El Ministerio del Interior informó que, al cierre de 2025, se concretó la destrucción de más de 55,6 toneladas de droga decomisada por la Policía Nacional del Perú (PNP), como resultado de operaciones realizadas a nivel nacional contra el tráfico ilícito de drogas. La cifra fue presentada por el ministro Vicente Tiburcio Orbezo durante el sexto y último proceso de incineración del año, desarrollado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate.

En esa actividad, el titular del sector señaló que el resultado corresponde a las acciones sostenidas de decomiso e intervención ejecutadas a lo largo del año. “Cada kilo destruido, cada cultivo ilegal erradicado y cada operación exitosa de decomiso representan un avance real en la lucha contra las drogas”, afirmó durante su intervención pública.

La última quema de ocho toneladas

Según la información oficial, el último procedimiento de 2025 se inició el 10 de diciembre y se encuentra en desarrollo. En esta etapa se destruirán 8.818,97 kilogramos de sustancias ilícitas incautadas en operativos previos.

El ministro Tiburcio sostuvo que la destrucción de droga busca impedir que lo decomisado vuelva a circular en el mercado ilegal y remarcó que las intervenciones continuarán en el marco de los lineamientos del Ejecutivo. “Aquí no hay tregua. Estamos golpeando de manera contundente a las organizaciones criminales”, declaró.

Seis incineraciones entre abril y diciembre

El Mininter precisó que el total anual se ejecutó mediante seis procesos de incineración, realizados en distintas fechas del 2025, bajo protocolos establecidos. El detalle difundido fue el siguiente:

• Primer proceso (3 de abril): 14.838.09 kg
• Segundo proceso (8 de julio): 15.222,35 kg
• Tercer proceso (18 de setiembre): 7.992,02 kg
• Cuarto proceso (22 de octubre): 6 083.01 kg
• Quinto proceso (21 de noviembre): 2.649,03 kg
• Sexto proceso (10 de diciembre, en desarrollo): 8.818,97 kg

Con estas etapas, la cartera del Interior indicó que se alcanza una destrucción acumulada de más de 55,6 toneladas durante el año.

Cooperación internacional

En el acto participaron representantes vinculados al sistema antidrogas, entre ellos el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Maquinturf; el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general PNP Nilton Santos; y el presidente de Devida, Berthin Gómez, además de otras autoridades.

Durante su discurso, el ministro afirmó que los resultados se enmarcan en un trabajo coordinado con aliados internacionales, mencionando a Estados Unidos y la Unión Europea como actores con los que existe articulación en materia de lucha antidrogas.

Balance anual en un contexto de presión del narcotráfico

La destrucción de droga decomisada es una de las fases finales de los operativos antidrogas: ocurre después de la incautación, el registro y los procedimientos correspondientes, y busca cerrar el circuito de custodia de la evidencia, evitando riesgos de desvío o reutilización.

El Ministerio del Interior señaló que, con este balance, se busca mostrar resultados de las acciones desplegadas durante 2025 frente a un delito que se mantiene como una amenaza constante, con presencia en distintas regiones y modalidades de transporte y comercialización.

Con un respaldo casi unánime, el Congreso de la República aprobó la ley que habilita la carretera UC-105 en Ucayali, una vía que atravesará un corredor amazónico donde coinciden la deforestación , cultivos ilegales de hoja de coca y narcopistas. La propuesta, impulsada por Fuerza Popular, avanzó con apoyo multipartidario, incluso entre bancadas tradicionalmente distantes, mientras especialistas y organizaciones ambientales advertían sobre los riesgos de ampliar la infraestructura en una zona dominada por economías ilícitas.

El registro de la sesión confirma 83 votos a favor, una abstención y ninguna oposición. Aunque 28 parlamentarios no participaron por estar ausentes o con licencia, no hubo un solo voto que cuestionara la norma destinada a abrir camino a una vía que conectará Pucallpa con Atalaya y, finalmente, con Puerto Breu, en la frontera con Brasil.

Un corredor donde avanza la ilegalidad

La carretera UC-105 forma parte de una ruta estratégica que conecta sectores donde sobrevuelos y reportes periodísticos han registrado cultivos ilegales de coca, minería informal, tala no autorizada y más de una docena de narcopistas.

Un reportaje de Epicentro TV mostró cómo la expansión de estas actividades ha acelerado la pérdida del bosque amazónico y consolidado un circuito logístico empleado por redes criminales transfronterizas.

Cómo votaron las bancadas

Todas las agrupaciones presentes respaldaron la noma. Sólo una congresista de Avanza País optó por abstenerse.

• Fuerza Popular: 13
• Alianza para el Progreso: 13
• Podemos Perú: 10
• Perú Libre: 6
• Renovación Popular - Voces Del Pueblo: 5
• Juntos Por El Perú - Somos Perú: 7
• Somos Perú: 6
• Acción Popular: 6
• Avanza País - Partido De Integración Social: 2
• Bancada Socialista: 3
• Honor y Democracia: 4
• Bloque Democrático Popular: 3
• No Agrupados: 5

La ausencia de oposición en el hemiciclo contrasta con los cuestionamientos externos sobre el efecto que podría tener la carretera en un territorio donde confluyen actividades ilícitas que han desplazado al Estado y transformado aceleradamente el paisaje amazónico.

Los impulsores del proyecto

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista Jeny López Morales, representante de Ucayali y presidenta de la Comisión Agraria, quien anteriormente promovió la denominada “Ley Antiforestal 2”. El proyecto también tuvo como coautores a los legisladores Tania Ramírez García, Jorge Morante Figari, Cruz María Zeta Chunga, Nilza Chacón Trujillo, Mery Infantes Castañeda y Héctor Ventura Ángel, todos de Fuerza Popular.

Pese a tratarse de una vía que atraviesa zonas de alta conflictividad ambiental y criminal, ninguno de los impulsores ofreció explicaciones públicas sobre los motivos para priorizar esta obra ni sobre las advertencias documentadas por entidades estatales y organizaciones especializadas.

Una ley con varios cuestionamientos previos

La carretera UC-105 no es una discusión reciente. Ya en 2021, cuando comenzaron los primeros trabajos en la zona, especialistas y medios ambientales alertaban sobre su posible impacto. Informes de investigación señalaron que el Congreso buscó declarar la vía como parte de una interconexión con Brasil, la llamada “Interoceánica Centro”, pero el debate quedó suspendido. Aun así, en 2024 la propuesta reapareció integrada en un dictamen que agrupa diversas obras declaradas de necesidad pública en Ucayali y otros departamentos amazónicos.

Para sus defensores, la carretera facilitaría el comercio y la integración con el país vecino. Sin embargo, líderes indígenas y organizaciones de conservación sostienen que la vía atravesará rutas donde opera activamente el narcotráfico. Fernando Aroni Lozano, presidente de Aconadiysh, explicó a Epicentro TV que el trazo coincide con zonas utilizadas para transportar droga hacia Brasil, especialmente por el corredor de Santa Rosa.

Esa preocupación también ha sido señalada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que advierte que obra vial podría ampliar un eje de salida hacia el estado de Acre, territorio donde se ha documentado presencia del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas de la región.

Esta diferencia, según la máxima autoridad antidrogas del país, define la dinámica actual del narcotráfico en Perú: los grupos locales se dedican a la producción y el acopio, mientras que cárteles extranjeros controlan la logística, la distribución y el lavado de dinero a nivel global. El fenómeno, que afecta tanto a la sociedad como a la seguridad del país, se intensifica por el crecimiento constante de la demanda internacional de drogas.

Según el jefe de la Dirandro, la organización del narcotráfico en Perú se basa en la existencia de clanes familiares o grupos comunitarios asentados en las principales zonas de producción. Estos clanes, que se diferencian de los cárteles en sentido tradicional, se especializan en reunir grandes volúmenes de droga, procedentes de su propia producción o adquirida a pequeños acopiadores. Luego, representantes de cárteles internacionales llegan al país para coordinar con los principales acopiadores, quienes concentran la mercancía según los requerimientos del mercado.

“El cártel maneja el producto, la distribución, la logística del transporte, la recolección y el blanqueo del dinero, así como el disfrute de esas ganancias”, explicó el jefe policial. En este modelo, el representante extranjero asume la tarea de sacar la droga del país, utilizando sus propias rutas y recursos logísticos.

Rutas de salida

La relación entre los clanes peruanos y los cárteles internacionales se distingue por una coordinación precisa. De acuerdo con el jefe de la Dirandro, los representantes extranjeros no se limitan a comprar la droga, sino que asumen la logística completa para sacarla del país.

“Viene un representante o un grupo de afuera, de cárteles, al Perú, coordinan con un acopiador mayor y ese se encarga de juntar, dependiendo la demanda. Proveen y ese señor es el responsable de llevarlo, no el peruano, no el que te vende”, detalló el funcionario. Así, los cárteles internacionales controlan el transporte y la distribución en los mercados de destino, además de la recolección y el blanqueo de las ganancias.

Las rutas y los métodos de transporte de drogas desde Perú son diversos y sofisticados. El jefe de la Dirandro explicó que la droga sale por vía aérea, debido a la falta de interdicción en el espacio aéreo nacional. Avionetas procedentes de Bolivia y Brasil ingresan al territorio peruano, aterrizan en pistas clandestinas ubicadas en la selva, cargan la mercancía en pocos minutos y parten de inmediato. También se emplean rutas terrestres y fluviales, especialmente en las zonas de frontera.

La demanda de la cocaína

Frente a este panorama, las acciones de interdicción y los retos para las autoridades son considerables. El jefe de la Dirandro destacó que, en los últimos años, la erradicación de cultivos ilícitos ha mostrado resultados consecutivos, mientras que las operaciones de interdicción —realizadas por la Policía Nacional, Aduanas, la SUNAT y la Marina de Guerra— también han aumentado. Sin embargo, la magnitud del problema se ve agravada por el crecimiento de la demanda global.

Según el jefe policial, un estudio reciente estimó que existen casi 1 millón de nuevos consumidores anuales, lo que obliga a los países productores como Colombia, Perú y Bolivia a incrementar su oferta. Esta presión se refleja en el aumento de los decomisos año tras año, aunque la falta de personal policial y la liberación de cabecillas continúan dificultando la lucha contra el narcotráfico.

Clanes familiares y su operación en el narcotráfico

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en marzo de 2023 se identificaron sesenta y cinco clanes familiares dedicados al narcotráfico, distribuidos en ocho regiones del país.

Estos grupos participan en la producción, acopio y exportación de pasta básica y clorhidrato de cocaína, y han construido redes que exceden el ámbito nacional. Entre los cabecillas destacados figuran Jorge Bazán Aguilar, conocido como “Gordo Tobi”, y Emerson Quispe Pariona, alias “El Chavo”, además de clanes como Los Quispe Palomino. A pesar de los operativos policiales, varios líderes han recuperado su libertad por decisiones del Poder Judicial.

La presencia de estos clanes resulta particularmente fuerte en ciertas regiones. En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se ha identificado a cinco familias que controlan el tráfico de drogas desde Ayacucho hacia Bolivia. Los líderes de estos grupos —Víctor Rivera Muñoz, Eliu Vásquez Pérez, Hugo Blanco Huallanca, Celestino Calderón Ochoa y Efraín Zamora Figueroa— coordinan con ciudadanos bolivianos el envío de la droga, la cual es trasladada en avionetas que aterrizan en pistas clandestinas en la selva.

En la provincia de Ayabaca, Piura, operan 12 clanes familiares que, además de acopiar y procesar sustancias ilícitas, emplean empresas fachada, como grifos, maquinaria pesada, compañías de transporte y bienes inmuebles, para lavar activos. La escasez de personal policial en estas zonas ha permitido la consolidación de estas estructuras criminales.

Cinco dirigentes del Pueblo Kakataibo recibieron en los últimos días mensajes de texto con amenazas de muerte en sus celulares, enviados por narcotraficantes que operan en la zona. “Caerán uno a uno” y “derramarán sangre por denunciar nuestro trabajo”, advierten las comunicaciones, en represalia por las denuncias contra cultivos ilegales de coca y pistas clandestinas dentro de sus comunidades y en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur.

La denuncia fue realizada por la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), con respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).

Las federaciones exigieron la activación inmediata del Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia, la intervención de la Policía Nacional en las investigaciones y la titulación definitiva de comunidades como Unipacuyacu, que lleva casi tres décadas esperando seguridad jurídica sobre su territorio.

Cadena de asesinatos

Las amenazas se producen en un contexto de violencia sostenida. Desde 2020, seis líderes Kakataibo han sido asesinados por defender sus tierras, entre ellos Arbildo Meléndez, impulsor de la titulación de Unipacuyacu y primer defensor ambiental asesinado durante la pandemia.

Ante el riesgo permanente, la Guardia Indígena Kakataibo ha intensificado sus patrullajes terrestres y sobrevuelos de reconocimiento en la Reserva, pese al peligro que enfrentan las familias de las comunidades. En su pronunciamiento, las organizaciones indígenas aseguraron: “No nos callarán. Defenderemos nuestros territorios. Nuestras guardias Kakataibo, Shipibo y Asháninka están en alerta máxima y movilizadas”.

Deforestación y concesiones en la Reserva Kakataibo

La Reserva Kakataibo Norte y Sur, reconocida oficialmente en 2021, es considerada una de las zonas más críticas de la Amazonía peruana. En apenas tres años ha perdido 6 723 hectáreas de bosques, principalmente por cultivos de coca, tala ilegal y minería.

Una investigación de Mongabay Latam identificó que el 19,3% de las 275 203 hectáreas de comunidades, ampliaciones y la Reserva Kakataibo Sur ya está deforestado. Además, pese a su carácter intangible, el Estado aprobó cuatro concesiones mineras dentro de la Reserva y en territorios de la comunidad de Unipacuyacu entre 2023 y 2024, sumando más de 2 000 hectáreas. Solo en Unipacuyacu, aún sin título, se superponen pedidos de concesiones mineras por 500 hectáreas.

“Nos han despojado de nuestra propia tierra. Hay caminos que ya no podemos transitar porque están controlados por hombres armados”, denunció un comunero Kakataibo, recordando que la titulación de Unipacuyacu está encarpetada en el Gobierno Regional de Huánuco desde hace casi 30 años.

Epicentro de violencia y narcotráfico

Ucayali, junto a Loreto y Huánuco, se ha convertido en uno de los epicentros más peligrosos para defensores indígenas. Según un informe de ORAU y ProPurús, actualmente 226 defensores amazónicos viven bajo amenaza en la región, siendo los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún los más afectados.

La expansión del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y las concesiones extractivas se suman a una legislación permisiva, como la llamada “ley anti-Forestal” (Ley 31973), que facilita la entrega de tierras sin respetar la clasificación de suelos. Esto agrava la violencia contra comunidades que luchan por la titulación de sus territorios y la defensa de la Amazonía.

¿Cuáles son las exigencias urgentes al Estado?

Las organizaciones indígenas advirtieron que las amenazas solo cesarán cuando el Estado asegure titulación definitiva para comunidades como Unipacuyacu, garantice presencia efectiva en el territorio y brinde protección real a los defensores.

Entre las medidas demandadas destacan:

• Activación operativa del Mecanismo de Protección de Defensores del Ministerio de Justicia.
• Garantías personales inmediatas otorgadas por las prefecturas.
• Investigaciones policiales efectivas sobre amenazas y asesinatos desde 2020.
• Resolución de los conflictos territoriales en Huánuco mediante diálogo y seguridad jurídica.

“El silencio del Estado favorece la expansión de las economías ilegales y pone en riesgo la vida de quienes defendemos la Amazonía”, advierte el pronunciamiento firmado por FENACOKA, AIDESEP y ORAU.

274 comunidades indígenas de la Amazonía peruana enfrentan invasiones, desplazamientos y violencia por el avance del narcotráfico en sus territorios. Así lo revela un informe presentado este miércoles 28 de mayo en Lima, que detalla las rutas del tráfico ilícito de drogas, sus impactos directos sobre pueblos originarios y cómo las políticas estatales contribuyeron a agravar la crisis.

Cabe señalar que este documento fue elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC), Amazon Watch y fue redactado por Ricardo Soberón.

Soberón advirtió con claridad en declaraciones para RPP: “El Estado no miró que había derechos ancestrales y colectivos en el territorio”, y agregó: “El Estado peruano y los gobiernos, lejos de considerarlos un aliado, los consideran el principal sospechoso”, en referencia a las comunidades nativas.

Cifras que alertan: narcotráfico en expansión

El informe sostiene que el narcotráfico en la Amazonía peruana ha ingresado a una nueva etapa de expansión y sofisticación. Según cifras del Ministerio del Interior citadas en el documento, Perú es actualmente el segundo país productor de hoja de coca del mundo, con más de 92,000 hectáreas cultivadas en 2023, de las cuales 13,054 hectáreas —el 14% del total nacional— se encuentran dentro de territorios de comunidades indígenas.

Además, se estima que existen al menos 500 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana. Solo en la región Ucayali, se han identificado más de 85 pistas, muchas de ellas en funcionamiento activo y ubicadas dentro de comunidades sin seguridad jurídica ni presencia estatal efectiva. Esta infraestructura aérea ilegal es utilizada para movilizar grandes cargamentos de droga hacia países vecinos como Brasil y Bolivia, y desde ahí al mercado internacional.

El documento también señala que la producción potencial de cocaína en el Perú en 2021 fue de 785 toneladas, mientras que el 99% del destino de la droga producida es internacional, lo que implica que la Amazonía ha sido convertida en una plataforma estratégica de exportación para el crimen organizado.

Territorios indígenas invadidos y sin protección

Al menos 274 comunidades indígenas se encuentran afectadas por la expansión del tráfico ilícito de drogas, que actúa mediante mecanismos de presión territorial, sobornos, reclutamiento de jóvenes indígenas, y asesinatos selectivos. Comunidades como las kakataibo, asháninka, yagua y ticuna han sido invadidas por actores ilegales que han establecido cultivos, laboratorios y rutas de tránsito.

El líder kakataibo Marcelo Odicio, presidente de la Fenacoka, lo resumió así: “Existen pistas de aterrizaje y completo abandono del control territorial del Estado peruano, del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa”.

Rutas estratégicas del narcotráfico

El informe identifica cuatro rutas clave del narcotráfico en la Amazonía peruana:

• Ruta norte hacia Ecuador, desde Amazonas, impactando comunidades Awajún.
• Ruta noreste por el Bajo Amazonas, cruzando Loreto hacia Colombia y Brasil, afectando pueblos ticuna y yaguas.
• Ruta central en Ucayali, región con baja densidad poblacional y alta conectividad aérea ilegal.
• Ruta sur desde el VRAEM, que atraviesa territorios indígenas en Cusco, Puno y Madre de Dios hacia Brasil y Bolivia.

Estas rutas han convertido a los territorios indígenas en corredores operativos del narcotráfico, donde los impactos incluyen deforestación masiva, contaminación de ríos con químicos usados en la producción de cocaína, y desplazamiento de comunidades.

Políticas que agravaron el conflicto

El informe cuestiona directamente las políticas estatales de lucha contra las drogas. Entre 2014 y 2019, DEVIDA promovió la titulación individual de predios en territorios comunales de la Amazonía, bajo una lógica de formalización que, en la práctica, facilitó la fragmentación del territorio colectivo y su posterior ocupación por actores ilegales.

Asimismo, las operaciones de erradicación del CORAH han sido aplicadas sin consulta previa ni alternativas productivas sostenibles, lo que ha empujado la frontera cocalera hacia territorios cada vez más remotos y frágiles, como los de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), como los de la reserva Kakataibo Norte y Sur.

Una amenaza directa a la vida y los derechos

Desde 2020, 27 defensores y defensoras indígenas fueron asesinados en contextos vinculados al narcotráfico, muchos sin justicia ni reparación. El informe resalta que las organizaciones criminales no solo han tomado control del territorio, sino que imponen el miedo como forma de dominación y generan un ambiente de violencia estructural.

Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, enfatizó que “el impacto del narcotráfico para los pueblos indígenas amazónicos se refleja en la invasión de su territorio, la degradación ambiental a través de la deforestación y contaminación de ríos para la siembra de coca y producción de cocaína, con la consecuente violencia contra la población y la inseguridad permanente que sufren las comunidades indígenas. La presencia de organizaciones criminales ha llevado a una constante violación de los derechos humanos y la amazonización del narcotráfico”.

Propuestas para frenar el avance

Para frenar el avance del narcotráfico en territorios indígenas, el informe propone una serie de medidas urgentes: titular colectivamente y georreferenciar los territorios, reformar la política antidrogas con enfoque intercultural, crear un grupo de trabajo multisectorial que ordene los títulos habilitantes sobre tierras indígenas, fortalecer la protección a defensores y combatir la impunidad, impulsar una cooperación internacional corresponsable —especialmente con los países consumidores—, e invertir en alternativas económicas sostenibles alineadas.

“El informe debe servirnos como alerta y hoja de ruta, tanto al movimiento indígena como a todos nuestros aliados. Pero, sobre todo, esperamos que los Estados amazónicos asuman decisiones radicales para contener este drama ambiental y de derechos humanos, y confiamos en que la comunidad internacional en su conjunto, y en particular los países de destino, donde se consume la cocaína, asuman un papel más decisivo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas que estamos poniendo nuestras vidas en riesgo”, expresó Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.

Tras un largo período de impunidad, las investigaciones judiciales y periodísticas destaparon la red criminal que Zevallos encabezaba, lo que llevó a su captura en 2005. Actualmente, cumple una condena que asciende a más de 45 años en prisión, sumando sentencias por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Sin embargo, a pesar de la firmeza de su condena, las peticiones de su defensa para anular la sentencia continúan, y la interrogante sobre su posible liberación sigue abierta. Este artículo explora el caso de Zevallos, su ascenso y caída, así como la duración de su condena, planteando la pregunta sobre cuándo, o si es que alguna vez, podrá salir de prisión.

¿Cuándo saldrá de prisión el “Lunarejo”?

Fernando Zevallos, conocido como “Lunarejo”, está cumpliendo una condena total de 47 años de prisión, dividida entre dos sentencias. La primera, de 20 años, fue impuesta en 2005 por tráfico ilícito de drogas, mientras que la segunda, de 27 años, fue dictada en 2019 por lavado de activos. Con estos términos, su salida de prisión está programada para 2052, si cumple íntegramente ambas penas.

Actualmente, cumple sus condenas en el Perú, donde su caso se considera emblemático por el impacto que tuvo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país. A pesar de las continuas apelaciones, la acumulación de penas y el rechazo de su extradición a Chile, donde también tiene un proceso pendiente, hacen poco probable que se dé una liberación temprana en el corto plazo. Por lo tanto, Zevallos no saldrá de prisión antes de cumplir sus 47 años de condena, a menos que nuevas resoluciones judiciales cambien el curso de su situación.

La estructura criminal detrás de “Lunarejo”

La historia de Fernando Zevallos es la de un empresario que construyó un imperio aéreo para luego ser desmantelado por las autoridades. En 1992, junto a su círculo cercano, fundó Aerocontinente, una aerolínea que operaba principalmente en la región amazónica peruana. Con un capital inicial modesto, su empresa creció rápidamente, llegando a adquirir una flota de aviones en un tiempo récord. La compañía se convirtió en una de las más importantes del país durante los años noventa, pero lo que parecía una historia de éxito empresarial ocultaba una red criminal dedicada al narcotráfico.

A través de sus diversas empresas, Zevallos logró ocultar durante décadas sus vínculos con el narcotráfico. Según las investigaciones de la Fiscalía, utilizó Aerocontinente, TAUSA y otras aerolíneas para transportar droga hacia destinos internacionales, principalmente hacia los Estados Unidos. Además, su grupo de colaboradores incluía a miembros de su familia y allegados, quienes formaban una estructura que se extendía desde la aviación hasta la política. El dinero proveniente del narcotráfico era lavado a través de empresas aparentemente legales, moviendo sumas millonarias y complicando el trabajo de las autoridades para desenmarañar sus actividades ilícitas.

La caída de “Lunarejo”: cómo lo atraparon

La captura de Fernando Zevallos no fue un hecho aislado, sino el resultado de una ardua investigación que comenzó a principios de la década de los noventa. El nombre de Zevallos apareció por primera vez en informes de inteligencia en 1995, cuando una incautación de 3.5 toneladas de cocaína en Piura reveló sus vínculos con el narcotráfico. En este operativo, los hermanos José Tito y Humberto López Paredes, miembros del Cártel Norteño, señalaron a Zevallos como uno de los responsables del transporte de la droga.

A lo largo de los años, las autoridades peruanas y la prensa investigaron exhaustivamente su imperio criminal. Fue el periodista Miguel Ramírez quien, con su investigación, sacó a la luz los nexos de Zevallos con políticos, empresarios, policías y medios de comunicación, quienes habrían recibido sobornos o beneficios a cambio de encubrir sus actividades. Esta red de corrupción facilitó su operación durante mucho tiempo, pero finalmente, en noviembre de 2005, las autoridades lograron capturarlo en una operación en Chosica. Su arresto marcó el fin de una era de impunidad y el inicio de una batalla legal que culminaría en su condena.

El legado de Fernando Zevallos y su impacto en la justicia peruana

El caso de Fernando Zevallos no solo dejó en evidencia la magnitud de las operaciones de narcotráfico que se desarrollaban en el país, sino también las profundas grietas en las instituciones peruanas que permitieron su crecimiento. A lo largo de los años, el narcotráfico ha sido un problema persistente en el Perú, y figuras como Zevallos contribuyeron a consolidar estructuras que involucraban tanto a actores públicos como privados.

Su condena, sin embargo, representa una victoria para las autoridades y una señal de que el sistema judicial peruano comenzó a actuar con más determinación frente a los grandes carteles de la droga. La historia de “Lunarejo” demuestra cómo el crimen organizado puede infiltrarse en diversos sectores de la sociedad, y cómo, tras años de impunidad, la justicia puede finalmente alcanzar a aquellos que parecían intocables. A pesar de que su sentencia está firmemente establecida, su caso sigue siendo un tema de debate, con muchos preguntándose si alguna vez logrará recuperar su libertad.

La caída del ‘barón de la droga’ peruano, prófugo por narcotráfico desde 2007

Adrián Velarde Huamaní es un peruano conocido en el mundo del hampa como el ‘barón de la droga’. Según Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, era “considerado uno de los narcotraficantes más buscados del Perú”.

Según el diario boliviano El Deber, Velarde lideraba una red dedicada al envío de toneladas de cocaína hacia Brasil y Bolivia. Las autoridades lo identifican como uno de los mayores productores y acopiadores de droga en el Vraem, la principal zona cocalera del Perú.

El jueves 12 de diciembre de 2024, el también conocido como el ‘Chato Adrián’ fue capturado por la Policía de Bolivia en la ciudad de Santa Cruz. Desde ese país, coordinaba el tráfico de cocaína procedente del Vraem. Cabe precisar que el ciudadano peruano era buscado por narcotráfico desde 2007 y registraba 14 requisitorias en su contra.

A pesar de sus múltiples intentos de evadir la justicia y su conexión con altos funcionarios, ’Mosca Loca’ terminó siendo capturada y, en 1984, murió violentamente en un motín dentro de la prisión. Su historia no solo refleja la creciente influencia del narcotráfico en la política peruana, sino también las complicidades que facilitaron la expansión de su imperio

Un narcotraficante con contactos de alto nivel

Guillermo Cárdenas Dávila, conocido en el mundo del crimen como ‘Mosca Loca’, comenzó su carrera criminal a principios de la década de 1970 en la región de Loreto. En ese entonces, Perú era un punto clave para el cultivo de hoja de coca, base fundamental para la producción de cocaína. Según diversas investigaciones de la época, Cárdenas habría comenzado a fabricar y distribuir cocaína, abasteciendo a narcotraficantes colombianos, y especialmente al Cartel de Cali. Su relación con este cartel le permitió consolidar su poder y expandir sus operaciones en diversas zonas del país.

Su ascenso no pasó desapercibido para las autoridades peruanas, que en 1973 lo acusaron de producir pasta básica de cocaína en Tingo María, un centro neurálgico del narcotráfico en la región. Sin embargo, pese a las evidencias y las acusaciones, Cárdenas fue absuelto de los cargos. Esta decisión levantó sospechas de que el narcotraficante tenía vínculos ocultos con el sistema judicial, lo que abrió un camino para su expansión sin mayores obstáculos.

La conexión con la política peruana

Una de las características más sorprendentes de ‘Mosca Loca’ fue su capacidad para establecer relaciones con figuras políticas de alto nivel. Durante su carrera criminal, Cárdenas no solo financió campañas de algunos congresistas, sino que también mantuvo estrechos lazos con figuras del sistema judicial y la Policía Nacional del Perú. Entre los nombres que se mencionan en diversas investigaciones destaca el del senador Eduardo Yashimura Montenegro, quien, en 1978, admitió haber defendido públicamente a Cárdenas en un juicio por tráfico de drogas en la ciudad de Tarapoto. Además, el senador reconoció haber recibido apoyo financiero de Cárdenas para su campaña política.

La cercanía de ‘Mosca Loca’ con el poder político y judicial en Perú fue un factor crucial para el éxito de sus operaciones. Los vínculos con estos sectores le otorgaron la protección necesaria para seguir traficando con impunidad, y su capacidad para sobornar a funcionarios públicos lo convirtió en una pieza clave en el tráfico de drogas de la región.

El ofrecimiento de pagar la deuda externa

En un giro que parece salido de una película, ‘Mosca Loca’ intentó sobornar al presidente Fernando Belaúnde Terry en un acto de audacia que sorprendió a todos. En 1980, Cárdenas, ya conocido por su poder y su influencia, le ofreció al gobierno peruano una propuesta insólita: pagar la deuda externa del país, que en ese entonces ascendía a aproximadamente 17 millones de dólares, a cambio de ser liberado y dejarlo traficar sin restricciones. La propuesta era clara: a cambio de su apoyo económico, Cárdenas exigía inmunidad total para sus actividades ilícitas.

A pesar de sus esfuerzos y el poder de sus conexiones, el presidente Belaúnde Terry rechazó rotundamente la oferta. Este episodio, sin embargo, subraya la magnitud de la influencia que Cárdenas había alcanzado, al punto de ofrecer una solución tan radical para liberar a un país endeudado.

La captura y muerte en prisión

Finalmente, tras varios intentos de eludir la justicia, Guillermo Cárdenas fue arrestado el 6 de octubre de 1980. Aunque la Corte Suprema lo declaró inocente y ordenó su liberación, el fiscal de la Nación de esa época, Gonzalo Ortiz de Zevallos, impidió su salida, temiendo las repercusiones que podría tener la liberación del narcotraficante. A pesar de las defensas legales que tenía Cárdenas, y su habilidad para manipular el sistema, la justicia logró atraparlo en un momento crítico de su carrera.

El 27 de marzo de 1984, ‘Mosca Loca’ murió durante un motín en el penal El Sexto, donde cumplió su condena. El motín fue protagonizado por otros reos, quienes tomaron a varios civiles como rehenes. Durante la operación de rescate, que involucró un tiroteo violento, Cárdenas fue asesinado por los amotinados, quienes tenían rencillas con él debido a su posición de poder dentro de la prisión. Se dice que fue degollado durante el enfrentamiento, un final violento para un hombre que, a lo largo de su vida, había hecho todo lo posible para escapar de las autoridades.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde destruyeron tres laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas y decomisaron grandes cantidades de insumos químicos. La intervención fue realizada por patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en la región de Ayacucho, con el objetivo de debilitar las estructuras de narcotraficantes en la zona.

El Ministerio de Defensa (Mindef) señaló el lunes (31.03.2025) en un comunicado que el operativo tuvo lugar en el Centro Poblado Cuculipampa, en el distrito de Anco, donde, gracias a un trabajo previo de inteligencia, se logró ubicar y destruir dos laboratorios de procesamiento de cocaína y desmantelar uno más dedicado a la producción de marihuana. En el lugar se incineraron 11 kilos de cocaína y 3.700 kilos de insumos químicos, además de incautar 50 kilos de cannabis sativa (marihuana), los cuales fueron entregados a las autoridades correspondientes.

El Mindef destacó que los resultados del operativo reflejan el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en el Vraem, una vasta región selvática donde operan remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en alianza con organizaciones narcotraficantes. El Comando Especial Vraem, la Segunda Brigada de Infantería, la Policía Nacional y el Ministerio Público estuvieron a cargo de la intervención.

Este golpe forma parte de los esfuerzos más amplios del país para erradicar el narcotráfico. La semana pasada, el sector Defensa informó de otro operativo llevado a cabo por el Comando Operacional de la Amazonía, que destruyó cuatro campamentos y cuatro laboratorios rústicos en la Comunidad Nativa El Platanal, en la región amazónica de Loreto. Durante esa intervención, se incineraron sulfato de cocaína y otros insumos químicos, y también se incautaron armas, municiones, equipos de comunicación y una embarcación fluvial.

Con estas operaciones, indicó el Mindef, el Gobierno peruano reitera su compromiso con el combate al narcotráfico y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan en las regiones más conflictivas del país.

Perú erradicó más de 25.000 héctáreas de cultivos de hoja de coca que iban al narcotráfico

Perú, uno de los principales productores mundiales de hoja de coca, erradicó en 2024 un total de 25.782 hectáreas de cultivos ilegales de ese producto, que eran destinados a la producción de cocaína, según informó el Ministerio del Interior. Esta intervención se llevó a cabo entre enero y diciembre de 2024.

El Gobierno peruano indicó que, con esta cantidad eliminada, se evitó la producción de alrededor de 236 toneladas de clorhidrato de cocaína, el principal componente utilizado en la fabricación de la droga. El cultivo de coca en Perú es legal cuando se destina a usos tradicionales o medicinales, pero la mayor parte de la producción, estimada en un 90%, es utilizada por el narcotráfico.

En comparación con el año anterior, 2023, en el que se erradicaron 22.500 hectáreas, las autoridades peruanas lograron un aumento significativo en la superficie eliminada. Devida, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, reportó que en 2023, el área total cultivada con coca alcanzó las 92.784 hectáreas, ligeramente por debajo de las 95.000 hectáreas registradas en 2022.

Perú, junto con Bolivia y Colombia, forma parte de los tres mayores productores mundiales de hoja de coca. Según estimaciones internacionales, el país produce cerca de 400 toneladas anuales de cocaína. Además, alrededor de seis millones de peruanos consumen legalmente la hoja de coca para fines tradicionales o medicinales.

El Gobierno también destacó el completo desmantelamiento de 120 organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, con la incautación e incineración de más de 78,5 toneladas de drogas en 2024. El narcotráfico en algunas zonas del país es protegido por remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso, una situación que las autoridades aún no han podido erradicar completamente.

Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’ es un nombre que resuena con gran fuerza en la historia del narcotráfico en Perú. Su reinado comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando se convirtió en un socio clave de los carteles de Medellín y Cali, liderados por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente. Desde Campanilla, cerca de Tingo María, “Vaticano” enviaba toneladas de pasta básica de cocaína a Colombia, ganándose una reputación temible y amontonando una fortuna que pudiera haber superado los mil millones de dólares.

Nacido el 16 de octubre de 1953 en Saposoa, departamento de San Martín, Chávez Peñaherrera entrenó y refinó sus métodos de producción de cocaína hasta ser conocido por su pureza excepcional. Su relación con Vladimiro Montesinos y otros altos funcionarios peruanos le permitió operar con cierto margen de impunidad hasta su captura en 1994 en Colombia, desde donde fue extraditado a Perú para cumplir una condena que terminó en 2016. Sin embargo, lo que pocos sabían era que , tras su salida de prisión, el famoso presentador Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, formaría un sorprendente vínculo con el narcotraficante.

¿Quién es Andrés Hurtado, alias ‘Chibolín’, y cuál es su vínculo con el “Vaticano”?

Andrés Hurtado, popularmente conocido como ‘Chibolín’, es un presentador de televisión que recientemente ha salido a la luz por su estrecha relación con “Vaticano”. Desde junio de 2019, Hurtado ha actuado como el representante legal del narcotraficante, gestiona sus asuntos personales y financieros tras su liberación en 2016, después de 22 años de prisión.

La conexión entre Hurtado y ‘Vaticano’ permaneció en secreto durante años. Un informe del programa “Cuarto Poder” reveló que, tras asumir el rol de representante legal, Hurtado comenzó a tejer una red de influencias que incluía figuras del ámbito político, empresarial y judicial. Este entramado se ha mantenido en las sombras hasta ser desvelado recientemente, arroja luz sobre la vida oculta y las conexiones peligrosas del popular presentador con el oscuro mundo del narcotráfico.

¿Cómo se desarrolló el imperio del ‘Vaticano’?

La elección de Chávez Peñaherrera de establecer su base de operaciones en la región del Huallaga no fue casualidad. El valle selvático se convirtió en el epicentro del cultivo de hoja de coca, fundamental para la producción de pasta básica de cocaína. Este enclave estratégico le permitió a ‘Vaticano’ mantener una constante y de alta calidad, que rápidamente atrae la atención de los carteles colombianos.

La pureza de la cocaína producida por ‘Vaticano’ fue otro factor clave para su éxito. Su notoriedad por ofrecer un producto de altísima calidad le granjeó socios internacionales y consolidó su reputación en el mundo del narcotráfico. A pesar de constantes enfrentamientos con las autoridades y otras bandas rivales, su control sobre el Huallaga se mantuvo firme hasta su captura. Además, su habilidad para evadir las capturas mediante sobornos e influencias políticas lo mantuvo en el poder por mucho tiempo.

¿Qué papel jugó la corrupción en la ascensión y caída del “Vaticano”?

La corrupción fue un elemento esencial tanto en el ascenso como en la caída del ‘Vaticano’. Desde sus contactos con Vladimiro Montesinos y otros altos funcionarios del gobierno peruano, logró operar con una impunidad considerable durante su reinado. Esto no solo le permitió esquivar la justicia, sino también influir en decisiones políticas y judiciales que favorecieran sus intereses.

Sin embargo, esta misma red de corrupción fue su perdición. Las traiciones y los cambios en las lealtades dentro de su círculo más cercano, junto con la presión internacional para combatir el narcotráfico, llevaron a su eventual captura y extradición. La red de influencias que construyó se desmoronó, llevando consigo a muchas figuras influyentes que alguna vez le brindaron su apoyo. Su extradición a Perú y la colaboración de diversas agencias internacionales marcaron el fin de su era.

La impactante captura del ‘Vaticano’

El 14 de enero de 1994, ‘Vaticano’ fue detenido en Cali, Colombia. Intentó sobornar a la policía colombiana con mil millones de pesos para evitar su captura, un claro indicio de su vasto poder financiero y su desesperación. Al momento de su detención, se hacía pasar por Huber Peña Herrera y llevaba consigo 60 mil dólares y un millón y medio de pesos colombianos.

Posteriormente, fue extraditado a Perú, donde se enfrentó a un juicio que culminó en una condena a 25 años de prisión, reducida posteriormente a 22 años. Su liberación en 2016 marcó el final de una etapa oscura en la historia del narcotráfico peruano, aunque su influencia y las redes que había tejido durante su reinado continuaron teniendo repercusiones en la sociedad peruana.

‘Vaticano’, el narcotráfico en Perú y su relación con los carteles de Colombia

Aunque inicialmente trabajó con el cartel de Medellín, pronto se unió al cartel de Cali, lo que amplió aún más su influencia y riqueza. Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual de varios delitos, incluyendo el asesinato del periodista Adolfo Usuiza Urquía en 1992. Su captura en 1994 y posterior extradición a Perú fueron un duro golpe tanto para su organización como para las redes criminales con las que colaboraba.

¿Qué revelaciones se han hecho sobre la relación entre Hurtado y ‘Vaticano’?

La relación entre Andrés Hurtado y ‘Vaticano’ trajo a la luz un complejo sistema de tráfico de influencias y gestión de ilícitos. Desde 2019, Hurtado no solo manejaba los asuntos financieros del “Vaticano”, sino también ejercía influencia en contratos estatales y en el ámbito judicial. Se le vincula con figuras políticas y judiciales, incluyendo la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, esto creó sospechas sobre maniobras legales para proteger los intereses del exnarcotraficante.

El vínculo entre Hurtado y “Vaticano” marca un inquietante capítulo en la historia del narcotráfico peruano, se mostró cómo las redes del crimen organizado pueden infiltrarse en diversas esferas del poder y la sociedad, manteniéndose ocultas por años antes de ser finalmente reveladas.

Un ciudadano peruano, identificado como Roque Rafael Martínez Cubas alias ‘Ever Arteaga’, fue extraditado a Estados Unidos desde Lima por una denuncia. Estuvo presente en el tribunal federal de Newark, que recibió la acusación en su contra por narcotráfico. El caso lo investiga el fiscal federal Philip R. Sellinger.

El sujeto, de 51 años, enfrenta una acusación formal porque habría distribuido cinco kilogramos o más de cocaína con el propósito de su importación ilegal a Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos presentados y las declaraciones hechas en el tribunal, Martínez Cubas formaba parte de una organización internacional de narcotráfico que produce y transporta grandes cantidades de cocaína desde Perú a varios países, incluyendo Estados Unidos.

Entre mayo de 2022 y abril de 2023, él y otros habrían coordinado para intentar importar 662 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Martínez Cubas fue arrestado en Perú en diciembre de 2023 y extraditado a solicitud de Estados Unidos.

Su comparecencia inicial tuvo lugar este viernes 6 de setiembre ante el magistrado estadounidense André M. Espinosa en el tribunal federal de Newark, donde se declaró inocente y quedó detenido.

Cabe resaltar que los cargos relacionados con narcóticos conllevan una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 250.000 dólares.

El fiscal federal Sellinger expresó su agradecimiento a los agentes especiales y oficiales del grupo de trabajo del FBI, liderados por el agente especial a cargo James E. Dennehy; a la División de Nueva Jersey de la DEA, bajo la dirección de la agente especial a cargo Cheryl Ortiz; y a la DEA en Lima, Perú, por la investigación que llevó a estos cargos.

También agradeció a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú; Investigaciones de Seguridad Nacional de Newark; Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.; Inmigración y Control de Aduanas - Oficina de Campo de Operaciones de Deportación y Deportación de Newark; la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer; la Oficina del Fiscal del Condado de Morris; el Departamento de Policía de la Ciudad de Dover; y la Unidad Antidrogas de la Guardia Nacional de Nueva Jersey.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia jugó un papel clave en asegurar el arresto y la extradición de Martínez Cubas. El fiscal federal también agradeció a las autoridades peruanas por su colaboración.

Esta operación es parte de una iniciativa de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), que se dedica a identificar, desarticular y desmantelar las organizaciones criminales de mayor nivel que amenazan a Estados Unidos mediante un enfoque multiinstitucional basado en inteligencia y dirigido por fiscales.

Incautan droga que pretendían trasladar a Europa

El pasado jueves 5 de setiembre un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) logró descubrir e incautar más de tres toneladas de cocaína en varios cargamentos destinados al extranjero, los cuales estaban disfrazados como productos de exportación.

Durante la intervención, se encontraron 3,323 kilos de cocaína gracias al uso de escáneres especializados y el apoyo de unidades caninas entrenadas para este tipo de tareas. El hallazgo más significativo ocurrió en el puerto del Callao, donde se descubrieron dos toneladas de esta droga en un contenedor que había declarado su carga como páprika en polvo.

El cargamento fraudulento estaba destinado a México, pero la intervención de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y el uso de máquinas de rayos X permitieron identificar la presencia de la droga antes de que el envío saliera del país.

La sustancia ilegal fue localizada en el interior de 25 estructuras metálicas de gran tamaño, que estaban ocultas dentro de un contenedor de chatarra con destinado a ser enviado a México por vía marítima. Según las autoridades antidrogas, este caso subraya el uso de métodos cada vez más sofisticados para el tráfico de narcóticos en la región.

La intervención conjunta se llevó a cabo tras recibir una señal de alerta de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional. Gracias a esa información recibida, los fiscales adjuntos provinciales Erick Calderón Claudio y Pako Enrique Grajeda Souza se desplazaron rápidamente hacia el depósito ubicado en la cuadra 47 de la avenida Néstor Gambetta.

El operativo fue minucioso y de larga duración. En el lugar, el personal del Ministerio Público fueron asistidos por un perito químico de la PNP y personal de la Agencia de Aduanas, quienes participaron en la diligencia de inspección, apertura del contenedor y extracción de la mercancía. La apertura de las estructuras metálicas requirió trabajos detallados de corte que se extendiern por cinco días.

Una vez abiertas las barras metálicas, se encontraron 565 envoltorios sospechosos. Cada uno de estos paquetes tipo ladrillo fueron sometidos a pruebas químicas de campo. La coloración de la sustancia al ser expuesta a los reactivos cambió a turquesa, confirmando la presencia de pasta básica de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína, sustancias ilícitas con un alto valor en el mercado negro.

Luego del hallazgo, la Fiscalía ordenó que tanto la sustancia estupefaciente como las estructuras metálicas fueran trasladadas a la sede de la Dirandro para procedimientos adicionales y conservación de evidencia.

Este descubrimiento y las posteriores acciones marcan un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico en Perú, afirmaron las autoridades competentes. Cabe señalar que nuestro país es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo.

‘Gafas’ y el cártel mexicano

A inicios de julio, se conoció por un informe de Cuarto Poder que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México y del mundo, tenía negocios en el Perú a través del del capo colombiano Francisco Marín Ordoñez, alias ‘Gafas’.

En su moderno celular, tras su captura, los agentes de la Policía Nacional encontraron videos y audios comprometedores sobre un importante cargamento de droga, valorizado en más de 30 millones de dólares.

Desde mayo de este año, efectivos peruanos de la división antidrogas comenzaron un exhaustivo seguimiento y desarrollaron una operación de inteligencia para obtener la mayor cantidad de detalles sobre la organización criminal de Marín Ordóñez.

Según su registro migratorio, ‘Gafas’ reingresó al Perú el pasado 10 de mayo, proveniente de Ecuador. De acuerdo con la PNP, el colombiano lo hizo para iniciar un nuevo envío de droga, financiado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo líder es el temido capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’.

Los videos en los celulares de los detenidos revelaron que acondicionaban contenedores para meter los ladrillos de cocaína. Su objetivo era sacar la droga hacia Europa, donde es más cotizada y podían amasar decenas de millones de dólares.