El movimiento en torno al kiosco había sido filmado desde el aire por un drone de la Federal. Así, vieron a los consumidores del lugar, que hacían fila, uno tras otro, para llevarse su material. Todo entraba y salía por una pequeña ventanita blanca que da a un pasillo.

Había stock para justificar tanto movimiento, aparentemente: se encontraron 350 papeles glacé con dos gramos de cocaína cada uno, 80 bolsas de tusi -casi medio kilo de material-, pasta base, 400 gramos de ketamina, marihuana y clonazepam, según el saldo informado tras el operativo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, liderada por el experto comisario general Marcelo Laures.

El allanamiento ocurrió en medio de una temporada sangrienta para el negocio de la droga en La Matanza, con varios asesinatos, como el ocurrido este jueves en el barrio 22 de Enero, ubicado también en Ciudad Evita. Un consumidor de 28 años -que, según diferentes versiones, estaría vinculado a traficantes en la zona de Puerta de Hierro- fue acribillado de cinco tiros por un pistolero.

Tras encontrar el cadáver, la Bonaerense allí apostada pidió apoyo por radio, ante la posible hostilidad de vecinos, mientras perimetraban el lugar para la llegada de Policía Científica. Poco después, en medio del operativo, delincuentes a bordo de un auto dispararon en medio del trabajo de la Policía, posiblemente con una ametralladora. Se encontraron 24 vainas servidas en el lugar. Ningún efectivo resultó herido.

A fines de agosto, la Superintendencia AMBA Oeste detuvo a un presunto jefe, Raúl Faustino Jiménez, de 62 años. Junto a él, cayeron otros ocho sospechosos, en una serie de 34 allanamientos. Se sospecha que “Don Raúl”, ex colectivero, encabezaba una red de kioscos a lo largo de Villa Dorrego, Rafael Castillo, González Catán, Virrey del Pino y Aldo Bonzi.

Jiménez fue allanado y detenido en su domicilio, donde le encontraron casi un kilo de droga, con un ladrillo de cocaína peruana de casi 700 gramos y el resto en polvo fraccionado, junto a un importante rifle.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, viajará el lunes a Colombia con una agenda de seguridad que ella misma calificó de emergencia: evitar que los grupos narcotraficantes desplazados por los operativos colombianos redirijan sus operaciones hacia territorio costarricense.

“Muy bien que Colombia esté combatiendo el narcotráfico y los sembradíos de cocaína en ese país, pero eso no significa que yo quiero que los que expulsan de allá se me vayan a venir para acá”, dijo Fernández este viernes durante un acto oficial en Sarapiquí, provincia de Heredia.

La declaración resume la preocupación central que llevará a Barranquilla el próximo martes, cuando se reúna con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, según informó la agencia EFE.

El primer viaje al exterior de Fernández, centrado en el narcotráfico

El encuentro en Barranquilla —sede alterna del Gobierno colombiano desde el inicio de la administración De la Espriella— será la primera salida al exterior de Fernández desde que asumió la presidencia en mayo pasado.

Las reuniones entre ambas delegaciones están programadas para el 22 y 23 de septiembre. La mandataria viajará acompañada por el ministro de Seguridad, Gerald Campos; el de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el de Comunicación, Arnold Zamora; y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.

La reunión fue acordada durante una conversación entre los dos mandatarios, en la que también “plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región”, según informó la Presidencia colombiana el miércoles.

Costa Rica: siete de cada diez homicidios vinculados al narco

El narcotráfico se convirtió en el principal problema de seguridad de Costa Rica, un país de 5.2 millones de habitantes cuya posición geográfica lo hace estratégico para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína proveniente de Suramérica, principalmente de Colombia.

La tasa de homicidios llegó a 17.2 por cada 100,000 habitantes en 2023 —el doble de la registrada una década atrás— y se mantuvo en niveles similares en 2025, con 873 asesinatos, el tercer peor año en la historia del país, según datos de Reuters y el Tico Times.

Las autoridades judiciales atribuyen alrededor de dos tercios de esos crímenes a ajustes de cuentas entre grupos vinculados al tráfico de drogas.

En lo que va de 2026, la tendencia muestra una leve mejora: los homicidios cayeron 14% en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior, aunque provincias como Cartago, Puntarenas y Limón registraron aumentos.

Organizaciones locales con nexos a carteles mexicanos y colombianos

En los últimos años, las autoridades costarricenses desarticularon organizaciones narcotraficantes locales con vínculos directos a carteles mexicanos y colombianos. Entre los detenidos figuran ciudadanos de esas nacionalidades, algunos de ellos naturalizados costarricenses.

Solo el 38% de los homicidios termina en condena, según datos del Ministerio de Seguridad citados por Reuters. El ministro Campos lo resumió con precisión: “El problema aquí no es la falta de un ejército... el problema es la falta de condenas en los tribunales”.

Esa brecha entre crimen y castigo es parte del contexto que Fernández llevará a la mesa con De la Espriella.

Intercambio de inteligencia y coordinación operativa en la agenda de Barranquilla

Durante el encuentro, los dos mandatarios abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre sus instituciones de seguridad, el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades operativas frente a estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, según la Presidencia colombiana.

La reunión forma parte de la estrategia del Gobierno de De la Espriella para consolidar alianzas regionales contra el crimen organizado. El 8 de septiembre, el mandatario colombiano recibió en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien también trató asuntos de seguridad y narcotráfico.

Fernández fue contundente al describir el sentido político del viaje: “Hay algunos grupos que quieren robarnos la paz, desde el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo ante la comunidad de Sarapiquí.

En una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont vinculó la decisión con el nuevo enfoque que Estados Unidos está impulsando para combatir el narcotráfico y a organizaciones que identifica como terroristas.

“Lo que esto termina indicando es que se viene una escalada por parte de los Estados Unidos en América Latina, con un foco probablemente hacia el norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe”, sostuvo.

Para Serbin Pont, el eventual desplazamiento de los Reaper debe leerse junto con una mayor cooperación militar entre Washington y distintos gobiernos de la región. Ecuador es uno de los principales ejemplos: desde marzo, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas realizan operaciones conjuntas contra organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.

Un dron pensado para vigilar y atacar

El MQ-9 Reaper es una plataforma de gran autonomía diseñada principalmente para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, aunque también puede realizar ataques de precisión. El sistema incorpora cámaras, sensores infrarrojos, designadores láser y radar, y puede utilizar misiles AGM-114 Hellfire y distintas bombas guiadas.

Su principal ventaja está en la posibilidad de permanecer durante largos períodos sobre una misma zona. Eso permite seguir movimientos, obtener imágenes, identificar objetivos y transmitir información a los centros de comando sin necesidad de mantener una aeronave tripulada en el lugar.

“Estas aeronaves al fin y al cabo no solo tienen esa capacidad destructiva por medio del empleo de municiones de precisión, pero son sobre todo plataformas de inteligencia, de monitoreo y de reconocimiento”, explicó Serbin Pont.

El analista destacó además el costo operativo frente a otras aeronaves militares. “Es barato comparado con volar un F-16 o un avión de alerta temprana”, señaló.

Esa combinación de autonomía, sensores y armamento convierte al Reaper en una herramienta especialmente útil para operaciones contra organizaciones que utilizan territorios extensos, zonas fronterizas o áreas de difícil acceso.

El antecedente de Colombia

Serbin Pont también se refirió a Colombia, donde Estados Unidos acordó el préstamo de drones MQ-9A Reaper para reforzar las tareas de vigilancia contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El analista utilizó ese caso para explicar el efecto que puede generar una flota relativamente reducida cuando las aeronaves se distribuyen en turnos.

“Si vos tenés como Colombia cuatro aeronaves de estas en rotación, significa que va a haber áreas del país que van a poder estar casi bajo monitoreo constante”, planteó.

Más allá de la cantidad definitiva de unidades, la importancia está en la posibilidad de sostener una vigilancia aérea persistente. El Reaper puede observar durante períodos prolongados una determinada zona y aportar información que luego puede ser utilizada por las fuerzas de seguridad o militares.

Para Serbin Pont, esa capacidad puede integrarse a una red regional más amplia. El analista mencionó a Ecuador, Puerto Rico, Panamá y otros puntos del Caribe y Sudamérica como posibles nodos desde los cuales Estados Unidos podría ampliar la cobertura de sus operaciones.

El objetivo no sería solamente detectar embarcaciones o movimientos terrestres. También se trata de producir inteligencia que permita identificar rutas, estructuras logísticas y patrones de actividad de las organizaciones criminales.

El nuevo escenario regional

El eventual despliegue de los Reaper se produce en un contexto en el que Washington aumentó su presencia militar en América Latina y reforzó la cooperación con gobiernos que participan de su estrategia contra el narcotráfico.

La denominada Americas Counter Cartel Coalition, impulsada por Estados Unidos, reúne a países de la región para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales. Washington también desarrolló operaciones con Ecuador en el Pacífico oriental y el Caribe.

Serbin Pont considera que los drones pueden convertirse en una pieza central de esa estrategia porque permiten combinar información y capacidad ofensiva en una misma plataforma.

Pero justamente esa característica abre el interrogante más sensible de su análisis: qué ocurre cuando un sistema utilizado para vigilar también puede emplearse para atacar.

La discusión por el uso de la fuerza

El analista puso el foco en la utilización del concepto de “narcoterrorismo” para definir a determinadas organizaciones.

“Todo eso que usamos en África para matar terroristas lo vamos a mandar para América Latina, donde hablamos de narcoterroristas”, resumió al explicar el cambio de enfoque que, a su criterio, se está produciendo en Washington.

La cuestión no es únicamente tecnológica. Un dron puede localizar un objetivo, seguirlo durante horas y aportar información precisa. Pero la decisión de atacarlo depende de un marco jurídico y de reglas de empleo de la fuerza que varían según el país y la operación.

“¿Qué marco jurídico en América Latina te va a permitir decir: ‘Ah, esa persona es un narcoterrorista, por ende yo le puedo lanzar un misil’?”, planteó Serbin Pont.

En ese punto aparece una diferencia fundamental entre la cooperación en materia de inteligencia y una intervención militar directa. Que Estados Unidos aporte información o capacidades de vigilancia no significa necesariamente que pueda utilizar armamento en territorio de otro Estado sin autorización.

Para el analista, América Latina presenta además un escenario mucho más heterogéneo que África o Medio Oriente, con distintos marcos legales, capacidades militares y niveles de cooperación con Washington.

“Hay una asimetría de poder y hay una asimetría en términos de los conceptos que se manejan y una asimetría de los marcos legales que habilitan las acciones”, sostuvo.

El eventual traslado de los MQ-9 Reaper, en ese contexto, no representa solamente un cambio de ubicación de una flota de drones. Para Serbin Pont, es una señal de que Washington prepara una mayor presencia de inteligencia, vigilancia y capacidad de ataque en una región donde la lucha contra el narcotráfico empieza a adoptar una dimensión cada vez más militar.

La pregunta que queda abierta, concluyó, es hasta dónde llegará ese nuevo esquema y bajo qué reglas podrán actuar esas aeronaves.

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Godoy, un ex monotributista de 44 años que trabajó como taxista en el pasado, oriundo del Barrio Illia del Bajo Flores -el enclave central de la banda narco en torno al caso-, no estaba prófugo, no precisamente: la DDI de La Matanza lo encontró en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde se encontraba detenido desde marzo último por robar un supermercado a punta de pistola.

Así, tras pasar la noche en una celda de la DDI, enfrentará al juez Jorge Rodríguez y al fiscal Ignacio Calvi, acusado de los delitos del caso: narcotráfico, femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad. Los investigadores sospechan que tuvo un rol al menos macabro.

Primero, se cree que trasladó a las víctimas en una camioneta Chevrolet Tracker blanca desde la rotonda de La Tablada a la casa en Villa Vaettone donde las mataron. Segundo, participó de la carnicería misma. Al menos, habría encañonado a Morena Verdi para que entrara a la casa.

Cómo la Justicia encontró a Godoy, la pista de vínculos que llevó a encontrarlo, es al menos interesante. El supuesto chofer de la muerte es hijo de María Olivera, de 70 años, una mujer del Barrio Illia detenida la semana pasada, acusada de ser una prestanombres de la banda. “Tomate”, aseguran fuentes del caso, empleaba las tarjetas SUBE y varias aplicaciones a nombre de su madre. ¿Pero cómo lo identificaron?

La pista y el prontuario de “Tomate”

El alias de “Tomate” Godoy había surgido en la declaración de una de las primera arrepentidas del caso, Celeste Magalí González Guerrero, una de las imputadas clave en el caso, que aseguró en uno de sus relatos ante la Justicia que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez le habrían robado 30 kilos de droga a Víctor Sotacuro, alias “El Duro”, uno de los presuntos jefes de la banda. El rastreo de datos realizado por el Juzgado Federal N°2 y la DDI finalmente llevó hasta Godoy.

“Tomate” tiene un largo prontuario. Infobae accedió a la lista de causas en su contra en la Justicia. Este año, fue acusado de otro robo además del asalto al supermercado, con ambas causas radicadas en el Juzgado N°49. Dos años antes, había sido elevado a juicio por el mismo delito. La víctima fue un chofer de aplicación. En 2024, ya había sido acusado de estafa digital y elevado a juicio, en un expediente en el que intervino la UFECI, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos informáticos.

La Chevrolet Tracker, reportada como robada en un depósito de Munro, fue incendiada tras los asesinatos en medio de un descampado de Florencio Varela.

Los investigadores la encontraron cerca del cruce de Río Turbio y Mar Chiquita, a unos 700 metros de la escena del triple crimen y a poca distancia de una escuela de fútbol del barrio. En su interior, los forenses hallaron prendas a medio quemar, así como varias herramientas que podrían haber sido empleadas para mutilar a las víctimas.

El dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga afirmó que la acusación de Estados Unidos por narcotráfico incrementa la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según informó Artículo 66, el exiliado consideró que el pronunciamiento de Washington puede llevar a los responsables del régimen de Nicaragua a responder ante la justicia internacional.

Maradiaga se refirió a la determinación presidencial remitida al Congreso de Estados Unidos, que incluyó a Nicaragua entre los 23 países considerados relevantes para el tránsito o la producción de drogas ilícitas. De acuerdo con el medio nicaragüense, el opositor sostuvo que el documento describió al régimen de Ortega y Murillo como una “dictadura socialista” y un “régimen ilegítimo”.

“Estados Unidos puso por escrito lo que los nicaragüenses sabemos desde hace años”, expresó Maradiaga en un video compartido con medios de comunicación y citado por Artículo 66. El dirigente añadió que, a su juicio, en Nicaragua el narcotráfico no constituye un fenómeno combatido por el Estado, sino una actividad protegida por la dictadura.

De acuerdo con el medio, Maradiaga vinculó el nuevo posicionamiento de Washington con la posibilidad de que se cierre el “cerco” sobre el oficialismo nicaragüense.

Maradiaga recordó que el Gobierno de Nicaragua expulsó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocultó estadísticas vinculadas a la criminalidad y permitió el paso de aeronaves con cargamentos de cocaína, según recogió Artículo 66.

El opositor descartó que estos hechos respondan a una falta de control estatal. “No es que sea negligente, sino que es cómplice”, afirmó en referencia al régimen.

Asimismo, comparó el lenguaje empleado por la administración de Donald Trump para referirse a Nicaragua con el utilizado en el caso de Venezuela. Según explicó, el documento calificó como “ilegítimo” al régimen de Ortega y Murillo, el mismo término que Washington había aplicado a la dictadura de Nicolás Maduro.

Para el dirigente opositor, esa definición coloca el caso nicaragüense dentro de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y representa un riesgo político para la administración de Managua. “Claramente abre un frente nuevo y es un frente peligroso para la dictadura”, expresó Maradiaga en declaraciones recogidas por Artículo 66.

El dirigente exiliado planteó que Estados Unidos debería descertificar al régimen nicaragüense e impulsar imputaciones penales contra miembros del Gobierno que, según denunció, estarían involucrados en actividades de narcotráfico.

También reclamó medidas para limitar las fuentes de financiamiento del “clan Ortega-Murillo”. A la vez, propuso una coordinación entre Washington, países europeos y naciones de Centroamérica para establecer un plan de acción contra Managua.

Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista de países de tránsito o producción de drogas para 2027

La determinación presidencial de Estados Unidos incorporó a Nicaragua entre los 23 países considerados de tránsito relevante o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027.

El documento fue firmado el 11 de septiembre por el presidente Donald Trump, remitido al Congreso el 15 de septiembre y anunciado públicamente un día después por el Departamento de Estado.

La lista incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

En el caso nicaragüense, el texto sostiene que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha adoptado medidas suficientes contra el tráfico de drogas y menciona la “complicidad de actores del régimen” en ese negocio.

La determinación aclara que la incorporación de un país a la nómina responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito de estupefacientes o precursores químicos.

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del propietario de una joyería en Mexicali, Baja California, ocurrido el pasado martes 15 de septiembre. Uno de los sospechosos fue señalado por la Fiscalía estatal como presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos.

La víctima, identificada como Juan Bladimir, fue asesinada afuera de su establecimiento luego de que dos hombres ingresaran al negocio y, de acuerdo con las primeras investigaciones, uno de ellos utilizara una consulta aparentemente rutinaria para facilitar el ataque.

La fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó sobre la detención de Abraham “N”, Ángel Salvador “N” y Víctor Abraham “N”, quienes estarían relacionados con el homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la funcionaria, uno de los individuos llegó al establecimiento con unos tenis en la mano y preguntó por una pila para reloj. Posteriormente ingresó otro hombre, quien presuntamente sacó un arma de fuego.

En ese momento, la víctima realizó una maniobra repentina y el agresor accionó el arma.

El disparo impactó directamente en la cabeza de Juan Bladimir, quien cayó al suelo. Después del ataque, los responsables salieron del establecimiento y huyeron a bordo de un vehículo de color rojo.

La Fiscalía señaló que el hombre que inicialmente había ingresado para preguntar por la pila del reloj presuntamente aprovechó el momento para apoderarse de las joyas que se encontraban en el mostrador antes de escapar.

Cámaras de vigilancia llevaron hasta los sospechosos

Las investigaciones avanzaron a partir del análisis de las cámaras de videovigilancia, mediante las cuales las autoridades lograron identificar un vehículo Hyundai de color rojo relacionado con el crimen.

La unidad fue localizada en la colonia Villa Las Lomas, donde los agentes detuvieron a uno de los presuntos responsables.

A partir de las diligencias posteriores, los investigadores lograron identificar a los otros dos individuos que presuntamente participaron en el homicidio, por lo que también fueron detenidos.

Entre los sospechosos se encuentra Víctor Abraham “N”, a quien la Fiscalía identifica como presunto integrante de Los Rusos, grupo delictivo que opera en Mexicali.

La dependencia estatal también informó que este hombre contaba con antecedentes por homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la salud, robo con violencia y violencia familiar.

Las autoridades no han informado públicamente, en la información proporcionada, cuál habría sido la participación específica de cada uno de los tres detenidos más allá de la reconstrucción inicial de los hechos.

El caso se suma a las investigaciones recientes relacionadas con Los Rusos en Mexicali, organización a la que autoridades han atribuido actividades vinculadas con el narcotráfico y hechos violentos en la región.

Los Rusos y la reciente captura de “El Ciego”

El señalamiento contra Víctor Abraham “N” ocurre apenas un día después de que autoridades informaran sobre la detención de Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, identificado como presunto integrante de Los Rusos en Mexicali.

De acuerdo con la información difundida sobre ese operativo, “El Ciego” era buscado mediante una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y las autoridades lo señalaban como presunto generador de violencia en la región.

También se le atribuyeron funciones relacionadas con la distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, extorsiones, sicariato y amenazas e intimidaciones contra integrantes de corporaciones de seguridad.

Su captura fue realizada mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y autoridades estatales.

“El Ciego” ya había sido detenido en julio de 2025 junto con otras cuatro personas. En aquella ocasión, las autoridades aseguraron cocaína y metanfetamina durante una revisión vehicular.

Además, previamente había sido relacionado con amenazas contra policías, luego de que fuera localizada una bolsa con pan dulce y una servilleta que contenía un mensaje intimidatorio dirigido a agentes de seguridad.

En el caso del joyero, la Fiscalía de Baja California continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad individual de los tres detenidos y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio y el robo de las piezas de joyería.

Así lo informó este jueves el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, quien explicó que las instituciones hondureñas mantienen comunicación permanente con sus homólogas de otros países y, particularmente, con agencias y autoridades de Estados Unidos.

El funcionario detalló que la cooperación contempla acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas de Honduras y Estados Unidos, con énfasis en la planificación de operaciones, intercambio de inteligencia y seguimiento a estructuras relacionadas con el tráfico de drogas.

Velásquez señaló que, hasta el momento, no se han divulgado públicamente resultados específicos de las operaciones desarrolladas bajo el Escudo de las Américas. Sin embargo, aseguró que existe un trabajo conjunto entre las instituciones participantes para compartir información y planificar acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

“Hay una coordinación permanente, hay intercambio de información, hay planificación conjunta”, explicó el titular de Seguridad al referirse a la cooperación internacional que mantiene Honduras.

En cuanto al componente financiero de la iniciativa, el ministro aclaró que Honduras no ha recibido recursos adicionales directamente a través del Escudo de las Américas.

No obstante, indicó que el país mantiene otros mecanismos de cooperación con el Gobierno estadounidense, principalmente por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos.

De acuerdo con Velásquez, luego de una certificación del Gobierno estadounidense, Honduras podrá acceder a fondos adicionales canalizados mediante la INL.

Estos recursos estarían destinados a respaldar a instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y a fortalecer determinadas unidades especiales de las Fuerzas Armadas hondureñas.

La cooperación entre ambos países se mantiene así a través de diferentes mecanismos, mientras las autoridades hondureñas buscan ampliar sus capacidades para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las declaraciones de Velásquez se producen un día después de que Estados Unidos diera a conocer su determinación para el año fiscal 2027 sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas.

La determinación estadounidense incluye a 23 países, entre ellos Honduras. La lista contempla a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Sin embargo, la propia administración estadounidense establece una diferencia entre figurar en esta clasificación y ser señalado por “fallar demostrablemente” en los esfuerzos contra las drogas.

Para el año fiscal 2027, Estados Unidos designó específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que, durante los 12 meses anteriores, no realizaron esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra los narcóticos. Honduras no forma parte de ese grupo.

Además, la determinación estadounidense aclara que la inclusión de un país en la lista de principales territorios de tránsito o producción de drogas no necesariamente refleja los esfuerzos antidrogas de su Gobierno ni su nivel de cooperación con Estados Unidos.

Según el documento, la clasificación responde, entre otros factores, a condiciones geográficas, comerciales y económicas que facilitan el tránsito o la producción de drogas o de sustancias utilizadas como precursores, incluso cuando los gobiernos desarrollan medidas de control y aplicación de la ley.

Al referirse nuevamente a la permanencia de Honduras en esta clasificación, el ministro de Seguridad sostuvo que “no es algo nuevo” y explicó que uno de los principales factores está relacionado con la ubicación geográfica del país.

Honduras se encuentra en una zona utilizada históricamente como ruta de tránsito entre áreas productoras de drogas y los principales mercados de consumo, particularmente hacia Norteamérica.

Por ello, la permanencia de Honduras en la denominada “Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries” no implica por sí misma una acusación de que el Gobierno hondureño haya dejado de combatir el narcotráfico.

La determinación también mantiene abierto el espacio para la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, particularmente mediante intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y programas de asistencia dirigidos a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir el tráfico de drogas.

Tres personas quedaron detenidas en La Plata en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo en dos viviendas de la localidad de Abasto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los inmuebles habrían sido ocupados de forma ilegal y utilizados como puntos de comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos permitieron el secuestro de 160 dosis de cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, computadoras y dinero en efectivo. Los elementos serán analizados e incorporados al expediente que investiga el funcionamiento de la presunta organización.

La pesquisa comenzó el 13 de agosto y derivó en tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos domicilios situados en inmediaciones de las calles 516 y 231, y 217 y 516 bis.

Según informó el portal 0221, los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría Séptima, que actuaron con autorización de la Justicia luego de reunir elementos durante varias semanas de investigación. Según consta en las actuaciones, los dos inmuebles bajo observación habían sido presuntamente usurpados para organizar allí la venta fraccionada de sustancias.

Las averiguaciones apuntaron a determinar quiénes ingresaban y salían de las propiedades, así como a identificar a las personas que podían estar vinculadas con la actividad investigada. A partir de esas tareas, los investigadores señalaron a dos mujeres y a un hombre como presuntos integrantes del grupo.

La causa investiga si las propiedades fueron utilizadas como sitios de expendio de estupefacientes en cantidades menores. Esa modalidad suele ser investigada a partir de movimientos reiterados en los alrededores de los inmuebles, registros de vigilancia y los objetos que se hallan durante los allanamientos.

El listado de objetos incautados incluye también cinco teléfonos celulares, dos notebooks y una cámara con conexión WiFi. Los dispositivos electrónicos podrán ser sometidos a análisis para establecer si contienen información relevante para la investigación, siempre de acuerdo con las medidas que disponga la Justicia.

Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que habrían sido ocupados, quiénes tenían acceso a ellos y cuál era la función atribuida a cada uno de los sospechosos.

Las personas arrestadas fueron identificadas por sus iniciales como N.L.R., de 24 años; A.B.B.M., de 26; y E.F.E., de 33. Su situación procesal será definida a medida que avance la investigación y tras las declaraciones que se prevé tomar en las próximas horas.

El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N°18, dirigida por Hugo Tesón, La dependencia deberá evaluar el material reunido durante la etapa inicial de la pesquisa, los resultados de los allanamientos y las pericias que correspondan sobre la droga, los equipos y la documentación secuestrada.

Los tres implicados deberán responder por los delitos que les atribuyen los investigadores en el marco de esta causa. Hasta que exista una resolución judicial firme, rige el principio de presunción de inocencia.

Las próximas medidas estarán orientadas a profundizar el análisis de los elementos incorporados al expediente y a definir si se requiere nueva información para reconstruir la presunta operatoria en los dos inmuebles de Abasto.

A principios de este mes, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye, de la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, en posesión de armas de fuego y cerca de 300 dosis de narcóticos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los detenidos serían presuntos integrantes de una célula afín al grupo delictivo conocido como la “Anti Unión”.

Los detenidos son Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, de 17 años de edad; David Ulises Gallegos Huerta, de 17 años; y Jaime Rodríguez Pichardo, de 38 años.

“El Fideos”, se desempeñaría presuntamente como uno de los sicarios de “El Felipe”, identificado como uno de los jefes de la Anti Union.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal estaría vinculada al homicidio de dos mujeres ocurrido un día antes en inmediaciones de la colonia Morelos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a través de su cuenta en la red social X.

La detención se originó por trabajos de inteligencia e investigación policial para combatir delitos de alto impacto en la zona Centro de la capital. “Los oficiales realizaban vigilancias móviles cuando detectaron a los sujetos manipulando un objeto similar a un arma de fuego y diversas bolsas de posibles narcóticos”, en el cruce de las calles Claridad y González Ortega, colonia Morelos.

Armas y casi 300 dosis de droga aseguradas

Al encontrarse ante la posible comisión de un hecho delictivo, los uniformados se aproximaron a los sujetos y, tras identificarse, les realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial.

Durante la inspección, los oficiales hallaron un arma de fuego larga de color negro, un arma corta, nueve cartuchos y una báscula gramera. También se aseguraron 98 bolsitas con aparente marihuana, 95 bolsitas con posible metanfetamina y 99 bolsitas con características propias de cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

En total, la SSC contabilizó cerca de 300 dosis de sustancias entre los tres narcóticos asegurados. Por estos hechos fueron detenidos un hombre de 38 años y dos personas de 17, a quienes se les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La célula estaría afín a la “Anti Unión”

En su mensaje, Vázquez Camacho precisó que los tres detenidos pertenecerían a una célula afín al grupo delictivo conocido como la “Anti Unión”. Según el secretario, esta organización está relacionada con los delitos de extorsión, cobro de piso y venta de narcóticos en la zona centro de la Ciudad de México.

El funcionario no ofreció mayores detalles sobre la estructura de la célula ni sobre el rango de los tres detenidos dentro de la organización. El comunicado de la SSC, por su parte, la describió de forma más genérica como un “grupo delictivo generador de violencia” que opera en la zona Centro de la capital.

Presunto vínculo con el doble homicidio

Un dato que centró la atención tanto del comunicado como del mensaje del secretario es la relación que las autoridades establecen entre los tres detenidos y el homicidio de dos mujeres, ocurrido el día previo en inmediaciones de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Según el comunicado oficial 2546/2026, de acuerdo con las investigaciones, la célula criminal a la que pertenecerían los detenidos “está vinculada” a ese homicidio.

De forma extraoficial, el periodista Antonio Nieto habría compartido que “El Fideos” habría invitado a las mujeres a la fiesta donde las ultimaron. En su misma publicación afirmó que a “El Fideos” se le contabilizan al menos 10 homicidios.

Mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana

Tras informar sobre la detención, Vázquez Camacho publicó un mensaje en el que reiteró el compromiso de la corporación con el combate a los grupos generadores de violencia. “Seguiremos combatiendo a los grupos generadores de violencia que atentan contra la ciudadanía, para la construcción de una ciudad más justa, segura y en paz”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje del secretario se difundió bajo la etiqueta “Importante” y mencionó directamente a las cuentas oficiales de la alcaldía Cuauhtémoc y de la SSC capitalina.

Un posible móvil: acusación de “traición” contra una de las víctimas

Un reporte del periodista Carlos Jiménez, difundido en redes sociales, aportó una posible explicación sobre el móvil del ataque. Según esa información, Odette Rosas, una de las dos víctimas, era identificada como novia de un integrante de la Anti Unión.

De acuerdo con esa versión, la joven y su amiga Abigail Herrera habrían sido señaladas como “traidoras” por integrantes de ese grupo criminal. La acusación en contra de Rosas era que habría intentado ponerlos en contacto o relacionarlos con integrantes de la Unión Tepito, organización rival en la disputa por el control de la zona de Tepito.

El reporte de Jiménez también indica que ambas jóvenes fueron atacadas después de abandonar una reunión, hecho que coincide con la versión de que salieron de una fiesta en la colonia Morelos alrededor de las 3:00 de la madrugada, minutos antes de ser interceptadas por los agresores.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente esta versión ni han informado que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal. El móvil del doble homicidio continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca establecer si el ataque estuvo relacionado con una disputa entre grupos criminales o con las acusaciones que, según el reporte, pesaban sobre una de las jóvenes.

La Oficina Central Nacional de Interpol Colombia coordinó los procedimientos en Cali, Medellín, Cartagena, Yotoco y Bogotá. Los detenidos eran buscados por delitos como narcotráfico internacional, lavado de activos, tráfico de armas de fuego, organización criminal, usura y estafa.

Según la Dijín, los operativos buscaron impedir que personas vinculadas con estructuras criminales de otros países se instalaran o consolidaran actividades en territorio colombiano. Las solicitudes de captura se emitieron a través de notificaciones rojas, mecanismo mediante el cual Interpol difunde pedidos de localización y detención provisional de personas requeridas por autoridades judiciales de otros Estados.

Los ocho prófugos que fueron ubicados en Colombia

En Cali, las autoridades capturaron a Roberto Rodríguez Maldonado, requerido por España por tráfico de estupefacientes. La investigación española lo señala como integrante de una red que coordinaba labores logísticas y el envío de cargamentos de cocaína hacia Europa.

También en la capital del Valle del Cauca fue detenido Luis Gerardo Chévez Gracia, requerido por Costa Rica por una causa de estafa relacionada con maniobras contra el patrimonio económico de víctimas en ese país. En la misma ciudad cayó Luis Octavio Ayala Pava, que era solicitado por España por tráfico de estupefacientes. La información policial indica que habría actuado como correo humano, con cocaína oculta en equipajes para sortear los controles en aeropuertos.

Entre los casos divulgados aparece Santiago Granada Escudero, detenido en Yotoco, Valle del Cauca, a pedido de España por tráfico de estupefacientes. Las autoridades lo vinculan con tareas de transporte, ocultamiento y distribución de drogas en ciudades españolas.

En Medellín, fue capturado Julio César Maldonado Hernández, requerido por Honduras por lavado de activos. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, las investigaciones lo relacionan con la apropiación y desvío de recursos públicos destinados a obras viales que no se ejecutaron.

En esa misma ciudad fue detenido Raúl Muñoz Ferrer, solicitado por Polonia por organización criminal. El expediente lo relaciona con una red de fraude financiero que utilizaba empresas de fachada para simular operaciones comerciales, evadir impuestos y blanquear capitales.

En Bogotá, la Policía capturó a Sindy Johana Roque Mejía, requerida por México por tráfico de estupefacientes. Según el reporte, cumplía tareas operativas para trasladar sustancias ilícitas mediante vuelos comerciales internacionales.

En Cartagena, Bolívar, fue detenido Marín Alonso Vázquez Ruiz, requerido por Perú por tráfico de armas y usura. Las diligencias judiciales lo identificaron a partir de investigaciones sobre disparos con armas de fuego en sectores residenciales.

El comunicado incluyó a Bélgica entre los siete países que emitieron solicitudes judiciales dentro de la operación, pero no precisó la identidad ni el caso de la persona requerida por ese país.

Los ocho ciudadanos identificados en el comunicado de la operación Alba II quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales.

Las retenciones por notificación roja crecieron 31% en 2026

La Policía Nacional señaló que, en lo transcurrido de 2026, Colombia registró 134 retenciones por notificación roja, una cifra que representa un aumento del 31% frente a los 102 casos contabilizados en el mismo período de 2025.

Las órdenes judiciales procedían de 25 países. España encabezó la lista con 31 requerimientos, seguida por Chile, con 11; Estados Unidos y Venezuela y Perú, con nueve cada uno; entre las personas retenidas hubo ciudadanos de 25 nacionalidades, con predominio de colombianos, venezolanos, dominicanos, mexicanos y peruanos.

La institución también informó que, bajo la Estrategia Integral para la Ubicación de Prófugos, las capturas con fines de extradición pasaron de 163 en el período 2022-2024 a 311 entre 2024 y 2026, un incremento del 91%. Además, reportó 207 extradiciones en 2026, frente a 195 durante 2025.

Del total de extradiciones efectuadas en 2026, 137 correspondieron a investigaciones por narcotráfico. Estados Unidos fue el principal país receptor, con 106 traslados judiciales. La Policía añadió que entre 2024 y 2026 se lograron 88 capturas de prófugos colombianos en el exterior, frente a 37 en el período anterior.

Detuvieron a un canadiense con 15 kilos de presunta droga en Punta Cana y desarticularon puntos de microtráfico en La Vega. Las autoridades de República Dominicana informaron dos operativos contra el narcotráfico y el microtráfico, que dejaron un ciudadano canadiense detenido en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y dos sospechosos arrestados tras un intercambio de disparos en la provincia de La Vega.

En el primer procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), organismo antinarcóticos dominicano, integrantes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y miembros del Ministerio Público detuvieron a un canadiense de 21 años que presuntamente intentaba viajar a Londres con 14 paquetes de una sustancia que sería cocaína o heroína.

Maleta revisada tras una alerta de los equipos de rayos X

El equipaje del pasajero fue inspeccionado luego de que los equipos de rayos X detectaran imágenes sospechosas. Con autorización del fiscal y en presencia del detenido, los agentes revisaron la maleta y hallaron los paquetes envueltos en plástico.

La sustancia pesaba preliminarmente 15 kilogramos de presunta cocaína o heroína. Las autoridades remitieron los paquetes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo de droga y el peso definitivo mediante análisis de laboratorio.

El joven será puesto a disposición de la justicia por una presunta violación de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. La DNCD y el Ministerio Público investigan si otras personas participaron en la operación.

Según el comunicado oficial, las organizaciones de narcotráfico reclutan a personas de distintas nacionalidades para trasladar sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa.

Dos detenidos en La Vega tras un intercambio de disparos

En un procedimiento separado, la DNCD y el Ministerio Público desmantelaron varios puntos de distribución de drogas en el sector Barranca, del distrito municipal Juan R., en la provincia de La Vega.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel B. P. y Leandro Eleazar M. C., quien, según las autoridades, tenía registros por tráfico de drogas. Ambos habrían atacado a tiros a las unidades que participaron en el operativo.

Leandro Eleazar sufrió una herida de bala en el dedo índice de la mano izquierda durante el intercambio de disparos. Los agentes le prestaron asistencia inicial y lo trasladaron al Hospital Morillo King, donde recibió cinco puntos de sutura.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 699,9 gramos de presunta cocaína, 615 gramos de marihuana y 15 gramos de tusi, droga sintética de diseño. También confiscaron una pistola calibre 9 milímetros sin marca y con la numeración limada, un cargador con siete cápsulas, un chaleco antibalas, dos balanzas, dos radios de comunicación y un celular.

Además, los agentes ocuparon RD$6.935 (unos USD 118) en efectivo, calculados a una tasa de RD$58,7567 por dólar informada para el 17 de septiembre de 2026.

Según la investigación, los dos arrestados formarían parte de una red de microtráfico encabezada por un hombre conocido como “El Menor”, cuyo centro de operaciones estaría ubicado en esa zona de La Vega. Las sustancias y los demás elementos decomisados quedaron bajo control del Ministerio Público y fueron enviados al Inacif.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo simultáneo en los municipios de Angamacutiro y Puruándiro, Michoacán, como parte del seguimiento a la captura de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”. Según informó la Guardia Civil de Michoacán, la acción dejó 18 personas detenidas y la intervención de 28 inmuebles.

Entre los arrestados figuran cuatro policías municipales, incluido Timoteo “N”, quien funge como director de Seguridad Pública de Angamacutiro.

Qué se aseguró en el operativo

Según el reporte de la Guardia Civil de Michoacán, en Angamacutiro y Puruándiro se intervinieron 28 inmuebles y se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico vinculados a la estructura criminal.

La Guardia Civil indicó que mantiene labores coordinadas con la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para avanzar en la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

La infiltración en la policía municipal

Uno de los hallazgos del operativo fue la detención de cuatro elementos de la policía municipal de Angamacutiro, entre ellos el director de Seguridad Pública del municipio.

El funcionario detenido fue identificado como Timoteo N. Presuntamente en el momento en que intervinieron las autoridades federales, fue localizado entre los policías un civil que portaba la insignia de la corporación sin formar parte de ella. Ese civil sería parte de la estructura criminal que lideraba Rendón Aguilar.

El origen del operativo: la captura de “El Señor de la T”

El despliegue en Angamacutiro y Puruándiro se produjo como seguimiento a la detención de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, capturado el 17 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó al detenido, de 51 años, como presunto coordinador regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, Rendón Aguilar mantenía presencia y operación criminal en cinco municipios del Bajío michoacano: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. Las autoridades lo relacionan con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

El detenido contaba además con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Casos de violencia atribuidos a la célula

Las investigaciones vinculan a Rendón Aguilar con dos hechos graves registrados en la región. En Penjamillo, se le relaciona con el homicidio del síndico municipal Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025.

En Angamacutiro, las autoridades lo señalan como probable responsable de la desaparición de la exalcaldesa Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024.

Ambos casos figuran entre los hechos más graves atribuidos a su célula en la zona del Bajío michoacano. El detenido también aparece mencionado en otras investigaciones de desapariciones registradas en la región, sin que las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas.

Rendón Aguilar mantenía además una relación operativa cercana con Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como otro líder regional de la misma organización criminal en la zona.

Marco institucional del despliegue

La captura de “El Señor de la T” y el posterior operativo en Angamacutiro y Puruándiro se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno federal para combatir a grupos delictivos señalados por afectar a familias y sectores productivos.

En las acciones participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Guardia Civil de Michoacán señaló que mantiene acciones operativas en coordinación con instancias federales para combatir la extorsión y detener a objetivos generadores de violencia en la entidad.

En diferentes acciones realizadas en los estados de Sinaloa y Nayarit, fuerzas federales y locales detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, cartuchos y explosivos. Entre los operativos también se inhabilitó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales de ambas entidades.

Balance general de los operativos

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas, entre ellas tres menores, y aseguraron armas largas, más de 9 mil cartuchos y 53 artefactos explosivos. Además, inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Culiacán y localizaron un campamento con armamento en Concordia.

El saldo conjunto de las acciones incluyó también dos vehículos asegurados en Nayarit, uno más en Mazatlán y una embarcación con motor fuera de borda.

Las autoridades detallaron que los aseguramientos de armas incluyeron además, cargadores, chalecos tácticos y, en un caso, placas balísticas, elementos que fueron localizados en distintos puntos de Sinaloa durante recorridos e inspecciones.

Detenciones en Nayarit

En el municipio de Acaponeta, elementos de la GN, el Ejército Mexicano, Marina y la Policía Estatal detuvieron a siete personas. Entre los detenidos había tres menores de edad.

Durante la acción se aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores y 530 cartuchos. También se incautaron tres chalecos tácticos y dos vehículos.

Esta acción concentró la mayor parte de las detenciones reportadas en el conjunto de operativos, además de ser el único punto donde se confirmó la participación de menores de edad entre los detenidos.

Detención y hallazgo de explosivos en Mazatlán

En Mazatlán, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron a un hombre durante un dispositivo de inspección, seguridad y vigilancia. Las autoridades señalaron que el detenido forma parte de una célula delictiva.

Al hombre se le aseguró un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que motivó su detención dentro del mismo operativo de revisión.

En un hecho independiente, también en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados. Este aseguramiento de explosivos representa uno de los datos de mayor peso dentro del conjunto de acciones reportadas, dado el volumen de artefactos localizados en un solo hallazgo.

Aseguramientos en Culiacán, Escuinapa y Concordia

En el poblado Corral Viejo, en Culiacán, elementos de Marina y FGR localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. En el sitio se aseguraron mil 350 litros de sustancias químicas y material diverso vinculado a la producción de metanfetamina.

La inhabilitación de este laboratorio fue uno de los hallazgos centrales entre las acciones reportadas en Sinaloa, al tratarse de un punto de producción de droga sintética y no únicamente de un aseguramiento de armamento.

En Escuinapa, elementos de Marina realizaban un recorrido en el canal de Teacapán cuando localizaron una embarcación menor abandonada, equipada con motor fuera de borda. Junto a ella se aseguraron 7 mil 940 cartuchos, sin que se reportaran personas detenidas en el lugar.

En Concordia, el Ejército Mexicano localizó un campamento clandestino. Ahí se incautaron tres armas largas, 27 cargadores y mil 206 cartuchos, además de dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Ninguno de estos tres hallazgos, correspondientes a Culiacán, Escuinapa y Concordia, derivó en detenciones, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Postura de las autoridades

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades locales de Sinaloa y Nayarit. El objetivo declarado es fortalecer la seguridad en ambas entidades.

Las dependencias federales indicaron que buscan detener a generadores de violencia y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos que operan en la región.

El mensaje institucional acompañó el reporte conjunto de resultados, que combinó detenciones, aseguramiento de armamento y explosivos, y la inhabilitación de infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas en el territorio de Sinaloa y Nayarit.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 125 años de prisión contra Irving Adán Altamirano Moreno, alias “El Henry”, declarado responsable del homicidio de cinco hombres en el municipio de Temoaya. El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2025 en la comunidad de San Lucas.

El ataque contra cinco hombres en un vehículo en Temoaya

El 23 de septiembre de 2025, cinco hombres viajaban en un vehículo Chevrolet gris, identificado como un modelo Sonic según Milenio, cuando quedó estacionado en un camino de la comunidad de San Lucas, en Temoaya. Sujetos armados dispararon contra ellos por orden de Altamirano Moreno.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Altamirano Moreno se encontraba en compañía de otro hombre cuando ambos sacaron de un automóvil dos armas de fuego: una larga y otra corta. Las entregaron a otros dos individuos.

El sentenciado ordenó entonces a los sujetos armados que dispararan contra las víctimas. Tras ejecutar la agresión, los agresores huyeron del lugar.

Cuatro personas murieron de forma inmediata a causa de las heridas de bala.

Una quinta víctima fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica, pero no logró sobrevivir a las lesiones. El delito se tipificó como homicidio en agravio de cinco hombres.

Un segundo detenido y la vinculación a proceso en 2025

Junto con Altamirano Moreno fue detenido Óscar David “N”, alias “El Bellako”, señalado también por su presunta participación en el multihomicidio. Ambos fueron vinculados a proceso el 3 de noviembre de 2025.

Según la autoridad ministerial, los dos acusados habrían actuado en compañía de otras personas y recibido instrucciones telefónicas para ejecutar la agresión, lo que apunta a la posible participación de responsables adicionales en el crimen.

Tras la vinculación a proceso, un juez impuso a ambos la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó plazos de tres y seis meses, respectivamente, para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación que llevó a la detención de “El Henry”

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación que permitió identificar a Irving Adán Altamirano Moreno como probable responsable del multihomicidio. Con esa información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron posteriormente a Altamirano Moreno. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez para determinar su situación legal.

Cómo se determinó la responsabilidad penal

La Autoridad Judicial, después de revisar la información presentada por el Ministerio Público, determinó la responsabilidad de Altamirano Moreno en el homicidio de las cinco víctimas. Con base en esa determinación, dictó la sentencia de 125 años de prisión, resultado de sumar 25 años por cada persona asesinada.

La resolución también estableció el pago de una indemnización de 247 mil 776 pesos por cada uno de los cinco agraviados, además de una multa de 395 mil 990 pesos a cargo del sentenciado.

Un antecedente penal previo por secuestro exprés vinculado al CJNG

Altamirano Moreno ya contaba con otra condena registrada meses antes de esta sentencia. En julio de 2026, la FGJEM obtuvo un fallo de 150 años de prisión contra seis integrantes de una célula criminal autodenominada “Los Jockes”, entre ellos Altamirano Moreno, por un caso de secuestro exprés cometido en el municipio de Toluca.

Presuntamente, Los Jockes forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operan en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, donde se les atribuían actividades de robo de vehículos con violencia, secuestro, tráfico, portación y acopio de armas.

La FGJEM señaló que, hasta ese momento, 11 integrantes de la organización permanecían en prisión, de los cuales ocho ya habían sido sentenciados por distintos delitos.

Temoaya, un municipio con violencia armada recurrente en 2025

Los registros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) muestran que Temoaya fue escenario de varios hechos violentos durante 2025, en paralelo al caso que derivó en la condena de Altamirano Moreno.

Un comunicado de la SSEM, fechado el 13 de octubre de 2025, señala que el 24 de septiembre de ese año se registró un cuádruple homicidio en la localidad de Cinco Palos, en Temoaya, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un vehículo. Ese caso derivó en la detención de nueve personas por delitos de homicidio, secuestro, portación de arma de fuego y contra la salud, señaladas como posibles integrantes de una organización delictiva.

La embajada de Estados Unidos en México reafirmó este jueves, por medio de una publicación realizada en redes sociales, que la administración del presidente republicano Donald Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen.

Por medio de su cuenta de la red social X, la embajada señaló que seguirán colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en ambos países. “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, concluye la publicación.

Acompañado de dicha publicación, se compartió otra de la cuenta del Distrito Sur de Texas de la Fiscalía de los Estados Unidos, donde se informó que el fiscal federal Aarón Reitz anunciaba cargos contra un inmigrante indocumentado acusado de brindar apoyo material al Cártel del Golfo.

La conferencia de prensa donde se anunció la acusación, se señaló, se encuentra disponible en YouTube.

“Flores-Flores es solo uno de los acusados ​​hoy. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y la fiscal general Blanche, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas está a la vanguardia en la lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas", se compartió en la publicación.

Trump reconoce labor de Sheinbaum contra el narcotráfico pero dice que no es suficiente

El pasado miércoles 16 de septiembre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hacía un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Sheinbaum responde a Trump

Tras esto, este jueves en la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que le gustaría ver o escuchar un reporte de lo que ha hecho Estados Unidos en ese país en contra del narcotráfico y el consumo de drogas en su población.

Preguntó qué se estaba haciendo con el consumo de drogas en EEUU, pues desde su perspectiva era un asunto de salud pública de atención a los jóvenes.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos, y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero qué pasa con quien consume allá, qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”, señaló.

Señaló que su gobierno todos los días daba resultados, y se preguntó que pasaba en Estados Unidos, por lo que, dijo, le gustaría ver un reporte del propio gobierno de los resultados en el país vecino del norte y qué se estaba haciendo.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró este jueves que existe una “clara evidencia” de que los barcos pesqueros bombardeados por Estados Unidos en las últimas semanas han sido utilizados para abastecer a otras embarcaciones vinculadas al narcotráfico, pese a que la justicia ha liberado a gran parte de los detenidos.

“Hay clara evidencia de eso. No digo que todos los pescadores son así, para nada”, afirmó Noboa durante una entrevista en radio Élite, en Guayaquil, al ser cuestionado por los ataques que fuerzas estadounidenses están realizando en aguas del Pacífico a embarcaciones supuestamente ligadas a redes criminales.

“Vemos ciertos pescadores que se han dañado y que más se dedican a traficar combustible que a pescar. También tienen ciertos subsidios, entonces se aprovechan de esa situación”, dijo el mandatario sin dar más detalles.

Al menos ocho embarcaciones ecuatorianas han sido interceptadas y bombardeadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental desde el pasado 28 de agosto con apoyo del Gobierno ecuatoriano.

El Comando Sur ha asegurado que supuestamente operan como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Además, han sido señalados por tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

La última embarcación, denominada Karla Franccesca, fue bombardeada este miércoles y sus 20 tripulantes fueron entregados a la Armada ecuatoriana.

Pese a esas acusaciones, en cinco de los ocho casos, los tripulantes, al menos unos 56 pescadores, han salido en libertad después de que la Justicia no les imputó cargos al no encontrar indicios de delito; mientras que otros 32 han salido en libertad condicional, tras ser procesados por presunta asociación ilícita.

Durante la entrevista, Noboa también denominó como “una buena iniciativa” el anuncio que hizo durante su visita a Quito el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que la Administración de Donald Trump pedirá al Congreso la aprobación para destinar otros 45 millones de dólares a afianzar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.

“Esta guerra cuesta al año más de 1.500 millones de dólares, 45 millones no resuelve mucho, pero es una buena iniciativa. ¿Qué es lo que va a mejorar? Que exista mayor inversión y generación de empleo de parte de compañías americanas que deseen operar en el Ecuador cumpliendo todas las leyes de nuestro país”, afirmó.

“No queremos ni estamos tampoco esperando que nos regalen cosas, queremos cooperar, tener alianzas estratégicas y trabajar”, aseguró.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió al presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump, quien el pasado miércoles señaló, en un reporte, que aunque la administración de la mandataria se encontraba trabajando contra el narcotráfico, le faltaba hacer más para combatirlo, y pidió que se detuviera a funcionarios vinculados con el narco.

Ante esto, Sheinbaum dijo que le gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos contra el narcotráfico.

Preguntó qué se estaba haciendo con el consumo de drogas en EEUU, pues desde su perspectiva era un asunto de salud pública de atención a los jóvenes.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos, y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero qué pasa con quien consume allá, qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”, señaló.

Recordó que hace tiempo, se pasó en la mañanera una serie de cómo es que el consumo de opioides fue creciendo en Estados Unidos, producto de la autorización de drogas para el dolor y que se fue orientando hacia el fentanilo.

“¿Dónde está esa visión? ¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos?”, se preguntó la mandataria en la conferencia de prensa matutina de este jueves.

Dijo que en México se estaba actuando, y destacó que recientemente se detuvo al funcionario de un municipio que tenía vínculos con el crimen organizado, pero, preguntó qué pasaba del otro lado.

“Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México? Que sí ha habido detenciones, sí ha habido incautaciones, pero no se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país, sin el paso de las armas de Estados Unidos a México de manera ilegal, entonces, nosotros nos encargamos aquí en México”, enfatizó.

También recordó el caso que señaló que agentes de la DEA habían permitido el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México. “Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días, y lo informamos”.

Señaló que su gobierno todos los días daba resultados, y se preguntó que pasaba en Estados Unidos, por lo que, dijo, le gustaría ver un reporte del propio gobierno de los resultados en el país vecino del norte y qué se estaba haciendo.

Donald Trump pide que se detenga a funcionarios relacionados con el crimen organizado

El pasado miércoles, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia en México, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, señaló, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Trump también señaló a China en el documento, ya que, dijo, el país asiático sigue siendo el mayor productor mundial de muchos precursores químicos que son utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales.

Ayer miércoles por la noche en Ciudad Evita, en un confuso episodio, delincuentes a bordo de un auto dispararon en medio de un operativo de la Bonaerense tras el asesinato de un joven de 28 años. Se sospecha que serían narcos y, peor aún, que habrían usado una ametralladora.

El hecho ocurrió en el cruce de Las Margaritas y Las Magnolias, zona del barrio 22 de Enero. Personal de la Comisaría 3° Centro de la zona acudió al lugar alertada por un homicidio tras una llamada al 911. Un joven de 28 años, llamado Nicolás, con domicilio registrado en Laferrere, estaba muerto sobre la calle, con varios tiros en el cuerpo y varias vainas servidas en el lugar. La víctima tenía problemas de consumo de drogas, dijo su familia en el lugar. Hasta aquí, nada fuera de los parámetros: este mes, La Matanza contó ocho homicidios en siete días.

Tras encontrar el cadáver, la Bonaerense allí apostada pidió apoyo por radio, ante la posible hostilidad de vecinos, mientras perimetraban el lugar para la llegada de Policía Científica. Llegó un grupo de oficiales poco después: la UFI de Homicidios fue anoticiada del crimen.

Sorpresivamente, una camioneta, posiblemente una Renault Sandero, apareció en la escena sobre la calle Las Azucenas. Desde esa camioneta, confirma una alta fuente matancera, un grupo de delincuentes abrió fuego en medio del operativo, para luego huir. ¿Dispararon directamente la Policía? La información que llegó a la Justicia afirma que sí; otra fuente en la zona, asegura que no. Una camioneta Sandero luego fue encontrada incendiada esa misma noche en la zona. Policía Científica, por su parte, encontró 24 vainas servidas, varias disparadas en línea recta, compatible con el accionar de, precisamente, una ametralladora.

En simultáneo, la ex pareja de la víctima aparecía en la escena. Al cierre de esta nota, la mujer se encontraba a las puertas de la UFI de Homicidios de La Matanza para declarar. Desde allí, habló con Infobae:

“Era el papá de mi nena y yo estaba separada de él. Consumía y me dijeron que fue a comprar antes de que lo mataran”.

Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, presunto miembro de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue detenido el pasado miércoles en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la información disponible, a El Ciego se le atribuyen funciones de distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación en contra de las fuerzas de seguridad, además de contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y autoridades locales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que El Ciego era identificado como generador de violencia en la región.

El funcionario señaló que contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relacionaba con homicidios, extorsiones, distribución de drogas, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

La detención, dijo, fue resultado de trabajos de investigación del Centro Nacional de Inteligencia y fue realizada por la Defensa, la Semar, la SSPC, la GN y autoridades estatales.

Por medio de un comunicado, las autoridades detallaron que la detención se llevó a cabo durante un patrullaje implementado sobre avenida Nicolás Bravo y Álvaro Obregón, en la segunda sección, donde los elementos observaron a una persona que adoptó una conducta sospechosa ante la presencia de las unidades oficiales.

Los oficiales estatales y federales se aproximaron al individuo, y tras establecer contacto a pocos metros, informaron la razón de la su presencia en la zona. El sujeto se identificó con su nombre, dijo tener 26 años y ser originario de Mexicali. Se le practicó una revisión precautoria sin encontrar nada ilícito en su persona.

Sus datos generales fueron ingresados a la base de datos del C5 de Baja California, donde se confirmó que contaba con un mandamiento judicial activo por el delito de homicidio calificado, bajo el NUC 02-2026-08249.

Ante esta situación, los agentes le informaron el motivo de su detención y los derechos que le asisten en su calidad de persona detenida. Con apoyo de las autoridades federales, fue puesto a disposición de la institución competente para dar seguimiento a su situación jurídica.

Ya había sido detenido

Cabe destacar que en julio de 2025, Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, ya había sido detenido junto a cuatro personas, identificadas como Juan Antonio “N”, Adán Ramiro “N”,alias El Timmy, Andrea Monserrat “N” y Samantha Elizabeth “N”, todos originarios de Mexicali, cuando circulaban a exceso de velocidad en un vehículo Mercedes Benz 2005 sobre la carretera estatal número 3 en Ciudad Guadalupe Victoria.

Durante la inspección, en esa ocasión, los agentes localizaron:

• 14 gramos de cocaína en 20 dosis
• 56 gramos de metanfetamina en 91 dosis
• 107 gramos adicionales de la misma droga

Cabe recordar que El Ciego ya había sido vinculado con una serie de amenazas contra agentes de seguridad, luego de dejar una bolsa con pan dulce y una servilleta firmada con un mensaje intimidatorio, que decía: “pa que se les quite el hambre, perros”.

SOUTHCOM señaló que la inteligencia estadounidense vinculó al buque con Los Choneros, organización a la que calificó como “narcoterrorista violenta”. Las personas retiradas de la nave fueron transferidas a autoridades de Ecuador. La operación ocurrió el 15 de septiembre, según la publicación oficial del cuerpo militar vía X. Tras asegurar la embarcación y desembarcar a los tripulantes, las fuerzas estadounidenses la hundieron.

El comunicado fue acompañado de un video donde se vio a los tripulantes de la embarcación descender de la misma y ser escoltados por uniformados del SOUTHCOM. La explosión del buque fue capturada y difundida en el mismo posteo en la red social.

El comandante del cuerpo militar, el general Francis L. Donovan, afirmó que la misión forma parte de las acciones contra las redes de apoyo al narcotráfico en el hemisferio occidental. “Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narcoterroristas y golpeándolos donde más les duele: desmantelando sus complejas redes, interrumpiendo su sofisticada logística y asestando un golpe a sus finanzas”, expresó. La JTF-WHEM mantiene operaciones dirigidas contra las estructuras logísticas y financieras que, según el Comando Sur, sostienen el tráfico de drogas en la región.

Desde el 28 de agosto, las fuerzas estadounidenses destruyeron al menos siete embarcaciones ecuatorianas que Washington vinculó con la red logística de Los Choneros en el Pacífico Oriental. La primera fue Los Tres Hermanos, el 28 de agosto. Luego fueron atacados Conquista 2, el 2 de septiembre, y OM2, un día después. El 5 de septiembre fue destruido el pesquero María Candelaria; el 8, el Don Rufo; y el 10, mientras el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitaba Quito, el Montecristi. El martes fue hundido el Siempre Don Carlos, de acuerdo con la secuencia de operaciones difundida por autoridades estadounidenses y ecuatorianas.

Estados Unidos sostiene que la inteligencia recopilada vincula a esas embarcaciones con Los Choneros y que cumplían tareas de reabastecimiento de combustible para lanchas utilizadas en el traslado de cocaína hacia Norteamérica. Las fuerzas estadounidenses afirman que las naves funcionaban como estaciones flotantes de suministro, una función que permitía sostener las rutas marítimas del narcotráfico. Las operaciones incluyeron el abordaje de las embarcaciones, el retiro de sus tripulantes y el posterior hundimiento de los buques.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respaldó la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones militares en territorio ecuatoriano contra las bandas criminales que su Gobierno declaró organizaciones terroristas. Noboa mantiene desde inicios de 2024 una estrategia de seguridad que define como una “guerra” contra esos grupos, en respuesta a la escalada de violencia criminal en el país.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió los resultados de la operación Lanza del Sur, la campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, al cumplirse un año de su inicio. El último informe trimestral remitido al Congreso atribuyó a la ofensiva una reducción del 65% de la actividad marítima ilícita en el Caribe occidental, del 60% en el Caribe oriental y de cerca del 50% en zonas del Pacífico oriental.

El Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) afirmaron que la misión contra los grupos calificados como narcoterroristas continuará en el hemisferio occidental. La campaña comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que el Pentágono había “neutralizado” una embarcación que transportaba drogas en el Caribe.

La reciente operación con objetivo en Emiratos Árabes ha provocado la caída de una era una red financiera clandestina, que actuaba como “narcobanco” para grandes organizaciones de cocaína. Mediante brókeres internacionales, entregaba efectivo, movía criptomonedas y blanqueaba ganancias, a cambio de comisiones del 5% al 15%. Su presunto responsable, Perikles David Daremas, alias Spartan, fue detenido junto a otras 20 personas, mientras que se localizaron activos por unos 20 millones de euros. La investigación nació tras el abordaje del buque Nehir en 2021, que transportaba cientos de toneladas de cocaína y se hundió en Gijón para ocultar otra partida. Falk era uno de los asociados, pero el ‘Escobar sueco’ ha sido trasladado por su relación con otras entradas de droga, que implica a narcos gallegos, como apunta el medio especializado.

Trayectoria en España del narco sueco

Jonas Sture Falk se trasladó a España en 2019 y fijó su residencia en Barcelona, ciudad que, según las investigaciones, habría utilizado como centro de operaciones financieras. Su llegada coincidió con las investigaciones policiales sobre una estructura dedicada a mover y ocultar dinero procedente del narcotráfico mediante inversiones en distintos sectores, que después se traduciría en el caso de Dubái.

El 25 de septiembre de ese año, la Policía Nacional lo detuvo durante una macrooperación contra el blanqueo de capitales. La causa apuntaba a una red que habría canalizado fondos ilícitos hacia la compra de propiedades, discotecas y vehículos de lujo. La capital catalana figuraba como una de las bases desde las que se organizaban esas operaciones económicas. Las autoridades sostenían que Falk, conocido en algunos ámbitos europeos como el “Pablo Escobar sueco”, ocupaba una posición relevante dentro de esa trama. La investigación no se centraba únicamente en el origen de los recursos, sino también en el mecanismo que permitía incorporarlos al circuito legal a través de negocios y bienes de alto valor.

En 2021, el sueco comenzó a enfrentarse a la justicia española por delitos vinculados con el lavado de dinero y la inversión de capitales de procedencia ilícita, que le vinculaba a narcos gallegos que también comparecerán. La Fiscalía llegó a solicitar una pena de hasta 20 años de prisión. Falk rechazó las acusaciones y aseguró que sufría una persecución policial relacionada con su pasado y con anteriores investigaciones en su contra. En 2010 tuvo su primera detención por narcotráfico en Países Bajos, pero fue absuelto.

Su nombre volvió a aparecer en 2024, cuando las autoridades identificaron presuntos contactos con estructuras narcotraficantes de Colombia. En particular, fue relacionado con “Gonzalito”, señalado como uno de los cabecillas del Clan del Golfo. Ese vínculo amplió el alcance de las investigaciones sobre Falk y situó nuevamente el foco en las rutas de cocaína entre Sudamérica y Europa. Tras una serie de operativos coordinados y ante reclamaciones internacionales vigentes, Falk fue detenido otra vez y enviado a Suecia. Allí debía responder por los procesos judiciales que permanecían abiertos en su país de origen. Sin embargo, el caso del Clan de Dubái lo ha devuelto a territorio peninsular.

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Policías detienen a mujer junto con un menor por el robo de un auto de lujo en hotel de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 18 años y a un menor de edad por su posible participación en el robo de un BMW de alta gama, hecho ocurrido en un hotel de la alcaldía Gustavo A. Madero. El automóvil fue localizado gracias al sistema de geolocalización GPS instalado en la unidad.

El reporte llegó a los uniformados a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, que alertaron sobre el robo de un vehículo de la marca BMW estacionado en un hotel ubicado en la esquina de las calles Noé y Otilia, en la colonia Guadalupe Tepeyac. Con esa información, los policías acudieron de inmediato al sitio señalado.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, de 26 años, quien relató que horas antes había asistido a una reunión con varias personas en ese establecimiento de hospedaje. Después de la convivencia, se retiró a descansar y, al despertar, notó que su BMW color negro ya no estaba en el estacionamiento.

El propietario del vehículo activó el sistema de geolocalización GPS y logró ubicar la unidad en la colonia Nueva Atzacoalco, dentro de la misma demarcación. Con ese dato, los policías se trasladaron al punto exacto y localizaron a los dos sospechosos a bordo del automóvil sustraído.

Al ser cuestionados, la mujer y el menor no acreditaron la legal propiedad de la unidad, por lo que fueron detenidos en el sitio. El propietario reconoció su vehículo y solicitó proceder legalmente contra ambos, quienes fueron trasladados junto con el BMW recuperado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien determinará su situación jurídica.

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

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Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo este miércoles una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos, con un arma blanca en lo que se investiga como un intento de robo.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida ante medios de comunicación en Cuernavaca y anunció que en las próximas horas se publicará la ficha de búsqueda del sospechoso.

/mexico/2026/09/16/identifican-al-sospechoso-del-feminicidio-de-claudia-tacoronte-y-activan-su-busqueda/

La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años aproximadamente y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

/mexico/2026/09/16/ataque-directo-en-tepito-deja-dos-mujeres-muertas-durante-el-grito-de-independencia-en-cdmx/

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

/mexico/2026/09/16/eeuu-acusa-de-terrorismo-a-jose-flores-presunto-sicario-del-cartel-del-golfo-un-video-lo-delato/

El gobierno de Donald Trump mantuvo a Guatemala entre los 23 países considerados por Estados Unidos como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Esta clasificación que se conserva sin cambios respecto del período anterior y no implica, por sí sola, una sanción ni un señalamiento de incumplimiento del Gobierno guatemalteco.

La determinación presidencial fue enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre y difundida el 16 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La nómina incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, además de Guatemala.

Sin embargo, Guatemala no figura entre los cuatro países que Washington considera incumplidores demostrables de sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico durante los últimos 12 meses.

Una clasificación vinculada a rutas, comercio y economía

La inclusión de un país responde a factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el movimiento o la fabricación de drogas y de precursores químicos. La determinación precisa que esa condición puede existir incluso si las autoridades nacionales aplican controles de narcóticos y medidas policiales rigurosas.

Guatemala permanece en la categoría general de país de tránsito o producción, pero no fue incorporada al grupo de Estados que, según la Administración estadounidense, no cumplieron de manera demostrable con los compromisos exigidos por los acuerdos internacionales y la legislación de Estados Unidos.

Ese segundo grupo está integrado por Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Donald Trump dispuso, a la vez, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania y Colombia es vital para los intereses nacionales estadounidenses.

La decisión diferencia así la situación de Guatemala de la de esos cuatro países: estar en la lista de rutas o productores principales no equivale a una acusación de falta de cooperación ni a una declaración de fallas gubernamentales en la lucha antidrogas.

México, China y los precursores de drogas sintéticas

México fue incluido en la lista y recibió un reconocimiento por las incautaciones de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales en la frontera compartida. Trump también vinculó la cooperación bilateral en seguridad con acciones contra jefes de carteles, entre ellos “el Mencho”.

Sin embargo, el presidente estadounidense sostuvo que México debe reforzar las inspecciones en sus puertos de entrada, aumentar las inversiones en sus fuerzas de seguridad y actuar contra funcionarios públicos que colaboren con organizaciones narcotraficantes.

La República Popular China continúa como el mayor productor mundial de numerosos precursores químicos empleados en la elaboración ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas, de acuerdo con la determinación presidencial. Trump afirmó que planteó el asunto al presidente chino, Xi Jinping.

Cambios en Venezuela y advertencias a otros gobiernos

Venezuela continúa en la relación de países de tránsito o producción de drogas ilícitas, pero dejó de ser considerada un país que incumplió demostrablemente sus compromisos de control de drogas. Trump atribuyó esa modificación a los avances de cooperación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Bolivia, en cambio, conserva la calificación de incumplimiento, pese a que Estados Unidos destacó la reanudación de la coordinación policial entre ambos países y la extradición de Sebastián Marset en marzo de 2026. La determinación señala que la corrupción continúa facilitando el tráfico de drogas y obstaculizando las investigaciones.

Colombia también permanece dentro de esa categoría. Trump expresó expectativas de progresos en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de redes narcotraficantes durante el próximo año.

La decisión presidencial mencionó acciones de India, Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El vehículo había sido importado desde el puerto de Antwerp en Bélgica. Un hombre de nacionalidad mexicana, el encargado de retirarla, fue arrestado junto a un venezolano y un argentino, en una causa a cargo del juez Gustavo Meirovich y la PROCUNAR, con la participación esencial de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, liderada por el experto comisario general Marcelo Laures.

Los vínculos aquí son la clave. El argentino, oriundo de Cerrillos, provincia de Salta, había vivido durante años en Playa del Carmen, descubrió la PFA. La camioneta Opel, sospechan los investigadores, sería finalmente desarmada en un taller de Villa Urquiza, de acuerdo al rastreo de comunicaciones en los días que siguieron al hallazgo.

La camioneta, irónicamente, se encontraba abandonada en zona franca por problemas de contacto con la cadena logística local. Entonces, las autoridades le plantaron un infiltrado a la banda, “un agente con perfil de facilitador logístico en comercio exterior”, asegura un informe del caso. La entrega iba a hacerse, supuestamente, este sábado, pero el mexicano no tenía el dinero para pagar las costas, lo que precipitó la caída de la banda.

El mexicano que llegó a Zárate no es el único en esta historia. Hay otro que llegó al país a comienzos de este mes, su jefe. Lo apodan “Buen Rostro”, según las comunicaciones detectadas, y es oriundo de Zapopan, Jalisco. Si es miembro de un cartel, la PROCUNAR, por el momento, no lo sabe. Lo que sí saben los investigadores es que “Buen Rostro” es, por lo pronto, el jefe en esta historia de droga valuada en más de dos millones de dólares.

Hoy, “Buen Rostro” está prófugo de la Justicia argentina: tiene un pedido de captura internacional en su contra. Su nombre se mantiene en la más estricta reserva.

El agente encubierto

“Buen Rostro” se encargó de “los primeros contactos y después estuvo coordinando”, asegura una fuente clave en el caso. Luego, dejó la Argentina; el mexicano que cayó era, supuestamente, su enviado de confianza.

“Buen Rostro”, algo desesperado por destrabar la salida de la camioneta Opel, se entrevistó con el agente encubierto y el detenido salteño. El falso gestor le hizo picar el anzuelo. “El mexicano conecta con el agente encubierto porque buscaba a alguien con llegada a la Aduana para destrabar la camioneta. Así, se aprovechó la oportunidad. Un intermediario fue clave para recomendar al agente”, asegura una alta fuente en los organismos de seguridad.

¿Cuál era el destino final de tanto MDMA, el ingrediente clave para producir tusi, la droga de moda en Argentina? “Posiblemente, mercado interno y países aledaños”, continúa la misma fuente.

Las bandas internacionales dedicadas al tráfico de éxtasis y el envío de cocaína al exterior ya hicieron sentir su presencia. En enero de este año, 16 sospechosos, una mezcla de caribeños y argentinos, fueron acusados por el juez Pablo Yadarola en un investigación de la PFA, tras el hallazgo de 13 kilos de MDMA en el aeropuerto de Ezeiza, una causa también investigada por PROCUNAR.

Sin embargo, un mexicano, en este tipo de historias, es una figura infrecuente. ¿“Buen Rostro” es un cuentapropista? ¿O reporta a un poder mayor? Las autoridades argentinas, todavía, no lo saben.

Honduras volvió a aparecer en la lista de Estados Unidos de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, una designación que refleja el peso que sigue teniendo su ubicación geográfica dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.

La Casa Blanca identificó este 15 de septiembre a 23 países dentro de la denominada “Major’s List” para el año fiscal 2027. De ellos, solo Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia fueron señalados como países que “fallaron demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales antidrogas. Honduras no está en ese grupo.

Ese matiz fue utilizado por el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, para sostener que la decisión estadounidense no representa una sanción contra el Gobierno hondureño.

La lista identifica territorios que tienen una relevancia considerable en la producción o tránsito de drogas hacia Estados Unidos. La propia determinación estadounidense distingue esa condición de la evaluación política sobre si un Gobierno ha cooperado adecuadamente o no.

Por eso, Honduras puede aparecer como país de tránsito relevante y, al mismo tiempo, no ser considerada como un Estado que incumple demostrablemente sus compromisos antidrogas.

Velásquez atribuyó parte del problema a la ubicación de Honduras entre las zonas productoras de Sudamérica y los principales mercados de consumo del norte.

Esa posición convierte al Caribe hondureño, las costas, carreteras y pasos fronterizos en espacios utilizados por estructuras transnacionales para mover cocaína y otras drogas.

La condición geográfica no elimina la responsabilidad estatal, pero sí explica por qué Honduras aparece de manera recurrente en este tipo de evaluaciones estadounidenses.

El diputado nacionalista Eder Mejía sostuvo que la administración de Nasry Asfura está intentando profundizar la coordinación con Estados Unidos y otros aliados para combatir narcotráfico, crimen organizado y estructuras transnacionales.

Según Mejía, los primeros meses del nuevo Gobierno han estado marcados por acercamientos con autoridades estadounidenses y una intención de reconstruir una agenda conjunta de seguridad.

La cooperación bilateral puede incluir intercambio de inteligencia, investigación financiera, interdicción marítima, combate al lavado de activos y operaciones contra redes que atraviesan varios países.

La voluntad política, sin embargo, no se mide únicamente por reuniones o declaraciones.

Para demostrar avances, Honduras tendrá que exhibir decomisos, capturas, investigaciones financieras, desarticulación de estructuras, reducción de corredores logísticos y procesos judiciales que lleguen hasta los niveles de dirección de las organizaciones criminales.

Ese punto cobra especial relevancia después de las recientes incautaciones de toneladas de presunta cocaína en carreteras y aguas hondureñas.

Un aumento en decomisos puede reflejar una mayor eficacia operativa, pero también evidencia que el territorio continúa siendo utilizado por redes del narcotráfico.

La designación de Estados Unidos coloca a Honduras bajo observación, pero no significa que Washington haya concluido que el Gobierno de Asfura fracasó en la lucha antidrogas.

Honduras continúa siendo considerada una ruta importante del narcotráfico. Lo que deberá demostrar ahora es si puede reducir esa importancia mediante cooperación, inteligencia y resultados sostenidos.

Además, la permanencia de Honduras en la lista estadounidense muestra que el problema no depende únicamente de la cantidad de droga que se decomisa.

Para Washington, también pesa la capacidad de las redes criminales para utilizar costas, carreteras, pistas clandestinas, pasos fronterizos y estructuras financieras para mover cargamentos, lavar dinero y sostener operaciones regionales.

Por eso, una estrategia antidrogas efectiva necesita combinar interdicción con investigaciones patrimoniales, inteligencia y procesos judiciales contra quienes coordinan o financian estas rutas.

Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que, según Washington, incumplieron de manera demostrable sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, en una decisión que modifica la evaluación anual de la política antidrogas venezolana y refleja el nuevo esquema de cooperación entre la administración de Donald Trump y el interinato de Delcy Rodríguez.

La medida aparece en la determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027, emitida por Trump y difundida por el Departamento de Estado. El documento mantiene a Venezuela dentro del grupo de países considerados relevantes para la producción o el tránsito de drogas ilícitas, pero elimina al país de la categoría más específica reservada para aquellos que, durante los 12 meses anteriores, no cumplieron con las obligaciones asumidas en materia de control de estupefacientes.

La inclusión como país de tránsito o productor no constituye por sí misma una acusación contra el gobierno ni una sanción: la legislación estadounidense contempla factores geográficos, comerciales y logísticos que pueden convertir a un territorio en una ruta utilizada por organizaciones criminales. En cambio, la clasificación de incumplimiento evalúa las medidas adoptadas por las autoridades para combatir esas actividades.

Venezuela había permanecido durante años bajo esa evaluación negativa. En las determinaciones estadounidenses anteriores, Washington había considerado que Caracas no había cumplido suficientemente con sus compromisos internacionales contra las drogas. La documentación oficial muestra que Venezuela ya figuraba entre los principales países de tránsito o producción desde hace décadas y que en distintos períodos también había sido señalada por incumplimientos.

Para el nuevo informe, Trump atribuyó el cambio a la transformación política registrada en Venezuela durante el último año y a la cooperación que, según su administración, comenzó a desarrollarse con el chavismo. El presidente estadounidense sostiene que la captura y salida del poder del narcodictador Nicolás Maduro modificaron las condiciones para actuar contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los cárteles”, afirmó Trump en el documento presidencial.

El mandatario también mencionó específicamente las operaciones contra estructuras criminales venezolanas y señaló la eliminación de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, identificado como líder del Tren de Aragua. El grupo criminal venezolano ha sido señalado por Estados Unidos por su participación en actividades ilícitas dentro y fuera del país.

“Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas”, escribió Trump.

El líder republicano dijo esperar “progresos continuos y cuantificables” en el desmantelamiento de organizaciones criminales y en la interrupción de las rutas utilizadas para transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

En septiembre de 2025, Trump había incluido a Venezuela entre los países que, según su evaluación, habían incumplido de manera demostrable sus compromisos antidrogas durante los 12 meses anteriores. Aquella clasificación también incluía a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Al mismo tiempo, Venezuela continúa dentro del listado más amplio de países considerados importantes para el tránsito o la producción de drogas, junto con naciones como México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.

La decisión también establece un marco diferente para Colombia y Bolivia. Washington mantuvo sus respectivas designaciones de incumplimiento, aunque Trump destacó la cooperación que espera de sus nuevos gobiernos y dejó abierta la posibilidad de modificar esas evaluaciones en el futuro.

La legislación estadounidense establece que estas revisiones presidenciales se realizan anualmente y que la designación de un país como territorio importante para el tránsito o producción de drogas no significa necesariamente que su gobierno carezca de cooperación antidrogas. El criterio contempla, entre otros elementos, las condiciones geográficas y comerciales que facilitan el movimiento o producción de sustancias ilícitas.

Para Venezuela, el cambio supone por primera vez en años que Washington deje de considerar demostrablemente incumplidos sus compromisos antidrogas, aunque el país seguirá bajo vigilancia dentro del listado general estadounidense de territorios relevantes para las rutas internacionales del narcotráfico.

Un operativo de la Policía Federal Argentina y la Aduana permitió secuestrar 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica, con un valor estimado de 2,34 millones de dólares. El hallazgo se produjo en la Terminal de Zárate y derivó en siete allanamientos y la detención de tres sospechosos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación comenzó en marzo de este año, cuando la DEA de Estados Unidos alertó sobre maniobras para introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre la estructura de la organización y las personas involucradas en la recepción y la logística del cargamento.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Meirovich, la Secretaría Nº 4, a cargo de Gonzalo Acuña, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de la Aduana identificó una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país por vía marítima desde el puerto de Amberes.

En la Terminal de Zárate, los agentes escanearon el vehículo con rayos X. Las imágenes revelaron densidades anómalas compatibles con materia orgánica en distintos sectores, por lo que realizaron una inspección exhaustiva.

Primero encontraron 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina. Luego, al desmontar otros sectores de la camioneta, hallaron otros 32 kilos. Según las fuentes consultadas, los análisis determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

Tras el hallazgo, el juzgado ordenó siete allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta. Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres: un argentino, un venezolano y un mexicano.

Uno de los sospechosos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones vinculadas con la operatoria y la logística de la organización, de acuerdo con la información policial.

Los detenidos están acusados de contrabando agravado. En los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado por su presunta participación en la coordinación del retiro y posterior traslado de la camioneta.

Según indicaron fuentes oficiales, la maniobra coincide con una de las tendencias que la Aduana advierte en el narcotráfico internacional: mientras la cocaína suele salir de Sudamérica con destino a Europa, drogas sintéticas como la MDMA ingresan a la región desde el continente europeo.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que se trató del “mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina”.

“Incautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos”, sostuvo la funcionaria.

En ese contexto, la ministra se refirió al valor potencial de las pastillas que, según su estimación, podían elaborarse con la sustancia incautada, mientras que la valuación de 2,34 millones de dólares corresponde al cargamento secuestrado.

“Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos”, agregó Monteoliva en su cuenta de X. Y cerró: “El que las hace, las paga”.

Durante la Operación LM2 se incautaron 168 paquetes de presunta cocaína y fue arrestado José Miguel Ceballos Rosario, conocido como el Viajero, a quien las autoridades identifican como uno de los principales cabecillas de una estructura investigada por presunto narcotráfico y lavado de activos.

La acción fue desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El operativo incluyó 11 allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago, realizados en residencias, locales comerciales y centros de acopio. El despliegue fue coordinado por 13 fiscales y contó con la participación de más de 150 agentes.

Además de los paquetes, los equipos decomisaron vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculados con la investigación.

Las autoridades informaron que la operación sigue en desarrollo y mantienen la búsqueda de otros presuntos integrantes de la organización, a quienes exhortaron a entregarse por las vías correspondientes.

Los paquetes estaban ocultos dentro de 31 tubos de metal en Villa González

El cargamento fue localizado en una edificación ubicada en la Urbanización Paraíso, en Villa González, Santiago, que, según la información oficial, funcionaba como centro de acopio de la estructura investigada. Los paquetes estaban escondidos dentro de 31 tubos o barras de metal.

En el inmueble también fueron encontradas cientos de cajas de cartón, herramientas e insumos que las autoridades vinculan con la preparación y el ocultamiento de sustancias controladas. La pesquisa apunta a que la organización empleaba embalajes modificados como parte de su método de transporte.

De acuerdo con las autoridades, la presunta red enviaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y Europa. Para ello, habría utilizado cajas de doble fondo y estructuras metálicas, además de compañías consolidadas y empresas fantasma que simulaban trasladar mercancías lícitas.

La investigación busca determinar el alcance de esas operaciones, analizar los bienes y documentos ocupados durante los allanamientos y establecer la posible participación de las personas vinculadas con el caso.

La Operación LM2 se relaciona con pesquisas previas en La Vega y Monseñor Nouel

La operación se desprende de una investigación relacionada con una estructura criminal intervenida en allanamientos anteriores en La Vega y Monseñor Nouel. En esos procedimientos, las autoridades ocuparon 392 láminas de cocaína, tres fusiles, vehículos y maquinarias que, de acuerdo con la pesquisa, eran utilizadas para el empaque y camuflaje de sustancias controladas.

En julio de 2023, las autoridades allanaron una finca ubicada en la comunidad de Jayaco. Allí encontraron cientos de cajas de cartón, la mayoría con doble fondo, que contenían las láminas de la sustancia incautada.

Los investigadores también intervinieron una residencia situada en Los Rincones de La Vega, que habría servido como centro de acopio de las cajas. Durante esas labores fueron arrestadas tres personas y se ocuparon múltiples pruebas.

Por ese expediente, el Ministerio Público procesó a Basilio Saturria Mosquea, Danckeline De La Cruz y José Luis Santana Vargas. El Tribunal Colegiado de La Vega condenó a De La Cruz y Santana Vargas a 15 años de prisión y ordenó el decomiso de todos los bienes involucrados en el proceso.

Estados Unidos incluyó nuevamente a los siete países de Centroamérica y a República Dominicana en su lista de principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, según una determinación presidencial enviada al Congreso el 15 de septiembre.

La nómina contempla a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de República Dominicana. La inclusión se produjo dentro de una relación de 23 países que también abarca a México, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití, Jamaica y Bahamas, entre otros.

El documento, divulgado este 16 de septiembre por el Departamento de Estado, aclara que la presencia de un país en la lista no implica necesariamente una evaluación negativa sobre sus actuales políticas de combate al narcotráfico.

La legislación estadounidense considera factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el traslado o la fabricación de drogas y de sustancias precursoras.

Estados Unidos sostiene que la clasificación abarca tanto a los países donde se elaboran drogas ilícitas como a aquellos utilizados para trasladarlas o movilizar insumos químicos.

El texto indica que esta condición puede aplicarse incluso cuando las autoridades nacionales desarrollan acciones de control de narcóticos y de aplicación de la ley.

La lista también incorpora a República Dominicana, uno de los principales puntos del Caribe incluidos en la determinación junto con Bahamas, Haití y Jamaica. En el caso dominicano, la resolución no establece una designación adicional por incumplimiento demostrable de compromisos internacionales antidrogas.

El documento tampoco incluyó a los países centroamericanos en el grupo de Estados señalados por Washington por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones de control de narcóticos.

Nicaragua figura en la nómina, aunque no fue objeto de una designación adicional

En el informe, la Casa Blanca cuestionó de forma directa al régimen de Nicaragua. En la determinación, afirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no adoptó medidas suficientes contra el tráfico de drogas y señaló la presunta complicidad de integrantes de esa administración con ese comercio ilícito.

Aun así, Nicaragua no aparece junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, los cuatro países que recibieron la designación de haber incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas.

Washington sostuvo que mantendrá asistencia para Bolivia, Birmania y Colombia, al considerar que esa cooperación resulta vital para los intereses nacionales estadounidenses. La declaración deja abierta la posibilidad de revisar las designaciones el próximo año, según los avances que esos gobiernos acrediten en la reducción de cultivos ilícitos, la persecución de redes criminales y la lucha contra la corrupción.

México y Canadá recibieron reclamos por los flujos de fentanilo

La determinación incluyó cuestionamientos a México y Canadá por el ingreso de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoció a la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por las incautaciones, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera común.

No obstante, el Gobierno estadounidense afirmó que México debe profundizar sus acciones contra las organizaciones narcoterroristas, elevar las inspecciones en los puertos de entrada y reforzar la participación del sector privado para vigilar las cadenas de suministro.

El texto también pidió a Canadá desarticular laboratorios de drogas, fortalecer el control sobre los precursores químicos y enfrentar a las redes criminales que operan en la frontera norte estadounidense.

La resolución señaló además a China como el principal productor de varias sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de fentanilo y metanfetamina. Según Washington, las autoridades chinas adoptaron nuevos requisitos de licencias para exportar determinados precursores a América del Norte, aunque los traficantes aún encuentran productos no regulados para eludir esas restricciones.

La determinación deberá ser presentada ante el Congreso junto con los memorandos que justifican las designaciones de Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. También se publicará en el Registro Federal de Estados Unidos.

La revisión incluyó un escaneo no intrusivo, la intervención de una unidad canina y una inspección física del remolque. Los oficiales extrajeron 1.164 paquetes con una sustancia que la agencia identificó de forma preliminar como metanfetamina. La Oficina de Operaciones de Campo confiscó tanto los narcóticos como el vehículo, de acuerdo con la información difundida por CBP.

El caso pasó a manos de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que iniciaron una investigación penal. La autoridad no informó sobre personas detenidas, posibles imputaciones, empresas vinculadas al traslado ni el destino final de la carga, según el parte oficial de CBP.

¿Cuánta metanfetamina incautó CBP en el Puente Internacional de Pharr?

La agencia estadounidense reportó la incautación de 2.815,30 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a 1.277 kilogramos. La droga estaba distribuida en 1.164 paquetes, ocultos dentro de un envío comercial que había sido manifestado ante las autoridades como una carga de hortalizas y vegetales frescos, de acuerdo con CBP.

La valuación oficial del cargamento fue de USD 25.167.000. Esa cifra corresponde a una estimación elaborada por la autoridad fronteriza y se incluyó en el comunicado difundido tras el decomiso. CBP no precisó qué método utilizó para calcular ese monto ni detalló si la valuación responde a precios mayoristas, minoristas o a otro criterio empleado por la agencia.

La sustancia fue presentada como “presunta metanfetamina”, una fórmula habitual en los comunicados de la autoridad estadounidense antes de que se conozcan eventuales peritajes de laboratorio o actuaciones judiciales. El informe de CBP no indicó si los paquetes ya fueron sometidos a análisis químicos ni si existieron pruebas complementarias sobre su composición.

La cantidad decomisada equivale a más de una tonelada de droga. El peso informado por CBP permite dimensionar el volumen del cargamento, que fue detectado dentro de un transporte comercial en uno de los pasos fronterizos habilitados para el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos.

¿Dónde y cuándo fue el decomiso de droga en Pharr, Texas?

El operativo ocurrió el 8 de septiembre en el área de carga del Puente Internacional de Pharr, una instalación fronteriza ubicada en Texas. El vehículo había partido de Reynosa, ciudad mexicana situada frente al sur de ese estado estadounidense, según la información proporcionada por CBP.

La agencia publicó el comunicado seis días después, el lunes 14 de septiembre de 2026. El parte identifica el lugar como la instalación de carga del puente internacional y señala que la intervención estuvo a cargo de oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo, el área de CBP encargada de los controles en los puertos de entrada.

El reporte no informó la hora de llegada del camión, el tiempo que demandó la inspección ni el carril por el que ingresó el vehículo. Tampoco especificó si el transporte estaba registrado a nombre de una empresa mexicana, estadounidense o de otra jurisdicción, según la información pública de CBP.

La autoridad sí indicó que se trataba de un tractor con remolque. Esa descripción identifica a un vehículo de transporte de carga compuesto por una unidad motriz y un acoplado, aunque el comunicado no brindó datos sobre la marca, la matrícula ni las condiciones del compartimento donde se hallaron los paquetes.

¿Cómo detectaron la presunta metanfetamina oculta entre repollo, tomatillo y cilantro?

El camión fue enviado a una segunda revisión después de su llegada a la instalación de carga. Según CBP, los oficiales aplicaron una inspección con tecnología no intrusiva, un procedimiento que permite examinar la estructura y el contenido de un vehículo sin necesidad de descargarlo por completo en la primera instancia.

La revisión también incluyó la participación de un equipo canino. El comunicado no explicó si la señal de los perros detectores motivó la inspección física o si esa medida se adoptó a partir de los resultados del escaneo. La agencia tampoco divulgó cómo estaban distribuidos los paquetes dentro del envío declarado como productos agrícolas, de acuerdo con CBP.

La inspección física permitió retirar los 1.164 paquetes del remolque. La autoridad no describió el tipo de envoltorio, los mecanismos de ocultamiento ni si la droga estaba mezclada con las cajas de repollo, tomatillo y cilantro o situada en sectores separados de la carga, según el parte oficial.

La combinación de escaneo, controles caninos y revisión manual forma parte de la secuencia detallada por CBP para este caso. El comunicado no atribuye el hallazgo a un único método ni informa qué elemento resultó decisivo para identificar la presencia de la sustancia en el transporte.

¿Qué autoridades investigan la incautación de USD 25 millones en Pharr?

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP confiscó la droga y el vehículo utilizado en el traslado. Después del decomiso, agentes especiales de HSI iniciaron una investigación penal, según el comunicado difundido por la autoridad fronteriza estadounidense.

El parte oficial no menciona el nombre del conductor, si fue detenido o si quedó a disposición de autoridades federales. Tampoco identifica a posibles acompañantes, propietarios del camión, exportadores, importadores o intermediarios que pudieran estar vinculados con la documentación comercial del envío, de acuerdo con CBP.

La investigación deberá establecer la procedencia de la sustancia, el destino previsto del cargamento y las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Esos datos no fueron divulgados en el anuncio inicial y podrían depender de actuaciones posteriores de HSI y de las autoridades judiciales competentes, según CBP.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, dijo que la incautación fue resultado de la experiencia y los procedimientos aplicados por los oficiales durante la inspección del camión. “Las habilidades y la experiencia de nuestros oficiales de CBP continúan a la vista mientras desmantelan otro cargamento masivo de narcóticos ilícitos”, afirmó en el comunicado oficial.

¿Qué cambia para los transportistas que cruzan por el Puente Internacional de Pharr?

El comunicado no anuncia modificaciones en las reglas de ingreso de camiones comerciales ni nuevas medidas operativas para las empresas que utilizan el Puente Internacional de Pharr. Las normas, los controles documentales y los procedimientos de revisión continúan bajo la autoridad de CBP, según la información disponible en el parte oficial.

El caso confirma que los vehículos con cargas declaradas como productos agrícolas pueden ser derivados a inspecciones secundarias. La autoridad informó que el camión procedente de Reynosa fue sometido a escaneo, control canino y revisión física antes de que se concretara la incautación, de acuerdo con CBP.

Para los operadores de transporte y comercio exterior, el expediente todavía no incorpora datos sobre posibles incumplimientos documentales, irregularidades aduaneras específicas o responsabilidades empresariales. La agencia tampoco comunicó restricciones sobre mercancías agrícolas, rutas determinadas o compañías vinculadas con el vehículo inspeccionado.

La siguiente etapa dependerá de la investigación penal abierta por HSI. Por ahora, permanecen bajo custodia federal el camión y los 1.164 paquetes incautados, mientras las autoridades determinan si existen personas u organizaciones relacionadas con el traslado detectado el 8 de septiembre, según CBP.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá el martes 22 de septiembre en Barranquilla a la presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en una reunión bilateral que tendrá como eje la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro fue acordado durante una conversación entre ambos mandatarios y buscará definir mecanismos de cooperación en materia de seguridad, intercambio de información y fortalecimiento de capacidades institucionales frente a delitos que cruzan las fronteras de los países de la región.

La cita en Barranquilla es la segunda visita diplomática de alto nivel que recibe el gobierno de De la Espriella en pocos días. El 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con el mandatario colombiano en esa ciudad, donde también se trataron asuntos relacionados con la seguridad regional.

La cita del 22 de septiembre busca ampliar el intercambio de información

La reunión entre De la Espriella y Fernández Delgado se centrará en la cooperación bilateral para enfrentar el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que mantienen operaciones en distintos países de América Latina y el Caribe.

Según la Presidencia de la República, ambos gobiernos evaluarán fórmulas para profundizar la coordinación entre sus instituciones de seguridad y avanzar en acciones conjuntas contra redes dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Uno de los puntos previstos es el fortalecimiento del intercambio de información y capacidades operativas. La intención es que las autoridades colombianas y costarricenses tengan mayores herramientas para identificar rutas, organizaciones y actividades vinculadas a economías ilegales con alcance regional.

El Gobierno colombiano también planteará la necesidad de mejorar los canales de cooperación ante amenazas que no se limitan a un solo territorio. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas suelen aprovechar corredores marítimos y terrestres, así como redes financieras y logísticas que conectan a varios países.

Colombia y Costa Rica pondrán el foco en las redes criminales transnacionales

La agenda anunciada para la reunión incluye el combate a las organizaciones criminales transnacionales. El Ejecutivo considera que esas estructuras requieren respuestas coordinadas, debido a que sus actividades involucran rutas internacionales de narcotráfico y otros delitos que afectan la seguridad de varios Estados.

La cooperación regional frente al crimen organizado se convirtió en uno de los asuntos centrales de la estrategia exterior y de seguridad del nuevo Gobierno colombiano. La administración de De la Espriella señaló que busca consolidar alianzas con países de la región para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico.

El Gobierno busca consolidar una agenda de seguridad con aliados regionales

La visita de la presidente costarricense se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de ampliar la interlocución con gobiernos de América Latina y Centroamérica. El propósito es construir mecanismos de respuesta ante organizaciones cuya presencia y operaciones involucran a más de un país.

La Presidencia indicó que mantendrá el fortalecimiento de alianzas internacionales para combatir el narcotráfico, afectar las redes de crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. La reunión con Costa Rica será una nueva instancia para trasladar esa postura a acuerdos de cooperación bilateral.

El encuentro ocurrirá, además, mientras el Gobierno avanza en la conformación de su equipo diplomático en la región. El 16 de septiembre fue publicada la hoja de vida de Orlando Gabriel Abello, exregistrador nacional y abogado asociado de De La Espriella Lawyers, como candidato para ocupar la Embajada de Colombia en Costa Rica.

Abello fue embajador de Colombia en Canadá en 1983 y ocupó cargos como registrador nacional, representante a la Cámara, diputado de la Asamblea del Atlántico y concejal de Barranquilla. Su eventual designación deberá completar los trámites correspondientes antes de que asuma funciones.

El canciller Omar Bula también anunció ante el Congreso que el Ministerio de Relaciones Exteriores busca implementar indicadores para medir el desempeño de embajadas y consulados. La iniciativa contempla evaluar resultados en áreas como atención a colombianos en el exterior, relaciones comerciales y servicios consulares.

Honduras vuelve a figurar entre los países incluidos por Estados Unidos en su denominada “Majors List”, una determinación presidencial que identifica a las naciones consideradas principales puntos de tránsito o de producción de drogas ilícitas que pueden afectar al territorio estadounidense.

La determinación correspondiente al año fiscal 2026 fue presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2025 y contempla un total de 23 países.

Honduras ya había sido incluida en determinaciones anteriores, entre ellas la correspondiente al año fiscal 2024, por lo que su presencia en el listado no representa una incorporación reciente.

El Gobierno estadounidense establece una diferencia entre figurar en la lista y ser señalado por incumplir sus obligaciones en materia de combate al narcotráfico.

La propia Casa Blanca aclara que la inclusión de un país no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno contra las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. Según la explicación oficial, la designación puede obedecer a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas, incluso cuando un gobierno desarrolla medidas de control de narcóticos y aplicación de la ley.

Por ello, la aparición de Honduras en el documento debe distinguirse de una declaración específica de que el Gobierno hondureño haya “fallado” en sus políticas antidrogas.

Honduras junto a otros países de América

La lista correspondiente al año fiscal 2026 incluye países de distintas regiones que, según la determinación estadounidense, reúnen las condiciones contempladas por la legislación de ese país.

En el continente americano aparecen Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

El listado también contempla países de Asia: Afganistán, Birmania (Myanmar), China, India, Laos y Pakistán.

El Departamento de Estado, agencia federal encargada de las relaciones exteriores de Estados Unidos, ya incluía al país en la determinación correspondiente a 2023 y explicaba entonces que la presencia en la lista no constituía necesariamente una valoración negativa sobre las políticas antidrogas de cada gobierno.

La documentación oficial muestra que Honduras también había aparecido en determinaciones de años anteriores, lo que indica que su inclusión no está vinculada exclusivamente con la administración Trump.

El anuncio debe analizarse, por tanto, como parte de un mecanismo que Estados Unidos utiliza anualmente para identificar países considerados relevantes dentro de las rutas internacionales de producción y tráfico de drogas.

Cinco países señalados por “fallas demostrables”

La Casa Blanca informó que Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela fueron señalados por haber “fallado demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales durante el período evaluado para cumplir con sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. Esta clasificación no fue aplicada a Honduras.

La diferencia resulta relevante porque no todos los países que aparecen en la “Majors List” reciben el mismo señalamiento: una cosa es formar parte de la relación de países considerados importantes para el tránsito o producción de drogas, y otra distinta es recibir la determinación adicional relacionada con un supuesto incumplimiento de obligaciones antidrogas.

En la explicación de la determinación, Trump hizo señalamientos particulares sobre varios países incluidos en la lista. Entre ellos se encuentran Colombia, Venezuela y Bolivia, respecto de los cuales el mandatario vinculó sus políticas gubernamentales con lo que su administración considera resultados deficientes en materia de combate al narcotráfico.

Cooperación destacada

Al mismo tiempo, la Casa Blanca resaltó los esfuerzos de Argentina, Ecuador y El Salvador, países que la administración Trump presentó como gobiernos que han mostrado liderazgo y determinación en las acciones contra el narcoterrorismo.

En el caso hondureño, la determinación no desarrolla una explicación específica comparable a las observaciones formuladas sobre otros países. Su presencia en la lista debe entenderse dentro del criterio general establecido por la legislación estadounidense para identificar a los principales países de tránsito o producción de drogas, criterio que contempla elementos como la ubicación geográfica, las rutas comerciales y las condiciones económicas que pueden favorecer el movimiento de sustancias ilícitas.

La administración Trump ha colocado el combate al tráfico de estupefacientes entre sus prioridades de seguridad y ha planteado reforzar las acciones de interdicción en fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Para Honduras, la nueva inclusión mantiene vigente la atención sobre su posición geográfica dentro de las rutas regionales del narcotráfico, aunque el documento estadounidense no establece que la sola inclusión constituya una acusación de incumplimiento por parte del Gobierno hondureño.

Cuatro detenidos en La Reforma esperan la decisión sobre un pedido de extradición de Estados Unidos, presentado el 13 de julio de 2026. La solicitud está relacionada con una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una presunta red que utilizaba Guanacaste como punto de tránsito para la cocaína y que, según el expediente, recibía aeronaves cargadas con droga para enviarla fuera de Costa Rica.

Un informe de la DEA, conocido por CR Hoy, estimó en USD 7.2 millones el valor de un cargamento vinculado con la organización. La investigación situó a Costa Rica dentro de una ruta aérea que tenía a México como escala y a Wisconsin como destino final, donde cada kilogramo de cocaína podía alcanzar un valor aproximado de USD 18,000 en Milwaukee.

El expediente apunta contra los costarricenses Ariel Antonio Castillo García, David Rodríguez Ramírez y Leonel de Jesús Carvajal Duarte, además del mexicano José Kenji Takashima Montoya.

Según el documento citado por CR Hoy, la pesquisa comenzó con el seguimiento a Castillo, una circunstancia que llevó a la DEA a considerar que habría ocupado una posición de liderazgo dentro de la estructura investigada.

La investigación ubicó a Guanacaste como punto de tránsito de la cocaína

La DEA sostuvo que el grupo recibía aeronaves con paquetes de droga en pistas ilegales de Guanacaste y luego reexportaba la carga hacia México, con el objetivo de que ingresara a territorio estadounidense.

La operación investigada se centró en el uso de Costa Rica como puente para transportar la cocaína mediante avionetas de alcance limitado.

El agente especial a cargo de la declaración jurada concluyó que la cocaína tenía como destino Wisconsin. Para esa valoración tomó en cuenta la trayectoria centroamericana de los cargamentos, la presencia de Takashima Montoya, oriundo de Sinaloa, el uso de aeronaves con una autonomía que impedía vuelos transoceánicos y el hallazgo de dinero estadounidense durante las diligencias.

El informe señaló que la droga procedía principalmente de Colombia, aunque también mencionó a Bolivia y Perú como posibles países de origen.

El investigador sostuvo que Estados Unidos es el mercado de drogas más lucrativo de la región y que tiene capacidad para absorber grandes cantidades de cocaína.

La DEA y la Policía de Control de Drogas (PCD) observaron el 30 de noviembre de 2025 a los cuatro investigados cuando cargaban lo que parecía cocaína en una aeronave monomotor. La operación ocurrió en una pista clandestina próxima a Filadelfia, Guanacaste, donde los agentes identificaron un avión similar a una Cessna.

El documento describió la aeronave como un modelo de autonomía limitada. Ese tipo de avioneta puede recorrer hasta 1,482 kilómetros (800 millas náuticas), una distancia que, según el informe, permitiría alcanzar territorio mexicano o zonas marítimas cercanas a Estados Unidos.

El operativo frustró un supuesto traslado de droga hacia Filadelfia

La DEA recibió información el 9 de diciembre de 2025, cerca de la medianoche, sobre la salida de los cuatro hombres desde la casa de Carvajal en Bagaces.

El grupo se desplazaba en caravana hacia Filadelfia, aunque modificó su ruta ante la presencia policial, en apariencia cuando se preparaba para cargar nuevamente una avioneta con droga.

Las autoridades interceptaron tres vehículos: una Toyota Hilux conducida por Castillo, con Takashima como pasajero; una camioneta Chevrolet manejada por Carvajal; y un Renault Duster al mando de Rodríguez. La sospecha de los investigadores era que los detenidos se disponían a trasladar una carga hacia la pista clandestina para continuar con la operación aérea.

Dentro de la Chevrolet, los agentes hallaron luces portátiles de aterrizaje, combustible de aviación en estañones, tres neumáticos de avión, un monocular de visión nocturna, radios de comunicación, teléfonos y una pistola Beretta calibre .40. Los elementos incautados formaron parte de la evidencia sobre la presunta logística utilizada por la organización para operar vuelos desde pistas clandestinas.

En el Renault Duster, la Policía encontró 13 paquetes blancos que contenían ladrillos de cerca de un kilogramo cada uno. Los envoltorios llevaban el símbolo de Porsche y las pruebas aplicadas a parte de la sustancia confirmaron que era cocaína.

El decomiso alcanzó 400 kilogramos de cocaína. Según la estimación incorporada al expediente, la carga tenía el valor señalado por el agente de la DEA, de acuerdo con el precio que podía obtener en Milwaukee, ciudad identificada como el destino del producto ilícito.

La PCD decomisó a Takashima dos celulares, una llave de hotel, una billetera con colones y moneda estadounidense, un pasaporte mexicano, una tarjeta de identidad y una licencia de conducir. También llevaba más de USD 200 en efectivo, mientras que Carvajal portaba USD 120 y un permiso de portación de armas.

Los allanamientos revelaron combustible, armas y registros de hospedaje

Después de las capturas, la PCD realizó allanamientos en dos viviendas y un apartamento ubicados en Guanacaste. En esos inmuebles se localizaron teléfonos, una escopeta, un revólver, municiones, un dron, motocicletas, radios, cargadores, recipientes vacíos y envases con combustible de aviación.

Las autoridades también encontraron documentos de Rodríguez, entre ellos tarjetas bancarias, una cédula y dos identificaciones como trabajador de seguridad privada. La documentación del Ministerio de Justicia incorporada al caso registraba visitas realizadas a Rodríguez en la cárcel de San Ramón.

En una de las propiedades, los agentes hallaron un altar dedicado a la Santa Muerte. El informe indicó que los narcotraficantes suelen recurrir a esta figura en busca de protección frente a la Policía, rivales, traiciones y la muerte.

La habitación de hotel de Takashima fue registrada como parte de las diligencias. Allí aparecieron USD 2,450 dentro de una riñonera escondida en el forro de una maleta, junto con documentos y facturas que reflejaban pagos en efectivo por varias noches de alojamiento.

Los comprobantes identificaban a Ganadería Rancho Las Tres Palomas S. A. como cliente de los pagos. Además, consignaban una dirección de correo electrónico cuyo usuario coincidía con el nombre de Castillo, de acuerdo con los datos reseñados por el medio.

El Tribunal Penal de San José aún debe resolver la extradición

Los cuatro investigados permanecen en prisión desde su detención a finales de 2025. La solicitud formal de extradición de Estados Unidos llegó meses después y el Tribunal Penal de San José todavía no ha emitido una resolución sobre el requerimiento.

Castillo nació en San José, Rodríguez es oriundo de Chacarita, Puntarenas, y Carvajal procede de Palmar Norte de Osa. Los tres costarricenses tienen entre 36 y 51 años, mientras que Takashima Montoya nació en Salvador Alvarado, Sinaloa.

La causa reúne los decomisos, los allanamientos y el seguimiento de las autoridades como elementos para sostener la hipótesis de una red de tráfico de drogas. La decisión judicial sobre la extradición definirá el próximo paso en el proceso contra los cuatro detenidos.

Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

Tras su captura, presuntamente confesaron que recibieron 30 mil pesos por el doble homicidio, y que un tercero les entregó el arma de fuego utilizada.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes del sector Tlacotal de la SSC realizaron el seguimiento de los sospechosos a partir de trabajos de inteligencia previos al arresto. La detención de ambos hombres se concretó en la alcaldía Iztacalco, donde el grupo delictivo Los Chivos tiene presencia activa.

Leonardo Arias y Fernando Rodríguez portaban mochilas de la plataforma DiDi al momento del ataque. El disfraz les permitió acercarse a las víctimas sin levantar sospechas en la vía pública.

Tras su captura, los dos detenidos declararon ante las autoridades que un tercero no identificado les proporcionó el arma de fuego. Las investigaciones buscan determinar quién ordenó y financió el doble homicidio.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna dependencia oficial publicó un comunicado con detalles sobre la identidad de las víctimas. Tampoco se precisaron el lugar exacto ni la hora del ataque, de acuerdo con Milenio.

El pago de 30 mil pesos y el papel del autor intelectual sin identificar

El periodista Carlos Jiménez, quien difundió el caso a través de su cuenta en la red social X, informó que los detenidos confesaron haber recibido 30,000 pesos a cambio de los dos asesinatos. La suma fue entregada por un tercero cuya identidad las autoridades aún no han hecho pública.

Los agentes del sector Tlacotal mantienen abiertas las diligencias para localizar al autor intelectual del pago. La SSC no emitió información adicional sobre posibles cómplices o sobre el avance de esa línea de investigación.

El uso de la identidad visual de DiDi como método de aproximación a las víctimas refleja una táctica que ya había sido documentada en otras alcaldías de la capital. La empresa había advertido, en un comunicado previo, que da de baja de inmediato a cualquier repartidor vinculado a actividades ilícitas y colabora con las autoridades en esos casos.

La plataforma también señaló que sus términos y condiciones prohíben el envío de paquetes con contenidos sospechosos o ilegales, y que los repartidores tienen la opción de reportar cualquier irregularidad desde la propia aplicación.

Los Chivos, Iztacalco y su posible vínculo con estructuras del crimen organizado

La banda Los Chivos opera en la alcaldía Iztacalco, aunque la información disponible sobre su estructura es escasa. Milenio apuntó que el grupo podría estar relacionado con una célula criminal identificada con las siglas H1-A1, presuntamente vinculada con La Nueva Familia Michoacana, si bien esa conexión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Uno de los episodios asociados a esa célula ocurrió el 15 de octubre de 2021, cuando el empresario Eduardo Beaven recibió disparos cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El atacante detenido dos días después, Yannick Iriarte Martínez, alias El Alemán, fue relacionado en distintos reportes con la estructura H1-A1.

En años posteriores, las autoridades capitalinas arrestaron a otros presuntos integrantes de ese grupo por homicidio, extorsión y narcomenudeo. Entre los mencionados figuran Guillermo Contreras, alias El Galletas; Johan Alain Rodríguez, y Roy Galindo Torres.

También fue señalado en reportes periodísticos Francisco Javier Medina, alias Paco Pacas, como presunto operador de tráfico de armas y drogas para La Nueva Familia Michoacana. La relación entre esa estructura y los detenidos por el ataque contra Los Cuetos no ha sido confirmada por ninguna institución.

La SSC y la investigación en curso sobre el doble homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso más allá de la detención de los dos sospechosos. Las autoridades trabajan para establecer si existen más personas involucradas en la planeación del crimen.

El doble homicidio en Iztacalco se suma a una serie de ataques recientes en esa alcaldía en los que los agresores utilizaron mochilas de reparto como cobertura. La táctica ya había sido registrada el 11 de septiembre de 2026, cuando motosicarios con una mochila de reparto dispararon contra dos hombres en la colonia Juventino Rosas, según informó el Heraldo de México.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Trump también señaló a China en el documento, ya que, dijo, el país asiático sigue siendo el mayor productor mundial de muchos precursores químicos que son utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales.

Aunque Beijing implementó nuevos requisitos para que sus empresas obtuvieran licencias antes de exportar determinados precursores químicos a Norteamérica, Trump señaló que “los delincuentes siguen eludiendo estos controles mediante el uso de precursores químicos no regulados” e instó al gobierno de Xi Jinping a adoptar medidas “más enérgicas”.

La lista de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas” que figura en la determinación presidencial de este año se mantiene sin cambios con respecto a 2025 e incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Marco Rubio felicita a México por la Independencia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó al pueblo de México en nombre de su país. Por medio de un comunicado, el funcionario estadounidense dijo que la felicitación era por el 216 aniversario de la Independencia.

En dicho comunicado, Rubio dijo que México era vecino de los Estados Unidos, y pocas relaciones internacionales impactaban de manera tan concreta la seguridad y prosperidad de los estadounidenses. Señaló que, bajo la presencia de Trump, se había iniciado un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, en la que ambas naciones se beneficiaban de un comercio más justo, una cooperación más profunda en materia de seguridad y economías de mercado prósperas.

“Durante demasiado tiempo, ambas naciones han sufrido una epidemia de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva descontrolada y violencia de cárteles que se permitió que se extendiera en México. El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”, señaló.

Dijo que Trump había realizado esfuerzos históricos para abordar los desafíos de frente, colaborando con México para debilitar y desmantelar enérgicamente a los grupos narcoterroristas que han intentado mantener al país como rehén de sus caprichos criminales.

Destacó que quedaba mucho trabajo por hacer juntos, que EEUU estaba comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental durante las próximas décadas.

“En esta ocasión, nos unimos al pueblo mexicano para celebrar su independencia y les extendemos nuestros más cordiales deseos de un feliz y orgulloso Día de la Independencia”, concluyó. 

Las terminales de Limón continúan bajo interés de las organizaciones dedicadas al narcotráfico por la actividad diaria de exportaciones, la infraestructura portuaria y la cercanía marítima con Colombia. Esas condiciones permiten a las redes buscar apoyo local para introducir cocaína en una cadena comercial que opera de forma cotidiana.

Uno de los mecanismos examinados en el caso Leviatán fue el acceso a información interna sobre los buques que llegaban a Costa Rica y los destinos que seguirían después de zarpar. Con esos datos, la organización investigada habría podido identificar contenedores para ocultar cargamentos antes de su salida hacia Europa o Estados Unidos.

Ocho personas fueron detenidas por un tráiler que iba hacia Moín

La Policía de Control de Drogas detuvo a ocho personas después de detectar un tráiler con 256 paquetes de cocaína que tenía como destino la Terminal de Contenedores de Moín. El procedimiento ocurrió casi un mes después del caso Leviatán, que a finales de julio desarticuló una organización presuntamente infiltrada en el principal puerto de Limón.

El nuevo caso mostró que otras agrupaciones pueden intentar asumir tareas o utilizar rutas tras las intervenciones contra redes de narcotráfico. Para las autoridades, la detención expuso la capacidad de reorganización de estas estructuras y la permanencia de las terminales limonenses como punto de interés para envíos hacia mercados internacionales.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto explicó, a El Observador, que una parte considerable de las exportaciones costarricenses sale por Limón.

Para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, introducir cocaína en esa actividad supone aprovechar una logística portuaria que mantiene movimiento todos los días.

La proximidad marítima con Colombia también facilita el traslado de cargamentos hacia Costa Rica antes de su envío a Europa o Estados Unidos. Soto señaló que los grupos cuyos líderes son encarcelados pueden reorganizarse para continuar con sus operaciones, mientras otras bandas pueden buscar el control de las rutas disponibles.

El expediente Leviatán registró pagos por envíos al exterior

Según El Observador, las organizaciones internacionales no necesitan instalar toda su estructura en Costa Rica, ya que pueden contratar redes locales para ejecutar tareas específicas dentro de la operación. La investigación de Leviatán examinó una presunta red que cumplía funciones relacionadas con la actividad de la terminal.

El expediente estableció que la organización mantenía negociaciones con personal interno para acceder a datos sobre los buques que llegaban al país y sus destinos posteriores. Esa información permitía seleccionar contenedores para ocultar cargamentos de cocaína antes de que salieran de Costa Rica.

La banda que presuntamente encabezaba Casanova Duartes, conocido como Cholo, cobraba USD 250,000 por cada envío hacia Europa o Estados Unidos. El monto no variaba según el volumen de droga transportado.

Durante el operativo vinculado con Leviatán, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que nueve policías fueron detenidos como parte de la estructura investigada. Los allanamientos relacionados con el caso se realizaron un martes en distintos puntos de Costa Rica.

La causa atribuía el liderazgo de la organización a la hija de Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, y a su pareja, Cholo. Las autoridades investigaban la posible infiltración de la red en la operación del principal puerto limonense.

La operación Descontaminación Caribe derivó en 12 detenciones

Soto ya había encabezado, cuando ocupaba el cargo de ministro de Seguridad, operaciones contra estructuras que actuaban en la terminal entre 2020 y 2021. En el último año de ese período, la operación Descontaminación Caribe derivó en la detención de 12 personas.

Diez de los capturados eran entonces funcionarios de APM Terminals. Los otros dos habían trabajado previamente para la compañía, de acuerdo con los datos citados por el medio.

La investigación atribuyó a la organización el envío de más de 14 toneladas de cocaína a través de los puertos costarricenses. El expediente incluyó la presunta participación de agentes de la Policía de Fronteras, personal de seguridad privada, conductores de cabezales, trabajadores de APM Terminals y empleados de una cooperativa contratista.

Según las pesquisas, esas intervenciones habrían permitido el ingreso, la manipulación y la salida de contenedores sin que se activaran las alertas correspondientes. La causa examinó posibles colaboraciones en distintas etapas de la operación portuaria.

El Grupo Táctico Portuario se incorporará a la Operación Soberanía

El Ministerio de Seguridad Pública anunció el lunes la creación del Grupo Táctico Portuario, conocido como Grutap. La unidad se integrará a la Operación Soberanía, que está vigente desde 2023, con el objetivo de reforzar la vigilancia en las terminales.

Los funcionarios que formarán parte del grupo recibieron capacitación en Limón por instructores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La preparación se suma a las mejoras tecnológicas y a la experiencia acumulada por los cuerpos policiales en los controles portuarios.

El director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, indicó que la formación de los funcionarios busca fortalecer la probidad institucional. El jerarca mencionó como parte de ese objetivo los “activos estratégicos como las terminales portuarias”.

El viceministro de Seguridad, Gerardo Castaing, sostuvo que los cursos impartidos con apoyo del gobierno estadounidense son necesarios ante las redes que buscan exportar cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

Actualmente, no cumple una condena en una prisión convencional, porque su sentencia definitiva todavía no ha sido dictada. De acuerdo con información publicada, su audiencia ha sido aplazada en siete ocasiones y la próxima comparecencia está prevista para el 28 de octubre de 2026, cuando se revisarán los alcances de su cooperación con las autoridades.

De una prisión de Chicago a una ubicación reservada

La última ubicación penitenciaria conocida públicamente de Guzmán López fue el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Sin embargo, el 14 de julio de 2025 dejó de aparecer en el sistema del Buró Federal de Prisiones (BOP), apenas tres días después de su declaración de culpabilidad.

La desaparición del registro no significó que hubiera quedado en libertad. Reportes posteriores señalaron que había sido trasladado a una ubicación no revelada y que continuaba bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía contempla su cooperación con las autoridades. El Departamento de Justicia informó que Guzmán López se declaró culpable de dos cargos de conspiración para distribuir drogas y dos cargos relacionados con la dirección de una empresa criminal continua.

La cooperación es relevante porque puede influir en la recomendación de la fiscalía sobre su sentencia. La información disponible actualmente indica que el gobierno estadounidense todavía debe informar a la jueza Sharon Johnson Coleman sobre el nivel de asistencia que Guzmán López ha proporcionado y si solicitará una reducción de su eventual condena.

¿Por qué las autoridades no revelan dónde está?

La explicación está relacionada con la naturaleza de la custodia especial y las medidas de seguridad aplicadas a personas que colaboran con las autoridades estadounidenses.

El propio Departamento de Justicia establece, en sus lineamientos sobre protección de testigos, que la información relacionada con una persona protegida debe manejarse bajo criterios estrictos de confidencialidad. Incluso señala que el área de reubicación de un testigo debe ser conocida únicamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) y no debe hacerse pública.

En el caso de Guzmán López, medios mexicanos reportaron desde 2024 que su expediente había adquirido características reservadas y que una fuente de la DEA lo identificaba como colaborador bajo custodia del US Marshals Service. Sin embargo, las autoridades no han hecho pública una confirmación oficial de que forme parte formal del Programa de Protección de Testigos, por lo que esa condición debe tratarse como una versión atribuida y no como un hecho judicial plenamente confirmado.

Lo que sí está confirmado es que no está libre y que continúa bajo custodia estadounidense. En 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, también señaló que Guzmán seguía detenido en Estados Unidos y que su acuerdo de cooperación no implicaba una liberación automática.

La reserva sobre su paradero también permite proteger cualquier investigación en curso y reducir los riesgos derivados de la información que pueda proporcionar. El Departamento de Justicia estadounidense establece precisamente que los asuntos relacionados con testigos protegidos deben manejarse bajo criterios de “necesidad de conocer” y que determinados documentos y procedimientos pueden mantenerse bajo sello.

Por ahora, el misterio sobre el lugar exacto donde se encuentra Ovidio Guzmán permanece sin resolver públicamente. Su situación jurídica tampoco ha concluido: sigue bajo custodia, continúa cooperando con las autoridades y espera una nueva audiencia en octubre, mientras la jueza determina cómo esa colaboración podría repercutir en la sentencia que eventualmente reciba.

Así, tres años después de aquella discreta extradición desde México, el hijo de “El Chapo” se encuentra fuera del sistema penitenciario público, pero no fuera del alcance de la justicia estadounidense.

Desde el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, se refirieron a la postura de la Casa Blanca. María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Washington, señaló que la decisión del presidente Donald Trump obedeció a las medidas que se efectuaron durante la administración de su antecesor Gustavo Petro.

“La determinación presidencial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses. El resultado de dicha determinación es un claro reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, indicó la delegada colombiana en el país norteamericano, agregando que el documento evalúa el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Sin embargo, enfatizó en que, desde la llegada de De la Espriella, ha adoptado medidas concretas y decisivas para mejorar la seguridad, fortalecer la autoridad estatal y enfrentar al narcotráfico y crimen transnacional organizado.

En su pronunciamiento, la embajadora detalló las acciones impulsadas por el Ejecutivo como la intensificación de operaciones policiales y militares, capturas, incautaciones, sometimientos, extradiciones, así como estrategias de erradicación focalizadas y programas piloto contra cultivos ilícitos.

“En este periodo, la fuerza pública realizó 17.147 capturas, incautó 75.613 kilogramos de estupefacientes, registró 463 sometimientos a la justicia y aprobó 73 extradiciones. El gobierno ha dispuesto una estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, con intervención focalizada en zonas estratégicas y mediante programas piloto”, destacó.

De igual manera, la cartera diplomática recordó que la nueva visión del Gobierno colombiano frente a la lucha contra el narcotráfico fue expuesta durante el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio.

“Los acuerdos alcanzados en Barranquilla trazan una hoja de ruta clara. Colombia continuará fortaleciendo sus capacidades, profundizando la cooperación con Estados Unidos y avanzando hacia resultados concretos y verificables. Menos cultivos ilícitos, más incautaciones, destrucción de infraestructura criminal, desarticulación de organizaciones narcoterroristas y la recuperación del control efectivo del Estado en los territorios”, apuntó.

Por último, la embajada sostuvo que el nuevo Gobierno intensificará sus operaciones contra las organizaciones criminales, con el propósito de combatir a las estructuras criminales. “Colombia y los Estados Unidos abren así una nueva etapa de cooperación, sustentada en una visión compartida de las amenazas y en la determinación de enfrentarlas conjuntamente”, puntualizó.

Detalles de la descertificación

El Gobierno de los Estados Unidos señaló que Colombia se mantiene como país descertificado por considerar que falló de forma demostrable en sus compromisos antidrogas durante los últimos 12 meses.

La decisión fue comunicada en la determinación presidencial para el año fiscal 2027, presentada ante el Congreso estadounidense. La medida se adoptó bajo la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003, que obliga al presidente de Estados Unidos a establecer qué naciones tienen una relevancia sustancial como países de tránsito o productores de sustancias ilícitas. La determinación también alude a los controles de drogas establecidos en el artículo 22 del Código de los Estados Unidos.

La Casa Blanca concentró su evaluación en las decisiones tomadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien dejó el cargo el 7 de agosto, tras concluir su período constitucional. Su administración ya había recibido la descertificación en septiembre de 2025, entre otros motivos, por el desmantelamiento de la erradicación manual forzada.

En el documento, el Gobierno de EE. UU. sostuvo que el aumento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína ocurrió bajo las políticas de Petro. El presidente estadounidense Donald Trump atribuyó la continuidad de la sanción “únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda”, que gobernó durante la mayor parte del período analizado.

El documento de la Casa Blanca valoró la elección de De la Espriella y su propósito de encabezar una ofensiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que, según la declaración, llegaron a niveles récord durante la administración anterior. “El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, afirmó el texto presidencial.

No obstante, Trump señaló que podría levantar la condición de “fracaso demostrable” si Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación de la coca y el desmantelamiento de las redes narcoterroristas.

La administración estadounidense señaló que Colombia podría recuperar su condición de socio de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio. La declaración incluyó un reconocimiento a las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales colombianos.

La clasificación alcanza a 23 países identificados como rutas principales del narcotráfico o grandes productores de drogas ilícitas. Además de Colombia, figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua y Pakistán.

La Policía Bonaerense arrestó este miércoles por la mañana en la Villa 31 a Juan Ramón Ortigoza, alias “El Groso”, un histórico del negocio de la droga en Retiro. La Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la fuerza provincial lo encontró en medio de siete allanamientos en la zona.

Otros tres sospechosos cayeron junto a él. Entre ellos, dos mujeres, acusadas de manejar su logística y la venta de tusi. Les encontraron marihuana, cocaína, ocho armas de fuego, incluyendo una pistola Glock calibre .40 y una Bersa 9 milímetros.

¿Qué hace la Bonaerense en la Villa 31? Ortigoza, nacido en Paraguay, ciertamente volvió al barrio, tras supuestamente pisar fuerte en territorio provincial. La causa, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, con el magistrado Juan Martín Culotta, incluyó otras diez redadas en Malvinas Argentinas y Merlo comisionadas a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. La Bersa 9 milímetros, precisamente, fue denunciada como hurtada en Malvinas Argentinas en marzo de este año.

“El Groso” había sido detenido por la Federal en julio de 2019, siete años atrás. Para ese entonces, se había convertido en un habilidoso del mundo transa, un jugador de poder dentro de la banda de “Los Sampedranos”, la vieja estructura dealer paraguaya de Retiro, llamada así porque sus miembros venían de San Pedro, Paraguay, una banda difícil de erradicar, que manejó corralones ilegales y resistió a tiros los allanamientos de fuerzas federales como Gendarmería. En aquel entonces, según la acusación de su contra, “El Groso” ganaba, y ganaba mucho.

Ortigoza cayó poco antes del amanecer en un primer piso de la manzana 100 al que llegaron tras subir por una escalera caracol. Tenía tres celulares, 35 mil pesos, lo acompañaba una joven de 20 años. Hubo 17 detenidos en el operativo, tras 390 días de investigación de la Fiscalía Federal Nº1, a cargo del secretario Javier D’Elio.

Incautaron dos kilos y medio de pasta base,12 kilos de marihuana infectada de hongos, 400 mil pesos, un millón y medio de guaraníes, un chaleco antibalas, tres pistolas, nueve vehículos, entre ellos dos camionetas, una Ford Ranger y una Toyota Hilux.

Las pruebas en aquel entonces apuntaron a la facturación de la banda de “El Groso”. Fuentes en Comodoro Py estimaban $3 millones por semana, moneda argentina. Siete años después, suena a poca cosa. El día que Ortigoza cayó, el dólar blue costa $45,90. El total: poco más de 65 mil dólares.

Ahora, tras su nuevo arresto, se espera su traslado a Tres de Febrero, para que enfrente en una nueva indagatoria a la Justicia federal.

Más de 20 kilos de cocaína fueron secuestrados en un control vial en Entre Ríos, en un procedimiento realizado en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, ubicado en el norte de la provincia. La intervención derivó en la detención de cinco hombres, la incautación de dos vehículos y el secuestro de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El operativo se desarrolló durante los controles vehiculares de rutina realizados por la Policía de Entre Ríos en el puesto caminero de Paso Telégrafo. En una primera instancia, los agentes detuvieron un Fiat Siena rojo en el que viajaban cuatro hombres mayores de edad.

Según informó el portal Ahora El Día, el cargamento estaba oculto en un Volkswagen Bora gris que circulaba de norte a sur y fue inspeccionado tras la reacción de una perra entrenada para detectar narcóticos. La sustancia fue hallada en distintos sectores del automóvil, incluidas sus puertas y compartimentos bajo el capot.

Mientras los efectivos trabajaban sobre ese automóvil, detectaron la circulación de un segundo vehículo que avanzaba detrás de él en la misma dirección. Se trataba de un Volkswagen Bora gris, conducido por un hombre con domicilio en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

La proximidad entre ambos rodados y las tareas efectuadas en el lugar llevaron a los investigadores a considerar que sus ocupantes podían mantener una vinculación.

La inspección del Bora contó con la participación de la División Canes. Durante la revisión externa, la perra detectora de narcóticos Lila marcó la puerta trasera izquierda del vehículo, una señal que llevó a los uniformados a ampliar el control.

Tras esa reacción, la Policía comunicó lo ocurrido al Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos. En el expediente también intervino la secretaria Silvia González, según la información oficial del procedimiento.

La Justicia ordenó la convocatoria de personal especializado de la División Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz. Con testigos civiles presentes, los agentes realizaron una requisa detallada del automóvil para verificar la existencia de sustancias prohibidas.

La revisión permitió localizar 20 paquetes compactos envueltos en film azul. Los envoltorios estaban distribuidos en espacios de las puertas del Bora y en sectores ubicados debajo del capot, de acuerdo con el reporte de la fuerza provincial.

Los análisis preliminares realizados en el lugar determinaron que el material encontrado correspondía a clorhidrato de cocaína. El pesaje posterior estableció un total de 20 kilos con 720 gramos de esa sustancia.

Por disposición del juzgado interviniente, los cuatro ocupantes del Fiat Siena y el conductor del Volkswagen Bora quedaron detenidos e incomunicados. Hasta el momento, no se informaron sus identidades ni se difundieron detalles sobre una eventual imputación formal.

La investigación deberá definir si los hombres actuaban bajo una misma organización o si mantenían otro tipo de relación vinculada al transporte de la droga. La hipótesis de una coordinación entre ambos vehículos surge de las tareas desarrolladas durante el control, según informó la Policía.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, con suspensión de la inviolabilidad de domicilio. Además, estableció un toque de queda nocturno entre el 17 y el 30 de septiembre en cuatro provincias de la costa.

La medida abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, el estado de emergencia también alcanza a los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar, y La Maná, en Cotopaxi.

El decreto ejecutivo entró en vigor el martes y Noboa justificó la decisión por una “grave conmoción interna” atribuida a la actividad de estructuras de crimen organizado. Con la suspensión de la inviolabilidad de domicilio, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

El toque de queda regirá entre las 00:00 y las 05:00 en Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí.

El Ejecutivo basó la disposición en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía y las Fuerzas Armadas. Esos documentos señalan que los grupos criminales presentes en las zonas incluidas en el decreto “diversifican sus fuentes de financiamiento” a través de distintas economías ilícitas, lo que les permite “mantener una alta capacidad de adaptación” frente a las acciones policiales ordinarias.

“A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad”, escribió el viernes pasado el ministro del Interior, John Reimberg.

El nuevo toque de queda dispuesto por el Gobierno ecuatoriano será el tercero de 2026, tras una restricción nocturna aplicada en mayo que terminó con 5.023 personas aprehendidas en nueve provincias y parte de Pichincha.

La medida anterior rigió entre el 3 y el 18 de mayo, durante 15 días, con prohibición de circulación desde las 23:00 hasta las 05:00. Alcanzó a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos y sectores de Pichincha. El Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades estatales, informó que 717 de los aprehendidos, equivalentes al 14,3%, tenían presuntos vínculos con estructuras criminales. Las restantes 4.306 personas, el 85,7% del total, quedaron bajo arresto por incumplir la restricción de movilidad o por otros delitos sin una relación directa con grupos delictivos organizados.

El Gobierno identificó las provincias y los cantones alcanzados por aquella disposición como zonas de alto riesgo. Las autoridades atribuyeron la aplicación de la medida a una escalada de violencia relacionada con el narcotráfico y las disputas territoriales entre organizaciones criminales.

El primer toque de queda de 2026 se aplicó durante la segunda mitad de marzo en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador permanece desde 2024 bajo una declaratoria de “conflicto armado interno”, con la que Noboa intensificó la ofensiva contra las bandas criminales, a las que calificó como organizaciones terroristas. Pese a esas medidas, el país cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, una cifra récord, según datos del Ministerio del Interior. En 2025, Ecuador registró una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, equivalente a un asesinato por hora, de acuerdo con la organización Insight Crime.

(Con información de EFE)

Suecia afrontaba unas nuevas elecciones con la seguridad como un eje central de la campaña. Según la encuesta de la firma Novus, que elabora el índice “Los temas más importantes para los votantes”, la ley y el orden y la delincuencia es la mayor preocupación. En la mayoría de países de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. Sin embargo, en la nación nórdica han sido los socialdemócratas los que han endurecido su postura y logrado la victoria en los comicios.

El resultado dejó a la formación de Magdalena Andersson como la más votada. Los datos preliminares otorgaban al bloque de centroizquierda 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 de la coalición de derechas del primer ministro Ulf Kristersson. La disputa electoral transcurrió después de años de debate sobre los tiroteos, la presencia de bandas en zonas urbanas y la captación de menores por parte de redes delictivas. Los socialdemócratas buscaron responder a ese escenario con un programa que combinó sanciones más duras, nuevas facultades para el Estado y medidas de prevención.

El 31 de agosto, Andersson y la responsable de política judicial del partido, Teresa Carvalho, presentaron una ofensiva contra el crimen organizado con siete propuestas. El plan incluyó una ley contra la mafia, mayores penas para delitos económicos graves, confiscación de activos y un programa nacional destinado a familias que viven en contextos de riesgo. “Usaremos toda la fuerza de la sociedad contra las bandas que están destruyendo Suecia”, afirmó Andersson al anunciar la iniciativa. La dirigente sostuvo que la respuesta debía alcanzar a los jefes de las organizaciones, sus fuentes de financiación y los mecanismos con los que incorporan a niños y adolescentes.

Una ley para perseguir a los jefes de las bandas

La primera medida planteó la creación de una ley sueca contra la mafia. La norma buscaría establecer responsabilidad penal colectiva para integrantes de estructuras criminales y ampliar el uso de testigos de la fiscalía en las investigaciones. El programa también propuso extender las posibilidades de aplicar medidas restrictivas sobre delincuentes vinculados con bandas. La formación no detalló en el comunicado cuáles serían esas medidas, pero las presentó como parte de una estrategia para limitar la capacidad operativa de los grupos criminales. También anunciaron la ampliación hasta los menores de al menos 14 años de las penas por delitos de sangre.

Carvalho definió el problema en términos institucionales. “El crimen organizado es el enemigo del Estado sueco y del pueblo sueco”, afirmó. La dirigente añadió que el partido aspiraba a elevar “de forma drástica” la presión sobre una delincuencia que, según sostuvo, amenaza al sistema. La economía ilegal ocupó otro lugar en el paquete. Los socialdemócratas propusieron elevar las penas y reforzar la Autoridad contra los Delitos Económicos. El objetivo era convertirla en una Autoridad contra el Crimen Organizado, denominada MOB. La propuesta incluyó el decomiso de los bienes de delincuentes y la creación de un fondo de confiscación. Esos recursos se destinarán a barrios afectados por la criminalidad y a iniciativas que refuercen la seguridad.

Cortar el reclutamiento de adolescentes

El programa dedicó dos de sus siete puntos a prevenir la incorporación de menores a las bandas. Los socialdemócratas plantearon detectar a jóvenes que se aproximen a entornos delictivos y asignarles un acompañante. El anuncio también contempló también el uso de vigilancia electrónica en los casos que las autoridades consideren necesarios. La segunda iniciativa de prevención prevé un programa nacional para familias en situación de riesgo. La medida apunta a niños y adolescentes que crecen en hogares con antecedentes penales o en circunstancias complejas.

La agenda de seguridad permitió a los socialdemócratas disputar un tema que suele favorecer a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa. En Suecia, la formación de Andersson colocó la lucha contra las bandas entre sus prioridades electorales sin renunciar a medidas de intervención social sobre los menores y sus familias. Un resultado inusual en los últimos años.

Un operativo de control en el acceso al salón de visitas del Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer permitió detectar envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana ocultos dentro de unas zapatillas. El hallazgo fue realizado por agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba durante la revisión de personas que buscaban ingresar al establecimiento.

La intervención se activó a partir de los controles efectuados con escáneres en uno de los sectores de ingreso. El equipamiento permitió identificar elementos escondidos en el calzado antes de que las personas alcanzaran el área destinada a las visitas, según la información oficial difundida sobre el procedimiento. A partir de esa detección, los agentes revisaron el calzado y encontraron 11 paquetes ocultos en su interior.

Tras el descubrimiento y según informó el portal El Doce.tv, los envoltorios fueron secuestrados y se dio aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba. También fue informado el oficial de servicio, que quedó a cargo de continuar con las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan.

El Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer concentra actividades penitenciarias y recibe visitas de personas vinculadas con internos alojados allí. Por ese motivo, los controles en los ingresos incluyen dispositivos de revisión destinados a detectar objetos o sustancias que no pueden ingresar a la unidad.

Hace unos meses y en un caso con similares características, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia en el mercado de La Merced durante el operativo “Cero Pirotecnia”, implementado con motivo de los festejos patrios. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) participaron en el dispositivo, realizado en las naves mayor y menor del mercado, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El decomiso se dio en el marco de las actividades por el 216° Aniversario del Grito de Independencia. El operativo buscó contribuir a la seguridad y el bienestar de las y los capitalinos durante los festejos patrios, según informó un comunicado conjunto de ambas dependencias.

Personal de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM) Fuerza de Tarea, adscrita a la SSC, coordinó las acciones con la SGIRPC. Los oficiales realizaron recorridos de supervisión tanto al interior como al exterior de los comercios del mercado, con el objetivo de detectar y retirar los artefactos pirotécnicos que representaban un riesgo.

Según datos compartidos la tarde de este 15 de septiembre, durante los recorridos, el personal de ambas instituciones estableció pláticas con la ciudadanía para concientizar sobre los riesgos relacionados con el uso y la comercialización de pirotecnia. Las autoridades explicaron que estos artefactos pueden generar distintos tipos de accidentes entre la población.

La zona de La Merced concentra uno de los mercados más grandes de la capital, con una tradición histórica de comercio de productos diversos, entre ellos pirotecnia, pese a las restricciones vigentes.

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Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

/mexico/2026/09/15/centro-de-derechos-humanos-fray-bartolome-exige-a-gobierno-de-chiapas-reconocer-a-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-chiapas/

El Cártel Arellano Félix —también conocido como el Cártel de Tijuana o CAF— opera desde hace décadas en la franja fronteriza de Baja California, con Tijuana como su plaza histórica y estratégica para el tráfico de drogas hacia el sur de California.

La organización, fundada por los hermanos Arellano Félix a finales de los años ochenta tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara, consolidó su poder mediante el control de rutas de cocaína, marihuana y heroína, y en su etapa de mayor expansión tejió alianzas en Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca.

/mexico/2026/09/15/del-control-fronterizo-a-las-alianzas-el-territorio-actual-del-cartel-arellano-felix/

Culiacán volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre con un festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, después de dos años en los que la ceremonia masiva fue suspendida por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El programa en la capital sinaloense comenzará por la tarde con actividades musicales y culturales, mientras que la ceremonia protocolaria está prevista para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. El gobierno estatal también habilitó transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.

/mexico/2026/09/15/culiacan-y-otros-municipios-retoman-el-grito-tras-dos-anos-de-violencia-entre-los-chapitos-y-la-mayiza-en-sinaloa/

Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

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El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

/mexico/2026/09/15/previo-al-grito-de-independencia-asesinaron-a-dos-integrantes-de-famosa-banda-del-regional-mexicano-en-guanajuato/

La Secretaría de Marina (Semar) incrementó un 47.2% los aseguramientos de cocaína en sus operaciones marítimas durante 2026, asestando más golpes en contra de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

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Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

/mexico/2026/09/15/reportan-atentado-en-contra-de-alcaldesa-de-tecamac-y-su-jefe-de-gabinete/

La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

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México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

/mexico/2026/09/15/mexico-autoriza-entrada-de-139-militares-de-eeuu-armados-para-entrenamiento-conjunto-en-chihuahua/

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

/mexico/2026/09/15/experto-cuestiona-falta-de-protocolos-en-evento-de-cuautla-donde-fue-asesinada-claudia-tacoronte-es-un-territorio-asediado-por-el-crimen/

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

/mexico/2026/09/15/ocultos-entre-cajas-de-fertilizante-asi-hallaron-autoridades-217-litros-de-metanfetamina-en-la-paz-bc/

Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 14 de septiembre de 2026 frente a su domicilio en la colonia Centro de Escuinapa, Sinaloa, cuando presuntamente volvía tras dejar a su hija en la escuela. Su muerte elevó a 16 el número de mujeres asesinadas en el municipio desde junio y a seis los casos registrados durante septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional. Personas que transitaban por el sitio alertaron a la Policía Municipal tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

/mexico/2026/09/15/sara-dejo-a-su-hijo-en-la-escuela-y-fue-acribillada-en-sinaloa-era-maestra-de-kinder/

Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

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Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

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Tres años han pasado desde la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, mismo que permanece bajo custodia federal sin una sentencia definitiva. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en 2025, pero la audiencia clave de su caso se ha pospuesto en siete ocasiones.

El traslado se produjo el 15 de septiembre de 2023, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizara su entrega un día antes. Desde entonces, Guzmán López coopera con la justicia estadounidense en el marco de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.

Cómo fue la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, había sido capturado el 5 de enero de 2023 por el Ejército y la Guardia Nacional en un operativo en la localidad de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. Tras su detención, fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Después, fue ingresado al penal federal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

Ovidio Guzmán López no está pagando condena en una prisión estadounidense porque su proceso judicial aún no concluye. El líder de Los Chapitos se declaró culpable de narcotráfico en 2025, pero la sentencia definitiva sigue pendiente y su audiencia se pospuso siete veces, con la próxima fecha fijada para el 28 de octubre de 2026.

El 14 de septiembre de 2023, la SRE autorizó la entrega de Guzmán López a Estados Unidos. A la mañana siguiente, las autoridades federales implementaron un operativo que el gobierno mexicano no informó oficialmente en su momento.

En esa operación discreta, Guzmán López fue sacado en helicóptero del penal del Altiplano y llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a Interpol, lo entregaron a las autoridades estadounidenses, quienes lo trasladaron a la ciudad de Chicago.

Situación judicial y acuerdo de culpabilidad

Al llegar a Estados Unidos, Guzmán López quedó detenido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP), con el número de registro 72884-748. Ese esquema, sin embargo, se modificó en dos ocasiones.

El 23 de julio de 2024, dos días antes de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el registro del BOP dejó de mostrar a Guzmán López bajo su custodia. El hijo de “El Chapo” fue dado de alta en el programa de testigos protegidos, bajo resguardo del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals). El hijo de ‘El Chapo’ fue dado de alta en el programa de testigos protegidos, bajo resguardo del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals).

Guzmán López fue reingresado posteriormente al MCC de Chicago para su proceso judicial. El 11 de julio de 2025, se presentó ante el tribunal con uniforme carcelario naranja y cadenas en los tobillos, custodiado por seis elementos del Servicio de Marshals. Ese día admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros.

Ese día admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros.

Los cargos que aceptó incluyen dos conteos de conspiración de narcóticos y dos conteos de dirigir una empresa criminal continua, delito cuya pena contempla desde diez años hasta cadena perpetua, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad también lo obliga a cooperar con la fiscalía cuando le sea requerido.

Tres días después de declararse culpable, el 14 de julio de 2025, Guzmán López volvió a salir del registro público del BOP; desde entonces permanece bajo custodia en una ubicación que se mantiene reservada, dentro de un programa de protección para testigos colaboradores administrado por la oficina de alguaciles federales.

La sentencia que se pospuso siete veces

La audiencia de sentencia de Guzmán López ha sido postergada en siete ocasiones desde que se declaró culpable en julio de 2025. La jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, fijó el 28 de octubre de 2026 a la 1:30 p. m. como la próxima comparecencia, según registros judiciales.

Esa audiencia, sin embargo, no será la de sentencia definitiva. Se trata de una comparecencia intermedia en la que el Departamento de Justicia informará a la jueza Coleman si mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, con base en el nivel de cooperación que Guzmán López haya brindado. En esa misma fecha se establecería cuándo se dictará la sentencia definitiva.

El aplazamiento reiterado del proceso mantiene sin resolver el destino final del hijo de El Chapo, mientras continúa bajo custodia a la espera de que se determine el alcance de su colaboración con la justicia de Estados Unidos.

Pendientes con la justicia mexicana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en julio de 2025 que Guzmán López “no está libre” y permanece bajo custodia. “Sigue bajo custodia y en prisión. Fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo el tratado de extradición”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

García Harfuch explicó que el caso forma parte de un proceso de extradición y que, hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las condiciones de reclusión de Guzmán López en territorio estadounidense.

El funcionario también señaló que Guzmán López tiene pendientes con la justicia mexicana. “Los delitos por los que se extradita son aquellos cometidos en Estados Unidos o que afectan directamente a ese país. Eso no significa que no enfrenten cargos en México. Ovidio tiene una orden de aprehensión aquí, al igual que otros objetivos prioritarios”, indicó.

Según explicó García Harfuch, para que Guzmán López pueda ser juzgado en territorio nacional será necesario que el gobierno federal solicite su repatriación una vez que concluya el juicio en Estados Unidos.

“No está libre. En ningún momento se ha planteado su liberación. Si se acogió a un criterio de oportunidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso no implica que vaya a quedar libre, ni que existan indicios de que será liberado pronto”, agregó.

Los Chapitos que siguen prófugos

Mientras Guzmán López coopera con la justicia estadounidense, otros líderes de Los Chapitos permanecen prófugos. Los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de El Chapo, junto con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” e hijo de “El Mayo” Zambada, siguen al frente de las dos facciones que sostienen el conflicto interno del Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024.

El 6 de abril de 2026 la jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para reasignar los expedientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva los casos de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López.

El Departamento de Justicia ofrece recompensas de hasta diez millones de dólares por información que lleve a la captura de cada uno de los hermanos Guzmán Salazar. Ambos permanecen sin custodia y con órdenes de arresto vigentes en los distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York.

Según su relato, el caos en su vivienda comenzó cuando Matías, uno de sus hijos mayores, llegó corriendo a toda velocidad. “Viene mi hijo Matías, se mete para adentro y me dice ‘me pegaron mami’. Estaba todo lastimado. Y empiezan a correr a todos, siento los tiros y se cae mi hijo chiquito -Leonel- en el piso”, precisó María en diálogo con Canal 9 Televida.

Con evidente angustia, María explicó que, luego de la balacera, los tiradores huyeron del lugar y no pudo reconocer a ninguno de ellos. “Ni los ví yo. Estaba la cortina y empezaron a disparar para adentro, a lo ciego”, puntualizó.

Pero el brutal ataque que derivó en la trágica muerte del pequeño Leonel tenía un antecedente muy reciente: María contó que ese mismo mediodía un grupo de personas irrumpió en su casa y luego intentaron incendiarla.

“Tiraron nafta, vino uno con un encendedor y prendió fuego la ventana. Y ahí adentro justo estaba durmiendo mi nieto. Mi nuera se rescató de que estaba el nenito ahí adentro y lo sacó cuando ya adentro ya estaba lleno de humo”, dijo con cierto alivio.

Según su relato, el desencadenante de este conflicto habría sido el robo que sufrió una chica, cuyos familiares aseguran que el autor fue uno de los hermanos del pequeño Leonel. “El papá de la piba esa que le robaron empezó a tirar tiros contra mi casa”, subrayó.

El caso

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el crimen de Leonel Santino Ortiz ocurrió este lunes alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del barrio Villa Jardín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz, la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

A media mañana de este martes, detuvieron a uno de los dos presuntos autores del crimen. La investigación quedó en manos del fiscal Oscar Malla, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar al sospechoso que continúa prófugo.

La Justicia de Mendoza imputó al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un presunto tiroteo entre bandas en el asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras.

Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien quedó formalmente acusado de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

Cabrera Ramírez fue arrestado este mismo martes en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos, en el marco de una causa a cargo del fiscal Oscar Malla.

El crimen ocurrió anoche. Según precisaron fuentes policiales a este medio, las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido alrededor de las 21.16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de Villa Junín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a la víctima.

El menor fue trasladado en un auto particular al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos médicos, la importante pérdida de sangre provocada por el disparo le causó un shock hipovolémico y murió.

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?”, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió este lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó.

La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, tras un alertamiento proveniente de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un embarque de café tostado y molido contaminado con presunta cocaína base. El cargamento, que realizaba un tránsito internacional, quedó bajo resguardo de las autoridades tras ser identificado mediante binomios caninos. La carga venía de Bogotá y tenía como destino final España.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que ambas instituciones implementan para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior en la terminal aérea capitalina.

Cómo se detectó la droga en el embarque de café

Las autoridades recibieron una alerta proveniente de la Defensa, por lo que se realizaron labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos durante el paso del cargamento por el AICM. Se trataba de un embarque declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas.

Marina y Aduanas hallaron que el producto, declarado en tránsito internacional, estaba contaminado con presunta cocaína base. El peso de la sustancia ilícita ascendió a aproximadamente mil 77 kilos, ocultos dentro de una mercancía de apariencia lícita.

Las diligencias realizadas permitieron determinar que la contaminación afectaba la totalidad del embarque, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de aseguramiento correspondientes sobre el volumen completo de la carga.

El proceso legal tras el aseguramiento

El cargamento, proveniente de Bogotá, quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM. A partir de ese momento, se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia hallada entre las bolsas de café.

Las autoridades procedieron con el aseguramiento, la seguridad y el control sobre la totalidad del embarque. El siguiente paso del proceso consiste en la obtención del dictamen técnico definitivo, que confirmará de manera oficial la composición de la sustancia detectada.

Una vez concluido ese dictamen, el cargamento será puesto a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes sobre el caso.

Una tonelada de droga bajo control antes de salir del país

La actuación conjunta entre Marina y Aduanas permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía contaminada. De acuerdo con lo informado, esta intervención impidió previamente la salida del país del cargamento, ya que tenía como último destino España.

El operativo constituye, según se indicó, un resultado relevante en materia de seguridad nacional y combate al tráfico internacional de drogas. Las autoridades señalaron que el caso evidencia una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita utilizada para el traslado transnacional de sustancias ilícitas.

Cooperación entre instituciones de seguridad

El operativo se enmarca en el trabajo conjunto que realizan distintas dependencias del Gobierno mexicano. Además de Marina y Aduanas, participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con lo informado, estas acciones robustecen la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia orientados a la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones permanentes destinadas a contribuir a la seguridad nacional y a combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

Qué es la cocaína base

La cocaína base, también llamada base libre, es una de las tres formas principales en que se presenta esta droga, junto con el clorhidrato y la pasta base. Se trata de un sólido ceroso de color blanco, amarillento o grisáceo, según describe el informe sobre cocaína, crac y base libre del Plan Nacional sobre Drogas de España.

A diferencia del clorhidrato de cocaína, el polvo blanco más común, la base libre puede fumarse, ya que no se descompone con el calor. No es soluble en agua, por lo que no puede inyectarse. Cuando se combina con bicarbonato de sodio o amoníaco, se convierte en lo que comúnmente se conoce como crack.

Diferencia con otras formas de cocaína

El proceso de producción de la cocaína parte de la hoja de coca y avanza en etapas sucesivas de refinamiento. Primero se obtiene la pasta base, un producto intermedio cargado de solventes como queroseno, ácido sulfúrico y amoníaco. A partir de esa pasta se elabora el clorhidrato de cocaína, la forma refinada y soluble en agua que se consume por vía nasal o intravenosa. Recién en una etapa posterior, a partir del clorhidrato ya procesado, se obtiene la cocaína base o base libre, que es la sustancia identificada en el cargamento del AICM.

Los niveles de pureza de la cocaína base varían según el tamaño de la muestra analizada, de acuerdo con datos sobre la composición química de la droga. En términos generales, las muestras de mayor volumen tienden a conservar un porcentaje de pureza más alto que las presentaciones fraccionadas destinadas al consumo final, donde la sustancia suele diluirse por los procesos de corte y distribución.

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La determinación se dio en una audiencia privada, donde también se le impuso prisión preventiva oficiosa.

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas. Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Alexis Jesús “N” formaba parte del grupo de mensajería desde donde se orquestó el atentado contra Manzo.

Qué determinó el juez sobre El Brilloso

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, conocido como “El Brilloso”, tras considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan. Le dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía de Michoacán continuará reuniendo elementos para sostener la acusación.

Mientras dure ese periodo, el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, con sede en Charo, Michoacán. La resolución judicial se dictó en audiencia privada, según se informó.

El presunto rol en el atentado contra Manzo

La FGE de Michoacán vincula a “El Brilloso” con el grupo de mensajería de la aplicación Threema desde donde, según la investigación, se planeó el ataque contra el exalcalde de Uruapan. Las autoridades sostienen que, tras la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, Alexis Jesús “N” habría asumido el control de esa célula.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fungió como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que “a él se le cumplimentó la orden de aprehensión como tal por su participación activa en lo que fue la planeación del homicidio del alcalde Carlos Manzo”.

El operativo de detención

La orden de aprehensión contra Alexis Jesús “N” se cumplimentó en el municipio de Zapopan, Jalisco. El operativo se realizó en coordinación entre autoridades estatales y federales, según se informó a través de un comunicado oficial.

Las autoridades lo señalaron como investigado por su probable participación en el homicidio de Manzo desde el momento de su captura. Con la vinculación a proceso, ahora deberá responder formalmente ante la justicia por los delitos que se le imputan.

El vínculo familiar con otro detenido

Alexis Jesús “N” es señalado, además, como hermano de Cristian Martín, alias “El Vikingo”, otra persona relacionada con la causa por el asesinato del exalcalde de Uruapan. El parentesco fue consignado por la Fiscalía como parte del expediente del caso.

Esta relación familiar se suma a los elementos que las autoridades han presentado para sostener la estructura del grupo criminal que, según la investigación, operó bajo el mando de “El Licenciado” antes de su detención.

El lugar que ocupa en la causa por el caso Manzo

Con la resolución judicial de este martes, Alexis Jesús “N” se convirtió en el último detenido relacionado con el homicidio de Carlos Manzo en enfrentar formalmente un proceso penal. El caso ha derivado en la detención de varias personas señaladas como integrantes de la célula del CJNG presuntamente responsable del atentado.

La investigación complementaria, con un plazo de dos meses, continuará bajo la conducción de la Fiscalía de Michoacán, que deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación formal contra el imputado antes de que se defina la siguiente etapa del proceso.

El homicidio de Carlos Manzo: antecedentes del caso

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, al término del Festival de las Velas por el Día de Muertos en la plaza principal del municipio. El edil, de 40 años, cargaba a su hijo minutos antes de recibir el ataque por la espalda.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Manzo recibió múltiples impactos de bala alrededor de las 20:10 horas y falleció media hora después en el hospital Fray Juan de San Miguel. Uno de los agresores, un joven de entre 17 y 19 años sin identificación, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad.

Manzo había asumido el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras ganar las elecciones como candidato independiente con el 66% de los votos. Su administración se caracterizó por una postura de mano dura contra el crimen organizado, sin negociar con grupos delictivos que operan en la región.

Uruapan es uno de los principales municipios productores de aguacate y limón de México, sectores que enfrentan desde hace años extorsiones de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el arma utilizada en el ataque estaba vinculada a otros dos incidentes de violencia entre grupos delictivos en la región. También señaló que el homicidio fue planeado y coordinado a través de un grupo de mensajería.

El 19 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen y líder de la célula del CJNG que ejecutó el atentado. En agosto de 2026, la Fiscalía capturó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como el autor intelectual que ordenó y financió el ataque, lo que llevó el caso a su etapa judicial definitiva.

Harfuch explicó que el grupo criminal interpretó las acciones de Manzo contra sus operaciones de extorsión como una provocación, lo que derivó en la decisión de asesinarlo.

La Agencia Nacional para la Aplicación de la Ley Antidrogas de Nigeria (NDLEA) desmanteló otro laboratorio de metanfetamina a escala industrial y detalló cómo llegó hasta Arturo Carrera Loaiza, el ciudadano mexicano señalado como capo de la red, arrestado cuando intentaba huir del país por el aeropuerto de Lagos.

El presidente y director ejecutivo de la NDLEA, el brigadier general retirado Mohamed Buba Marwa, expuso el caso en una rueda de prensa realizada en Lagos el martes 15 de septiembre de 2026. Su intervención fue leída por el director de Medios y Promoción de la agencia, Femi Babafemi.

Tres operativos en cuatro meses

Marwa señaló que el arresto de Carrera Loaiza es resultado de meses de investigación sobre una red criminal detrás de una serie de laboratorios clandestinos hallados este año en distintas regiones de Nigeria.

El primero de esos hallazgos ocurrió el sábado 16 de mayo de 2026, cuando agentes de la NDLEA detuvieron a tres ciudadanos mexicanos y siete colaboradores nigerianos en un escondite forestal del estado de Ogun.

El segundo operativo se produjo el 17 de junio, con la detención de otro mexicano y cuatro colaboradores nigerianos en un laboratorio clandestino oculto en una zona boscosa de la aldea de Tapa, en el área de gobierno local de Ibarapa Norte, estado de Oyo. Las pruebas de campo confirmaron en ese sitio grandes cantidades de metanfetamina y precursores químicos.

El tercer episodio es el que llevó a la detención de Carrera Loaiza y al desmantelamiento del laboratorio de Ebonyi, que la agencia dio a conocer esta semana.

El rastro que llevó a Loaiza

La Unidad de Operaciones Especiales (SOU) de la NDLEA investigó el arresto del estado de Oyo y determinó que el detenido en ese operativo, José Villa Ochoa, mexicano de 56 años descrito como experto en metanfetaminas, había sido reclutado en Nigeria por Carrera Loaiza.

Con la colaboración de socios internacionales, los investigadores obtuvieron una fotografía de Carrera que Villa Ochoa identificó como la del hombre que lo reclutó y trasladó al país. La inteligencia de la agencia estableció además que Carrera había ingresado a Nigeria el 10 de junio de 2026 junto a otro ciudadano mexicano, José Ceballos Pérez.

El 19 de agosto de 2026, los agentes localizaron y arrestaron a Carrera cuando intentaba huir del país por el aeropuerto de Lagos. Durante el interrogatorio, según el relato de la NDLEA, el detenido afirmó haber sido invitado a Nigeria por un contacto identificado solo como “Henry”, bajo el pretexto de un negocio de restaurantes, y negó conocer la fabricación de metanfetaminas o tener relación con el laboratorio de la aldea de Tapa.

La agencia sostuvo que las pruebas recabadas revelaron una historia distinta: entre las pertenencias de Carrera, los investigadores recuperaron imágenes suyas vestido con una bata de laboratorio azul, rodeado de equipos propios de la producción de metanfetamina.

La propiedad de Ebonyi y las cámaras de seguridad

El análisis de los metadatos de ubicación incluidos en esas fotografías condujo a los agentes hasta una propiedad en construcción en Isiata Ugoni Okposi, estado de Ebonyi, vinculada a un hombre identificado como John Samuel Ivo Okike.

El 30 de agosto de 2026, los agentes se trasladaron a ese predio. Entrevistas con el ingeniero de obra y un cuidador del lugar revelaron la construcción de una estructura temporal sospechosa sobre la zona del tanque séptico, en la parte trasera del edificio, además de olores químicos persistentes que emanaban del sitio.

Una tarjeta de memoria de un sistema de circuito cerrado de televisión recuperada en la propiedad resultó determinante. El análisis forense de las grabaciones mostró a un extranjero con bata azul de laboratorio en las instalaciones, coincidente con la imagen de Carrera obtenida previamente, junto con apariciones repetidas de Okike.

Las grabaciones captaron, alrededor de las 21:00 horas del 21 de agosto de 2026, el traslado de productos químicos y equipos de laboratorio fuera de la propiedad, con Okike dirigiendo la operación junto a otras personas que colaboraron en el traslado.

El decomiso en la casa vecina

A partir de información de una fuente confidencial, los agentes rastrearon los materiales trasladados hasta una casa aislada en una comunidad vecina, bajo custodia de un hombre identificado como Nwanja Obasi. Un allanamiento en ese lugar permitió recuperar un alijo de químicos, equipos y utensilios vinculados a la producción de metanfetamina.

Entre lo decomisado figuró un deshidratador con un tamiz de tela blanca impregnado con metanfetamina suelta y tres deshidratadores vacíos adicionales. También se hallaron 442,8 kilogramos de acetona, 37,1 kilogramos de tolueno, una mezcla de 20 kilogramos de acetona y bromobenceno, 1,7 kilogramos de etanol, 5,1 kilogramos de sal de cloruro, 31,5 kilogramos de ácido clorhídrico, 200 kilogramos de P2B y un kilogramo de ácido tartárico.

El resto del equipo recuperado incluyó unidades de condensación, un cabezal condensador, un condensador, un reactor fabricado de forma artesanal, una bomba de acceso, básculas, mezcladoras, bidones, quemadores de gas, guantes y una bata de laboratorio azul idéntica a la hallada en la propiedad de Okike.

La NDLEA sostuvo que esta recuperación, sumada a las imágenes de las cámaras de seguridad, otras pruebas forenses y testimonios de testigos, reforzó el caso contra todas las personas vinculadas a la red.

La advertencia de la NDLEA a los cárteles

Marwa se refirió a la capacidad de la agencia para enfrentar a los cárteles transnacionales que buscan instalarse en el país, afirmando que “Nigeria nunca se convertirá en un refugio para cárteles transnacionales de la droga”.

“No permitiremos que Nigeria se convierta en un refugio para cárteles transnacionales de la droga que buscan trasladar sus laboratorios desde otras jurisdicciones a nuestros bosques y comunidades rurales”, agregó.

Además, dijo que la detención de Carrera y el desmantelamiento de las instalaciones de Ebonyi, poco después de las operaciones en Ogun y Oyo, demuestran que la inteligencia y las capacidades forenses de la agencia son suficientes para enfrentar a estas organizaciones.

El titular de la NDLEA felicitó a los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales, la Fuerza de Ataque, la Unidad Forense y los comandos estatales de Oyo, Ogun y Ebonyi por su desempeño en las tres operaciones. Prometió que la agencia seguirá investigando cada pista hasta llevar ante la justicia a toda la red, sus financiadores y sus cómplices locales.

La agencia reiteró su llamado a la ciudadanía, en particular a quienes viven en comunidades rurales y boscosas, para que informen sobre actividades sospechosas, olores químicos inusuales o estructuras desconocidas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes su decisión de reprogramar USD 52 millones en Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que estaban asignados a cuatro países de Europa y Medio Oriente para transferirlos a un bloque de naciones latinoamericanas alineadas con la Casa Blanca. El Departamento de Estado notificó formalmente al Congreso que los fondos, originalmente destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, se dirigirán a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

El FMF es un programa mediante el cual Washington entrega fondos a gobiernos extranjeros para que estos adquieran equipamiento militar de fabricantes estadounidenses. Un funcionario del Departamento de Estado explicó a EFE que la medida no elimina por completo la financiación para los cuatro países europeos y de Medio Oriente, aunque no precisó qué monto conservará cada uno tras el recorte.

La decisión llega días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, completara una gira por Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, en la que se reunió con los mandatarios de los tres países para reforzar la cooperación en seguridad. El viaje buscó consolidar un nuevo eje de cooperación militar en la región, con énfasis en el intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado justificó el recorte alegando que la distribución histórica del FMF no refleja las prioridades actuales de la Casa Blanca. Según explicó a EFE un representante de la cartera, el 80% de estos fondos se concentró en la última década en Medio Oriente, mientras el hemisferio occidental permaneció históricamente desatendido en materia de asistencia militar. Washington sostiene que los recursos servirán para combatir lo que denomina “narcoterrorismo” en la región y para reforzar la seguridad del Canal de Panamá, además de limitar el margen de maniobra de potencias como China en América Latina.

Los cuatro países beneficiados por el nuevo reparto se han incorporado en los últimos meses al mecanismo que Washington promueve bajo el nombre de Escudo de las Américas, una coalición liderada por Estados Unidos orientada a ejecutar operaciones conjuntas contra organizaciones de narcotráfico. Colombia se sumó bajo el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el 7 de agosto tras derrotar en segunda vuelta al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, poniendo fin a cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro. Perú se unió a la iniciativa este mes, apenas semanas después de que Keiko Fujimori jurara como presidenta el 28 de julio, tras imponerse por un margen ajustado sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, ya mantenía desde antes la cooperación más avanzada de la región, con operativos conjuntos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico ecuatoriano.

El realineamiento regional coincide con una reducción sostenida del compromiso militar estadounidense hacia Europa. Tanto Eslovaquia como Macedonia del Norte son miembros de la OTAN, y el recorte se produce en el contexto de las reiteradas críticas del presidente Donald Trump hacia los socios de la alianza atlántica por, a su juicio, no elevar suficientemente su gasto en defensa. AP señala que esta reprogramación es apenas la más reciente de una serie de medidas que han reducido fondos o desplegado menos tropas en territorio europeo desde el regreso de Trump al poder en 2025.

La magnitud de la amenaza que Washington invoca para justificar el giro tiene respaldo en cifras recientes sobre Colombia. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz estimó que las estructuras armadas y criminales del país sumaban en julio unos 28.802 integrantes, un incremento cercano al 90% respecto de 2022. Naciones Unidas, según la misma fuente, calcula en 261.000 las hectáreas de coca cultivadas en territorio colombiano, lo que mantiene al país como el mayor productor mundial de la hoja.

El propio Rubio ha buscado matizar el alcance de la cooperación militar prometida. Durante su parada en Lima, el secretario de Estado admitió ante la prensa que Washington cuenta con la capacidad de actuar unilateralmente, aunque insistió en que prefiere condicionar cualquier despliegue a la solicitud expresa de cada Gobierno aliado.

Frank Mahonri Cruz-Marentes, un ciudadano mexicano de 37 años extraditado de Perú a Estados Unidos en noviembre de 2025, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 72 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cruz-Marentes admitió este 14 de septiembre de 2026 su responsabilidad por las operaciones realizadas entre enero de 2019 y abril de 2021, mediante una red que recolectaba dinero de organizaciones de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses.

El caso es procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados, conforme al cargo de conspiración para el lavado de dinero.

Recorrían EU para recoger el dinero del narcotráfico

Según los registros judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Cruz-Marentes consiguió contratos con organizaciones de narcotráfico asentadas en México para encargarse de recoger las ganancias generadas por la venta de drogas en territorio estadounidense.

La operación tenía un alcance que abarcaba ciudades como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York, además de otros puntos del país.

Una vez que recibía las instrucciones, Cruz-Marentes se comunicaba con una red de mensajeros y titulares de cuentas bancarias con base en el Valle Imperial, California, para coordinar la recepción y depósito del efectivo.

Los integrantes de la red utilizaban teléfonos desechables y frases clave para comunicarse y establecer los detalles de cada operación, de acuerdo con la acusación federal.

Los mensajeros salían desde San Diego hacia diferentes ciudades para recoger el efectivo. Antes de concretar cada encuentro, verificaban los puntos de reunión mediante fotografías y códigos previamente establecidos.

Dinero oculto en bolsas, cajas y cuentas fachada

La investigación estadounidense sostiene que las ganancias del narcotráfico eran trasladadas en distintos tipos de contenedores para ocultar el efectivo durante su traslado.

Entre los métodos descritos en los documentos judiciales estaban bolsas de basura, bolsas de lona y cajas de zapatos.

Una vez que el dinero llegaba a la red de Cruz-Marentes, los integrantes realizaban depósitos masivos en cuentas bancarias pertenecientes a negocios ficticios utilizados como fachadas.

El objetivo era introducir el dinero en el sistema financiero para posteriormente moverlo fuera de Estados Unidos.

Después de los depósitos, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales en México, desde donde, según las autoridades estadounidenses, el dinero era distribuido nuevamente a las organizaciones de narcotráfico que habían generado las ganancias.

Extradición desde Perú y sentencia en diciembre

El proceso contra Cruz-Marentes comenzó antes de su llegada a Estados Unidos. En septiembre de 2025, el gobierno de Perú autorizó su extradición a territorio estadounidense para que fuera procesado por la presunta conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

La resolución peruana señala que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había declarado procedente la solicitud estadounidense y que el mexicano aceptó voluntariamente someterse a un procedimiento simplificado de extradición.

Tras su traslado a Estados Unidos, el expediente quedó registrado bajo el número 20cr2682-GPC.

Cruz-Marentes será sentenciado el 18 de diciembre de 2026 por el juez de distrito estadounidense Gonzalo P. Curiel. El caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Blanca Quintero y Keith D. Ellison.

La investigación involucró a Homeland Security Investigations (HSI), la DEA, el Servicio de Impuestos Internos mediante su división de Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento del Sheriff de San Diego.

El Departamento de Justicia señaló que la investigación fue realizada por el California Homeland Security Task Force, como parte de la denominada Operación Take Back America, una iniciativa federal estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales y otras estructuras delictivas.

El Cártel Arellano Félix —también conocido como el Cártel de Tijuana o CAF— opera desde hace décadas en la franja fronteriza de Baja California, con Tijuana como su plaza histórica y estratégica para el tráfico de drogas hacia el sur de California.

La organización, fundada por los hermanos Arellano Félix a finales de los años ochenta tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara, consolidó su poder mediante el control de rutas de cocaína, marihuana y heroína, y en su etapa de mayor expansión tejió alianzas en Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Tijuana y Baja California: el núcleo territorial del CAF

El CAF tiene su base en Tijuana, una de las ciudades fronterizas más estratégicas de México por su colindancia directa con San Diego, California. La organización también mantiene presencia activa en Tecate, Mexicali, Ensenada y Rosarito, todos municipios bajacalifornianos donde las autoridades han documentado actividad criminal de la organización.

El control de esa franja permite al cartel cobrar “piso” —un impuesto territorial— a otras organizaciones que trasladan droga por su zona de influencia. De acuerdo con el perfil elaborado por InSight Crime, incluso el Cártel de Sinaloa ha pagado ese derecho de paso.

Enedina Arellano Félix y Fernando Sánchez Arellano retoman el mando en Tijuana

La figura que encabeza hoy la organización es Enedina Arellano Félix, conocida como La Narcomami o La Jefa, única mujer entre los nueve hermanos del clan fundador. Formada como contadora, construyó los esquemas de lavado de dinero del cartel a través de farmacias, inmobiliarias y comercios en distintos estados, según documentó Infobae.

Desde 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de personas sancionadas, aunque nunca ha sido procesada formalmente en México ni en ese país. Su sobrino Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, quedó libre el 25 de diciembre de 2023 pese a que existía una nueva orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con información revelada por la periodista Adela Navarro en Zeta Tijuana y retomada por Infobae en febrero de 2026, informes de autoridades mexicanas y estadounidenses apuntan a que Enedina y su sobrino regresaron a Tijuana bajo un nuevo esquema criminal que combina una estructura de tipo empresarial con alianzas estratégicas con otros grupos. La dupla habría cedido el control de ciertos territorios a células menores para mantener presencia operativa sin exposición directa.

En junio de 2025, una narcomanta firmada como “El Ingeniero” apareció en el puente peatonal del Bulevar Fundadores de Tijuana, poco después de la captura de Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito. Las autoridades la interpretaron como una señal de reafirmación de liderazgo territorial.

El CAF negocia alianzas con el CJNG y Los Chapitos en Baja California

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, declaró en abril de 2026 a Infobae que se detectaron indicios de colaboración entre el CAF, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos. El funcionario describió Tijuana como un municipio con presencia simultánea de al menos cuatro organizaciones criminales en disputa permanente.

Esa alianza táctica con el CJNG representa un giro respecto al pasado, cuando el CAF mantenía una rivalidad abierta con el Cártel de Sinaloa. La nueva arquitectura criminal le permite al cartel bajacaliforniano conservar influencia y capacidad de negociación sin enfrentar directamente a grupos más grandes.

El CAF produce metanfetamina: un laboratorio asegurado en Tijuana en 2025

En 2025, las autoridades desmantelaron 11 laboratorios clandestinos en Baja California. Diez pertenecían a células del Cártel de Sinaloa y uno al CAF, según informó Zeta Tijuana con base en datos de la Mesa de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR).

El 7 de julio de 2025, en la colonia Buenos Aires Sur de Tijuana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró un inmueble con 240 kilogramos de metanfetamina y 75 litros de metanfetamina líquida, vinculado al CAF. Ese laboratorio estaba bajo la administración de Emanuel Rubio, alias el Disney, identificado como lugarteniente del cartel, al que el Ejército Mexicano ya le había asegurado otra instalación en Tecate en septiembre de 2024.

La FGR condena a 41 años de prisión al primer “pozolero” del CAF

El 14 de septiembre de 2026, un juez federal impuso una condena de 41 años de prisión a Marco Antonio García Simental, alias El Cris, identificado por la FGR —encabezada por Ernestina Godoy Ramos— como el primer operador en disolver cadáveres de rivales en tambos con ácido para el CAF. Las investigaciones lo vincularon con la desaparición de al menos 15 víctimas en Tijuana, la mayoría presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, según reportó Zeta Tijuana.

El mismo día, la FGR informó que José Barraza Benítez, alias El Chepe, recibió una condena de 26 años de prisión por delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Ambas sentencias forman parte de una investigación que data de 2004 y tuvo como principal escenario los municipios fronterizos de Baja California.

El Cris es hermano mayor de Eduardo Teodoro García Pimentel, alias El Teo, exlugarteniente del CAF que buscó aliarse con el Cártel de Sinaloa antes de ser arrestado en enero de 2010. Las sentencias de septiembre de 2026 cierran un ciclo judicial de más de dos décadas sobre ese núcleo familiar dentro de la organización.

Del dominio absoluto de los noventa al repliegue estratégico actual

El CAF nació de la división territorial ordenada por Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, desde la cárcel en 1989, cuando asignó Tijuana a los hermanos Arellano Félix. En su etapa de mayor poder, la organización asesinó al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993, en un atentado fallido contra Joaquín Guzmán Loera.

La caída llegó de forma escalonada: Ramón Arellano Félix murió en Mazatlán en febrero de 2002; Benjamín fue arrestado un mes después; Francisco Rafael fue asesinado por un sicario en octubre de 2013; Francisco Javier cayó en 2006; y Eduardo fue capturado en 2008 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2012, donde recibió una condena de 15 años. La captura de Fernando Sánchez Arellano en 2014 dejó a Enedina como única conductora visible de la organización, según el perfil de InSight Crime.

La organización que hoy opera en Baja California no es la misma que sembró terror en los noventa, pero tampoco ha desaparecido. El retorno de Enedina y El Ingeniero, las nuevas alianzas con el CJNG y la producción de metanfetamina confirman que el CAF mantiene una presencia activa, aunque subordinada a una lógica de supervivencia y negociación en un territorio donde cuatro carteles compiten simultáneamente por el control.

La Policía de Mendoza detuvo este martes al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un presunto tiroteo entre bandas en el asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras. El arresto ocurrió esta mañana en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos.

La causa quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones, cuyo personal reunió pruebas durante la noche para establecer la identidad del sospechoso. Las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente llevaron a la Fiscalía interviniente, a cargo de Oscar Malla, a ordenar su captura antes del mediodía.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, los agentes policiales mantuvieron un operativo durante toda la madrugada hasta localizar al sospechoso. Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia.

El acusado está sindicado como el presunto responsable de los disparos que provocaron la muerte del niño. La causa continúa bajo las directivas del fiscal Malla, que trabaja para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El crimen

Según precisaron fuentes policiales a este medio, el enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del asentamiento Villa Junín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz, la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, que había sido trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?“, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió este lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó.

La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

Édgar Valdez Villarreal construyó su red desde Nuevo Laredo con cargamentos de 20 kilos

La DEA identificó a Édgar Valdez Villarreal en 1997 como un exjugador de fútbol americano colegial de Laredo, Texas, que había huido a México para evitar una condena por distribución de marihuana. El hombre tenía entonces 24 años y su conocimiento del corredor entre Laredo y Nuevo Laredo le permitió iniciar un pequeño negocio de tráfico de cocaína con cargamentos de entre 20 y 30 kilos.

Esos primeros envíos tenían como destino Nueva Orleans, Luisiana, y Memphis, Tennessee. La Barbie negociaba precios, fechas y lugares de entrega directamente con compradores estadounidenses a quienes invitaba a sus propiedades en Nuevo Laredo, según reveló un testigo protegido de la DEA citado por el medio.

Uno de esos clientes fue Craig Petties, quien recibía entre 50 y 60 kilos de cocaína cada tres o cuatro semanas en Memphis. La droga viajaba oculta en cajas de tráileres y las ganancias regresaban a México por la misma vía.

Valdez vivía de forma ostentosa y se desplazaba con hombres armados que portaban uniformes de la extinta Policía Federal y de la policía local de Nuevo Laredo. El propio capo usaba esos uniformes y viajaba en una Suburban negra con sirenas, según el mismo testigo protegido.

CMG Trucking: la empresa de Carlos Montemayor que se convirtió en el brazo logístico del cartel

En 2002, Valdez identificó la necesidad de contar con su propia operación de traslado en suelo estadounidense y se alió con Carlos Montemayor, un empresario tamaulipeco con residencia en Estados Unidos. Montemayor había fundado CMG Trucking en Texas en 1992 y acumulado entre USD 4 y USD 5 millones de forma legal.

La alianza entre ambos fue definida por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos como una “relación simbiótica”. Montemayor aportaba su flotilla de camiones, sus centros de distribución y su experiencia logística; Valdez aportaba la cocaína colombiana que le garantizaba su socio Harold Mauricio Poveda, alias El Conejo.

La droga cruzaba desde Nuevo Laredo hasta bodegas clandestinas en Atlanta y Memphis. Los mismos camiones regresaban a Tamaulipas cargados con al menos un millón de dólares en efectivo, según el DOJ citado por Univision.

Valdez selló la alianza de forma definitiva en 2004 al casarse con Priscila Montemayor, hija de Carlos. El matrimonio convirtió un pacto comercial en un vínculo familiar.

Roberto López, alias Shrek, dirigió la logística de camiones en territorio estadounidense

Con la expansión de la red, los envíos pasaron de 20 kilos mensuales a hasta 180 kilos por despacho hacia Memphis. Montemayor abrió después un segundo centro de distribución en Atlanta al que llegaban cargamentos semanales de entre 100 y 300 kilos.

Para gestionar esa operación en suelo estadounidense, Montemayor contrató a Roberto Omar López, alias Shrek, un hombre nacido en San Antonio, Texas, con experiencia en el mundo del transporte. López dirigió la logística de los camiones cargados con cocaína y también obtenía armas en Estados Unidos para enviarlas a México durante la guerra contra Los Zetas.

La fiscalía federal estadounidense describió la red de Montemayor como “particularmente disciplinada y eficiente”, con un control estricto sobre los trabajadores y todos los aspectos del tráfico de drogas. La DEA inició la investigación en junio de 2005 tras interceptar conversaciones telefónicas de trabajadores en el centro de distribución de Atlanta, según Milenio.

Esas escuchas revelaron el movimiento de cientos —y después miles— de kilos de cocaína colombiana con destino a Dallas, Memphis y Atlanta. El DOJ decidió montar una operación para identificar y procesar a los seis individuos que coordinaban el esquema.

Cerca de 2005, Montemayor y Valdez formalizaron su alianza con Arturo Beltrán Leyva, un traficante que operaba desde la Ciudad de México con el respaldo del Cártel de Sinaloa. La conexión con Beltrán Leyva se estableció a través de una afición compartida: los caballos.

La red mantuvo operaciones en Misisipi, Georgia, Nueva York y Washington, además de los centros ya establecidos. Valdez enviaba unos 600 kilos de cocaína cada tres meses a Memphis, Dallas y San Diego, de acuerdo con datos de la DEA.

Montemayor llegó incluso a invertir en cargamentos propios, que transportaba junto a los de su yerno. La DEA asegura que esos cargamentos propios superaron en volumen a los de Valdez.

La brigada antidrogas de Atlanta decomisó cientos de kilos de cocaína y varios millones de dólares en efectivo durante la investigación. Las autoridades identificaron a Montemayor en la cúpula de la red tras seguir las comunicaciones de sus operadores en los centros de distribución, según Univision.

Valdez fue detenido en agosto de 2010 en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se acogió a un programa de testigos protegidos. Desde 2004 había mantenido contacto con el gobierno estadounidense para convertirse en infiltrado y negociar una reducción de condena, según Milenio; un juez lo sentenció a casi 50 años de prisión.

Carlos Montemayor fue arrestado en noviembre de 2010 y extraditado cinco años después. Se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para importar y distribuir cocaína, y recibió una condena de 34 años y tres meses, además de una multa de USD 192 millones.

Roberto López, Shrek, fue el último en ser sentenciado: recibió poco más de 18 años de prisión y cerró un caso que la DEA había abierto más de dos décadas antes. Rubén Hernández, alias Secre, contador y coordinador logístico de Valdez, y Jesús Héctor Flores, quien custodiaba los almacenes de cocaína, también fueron procesados y condenados.

La operación Poseidón permitió la aprehensión de 12 personas presuntamente vinculadas con una organización criminal de alcance nacional y transnacional, investigada por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidio, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otras cinco personas requeridas dentro del mismo expediente. La investigación comenzó en 2021, después de que varios decomisos de cargamentos permitieran obtener información sobre los posibles integrantes y la forma en que operaba la estructura delictiva.

Durante el operativo fueron ejecutadas 48 diligencias de allanamiento en Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. En las acciones participaron las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, junto con unidades de investigación, inteligencia policial y vigilancia aeronaval.

Entre los bienes incautados se encuentran ocho vehículos, siete embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas. Las autoridades también ubicaron teléfonos celulares y otros dispositivos que serán examinados para identificar comunicaciones y posibles indicios relacionados con los delitos investigados.

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El balance del Servicio Nacional Aeronaval incluye $6,773.91 en efectivo, un arma de fuego y 34 municiones sin detonar. Además, fueron decomisados 41 celulares, cinco tabletas, cuatro computadoras portátiles, un teléfono satelital, tres radios de comunicación y tres dispositivos GPS.

De acuerdo con información obtenida durante la investigación, la organización recibía cargamentos de droga procedentes de Colombia y posteriormente los enviaba hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades también investigan el movimiento del dinero generado por estas actividades y su posible incorporación al sistema financiero mediante operaciones de blanqueo.

Entre los presuntos integrantes figura Carlos Pitano, detenido en Bocas del Toro y señalado por la Fiscalía como uno de los posibles líderes de la organización. El investigado ya había sido aprehendido durante la operación Fortaleza, que dejó 25 detenidos por una investigación sobre conspiración para introducir drogas.

En aquel proceso, un juez de garantías le concedió una medida cautelar que le impedía salir de la provincia de Los Santos. Sin embargo, las autoridades no lo encontraron en su residencia ni lograron contactarlo, por lo que emitieron una orden de captura y posteriormente se ordenó su detención provisional.

La operación Poseidón fue desarrollada por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, bajo la coordinación del Ministerio Público. Las diligencias estuvieron apoyadas por la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial, como parte de las acciones dirigidas a desarticular la presunta estructura y obtener elementos de convicción.

Las 12 personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar la participación individual de cada investigado. La Fiscalía deberá presentar ante los tribunales los indicios recopilados y sustentar los delitos atribuidos a los integrantes de la organización.

La operación se desarrolló en medio de otros decomisos efectuados contra el tráfico de sustancias ilícitas en el país. El 6 de septiembre, agentes del Servicio Nacional de Fronteras encontraron 100 paquetes de presunta droga dentro de un doble fondo construido en un vehículo inspeccionado en Chiriquí.

El automóvil fue perfilado en el Puesto de Control Integral de San Isidro por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y la Dirección de Antinarcóticos. Un conductor de 43 años fue aprehendido y quedó, junto con los paquetes encontrados, a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

Los paquetes permanecen bajo custodia mientras se realizan las pruebas destinadas a determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Entre enero y julio de 2026, las autoridades panameñas incautaron 60.04 toneladas de drogas en todo el territorio nacional, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. De ese total, 37.81 toneladas correspondieron a cocaína y 22.11 toneladas a marihuana.

Colón encabezó los decomisos durante ese periodo con 16.73 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 14.05 toneladas y Panamá con 11.13 toneladas. Chiriquí acumuló 9.62 toneladas, una cifra que la ubicó en la cuarta posición nacional entre las provincias con mayores incautaciones de sustancias ilícitas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del citado barrio.

Según las primeras averiguaciones, un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz, la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

Por su parte, los autores habrían escapado en un automóvil de color rojo y son intensamente buscados por la Policía provincial.

El caso quedó en manos del fiscal Oscar Malla, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar y capturar a los sospechosos de haber asesinado a Leonel.

El dolor de la familia

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?“, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió este lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó.

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Una denuncia llevó a los agentes hasta El Centenario

De acuerdo con la información difundida por la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaran una denuncia anónima en la que se advertía que una persona acudiría a una empresa de paquetería para recoger lo que posiblemente sería un narcótico.

A partir de esa información, agentes de la PFM realizaron labores de seguimiento al vehículo relacionado con el reporte. Se trataba de una camioneta plateada, en la que viajaba César “N”.

Los elementos federales siguieron la unidad hasta El Centenario, delegación ubicada aproximadamente a 10 kilómetros de la mancha urbana de La Paz, donde finalmente procedieron a interceptarla.

La revisión del vehículo contó con el apoyo de un binomio canino. Durante la inspección fueron localizados 52 bidones que contenían la sustancia, los cuales se encontraban ocultos entre cajas de fertilizantes, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

En total, las autoridades aseguraron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, cantidad que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal junto con el detenido.

Tras la captura, el MPF realizó las diligencias correspondientes y solicitó los dictámenes periciales para determinar las características y el peso de la sustancia asegurada.

El detenido permanecerá en prisión mientras avanza el caso

Con los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía solicitó que César “N” fuera llevado ante un juez. En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y mantenerlo bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El plazo concedido para el cierre de la investigación complementaria permitirá a la Fiscalía realizar nuevas diligencias y reunir mayores elementos antes de que avance la causa penal.

El caso ocurre mientras la FGR mantiene investigaciones y procedimientos contra integrantes o presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en distintos puntos del país.

En Baja California, por ejemplo, recientemente se dio a conocer la sentencia contra Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”, identificado por las autoridades como uno de los primeros “pozoleros” del Cártel de los Arellano Félix.

Un juez federal le impuso 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de homicidio simple en grado de tentativa.

“El Cris” también es señalado como hermano mayor de Eduardo Teodoro García Pimentel, “El Teo”, quien fue uno de los principales operadores del grupo criminal en Baja California. Las investigaciones relacionaron a “El Cris” con la desaparición de cuerpos mediante el uso de ácido.

En la misma resolución, la FGR informó que José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras ese expediente corresponde a hechos investigados desde años atrás, el caso de César “N” permanece en una etapa inicial. La persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.

Pasó casi un año de un atentado que conmocionó al sistema político en Uruguay. En la madrugada del 28 de septiembre de 2025, delincuentes llegaron hasta la casa de la fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero, vistiendo de negro, con capuchas y guantes. Treparon por encima de los techos hasta llegar a la vivienda que tenían en la mira. Allí dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio. Por 15 centímetros, según ella misma declaró, no la mataron.

En la mañana de ese domingo, el presidente Yamandú Orsi habló con su antecesor, Luis Lacalle Pou, y hubo unanimidad en el sistema político para condenar el episodio. Enseguida, un nombre empezó a estar en la mira de todas las autoridades: la primera hipótesis fue que Sebastián Marset estuvo detrás.

Pasó casi un año de la investigación y ha habido novedades, al punto que ahora se conoce quién fue el que intentó ejecutar el crimen como también las personas que lo idearon (y su vínculo con Marset, que hasta ese entonces estaba prófugo).

La semana pasada fueron condenadas dos personas por el atentado contra Ferrero.

Uno de ellos, Daniel Alejandro Garaza, fue condenado como autor intelectual de un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, y estrago agravado. Deberá cumplir siete años y tres meses de penitenciaría.

Garaza fue el ideólogo del atentado, informó el diario El País. Lo ideó junto a su padre, Jorge, un ex policía que ya había sido condenado por tener vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset, que tras ser detenido en Bolivia en marzo será juzgado por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos.

¿Qué hizo Galarza antes de aquel 28 de septiembre? Los hallazgos consignados por ese medio muestran que viajó a Bolivia para planificar el ataque, luego reclutó gente en Uruguay y tras el atentado se encargó de planificar la destrucción de evidencias. Esto incluía matar, de ser necesario, a uno de los autores materiales que los pudiera vincular al crimen.

Uno de los viajes a Bolivia fue en febrero de 2025, siete meses antes del atentado. Hizo el viaje desde Brasil junto a Adrián Arrigoni, otra persona que también se encargaba de reclutar gente para ejecutar el ataque y que ya está condenada. Garaza ya era requerido en ese momento por la Justicia uruguaya y se presume que evadió controles migratorios para llevar a ese país, consignó El País.

Un segundo viaje a ese destino ocurrió semanas antes del atentado. Garaza estuvo en Santa Cruz de la Sierra, el mismo lugar en el que fue encontrado Marset cuando fue detenido. Allí tramitó una residencia temporal por dos años. Regresó a Uruguay el 25 de septiembre, tres días antes de ordenar el ingreso a la casa de Ferrero.

Para regresar al país, Garaza tomó un vuelo a San Pablo, luego otro a Pelotas y llegó de forma clandestina. Su padre Jorge lo fue a buscar.

El otro de los condenados de la semana pasada fue Leonardo Washigton Pereira, quien colaboró con la logística del ataque. Él esperó afuera de la casa de Ferrero para concretar la huida. En su caso, fue condenado por delitos de asociación para delinquir y receptación agravados, y como coautor de atentado agravado, estrago e incendio. Estará en la cárcel durante ocho años.

Hasta ahora son seis los condenados por el atentado a Ferrero.

A las 04.18 se lo identificó a Pereira manejando el mismo Volkswagen Bora que luego sería utilizado junto a una camioneta Great Wall para escapar del ataque.

Tras la ejecución del ataque, inició el camino de la destrucción de pruebas, señala la sentencia consignada por el medio uruguayo. Garaza manejó la posibilidad de asesinar a uno de los autores materiales. En una charla con Arrigoni se lo escuchó preocupado por la posibilidad de que se haya dejado evidencia. “¿Decís que hay huellas peluca? Hay que picarlos, entonces”, sugirió.

Costa Rica dio un nuevo paso en su estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con la creación del Grupo Táctico Portuario (GRUTAP), una unidad policial especializada que tendrá como objetivo reforzar la vigilancia, prevención e intervención en los principales puertos del país.

La nueva estructura forma parte de la Operación Soberanía, implementada desde 2023 como una de las principales estrategias estatales para combatir el tráfico internacional de drogas mediante terminales marítimas y la cadena logística vinculada al comercio exterior.

El GRUTAP operará bajo el Ministerio de Seguridad Pública y fue desarrollado con apoyo técnico del Gobierno de Estados Unidos, particularmente de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos (INL) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La unidad tendrá entre sus principales funciones la detección de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, contrabando y otras amenazas que utilizan los puertos y las rutas comerciales internacionales como mecanismo para movilizar mercancías ilegales.

El Ministerio de Seguridad Pública explicó que la creación del grupo busca generar una nueva capacidad operativa que permita responder de forma especializada a los riesgos vinculados con las terminales portuarias.

Capacitación con instructores de Estados Unidos

La preparación del nuevo equipo incluyó una capacitación especializada impartida por instructores de la CBP, quienes se desplazaron a Costa Rica para entrenar a los agentes.

Las jornadas se desarrollaron en la Academia Nacional de Policía, ubicada en Pococí, Limón, así como en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y zonas cercanas.

La formación fue diseñada específicamente para las necesidades operativas de Costa Rica, según las autoridades.

El modelo adoptado toma como referencia la experiencia del Anti-Terrorism Contraband Enforcement Team (ATCET), una estructura utilizada por la CBP en Estados Unidos para detectar contrabando y amenazas dentro de los sistemas de transporte y comercio internacional.

Sin embargo, el esquema fue adaptado a la legislación, competencias policiales y condiciones operativas costarricenses.

De acuerdo con la información oficial, esta capacitación representa un esfuerzo particular de la CBP debido a que fue diseñada de manera específica para un país socio.

Varias policías integran el esfuerzo

La conformación de GRUTAP involucra además a diferentes cuerpos policiales que participan en las operaciones de seguridad del país.

Entre ellos se encuentran la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea, Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y Policía de Control de Drogas (PCD).

La integración de estas unidades pretende facilitar el intercambio de inteligencia, mejorar la capacidad de reacción y fortalecer los controles sobre mercancías, embarcaciones y personas que ingresan o salen de las zonas portuarias.

Las autoridades consideran que la cooperación entre distintas policías es clave debido a la complejidad de las estructuras criminales que utilizan las cadenas de suministro internacional para ocultar cargamentos ilícitos.

El narcotráfico mediante contenedores representa uno de los principales desafíos para Costa Rica debido a su posición geográfica y al volumen de mercancías que transitan por sus puertos hacia mercados internacionales.

Por ello, el nuevo grupo busca combinar inteligencia policial, inspección especializada, coordinación institucional y conocimiento del funcionamiento logístico de los puertos.

Operación Soberanía suma una nueva herramienta

La Operación Soberanía fue creada en 2023 con el propósito de fortalecer la presencia policial en las terminales marítimas y disminuir el uso de los puertos costarricenses para el envío de drogas hacia otros países.

La creación de GRUTAP representa una nueva etapa dentro de esa estrategia.

Además del combate directo contra los cargamentos de drogas, las autoridades buscan proteger el comercio legítimo, las mercancías y las personas que participan en la actividad portuaria.

La participación estadounidense ha sido clave en el diseño del modelo y en la capacitación del personal que integrará el grupo.

La INL participó en la coordinación interinstitucional y en el desarrollo conceptual de la unidad, mientras que la CBP aportó su experiencia operativa y metodologías especializadas.

El Gobierno costarricense considera que este tipo de cooperación permite incorporar prácticas utilizadas en otros países y adaptarlas a las necesidades locales.

Puertos bajo mayor vigilancia

Con la creación del GRUTAP, Costa Rica pretende aumentar la capacidad de detectar movimientos sospechosos antes de que las cargas ilícitas abandonen el territorio o ingresen a la cadena logística internacional.

La formación realizada en Moín permitió a los agentes entrenarse directamente en un entorno portuario real, donde enfrentaron escenarios relacionados con inspección, identificación de riesgos y coordinación operativa.

El objetivo final es que la unidad pueda actuar de manera permanente como un equipo especializado dentro de la estrategia nacional contra el narcotráfico.

La creación del grupo también refleja el creciente énfasis de las autoridades costarricenses en la seguridad portuaria como uno de los principales frentes de lucha contra el crimen organizado.

La cooperación con Estados Unidos continuará siendo uno de los componentes de ese esfuerzo, especialmente en áreas relacionadas con capacitación, inteligencia, controles fronterizos y detección de contrabando.

La Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, aseguró un arsenal de armamento de alto poder perteneciente a la célula de un grupo criminal en el municipio de El Rosario, Sinaloa. El hallazgo se produjo durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de un predio de esa localidad.

Entre lo asegurado destaca un fusil Barret calibre .50 y una ametralladora Browning del mismo calibre, junto con 54 fusiles de asalto.

Circunstancias del operativo en El Rosario

El aseguramiento ocurrió mientras integrantes de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia por las inmediaciones de un predio localizado en el municipio de El Rosario. La acción se desarrolló en coordinación con personal del Ejército.

Durante esos recorridos, los elementos de seguridad detectaron el armamento en el predio señalado, lo que derivó en su aseguramiento inmediato. “El material fue calificado como perteneciente a la célula de un grupo criminal.”

El municipio ha registrado al menos tres aseguramientos distintos de armamento entre agosto y septiembre, lo que refleja una presencia sostenida de fuerzas federales en la zona ante la detección de arsenales vinculados a grupos delictivos que operan en el sur del estado.

El arsenal decomisado: armas de alto poder

Los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército incautaron un fusil Barret calibre .50, una ametralladora Browning del mismo calibre y 54 fusiles de asalto, junto con cargadores y cartuchos de diversos calibres, en un predio del municipio.

Los aseguramientos de armamento de alto poder en la región no se limitan a este municipio. En el reporte del Gabinete de Seguridad correspondiente al 11 y 13 de septiembre, difundido, también se detalló que en el municipio de Escuinapa, también en Sinaloa, fueron detenidas once personas con el decomiso de doce armas largas, 45 cargadores y mil 800 cartuchos durante el mismo periodo.

Qué son el fusil Barret y la ametralladora Browning calibre .50

El fusil Barret calibre .50, fabricado por la empresa estadounidense Barrett Firearms Manufacturing, es un arma de precisión de largo alcance que pesa alrededor de 14 kilogramos y mide 1,44 metros. Dispara balas de 13,8 centímetros de largo con un diámetro de 1,27 centímetros y alcanza un radio efectivo de hasta 1,5 kilómetros.

El arma no funciona por repetición sino por precisión, y utiliza balas de camisa de cobre con núcleo de acero capaces de perforar blindaje de nivel cinco o seis, además de muros. El rifle ha sido utilizado previamente por cárteles y grupos delictivos mexicanos, entre ellos en el derribo de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán en 2016.

La ametralladora Browning calibre .50, conocida como M2, pesa cerca de 38 kilogramos, según su descripción técnica recogida. El arma dispara el cartucho 12,7 x 99 OTAN, con una cadencia de entre 450 y 550 disparos por minuto y un alcance efectivo de 1.800 metros.

La M2 es un arma efectiva contra infantería, vehículos y embarcaciones sin blindaje o ligeramente blindados, así como contra fortificaciones ligeras y aeronaves a baja altitud. Esta ametralladora es capaz de atravesar blindajes de hasta 2,5 centímetros.

Tanto el fusil Barret como la ametralladora Browning han sido documentados en distintos aseguramientos realizados por autoridades mexicanas en manos de grupos del crimen organizado.

Destino del armamento y proceso legal

El armamento asegurado en El Rosario fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

En el operativo del 13 de septiembre, el material fue trasladado específicamente a las instalaciones de la FGR en Mazatlán, donde el agente del Ministerio Público Federal quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación por el delito federal correspondiente, de acuerdo con el mismo comunicado del Gabinete de Seguridad citado por Línea Directa Portal.

Antecedentes de operativos recientes en la zona

El municipio de El Rosario ha sido escenario de otros aseguramientos de armamento en semanas recientes. El 31 de agosto, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a nueve personas durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en esa localidad.

Entre los nueve detenidos se identificó a cuatro personas de nacionalidad colombiana y una de nacionalidad cubana.

En esa acción, las autoridades aseguraron un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 620 cartuchos, cinco kilogramos de una hierba con las características de la marihuana y equipo táctico diverso.

Días después, el 13 de septiembre, un nuevo operativo con apoyo de un helicóptero permitió a elementos del Ejército y la Guardia Nacional localizar un arsenal oculto bajo tierra en el mismo municipio. Según el comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México difundido el 14 de septiembre, los trabajos de inteligencia militar y reconocimiento terrestre permitieron ubicar cinco tambos de plástico enterrados que contenían el armamento.

En esa ocasión, el arsenal quedó contabilizado en 66 armas largas tipo fusil, un fusil Barret calibre .50 y dos ametralladoras, entre ellas una Browning del mismo calibre, además de 145 cargadores, 6.498 cartuchos de diferentes calibres y 58 placas balísticas. Todo el material fue trasladado a la FGR en la ciudad de Mazatlán.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de 41 años de cárcel en contra de Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias ‘El Cris’, reconocido como el primer “pozolero” y miembro del cartel de los Arellano Félix. Además, se condenó a 26 años de prisión a José Barraza Benítez, alias “El Chepe”.

Las condenas son resultado de investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Ambos fueron sentenciados por delincuencia organizada.

Los delitos que sustentaron las condenas

“El Cris” fue hallado responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y homicidio simple en grado de tentativa. La FGR precisó que, dentro de otra causa penal, esta misma persona ya había sido sentenciada en 2025.

El “Chepe”, por su parte, fue condenado por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, delitos vinculados también a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El proceso judicial contra El Chepe

El caso de José “N” se remonta a junio de 2004, cuando se ejerció acción penal en su contra dentro de la averiguación previa correspondiente. En febrero de 2005 se ratificó el auto de formal prisión.

Tras cumplir una serie de procedimientos judiciales a lo largo de los años, el proceso concluyó con la sentencia de 26 años de prisión anunciada por la FGR.

Coordinación entre fiscalías especializadas

La dependencia federal destacó que las sentencias fueron resultado del trabajo conjunto entre la FEMDO y la FECOR, unidades encargadas de investigar y litigar casos de delincuencia organizada en el país.

El comunicado oficial, difundido el 14 de septiembre, no precisó el juzgado que dictó las sentencias ni la fecha exacta de la resolución judicial.

Quién es “El Cris”, el primer pozolero del Cártel de los Arellano Félix

Marco Antonio García Simental, alias “El Cris”, ya había sido sentenciado en octubre de 2025 a 44 años, 10 meses y 15 días de prisión por el homicidio de tres agentes federales ocurrido en abril del año 2000. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México dictó esa condena tras hallarlo responsable de delincuencia organizada y homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

Las víctimas de ese crimen fueron Luis Patiño Morales, director general del Ministerio Público Federal Especializado Antidrogas; Rafael Torres Bernal, primer subcomandante de la Policía Judicial Federal, y Óscar Pompa Plaza, agente del Ministerio Público Federal. Los tres funcionarios fueron privados de la libertad, golpeados y arrojados sin vida a un barranco de más de 100 metros en el tramo La Rumorosa-Mexicali de la carretera Tijuana-Mexicali.

García Simental es hermano de Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera jefe de sicarios del Cártel de Tijuana y a quien las autoridades atribuyen la autoría de hasta 300 asesinatos en Baja California. “El Teo” fue capturado en 2010 y sentenciado a 20 años de prisión en junio de este año.

Las autoridades documentaron que “El Cris” fue uno de los primeros operadores en disolver cuerpos humanos en sosa cáustica y ácido clorhídrico, técnica conocida como “pozoleo”, con la que se desapareció por completo a al menos 15 personas antes de su detención en 2004. Sus víctimas pertenecían en su mayoría a células rivales del Cártel de Sinaloa, en el marco de la disputa territorial que enfrentó a los Arellano Félix con la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fueron capturados en Cali, señalados de coordinar el transporte de estupefacientes mediante vehículos de carga pesada hacia distintas zonas del país.

Las detenciones se produjeron por orden judicial tras una investigación que comenzó en el departamento del Quindío y que contó con la participación de la Policía Antinarcóticos, unidades de inteligencia militar, el Ejército Nacional y la Región N.° 3.

Los detenidos fueron identificados con los alias de el Viejo, Francisco, Camilo y Trauma. Según las autoridades, los cuatro tendrían responsabilidades dentro de una red dedicada a la movilización y comercialización de droga, con rutas que atravesaban los departamentos de Cauca, Quindío y Cundinamarca.

La investigación apuntó al uso de camiones para mover cargamentos de droga

La pesquisa permitió establecer que los capturados presuntamente participaban en el envío de grandes cantidades de estupefacientes hacia el interior del país. La modalidad identificada consistía en el uso de vehículos de carga pesada para ocultar y trasladar los cargamentos por corredores viales estratégicos.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, esas rutas conectaban zonas de influencia de las disidencias en el suroccidente colombiano con otros destinos de distribución. Los corredores de Cauca, Quindío y Cundinamarca habrían servido para sostener la circulación de las sustancias ilícitas.

Las autoridades no precisaron la cantidad de droga que habría sido movilizada por la estructura ni el periodo exacto durante el cual operó. Tampoco informaron sobre incautaciones de estupefacientes durante el procedimiento que terminó con las cuatro capturas en la capital del Valle del Cauca.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar el alcance de las actividades atribuidas a cada uno de los detenidos y sus posibles conexiones con otros integrantes de la organización.

Los detenidos serían parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas

Según el Ejército Nacional y la Policía Nacional, los capturados pertenecerían al Bloque Occidental Jacobo Arenas, una de las estructuras de las disidencias de las Farc con presencia en el suroccidente del país.

Ese bloque agrupa, entre otros, a los frentes Jaime Martínez, Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, que operan en áreas de Cauca y Valle del Cauca. Las autoridades atribuyen el mando de esa estructura a alias Iván Mordisco.

La investigación se enfocó en el componente logístico de la organización y, en particular, en quienes habrían facilitado el traslado de las sustancias. Las instituciones señalaron que el narcotráfico constituye una de las fuentes de financiación de los grupos armados que mantienen presencia en varias regiones del país.

La Octava Brigada del Ejército indicó que mantendrá las operaciones militares y de inteligencia junto con otras autoridades para afectar las economías ilícitas en el Eje Cafetero y los territorios donde actúan estas estructuras.

Los cuatro capturados enfrentarán cargos por narcotráfico y concierto para delinquir

Alias el Viejo, Francisco, Camilo y Trauma deberán responder por los delitos de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, además de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

La Fiscalía deberá presentar los elementos recolectados durante la investigación para sustentar las imputaciones. La situación jurídica de los detenidos dependerá de las decisiones que adopte un juez de control de garantías.

Las autoridades sostienen que el operativo afecta las capacidades logísticas de la estructura, debido a que los señalados tendrían un papel en la distribución de droga hacia el interior del país. La investigación continuará para establecer si existen más personas involucradas en el transporte, almacenamiento y comercialización de los estupefacientes.

Las capturas en Cali se conocieron en paralelo con otro operativo contra las disidencias en el Valle del Cauca. En Tuluá fue detenido alias Yeiner, señalado como cabecilla de zona del Frente 57 Yair Bermúdez.

El Cártel del Golfo (CDG), una de las organizaciones criminales más antiguas de México, ya no opera como una estructura unificada. Está dividido en facciones que se disputan el control de Tamaulipas y que diversificaron sus actividades delictivas, desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de combustible.

Esa fragmentación coincide con una reciente sentencia de 50 años de prisión contra tres integrantes de una banda de secuestradores en la entidad, un caso que estaría vinculado a esa organización.

Un cártel sin mando único

El CDG surgió en la década de 1930 en Matamoros, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó con el contrabando de licor hacia Estados Unidos. Se consolidó como cártel de narcotráfico en 1984, bajo el liderazgo de Juan García Ábrego.

Hoy la organización ya no responde a un mando central. Según el análisis de InSight Crime, está dividida en facciones que operan con autonomía: Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Rojos y Las Panteras.

Cada una mantiene liderazgo y control territorial propios en distintas zonas de Tamaulipas. Los Escorpiones y Los Ciclones concentran actualmente el mayor poder dentro de esa estructura fragmentada, de acuerdo con el mismo analisis.

La pérdida de unidad se explica por la captura y muerte de líderes históricos de la organización. Esas bajas fracturaron al cártel en grupos rivales que hoy compiten entre sí por el control de economías criminales.

A qué se dedican las facciones del cártel

Las distintas células del CDG diversificaron sus actividades más allá del narcotráfico tradicional. Según InSight Crime, participan en tráfico de drogas, armas y migrantes, además de esquemas de extorsión.

Los Rojos, una de las facciones con presencia en el sur de Tamaulipas, se dedican también a la producción de metanfetaminas y a la comercialización de combustible robado.

Un operativo de la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en agosto de 2026 permitió asegurar bienes de Los Rojos valuados en cerca de 34 millones de pesos en Tampico y Altamira. Entre lo incautado había combustible, vehículos y equipo de almacenamiento.

En ese mismo operativo, la Semar decomisó cinco propiedades vinculadas a esa facción, entre ellas una finca con 135 animales exóticos, incluidos tigres de Bengala, jaguares y leones africanos, y una gasolinera clandestina.

Los Metros, otra facción con presencia en Reynosa, fue vinculada a una red binacional de contrabando de combustible con participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ese esquema habría movilizado millones de litros a través de puertos y aduanas de Tamaulipas.

El secuestro como parte de esa economía criminal

Dentro de ese entramado de facciones fragmentadas se ubica el caso de Marco N, Gloria N y Jesús N, sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado y dos años más por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Su detención ocurrió en 2024 en el ejido de San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, luego de una denuncia anónima. La Guardia Estatal de Tamaulipas ejecutó el operativo, aseguró armamento y rescató a una víctima que se encontraba privada de su libertad.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas reunió las pruebas del caso, con apoyo de peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La reparación del daño se definirá en la etapa de ejecución de la pena.

La presión externa que profundiza la fractura

La fragmentación interna del CDG no es su único desafío. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) extendió su influencia hacia municipios del norte de Tamaulipas, entre ellos Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa, de a cuerdo con InSight Crime.

Esa expansión se aceleró luego de que César Morfín Morfín, alias El Primito, entonces operador de Los Metros, facilitara el ingreso del CJNG a la región al reorientar su actividad hacia el robo y contrabando de combustible, de acuerdo con información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las facciones del Cártel del Golfo y células de Los Zetas mantienen además enfrentamientos abiertos en distintas zonas de Tamaulipas, en un contexto donde ninguna organización ejerce control absoluto sobre el territorio fronterizo con Texas.

El total de material incautado fue de 13,551.5 gramos: 12,140.6 gramos de presunta cocaína, 1,335.3 gramos de presunta marihuana y 75.6 gramos de presunto crack. También fueron incautadas dos armas de fuego, ocho balanzas, dos motocicletas, tres teléfonos celulares, cinco cámaras de vigilancia, un chaleco antibalas, tres radios de comunicación y RD$23,170 (USD 391.45, aproximadamente).

Las acciones dejaron 45 personas detenidas en Santiago, Espaillat y Santo Domingo Norte. El despliegue incluyó 235 operativos de vigilancia e intervención y siete allanamientos, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los procedimientos fueron desarrollados por la DNCD junto al Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional. Los detenidos, las sustancias y las demás evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público en las respectivas demarcaciones para los fines legales correspondientes.

En Santiago, las autoridades realizaron 90 operativos y cinco allanamientos. Las intervenciones se extendieron por Los Pepines, Pueblo Nuevo, El Ejido, Cienfuegos, Gurabo, Ensanche Bermúdez, La Trinitaria y Villa Olga.

El despliegue también alcanzó los sectores de La Altagracia, Falpo, San José y Los Girasoles, en el municipio de Navarrete, además de otras zonas de la provincia.

En esa jurisdicción fueron arrestadas 10 personas. Los agentes ocuparon 3,377 gramos de presunta cocaína en 244 porciones, así como 210 gramos de presunta marihuana distribuidos en 115 envoltorios.

El reporte incluyó además 40.3 gramos de presunto crack en 66 dosis. Las autoridades incautaron RD$11,750 (USD 198.51, aproximadamente).

en efectivo y dos balanzas que, de acuerdo con la información oficial, eran utilizadas para pesar las sustancias.

La división de Espaillat ejecutó 97 operativos y dos allanamientos dirigidos a las redes locales de microtráfico. Las intervenciones se realizaron en Maco Tibio, Don Bosco, El Bolsillo, Los López, Sal si Puedes, La Zurza y Villa Bartola.

Las acciones también incluyeron Quija Quieta, Milito y Paso de Moca, entre otros sectores. En esa demarcación, las autoridades detuvieron a 25 personas y abrieron varios casos relacionados con el presunto tráfico de narcóticos.

Los equipos ocuparon 1,199 gramos de presunta cocaína, 828 gramos de marihuana distribuidos en 26 porciones y 35 gramos de crack en 25 porciones. El consolidado de sustancias en Espaillat fue de 2,062 gramos.

Además, fueron confiscados RD$5,970 (USD 100.86, aproximadamente), tres balanzas, dos motocicletas y una pistola calibre nueve milímetros con cargador y cinco cápsulas. Las evidencias incluyeron cinco cámaras de vigilancia y tres radios de comunicación que, según las autoridades, eran empleados por las redes intervenidas.

Santo Domingo Norte concentró el mayor volumen ocupado

Santo Domingo Norte registró el mayor volumen de presuntas drogas ocupado durante los procedimientos informados. En esa demarcación se realizaron 48 operativos de control y fueron arrestados 10 ciudadanos.

Las intervenciones abarcaron Los Platanitos y Las 5 Esquinas de Guaricano, Sabana Centro, El Cachón, Hong Kong, Villa Blanca, La Caña y La Barquita. También se desarrollaron en Barrio Nuevo y La Javilla, en Sabana Perdida.

La lista incluyó Punta, en Villa Mella, además de La Ceiba de La Victoria y La Solana. En esta jurisdicción, los agentes decomisaron 7,563.5 gramos de presunta cocaína y 296.8 gramos de presunta marihuana.

Entre los objetos ocupados figuraron tres balanzas, tres teléfonos celulares, RD$5,450 (USD 92.08, aproximadamente) en efectivo y un arma de fuego de fabricación casera tipo chilena.

La Fuerza de Tarea Conjunta señaló que mantendrá los operativos contra las redes de distribución de sustancias narcóticas y la búsqueda de los presuntos cabecillas de esas estructuras.

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, afirmó que la aspersión aérea debe entenderse como una herramienta estatal para enfrentar el narcotráfico y no como un riesgo para Colombia. El pronunciamiento quedó consignado en un documento divulgado este lunes 14 de septiembre de 2026 por dicha entidad.

El jefe de la cartera sostuvo que los cultivos ilícitos bajo control de grupos armados constituyen el factor que amenaza a las comunidades. Según expuso, las rentas procedentes de esa actividad financian estructuras que extorsionan, reclutan menores de edad, desplazan habitantes y limitan la libertad en distintas regiones.

“La amenaza es el narcotráfico”, señaló el ministro en el comunicado. El texto plantea que la discusión sobre el uso de aeronaves para combatir los cultivos no debe partir de la premisa de que la intervención estatal representa el problema.

La postura oficial propone que la aspersión opere bajo criterios técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales. En esa línea, el documento indica que la medida formaría parte de una respuesta institucional contra las economías ilegales, siempre que exista regulación y control.

El comunicado atribuye a los sembradíos ilegales impactos sobre la seguridad y el ambiente. La cartera señaló que esas actividades provocan deforestación, expanden la frontera agrícola de manera irregular, contaminan fuentes de agua y requieren sustancias químicas durante la producción de cocaína.

Para el Ministerio de Justicia, la afectación alcanza a campesinos, niños, comunidades rurales y territorios ubicados bajo presión de organizaciones criminales. “No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades”, manifestó Cancino González.

El documento sostiene que impedir el uso de una herramienta contra las plantaciones ilícitas puede limitar la respuesta del Estado ante los grupos que obtienen recursos de esa cadena. La entidad indicó que esa restricción, desde su perspectiva, favorece la expansión de las economías ilegales.

El ministro afirmó que Colombia necesita emplear los instrumentos legales y constitucionales disponibles para combatir el narcotráfico. En el comunicado, sostuvo que renunciar de forma anticipada a una de esas posibilidades reduce la capacidad institucional frente a los actores ilegales.

“La obligación del Estado es proteger”, indicó el funcionario. La cartera vinculó esa responsabilidad con la defensa de la vida, la seguridad, la libertad, la paz, la niñez y el medio ambiente.

El escrito insiste en que la protección de derechos no se limita a la población expuesta a las consecuencias de una eventual operación aérea. También incluye a quienes, según el Gobierno, enfrentan el control territorial y económico de grupos financiados por los cultivos ilícitos.

Cancino González concluyó que la aspersión, con regulación y vigilancia, no debe presentarse como una amenaza. “Es una herramienta para combatirlo”, expresó en referencia al narcotráfico.

Abelardo de la Espriella recurrirá dos fallos sobre operaciones de seguridad y aspersión aérea

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno utilizará recursos legales contra dos decisiones judiciales que afectan operaciones de seguridad y la erradicación de cultivos ilícitos.

El mandatario sostuvo que las órdenes vigentes serán acatadas, aunque cuestionará su alcance mediante los mecanismos previstos por la Constitución.

Durante una alocución emitida el 13 de septiembre de 2026, De la Espriella se refirió a una determinación sobre operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando exista información sobre la presencia de menores de edad. También mencionó la suspensión provisional de la aspersión aérea en Putumayo, medida adoptada mientras se resuelve una acción de tutela.

El jefe de Estado afirmó que no existe discusión respecto de la obligación de cumplir los fallos judiciales. “Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, expresó al inicio de su mensaje.

A la vez, señaló que el respeto por las determinaciones de los jueces no impide que el Ejecutivo las controvierta. Según dijo, algunas medidas pueden interferir con atribuciones que la Constitución asigna expresamente a la Presidencia de la República.

El mandatario planteó que el control de los tribunales debe operar dentro de sus competencias, sin reemplazar a las autoridades civiles y militares en la conducción de las operaciones estatales.

De la Espriella recordó que la Constitución establece que el presidente dirige la fuerza pública, debe preservar o restablecer el orden público y conduce las operaciones de guerra. “Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al gobierno”, afirmó.

El presidente reconoció que esas facultades tienen límites y que deben ejercerse conforme a los derechos fundamentales, la Constitución y el derecho internacional humanitario.

La estructura estaba en Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, a 1.200 metros de la costa del Pacífico colombiano. Esa ubicación facilitaba el arribo y la salida de aeronaves, con menores riesgos de detección, de acuerdo con la información de inteligencia divulgada por la Policía Nacional.

Sin embargo, esta sería una de las ocho que las autoridades tiene en la mira. Según información conocida por la revista Semana, la operación Soberanía Uno busca destruir las pistas clandestinas utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el despegue de aviones livianos cargados con cocaína. Las autoridades ya identificaron otros corredores ilegales que servirían para enviar el alcaloide desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

El primer procedimiento se concentró en el litoral de Buenaventura. La Policía Antinarcóticos señaló que el lugar funcionaba como parte de una cadena logística que conectaba la producción de droga con las rutas de salida por el Pacífico.

La intervención incluyó la destrucción de la pista y la inhabilitación de una infraestructura destinada al procesamiento de pasta base de coca. La operación también afectó una hectárea de cultivos de hoja de coca situada cerca de la estructura.

La Policía indicó que la cercanía entre los cultivos, el punto de procesamiento y la pista favorecía el funcionamiento del corredor. El esquema permitía concentrar en un mismo sector distintas etapas de la actividad ilegal antes del traslado de la droga.

Las cargas explosivas inutilizaron cuatro tramos de la pista

Las unidades operativas instalaron cargas explosivas en cuatro puntos distribuidos a lo largo de los 1.280 metros de la pista. Con esa maniobra, las autoridades buscaron impedir que la superficie volviera a ser usada como plataforma para aeronaves vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

El operativo surgió de una investigación de la Seccional de Investigación Criminal, que trabajó junto a la Fiscalía General de la Nación para establecer la ubicación y las características de las estructuras ilegales.

Luego de esa etapa, participaron unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana. La operación formó parte de la Estrategia Esmeralda Plus y contó con coordinación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La Policía informó que durante la intervención incautó cerca de 454 litros de gasolina (120 galones) y 198 bultos de cemento. Los agentes también inhabilitaron la instalación que se empleaba para procesar pasta base de coca.

El despliegue representa el primer resultado conocido de Soberanía Uno. El objetivo de las autoridades es localizar y destruir las demás pistas detectadas en áreas empleadas por las redes de narcotráfico.

De acuerdo con la inteligencia oficial, la operación afectó las economías ilegales del Bloque Occidental Jacobo Arenas, frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), grupo al que las autoridades vinculan con alias Iván Mordisco.

La organización tiene presencia en el suroccidente de Colombia, según la Policía. La institución sostuvo que el procedimiento redujo sus capacidades de movilidad y de producción dentro de la cadena del tráfico transnacional de drogas.

Para entrar en la zona participaron tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional. El dispositivo recibió apoyo de un helicóptero Arpía y del avión Fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana.

También intervinieron los Comandos Jungla de la Policía y el equipo Gruli de la Fuerza Aérea. La presencia de esas unidades permitió ejecutar la maniobra en un área apartada de la costa de Buenaventura.

“El operativo demuestra nuestra capacidad para llegar a zonas estratégicas utilizadas por las organizaciones criminales”, manifestó el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, en la declaración difundida por la Policía Nacional.

La Policía Nacional señaló que mantendrá las operaciones conjuntas con la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales. El propósito declarado es intervenir infraestructuras, corredores y capacidades logísticas de las organizaciones criminales.

Las estructuras vinculadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación modificaron su presencia en Costa Rica: se fragmentan en grupos más pequeños y recurren a servicios locales para limitar su exposición ante las autoridades, según explicó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. El funcionario sostuvo que las investigaciones ya no pueden analizarse solo con la idea de organizaciones centralizadas que trasladan sus estructuras completas de un país a otro.

De acuerdo con Soto, esta modalidad podría permitir que las actividades criminales continúen mediante facciones, alianzas puntuales y denominaciones distintas. También obliga a determinar, en cada expediente, si una persona pertenece directamente a una organización internacional o si tuvo una participación limitada a una tarea concreta dentro de una operación.

“Lo que estamos viendo son estructuras fraccionadas”, dijo Soto a El Observador. El director interino señaló que la salida de los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa derivó en facciones con liderazgos diferenciados, entre ellas las relacionadas con Los Chapitos y La Mayiza.

Servicios locales para operaciones internacionales

Según la explicación del jefe judicial, las organizaciones internacionales pueden buscar en Costa Rica grupos que aporten transporte, seguridad, combustible y apoyo logístico. Esa relación funciona como una subcontratación de actividades o servicios y no implica necesariamente que quienes colaboran integren el cártel ni que mantengan un vínculo exclusivo con una única estructura criminal.

La diferencia resulta relevante para las autoridades porque un proveedor local puede tener una función específica sin formar parte de la organización extranjera. Soto indicó ante el diario que algunos extranjeros detectados en estas investigaciones pueden ingresar al país para negociar, supervisar o desarrollar operaciones, y que en ciertos casos se comprobó que ya habían viajado a Costa Rica en varias oportunidades.

El esquema buscaría reducir la visibilidad de las redes frente a las fuerzas policiales. Para el director interino, incluso podría ocurrir que la denominación Cártel de Sinaloa dejara de utilizarse o fuera reemplazada, aunque las facciones surgidas de esa estructura mantuvieran sus actividades.

Los vínculos de esa organización con Costa Rica comenzaron a documentarse en la prensa hace 20 años y su nombre aún aparece en investigaciones y capturas por narcotráfico. La semana pasada, la Policía de Control de Drogas detuvo a cinco personas que estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa: cuatro costarricenses, un mexicano y un peruano, según información de El Observador.

Los operativos se realizaron en Sabana Sur, Alajuela centro y Esparza, en Puntarenas. Las autoridades incautaron tres kilos de cocaína, armas y dinero en efectivo, como parte de una investigación ejecutada por la Policía de Control de Drogas con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y de la Fiscalía de Narcotráfico.

Las actuaciones incluyeron allanamientos en una torre de apartamentos de Sabana Sur y en inmuebles ubicados en Alajuela y Esparza. El 27 de marzo, el OIJ también detuvo a un ciudadano mexicano identificado por los apellidos Lafarga Lerna, investigado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y requerido para un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Una tonelada de cocaína y una red vinculada al CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación también fue vinculado este año con una causa por un cargamento de una tonelada de cocaína localizado en La Guácima de Alajuela. En agosto, las autoridades detuvieron a un venezolano de apellido Ramírez y a un nicaragüense de apellido Vidaurre, a quienes relacionaron con la operación investigada.

La Policía de Control de Drogas informó que el cargamento tenía como destino al CJNG. Más tarde, en un allanamiento realizado en Escazú, los agentes hallaron un vehículo todo terreno con un compartimiento oculto para trasladar drogas y USD 20,100 en efectivo.

Soto señaló ante la publicación que el CJNG también refleja los cambios que pueden producirse en las organizaciones criminales después de las acciones contra sus liderazgos. El funcionario citó antecedentes en México, como Los Zetas, el Cártel de Juárez y Los Caballeros Templarios, que perdieron relevancia luego de la detención de sus dirigentes.

El director interino agregó que Colombia atravesó una dinámica similar, donde las grandes estructuras identificadas durante décadas como cárteles dieron paso a organizaciones y grupos más fragmentados. Según su planteamiento, los nombres conocidos pueden cambiar, mientras las investigaciones deben concentrarse en los vínculos, las funciones y los recursos que sostienen las operaciones.

“Yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”, desafió el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a un agente de la agencia antidrogas estadounidense cuando faltaba poco más de un año para su caída definitiva. La detención de la madre de sus hijos, Gianina García Troche, lo había acorralado pero aún así se mostraba desafiante ante quienes lo buscaban casi como a ningún otro delincuente.

Marset escribió esa respuesta a un agente de la Agencia de Control de Drogas (DEA) el 26 de marzo de 2025 –casi un año antes de su caída–, quien le había escrito para proponerle que se entregara. El intercambio forma parte de uno de los documentos presentados por los fiscales de Estados Unidos, que fueron informados por el semanario uruguayo Búsqueda.

El narco uruguayo, considerado el “Pablo Escobar de la era moderna”, es acusado en el Tribunal de Distrito Este de Virginia. Allí las autoridades presentarán evidencia de que envió cocaína a Estados Unidos y que conspiró con personas locales para su distribución.

El agente especial Michael Greisen primero se apersonó a una mujer identificada como la pareja de Marset en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Ella no se mostró dispuesta a colaborar. Luego llegó el mensaje que le mandó a Marset en marzo de 2025. Se lo envió por WhatsApp. De perfil, el todavía prófugo tenía una foto con su hijo.

Greisen le ofreció una forma “discreta y profesional” de resolver sus asuntos pero le advirtió que sus problemas en Estados Unidos no iban a desaparecer. “De lo contrario, simplemente está esperando el día de su inminente captura (…) Mantendremos la presión hasta capturarlo, tal como hicimos con El Chapo, el Mayo, Caro Quintero, Otoniel y muchos otros. La decisión es suya”, presionó el agente antidrogas.

Marset, de acuerdo a los chats publicados por Búsqueda, se negó.

—No me van a capturar nunca (…) La justicia no existe —contestó el narcotraficante.

El agente de la DEA le dijo que lo único que estaba haciendo era ofrecerle “una salida” para sus hijos.

—¿Los van a matar o qué? —respondió Marset, antes de decirle que era “mucho más inteligente que toda la DEA junta”.

Y agregó:

—Mirá que nadie es inmortal. Hijo de puta. Vos debés ser un sapo más. Convertido en DEA —insistió.

Después de ese mensaje, lo llamó y hablaron durante dos minutos.

—Llevo tres años huyendo y seguiré huyendo toda la vida, si es necesario. Nunca me atraparán (…) Dejen en paz a mi novia, porque la cosa se va a poner fea. Miren, no le temo a eso, ni a la DEA, ni a nadie, a nadie. No le temo a nadie. Todos somos mortales —dijo Marset a Greisen en la charla por teléfono.

El agente le advirtió que los cargos en su contra no iban a desaparecer.

—Soy un delincuente; seré un delincuente toda mi vida, venga quien venga a buscarme.

Tras cortar la llamada, hubo un nuevo intercambio por WhatsApp. El agente de la DEA le dijo que le había escrito directamente para hablar como hombres.

—Tienes mi número por si cambias de opinión —cerró Greisen.

El juicio contra Marset comenzará en enero con cuatro cargos: conspiración para lavar dinero, conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción de los Estados Unidos y lavado de dinero.

La defensa de Marset pidió desestimar el juicio y solicitó que se anule la incautación de cripto activos.

Casi un año después de esa conversación, el 13 de marzo de 2026, Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra por la Policía de Bolivia y luego entregado a la DEA, que lo escoltó hasta su expulsión del país.

Cuando cayó detenido, Marset declaró que buena parte de sus ganancias las había “reinvertido” y que tenía unas 10 toneladas de cocaína para seguir traficando.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que agentes de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte realizaron el procedimiento en un departamento de una torre ubicada sobre Villarroel al 1300, tras la detención días atrás de José Daniel Plaza Amanarima, de 31 años y oriundo de Venezuela.

Según confiaron las fuentes del caso a este medio, el sospechoso terminó detenido el pasado 22 de julio cuando los uniformados lo individualizaron mientras efectuaba maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Ante este escenario, el Juzgado de 1era Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 12 a cargo de José Manuel Neumann. ordenó la realización de tareas de vigilancia discreta sobre el domicilio del imputado.

Al cabo de unas siete semanas de investigación, el juez Neumann dispuso allanar el departamento del sospechoso, que ya había recuperado la libertad.

Una vez en el lugar, y con la presencia de testigos, los efectivos ingresaron al domicilio -que estaba vacío- y descubrieron que en su interior funcionaba una cocina de drogas sintéticas. Además, hallaron armas de fuego, municiones y diversos elementos por los cuales los investigadores determinaron que el imputado utilizaba su propia casa para realizar tareas de estiramiento, fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias con fines de comercialización.

Al requisar las instalaciones, la Policía porteña secuestró más de 23 gramos de cocaína; 53,02 gr de tusi; 26 gr de marihuana y dos litros de ketamina.

Los oficiales también incautaron 881.09 gr de creatina monohidratada y lactosa, sustancias implementadas para el corte de las diferentes drogas; una licuadora, coladores y bandejas de vidrio con vestigios de tusi, una carpa negra con bolsas transparentes, dos balanzas de precisión, dos cucharitas, un anotador y documentación de importancia para la causa.

Durante la recorrida, los agentes además hallaron una pistola semiautomática Bersa TPR9 bicolor (negra/verde militar) calibre .9 mm con numeración adulterada; almacenes/cargadores (4 estándar + 1 extensible); 36 municiones (12 de 9 mm y 24 de .40 mm), 4 municiones 9 mm y una caja de transporte Bersa.

Finalizado el operativo, el magistrado interventor dispuso el secuestro de la droga y de los demás elementos encontrados, como así también la clausura preventiva del departamento.

Una mujer de 44 años fue detenida durante este fin de semana en Barranqueras, provincia de Chaco, luego de que personal policial secuestrara 102 envoltorios con una sustancia que dio positivo para cocaína durante un procedimiento realizado en la vía pública. También incautaron $25.000 que llevaba entre sus pertenencias.

La intervención se produjo tras un aviso de vecinos que alertaron sobre una presunta comercialización de estupefacientes en un sector de la ciudad. Los agentes localizaron a una mujer que coincidía con la descripción recibida y la observaron junto a un hombre antes de que ambos intentaran alejarse del lugar.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el hombre logró escapar por un pasillo cercano, mientras que la mujer fue alcanzada e identificada por los efectivos. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Antidroga, que dispuso su aprehensión por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Según las actuaciones informadas, la mujer opuso resistencia cuando los agentes intentaron identificarla. Por ese motivo, el personal utilizó la fuerza necesaria para reducirla y colocarle esposas de seguridad.

Una vez que la situación fue controlada y ante la presencia de un testigo, fue identificada con las iniciales A.B.V., de 44 años y con domicilio en Barranqueras.

Entre sus pertenencias había una mochila de color negro. En el interior, los policías hallaron un monedero verde y, dentro de este, una media azul que ocultaba parte de la sustancia secuestrada durante el procedimiento.

Los efectivos encontraron un envoltorio de tipo bocha que contenía 59 pequeños paquetes anudados. Cada uno tenía una sustancia blanquecina que, de acuerdo con la prueba posterior, era compatible con cocaína.

La requisa de la mochila permitió localizar además un envase plástico blanco. Allí había otros 43 envoltorios con una sustancia similar, también preparados en dosis separadas. La suma de ambos hallazgos alcanzó los 102 envoltorios.

Junto con la sustancia, el personal policial secuestró $25.000 en efectivo. El dinero fue resguardado como parte del procedimiento y puesto a disposición de la fiscalía que intervino en el caso.

El material secuestrado tuvo un peso total de 42 gramos. Tras esa constatación, los envoltorios y el dinero fueron embalados por separado, identificados y sellados para asegurar su conservación dentro de las actuaciones.

La intervención de personal especializado permitió formalizar el secuestro de los elementos antes de que fueran entregados a la dependencia encargada de continuar con la investigación. La sustancia será sometida a las instancias periciales que correspondan dentro del proceso.

La fiscal antidroga de turno, Natalia Lovey Pessano, ordenó la aprehensión e identificación de la mujer, mencionada en las actuaciones como Villalba, además del secuestro de la droga y del dinero.

La detenida quedó a disposición de la guardia de prevención junto con los elementos que fueron incautados durante el operativo. La Fiscalía deberá analizar el contenido de las actuaciones policiales y las medidas que puedan surgir a partir de la investigación.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la identidad del hombre que escapó del lugar ni sobre eventuales procedimientos posteriores para localizarlo. La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía Antidroga en el marco de la presunta infracción a la legislación de estupefacientes.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció una presunta colusión entre narcotráfico, actores políticos y grupos criminales para promover bloqueos de rutas, en medio del malestar por el aumento de los combustibles.

En un mensaje a la población la noche de este domingo 13 de septiembre, el mandatario guatemalteco afirmó que esas acciones buscarían desestabilizar al país y anunció denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Además, sostuvo que la subida del petróleo responde a una crisis energética internacional vinculada al conflicto en Oriente Medio. Según señaló, el encarecimiento del barril impactó en los precios de los combustibles de numerosos países y afecta la economía diaria de los hogares guatemaltecos.

Arévalo recordó que el Congreso, con el aval del Gobierno impulsó una ley de precios tope al consumidor que, de acuerdo con el presidente, establece topes de Q39 (USD 5.06) el diésel y la gasolina regular, y de Q41 (USD 5.32) para la gasolina superior.

La medida recibió aprobación del Congreso de la República, aunque el mandatario cuestionó que un diputado hubiera demorado su entrada en vigor, tras presentar una oposición que deberá conocer el Pleno del Congreso.

El Ejecutivo aseguró que cuenta con los recursos para aplicar el mecanismo y que prepara medidas complementarias junto al Congreso, entre ellas un fondo de compensación. El objetivo oficial es que los consumidores no absorban nuevas subas internacionales por encima de los valores fijados.

El Gobierno atribuyó los bloqueos a intereses políticos y criminales

El presidente afirmó que sectores políticos aprovecharon la preocupación por los precios de los combustibles para convocar bloqueos y episodios violentos. Diferenció esas acciones de las manifestaciones pacíficas y dijo que los bloqueos buscaban “sembrar el caos y el desorden”.

En particular, denunció que en Río Hondo, Zacapa, políticos locales habrían coordinado acciones con actores vinculados al narcotráfico y habrían pagado a personas para participar de los bloqueos.

También mencionó situaciones en Cuyotenango y Villa Nueva, donde, según su versión, confluyeron dirigentes políticos, pandilleros y organizaciones criminales.

“Los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen” para intentar desestabilizar el país, sostuvo. Aunque no presentó públicamente pruebas ni identificó a los supuestos responsables durante el mensaje.

El mandatario indicó que el Gobierno inició averiguaciones y que llevará los casos al Ministerio Público para que investigue eventuales delitos.

La acusación coloca el foco en una posible articulación entre estructuras criminales y sectores políticos locales, una hipótesis que deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

Policía y Ejército quedaron en apresto para despejar las rutas

El presidente instruyó a la Policía Nacional Civil para garantizar el orden y la libre circulación, con apoyo del Ejército de Guatemala y dentro del marco constitucional. También anunció “tolerancia cero” contra quienes, según afirmó, vulneren la libertad de locomoción, los servicios esenciales y la actividad productiva.

Las fuerzas de seguridad mantendrán operativos conjuntos ante posibles nuevos cortes. A la vez, el Ministerio de Energía y Minas recibió la orden de facilitar el restablecimiento del transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio.

Los bloqueos afectaron el abastecimiento de combustibles y la circulación

Las protestas y cortes de rutas incidieron en el traslado de carburantes hacia las gasolineras, de acuerdo con el Gobierno. El presidente aseguró que las fuerzas de seguridad permitieron que cerca de 400 vehículos retomaran el abastecimiento de unas 1.200 estaciones de servicio.

El Ejecutivo afirmó que el suministro quedó garantizado para familias, comercios y sectores productivos. En su discurso, el mandatario vinculó la respuesta estatal con la necesidad de evitar nuevas interrupciones en el transporte, contener el impacto económico de los bloqueos y asegurar la vigencia de los precios máximos de los combustibles.

Gregorio Gómez Paiz, guatemalteco de 44 años, fue detenido en Chiapas, México, y entregado a Guatemala. Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de una red transnacional que traslada armas desde Estados Unidos mediante encomiendas y que tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La detención se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026, luego de que las autoridades mexicanas se percataran que tenía una orden de aprehensión en Guatemala vinculada con detenciones ilegales, homicidio en grado de tentativa, atentado y obstaculización a la acción penal.

La orden de captura, a la que Infobae tuvo acceso, fue girada el 27 de abril de 2026 por el Juez A del Juzgado de La Democracia, Huehuetenango y ordena ingresar de inmediato a Gómez Piaz al Centro Preventivo para hombres del Municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché.

Huehuetenango, departamento guatemalteco fronterizo con México, concentra operaciones de grupos narcotraficantes como Los Huistas. Estados Unidos sancionó económicamente a sus líderes en 2022 y Guatemala extraditó en 2025 a su máximo dirigente, Aler Baldomero Samayoa, uno de los 100 prófugos más buscados por Washington y primero en la lista guatemalteca.

Las autoridades mexicanas identificaron a Gómez Paiz durante recorridos de seguridad en Chiapas y verificaron su condición jurídica. Tras su entrega, fue capturado formalmente en el kilómetro 337 de la aldea Las Espuelas, en La Democracia, Huehuetenango, ya en territorio guatemalteco.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que el detenido integraría una estructura criminal con actividad principal en Huehuetenango, dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. La investigación sostiene que utilizaba encomiendas enviadas desde Estados Unidos para introducir el armamento al país centroamericano.

Un cargamento de armas decomisado en el Caribe guatemalteco

La pesquisa relaciona a Gómez Paiz con un contenedor interceptado el 27 de julio de 2024 en el puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. En el envío fueron hallados 13 fusiles y 27 cargadores, y la información de inteligencia lo ubicaba como destinatario de la encomienda.

El decomiso ocurrió más de dos años antes de su localización en territorio mexicano. El Ministerio de Gobernación sostiene que el caso forma parte de una ruta de traslado de armas y municiones hacia Guatemala, destinada a abastecer a grupos delictivos transnacionales.

Gómez Paiz, originario de Nentón, habría actuado como intermediario de otro ciudadano guatemalteco para vender armas a una organización narcotraficante mexicana. Fuentes del Ministerio de Gobernación lo identifican como uno de los presuntos proveedores de armamento de Ludi Beltrán Pérez Alfaro.

Beltrán Pérez Alfaro, de nacionalidad mexicana, es vinculado con el Cártel de Sinaloa y señalado como supuesto jefe de plaza en La Trinitaria, Chiapas. Ese municipio se encuentra cerca de la frontera con Huehuetenango y disputa el control de territorios y rutas dentro del estado mexicano.

La conexión con Ludi Beltrán Pérez Alfaro

Los reportes de inteligencia indican que Gómez Paiz entregaba las armas y municiones a un guatemalteco señalado como cómplice de Beltrán Pérez Alfaro. La relación entre ambos situaría el tráfico de armamento en una zona atravesada por rutas fronterizas entre Guatemala y México.

El nombre del presunto jefe de plaza había surgido en una publicación mexicana de 2021. En un video que circuló entonces, un hombre que era torturado e interrogado por sujetos armados mencionó a Beltrán Pérez Alfaro entre las personas para quienes supuestamente trabajaba.

El hombre, apuntado con fusiles durante la grabación, afirmó que Beltrán Pérez Alfaro se dedicaba a la extorsión, la trata de personas, el secuestro de migrantes y abusos contra mujeres y menores de edad. Esas acusaciones fueron pronunciadas bajo coerción en el video.

La ofensiva de la Fuerza Pública se extendió durante las últimas horas a diferentes regiones del país, con operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales. Los resultados fueron reportados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó acciones desarrolladas en Antioquia, Cauca y La Guajira.

Uno de los principales operativos tuvo lugar en Caucasia, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía, intervinieron una estructura del Clan del Golfo. Allí fue dado de baja alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

De acuerdo con el reporte de Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, el hombre llevaba cerca de siete años dentro de esa organización criminal y era señalado de dirigir extorsiones, secuestros, homicidios y amenazas, además de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

El procedimiento dejó otros tres integrantes de la estructura capturados, uno de ellos herido. Sin embargo, el resultado que De la Espriella presentó como el más importante fue la recuperación de siete personas que permanecían secuestradas por el Clan del Golfo. Durante la operación también fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación relacionada con las finanzas de la organización criminal.

El presidente destacó el resultado a través de un mensaje publicado en redes sociales y señaló que las operaciones también alcanzaron a otros grupos armados en diferentes departamentos. En Popayán, Cauca, las autoridades capturaron por orden judicial a dos integrantes del grupo “Jaime Martínez”. En el procedimiento fueron encontrados armas, municiones, 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo.

La operación contra esa estructura tuvo otro resultado en López de Micay. Allí fueron destruidas siete unidades de producción minera ilegal que, según el reporte, pertenecían a la misma organización. En el lugar también fueron intervenidos 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

Mientras tanto, en Dibulla, La Guajira, tropas sostuvieron combates con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Durante las acciones fueron incautados un mortero artesanal, ocho granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicaciones y dos antenas Starlink.

Al entregar el balance de las operaciones, De la Espriella sostuvo que la estrategia de la Fuerza Pública busca afectar diferentes componentes de las estructuras criminales. En su mensaje, resumió el alcance de las acciones de esta manera: “¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública golpea a los criminales en varios frentes!"

En Caucasia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía, golpeó al Clan del Golfo: alias “Niche”, cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, fue dado de baja y otros 3 criminales fueron capturados, uno de ellos herido. Alias “Niche” llevaba cerca de 7 años en esa organización criminal y era señalado de dirigir extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra nuestra Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

Lo más importante: en el lugar fueron rescatadas 7 personas que se encontraban secuestradas por esta estructura criminal. Además, incautamos 4 fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación de sus finanzas criminales. En Popayán, Cauca, capturamos por orden judicial a 2 integrantes del grupo narcoterrorista “Jaime Martínez”, con armas, municiones, 13 celulares, una tableta y $5 millones en efectivo. En López de Micay destruimos 7 unidades de producción minera ilegal de esa misma estructura, junto con 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

En Dibulla, La Guajira, nuestras tropas combatieron a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra e incautaron un mortero artesanal, 8 granadas de 40 mm, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicaciones y 2 antenas Starlink. Los estamos golpeando en sus cabecillas, sus armas, sus finanzas, sus comunicaciones y sus economías ilegales. No habrá territorio vedado para nuestra Fuerza Pública. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴“.

El balance presentado por el mandatario reúne operaciones con objetivos distintos: en Caucasia, la acción estuvo dirigida contra el Clan del Golfo y permitió recuperar a siete personas secuestradas; en Popayán hubo dos capturas y en López de Micay se afectaron actividades de minería ilegal atribuidas al grupo “Jaime Martínez”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado en el advirtió que Washington no tolerará la narcopolítica en el hemisferio, una señal dirigida a la región cuando el país se encamina a las elecciones generales de 2027 y se alerta sobre la posible participación directa de estructuras vinculadas al narcotráfico.

La representación diplomática tomó como referencia la designación pública de 7 exfuncionarios ecuatorianos, acusados de corrupción relacionada con organizaciones criminales transnacionales. La medida les impide ingresar a Estados Unidos y también alcanza a sus familiares directos.

El mensaje difundido este domingo 13 de septiembre por la Embajada sostuvo: “Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio, y nadie está exento”. La administración de Donald Trump afirmó que utilizará todas las herramientas disponibles para identificar a quienes, desde cargos públicos, faciliten actividades de narcotráfico.

La advertencia adquiere relevancia en Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé convocar a elecciones generales el viernes 22 de enero de 2027. En esos comicios se definirán la Presidencia, las diputaciones y las alcaldías del país.

Las autoridades electorales han reiterado que todavía no está permitido realizar campaña política y que las sanciones por proselitismo anticipado pueden incluir la negativa de inscripción de candidaturas. Pese a ello, organizaciones políticas y posibles aspirantes han aumentado su presencia en redes sociales.

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo advirtió, días atrás, que la narcopolítica y el populismo amenazan a la democracia de Guatemala y pueden ganar peso hacia las elecciones de 2027.

Siete designaciones ecuatorianas y la prohibición de ingreso

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió las designaciones el 9 de septiembre contra los funcionarios ecuatorianos: Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad; Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal.

La lista también incluyó a Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta del Partido Social Cristiano; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de esa corte; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la misma institución.

Según la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, algunos de los señalados habrían aceptado sobornos para interferir en procesos judiciales, electorales y públicos en beneficio de redes criminales. Entre las organizaciones mencionadas figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros, Los Lobos y el Cártel de Sinaloa.

Washington indicó que los exfuncionarios manipularon procedimientos judiciales y electorales para favorecer a grupos que calificó como narcoterroristas. El mensaje añadió que esas redes “envenenan a nuestras comunidades”.

Las designaciones se aplicaron bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Exteriores de Estados Unidos, que faculta al Departamento de Estado a declarar inelegibles para ingresar al país a funcionarios extranjeros, actuales o anteriores, cuando existe información creíble sobre su participación en actos graves de corrupción.

La Embajada cerró su pronunciamiento con otra advertencia: “El mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a quienes faciliten el narcotráfico”.

En la semana del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó visitas a Ecuador y Colombia para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y las finanzas ilícitas.

Denuncias locales ante la campaña anticipada

La preocupación por la penetración criminal en la política guatemalteca se concentra en el financiamiento electoral y en la eventual postulación de personas vinculadas con estas estructuras. Analistas sostienen que grupos dedicados al tráfico de drogas han pasado de aportar recursos de forma reservada a buscar espacios como candidatos.

Guatemala ya registró casos de dirigentes condenados en Estados Unidos por narcotráfico, entre ellos Mario Estrada, del desaparecido partido Unión del Cambio Nacional, y el exdiputado José Ubico, del partido Todos.

El fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó el 26 de agosto que el Ministerio Público recibió varias denuncias relacionadas con posibles casos de narcopolítica. El jefe del ente investigador evitó precisar el número de expedientes o las personas involucradas.

“Cantidad exacta no le puedo decir, pero sí hay varias denuncias”, afirmó García Luna al ser consultado sobre las acusaciones. El fiscal general aseguró que cada señalamiento será examinado para determinar si existió un delito y establecer responsabilidades.

García Luna sostuvo: “Lo único que vamos a hacer es investigar las denuncias y determinar, de forma objetiva e imparcial, si se cometió algún delito y si existe un responsable”. También señaló que los casos sin sustento serán desestimados y que el Ministerio Público no será utilizado para favorecer intereses políticos ni atacar a contendientes electorales.

La Fiscalía de Delitos Electorales prepara una estrategia para que las fiscalías del país identifiquen las posibles infracciones durante el proceso electoral y distingan las denuncias fundamentadas de aquellas que carecen de pruebas.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Dilan Peña Escalante, alias “London”, señalado como operador logístico de Los Salazar en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora. Junto a él fue capturado Emanuel Antonio Ibarra Miranda.

La operación se realizó en el marco de la Operación Escudo “Componente Sable” y representó una afectación económica al grupo delictivo estimada en 25,714,558.90 pesos.

Cateos en San Carlos

Los cateos se efectuaron en dos inmuebles ubicados en San Carlos, Guaymas, en los sectores de Posgeo y Bonita.

En la acción participaron, además de personal de la Marina, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como policías estatales y municipales de Sonora. Esta coordinación interinstitucional respondió a los lineamientos de la Operación Escudo, cuyo componente denominado “Sable” concentró los trabajos que derivaron en los cateos.

El “London” operaba en la región de Guaymas y Empalme, dos municipios del sur de Sonora, según los datos difundidos por las autoridades tras el operativo. La detención de Peña Escalante y de Ibarra Miranda forma parte de las acciones contempladas en ese componente de la Operación Escudo.

Droga asegurada: cristal y marihuana con marca “Olympos”

Durante los cateos se contabilizaron 882 dosis de cristal o metanfetamina, con un peso aproximado de mil 92 kilogramos. También se aseguraron 3 mil 582 dosis de marihuana, con un peso conjunto cercano a los 30.162 kilogramos.

Entre la marihuana decomisada, las autoridades hallaron 357 bolsas identificadas con la leyenda “Kannabis Olympos” y 2 mil 385 tubos blancos y rojos con el sello “Olympos”.

El volumen combinado de ambas sustancias, cristal y marihuana, forma parte de los bienes que integran la afectación de más de 25.7 millones de pesos atribuida a la organización tras el operativo.

Armas y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos

El operativo permitió el aseguramiento de un arma corta Glock calibre 10 mm, otra arma corta tipo réplica, 10 cartuchos útiles calibre 10 mm y un cargador. Este arsenal se suma al inventario de bienes incautados en los dos inmuebles cateados.

Entre los vehículos asegurados figura un Kia Optima 2015 que cuenta con reporte de robo en San Diego, California, fechado el 26 de octubre de 2025. Las autoridades incluyeron este dato entre los bienes asegurados, sin ofrecer mayor precisión sobre las circunstancias del vehículo en territorio mexicano.

Otros bienes decomisados y situación de los detenidos

Además de las armas y la droga, las autoridades aseguraron 140 vapeadores, dos libretas, un rollo de hule para flejar, un paquete de bolsas de plástico, una fornitura, un par de rodilleras y 4 mil 250 pesos en efectivo. Estos artículos, según el reporte oficial, formaban parte del material localizado en los inmuebles cateados en San Carlos.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que determinará la situación jurídica de ambos e integrará la carpeta correspondiente.

Los Salazar

Los Salazar surgieron a mediados de los años 2000 como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua. El grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, originario de Chínipas, Chihuahua, quien estableció su base de operaciones en Navojoa, Sonora, desde la década de 1990.

Durante más de dos décadas, Don Adán fue el principal productor y distribuidor de marihuana en el Valle del Mayo. Su cercanía con Joaquín “El Chapo” Guzmán le permitió expandir las operaciones del clan hacia ciudades como Guaymas y San Carlos, consolidando rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

Don Adán fue detenido en 2011 en Huixquilucan, Estado de México, y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2023. Tras su captura, el liderazgo pasó a sus hijos: Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano, “El Tío”, hermano de Don Adán, como el principal operador del grupo.

La ruptura con Los Chapitos

Los Salazar operaron durante años como brazo armado de Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán. Esa alianza se quebró en octubre de 2023, cuando Los Chapitos hicieron circular narcomantas prohibiendo la producción y el tráfico de fentanilo, como estrategia para reducir la presión de Estados Unidos en su contra.

Los Salazar desacataron esa orden, lo que derivó en una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa. A finales de 2023, se asociaron con otras dos células que antes protegían a Los Chapitos, conocidas como Los Cazadores y Los Paredes, para conformar una nueva estructura: el Nuevo Cártel Independiente de Sonora, convirtiéndose en rivales directos de sus antiguos aliados.

El grupo ha sido vinculado por autoridades mexicanas a múltiples hechos de violencia, entre ellos el asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, ocurrido en Hermosillo en 2011, la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005 y el homicidio de la periodista Miroslava Breach en 2017. También ha sido señalado por la construcción de narcotúneles hacia territorio estadounidense en la frontera de Sonora y Arizona.

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lograron la captura de un objetivo prioritario señalado como presunto colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como José Ernesto “N”, alias “El Neto”, también conocido como “El Gordo”, de 32 años. El hombre está vinculado con el homicidio de un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

La detención se registró en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado por la corporación estatal.

El operativo y la persecución

Efectivos policiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Pintores, entre las calles Niños Héroes y Constitución de 1857, cuando observaron a un individuo que sostenía un objeto en una de sus manos. Ante esta situación, y de manera precautoria, los agentes procedieron a intervenirlo para verificar qué portaba.

Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto reaccionó de forma inmediata: emprendió la huida y arrojó al suelo lo que llevaba en las manos, en un intento por deshacerse del objeto antes de ser alcanzado.

Los agentes reaccionaron de inmediato e iniciaron una persecución que se extendió por unos metros, hasta que lograron darle alcance y controlarlo sin que se registraran incidentes adicionales durante la aprehensión.

Una vez controlada la situación, los oficiales realizaron una inspección precautoria al detenido, aplicando los protocolos establecidos para descartar que portara sustancias ilícitas u otros objetos de riesgo. Tras la revisión, no se localizó nada entre sus prendas de vestir.

El arma durante la intervención

En la zona donde se llevó a cabo la intervención, los agentes localizaron y aseguraron un arma de fuego corta con la leyenda “TAURUS DA/SA DS”, de calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada en el lugar donde el detenido la arrojó al momento de iniciar la huida.

Con las medidas de seguridad correspondientes, los agentes desinsertaron de la pistola un cargador de metal abastecido con 11 cartuchos útiles del mismo calibre. El aseguramiento del arma y las municiones forma parte de los elementos que serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar obtenida en labores de inteligencia, “El Neto” es investigado por su probable participación en actividades relacionadas con el tráfico de armas, además del señalamiento por su presunta vinculación con el homicidio del oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Vínculos delictivos atribuidos al detenido

Las autoridades estatales lo identificaron como un objetivo prioritario dentro de las labores de inteligencia que realiza la corporación, lo que llevó a intensificar la vigilancia en la zona donde finalmente se concretó la detención.

Además del señalamiento por tráfico de armas y su presunta relación con el homicidio del oficial de seguridad, el detenido es investigado por su probable colaboración con el CJNG, uno de los grupos delictivos generadores de violencia que operan en la región.

El aseguramiento del arma y las municiones forma parte de los elementos que serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Procedimiento legal y puesta a disposición

Una vez concluida la intervención y el aseguramiento de los indicios, los agentes informaron al presunto delincuente la razón de su detención, así como los derechos constitucionales que lo asisten conforme a la normatividad vigente.

Posteriormente, José Ernesto “N”, alias “El Gordo” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de determinar su situación jurídica con base en las carpetas de investigación relacionadas con los delitos que se le atribuyen.

El arma de fuego, el cargador y los cartuchos útiles asegurados durante la intervención quedaron igualmente a disposición de la autoridad ministerial, como parte de los indicios que integrarán la investigación en curso.

Origen y estructura del CJNG en Baja California

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene presencia consolidada en Baja California desde 2014, cuando estableció una alianza con el Cártel de Tijuana para disputar al Cártel de Sinaloa el control de la ruta fronteriza hacia Estados Unidos. Esa fusión operativa derivó en la estructura conocida como Cártel de Tijuana Nueva Generación (CTNG).

La organización tiene presencia preponderante en dos municipios: Tijuana, donde se instaló desde 2015 reclutando narcomenudistas locales y exoperadores del CAF y del CDS; y Tecate, donde a partir de 2016 armó un brazo local. En Ensenada, Rosarito y Mexicali, la presencia del CJNG es descrita como marginal o de “operadores menores”.

La organización tiene presencia preponderante en dos municipios: Tijuana, donde se instaló desde 2015 reclutando narcomenudistas locales y exoperadores del CAF y del CDS.

De acuerdo con organigramas manejados por la mesa de seguridad estatal, la mayor operatividad del CJNG en Baja California la controla José Antonio Soto Gastélum, alias “el Tigre”. En un segundo nivel operan Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias “Pedrito” o “R4”, y su medio hermano Isaac Alhiu Chávez Cabrera, entre otros.

Disputas territoriales y escalada de violencia

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó indicios de colaboración entre el CJNG, el Cártel Arellano Félix (CAF) y la facción de Los Chapitos, en el marco de disputas territoriales.

Esa alianza CJNG-Chapitos se rompió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.

La disolución del liderazgo provocó reacomodos violentos de células criminales en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y San Quintín.

Según el Índice de Paz México 2026, la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa dejó cerca de 30 mil muertes violentas en el país durante la última década, y Baja California concentra el 55% de ese total nacional, siendo Tijuana, Mexicali y Ensenada las ciudades más afectadas.

En mayo de 2026, autoridades capturaron a José Paulino “N.”, señalado como líder operativo de las Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), brazo armado del CJNG en la entidad, y a Sergio Serrano, “el Checo”, identificado como cabecilla del CJNG en Tecate. Tras esas detenciones, la célula reforzó sus filas con al menos 25 sicarios provenientes de Michoacán, Guerrero, Veracruz y Jalisco.

La liberación provisional de Serrano, el 23 de agosto de 2026, detonó una nueva ola de violencia en Tecate entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre: seis ejecutados, 11 privados de la libertad y ataques contra policías municipales.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron en la ciudad de Córdoba a una mujer de 58 años y a su nieto de 16, acusados de estar vinculados con la comercialización de cocaína y marihuana.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó la semana pasada a partir de una denuncia telefónica anónima. Con la información recibida, los agentes realizaron cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II, en inmuebles ubicados sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

De acuerdo con la investigación, dos de las viviendas eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes, mientras que las otras dos funcionaban como lugares de almacenamiento.

Durante el procedimiento realizado en una casa de la calle Filiberto de Mena, un adolescente de 16 años intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, aunque finalmente fue aprehendido. También fue detenida su abuela, una mujer de 58 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa previa vinculada con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En los cuatro allanamientos, los agentes de la FPA secuestraron 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y $289.000 en efectivo, además de otros elementos relacionados con la actividad investigada.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso que los dos detenidos y los elementos incautados quedaran a disposición de la Justicia.

Semanas atrás, también en Córdoba, la FPA desarticuló una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye. La investigación, que también comenzó a partir de denuncias anónimas, avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de comercialización de estupefacientes: uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100.

Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, integrantes de una misma estructura familiar compuesta por una pareja y dos primos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la banda utilizaba la modalidad de delivery para distribuir la droga. En los allanamientos, los efectivos secuestraron 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros elementos de interés para la causa.

Tras los procedimientos, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata declaró admisible la propuesta de juicio abreviado parcial para Andrés Alcides Donnet, procesado junto al líder narco Esteban Lindor Alvarado y a su colaborador Gianluca Orpianesi, en el marco de una causa que investiga una compleja maniobra para rescatar por vía aérea al jefe de la organización rosarina desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Donnet, piloto agroaéreo, facilitó un hangar familiar en un predio rural de Gualeguaychú para resguardar, mantener y poner a punto el helicóptero utilizado en el plan de escape.

La resolución, firmada por el juez Nelson Javier Jarazo, convalidó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, el acusado y su defensa. Este mecanismo procesal permite resolver la situación del implicado de manera rápida, evitando la realización del debate oral y público para su caso particular, luego de que admita su responsabilidad en los hechos.

La fiscal Patricia Luján Cisnero formuló la acusación contra Donnet tras arribar a un consenso que estipula una pena de cuatro años y seis meses de prisión. El acuerdo también incluyó la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la prohibición perpetua para desempeñarse en fuerzas de seguridad y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos. Asimismo, se contempló el decomiso de los elementos secuestrados y el pago de las costas del proceso.

El acusado aceptó la calificación legal de coautor en los delitos de contrabando de importación agravado —por la cantidad de participantes, el uso de un medio de transporte aéreo, el sitio de aterrizaje y el valor de la mercadería—, favorecimiento de evasión en grado de tentativa y falsificación o alteración de la numeración de un objeto registrado. Adicionalmente, admitió la autoría en la tenencia ilegal de un arma de guerra, la cual se halló en el predio rural donde se custodiaba la aeronave.

La validez de un acuerdo “no unánime”

Uno de los puntos centrales que analizó la Justicia fue la viabilidad de aplicar un juicio abreviado de carácter parcial, dado que los restantes procesados, Alvarado y Orpianesi, continuarán el camino hacia el debate oral tradicional.

El Código Procesal Penal de la Nación exige la conformidad de la totalidad de los imputados para habilitar esta vía. Sin embargo, el juez Jarazo aplicó como pauta interpretativa el nuevo Código Procesal Penal Federal. Esta nueva legislación, que se implementa de forma progresiva en el país, autoriza expresamente que la existencia de múltiples procesados no impida la aplicación de las reglas abreviadas a solo uno de ellos.

El tribunal argumentó que esta solución respeta la voluntad individual de cada imputado y se alinea con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho criterio busca evitar la acumulación innecesaria de trámites, favorecer la economía procesal y garantizar un buen servicio de justicia sin vulnerar ninguna garantía constitucional.

El plan de escape frustrado

Los hechos que originaron la causa penal comenzaron a ejecutarse a principios de marzo de 2023. Según la acusación fiscal, la organización criminal adquirió un helicóptero Robinson R44 en España, al cual le colocaron una matrícula falsa para ocultar su origen. La aeronave ingresó de forma clandestina a la Argentina por vía aérea desde Paraguay, eludiendo los controles aduaneros.

El plan original consistía en que un piloto apodado “Lobo” despegara desde el hangar de Donnet en Gualeguaychú, descendiera en el campo de deportes de la cárcel de Ezeiza y rescatara a Alvarado junto a otro recluso.

El primer intento, programado para el 3 de marzo de ese año, se abortó debido a procedimientos judiciales sorpresivos dentro del penal. Una semana después, el viernes 10 de marzo, iniciaron nuevamente la ejecución del rescate. El helicóptero despegó desde Entre Ríos, pero sufrió una avería en los magnetos del motor que provocó un aterrizaje de emergencia en un club de campo de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, donde la policía lo secuestró. Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a los implicados.

Prórroga de la prisión preventiva

En paralelo a la admisibilidad del juicio abreviado, el TOF N° 2 de La Plata resolvió prorrogar la prisión preventiva de Alvarado, Orpianesi y Donnet por el término de seis meses, a partir del 10 de septiembre.

La defensa de Donnet se opuso a la continuidad del encierro carcelario común y solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El abogado argumentó que su asistido carece de antecedentes penales, posee arraigo y ya cumplió en prisión preventiva más de tres años y cinco meses, lo que representa una parte sustancial de la pena acordada en el juicio abreviado.

No obstante, el magistrado consideró que persisten riesgos procesales y que la complejidad de la causa justifica la medida de coerción. El juez remarcó que, si bien se realizó la audiencia de conocimiento personal con Donnet, el acuerdo de juicio abreviado aún no se encuentra homologado de manera definitiva, por lo que subsisten los fundamentos para mantener el arresto preventivo de los tres acusados.

Las autoridades de República Dominicana interceptaron una embarcación rápida con 595 paquetes de presunta cocaína en aguas ubicadas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia de Peravia. Durante el operativo fueron detenidos tres extranjeros —dos colombianos y un venezolano—, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por una presunta violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). Las instituciones actuaron bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que deberá establecer mediante análisis el tipo de sustancia y el peso exacto de los paquetes ocupados.

El operativo comenzó tras una alerta de inteligencia sobre una embarcación sospechosa

Según el reporte de la DNCD, las fuerzas de seguridad recibieron información sobre una lancha que se acercaba a las costas dominicanas con un posible cargamento de narcóticos procedente de Sudamérica.

A partir de esa alerta, las autoridades desplegaron un dispositivo por aire, mar y tierra. Las aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y localización, mientras que las unidades marítimas de la Armada participaron de la persecución y posterior intercepción.

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, señaló que la institución brindó apoyo aéreo a la DNCD durante el desarrollo de la operación. El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, indicó que los equipos de superficie interceptaron la nave cuando intentaba ingresar a las aguas jurisdiccionales del país.

La embarcación fue detenida tras varias horas de seguimiento

La lancha fue localizada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. De acuerdo con la información oficial, se trataba de una nave tipo Go Fast de 32 pies de eslora, unos 9,8 metros, equipada con dos motores de 115 caballos de fuerza cada uno.

Este tipo de embarcaciones suele ser utilizado por organizaciones dedicadas al traslado marítimo de cargamentos ilícitos entre distintos puntos del Caribe. La DNCD sostuvo que las redes investigadas emplean lanchas rápidas para transportar sustancias desde Sudamérica hacia el territorio dominicano.

Tras la intercepción, los agentes abordaron la embarcación y detuvieron a los tres ocupantes. Las autoridades no difundieron las identidades de los arrestados ni precisaron el punto de partida de la lancha.

Hallaron 24 pacas con 595 paquetes envueltos en cinta adhesiva

Durante la inspección de la nave, los agentes encontraron 24 pacas que contenían 595 paquetes de presunta cocaína. Según la DNCD, los envoltorios estaban cubiertos con cinta adhesiva y tenían distintos logotipos, una modalidad que suele ser objeto de análisis en las investigaciones para establecer posibles vínculos entre cargamentos y estructuras criminales.

Carlos Devers, director de comunicaciones de la DNCD, confirmó que el decomiso se produjo durante una intervención conjunta de las fuerzas de seguridad. El organismo aclaró que la identificación definitiva de la sustancia dependerá de los peritajes del INACIF.

Además de los paquetes, las autoridades decomisaron cinco tanques de combustible, un garrafón adicional, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano, una mochila con prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Los teléfonos, el GPS y la documentación incautada quedaron bajo análisis para determinar la ruta prevista por la embarcación, los contactos de los detenidos y la posible participación de otras personas en la operación.

El Ministerio Público busca identificar a otros integrantes de la red

La DNCD y el Ministerio Público informaron que continúan las investigaciones para ubicar y detener a otras personas que podrían estar vinculadas con el traslado del cargamento. La pesquisa apunta a establecer la estructura logística que habría permitido la salida de la embarcación, su recorrido marítimo y el eventual destino final de la droga.

Los tres detenidos enfrentan una investigación por presuntas infracciones a la legislación dominicana sobre narcóticos y sustancias controladas. La autoridad antidrogas indicó que los procedimientos judiciales avanzarán conforme se incorporen los resultados de los análisis forenses.

En una declaración difundida tras el operativo, la DNCD sostuvo que la coordinación con agencias aliadas permite reforzar la vigilancia de las rutas marítimas empleadas por organizaciones de narcotráfico en el Caribe.

La DNCD señaló que durante 2026 las autoridades dominicanas decomisaron más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operativos ejecutados en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otros puntos del territorio nacional. El organismo atribuyó esos resultados al despliegue de operaciones de interdicción y a la cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, sumó un nuevo capítulo a la polémica generada por la encuesta de Simón Levy sobre una eventual intervención militar estadounidense en México. Esta vez, el exfuncionario retomó una publicación de la periodista Michelle Rivera, quien resumía los resultados del sondeo, y la acompañó con un mensaje propio en el que celebra el uso de “todas las herramientas disponibles” —incluido el ejército de EE.UU.— contra el crimen organizado.

El repost que reavivó el tema

La publicación original, de la periodista Michelle Rivera, señalaba que Maltz había compartido la encuesta realizada por Simón Levy, en la que —según los resultados difundidos— una amplia mayoría de los participantes se dijo a favor de que fuerzas especiales militares de Estados Unidos intervengan para detener a políticos mexicanos señalados por corrupción y llevarlos ante la justicia estadounidense.

Sobre ese contenido, Maltz añadió, traducido del inglés:

• Que “diezmar” a los cárteles del terror utilizando todas las herramientas disponibles —incluidas las “incomparables capacidades” del ejército de EE.UU.— representa una gran victoria para el pueblo de México y para la seguridad global.
• Que estas organizaciones han llevado “muerte, destrucción, corrupción y miedo” a comunidades de ambos lados de la frontera.
• Que es momento de “desmantelar sus redes” y “destruir sus capacidades”.
• Una exigencia, en mayúsculas, de que “LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEBEN SER HECHOS RESPONSABLES”.

Una encuesta sin sustento metodológico

Vale recordar que el sondeo en cuestión —publicado por Levy, exsubsecretario de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— reportó que 89% de los participantes respaldó el ingreso de fuerzas especiales de EE.UU. a territorio mexicano, frente a un 11% que priorizó la soberanía nacional. La publicación no ofrece datos sobre metodología, tamaño de muestra ni representatividad estadística, por lo que no puede considerarse una medición oficial de la opinión pública.

Maltz reitera su discurso

Con este mensaje, el exfuncionario no solo reforzó su respaldo a la encuesta, sino que amplió el argumento: pasó de hablar de “capturar políticos corruptos” a plantear abiertamente el uso de las capacidades militares de Estados Unidos como parte de una estrategia de “desmantelamiento” contra el crimen organizado.

Este discurso se suma a una serie de posicionamientos previos del exfuncionario, entre ellos:

• Su señalamiento directo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos acusados —junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa— en una acusación formal presentada en abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos.
• Su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que México se sume a la Coalición Anticarteles de las Américas.
• La afirmación de que la corrupción sistémica mexicana funciona como un “multiplicador de fuerza” para el poder de los cárteles.

Cabe señalar que Rocha Moya e Inzunza Cázarez no han sido condenados: se trata de una imputación penal, no de una sentencia, y ambos han rechazado categóricamente los señalamientos en su contra, mismos que aún deberán probarse ante un tribunal estadounidense. Además, al tratarse de un gobernador y un senador en funciones, ambos cuentan con fuero constitucional, lo que mantiene abierto el debate sobre una eventual extradición.

El trasfondo diplomático

El mensaje se da en un contexto de tensión persistente entre Washington y el gobierno de Sheinbaum en torno a la cooperación en seguridad, en el que la mandataria mexicana ha insistido en defender la soberanía nacional frente a las presiones de voces estadounidenses que plantean una intervención más directa.

Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de México se han pronunciado sobre esta publicación al cierre de esta nota.

Según el reporte oficial, el procedimiento ocurrió en la vereda Triganá, zona rural del municipio de Acandí en el departamento del Chocó, tras labores de inteligencia y seguimiento. Las investigaciones lo ubican en la coordinación de envíos de droga por mar hacia Centroamérica y Estados Unidos, por lo que era requerido mediante notificación roja de Interpol.

La operación se desarrolló en coordinación con tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 y unidades de reacción rápida de la Estación de Guardacostas de Urabá de la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

Las autoridades cerraron el perímetro para impedir una fuga y la captura se concretó sin enfrentamientos ni personas lesionadas.

Las investigaciones citadas por El Tiempo ubican a alias Cantante como coordinador del narcotráfico internacional de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez. Ese papel incluía la salida de cargamentos de cocaína por mar, según esas publicaciones.

El capturado habría cumplido funciones de articulación logística de los envíos internacionales. Según la información oficial, su tarea incluía mantener contactos, coordinar movimientos y asegurar la salida de embarcaciones cargadas con estupefacientes hacia Norteamérica.

Acandí, zona clave para el Clan del Golfo

La ubicación del operativo tiene peso dentro del caso por su cercanía con el golfo de Urabá y los corredores marítimos del litoral chocoano. Para las autoridades, el municipio del Pacífico colombiano concentra rutas que son usadas para sacar sustancias ilegales hacia varios países del mundo.

Esos corredores también sirven para el transporte ilegal de droga, armas y otros insumos ligados a economías criminales. La Policía recalcó que la detención golpea la estructura logística y de narcotráfico del grupo en esa zona del país.

La captura también afecta la estructura de mando, la logística y las fuentes de financiación del Clan del Golfo asociadas al tráfico internacional de drogas. El detenido ocupaba un eslabón necesario para que los cargamentos llegaran a los mercados internacionales y se convirtieran en recursos para la organización.

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes donde deberá responder ante la justicia. Ahora deberán avanzar las actuaciones judiciales y establecer el alcance de su presunta responsabilidad dentro de la organización.

A su vez, las autoridades también deberán verificar o ejecutar las actuaciones relacionadas con la orden internacional que motivó la captura.

El caso se suma a la ofensiva que mantienen las autoridades en el Caribe colombiano contra las redes que sostienen el tráfico marítimo de drogas. Este tipo de operativos busca interrumpir la capacidad de coordinación de esas estructuras en corredores sensibles del litoral.

Fiscalía reactiva tres órdenes de captura

La detención de alias Cantante se conoce después de que la Fiscalía General de la Nación reactivara las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo el 11 de septiembre de 2026, tras el cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno nacional y esa organización armada. La medida quedó consignada en la Resolución 0-0284, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.

Las autoridades señalan a OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas, por la instalación de campos minados en Tierralta entre 2019 y 2021. Esos hechos dejaron un militar muerto y otros dos heridos. También lo investigan por ataques contra la fuerza pública durante el plan pistola de 2022, que causaron la muerte de dos militares y un policía, además de heridas a otros dos integrantes de la fuerza pública.

La decisión alcanza también a Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, y Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno o Jerónimo. Los tres habían obtenido la suspensión de las medidas mientras participaban en procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos durante la administración de Gustavo Petro.

La Fiscalía vinculó la reactivación con la Resolución Presidencial 398, mediante la cual el Gobierno nacional terminó esa etapa de contactos. Ambas decisiones fueron expedidas el mismo día, y la entidad indicó que la suspensión quedó sin efecto tras el cierre de las conversaciones.

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella difundió este domingo 13 de septiembre de 2026 un balance de operaciones de la fuerza pública efectuadas en la jornada del sábado 12 de septiembre de 2026, con 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de droga, armas y municiones en varios departamentos del país.

En una publicación en X, el mandatario colombiano afirmó que las autoridades mantienen una ofensiva contra estructuras armadas y redes de narcotráfico. “La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene”, escribió al inicio de su mensaje.

Uno de los hechos mencionados ocurrió en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde, según el balance, unidades del Ejército Nacional se enfrentaron a integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El reporte señala que un presunto miembro de ese grupo murió durante el combate y otro resultó herido y fue capturado.

Reportaron decomisos de marihuana y cocaína en cuatro municipios

De la Espriella también informó de incautaciones de estupefacientes en Sibaté (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), La Pintada y La Tebaida (Quindío). El total reportado incluye 1.430 kilogramos de marihuana en el municipio de Cundinamarca y otros 1.786 kilogramos en la capital de Risaralda.

A esas cantidades se sumaron 394 kilogramos de marihuana incautados en La Pintada, Antioquia, y 653 kilogramos de cocaína ubicados en La Tebaida, Quindío. En conjunto, las autoridades contabilizaron más de 4.200 kilogramos de sustancias ilegales en los procedimientos reseñados.

El presidente señaló que los operativos hacen parte de una estrategia contra las economías ilegales. “Seguimos golpeando el narcotráfico”, indicó en la publicación.

Hallaron un depósito atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza

El balance incluyó el hallazgo de un depósito ilegal que las autoridades atribuyeron al Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Allí habrían encontrado 1.881 municiones, 19 proveedores y 2 ametralladoras.

En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez. Entre los capturados, según el reporte, hay dos personas señaladas como cabecillas de zona.

De la Espriella agregó que desde el 7 de agosto se han registrado 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. El mensaje cerró con la promesa de mantener las operaciones contra “estructuras, armas, finanzas y economías criminales”.

Abelardo de la Espriella anunció la captura de tres presuntos integrantes de las ACS

Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella reportó la captura de tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en Bosconia, Cesar, durante una operación que, según indicó, buscó afectar las fuentes de financiación de esa estructura.

El mandatario señaló en una publicación en X que el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos figuran alias El Pony, identificado como responsable financiero de zona, y alias El Niche, señalado como cabecilla en el municipio.

De acuerdo con el mensaje, alias El Pony coordinaba el recaudo de dinero producto de extorsiones en Bosconia. El esquema, aseguró De la Espriella, se apoyaba en créditos informales bajo las modalidades conocidas como “gota a gota” o “cobra diario”.

El presidente afirmó que los dos hombres estarían relacionados con cuatro ataques contra comerciantes. Según la información divulgada, los hechos incluyeron disparos contra viviendas y locales comerciales, con el propósito de intimidar a las víctimas y forzarlas a pagar exigencias económicas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un revólver, 66 municiones, tres proveedores para fusil, cinco panfletos atribuidos a las ACS, dos computadores, un radio de comunicación y tres teléfonos celulares.

“Vamos por los cabecillas, los cobradores, las armas y cada peso”, sostuvo De la Espriella al referirse a la estrategia contra la extorsión. El mandatario calificó esa actividad como una de las principales vías de financiación de los grupos armados ilegales.

El pronunciamiento hizo énfasis en la situación de los comerciantes afectados por las exigencias de organizaciones criminales. “Al comerciante lo protege el Estado”, expresó el presidente.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra operan en zonas de la región Caribe y han sido señaladas por las autoridades por hechos vinculados con extorsiones, amenazas y control de economías ilícitas.

Derek Maltz, quien fungió como administrador interino de la DEA durante parte de 2025 en la administración de Donald Trump, volvió a generar controversia en redes sociales al compartir los resultados de una encuesta que asegura que la mayoría de los mexicanos respalda el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses a territorio nacional para capturar a políticos señalados por corrupción.

El mensaje que encendió el debate

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Maltz retomó una publicación del empresario Simón Levy, exsubsecretario de Turismo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó la pregunta directa a sus seguidores: si, como mexicanos, estarían dispuestos a permitir que fuerzas especiales de Estados Unidos ingresen al país para detener a políticos con órdenes de arresto en esa nación.

Según la imagen difundida, el 89% de los participantes respondió afirmativamente, mientras que solo el 11% optó por la opción que defendía la soberanía nacional.

Al compartir esos resultados, el exfuncionario estadounidense escribió:

• Que la encuesta demuestra que los ciudadanos mexicanos “abrumadoramente” quieren el uso de fuerzas militares especiales.
• Que dichas fuerzas deberían capturar a políticos corruptos en México.
• Que esos funcionarios deberían enfrentar la justicia en Estados Unidos.

Es importante señalar que el sondeo no constituye una medición oficial de la opinión pública mexicana. La publicación original no ofrece datos sobre metodología, tamaño de la muestra ni representatividad estadística, por lo que su alcance real como termómetro social es limitado.

Un patrón de declaraciones contra funcionarios mexicanos

El mensaje no es un hecho aislado. Maltz ha mantenido una postura pública recurrente y beligerante frente a lo que considera complicidad política con el crimen organizado en México, particularmente en el caso de Sinaloa.

Entre sus publicaciones más recientes destaca la difusión de un video generado con inteligencia artificial en el que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aparecía “diciendo” en inglés que se verían pronto en Estados Unidos, en referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Rocha Moya, junto con el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, figura en un expediente penal del Distrito Sur de Nueva York que los vincula con estructuras de protección al crimen organizado.

El exfuncionario también ha:

• Exigido públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se detenga a funcionarios señalados en ese expediente.
• Pedido que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el respaldo de la llamada “coalición contra los cárteles de las Américas”.
• Sostenido que la corrupción sistémica en México funciona como un “multiplicador de fuerza” para el poder de los cárteles, al permitir la producción de drogas y proteger rutas de tráfico.

¿Quién es Simón Levy, el autor de la encuesta?

El origen del sondeo tampoco está exento de controversia. Simón Levy, exsubsecretario de Planeación y Política Turística durante el gobierno de López Obrador, enfrenta dos órdenes de aprehensión en la Ciudad de México derivadas de carpetas de investigación abiertas en 2021 y 2022, una por una presunta agresión y otra vinculada a una irregularidad ambiental en una construcción.

En octubre pasado, Levy fue reportado como detenido por Interpol en Portugal y liberado horas después al contar con nacionalidad europea, según confirmó la propia presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el propio Levy ha desmentido esa versión, asegurando en entrevistas que reside entre Washington y San Diego y calificando como falsa la documentación de Interpol difundida por el gobierno mexicano.

Cuestionada sobre el caso en semanas recientes, la mandataria mexicana ha evitado profundizar en el tema, limitándose a señalar que existen procesos legales pendientes en su contra.

El trasfondo diplomático

Las publicaciones de Maltz se dan en un contexto de tensión permanente entre Washington y la administración de Sheinbaum en torno a la lucha contra el narcotráfico, en el que la presidenta mexicana ha insistido reiteradamente en la necesidad de respetar la soberanía nacional frente a las presiones de funcionarios y voces estadounidenses que plantean una participación más directa de fuerzas de ese país en territorio mexicano.

Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de México se han pronunciado de manera específica sobre esta última publicación de Maltz al cierre de esta nota.

El peruano César Morán de la Cruz, más conocido como “El Loco César”, no cuenta con la repercusión mediática de Ariel “El Guille” Cantero, líder de Los Monos en Rosario, o la popularidad de Marco Estrada González, alias “Marco”, en la 1-11-14. Sin embargo, es igual o más temible que ambos jefes del narcotráfico en Argentina. “Mata por gusto”, es la descripción que lo define a la perfección.

Hace más de dos décadas, el narco mantiene su influencia intacta en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro y a unos 15 minutos del Obelisco. El último golpe que dio la PFA a su organización -un megaoperativo en el que detuvieron a “Jhimy”, señalado como uno de sus gerentes, y a “El Mecánico”, supuesto jefe sicario de la banda- demuestra que su poderío y ferocidad está vigente, pese a estar preso desde 2012. Ninguna de las cárceles en las que estuvo alojado logró ponerle freno. Estuvo en Marcos Paz, fue enviado al norte, en Chaco, y al sur, en Rawson. Por varios años, permaneció en Devoto.

En la actualidad, Morán de la Cruz ocupa una plaza en la cárcel de Ezeiza bajo el Sistema de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal, que incluye aislamiento riguroso, control estricto de las comunicaciones y monitoreo tecnológico permanente.

Sin embargo, “El Loco” logró eludir las normas. De acuerdo a la investigación del juzgado de María Servini, impartía las órdenes a la red narco a través de llamadas, que estaban permitidas por su derecho a la defensa, con sus abogados.

Al mismo tiempo, Infobae pudo saber que en los últimos meses presentó varios habeas corpus en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, para pedir que adelanten turnos médicos de distintas especialidades: odontología, neurología, cardiología, otorrino y kinesiología.

El juzgado se los rechazó. Argumentaron que Morán de la Cruz deberá esperar como cualquiera, intra y extramuros, las fechas que le concedieron los médicos.

¿Se tratarán esos pedidos de una distracción? Lo cierto es que nunca importó demasiado el lugar de encierro al que estuviera destinado. El “Loco César” siempre encontró la forma de seguir al frente del negocio. En algunas oportunidades, con la ayuda de sus novias y suegras. A Margarita Morales Huincho, por ejemplo, la detuvieron en 2021 por instigar un crimen de un dealer en el marco de un ajuste de cuentas, en 2017. La imputaron por haber transmitido la orden del capo para la ejecución.

El arma que se utilizó en ese asesinato fue la misma que se usó en otro homicidio -también ese año- y en un escalofriante triple crimen, en 2018, en el que las víctimas sufrieron torturas extremas en “La Carnicería”, un búnker de la banda donde además, se cree, los mataron a balazos. Luego, colocaron los cuerpos en un carrito y los calcinaron en el “paredón de la muerte”. Brutal.

Nunca pudo acreditarse en el expediente la autoría intelectual, aunque fuentes cercanas a la investigación indicaron que, antes de ser aesinada, una de las víctimas llegó a contarle a un allegado que había recibido un llamado de “El Loco”, luego de negarse a ceder su restaurante a la banda. Según la fuente, el narco le dijo solo dos palabras. Y cortó.

Sus “canchas” y las lágrimas por las que ordenó un femicidio

Según fuentes que siguen de cerca sus pasos, el capo tiene su “cancha” -zona de dominio para la venta de droga- en dos manzanas del asentamiento llamado oficialmente “Patre Mujica”: la 111 y la 102 o “Barrio San Martín”. Las fuentes indicaron que las ganancias superan los 3 millones de pesos diarios. La venta, que se hace a plena luz del día, y en los pasillos de la Villa, es continúa. Se forman filas.

En ese sitio (en la 102) se encontraba la llamada “Casa del Pueblo”, principal centro de operaciones de la banda. Era, además, un centro de torturas: en ese lugar, adictos con deudas, integrantes de bandas rivales y personas que se negaban a pagar la protección del narco sintieron en carne propia el rigor de “El Loco César.

La vivienda fue expropiada en 2016 y entregada al programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia) del Ministerio Público Fiscal para transformarlo en un centro comunitario y educativo, tras una profunda investigación liderada por el fallecido fiscal federal Jorge Di Lello y su secretario Javier D’Elio.

“El Loco”, de acuerdo a la información, prevalece su dominio en La Reja, Moreno, donde comenzó y montó su negocio ilícito. Tiene influencia y en Villa Gessel, en la Costa argentina. En sus inicios, intentó hacer pie en San Martín, pero otros jefes no lo permitieron.

Y, pese a que le atribuyen más de una veintena de crímenes, la Justicia lo condenó por dos. “Loco César”, fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Beltrán Goicochea y el intento de homicidio de Mejía León. La víctima se había negado a vender droga para la banda. Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza.

Paradójicamente, un asunto romántico fue el desencadenante de su condena a prisión perpetua, dicatada en octubre de 2019. Todo comenzó la madrugada del 6 de julio de 2016, cuando un sicario derribó una puerta a patadas y acribilló sin piedad a María Belén Peralta, de 29 años. La joven, que estaba recostada en su cama junto a su novio, mirando la tele, recibió cuatro balazos. Murió sin saber por qué ni quién la atacó.

El secretario de una fiscalía de Moreno, Walter Velásquez, se puso al frente de la investigación, allanó la celda del jefe narco en Devoto y descubrió un chat en su celular que heló la sangre de más de un detective. En la conversación, “El Loco César” amenazaba a una mujer porque creía que lo había traicionado. La joven le suplicó y desmitió los rumores. El narco no le creyó.

“Todas mis lágrimas se acabarán después de matar a toda tu familia”. “No permitas que mate más gente”. “No tengo otra cosa que hacer y sacar mi monstruo que tengo luchando todo el día, gracias a ti”, fueron algunas de las frases que le envió.

Más tarde, volvió a escribir para avisarle que había cumplido su promesa: “Mari ya está muerta. Llamala a tu mamá, te va a dar las noticias. Y escucharás llorar a tus hijos por llanto de tu madre. Comeré las almas de los que estoy mandando a matar gracias a vos. Sabes cómo sufro cargando mis muertos. Así vas a sufrir tú. Con tu conciencia sabiendo que por tu culpa mandé a matar a una niña”. “Ahora sí dormiré feliz después de tantos años que no dormía tranquilo. No pararé hasta que todos los que sabían estén muertos. Me subestimaste, no me tenías miedo. Ahora, lo tendrás. Sacaste al asesino que mucho tiempo tuve atado dentro de mí”.

“El Loco”, en ese momento, no sabía que la “Mari” a quien él hacia referencia era la tía de su pareja y estaba viva. El asesino que envió la confundió con “María”, su vecina. La mató por error.

La Fiscalía de Sonora confirmó que el arma usada para matar a José Luis Esparza, de 37 años, fue la misma empleada un día antes en otro ataque en la comunidad de El Conti, en Cócorit. El vínculo balístico apunta a una disputa entre grupos criminales detrás del homicidio, ocurrido cuando un hombre entró al local haciéndose pasar por cliente y abrió fuego contra él.

En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a José “N”, alias “Odek”, señalado como operador de primer nivel de la célula “Los Tatus”, junto con una mujer identificada como Brenda “N”. El cateo se realizó en La Magdalena Contreras y ambos quedaron vinculados a homicidios, extorsiones y narcomenudeo.

En el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisó más de 10 kilogramos de metanfetamina líquida oculta en empaques de jugo de limón, en un operativo conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional (GN). Héctor Palma Salazar, “El Güero”, cofundador del Cártel de Sinaloa, salió mientras tanto del penal del Altiplano para recibir atención médica en el Instituto Nacional de Cancerología por el cáncer de piel que padece.

El Consulado General de Estados Unidos en Nogales levantó la alerta de seguridad que mantuvo seis días sobre esa ciudad de Sonora y retomó actividades con normalidad. En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván inauguró la Torre Centinela en Ciudad Juárez —un edificio de más de 115 metros que concentra el modelo estatal de seguridad— con presencia de representantes estadounidenses y en un tono de distancia explícita frente al gobierno federal.

A continuación, las noticias de este sábado.

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Decomisan más de 50 mil pesos en discos piratas de un puesto en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron más de 50 mil pesos en discos grabados de procedencia presuntamente ilícita en un puesto semifijo ubicado en la calzada México-Tacuba, en la colonia Popotla, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acompañaron a personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) durante una visita de verificación administrativa.

Durante la inspección, un representante de la SAF solicitó al comerciante la documentación que acreditara el origen legal de la mercancía exhibida en el puesto. El vendedor no contaba con facturas ni comprobantes que respaldaran la procedencia de los discos, requisito indispensable para su comercialización dentro del territorio nacional.

Ante la falta de documentación, las autoridades procedieron al aseguramiento de 2 mil 123 piezas, cuyo valor comercial se estimó en 53 mil pesos.

Los discos asegurados fueron trasladados posteriormente a las instalaciones de la SAF, situadas en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco. El traslado se realizó bajo custodia de policías de la SSC, quienes resguardaron la mercancía durante el trayecto entre ambas demarcaciones.

En las instalaciones de la SAF, los productos quedaron almacenados mientras la dependencia determina su situación legal. Las autoridades no informaron si el comerciante enfrentará alguna sanción adicional ni si se identificó a otras personas relacionadas con la distribución de la mercancía asegurada.

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Un piloto civil y acrobático de 29 años fue detenido acusado de liderar una organización narco que operaba entre Rosario, Santa Fe y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El sospechoso fue capturado en el marco de un operativo a cargo de la Policía Bonaerense, que logró desarticular la estructura tras 14 allanamientos simultáneos: 13 en PBA y uno en el territorio rosarino.

El sospechoso es Maximiliano Nicolás Cafiero, quien en sus redes sociales se presenta como piloto de avión, sube fotos de su actividad y comparte con sus seguidores frases como “todo lo bueno empieza con un poco de miedo” y “hagan plata y no miren al costado”.

Ahora, está preso y bajo la mira de la Justicia. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Cafiero habría adquirido por USD 70.000 un hidroavión experimental anfibio que utilizaba para trasladar los cargamentos de droga de una ciudad a la otra. Luego la ocultaba en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en las afueras de Rosario, que a su vez funcionaba como base logística de la organización.

La investigación estuvo encabezada por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía bonaerense, bajo la intervención de la UFI N° 1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio.

Según la causa, el método para transportar la droga no era el único recurso utilizado por la banda para evitar ser descubierta: Cafiero también se movilizaba en un Mercedes Benz C250 acondicionado como un falso patrullero, con balizas policiales y un sistema de sirenas instalado en la parrilla frontal, para evitar los controles viales durante sus movimientos entre Santa Fe y Buenos Aires.

Las tareas de inteligencia financiera y de campo permitieron establecer el funcionamiento de la organización y detectar el lugar donde se encontraba escondida la aeronave. Con esa información, se concretaron los 14 procedimientos que terminaron con la detención del presunto líder y la aprehensión de otras cinco personas.

Entre los detenidos quedaron M. C. S. (35), acusada de realizar tareas de ocultamiento; E. G. (27), imputada por comercialización de estupefacientes; L. I. G. (49), señalada como vendedora al menudeo; J. R. C. (52), sindicado como integrante de la red de venta; y W. A. C. (18), imputada por distribución local.

Además, N. C. A. (17) fue notificada por una causa vinculada a tenencia simple de estupefacientes y quedó en libertad. También fue notificado y liberado G. A. O. C. (60), padre del principal acusado y señalado como administrador financiero de la organización, quien además quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en la histórica vivienda conocida como “La Casa Barco”.

Durante los allanamientos fueron secuestrados más de 2,1 kilos de cocaína, distribuidos entre un trozo compacto y 306 envoltorios preparados para su comercialización, además de 1,8 kilos de marihuana, repartidos en cuatro trozos compactos y seis paquetes.

En el aeródromo de Alvear, por su parte, los investigadores secuestraron el hidroavión experimental anfibio Lasermaster, señalado como una de las piezas centrales de la estructura logística. También fueron incautados el Mercedes Benz equipado con elementos policiales y un utilitario Citroën Berlingo.

También secuestraron tres armas de fuego: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada. Todas tenían la numeración suprimida. A eso se sumaron $4.050.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios rectangulares utilizados para el embalaje de los estupefacientes.

Mientras avanza la investigación, la Justicia mantiene además órdenes de captura internacional y pedidos de detención activos contra otros dos presuntos distribuidores directos de la red logística.

La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 400 kilos de marihuana valuados en casi 1.700 millones de pesos durante dos operativos realizados en la provincia de Misiones, en el marco de investigaciones sobre el tráfico de estupefacientes desde Paraguay por vía fluvial.

El primero de los procedimientos se desplegó en Puerto Iguazú, tras tareas de inteligencia que dieron cuenta de un posible ingreso de droga desde territorio paraguayo. Con esa información como punto de partida, efectivos de la fuerza montaron un operativo de vigilancia a la altura del kilómetro 1884 del río Paraná, en la zona conocida como Paraje Bosetti.

Fue allí donde personal de la autoridad marítima nacional divisó destellos de linternas en un sendero que provenía de la costa del río y desencadenó un rastrillaje inmediato del área, según la información oficial.

El hallazgo no tardó en concretarse: diez bultos abandonados que contenían 279 panes de marihuana, con un peso superior a los 200 kilos y un valor estimado en más de 874 millones de pesos. El cargamento estaba disperso en el sendero, sin custodia aparente al momento de su descubrimiento.

El segundo procedimiento tuvo como escenario la localidad de Candelaria, también en Misiones. Allí, tras obtener información sobre un posible cruce de estupefacientes, efectivos de la PNA establecieron puestos de observación y desplegaron patrullas en los alrededores de los kilómetros 1604 y 1605 del Paraná, con apoyo de medios ópticos de visión nocturna.

La inspección del sector derivó en el hallazgo de 14 bultos abandonados que contenían un total de 153 paquetes con flores de marihuana, algunos acondicionados al vacío y otros con la sustancia a granel.

El cargamento reunió más de 210 kilos de la droga y fue valuado en unos 809 millones de pesos, lo que eleva el total de ambos operativos a más de 400 kilos con un valor conjunto de casi 1.700 millones de pesos.

En ambas causas intervino la Justicia Federal. Por el operativo en Puerto Iguazú actuó la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo del doctor Aníbal Martínez, mientras que en el caso de Candelaria intervino la Unidad Fiscal de Posadas, conducida por el doctor Juan Andrés Stuber. Ambos funcionarios dispusieron el secuestro de los estupefacientes.

Secuestraron más de 60 paquetes de droga y 84 kilos de hojas de coca en dos operativos en Salta

Durante la última semana, en el departamento de Orán, Gendarmería Nacional llevó a cabo dos operativos independientes, en los que incautaron más de 62 kilos de cocaína y 84 kilos de hojas de coca en Salta, y arrestaron a dos individuos, en acciones realizadas bajo el Plan Güemes y con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

El primer procedimiento se registró en el sector conocido como Finca El Paso, sobre la Ruta Nacional 50. Integrantes de la Sección Agua Blanca realizaban un patrullaje a pie cuando detectaron un vehículo que circulaba a alta velocidad. Según informó El Tribuno, los efectivos hicieron señas al conductor para que se detuviera, pero el hombre intentó eludir el control y, en la maniobra, provocó una lesión en la pierna izquierda de uno de los gendarmes.

El uniformado recibió asistencia médica y fue trasladado a un centro de salud de Orán, donde se le diagnosticó una fractura expuesta de tibia y peroné. La información oficial señaló que permanecía estable tras su internación.

Pese al incidente, los gendarmes lograron interceptar el rodado y detener al conductor y a su acompañante. La revisión posterior permitió hallar 84 kilos de hojas de coca en el interior del vehículo. La fiscalía ordenó el secuestro de la mercadería, del automóvil y de otros elementos de interés para la causa, además de la detención del conductor.

El segundo hallazgo ocurrió en una zona de monte cercana al río Pescado, donde la Sección Núcleo de Gendarmería Nacional sorprendió a tres hombres con mochilas. Los sujetos abandonaron sus pertenencias y escaparon sin que se registraran detenciones. Al inspeccionar el contenido, los efectivos encontraron 60 paquetes envueltos en material amarillo con una sustancia blanca que, tras la prueba de orientación de campo, dio positivo para cocaína. El pesaje total arrojó 62 kilos y 405 gramos.

Ambos expedientes quedaron bajo la órbita de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

El oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias “Rojo”, detenido el 18 de octubre de 2025, podría convertirse en el primer policía costarricense extraditado a Estados Unidos por narcotráfico internacional. El Tribunal Penal de Golfito autorizó su entrega a pedido de la Fiscalía de California, una decisión que ahora debe revisar el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea, según CRHoy.

La resolución del 27 de julio también alcanzó a William Ramírez, alias “Rambo”; Greivin Castro, conocido como “Precioso”; y Jorge Cordero, alias “Candado”. Los cuatro son requeridos dentro del mismo expediente por autoridades judiciales estadounidenses.

Las defensas presentaron recursos de apelación aproximadamente un mes antes y esos planteos continúan en trámite. Goicoechea deberá determinar si mantiene la autorización judicial y los sospechosos son enviados a territorio estadounidense, o si rechaza las solicitudes.

La investigación comenzó con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que contó con la asistencia de autoridades costarricenses y de la Guardia Costera estadounidense. La organización operaba desde Golfito y trasladaba cocaína desde Colombia a través de Costa Rica y México, con destino final en Estados Unidos.

Desde 2017, la red movilizó toneladas de droga mediante embarcaciones, aviones y furgones de carga. Las autoridades decomisaron más de tres toneladas de cocaína vinculadas a la estructura durante las pesquisas.

Los implicados enfrentan cargos ante el Tribunal de Distrito del Sur de California por distribución y conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. Un cómplice detenido que luego colaboró con la DEA aportó información sobre la operación.

El testigo identificó a los involucrados al observar sus fotografías y confirmó que se había reunido con ellos personalmente y por medios electrónicos para coordinar actividades de narcotráfico. Las comunicaciones intervenidas reforzaron la investigación sobre la estructura criminal.

La organización compró terrenos y fincas en Sabalito de Coto Brus, una comunidad próxima a la frontera con Panamá. Utilizaba esas propiedades para ocultar cargamentos transportados por tierra y para acondicionar superficies llanas destinadas al aterrizaje de avionetas.

Las aeronaves realizaban vuelos de largo alcance y a baja altura para evitar los radares del Servicio de Vigilancia Aérea. Tras llegar a las pistas clandestinas, la droga era descargada y escondida en búnkeres o camiones.

El papel atribuido a “Rojo” en la Zona Sur

Amador Corella habría custodiado cargamentos de cocaína movilizados por tierra y mar a través del Pacífico Sur y la frontera sur de Costa Rica. También coordinaba el traslado de la sustancia una vez que ingresaba desde Panamá, con el objetivo de asegurar su paso hacia el norte del país.

El expediente le atribuye la recepción de estupefacientes trasladados en lanchas rápidas y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas. Se presume que cobraba sumas fijas por cada kilogramo de cocaína que atravesaba las fronteras bajo su supervisión.

En sus primeros vínculos con actividades ilícitas, “Rojo” actuaba como intermediario logístico: daba soporte a los traslados, verificaba el estado de los cargamentos en carretera e informaba sobre movimientos policiales al cabecilla de una organización criminal. Con el tiempo, habría acumulado contactos y control sobre una red de policías corruptos en la Zona Sur.

Luego comenzó a operar de forma independiente y a adquirir sus propios cargamentos de cocaína. En vez de limitarse a cobrar comisiones por proteger mercancía ajena, presuntamente compraba la droga para revenderla a organizaciones criminales asentadas en Guatemala y México.

A partir de su arresto, las autoridades iniciaron pesquisas sobre un grupo de policías que presuntamente colaboraba con bandas de la región. Informes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal indican que “Rojo” lideró el reclutamiento de decenas de agentes activos de la Fuerza Pública en la Región Brunca Sur.

Esos funcionarios habrían utilizado bases de datos y canales de comunicación policial para alertar a la banda sobre retenes, operativos antidrogas planificados y desplazamientos de patrullas. Paralelamente, Amador Corella habría coordinado el contrabando de licor desde la frontera sur con la banda de “Los Whiskeros”, con el fin de evadir controles fiscales y aduaneros.

El expediente de extradición señala que Ramírez Arguedas, conocido como “Kimba”, y Castro Muñoz, alias “Muñeco” o “Lalo”, dirigían y supervisaban las operaciones. Cordero Obregón, identificado como “Gordo” o “Pallín”, trabajaba para ellos, incluso en actividades de legitimación de capitales.

Los municipios de Nuevo León registraron una baja histórica del 48% en homicidios dolosos entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, al pasar de 542 casos en el mismo periodo de 2025 a 281, según las estadísticas elaboradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y difundidas por la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz.

La reducción se produjo como resultado de la coordinación entre Fuerza Civil, la Fiscalía estatal, la Sedena, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad federal, que operaron de forma conjunta a lo largo del año.

Allende y Santiago eliminaron por completo los homicidios dolosos en 2026

El municipio de Allende encabezó la lista al registrar una disminución del 100%: pasó de nueve homicidios en 2025 a cero en 2026. Santiago alcanzó el mismo resultado al reducir sus dos casos del año anterior a ninguno en el periodo actual.

En tercer lugar se ubicó El Carmen, con una reducción del 94%: de 17 homicidios en 2025 a uno en 2026. Le siguió Zuazua, que pasó de nueve a dos casos, una disminución del 78%.

San Nicolás de los Garza bajó de 29 a siete homicidios, una diferencia del 76%. Apodaca redujo su cifra de 51 a 13 casos, con una baja del 75%.

El área metropolitana de Monterrey también registró descensos superiores al 60%

Santa Catarina pasó de 33 a 11 homicidios, una reducción del 67%. Salinas Victoria alcanzó ese mismo porcentaje de baja al pasar de seis a dos casos.

Cadereyta registró 11 homicidios en 2025 y redujo esa cifra a cuatro en 2026, un descenso del 64%. General Escobedo pasó de 34 a 14 homicidios, con una reducción del 59%.

Juárez bajó de 43 a 25 casos, una diferencia del 42%. García, Guadalupe y Montemorelos presentaron una reducción conjunta del 29%.

San Pedro Garza García registró el único caso de aumento en la lista: pasó de cero a dos homicidios en el periodo analizado. La Mesa de Coordinación incluyó ese dato sin atribuirle una causa específica.

Monterrey opera con dos zonas de seguridad bajo Fuerza Civil y la Policía Municipal

En Monterrey, la zona bajo responsabilidad de Fuerza Civil pasó de 89 homicidios en 2025 a 56 en 2026, una reducción del 37%. La zona a cargo de la Policía Municipal registró 30 casos el año anterior y 24 en el periodo actual, una baja del 20%.

Las estadísticas no incluyen los criminales neutralizados por las instituciones de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública precisó ese criterio metodológico al publicar los datos.

El secretario de Seguridad Pública, Gerardo Escamilla Vargas, informó el 2 de septiembre que agosto cerró con 23 homicidios, la cifra más baja de las últimas dos décadas en el estado. En el acumulado de enero a agosto se contabilizaron 274 homicidios, lo que representa una reducción del 48% frente al mismo periodo de 2025 y del 75% respecto a 2024.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda destacó durante una conferencia de prensa en el nuevo edificio de Fuerza Civil que Nuevo León pasó del cuarto al lugar 24 a nivel nacional en homicidios. La tasa actual es de 4.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que, según Escamilla, coloca al estado por debajo de la media nacional.

Fuerza Civil amplió su plantilla de alrededor de 3.000 elementos a 6.000, con una meta de 7.000, además de incorporar división aérea, helicópteros Black Hawk, unidades tipo Black Mamba y operativos de saturación denominados Muralla y Presencia Total. Esa expansión de capacidad operativa fue señalada por analistas como una de las tres piezas que explican la caída sostenida.

La segunda pieza fue la inteligencia aplicada a las cadenas de mando de los grupos criminales. El Gabinete de Seguridad federal documentó detenciones de generadores de violencia en la región, lo que interrumpió los ciclos de represalia que elevan las cifras de homicidio.

La reducción en homicidios se acompañó de una baja en otros delitos patrimoniales, como robo simple y robo de vehículos, según informaron las autoridades estatales el 2 de septiembre. Al corte del 31 de agosto, Nuevo León se ubicó entre las seis entidades del país con mayor descenso en el promedio diario de homicidios al comparar los primeros ocho meses de 2025 con los de 2026: un 51.1%.

Guanajuato, Baja California y Chihuahua concentran el mayor porcentaje de homicidios

El promedio diario de homicidios dolosos en México cayó 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos por día, según informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre. Esa reducción equivale a 46 homicidios dolosos menos cada día en todo el territorio nacional.

El informe del SESNSP, elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales con corte al 31 de agosto de 2026, señaló que agosto registró el promedio diario más bajo de toda la serie histórica iniciada en 2015. La tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes acumuló una reducción del 49% desde 2024.

La distribución geográfica de la violencia muestra que Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa concentraron los porcentajes más altos del total nacional, con 8.5%, 8.4%, 8.0% y 7.5% respectivamente. Siete estados en conjunto acumularon el 49.3% de los 11.590 casos registrados a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, con un promedio nacional de 362 casos por entidad.

El SESNSP también documentó una reducción del 39% en el promedio diario de delitos de alto impacto, que pasó de 636.6 casos en septiembre de 2024 a 391 en agosto de 2026. En ese mismo periodo, el robo de vehículo con violencia bajó 54%, el secuestro disminuyó 26.3% y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego retrocedieron 11.2%, según los datos presentados por Figueroa Franco.

Los narcocorridos dedicados a Héctor “El Güero” Palma documentan, canción por canción, la vida del cofundador del Cártel de Sinaloa desde su ascenso criminal en los años 80 hasta su captura en 1995, cuando su jet privado se estrelló en Nayarit. Al menos tres grupos de regional mexicano —Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte y Gerardo Ortiz— le dedicaron temas con letra verificable, mientras las series de televisión lo retrataron con nombre propio o bajo identidades ficticias.

El accidente aéreo del 23 de junio de 1995 fue el punto de partida de la mitología musical en torno a Palma Salazar. El Lear Jet en el que viajaba desde Ciudad Obregón, Sonora, con destino a Guadalajara se desplomó en la frontera entre Jalisco y Nayarit, y el Ejército lo detuvo al día siguiente.

“El Güero Palma” de Los Tucanes de Tijuana: el corrido del avionazo

La canción más conocida sobre el capo es “El Güero Palma”, compuesta por Mario Quintero e interpretada por Los Tucanes de Tijuana. El tema forma parte del álbum 14 Tucanazos Bien Pesados, publicado en 1995.

La letra abre con una conversación en la cabina del avión antes del impacto: “Quiero que aterrices inmediatamente… pero no se puede señor, es muy peligroso”. Esa secuencia de diálogos sitúa al oyente dentro del aparato en los segundos previos al siniestro.

La narración avanza para describir que el vuelo procedía de Obregón y tenía como destino Guadalajara. El corrido señala que varios tripulantes murieron en el impacto y que Palma quedó herido.

Una estrofa central revela la intención detrás del accidente: “La consigna era matarlo, así se les ordenó, no querían encerrarlo, pero aquel plan les falló”. La canción presenta el siniestro no como un accidente fortuito, sino como una operación fallida para eliminar al capo.

El tema también traza el perfil de poder del personaje: “El hombre más poderoso que nunca conoció el miedo, el país casi era suyo, lo recorría por el cielo”. La letra menciona conexiones en Colombia, Estados Unidos, Perú, El Salvador, México y Guatemala, según el texto de la canción publicado en Musica.com.

El corrido cierra con una amenaza dirigida a los enemigos de Palma: “No estén tranquilos señores, que el cuento aquí no se acaba… hagan ya su testamento, puede explotarles la almohada”. La canción acumula décadas de vigencia en el regional mexicano.

“El Plantón” de Los Tigres del Norte: otra versión del mismo accidente

Los Tigres del Norte abordaron el mismo episodio desde un ángulo distinto en “El Plantón”. La letra, disponible en Spotify y Amazon Music, arranca con los versos: “En Jalisco y Nayarit abordaron el avión, ahí viajaba el Güero Palma, procedente de Obregón, le avisaron que en Toluca le pusieron un plantón”.

La diferencia narrativa con el corrido de Los Tucanes radica en el elemento del “plantón”: la canción sugiere que Palma recibió aviso de que lo esperaban en Toluca, lo que añade una capa de traición o emboscada a la historia del accidente. El título mismo condensa esa idea.

El tema pertenece al catálogo de Los Tigres del Norte dedicado al narco sinaloense y fue publicado en plataformas de streaming, aunque la letra completa no está disponible de forma pública sin suscripción a Amazon Music Unlimited.

“Palma Salazar” de Gerardo Ortiz: el corrido que confundió al público

En 2017, el cantante californiano Gerardo Ortiz publicó “Palma Salazar” en su álbum Comeré Callado Vol. 1, que debutó en el primer lugar de la lista Regional Mexican Albums de la revista Billboard. El tema acumula más de 97 millones de reproducciones en YouTube.

La canción generó confusión porque muchos oyentes creyeron que narraba la vida de Héctor Luis Palma Salazar. Según una investigación de Infobae, el protagonista real es Luis Valerio Palma Salazar, hermano del capo, asesinado a balazos en el estacionamiento de un centro comercial en Guamúchil, Sinaloa, en 2010.

El corrido describe al protagonista como “el consentido de El Güero”, alegre, fumador de cigarros Marlboro rojo y cercano a figuras como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán. La estrofa “Hombre de amistad, muy amigo de Don Mayo, del Chapo Guzmán y del viejo Chalo Araujo” traza ese círculo criminal.

La letra también retrata la forma de vestir del personaje —pantalones Levi’s, ropa Polo y Lacoste, botas Timberland— y su habilidad para el trasiego aéreo de droga. El cierre de la canción confirma que el protagonista ya murió: “Del cielo los he de cuidar”, una despedida que descarta que la historia sea sobre el capo vivo.

Las series que adaptaron su historia en pantalla

La figura de Palma Salazar también llegó a la televisión en tres producciones distintas. En Narcos: México, el actor español Gorka Lasaosa lo interpretó a lo largo de las tres temporadas de la serie de Netflix.

En El Chapo (2017), también producida por Netflix, el papel correspondió al actor mexicano Juan Carlos Olivas, quien falleció en abril de 2018 a los 34 años por cáncer. La serie mostró la formación del Cártel de Sinaloa y el asesinato de la familia del capo.

En la telenovela El Chema (Telemundo, 2016), el personaje recibió el nombre ficticio de Eutimio “Rojo” Flores y fue interpretado por Fernando Noriega. La producción reinventó la historia de Joaquín Guzmán Loera bajo el alias de José María “Chema” Venegas, y mantuvo la trama del asesinato de la familia como eje dramático central.

Palma Salazar nació el 29 de abril de 1960 en La Noria de Abajo, Mocorito, Sinaloa. Inició su carrera delictiva como ladrón de autos, ascendió como sicario bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo y cofundó el Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue extraditado a Estados Unidos en 2007 y sentenciado a 16 años por tráfico de drogas. Cumplió el 85% de la condena por buena conducta, fue liberado en 2016 y reaprehendido al pisar suelo mexicano. Hoy permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, donde enfrenta un proceso por homicidio calificado y ha denunciado, mediante amparos, negligencia médica y malos tratos.

Antonio Espinoza Zárate, un mexicano de 56 años identificado con el alias de “El Gato”, fue sentenciado en Estados Unidos a 135 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años, por participar en una conspiración para distribuir grandes cantidades de fentanilo en Los Ángeles.

El caso tiene un elemento que llamó la atención de las autoridades estadounidenses: Espinoza Zárate había sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones, pero volvió a ingresar al país y terminó involucrado en operaciones de venta de miles de pastillas de fentanilo, además de armas de fuego y municiones.

La sentencia fue dada a conocer este 11 de septiembre de 2026 por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el mexicano, residente del área de Mar Vista, en Los Ángeles, fue sentenciado por el juez federal de distrito Wesley L. Hsu.

Espinoza Zárate, conocido como “El Gato”, se declaró culpable el pasado 7 de mayo de un cargo de conspiración para distribuir y poseer fentanilo con la intención de comercializarlo.

El mexicano permanece bajo custodia federal desde marzo de 2025, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.

“El Gato” fue deportado cuatro veces de Estados Unidos

Los documentos judiciales señalan que Antonio Espinoza Zárate fue expulsado de Estados Unidos en los años 2010, 2013, 2014 y 2017.

Sin embargo, las deportaciones no impidieron que regresara al país.

Según su acuerdo de culpabilidad, entre julio de 2023 y marzo de 2025, “El Gato” conspiró con otras personas para distribuir fentanilo después de obtener cantidades destinadas a la comercialización y venderlas a posibles compradores.

La investigación documentó al menos dos operaciones en las que el mexicano vendió miles de pastillas del poderoso opioide sintético y, además, incluyó armas y municiones en las transacciones.

El primer episodio ocurrió en julio de 2023, cuando Espinoza Zárate obtuvo 4 mil 592 pastillas de fentanilo, con un peso total de aproximadamente 527 gramos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, posteriormente vendió esa cantidad a un comprador en Los Ángeles por 4 mil 500 dólares.

Pero la operación no se limitó a la droga.

Miles de pastillas, armas y municiones en las transacciones

Durante la misma transacción, “El Gato” vendió al comprador armas de fuego y municiones por mil 700 dólares.

Entre el armamento involucrado se encontraba una pistola Glock, además de 131 cartuchos, según los documentos judiciales dados a conocer por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

Un mes después, en agosto de 2023, las autoridades documentaron una segunda operación.

En esta ocasión, Espinoza Zárate se reunió con otro comprador en Los Ángeles y le vendió 9 mil 826 pastillas que contenían poco más de un kilogramo de fentanilo.

La transacción por la droga alcanzó los 8 mil dólares.

Nuevamente, la venta de narcóticos estuvo acompañada por armamento.

Según el Departamento de Justicia, el mexicano también vendió al comprador un rifle por 2 mil dólares.

Las dos operaciones documentadas representan más de 14 mil pastillas de fentanilo involucradas en las transacciones atribuidas a “El Gato”, además de armas de fuego y municiones.

El caso fue investigado por la fuerza de tarea El Camino Real Financial Crimes Task Force, encabezada por Homeland Security Investigations (HSI) y conformada por investigadores federales y estatales.

En las investigaciones también participaron agentes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La condena llega tras casi un año y medio bajo custodia

La sentencia de 135 meses pone fin a una parte del proceso judicial contra el mexicano, quien llevaba bajo custodia federal desde marzo de 2025.

Su declaración de culpabilidad, presentada en mayo de este año, reconoció su participación en la conspiración para distribuir y poseer fentanilo con fines de venta.

El caso se suma a los esfuerzos de las autoridades estadounidenses contra las redes dedicadas a la distribución del opioide sintético, una de las principales prioridades de seguridad y salud pública para Washington.

En el expediente de “El Gato”, además, las autoridades destacaron la combinación entre el tráfico de fentanilo y la venta de armas, dos actividades que incrementaban los riesgos para la comunidad, de acuerdo con la investigación federal.

Tras cuatro deportaciones y su regreso a Estados Unidos, Antonio Espinoza Zárate terminó condenado a más de 11 años de prisión por las operaciones de narcotráfico que las autoridades lograron documentar entre 2023 y 2025.

Yanet “N”, ciudadana estadounidense de 21 años, quedó bajo investigación federal luego de que las autoridades mexicanas la detuvieron en San Luis Río Colorado, Sonora. La captura ocurrió el 11 de septiembre de 2026, en las inmediaciones del Puente Fronterizo con Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad la identificó como presunta operadora logística de “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco. De acuerdo con los reportes oficiales, la joven presuntamente participaba en el traslado de armamento desde territorio estadounidense hacia México.

Los agentes realizaron el arresto durante recorridos de vigilancia apoyados por trabajos de inteligencia y con la participación de cinco instituciones federales. Durante la revisión de su camioneta negra, los elementos localizaron 5.445 cartuchos calibre 7,62 × 39 milímetros ocultos bajo los asientos.

A continuación el perfil de Yanet “N”, la joven señalada por las autoridades como una pieza logística en el tráfico de armas para la facción de Los Mayos.

Yanet N: ciudadana de Estados Unidos con rango de segundo nivel en Los Mayos

La información oficial ubicó a Yanet como miembro de segundo nivel dentro de la estructura de la facción criminal. Ese rango la posicionaba como un eslabón logístico entre el suministro de armas en Arizona y su distribución en Sonora.

Su nacionalidad estadounidense era un activo operativo dentro de la organización. Dicha condición le permitía cruzar la frontera con regularidad sin levantar sospechas inmediatas ante los controles migratorios.

Las autoridades establecieron que operaba en el municipio de San Luis Río Colorado, una de las zonas fronterizas más sensibles del estado de Sonora. Ese corredor es considerado estratégico para el tráfico de armas hacia el interior del país.

La facción a la que pertenecía, Los Mayos, es una de las dos ramas en que se fracturó el Cártel de Sinaloa. Su líder, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, es hijo de Ismael El Mayo Zambada, histórico jefe de esa organización.

Facebook, la camioneta negra y el rastro digital que siguieron las autoridades

En su perfil de Facebook, Yanet exhibía la camioneta negra que utilizaba para sus traslados y que presentaba como una adquisición personal de la que estaba orgullosa. Varios de sus contactos en esa red, provenientes de Sinaloa y Guadalajara según consignó Infobae, celebraban ese “ascenso laboral” sin mencionar explícitamente su naturaleza.

El medio también documentó que la joven presumía en esas plataformas el armamento que transportaba para El Mayito Flaco. Esa exposición pública formó parte del rastro digital que las autoridades rastrearon antes del operativo.

La misma camioneta negra que aparecía en sus publicaciones fue la que los agentes aseguraron el 11 de septiembre junto con los cartuchos. El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público como parte del material probatorio del caso.

Sus cuentas en redes sociales también revelaron que nació en Estados Unidos, dato que las autoridades vincularon directamente con su función dentro de la célula. La organización aprovechaba esa nacionalidad para mover armamento a través del cruce fronterizo con menor riesgo de detección.

El operativo del 11 de septiembre en el Puente Fronterizo de San Luis Río Colorado

La detención se produjo durante recorridos de vigilancia encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las cinco instituciones actuaron de forma conjunta como parte de la Estrategia de Seguridad del Gabinete federal.

Los agentes localizaron a Dowden en las inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos, en San Luis Río Colorado. La revisión del vehículo permitió descubrir 5.445 cartuchos calibre 7,62 × 39 mm ocultos bajo los asientos de la camioneta.

Junto con las municiones, los agentes hallaron entre sus pertenencias una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, expedida a su nombre y en la que figura como oficial correccional de segundo nivel. Las autoridades iniciaron de inmediato acciones para verificar la autenticidad de esa credencial y su situación laboral vigente.

El Gabinete de Seguridad estimó que el decomiso representó una afectación a la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos de 1.655.019 pesos. Esa cifra incluyó el valor del armamento y del vehículo asegurados.

Las dependencias precisaron que el objetivo del aseguramiento fue reducir la capacidad operativa de la célula criminal y evitar que ese armamento se empleara para generar hechos de violencia en la región fronteriza. El comunicado oficial subrayó que la coordinación interinstitucional fue determinante para la ejecución del operativo.

Tras la detención, las autoridades le informaron sus derechos y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y las municiones aseguradas. Ese funcionario quedó a cargo de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación del caso.

El Gabinete de Seguridad destacó en su comunicado que con esta acción “se afecta la estructura de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos”. La declaración oficial presentó la detención como parte de una estrategia sostenida de presión sobre los eslabones logísticos y financieros de las organizaciones criminales.

El 12 de septiembre, un día después de su arresto, Dowden cumplió 22 años. Los datos de sus propias redes sociales confirmaron esa fecha, según lo documentado por Infobae.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de forma coordinada para desarticular células delictivas mediante la detención de operadores logísticos. El énfasis de esa estrategia recae sobre los cruces fronterizos, que las autoridades identifican como los puntos más vulnerables del tráfico de armas hacia México.

La Guardia Nacional aseguró el 10 de septiembre de 2026 un tractocamión acoplado a un autotanque con 50 mil litros de hidrocarburo en el estado de Coahuila, en el marco de recorridos de inspección y vigilancia desplegados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El operativo se realizó porque los elementos detectaron indicios de que la unidad podría estar vinculada al traslado ilícito de combustible, práctica conocida en México como huachicol.

El hallazgo fue confirmado por el Gabinete de Seguridad en su reporte de acciones relevantes del 10 de septiembre. El aseguramiento se suma a una serie de decomisos registrados en la entidad durante los primeros días de septiembre de 2026.

La Guardia Nacional detectó la pipa en la zona de Paila, Parras de la Fuente

De acuerdo con los primeros reportes, el personal adscrito a la Subestación Paila realizaba recorridos preventivos para detectar actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos cuando ubicó la unidad tipo pipa. La presencia y las características del vehículo despertaron sospechas entre los agentes, quienes procedieron a una inspección.

Tras la revisión, los elementos confirmaron indicios de traslado ilícito de combustible y aseguraron tanto el vehículo como el hidrocarburo que transportaba. La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que la instancia competente iniciara las investigaciones formales.

Las diligencias tienen como objetivo determinar la procedencia del hidrocarburo y la situación legal de la pipa. Las autoridades también deben establecer si existen personas vinculadas a algún delito en relación con el cargamento.

El operativo se inscribe dentro de las acciones permanentes de vigilancia que la Guardia Nacional mantiene en esa región de Coahuila. La corporación federal enfoca esos recorridos específicamente en la detección del robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.

El mismo día, tres pipas con 120 mil litros de diésel fueron decomisadas en la carretera Saltillo-Torreón

En un operativo separado registrado también el 10 de septiembre, las autoridades aseguraron tres pipas con más de 120 mil litros de diésel a la altura del kilómetro 118 de la carretera Saltillo-Torreón, en el paraje conocido como “Paila”, de acuerdo con Telediario. El combustible y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que conduce las investigaciones para determinar la procedencia del hidrocarburo.

Las corporaciones involucradas en ese segundo decomiso incluyeron a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). La FGR deberá establecer posibles responsabilidades y el origen de los más de 120 mil litros asegurados en esa acción.

En paralelo, las mismas corporaciones estatales y federales localizaron un predio en el fraccionamiento Campestre Las Casas, en la Región Sureste de Coahuila, donde se presume que se almacenaba hidrocarburo de procedencia irregular. La cantidad de combustible encontrada en ese inmueble aún estaba en proceso de contabilización al momento del reporte.

El predio en Saltillo también quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias para determinar su uso y relación con el combustible asegurado en otros puntos. La acumulación de operativos en un solo día refleja la intensidad del despliegue federal en Coahuila contra el huachicol.

El Gabinete de Seguridad reportó acciones simultáneas en Jalisco, Chiapas y Sinaloa el 10 de septiembre

El reporte del Gabinete de Seguridad del 10 de septiembre no se limitó a Coahuila: en Tecalitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía Estatal detuvieron a cinco hombres y una mujer, y liberaron a ocho personas privadas de su libertad. En Buenavista, en la misma entidad, un cateo arrojó el aseguramiento de dos artefactos explosivos improvisados, 47 cargadores, seis armas largas, tres fornituras, un equipo de radiocomunicación y tres vehículos con reporte de robo, dos de ellos con blindaje artesanal.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de Semar, la SSPC y Aduanas aseguraron más de 8 millones de cigarros apócrifos ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China. En la colonia Los Amates de esa misma ciudad, la Sedena y la Policía Municipal decomisaron una cuatrimoto, seis armas largas, 43 cargadores, milm364 cartuchos, una granada, seis chalecos tácticos y siete placas balísticas.

En Benemérito de las Américas, Chiapas, la Guardia Nacional y la Sedena detuvieron a una persona y aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, un chaleco táctico y un vehículo. En Concordia, Sinaloa, elementos de la Defensa y la Policía Estatal detuvieron a un hombre al que le aseguraron un arma larga, siete cargadores, tres mil 206 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

Todos estos resultados forman parte del reporte coordinado por el Gabinete de Seguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. El Gabinete publica este tipo de informes de forma periódica para dar cuenta de los resultados de los operativos en todo el territorio nacional.

El contexto de los decomisos en Coahuila adquiere mayor dimensión cuando se considera que, apenas el 9 de septiembre, un operativo federal desmanteló en la zona centro del país una red criminal dedicada a la comercialización ilícita de hidrocarburos, con 32 detenidos tras seis meses de investigación, según consignó Los Reporteros. Ese operativo incluyó acciones simultáneas en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, y arrojó el aseguramiento de 12 inmuebles, 21 tractocamiones y casi 16 millones de pesos en efectivo.

Una organización que utilizaba vehículos para distribuir y vender sustancias ilícitas como si realizara entregas convencionales fue desarticulada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, Panamá.

La denominada Operación Apple Delivery terminó con nueve personas condenadas, apenas un día después de las capturas efectuadas en el corregimiento de La Concepción.

La investigación apuntaba a que los integrantes movilizaban la droga en automóviles y coordinaban las entregas bajo una dinámica semejante a la de los servicios de mensajería. Los vehículos permitían trasladar los pedidos hacia distintos puntos, reducir el tiempo de permanencia en cada lugar y dificultar la identificación de una ubicación fija de venta.

La jueza de garantías Ana González validó los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y las defensas y emitió la sentencia condenatoria número 613 del 11 de septiembre. Los nueve procesados, seis hombres y tres mujeres de entre 21 y 60 años, fueron responsabilizados por tres delitos diferentes.

El castigo más elevado recayó sobre un hombre de 21 años, condenado a 96 meses de prisión por venta de sustancias ilícitas. La decisión también ordenó el pago de una multa de 500 dólares con 83 centésimos, dinero que las autoridades vincularon con la actividad por la cual fue procesado.

Otros dos hombres, de 21 y 30 años, recibieron penas de 84 meses de prisión por el mismo delito. Ambos también fueron sancionados con 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a aplicarse una vez que hayan cumplido la condena principal impuesta por el tribunal.

La sentencia incluyó a tres hombres de 22, 26 y 31 años, declarados responsables de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Las penas fueron fijadas en 62 y 60 meses de prisión, mientras que las sanciones accesorias incluyeron el comiso de cuatro automóviles y periodos de inhabilitación para funciones públicas.

El componente financiero de la operación quedó reflejado en las condenas impuestas a tres mujeres por blanqueo de capitales. Una mujer de 48 años recibió 60 meses de prisión y perdió siete vehículos mediante una orden de decomiso, una cantidad que muestra el peso atribuido a los automóviles dentro de la estructura.

Las otras dos procesadas, de 28 y 60 años, fueron condenadas a 48 meses de prisión, reemplazados por el pago de 400 dólares dentro de un plazo de seis meses. Para una se dispuso el decomiso de un automóvil y para la otra, 12 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La audiencia se extendió durante casi seis horas, desde las 10:09 de la mañana hasta las 3:52 de la tarde. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ninfa González, Edgar Tamayo y Estefanía González, mientras que los sentenciados contaron con defensores públicos y abogados particulares durante el procedimiento.

Las aprehensiones se produjeron el 10 de septiembre durante un despliegue desarrollado en La Concepción, distrito de Bugaba. De acuerdo con el Órgano Judicial, las autoridades incautaron vehículos, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos utilizados posteriormente dentro de la causa penal y los acuerdos de pena.

El uso de automóviles como supuesto servicio de entrega muestra la capacidad del microtráfico para adoptar dinámicas comerciales cotidianas. La movilidad reduce la exposición de los vendedores y facilita variar recorridos, horarios y puntos de encuentro, mientras los teléfonos permiten coordinar pedidos sin mantener un puesto permanente fácilmente identificable por las autoridades.

No es la primera estructura detectada este año que intentaba camuflar la venta de droga detrás de una actividad lícita. En agosto, la operación Caballo de Troya descubrió que presuntos microtraficantes utilizaban puestos de buhonería como fachada en varios sectores del distrito populoso de San Miguelito.

Aquella intervención se desarrolló en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación. Según informó la Procuraduria, siete personas fueron aprehendidas y se decomisaron dinero y sustancias ilícitas. En La Gran Estación, algunos investigados se presentaban como vendedores ambulantes cerca de áreas comerciales concurridas.

Apple Delivery y Caballo de Troya revelan dos formas distintas de ocultar operaciones de microtráfico: una basada en entregas móviles realizadas mediante automóviles y otra apoyada en puestos ambulantes. En ambos casos, la estrategia consistía en insertar la actividad ilícita dentro del movimiento cotidiano, aprovechando escenarios donde circular o entregar productos no despierta sospechas inmediatas.

Dos ciudadanas estadounidenses de 25 años quedaron detenidas en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, el 5 de septiembre. Ambas acusadas de introducir ilegalmente 30 kilogramos de cannabis con fines de lucro tras llegar en un vuelo desde Nueva York.

La droga estaba distribuida en 35 bolsas ocultas dentro de dos maletas, según informó la policía metropolitana de Tokio a la agencia AFP. Una de las acusadas admitió los cargos; la otra los negó.

El operativo se inició cuando agentes de aduanas del aeropuerto detectaron comportamientos sospechosos en el equipaje de una de las mujeres durante la revisión de rutina, según precisó el medio tailandés Thairath con base en fuentes policiales japonesas.

La inspección derivó en el hallazgo de las bolsas de cannabis seco y en la detención inmediata de ambas. El canal japonés Nippon TV difundió imágenes del decomiso, que mostraban los paquetes incautados, según consignó CBS News.

La detención en el aeropuerto Haneda y el papel de cada acusada

De acuerdo con la policía metropolitana de Tokio, las dos mujeres fueron identificadas como Catron Jamere Bourbon Castillo y Jocelyn Dizon Natividad Patrin, ambas de 25 años, según publicó Thairath con base en fuentes policiales niponas. La misma publicación señaló que las autoridades sospechan que Patrin actuó como supervisora del traslado bajo las órdenes de un organizador desconocido, mientras que Bourbon Castillo habría sido quien transportó físicamente el cargamento.

La policía indicó a AFP que ambas habrían actuado en coordinación con una persona cuya identidad no fue establecida. Según medios locales citados por CBS News, las detenidas dijeron haber recibido instrucciones de un hombre que conocieron a través de redes sociales y con quien nunca tuvieron contacto presencial.

La droga hallada: 35 paquetes con un valor de mercado de casi USD 1 millón

El cargamento totalizó 30 kilogramos (66 libras) de cannabis seco con un valor estimado en 150 millones de yenes —aproximadamente USD 970.000—, según medios locales citados por CBS News y Japan Today. SoraNews24 precisó que la sustancia estaba fraccionada en 35 bolsas individuales repartidas entre las dos maletas.

La aduana no detalló públicamente la metodología de ocultamiento. Sin embargo, el portavoz policial confirmó a AFP que las plantas secas “estaban almacenadas de forma oculta” dentro del equipaje, lo que sugiere un acondicionamiento deliberado para eludir los controles.

Las declaraciones de las dos acusadas ante la policía

Castillo admitió los cargos ante los investigadores. Dijo que aceptó el trabajo por el dinero y porque “me atrajo la posibilidad de viajar a Japón de forma gratuita”, según recogió Nippon TV en declaraciones citadas por CBS News y Japan Today. El medio taiwanés Mirror Media, con base en fuentes policiales japonesas, agregó que la mujer conoció al organizador a través de un chat en redes sociales, quien le pidió transportar las maletas a cambio de cubrir sus gastos de traslado y alojamiento.

Patrin, en cambio, negó conocer el contenido de la valija. Según el Tokyo Shimbun, que citó fuentes policiales anónimas —dato recogido también por CBS News—, afirmó que “no sabía que había cannabis dentro”. Thairath agregó, con base en las mismas fuentes, que la policía cree que fue Bourbon Castillo quien la invitó a sumarse al viaje.

Las penas por contrabando de cannabis en Japón

Las dos mujeres enfrentan cargos por presunta violación de la ley de control de drogas y psicotrópicos, bajo la figura específica de contrabando de cannabis con fines de lucro, según confirmó el portavoz policial a AFP. El mismo funcionario indicó que también habrían infringido otras dos normas, sin precisar cuáles, de acuerdo con Japan Today.

La importación de cannabis con fines comerciales prevé una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 3 millones de yenes (unos USD 19.500), según CBS News y Japan Today. SoraNews24 sumó que la importación sin fines de lucro conlleva hasta siete años de cárcel, y que los extranjeros condenados por delitos de drogas en Japón pueden quedar sujetos a una prohibición de entrada al país sin plazo fijo de vencimiento.

Al momento de las publicaciones del 11 de septiembre de 2026, la investigación seguía en curso. Bajo la legislación japonesa, los sospechosos pueden permanecer detenidos sin cargos formales por hasta 23 días, según precisó SoraNews24. La policía metropolitana de Tokio indicó que la pesquisa continúa con el objetivo de identificar y arrestar al organizador y a otros posibles implicados en la red de contrabando.

Ha caído uno de los rostros principales del narcotráfico europeo. Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de drogas, que coordinaba envíos de heroína desde Irán y Afganistán hacia Europa. Yakut permanecía fugado desde 2017 y era uno de los principales objetivos del estado turco. La operación, confirmada este viernes el ministro de Justicia, Akın Gürlek, estuvo bajo coordinación de la Fiscalía General de Estambul y contó con la participación de la Policía local, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) y las unidades antidrogas de la Dirección General de Seguridad.

“Nuestro objetivo son los capos de la droga”, afirmó Gürlek al comunicar la captura. El ministro sostuvo que Yakut dirigió la organización desde escondites ubicados dentro y fuera de Turquía durante los años en que permaneció prófugo. La estructura atribuida a Islam Yakut, además de los cargamentos de heroína hacia el mercado europeo, la relacionan, según palabras del ministro, con el traslado de drogas sintéticas desde Europa a Turquía.

Aseguró que las operaciones vinculadas a la red derivaron en la incautación de dos toneladas de estupefacientes en Turquía y otros países europeos. No detalló las fechas de los decomisos, los puntos de destino ni la composición de las sustancias confiscadas. Las autoridades turcas indicaron que Yakut transmitía instrucciones a miembros de la organización a través de ANOM y SKY ECC, plataformas de comunicación cifrada empleadas por grupos criminales y objeto de investigaciones policiales en varios países.

La búsqueda se prolongó hasta su detención este 11 de septiembre en Estambul. Por el momento, no se han desvelado más detalles. Yakut puede tener causas judiciales en otros países, al haber introducido la droga en el corazón de Europa desde Oriente Medio. El comunicado oficial no aclaró el número de presuntos integrantes de la red ni señaló si, tras el arresto, se realizaron allanamientos o nuevas detenciones vinculadas con la investigación según comunicado difundido.

Yakut se fugó en 2017

Islam Yakut, a sus 60 años, llevaba prófugo durante nueve años después de no regresar a prisión tras un permiso especial concedido en junio de 2017. El acusado había sido detenido el 21 de junio de 2009 en Estambul por un delito relacionado con drogas y recibió una condena de 17 años y seis meses de cárcel. Yakut pasó cerca de seis años en la prisión cerrada de Silivri antes de su traslado a un establecimiento de régimen semiabierto. Durante ese período, rindió exámenes de educación abierta e ingresó a la carrera de Administración Pública de una universidad privada.

Según la agencia Bianet, el detenido acudía a las evaluaciones bajo custodia de la gendarmería. Tras ser admitido en la universidad, obtuvo autorización para asistir a clases durante los días hábiles, una posibilidad prevista para algunos presos bajo regímenes penitenciarios menos restrictivos. En 2017, Yakut recibió cuatro permisos especiales y el último, concedido en junio de ese año, derivó en su fuga. No volvió al penal y la justicia lo declaró prófugo.

Un documento interno atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos anticipa la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump adopte acciones “cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos, a los que Washington considera un peligro para su seguridad nacional y una amenaza directa para el país.

La información fue revelada por el medio estadounidense NewsNation en un reporte firmado por los periodistas Ali Bradley y Jeff Arnold, quienes obtuvieron una ficha informativa que expone la visión de Washington sobre la presencia y capacidad operativa de las organizaciones criminales mexicanas.

De acuerdo con el documento filtrado, los cárteles representan un problema que trasciende la frontera y justificaría un endurecimiento de las medidas estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones que operan desde territorio mexicano.

El reporte también cita una encuesta realizada entre mil residentes mexicanos mayores de 18 años, según fuentes consultadas por NewsNation. De acuerdo con la información difundida, la mayoría de los participantes respaldaría distintas acciones directas de Estados Unidos contra los grupos criminales.

Sin embargo, el reporte no difundió el documento completo ni identificó públicamente a la empresa que realizó la encuesta, además de que no se dieron a conocer todos los detalles sobre la metodología y las preguntas aplicadas a los participantes.

EEUU contempla acciones directas contra laboratorios y miembros de cárteles

Entre las medidas mencionadas en la ficha informativa se encuentran posibles acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

El documento ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra autoridades mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellas el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.

Según el reporte de NewsNation, la encuesta también indicaría que una mayoría de los mexicanos consultados respaldaría los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La ficha va todavía más lejos al plantear respaldo a acciones encabezadas por Estados Unidos contra laboratorios de drogas, así como al arresto de líderes y operadores de los cárteles que se encuentren en México sin que necesariamente exista una notificación previa a las autoridades mexicanas.

“Las encuestas también muestran que la mayoría de los entrevistados apoya los ataques liderados por Estados Unidos contra los laboratorios de drogas y el arresto de los líderes y operativos de los cárteles que operan en México sin notificar a las autoridades gubernamentales”, señala el documento citado por el medio estadounidense.

La posibilidad de acciones directas dentro del territorio mexicano representa uno de los puntos más sensibles del reporte, debido a las implicaciones que tendría para la relación bilateral y la soberanía nacional.

Zacatecas y los drones del CJNG aparecen en el documento

La ficha informativa también destaca la expansión territorial de las organizaciones criminales y utiliza episodios recientes de violencia para sustentar la gravedad de la amenaza.

Entre ellos se encuentra un atentado con vehículo explosivo ocurrido el 30 de agosto frente a una instalación policial en Zacatecas, además de otros hechos relacionados con el uso de tecnología y violencia por parte de los grupos criminales.

El documento cita, además, videos que supuestamente muestran a integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima interrogando y asesinando a dos presuntos vigías del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro material mencionado mostraría a una unidad de drones del CJNG desplegando uno de estos aparatos mientras sus integrantes se encuentran armados con fusiles de asalto.

La referencia a estas imágenes coincide con las crecientes preocupaciones de Washington por la capacidad militar y tecnológica adquirida por los cárteles mexicanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró recientemente que México ha realizado más esfuerzos que antes contra el narcotráfico, aunque consideró que estos todavía están lejos de ser suficientes y advirtió sobre extensas zonas del país bajo influencia de organizaciones criminales.

México responde: cooperación sí, pero sin subordinación

Ante la información difundida por NewsNation, la postura del gobierno mexicano ha sido insistir en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse dentro del respeto a la soberanía nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló al medio estadounidense que los principios de la cooperación con Washington son claros: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida pero diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Además, recordó que, de acuerdo con la Constitución y las leyes mexicanas, las agencias y agentes extranjeros no pueden realizar operaciones en territorio nacional.

La filtración, por lo tanto, vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales puntos de tensión entre México y Estados Unidos: hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Trump en su ofensiva contra los cárteles y si Washington intentará ampliar sus operaciones más allá de sus fronteras.

El endurecimiento del discurso ocurre mientras la administración estadounidense mantiene una estrategia regional más agresiva contra organizaciones que ha vinculado con el narcotráfico y el terrorismo, y mientras la cooperación con México enfrenta nuevamente el límite marcado por la soberanía nacional.

Según el expediente, ambos habrían entregado información reservada a capos de la estructura dedicada al procesamiento y envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, lo que activó una maniobra de transferencia de bienes para intentar evitar su incautación. La pesquisa está ligada con el caso sobre la fortuna criminal mencionada por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y terminó con 44 bienes ocupados en cuatro departamentos, informó El Tiempo.

La pista central surgió tras una reunión de junio de 2025 en un centro comercial de Medellín, en el sector de El Poblado. Allí, tres cabecillas escucharon un audio filtrado con los nombres de al menos 10 mafiosos que estaban bajo la mira de la Fiscalía General de la Nación.

Uno de los asistentes relató a un investigador que alias Yulian tenía audios de una abogada que mencionaba contar con contactos en el ente acusador. “Decía que había que dar una plata o incentivo a un investigador para dilatar esa situación. Alias Yulian tenía varios audios de la abogada, entre esos muestra donde estaba el nombre “Olfer” en un documento junto con más o menos diez personas. Alcancé a leer que estaba “Olfer”, “Yulian”, “Mono” “Chucho”, el “Calvo”, “Calero” y otros que no recuerdo. Ese documento tenía el logo de la Fiscalía”.

Los jefes de la red también dijeron que un exfuncionario de la Policía Nacional les ofreció acceso a la carpeta investigativa a cambio de $12.000.000. Alias Calvo afirmó que ese expolicía les entregó una USB con datos del operativo en su contra.

Cómo se descubrió la filtración y se aceleró el operativo

El caso coincide con la operación sobre la fortuna de Los del Dorado a la que aludió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según esa referencia pública, los investigadores rastrearon durante 13 meses el patrimonio de la organización y lograron incautar bienes en Antioquia, Boyacá, Santander y Caquetá.

La confirmación de la filtración llegó en agosto de 2025, cuando el apoderado de Eisar Yulian Monsalve González, alias Yulian, envió un derecho de petición a la Fiscalía. En ese documento afirmó que, por medio de una fuente, se había enterado de la investigación y pidió que no se dictaran órdenes de captura ni allanamientos contra su cliente.

Esa solicitud llevó a los investigadores a acelerar el operativo. Aun así, “Yulian” escapó y quedó prófugo.

La pesquisa también avanzó a partir de los interrogatorios de Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo, y Olfer Rodríguez Vanegas, alias Olfer, quienes buscaban un preacuerdo. Allí hablaron de la reunión en El Poblado y admitieron pagos a funcionarios para obtener información reservada.

La red de narcotráfico y sus vínculos en Puerto Triunfo

Según el expediente, al que accedió el medio citado, la organización de narcotráfico compraba pasta base de coca en Nariño y la llevaba a laboratorios clandestinos en Doradal, Puerto Triunfo, en la subregión del Magdalena Medio del departamento de Antioquia. Después transportaba la cocaína ya procesada hasta la costa Caribe en camiones de ganado y de material de construcción, para enviarla por mar hacia Estados Unidos y Centroamérica.

Los rastreos patrimoniales permitieron establecer que esos laboratorios estaban en una zona de influencia del Clan del Golfo. En concreto, los investigadores los ubicaron bajo el control de Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, muerto en un operativo militar en febrero de 2025.

En el expediente figura además que los capos pagaban a alias Terror para entrar a la zona, asegurar los laboratorios y facilitar la salida de la droga. Un investigador precisó: “En interceptaciones a las comunicaciones de miembros de la red quedó registrado que los pagos se hacían en efectivo y, en algunos casos, a través de la entrega de bienes, incluyendo vehículos de alta gama”.

Una de esas interceptaciones data de febrero de 2020 y recoge una conversación de alias Calvo sobre la pérdida de 736 kilos de cocaína ocultos en un camión que salía de Puerto Triunfo. En esa charla decía que alias Negrito tendría que cubrir la deuda por la mercancía y que por eso terminó vendiendo una estación de servicio en Florencia, Caquetá, a una allegada del propio “Calvo”.

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno durante dos semanas en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, como parte de las acciones del Gobierno contra el crimen organizado. La restricción estará vigente desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre. Durante ese período, la circulación quedará prohibida cada día entre la medianoche y las 05:00.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la disposición como “una medida temporal y focalizada”. Las fuerzas de seguridad realizarán operativos durante la franja horaria restringida contra las organizaciones que “pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado”.

“A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad”, escribió el funcionario en su cuenta de X. Reimberg indicó que no se emitirán salvoconductos: solo podrán desplazarse el personal de salud y de atención de emergencias, además de fiscales y abogados con la acreditación correspondiente.

El ministro pidió a la población que permanezca en sus viviendas durante las horas de restricción y sostuvo que “la seguridad de los ecuatorianos es una prioridad y objetivo final”. La violencia en el país alcanzó su punto más alto en 2025, cuando registró 51 muertes por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime, equivalente a un homicidio por hora.

La medida será el tercer toque de queda de 2026. El anterior se aplicó en mayo en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos y parte de Pichincha. El toque de queda que el Gobierno del presidente Daniel Noboa aplicó entre el 3 y el 18 de ese mes terminó con 5.023 personas aprehendidas, de las cuales 717 tenían presuntos vínculos con estructuras criminales, según el balance del Bloque de Seguridad.

La cifra supone que el 14,3% de los detenidos tenía supuestos nexos con grupos delictivos organizados. El 85,7% restante fue arrestado por incumplir la restricción de movilidad o por otros delitos sin una relación directa con esas bandas.

El operativo se extendió durante 15 días, con una prohibición de circulación nocturna entre las 23:00 y las 05:00 en provincias y cantones identificados por el Gobierno como zonas de alto riesgo.

El Bloque de Seguridad, compuesto por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades estatales, difundió los datos tras el fin de la medida. La disposición respondió a una escalada de violencia que las autoridades atribuyeron al narcotráfico y a la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El primer toque de queda del año se extendió durante la segunda mitad de marzo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para ampliar las acciones contra las bandas criminales, a las que el Gobierno denomina “terroristas”. Pese a esa política de seguridad, 2025 terminó con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta registrada en el país, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

El país andino enfrenta una escalada de violencia asociada a disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, pese a los estados de excepción y toques de queda que decretó Noboa desde el inicio de su mandato.

La nueva ofensiva de seguridad se produjo después de la visita a Quito del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó a Ecuador como un aliado “fiel” por su combate contra las drogas. Noboa declaró sucesivos estados de excepción y restricciones de movilidad con el objetivo de ampliar las operaciones contra las bandas criminales. El Gobierno atribuye a esas estructuras buena parte de los hechos violentos que afectan al país.

(Con información de EFE)