Matías Carlos Herrera (39) es un personaje singular del narcotráfico en Rosario. Su nombre está asociado a una causa judicial por la que fue condenado por integrar una banda que traía droga –principalmente marihuana– a la ciudad, y también a distintos comercios que, casualmente, fueron noticias por haber sido atacados entre 2019 y 2023, ya sea con disparos como con bombas molotov. Lo último que se supo de él es que logró mantenerse prófugo de la Justicia federal desde julio del año pasado, cuando quedó firme la sentencia en su contra, hasta semanas atrás, cuando fue arrestado mientras estaba por ingresar a una fiesta electrónica.

Herrera comenzó a tener mención mediática en marzo de 2016 con la “Operación Guaraní” por la que se hicieron múltiples allanamientos en el Gran Rosario destinados a la estructura que lideraba desde la cárcel de Piñero Facundo “Macaco” Muñoz, sindicado como uno de los homicidas del líder de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero en 2013, aunque luego resultó absuelto en el juicio por ese crimen junto con Milton Damario y Luis “Pollo” Bassi.

En el legajo, la Justicia federal estableció que a través de Muñoz funcionaba una organización que traía droga a Rosario para abastecer los búnkeres que en ese entonces le hacían competencia a Los Monos. La marihuana, de acuerdo a las intervenciones telefónicas y los seguimientos hechos por la División Antidrogas de la Policía Federal, era comprada y transportada desde Corrientes.

En Rosario, siempre según la investigación, se utilizaban distintos lugares para “bajar” la droga. Uno de ellos era una cancha de fútbol 5 en la que tenía vínculo comercial Matías Herrera.

Por la “Operación Guaraní” hubo una docena de imputados. Herrera, entre ellos, pasó ocho meses en prisión preventiva efectiva, según indicaron investigadores judiciales a Infobae. Rápidamente volvió al ruedo, por lo menos comercial y en diferentes rubros, pero no volvió a tener investigación en su contra por comercio de estupefacientes.

En abril de 2019 su nombre volvió a figurar en las crónicas policiales. El bar del que era responsable comercial, situado en el barrio Pichincha, uno de los más turísticos de Rosario, fue atacado de doce tiros desde un auto. No hubo heridos porque el local estaba cerrado por reformas, pero el mensaje fue claro.

Cinco meses después de esa balacera, Herrera fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario por comercio de estupefacientes. El fiscal del juicio Federico Reynares Solari pidió allí que se lo investigue por lavado de activos, hecho que al día de hoy no se conoce si efectivamente ocurrió.

Como la condena no estaba firme, el joven continuó en libertad. Fue recién en julio del año pasado que la Cámara Federal de Casación ratificó la resolución, por la que debió presentarse ante la Justicia para quedar detenido, algo que no ocurrió. Por ese motivo, la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario le hizo seguimiento y lo arrestó en mayo, diez meses después del fallo.

Sin embargo, entre la condena y su reciente detención, Herrera y su familia fueron objeto de extorsiones y balaceras de parte de Los Monos a comercios que tenían en su poder. En una causa de alta complejidad, los fiscales provinciales Federico Rébola y Franco Carbone imputaron a Vanesa Barrios –esposa del jefe de la banda Ariel Máximo “Guille” Cantero– y a la presunta testaferro de la organización Mariana Ortigala, entre otras personas, por haber estado detrás de ataques contra un gimnasio ubicado en Fisherton y un inmueble de barrio Azcuénaga.

Según expusieron los fiscales, Herrera presentó a Vanesa Barrios a un abogado bonaerense y a un agente inorgánico de la SIDE, quienes ofrecieron conseguirle prisión domiciliaria a la esposa de “Guille” Cantero a cambio de 160 mil dólares. Los Monos pagaron esa suma, pero el beneficio prometido no llegó. Es por eso que la banda responsabilizó a Herrera por lo sucedido y empezó a balear o prender fuego sus negocios familiares para que absorba la pérdida generada.

Las intimidaciones del clan Cantero escalaron en julio de 2021, cuando dispararon contra un inmueble de la familia Herrera que estaba alquilado en barrio Azcuénaga. Dicha situación se repitió en enero del año siguiente, aunque en esa segunda oportunidad arrojaron una molotov y dejaron una nota. En enero de 2022 también le dieron una ráfaga de disparos al gimnasio en el que supo estar relacionado el joven condenado.

En carácter de víctima de las extorsiones, nunca hizo una denuncia, pero la Justicia provincial actuó de oficio y lo citó en varias oportunidades a declarar.

De acuerdo a la investigación provincial, Herrera le dio a Los Monos una camioneta y el inmueble de barrio Azcuénaga que había sido baleado y prendido fuego, como forma de compensar el robo que había sufrido la esposa de “Guille” Cantero.

Patricia Celestina Contreras, madre del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue condenada este lunes a la pena de 4 años de prisión efectiva. La resolución tuvo lugar después de que la jueza Silvana Lamas González homologara un juicio abreviado –acordado entre el fiscal Franco Carbone y la defensa particular– por el que aceptó haberle dado dinero a sicarios por haber cometido ataques a tiros contra dos escuelas y dos estaciones de servicio de Rosario en la previa a las elecciones legislativas de 2021.

“La Cele”, como se la conoce en el hampa local, tiene actualmente 57 años. Desde comienzos de junio del año pasado está con detención domiciliaria –con tobillera de monitoreo electrónico– y continuará bajo esa modalidad, dado que la propia Justicia santafesina resolvió otorgar ese tipo de arresto basado en dictámenes del consultorio médico forense, del hospital Centenario y del Servicio Penitenciario en el que se dejó indicado que debía realizar un tratamiento de diálisis tres veces a la semana por la diabetes que padece, y que le causó deterioro físico.

Contreras, con esta nueva resolución, tiene una condena por un monto total de 14 años de prisión. Eso es porque también fue considerada miembro de la estructura de Los Monos dedicada a la venta de droga. Dicha causa, por estar presos los líderes de la organización, “Guille” Cantero y Jorge Emanuel Chamorro, fue llamada “Los Patrones” porque ubicaba a las parejas de ambos reclusos como las encargadas de seguir las instrucciones para sostener el negocio narco.

La madre de “Guille” Cantero cayó en allanamientos llevados a cabo en abril de 2022 por pedido de los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot contra el fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, ex esposo de “La Cele”, por estar sospechado de estar detrás de los atentados a tiros contra estaciones de servicios y escuelas de noviembre de 2021 que tuvieron por objetivo, según la investigación, generar conmoción pública.

Dentro de las personas detenidas en 2022 estuvieron presuntos integrantes de una célula o subestructura que reportaba al “Viejo” Cantero, que era la liderada por el recluso de la cárcel de Coronda, Nelson “Pandu” Aguirre, que cometía los ataques como una especie de “brazo armado” del fundador de Los Monos.

A Contreras, los fiscales no la ubicaron como integrante de la organización que tenía de jefe de su ex esposo. Le atribuyeron haberle entregado dinero al presunto sicario Nazareno “Anteojitos” Gauna por cuatro atentados a tiros: el perpetrado el 9 de noviembre de 2021 contra el minishop de la YPF de San Martín y Saavedra, el del 12 de noviembre de ese año contra la YPF de Ovidio Lagos al 4900 situada frente a la Jefatura de la Policía local, y las dos balaceras cometidas el 14 de noviembre –fecha de los comicios legislativos– contra la escuela de educación técnica N° 472 “Crisol” y contra el complejo educativo “Santa Isabel de Hungría”.

Los cuatro ataques ejecutados por “Anteojitos”, de acuerdo a la teoría del caso, fueron ordenados desde Coronda por el recluso Nelson “Pandu” Aguirre, quien por entonces le indicó al presunto gatillero Gauna que todos esos hechos eran porque “El Viejo” Cantero le había dado “semáforo verde” para regentear parte de la zona sudoeste de Rosario en su nombre. Esa situación se desprende de escuchas telefónicas que fueron reproducidas en las audiencias de la investigación.