada una de las etapas del proceso.

Un operativo coordinado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 446 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna que partió desde la ciudad de Salta, con dos personas detenidas y un tercer sospechoso prófugo. La investigación, que se extendió durante varios meses, logró reconstruir el recorrido del cargamento y desmantelar parte de una organización dedicada al tráfico de grandes volúmenes de drogas.

El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia y vigilancia sobre un galpón ubicado en el oeste de Salta, en las inmediaciones de la Circunvalación Oeste, punto que se identificó como centro de operaciones de la banda. El 27 de julio, los investigadores observaron la llegada de una Toyota Hilux conducida por el presunto jefe del grupo, quien permanece prófugo. Media hora después, el camión cisterna abandonó el depósito y tomó la ruta provincial 58, pasando por el peaje y continuando hacia Las Lajitas, Pichanal y luego Santiago del Estero.

Según la reconstrucción, los agentes de Gendarmería Nacional mantuvieron una distancia prudente para no alertar a los sospechosos. Por momentos perdieron de vista el vehículo, que fue localizado nuevamente antes de llegar a Monte Quemado. En este punto, el camión fue sometido a una inspección física por orden judicial, aunque no se hallaron pruebas del cargamento debido a la sofisticación del compartimiento oculto. El conductor mostró señales de nerviosismo y no pudo explicar con claridad el motivo del viaje, lo que despertó sospechas.

La información fue confirmada en una segunda inspección en Tintina, donde se empleó un escáner móvil y perros detectores de narcóticos. Las imágenes obtenidas y la marcación realizada por uno de los canes llevaron a enfocar la atención en la parte trasera del camión. El vehículo fue trasladado al puesto de la Dirección General de Aduanas en La Banda, donde personal especializado utilizó herramientas para abrir un doble fondo con cierre hidráulico. En el interior se hallaron once bolsas con 420 paquetes de cocaína.

Detuvieron a dos conductores

Tras el hallazgo, el conductor del camión, identificado como R.J.G., quedó detenido y se incautó su teléfono móvil. En paralelo, los investigadores localizaron al presunto líder de la banda en una vivienda de Salvador Mazza. Al irrumpir en el domicilio, la pareja del sospechoso arrojó un paquete de 65 mil dólares hacia la propiedad de un vecino y varios teléfonos celulares, elementos que fueron decomisados y serán peritados. El prófugo logró escapar antes de ser capturado y actualmente pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional.

La investigación penal fue formalizada ante el juez federal de garantías N° 1, Julio Bavio, quien hizo lugar al pedido de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier. Ambos solicitaron la prisión preventiva de los dos detenidos por un plazo de seis meses, argumentando gravedad del hecho, la cantidad de droga secuestrada y el riesgo de fuga. El magistrado declaró la legalidad de las detenciones y autorizó el análisis de más de veinte teléfonos celulares incautados durante los procedimientos.

Según la hipótesis de la PROCUNAR, la organización criminal tiene antecedentes en el tráfico de grandes volúmenes de cocaína, con operaciones anteriores detectadas en julio de 2023, cuando se incautaron 400 kilos en un procedimiento similar. Las tareas de inteligencia incluyeron vigilancia, seguimiento y la intervención de comunicaciones telefónicas, lo que permitió identificar la estructura y los puntos logísticos del grupo.

La droga secuestrada tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y existen elementos que indican que la banda ya había efectuado otros traslados importantes, uno de ellos registrado en febrero de este año. La sofisticación del sistema de ocultamiento del camión cisterna dificultó la detección inicial y permitió burlar controles de rutina.

El operativo representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región en los últimos años. Los organismos continúan con la investigación y la búsqueda del tercer sospechoso, mientras avanzan los peritajes sobre la evidencia secuestrada y el análisis de los dispositivos electrónicos. Las autoridades resaltaron la complejidad de la organización y la necesidad de profundizar en la identificación de otros posibles integrantes.

La Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó el 20 de julio de 2026 la aprehensión de 13 personas ligadas a La Mafia Filipina, una estructura que, según reconstruyó la investigación, enviaba cocaína desde puertos panameños hacia Europa y ocultaba sus ganancias con empresas, bienes de lujo y presuntos testaferros tras más de cuatro años de seguimiento.

Al menos cinco de los requeridos ya fueron capturados, mientras la fiscalía sostiene que la red podría tener más integrantes. Según Diario La Prensa, el caso forma parte de la Operación Corsario y apunta a una organización con ramificaciones dentro y fuera de Panamá.

La investigación describe un esquema centrado en la contaminación de contenedores marítimos para el tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público concluyó, tras actas de vigilancia, interceptaciones y auditorías financieras realizadas entre 2022 y 2026, que había elementos suficientes para avanzar contra los principales implicados.

La red usaba puertos del Pacífico, casas caletas y mensajería encriptada

Las pesquisas comenzaron el 16 de mayo de 2022, cuando un agente de la Policía Nacional recibió información sobre una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en puertos del Pacífico. A partir de esa alerta se iniciaron seguimientos, vigilancias e interceptaciones.

Sebastián Enrique Díaz Ángelo, conocido como “Toti” o “Sebas”, fue identificado como el principal líder de la organización. El presunto cabecilla, cuya captura también fue solicitada por la fiscalía, todavía no ha sido detenido.

De acuerdo con la investigación, su experiencia como extrabajador portuario le permitió conocer los procedimientos internos y las vulnerabilidades de las terminales. Esa información, según el expediente, habría sido usada para facilitar la contaminación de contenedores con cocaína.

La estructura mantenía una organización jerárquica con funciones específicas. Entre sus miembros había presuntos coordinadores encargados de trasladar grandes cantidades de cocaína desde distintos sectores de la capital hasta las terminales portuarias del Pacífico.

La droga era movilizada en vehículos con doble fondo, luego ocultada en “casas caletas” y después llevada a los puertos por trabajadores que, según la fiscalía, colaboraban con la organización. Los principales destinos eran países europeos, en especial España, aunque también se documentaron coordinaciones para envíos a Centroamérica y Norteamérica.

Para reducir el riesgo de detección, los integrantes evitaban las llamadas telefónicas convencionales. En su lugar, utilizaban plataformas de mensajería encriptada para coordinar los movimientos de la droga y la comunicación entre los distintos niveles del grupo.

Uno de los golpes más relevantes de la investigación ocurrió el 1 de junio de 2023, cuando las autoridades decomisaron 46 paquetes de cocaína ocultos en una residencia de Betania. La dimensión internacional volvió a aparecer el 21 de agosto de 2023, cuando autoridades españolas incautaron 185 paquetes en el puerto de Valencia y la pesquisa panameña vinculó ese cargamento con la misma logística criminal.

La fiscalía investiga un esquema de lavado con boutiques y sociedades

La causa no se limita al tráfico de drogas. La fiscalía sostiene que la organización tenía un brazo dedicado al blanqueo de capitales mediante presuntos testaferros usados para adquirir bienes inmuebles, vehículos y apartamentos de lujo.

Una de las personas requeridas que decidió entregarse esta semana fue Italys Suira Talavera, señalada como presunta hijastra de Díaz Ángelo. Su madre, Norma Talavera, también figura entre las personas buscadas y, citado por Diario La Prensa, el expediente indica que mantenía una relación sentimental con quien las autoridades identifican como el presunto jefe de la red.

La fiscalía sostiene que madre e hija habrían actuado como testaferras de la organización. Según la investigación, ambas aparecían al frente de empresas y otros negocios que presuntamente servían para ocultar el origen de los fondos.

Una búsqueda en el Registro Público muestra que las dos están vinculadas a la sociedad Dream Society Panama, S.A., razón social de The House by La Sucursal, una boutique ubicada en la avenida Balboa. En esa empresa también figura como tesorera la influencer Jackeline Guzmán.

Suira Talavera aparece como presidenta y representante legal de la sociedad, mientras su madre figura como secretaria. Suira también aparece como propietaria de otro establecimiento comercial, Velvet Boutique.

La publicación añadió que la investigada mantiene una relación con el hijo del exdirector de Pandeportes Héctor Brands, quien permanece detenido por otra causa penal relacionada con enriquecimiento injustificado.

En un operativo realizado en el municipio de Colón, departamento de La Libertad Oeste, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó este viernes por medio de redes sociales que ejecutó el allanamiento de dos viviendas y la captura de dos presuntos distribuidores de droga.

De acuerdo con la información oficial, las diligencias se desarrollaron en las urbanizaciones Campos Verdes y Villa Lourdes, donde los inmuebles habrían sido utilizados para almacenar y comercializar sustancias ilícitas.

La FGR identificó a los detenidos como Josué Alexander A. y Nelson Alfredo P., quienes serán remitidos a los tribunales correspondientes por el delito de tráfico ilícito. Según el reporte institucional, las investigaciones establecieron que ambos sujetos operaban en la zona y utilizaban los domicilios como centros de acopio y distribución de droga.

Durante el procedimiento, la PNC y la FGR incautaron diversas porciones de droga, cinco teléfonos celulares, una tableta, una computadora portátil y dinero en efectivo. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades para su incorporación al proceso judicial.

La fiscalía señaló que los dispositivos electrónicos serán sometidos a análisis para obtener más pruebas relacionadas con la red investigada.

Autoridades refuerzan acciones contra el tráfico ilícito

La Fiscalía General de la República destacó que “el trabajo articulado entre las instituciones de seguridad pública permite desarticular estructuras que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en el territorio”. Por su parte, la Policía Nacional Civil confirmó que los acusados permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso penal y se formalizan los cargos.

El operativo se encuadra en el marco de una estrategia nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas y desmantelar organizaciones criminales en diferentes municipios del país.

Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan garantizar mayor seguridad a la población y fortalecer el sistema de justicia con resultados concretos en la persecución del delito.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que existen indicios de la posible participación de más personas en la estructura delictiva que operaba en Campos Verdes y Villa Lourdes.

La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a identificar otros puntos de distribución de droga en el departamento de La Libertad Oeste.

“Las investigaciones determinaron que los capturados almacenaban y comercializaban droga en dos inmuebles ubicados en las urbanizaciones Campos Verdes y Villa Lourdes”, indicó la fiscalía.

Ambos capturados serán presentados ante los tribunales especializados en materia de narcotráfico, donde la FGR solicitará la imposición de medidas de detención provisional mientras se desarrolla la investigación judicial.

La operación en Colón forma parte de una serie de procedimientos coordinados por la Fiscalía y la Policía Nacional Civil para reducir el impacto de las redes de comercialización de estupefacientes en el país. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas como una de las prioridades en la agenda de seguridad pública, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y proteger a los habitantes de La Libertad Oeste y áreas aledañas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, borró en dos rondas separadas —el 28 de mayo y el 27 de julio de 2026— los nombres de al menos una docena de narcotraficantes mexicanos fallecidos de su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como Lista SDN.

Esta restringe el acceso de personas físicas y morales al sistema financiero estadounidense. Su actualización periódica busca garantizar que las sanciones funcionen como un instrumento selectivo y eficaz, no como un archivo histórico de nombres sin efecto práctico.

Scott Bessent, titular del Tesoro, sostuvo que “el éxito de estas medidas se mide por su impacto, no por la cantidad de nombres incluidos en las listas”. La estrategia apunta a concentrar los recursos institucionales en amenazas complejas y de alto riesgo que siguen activas.

La primera ronda de eliminaciones, del 28 de mayo, alcanzó a 76 entidades con designaciones consideradas obsoletas, según informó Noroeste. De ese total, cinco correspondían a narcotraficantes mexicanos ya fallecidos.

Los cinco narcotraficantes removidos en mayo de 2026

El primero de los cinco fue Ignacio Coronel Villareal, “Nacho Coronel”, considerado uno de los máximos jefes del Cártel de Sinaloa y apodado “El rey del cristal” por su control sobre laboratorios clandestinos de metanfetamina. La Secretaría de la Defensa Nacional lo abatió el 29 de julio de 2010 en un operativo en Guadalajara, Jalisco.

El segundo fue Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, líder de Los Zetas, quien cayó el 7 de octubre de 2012 tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Progreso, Coahuila.

Sigifredo Nájera Talamantes, “El Canicón”, operador zeta en Nuevo León, fue detenido el 20 de marzo de 2009 en Saltillo, Coahuila. Murió seis años después en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, a consecuencia de un paro cardíaco.

Gonzalo Inzunza Inzunza, “El Machoprieto”, operador del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país, fue abatido en diciembre de 2014 durante un enfrentamiento con elementos de la Semar en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora.

El quinto caso fue el de Eliseo Imperial Castro, “El Cheyo Ántrax”, cofundador del brazo armado de Los Ántrax. Recibió al menos 40 disparos en mayo de 2024 cuando circulaba a bordo de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. El fiscal estadounidense Breon Peace reveló que Ismael “El Mayo” Zambada habría ordenado su muerte al enterarse de que Imperial Castro cobraba deudas a su nombre para beneficio propio.

Los narcotraficantes del Cártel de Tijuana y Los Caballeros Templarios removidos en julio

La segunda ronda, del 27 de julio, incluyó a figuras de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Milenio. Entre los removidos figuraron Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”, fundador y líder espiritual de Los Caballeros Templarios, y Enrique Plancarte Solís, “Kike Plancarte”, operador financiero de esa misma organización en Michoacán.

Moreno González murió el 9 de marzo de 2014 durante un operativo conjunto del Ejército y la Semar en Tumbiscatío, Michoacán. Plancarte Solís fue abatido apenas tres semanas después, el 30 de marzo de 2014, en el municipio de Colón, Querétaro, al resistirse a su detención.

Ramón Eduardo Arellano Félix, “El Colores”, uno de los miembros más violentos del Cártel de Tijuana, también fue retirado de la lista. Murió el 10 de febrero de 2002 en un tiroteo con agentes policiales durante el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, mientras portaba una identificación falsa con la que se hacía pasar por agente de la Procuraduría General de la República.

El Chino Ántrax, Nacho Páez y los fundadores de Los Zetas

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”, controló el brazo armado conocido como Los Ántrax bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en Países Bajos en diciembre de 2013, obtuvo arresto domiciliario, se fugó en 2020 y su cuerpo apareció el 15 de mayo de ese año en Culiacán junto con el de su hermana y su cuñado.

Ramón Ignacio Páez Soto, “Nacho Páez”, fue jefe de plaza y operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán en municipios de Sonora entre 2002 y 2009. Un juez federal lo sentenció en enero de 2016 a 20 años de prisión, y en diciembre de 2020 circularon reportes sobre su presunto asesinato en Caborca, Sonora, aunque ninguna institución los ratificó oficialmente.

Samuel Flores Borrego y los fundadores de Los Zetas en Tamaulipas

La segunda ronda también eliminó a Samuel Flores Borrego, “Metro 3”, jefe de plaza del Cártel del Golfo en Reynosa. Su cuerpo apareció el 2 de septiembre de 2011 en la carretera Reynosa-Monterrey junto con el de un Policía Ministerial, con disparos de arma de fuego en lo que las fuerzas militares describieron como un ajuste de cuentas interno.

Galindo Mellado Cruz, “Z-9”, y Rogelio González Pizaña, “Z-2”, dos miembros fundadores de Los Zetas, completaron la lista de removidos en julio. La muerte del primero fue confirmada por autoridades federales en mayo de 2014, mientras que los rumores sobre el fallecimiento del segundo, surgidos a finales de 2015, no fueron ratificados por ninguna institución.

La consultora británica AML Analytics, especializada en soluciones financieras, ha documentado que los nombres de personas fallecidas suelen permanecer en listas de sanciones internacionales para evitar que terceros los utilicen de forma fraudulenta. La depuración de la OFAC marca un cambio de criterio: priorizar la efectividad operativa sobre el volumen de registros.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo este viernes a dos presuntos líderes del Cártel de Tláhuac, identificados como Mario Alberto “N”, alías “El Minimí”, de 48 años; y José Israel “N”, “El Pitufo”, de 38 años. El operativo se ejecutó mediante tres órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac y arrojó el decomiso de más de 300 dosis de droga y un arma de fuego corta.

Los dos detenidos presuntamente encabezaban una célula dedicada al narcomenudeo, la extorsión a comerciantes y locatarios, y la invasión y despojo de predios en distintas zonas de esa alcaldía. Las autoridades actuaron tras trabajos de investigación de gabinete y campo orientados a desarticular grupos delictivos generadores de violencia en la demarcación.

El despliegue contó con la participación de policías de la SSC, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y efectivos de la Guardia Nacional. Las fuerzas de seguridad ubicaron tres inmuebles donde, según las indagatorias, se almacenaban y comercializaban narcóticos.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, los agentes las entregaron al Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo del Juez de Control los mandamientos judiciales para intervenir en los domicilios identificados. Los cateos permitieron la captura de los presuntos líderes y el aseguramiento de la droga y el arma incautadas.

El primer cateo se ejecutó en un predio de la calle Janufa, en la colonia Miguel Hidalgo. Ahí los policías detuvieron a José Israel “El Pitufo” y aseguraron 95 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 100 dosis de aparente metanfetamina, 100 bolsitas con una hierba con las características de la marihuana y un teléfono celular.

La segunda intervención se realizó en un domicilio de la calle Bohemia, también en la colonia Miguel Hidalgo. En ese inmueble los agentes decomisaron 60 envoltorios de papel azul con posible cocaína y tres kilogramos de una hierba verde parecida a la marihuana, sin que se produjera ninguna detención.

El tercer cateo tuvo lugar en la calle Noche Buena, donde los uniformados detuvieron a Mario Alberto “El Minimí”. En ese predio aseguraron 4 kilos de una sustancia color blanco similar a la cocaína en piedra, 875 gramos en polvo del mismo tipo de droga, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Al concluir los tres cateos, los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial. Los dos detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará las investigaciones y definirá la situación jurídica de ambos hombres.

Los antecedentes penales del “Pitufo” y el perfil de la célula

Las autoridades señalaron que José Israel “El Pitufo”, el detenido de 38 años, registra tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. El primero corresponde al delito de cohecho en 2008, y los otros dos, a robo en pandilla en 2011 y 2013.

El cruce de información realizado tras las detenciones reveló que ambos hombres presuntamente integran una célula delictiva que opera en distintas zonas de la alcaldía Tláhuac. Esa estructura se dedica a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y la invasión y despojo de predios.

El alcalde de Tláhuac, Pablo Vázquez Camacho, agradeció públicamente el respaldo de la FGJ y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. El funcionario calificó el resultado como parte de las acciones sostenidas para “construir una ciudad más segura, justa y en paz”.

La SSC y la FGJ subrayaron que las acciones se realizaron en apego a los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a los derechos humanos. Ambas instituciones reiteraron su compromiso de coordinación con el Gobierno Federal para combatir los delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

Presunción de inocencia y continuidad del proceso penal

Las autoridades precisaron que Mario Alberto “El Minimí” y José Israel “El Pitufo” gozan de la presunción de inocencia en todas las etapas del procedimiento. Su responsabilidad penal solo podrá determinarse mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Ministerio Público tiene ahora en sus manos la continuidad de las investigaciones sobre la célula del Cártel de Tláhuac. La definición de los cargos formales dependerá del análisis de la droga asegurada, el arma decomisada y la información contenida en los dos teléfonos celulares incautados.

La detención del “Minimí” y el “Pitufo” se suma a una serie de golpes recientes contra el Cártel de Tláhuac, organización que también enfrenta la presión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de la capital. La SSC no precisó si los operativos futuros apuntarán a otros integrantes de la misma célula.

La Policía Nacional de Panamá, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, concretó la extradición desde Madrid, España, de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir (pandillerismo).

Con este traslado, las autoridades completan la segunda extradición internacional realizada durante esta semana, luego del retorno desde Colombia de otro presunto integrante de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Según informó la Policía Nacional, Valencia Escobar figura entre los principales requeridos dentro de la Operación Antipandillas Combate, desarrollada el 22 de mayo de 2026, como parte de la ofensiva dirigida a desarticular organizaciones criminales que operan en el país.

Las investigaciones lo identifican como presunto cabecilla de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, una estructura con influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, al este de la capital panameña.

Su captura se produjo el 27 de mayo en la Plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid, gracias a una alerta internacional emitida por Interpol Panamá y ejecutada por la Policía Nacional de España.

Desde entonces permanecía detenido mientras avanzaba el proceso judicial de extradición solicitado por Panamá, trámite que concluyó con su entrega a las autoridades panameñas para enfrentar las investigaciones abiertas en su contra.

Alias “El Abogado” era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante la Operación Combate, realizada pocos días antes de su captura en España, fueron aprehendidas siete personas, entre ellas alias “Rungito”, señalado también como uno de los supuestos líderes de la organización.

Las investigaciones sostienen que la pandilla Bagdad-Santa Eduviges mantenía control territorial sobre ese sector de Panamá Este y presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico de drogas, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas acusaciones forman parte de procesos penales en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.

La extradición también revive los antecedentes internacionales de la organización. En 2023, las autoridades españolas capturaron en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a otro presunto líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado por los organismos de seguridad como una de las organizaciones criminales panameñas con mayor proyección internacional.

Esa investigación se desarrolló a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre presuntas operaciones de tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales mediante lingotes de oro y conversión de recursos ilícitos en criptomonedas.

La llegada de Valencia Escobar ocurre apenas dos días después de que Panamá concretara otra importante extradición internacional. El pasado martes fue trasladado desde Colombia Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, quien permanecía prófugo desde 2023 y fue capturado en Medellín en mayo de 2025 gracias a una operación coordinada entre la Dijín colombiana, Interpol y las autoridades panameñas.

Alias “Gordo Pibe” es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con drogas y señalado como uno de los supuestos operadores de la pandilla Kill the Nasty, considerada por las autoridades como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23.

Las investigaciones también mencionan presuntos vínculos con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, aunque esos señalamientos continúan dentro de procesos judiciales y no representan una condena.

Con ambas extradiciones, las autoridades panameñas destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional para localizar y trasladar al país a personas requeridas por la justicia. En los dos casos fue determinante la coordinación entre Interpol Panamá y los organismos de seguridad de España y Colombia, que permitieron ubicar a los investigados fuera del territorio nacional y completar los procedimientos judiciales necesarios para su entrega.

En un operativo antidrogas realizado en Esmeraldas, una mujer disparó contra el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, cuando intentó ingresar a su domicilio junto con un equipo policial y funcionarios de la Fiscalía. El funcionario se encuentra en perfectas condiciones.

La intervención formó parte de un operativo nacional contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de combustible, desplegado simultáneamente en Esmeraldas, Manabí y Tungurahua, que culminó con la detención de 10 personas, incluida la presunta cabecilla identificada como Patricia Espinoza, alias “Lili”.

La intervención en Esmeraldas se produjo durante el ingreso al domicilio de la sospechosa, cuando, según el propio ministro, la mujer salió armada y efectuó varios disparos al percatarse de la presencia oficial.

En su declaración ante los medios y en un video difundido en redes sociales, Reimberg encaró a la detenida y le preguntó directamente: “¡Doña Lili! Así que me recibe a bala”. La mujer respondió: “Es que como hay muchos ladrones, yo pensé...”. El ministro la interrumpió para consultarle si tenía permiso para portar el arma, a lo que la mujer contestó: “No, eso no es mío”. Reimberg insistió: “Eso no era suyo, pero usted lo disparó...”.

Espinoza reiteró que su reacción se debió a los gritos de sus hijos: “Es que yo se lo juro que mis hijos gritaban y yo pensaba que era de esa gente”. Finalmente, el ministro le advirtió: “Solamente por el arma tiene tres años de prisión, solo por el arma... más allá de la serie de denuncias que usted tiene”. La mujer mostró sorpresa ante la acusación: “¿Qué yo tengo?”.

El ministro detalló que durante la intervención ningún uniformado resultó herido. Además, explicó que la estructura delictiva operaba en Esmeraldas, Atacames, Muisne, Manta y Ambato, y abastecía de combustible a embarcaciones destinadas al tráfico internacional de droga.

Además, confirmó que las investigaciones siguen abiertas, con el objetivo de establecer el alcance de la red y posibles vínculos con otros grupos criminales.

La operación, fruto de una investigación de 17 meses, permitió capturar a los principales miembros de una organización dedicada al acopio y envío de drogas desde las costas de Esmeraldas y Manabí, así como al abastecimiento de combustible, la logística y la seguridad de las operaciones.

Entre los capturados se encontraron los hermanos Byron y Anthony Espinoza, quienes, según las autoridades, coordinaban la logística del grupo. También se detuvo a un agente de policía acusado de colaborar con la red.

“El que traiciona el uniforme, traiciona al país, y este mal policía tendrá el castigo que merece”, destacó Reimberg.

Por otro lado, el presidente Daniel Noboa, al referirse al avance de las investigaciones y a los recientes operativos, sostuvo: “Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos criminales”. El mandatario explicó que la estrategia de seguridad del Gobierno apunta a desarticular estructuras que combinan delitos como narcotráfico, tráfico de combustibles y corrupción institucional.

Noboa señaló que el compromiso de su administración consiste en enfrentar a las redes que han infiltrado diferentes niveles del Estado.

El operativo del viernes en Esmeraldas, Manabí y Tungurahua representó uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en los últimos meses. Reimberg enfatizó la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, y reiteró que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada continuará en todo el país.

(Con información de Europa Press)

Casi 20 años después de que la expresión “coopelas o cuello” se convirtiera en parte del imaginario político y popular de México, Zhenli Ye Gon recibió una sentencia de 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un fallo que representa la primera condena obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra desde que fue recluido en 2019.

La resolución fue emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, quien además impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó beneficios para sustituir la pena de prisión y ordenó la suspensión de los derechos políticos y civiles del empresario mexicano de origen chino.

La FGR informó que la sentencia deriva de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2008, relacionada con el presunto lavado de 33 millones 61 mil dólares enviados a paraísos fiscales mediante operaciones realizadas a través de una casa de cambio.

El origen de la frase “coopelas o cuello”

Aunque el expediente judicial de Zhenli Ye Gon incluye acusaciones de lavado de dinero, narcotráfico y operaciones financieras irregulares, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por una frase pronunciada en 2007.

Ese año, tras el histórico aseguramiento de más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia de Lomas de Chapultepec, el empresario aseguró públicamente que el dinero no le pertenecía y acusó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de haberlo obligado a resguardarlo.

Según su versión, el funcionario le habría lanzado la advertencia: “cooperas o cuello”, es decir, colaborar o enfrentar consecuencias fatales.

Sin embargo, debido al acento de Ye Gon al hablar español, la expresión fue pronunciada como “coopelas o cuello”, frase que rápidamente fue retomada por medios de comunicación, programas de comedia y usuarios de internet, convirtiéndose en uno de los dichos más recordados de la vida política mexicana.

Javier Lozano rechazó de inmediato la acusación y calificó los señalamientos de “ridículos”. Las autoridades nunca acreditaron la versión del empresario sobre el supuesto origen del dinero.

Un caso que marcó la historia judicial de México

El nombre de Zhenli Ye Gon saltó a la escena internacional en marzo de 2007, cuando el Gobierno federal realizó la llamada “Operación Dragón”, durante la cual fueron asegurados 205 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos en efectivo, además de armas de uso exclusivo del Ejército, en una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

Las autoridades lo identificaban entonces como uno de los principales importadores de precursores químicos presuntamente utilizados para la elaboración de metanfetaminas por organizaciones criminales.

Meses después fue detenido en Rockville, Maryland, por agentes de la DEA. Aunque en 2009 fue exonerado en Estados Unidos de los cargos relacionados con distribución de metanfetaminas, permaneció durante más de nueve años litigando para evitar su extradición a México.

Finalmente, tras el rechazo de sus últimos recursos legales por parte de la Suprema Corte estadounidense, fue extraditado en octubre de 2016.

Condena por lavado y procesos aún pendientes

De acuerdo con la FGR, las investigaciones demostraron que, como representante legal de Constructora Inmobiliaria Federal, Ye Gon realizó transferencias por más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales con el objetivo de ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de productos químicos.

Las autoridades también señalaron que parte del dinero fue canalizado a empresas vinculadas con la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.

Desde febrero de 2019 permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además de la condena recién dictada, la FGR precisó que el empresario aún enfrenta otros procesos penales, por lo que su situación jurídica todavía no está completamente resuelta.

Con esta sentencia, uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas vuelve a ocupar titulares, al tiempo que revive una expresión que trascendió los tribunales y pasó a formar parte del lenguaje popular: “coopelas o cuello”, una frase nacida de una acusación que nunca fue comprobada, pero que quedó inmortalizada en la historia política y judicial de México.

El 21 de julio, la policía liberiana allanó un bungalow en Duazon, una localidad situada entre Monrovia, la capital, y su aeropuerto. En su interior encontraron a dos hombres y cientos de paquetes de polvo blanco apilados hasta el techo. Arrestaron a los hombres, un serbio y un hispano-colombiano, y confiscaron los paquetes. Tras dos días de recuento y análisis, anunciaron la incautación de casi cuatro toneladas de cocaína de alta pureza, con un valor en la calle de alrededor de 317 millones de dólares (el valor al por mayor en Europa es inferior, entre 50 y 60 millones de euros, o entre 57 y 68 millones de dólares).

Ni siquiera fue la mayor incautación de cocaína en África este año. En mayo, un barco con bandera de las Islas Comoras fue interceptado frente a la costa del Sáhara Occidental con casi 31 toneladas de droga, más que las 30 incautadas en África Occidental en todo 2025. Entre 2019 y 2025, el volumen de cocaína incautada en la región aumentó un 50% cada año. El tamaño de los cargamentos incautados también ha aumentado: en 2025, el peso promedio de los cargamentos en las rutas desde la región fue de 5,6 toneladas, en comparación con las 2,4 de 2024. En pocos años, África Occidental se ha convertido en uno de los principales centros de envío de cocaína a Europa.

La región ha sido durante mucho tiempo un punto estratégico, situado a medio camino entre Sudamérica, donde se produce la mayor parte de la cocaína, y Europa, donde se consume gran parte de ella. La corrupción y la deficiente vigilancia policial también han contribuido a ello. Jos Leijdekkers, ciudadano neerlandés y uno de los narcotraficantes más buscados de Europa, que debería estar cumpliendo una condena de 24 años en una prisión neerlandesa, dirige presuntamente una extensa red de narcotráfico desde Sierra Leona. Los Países Bajos han solicitado su extradición, sin éxito. En los últimos años, el auge de la producción de cocaína, el aumento de la vigilancia policial en Europa sobre los cargamentos procedentes de Sudamérica y las innovaciones tecnológicas de los narcotraficantes han incrementado tanto la cantidad de cocaína que transita por la región como el número de países implicados en el tráfico.

Los traficantes ahora transportan cocaína a granel desde Sudamérica hasta África occidental, donde los controles portuarios son relativamente débiles. Allí, los cargamentos se reempaquetan y se cargan en grandes buques nodriza, antes de ser trasladados a lanchas rápidas más pequeñas, conocidas como “go-fasts”, que merodean por el norte de África y las Islas Canarias o en alta mar. Estas lanchas son demasiado rápidas para que la mayoría de las armadas puedan interceptarlas con seguridad. Evitan los puertos europeos y se dirigen a playas y muelles improvisados. Si bien el creciente número de detenciones exitosas de narcotráfico sugiere que las autoridades han mejorado en la interceptación del tráfico, gran parte aún escapa a la vigilancia. El Centro de Análisis e Información Marítima (Estupefacientes) de la UE (MAOC-N), un organismo de control, estima que más de 100 toneladas de cocaína llegaron con éxito desde África occidental a clientes europeos el año pasado.

La región se ha vuelto particularmente atractiva como centro de operaciones debido a que los países europeos han intensificado la represión contra las importaciones directas procedentes de países como Brasil, Guyana y Surinam, afirma Paulo Silva de MAOC-N. “Esto crea dos puntos de partida, lo que nos dificulta mucho las cosas en Europa", explica. "Es imposible controlar todo lo que viene de África Occidental". Para los narcotraficantes, esta ruta presenta un “menor riesgo de interrupción e incautación, lo que en general la hace más barata”, señala Lucia Bird de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una ONG.

La expansión del comercio legal en la región también beneficia al comercio ilegal. Los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres manejan más carga que antes, por lo que los buques más grandes que transportan más droga son más fáciles de camuflar. Un exjefe de la Agencia Antidrogas de Liberia cree que la mayor parte de la cocaína ingresa al país por carretera desde Sierra Leona, etiquetada como alimento congelado. Los cabecillas, desde los Balcanes hasta Brasil, pueden monitorear en tiempo real cuándo se cargan los contenedores en el puerto o se transfieren por mar. La policía que participó en la redada en Duazon encontró un enrutador Starlink, un traje de buceo y rastreadores GPS impermeables que sospechan que se usaban para mantener informados a los jefes de los narcotraficantes.

En comparación con décadas anteriores, cuando el narcotráfico se concentraba en un puñado de estados débiles como Gambia, Guinea-Bissau y Sierra Leona, ahora se extiende cada vez más a otros países, en parte gracias al Sr. Leijdekkers. Su presencia en Sierra Leona implica que los envíos procedentes de allí ahora son objeto de un mayor escrutinio por parte de las autoridades europeas, lo que ha impulsado la diversificación hacia Ghana, Costa de Marfil y Liberia. Un cargamento de 238 kg de cocaína (con un valor en la calle de 19,2 millones de dólares) incautado en el aeropuerto de Monrovia en junio se ha vinculado al narcotraficante neerlandés. Las autoridades de Ghana y los Países Bajos afirman que un cargamento de 4,5 toneladas procedente de Ghana, incautado recientemente en Ámsterdam, también fue transportado por su red.

A pesar de la gran expectación que rodea cada decomiso de drogas, los países de África Occidental son prácticamente impotentes para frenar este floreciente comercio. La tecnología de seguridad moderna es demasiado cara para implementarla a gran escala en puertos, aeropuertos y alta mar. "Seguimos con un sistema de seguridad propio de los años 40″, lamenta un activista en Monrovia. “Ni siquiera tenemos perros detectores de drogas”. Los escáneres fallan cuando no hay electricidad. Los perímetros de los aeropuertos más pequeños son fácilmente vulnerados.

Lo mismo ocurre con los funcionarios con salarios irrisorios (en Liberia, algunos cobran apenas 100 dólares al mes). “Hemos identificado a agentes estatales que han estado colaborando con el cártel. Tenemos oficiales que han sido acusados”, afirma Gregory Coleman, inspector general de policía de Liberia. En Sierra Leona, el Sr. Leijdekkers parece haber logrado influir en todo el Estado. La demanda de cocaína en Europa sigue en aumento. Para los cárteles, las redadas ocasionales son simplemente el coste de hacer negocios.

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Omar García Harfuch reveló mediante redes sociales la primera fotografía de la detención de Ramón Ángel “N”, alias "R1“, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, capturado tras meses de trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Con su arresto, suman 31 los detenidos por ese crimen.

Así llegó “R1“: esposado y rodeado de militares

En el centro de la imagen, un hombre, Ramón Ángel Álvarez Ayala con camiseta negra de marca Louis Vuitton y pantalón oscuro aparece con las manos esposadas al frente y el rostro pixelado. Es el "R1“, el líder que durante años movió los hilos del crimen en Michoacán.

A sus lados, tres elementos de fuerzas de seguridad lo encuadran sin darle escapatoria: dos con camuflaje verde y uno de negro, todos con rifles de asalto, chalecos antibalas, rodilleras, guantes tácticos y pasamontañas. El uniformado de negro lleva un parche con las letras “SP” en amarillo sobre el pecho.

Detrás del grupo asoma la cola de un helicóptero militar con la inscripción “DN-1”. La escena responde al protocolo que las fuerzas de seguridad del Estado aplican cada vez que presentan a un detenido de alto perfil.

Quién es “R1″ y qué célula encabezaba

Ramón Ángel “N” es identificado por las autoridades como el principal líder de "Los Rs“, una de las células criminales más violentas del país. La organización está integrada por tres hermanos de apellido Álvarez Ayala: Ramón Ángel (”R1″), Rafael (“R2”) y Jesús Santiago, todos vinculados a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La célula opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, y extiende su presencia hasta Jalisco. Sus actividades abarcan extorsión, homicidios y tráfico de drogas, con víctimas entre productores agrícolas, empresarios y familias de la región.

La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a "R1" desde 2021 como el segundo al mando del CJNG, con operaciones fincadas precisamente en Uruapan.

El crimen que desencadenó la investigación

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en plena plaza principal de Uruapan, mientras ejercía como alcalde del municipio. El ataque fue planeado y coordinado ese mismo día a través de un grupo de mensajería instantánea, según revelaron las investigaciones posteriores.

Con la detención de "R1“, las autoridades contabilizan ya 31 personas arrestadas en el marco del caso, entre escoltas del propio Manzo, operadores de la célula criminal y mandos intermedios del CJNG.

La cadena de mando detrás del asesinato

Las investigaciones establecieron que "R1" no ejecutó la orden de manera directa. Según fuentes federales, instruyó a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado“, líder regional de la célula, para que coordinara el ataque contra Manzo sin importar si el entonces alcalde estuviera solo o acompañado.

"El Licenciado" fue identificado por la Fiscalía de Michoacán como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y ya figura entre los detenidos del caso.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como marco de la operación

La captura de "R1" se inscribe dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desarticular las estructuras del crimen organizado mediante inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional.

En la operación participaron también la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cuya coordinación fue reconocida por las autoridades federales como parte del éxito del operativo.

La estrategia apunta específicamente a debilitar las redes de extorsión que afectan a productores y empresarios en la región, uno de los fenómenos que las autoridades identifican como motor de la violencia en Michoacán.

Una célula que opera entre dos estados

"Los Rs" no circunscribe su actividad a Michoacán. Su presencia en Jalisco la convierte en una organización de alcance regional, con capacidad para moverse entre distintas plazas bajo el paraguas operativo del CJNG.

Las autoridades describen a esta célula como una de las más violentas dentro de esa estructura criminal, con un historial de homicidios y extorsiones que afecta de manera directa a comunidades productoras y al tejido empresarial de la zona.

La detención de su líder representa, según la narrativa oficial, un golpe a la cadena de mando que sostenía esas operaciones en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sumó el 16 de julio de 2026 al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, con lo que el total de cárteles mexicanos bajo esa categoría llegó a ocho.

La decisión del secretario de Estado Marco Rubio se ejecutó mediante la figura jurídica del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y amplió una ofensiva legal que la administración del presidente Donald Trump inició el 20 de febrero de 2025, cuando designó en bloque a seis organizaciones del narcotráfico mexicano como parte de su política de seguridad nacional.

Los ocho cárteles mexicanos en la lista terrorista de Estados Unidos

La primera oleada de designaciones, el 20 de febrero de 2025, incluyó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. Estas seis organizaciones quedaron clasificadas simultáneamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

El 16 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó al Cártel de Juárez —conocido también como La Línea— y a Los Viagras a esas mismas categorías. Con esa actualización, ambas organizaciones dejaron atrás la clasificación previa que las ubicaba únicamente como “personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas” bajo la orden ejecutiva EO14059.

El Cártel de Juárez opera desde la década de 1970 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la franja fronteriza con Texas. Los Viagras, por su parte, tienen presencia principalmente en Michoacán y fueron señalados por el Departamento de Estado por “numerosos ataques” contra fuerzas de seguridad y civiles, entre ellos la masacre de nueve personas de nacionalidades mexicana y estadounidense en Sonora a finales de 2019.

Qué implica la designación del Departamento de Estado bajo el artículo 219

La categoría de Organización Terrorista Extranjera coloca jurídicamente a los cárteles mexicanos al mismo nivel que organizaciones como el Estado Islámico y Al Qaeda. Así lo subrayó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante una ceremonia en el Pentágono el 28 de julio de 2026: “Los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que no operan a miles de kilómetros de distancia, sino a pocos metros de donde usted se presenta a trabajar todos los días”.

La designación activa consecuencias financieras y legales de alcance inmediato. Todos los bienes, cuentas bancarias e intereses de las organizaciones designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos o empresas de ese país quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Las personas y entidades estadounidenses tienen prohibición general de realizar transacciones financieras o comerciales con los grupos incluidos en la lista. La restricción abarca también a cualquier empresa en la que una persona bloqueada tenga una participación del 50% o más, de forma directa o indirecta.

Marco legal: el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

El Departamento de Estado define a las organizaciones terroristas extranjeras como grupos criminales ubicados fuera de Estados Unidos, designados por el secretario de Estado conforme al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La norma establece tres criterios acumulativos: que el grupo sea extranjero, que realice actividades terroristas o tenga la capacidad e intención de hacerlo, y que sus actividades amenacen la seguridad de ciudadanos o la seguridad nacional de Estados Unidos.

La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado monitorea de forma continua a los grupos identificados como terroristas en todo el mundo. Al evaluar posibles nuevas designaciones, la oficina no solo considera ataques ya perpetrados, sino también la participación en la planificación de actos futuros y la capacidad operativa para ejecutarlos.

Una vez identificado un objetivo, el Departamento de Contraterrorismo elabora un expediente administrativo con información clasificada y de acceso público que acredita el cumplimiento de los criterios legales. Ese expediente sustenta la decisión formal del secretario de Estado.

Consecuencias legales para quienes apoyen a los cárteles designados

La clasificación como FTO abre los tribunales estadounidenses a demandas civiles privadas bajo la Ley Antiterrorismo (ATA, por sus siglas en inglés). Las personas o empresas que ayuden, financien o conspiren con una organización terrorista designada pueden enfrentar responsabilidad civil por daños, con posibilidad de que el juez fije el triple del monto probado como indemnización, más costos legales.

Sectores como la banca, el transporte, la logística, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario y la agroindustria enfrentan un riesgo elevado de investigación penal o demanda civil si mantienen vínculos, directos o indirectos, con cualquiera de los ocho cárteles de la lista. El riesgo se extiende incluso a quienes no conocían la conexión con el narcotráfico, si un tribunal determina que “debían haberla conocido”.

Las instituciones financieras estadounidenses tienen la obligación de congelar los fondos en los que cualquier organización terrorista designada tenga algún interés y de reportar esos activos al Departamento del Tesoro. El incumplimiento de esa obligación expone a los bancos a sanciones civiles y penales bajo la legislación antiterrorista.

La respuesta del gobierno mexicano y el contexto bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de Miller del 28 de julio de 2026 con la exigencia de que Estados Unidos “tiene que mirarse a sí mismo”. La postura del gobierno mexicano contrasta con la escalada de presión de Washington, que desde 2025 ha intensificado las operaciones en la frontera y lanzó decenas de ataques contra embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 200 personas muertas hasta la fecha, según reportes de medios locales.

El Departamento de Estado sostiene que las designaciones terroristas “constituyen un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas” y para “presionar a los grupos para que abandonen dichas actividades”. El catálogo de organizaciones terroristas extranjeras existe desde 1997, pero la incorporación masiva de cárteles del narcotráfico mexicano es una política exclusiva del segundo mandato de Trump.

Los decomisos de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos crecieron un 30% en el contexto de ese endurecimiento de la política antinarcóticos, de acuerdo con datos de Expansión Política. La designación terrorista de los ocho cárteles representa, según analistas citados por La Silla Rota, el paso de una visión de seguridad pública a una de seguridad nacional en la estrategia de Washington frente al crimen organizado transnacional.

Las autoridades intervinieron dos inmuebles en Loreto que, presuntamente, eran utilizados para el acopio y procesamiento de sustancias ilícitas en una zona de frontera. Durante el operativo se halló un laboratorio clandestino, grandes cantidades de pasta básica de cocaína (PBC), clorhidrato de cocaína, armamento de largo alcance e insumos químicos empleados para la elaboración de drogas.

La operación, denominada “Rayo”, fue ejecutada en las inmediaciones de la comunidad nativa San José de Yanayacu, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, con la participación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID), el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU-PUMA), la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP). Según las autoridades, la intervención generó pérdidas estimadas en S/ 1,8 millones para la organización criminal que operaría en la zona.

Laboratorio clandestino, más de 180 kilos de cocaína y armas de largo alcance fueron decomisados en Loreto

Las diligencias permitieron identificar dos predios que, de acuerdo con las investigaciones fiscales, eran utilizados por una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Uno de los inmuebles funcionaba como un laboratorio clandestino donde se realizaban actividades de procesamiento de estupefacientes antes de su traslado hacia otros puntos del país o del extranjero.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los ocupantes abandonaron ambos inmuebles al detectar la llegada de las fuerzas del orden. Esta situación permitió que fiscales y agentes especializados aseguraran la escena y ejecutaran las diligencias correspondientes para la recolección de evidencias sin registrarse enfrentamientos.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron aproximadamente 180 kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC) y seis kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de diversos insumos químicos empleados en el procesamiento de las sustancias ilegales.

El despliegue también permitió decomisar un importante arsenal que permanecía dentro de los inmuebles intervenidos. Entre el material incautado figuran fusiles, pistolas, escopetas y municiones de distintos calibres, elementos que, según las autoridades, formaban parte de la logística utilizada por la organización criminal para resguardar sus operaciones.

A ello se suman motores fuera de borda, balanzas y equipos utilizados para el almacenamiento, pesaje y transporte de la droga. Todo este material fue puesto bajo custodia como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.

Las autoridades estiman que la incautación de la droga, el armamento y los equipos representa un perjuicio económico cercano a S/ 1,8 millones para la estructura criminal que operaba en esta zona de Loreto, una región considerada estratégica debido a su ubicación fronteriza y a las rutas empleadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Minería ilegal y narcotráfico operan como una sola red criminal en la Amazonía peruana

Un informe elaborado por Amazon Watch advierte que la minería ilegal y el narcotráfico han dejado de actuar como actividades independientes para conformar una estructura criminal integrada. La investigación señala que, entre 2014 y 2024, estas economías ilícitas movilizaron alrededor de US$ 13.341 millones en el país, de los cuales US$ 7.810 millones corresponderían a la extracción ilegal de oro, superando incluso las ganancias atribuidas al tráfico de drogas.

El estudio explica que ambas actividades se complementan financieramente: el dinero generado por el narcotráfico serviría para financiar operaciones mineras ilegales en zonas remotas, mientras que el oro extraído de manera ilícita sería utilizado para lavar activos. Además, identifica como corredores estratégicos para estas organizaciones a la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, el eje Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor y distintas áreas de Madre de Dios.

La investigación también alerta sobre el impacto de estas redes en los territorios indígenas. Solo en 2024 se registraron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, una superficie que representa un incremento del 147% respecto a 2018. A ello se suma la superposición de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con zonas vinculadas a la actividad cocalera y más de 13.000 derechos mineros ubicados en áreas donde habitan comunidades amazónicas.

La sorpresa no fueron los ladrillos de cocaína —debido a que los agentes esperaban dar con el cargamento—, sino el sofisticado método de ocultamiento utilizado por la organización y denominado “sistema colombiano”. Se trata de un sistema hidráulico para la apertura de un doble fondo.

“Un gendarme encontró la apertura debajo del guardabarros trasero derecho y los cables que indicaban el modo de abrir”, detalló una fuente. “El chofer, de apellido González, se mantuvo en silencio en todo momento”, reveló una fuente. Fue detenido.

De forma simultánea y durante todo el día, se realizaron allanamientos que terminaron con la detención del presunto líder de la organización identificado como Paulo Santos Santo Ruiz, apodado “El Tío” y oriundo de Salvador Mazza.

De acuerdo a las fuentes, el supuesto jefe narco fue arrestado en su casa de la calle Yrigoyen, en Salta, cuando intentaba fugarse hacia Bolivia y mientras su esposa “tiraba billetes de la divisa norteamericana y celulares por una tapia”.

Pese al intento de la mujer por deshacerse de las pruebas, los gendarmes encontraron el dinero y los dispositivos, que fueron secuestrados. Se trata de una veintena de aparatos y 65 mil dólares. Por último, incautaron una camioneta.

En el caso, hay un prófugo de apellido Martínez, con pedido de captura internacional por orden del juez federal de Salta Julio Bavio.

La investigación, a cargo de los fiscales de la PROCUNAR, Mariana Gamba y Jorge Viltes Monier, y el fiscal federal Eduardo Villalba, comenzó tres años atrás y es un desprendimiento de “Ave Rapáz”, el histórico operativo en el que desarticuló al poderoso clan Loza y en el que se incautó más de una tonelada de cocaína.

Un misterio sin resolver

El procedimiento fue el resultado de una investigación que comenzó hace tres años, a partir de una intervención telefónica a Gabriel Ignacio Abdala, condenado a 8 años de cárcel en diciembre 2019 como coautor del delito de transporte de estupefaciente.

Abdala era uno de los integrantes de la organización liderada por Valdemar Loza, sentenciado en ese mismo juicio a 15 años de prisión por el tráfico de 1.200 kilos de droga a España.

De esta manera, los investigadores lograron obtener escuchas acerca de la actividad de la banda de “El Tío”, dedicada al bombardeo de cocaína, en la zona del norte argentino, hasta que lograron establecer la fecha en la que se llevaría a cabo el traslado de un cargamento.

Es así que comenzaron a seguir un camión que partió desde un galpón en Salta y se dirigió hacia Tartagal hasta una zona rural, donde lo perdieron de vista por dos horas.

Los detectives sospechan que, en ese lapso de tiempo, se realizó la carga de la cocaína, pero no lograron determinar en qué sitio exactamente se ejecutó esa operatoria.

Luego, volvieron a visualizarlo con dirección al sur. Un control de la fuerza de seguridad lo demoró en un control en Monte Quemado, ya en Santiago del Estero. El escáner no detectó la droga, algo que sí ocurrió en La Banda, donde, según las fuentes, el dispositivo de Aduana es más efectivo.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido en el mundo criminal como “El R1” o “El Moncho”, es uno de los operadores de mayor rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre volvió a la primera plana el 30 de julio de 2026, cuando fue detenido por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalado como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

Orígenes criminales: del Cártel del Milenio al CJNG

Ramón Álvarez Ayala inició su carrera delictiva alrededor del año 2002, según reportes de inteligencia comenzó desde los rangos más bajos al servicio del extinto Cártel del Milenio, también conocido como Cártel de los Valencia, del que llegó a asumir roles de liderazgo como lugarteniente.

Fue en ese periodo cuando habría establecido contacto con Nemesio Oseguera Cervantes. Tras la desarticulación del Cártel del Milenio, El Mencho fundó el CJNG, y Álvarez Ayala se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza.

Oseguera Cervantes lo designó responsable de las operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco, además de encargarlo de dirigir incursiones hacia Guanajuato y Michoacán. También se le atribuyó la coordinación de acciones contra organizaciones rivales.

Primera detención: el operativo del Ejército en 2012

El 6 de septiembre de 2012, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutó un operativo simultáneo en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, con apoyo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

En Guadalajara, Ramón Álvarez Ayala fue localizado en un departamento en condiciones precarias en la Zona Minerva, que usaba como casa de seguridad para coordinar actividades de narcotráfico. En Zapopan, fueron capturados su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2” o “El Barbas”, señalado como jefe operativo, junto con dos de sus principales colaboradores, entre ellos Jesús Santiago Álvarez Ayala.

Al momento de su captura, Ramón tenía dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y estaba vinculado a cuatro averiguaciones previas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En el operativo se aseguraron cuatro armas largas, dos cortas, seis vehículos y equipo de radiocomunicación.

Las autoridades también atribuyeron a los tres hermanos la organización de los narcobloqueos e incendios de vehículos del 25 de agosto de 2012 en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Colima.

Condena, prisión y la polémica liberación de 2022

En 2016, un juez de Distrito de Procesos Penales sentenció a Álvarez Ayala a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Cumplía su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, en Hermosillo, Sonora.

Tras una serie de impugnaciones presentadas por su equipo de abogados, la jueza federal Yolanda Chávez Montelongo, titular del juzgado primero de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, lo absolvió de los cargos y ordenó su puesta en libertad el 19 de noviembre de 2022, en la madrugada de un sábado, lo que se denominó popularmente un “sabadazo”.

“Fue un sabadazo, se informa de su libertad prácticamente en la madrugada del sábado, decretando la libertad. Pertenece a la organización delictiva CJNG y estaba acusado por delincuencia organizada por la finalidad de delitos contra la salud”, dijo el 24 de noviembre de 2022 el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

La liberación generó indignación en las autoridades federales. El entonces subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio, confirmó públicamente la salida del CEFERESO el 24 de noviembre de ese año, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció que se procedería con denuncias penales contra los juzgadores por delitos contra la administración de justicia.

“El cuarto caso es el de Ramón Ángel ‘N’, conocido como ‘el R1’, ‘el Moncho’. Él es lugarteniente o era lugarteniente del cártel de los Valencia, del cártel Jalisco Nueva Generación. Él estaba procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y quedó en libertad el 22 de noviembre del año pasado”, mencionó Bucio en la conferencia mañanera del 26 de enero de 2023.

“La juez primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo. Este personaje ha tenido al menos cinco carpetas de investigación en su contra entre 2012 y 2021, y en todos los casos fue dejado en libertad”, agregó.

Regreso al crimen: Los Cannabis y el control de Tierra Caliente

Tras recuperar su libertad, El R1 retomó las operaciones del CJNG en Tierra Caliente y en la zona aguacatera de Uruapan, municipio que convirtió en su bastión. Allí creó y lideró la célula conocida como Los Cannabis, brazo armado encargado del tráfico de drogas y de las extorsiones a productores agrícolas y empresarios de la región.

La Sedena lo había identificado en 2021 como el segundo al mando del CJNG a nivel nacional, con al menos cinco carpetas de investigación abiertas en su contra entre 2012 y ese año.

Los Rs: estructura y zona de operaciones

Los Rs es la célula criminal que encabeza directamente Ramón Álvarez Ayala. Según la SSPC, es una de las agrupaciones más violentas vinculadas al CJNG, con presencia operativa en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch describió a esta organización como responsable de extorsión, homicidios y tráfico de drogas, “afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”.

El clan Álvarez Ayala: una estructura familiar criminal

El poder de El R1 no se entiende sin su red familiar. Los reportes de inteligencia y documentos de la Sedena y la FGR identifican a varios miembros del clan Álvarez Ayala como parte activa de la estructura criminal.

Rafael Álvarez Ayala (El R2 o El Barbas): hermano, señalado como jefe operativo y encargado de la logística del grupo. Recibía instrucciones directas de El Mencho y colaboraba en el traslado de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Jesús Santiago Álvarez Ayala: hermano, fungía como colaborador cercano y escolta de Rafael durante el operativo de 2012.

Roldán Álvarez Ayala: hermano de Ramón, fue alcalde de Apatzingán bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ocupó cargos en los gobiernos estatales de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Fue detenido en 2007 durante el operativo federal conocido como el “Michoacanazo” y posteriormente liberado. En 2016, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por extorsión, tras lo cual fue señalado como prófugo. Desde el 29 de marzo de 2023 figura en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) como militante de Morena.

Desde 2012, esta familia fue identificada por la Sedena y la FGR como responsable de coordinar narcobloqueos, expandir el dominio territorial del CJNG y desatar violencia en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

El asesinato de Carlos Manzo y la segunda captura

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 alrededor de las 20:00 horas, en la Pérgola Municipal de la ciudad, durante el Festival de las Velas. Recibió seis impactos de bala cuando se tomaba fotografías con un grupo de niños. Falleció a las 20:50 horas en el Hospital Fray Juan de San Miguel.

La Fiscalía General de Michoacán identificó al ejecutor como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, adolescente de 17 años, originario de Paracho. Las investigaciones apuntaron hacia arriba en la cadena de mando: primero fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, operador de la célula de El R1, el 19 de noviembre de 2025. Posteriormente se confirmó que actuaba bajo órdenes directas de Álvarez Ayala.

El 30 de julio de 2026, tras meses de trabajos de inteligencia con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, una operación conjunta de la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano culminó con la segunda detención de El R1. Con ese arresto, el número total de detenidos por el caso Manzo ascendió a 31 personas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un amplio operativo para desarticular una organización criminal asentada en el sector de La Gran Samaria, en la provincia de Heredia, señalada de controlar el narcomenudeo en esa zona y de estar vinculada con un homicidio, tráfico de drogas y violentos asaltos a viviendas conocidos como “tumbonazos”.

La operación, denominada caso “Gringo”, contempló ocho allanamientos simultáneos en Heredia, Desamparados y Aserrí. Como resultado, las autoridades lograron la captura de diez sospechosos, de los cuales ocho fueron detenidos durante los operativos y dos ya permanecían en prisión preventiva por otros presuntos delitos.

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que la investigación permitió establecer que la organización mantenía el control de la venta de drogas en distintos sectores de Heredia y que, además, estaría relacionada con un homicidio ocurrido en septiembre de 2025.

Según detalló, la víctima se encontraba en un taller ubicado en Barrio Real de Heredia cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y le dispararon en al menos 19 ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Las pesquisas apuntan a que el crimen habría sido consecuencia de una disputa entre grupos dedicados al narcotráfico por el control territorial para la comercialización de drogas.

“Estamos haciendo ocho allanamientos. Ya llevamos diez personas detenidas. Es una estructura criminal asentada en el sector de La Gran Samaria, vinculada al tráfico de drogas, un homicidio y asaltos a vivienda tipo tumbonazo”, afirmó Soto.

Sicarios contratados

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que la organización de Heredia no ejecutaba directamente todos los homicidios, sino que recurría a un grupo especializado en asesinatos por encargo.

De acuerdo con el director del OIJ, la banda habría contratado a una estructura criminal de los Barrios del Sur de San José para cometer el asesinato investigado.

Soto explicó que las autoridades han detectado en los últimos meses una tendencia creciente en la que algunos grupos criminales se dedican exclusivamente al sicariato y ofrecen sus servicios a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“El grupo de Heredia contrata al grupo de los Barrios del Sur para que ejecuten ese homicidio. Hemos visto con alguna regularidad que existen organizaciones que únicamente se dedican al tema del sicariato”, indicó.

Aunque en este caso específico todavía no se ha determinado cuánto dinero habría recibido el grupo contratado, el jerarca señaló que, según otras investigaciones, los pagos por un asesinato pueden oscilar entre los ¢100,000 (USD 220) y ¢1 millón (USD 2,200), dependiendo del perfil de la víctima y la complejidad del crimen.

Importante evidencia

Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron evidencia considerada clave para fortalecer la investigación.

Entre los principales indicios figura una pistola calibre 9 milímetros equipada con un cargador extendido con capacidad para 30 municiones, arma que será sometida a análisis balísticos para determinar si fue utilizada en el homicidio investigado.

Además, se localizaron ¢3,7 millones en efectivo (USD 8,143), un inhibidor de señales de 27 canales, un dispositivo GPS para vehículos, una caja con munición calibre 5.56 milímetros, diez proyectiles calibre .40, otra caja de municiones calibre 9 milímetros, dosis de marihuana y cocaína listas para su aparente comercialización, así como una pistola menos letal.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue una piel de jaguar encontrada durante los registros.

Soto indicó que este indicio podría estar relacionado con una posible violación a la legislación de protección de la fauna silvestre, por lo que será analizado para determinar su procedencia y establecer si corresponde abrir una investigación paralela.

Los detenidos

Entre las personas capturadas durante los allanamientos figuran una mujer de apellido Ramírez, de 23 años; un hombre de apellido Vega, de 31; Gamboa, de 32; una mujer de apellido Barbato, de 38; un hombre de apellido Badilla, de 28; una mujer de apellido Méndez, de 38; otra de apellido García, de 25; y una mujer de apellido Sánchez, de 21 años.

Asimismo, el OIJ confirmó que otros dos sospechosos de apellidos Morales, de 23 años, y Campos, de 30, ya descontaban prisión preventiva por otros presuntos delitos y ahora también son vinculados con esta causa.

Las autoridades continuarán con el análisis de la evidencia decomisada y no descartan nuevas diligencias conforme avancen las pericias. Para el OIJ, la desarticulación de esta estructura representa un golpe importante contra una organización que, además de controlar el tráfico local de drogas, recurría a sicarios externos para eliminar rivales y mantener su influencia en la provincia de Heredia.

La Armada de México rescató a una persona privada de la libertad y decomisó un arsenal durante tres operativos en el estado de Sinaloa, en el marco de operaciones de vigilancia y mantenimiento del Estado de derecho coordinadas por la Cuarta Región Naval.

En tres eventos distintos, personal naval aseguró armas de fuego, municiones, equipo táctico y dosis de presunta metanfetamina en los municipios de San Ignacio y El Rosario, y rescató a un joven de 20 años retenido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Culiacán.

Persona rescatada en la colonia Paseo del Rey

Durante recorridos de vigilancia en la colonia Paseo del Rey, en Culiacán, efectivos navales localizaron a un hombre de 20 años con signos de violencia. La víctima declaró ante el personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) que se encontraba privada de la libertad por presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Al revisar el área, los marinos aseguraron un vehículo en estado de abandono. La persona fue trasladada de inmediato ante las autoridades competentes para recibir la atención correspondiente.

El hallazgo se produjo en una ciudad donde la tensión entre grupos del crimen organizado ha derivado en múltiples hechos de alto impacto en semanas recientes. El 28 de julio, se reportó un caso en el sector Los Girasoles de Culiacán, donde una persona presuntamente secuestrada fue encontrada esposada y con golpes tras ser arrojada desde un vehículo en movimiento.

Arsenal decomisado en San Ignacio

El primer operativo tuvo lugar durante un recorrido terrestre en inmediaciones del poblado El Duranguito, municipio de San Ignacio. Ahí, personal naval aseguró dos armas de fuego, 597 cartuchos útiles, ocho cargadores, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El municipio de San Ignacio forma parte del corredor serrano del sur de Sinaloa, zona donde las fuerzas federales han intensificado los recorridos de reconocimiento ante el incremento de actividad de grupos armados.

Camioneta abandonada en El Rosario revela armas y droga

El segundo aseguramiento se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia terrestre en apoyo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). En inmediaciones del sitio pesquero de la laguna costera El Ostial, municipio de El Rosario, efectivos navales localizaron una camioneta tipo pick up en estado de abandono.

Dentro del vehículo hallaron seis armas largas, 15 cargadores, 520 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, 32 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y $920 en numerario.

La coordinación con CONAPESCA subrayó el alcance de las operaciones navales en zonas costeras e ictícolas, donde la presencia de grupos delictivos representa también una amenaza para las actividades pesqueras de las comunidades locales.

Operativos en un Sinaloa bajo presión federal creciente

Los tres eventos se enmarcan en un despliegue federal sostenido en el sur de Sinaloa. Según información del gabinete de seguridad federal, los operativos en la región han incluido en días recientes la inhabilitación de campamentos clandestinos en Concordia y el aseguramiento de arsenales en Mazatlán y El Rosario por parte del Ejército Mexicano y la propia Marina.

El punto de mayor impacto de la semana fue la captura, el 28 de julio, de Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como jefe regional del Cártel del Pacífico en al menos seis municipios de Sinaloa, entre ellos Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. El operativo fue conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional, la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa.

Ese contexto de reforzamiento es el telón de fondo de los aseguramientos reportados por la SEMAR. La Armada opera en Sinaloa a través de la Cuarta Región Naval y ha multiplicado sus acciones terrestres y costeras en respuesta al incremento de hechos violentos registrados en la entidad durante las últimas semanas.

Una operación de la Marina Nacional de El Salvador permitió la incautación de 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en 34 millones de dólares, tras interceptar una embarcación a casi 1,800 kilómetros de la costa.

El operativo, ejecutado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente en aguas internacionales del océano Pacífico, derivó además en la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y la confiscación de equipo tecnológico utilizado para la navegación y comunicación.

Según informó el Gabinete de Seguridad Ampliado, la intervención se realizó el 17 de julio, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades identificaron a los detenidos como Jhony Eugenio G. V., de 42 años, y Pedro Leonardo D. P., de 31 años. Ambos transportaban el cargamento ilícito a bordo de una lancha con motor fuera de borda.

Durante la operación, la Marina Nacional incautó también dos dispositivos GPS Garmin GPS 73, dos teléfonos celulares, una antena Starlink y un radio de alta frecuencia (HF), elementos empleados para facilitar la navegación y la comunicación en alta mar.

De acuerdo con un reporte oficial, el valor estimado del cargamento asciende a 34 millones de dólares, cifra que refuerza la magnitud del golpe asestado al narcotráfico internacional.

El Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, destacó la capacidad operativa de las fuerzas salvadoreñas: “A pesar de que somos un país con recursos limitados, tenemos la capacidad y el profesionalismo para realizar operaciones de gran importancia en alta mar”. Según datos presentados por el funcionario, desde junio de 2019 la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han incautado 90.1 toneladas de droga, con un valor conjunto de 2,141 millones de dólares.

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, subrayó el aporte de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico. “Este es un aporte de este pequeño país, que cree firmemente en el combate a la narcoactividad y que, aunque seamos pequeños y nos hagan falta una gran cantidad de recursos, hemos tenido la capacidad de inspirar a las grandes potencias del continente, bajo lo que ahora se denomina El Escudo de Las Américas”, afirmó Villatoro durante la presentación de resultados.

Con esta última incautación, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en el presente año, con un valor superior a 365.25 millones de dólares, consolidando uno de los registros más altos en la historia del país en materia de combate al narcotráfico.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aclaró que tras la intercepción de la embarcación y la detención de sus tripulantes, inicia el proceso judicial correspondiente.

“La labor de nuestras instituciones no termina con la intercepción de una embarcación, ni con la captura de sus tripulantes. A partir de este momento inicia el trabajo del Ministerio Público, que es dirigir la investigación penal, robustecer la prueba científica y técnica, establecer las responsabilidades individuales, identificar posibles vínculos con organizaciones criminales internacionales y llevar cada caso hasta obtener las condenas que correspondan conforme a la ley”, expuso Delgado.

El delito cambió. Las organizaciones delictivas también. Ya no se organizan únicamente alrededor de un territorio, una banda visible o una actividad ilegal determinada. Las organizaciones criminales contemporáneas combinan narcotráfico, lavado de activos, corrupción, violencia, tecnología y operaciones transnacionales. Pueden reclutar personas por redes sociales, mover dinero mediante plataformas digitales, atacar sistemas informáticos y actuar simultáneamente en distintos países.

Ante esa realidad, el proyecto de reforma del Código Penal propone una actualización integral. Incorpora títulos específicos para los delitos informáticos, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, materias que actualmente se encuentran reguladas en normas dispersas o mediante disposiciones que no siempre responden adecuadamente a las formas actuales de criminalidad.

Esta modernización resulta necesaria. La eficacia de una reforma depende de varios factores: gravedad y proporcionalidad de las penas, descripción clara de las conductas prohibidas, diferenciar al jefe de una organización de quien ocupa un lugar subordinado y garantizar que cada persona responda por aquello que efectivamente hizo, conoció y quiso realizar.

El delito también se volvió digital

El proyecto reúne los delitos informáticos en un título autónomo. No trata a la tecnología como un simple instrumento para cometer delitos tradicionales, sino como un espacio en el que pueden lesionarse bienes jurídicos propios: la identidad, la intimidad, los datos personales, el patrimonio y el funcionamiento de servicios esenciales.

Entre otras conductas, se prevén la obtención y comercialización ilegítima de claves o datos personales, la suplantación de identidad digital y la difusión no autorizada de imágenes íntimas. También se regulan el daño a sistemas y datos, la interrupción de servicios, la distribución de programas destinados a causar daños, el hurto de información y el fraude informático. Las penas de prisión parten, según la conducta, desde un mes de prisión y pueden alcanzar los doce años en los supuestos informáticos más graves.

Un avance especialmente importante es la incorporación expresa del phishing: el engaño dirigido a obtener contraseñas u otros datos de acceso -1 a 8 años de prisión-. El proyecto también sanciona la preparación de estas maniobras mediante programas diseñados para cometer fraudes y contempla el acceso no autorizado a sistemas, aun cuando quien ingresa posea una autorización limitada y exceda sus permisos.

Las penas aumentan cuando se afectan organismos públicos, sistemas de salud, servicios financieros, comunicaciones, energía, transporte o información vinculada con la defensa y la seguridad nacional: un ataque informático puede perjudicar a una persona, pero también paralizar un hospital, interrumpir un servicio público o colocar en riesgo a una comunidad entera.

La respuesta penal, no obstante, debe ser precisa. No todo acceso irregular es terrorismo ni toda falla de seguridad es un delito. El juez deberá distinguir entre el instigador, el empleado que excede sus permisos, el autor de un fraude y quien busca destruir una infraestructura crítica.

Narcotráfico: perseguir las estructuras y no perder de vista a las personas

En materia de narcotráfico, el proyecto diferencia las conductas según su gravedad y el lugar que ocupa cada persona dentro de la actividad criminal. La siembra, el cultivo o la guarda de materias primas destinadas a producir estupefacientes prevén penas de cuatro a quince años de prisión, mientras que la producción, fabricación, comercialización, distribución, almacenamiento o transporte pueden ser sancionados con cinco a veinte años. La entrega onerosa tiene una escala de cuatro a quince años y la entrega ocasional y gratuita, destinada al consumo personal de quien la recibe, de dos a ocho años. Las penas más elevadas recaen sobre quienes organizan, financian, dirigen o administran estas actividades, con escalas de ocho a veinte años, que pueden alcanzar los diez a veinticinco años cuando intervienen una organización criminal internacional o un cártel. También se sanciona el reclutamiento con penas de ocho a veinte años, agravadas hasta diez a veinticinco años cuando comprende a menores, personas vulnerables o se realiza mediante intimidación o coacción. El proyecto mantiene, a su vez, una respuesta diferenciada para la tenencia simple —de uno a seis años— y para la tenencia destinada al consumo personal —de un mes a dos años—.

La propuesta dirige una atención especial hacia quienes organizan, financian, dirigen o administran las actividades de narcotráfico. Las penas aumentan cuando intervienen asociaciones ilícitas, organizaciones internacionales o cárteles. También se incorpora expresamente el reclutamiento de personas y se agrava cuando las víctimas son menores de edad, personas vulnerables o cuando se utiliza violencia o intimidación.

Este enfoque es relevante porque una política criminal eficaz no puede limitarse a detener al último eslabón de la cadena. Debe investigar a quienes aportan capital, coordinan la logística, controlan territorios, corrompen funcionarios y administran las ganancias.

Organizaciones criminales, mafias y control territorial

Uno de los cambios más significativos es la regulación específica de las organizaciones criminales y las mafias. El proyecto conserva la asociación ilícita básica —la unión de tres o más personas destinada a cometer delitos—, pero agrega figuras para estructuras más complejas, con organización jerárquica o celular, armas, actuación en varias jurisdicciones, conexiones internacionales o apoyo de funcionarios públicos.

Además, establece penas particularmente severas para quienes integren o colaboren con organizaciones dedicadas al narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trata de personas, secuestros, extorsiones, corrupción y otros delitos graves. La propuesta también considera especialmente los casos en que la organización utiliza violencia, busca desplazar a grupos rivales, intimida a la población o pretende controlar un territorio y sustraerlo de la autoridad estatal.

En materia de organizaciones criminales, el proyecto establece distintas escalas según la complejidad y peligrosidad de la estructura. La asociación ilícita básica, integrada por tres o más personas destinadas a cometer delitos, se sanciona con tres a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para sus jefes u organizadores. La pena se eleva a cinco a veinte años cuando se trata de una asociación compleja, por ejemplo, si posee estructura jerárquica o celular, armas, actuación en varias jurisdicciones, conexiones internacionales o apoyo de funcionarios públicos. Para las denominadas organizaciones criminales o mafias dedicadas a delitos graves —como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trata, secuestros, extorsiones o corrupción— se prevén penas de ocho a veinte años, además de las correspondientes a los delitos concretamente cometidos. Asimismo, cuando la organización utiliza violencia o amenazas, intimida a la población o a las autoridades, desplaza a grupos rivales o procura controlar un territorio y sustraerlo de la acción estatal, sus integrantes pueden recibir la pena prevista para el delito más grave cometido por cualquiera de sus miembros.

La pertenencia a una organización criminal debe probarse la existencia de una estructura, su finalidad delictiva y la contribución concreta y consciente de cada acusado. Combatir a las mafias exige herramientas firmes y decisiones judiciales basadas en evidencia y responsabilidades individuales.

Terrorismo: precisión para proteger a la sociedad y a la democracia

El proyecto define el terrorismo a partir de dos elementos: la comisión de un delito grave y la finalidad específica de aterrorizar a la población u obligar a autoridades nacionales, extranjeras u organizaciones internacionales a realizar o dejar de realizar un acto. Cuando se acredita esa finalidad, se duplican los mínimos y máximos de la pena correspondiente al delito cometido.

También se regulan la asociación terrorista, el reclutamiento, el adoctrinamiento o adiestramiento, el traslado para convertirse en combatiente terrorista, el encubrimiento especial y la proliferación de armas de destrucción masiva. El financiamiento se sanciona aunque el atentado finalmente no se produzca o el dinero no llegue a ser utilizado. Incluso se contempla el financiamiento de viajes, logística, entrenamiento y asesoramiento.

Seguir el dinero y recuperar los bienes

Las cuatro formas de criminalidad tienen un punto en común: necesitan recursos económicos, estructuras legales o clandestinas y mecanismos para ocultar sus ganancias. Por eso, el proyecto amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando los delitos se realizan en su nombre, interés o beneficio. Prevé multas, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y, en los casos más graves, la disolución de entidades creadas para delinquir.

También fortalece el decomiso de los instrumentos, productos y ganancias del delito, admite el decomiso por valor equivalente y, bajo determinadas condiciones y con intervención judicial, permite actuar sobre bienes de origen ilícito aun cuando no haya una condena penal.

La reforma ofrece instrumentos importantes para enfrentar delitos que ya no reconocen fronteras físicas ni digitales. Su éxito dependerá de una legislación clara, de fiscales y fuerzas de seguridad especializados y de jueces independientes capaces de aplicar la ley con firmeza, pero también con prudencia. Porque frente al crimen organizado, el Estado debe ser eficaz y asegurar la vigencia del Estado de derecho frente a todas las personas.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este jueves la captura de dos ciudadanos estadounidenses que eran buscados por distintas agencias de justicia de Estados Unidos por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, robo, agresión armada y distribución de metanfetamina.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Torres Mesa, de 21 años, y Julio “N”, de 34 años, quienes fueron localizados en operativos distintos realizados en los municipios de Ocotlán y Yahualica, respectivamente.

De acuerdo con la dependencia estatal, ambas capturas fueron resultado de labores de inteligencia desarrolladas en coordinación con autoridades estadounidenses y organismos federales mexicanos, como parte de la cooperación bilateral para localizar a personas con órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos.

Brandon Torres era buscado por el FBI en Washington

La Secretaría de Seguridad detalló que Brandon Torres Mesa era considerado un objetivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y contaba con una orden de captura emitida en el estado de Washington, donde enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio, robo y agresión armada.

Las autoridades de Jalisco tuvieron conocimiento de que el joven se encontraba oculto en territorio jalisciense gracias al intercambio permanente de información con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Las investigaciones permitieron establecer que el presunto prófugo se desplazaba constantemente entre la Región Ciénega de Jalisco y el estado de Michoacán, por lo que se implementó un operativo de vigilancia para ubicar sus movimientos.

Finalmente, elementos estatales lograron detenerlo en la colonia Riveras de Zula, en el municipio de Ocotlán.

Tras corroborar su identidad, las autoridades también verificaron que el hombre se encontraba en una situación migratoria irregular dentro del país, por lo que fue trasladado al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, donde comenzaron los procedimientos correspondientes para su entrega a las autoridades competentes.

U.S. Marshals buscaba a Julio “N” por narcotráfico

En un operativo independiente, elementos de la Secretaría de Seguridad lograron la captura de Julio “N”, ciudadano estadounidense requerido por la Corte del Distrito Norte de California desde 2024 por el delito de distribución de metanfetamina.

La dependencia informó que el hombre era buscado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), una de las principales agencias encargadas de localizar y detener prófugos de la justicia estadounidense.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el sujeto frecuentaba el municipio de Yahualica, en la región Altos Sur de Jalisco.

Para su localización, las autoridades desplegaron un operativo en el que utilizaron drones de vigilancia, con los que confirmaron la presencia del sospechoso antes de proceder a su captura.

Una vez detenido y verificada su identidad, Julio “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia que dará seguimiento al procedimiento administrativo para concretar su traslado a Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por los cargos que enfrenta.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco destacó que ambos operativos forman parte de las acciones de colaboración internacional para la localización de personas buscadas por autoridades extranjeras y reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información con agencias de seguridad de otros países.

Las autoridades no informaron si alguno de los detenidos enfrentará procedimientos penales adicionales en México antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses.

“México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie”, recalcó la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 30 de julio en Palacio Nacional.

Asimismo, recordó que el país mantiene coordinación con autoridades estadounidenses: “colaboración sin subordinación, como lo hemos dicho”.

México reafirma su apoyo a Cuba

La jefa de Estado reafirmó su apoyo a Cuba y señaló que las ayudas humanitarias continuarán enviándose a la isla, como se ha hecho desde hace años, al considerar que “es un asunto de soberanía”.

Siguiendo esta línea expresó que este país es un pueblo hermano, con el cual México comparte una historia en común, por lo que el bloqueo de EEUU en sus tierras afectando su sociedad y economía.

“Lo manifestó México desde 1963, o 62. Hace sesenta y cuatro años que México ha defendido la autodeterminación del pueblo cubano y que ha estado en contra del bloqueo. Eran otros gobiernos y de todas maneras se defendió, porque es una posición constitucional”, declaró.

Ante los cuestionamientos por su posición en el caso de Nicaragua, Sheinbaum subrayó que su gobierno defiende la autodeterminación y democracia de todas las naciones. “Pero Nicaragua son los nicaragüenses y nuestra posición siempre va a buscar la democracia”.

Congresista de EEUU critica envío de ayuda humanitaria a la isla cubana

El congresista republicano Carlos Giménez acusó a la presidenta mexicana, de minar la estrategia de presión que la administración de Donald Trump mantiene sobre Cuba. Su declaración surge tras el anuncio de un nuevo envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno mexicano a la isla, en un contexto de crisis económica y social agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

El funcionario, de origen cubano, señaló en redes sociales que la mandataria “perpetúa a la dictadura más longeva de la región” y advirtió que la postura de México podría afectar las negociaciones comerciales del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Remarcó que el actuar del gobierno mexicano no corresponde al de un aliado, especialmente cuando se busca la renovación del tratado comercial.

Mientras tanto, el presidente de EEUU ha intensificado sus amenazas hacia el gobierno cubano, exigiendo reformas y advirtiendo con “tomar el control” de la isla. En respuesta, Cuba acusa a Washington de preparar el terreno para justificar una posible intervención militar. El envío de este apoyo se da justo cuando las tensiones diplomáticas y comerciales en la región alcanzan nuevos niveles de complejidad.

El día de hoy, Giménez también calificó públicamente a Morena como un “narcopartido”, tras la imputación formal de la Fiscalía de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Argumentando que existen pruebas contundentes y difundió una infografía con los cargos, entre los que destacan conspiración para traficar drogas, asociación delictuosa, cohecho, protección institucional al Cártel de Sinaloa y obstrucción de la justicia. Sin embargo, la declaración corresponde a una opinión personal y no representa la postura oficial del gobierno estadounidense.

La acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, incluye seis delitos principales y menciona también a otros funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados al crimen organizado. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta cadena perpetua. El partido político guinda y el funcionario han rechazado los señalamientos, calificándolos de infundados y sin base legal, mientras la Fiscalía General de la República de México investiga el caso.

Durante las primeras horas de este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó a un individuo con más de 200 porciones de cocaína listas para su distribución.

El operativo se realizó en la colonia San Benito, una zona de San Salvador reconocida por su alto movimiento nocturno, donde agentes lograron detener al sospechoso mientras circulaba en un vehículo particular.

El detenido fue identificado como José Rodolfo Quintanilla Hernández, de 41 años, fue interceptado por agentes de la PNC tras un trabajo de inteligencia desarrollado en la intersección del bulevar El Hipódromo y la avenida Los Almendros.

Durante la inspección, los policías hallaron 215 porciones de cocaína, tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, elementos que, según la institución, se consideran indicios claves para la investigación por tráfico ilícito de drogas.

La PNC detalló que el vehículo utilizado por Quintanilla Hernández será sometido a análisis, mientras que el dinero incautado formará parte de las pruebas que acompañarán el proceso judicial.

La remisión del caso se realizará bajo la acusación formal de tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación vigente en el país.

Capturado con dos paquetes grandes de marihuana en hostal de playa

De forma paralela, las autoridades ejecutaron un operativo en la zona costera del departamento de La Libertad, donde fue arrestado Arcángel Ernesto Zamora Castañeda, de 54 años. El procedimiento se realizó en un hostal ubicado en la localidad de Conchalío, como parte de una acción coordinada mediante orden de allanamiento.

Durante la intervención, la PNC confiscó dos paquetes y medio de marihuana, además de dinero en efectivo, una báscula digital y un teléfono celular.

Todos estos elementos serán incorporados a la investigación que desarrolla la institución, con el objetivo de determinar la magnitud de la operación y el destino de la sustancia incautada.

Zamora Castañeda quedó bajo custodia policial y será presentado ante las autoridades judiciales competentes para enfrentar el proceso correspondiente por el delito de tráfico ilícito de drogas. La evidencia recabada durante el allanamiento constituye un soporte esencial en la imputación que presentará la Fiscalía.

Sanciones por tráfico de drogas en El Salvador

La legislación salvadoreña establece penas severas para quienes incurren en tráfico ilícito de drogas. Según el marco penal vigente, la condena por este delito puede oscilar entre 10 y 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia decomisada, así como de la reincidencia o agravantes que puedan establecerse durante el proceso judicial.

El endurecimiento de las medidas responde a la política del Estado para reducir el impacto del narcotráfico en comunidades urbanas y rurales. Las autoridades subrayan que la tenencia, transporte, distribución o comercialización de cualquier tipo de droga se encuentra penada, y que las investigaciones buscan identificar posibles conexiones con redes de distribución más amplias.

El Salvador mantiene una estrategia de persecución penal activa contra el tráfico de estupefacientes, con la participación conjunta de la Policía Nacional Civil y otras entidades vinculadas a la seguridad pública y la justicia. Las recientes capturas forman parte de este esfuerzo permanente para combatir el delito y reforzar la presencia institucional en territorios considerados de riesgo.

Las autoridades panameñas decomisaron 1,411 paquetes con presunta droga en dos operativos realizados durante las últimas horas en embarcaciones que se encontraban en aguas nacionales.

Las incautaciones se produjeron durante la revisión de cargas contenerizadas transportadas por buques en tránsito por Panamá, uno de los principales puntos logísticos de la región y una ruta utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia otros mercados.

En el primero de los casos, la Procuraduría General de la Nación, por medio de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, informó sobre el decomiso de 1,130 paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

La carga pretendía salir del país a bordo de un buque, aunque las autoridades no precisaron el puerto de origen ni el destino final de la embarcación.

La operación se desarrolló de manera conjunta con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la inspección, los agentes detectaron alteraciones en el sello de seguridad de uno de los contenedores, lo que motivó una diligencia de allanamiento y registro. En el interior fueron ubicados varios bultos que no correspondían con la carga declarada en los documentos del contenedor.

Los paquetes fueron trasladados a un puerto seguro para realizar su verificación y conteo. En total, las autoridades contabilizaron 51 bultos de color blanco que contenían 1.130 paquetes rectangulares cubiertos con cinta adhesiva.

El Ministerio Público indicó que el material será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y establecer el peso exacto de la sustancia decomisada.

En un segundo operativo, las fiscalías antidrogas incautaron otros 281 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita en un buque que navegaba sobre aguas territoriales panameñas.

La diligencia fue ejecutada con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional, luego de localizar una carga sospechosa dentro de un contenedor.

La embarcación se encontraba específicamente en la bahía de Panamá, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento, registro, verificación y conteo.

Dentro de la carga contenerizada fueron encontrados siete bultos que contenían los 281 paquetes, los cuales también serán analizados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar el tipo de sustancia.

Ambos casos reflejan una modalidad recurrente utilizada por las redes de narcotráfico: la contaminación de contenedores que transportan mercancías legales.

En estos casos, los grupos criminales introducen paquetes de droga en las unidades de carga y posteriormente reemplazan o manipulan los sellos de seguridad, con la intención de que los cargamentos pasen inadvertidos durante las inspecciones portuarias.

Esta forma de tráfico fue nuevamente expuesta durante la Operación Taurus, desarrollada días antes en la provincia de Colón por el Ministerio Público y el Senan. La investigación estaba dirigida contra nueve personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas y tráfico internacional, entre ellas extrabajadores portuarios y transportistas de carga.

La operación surgió después de varios decomisos realizados entre 2022 y 2024, periodo durante el cual el Senan incautó más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de Colón. Según las investigaciones, el grupo utilizaba las plataformas logísticas de los puertos para contaminar contenedores con droga que tenía como destino final el mercado europeo.

Durante Taurus se realizaron nueve allanamientos en Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. Las autoridades aprehendieron a siete ciudadanos panameños, mientras otras dos personas quedaron pendientes de ubicación. También decomisaron un arma de fuego, tres proveedores calibre nueve milímetros, 49 municiones, 11 equipos electrónicos y cuatro sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas, un elemento que refuerza la hipótesis sobre la manipulación de cargas y contenedores.

Además, durante las diligencias fueron incautados B/.6.447 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios. Los investigadores buscan determinar la participación específica de cada uno de los señalados y establecer si mantenían vínculos con organizaciones internacionales encargadas de recibir la droga en puertos europeos.

Las nuevas incautaciones se suman a las 47,04 toneladas de drogas decomisadas en Panamá entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

Del total, 28.47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras el resto estuvo compuesto por metanfetaminas, THC, éxtasis y otras sustancias.

Colón encabezó las incautaciones durante los primeros cinco meses del año con 13.38 toneladas, seguido por Panamá, con 9.52 toneladas; Panamá Oeste, con 9,09 toneladas; Chiriquí, con 7.24 toneladas, y Los Santos, con 4.94 toneladas. Mayo fue el mes con mayor volumen decomisado, al registrar 12.49 toneladas, por encima de las 10.50 toneladas reportadas en febrero.

El comportamiento reciente mantiene a Panamá como uno de los países con mayores decomisos de droga en la región. Entre 2021 y 2025, las autoridades incautaron aproximadamente 659.94 toneladas de sustancias ilícitas, con un récord de 145,2 toneladas en 2021.

Los registros anuales fueron de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 toneladas en 2023, 124.4 toneladas en 2024 y 122,04 toneladas en 2025.

La ubicación geográfica del país, sus puertos en ambos océanos y el elevado movimiento de contenedores convierten a Panamá en un punto atractivo para las organizaciones criminales.

Las autoridades han reforzado los controles portuarios y las operaciones de inteligencia, aunque los últimos decomisos evidencian que las redes continúan intentando utilizar buques comerciales y cargas legales para transportar droga hacia Europa y otros destinos internacionales.

Jiménez Villalobos fue señalada por la Fiscalía de Costa Rica como pieza clave en la estructura financiera de una organización investigada por tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos y licores y venta clandestina de lotería.

El señalamiento sostiene que no solo mantenía una relación sentimental con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, identificado como líder del grupo, sino que también participaba activamente en el manejo de los fondos, llevando registros detallados de los movimientos de dinero.

Según la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Villalobos era responsable de anotar los ingresos y egresos en una función de “contaduría empírica”, consciente de que el dinero provenía de actividades delictivas.

Este papel, según la acusación presentada ante el Juzgado Penal de Delincuencia Organizada, es fundamental para rastrear el flujo de fondos ilícitos. El Observador informó que el expediente “Colorado” fue la base para dictar tres meses de prisión preventiva a Arias Monge y cinco meses a Jonathan Méndez Pérez, alias “Tan”.

El teléfono y los registros financieros como centro de la causa

Uno de los elementos centrales es el teléfono celular decomisado a Villalobos. De acuerdo con la Fiscalía, el análisis del aparato permitió extraer fotografías, conversaciones, registros financieros y otros documentos que aportaron detalles sobre la operación interna del grupo.

En esas imágenes y archivos se encontraron registros de gastos operativos como recargas telefónicas, combustible, cigarrillos, municiones y pagos a miembros identificados como “Músculo” y “Anllel”.

Los apuntes también incluían referencias a cantidades y tipos de droga, utilizando los términos “perico” para cocaína, “cajeta” para crack y “mota” para marihuana. Para el Ministerio Público, estos registros forman parte del sistema de control de ingresos, egresos y cuentas pendientes por venta de drogas.

También se hallaron elementos que, según la Fiscalía, permiten vincular a Villalobos directamente con Arias Monge, familiares suyos y otros integrantes de la organización.

Manejo de bienes y pruebas de vida incompatible

La acusación sostiene que Villalobos administraba recursos económicos, resguardaba dinero en efectivo y participaba en la adquisición de bienes muebles e inmuebles para ocultar el origen ilícito del dinero. La policía judicial atribuye a la imputada el uso de testaferros para encubrir la propiedad de inmuebles y vehículos, dificultando el rastreo de los bienes.

En el expediente se describen operaciones relacionadas con propiedades, vehículos, cuentas bancarias y establecimientos comerciales. Uno de los bienes analizados no estaba a nombre de la acusada, pero los indicios recogidos sugieren que, según el Ministerio Público, se utilizó un testaferro para ocultar la identidad del verdadero propietario.

La Fiscalía destaca que el nivel de vida documentado supera los ingresos reportados por la mujer. Entre las pruebas, se incluyen imágenes de remodelaciones en la vivienda, cambios de pisos, mejoras estructurales, adquisición de mobiliario de alto valor, joyas y el uso de un Range Rover blindado.

El análisis del teléfono permitió documentar una cirugía estética practicada a Villalobos. Se recopilaron presupuestos médicos, facturas, pagos a la clínica, depósitos bancarios, recetas médicas y dictámenes postoperatorios, así como conversaciones sobre la intervención y la recuperación. El informe detalla transferencias bancarias por miles de USD y pagos realizados por terceros, así como un seguimiento completo del procedimiento.

Proceso judicial y postura de la defensa

El abogado defensor, Gregorio Briglia Peralta, manifestó a El Observador que la acusación de la Fiscalía constituye una hipótesis que debe ser probada y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Remarcó que el proceso se encuentra en una fase inicial, a la espera de la audiencia preliminar, durante la cual la defensa podría presentar gestiones adicionales.

Será el juez de la etapa intermedia quien determine si la acusación cumple los requisitos legales contemplados en el artículo 306 del Código Procesal Penal y si el expediente debe ser elevado a juicio oral y público. Briglia Peralta subrayó que, si el caso avanza, el Ministerio Público deberá “desvirtuar el estado de inocencia” de su representada, como establece la legislación costarricense.

Ronald Alexys Morales Guerra aceptó este miércoles ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, una decisión que lo convierte en el segundo de los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, en allanarse al proceso mientras sigue pendiente la situación de un tercer requerido por la misma causa.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal tiene programado para el 7 de agosto resolver el requerimiento de extradición de Héctor Rubén Morales Guerra, el tercero de los hermanos capturados. Carlos Obeniel Morales Guerra ya había aceptado el 29 de abril su envío a la justicia estadounidense.

La audiencia de Ronald Alexys Morales Guerra se celebró en ese mismo tribunal. Durante la diligencia, aceptó ser enviado a Estados Unidos para enfrentar el proceso abierto en su contra por una corte de ese país.

La abogada del sindicado informó antes de iniciar la audiencia que su defendido estaba dispuesto a allanarse al proceso y aceptar voluntariamente la extradición. El presidente del tribunal, César García, le preguntó si esa era su voluntad y si renunciaba a cualquier acción legal que pudiera impedirla.

Morales Guerra respondió que desistía de esos recursos porque no estaba de acuerdo con la actuación de su anterior abogado. Según el medio, esa defensa previa había promovido acciones para frenar el envío.

El tribunal ordenó iniciar las coordinaciones para la entrega

Tras verificar que no tiene procesos pendientes en Guatemala, el tribunal autorizó que se notifique a la cancillería guatemalteca para iniciar las coordinaciones con las autoridades de Estados Unidos y ejecutar la entrega, informó la publicación.

El caso responde a un requerimiento de la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, que señala a los tres hermanos por presunta conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que esa sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

El Ministerio Público informó que los tres fueron capturados el 20 de febrero en Petén, Guatemala. Ronald Alexys, Carlos Obeniel y Héctor Rubén Morales Guerra son hermanos del alcalde de Dolores, Francisco Morales Guerra.

Según la Fiscalía, una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica. Esa estructura era responsable del trasiego de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

La investigación ubica a los tres hermanos en la red desde 2006

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como integrantes de esa organización desde aproximadamente 2006 hasta por lo menos mayo de 2024. En ese período, habrían sido responsables de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades del tráfico de cocaína en Honduras, Guatemala y México.

Francisco Morales Guerra, alcalde de Dolores, fue electo por la alianza Valor-Unionista y que transita su primer período al frente de la municipalidad.

La misma publicación señaló que en las elecciones municipales de 2023 en Dolores participaron 22 candidatos y que Francisco Morales Guerra ganó con 23,67% de los votos.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana dictó penas de hasta 1.048 años de prisión a integrantes de la estructura criminal conocida como El Gremio. Un total de 28 personas resultaron condenadas por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que documentó la actividad de la red entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 en Santa Ana Centro.

Entre los principales sentenciados figuran Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, quienes recibieron cada uno 1.048 años de cárcel. René Ernesto Martínez Salgado fue condenado a 1.038 años. La Fiscalía les atribuyó más de 80 acusaciones por tráfico ilícito de drogas y 40 por proposición y conspiración en ese tipo de delitos. Además, a los cabecillas se les impuso una pena adicional de 40 años por pertenecer a una estructura delincuencial.

Según reveló la FGR, la base de operaciones de la organización se encontraba en el centro del departamento de Santa Ana, desde donde comercializaban cocaína y gestionaban pedidos a través de aplicaciones de mensajería. El tribunal determinó la responsabilidad penal de los condenados en más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos por proposición y conspiración relacionados con este delito.

Pandilleros de Cabañas

La FGR anunció este martes que también 151 miembros pertenecientes a la cancha Miranda Locos Dieciochones, tribu San Martín o Tinecos de la pandilla 18, recibieron sentencias condenatorias por diversos ilícitos, destacando entre ellos el cargo de agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía, los implicados acumulan una trayectoria de por qué menos 26 años operando dentro de esta organización criminal, cometiendo delitos en las localidades de Ilobasco, Tejutepeque y Jutiapa, zonas que corresponden a Cabañas Oeste, en el departamento de Cabañas.

A lo largo de su historial delictivo, varios de los procesados también participaron en otras actividades ilícitas, tales como el tráfico y la posesión de drogas con fines de comercialización, la portación y tenencia irresponsable o ilegal de armas de fuego, así como el delito de amenazas con agravación especial.

Tras valorar las pruebas presentadas por el ministerio público en la audiencia única, el juez dictó una pena de 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas a Carlos Wilfredo Callejas Callejas y a José Francisco Urías Flores.

Ambos sujetos se desempeñaban como palabreros de cancha, un rango de liderazgo dentro de la estructura, al igual que Douglas Alberto Ruiz Guerra, Roberto Carlos Ramírez Flores, Roberto Arístides Callejas Ventura, Santiago Arturo Portillo Amaya, César Obdulio Fuentes, Samuel Armando Carrillo Paredes, Manuel Antonio López Durán y José Neftaly Escobar Chávez.

A este último cabecilla, identificado como José Neftaly Escobar Chávez, se le sumaron 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y otros 15 años por tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, acumulando una condena total de 75 años tras las rejas. Adicionalmente, la resolución judicial impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas a otros 72 miembros con categoría de homeboys.

El Gobierno de Costa Rica dio un nuevo paso en su estrategia para combatir el crimen organizado al presentar ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional que ampliaría los delitos por los cuales un ciudadano costarricense puede ser extraditado a otro país.

La propuesta, anunciada por la presidenta Laura Fernández como parte de un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, pretende extender las causales de extradición más allá del narcotráfico y el terrorismo, que son los únicos delitos contemplados actualmente en la Constitución Política.

Si la iniciativa obtiene el respaldo del Congreso, las autoridades podrán autorizar la extradición de costarricenses requeridos por otros Estados por delitos de legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos y tejidos humanos, sicariato, homicidios relacionados con organizaciones criminales, participación en estructuras criminales transnacionales, cibercrimen, ciberfraude y ciberterrorismo.

Durante la presentación de la propuesta, Fernández aseguró que la nacionalidad no debe convertirse en una herramienta para que integrantes de organizaciones criminales internacionales eviten enfrentar procesos judiciales fuera del país.

“La nacionalidad es un derecho y un orgullo para millones de ciudadanos honestos; no es un escudo para miembros de organizaciones criminales transnacionales. No puede haber un abuso en el entendido de la nacionalidad”, afirmó la mandataria.

Según el Ejecutivo, la reforma responde a la evolución de las redes delictivas, que cada vez operan de manera más coordinada entre distintos países y participan simultáneamente en actividades como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas y los delitos informáticos.

La iniciativa representa un nuevo capítulo en la transformación del sistema de extradición costarricense. En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una histórica reforma al artículo 32 de la Constitución Política, con la que se eliminó la prohibición absoluta de extraditar a ciudadanos costarricenses, incluidos los extranjeros naturalizados.

Antes de ese cambio constitucional, Costa Rica impedía la entrega de sus nacionales a cualquier otro país, independientemente de la gravedad de los delitos que se les atribuyeran. Las autoridades sostenían que esa restricción era aprovechada por organizaciones criminales, cuyos integrantes obtenían la nacionalidad costarricense o permanecían en el país para evitar ser procesados en otras jurisdicciones.

Con la reforma aprobada en 2025, Costa Rica comenzó a extraditar nacionales exclusivamente por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Desde entonces, varias personas han sido entregadas a autoridades de Estados Unidos y Europa en el marco de investigaciones por delincuencia organizada.

Uno de los casos más relevantes fue el del exministro de Seguridad Pública y exmagistrado Celso Gamboa, quien fue extraditado a Estados Unidos tras ser requerido por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico. Su entrega se convirtió en uno de los primeros casos de alto perfil en los que se aplicó la nueva normativa y marcó un precedente en la cooperación judicial internacional del país.

Ahora, el Gobierno considera que limitar la extradición únicamente a los delitos de narcotráfico y terrorismo deja por fuera otras conductas que también son impulsadas por organizaciones criminales transnacionales y que generan un fuerte impacto en la seguridad pública.

Entre ellas destacan el sicariato, que en los últimos años ha aumentado de forma paralela a la violencia ligada al narcotráfico; el lavado de dinero, considerado uno de los principales mecanismos para financiar actividades ilícitas; así como el tráfico de armas y la trata de personas, delitos que con frecuencia son investigados mediante operaciones coordinadas entre varios países.

La propuesta deberá seguir el procedimiento establecido para las reformas constitucionales, por lo que necesitará la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca ampliar las herramientas jurídicas disponibles para fortalecer la cooperación con autoridades extranjeras, facilitar el juzgamiento de personas requeridas por delitos graves y evitar que la nacionalidad costarricense continúe siendo utilizada como un mecanismo para eludir la acción de la justicia internacional.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los países latinoamericanos a aumentar su gasto en defensa y seguridad ante el avance del crimen organizado en la región. El país norteamericano ya creó el Escudo de las Américas, una alianza militar contra las redes criminales que reúne a Gobiernos conservadores de la región, aunque excluyó a Brasil y México del grupo estratégico.

“Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa”, escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.

El funcionario del Pentágono calificó de “absurdo” que algunos países latinoamericanos “destinen menos del 1 % de su PIB a la defensa nacional”, sin especificar cuáles. En contraste, destacó que los aliados europeos de la OTAN “están aumentando significativamente su gasto, hasta alcanzar un 3,5% del PIB en gastos militares y un 1,5% adicional en cuestiones relacionadas con la seguridad”.

Colby, quien participó a principios de mes en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Cusco (Perú), elaboró el artículo para defender la política estadounidense hacia la región. Según el subsecretario, existe “una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren” en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas.

El funcionario explicó que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos contempla la actualización de la Doctrina Monroe, principio de política exterior del siglo XIX que establecía a Latinoamérica bajo la esfera de influencia de Washington. “Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete”, aclaró.

El subsecretario sostuvo que el objetivo de Estados Unidos “no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia”, sino en que las naciones latinoamericanas cuenten con “mayor prosperidad, seguridad y estabilidad”. Además, recordó que Estados Unidos enfrenta impactos directos por el tráfico de drogas y los flujos migratorios, y aseguró que Washington movilizará todos los recursos, incluidas las Fuerzas Armadas, para hacer frente a esas amenazas.

Como ejemplo, mencionó las decenas de ataques estadounidenses en el Caribe contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, operación que recibió críticas por la realización de ofensivas en aguas internacionales.

Al menos 20 días antes de las declaraciones de Elbridge Colby, el Gobierno estadounidense decidió aumentar su participación en proyectos de desarrollo económico en Latinoamérica como parte de una estrategia que vincula la cooperación internacional con los intereses de seguridad nacional hace 20 días. Así lo afirmó Thomas Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de EEUU (USTDA).

“La USTDA es un organismo de asistencia exterior con un propósito definido. Nuestro objetivo es claro: apoyar el desarrollo económico de nuestros países socios en todo el mundo, pero haciéndolo de manera que también se promuevan los intereses de EEUU”, explicó Hardy en declaraciones a la agencia EFE. El funcionario destacó que el programa de la agencia en América Latina se encuentra en una fase de expansión, tras varios años de bajo perfil institucional.

Hardy, quien dirigió la USTDA durante la primera administración de Donald Trump, señaló que observa una implicación “mucho más estrecha” de los gobiernos y el sector privado de los países latinoamericanos. Según el directivo, estos actores “buscan formas de trabajar más de cerca con Washington”, sobre todo en el contexto de recientes cambios políticos en la región, que han acercado a varios países al espectro de la derecha y manifestaron su interés en fortalecer la relación con la administración estadounidense.

(Con información de EFE)

Las autoridades costarricenses capturaron este miércoles a un ciudadano nicaragüense requerido por la justicia de El Salvador por su presunta participación en un caso de tráfico ilícito de cocaína. El arresto se llevó a cabo en la terminal portuaria de Caldera, en Puntarenas, como resultado de un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la detención fue producto de un trabajo de inteligencia desarrollado durante los últimos días, mediante el cual los agentes lograron obtener información relevante sobre los movimientos del sospechoso y determinar el momento en que ingresaría a la terminal portuaria.

Fue precisamente cuando el hombre llegó al muelle de Caldera que los oficiales intervinieron para detenerlo. El procedimiento se realizó durante la mañana y, según las autoridades, transcurrió sin incidentes.

El detenido es un ciudadano de nacionalidad nicaragüense de apellido Rivera, quien figura como requerido por las autoridades judiciales de El Salvador por un proceso relacionado con el delito de tráfico ilícito de cocaína.

Tras la captura, el Ministerio de Seguridad Pública informó que ya mantiene comunicación con las autoridades policiales salvadoreñas para coordinar el proceso de deportación, de manera que el sospechoso sea trasladado a ese país y pueda enfrentar la causa penal que mantiene pendiente.

Aunque las autoridades costarricenses no brindaron detalles sobre la investigación que originó la orden de captura internacional, sí confirmaron que el requerimiento proviene de El Salvador y está vinculado con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La operación evidencia la coordinación permanente que mantienen Costa Rica y otros países de la región para ubicar y detener a personas buscadas por delitos considerados de alto impacto, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas.

En este tipo de casos, la participación de Interpol resulta fundamental, ya que la organización facilita el intercambio de información entre las fuerzas policiales de distintos países y permite ejecutar órdenes de captura internacionales cuando los sospechosos son localizados fuera del territorio donde son investigados.

Por su parte, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal desempeña un papel clave en la recopilación y análisis de información estratégica para identificar movimientos, ubicaciones y posibles rutas utilizadas por personas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades destacaron que el trabajo de inteligencia permitió anticipar el desplazamiento del sospechoso hasta el puerto de Caldera, uno de los principales puntos de ingreso y salida de mercancías del país, donde finalmente fue interceptado antes de que pudiera continuar su recorrido.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para evitar que Costa Rica sea utilizada como refugio o punto de tránsito por personas requeridas por la justicia internacional.

Asimismo, recordaron que la cooperación policial entre los países centroamericanos ha permitido fortalecer el combate contra el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado, facilitando la localización de sospechosos que intentan evadir los procesos judiciales desplazándose entre distintos territorios.

Una vez concluya el procedimiento migratorio y judicial correspondiente, el ciudadano nicaragüense será deportado a El Salvador, donde deberá responder ante las autoridades por el delito de tráfico ilícito de cocaína que se le atribuye.

La captura representa un nuevo resultado de la cooperación entre organismos nacionales e internacionales dedicados a combatir las redes criminales que operan en la región y refleja el intercambio constante de información entre las policías centroamericanas para ubicar a personas con cuentas pendientes con la justicia.

Mientras avanzan las coordinaciones con las autoridades salvadoreñas, el detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades costarricenses, a la espera de que se complete el proceso que permitirá su traslado al país que solicita su entrega.

La cooperación policial entre Panamá y Colombia permitió concretar la extradición de Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas y señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de estructuras criminales transnacionales.

El traslado fue ejecutado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, luego de que Zurita permaneciera prófugo desde 2023 y fuera capturado el 26 de mayo de 2025 en Medellín, Colombia, tras una operación coordinada entre ambos países.

La Policía Nacional informó que el extraditado llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

El caso de alias “Gordo Pibe” ha cobrado relevancia por el perfil criminal que le atribuyen las investigaciones panameñas y colombianas.

De acuerdo con información divulgada por autoridades de ambos países, Zurita es señalado como presunto líder de la pandilla “Kill the Nasty”, considerada por los organismos de seguridad como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23, una estructura que, según las pesquisas, mantiene vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia.

Esas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige la presunción de inocencia.

Las investigaciones también apuntan a presuntos nexos con organizaciones criminales colombianas. Entre ellas figura el Clan del Golfo, uno de los grupos dedicados al narcotráfico más poderosos de ese país, así como las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, conexiones que, según la información pública recopilada por las autoridades, habrían permitido fortalecer rutas y operaciones de tráfico de drogas entre ambos territorios.

Los reportes disponibles sostienen que estas relaciones forman parte de las líneas investigativas abiertas y continúan bajo verificación judicial.

La captura de Zurita fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por Panamá, luego de que se mantuviera evadiendo a la justicia desde 2023.

El operativo fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de ese país, en coordinación con Interpol y las autoridades panameñas.

Tras su detención en Medellín comenzaron los trámites de extradición que culminaron esta semana con su retorno al país.

Además de las investigaciones por narcotráfico, Zurita enfrenta señalamientos por presunto blanqueo de capitales. Entre los elementos divulgados por las autoridades colombianas figura la existencia de una empresa de turismo registrada a nombre de su esposa en el municipio de El Peñol, en Antioquia, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Como parte de esa investigación, Colombia inició un proceso de extinción de dominio sobre la compañía, al considerar que existen indicios de que pudo haber servido para ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Estas actuaciones forman parte de procedimientos judiciales independientes desarrollados en territorio colombiano.

Las autoridades panameñas sostienen que la extradición representa un nuevo resultado de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

La Policía Nacional destacó que continuará fortaleciendo el intercambio de información y las acciones conjuntas con otros países para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña, especialmente aquellas vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos.

Con su llegada a Panamá, alias “Gordo Pibe” deberá enfrentar los procesos judiciales que permanecían pendientes por delitos relacionados con drogas y presunto blanqueo de capitales.

A partir de ahora corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar, con base en las pruebas presentadas durante el proceso, la responsabilidad penal del extraditado.

La intervención evitó que la sustancia llegara a destinos en Europa, según confirmó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado oficial.

El operativo se desarrolló en una empresa de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional. Una unidad canina de la DNCD detectó la presencia de sustancias ilícitas dentro de varias cajas listas para ser despachadas.

Tras la alerta, los agentes, bajo la coordinación de fiscales, procedieron a una inspección detallada donde hallaron un doble fondo en carpetas y documentos. En ese compartimiento, encontraron cinco láminas de cocaína envueltas en fundas plásticas transparentes, ocultas entre hojas de papel y folders.

El primer hallazgo correspondió a tres láminas de cocaína que, según la documentación de envío, iban a ser remitidas por un hombre con domicilio en la Autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este. El destinatario figuraba como una mujer radicada en Petrovaradin, República Serbia.

El segundo paquete, interceptado en la misma revisión, contenía dos láminas de la sustancia y fue declarado por un remitente con dirección en Villa Juana, también en el Distrito Nacional, con destino a un residencial en Ámsterdam, Países Bajos.

Refuerzan operativos y tecnología para enfrentar nuevas tácticas del narcotráfico internacional

La DNCD y el MP remarcaron que estos decomisos forman parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas para combatir las nuevas estrategias que emplean las redes de narcotráfico internacional.

El reporte oficial, citado por la Dirección de Comunicaciones de la DNCD, destacó: “Las autoridades continúan ampliando su capacidad operativa y estratégica para contrarrestar las modalidades empleadas por las redes del narcotráfico y frustrar de manera oportuna sus intentos de evadir los controles de seguridad establecidos”.

Durante la inspección, los agentes utilizaron tecnología de escaneo y unidades caninas para identificar la droga, demostrando el avance en métodos de detección frente a la evolución de las tácticas delictivas.

Este procedimiento evidencia la diversificación de rutas y técnicas de envío que buscan los grupos criminales para eludir controles tradicionales.

En el operativo participaron fiscales asignados a la persecución del narcotráfico, quienes supervisaron la apertura de los paquetes y el aseguramiento de las pruebas. La DNCD informó que los expedientes han sido remitidos a la jurisdicción competente y que se ha iniciado un proceso de investigación sobre la procedencia y destino final de la droga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Nacional de Control de Drogas, este tipo de operativos se inscribe en el marco de las acciones permanentes para proteger la seguridad y la imagen internacional del país. “Seguiremos reforzando las labores de inteligencia y la vigilancia en los puntos críticos para anticipar las nuevas formas de ocultamiento que emplean los narcotraficantes”, puntualizó la entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a las empresas de envío y a la ciudadanía para colaborar con los controles, reportando cualquier anomalía o sospecha que contribuya a la prevención del tráfico de sustancias prohibidas.

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a “El Pollero”, presunto integrante de la célula delictiva Los Tanzanios, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron una subametralladora, cartuchos y dosis de una sustancia similar a la metanfetamina.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). La intervención se llevó a cabo en la calle Batalla de Castillo, colonia Álvaro Obregón, sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial.

Quién es “El Pollero” y qué grupo opera en Iztapalapa

El detenido, identificado con el alias “El Pollero”, tiene 36 años y es señalado como integrante de Los Tanzanios, una célula delictiva activa en Iztapalapa dedicada al narcomenudeo y la extorsión de comerciantes y locatarios de la demarcación.

Según los datos obtenidos en las indagatorias, el grupo es catalogado como generador de violencia en la zona. Las autoridades vinculan a ‘El Pollero’ con los delitos de venta y distribución de narcóticos, así como con esquemas de extorsión dirigidos a negocios locales.

Tras su detención, el hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia.

Qué encontraron las autoridades en el inmueble

Dentro de la propiedad, los efectivos aseguraron 59 bolsitas de plástico transparente con una sustancia cristalina de apariencia similar a la metanfetamina.

También decomisaron un arma de fuego corta tipo subametralladora con cinco cartuchos útiles en el cargador, más 17 cartuchos adicionales contenidos en una caja. El inmueble era señalado en la investigación como punto de almacenamiento y comercialización de armas y estupefacientes.

Cómo se llegó al cateo: investigación de gabinete y campo

El operativo no fue producto de una acción de oportunidad. Derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo realizados en el marco de una carpeta abierta por venta y distribución de droga.

Esas labores permitieron identificar el inmueble en la colonia Álvaro Obregón como un posible punto de operación del grupo. Con los datos de prueba recolectados, un agente del Ministerio Público los presentó ante un Juez de Control, quien libró la orden de cateo que habilitó la intervención.

El despliegue operativo conjunto entre la SSC, la FGJ, la SEMAR y la GN garantizó que la ejecución del mandamiento se realizara sin incidentes y con estricto respeto a los derechos humanos, según informó la SSC.

Quiénes son Los Tanzanios

Los Tanzanios es un grupo delictivo con presencia en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco de la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad. La Fiscalía General de Justicia los identifica como uno de los principales generadores de violencia en el oriente capitalino.

La organización inició sus operaciones con robos a transeúntes y asaltos en microbuses en Iztapalapa, según declaró el entonces vocero de la FGJ, Ulises Lara. Con el tiempo, extendió sus actividades al narcomenudeo, la extorsión a tianguistas y choferes de transporte público, el cobro de piso y el secuestro.

El grupo mantiene nexos con otras células como La Unión Tepito y Los Dukes, de acuerdo con información de la SSC. En julio de 2026, la FGJ detuvo a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador de la organización, en un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa.

El compromiso institucional de la SSC y la FGJ

La SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de identificar y detener a generadores de violencia, combatir delitos de alto impacto y trabajar de forma articulada para reducir la incidencia delictiva en la ciudad.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó mediante su cuenta oficial en X la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Norte de Texas contra cuatro personas vinculadas al suministro de armas al Cártel de Sinaloa.

Johnson enmarcó el caso como una expresión del compromiso del presidente Donald Trump con el desmantelamiento de las redes de tráfico de armas y subrayó que ambos países deben seguir trabajando juntos para detener el flujo de armamento hacia las organizaciones criminales. La acusación, anunciada el martes 21 de julio por el fiscal federal Ryan Raybould, señaló como principal imputado a Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas.

“Rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan cuentas y proteger a nuestras comunidades”, escribió Johnson desde su cuenta.

En su mensaje, Johnson también vinculó el caso directamente con la agenda del presidente Trump y subrayó que los cargos evidencian la necesidad de que México y Estados Unidos continúen trabajando de forma conjunta para frenar el flujo de armamento hacia organizaciones criminales.

La acusación que motivó el pronunciamiento diplomático

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó el 25 de junio una acusación formal de 12 cargos contra Hall. Los cargos incluyen conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, múltiples cargos por declaraciones falsas ante vendedores de armas con licencia federal y conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego.

El Cártel de Sinaloa está designado oficialmente como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense, lo que eleva la gravedad de los cargos y sitúa el caso en el ámbito de la seguridad nacional.

Una red que operó dos años entre Texas, Utah y Chihuahua

Entre 2024 y 2026, Hall y varios cómplices, identificados y anónimos, sostuvieron una relación directa con un integrante del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, México.

A través de ese vínculo, Hall no sólo proveyó armas de fuego, sino que también ofreció conocimientos técnicos y asesoría para eludir los controles de las autoridades estadounidenses, con pleno conocimiento de que operaba en beneficio de una organización terrorista.

Junto a Hall fueron imputadas otras tres personas. Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah, enfrentan cargos de conspiración para la compra ilícita de armas de fuego y conspiración para el tráfico ilícito de armas. Catlynn Ann Townsend, de 29 años y también residente de Amarillo, está acusada de haber proporcionado una declaración falsa ante un vendedor de armas con licencia federal.

Todos los imputados ya comparecieron ante el tribunal para su audiencia inicial.

Las penas que enfrentan los cuatro imputados

De ser hallado culpable, Hall podría recibir cadena perpetua en una prisión federal, pena que corresponde al cargo más grave: brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Meza y Velásquez enfrentan cada uno hasta 15 años de prisión federal. Townsend podría recibir hasta cinco años de reclusión.

La Fiscalía advierte que la acusación formal constituye únicamente una alegación de conducta delictiva. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Lo que dijeron el fiscal y los agentes a cargo

El fiscal federal Raybould afirmó que “cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible".

Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Dallas, señaló que el caso trasciende el tráfico de armas.

“Las acusaciones describen también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado por las fuerzas del orden", afirmó.

Travis Pickard, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Dallas, destacó el valor de la cooperación interinstitucional “esta acusación demuestra la solidez de nuestras alianzas y nuestra determinación de exigir responsabilidades a quienes trafican con armas de fuego y brindan apoyo material a cárteles violentos. HSI continuará trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales para garantizar que quienes ponen en peligro la vida de los estadounidenses comparezcan ante la justicia“.

La investigación y el marco institucional

La investigación fue conducida por la ATF y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la asistencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Amarillo.

El caso se enmarca en el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159. El HSTF es una alianza intergubernamental orientada a desarticular cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos, con énfasis especial en casos de tráfico de menores y delitos que involucren a niños.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a José Enrique G. S., de 29 años, tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece haciendo señas alusivas a la pandilla MS13, según informó la institución.

Según la institución, el hombre será remitido por pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla. La captura se realizó en la colonia San José, en Santa Ana Centro.

“No toleraremos ningún intento de intimidación contra la población honrada”, sostuvo la Policía Nacional Civil.

La captura se realizó el martes, mismo día en que se aprobó la prórroga 53° al régimen de excepción, que persigue y procesa judicialmente a quienes cometieron o cometen actos pandilleriles como extorsiones, intimidación social, asesinatos, entre otros delitos.

Estudiante fue capturado con droga en su institución educativa

Un estudiante de 18 años del Instituto Nacional José Simeón Cañas, del distrito de Zacatecoluca, fue arrestado este miércoles por la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones del centro educativo del municipio de La Paz Este, donde, según la institución, le encontraron siete porciones de marihuana antes de que ingresara a clases.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta oficial de X que el joven fue remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. Según la publicación, durante el arresto se incautaron siete envoltorios con la sustancia, que fueron exhibidos en fotografías. La institución publicó el siguiente mensaje: “Si te encontramos ilícitos, serás capturado y llevado ante la justicia”.

El operativo en el centro educativo

El procedimiento se realizó durante un operativo de seguridad que la PNC ejecuta en centros educativos de la zona. El joven, identificado como Josué Arturo, enfrentará cargos ante las autoridades judiciales de La Paz Este.

El caso sigue bajo investigación para determinar si existen vínculos con otras personas o posibles redes de distribución en el entorno escolar. La Policía Nacional Civil indicó que estas acciones responden a su política de combate a la posesión y tenencia de drogas.

Por otra parte, la institución educativa no se ha pronunciado sobre el incidente.

En el país, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a Drogas fija penas de prisión para quien posea o tenga sin autorización legal semillas, hojas, florescencias, plantas o partes de ellas, así como drogas ilícitas, con sanciones que varían según la cantidad y el propósito de la tenencia.

En su artículo 34 establece que la posesión o tenencia en cantidades menores de dos gramos se castiga con prisión de uno a tres años y multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. Si la cantidad es de dos gramos o superior, la pena sube a prisión de tres a seis años, con la misma multa.

La norma agrega que, sin importar la cantidad, si la posesión o tenencia tiene como objetivo realizar las actividades señaladas en el artículo anterior, la sanción es de seis a diez años de prisión y multa de diez a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. El texto aclara que este precepto fue declarado inconstitucional en lo relativo a la consecuencia jurídico-penal de multa.

Fuerzas federales detuvieron a una persona y aseguraron 200 kilogramos de metanfetamina ocultos en carretes industriales dentro de un vehículo de paquetería en Caborca, Sonora, como parte de los operativos de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La droga fue localizada sobre la carretera Internacional México, en el municipio de Caborca. El conductor del camión fue detenido en el lugar por elementos de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Sonora.

Metanfetamina camuflada en objetos industriales

El cargamento fue camuflado al interior de carretes industriales, objetos de uso comercial que por su volumen y apariencia ordinaria permiten disimular sustancias ilícitas en revisiones de rutina.

El hallazgo se produjo gracias a acciones de inteligencia, inspección y vigilancia carretera coordinadas entre las seis corporaciones participantes, según informó el Gabinete de Seguridad.

Seis corporaciones en un operativo conjunto

El operativo reunió a fuerzas de los tres órdenes —federal, naval y estatal— en un esquema de coordinación que el Gabinete de Seguridad ha desplegado de forma sistemática en carreteras de todo el país.

La FGR asumirá la investigación para determinar el origen del cargamento, su destino final y los posibles vínculos con organizaciones delictivas. Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni la ruta específica que seguía el vehículo.

Tanto la droga como el camión quedaron asegurados como parte de la carpeta de investigación abierta por el Ministerio Público Federal.

Un decomiso dentro de una jornada de operativos nacionales

El aseguramiento en Caborca integra el reporte de acciones relevantes del 28 de julio de 2026, publicado por el Gabinete de Seguridad en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ese mismo día, fuerzas federales actuaron de forma simultánea en otras entidades.Frente a las costas de Chiapas, elementos de la Semar, la SSPC y la FGR detuvieron a tres hombres y aseguraron 1.1 toneladas de cocaína, además de dos radiobalizas y una embarcación menor.

En Michoacán, un cateo en Carácuaro arrojó 10 kilogramos de metanfetamina, sosa cáustica, tambos, tanques de gas y dos vehículos. En Lázaro Cárdenas, la GN y la Sedena aseguraron cinco armas largas, 14 cargadores y 318 cartuchos.

Sinaloa y Tamaulipas, también en la jornada

En Sinaloa, la Semar desmanteló en el ejido Francisco Villa, El Rosario, un punto donde se aseguraron seis armas largas, 822 cartuchos, 24 cargadores, dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y un vehículo.

En Culiacán, elementos navales inhabilitaron una bodega clandestina para la elaboración de drogas sintéticas. El decomiso incluyó cinco kilogramos de metanfetamina, 3,840 litros y 1,625 kilogramos de sustancias químicas precursoras. La afectación económica estimada para la delincuencia organizada fue de 4 millones 92 mil 858 pesos.

En Tamaulipas, un cateo en Camargo derivó en la detención de 10 personas —entre ellas tres menores de edad— y el aseguramiento de armas, cartuchos y ocho vehículos.

Nuevo León y Tabasco, con decomisos de droga y armamento

En Guadalupe, Nuevo León, la FGR, la SSPC y la Policía Estatal catearon un inmueble donde hallaron 99 kilogramos de mariguana, 10 cartuchos e identificaciones.

En el municipio de Centro, Tabasco, elementos de la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a una persona que transportaba cinco armas largas, un lanzagranadas, cartuchos y diversas dosis de droga.

En Oaxaca, la Sedena, la GN y la Fiscalía Estatal detuvieron a una persona por los delitos de homicidio y lesiones.

La célula conocida como Los Delta ocupa un lugar central en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al encargarse de tareas clave como el reclutamiento, el adiestramiento y la imposición del control territorial en el norte del país.

Sin embargo, la atención pública sobre Los Delta crece de manera significativa en marzo de 2025, cuando el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco descubre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. En ese lugar, las autoridades hallan un campo de adiestramiento clandestino, crematorios, restos óseos y cientos de pertenencias personales.

Origen, estructura y perfil de los integrantes de Los Delta

El grupo fue fundado en 2018 y su presencia territorial se extiende más allá de Jalisco. De acuerdo con reportes de inteligencia revisados por El Financiero, la célula tiene operaciones documentadas en nueve municipios de Sonora: San Luis Río Colorado, Caborca, Carbó, Cajeme, Altar, General Plutarco Elías Calles, Sáric, Sásabe y Puerto Peñasco.

Los integrantes del grupo son en su mayoría jóvenes con condición física y entrenamiento en tácticas militares. En los últimos años, la célula ha incorporado a reclutas con habilidades tecnológicas para el manejo de drones y equipos electrónicos, según las indagatorias.

Sus funciones dentro del CJNG abarcan la compra de armas, el reclutamiento de personal —en algunos casos de forma forzada—, el adiestramiento de nuevos miembros y el control territorial. La célula también dirige la venta de drogas y opera redes de extorsión en los estados donde tiene presencia.

Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, el líder con tres detenciones

El liderazgo más documentado del grupo recae en Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1” o “Máximo”, de 46 años. Las autoridades lo identifican como el principal operador de Juan Carlos, alias “J3”, el hijastro de El Mencho, según informó la Fiscalía General de la República.

Gómez Núñez acumula tres detenciones. La primera ocurrió en 2020, cuando fue capturado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco, con dos fusiles de uso exclusivo del Ejército, un arma corta, cargadores, cartuchos y dosis de droga. Desde ese penal, coordinaba la venta de estupefacientes y extorsiones.

El Ejército Mexicano lo detuvo por segunda vez en octubre de 2024 en Guadalajara. En ese momento, las autoridades lo identificaron como el tercero al mando de la estructura del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara y como el encargado de la expansión del grupo en Michoacán, de acuerdo con un comunicado oficial.

Tras esa segunda captura, su defensa solicitó un régimen domiciliario por razones de salud desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Un juez aceptó la petición y Gómez Núñez volvió a la actividad criminal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció su tercera detención el 19 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Las investigaciones vinculan a “Delta 1” con homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Entre los casos que le atribuyen las autoridades figura el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.

La cadena de mando tras las detenciones: El Sapo y otros líderes activos

La estructura de Los Delta no se desarticuló con la captura de su líder. Tras la segunda detención de Gómez Núñez en 2024, el mando del grupo pasó a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”, de 37 años, originario de Apatzingán, Michoacán, con más de una docena de averiguaciones previas por delitos federales desde 2010, según El Financiero.

El Sapo es el jefe directo de José Gregorio Lastra, “El Comandante Lastra”, identificado como el responsable del Rancho Izaguirre y el detenido de mayor rango en el caso Teuchitlán. La cadena de mando conecta así el campo de adiestramiento clandestino con la cúpula del grupo.

En noviembre de 2024, las autoridades también capturaron a Omar Félix Loaiza, alias “El Pelón”, líder de Los Delta en Sonora, el 15 de ese mes. Cuatro días después, el 19 de noviembre, fueron detenidos Leonel Alejandro y Carlos Andrés, presuntos sicarios del grupo, en un campamento en Sáric, Sonora, con armas y equipo táctico.

Entre otros líderes identificados por las autoridades figuran el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Gudiño, “La Gallina”; Luis Manuel Pelayo Pelayo, “El R19”; Isidro Sánchez Torres y Alejandro Chacón Miranda.

La célula opera con un nivel de violencia que las autoridades califican de extremo. Según la Fiscalía, sus integrantes trasladan a las víctimas a casas de seguridad donde las torturan y asesinan. “La célula bajo su control mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y sus integrantes son catalogados como altamente violentos”, señalaron los investigadores.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la relación entre México y Estados Unidos avanza en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, incluso mientras Washington analiza la extradición del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal resaltó que la revisión de solicitudes de extradición, como la del exfuncionario, se inserta en el marco del Tratado de Extradición bilateral, en la que ambos países asumen responsabilidades compartidas.

Con ello, consideró que solo mediante estrategias conjuntas y equitativas se pueden enfrentar desafíos como la migración y el crimen organizado, resaltando la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambos países.

“Nosotros buscamos una relación recíproca, es decir, colaboramos y ellos colaboran también con nosotros, particularmente en términos del Tratado de Extradición”, declaró ante la prensa.

La titular del Ejecutivo federal reconoció que existen desencuentros en la relación bilateral, a los cuales calificó como normales por la historia compartida con Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que su gobierno no está interesado en romper el diálogo, sino en afianzar los mecanismos para una convivencia constructiva.

“Vamos bien en temas de seguridad, en temas de comercio, temas de migración, temas de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas que trabajamos con ellos”, afirmó la presidenta al resaltar que la agenda bilateral incluye otros asuntos relevantes que refuerzan la coordinación entre ambos gobiernos.

Todd Blanche y las 233 extradiciones sin respuesta de Washington

El detonante de la pregunta fue una declaración de Todd Blanche, fiscal general adjunto en funciones de Estados Unidos, hecha durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Ante la consulta del periodista Jesús García, del diario La Opinión, sobre la falta de respuesta a los requerimientos mexicanos, Blanche respondió: “No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro”.

Esa declaración abre una ventana de posibilidad para un expediente que lleva años sin avanzar. Según cifras del gobierno mexicano, entre 2018 y 2026 se presentaron 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, de las cuales 233 permanecen sin resolución.

Entre esos expedientes figura el de García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad —mexicana y estadounidense— que reside actualmente en territorio estadounidense. La Fiscalía General de la República (FGR) lo requiere por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Ni la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado ni la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia han respondido a las consultas formales sobre el caso hasta la fecha de publicación de esta nota.

El caso Cabeza de Vaca: de la orden de aprehensión a la solicitud de extradición

El origen del proceso se remonta a 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al año siguiente se libró una primera orden de aprehensión.

El expediente acumuló una serie de impugnaciones: el Congreso de Tamaulipas promovió controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó la invalidez de esa primera orden. En 2022, el Ministerio Público solicitó una segunda orden por los mismos cargos.

El punto de quiebre llegó el 24 de febrero de 2026, cuando ocho ministros de la SCJN votaron a favor de revocar el amparo que protegía al exgobernador. El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y correspondió al amparo en revisión 435/2025.

Tras esa resolución, la presidenta Sheinbaum abordó el caso el 15 de julio en Palacio Nacional y señaló públicamente que México había solicitado la extradición del exfuncionario. “Es un hombre que está buscado por la ley”, dijo la mandataria, al calificarlo como “prófugo de la justicia”.

García Cabeza de Vaca rechaza los cargos y acusa persecución política

El exgobernador respondió a través de un video en su cuenta de X con la frase “No me escondo”. Sostuvo que no puede ser considerado prófugo de un gobierno que, según él, le ha negado acceso a la justicia, y que se vio obligado a defender sus derechos desde fuera del país.

García Cabeza de Vaca argumentó que el cargo formal en su contra se reduce a “la compraventa privada de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019”, y afirmó que la licitud de esa operación quedó acreditada con pruebas documentales, financieras y testimoniales. Calificó a la SCJN como “la Corte del Acordeón” y acusó que la misión del tribunal fue conservar una orden de aprehensión que él considera ilegítima.

El exmandatario tamaulipeco también señaló que la persecución en su contra se debe a sus denuncias sobre lo que denominó el “huachicol fiscal”, al que describió como una red de corrupción política. Afirmó que esa información fue presentada ante autoridades de Estados Unidos y ante la propia FGR.

En los barrios de La Matanza, la preocupación y el miedo se sienten a diario entre los vecinos. Leila Gianni, concejal por La Libertad Avanza, advirtió en Infobae en Vivo sobre una crisis de seguridad marcada por balaceras nocturnas, disputas entre bandas narco y falta de intervención efectiva de las autoridades. La situación alcanza a las 16 localidades del municipio y afecta a familias de los tres cordones urbanos.

La concejal sostuvo que el crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico genera temor permanente en los vecinos. Relató que los habitantes de complejos como los de Ciudad Evita sufren enfrentamientos armados a la madrugada, con disparos que atraviesan paredes y puertas. “Los vecinos ya están viviendo atemorizados y piden a gritos: ‘Por favor, ayúdennos’”, sostuvo Gianni.

Durante los últimos días, la funcionaria enfatizó que las balaceras se produjeron en horarios nocturnos y que la disputa territorial entre bandas narco dejó varios heridos. “A las dos de la mañana empiezan tiros que perforan las paredes y las puertas de las viviendas de vecinos que no tienen absolutamente nada que ver”, describió Gianni al detallar la gravedad de los episodios.

Inseguridad y expansión narco

Gianni remarcó que la situación en Ciudad Evita se agravó tras operativos policiales recientes. Según su testimonio, tras la detención de algunos integrantes de las bandas que operaban en el lugar, el territorio quedó “acéfalo” y comenzaron a llegar nuevos grupos para disputar el control de la zona. “Se están disparando”, señaló la concejal.

La funcionaria aseguró que la policía bonaerense “no ingresa” en determinadas áreas, lo que configura para ella una “zona liberada”. Explicó que solo tras gestiones personales ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería comenzó a patrullar el lugar, aunque consideró insuficiente el despliegue. “Ya hubo tres heridos de bala”, subrayó.

Gianni afirmó que quienes denuncian la actividad narco también sufren represalias. Indicó que los grupos criminales atacan casas de vecinos que se oponen o se sabe que denunciaron su accionar, ocupando las viviendas para instalar búnkeres. “El vecino se tiene que ir y copan esa casa para generar un nuevo búnker”, explicó.

Crisis estructural y denuncias sobre gestión municipal

La concejal de La Libertad Avanza vinculó la crisis de seguridad a problemas estructurales de larga data en La Matanza. Sostuvo que el avance de los delitos no responde a episodios aislados sino a una “connivencia” con sectores del poder judicial, fuerzas de seguridad y del Ejecutivo municipal. “Esto se viene gestando durante décadas”, afirmó Gianni.

La funcionaria también denunció que la venta de droga y la existencia de cocinas narco superan el narcomenudeo. Mencionó que en Virrey del Pino “se están gestando cocinas”, lo que marca una escalada en la organización criminal dentro del municipio. Gianni señaló que los vecinos conocen las ubicaciones de los búnkeres, pero muchas veces no logran concretar denuncias por temor o desconfianza en las autoridades.

En cuanto a la gestión política, Gianni cuestionó la continuidad del mismo color político en la intendencia desde 1983. “Han gestado un aparato enorme, dominando y manipulando a la población en función de hacerla vivir y pasar necesidades extremas”, expresó. Relató situaciones de servicios colapsados, como la presencia de materia fecal en calles de barrios como Golf y Areco, y denunció prácticas de clientelismo en períodos electorales.

Reclamos por cambios institucionales y nuevas propuestas

Ante la falta de respuestas, Gianni propuso la creación de una comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en el Concejo Deliberante de La Matanza. Informó que actualmente no existe un ámbito institucional específico dentro del cuerpo legislativo local para debatir y controlar políticas de seguridad. “Tenemos hasta una comisión de mujeres, géneros y diversidades, pero comisión de seguridad no hay”, afirmó.

La concejal remarcó la necesidad de implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires para reducir la posibilidad de fraude y manipulación electoral. “Si realmente queremos salir a ganar la elección, discutamos este año la aplicación de la boleta única”, insistió Gianni. Según su perspectiva, la transparencia en el proceso electoral es clave para modificar la situación política en el distrito.

Frente a la gravedad de los hechos y la demanda de los vecinos, Gianni aseguró que continuará impulsando proyectos y visibilizando los problemas de seguridad. Advirtió que, en caso de no aprobarse la comisión, hará público el voto de los concejales que se opongan a su creación.

Estrategias de comunicación y repercusión social

Gianni utiliza activamente las redes sociales para exponer la realidad de los barrios y reclamar soluciones. Sostuvo que la espontaneidad y el uso de recursos humorísticos o irónicos en videos permiten que las problemáticas locales trasciendan el distrito. “Gracias a estos videos, de toda la Argentina conocen hasta el barrio más pequeño”, aseguró.

La concejal relató que muchas veces, tras la publicación de un video, las autoridades municipales intervienen rápidamente para resolver reclamos puntuales, como el saneamiento de basurales o arreglos en la vía pública. Considera que la visibilidad obtenida resulta decisiva para lograr respuestas. “Está bueno eso. Es trabajo”, resumió.

Gianni manifestó que recibe tanto apoyo como críticas por su forma de comunicar y por su exposición en redes. Sin embargo, afirmó que la interacción digital permitió que muchos ciudadanos la reconozcan y se interesen por las problemáticas de La Matanza, incluso personas ajenas a la política.

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La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína procedente de Bolivia, que era transportada en el doble fondo de un camión. El operativo resultó en la detención de dos personas en el departamento de Presidente Hayes, región que limita con la provincia argentina de Formosa.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, el comisario Rolando Benítez, declaró a la radio local 780 AM que el decomiso equivale a “aproximadamente” 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas. Benítez estimó que la pérdida para el grupo criminal asciende a un millón de dólares y añadió: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, señaló que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia de “meses” y de la sospecha de que una organización criminal utilizaría esa ruta para traficar armas.

“Se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...), se montó vigilancia hace unos cuantos meses”, explicó Espinoza a la prensa. El funcionario calificó como una “sorpresa” el hallazgo de la droga, ya que la investigación apuntaba inicialmente al tráfico de armas.

En el mismo procedimiento, el jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, afirmó que los detenidos son hermanos y originarios de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, en la frontera con la ciudad brasileña de Punta Porá, considerada una de las urbes más violentas de Paraguay.

Este operativo se realizó después de que, durante una inspección de rutina a un contenedor, se encontraran 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (EEUU) y que llegaron a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a la capital Asunción, según informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Un exintegrante de alto rango del Bloque Occidental del Clan del Golfo fue condenado en Estados Unidos a 12 años de prisión por su participación en una operación de tráfico de cocaína con destino a ese país.

El condenado es Aimer Alberto Alvarán Posada, colombiano de 52 años, quien recibió la sentencia este martes 28 de julio en un tribunal federal de Florida. De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reseñada por El Tiempo, el hombre admitió su responsabilidad en los hechos investigados.

El caso se remonta a 2018, cuando Alvarán Posada participó en una estructura criminal que buscaba producir 500 kilogramos de cocaína para compradores mexicanos, con conocimiento de que el cargamento sería enviado hacia territorio estadounidense.

Durante el desarrollo de esa operación ilegal, las autoridades lograron incautar aproximadamente 363 kilogramos de cocaína, según los documentos judiciales citados por la justicia estadounidense.

Operación del Clan del Golfo terminó con droga incautada

La investigación estableció que Alvarán Posada no actuó como un integrante menor dentro de la estructura. Según los documentos judiciales, obtuvo autorización del comandante del Bloque Norte del Clan del Golfo, zona en la que se realizaría la transacción, y lideró varias reuniones para coordinar la operación.

El objetivo era producir y entregar el cargamento a compradores mexicanos, quienes posteriormente lo enviarían a Estados Unidos. Esa conexión internacional fue clave dentro del proceso, pues la justicia estadounidense lo vinculó directamente con una conspiración para traficar cocaína hacia su territorio.

La droga no alcanzó a completar su ruta. Las autoridades incautaron cerca de 363 kilos, una cantidad que evidenció la dimensión de la operación y el papel que habría tenido el exintegrante del Clan del Golfo en la coordinación del envío.

Alvarán Posada fue capturado en 2021 por los delitos relacionados con esa conspiración y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó el proceso judicial que terminó con la condena de 12 años.

La sentencia se suma a otros procesos que las autoridades estadounidenses han adelantado contra miembros de esa organización criminal por narcotráfico internacional.

Justicia de EE. UU. señaló su proyección dentro del grupo

Los investigadores también determinaron que, mientras avanzaba la conspiración, Dairo Antonio Úsuga David, antiguo líder del Clan del Golfo, le comunicó a Alvarán Posada que se evaluaba su posible nombramiento como comandante del Bloque Occidental de la organización.

Ese eventual ascenso, según la justicia estadounidense, le habría permitido ampliar su poder dentro de la estructura criminal. También le daría capacidad para controlar una red más grande de integrantes, definir precios de la cocaína y decidir quién podía producir y transportar estupefacientes en las zonas bajo influencia del grupo.

Úsuga David, conocido como uno de los antiguos máximos jefes del Clan del Golfo, cumple actualmente una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Su mención dentro del expediente muestra la importancia que habría tenido Alvarán Posada en los planes internos de la organización.

El Departamento de Justicia indicó que la condena hace parte de las acciones contra integrantes del Clan del Golfo involucrados en actividades de narcotráfico internacional. También recordó que el Gobierno estadounidense designó a esa estructura, en diciembre pasado, como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.

La justicia federal imputó a tres personas tras descubrir 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna interceptados en la Ruta Nacional 34, provincia de Santa Fe. El operativo, desarrollado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), permitió desarticular parte de una presunta organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes.

Según informó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, el procedimiento ocurrió cerca de la medianoche del 23 de julio, cuando agentes del Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de la GNA detuvieron dos camiones cisterna de matrícula boliviana en la localidad de Susana, ubicada en el departamento Castellanos.

Los vehículos circulaban en convoy y, durante el control, surgieron indicios que alertaron a las autoridades. Uno de los conductores se negó al principio a identificarse y tampoco presentó la documentación obligatoria ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Durante la inspección, un sargento percibió un intenso olor a combustible proveniente de la cabina, una táctica que, según el personal judicial, suele emplearse para intentar enmascarar el aroma de estupefacientes.

La pesquisa se intensificó al observarse la presencia de cinco mochilas dentro del primer camión. Al ser consultado sobre el contenido, el chofer primero indicó que se trataba de “ropa sucia”. Finalmente terminó admitiendo que transportaba “cosas prohibidas”.

Tras la notificación a la Unidad Fiscal Rafaela y la autorización judicial del juez de garantías Santiago Saux, se procedió a la requisa. Los efectivos hallaron en ese primer camión 10 mochilas con 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos distribuidos entre la cabina y la cisterna.

La investigación oficial confirmó que ambos camiones habían ingresado a la Argentina desde Bolivia el 22 de julio, con diferencia de veinte minutos, por el paso fronterizo de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La Dirección Nacional de Migraciones y la Aduana de Pocitos aportaron imágenes del escaneo de los vehículos en frontera. En ese momento, ambos camiones estaban vacíos, lo que llevó a los fiscales a presumir que la droga fue incorporada en territorio argentino.

El segundo camión, también detenido y requisado tras la orden judicial, transportaba en el sector de la cisterna otras seis mochilas idénticas a las anteriores, que contenían 142 ladrillos y un peso total de 149,5 kilos de clorhidrato de cocaína. Según la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, el valor de mercado de la droga incautada supera los 13.500 millones de pesos.

Los fiscales Gonzalo Ruggeri (PROCUNAR NEA) y Federico Grimm (Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela) expusieron que los involucrados actuaron “con dominio funcional del hecho y distribución de roles orientados a un fin común: recibir la sustancia estupefaciente, coordinar y ejecutar su traslado por vía terrestre en convoy, y concretar su entrega en el destino previsto dentro del país”.

Además, remarcaron que “cada aporte, como el acondicionamiento y ocultamiento de la droga, la conducción de los rodados, la vigilancia y coordinación”, fueron “funcionalmente” necesarios para ejecutar el plan.

El juez Santiago Saux dio por formalizada la imputación en base a los hechos, las evidencias y la calificación legal presentadas por la fiscalía, y aceptó el planteo de medida de coerción. Dispuso prisión preventiva para los tres imputados —los dos conductores y un acompañante— por el plazo de 121 días, período que coincide con el tiempo inicial previsto para el desarrollo de la investigación.

La fiscalía calificó la conducta de los detenidos como coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la cantidad de intervinientes, según lo establece la Ley 23.737. La medida de coerción tiene como objetivo asegurar la sujeción de los acusados al proceso penal y evitar cualquier intento de entorpecimiento de la investigación en curso.

La causa sigue abierta y las autoridades continúan trabajando para identificar al resto de los integrantes de la presunta organización internacional dedicada al tráfico de drogas.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a un ciudadano venezolano de 36 años identificado como Yosthan Yuruvit “N”, alias “Dientes de Oro”, identificado como presunto integrante del grupo delictivo “Tren de Aragua”, en posesión de droga de dos tipos, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El detenido, señalado como probable responsable de extorsión, narcomenudeo y homicidio, fue puesto a disposición del Ministerio Público el 28 de julio de 2026.

Vigilancia en Villa de Aragón derivó en la detención

El operativo se originó a partir de múltiples reportes ciudadanos sobre puntos de venta de droga en la colonia Villa de Aragón. En seguimiento a esas denuncias, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un recorrido de vigilancia cuando, sobre la avenida Carlos Hank González, detectaron a un hombre a bordo de una camioneta roja que manipulaba un objeto con apariencia de arma de fuego.

Ante la presunción de un hecho delictivo, los policías se acercaron al sujeto y le informaron que, en apego al protocolo de actuación policial, le practicarían una revisión preventiva.

La revisión confirmó las sospechas. Dentro del vehículo, los oficiales hallaron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, sustancias de dos tipos con apariencia de droga y dinero en efectivo.

Qué se le encontró al detenido

El aseguramiento incluyó 52 bolsitas con aparente marihuana y 96 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina, para un total de 148 unidades de presunta droga, según la información compartida por la SSC.

El hombre, de 36 años, manifestó ser ciudadano venezolano. Fue enterado de sus derechos de ley en el lugar de los hechos y posteriormente presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones.

Los delitos que se le imputan

Conforme al documento oficial, el detenido es señalado como probable responsable de narcomenudeo, extorsión y homicidio, con zona de operación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La SSC también atribuye al detenido, a través de sus canales en redes sociales, su participación en la modalidad de extorsión conocida como “gota a gota”, esquema en el que las víctimas son obligadas a pagar cuotas periódicas bajo amenaza.

El Tren de Aragua, una organización criminal con presencia creciente en México

El Tren de Aragua es una organización criminal de origen venezolano fundada en 2009 como sindicato en el penal de Tocorón, en Venezuela, que se expandió por América Latina hasta consolidarse como uno de los grupos delictivos transnacionales más activos del continente. En México, sus primeras actividades fueron detectadas en 2022 en municipios de Chiapas, donde operó esquemas de préstamos “gota a gota” y reclutamiento de mujeres para redes de explotación sexual, antes de extender su presencia hacia la Ciudad de México.

En la capital del país, la organización pasó en dos años de figurar de forma marginal en informes de inteligencia a convertirse en uno de los grupos criminales más violentos y rentables. Sus principales actividades incluyen la explotación sexual de mujeres latinoamericanas, la producción y distribución de droga sintética, entre ellas la denominada “cocaína rosa” y diversos esquemas de extorsión.

El contexto de seguridad en Gustavo A. Madero

La detención se inscribe en una serie de operativos que las autoridades capitalinas han intensificado en esa demarcación. El fin de semana previo, elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplimentaron seis órdenes de aprehensión en cuatro alcaldías, entre ellas Gustavo A. Madero, por extorsión agravada, delitos contra la salud y robo agravado.

En esa misma alcaldía, el 24 de julio, fue detenido un hombre de 22 años al interior de un centro penitenciario en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Ese mismo día, en la colonia Castillo Grande, fue aprehendida una mujer de 40 años señalada de extorsión agravada y presuntamente vinculada a un grupo delictivo generador de violencia en la zona.

La situación jurídica, pendiente de resolución

Yosthan Yuruvit Adonay Duarte Ruiz permanece a disposición del Ministerio Público. La autoridad ministerial determinará si existen elementos suficientes para continuar con un proceso penal formal en su contra.

La SSC no precisó en su comunicado oficial si el detenido cuenta con antecedentes penales en México ni si existen órdenes de aprehensión previas en su contra. Las investigaciones, señaló la dependencia, continúan en curso.

La Policía de Panamá confirmó la captura de Andrés Felipe Arias, conocido en el mundo criminal bajo el alias de Chino Arias, señalado como el principal sospechoso del asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante colombiano Pipe Calderón.

La captura, efectuada en colaboración con Interpol y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de Colombia, se produjo tras una persecución que se extendió por un año. La detención representa un avance en el caso del homicidio ocurrido en Medellín en 2025.

El crimen en una zona exclusiva de Medellín

El 8 de mayo de 2025, María del Pilar Zea Cobo, conocida en el mundo del narcotráfico como “la Reina”, fue asesinada de dos disparos en la cabeza en el estacionamiento del Mall del Este, en El Poblado, una exclusiva zona del suroriente de Medellín.

La víctima se encontraba acompañada de su pareja, Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y DJ conocido como DJ Toro. De acuerdo con el testimonio recogido por la Policía, Toro relató que su pareja le pidió que comprara unas bebidas y, al regresar, la encontró gravemente herida en la camioneta.

Cámaras de seguridad del centro comercial registraron el momento en que el “Chino Arias” abandonó la camioneta, portando una bolsa, para luego abordar un automóvil Chevrolet Emotion gris y abandonar el lugar. Desde ese momento, Arias se convirtió en el principal sospechoso y huyó de Colombia pocos días después del crimen.

Antecedentes: ‘la Reina’ y su entorno

Según reportes judiciales, María del Pilar Zea Cobo era investigada por su presunta participación en una red de narcotráfico internacional y tenía vínculos con organizaciones como el Clan del Golfo. Su zona de operaciones principal era el Valle del Cauca y era conocida por manejar rutas que conectaban el Pacífico colombiano, Centroamérica y Estados Unidos.

En 2022, las autoridades estadounidenses, incluyendo el FBI y la DEA, comenzaron a seguir sus movimientos luego de decomisar 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, Costa Rica. A raíz de ese decomiso y tras endeudarse por aproximadamente $40.000 millones con varios carteles, “la Reina” cambió su residencia de Cali a Medellín y buscó colaborar con la DEA para obtener beneficios judiciales en Florida y Texas.

Fuentes consultadas por Semana señalaron que la víctima había sido cercana a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un reconocido narcotraficante que fue liberado en Estados Unidos meses antes del crimen. Algunas versiones apuntan a que “la Reina” habría entregado información sobre “Chupeta” a la DEA, hecho que la habría dejado expuesta y sin protección, ya que prescindió de escoltas y mantenía una vida pública.

El desarrollo de la investigación

La Unidad de Vida de la Seccional de Fiscalías de Medellín quedó a cargo de la investigación y gestionó la orden de captura internacional contra Arias. La investigación también involucra a autoridades de Estados Unidos, donde Zea Cobo era objeto de indagaciones por narcotráfico y donde se presume que mantenía contactos con redes criminales de alto perfil.

El día del asesinato, la reunión entre “la Reina” y “el Chino Arias” giraba en torno a un tema relacionado con estupefacientes, de acuerdo con las versiones entregadas a la policía por DJ Toro. Tras el ataque, las cámaras y los testimonios permitieron reconstruir la secuencia de hechos, colocando a Arias como el principal sospechoso y motivando la alerta internacional que llevó a su captura en Panamá.

La detención de Andrés Felipe Arias en Panamá abre la puerta para esclarecer la autoría y la motivación detrás del asesinato de María del Pilar Zea Cobo. Fuentes judiciales declararon a Semana que ahora corresponde determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen y si el asesinato está relacionado con un ajuste de cuentas ordenado por alias Chupeta o por la colaboración de la víctima con la DEA.

Además de las investigaciones por narcotráfico, Zea Cobo estaba vinculada a dos procesos judiciales en Colombia por presuntos delitos de constreñimiento ilegal y amenazas, aunque ambos permanecían en etapa preliminar.

La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva oficiosa para seis hombres detenidos en Mazatlán, Sinaloa, entre ellos Ricardo “N”, alias "El Tío“, presunto operador financiero de una célula vinculada a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La juzgadora calificó legal la detención tras un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad federal ejecutado el 25 de julio, y la defensa solicitó duplicidad del término constitucional para que la autoridad judicial defina la situación jurídica de los imputados en la continuación de la audiencia.

Los seis permanecerán en el CEFERESO Número 8 “Nor-Poniente”, en Guasave, Sinaloa.

Cargos diferenciados según cada imputado

El MPF formuló imputaciones distintas según el perfil de cada detenido. A Ricardo “N” se le atribuye la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión simple de marihuana, y posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, atribuido exclusivamente a Ricardo “N”, refleja su presunto rol como operador financiero dentro de la estructura criminal, a diferencia de los otros cinco, cuyas imputaciones apuntan a funciones operativas.

El operativo que derivó en las detenciones

Las seis capturas fueron resultado de labores de inteligencia, investigación y vigilancias fijas y móviles coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento permanente de seguridad en Sinaloa.

Los agentes identificaron dos inmuebles en Mazatlán que presuntamente se usaban para la comisión de delitos. Tras reunir los indicios necesarios, desplegaron un cerco de seguridad que culminó con la detención de los seis hombres el 25 de julio.

Entre los capturados se encuentra Alejandro “N”, de nacionalidad estadounidense, señalado como integrante de la misma estructura criminal que los otros cinco detenidos.

El perfil de “El Tío” y su rol en Los Chapitos

Ricardo “N”, de 49 años, es identificado por las autoridades federales como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Mantenía operaciones en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa.

Las autoridades federales señalaron que su detención representa un golpe a la estructura financiera y operativa de la célula.

Lo asegurado en los dos inmuebles

Durante el operativo, las fuerzas federales decomisaron dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de metanfetamina, fentanilo y marihuana, además de equipos de telefonía y cómputo.

A eso se sumaron aproximadamente USD 100 mil en divisas, dos vehículos y los dos inmuebles cateados en Mazatlán. Todo quedó bajo resguardo del MPF para su integración a las carpetas de investigación.

Mazatlán, bajo presión por la escalada de violencia

El proceso judicial se desarrolla en un contexto de agudización de la violencia en el puerto. En la semana del 19 al 25 de julio se registraron 14 homicidios y un feminicidio en Mazatlán, además de ataques a viviendas y negocios con disparos y explosivos, y privaciones ilegales de la libertad.

La situación derivó en un despliegue escalonado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): primero llegaron 400 elementos el miércoles 23 de julio y, horas después, un segundo contingente de 900 militares arribó al puerto, según confirmó el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez. Ambos grupos suman alrededor de mil 300 efectivos federales en la zona.

El lunes 27 de julio, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde presidió la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Cuartel General de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, junto al comandante general Alejandro Vargas González. En el encuentro, el secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, anunció el despliegue de 2 mil elementos adicionales para la zona sur, con lo que el total de efectivos en esa región ascendió a 5 mil. Las autoridades también acordaron instalar filtros de revisión en las entradas y salidas del puerto.

La guerra en Sinaloa que no cede

La violencia en Mazatlán forma parte de un conflicto que sacude al estado desde septiembre de 2024, cuando Los Chapitos y Los Mayos rompieron su alianza tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Una carta difundida por Zambada reveló que el 25 de julio de 2024 fue citado con engaños por Joaquín Guzmán López para reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, entonces alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Según su versión, fue golpeado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos a bordo de una aeronave.

Desde ese quiebre, las cifras oficiales registran más de 2 mil 600 homicidios en el estado hasta marzo de 2026, con estimaciones periodísticas que elevan ese número en al menos 420 casos adicionales. El colectivo Sabuesos Guerreras calcula que más de 6 mil personas han desaparecido en Sinaloa desde el inicio del conflicto, cifra que más que duplica el registro oficial de la Fiscalía estatal, de 3 mil 889 casos.

David “N”, alias "El Ocra“, fue vinculado a proceso por segunda ocasión este 28 de julio por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de homicidio cometido en el municipio de Zumpango en febrero de 2019. El imputado, identificado como el mayor líder huachicolero del Estado de México y presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue arrestado el 12 de julio en Frisco, Texas, y entregado a las autoridades mexicanas dos días después. La autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa en su contra y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El crimen de Zumpango que desató la investigación

De acuerdo con las pesquisas de la FGJEM, en febrero de 2019 "El Ocra" y un acompañante llegaron a bordo de un vehículo al lugar donde se encontraba la víctima, un hombre cuya identidad no fue divulgada. Ambos lo agredieron con un arma de fuego y huyeron del lugar.

A partir de esos hechos, la Fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar a "El Ocra" como posible partícipe del ilícito. Con esos datos, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra por homicidio.

Segunda vinculación que consolida el caso

Tras su traslado a territorio mexiquense, la autoridad judicial analizó los datos de prueba aportados por la FGJEM y determinó la vinculación a proceso por homicidio, con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Con esta resolución, suman dos vinculaciones a proceso en contra de Vargas Rivera, quien enfrenta cargos por al menos dos homicidios distintos en el Estado de México. La Fiscalía cuenta con dos meses para cerrar la investigación complementaria del caso más reciente.

Detenido en Texas: INTERPOL e ICE, dos versiones sobre quién lo capturó

El 12 de julio, "El Ocra" fue arrestado en Frisco, Texas. La FGJEM atribuyó la detención a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de su oficina en Dallas (ERO Dallas), se adjudicó la operación de forma directa en su propio comunicado. Ambas dependencias coinciden en que el objetivo fue entregado a México el 14 de julio para enfrentar cargos por homicidio.

ICE identificó a David “N” como presunto sicario del Cártel de Santa Rosa de Lima y presunto operador de alto nivel en el robo de hidrocarburos. La agencia destacó la rapidez de la entrega: dos días entre el arresto y la deportación.

El 14 de julio, Vargas Rivera fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tamaulipas. Al día siguiente, elementos de la FGJEM se trasladaron a esa entidad para ejecutar la orden de aprehensión por el homicidio en Zumpango, delito distinto al que ya había motivado una primera vinculación a proceso. Una vez cumplimentada la orden, fue trasladado a territorio mexiquense e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El mayor líder huachicolero del Estado de México

Las investigaciones de las autoridades mexiquenses ubican a Vargas Rivera como el principal operador del robo de hidrocarburo en el Estado de México, con actividades en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, así como en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

En sus inicios operó también en Huehuetoca, Cuautitlán, Jaltenco, Teoloyucan y Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde se le relacionó con robo de vehículo y homicidio.

La banda criminal a la que pertenece se dedica al robo y traslado de hidrocarburo, robo de vehículo, venta de narcóticos y homicidio, con presencia en varias entidades del norte del país. Las autoridades lo señalan además como presunto integrante del CJNG, con actividades de extorsión, narcomenudeo, secuestro y cobro bajo el esquema “gota a gota” en los municipios donde operaba.

ICE, por su parte, lo vinculó con el Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal con presencia en el Bajío mexicano.

Antecedentes internacionales y una detención previa sin explicación

El perfil de "El Ocra" trasciende las fronteras mexicanas. ICE informó que registra un arresto en Canadá por agresión a un oficial de paz y amenazas, además de otro en Colombia, sin que la agencia ofreciera detalles sobre este último caso.

En México, las autoridades del Estado de México ya lo habían detenido en enero de 2021 como parte de otra investigación. Ni la FGJEM ni ninguna otra dependencia informaron el tiempo que permaneció en prisión ni las circunstancias en que recuperó su libertad.

Antes de esa primera detención, David “N” protagonizó un video en el que mostró un túnel clandestino utilizado para transportar hidrocarburo robado. La estructura, cuyo costo ascendía a dos millones de pesos, fue localizada posteriormente por la FGR, pero el imputado logró escapar antes de ser aprehendido.

La jueza federal Dana M. Sabraw, de la corte federal de San Diego, California, desestimó este martes los cargos por narcotráfico contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa (CDS), a petición de la fiscalía estadounidense. La resolución cerró un expediente abierto desde 2014, ocho días después de que otro tribunal federal le impusiera cadena perpetua en Nueva York.

La desestimación no implica libertad ni beneficio alguno para Zambada. La jueza Sabraw actuó sobre el caso número 3:14-cr-00658-DMS del Distrito Sur de California, que acumulaba cuatro cargos: crimen organizado, tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y mariguana, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero. La orden de arresto vinculada a ese expediente también fue cancelada.

Qué dice la orden judicial

La resolución de Sabraw reproduce el argumento central de la fiscalía: “La acusación en el caso mencionado arriba es desestimada con prejuicio en cuanto al acusado Ismael Zambada García solamente. También se ordena que la orden de arresto contra Ismael Zambada García solamente sea retirada”, según el texto de la orden.

La desestimación “con perjuicio” tiene un peso técnico preciso: el gobierno de Estados Unidos no podrá reabrir esa acusación específica contra Zambada en el Distrito Sur de California en el futuro.

Por qué la fiscalía pidió cerrar el caso

Un día antes, el pasado lunes 27 de julio, los fiscales Adam Gordon y Matthew J. Suttonpresentaron una moción formal ante esa corte bajo la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

El argumento fue de economía procesal: el 20 de julio de 2026, el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, había sentenciado a Zambada a prisión de por vida. Zambada se había declarado culpable el 25 de agosto de 2025 de dos cargos por crimen organizado ante esa misma corte.

Con esa condena vigente, la fiscalía consideró que mantener abierto un proceso paralelo en California “ya no tiene sentido”, según el texto del documento firmado por Gordon y Sutton.

La sentencia de Nueva York también incluyó un decomiso de USD 15 mil millones, cifra calculada como el producto de casi cuatro décadas de actividad criminal al frente del CDS.

Los coacusados que siguen prófugos

La acusación desestimada en California no era solo contra Zambada. El expediente incluía también a dos de sus hijos: Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, e Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco. El cuarto acusado era Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La desestimación aplica únicamente a Zambada García. Los cargos contra los demás acusados permanecen activos.

Según las autoridades estadounidenses, El Mayito Flaco y El Chapito encabezan hoy facciones rivales dentro del propio CDS: La Mayiza o Los Mayos y La Chapiza o Los Chapitos, respectivamente. Ambos grupos se disputan territorios, contactos y activos del cártel en una guerra interna que se intensificó a partir de julio de 2024.

El origen: la captura de 2024

El proceso que culmina con este cierre en California tuvo su detonador el 25 de julio de 2024, cuando Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.

El propio capo confirmó, en una carta difundida por su abogado Frank Pérez, que fue engañado por Los Chapitos para asistir a una reunión con líderes políticos de Sinaloa, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya. Esa reunión resultó ser una trampa.

Junto con Zambada fue detenido ese día Joaquín Guzmán López, quien permanece en espera de sentencia tras declararse culpable de dos cargos por tráfico de drogas ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. El gobierno de Donald Trump señaló que Guzmán López enfrenta una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua.

Una condena que no cambia

El cierre del expediente californiano es una medida de administración judicial, no un acto de clemencia. La condena dictada por el juez Cogan en Brooklyn permanece intacta.

Zambada García, de 76 años, pasará el resto de su vida en prisión federal en Estados Unidos.

En conversación con la revista Semana, el alcalde de Cali (Valle del Cauca), Alejandro Éder, señaló al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que está próximo a finalizar su mandato, de haber empeorado el flagelo del narcotráfico debido a la falta de implementación de una política efectiva de lucha contra la comercialización ilícita de estupefacientes y contra los cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con el mandatario local, el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Valle del Cauca, en los alrededores de la capital del departamento, es evidente. “La seguridad en el campo alrededor de Cali es especialmente preocupante porque, por falta de una política clara del Gobierno saliente, las siembras de coca y la producción de cocaína ya llega a las faldas de Cali. Eso es absurdo”, detalló al medio de comunicación citado.

El alcalde informó que, a solo 15 kilómetros de Unicentro y a 15 kilómetros de la Universidad del Valle hay un lugar en donde se está produciendo cocaína. Advirtió que esta actividad ilícita está generando graves afectaciones en el medio ambiente, en las fuentes hídricas y en el tejido social. Además, está provocando más hechos de violencia.

En consecuencia, envió un mensaje al mandatario electo, que se posesionará el 7 de agosto de 2026, en el que enlistó las necesidades que tiene Cali en materia de seguridad. Según precisó, la ciudad necesita de por lo menos 1.000 policías adicionales para fortalecer el pie de fuerza y garantizar mayor protección a la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que se deben devolver las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, con el objetivo de que puedan enfrentar a los grupos armados que utilizan drones cargados con explosivos para cometer actos de terrorismo.

“Es el colmo que hayan desfinanciado la Fuerza Aérea de Colombia (ahora Fuerza Aeroespacial Colombiana), que tengamos el 70% de las aeronaves de militares en tierra, mientras que estos delincuentes andan con drones en distintas poblaciones rurales del Cauca y del Valle del Cauca”, indicó.

Las autoridades de Cali tienen otra meta: capturar y dar de baja a todos los criminales que han estado detrás de atentados cometidos en Cali, Valle del Cauca y Cauca, durante el último año y medio. “Inclusive, ya sabemos dónde están. Solo hace falta la voluntad y la orden desde el Gobierno nacional para capturarlos”, señaló al informativo citado.

Cultivos de hoja de coca en Colombia ya superan las 260.000 hectáreas

El crecimiento de los cultivos de hoja de coca es una realidad que afecta al país en general. De acuerdo con el informe Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en 2024 se detectaron 261.000 hectáreas de coca cultivadas en el territorio nacional, lo que representa un crecimiento del 3,5% con respecto a 2023 (253.000 hectáreas).

Pero la problemática también traspasa las fronteras de Colombia. En el documento se indica que, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025, se incrementó el consumo de cocaína a nivel global. El mercado alrededor de esa sustancia ilícita alcanzó 25 millones de consumidores en 2023.

No obstante, el país contribuye enormemente a la problemática por su rol de productor. Pues, junto con Perú y Brasil, fue catalogado como uno de los países principales de salida de cargamentos de cocaína a nivel mundial entre 2020 y 2023.

“En Colombia se han consolidado puntos estratégicos para el tráfico de cocaína a través del océano Pacífico. En particular, se destacan las rutas ubicadas en Tumaco (Nariño) y el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca). Los grupos criminales demuestran una continua capacidad de adaptación ante el control estatal y la cooperación internacional, implementando modalidades híbridas de envío”, precisa el informe de la Unodc.

La Policía de Control de Drogas (PCD) y el Ministerio de Seguridad Pública desplegaron este martes uno de los mayores operativos contra el narcotráfico registrados en el país, con la ejecución simultánea de 65 allanamientos dirigidos a desarticular una organización criminal señalada de enviar grandes cargamentos de cocaína a través del puerto de Moín, en Limón.

Durante un balance preliminar, las autoridades informaron que la investigación tenía como objetivo a 63 personas y que, de momento, ya se había logrado la captura de 49 sospechosos.

Además, continuaba la búsqueda de otro de los presuntos integrantes de la estructura, identificado por el apellido Casanova.

El Ministerio de Seguridad calificó el operativo como un hecho “histórico” y aseguró que representa uno de los golpes más importantes propinados por la Policía de Control de Drogas en los últimos años.

De acuerdo con la información oficial, la organización criminal sería responsable del tráfico de importantes cargamentos de cocaína utilizando como punto de salida el puerto de Moín con destino a Europa y Estados Unidos.

Solo en los últimos dos años, la PCD decomisó más de 14 toneladas de droga que las investigaciones atribuyen a esta estructura.

Las autoridades también señalaron que los presuntos líderes de la organización serían la hija y el yerno de alias “Macho Coca”, uno de los nombres vinculados históricamente con investigaciones por narcotráfico en Costa Rica.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención durante la investigación fue la presunta participación de funcionarios policiales. Según confirmó el ministro de Seguridad Pública, las labores de inteligencia permitieron identificar a nueve oficiales que, aparentemente, formaban parte de la organización o colaboraban con sus operaciones ilícitas.

“Es una de las operaciones más grandes que ha tenido la Policía de Control de Drogas y el Ministerio de Seguridad Pública. Esto es producto del trabajo que venimos haciendo con el Grupo de Fuerza Élite”, afirmó el jerarca.

El ministro añadió que el operativo envía un mensaje tanto a las organizaciones criminales como a los funcionarios públicos que traicionen su juramento.

“Vamos a enfrentarlos. El mensaje es claro y contundente para los costarricenses: vamos a estar erradicando la corrupción. Vamos a analizar toda la información que recibimos para dar con quienes han querido manchar el uniforme”, manifestó.

El jerarca sostuvo que la investigación demuestra que las fuerzas policiales no solo mantienen la ofensiva contra el crimen organizado, sino también contra la corrupción dentro de sus propias filas.

“Las fuerzas públicas de este país unidas no solamente enfrentamos la delincuencia, sino también la corrupción interna”, enfatizó.

Los allanamientos se desarrollaron en distintas provincias con la participación de equipos especializados, luego de varios meses de trabajo de inteligencia e investigación.

El Ministerio de Seguridad indicó que el objetivo principal era desmantelar completamente la estructura logística y operativa de la organización, así como llevar ante la justicia a todos los sospechosos vinculados con la red.

Mientras tanto, el Gobierno insistió en que este operativo constituye una muestra de la estrategia para combatir el narcotráfico y las redes de corrupción que facilitan sus operaciones dentro del país.

Las autoridades decomisaron dinero en efectivo, 12 armas de fuego, 14 cargadores, 421 municiones de distinto calibre, ocho vehículos, dos motocicletas y varios uniformes de seguridad privada.

La Armada de México aseguró una afectación económica de más de 248 millones de pesos para los grupos delictivos en cocaína, en el Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas e impidió que más de dos millones de dosis llegaran a la sociedad, en peso, la droga asegurada equivale a 1.1 toneladas de presunta cocaína, esto, tras detectar una embarcación menor con tres tripulantes que transportaba 38 bultos de la sustancia a casi 713 kilómetros de la costa. Además, se realizaron las detenciones de tres hombres durante el aseguramiento.

Operativo en el Pacífico sur

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, interceptó una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda a aproximadamente 385 millas náuticas, es decir, equivalentes a 713.02 kilómetros, al suroeste del estado de Chiapas.

A bordo viajaban tres tripulantes que transportaban 38 bultos con características similares a la cocaína, 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas.

La acción se originó durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, en el transcurso de los cuales el personal naval detectó los bultos en la franja costera y procedió a su aseguramiento en el acto.

Qué se decomisó y cuánto pesa el golpe económico

El peso total del aseguramiento, incluido el embalaje, ascendió a 1,140 kilogramos de presunta cocaína. Junto con la droga, quedaron bajo resguardo los 33 bidones de combustible y las dos radiobalizas halladas en la embarcación.

La Semar calculó que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesos para las organizaciones criminales involucradas. Esa cifra refleja el daño directo a la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

La operación también evitó que más de dos millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados de consumo, de acuerdo con la información difundida por la dependencia.

Cadena de custodia: de alta mar a la FGR

Una vez concluido el aseguramiento, el material fue trasladado a Puerto Chiapas, en el estado del mismo nombre. Ahí, la Semar puso los bienes a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La determinación del peso ministerial definitivo del decomiso es un paso necesario antes de que la cifra se incorpore oficialmente a los registros de la administración.

80 toneladas aseguradas en lo que va de la administración

Este operativo en aguas chiapanecas se suma a una serie de decomisos marítimos acumulados durante la presente administración. Según la Semar, el total de cocaína asegurada en el mar asciende a cerca de 80 toneladas, cifra a la que se integrará el peso ministerial del más reciente aseguramiento una vez que sea determinado por la FGR.

El dato posiciona a la Armada de México como el principal actor institucional en la intercepción de narcóticos en aguas nacionales durante este periodo de gobierno.

Operaciones permanentes en las zonas marinas mexicanas

Las acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado es inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.

La Armada de México actúa en estos casos en funciones de Guardia Costera, figura que le permite intervenir embarcaciones, detener tripulantes y asegurar cargamentos en el marco legal vigente para el combate al narcotráfico en zonas marinas mexicanas.

El ex convicto Franklin Gillespie fue condenado a 52 años de prisión en Brooklyn por su papel en la pandilla Bully Gang.

La pena llegó después de un juicio federal que expuso homicidios, tiroteos, robos y tráfico de drogas; el tribunal evaluó además el alcance de la estructura delictiva y el impacto de sus acciones en Bedford-Stuyvesant en un proceso que, según el veredicto de junio de 2024 y casi 50 admisiones de culpabilidad de miembros de menor rango, dejó al barrio prácticamente libre de esa estructura criminal.

Según el New York Daily News, Gillespie, de 35 años, fue descrito por los fiscales como el “miembro más violento” del grupo. Fue condenado junto con otros tres líderes en un caso de asociación ilícita para delinquir que se extendió durante dos meses y abarcó tres homicidios, varios ataques a tiros y una operación interestatal de narcotráfico.

Los otros condenados ya habían recibido sus penas: Moeleek Harrell fue sentenciado a 60 años en abril, Derrick Ayers a 59 años el mes pasado y Anthony Kennedy a 41 años en mayo. Harrell había evitado antes dos acusaciones estatales de homicidio, en 2017 y 2023, recordó el diario.

Durante el juicio federal, la fiscalía sostuvo que Gillespie actuó como figura central en hechos violentos atribuidos a Bully Gang y que su rol incluyó el uso directo de armas de fuego, además de la coordinación de ataques.

El juicio vinculó a Gillespie con dos homicidios cometidos en cuatro días

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que Gillespie cometió dos de los tres homicidios analizados por el tribunal en un lapso de cuatro días, en abril de 2020. Uno fue la ejecución a quemarropa de Paul Hoilett, integrante de la banda rival Stukes Crew; el otro, la de Mike Hawley, quien había manejado el vehículo de fuga en el asesinato de Hoilett.

De acuerdo con las autoridades federales, Gillespie temía que Hawley hablara con los investigadores si era detenido, después de enterarse de que las autoridades federales lo buscaban.

El jurado no alcanzó un veredicto unánime en el caso Hoilett, pero sí lo declaró culpable de conspiración para cometer homicidio como acto constitutivo de la asociación ilícita en el caso Hawley.

El juez federal de Brooklyn Brian Cogan dijo al dictar la pena: “Me enfrento a un hombre muy violento que dispara sin vacilar y ordena a otros que disparen sin vacilar”. También señaló sus antecedentes de detenciones por posesión de armas y hechos violentos, pese a condenas anteriores y a su situación de libertad supervisada.

Cogan agregó: “¿Qué puedo hacer para impedir que el señor Gillespie porte armas? No creo que haya nada que pueda hacer. No creo que vaya a detenerse”. El juez sostuvo además que la preponderancia de las pruebas demostraba que había cometido ambos homicidios y que tomaría en cuenta ese hecho al imponer la condena.

Los fiscales lo señalaron como ejecutor armado de Bully Gang

La fiscalía había pedido cadena perpetua. La fiscal federal adjunta Joy Lurinsky dijo:

Según las autoridades federales, también participó en las operaciones de narcotráfico de Bully Gang en Maine y cometió robos a mano armada para el grupo. Los fiscales añadieron que estuvo involucrado en otros tiroteos no mortales y que apuñaló a tres reclusos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn durante dos peleas ocurridas en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Sobre esa conducta, Cogan ironizó: “Actúa de forma impulsiva y, si algo no le gusta… bueno, si no te disparan, es posible que te amenacen”. La condena de Gillespie cerró la serie de penas impuestas a la cúpula de la banda.

En un comunicado del Departamento de Justicia, la comisionada de NYPD, la Policía de Nueva York, Jessica Tisch afirmó: “Durante años, la banda Bully Gang sembró el terror y la violencia en Brooklyn, perpetrando homicidios, tiroteos, robos a mano armada y tráfico de drogas”. Añadió que Gillespie y los demás cabecillas “nunca volverán a caminar en libertad por nuestras calles”.

Tisch sostuvo que el caso refleja la estrategia de vigilancia policial de precisión del cuerpo para enfrentar a las pandillas y retirar armas de fuego de circulación.

La declaración se conoció en una semana en la que once presuntos miembros de los Trinitarios fueron arrestados y acusados por una larga lista de delitos violentos, incluidos cinco homicidios, en distintos puntos de la ciudad de Nueva York, Westchester y el norte de Nueva Jersey.

Otro caso que expone la violencia de pandillas

Entre las víctimas atribuidas a ese caso figura Ariela “La Langosta” Mejía Polanco, de 33 años, una persona de la vida nocturna con más de 550.000 seguidores en Instagram, hallada muerta a balazos en su auto el año pasado.

Esta condena se produjo en un contexto más amplio: aunque la ciudad de Nueva York registró una caída récord en homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y armas blancas persistió en calles, escuelas, transporte público, edificios, comercios y hospitales.

Colombia sigue ocupando el centro del escenario en la lucha internacional contra el narcotráfico, en medio de un debate sobre la eficacia de las tácticas militares impulsadas por Estados Unidos para frenar el flujo de cocaína hacia su territorio.

A pesar de las declaraciones de éxito del presidente Donald Trump, funcionarios del Pentágono y la DEA han reconocido que las operaciones militares, como la denominada Operación Lanza del Sur, no han logrado reducir la oferta ni el precio de la cocaína en el mercado estadounidense, y que los carteles se adaptaron en poco tiempo a sus rutas y métodos.

Esta conclusión se compartió en un informe del diario estadounidense The Washington Post, titulado Los ataques mortales de lanchas estadounidenses no han logrado frenar el suministro de cocaína, según afirman funcionarios del Pentágono y de la DEA (Deadly U.S. boat strikes have failed to curb cocaine supply, Pentagon and DEA officials say).

El corazón del fenómeno sigue estando en Colombia

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la producción global de cocaína, centrada principalmente en Colombia, alcanzó máximos históricos en la última década.

Entre 2014 y 2024, el área de cultivo de coca en el país se triplicó hasta superar los 3.800 kilómetros cuadrados, mientras que la fabricación de cocaína se cuadruplicó hasta llegar a 4.100 toneladas anuales.

“El negocio es tan extraordinariamente rentable que los carteles no tienen inconveniente en pagar costos de envío cinco o diez veces más altos”, explicó un oficial de inteligencia naval ecuatoriano al mismo medio. “Saben que, aunque EE. UU. destruya una lancha, logran pasar diez semisumergibles u otras lanchas rápidas que evaden la detección”, añadió el oficial.

El informe de la DEA señala que los golpes militares estadounidenses han llevado a los traficantes a diversificar sus estrategias.

Las organizaciones criminales han dejado de depender únicamente de las lanchas rápidas y ahora utilizan barcos de mayor tamaño que se mantienen cerca de las costas, donde el riesgo de ataques es menor.

También han incrementado el uso de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas en la frontera colombo-venezolana, volando hacia Guyana y Surinam para evadir la presencia estadounidense.

Un alto funcionario de seguridad colombiano, que pidió no ser identificado, confirmó que la presión militar estadounidense ha tenido un efecto disuasorio limitado.

“Hubo un efecto en un tipo de transporte. Los obligó a buscar otros métodos. Ahora han aumentado las salidas por puertos y el almacenamiento en barcos grandes”, comentó el funcionario, que de paso aseguró que los criminales han encontrado nuevas formas de explotar los puntos débiles del sistema, manteniendo el negocio en funcionamiento.

Así operan en la región Caribe colombiana

En La Guajira, norte de Colombia, los traficantes pagan a funcionarios locales para que informen sobre la ubicación de los buques estadounidenses y así lanzar sus embarcaciones cuando el mar está libre de vigilancia.

“Cuando aprietas el globo por un lado, siempre se expande por el otro”, resumió un funcionario de la DEA, que resolvió: “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han reportado incautaciones históricas, pero también admiten que el precio del kilo de cocaína en Florida ha caído en un 50% en los últimos cinco años, situándose entre 13.000 y 15.000 dólares, lo que sugiere que el suministro no solo se ha mantenido, sino que podría haber aumentado.

El análisis de la pureza de la droga decomisada por la DEA muestra que sigue en niveles altos, lo que indica que los distribuidores no se ven obligados a adulterar la mercancía para maximizar inventario.

El impacto de estas dinámicas es visible tanto en EE. UU. como en Colombia. La economista Xinming Du, de la Universidad Nacional de Singapur, reportó en diálogo con el mismo medio norteamericano que el auge de la cocaína colombiana se relaciona con entre 1.000 y 1.500 muertes por sobredosis al año en territorio estadounidense.

“La producción en origen en Colombia es el factor de oferta más directamente vinculado a las muertes por sobredosis en EE. UU.”, afirmó Du, al puntualizar que el flujo total depende más de lo que se cultiva que de lo que se intercepta en tránsito.

La cruzada de Donald Trump contra el narcotráfico

En el plano político, la administración Trump ha defendido la militarización de la lucha antidrogas y atribuye a las operaciones como Lanza del Sur una caída “del 98%” en el tráfico marítimo de drogas, afirmación que los datos oficiales y los analistas refutan.

“Estas medidas no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a otros de intentar traficar drogas hacia nuestro país”, aseguró una portavoz de la Casa Blanca al mismo diario.

Sin embargo, altos mandos militares estadounidenses, como el general Francis L. Donovan, reconocen que los ataques a lanchas “probablemente no son la herramienta más efectiva” y que “no son la respuesta” definitiva.

En Colombia, la percepción es que la lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque más integral y menos centrado en las acciones militares directas. El desafío sigue siendo monumental: mientras los márgenes de ganancia sean tan altos, los carteles continuarán innovando y adaptándose.

Como resumió un comandante de la Guardia Costera de EE. UU., “los contrabandistas llevan 400 años trayendo mercancía a Florida. No van a parar”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Robert”, y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, alias “Franklin” o “Franklito”, considerados dos de los delincuentes más buscados de Panamá por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada.

Ambos mantienen vigente una notificación roja de Interpol, lo que amplía su búsqueda a nivel internacional, mientras las autoridades insisten en que continúan siendo objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen organizado.

La publicación difundida por la institución en sus redes sociales forma parte de una campaña permanente para localizar a los presuntos cabecillas de la organización Humildad y Pureza (HP), una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, evolucionó de una pandilla dedicada a robos entre 2016 y 2017 hasta convertirse en un eslabón clave de las redes internacionales de narcotráfico que operan entre Colombia, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo mantiene vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, actuando como receptor, custodio y transportista de grandes cargamentos de cocaína que ingresan al territorio panameño.

Las autoridades atribuyen a “Robert” y “Franklin” un papel central dentro de esa organización. Ambos son requeridos por investigaciones relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, homicidios por encargo, porte ilegal de armas y blanqueo de capitales, delitos que, según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, forman parte de la estructura criminal que dirigían.

La Policía ofrece 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de Aguilar Becerra y 75.000 dólares por Acevedo Zúñiga, para un total de 175.000 dólares en recompensas, cifras superiores a las ofrecidas cuando fueron declarados prófugos en 2021.

La historia de Los HP cambió radicalmente en diciembre de 2021, cuando las autoridades ejecutaron la Operación Damasco, considerada uno de los mayores golpes contra esta organización.

Durante el operativo fueron detenidas alrededor de 30 personas, entre ellas presuntos colaboradores de la estructura, mientras que las investigaciones también alcanzaron a una funcionaria del Órgano Judicial y a Teresina Vigil, conocida como “La Patrona”, señalada por la Fiscalía de brindar apoyo logístico al grupo. Sin embargo, “Robert” y “Franklin” lograron escapar, convirtiéndose desde entonces en los principales prófugos del caso.

Las investigaciones sostienen que la organización operaba como una franquicia criminal al servicio del Clan del Golfo. Su función consistía en recibir cargamentos de droga procedentes de Colombia en las costas de Colón, almacenarlos temporalmente y trasladarlos posteriormente hacia la ciudad de Panamá o Centroamérica, utilizando rutas marítimas y terrestres.

Ese modelo permitió a la banda expandir sus operaciones y diversificar sus actividades hacia el sicariato, el lavado de dinero y el tráfico de armas, consolidándose como una de las estructuras criminales más importantes identificadas por las autoridades panameñas.

Aunque los dos principales cabecillas continúan prófugos, este año las autoridades han seguido golpeando estructuras vinculadas al nombre HP.

El pasado 25 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Bastión, mediante la cual fueron capturados seis presuntos integrantes de la pandilla HP San Joaquín, incluido su supuesto líder, alias “Cálido Lince”, investigado por homicidios, lesiones personales y delitos relacionados con drogas. Durante los allanamientos también fue decomisada un arma de fuego y otros indicios.

Las acciones continuaron semanas después. El 9 de julio, unidades policiales localizaron en una zona boscosa de San Joaquín a dos presuntos integrantes de esa misma estructura, conocidos con los alias “Mata Sapo” y “Potongo”, quienes permanecían prófugos tras la Operación Bastión.

Posteriormente, un juez de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones por el delito de asociación ilícita o pandillerismo.

Pese a los operativos, decomisos y decenas de capturas realizadas desde 2021, la captura de “Robert” y “Franklin” sigue siendo considerada una pieza clave para cerrar uno de los expedientes más emblemáticos contra el crimen organizado en Panamá.

La permanencia de ambos en condición de prófugos, sumada a las alertas rojas de Interpol y al aumento de las recompensas por información que permita ubicarlos, refleja que las autoridades consideran que la desarticulación total de Los HP aún no estará completa mientras sus presuntos máximos líderes permanezcan fuera del alcance de la justicia.

Al narcotraficante uruguayo Ricardo Cáceres Correa le gusta alardear de su fama criminal. “Soy el que sale en la tele”, le dijo a una mujer que había sido amenazada. El delincuente, que estuvo vinculado a una masacre que ocurrió en una boca de drogas en el barrio Cerro, volvió a ser condenado por la Justicia.

Ricardito, como lo conocen todos, ya estaba preso y le quedaban por cumplir tres años más de cárcel y ahora se le sumarán otros nueve años y cuatro meses, informó tiempo atrás el noticiero Telemundo del canal 12 uruguayo. Se trata de un delincuente conocido del oeste de la capital uruguaya.

Cáceres fue condenado tras ser hallado culpable de organización para el tráfico de drogas, financiación del narcotráfico y violencia privada.

Pero, ¿quién es el Ricardito? Entre otras cosas, fue condenado por mandar a mutilar a consumidores que debían dinero. Los deudores no solo eran secuestrados: desde la prisión él daba indicaciones a los torturadores a través de videollamadas.

Una de las personas que vendía en una boca de drogas de él era la hermana de un consumidor que debía dinero. La forma de pagar la deuda era que su hermana participara en la venta de forma extensiva.

A fines de mayo, cinco personas vestidas de negro entraron a una boca de drogas y dispararon 50 veces. Esta fue la masacre del Cerro: dos hombres y una mujer murieron en el lugar. Esa boca de drogas era de Cáceres. La semana pasada hubo una audiencia judicial en la que él reconoció. Al llegaron a esa instancia judicial, Ricardito se dio vuelta y, mirando a los periodistas, dijo: “Yo no tengo nada que ver con ese triple homicidio. La gente que estaba en esa boca es mía y eran personas inocentes”.

“Yo no soy un asesino, pero sí soy un traficante”, dijo también en esa instancia, según lo relatado por el medio uruguayo. Pero más allá de su comentario, Cáceres también es investigado por homicidios.

La abogada de Cáceres, Leticia Latorre, informó que la pena de nueve años y cuatro meses fue el resultado de un proceso abreviado, que implica el reconocimiento de delitos a cambio de una condena menor. “Él controlaba telemáticamente” bocas de drogas, se limitó a decir la defensora, quien se excusó de dar más detalles porque la audiencia fue reservada.

“Él se dedica a trabajar, a la plata. No se dedica a matar. Son las palabras que él desarrolla de esta situación”, señaló.

La boca de drogas en la que ocurrió el triple crimen fue allanada al día siguiente y se detuvo a su pareja. Ella era la encargada de comunicar al cabecilla de la banda con los demás integrantes de la organización. También recolectaba y administraba parte del dinero. Tenía un vehículo a su disposición, que usaba para recorrer bocas, reunirse con encargados y levantar efectivo.

La incautación de celulares permitió obtener información sobre el modus operandi de Cáceres y confirmó que seguía operando cómo el líder de un grupo criminal estando en la cárcel.

Después de este triple crimen, fue trasladado a una unidad de máxima seguridad.

Ricardito es, además, medio hermano de Luis Betito Suárez, otro narcotraficante que fue considerado uno de los criminales más peligrosos del país.Pero más allá de estos lazos familiares, Cáceres tuvo su propio perfil. Fue el líder de “Los Ricarditos”, como se conocía a una de las bandas criminales que disputaba el territorio de venta de droga en el Cerro, un barrio del acceso oeste de Montevideo. La organización se caracterizaba por la violencia, las extorsiones y el uso de los jóvenes para su propia red.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan recurriendo al uso de caletas subterráneas para ocultar cargamentos de droga, protegerlos de las autoridades y mantenerlos almacenados hasta encontrar el momento adecuado para trasladarlos por mar, tierra o aire hacia mercados internacionales.

Esta modalidad volvió a quedar al descubierto en Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaran una caleta clandestina en el sector de Cuango, Costa Arriba, de Colón, donde permanecían enterrados 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres desarrollados por unidades aeronavales desplegadas en el área. Tras varias horas de búsqueda, los agentes encontraron cinco sacos ocultos bajo tierra, una técnica utilizada por las organizaciones criminales para disminuir el riesgo de que la droga sea detectada durante operativos de vigilancia.

Las llamadas caletas constituyen uno de los métodos más utilizados por las redes del narcotráfico internacional en países de tránsito como Panamá.

Estos depósitos clandestinos suelen construirse en áreas boscosas, fincas, playas, manglares o zonas de difícil acceso, donde los cargamentos permanecen ocultos durante días o incluso semanas antes de ser recuperados por otros integrantes.

El objetivo es reducir la exposición de la droga durante los traslados y fragmentar la cadena logística para dificultar las investigaciones.

Tras el hallazgo en Cuango, la Aeronaval coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala el traslado de la evidencia hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman. Allí fueron contabilizados 280 paquetes distribuidos en cinco sacos, cuyo contenido será confirmado mediante análisis periciales.

Con esta incautación, el Senan informó que durante 2026 ha decomisado 42.502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de acciones permanentes para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá continúa siendo uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), entre enero y mayo de este año fueron decomisadas 47,04 toneladas, de las cuales 28,47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras que el resto se distribuyó entre metanfetaminas, THC, éxtasis.

El informe también muestra que Colón concentra el mayor volumen de incautaciones del país, con 13,38 toneladas, seguido por Panamá (9,52 toneladas), Panamá Oeste (9,09 toneladas), Chiriquí (7,24 toneladas) y Los Santos (4,94 toneladas).

En el otro extremo aparecen Darién con 1,83 toneladas, Coclé con 0,77 y Guna Yala con 0,25 toneladas, mientras que Veraguas y Herrera no reportaron decomisos durante ese período.

El comportamiento mensual evidencia además que mayo fue el mes con mayor cantidad de droga decomisada, al acumular 12,49 toneladas, por encima de febrero (10,50 toneladas) y enero (9,95.

Las investigaciones por delitos relacionados con drogas también continúan avanzando en distintas provincias. En Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 80 meses de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

El condenado fue capturado el pasado 23 de julio en David, durante una diligencia de registro e inspección en la que las autoridades encontraron drogas y otros. Además de la pena de prisión, el Tribunal le impuso una inhabilitación.

Mientras tanto, en la provincia de Panamá, la Operación Corsario permitió desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, era investigada desde 2024 con apoyo de autoridades del Reino de España.

Las diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Betania culminaron con cinco personas imputadas por presuntos delitos de conspiración para el tráfico de.

Como parte de esa investigación, dos de los imputados permanecerán en detención provisional, mientras que otros tres deberán cumplir la medida cautelar de reporte periódico durante el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, la organización presuntamente utilizaba una estructura destinada a facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de, en un caso que evidencia el alcance internacional de redes.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico, organizaciones a las que acusó de representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de intentar desestabilizar su democracia.

Las declaraciones fueron realizadas el pasado lunes durante un evento del Departamento de Guerra de Estados Unidos, en el marco de la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, ceremonia en la que fueron reconocidos elementos encargados de las labores de vigilancia y protección de la frontera entre ambos países.

Durante su intervención, Miller destacó el trabajo de los agentes estadounidenses que, de acuerdo con su planteamiento, tienen como una de sus principales responsabilidades impedir que las organizaciones criminales mexicanas extiendan sus operaciones hacia territorio estadounidense.

El funcionario sostuvo que la presencia y actividad de los grupos criminales en México son, desde su perspectiva, una de las razones por las que las instituciones del país no pueden funcionar de manera adecuada.

“Hay una razón por la que en México el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan. Es porque tienen territorio controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, acusó.

Las afirmaciones de Miller se producen en un contexto de endurecimiento de la postura del gobierno de Donald Trump frente a los cárteles mexicanos y de una creciente presión de Washington para combatir el tráfico de drogas y las estructuras del crimen organizado que operan a ambos lados de la frontera.

Miller equipara amenaza de cárteles con grupos terroristas

El subjefe de gabinete estadounidense insistió en que las organizaciones criminales mexicanas representan una amenaza que, según su argumento, va más allá del tráfico de drogas.

Miller señaló que los cárteles han sido designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas debido a que, desde la perspectiva de su gobierno, ponen en riesgo la vida y la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

En su discurso, comparó la amenaza que atribuye a estas organizaciones con la de grupos terroristas internacionales como ISIS y Al Qaeda, aunque subrayó que, a diferencia de esas organizaciones, los cárteles se encuentran geográficamente mucho más cerca del territorio estadounidense.

“No sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó.

La declaración refleja la visión de la administración Trump sobre el crimen organizado transnacional, al que responsabiliza no sólo del tráfico de sustancias ilícitas, sino también de actividades como el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.

Miller sostuvo que el impacto de estas organizaciones no se limita a México, pues aseguró que sus actividades representan un riesgo directo para las instituciones estadounidenses.

“El enemigo está a pocos metros”, afirma el funcionario

Durante el evento, el funcionario estadounidense reconoció la labor de los elementos encargados de vigilar la frontera y sostuvo que su trabajo ha permitido evitar que las organizaciones criminales consoliden una mayor presencia en Estados Unidos.

De acuerdo con Miller, la situación que atribuye a los cárteles mexicanos no ha alcanzado una dimensión similar en territorio estadounidense debido, en parte, a las acciones realizadas diariamente en la frontera.

“Hay una razón por la que esto no ha llegado a nuestro país: la frontera que ustedes defienden cada día”, expresó ante los asistentes.

El funcionario también advirtió que las autoridades estadounidenses no deben asumir que la amenaza ha sido contenida de manera definitiva y llamó a mantener los esfuerzos de seguridad.

“El enemigo está a pocos metros de donde trabajas, y tu trabajo es impedir que se afiance en nuestro país, y lo has logrado, pero no nos dormimos en los laureles”, puntualizó.

En su mensaje, Miller retomó además palabras del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para plantear la necesidad de mantener una estrategia permanente de vigilancia y seguridad fronteriza.

“Avanzaremos y progresaremos cada día, estableciendo una misión más elevada, un estándar más alto, un objetivo más elevado”, afirmó.

Las declaraciones colocan nuevamente a los cárteles mexicanos en el centro de la agenda de seguridad de Washington y reflejan la retórica empleada por funcionarios de la administración Trump para justificar el reforzamiento de las medidas de control fronterizo.

La postura expresada por Miller también abre un nuevo episodio de tensión en la relación bilateral, debido a la contundencia de sus señalamientos sobre las instituciones mexicanas. Sus afirmaciones sobre el supuesto control territorial de los cárteles y el funcionamiento del sistema político y judicial de México representan una crítica directa al Estado mexicano, mientras que su llamado a fortalecer la vigilancia fronteriza confirma que el combate al narcotráfico y al crimen organizado continúa como uno de los principales temas de seguridad para el gobierno estadounidense.

No era para menos. En posteos de Instagram y TikTok, exhibía una vida de lujo con viajes a París y el Caribe, cirugías y tatuajes de manga completa, casa a estrenar en Ituzaingó con vestidor y ropa de marca, un rally en Pinamar y regalos millonarios a su familia. Hasta había lanzado un curioso proyecto: su propia concesionaria de autos usados. Todo, sin un empleo en blanco ni gastos de tarjeta de crédito. Un año y medio atrás, Macarena manejaba un viejo Peugeot 207 por la zona oeste.

Pero un día, Distefano dejó de postear. Sus seguidores rumoreaban. Los que sabían, se burlaban un poco: estaba detenida. Gendarmería había allanado su departamento y la Justicia, con el Juzgado Federal N°2 de Morón a cargo del magistrado Jorge Rodríguez y la secretaria Lorena Reynoso, en una investigación en la que participa la Fiscalía Federal de Hurlingham con el fiscal Santiago Marquevich, la acusaba de ser parte de una banda de dealers de tusi que operaba en boliches como el desaparecido Pinar de Rocha.

Días atrás, Macarena volvió a las redes desde su departamento. Su regreso a TikTok fue su receta de un volcán de chocolate. Le habían dado prisión domiciliaria, con el pretexto de cuidar a un familiar adolescente. Hoy, exhibe su tobillera en su vestidor. Sus fans le envían emojis de corazoncitos y le dicen lo bien que le queda “el walkie talkie”.

Pero hay algo que no dice en todas sus stories y reels: Macarena está procesada con prisión preventiva por el delito narcotráfico, con un embargo de $10 millones. Y lo que dice ese procesamiento es, al menos, interesante.

En su fallo, Rodríguez la acusó del delito de tenencia de estupefacientes para comercialización, inciso 5°C de la Ley 23.737, la misma calificación que se aplica a los miembros de las bandas de grandes traficantes. El juez valoró en su contra que se negó a declarar. También, que se negó a aportar las claves de desbloqueado de sus iPhone, entre ellos un modelo 17 y un modelo 13. Así, abrir los contenidos de los aparatos se vuelve sumamente difícil de cara al software forense en Argentina.

Al procesarla, el magistrado enumeró “las averiguaciones encubiertas, los seguimientos llevados a cabo, las diligencias e informes logrados” por Gendarmería. Durante semanas, había sido el objeto de un discreta vigilancia.

Los gendarmes la siguieron, por ejemplo, desde la disco Museum en San Telmo hasta su casa en Ituzaingó, mientras viajaba en una camioneta Ford Raptor que hoy, insólitamente, está vinculado a una jubilada de Laferrere.

Varias noches después, Distefano fue vista tirando la basura en el tacho de su vecino. Allí, en esa bolsa, encontraron otras bolsitas “las cuales contenían pequeñas porciones de un polvillo color rosado”, tusi.

En torno a su domicilio, continuó el juez, “se realizaban los típicos pasamanos, propios de la comercialización al menudeo de estupefacientes”. Distefano, según los seguimientos, “egresaba de su vivienda para entrevistarse con diversas personas que llegaban a su domicilio en vehículos automotores, a los cuales les entregaba algún objeto recibiendo algo a cambio”.

También, fue vista a bordo de una camioneta Mercedes Benz, mientras ingresaba al country San Patricio de Moreno, donde vivía y fue allanado el principal sospechoso del caso, un ex monotributista y presunto narco de Ituzaingó sospechado de producir tusi a gran escala, mencionado en el mensaje anónimo que dio comienzo al expediente. Los registros del country terminaron de complicarla.

Luego, está el allanamiento a su casa, realizado el 21 de abril de este año a las 22:50. Distefano, de acuerdo a la causa, recibió a los gendarmes con una pistola en la mano.

Gendarmería tocó varias veces la puerta. Nadie abrió. Finalmente, de acuerdo al reporte que consta en el procesamiento, se oyó la voz de una mujer, que se negaba a colaborar. Así, los efectivos rompieron la puerta y entraron a la casa de dos plantas, dos baños y tres habitaciones.

Distefano fue encontrada “en una habitación del primero piso” mientras empuñaba una pistola Glock 9 milímetros “con una bala en la recámara”. La estrella de TikTok depuso su actitud, se identificó. La Glock, se descubrió luego, estaba a su nombre.

En la habitación principal se encontraron siete gramos de tusi, dividido en tres bolsas. Un cuatriciclo Yamaha Raptor sin patente estaba estacionado en el living comedor. La cantidad de droga no parece importante. Sin embargo, las filmaciones, seguimientos y otras pruebas del caso fortalecieron la imputación en la lógica del juez Rodríguez.

El sospechado de ser el principal narco del caso pidió su exención de prisión en la causa, a pesar de que no se le encontró droga en los allanamientos en dos de sus domicilios, entre ellos la casa del country de Moreno. La medida fue denegada; la apelación se encuentra bajo tratamiento en la Cámara Federal de San Martín.

La Guardia di Finanza de Italia ha ejecutado una de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años en aguas del Atlántico, tras interceptar una lancha neumática ultrarrápida cerca de las costas de Lisboa, con más de 2,6 toneladas. El valor de la droga intervenida, según la Guardia, se estima que puede ir desde los 78 millones de euros en el mercado mayorista a alcanzar los 500 millones de euros.

La operación fue coordinada por la Fiscalía Antimafia del Distrito de Brescia (DDA) y desarrollada en colaboración con la policía financiera local o el Comando de Operaciones Aéreas y Navales, en el caso de Italia. En la acción participaron activamente autoridades de España y Portugal, junto al Centro de Análisis y Operaciones Marítimas - Narcóticos (MAOC-N) de Lisboa y la Dirección Central de Servicios Antidrogas (DCSA).

Durante la intervención, las fuerzas desplegadas detuvieron a cuatro personas que viajaban a bordo de la embarcación: dos españoles, un gibraltareño y un albanés. La Policía Marítima portuguesa efectuó la detención tras un seguimiento constante del “go-fast”, apoyada por aeronaves equipadas con tecnología de vigilancia marítima avanzada y gracias a una intensa cooperación policial internacional.

Cooperación internacional liderada por Italia

El trabajo en red permitió monitorizar en tiempo real una lancha neumática ultrarrápida que navegaba cerca de Lisboa. Aeronaves de vigilancia, integradas en las unidades de control de fronteras exteriores de la Unión Europea, siguieron la embarcación hasta su interceptación. Las organizaciones criminales utilizan este tipo de lanchas, de entre 10 y 16 metros de eslora y motores de alta potencia, capaces de superar los 70 nudos, lo que motivó el seguimiento. Estas embarcaciones funcionan como “taxis marítimos” que recogen alijos de drogas lanzados al mar por buques nodriza procedentes de Sudamérica y los trasladan a Europa.

En el operativo participaron más de una decena de agentes de diferentes países. La actuación culminó con la incautación de 2,6 toneladas de cocaína y la detención de las cuatro personas. La operación se desarrolló sin incidentes y puso de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y la tecnología en la lucha contra el tráfico de drogas. No obstante, todavía queda por desvelar las conexiones de este grupo con organizaciones más grandes con la capacidad económica para afrontar un envío de tanta cantidad.

Dimensión económica y proceso judicial

La droga incautada tiene un valor estimado de 78 millones de euros en el mercado mayorista. Si hubiese llegado a su destino final y se hubiese distribuido en pequeñas cantidades, la cifra podría haber alcanzado los 500 millones de euros, según estimaciones de la Guardia di Finanza. El operativo revela el enorme impacto económico que tiene el narcotráfico en Europa y la magnitud de los riesgos asumidos por las redes delictivas.

Las autoridades recordaron que los detenidos permanecen bajo la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Las organizaciones recurren a métodos cada vez más sofisticados para eludir los controles y asegurar el éxito de sus operaciones. Además, para las autoridades resulta muy complejo seguir el nivel tecnológico que consiguen las mafias.

Personal naval aseguró en el municipio de Tonalá, Chiapas, un vehículo doble cabina con 44 costales que contenían presunta cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos. La operación, coordinada entre la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar García Harfuch afirmó que con este decomiso “se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles”.

Vehículo abandonado, 44 costales y 834 kilos de presunta droga

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia de rutina en Tonalá. El personal naval detectó un vehículo doble cabina que se encontraba aparentemente abandonado en la vía pública.

Al practicar una inspección preventiva, los elementos encontraron en su interior 44 costales. Dentro de ellos había paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.

El vehículo y todos los indicios fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades competentes. Ahí permanecerán bajo resguardo hasta que se realicen las diligencias periciales correspondientes, con el fin de determinar el peso ministerial de la presunta droga asegurada.

Operaciones de inteligencia coordinadas entre tres instituciones

El aseguramiento no fue un hallazgo aislado. Según el comunicado oficial, la acción fue resultado de operaciones coordinadas de inteligencia y vigilancia orientadas a combatir a grupos delictivos generadores de violencia.

En esa estrategia participaron de forma conjunta la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC, tres instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La coordinación interinstitucional fue determinante para concretar el operativo en territorio chiapaneco.

Más de 181 millones de pesos en afectación al crimen organizado

El impacto del decomiso va más allá del volumen de droga incautada. De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga en el mercado ilícito.

En términos económicos, la afectación estimada para la delincuencia organizada supera los 181 millones de pesos. Las autoridades señalaron que este tipo de golpes contribuyen a debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales.

La magnitud del cargamento da cuenta de la escala del trasiego que operan estas organizaciones en la región sur del país.

La Armada de México refrenda su papel en la seguridad interior

Con este operativo, la Secretaría de Marina reafirmó su participación activa en tareas de seguridad interior en coordinación con el resto del Gabinete de Seguridad federal.

La dependencia subrayó que estas acciones buscan contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y a la preservación de la paz y la seguridad de la población. El trabajo conjunto con la FGR y la SSPC se enmarca en una estrategia más amplia de combate al narcotráfico a escala nacional.

El vehículo asegurado y la presunta cocaína permanecen bajo resguardo institucional en tanto los peritos determinan el peso ministerial definitivo de la sustancia decomisada.

Edgar Iván Herrera Segura, de 42 años, era conocido en el Centro Histórico de la Ciudad de México como “El Valentín”. Los registros policiales lo identificaban como operador de Los Herrera Segura, una célula familiar integrada a La Unión Tepito, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la zona central de la capital.

Su posición dentro de la estructura no era menor: era tío de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”, uno de los líderes históricos de La Unión Tepito, detenido en septiembre de 2025 por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Peralvillo.

El rol de “El Valentín” en la organización

“El Valentín” acumuló cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Los registros policiales lo vinculaban con extorsión a comerciantes, ataques con armas de fuego y tortura contra rivales y locatarios que se negaban a pagar cuotas.

Su zona de operación era el Centro Histórico, territorio que La Unión Tepito disputa desde hace años mediante el cobro de piso a vendedores fijos y semifijos.

La organización obliga a comerciantes de la zona a vender droga y les exige pagos para poder abrir o mantener sus negocios.

En julio de 2026, días antes de su muerte, la SSC aseguró una narcobodega vinculada a la célula de Los Herrera Segura en el Centro, donde se localizó marihuana. El punto servía como base de almacenamiento, distribución y compra de estupefacientes.

Los Herrera Segura, una familia criminal

La familia Herrera Segura no es un caso aislado dentro de La Unión Tepito, es su núcleo operativo en el primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades capitalinas tienen documentado que el círculo cercano a El Irving está compuesto en gran medida por familiares directos. Entre los parientes identificados con actividad delictiva figuran Hugo Alexis Herrera, alias El Moño, primo de El Irving, detenido en enero de 2025 en las calles de Donceles y República de Chile, en la colonia Centro.

También aparece en los registros Édgar Herrera, alias “El Pollo”, capturado en abril de 2021 en la colonia Morelos. Las autoridades tienen identificado que “el círculo cercano a Irving Jonathan Herrera es parte de su familia que trabaja en la organización que encabeza”.

El patrón no es nuevo. En enero de 2021, la SSC detuvo a Juan “N”, alias El Pipis, tío también de El Irving y señalado como extorsionador de comerciantes del Centro Histórico. Al momento de su captura, en la misma calle Belisario Domínguez donde años después moriría El Valentín, portaba un arma de fuego, 31 bolsitas de marihuana, 182 de cocaína y una granada, según informó Infobae en su momento.

Una estructura que opera con menores de edad

La célula que coordina El Irving y en la que operaba “El Valentín” también recluta a adolescentes.

El grupo denominado UJ40, liderado por un joven de 17 años identificado como Johan, está conformado por menores de edad que fungen como sicarios bajo las órdenes de Irving Jonathan Herrera. Esta facción ha protagonizado enfrentamientos con integrantes de la Anti Unión Tepito, la organización rival, con saldo de muertos en ambos bandos.

Las zonas de operación de la célula incluyen calles como República de Paraguay, Soledad, el Callejón de Lecheras, Corregidora y Emiliano Zapata, así como Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque que terminó con su vida

La tarde de este lunes 27 de julio de 2026, El Valentín caminaba por las calles del Centro Histórico cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y dispararon en repetidas ocasiones en el cruce de República de Brasil y Belisario Domínguez, a unos pasos de la Plaza de Santo Domingo.

El ataque fue rápido y silencioso, según informó la SSC. En el lugar quedaron al menos siete casquillos percutidos. Herrera Segura murió en el sitio. Otros dos hombres, ambos de 39 años, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano.

Los agresores escaparon con dirección a Insurgentes Norte y la alcaldía Gustavo A. Madero. La SSC activó un cerco virtual mediante las cámaras del C5 para rastrear la motocicleta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) abrió la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía de Morelos detuvo este lunes 27 de julio a Marisol “N”, esposa del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública municipal, por el delito de extorsión. Los arrestos ocurrieron cinco días después de que dos hombres armados ejecutaran al edil dentro de su propia oficina en la Presidencia Municipal, y se producen en medio de una investigación que expone los presuntos vínculos de toda la estructura municipal con el crimen organizado en la zona oriente de Morelos.

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI). Ambos detenidos serán presentados ante un juez especializado para que determine su situación jurídica.

Quién es Marisol Romero Zamora y su vínculo con el crimen organizado

Marisol Romero Zamora no es un nombre desconocido para las autoridades morelenses. Es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, alias “La Patrona”, quien fungía como tesorera del ayuntamiento de Temoac y fue identificada por la Fiscalía como operadora financiera y logística de estructuras criminales locales.

“La Patrona” fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, junto con otras 10 personas señaladas como integrantes de la célula “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco”. Actualmente enfrenta cargos por secuestro exprés agravado, delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

La detención de Marisol amplía así una red familiar que las autoridades llevan meses desarticulando. Agentes federales y la Policía Estatal mantienen aseguradas las instalaciones del ayuntamiento de Temoac para el levantamiento de evidencias y la revisión de archivos gubernamentales.

El asesinato del alcalde: un ataque en su propia oficina

Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue ejecutado el pasado miércoles 22 de julio de 2026 en el interior de la Presidencia Municipal. Según testigos, dos hombres armados ingresaron al inmueble, se dirigieron directamente a la oficina del edil, abrieron fuego y huyeron en motocicletas.

No era la primera vez que Lavín Romero enfrentaba un ataque. En enero de 2026 fue víctima de una agresión en la carretera federal México-Oaxaca que lo obligó a pedir licencia temporal mientras estuvo hospitalizado.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, condenó el homicidio en redes sociales y anunció que las autoridades estarían "atentas a las investigaciones para dar con los culpables“. La Fiscalía General del Estado aseguró las instalaciones municipales desde el día del crimen para preservar indicios.

El alcalde asesinado, bajo investigación por nexos criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, reveló en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que Lavín Romero estaba bajo investigación antes de su muerte por presuntos vínculos con las células delictivas “Los Aparicio” y “Los Huazulco”, activas en la región oriente de Morelos.

Esas organizaciones disputan el control de actividades ilícitas que incluyen secuestro, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio doloso. García Harfuch señaló que la hipótesis central del crimen apunta a un ajuste de cuentas entre ambas células, aunque precisó que se mantienen abiertas otras líneas de investigación.

El edil también era señalado como presunto autor intelectual del asesinato de dos activistas: Samir Flores, defensor del territorio asesinado en 2019 en la comunidad de Amilcingo, y Sandra Rosa Camacho, líder social de Temoac ejecutada en marzo de 2026, poco después de haber denunciado en video la violencia que sufrían los activistas de la zona.

El 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió formalmente investigar al entonces alcalde. Tras el homicidio de Lavín, el colectivo denunció que su muerte "se suma al silenciamiento de quienes sabían quién mandó matar a Samir" y subrayó que el edil “nunca fue llamado a declarar”.

Morelos, estado en crisis: cuatro alcaldes detenidos desde 2024

El caso de Temoac no es un hecho aislado. Según los datos proporcionados por García Harfuch, desde octubre de 2024 han sido detenidos cuatro presidentes municipales de Morelos por vínculos con el crimen organizado: los de Cuautla, Yecapixtla, Atlatlahucan y Ayala.

El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue capturado el 30 de mayo de 2026 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer diez días prófugo. La Fiscalía General de la República lo acusa de integrar una red de funcionarios y empresarios dedicada a la extorsión y al lavado de dinero. Un juez federal lo vinculó a proceso el 6 de junio y ordenó prisión preventiva en un penal federal de Sonora.

La misma semana del asesinato de Lavín, seis presuntos integrantes del grupo criminal “La Empresa” fueron detenidos en operativos coordinados entre autoridades federales y estatales en la zona oriente de Morelos. La presidenta Sheinbaum recordó que en abril se reforzó la seguridad del estado y garantizó que la Guardia Nacional permanecerá en la entidad de forma indefinida.

Estados Unidos elogió a El Salvador este 27 de julio por la cooperación entre autoridades de ambos países contra el narcotráfico marítimo. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador difundió en redes sociales un mensaje sobre el trabajo con la unidad policial salvadoreña STORM y destacó operativos en rutas marítimas.

El mensaje estuvo acompañado por una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señaló: “El Salvador vuelve a causar sensación. Para los narcotraficantes, la colaboración de Estados Unidos con la Policía Costera salvadoreña es la tormenta perfecta. Sus agentes abordan valientemente embarcaciones de narcotráfico y cierran rutas marítimas, estableciendo el estándar de oro para la región”.

La publicación incluyó imágenes de las operaciones marítimas y del personal de ambos países.

El presidente Nayib Bukele replicó el reconocimiento en su cuenta oficial y citó la frase “The gold standard for the region (El estándar de oro para la región)”.

La publicación de la Embajada y el mensaje oficial

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador calificó como “la tormenta perfecta” la cooperación entre sus autoridades y la unidad policial salvadoreña STORM.

Según la publicación, los agentes salvadoreños abordan embarcaciones del narcotráfico y bloquean rutas marítimas, y ubican a El Salvador como referencia regional.

La visita de Cart Weiland a la base STORM

El 24 de julio, la Embajada informó sobre la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Cart Weiland, a la base de la unidad STORM de la Policía Nacional Civil.

Durante la visita, Weiland presenció una simulación de operación de intercepción marítima, presentada como muestra de la coordinación y la preparación conjunta para fortalecer la seguridad regional y mantener el combate contra el tráfico de drogas en la costa salvadoreña.

Para reforzar la alianza bilateral contra la delincuencia transnacional y el crimen organizado, Weiland sostuvo una reunión estratégica con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública del país.

Este encuentro se enmarca dentro de las iniciativas compartidas por ambos países para neutralizar las amenazas criminales en la zona.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el diálogo se centró en la relevancia de una cooperación firme y constante, destacando la promesa de Washington de respaldar las labores de seguridad locales mediante capacitación especializada, asistencia técnica y flujo compartido de inteligencia.

Por su parte, Villatoro calificó el encuentro como muy positivo a través de sus redes sociales, donde enfatizó el pacto mutuo para erradicar a los grupos terroristas señalados por el Departamento de Estado estadounidense y potenciar las herramientas tecnológicas y operativas de la Policía Nacional Civil.

Durante su estadía en San Salvador, Weiland también recorrió las instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), un centro de formación dedicado a robustecer las capacidades de los cuerpos de seguridad de la región.

En esa visita, el subsecretario presenció parte del Curso Avanzado Antipandillas, en el que se encuentran participando 40 representantes de países como Bahamas, Jamaica, Honduras, Guatemala, Ecuador y El Salvador, programa que tiene como objetivo mejorar las estrategias regionales para enfrentar el crimen.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este lunes que la vinculación a proceso de Ernesto “N” responda a motivaciones políticas, y presentó el rastro corporativo que lo une a la mayor red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril documentada en México.

Según la fiscalía, el imputado participó de forma activa y documentada en la conducción de una empresa importadora que operó un esquema de subdeclaración aduanera durante años, con un daño estimado al erario de más de 4 mil millones de pesos.

“No se trata de una persecución política”

La FGR descarto cualquier sesgo en la investigación, afirmando mediante un escrito compartido en redes que “fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.

La institución también aclaró el fundamento constitucional de la prisión preventiva. De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, lo que impide a los imputados continuar su proceso en libertad, independientemente de su perfil o vínculos.

“Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, precisó el texto oficial.

La FGR reiteró que las investigaciones se apegan a derecho, sin sesgo de ninguna índole, y que en todo momento se respetan el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los imputados.

El rastro corporativo de Ernesto “N”

La investigación reconstruyó paso a paso la trayectoria de Ernesto “N” dentro de la estructura empresarial. La empresa importadora fue constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José “N” y dos personas morales.

Dos meses después, en octubre de 2018, Ernesto “N” se incorporó al capital variable de la sociedad durante una asamblea. Desde ese momento, su presencia dentro de la organización fue en aumento.

Para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración. En ese rol, participó junto con José “N” en la conducción, la representación legal y la toma de decisiones estratégicas de la empresa.

La FGR documentó, además, que ambos comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos: modificaciones societarias, otorgamiento de poderes y gestiones directamente relacionadas con actividades de administración, comercio exterior, y trámites ante autoridades fiscales y aduaneras.

Una empresa diseñada para operar hidrocarburos

La evolución del objeto social de la empresa resultó uno de los elementos más relevantes para la investigación. Con el paso del tiempo, la sociedad amplió sus actividades para incluir el almacenamiento, la importación, la exportación, el transporte y el manejo de hidrocarburos.

A eso se sumó la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, capacidades que le permitieron articular una red logística de alcance interestatal con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas.

El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa fue la vía que permitió a la FGR trazar ese mapa y ubicar a los responsables de su operación.

El esquema: declarar el 10% para cruzar la frontera

El modus operandi de la red se sostuvo en una subdeclaración sistemática: los pedimentos registraban aproximadamente 10 mil litros por ferrotanque, cuando cada unidad transportaba hasta 110 mil litros de gasolina o diésel.

La investigación se originó con el hallazgo de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población por las altas temperaturas y el desconocimiento sobre su contenido. A partir de ese punto, la pesquisa se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde se identificaron unidades con las mismas características.

El cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció la reiteración de más de 4 mil 238 operaciones irregulares durante el primer semestre de 2025. Ese volumen proyecta un daño patrimonial que podría superar los 4 mil millones de pesos, cifra que la FGR acreditará en la investigación complementaria.

El daño formalmente imputado hasta ahora asciende a más de 106.8 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA, derivado del contrabando documentado en los 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.

96 datos de prueba respaldan la imputación

Para sostener la vinculación a proceso, la FGR integró 96 datos de prueba a lo largo de la investigación. Los dictámenes periciales abarcan cinco líneas de análisis: química, para determinar la naturaleza de los hidrocarburos asegurados; ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes transportados; fotografía forense, para documentar los hallazgos; criminalística, para la fijación y correlación de indicios; e identificación de hidrocarburos, para precisar si el producto era gasolina o diésel.

La fiscalía describió el proceso como una investigación “progresiva, técnica y de largo aliento”, sustentada en trabajo de campo, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional.

Los letales ataques militares de la administración Trump contra presuntas embarcaciones de narcotráfico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa a Estados Unidos, pero están impulsando a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas, y socavando los métodos de investigación tradicionales, según una evaluación inédita de la Administración para el Control de Drogas (DEA), una reunión informativa a puerta cerrada con el Congreso y entrevistas con funcionarios estadounidenses y extranjeros, tanto en activo como retirados.

En una evaluación reciente revisada por The Washington Post, analistas de la DEA descubrieron que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus métodos de transporte, más allá de las lanchas rápidas, y a evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca de las costas, donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. En una reunión a puerta cerrada el mes pasado, funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores que los ataques en aguas internacionales frente a Sudamérica y Centroamérica no habían reducido la pureza de la droga.

Según la evaluación de la DEA, los narcotraficantes también están recurriendo más a las aeronaves, que despegan de pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y se dirigen al este, a Guyana y Surinam, para evitar a las fuerzas estadounidenses.

“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro”, declaró un funcionario de la DEA a The Post. “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la Operación Lanza del Sur estaba logrando “exactamente su objetivo: detectar, desarticular y desmantelar organizaciones terroristas designadas y las redes que utilizan para traficar con narcóticos, generar ingresos ilícitos y amenazar la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

“Las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas durante décadas”, declaró Parnell a The Post. “Eso no significa que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos ejerciendo una presión sistémica sobre sus operaciones”.

La DEA no hizo comentarios. Un portavoz del senador Roger Wicker (republicano por Mississippi), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, no respondió a la solicitud de comentarios.

Los hallazgos preliminares, dos meses después del inicio de los ataques en septiembre pasado, mostraron que estos habían interrumpido las rutas de contrabando, según informaron los analistas de la DEA, lo que provocó aumentos en los precios de la cocaína y en la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, los precios han vuelto a los niveles anteriores. “Los contrabandistas se han adaptado a la presión intensificada”, escribieron. “El precio y la disponibilidad no se han visto afectados de forma significativa”.

En un ejemplo, alegan que los narcotraficantes en la península de La Guajira, en Colombia, pagan a funcionarios para que revelen la ubicación de los barcos estadounidenses y luego lanzan sus embarcaciones “una vez que los activos militares estadounidenses se han retirado de la zona”.

El Ministerio de Defensa de Colombia no respondió a la solicitud de comentarios.

Funcionarios del Pentágono informaron a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado el mes pasado que el análisis de la DEA de la cocaína confiscada mostró altos niveles de pureza, según un asesor del Congreso familiarizado con la reunión informativa. La alta pureza sugiere que el suministro se mantiene constante, dijo el funcionario de la DEA; los traficantes no necesitan diluir la droga para aumentar su inventario.

Los informes contradicen las declaraciones públicas del presidente Donald Trump. Trump ha dicho al menos 15 veces, incluso el mes pasado, que los ataques han reducido el narcotráfico marítimo hacia el país en un 97 o 98 por ciento. “¡El 98.2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos por océano o mar se han detenido!”, escribió en Truth Social en abril. Trump ha transformado la tradicional lucha antidrogas estadounidense en una campaña militar que fusiona los enfoques legales y estratégicos de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. En el último año, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 67 embarcaciones, capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, asesinado al líder del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero, y atacado un presunto campamento de disidentes de las FARC en Ecuador.

Los ataques a embarcaciones han causado la muerte de al menos 221 personas desde septiembre. Analistas legales los han denunciado como ejecuciones extrajudiciales. Funcionarios del gobierno afirman que tienen como objetivo reducir el flujo de “veneno mortal” hacia el país.

La Casa Blanca defendió la estrategia.

“Estas medidas no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a delincuentes de intentar introducir drogas de contrabando en nuestro país, en caso de que corran la misma suerte”, declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado a The Washington Post. “El presidente Trump está utilizando todos los recursos a su alcance para salvar vidas del flagelo de los narcóticos ilícitos, y cualquier insinuación de que estos esfuerzos no han sido efectivos es ridícula”.

La militarización estadounidense de la guerra contra las drogas, que dura décadas, ha comenzado a influir en Europa, donde una importante agencia de seguridad insta a las naciones a adoptar tácticas más agresivas.

Sin embargo, un alto funcionario de seguridad colombiano afirmó que los ataques a embarcaciones han tenido un impacto mínimo.

“Hubo un efecto disuasorio en un tipo de transporte”, dijo el funcionario. “Así que los ha obligado a buscar otros métodos. El tráfico de drogas a través de los puertos ha aumentado, almacenándolas en grandes buques”. El funcionario, al igual que otros entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

Trump y otros funcionarios describieron inicialmente los ataques como parte de una guerra más amplia contra el fentanilo, la principal causa de muertes por drogas ilícitas en Estados Unidos, un tema que Trump convirtió en su principal campaña. Sin embargo, la mayor parte del fentanilo ingresa a Estados Unidos por tierra, no por mar. En las rutas marítimas objetivo de la Operación Lanza del Sur, la principal carga ilícita es la cocaína.

Cuando el ejército comenzó a destruir embarcaciones, el sheriff del condado de Monroe, Florida, Rick Ramsay, se mostró entusiasmado. Su jurisdicción incluye los Cayos de Florida, durante siglos refugio de contrabandistas.

“Esto es una guerra, y están trayendo muerte a Estados Unidos cada vez que logran que un barco llegue aquí”, dijo. “Cada barco que no llegue salvará vidas estadounidenses”.

Los “ataques cinéticos” no han detenido el flujo de cocaína en la zona, añadió. “Vemos drogas flotando cada semana”, dijo. “Flotando en las playas, detrás de las casas… La situación sigue empeorando”.

Aun así, afirmó que son un “mal necesario”.

“No te rindes solo porque estés perdiendo la batalla”.

El general de la Infantería de Marina, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. y oficial superior a cargo de la Operación Lanza del Sur, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en marzo que los ataques “probablemente no sean la herramienta más eficaz” y “no son la solución”.

“Pero al generar una fricción sistémica total desde el punto de producción hasta el punto de entrega”, dijo, “creo que los ataques cinéticos serán una de las muchas herramientas”.

Sin embargo, según un funcionario de la DEA, los ataques han dificultado la investigación del narcotráfico. Los investigadores suelen depender de informantes de bajo nivel para obtener información sobre rutas y puntos de encuentro y así reunir pruebas contra los altos mandos y jefes. Según un funcionario, esas fuentes están siendo retiradas del terreno para protegerlas de posibles ataques estadounidenses.

Según los precios, es posible que ahora circule más cocaína en Estados Unidos. En Florida, la cocaína se vende entre 13.000 y 15.000 dólares por kilogramo, según un alto funcionario de la DEA, lo que representa una caída de aproximadamente el 50% en los últimos cinco años.

La producción mundial de cocaína, concentrada en Perú, Bolivia y, sobre todo, Colombia, ha alcanzado un máximo histórico, informó el mes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU-DG). Entre 2014 y 2024, según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2026, la superficie cultivada de coca se triplicó, superando los 1.480 kilómetros cuadrados, y la producción ilícita de cocaína se cuadruplicó, llegando a las 4.100 toneladas.

“El negocio es tan extraordinariamente rentable que a los cárteles no les importa pagar costos de flete cinco o incluso diez veces mayores”, declaró un oficial de inteligencia naval ecuatoriano. “Saben que, si bien Estados Unidos puede destruir una lancha rápida, lograrán pasar diez semisumergibles —u otras lanchas rápidas que evaden la detección—”.

Xinming Du, economista de la Universidad Nacional de Singapur, informó en marzo que el auge de la cocaína en Colombia estaba vinculado a entre 1000 y 1500 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos.

Añadió que es poco probable que los ataques a embarcaciones disminuyan el suministro de cocaína en Estados Unidos.

“El cultivo de coca en origen en Colombia es el factor de suministro más directamente vinculado a las muertes por sobredosis [de cocaína] en Estados Unidos”, afirmó. “Con la producción en origen en niveles récord, el flujo total está impulsado principalmente por lo que se cultiva, más que por lo que se intercepta en tránsito”.

Derek Maltz, administrador interino de la DEA durante los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump, ha pedido una mayor intervención militar para combatir el narcotráfico. Afirmó que los ataques envían un mensaje necesario al mundo.

“Estados Unidos está ahora mismo inmerso en una verdadera guerra contra las drogas”, declaró Maltz, quien se retiró de la DEA en mayo de 2025, al Washington Post. “Durante años hablamos de una guerra contra las drogas, pero no las combatimos como si fueran enemigos”.

“Estamos viendo incautaciones muy importantes de cocaína dentro de Estados Unidos”, dijo. “Hemos vuelto a ver incautaciones de cientos de libras de cocaína”.

La Guardia Costera de Estados Unidos continúa deteniendo y abordando embarcaciones que sospecha que transportan drogas.

Como comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach, el teniente Matthew Ross es responsable de las operaciones en más de 4000 millas cuadradas de océano. En diciembre, el personal de la estación encontró 3715 libras de cocaína en una embarcación, la mayor incautación realizada por una estación de la Guardia Costera de embarcaciones pequeñas en 30 años, dijo Ross. Encontraron 1535 libras en otra en mayo, y 900 libras en una tercera ese mismo mes.

“Los contrabandistas han estado introduciendo contrabando en el sur de Florida durante 400 años”, dijo Ross. “No van a parar”.

© 2026, The Washington Post.

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes en la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley con los que pretende fortalecer el combate contra el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y endurecer las herramientas del Estado frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato.

Durante una exposición de más de una hora, la mandataria aseguró que las iniciativas son el resultado del trabajo desarrollado por el equipo de Fuerza Élite, instancia que, según explicó, analiza semanalmente la situación de seguridad del país para identificar vacíos legales que obstaculizan la persecución del delito.

Fernández afirmó que Costa Rica enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y recursos que en décadas anteriores, por lo que consideró indispensable actualizar una legislación que calificó como “obsoleta” frente a las nuevas modalidades delictivas.

"No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico“, manifestó durante su intervención.

Reformar el proceso penal para acelerar la justicia

El primer proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio.

Según explicó la presidenta, la intención es reducir la duplicidad de trámites, acortar los tiempos de resolución de los expedientes y disminuir los costos operativos del Poder Judicial, sin afectar las garantías del debido proceso.

Fernández sostuvo que actualmente existen causas penales que tardan tantos años en llegar a juicio que incluso algunos testigos olvidan detalles de los hechos investigados.

Durante ese apartado también criticó al Poder Judicial por, según dijo, concentrarse en solicitar mayores recursos económicos en lugar de impulsar reformas para hacer más eficiente el sistema de justicia. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de la Corte en una reunión previa convocada para analizar las iniciativas.

Extradición para más delitos graves

Otra de las principales propuestas consiste en una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses por delitos vinculados con el crimen organizado transnacional.

La iniciativa contempla incluir delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, sicariato, homicidios relacionados con estructuras criminales, cibercrimen y participación en organizaciones criminales internacionales.

La presidenta aclaró que la extradición seguiría siendo una medida excepcional, sujeta a resolución de los tribunales costarricenses y al cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que la conducta sea considerada delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.

Tobilleras electrónicas para quienes obtengan beneficios carcelarios

Uno de los proyectos que Fernández calificó como prioritarios plantea el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico para personas condenadas que reciban beneficios de ejecución de la pena y puedan salir de prisión antes de cumplir totalmente su sentencia.

La mandataria utilizó como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al afirmar que si una legislación similar hubiera existido años atrás, el presunto líder criminal no habría permanecido prófugo durante una década.

Según explicó, el objetivo es sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente por un sistema de vigilancia permanente mediante tobilleras electrónicas que permita conocer la ubicación del beneficiario y reducir el riesgo de reincidencia.

La propuesta también pretende fortalecer los controles sobre los jueces de ejecución y endurecer los requisitos para acceder a regímenes de confianza.

Endurecer penas por minería ilegal

El cuarto proyecto está dirigido a combatir la explotación minera ilegal, particularmente en Crucitas, San Carlos.

La reforma aumentaría las penas de prisión por extracción ilegal de minerales, elevaría las sanciones para quienes financien o promuevan estas actividades y permitiría el decomiso de maquinaria, dinero y bienes utilizados en la actividad ilícita.

Fernández aseguró que las penas actuales resultan insuficientes para combatir este fenómeno y afirmó que existen personas detenidas en múltiples ocasiones por minería ilegal que recuperan rápidamente la libertad debido a la baja penalidad contemplada en la legislación vigente.

Pensiones alimentarias y nueva estructura policial

El quinto proyecto plantea sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico para deudores de pensión alimentaria, con el fin de que puedan mantener un empleo y generar ingresos para cumplir con sus obligaciones, bajo supervisión judicial.

No obstante, la mandataria aclaró que quienes incumplan nuevamente o manipulen el dispositivo perderían el beneficio y serían enviados al sistema penitenciario.

Finalmente, el sexto proyecto propone modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y sargento, además de establecer concursos públicos para ascensos y requisitos académicos y de experiencia para ocupar puestos de mando.

Fernández sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la carrera policial, eliminar nombramientos discrecionales y homologar la nomenclatura utilizada por las policías costarricenses con la empleada por cuerpos policiales internacionales.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a cuatro personas por el secuestro de 31 migrantes en el estado de Sinaloa, entre cuyas víctimas había un menor de edad. Los imputados, identificados como Tomás, José, Milagros y Yadira, enfrentan cargos por secuestro agravado y delincuencia organizada. Un juez de control les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria.

La investigación arrancó en junio de 2024, cuando una persona llamó para denunciar que su hijo menor de edad y otros cuatro migrantes de nacionalidad extranjera habían sido privados de su libertad por cuatro sujetos armados. Los hechos ocurrieron mientras las víctimas viajaban en un autobús por Escuinapa, Sinaloa. Los captores contactaron a los familiares para exigirles dinero a cambio de la liberación de los secuestrados.

Cateo en Villa Galaxia y rescate de 31 víctimas

Días después de la denuncia, autoridades ejecutaron una orden de cateo autorizada judicialmente en un inmueble de la colonia Villa Galaxia, en la misma ciudad de Escuinapa. En ese operativo rescataron a las cinco víctimas referidas en la denuncia original y a otras 26 personas de diversas nacionalidades que también se encontraban privadas de su libertad, para un total de 31 personas rescatadas.

El hallazgo amplió el alcance de la indagatoria. Las víctimas provenían de distintos países, aunque la FGR no precisó las nacionalidades.

Detenciones en Mazatlán, Culiacán y El Castillo

Tras el rescate, el Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo una orden de cateo para seis inmuebles ubicados en los municipios de Mazatlán y Culiacán. En esos operativos fueron detenidos Milagros, Yadira y José. El cuarto imputado, Tomás, ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en Mazatlán, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión.

El secuestro masivo con fines de extorsión opera como un negocio de alto volumen: rescates relativamente bajos, víctimas que raramente denuncian.

Las pruebas que presentó la FEMDO ante el juez

En la audiencia inicial, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso.

Entre los elementos aportados figuran el análisis de movimientos bancarios de los cuatro imputados y un dictamen pericial en materia de identificación de voz. Este tipo de prueba es frecuente en casos de extorsión telefónica, donde la voz de los captores queda registrada en las llamadas de negociación con los familiares de las víctimas.

Prisión preventiva y destino de los imputados

El juez de control resolvió imponer prisión preventiva oficiosa a los cuatro acusados, medida cautelar que aplica de forma automática para delitos como el secuestro y la delincuencia organizada conforme a la legislación mexicana.

Tras la vinculación a proceso, José quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 8 “Nor-poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa. Milagros, Yadira y Tomás permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, durante los tres meses que el juez concedió al MPF para concluir la investigación complementaria.

Sinaloa, corredor de secuestro de migrantes

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, Culiacán encabezó la lista nacional de municipios con mayor número de secuestros: 790 casos registrados, según el informe anual de la organización civil Alto al Secuestro. Mazatlán ocupó el quinto lugar con 24 casos. A nivel estatal, Sinaloa concentró 855 casos en ese periodo, más del doble que Veracruz, el segundo estado con mayor incidencia.

Los migrantes que transitan en autobús por esta ruta son especialmente vulnerables a las redes de intercepción.

Los migrantes, blanco específico

En enero de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Alto al Secuestro registraron ocho secuestros de migrantes con 110 víctimas en todo el país. Sinaloa figuró entre los estados de mayor incidencia. Una investigación de ProPublica basada en entrevistas con más de 70 migrantes documentó que el secuestro masivo con fines de extorsión opera como un negocio de alto volumen: rescates relativamente bajos, víctimas que raramente denuncian y estructuras que interceptan autobuses en carretera, el mismo modus operandi del caso de Escuinapa.

Escuinapa se ubica en el sur de Sinaloa, sobre la carretera federal México 15, que conecta el centro del país con la frontera norte. Esta vía forma parte de la llamada “Ruta del Pacífico”, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Esta vía forma parte de la llamada ‘Ruta del Pacífico’, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa”.

La Policía Nacional de Nicaragua halló 113 paquetes de cocaína envueltos en cinta adhesiva —137 kilogramos en total— ocultos dentro de un barril de plástico y una vasija de lavar ropa en una vivienda del municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya, a pocos kilómetros de Managua.

El operativo, ejecutado el jueves pasado, concluyó con seis detenidos, entre ellos dos mujeres de nacionalidad no precisada, además del decomiso de un automóvil sedán y dos motocicletas.

La portavoz policial, la subcomisionada Karen Obando, confirmó los detalles a los medios en Managua: los 95 paquetes rectangulares estaban dentro del barril y los 18 restantes en la vasija.

Todos dieron positivo en las pruebas de campo. La droga, los vehículos y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

El operativo más reciente en una cadena de decomisos

El alijo de Nindirí es el último eslabón de una serie de golpes antinarcóticos que las fuerzas de seguridad nicaragüenses han ejecutado en julio.

El 3 de ese mes, el Ejército incautó 132 paquetes de cocaína —marcados con los sellos “Chamu R10” y “087”— en una embarcación llamada Jesucristo viene pronto, en la zona costera de Bocana de Venecia, cerca de la frontera con Honduras.

Uno de los tres ocupantes huyó durante un intercambio de disparos; los otros dos fueron detenidos.

Apenas doce días después, el 15 de julio, la Policía interceptó 750 kilogramos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica.

La droga viajaba en 54 cilindros metálicos con 643 paquetes dentro de un camión Freightliner con matrícula guatemalteca, conducido por Roberto Bardales de León, de 66 años, quien había salido de Panamá con destino a Guatemala.

Nicaragua como nodo, no solo como corredor

La acumulación de operativos revela una dimensión que va más allá del tránsito norte-sur. Según una investigación del medio nicaragüense Confidencial, el 49% de la cocaína que salió de Nicaragua entre 2024 y 2026 tenía como destino Europa, no Estados Unidos.

Los decomisos documentados en cinco países —El Salvador, Rusia, Italia, Honduras y el Reino Unido— totalizan 4,374 kilos con un valor estimado de USD 283.86 millones.

El caso más llamativo de esa ruta transatlántica ocurrió en marzo de 2026, cuando la National Crime Agency británica interceptó 943 kilos ocultos en un contenedor de plátanos en el puerto de Southampton, con un valor estimado de USD 100 millones. El cargamento había salido de Nicaragua.

Investigadores consultados bajo anonimato señalan que el país ha pasado de ser un corredor de tránsito a consolidarse como una plataforma de acopio y redistribución hacia dos continentes.

La estrategia del “Muro de Contención”

Todos estos operativos se enmarcan en lo que las autoridades nicaragüenses denominan la estrategia ‘Muro de Contención’, orientada a bloquear la circulación de droga y dinero vinculado al narcotráfico.

Para ello, el régimen de Ortega mantiene lo que describe como “estrechos lazos de cooperación” con los países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

La posición geográfica del país lo sitúa en el centro del problema: Nicaragua es el puente terrestre y marítimo entre los países productores de Sudamérica y los mercados de Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos. Esa condición convierte cada ruta —costera, fronteriza o urbana— en un potencial punto de tránsito.

El decomiso en una vivienda residencial de Nindirí, a diferencia de los operativos en fronteras o embarcaciones, subraya que el narcotráfico también permea los tejidos urbanos próximos a la capital.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja presentada por la defensa del capo narco peruano Carlos Sein Atachahua Espinoza, condenado a nueve años de prisión por liderar una organización transnacional dedicada al lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína. El planteo buscaba revisar la decisión que le impidió salir de la Argentina y viajar durante un mes a Lima mientras cumple prisión domiciliaria.

La resolución fue dictada por unanimidad por la Sala de Feria, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky.

Atachahua había solicitado autorización para viajar a la capital peruana entre el 30 de junio y el 30 de julio. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 rechazó el pedido el 29 de junio y luego denegó el recurso de casación interpuesto por sus abogados. La defensa acudió entonces directamente a la cámara mediante una queja.

Los camaristas habilitaron la feria judicial porque existía un pedido expreso de la defensa y se encontraba involucrada una cuestión de libertad. Sin embargo, declararon inadmisible la presentación al considerar que no logró refutar los argumentos del tribunal oral.

“El impugnante sólo manifestó su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos por el tribunal, sin lograr refutarlos a través de sus agravios”, señalaron los jueces en el fallo firmado por unanimidad.

Casación sostuvo, además, que “no se ha acreditado adecuadamente” la existencia de una cuestión federal que permitiera habilitar su competencia como tribunal intermedio, de acuerdo con la doctrina establecida por la Corte Suprema en el precedente “Di Nunzio”. La queja fue rechazada con el pago de costas.

No era la primera vez que el condenado solicitaba autorización para salir del país. En junio de 2025, el mismo tribunal oral le había impedido viajar a Lima para asistir al sepelio de su hermana.

En aquella oportunidad, los jueces Karina Perilli, Jorge Zabala y Diego García Berro consideraron que existía peligro de fuga “una vez traspasadas las fronteras de nuestro país”. Para fundamentar esa conclusión, tuvieron en cuenta la doble nacionalidad peruana y argentina de Atachahua, su arraigo en el extranjero y la presencia de familiares en Perú.

Los magistrados explicaron entonces que, si bien la ley permite que una persona detenida cumpla determinados deberes morales, corresponde evaluar los riesgos procesales de cada caso. Advirtieron que, fuera del territorio argentino, el tribunal perdería jurisdicción sobre el condenado, pese a las medidas cautelares que pudieran adoptarse para asegurar su regreso.

Atachahua, detenido en octubre de 2020, fue condenado el 20 de diciembre de 2024 como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado. Además de la pena de prisión, el TOPE 3 le impuso una multa de 154.866.950 pesos.

La sentencia estableció que la organización operó en la Argentina al menos desde 2006 hasta el 21 de octubre de 2020 y logró introducir en el circuito económico formal no menos de nueve millones de dólares de origen ilícito.

El tribunal consideró entonces a Atachahua jefe y beneficiario de la estructura, debido a que generaba las ganancias que luego debían ser legitimadas. Para incorporarlas al mercado legal, el grupo recurrió a sociedades comerciales, testaferros, inversiones inmobiliarias, programas de exteriorización de capitales y operaciones financieras realizadas en distintos países.

Una parte sustancial de la maniobra consistió en la adquisición de los paquetes accionarios de Tebinan S.R.L., Rosgar S.A. y SYB S.A. Mediante esas operaciones, la organización convirtió aproximadamente 7,25 millones de dólares en efectivo en participaciones societarias de aparente origen lícito.

La estructura también adquirió una treintena de inmuebles en Buenos Aires, especialmente en el barrio porteño de Caballito. Entre los bienes figuraba un estacionamiento ubicado sobre la calle Rosario al 700, comprado por unos cinco millones de dólares en efectivo y administrado a través de Rosgar S.A.

La investigación reconstruyó, a su vez, un circuito internacional para trasladar cocaína desde Bolivia hacia Uruguay y Brasil, desde donde era enviada por vía marítima a Europa. Según las actuaciones, el grupo mantuvo vínculos con integrantes de la mafia italiana ’Ndrangheta.

La base logística funcionaba en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde el clan contaba con depósitos y camiones adaptados para ocultar dinero y estupefacientes. Para movilizar las ganancias y disimular su procedencia también utilizó casas de cambio, transferencias simuladas, empresas y familiares.

Otros seis integrantes de la organización fueron condenados. Miguel Ángel García Ramos recibió seis años de prisión como organizador de la asociación ilícita. Maribel del Águila Fonseca, esposa de Atachahua y señalada como su asesora financiera, fue sentenciada a cinco años. El resto recibió penas en suspenso por intervenir como ejecutores o testaferros.

Uno de los testimonios clave fue el del financista Diego Xavier Guastini, quien había intervenido en la administración de sociedades vinculadas con el grupo y declaró como arrepentido ante la Procuraduría de Narcocriminalidad. Fue asesinado a balazos por un sicario el 28 de octubre de 2019 en Quilmes. El crimen continúa impune.

Vehículos militares comenzaron a patrullar los barrios con mayores niveles de criminalidad en Uruguay. El primer día de tarea el equipo tuvo un problema: quedó fuera de servicio por ajustes técnicos tras su primera recorrida. Este domingo, el vehículo Cóndor ya había vuelto a patrullar el barrio Marconi de Montevideo.

El viernes, el Ministerio del Interior había presentado uno de los vehículos blindados tipo Cóndor que serán incorporados a los operativos de seguridad pública y al patrullajes de zonas definidas como de “mayor complejidad” por las autoridades.

El ministro Carlos Negro explicó que viernes que la incorporación de estos blindados fortalece “la protección de la ciudadanía” y la “seguridad de los funcionarios policiales”, según la información divulgada por Presidencia de la República. “Lo que queremos es, por un lado, la protección de los vecinos con mayores recursos materiales y, por otro, la protección de los funcionarios policiales que llegan a las zonas más complejas”, expresó el jerarca.

Esta unidad fue decida por el Ministerio de Defensa Nacional y es parte de un total de cuatro vehículos que se desplegarán progresivamente en la capital uruguaya.

El peso del vehículo es de 9.000 kilos, según informó el director general de Operaciones Especiales, Jorge González. Está pensado para que sea utilizado en tareas de patrullaje preventivo, en el traslado seguro de efectivos y en la respuesta a situaciones de enfrentamientos armados

“La idea es proteger a los ciudadanos, concurrir a lugares de enfrentamientos armados y tener una protección adecuada para nuestros propios policías”, señaló González.

El Cóndor fue equipado con cámaras y una tecnología adicional que mejora la visibilidad en el entorno y facilita la conducción durante los operativos, según la comunicación oficial. Los choferes debieron completaron una capacitación específica de tres semanas en el Batallón de Florida, a unos 100 kilómetros de la capital uruguaya.

Los capacitados fueron un total de 19 efectivos.

El primer vehículo ya está operativo, pero hubo un problema en su primer día.

Según informó Montevideo Portal, el primer blindado sufrió varias fallas mecánicas y quedó fuera de servicio en menos de 24 horas de haber comenzado a utilizarse. Una de las fallas fue la rotura de una manguera. Esto motivó algunos cuestionamientos de parte de la oposición.

“Así gobiernan. Son un libreto de murga no divertido. Cantinflas no lo haría nunca mejor. País roto”, escribió el senador Sebastián Da Silva, integrante del opositor Partido Nacional. “Cerrá y vamos”, criticó el presidente de esa fuerza política, Álvaro Delgado.

Tras esta controversia política, el Ministerio del Interior informó que el vehículo Cóndor “se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la zona oeste de Montevideo”.

Está previsto que los otros tres blindados sean incorporados de forma paulatina, a medida que finalicen los trabajos de mantenimiento. “Esperamos que en el correr de agosto estén prontos los otros tres vehículos”, declaró el ministro.

El despliegue diario o para operativos específicos será definido por la Policía Nacional, según las necesidades que haya.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, había anunciado el 22 de junio la nueva medida de seguridad. “A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, expresó.

Después, el ministro descartó que esta medida signifique una militarización de las calles de Montevideo y el área metropolitana. “Si hay algo que teníamos previsto era despejar cualquier duda que se pudiera generar con ese tipo de términos. Solamente se trata de contar con infraestructura que posibilite en una coyuntura específica y una circunstancia especial que el Ministerio del Interior tenga los vehículos apropiados para patrullar, con sus funcionarios”, dijo el secretario de Estado.

Juan Orlando Hernández volvió a Honduras tras varios años de ausencia y dijo que enfrentará los procedimientos que requieran su comparecencia ante las autoridades del país. Su regreso reabrió el debate sobre las causas pendientes, el papel de las instituciones y su lugar en la política hondureña.

“Mi propósito de vida tiene que ver con mi familia, mis nietos; quiero disfrutar lo que no pude. Me siento orgulloso de mi familia”, expresó el expresidente al referirse a sus prioridades tras volver al país.

También planteó como uno de sus compromisos enfrentar la justicia hondureña. “Desde que salí de prisión dije que iba a enfrentar la justicia hondureña porque la verdad no la pueden esconder”, afirmó.

Aunque señaló que su prioridad inmediata es su familia, su comparecencia incluyó un mensaje dirigido al Partido Nacional, desde donde construyó su carrera política y llegó a la Presidencia de Honduras.

El exmandatario pidió mantener la cohesión interna y aseguró que el partido tiene capacidad para superar las dificultades que enfrenta. “Nuestro partido es maduro, inteligente, no nos va a dividir ni nos van a separar. El Partido Nacional es una joya que hay que cuidar, hay partido para rato”, expresó.

Además, llamó a la unidad de los hondureños y manifestó su respaldo a las autoridades electas, entre ellas Nasry Asfura, así como a alcaldes y diputados del Congreso Nacional.

Reaccionan desde el Congreso Nacional

Desde el poder legislativo, su presidente, Tomás Zambrano, consideró que la nueva etapa de Hernández debe concentrarse principalmente en su entorno personal.

“Viene a incorporarse con su familia, a recuperar el tiempo perdido con sus amigos. La política no es la prioridad para él en este momento”, expresó.

Zambrano sostuvo que el retorno del exgobernante debe verse inicialmente desde una perspectiva humana y familiar, aunque reconoció la relevancia de su presencia para la vida política nacional.

Esa posición contrasta con la preocupación expresada por sectores que consideran que el regreso de Hernández Alvarado podría generar nuevos movimientos dentro del escenario político.

Por otro lado, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), explico a Infobace que la comunidad internacional observará el manejo de los procesos judiciales que aún puedan estar pendientes en Honduras.

Vigil sostuvo que el retorno de Hernández estaría relacionado con una estrategia previamente planificada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y señaló que este tipo de decisiones suele estar acompañado por otros procedimientos migratorios o legales.

El papel del sistema judicial

El analista político y abogado Kenneth Madrid señaló que la actuación tanto del Ministerio Público y el Poder Judicial será determinante para evaluar la independencia del sistema de justicia. “La prueba de fuego del Poder Judicial y del Ministerio Público es tratarlo como un ciudadano común y corriente”, manifestó.

Madrid recordó que, aunque Hernández recibió un indulto en Estados Unidos, en Honduras continúan procesos relacionados con investigaciones como Pandora II y actuaciones vinculadas con la privación de dominios.

A su criterio, cualquier decisión institucional relacionada con estos casos tendrá impacto en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia. También advirtió que un manejo irregular de los expedientes podría tener consecuencias políticas para el Partido Nacional de cara a futuros procesos electorales.

El retorno de Hernández también provocó cuestionamientos desde sectores religiosos y sociales. El padre Ovidio Rodríguez lamentó que parte de la población haya recibido con celebración el regreso del exgobernante sin realizar, según su criterio, una reflexión profunda sobre los cuestionamientos que marcaron su administración.

Rodríguez hizo énfasis en la necesidad de mantener una postura crítica frente a los hechos ocurridos durante los años en que Hernández estuvo al frente del Poder Ejecutivo, incluidos los señalamientos relacionados con casos de corrupción.

La brujería y el narcotráfico tienen, en muchos casos, una relación íntima. En las investigaciones no es extraño encontrar referencias a curanderos o hechiceros que son convocados para proteger cargamentos, a los miembros de la organización con magia negra o predecir allanamientos con el don de la videncia. Sin embargo, no es común encontrar “trabajos” u ofrendas entre ladrillos de cocaína.

Eso fue lo que ocurrió en Jujuy, cuando efectivos de Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de Gendarmería requisaron un vehículo en el que esperaban encontrar droga. Ocurrió este 18 de julio, en ruta 9.

En el procedimento, que fue positivo, también se hallaron patas de animales, huesos amarrados, collares, frutos, yerba mojada y un destornillador. Había, además, una foto de un hombre, de acuerdo a las fuentes, ya fallecido. La imagen encabeza esta nota. Todo estaba envuelto en un trapo blanco junto a 58 paquetes que llevaban el logo del delfín.

Aunque en un principio la brujería fue secuestrada junto a los 61,514 kilos que marcó el pesaje final, los gendarmes se deshicieron de ella luego de que la fiscalía determinara que nada tenía que ver con la causa.

Según la investigación, la banda detrás de la carga está liderada por un capo boliviano apodado “El Padrino”, quien está identificado y vive en Cochabamba. Las fuentes indicaron que el jefe se preocupaba por hacer que cada uno de los envíos estuvieran “curados” por brujos antes de que partieran por las rutas argentinas, acondicionados en torpedos y zócalos de la flota de vehículos -camionetas, autos y camiones- con la que cotnaban.

De este lado de la frontera, la estructura estaba integrada por un preso por narcotráfico alojado en la cárcel federal de Güemes, un policía en actividad y otro retirado. Los miembros, integrantes de un clan, usaban como pantalla la quema de ollas de barro y arcilla. En el plano terrenal, contaban con un “matón” para proteger la droga de mexicaneadas. Lo apodan “El Diablo”.

Además, los detectives detectaron que invirtieron el dinero de la actividad en la compra de propiedades en San Salvador de Jujuy, por unos 140 mil dólares, y en campos en Metán (Salta).

En cuanto al modus operandi identificaron dos etapas. En primer lugar, ingresaban la cocaína desde Casira (Bolivia), a través de mochileros por pasos no habilitados, al paraje Casira (Argentina). Luego, acondicionaban los vehículos en los que embutían los estupefacientes (y los trabajos de “magia negra”), con destino, principalmente, al sur del país.

Los gendarmes, al mismo tiempo, lograron determinar que en la cárcel el interno identificado como Cristian Quispe, recibía por celular el aviso para la salida de los autos con una clave: “Calendario libre” o “libreta”. Se referían a los días feriados y a las fechas en las que la Selección argentina disputó partidos de la Copa del Mundo.

Aunque se estableció la relación con diferentes abonados, involucrados en la estructura narco, en las conversaciones no se revelaban otro tipo de elementos que pudieran dar más pistas. En ese punto, fue clave el rol de un malabarista que esperaba en un semáforo para hacer su acto, mientras vigilaba los movimientos de la banda.

Durante el operativo, Gendarmería incautó 45 vehículos guardados en un galpón, pesos y dólares en efectivo, 24 celulares que serán peritados y armas. Al mismo tiempo, detuvo a cinco personas, entre ellos a “El Diablo”. La causa, en la que intervienen la PROCUNAR NOA y el Juzgado de Garantías Federal N°1 de Jujuy, tiene tres prófugos de nacionalidad argentina.

El fondo del enfrentamiento es una guerra surgida 10 años antes en el barrio Villa Española que dejó de reconocer fronteras, informó el diario El País este domingo. El menor asesinado era hijo de uno de los hombres que lidera la banda de Los Puglia y los atacantes fueron directamente por él.

Es por esto que los investigadores resumen el caso a tres palabras: “Hijo por hijo”.

El niño de 12 años había ido a unas picadas clandestinas que todos los jueves por la noche se corren en la zona del Parque Rodó. Además de su asesinato, cinco personas resultaron heridas (entre ellos un adolescente de 14 años) que también era integrante del mismo grupo familiar.

Los delincuentes llegaron en dos motos y realizaron una ráfaga de disparos que terminó con el trágico desenlace. El niño murió por un disparo en el pecho.

Así como ahora fueron atacados Los Puglia, el 10 de julio fueron asesinados cinco integrantes de la banda de Los Suárez, sus enemigos históricos.

Dos hombres que participaron del ataque llegaron heridos a un centro de salud y escaparon antes de recibir el alta médica, detalló El País. Al menos uno de ellos es de apellido Suárez, algo que refuerza la línea de que lo que ocurrió en el Parque Rodó fue una venganza. Sin embargo, todavía no hay detenidos por el quíntuple homicidio que demuestren que Los Puglia estuvieron detrás.

Los Puglia son una organización familiar que incorporó a personas de otros apellidos y se vinculó con otros clanes según las necesidades del negocio y del enfrentamiento.

En junio de 2023, tras un operativo que incluyó 18 allanamientos, la Policía creía que Los Puglia y sus aliados –los Galli y Morales– estaban desarticulados.

Pero un año más tarde, otra investigación determinó que Los Puglia, Los Galli y Los Albín eran grupos aliados, que se abastecían de droga cuando uno se quedaba sin sustancia, se repartían las calles y los clientes. También encargaban de ingresar estupefacientes a la cárcel de mujeres y tenían un enemigo en común: Los Suárez.

Los Albín eran el grupo con mayor capacidad económica y de fuego y los otros dos actuaban como sus aliados.

El enfrentamiento con Los Suárez no fue únicamente por problemas de droga: se profundizó por una disputa por parejas, según lo consignado por el diario uruguayo.

La hipótesis de que se trata de una vengaza también fue manejada por el ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa que brindó el viernes.

“La investigación arroja que esto es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales de una zona pero que involucra a otros barrios también de Montevideo. Es una cadena de venganzas que se inicia allá por el año 2023”, dijo Negro ante los medios.

En noviembre de ese año, fue asesinado Ezequiel Suárez, de 21 años, por la banda de Los Albín. La respuesta llegó en enero: el hijo de ocho años de Gustavo Albín fue asesinado.

Durante 2023 y 2024, Villa Española de Montevideo fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre tres bandas: Este barrio sufrió la guerra narco, se dejó de recoger basura y hasta los ómnibus cambiaron sus recorridos luego de haber quedado en medio del fuego cruzado.

Luego, la banda de Los Suárez se mudó desde Villa Española hacia el barrio El Monarca (15 kilómetros al norte), donde fue víctima del quíntuple homicidio que ahora –según los investigadores– vengó.

La Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de bienes de Isaac Ben Daoude, uno de los franceses acusados del intento de enviós de cocacína en encomiendas a Europa, vía Ezeiza, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

A diferencia de su compatriota, Ahmed Adda Belkocir, quien reconoció la maniobra y trató de desvincular a su supuesto cómplice, Ben Daoude había apelado la medida impuesta por el juez Marcelo Aguinsky, en la causa por tentativa de contrabando de exportación agravado de sustancia estupefaciente y el uso de documentos públicos apócrifos.

La resolución de la Cámara, dictada por los jueces Carolina Robiglio y Pablo Daniel Bertuzzi, mantuvo el temperamento de Aguinsky al considerar que existen elementos de prueba suficientes que vinculan a Ben Daoude con los hechos investigados. El fallo también confirma el embargo por $1.481.844.000.

La causa involucra el intento de exportar alrededor de 36,7 kg de cocaína, divididos en tres encomiendas, a Francia y Bélgica mediante el uso de documentación falsa y métodos de ocultamiento sofisticados (como el uso de localizadores electrónicos y símbolos idénticos en los paquetes), así como la tenencia de otros 12,8 kg de cocaína hallados en un departamento de Palermo y el empleo de documentos apócrifos.

Aunque Belkocir aseguró que su compañero desconocía las verdaderas intenciones de sus movimientos durante su estadía en Buenos Aires, la Cámara señaló que, al evaluar la responsabilidad de Ben Daoude, es necesario analizar los elementos probatorios en forma integral y no aislada, atendiendo a la correlación y concordancia entre ellos.

En primer lugar, hicieron hincapié en la coincidencia de viajes y alojamientos con el coimputado: Daoude y Belkocir (principal sospechoso y acusado de despachar las encomiendas) coincidieron reiteradamente en Argentina, incluyendo viajes de ingreso y egreso, y compartieron domicilio durante gran parte de la estadía donde se prepararon o enviaron las encomiendas.

Ambos viajaron juntos desde y hacia Francia, y también hacia Uruguay, donde fueron detenidos. Sus pasajes fueron pagados con la misma tarjeta de crédito.

En los lugares de residencia compartida (particularmente en la Av. Juan B. Justo y la calle Cuba, en los barrios de Palermo y Belgrano, respectivamente), se hallaron documentos apócrifos con la foto de Ben Daoude y de Belkocir, y evidencia que vincula a ambos con la planificación y ejecución de la maniobra.

El allanamiento al departamento de la Av. Mansilla, también en Palermo, que fue alquilado casi simultáneamente al envío de las encomiendas, permitió secuestrar 12,8 kg de cocaína utilizando metodologías y simbología idénticas a los envíos postales detectados y que fueron objeto de una entrega vigilada a cargo de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA, junto a efectivos de la PSA.

Al mismo tiempo, se secuestraron varios documentos de identidad y licencias de conducir presuntamente falsos, con la fotografía de Ben Daoude bajo distintos nombres, hallados precisamente en la habitación utilizada por él.

También se halló documentación similar vinculada a Belkocir, configurando un patrón de ocultamiento de identidad para facilitar la evasión o entorpecimiento de la investigación.

Ausencia de arraigo y el “mea culpa”

En su indagatoria, Daoude había asegurado que su presencia en el país se debía a que pretendía establecerse con su familia en Buenos Aires. Sin embargo, el fallo resalta que carece de lazos familiares, laborales o sociales comprobables en Argentina, contradiciendo su versión. El contrato de alquiler de su domicilio fue firmado bajo identidad falsa.

Para los camaristas, la tenencia y uso de documentación apócrifa, sumada a la posibilidad de movilizarse internacionalmente y la gravedad del delito, reforzó el riesgo procesal de fuga.

Por otro lado, aunque Belkocir afirmó que Ben Daoude no intervino en las operaciones, la Cámara consideró que esta declaración carecía de respaldo objetivo y contradecía el resto de la evidencia.

La defensa de Ben Daoude alegó que su relación con Belkocir era casual y que no participaba en las maniobras delictivas. Sin embargo, la Cámara consideró que la cantidad y calidad de indicios (viajes conjuntos, alojamiento compartido, documentación apócrifa, interrelación temporal entre la permanencia en domicilios y los hechos, y hallazgo de droga en lugares alquilados por los involucrados) hacen inverosímil la versión exculpatoria, al menos con el nivel de certeza requerido en esta etapa.

De esta manera, entendieron que existen suficientes elementos para presumir, de manera provisoria, que actuó coordinadamente con el coimputado Ahmed Adda Belkocir en una maniobra internacional de contrabando de cocaína, recurriendo a documentos falsos y el uso de métodos sofisticados de envío y ocultamiento. La ausencia de arraigo y el riesgo concreto de fuga justifican además mantener la prisión preventiva.

Con este paso procesal, las fuentes aseguraron que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio, mientras esperan respuesta de las autoridades francesas respecto al tercer apresado en el aeropuerto de París.

La foto de un difunto, una pata de gallina, una piedra envuelta en un trapo rojo y sangre de un animal, en medio de 58 paquetes de cocaína. Esa fue la inquietante imagen con la que encontraron los gendarmes que requisaron un vehículo sobre la ruta nacional 9 en la provincia de Jujuy.

El operativo de la Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de GNA, en el que se secuestró la droga, el 18 de julio pasado, fue el desenlace de una investigación que había comenzado mucho antes y que estaba tras los pasos de la banda de “El Padrino”, un poderoso capo narco de Cochabamba, Bolivia.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, el cabecilla de la organización tenía un modus operandi muy particular: encomendaba a curanderos-brujos la misión de proteger los cargamentos que la organización traficaba a través de la frontera en Jujuy. Ningún ladrillo traspasaba la frontera sin el “trabajo” mágico.

Incluso, en uno de los vehículos vinculados al grupo los investigadores encontraron la cabeza de un cabrito envuelto un trapo. Calcularon, llevaba un mes en ese lugar.

Y, una vez en Argentina, la droga contaba con una protección que nada tiene que ver con lo sobrenatural aunque el apodo del supuesto responsable de esa labor también da miedo. Se trata de “El Diablo”, identificado como F.M., de 45 años y, según él, de profesión “artesano”. Los detectives que participaron del procedimiento lo señalan como “el matón” de la banda, encargado de cuidar los cargamentos.

La trama, además, incluye a un policía retirado y otro en actividad. En el combo también participaba un preso, alojado desde 2024 en el Complejo Penitenciario Federal NOA, en Güemes, por el transporte de 101 kilos de cocaína. Los tres están vinculados por lazos familiares. El reo estaba encargado de organizar los envíos y dirigía todas las maniobras para la compra de inmuebles y vehículos. Lo hacía, claro, desde un celular que fue intervenido.

Las escuchas telefónicas permitieron llegar a 10 abonados y determinar que la banda de “El Padrino” usaba como pantalla el quemado de ollas de barro y arcilla que, supuestamente, llevaba adelante “El Diablo”.

La investigación, en la que intervino la PROCUNAR NOA, estableció, a la vez, que el policía retirado y el interno de la cárcel federal comparten lazos familiares y la titularidad de vehículos con los que se hacían los traslados de los paquetes. Algunos de sus familiares (hermanos, cuñados, sobrinos, padrastros) contaban con cédula azul para manejarlos. Todo un clan a disposición de “El Padrino”.

Calendario libre

Las fuentes detallaron que la base de sus actividades era el paraje Casira, en Jujuy, ubicado en el límite con Bolivia. Desde ese lugar, partían los paquetes de cocaína entre tres y cuatro meses por mes, con destino, principalmente, al sur del país. “Calendario libre” o “libreta” eran las claves para mover los cargamentos, acondicionados en los torpedos y zócalos de más de 40 autos, camionetas y camiones con los que contaban.

La orden la daba el preso y se refería así a los días feriados y a las fechas en las que la Selección Argentina disputaba partidos en la Copa del Mundo.

Fue en la final disputada en New York que la estructura narco preparó un envío que debía llegar a Buenos Aires. Para ello, utilizarían cinco vehículos y caminos secundarios. No llegaron a destino: Gendarmería los interceptó en la ruta y detuvo a los integrantes de la banda en Argentina.

Para los investigadores fue esencial la tarea de un malabarista que, encubierto, hacía su presentación en una esquina donde los integrantes de la organización solían pasar.

De esta manera, lograron establecer todos sus movimientos, algo que se había dificultado en las escuchas, debido a que no había referencias directas. La vigilancia del artista ató los cabos sueltos.

Por último, los investigadores determinaron que la pata argentina de la organización había logrado un importante crecimiento económico y había invertido el dinero producto de su participación del narcotráfico en la compra de campos en Metán (Salta) y casas en Jujuy.

El presidente saliente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que lanzó cuestionamientos sobre la relación bilateral entre ambos países y aseguró que el mandatario norteamericano “traicionó” la alianza entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado abordó temas relacionados con la lucha contra las organizaciones criminales, la soberanía nacional, las recientes elecciones presidenciales y el respaldo que, según él, recibió el presidente electo desde sectores políticos estadounidenses.

Petro acusó a Trump de romper la alianza contra el narcotráfico

En el mensaje, el mandatario sostuvo que Colombia ha enfrentado durante décadas el narcoterrorismo con un alto costo humano y aseguró que esa lucha se desarrolló con base en la verdad y no mediante la violencia.

“Nosotros enfrentamos el narcoterrorismo genocida porque decidió destriparnos (...) los derrotamos con las palabras y la verdad y no con trampas y engaños, no los derrotamos con las armas sino con la verdad y sin venganzas”, escribió.

Uno de los apartados más contundentes del pronunciamiento fue cuando afirmó que Donald Trump traicionó la cooperación histórica entre ambos países en la lucha contra las mafias.

“Un insulto para la alianza contra la mafia, que creo que sosteníamos, el que usted, presidente de EE. UU., haya indultado a Juan Orlando Hernández (...). ¿No se dieron cuenta que contradicen su propio principio y discurso y nos traicionan?”, expresó Petro.

El mandatario agregó que esas decisiones, a su juicio, representan una ruptura de los compromisos asumidos entre ambos gobiernos en materia de combate al narcotráfico.

Cuestionó decisiones del Gobierno estadounidense

En su publicación, Petro también hizo referencia al caso del hijo del capitán Coral, un oficial de la Policía que participó en la búsqueda de Pablo Escobar y que, según recordó, fue asesinado tras ubicar al entonces jefe del cartel de Medellín.

El presidente criticó que el joven hubiera sido detenido en Estados Unidos cuando buscaba asilo, y cuestionó al secretario de Estado, Marco Rubio, por esa decisión.

Además, aseguró que mientras se tomaban esas medidas, Washington respaldaba sectores políticos que, según él, han tenido vínculos con estructuras del narcotráfico.

Defendió la soberanía de Colombia

Otro de los ejes centrales del mensaje fue la defensa de la autonomía del país frente a lo que calificó como una injerencia extranjera.

Petro afirmó que propuso un “Pacto contra las mafias y por la libertad y la vida”, y sostuvo que las actuaciones del Gobierno estadounidense “dañan nuestra soberanía y nos devuelven a ser colonia”.

En esa misma línea, aseguró que Colombia no puede aceptar interferencias externas en sus procesos políticos y reiteró que la Constitución prohíbe apoyos extranjeros en campañas presidenciales.

Se refirió a las elecciones y coincidió con Elon Musk

En otro apartado de su pronunciamiento, el presidente abordó el debate sobre los sistemas de votación y afirmó que comparte la posición del empresario Elon Musk respecto al uso de tecnología en los procesos electorales.

“Coincido con Elon Musk en que las elecciones ya no se pueden hacer con máquinas, porque las máquinas son informática y la informática avanzada manipula las conciencias humanas”, manifestó.

La afirmación se produjo en medio de sus cuestionamientos sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales y las supuestas influencias externas en el proceso político colombiano.

Petro volvió a cuestionar el respaldo a su sucesor

El mandatario también aseguró que Donald Trump permitió una alianza entre “genocidas y narcotraficantes” para frenar, según sus palabras, el proyecto político que impulsó durante su gobierno.

“Usted, presidente Donald Trump, permitió una alianza de genocidas y narcotraficantes para acabar con el camino correcto de Colombia hacia la justicia social que es la base de su paz”, escribió.

Asimismo, afirmó que esa estrategia “no destruirá” el proyecto político que representa porque, según dijo, sus contradictores ya fueron derrotados “exponiendo la verdad ante los tribunales de justicia”.

Publicó un video y pidió que fuera visto por Trump

Como parte de su mensaje, Petro compartió un video en el que, según explicó, se evidenciarían las razones de sus denuncias sobre la intervención extranjera en la política colombiana.

El mandatario afirmó que el material mostraría al dirigente político que, según él, recibió respaldo de Trump durante la campaña presidencial y lanzó nuevas críticas contra el presidente electo.

En el cierre de la publicación, hizo un llamado para que el mandatario estadounidense conociera ese contenido.

“Ojalá, que alguien, por favor a la humanidad, muestre este video al presidente Donald Trump”, concluyó el presidente saliente.

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, rechazó este domingo las versiones que señalan la supuesta presencia del Clan del Golfo y de grupos armados colombianos en territorio panameño, en referencia a las recientes publicaciones que atribuyen a estos actores incursiones y refugio en la frontera binacional del Darién. Según declaraciones difundidas por Telemetro y recogidas por la agencia EFE, el funcionario aseguró que las autoridades panameñas no han recibido información oficial que indique operaciones o campamentos activos del Clan del Golfo ni de disidencias de las FARC en Panamá.

El tema adquirió notoriedad tras la aparición de una nota en la revista Semana de Colombia, donde fuentes de inteligencia advertían sobre la supuesta huida de capos del Clan del Golfo y miembros de las disidencias de las FARC hacia el lado panameño del Darién, zona selvática que sirve de límite natural entre ambos países. Ante el impacto regional del reporte, Ábrego indicó que las fuerzas de seguridad panameñas mantienen comunicación directa con 16 organizaciones de inteligencia de Colombia, además de organismos multilaterales como Ameripol y la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron).

De acuerdo con el titular de Seguridad Pública, “oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”, en alusión a la supuesta presencia de bandas criminales extranjeras en Panamá. Añadió que la información publicada por Semana podría provenir de datos en proceso de validación por parte de los servicios de inteligencia colombianos. “Probablemente exista datos de inteligencia que no ha llegado aún a Panamá porque está siendo validada”, reconoció el funcionario, citado por EFE.

El debate se amplificó con recientes declaraciones públicas del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien advirtió sobre la posible fuga de integrantes del Clan del Golfo hacia Panamá. En un acto público, el mandatario electo lanzó un mensaje directo: “Les doy un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo, que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá, yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada la que les voy a pegar y van a saber lo duro que muerde el tigre”. El episodio fue replicado en medios panameños, que difundieron el vídeo del discurso.

Qué dijo Panamá sobre la frontera

Ábrego afirmó: “hay Clan del Golfo del lado colombiano, (pero) no hay Clan del Golfo del lado panameño”. El ministro explicó que, durante muchos años, Panamá funcionó como área de descanso de la guerrilla y de paramilitares colombianos, lo que produjo alteraciones en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala. Según sus palabras, las operaciones de la fuerza pública panameña desde el inicio de la década de 2010 permitieron desmantelar campamentos y garantizar la ausencia de estos grupos armados en territorio nacional.

En cuanto a la cooperación bilateral, Ábrego destacó la existencia de tres bases binacionales en la frontera entre Panamá y Colombia, ubicadas frente a zonas de producción de coca en el lado colombiano. Tanto la Policía como el Ejército de Colombia mantienen presencia permanente en esas regiones, mientras que las fuerzas panameñas permanecen activas en el lado nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. “Ellos no se han ido de esos lugares y continúan en la lucha contra el Clan del Golfo y cualquier otra organización”, precisó el ministro, según EFE.

La vigilancia sobre el sistema financiero

Un aspecto adicional abordado por el titular de Seguridad Pública es la vigilancia sobre el sistema financiero panameño ante posibles flujos de dinero no justificado, especialmente de origen colombiano. Ábrego informó que las autoridades bancarias y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá vigilan el incremento de cuentas y depósitos cuyo volumen no pueda justificarse, en coordinación con la Superintendencia de Bancos. “La UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá están pendientes a esta información”, aseguró, tras reunirse recientemente con el jefe de la UAF.

El Clan del Golfo es considerado por las autoridades colombianas como la mayor organización criminal del país vecino, dedicada principalmente al narcotráfico, el tráfico de migrantes, la minería ilegal y la extorsión. La frontera entre Panamá y Colombia ha sido históricamente una zona sensible, tanto por la permeabilidad del terreno selvático como por el flujo migratorio irregular y las actividades delictivas transfronterizas.

La cooperación con Estados Unidos fue el eje del discurso del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, durante la graduación del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva en Quantico, Virginia, donde destacó el trabajo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe.

Según una nota de prensa oficial de la DNCD, Cabrera Ulloa agradeció a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) el respaldo para fortalecer las capacidades operativas de los países aliados y sostuvo que la alianza entre ambos países ha permitido desmantelar redes de crimen transnacional con una operatividad coordinada.

“Esta cooperación internacional supera el intercambio de información, ya que contribuye a consolidar la confianza entre instituciones, desarrollar liderazgo y capacitar personal especializado frente a amenazas comunes”, afirmó Cabrera Ulloa en su discurso, acompañado por Daniel Salter administrador adjunto principal de la DEA y Michael Mayer agente especial a cargo de la Oficina del Caribe.

La graduación de la SIU

El vicealmirante precisó este domingo que “hoy celebramos la graduación de cuarenta hombres y mujeres provenientes de seis naciones; cada uno regresará a su institución con nuevos conocimientos y mayores responsabilidades, compartiendo un mismo compromiso: servir con integridad, profesionalismo y respeto a la ley”.

La ceremonia, según la DNCD, sirvió para reiterar el compromiso dominicano con la integridad y la protección de la información en el marco de la cooperación regional.

El mensaje sobre República Dominicana

En su intervención, Cabrera Ulloa hizo referencia a palabras del administrador de la DEA, Terrance Cole, quien felicitó al gobierno del presidente Luis Abinader por su liderazgo en la lucha regional contra el narcotráfico.

“Esa visión resume el espíritu que hoy nos reúne”, añadió el presidente de la DNCD, quien reafirmó la decisión de República Dominicana de continuar reforzando sus instituciones mediante la colaboración con la DEA y otras naciones aliadas.

El llamado a los graduandos

Cabrera Ulloa instó a los integrantes de la promoción 128 de la SIU a asumir el reconocimiento recibido como un punto de partida para seguir ampliando sus conocimientos y convertirse en líderes comprometidos con la justicia y la cooperación internacional.

El funcionario dominicano pidió a los graduandos recordar que forman parte de una comunidad orientada a la defensa de los pueblos, más allá de las banderas que representen.

Vale recordar que este sábado, miembros de la DNCD y del Ministerio Público, extendieron los operativos de interdicción contra el microtráfico hacia los sectores del municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Durante la jornada se desplegaron 56 operativos focalizados en 13 casos específicos, arrestando a 12 personas e impactando de manera directa las estructuras del microtráfico que operan en la zona.

Como resultado de esas acciones conjuntas, encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se incautaron 484 porciones de un polvo que se presume es cocaína, con un peso de 1,155 gramos, 122 envolturas de un vegetal de presunta marihuana, equivalentes a 447 gramos, así como 160 dosis de crack, con un peso aproximado de 373 gramos.

Hace varias semanas, Fernando Grande-Marlaska tuvo que responder en el Congreso sobre la labor de su Ministerio contra el narcotráfico. En su defensa incluyó varios anuncios. Uno de ellos fue una inversión de ocho millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, para elevar tres barreras fluviales en el Guadalquivir y Sanlúcar de Barrameda. Se trata de unas construcciones de hormigón que tienen como único objetivo cerrar el paso a las narcolanchas que penetran en la península a través del río.

No es una completa novedad. Hace 10 años, el Ministerio del Interior, entonces bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, impulsó una ‘barrera antinarcos’ en el río Guadarranque, en San Roque, Cádiz, que costó en torno a 280.000 euros. Desde entonces, la eficacia del invento se ha puesto en duda en muchas ocasiones, aunque sí permitió reducir la presencia de embarcaciones que transportan hachís.

En esta ocasión, el objetivo es que estén disponibles en 2027. Interior no ha querido dar más detalles del proyecto, limitándose a lo que adelantó Marlaska en el Congreso. Por tanto, se puede intuir que será similar a la creada hace una década, pues tendrá la misma función, pero no se pueden abordar sus características con certeza. Desde asociaciones como AUGC, no han rechazado la medida, pero la ven “insuficiente” ante el problema del narcotráfico.

Fernando Grande-Marlaska destacó especialmente las inversiones dirigidas a reforzar la seguridad en este enclave narco. Aquí fue cuando dio la noticia de las barreras: declaró la contratación de emergencia, junto a su suministro e instalación, de un sistema de tres barreras fluviales flotantes de alta resistencia. Esta categoría de proyecto debería acelerar su construcción, lo que le hizo asegurar que estará listo el año que viene. Las barreras estarán ubicadas en el estuario del Guadalquivir y en dos caños de Sanlúcar de Barrameda. Se prevé que estén operativas en la primera mitad de 2027.

Beneficios frente a los sabotajes de la barrera

En mayo de 2017, menos de un año después de su construcción, la Agencia Aduanera denunció los sabotajes que sufría la barrera ‘antinarcos’ instalada en la desembocadura del río Guadarranque. Según explicaron las autoridades, la estructura había sido objeto de tres ataques desde su instalación en noviembre del año anterior. Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, advertía entonces que los narcotraficantes aprovechaban la “menor resistencia de las piezas provisionales”, y reclamaba a Interior la mejora de la construcción.

El delegado del Gobierno en Andalucía en ese momento, Antonio Sanz, consideró que la reiteración de los sabotajes sufridos evidenciaba la “eficacia” de la barrera. “Si los narcotraficantes se empeñan en sabotearlo es porque hemos dado en el clavo”. El Gobierno anunció entonces la instalación de cámaras de seguridad para reforzar el control en la zona. Aquella barrera limitó, en parte, la presencia de narcolanchas, pero evidenció que necesita ser acompañada de patrullaje constante y que los traficantes siempre buscan y encuentran otra vía de acceso.

Además, en 2021, la organización Ecologistas en Acción denunció que la barrera ‘antinarcos’ instalada en el río provocaba inundaciones en la zona. “La lucha contra el narcotráfico no puede perjudicar a la sociedad civil o a sus bienes”. Los ecologistas aseguraron que la acumulación de escombros y restos de obra agravaba el riesgo cuando llueve. “Esta barrera no respeta la dinámica hídrica. Los ríos están diseñados naturalmente para que salga el agua sin obstáculo; aquí la acumulación de cañizo y ramas provoca el efecto presa castor”, señalaron, añadiendo que también había impedido la navegación de un río que se usaba para otras actividades totalmente lícitas.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX detuvieron a una mujer que “posiblemente sustrajo” productos con un valor superior a 16 mil 500 pesos de una tienda departamental de la alcaldía Benito Juárez.

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Policías de la SSC de la CDMX detienen a dos individuos con dosis de posible droga y una réplica de arma de fuego en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante una manifestación en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Policía Auxiliar, del Sector Orion, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encapsularon a los inconformes que realizaron pintas en los edificios.

Posteriormente fueron asegurados, sin embargo, las autoridades decidieron no ponerlos a disposición debido a la libertad de expresión.

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Agreden a elementos de la Guardia Civil de SLP: dos fallecieron

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí fallecieron este domingo tras ser agredidos durante labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerrito de la Cruz.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), el ataque ocurrió mientras los uniformados cumplían funciones de servicio en esa localidad.

De forma inmediata, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y desplegaron un operativo en la zona con la participación coordinada de instituciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de localizar y detener a los presuntos responsables.

Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades conforme a derecho, según indicó la SSPC. La dependencia exhortó a la ciudadanía a abstenerse de difundir versiones no confirmadas sobre los hechos.

Imputan a policía municipal por el asesinato de dos personas en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Córdoba, formuló cargos ante la autoridad judicial contra Levy “N”, un exmando policial señalado como presunto responsable del homicidio doloso calificado de dos personas en el municipio de Atoyac.

El caso, registrado bajo el número de proceso penal 620/2026, tiene su origen en hechos ocurridos los días 4 y 5 de enero de 2023, cuando ambas víctimas fueron detenidas y trasladadas a la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac.

De acuerdo con los datos, el imputado se desempeñaba como mando policial y presuntamente ordenó que los detenidos no fueran puestos a disposición de la autoridad ministerial, permitiendo que fueran sustraídos de las instalaciones junto con otras personas.

Horas después de su sustracción de la comandancia, las víctimas fueron localizadas sin vida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Con base en las evidencias recabadas durante la investigación ministerial, el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Levy “N”.

Procesan a implicado en un feminicidio en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como R.G.M. por su probable responsabilidad en el feminicidio de D.A.Z.V., ocurrido el 11 de julio de 2026 en la comunidad de Nican de la Soledad, Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante una discusión en un domicilio de esa localidad, donde la víctima fue agredida con un arma de fuego y falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Tras recibir la denuncia, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca recabó entrevistas, dictámenes periciales y demás datos de prueba que sustentaron la solicitud de la orden de aprehensión ante la autoridad judicial. El mandamiento fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ubicaron y detuvieron a R.G.M.

Una vez detenido, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con el proceso conforme a derecho.

Reportan operativo de la Marina en Zapopan, Jalisco

Este domingo se reportó un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en distintas colonias de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con Telediario, los despliegues se realizaron en la colonia Mirador del Sol, en la calle Helios en el cruce con Chichén Itzá, y un segundo en la colonia La Estancia, sobre la calle Comerciantes.

En la acción también se observó un helicóptero de la Marina que sobrevoló en la zona. Hasta el momento las autoridades no han informado personas detenidas o algún decomiso realizado en la zona.

Realizan audiencia del director y encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz por el caso Dafne

Luego de que fueron detenidos durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, la audiencia en contra de Jorge Luis “N” (director de la Academia Militarizada Marina Doenitz) y Estrellita “N” (encargada de los alumnos) se lleva a cabo en el Centro Integral de Justicia de Altamira, en Tamaulipas.

La diligencia se programó para comenzar a las 10:00 de la mañana, pero entró en receso y será reanudada hasta las 12:00 horas.

Ambos detenidos contaban con una orden de aprehensión relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que falleció cuando se encontraba en un campamento de verano en la academia.

Cuatro días después de haber ingresado, la adolescente murió a causa de asfixia por sumersión, aunque la versión que sostuvieron tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” fue que Dafne se desvaneció cuando se encontraba en la regadera y ya no respondió.

Será en las próximas horas cuando se defina la situación jurídica de los detenidos.

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Detienen a hombre implicado en el robo de una tienda de abarrotes en Álvaro Obregón

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 45 años de edad implicado en el robo a una tienda de abarrotes en la colonia Lomas de Potrero de la alcaldía Álvaro Obregón.

El hecho fue reportado por la propia víctima, un hombre de 44 años, quien se acercó a los uniformados mientras estos realizaban labores de vigilancia en la calle Pino. El afectado refirió que un sujeto había ingresado a su negocio, lo amenazó con un cuchillo y le sustrajo dinero en efectivo.

Tras activar un dispositivo de búsqueda, los oficiales identificaron al probable responsable en el cruce de las calles Jacarandas y cerrada de Ébanos, en la colonia Los Cedros y le efectuaron una revisión.

Durante la inspección, los agentes le hallaron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo con hoja de filo, además del dinero en efectivo referido por el denunciante.

El detenido fue trasladado junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Despliegan dispositivo de seguridad en municipios de Nayarit

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de Nayarit desplegó operativos de seguridad en los 20 municipios del estado, en los que también participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

A través de la Policía Estatal, los operativos contemplan patrullajes estratégicos, recorridos preventivos y presencia interinstitucional en carreteras, zonas urbanas y comunidades de toda la entidad.

La secretaría precisó que las acciones buscan prevenir conductas delictivas, atender de forma oportuna los reportes ciudadanos y garantizar el orden en beneficio de la población nayarita.

Aseguran 49 máquinas tragamonedas y drogas durante cateos en domicilios de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán desarticuló una red de minicasinos ilegales en Uruapan al ejecutar 10 órdenes de cateo en distintas colonias del municipio, operativo que derivó en el aseguramiento de 49 máquinas tragamonedas, narcóticos y la detención de un hombre de 32 años.

Las diligencias se originaron en investigaciones por extorsión y delitos contra la salud, en las que participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los cateos se cumplimentaron en inmuebles de las colonias Ampliación San Francisco, San Luis, La Mora, Real de Santa Rosa, Periodismo, Movimiento Antorchista y Los Doctores, además de un domicilio sobre la calle Mariano Matamoros.

Hallazgos en los domicilios intervenidos: de droga hasta casquillos

El inmueble ubicado sobre la calle Mariano Matamoros concentró los indicios de mayor peso: siete máquinas tragamonedas, recipientes con marihuana, un contenedor con sustancia granulosa de color blanco con características propias de un narcótico, teléfonos celulares y casquillos de arma de fuego.

En ese lugar fue detenido Miguel Ángel “N”, de 32 años. Tanto el arrestado como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En el conjunto de los 10 puntos intervenidos, el personal aseguró un total de 49 máquinas tragamonedas, junto con narcóticos, casquillos y equipos de comunicación.

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Arrestan a dos hombres que transportaban más de media tonelada de marihuana en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas detuvo a tres personas que transportaban más de 691 kilogramos de marihuana en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Arriaga.

El operativo lo ejecutó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) durante patrullajes de prevención y disuasión del delito en el kilómetro 20+000 del tramo carretero Tierra y Libertad. Los tres individuos viajaban a bordo de dos vehículos con origen en la Ciudad de México y destino a Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

En el vehículo de carga que acompañaba la caravana, elementos de la FRIP aseguraron 92 paquetes con hierba verde con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 691.200 kilogramos. La detención se realizó en flagrancia por probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Además de la droga, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y los dos vehículos en los que se desplazaban los imputados: una camioneta Ford F350 y un sedán Audi A6.

Los detenidos, identificados como César “N”, Gamaliel “N” y Edmundo “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el deslinde de su responsabilidad.

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