Agencias de inteligencia internacionales han revelado la existencia de al menos diez campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Zulia, Venezuela, que formarían parte de su estrategia para perpetrar ataques en Colombia y huir con facilidad al vecino país.

Estas estructuras clandestinas, junto a pistas de aterrizaje, operarían con el presunto apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, facilitando actividades de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales extranjeras, según informes de inteligencia internacional revelados por la revista Cambio.

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El documento al que accedió el diario nacional indica que los campamentos, pertenecientes al frente nororiental del ELN, se distribuyen en zonas rurales de varios municipios que rodean el lago de Maracaibo, después de que pudieran descubrirlos a través de sobrevuelos de inteligencia en el territorio venezolano.

Estas estructuras conformarían corredores estratégicos que enlazan la frontera colombo-venezolana, lo que favorecería el ocultamiento de sus hombres y ayudaría a agilizar el traslado de cargamentos ilícitos hacia Europa y Asia.

Los municipios de Encontrados, Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, Rosario de Perijá, Valderrama, Udón Pérez y El Guayabo concentrarían estas estructuras armadas ilegales.

Según el informe de inteligencia, la cercanía al río Catatumbo y la frontera con Norte de Santander facilita tanto el ingreso de insumos para los guerrilleros, como la evasión de operativos, por parte del Gobierno colombiano.

Además, el informe también reconoció que, al igual que Inteligencia de Colombia, existen pistas clandestinas, localizadas junto a estos campamentos, que alcanzarían aproximadamente 2.300 metros de longitud cada una.

Estos aeropuertos clandestinos cumplen un papel esencial en el tráfico aéreo de droga, al servir como punto de partida para cargamentos que llegan desde el Catatumbo colombiano y tienen como destino final Europa y Asia, según la documentación obtenida por el diario nacional.

Asimismo, la movilidad del ELN se vería favorecida por rutas por los ríos y caminos ocultos en zonas boscosas y montañosas del estado Zulia. Esta geografía permitiría el tránsito sin detección y habilitaría corredores fronterizos seguros, conectando incluso con grandes ciudades como Caracas.

Además, la baja densidad de población y la dificultad de acceso terrestre en estos municipios también ofrecerían al ELN un entorno propicio para operar con bajo riesgo de intervención.

De acuerdo con el informe publicado por la revista Cambio, el terreno de bosque seco, zonas húmedas y ciénagas facilita el camuflaje y la permanencia prolongada de los integrantes de la organización.

Ahora bien, el documento de inteligencia también advierte sobre la presunta complicidad de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del estado Zulia con el grupo guerrillero colombiano.

Los investigadores describen una presunta convivencia establecida entre autoridades y miembros del grupo armado, lo que reforzaría la consolidación de la estructura delictiva.

Sobre el nexo político, el documento atribuye al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello la dirección de esta cooperación, en coordinación con los principales líderes del ELN.

Organismos de inteligencia sostienen, con base en interceptaciones y testimonios de exmilitares, que Cabello controla buena parte de la red ilegal implicada tanto en el narcotráfico como en el contrabando de oro.

Las pistas de aterrizaje también habrían sido utilizadas por cabecillas de carteles mexicanos y albaneses, quienes llegan a la zona para negociar acuerdos ilícitos con el ELN. Incluso, se tendría registro de varios encuentros entre grupos del narcotráfico mexicanos, colombianos y venezolanos para afianzar las alianzas ilícitas en el Zulia.

El grupo armado, bajo la jefatura de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Israel Ramírez Pineda y Gustavo Aníbal Giraldo, ha fortalecido su posición en la frontera, actuando como elemento esencial en la dinámica delictiva y en la estrategia militar en territorio venezolano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo que designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y coincide con el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas.

La designación, que entrará en vigor el 24 de noviembre, se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera en julio al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas globales especialmente designadas.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el Cartel de los Soles “está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial”.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

Rubio subrayó que ni Maduro ni sus aliados representan al gobierno legítimo de Venezuela y vinculó al cartel, junto con otras organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, con la violencia terrorista y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El anuncio tuvo lugar pocas horas después de la llegada al mar Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte de la “Operación Southern Spear”. Este despliegue incluye cerca de 12.000 soldados y casi una docena de buques de la Armada, constituyendo la mayor concentración de poderío militar estadounidense en la región en generaciones. El grupo de ataque del Ford, reforzado por escuadrones de aviones de combate y destructores con misiles guiados, atravesó el paso de Anegada, cerca de las Islas Vírgenes Británicas, el domingo por la mañana, según la Armada de Estados Unidos.

En el marco de una campaña antidrogas intensificada desde septiembre, Estados Unidos ha realizado al menos 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, resultando en más de 80 muertes.

El domingo, las fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación en el Pacífico, matando a tres personas a las que acusaron de “narcoterroristas”. El contralmirante Paul Lanzilotta, al mando del grupo de ataque del Ford, afirmó que la misión busca “proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”, según AP.

La administración Trump ha insistido en que el aumento de la presencia militar responde a la necesidad de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque no ha presentado pruebas que respalden la acusación de que los fallecidos en los ataques marítimos eran efectivamente “narcoterroristas”. El propio Trump ha sugerido que la acción militar podría ampliarse más allá de los ataques por mar, con la intención de “detener la entrada de drogas por tierra”.

Marco Rubio aseguró que “Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas”.

Por su parte, el régimen venezolano, a través del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, rechazó la existencia del Cartel de los Soles, calificándolo de “invento” estadounidense y señalando que “en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”. Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, acusó a Washington de “fabricar” una guerra en su contra y anunció una movilización “masiva” de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses, según AP.

El despliegue militar y la designación del Cartel de los Soles han generado un intenso debate sobre sus implicaciones regionales y la legalidad de las acciones estadounidenses. Trump ha justificado los ataques contra embarcaciones alegando que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga, mientras que algunos expertos y líderes regionales han cuestionado la idoneidad del portaaviones Ford para combatir a los cárteles y han advertido que su presencia podría servir más como instrumento de presión sobre Maduro que como herramienta efectiva contra el narcotráfico.

El trasfondo político de la medida se inscribe en la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo, acusándolo de fraude electoral y de encabezar un “gobierno de transbordo” que colabora abiertamente con traficantes de drogas, según Rubio. La Oficina del Departamento de Estado para Latinoamérica había anticipado en julio que la designación permitiría a Estados Unidos emplear “todos los recursos a su disposición para impedir que el presidente Nicolás Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses”.

En palabras de Elizabeth Dickinson, analista principal del International Crisis Group para la región andina, la llegada del portaaviones Ford “es el ancla de lo que significa volver a tener el poderío militar estadounidense en América Latina”. La situación ha generado inquietud tanto en Venezuela como en el resto de la región, donde se observa con atención el alcance de la respuesta estadounidense y sus posibles consecuencias.

La ofensiva —anunciada por el propio Trump en su cuenta en Truth Social—, terminó con la muerte de tres hombres y fue presentada por la Casa Blanca como una medida necesaria contra “narcoterroristas” que, dice, representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

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El impacto de la operación no se limitó al campo militar: en cuestión de horas la política regional se vio salpicada por reacciones de condena, respaldo y cuestionamientos legales.

Gobiernos cercanos a Venezuela y organizaciones internacionales manifestaron alarma por la posibilidad de que operaciones militares en aguas internacionales se transformen en una normalidad de la política antinarcóticos, especialmente cuando la información pública sobre la evidencia que supuestamente justificó los ataques es escasa.

Además, diversos analistas y abogados internacionales han señalado la existencia de una delgada frontera entre misiones de interdicción coordinadas con fuerzas del orden y el empleo de fuerza letal por parte de fuerzas armadas en contextos que no constituyen un conflicto armado tradicional.

En Colombia, la respuesta política no se hizo esperar. Entre voces críticas del uso de la fuerza y las que celebraron una acción enérgica contra el narcotráfico, sobresalió el pronunciamiento de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que a través de sus redes sociales respaldó la operación estadounidense.

Cabal calificó la acción como “gran noticia” y afirmó que frente al narcotráfico “no se negocia, se le persigue”, postura que vuelve a ponerla en el centro del debate público por su marcada cercanía con agendas de seguridad y su perfil beligerante frente al régimen de Caracas.

El mensaje de la congresista se sumó a una serie de pronunciamientos de sectores de la oposición que han expresado aprobación por maniobras destinadas a golpear las rutas de tráfico de drogas.

Y es que el respaldo público de Cabal a una operación militar estadounidense en el Caribe plantea varias preguntas políticas domésticas y regionales. En primer lugar, tensiona aún más la discusión sobre la soberanía y el papel que deben asumir los países latinoamericanos ante acciones unilaterales de potencias externas.

En segundo lugar, la posición de Cabal revela la forma en que la seguridad y el narcotráfico siguen siendo variables de alta movilización política en Colombia, capaces de ensamblar alianzas tácticas entre actores que comparten la narrativa de mano dura.

Finalmente, el elogio público de la vallecaucana alimenta el debate sobre si la normalización de ataques selectivos en alta mar —presentados bajo la etiqueta de “contrainsurgencia” o “contraterrorismo” cuando se vinculan a redes criminales— puede erosionar marcos legales y generar represalias diplomáticas.

Desde Estados Unidos aseguran que el narcotráfico “envenena” a los ciudadanos

De hecho, las autoridades estadounidenses han apuntado a la necesidad de interrumpir flujos de droga que, sostienen, “envenenan” a comunidades en Estados Unidos, mientras que gobiernos de la región advierten sobre el riesgo de escalada con Caracas.

En Venezuela, el Ejecutivo ha rechazado en términos enérgicos las acciones —que percibe como una forma de agresión— y ha acusado a Washington de instrumentalizar la lucha contra el narcotráfico para presionar políticamente.

En el terreno jurídico y diplomático, la comunidad internacional mira con atención si se aportarán pruebas que respalden las afirmaciones sobre la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas, y si la Casa Blanca seguirá una estrategia similar en el futuro inmediato.

Luego de las controversiales declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que negó la existencia del cartel de los Soles, denominación con la que el Gobierno de los Estados Unidos ha vinculado a generales del régimen de Nicolás Maduro, e incluso al propio dictador venezolano, no tardaron en aparecer las reacciones frente a este asunto: en el que el primer mandatario causó un nuevo foco de tensión en la política regional, por cuenta del narcotráfico.

Una de ellas fue la de Ernesto Macías, expresidente del Congreso, que en sus redes sociales lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Estado tras sus recientes declaraciones.

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¿Qué dijo Gustavo Petro que causó la controversia?

La polémica surgió después de que Petro afirmó que el cartel de los Soles es “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. Según el mandatario, el tráfico de cocaína que atraviesa Venezuela está bajo el control de una “Junta del narcotráfico”, cuyos líderes residen en Europa y Oriente Medio; y en ese sentido, aseguró haber propuesto tanto a Estados Unidos como a Venezuela una acción conjunta para desmantelar ese cartel.

Con ello, el gobernante -al que le quedan 347 días de administración- destacó que su enfoque busca la coordinación internacional y no la sumisión de un país a otro. Además, el presidente de los colombianos defendió que la solución a la crisis política venezolana debe surgir del diálogo interno y de una mayor democracia, y planteó como objetivo una Venezuela “descarbonizada” y una “Gran Colombia” que actúe como pilar de la unidad latinoamericana y la paz.

"El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter“, afirmó el mandatario en su perfil de X, al que siguen 8,3 millones de seguidores (...) Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz“, dijo.

La dura respuesta de Ernesto Macías a las afirmaciones de Gustavo Petro

La respuesta de Macías fue inmediata. El exsenador acusó a Petro de “defender la mafia trasnacional” y consideró que su postura frente al Cartel de los Soles ya no resulta sospechosa, sino evidente. A su vez, señaló directamente a Nicolás Maduro como líder de la organización y sugirió que figuras internacionales como Donald Trump y el secretario Marco Rubio deberían prestar atención a la posición del presidente colombiano.

“No sorprende el descaro de Gustavo Petro defendiendo la mafia trasnacional. Y ya no es sospechosa su defensa al Cartel de los Soles, cuya cabeza es el usurpador Maduro. De esto debe tomar nota Donald Trump, el secretario Marco Rubio”, dijo el exsenador, citando la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y, de la misma manera, la del mandatario norteamericano y su funcionario de alto nivel; que tienen su atención en lo que sucede en Venezuela.

Cartel de los Soles: origen, estructura y sanciones internacionales

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cartel de los Soles opera desde Venezuela y es dirigido por Nicolás Maduro Moros junto a otros altos funcionarios del régimen. Las autoridades sostienen que estos dirigentes han corrompido diversas instituciones venezolanas, incluyendo sectores del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el judicial, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El nombre de la organización, justamente, proviene de las insignias solares que adornan los uniformes de los militares venezolanos, un símbolo que ha quedado asociado a la estructura criminal señalada por Washington. Actualmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) mantiene sanciones contra el Cartel de los Soles bajo la orden ejecutiva 13224, por haber brindado apoyo material, financiero o tecnológico a otros grupos criminales como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

Estas medidas buscan limitar la capacidad operativa y financiera de la organización venezolana y sus aliados. Y, como parte de la presión internacional, Estados Unidos ha ofrecido recompensas millonarias para quienes colaboren en la captura de Maduro y sus principales ministros. La cifra asciende a USD 50 millones por el dictador venezolano y a USD 25 millones por cada uno de sus colaboradores más cercanos, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

“Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘Cartel de los Soles’, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países”, afirmó el presidente de Colombia Gustavo Petro en una declaración que reavivó el debate sobre el narcotráfico en Venezuela.

El mandatario colombiano, en respuesta a señalamientos de la senadora opositora María Fernanda Cabal, negó que el “Cartel de los Soles” sea el principal operador del narcotráfico en Venezuela y señaló, en cambio, a una supuesta “Junta del Narcotráfico” con ramificaciones internacionales.

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Estas afirmaciones se producen en medio de la creciente tensión, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, según reportó Reuters.

Narcotráfico en Venezuela y la “Junta del Narcotráfico”

Petro, a través de su cuenta en X, rechazó la narrativa que sitúa al Cartel de los Soles como eje del tráfico de cocaína en Venezuela.

El presidente sostuvo que quienes realmente controlan el flujo de droga en la región son los mismos grupos que operan en zonas colombianas como Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá.

“Se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los Estados Unidos y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información”, afirmó el mandatario, quien además mencionó la supuesta participación de miembros de una familia influyente en Colombia y la asistencia de un político liberal en las reuniones de dicha junta.

En su exposición, Petro identificó a los principales actores de estas redes criminales: Iván Mordisco, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, que, según él, perdió a Márquez, y el denominado cartel de narcofiscales.

El presidente aseguró que estas estructuras controlan la mayor parte de la cocaína vendida en Colombia y detalló que la droga se transporta mediante sumergibles, lanchas rápidas y aeronaves, utilizando rutas que atraviesan tanto territorio colombiano como venezolano, especialmente desde la región de Apure.

El mandatario colombiano también hizo referencia a la corrupción que, según sus palabras, facilita el tráfico de estupefacientes. Petro indicó que los narcotraficantes compran la colaboración de funcionarios públicos, tanto civiles como uniformados, en Venezuela, así como en Colombia, Panamá y Ecuador.

Además, destacó que las autoridades de estos países han logrado capturar a importantes capos albaneses e italianos, a quienes describió como parte de una “junta mundial del narcotráfico” que prioriza Europa como destino de la droga y contribuye a la desestabilización del gobierno de Haití.

En medio de este panorama, Petro advirtió sobre las posibles consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

Dirigiéndose a la senadora Cabal, el presidente alertó que una invasión podría desencadenar una migración masiva hacia Colombia y provocar una caída del precio del petróleo por debajo de los USD 50, lo que pondría en riesgo la estabilidad de Ecopetrol.

Según el mandatario, esta situación beneficiaría a los productores de petróleo liviano de Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, quienes podrían quedarse con el mercado.

La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, había publicado en sus redes sociales que “en medio de las operaciones de los Estados Unidos contra el Cartel de los Soles del que es jefe Nicolás Maduro amigo de Petro, sale Benedetti, ministro del Interior de Colombia, a negar el acuerdo binacional ilegal de cooperación con la dictadura de ese país”. Cabal añadió: “Definitivamente no es buena idea estar del lado de los genocidas narcotraficantes que usurpan el poder en el vecino país”.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han iniciado un despliegue militar sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, con el objetivo de combatir a las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, según información de Reuters.

Estas denuncias también señalan la existencia de corrupción y prácticas dictatoriales en la administración venezolana, así como su papel en el envío de cantidades récord de drogas a través de la región.

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“Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista que sigue colaborando con las FARC y con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos en volúmenes sin precedentes”, afirmó el nuevo director de la Administración para el Control de Drogas, en Estados Unidos, Terry Cole en diálogos con Fox News.

Colaboración entre Venezuela, FARC y ELN en el tráfico de cocaína

De acuerdo con estas declaraciones, la cooperación entre Venezuela, las Farc y el ELN ha permitido un flujo constante y creciente de cocaína que parte tanto de territorio venezolano como colombiano.

La droga, una vez en manos de carteles mexicanos, cruza la frontera y llega a Estados Unidos en volúmenes que superan los registros de años anteriores.

Impacto del narcotráfico en la salud y seguridad de Estados Unidos

El efecto de este tráfico se refleja en los datos sobre incautaciones en territorio estadounidense.

Las autoridades han decomisado más cocaína este año que en periodos previos, lo que indica un aumento en la oferta y en la sofisticación de las redes de distribución.

“La cantidad de metanfetamina que entra al país sigue aumentando, y también se registran cifras récord de fentanilo que ingresan a Estados Unidos”, afirmó Cole en diálogos con el medio mencionado.

Además, se observa un incremento sostenido en la entrada de metanfetamina, mientras que el fentanilo continúa llegando en cantidades récord, agravando la crisis de salud pública en el país.

Las consecuencias de este fenómeno van más allá de las estadísticas de decomisos.

Las drogas que ingresan desde Sudamérica, facilitadas por la presunta colaboración entre el gobierno venezolano y los grupos armados colombianos, han provocado la muerte de cientos de miles de estadounidenses y han afectado profundamente a comunidades enteras.

Las declaraciones también advierten sobre la presencia de miembros de Tren de Aragua enviados a Estados Unidos con el objetivo de causar daño en las ciudades del país.

“Sin embargo, la corrupción venezolana y la dictadura en ese país mantienen sus actividades de narco-terrorismo. Siguen enviando estas drogas a Estados Unidos, causando la muerte de cientos de miles de estadounidenses, además de los miembros de Tren de Aragua que envían para dañar las calles de nuestro país”, finalizó Cole.

Tensión en la frontera colombo-venezolana por acusaciones cruzadas y presencia de grupos armados

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que “todas las fronteras que el país comparte con Colombia están resguardadas, cuidadas al extremo”, aunque subrayó que la situación es distinta en el lado colombiano.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó a la Segunda Marquetalia —grupo disidente de las Farc— y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con actividades armadas en ambos territorios.

“Es importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo”, reclamó Petro, pidiendo acciones concretas contra los grupos ilegales colombianos presentes en Venezuela.

Petro también sostuvo que “decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos han sido sobornados. Estos grupos priorizan el soborno de oficiales más que la agresión armada”. Añadió que en “Colombia y Venezuela no debe haber grupos armados dirigidos por extranjeros”.

En respuesta, Diosdado Cabello defendió el historial venezolano de protección fronteriza. Indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló “más de cinco intentos de armar campamentos” dedicados al narcotráfico en territorio venezolano.

Aseguró sobre la disponibilidad para cooperar: “Venezuela humildemente está a la orden de Colombia. Este es un trabajo sin descanso, de todos los días, de entender la vulnerabilidad de esa frontera”