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La Fiscalía de Coahuila informó la detención de siete presuntos integrantes de una célula vinculada al Cártel del Noreste en Piedras Negras, entre ellos Juan Antonio “N”, de 47 años, identificado como el supuesto cabecilla de la estructura que habría vigilado los desplazamientos de corporaciones de seguridad en la región Norte del estado.

Las indagatorias permitieron ubicar varios sitios que presuntamente eran usados como puntos de observación. Desde esos lugares, los integrantes del grupo habrían monitoreado los movimientos de policías y otras fuerzas de seguridad para conocer sus recorridos.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que las capturas fueron resultado de investigaciones de campo y gabinete, así como del intercambio de información entre autoridades estatales, municipales y federales. La dependencia mantuvo abiertas las pesquisas para establecer si había más personas involucradas y precisar el alcance de las actividades atribuidas a la célula.

La investigación comenzó el pasado 19 de octubre, cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a dos objetivos prioritarios en Piedras Negras. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en posesión de narcóticos y delitos contra las funciones de seguridad.

La captura de Juan Antonio “N” derivó en cinco detenciones posteriores

La información recabada durante las primeras intervenciones abrió nuevas líneas de investigación para identificar a otros presuntos integrantes y a quien habría coordinado las actividades del grupo. Las autoridades ubicaron a Juan Antonio “N” y lo detuvieron el pasado 3 de noviembre.

Después de esa captura, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a tres hombres más. La Policía Municipal aseguró a otra persona, con lo que la Fiscalía contabilizó siete detenidos relacionados con la célula que presuntamente operaba en la frontera coahuilense.

Fernández Montañez no detalló los delitos atribuidos a las personas arrestadas después de las primeras dos detenciones ni informó sobre su situación jurídica ante un juez. Tampoco precisó la ubicación de los puntos de vigilancia localizados durante los operativos ni los objetos que habrían sido asegurados.

El titular de la Fiscalía afirmó que solicitarían las penas máximas permitidas por la ley en el momento procesal correspondiente y bajo las reglas del debido proceso. “En Coahuila no hay cabida para bandas delictivas, ni para células criminales que pretendan instalarse en nuestro estado para hacerle daño a quienes aquí vivimos”, expresó.

Fiscalía mantuvo operativos contra grupos criminales en Coahuila

El fiscal sostuvo que las acciones de seguridad continuarían para evitar que organizaciones delictivas establecieran operaciones en territorio estatal. La coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos municipales formó parte de la estrategia aplicada en las detenciones.

Fernández Montañez vinculó los operativos con la política de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. También indicó que el Gabinete de Seguridad mantendría las investigaciones contra quienes pretendieran delinquir en Coahuila.

“Aquí en Coahuila, el que la hace, la paga”, sentenció el fiscal al referirse a las acciones contra los presuntos integrantes de la célula criminal detenida en Piedras Negras.

Autoridades de Chiapas detuvieron a Adilson ‘N’, alias ‘El Sope’, un hombre de 37 años y nacionalidad salvadoreña señalado como presunto integrante de la pandilla Barrio 18, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Centroamérica. El detenido cuenta con antecedentes penales en su país de origen por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que será repatriado para enfrentar a las autoridades salvadoreñas.

La captura ocurrió el 5 de noviembre de 2026, como resultado de un intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y el Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador, organismo que proporcionó datos sobre los antecedentes del sospechoso y su presunta pertenencia a la estructura criminal.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el aseguramiento durante una conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre. Explicó que, después de corroborar la información proporcionada por las autoridades centroamericanas, agentes estatales localizaron y detuvieron al hombre.

Tras su captura, Adilson quedó a disposición de las autoridades migratorias para realizar los procedimientos correspondientes y concretar su retorno a El Salvador, donde deberá responder por los señalamientos en su contra.

¿Quién es ‘El Sope’, presunto integrante de Barrio 18?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Chiapas, Adilson ‘N’ tiene 37 años y es originario de El Salvador. Las autoridades de ese país lo identifican como presunto integrante de la pandilla Barrio 18 y cuentan con antecedentes relacionados con el delito de agrupaciones ilícitas.

Este señalamiento está relacionado con su probable participación en una estructura criminal que opera en distintos territorios centroamericanos y que mantiene actividades delictivas como extorsiones, amenazas, homicidios y tráfico de drogas.

La información sobre su historial fue compartida mediante el Centro Antipandillas Transnacional, una instancia de cooperación que permite a las autoridades de distintos países intercambiar datos de inteligencia para identificar a integrantes de organizaciones criminales que cruzan las fronteras.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca explicó que la detención se concretó después de verificar los antecedentes del salvadoreño. Sin embargo, la Fiscalía estatal no detalló el lugar exacto donde fue localizado ni informó sobre el aseguramiento de armas, drogas u otros objetos durante el operativo.

Tampoco se precisó si ‘El Sope’ cuenta con órdenes de captura vigentes en El Salvador o si su historial corresponde únicamente a antecedentes penales por agrupaciones ilícitas.

Será repatriado para enfrentar a la justicia en El Salvador

Después de su detención, Adilson ‘N’ fue entregado a las autoridades migratorias, que deberán realizar los trámites necesarios para su repatriación.

El procedimiento busca que el hombre regrese a su país de origen y quede a disposición de las instancias correspondientes para atender los señalamientos relacionados con su presunta pertenencia a Barrio 18.

La captura forma parte de los mecanismos de colaboración que mantiene la Fiscalía de Chiapas con autoridades de Centroamérica, particularmente con El Salvador, para identificar a personas con antecedentes criminales que ingresan o permanecen en territorio mexicano.

El intercambio de información también permite detectar a personas que fueron deportadas desde Estados Unidos y que, después de regresar a México, son ubicadas mediante alertas emitidas por organismos de seguridad de sus países de origen.

Suman 14 extranjeros detenidos en Chiapas durante 2025 y 2026

Durante la conferencia del 7 de noviembre, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que ‘El Sope’ representa la décima persona extranjera detenida en Chiapas durante 2026 por contar con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen.

A esa cifra se agregan cuatro detenciones realizadas durante 2025, por lo que el acumulado de ambos años asciende a 14 personas.

De acuerdo con el balance presentado por el funcionario, nueve de los detenidos son originarios de El Salvador, tres de Guatemala y dos de Honduras.

Las capturas están relacionadas con distintos delitos, entre ellos homicidio, pandillerismo, estafa, extorsión, tráfico de armas y drogas, además de señalamientos por terrorismo.

La estrategia de seguridad se concentra particularmente en Tapachula y otros municipios de la frontera sur, donde las autoridades mantienen coordinación con organismos internacionales y dependencias migratorias para identificar a personas que cuentan con antecedentes delictivos en Centroamérica.

El Centro Antipandillas Transnacional desempeña un papel importante en estas acciones, debido a que permite verificar identidades y compartir información sobre integrantes de organizaciones criminales que se desplazan entre México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.

La detención de ‘El Sope’ se suma a otros operativos contra presuntos integrantes de pandillas centroamericanas en Chiapas, una entidad que por su ubicación geográfica representa un punto estratégico en los desplazamientos migratorios y en las rutas de tránsito entre México y Centroamérica.

Las autoridades estatales no informaron si el detenido tenía alguna función de liderazgo dentro de Barrio 18 ni si estaba relacionado con actividades criminales cometidas en territorio mexicano.

Gloria Priscila Carrera Illescas, exregidora de Morena en Tierra Blanca, fue detenida la madrugada del viernes 6 de noviembre en Alvarado, Veracruz, y quedó a disposición de la FGR sin que las autoridades informaran el delito que se le atribuye ni la existencia de una orden de aprehensión. El caso también involucró a personal del IMSS y ocurre mientras circulan versiones no confirmadas sobre presuntos vínculos de la exfuncionaria con integrantes de la delincuencia organizada.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó el aseguramiento a las 5:12 horas en la colonia Lomas del Sol, dentro de la zona conocida como Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado. La captura registró a la SSPC como la corporación responsable y señaló que Carrera Illescas permanecía en traslado hacia instalaciones federales en Veracruz al momento de la consulta.

La exregidora ocupó la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tierra Blanca durante el periodo 2022-2025, luego de ser postulada por Morena. En sus perfiles de redes sociales se describía como economista y “morenista de corazón”.

Carrera Illescas compartía en internet publicaciones sobre actividades de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, con quien aparecía en distintas fotografías. También fue identificada como directora de Programas de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Valles, encabezado por el morenista José Juan Gallegos Cárcamo.

La FGR no informó los delitos investigados

Hasta el viernes 6 de noviembre, ni autoridades federales ni estatales habían dado a conocer públicamente los motivos de la detención, los delitos investigados o la situación jurídica de la exregidora. La falta de una comunicación oficial impedía confirmar las versiones que la relacionaban con un supuesto caso de acoso contra periodistas.

La información disponible también señalaba que Gloria Priscila Carrera habría sido detenida junto con José Roberto López, a quien se le identificaba como presunto dirigente regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una zona que abarca Tierra Blanca y Tuxtepec. Esa versión no había sido confirmada por la FGR ni por la SSPC.

En versiones difundidas tras el operativo, la exregidora fue relacionada con Margarita Corro Mendoza, diputada federal de Morena por el distrito 17. En 2019, la legisladora reconoció que era comadre de Francisco Navarrete Serna, señalado como presunto líder del CJNG y asesinado el 30 de mayo de 2020 en Tierra Blanca.

Carrera Illescas también habría buscado una coordinación distrital federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, con la intención de contender por una diputación federal en la Cuenca del Papaloapan. Funcionarios municipales de Tres Valles le atribuían influencia en la administración local y la identificaban además como directora administrativa.

El operativo incluyó detenciones de trabajadores del IMSS

La captura de la exregidora fue ubicada dentro del llamado Operativo Enjambre, una movilización federal en la que también fueron asegurados trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre ellos figuró Antonio “N”, director de la Unidad de Medicina Familiar 61, localizada en Córdoba.

Antonio “N” fue detenido en el municipio de Fortín junto con otros trabajadores adscritos a esa unidad médica. Las personas aseguradas fueron trasladadas a instalaciones de la FGR en Veracruz, donde quedaron a disposición de autoridades federales.

La lista difundida sobre el operativo incluyó a Inti “N”, presuntamente relacionado con la representación sindical del sector salud, así como a Andrés “N” y Eduardo “N”, trabajadores del Hospital General Regional de Orizaba. Ellos laboraban en las áreas de Higiene y Limpieza y camillería, respectivamente.

También se mencionó a Roberto “N”, responsable de la UMF 61, como presunta pareja sentimental de la exregidora. La información no precisó los cargos que enfrentarían las personas detenidas ni estableció una relación oficial entre los aseguramientos de Alvarado, Fortín, Córdoba y Orizaba.

En las inmediaciones de la FGR en el puerto de Veracruz se registró una movilización de al menos 20 vehículos con elementos de la SSPC y de la Marina. Algunos automóviles eran blindados, de acuerdo con los reportes sobre el despliegue.

La detención de Gloria Priscila Carrera Illescas quedó sujeta a las determinaciones de la FGR y de las autoridades judiciales competentes. Hasta que exista una resolución, la exregidora y las demás personas aseguradas mantienen la presunción de inocencia.

Al menos siete grupos delictivos mantienen operaciones en la Ciudad de México (CDMX) y presuntamente contribuyen al incremento de la violencia y la incidencia delictiva durante los últimos cinco años. Un informe interno del Observatorio Mexicano para el Análisis del Delito y la Violencia, valorado por autoridades de seguridad capitalinas, advierte que las disputas por territorios y actividades ilícitas abarcan distintas alcaldías.

El diagnóstico ubicó entre los delitos vinculados con estas pugnas el homicidio doloso, la extorsión, el despojo y las desapariciones. Las organizaciones conservaron estructuras activas aun después de detenciones y operativos contra algunos de sus integrantes.

El documento sostuvo que las medidas contra la delincuencia organizada resultaron insuficientes cuando se concentraron en detener y procesar a vendedores de droga al menudeo o en encarcelar a dirigentes. Esa estrategia no desarticuló las redes que permitieron a las células conservar operaciones, reorganizarse y disputar nuevas zonas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México documentaron la presencia de múltiples células en las 16 alcaldías. El análisis definió el escenario como una “estructura multipolar y constante disputa por el control de actividades ilícitas”, en la que grupos de mayor tamaño coexistieron con organizaciones locales y células de menor dimensión.

Iztapalapa concentró 122 homicidios y 565 hechos violentos en 2026

Entre las agrupaciones identificadas figuraron Los Zetas, Los Malcriados 3AD y el Cártel de Tláhuac, que mantuvieron presencia mediante células menores. Algunas de esas estructuras estuvieron integradas por adolescentes, a quienes el informe consideró particularmente reactivos y violentos.

Iztapalapa apareció como uno de los principales focos de violencia de la capital por la concentración de organizaciones y la disputa de actividades ilegales. Durante 2026 se contabilizaron 122 homicidios y 565 eventos violentos presuntamente relacionados con enfrentamientos por la extorsión, la venta de drogas al menudeo e incluso el control del comercio ambulante.

La alcaldía Gustavo A. Madero también registró presencia de agrupaciones delictivas, entre ellas La Unión Tepito, la Anti Unión y varias células locales. Sus enfrentamientos se relacionaron con el control de puntos de distribución de drogas, una actividad que propició conflictos entre organizaciones que buscaban ampliar o defender sus áreas de operación.

En Tláhuac, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos mantuvieron operaciones y disputas territoriales. El informe documentó 273 eventos violentos en esa alcaldía, presuntamente ligados a la venta de drogas y al despojo de inmuebles.

Coyoacán, Xochimilco y Milpa Alta también registraron presencia de diversas células criminales que disputaron actividades ilícitas mediante hechos violentos y prácticas de extorsión. El diagnóstico no presentó esas alcaldías como zonas aisladas, sino como parte de una distribución territorial en la que los grupos buscaron extender sus áreas de influencia.

En Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez fueron detectadas organizaciones de menor tamaño, además de actividades relacionadas con extorsión y otras modalidades delictivas. La presencia de células locales mostró que las disputas no se limitaron a los grupos de mayor alcance ni a las alcaldías con más hechos violentos documentados.

El análisis concluyó que la captura de integrantes y dirigentes no terminó con las pugnas territoriales porque las organizaciones conservaron capacidad de reorganización. Esa permanencia les permitió mantener el control de actividades ilícitas en distintas regiones de la Ciudad de México, aun cuando algunas de sus estructuras fueron debilitadas mediante detenciones y operativos.

Arrestaron a 54 presuntos integrantes de ‘La Unión Tepito’ y ‘Anti-Unión Tepito’ en el último mes

Durante julio y los primeros días de agosto se detuvieron a 54 personas presuntamente vinculadas conorganizaciones delictivas, señaladas como generadoras de violencia en la zona Centro de la capital.

Así lo informó este martes 4 de agosto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de sus cuentas oficiales donde detalló que como parte de la estrategia integral implementada para combatir y erradicar los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la Ciudad de México , se han detenido a 54 personas presuntamente vinculadas con la Unión Tepito y Anti-Unión Tepito, durante el mes de julio y los primeros días de agosto.

La SSC detalló que las acciones operativas se realizaron por elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, como parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

Durante este periodo, los 54 detenidos quedaron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Según lo referido por la dependencia, entre los operativos destacados se encuentra la detención de Osmar “N”, ocurrida el 16 de julio en la colonia Morelos, quien es señalado como presunto integrante de la Anti-Unión Tepito.

Quedó detenido luego de presuntamente amenazar a una persona con un objeto punzocortante para despojarla de sus pertenencias y estaría relacionado con una agresión con arma de fuego registrada en mayo.

Ese mismo día se detuvo a un menor de edad identificado como “El Niño”, en posesión de 27 bolsitas con marihuana. Las autoridades señalaron que estaría relacionado con un caso de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y también como integrante de la Anti-Unión Tepito.

Por otra parte, el 18 de julio, tras una denuncia ciudadana en la colonia Centro, se detuvo a Melchor “N”, José “N” y Alfredo “N”, a quienes se les aseguraron 15 cajas y 18 bolsas con marihuana.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente estaban relacionados con actividades de almacenamiento y distribución de narcóticos para La Unión Tepito.

Asimismo, el 22 de julio se detuvo Juan Carlos “N” en posesión de narcóticos y un arma de fuego en la colonia Centro. La SSC informó que el individuo presuntamente pertenece a La Unión Tepito y estaría relacionado con un homicidio ocurrido en 2024.

Como resultado de los operativos, las autoridades capitalinas aseguraron más de 15 cajas y 941 bolsas con marihuana, alrededor de 200 dosis de cocaína y cerca de 100 envoltorios con metanfetamina.

La SSC señaló que estas acciones buscan afectar las estructuras de grupos delictivos dedicados a delitos de alto impacto y avanzar en la detención de presuntos generadores de violencia en la capital.

EL ESLABÓN ROTO DE LA SEGURIDAD EN MÉXICO

Precariedad policial, abandono presupuestal, captura criminal y el dilema de la militarización frente a las policías locales.

¿Podemos construir seguridad en México sin fortalecer a las policías municipales y estatales?

Esta es una de las preguntas centrales que aborda el nsayo monográfico del investigador Arturo Arango Durán: “El Eslabón Roto de la Seguridad en México”, un análisis institucional, presupuestal y criminológico sobre la crisis estructural que enfrentan las corporaciones policiales locales.

México exige resultados en materia de seguridad, pero persiste una contradicción de fondo: mientras se destinan enormes recursos a las estructuras federales y militares, cientos de municipios carecen de corporaciones policiales propias y miles de agentes trabajan en condiciones de precariedad, con deficiencias de equipamiento, capacitación, salarios y protección social.

El documento analiza siete grandes dimensiones de esta problemática:

🔹 Fragmentación territorial: más de 500 municipios sin una corporación policial preventiva propia.

🔹 Precariedad policial: salarios, equipamiento, infraestructura, salud y condiciones laborales de los agentes.

🔹 Profesionalización: deficiencias en capacitación, certificación policial y actuación como primer respondiente dentro del Sistema Penal Acusatorio.

🔹 Captura criminal de las instituciones: revisión de casos emblemáticos, desde Iguala y Ayotzinapa hasta las intervenciones policiales y el Operativo Enjambre.

🔹 El dilema presupuestal: la desaparición del FORTASEG, la distribución de recursos y la creciente dependencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

🔹 Desigualdad regional: cuatro realidades policiales distintas que requieren soluciones diferenciadas.

🔹 Reconstrucción institucional: una propuesta de política pública estructurada en seis ejes estratégicos para refundar las policías en México.

La tesis central es contundente:

La seguridad pública no puede construirse exclusivamente desde arriba, mediante despliegues federales y militares. Necesita instituciones locales capaces, profesionales, dignificadas, supervisadas y vinculadas con sus comunidades.

No se trata de elegir entre Fuerzas Armadas y policías locales. Se trata de comprender que sus funciones son diferentes y que la presencia federal no puede sustituir permanentemente las capacidades de prevención, proximidad, investigación y atención de los problemas cotidianos de seguridad.

Tampoco podemos seguir reduciendo el problema a la corrupción policial sin analizar las condiciones institucionales, presupuestales y políticas que favorecen la infiltración y captura de las corporaciones.

La paz duradera requiere reconstruir los cimientos del sistema de seguridad pública.

Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México infoprmó en su cuenta de X que derivado de los patrullajes para inhibir delitos de alto impacto en las calles de la capital, policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a Pedro “N”, Jovita “N”, Jessica “N” ya una menor de edad, probables integrantes de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en las zonas centro y norte de la Ciudad.

Durante la detención en la Colonia Morelos , fueron asegurados alrededor de 3 mil envoltorios de papel con posible cocaína, cerca de 15 kilogramos de marihuana y ocho dispositivos móviles. Con estas acciones, afectamos el flujo de ingresos de los grupos que cometen delitos de alto impacto, reduciendo su capacidad operativa. Seguiremos trabajando todos los días para construir una Ciudad más segura, justa y en paz.

Como parte de las acciones para inhibir delitos de alto impacto en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron en flagrancia, en la colonia Morelos, a dos mujeres, un hombre y una adolescente, probables integrantes de un grupo delictivo, en posesión de más de 3 mil envoltorios que contenían posible cocaína y 15 kilos de aparente marihuana.

Los hechos tuvieron lugar en las calles Carpintería y Mineros, cuando los uniformados en campo realizaban labores de prevención y seguridad, cuando se percataron de la presencia de un sujeto, quien, en actitud inusual, manipulaba una bolsa, por lo cual, al notar la posible comisión de un delito flagrante, se aproximaron al punto.

El masculino, al percatarse de la presencia policial, corrió hacía una unidad habitacional en la misma zona, donde ingresó, por ello, con las medidas preventivas del caso, los oficiales entraron al área común, donde observaron a tres personas más, quienes, manipulaban otros envoltorios.

Por lo anterior, en estricto apego con el protocolo de actuación policial, les marcaron el alto y les efectuaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron alrededor de 3 mil envoltorios de papel que contenían posible cocaína.

También les encontraron 25 bolsas de plástico transparente con aproximadamente 15 kilogramos de marihuana, además de ocho dispositivos móviles, de diferentes marcas y modelos.

Por tal motivo, los policías detuvieron al hombre de 24 años, a dos mujeres de 54 y 24 años de edad y a una menor de 16 años, a quienes les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y definirá su situación jurídica.

Tras generar un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido de 24 años de edad registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2025 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, además de una falta administrativa ante el Juez Cívico por Cambiar el uso de destinos áreas públicas.

Las autoridades de Estados Unidos (EEUU) rastrearon 44,725 armas recuperadas en México entre 2020 y 2024 y determinaron que Texas, Arizona, California y Nuevo México concentraron el 77% de las compras iniciales identificadas. El informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, conocida como GAO, expuso que la cercanía de esas entidades con la frontera facilitó el abastecimiento de armamento para organizaciones criminales transnacionales.

De ese universo, 34,368 armas fueron adquiridas originalmente en establecimientos con licencia federal ubicados en los cuatro estados fronterizos. El resto, 10,357 piezas, correspondió a compras cuya primera transacción se localizó en otras entidades estadounidenses.

Texas encabezó el registro con 18,771 armas, equivalentes al 42% del total rastreado. Arizona ocupó el segundo sitio con 10,316 armas, el 23% de los casos identificados por las autoridades estadounidenses.

California acumuló 4,032 armas, que representaron 9% del total, mientras Nuevo México registró 1,249, equivalentes a 2.8%. La GAO precisó que el desglose se refirió únicamente a los artefactos cuya primera compra pudo ser ubicada en un estado específico.

La ATF rastreó más de 122 mil armas recuperadas en México

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, completó rastreos de 122,084 armas recuperadas en México durante el mismo periodo. De ellas, 82,785, es decir, 68%, fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente al país por titulares de licencias federales.

El registro de armas de origen estadounidense incluyó 49,676 armas cortas, entre pistolas, revólveres y derringers, un tipo de pistola de bolsillo sin cilindro. Otras 32,601 fueron armas largas, como rifles y escopetas, mientras 508 correspondieron a ametralladoras o armamento modificado.

Funcionarios estadounidenses señalaron que las organizaciones criminales mexicanas buscaron principalmente armas semiautomáticas, entre ellas fusiles AR-15, AK-47 y rifles calibre .50. Parte de ese armamento habría sido convertido en armas automáticas, con las que los grupos criminales representaron una amenaza para fuerzas de seguridad y militares mexicanos.

El análisis ubicó a California y Arizona como las principales fuentes de armas recuperadas en Baja California y Sonora, respectivamente. Texas fue señalado como el principal origen de las piezas localizadas en Tamaulipas.

Los cruces de Laredo concentraron 82% de los decomisos fronterizos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, decomisó 4,944 armas con destino a México en 25 puertos terrestres de la frontera entre enero de 2020 y diciembre de 2025. De esa cantidad, 2,581 fueron armas cortas, 2,147 largas y 216 de otros tipos.

La región de Laredo, Texas, concentró 4,057 decomisos, equivalentes al 82% de todas las armas aseguradas por la CBP en esos cruces. Nogales, Arizona, registró 673 piezas, 4% del total; El Paso sumó 149, 3%, y San Diego contabilizó 65, 1%.

Entre los puntos de entrada destacaron Eagle Pass, con 1,349 armas decomisadas; Laredo, con 1,146; Hidalgo, con 510, y Nogales, con 480. La GAO advirtió que esos registros permitieron conocer el sitio del decomiso, pero no vincularon la primera compra del arma con el cruce fronterizo ni con su destino final en México.

Funcionarios de la CBP indicaron que las revisiones de salida variaron entre los distintos puertos terrestres. Mientras algunos cruces realizaron inspecciones de manera intermitente durante el día, otros las mantuvieron durante las 24 horas.

Los testaferros trasladaron armas ocultas en vehículos y mercancías

El abastecimiento de armas comenzó comúnmente con compradores interpuestos o testaferros, quienes solían ser hombres de entre 21 y 25 años, ciudadanos estadounidenses o residentes legales sin antecedentes penales. Estas personas adquirieron armamento en nombre de organizaciones criminales y, en algunos casos, desconocieron que el destinatario final era un cártel.

Los intermediarios reclutaron a familiares, amigos y contactos localizados en redes sociales, a quienes ofrecieron pagos para trasladar las piezas. Las armas fueron transportadas principalmente en vehículos particulares y comerciales, ocultas entre mercancías o desmontadas para ensamblarlas después de su llegada a México.

Con base en entrevistas con funcionarios de la CBP, la GAO indicó que los cárteles mexicanos utilizaron redes sociales para contratar vigilantes que alertaran sobre las inspecciones fronterizas. Los funcionarios identificaron al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como las organizaciones más involucradas en estas redes de traslado.

La ATF, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional y la CBP realizaron acciones contra el tráfico de armas en la frontera, mientras la ATF apoyó a autoridades mexicanas en investigaciones y rastreos. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado proporcionó asistencia en seguridad a México.

Las agencias destinaron USD 126 millones sin medir sus resultados

Durante los años fiscales 2020 a 2025, la ATF y la oficina de asuntos antinarcóticos del Departamento de Estado aportaron aproximadamente USD 126 millones para iniciativas contra el tráfico de armas hacia México. La GAO concluyó que las dependencias no evaluaron de manera suficiente la eficacia de esos programas.

El Departamento de Seguridad Nacional no estableció objetivos, resultados esperados ni indicadores con líneas de referencia y metas para medir sus acciones. La ATF suspendió los indicadores que había establecido en el año fiscal 2023, mientras la oficina del Departamento de Estado careció de metas y resultados para parte de sus mediciones.

La falta de parámetros impidió conocer hasta qué punto las iniciativas cumplieron sus objetivos y si los recursos fueron dirigidos a los programas con mejores resultados. El informe advirtió que esa deficiencia pudo propiciar desperdicio de fondos y la pérdida de oportunidades para frenar el tráfico de armas.

El 4 de noviembre, la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, aseguró 15 armas largas, 30 cargadores y 1,681 cartuchos de distintos calibres durante dos acciones realizadas en Sinaloa.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, mediante actividades como la extorsión, el secuestro, el robo de hidrocarburos, la tala clandestina, la minería ilegal y el contrabando internacional de mercancías. Entre estas operaciones destaca la introducción de cigarrillos ilegales procedentes de Asia, cuyo aseguramiento representa un impacto económico estimado en 2 mil 375 millones de pesos.

La Secretaría de Marina (Semar) identificó una red internacional de contrabando de tabaco que permitió asegurar 481 millones de cigarrillos de procedencia ilícita, equivalentes a 678 toneladas, durante operaciones realizadas entre 2024 y 2026.

Los trabajos de inteligencia naval permitieron reconstruir rutas comerciales, identificar movimientos irregulares de mercancías y detectar posibles redes de intermediarios que habrían sido utilizadas para introducir los productos al mercado mexicano.

El aseguramiento de estos cargamentos forma parte de las acciones para afectar las estructuras financieras de organizaciones criminales, entre ellas el CJNG, que ha extendido sus actividades hacia mercados ilegales distintos al de las drogas.

Las investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses también relacionan a la organización con el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes, homicidios y fraudes inmobiliarios mediante esquemas de tiempos compartidos.

De Asia a México: las rutas del contrabando de cigarros

La Unidad de Inteligencia Naval (UIN) de la Semar comenzó desde 2024 los trabajos para identificar las operaciones de contrabando de cigarrillos.

Las indagatorias detectaron conexiones comerciales y logísticas con diez países: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Uno de los hallazgos relevantes fue la posible utilización de Singapur, Corea del Sur y Japón como puntos de triangulación comercial. Mediante este mecanismo, los cargamentos pasan por diferentes países antes de llegar a México, lo que dificulta establecer su procedencia original y detectar irregularidades en los documentos de importación.

La Marina también identificó que las mercancías ingresaban mediante rutas marítimas, aéreas y terrestres.

De las 678 toneladas de tabaco aseguradas, 470 toneladas fueron transportadas por vía marítima, equivalentes a 69.3% del total. Otras 198 toneladas correspondieron a cargamentos aéreos, mientras que las 10 toneladas restantes fueron movilizadas por tierra.

Para detectar las operaciones, la dependencia fortaleció el intercambio de información con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina.

La estrategia incluye la participación de los Grupos de Análisis de Riesgo, integrados por personal de Aduanas, la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) y la Unidad de Inteligencia Naval.

Estos equipos revisan operaciones comerciales, vigilan instalaciones portuarias y analizan información relacionada con posibles delitos fiscales y contrabando.

Aumentan los decomisos: en 2026 aseguraron 251 millones de cigarros

Los registros de la Secretaría de Marina muestran un incremento en el volumen de cigarrillos ilegales asegurados durante los últimos tres años.

En 2024 fueron decomisadas 15 millones de unidades. Para 2025, la cantidad aumentó a 215 millones, mientras que durante 2026 alcanzó los 251 millones de cigarrillos.

En conjunto, las cifras representan 481 millones de unidades, cuyo peso acumulado fue calculado en 678 toneladas.

El valor comercial estimado de la mercancía asciende a 2 mil 375 millones de pesos, cantidad que representa el impacto financiero de los aseguramientos sobre las estructuras involucradas en estas operaciones.

La introducción de tabaco ilegal representa una fuente de ingresos distinta al tráfico de estupefacientes, pues utiliza mecanismos del comercio internacional, como empresas importadoras, intermediarios, transportistas y documentación aduanera.

La identificación de inconsistencias en estos procedimientos requiere el cruce de información financiera, comercial, aeroportuaria y marítima.

Los otros delitos que generan recursos al CJNG

El contrabando de cigarrillos es una de las actividades que se suma a la diversificación criminal atribuida al CJNG. Las investigaciones también documentan operaciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas, así como el trasiego de fentanilo, metanfetaminas y cocaína.

A estas actividades se agregan el secuestro, la extorsión, el cobro de piso y el robo de hidrocarburos, delitos que permiten obtener recursos mediante el control de actividades económicas y territorios.

Las autoridades también han identificado presuntas operaciones de tala clandestina, minería ilegal y tráfico de migrantes, además de esquemas de fraude inmobiliario relacionados con la comercialización de tiempos compartidos.

El lavado de dinero y el tráfico de armas forman parte de las investigaciones sobre las estructuras que permiten a la organización movilizar recursos y mantener sus operaciones.

Esta diversificación implica que el grupo no depende exclusivamente de las ganancias derivadas de la venta de drogas, sino que participa en distintos mercados ilícitos y aprovecha redes comerciales y financieras para obtener ingresos.

La Secretaría de Marina considera que la coordinación entre dependencias y el intercambio de información de inteligencia permiten identificar estas estructuras y evitar que las mercancías ilegales lleguen a sus redes de distribución.

Con el aseguramiento de 678 toneladas de cigarrillos, las autoridades federales ampliaron las acciones contra las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, particularmente aquellas relacionadas con el contrabando internacional.

La libertad de Asunción S. T., conocida como ‘Na Shio Terán’ y señalada como madre de Iván V. S., alias ‘El Cromo’, duró apenas unas horas, luego de que agentes investigadores la reaprehendieran al abandonar el Centro Penitenciario de San Francisco Tanivet, en Oaxaca, por su probable participación en el asesinato de un exalcalde y director del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

La mujer había permanecido 927 días privada de la libertad por delitos contra la salud. Sin embargo, el viernes 6 de noviembre, cuando se disponía a salir del centro penitenciario ubicado en los Valles Centrales, agentes ministeriales ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra.

El mandato judicial está relacionado con el homicidio de Ricardo E. M., quien fue presidente municipal de San Pedro Tapanatepec y posteriormente se desempeñó como director del plantel 09 del Cobao, ubicado en esa localidad de la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras su recaptura, Asunción S. T. fue trasladada nuevamente ante las autoridades judiciales, donde deberá enfrentar la investigación por homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) busca establecer su probable responsabilidad en el crimen ocurrido el 30 de mayo de 2023.

¿De qué acusan a la madre de ‘El Cromo’?

El asesinato de Ricardo E. M. ocurrió en el barrio Cantarranas de San Pedro Tapanatepec, cuando el exfuncionario educativo fue atacado con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con información publicada por medios locales sobre la investigación ministerial, la víctima se encontraba junto a un automóvil Volkswagen Jetta, estacionado sobre la calle Paulino B. Carrasco, cuando presuntamente se encontró con Asunción S. T.

Los testimonios incorporados a la investigación señalan que la mujer habría conversado con el exalcalde y posteriormente sacado un arma de fuego para dispararle. Ricardo E. M. murió en el lugar.

A partir de las diligencias realizadas por la Vicefiscalía Regional del Istmo, las autoridades reunieron elementos que permitieron identificar a la mujer como probable responsable y solicitar una nueva orden de aprehensión.

El mandato judicial corresponde a la causa penal 503/2026, por el delito de homicidio calificado.

La investigación también contempla el contexto en el que ocurrió el ataque, pues el asesinato del exdirector del Cobao se registró en una región donde se han documentado agresiones contra funcionarios y representantes políticos.

¿Por qué había estado presa durante 927 días?

La primera detención de Asunción S. T. ocurrió en abril de 2024, cuando agentes de investigación la localizaron en la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza.

En aquella ocasión, la Fiscalía de Oaxaca la identificó como un objetivo prioritario dentro de las investigaciones relacionadas con una célula delictiva que operaba en la región del Istmo de Tehuantepec. Su captura estuvo relacionada con delitos contra la salud.

Desde entonces permaneció recluida en el penal femenil de San Francisco Tanivet, hasta que cumplió 927 días privada de la libertad y obtuvo su salida el 6 de noviembre de 2026.

No obstante, las autoridades ya contaban con una nueva orden judicial en su contra por el asesinato de Ricardo E. M., por lo que fue detenida nuevamente antes de abandonar las instalaciones penitenciarias.

Esta vez, la investigación no está relacionada directamente con los delitos contra la salud que motivaron su primera captura, sino con un homicidio ocurrido tres años antes en San Pedro Tapanatepec.

‘El Cromo’ y las investigaciones contra Los Cromos en Oaxaca

El nombre de Asunción S. T. también adquirió relevancia por su parentesco con Iván V. S., alias ‘El Cromo’, señalado como presunto dirigente de Los Cromos, una organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en el Istmo de Tehuantepec.

Iván fue detenido el 14 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de autoridades federales. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

El 22 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También le impuso prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República lo identificó como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsiones, cobro de piso, secuestros y tráfico de drogas y armas.

La captura de ‘El Cromo’ formó parte de las acciones de seguridad emprendidas contra estructuras delictivas que operan en el Istmo, particularmente en municipios como Juchitán de Zaragoza.

Con la nueva aprehensión de su madre, las autoridades oaxaqueñas mantienen abiertas investigaciones por distintos hechos delictivos relacionados con personas de ese entorno familiar. Sin embargo, el caso de Asunción S. T. deberá resolverse de manera independiente, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público.

La mujer permanece bajo custodia mientras un juez determina su situación jurídica. Hasta que exista una sentencia condenatoria, debe prevalecer su presunción de inocencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres vehículos con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Acatic, Jalisco, en las inmediaciones del rancho Las Mariposas.

El operativo se llevó a cabo luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detectaran varios automotores al interior de una bodega durante recorridos de seguridad y vigilancia. El hallazgo derivó en una investigación federal que permitió obtener una orden judicial para intervenir la propiedad.

De acuerdo con el comunicado 786/26 de la FGR, los militares observaron los vehículos desde el exterior del inmueble, por lo que elaboraron un Informe Policial Homologado (IPH) y notificaron los hechos al Ministerio Público de la Federación (MPF).

A partir de ese reporte, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco inició las diligencias correspondientes y solicitó a un juez de Control autorización para ejecutar un cateo en el predio.

Una vez concedida la orden judicial, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al inmueble y realizaron el aseguramiento de las unidades.

¿Qué vehículos encontró la FGR en el rancho Las Mariposas?

Durante la intervención, las autoridades federales localizaron cinco unidades en total: tres vehículos equipados con blindaje artesanal, una camioneta y un semirremolque.

Los primeros corresponden a los automotores conocidos popularmente como vehículos ‘monstruo’, utilizados por integrantes de organizaciones criminales para enfrentar a corporaciones de seguridad o a grupos rivales.

Estas unidades suelen ser modificadas mediante la instalación de estructuras metálicas y placas de acero que funcionan como protección contra impactos de armas de fuego. Dependiendo de sus características, también pueden contar con modificaciones en la carrocería y adaptaciones para facilitar su utilización durante enfrentamientos.

El aseguramiento en Acatic se suma a otros decomisos de vehículos con características similares realizados por autoridades federales en distintas entidades del país.

La FGR informó que tanto el inmueble como los automotores quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer su procedencia y determinar si fueron utilizados para actividades delictivas.

La dependencia señaló que la carpeta de investigación contempla posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de aquellos que puedan resultar de las diligencias.

Hasta el momento, la institución no informó sobre personas detenidas durante el cateo ni identificó a los propietarios de las unidades o del inmueble intervenido.

FGR también aseguró vehículos ‘monstruo’ en Sinaloa

El decomiso realizado en Acatic ocurre después de otro aseguramiento de vehículos con blindaje artesanal en el estado de Sinaloa.

A principios de octubre de 2026, elementos federales localizaron cinco unidades de este tipo durante un cateo en un inmueble utilizado como bodega en la colonia San Fernando, en el municipio de Guasave.

La investigación también comenzó a partir de recorridos de vigilancia realizados por elementos de la Defensa, quienes observaron desde el exterior de un predio abierto diversos objetos y vehículos, entre ellos un cargador con cartuchos para arma de fuego.

Después de dar aviso al Ministerio Público Federal, las autoridades mantuvieron el inmueble bajo resguardo militar mientras se obtenía la autorización judicial para ingresar.

Durante el cateo, agentes de la FGR aseguraron cinco vehículos con blindaje artesanal, además de cargadores y cartuchos para armas de fuego.

Los llamados ‘monstruos’ son utilizados por diferentes organizaciones criminales en enfrentamientos y operaciones relacionadas con el control territorial. Su fabricación implica modificaciones a vehículos convencionales para incorporar blindaje metálico, lo que incrementa su peso y resistencia frente a disparos.

Aunque la presencia de estos automotores no permite identificar por sí sola a la organización criminal a la que pertenecen, su aseguramiento forma parte de las investigaciones de las autoridades para establecer su procedencia y posible utilización.

En el caso de Acatic, la FGR no atribuyó los vehículos a un grupo delictivo en particular. La investigación permanece abierta para determinar quiénes eran sus propietarios y si las unidades estaban relacionadas con actividades ilícitas.

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la organización criminal del canadiense Ryan Wedding, busca ser juzgado en México y no en Estados Unidos, país que lo requiere por nueve cargos federales.

La petición fue presentada este viernes 6 de noviembre por su abogado defensor, Miguel González Sánchez, quien sostuvo que cualquier responsabilidad derivada de las funciones judiciales de su representado debe determinarse ante las autoridades mexicanas y conforme a las leyes nacionales.

“Cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades, y no por estados diferentes como en este caso se ha buscado”, señaló el litigante en un comunicado, de acuerdo con información de Associated Press (AP).

El planteamiento ocurre mientras Benítez Alcántara permanece bajo custodia en Colombia, donde fue detenido a petición de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos adelantó que solicitará su extradición para que responda por los señalamientos relacionados con la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la organización de Wedding.

¿De qué acusan al juez Luis Benítez Alcántara?

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido un soborno de dos millones de dólares para conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, quien enfrentaba un procedimiento de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.

Clark fue detenido en México en octubre de 2024 y quedó bajo la supervisión judicial de Benítez Alcántara, quien entonces se desempeñaba como juez federal en la Ciudad de México y tenía a su cargo el procedimiento para determinar su entrega a las autoridades estadounidenses.

En noviembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición del ciudadano canadiense. Sin embargo, según la investigación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark habría transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.

La fiscalía sostiene que, dentro de ese esquema, se acordó entregar alrededor de dos millones de dólares al juzgador mexicano a cambio de una resolución favorable.

El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del dinero pactado y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su salida de prisión.

El canadiense permaneció libre durante algunos días, hasta que fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y asesinato.

La acusación contra el juez fue presentada ante un gran jurado federal y contempla nueve cargos por complicidad posterior al delito (accessory after the fact), una figura penal relacionada con ayudar a una persona a evadir su detención, juicio o castigo después de cometer un delito.

Si es declarado culpable, Benítez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Defensa niega que haya recibido dinero para liberar a Andrew Clark

El abogado Miguel González Sánchez rechazó los señalamientos contra su representado y aseguró que Benítez Alcántara no ordenó la liberación de Clark con la intención de ayudarlo a evadir la justicia.

De acuerdo con la defensa, la resolución judicial se tomó dentro del marco legal y no como resultado de un acuerdo económico con integrantes de la organización criminal.

“No ordenó la liberación o buscó que Andrew Clark se sustrajera de la justicia, su decisión, como se demostrará, fue en derecho y dentro del marco de la legalidad”, sostuvo el litigante.

El abogado también manifestó que están dispuestos a atender los requerimientos de las autoridades, siempre que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por su parte, la policía colombiana informó que Benítez fue detenido el domingo 1 de noviembre en el aeropuerto de Bogotá, cuando pretendía abordar un vuelo de regreso a la Ciudad de México. La captura se realizó mediante un operativo coordinado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, señaló que el juzgador presuntamente se encontraba en Bogotá con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Tribunal de Disciplina Judicial abre investigación

En México, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que inició una investigación de oficio por los hechos atribuidos al juzgador, luego de que se conociera su detención en territorio colombiano.

El organismo también señaló que Benítez Alcántara tenía cuatro investigaciones administrativas en curso relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aunque precisó que estas no guardaban relación con el caso por el que fue detenido.

La detención del juez forma parte de una investigación internacional relacionada con la estructura criminal de Ryan Wedding, excompetidor olímpico canadiense de snowboard, señalado por las autoridades estadounidenses como responsable de encabezar una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada con hechos violentos.

Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales en Colombia, la defensa de Benítez Alcántara busca que las autoridades mexicanas determinen cualquier responsabilidad relacionada con sus actuaciones como juez, en contraste con la intención de Washington de llevarlo ante un tribunal estadounidense.

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Despliegan operativo en Indaparapeo, Michoacán, tras enfrentamiento con civiles armados

Agentes de la Guardia Civil de Michoacán desplegaron un operativo por tierra y aire en el municipio de Indaparapeo tras registrarse un enfrentamiento con civiles armados. La corporación mantuvo las acciones en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y con fuerzas federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que el operativo se activó tras el choque armado registrado en la zona.

“Agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Michoacán y fuerzas federales, mantienen un despliegue operativo por tierra y aire en Indaparapeo, tras registrarse un enfrentamiento con civiles armados, sin que se reporten elementos de nuestra corporación lesionados”, señaló la dependencia estatal.

El mensaje oficial no detalló el número de civiles armados involucrados en el enfrentamiento ni si hubo detenidos o decomisos durante el operativo. Tampoco se precisó la hora exacta en que ocurrieron los hechos ni la ubicación específica dentro del municipio.

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Este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rindió un homenaje a Milton Morales Figueroa, antiguo colaborador y amigo que fue asesinado en 2024.

Lo anterior, ocurrió después de fuerzas federales abatieron --ayer--, en el Estado de México, a Edgar Aarón ‘N’, alias ‘El General’, fundador del Cártel Nuevo Imperio y señalado como presunto autor intelectual del asesinato de quien se desempeñó como mando judicial.

Harfuch rinde homenaje a Milton Morales tras abatimiento de “El General”

En la ceremonia de graduación de la generación VI-2026 del Servicio de Protección Federal (SPF), el funcionario federal recordó a Morales Figueroa, quien fue asesinado el 21 de julio de 2024, en el municipio de Coacalco, Estado de México, cuando se encontraba en su día de descanso con su familia.

“Milton no solamente fue un compañero de trabajo, fue un amigo y un policía extraordinario, un hombre comprometido con su institución y con la seguridad de nuestro país, un hombre incorruptible”, dijo Harfuch frente a los graduados.

Vinculan al líder del Cártel Nuevo Imperio con homicidio de agente

García Harfuch vincula el homicidio con Edgar Aarón, identificado como fundador y dirigente del Cártel Nuevo Imperio. No obstante, el presunto jefe criminal murió el jueves 5 de noviembre durante un operativo de agentes federales en el Estado de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intentaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada en su contra. Sin embargo, durante la acción fueron atacados a balazos, explicó el funcionario.

“Nuestros compañeros actuaron con valentía, repelieron la agresión y neutralizaron a este sujeto”, agregó.

Fue uno de los mandos más cercanos a Harfuch

El secretario no perdió la oportunidad para recordar que Milton Morales fue asesinado cuando disfrutaba su día descanso con sus seres queridos, desarmado y sin escoltas.

Sin dejar de mencionar que el antiguo mando policíaco fue uno de los colaboradores más cercanos a García Harfuch durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En la dependencia de seguridad capitalina, el agente caído participó en diversas investigaciones y operaciones contra organizaciones delictivas de alto impacto.

Morales ocupaba alto cargo en la policía capitalina antes de su asesinato

Cabe señalar que, al momento de su asesinato, Morales Figueroa se desempeñaba como coordinador General de la Unidad Estratégica, Táctica y Operaciones Especiales de la Policía de la CDMX.

Dicho ataque ocurrió en las calles del municipio mexiquense de Coacalco, donde sujetos armados dispararon contra el agente para, posteriormente, huir del lugar.

Las indagatorias apuntaron a una agresión planeada contra el funcionario, quien había participado en operaciones contra estructuras criminales que operaban en la Ciudad de México y el Estado de México.

Mientras que la muerte de ‘El General’ ocurrió más de dos años después del homicidio, pero representó un avance en la investigación sobre el grupo criminal señalado de ordenar el atentado.

Omar García recuerda a agente caído en Tamaulipas y destaca detención de ‘El Titán’

Durante la misma ceremonia, García Harfuch recordó a un agente del Servicio de Protección Federal asesinado el 17 de mayo pasado en Matamoros, Tamaulipas. El ataque ocurrió contra personal asignado a la seguridad del Consulado de Estados Unidos.

Asimismo, destacó la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias ‘El Axel’ o ‘El Titán’, quien es identificado como segundo al mando de Los Ciclones, una de las facciones del Cártel del Golfo que opera en la frontera tamaulipeca.

Este último presunto jefe criminal fue detenido el 29 de octubre por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, a través de trabajos de inteligencia militar.

‘El Titán’ es señalado por agredir a agentes federales

Las autoridades señalan a ‘El Titán’ como presunto responsable de ordenar la agresión contra los agentes federales, en la que también resultaron heridos otros elementos.

García Harfuch explicó que los primeros implicados fueron detenidos pocas horas después del ataque. Las investigaciones permitieron identificar después a uno de los principales responsables de la estructura delictiva.

Van por todos los involucrados

Tras anunciar la captura de Axel el pasado 29 de octubre. El secretario aseguró que las investigaciones continuarían hasta detener a todos los involucrados.

“Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune”, sostuvo.

Sin embargo, la detención de Cárdenas Rodríguez provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y movilizaciones de grupos criminales en Matamoros y otros puntos de Tamaulipas.

Dos años después del homicidio de Milton Morales y tras el abatimiento de ‘El General’, Omar García Harfuch le rindió un homenaje al mando caído, quien fue muy cercano a él.

La guerra interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza extendió sus efectos al norte de Nayarit, donde las autoridades federales identificaron el desplazamiento de células criminales, la presencia de grupos armados y enfrentamientos con corporaciones de seguridad.

Los movimientos de estas organizaciones hacia municipios cercanos a la frontera con Sinaloa encendieron las alertas del Gabinete de Seguridad, que reforzó los patrullajes militares en una franja territorial donde los aseguramientos de armamento aumentaron durante los últimos meses.

De acuerdo con reportes federales, entre octubre de 2024 y octubre de 2026 fueron aseguradas al menos 565 armas de fuego en Mazatlán, El Rosario, Concordia y Escuinapa, en Sinaloa, así como en Acaponeta, Huajicori y Tecuala, en Nayarit.

Los registros muestran que los decomisos aumentaron considerablemente durante 2026. En los últimos meses de 2024, las autoridades reportaron un promedio de 16 armas aseguradas mensualmente, mientras que durante 2025 la cifra disminuyó ligeramente a 14.

Sin embargo, en 2026 el promedio llegó a 36 armas por mes, un incremento que refleja la intensidad de los operativos y la circulación de armamento en esta región.

Fusiles Barrett, ametralladoras y vehículos monstruo

Entre el armamento decomisado destacan 11 fusiles Barrett, un AK-47, armas largas y cortas de diferentes calibres, miles de cartuchos, cargadores, granadas y equipo táctico.

También fueron asegurados vehículos con blindaje artesanal, conocidos como monstruos, utilizados por las organizaciones criminales para enfrentar a grupos rivales y resistir ataques de las fuerzas de seguridad.

La dimensión de estos arsenales exhibe la capacidad de fuego de las células delictivas que operan en los municipios cercanos a la frontera entre ambas entidades.

Uno de los puntos donde se concentraron los aseguramientos fue Tecuala, Nayarit. Entre el 16 y el 18 de octubre, fuerzas federales y estatales realizaron dos intervenciones en las localidades de San Felipe Aztatán y El Arrayán.

En esos operativos fueron aseguradas una ametralladora, cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y una granada. Además, una persona fue detenida.

En El Rosario, Sinaloa, las autoridades capturaron a cuatro personas que tenían en su poder seis armas largas. De acuerdo con los reportes oficiales, los detenidos estaban relacionados con el círculo de seguridad de un jefe regional de Los Chapitos.

Las investigaciones también los vincularon con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp, ocurrido el 23 de enero de 2026 en La Concordia, así como con la privación de la libertad de cuatro turistas procedentes del Estado de México, registrada el 3 de febrero en Mazatlán.

Huajicori, uno de los principales focos de actividad criminal

Los antecedentes de la presencia de grupos armados en el norte de Nayarit se remontan a noviembre de 2024, cuando siete hombres fueron detenidos en Huajicori después de una agresión contra elementos militares.

Durante esa intervención, las autoridades aseguraron siete fusiles, 59 cargadores y mil 472 cartuchos.

Un mes después, elementos del Ejército y de la Policía estatal decomisaron en el mismo municipio 11 armas largas y dos artefactos explosivos improvisados. En esa operación también fueron liberadas dos personas que permanecían privadas de su libertad.

La presencia de armamento y explosivos continuó durante 2025. En los primeros meses de ese año, fuerzas federales y estatales realizaron intervenciones que permitieron asegurar cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y 16 artefactos explosivos improvisados.

En febrero fueron detenidas otras cinco personas, a quienes les decomisaron cuatro armas largas, 380 cartuchos, 11 cargadores, un chaleco táctico, cuatro placas balísticas y cinco teléfonos celulares. Posteriormente, la Fiscalía General de la República obtuvo su vinculación a proceso.

Para mayo, los operativos se extendieron a Acaponeta, Huajicori y Ruiz, donde elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina aseguraron dos fusiles Barrett, 12 armas largas, una ametralladora y tres artefactos explosivos improvisados.

También fue localizado un vehículo con blindaje artesanal.

Entre septiembre y diciembre de 2025, los despliegues en Acaponeta y Huajicori dejaron otras 14 armas largas, dos cortas y artefactos explosivos asegurados, además de nueve personas detenidas.

Durante 2026, los informes federales documentaron el decomiso de al menos 43 armas largas, un fusil Barrett y la localización de un campamento clandestino utilizado para almacenar equipo bélico en municipios del norte nayarita.

Células criminales se desplazan hacia el sur de Sinaloa

El desplazamiento de grupos armados hacia la frontera con Nayarit estaría relacionado con la intensificación de los operativos federales en Sinaloa, donde las autoridades mantienen acciones para contener la confrontación entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

En abril de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detección de rutas utilizadas por una célula criminal en el sur de Sinaloa.

Como resultado de las labores de inteligencia, elementos federales interceptaron un vehículo sobre la carretera Escuinapa-Teacapán, donde detuvieron a cinco hombres.

A los ocupantes les aseguraron siete armas largas, una corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

Teacapán, localidad perteneciente a Escuinapa, se encuentra en el extremo sur de Sinaloa, cerca de los límites con Nayarit, por lo que su ubicación resulta estratégica para las investigaciones sobre los movimientos de organizaciones criminales entre ambas entidades.

La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza cumple dos años

La confrontación entre Los Chapitos, facción vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Los Mayos o La Mayiza, estructura relacionada con Ismael “El Mayo” Zambada, comenzó en septiembre de 2024, después de la detención y traslado de este último a Estados Unidos.

Desde entonces, la disputa por el control de territorios, rutas de trasiego y estructuras criminales provocó enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y desplazamientos de células armadas.

Aunque los primeros episodios de violencia se concentraron en Culiacán, los combates comenzaron a extenderse hacia Mazatlán y los municipios del sur de Sinaloa, una región que conecta con Nayarit y que tiene importancia para las rutas terrestres utilizadas por las organizaciones criminales.

El desplazamiento de estas células también obligó a las autoridades a modificar sus estrategias de vigilancia y reforzar la presencia militar en Acaponeta, Huajicori y Tecuala.

La expansión geográfica de los aseguramientos de armamento muestra que las consecuencias de la fractura del Cártel de Sinaloa ya no se limitan a su territorio de origen, sino que alcanzan comunidades y municipios de entidades vecinas.

El video, de aproximadamente un minuto y medio de duración, muestra cómo varios elementos con vestimenta táctica ingresan al inmueble, recorren las habitaciones y someten a un hombre que se encontraba en la sala de la vivienda.

La detención de Bojun He ocurrió durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

De acuerdo con las autoridades, el hombre, de 41 años, presuntamente encabezaba una red de lavado de dinero relacionada con actividades delictivas y vinculada con integrantes de La Unión Tepito. Durante el cateo fueron asegurados 43 millones 720 mil pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares.

Así fue el cateo donde detuvieron a “El Chino”

La grabación difundida por Antonio Nieto, identificado en X como @siete_letras, muestra inicialmente a varios hombres vestidos con ropa táctica frente a la puerta de acceso del inmueble. Algunos llevan el rostro cubierto y portan equipo de protección.

Después de ingresar, los agentes avanzan por un pasillo hasta llegar a una sala-comedor, donde se encuentran dos personas. El espacio cuenta con sillones, muebles, fotografías, ventiladores y diversos artículos infantiles, entre ellos juguetes y una silla para bebé.

En ese momento, los elementos se aproximan a un hombre que permanece sentado en una silla blanca, junto a uno de los sillones. Los agentes lo rodean y comienzan a someterlo físicamente.

Las imágenes muestran que el hombre termina en el suelo mientras varios elementos lo sujetan para inmovilizarlo. Durante la intervención, otros agentes permanecen alrededor de la habitación y vigilan a las personas que se encontraban en el domicilio.

La cámara continúa registrando el procedimiento mientras los uniformados mantienen al detenido sometido en el piso y revisan el espacio.

La grabación no muestra el dinero asegurado ni permite identificar por sí sola los objetos decomisados durante la diligencia. Esos elementos fueron detallados posteriormente por las autoridades.

“El Chino” asegura que es vendedor de juguetes

En la publicación que acompañó el video, Antonio Nieto señaló que Bojun He fue detenido durante un cateo en Miguel Hidalgo, donde las autoridades encontraron 43 millones de pesos.

El periodista también indicó que al hombre lo acusan de lavar dinero para organizaciones criminales. Sin embargo, destacó que el detenido sostiene una versión distinta sobre sus actividades.

De acuerdo con el texto de la publicación, Bojun He asegura que se dedica a la venta de juguetes y que las autoridades le sembraron drogas y balas durante el procedimiento.

Esta versión contrasta con los señalamientos de las instituciones de seguridad, que lo identifican como presunto responsable de encabezar una estructura dedicada al blanqueo de recursos, tráfico de armas y tráfico de personas.

Hasta ahora, los señalamientos corresponden a las investigaciones ministeriales y la versión del detenido deberá ser considerada dentro del procedimiento legal.

Aseguran 43.7 millones de pesos y artículos de lujo

El Gabinete de Seguridad informó el 4 de noviembre que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, vigilancia fija y móvil, así como seguimiento a un inmueble relacionado con las actividades de la presunta organización.

Después de reunir datos de prueba, las dependencias solicitaron una orden de cateo que fue autorizada por un juez de Control.

Durante la intervención, los agentes localizaron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en moneda nacional, cantidades que en conjunto equivalen aproximadamente a 43 millones 720 mil pesos.

Además del dinero, fueron asegurados teléfonos celulares, documentación, credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y vehículos.

Bojun He fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público de la Federación, junto con los objetos y recursos decomisados, para determinar su situación jurídica.

Una red con operaciones en tres ciudades

De acuerdo con las investigaciones federales, la estructura presuntamente encabezada por “El Chino” tenía presencia en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

Las autoridades también lo relacionan con actividades de extorsión contra comerciantes y tráfico de personas, mediante una red de empresarios de origen asiático.

Por su parte, investigaciones periodísticas han señalado sus presuntos vínculos financieros con integrantes de La Unión Tepito, organización criminal que mantiene actividades de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en distintas zonas de la capital.

Bojun He cuenta con antecedentes penales en China por falsificación y lavado de dinero. Posteriormente se trasladó a México, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la red y desarticular sus mecanismos financieros.

El secretario Omar García Harfuch sostuvo que las acciones buscan afectar los recursos económicos que permiten operar a las organizaciones criminales y combatir delitos como la extorsión y la violencia.

Jonathan Prieto, integrante de Dezzendente, murió por balazos la mañana de este jueves 5 de noviembre en Salamanca, Guanajuato, luego de que hombres armados irrumpieron en el puesto de tacos donde trabajaba como ayudante y le dispararon de forma directa.

El ataque ocurrió minutos antes de las 10:00 horas en un negocio ubicado sobre la calle Cazadora, cerca de la avenida Faja de Oro. La víctima realizaba sus labores en el establecimiento cuando los agresores llegaron al sitio.

Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida por proyectiles de arma de fuego dentro o en las inmediaciones del puesto.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron al trabajador con diversas lesiones. Paramédicos revisaron al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió en un puesto de tacos de la calle Cazadora

Policías municipales cerraron la vialidad y mantuvieron resguardada la zona junto con elementos de la Guardia Nacional. El perímetro permaneció acordonado mientras se realizaban las primeras diligencias tras el homicidio.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron después para recabar indicios que permitieran iniciar la investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General, donde se le practicaría la necropsia de ley.

Horas más tarde, se confirmó que el trabajador asesinado era Jonathan Prieto, músico de la agrupación local de regional mexicano Dezzendente. El grupo difundió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook para confirmar la identidad de su compañero.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente”, publicó la agrupación. El mensaje describió al músico como una persona que dejó “momentos, recuerdos y experiencias” entre quienes trabajaron con él.

Dezzendente confirmó la muerte de su integrante en redes sociales

La agrupación expresó sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Prieto. “Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”, señaló la publicación.

El grupo también deseó “mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”. En el mensaje, sus integrantes enviaron un abrazo y sus condolencias a los familiares del músico salmantino.

El caso se sumó a otros asesinatos de integrantes de agrupaciones musicales registrados en Guanajuato durante los últimos meses. Uno de los hechos más recientes ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en la comunidad de Chichimequillas, municipio de Silao.

En ese ataque armado murieron Diego Israel Rodríguez González, vocalista de Alto Exceso, de 20 años, y Juan Carlos Muñoz Gómez, conocido como “Charly”, bajista de la misma agrupación, de entre 23 y 24 años. Un tercer integrante, Jonathan Pérez, “Johnny”, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital del municipio.

Dos músicos de Alto Exceso murieron en Silao en septiembre de 2026

Hombres armados dispararon contra los jóvenes mientras estaban en una reunión o fiesta previa a las celebraciones del Grito de Independencia. La agresión fue descrita como un ataque directo contra los integrantes del grupo.

La Fiscalía de Guanajuato mantuvo abierta la investigación por ese doble homicidio. Hasta ese momento no se habían dado a conocer detenciones relacionadas con el ataque en Chichimequillas.

Otro antecedente fue el asesinato de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, quien murió a balazos en su domicilio de Irapuato después de una presentación. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de junio de 2025.

El cantante se encontraba con varias personas en una casa de la calle Azucena, en la colonia Santa María, después de que la banda amenizó una fiesta durante la tarde y noche del sábado 31 de mayo. Hombres armados irrumpieron en la vivienda y le dispararon; Luna murió por la gravedad de las lesiones.

Jesús “N” fue vinculado a proceso por presuntamente intentar transportar narcóticos a Corea del Sur desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras ser detenido el pasado 29 de octubre con paquetes de cocaína y metanfetamina ocultos en una maleta y una mochila.

La FGR informó que el imputado enfrentó una investigación por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de transporte. El cargamento quedó bajo resguardo de las autoridades federales después de una revisión preventiva en inmediaciones del AICM.

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana inspeccionaron el equipaje que pertenecía a Jesús “N”. En el interior localizaron 16 paquetes envueltos en plástico transparente con polvo blanco.

La sustancia contenida en esos paquetes resultó ser clorhidrato de metanfetamina, con una masa reportada de 17 mil kilos 878.9 gramos. Las autoridades también encontraron siete envoltorios con polvo blanco que correspondía a clorhidrato de cocaína y cuya masa fue de 5 mil kilos 042.9 gramos.

El juez ordenó prisión preventiva en el Reclusorio Sur

El Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó los elementos que permitieron obtener la vinculación a proceso. La indagatoria se centró en la posible participación del detenido en el traslado de los narcóticos hacia territorio asiático.

Un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar contra Jesús “N”. El acusado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde permaneció mientras avanzaba el proceso judicial.

El juzgador estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El expediente derivó de la detención ocurrida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, identificado también como AICM.

Las autoridades federales estimaron que el aseguramiento representó una afectación económica superior a 9 millones de pesos para la estructura operativa y logística de los grupos delictivos. El decomiso incluyó sustancias que presuntamente serían enviadas fuera del país mediante la terminal aérea capitalina.

El AICM acumuló decomisos en carga, paquetería y equipaje

El 28 de octubre de 2026, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con Semar y la SSPC, aseguró 10 kilos de metanfetamina en la Aduana del AICM. La droga estaba oculta en compartimentos de una máquina para carpintería que tenía como destino Australia.

El hallazgo ocurrió durante la revisión de un embarque de exportación declarado como una máquina trompo para carpintería. Una inspección no intrusiva mediante rayos X y el apoyo de un binomio canino permitieron localizar 10 bolsas con una sustancia ajena a los componentes originales de la maquinaria.

A mediados de septiembre de 2026, personal de la Secretaría de Marina y Aduanas de México aseguró aproximadamente una tonelada de café contaminado con cocaína en la terminal de carga. La detección se realizó mediante tecnología no intrusiva y binomios caninos.

En agosto de 2026 se reportó el aseguramiento de 245 kilos de metanfetamina ocultos en ocho contenedores. En ese mismo mes, el binomio canino Max IV detectó 18 paquetes de hoja de coca en el equipaje de una pasajera procedente de Perú.

El Gabinete de Seguridad informó en julio de 2026 que, entre 2025 y mediados de ese año, se habían acumulado más de 400 kilogramos de narcóticos decomisados en más de 200 envíos internacionales de carga y paquetería dentro del AICM.

El Cártel Nuevo Imperio, organización criminal surgida de una escisión del Cártel de Sinaloa, mantiene presencia en cuatro entidades de México: Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero, donde sus integrantes son investigados por delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y robo de combustible.

El grupo volvió a colocarse en el centro de las investigaciones de seguridad luego de que el pasado jueves 5 de noviembre fuera abatido Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como su fundador y principal líder, durante un operativo realizado en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la organización también está relacionada con el asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco.

¿Dónde opera el Cártel Nuevo Imperio?

Los reportes de inteligencia ubican las operaciones del Cártel Nuevo Imperio en distintos puntos del Valle de México, además de Morelos y Guerrero.

En la Ciudad de México, las autoridades han identificado actividades de sus integrantes en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tláhuac, aunque los reportes sobre su presencia han variado conforme avanzan las investigaciones.

En el Estado de México, sus zonas de operación incluyen Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla.

La expansión de esta organización ha generado disputas con otros grupos delictivos por el control de territorios y actividades ilícitas, particularmente en municipios mexiquenses y alcaldías de la capital.

Entre los delitos que se le atribuyen están la venta y distribución de cocaína y metanfetaminas, extorsión, secuestro, homicidio, robo de vehículos, robo a transporte de carga, trata de personas y lavado de dinero.

También se han documentado operaciones relacionadas con el robo de hidrocarburos, principalmente gas LP, mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Su origen: una fractura del Cártel de Sinaloa

El surgimiento del Cártel Nuevo Imperio está relacionado con la reconfiguración de las organizaciones criminales que operaban en México después de la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

La fragmentación de estas estructuras provocó que distintos operadores buscaran establecerse en el centro del país, donde surgieron organizaciones y células dedicadas al narcotráfico, entre ellas el Nuevo Imperio.

El grupo comenzó a aparecer en reportes de inteligencia durante la década pasada y consolidó su presencia después de 2017, tras la caída de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, a las autoridades estadounidenses.

Uno de sus primeros líderes identificados fue Néstor Arturo López Arellano, alias “El 20”, detenido en julio de 2024 en un restaurante de Polanco, Ciudad de México. Tras su captura, la organización se fragmentó en células que buscaron mantener el control de distintas zonas.

La relación con el asesinato de Milton Morales

El Cártel Nuevo Imperio también fue relacionado con el homicidio de Milton Morales Figueroa, quien fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

El funcionario de la SSC capitalina se encontraba fuera de servicio cuando fue atacado a balazos. Las investigaciones identificaron a distintos integrantes de la organización como participantes en la planeación y ejecución del crimen.

Entre los detenidos por el caso estuvieron presuntos operadores que participaron en la vigilancia del mando policial y en la logística del ataque.

Las investigaciones también apuntaron a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, como presunto autor intelectual del homicidio.

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus presuntos vínculos con el narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, conocido como “El Chapo canadiense”, y por utilizar contactos policiales para proporcionar protección y localizar objetivos para la organización criminal.

Abaten a su fundador en Naucalpan

El 5 de noviembre de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, murió durante un operativo en Naucalpan.

De acuerdo con el funcionario, elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego cuando intentaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por lo que repelieron el ataque.

En el enfrentamiento también murió otra persona que presuntamente acompañaba al líder criminal.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para identificar y detener a los integrantes restantes del Cártel Nuevo Imperio, así como desmantelar sus redes de operación y las estructuras que permitieron su expansión en el centro del país.

Un narcolaboratorio fue detectado y desmantelado en el estado de Puebla el pasado jueves por autoridades federales. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por medio de sus redes sociales, en donde informó detalles del suceso.

En dicha publicación, Harfuch dijo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron y desmantelaron el laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, distribuido en 11 zonas, en Puebla.

De acuerdo con la información difundida por Harfuch, se aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para la producción de drogas.

Además, personal del Ejército Mexicano inhabilitó y destruyó las instalaciones.

Abaten a tres delincuentes en Sinaloa

En otra acción, dio a conocer el secretario de Seguridad, en el municipio de Novolato, en Sinaloa, personal de la Defensa fue agredido con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de reconocimiento.

Al repeler la agresión, se informó, tres integrantes de una célula delictiva murieron. Tras el hecho, se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Harfuch aseguró que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

“Continuamos trabajando de manera coordinada para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas”, concluyó el mensaje de Harfuch.

38 cateos en Edomex dejan 32 detenidos, entre ellos miembros del CJNG y el sucesor de El Choko

Un operativo coordinado entre autoridades federales y del Estado de México dejó 32 personas detenidas tras la ejecución de 38 cateos en Edomex y la Ciudad de México, entre ellas Miguel Juárez Pérez, alias “Miky Juárez”; Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, y Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, identificados como presuntos líderes de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el narcomenudeo y la comercialización ilegal de gas LP.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el apoyo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

En los despliegues participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

“El Gigan” y “Miky Juárez”, ligados a estructuras de extorsión

En Ecatepec fue detenido Miguel Juárez Pérez, “Miky Juárez”, señalado como líder de un grupo dedicado a la extorsión y los delitos contra la salud que operaba bajo la fachada de un grupo de choque o sindicato.

También fueron capturados Hugo Chavarría Pérez, “El Rábano”; Irving Eduardo Chavarría Pérez, “Scarface”, y José Alejandro Manzano García, presuntos integrantes de Los Manzanos. Les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y dosis de droga.

Por otra parte, durante 21 cateos en la zona oriente fueron detenidas 16 personas, entre ellas Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, identificado como líder de la organización Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG.

Esta estructura es investigada por presunta participación en extorsiones, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidios. También fueron detenidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

“El Pollo” encabezaba red de huachicol

En Chimalhuacán y Ecatepec se realizaron otros 15 cateos contra una organización presuntamente encabezada por Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, relacionada con la extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilegal de gas LP.

En estas acciones fueron detenidas 12 personas y asegurados 178 mil 780 litros de hidrocarburo, 24 autotanques, cilindros y tanques de almacenamiento.

En el balance general, las autoridades reportaron el aseguramiento de 111 teléfonos celulares, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego, cartuchos y narcóticos.

García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán para debilitar las estructuras criminales y sus redes de protección.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el disparo que mató a Aranza Aidelany, una niña de siete años, durante un operativo en Matamoros el 29 de octubre, salió de un helicóptero de la Guardia Estatal. Los dictámenes descartaron que la bala proviniera de los presuntos delincuentes contra quienes se desplegó la movilización para capturar a Axel Alfredo, alias “Axel”, señalado como objetivo prioritario y familiar de Osiel Cárdenas Guillén, líder capturado del cártel del Golfo.

Los estudios de Servicios Periciales y los laboratorios de balística de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas determinaron que la ojiva calibre 7.62 correspondía al armamento que llevaban los agentes a bordo de la aeronave. La trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo.

El proyectil atravesó la carrocería de la camioneta donde viajaba la familia y se alojó en el cráneo de Aranza, conocida por sus familiares como “La China”. Su madre, Claudia Edith Pardo García, también resultó herida de una rodilla cuando intentó proteger a la menor con su cuerpo.

La ayuda médica tardó alrededor de dos horas en llegar debido a los bloqueos registrados en Matamoros, según el testimonio de Pardo. La mujer fue trasladada a un hospital, donde fue sometida a una cirugía en la rodilla izquierda y le retiraron tejido óseo dañado; calculó que su recuperación tomaría entre cinco y siete meses.

Los peritajes vincularon la bala con armas de la Guardia Estatal

Govea Orozco explicó que la Fiscalía todavía no había identificado cuál de las armas largas o cortas fue utilizada ni al elemento que la tenía bajo su resguardo. En el helicóptero viajaban cuatro integrantes activos de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías con armamento reglamentario.

La dependencia analizaba bitácoras de vuelo, registros institucionales, testimonios y dictámenes periciales para reconstruir las circunstancias de la detonación. El fiscal precisó que establecer el origen estatal del proyectil no definía todavía una responsabilidad penal individual.

La Secretaría de Seguridad Pública abrió una investigación interna mediante su área de Asuntos Internos. A la par, la Fiscalía integraba la carpeta para solicitar los mandamientos judiciales contra quien resultara responsable, si reunía los elementos necesarios.

El titular de la Fiscalía rechazó que el fallecimiento de Aranza pudiera clasificarse como “daño colateral”, expresión utilizada previamente por el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero. “Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo.

La familia viajaba con los padres de Aranza y sus hermanos menores en una camioneta cuando quedó entre los disparos cerca del ejido Las Rusias, en el kilómetro 4.5 de la carretera a Reynosa. Antes de llegar a ese punto, habían buscado una ruta alterna debido al cierre de la carretera Matamoros-Reynosa y a los hechos violentos registrados en la ciudad.

Pardo relató que acudió a recoger a su esposo en su trabajo y que, durante el regreso, la familia transitó por la avenida Rigo Tovar, a la altura de la colonia Esperanza. Ahí notó que una aeronave los seguía; de acuerdo con su versión, el helicóptero continuó detrás de la camioneta hasta unos terrenos de su propiedad.

La madre aseguró que su esposo bajó del vehículo para preguntar a los tripulantes qué buscaban y por qué seguían a la familia. Sostuvo que desde el aire era posible observar que viajaban adultos y menores de edad porque los vidrios de la camioneta estaban abajo.

El hijo mayor, de 13 años, recibió impactos de bala cuando descendió de la unidad y corrió hacia una construcción para resguardarse. Posteriormente llevó a sus hermanos a una vivienda cercana, mientras Pardo permanecía en el asiento trasero con sus hijas.

Claudia Pardo relató que el helicóptero permaneció sobre la camioneta

Una de las niñas, de 12 años, le dijo a su madre que tenía miedo por la presencia de la aeronave, por lo que Pardo le pidió que se hiciera hacia atrás y se pegara al asiento. Poco después, otra menor le avisó que Aranza había recibido un impacto: “Mami, ya mataron a China, le pegaron en la cabeza”.

Aranza cayó sobre la pierna de su madre tras el disparo. Pardo pidió a su esposo que abriera la puerta de la camioneta para auxiliarla, pero descubrió que también estaba lesionada y, al perder el equilibrio, cayó al suelo.

“Yo me arrastré con la niña hacia la parcela. El helicóptero seguía dando vueltas arriba de nosotros y yo les decía que ya lo dejaran, porque estaba tirada con la niña y ella ya estaba sin vida”, relató la mujer. Mientras ella y su esposo permanecían junto a Aranza, el adolescente recibió instrucciones de mover la camioneta en reversa para buscar ayuda con su abuelo.

Pardo denunció que la aeronave habría seguido el vehículo donde viajaban otros tres menores y que los disparos continuaron. También afirmó que la familia esperó cerca de cuatro horas para que las autoridades regresaran por el cuerpo de la niña.

Después de la cirugía, la madre pidió el alta para velar a Aranza y asistir a su entierro. Dijo que estuvo con su hija la noche del viernes, la sepultó el sábado y regresó al hospital el domingo.

Aranza cursaba segundo de primaria, era una de siete hermanos, le gustaba cantar y solía estar de buen humor, según su madre. Pardo cuestionó que la investigación requiriera más pruebas cuando, afirmó, existían videos, testimonios y fragmentos de proyectil recuperados de su pierna y de la cabeza de la menor.

“Quiero justicia para mi hija. Quiero que pague el que lo hizo, porque no hubo ninguna agresión de nuestra parte. Mi niña apenas empezaba a vivir”, expresó Pardo. Hasta ese momento, los cuatro ocupantes del helicóptero no estaban detenidos por la Fiscalía.

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, afirmó que el caso debía investigarse y aclararse para determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos. El legislador de Morena no descartó citar a comparecer a Pancardo Escudero para que explicara las acciones de la corporación durante el operativo en Matamoros.

Samuel de la Cruz Anaya, alias “El Panda”, identificado por autoridades como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Veracruz, recibió prisión preventiva oficiosa luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio doloso calificado.

El hombre es investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición y el asesinato de tres personas identificadas con las iniciales A.E.T., J.L.C.A. y D.M.Z., cuyos casos están relacionados con las investigaciones ministeriales realizadas en el municipio de Jáltipan de Morelos.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó de legal su detención y permitió que la Fiscalía formulara la imputación correspondiente. Posteriormente, determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

El caso quedó registrado bajo el proceso penal 94/2026 y la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 9 de noviembre, fecha en la que se dará seguimiento a su situación jurídica.

Investigan a “El Panda” por fosas clandestinas en Jáltipan

Uno de los principales elementos de la investigación contra Samuel de la Cruz es su presunta relación con las fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Cocuital, perteneciente al municipio de Jáltipan, en el sur de Veracruz.

En ese sitio, las autoridades han recuperado 17 cuerpos humanos como parte de las diligencias de búsqueda e investigación ministerial. La Fiscalía estatal relaciona al detenido con la desaparición y el homicidio de tres personas cuyos casos forman parte de las indagatorias.

Los trabajos realizados en El Cocuital han permitido avanzar en el esclarecimiento de distintos hechos delictivos ocurridos en la región, donde las autoridades investigan la posible participación de integrantes de organizaciones criminales en la privación ilegal de la libertad y el asesinato de habitantes.

La imputación contra “El Panda” corresponde específicamente a tres víctimas, por lo que los 17 cuerpos recuperados en el predio no deben considerarse automáticamente como casos que le hayan sido atribuidos.

La FGE mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones y homicidios, así como establecer si existen más personas involucradas en estos hechos.

¿Quién es “El Panda” y qué actividades le atribuyen en Veracruz?

Además de los señalamientos por desaparición y homicidio, Samuel de la Cruz Anaya es identificado por las autoridades federales como presunto jefe regional del CJNG, con operaciones en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, al detenido también se le relaciona con posibles actividades de secuestro, extorsión, venta y distribución de drogas, así como comercialización ilícita de combustible.

Su captura ocurrió el pasado 3 de noviembre en Coatzacoalcos, durante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales y municipales.

Las labores de inteligencia naval permitieron identificar sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones, luego de que las autoridades obtuvieron información sobre las actividades de una organización criminal que opera en el sur de Veracruz.

Durante el operativo fueron asegurados 398 mil pesos en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares, entre otros objetos. Su detención también estuvo relacionada con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Investigación comenzó tras el secuestro de dos empresarios

Las indagatorias que permitieron ubicar a “El Panda” comenzaron en enero de 2026, luego del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque.

A partir de ese hecho, las autoridades obtuvieron información sobre las actividades de una organización delictiva que operaba en el sur de Veracruz. Ese mismo mes fue desmantelado un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, en Jáltipan, donde fue detenido un hombre identificado con el alias de “Sparta”.

Con el análisis de la información recabada, las autoridades establecieron posibles vínculos entre Samuel de la Cruz y la estructura criminal que tenía presencia en la región.

Su captura se incorporó a la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual las autoridades reportaron un acumulado de 163 personas detenidas, de las cuales 103 estarían relacionadas con organizaciones delictivas que operan en el sur de Veracruz.

El Gabinete de Seguridad estimó que las acciones realizadas mediante esta estrategia han generado una afectación económica de 40 millones de pesos a los grupos criminales.

Mientras continúa el proceso penal contra “El Panda”, las autoridades deberán acreditar su probable responsabilidad en los delitos que le fueron imputados, bajo el principio de presunción de inocencia.

La Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, aseguró 678 toneladas de cigarros de procedencia ilícita entre 2024 y 2026, equivalentes a 481 millones de unidades, como parte de las operaciones para identificar y combatir las rutas internacionales de contrabando que operan en México.

De acuerdo con información de la dependencia, los decomisos representan una afectación económica estimada en 2 mil 375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos mecanismos de financiamiento y cadenas de suministro se encuentran entre los objetivos de las acciones coordinadas.

Las investigaciones permitieron identificar vínculos comerciales y logísticos con al menos diez países y territorios: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

El intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria ha sido una de las herramientas utilizadas por las instituciones para detectar movimientos irregulares de mercancías, posibles redes de intermediación y operaciones que podrían estar relacionadas con la introducción de productos ilegales al territorio nacional.

Vía marítima concentra la mayor parte de los decomisos

Del total de cigarros asegurados durante el periodo reportado, el 69.3% fue transportado por vía marítima, equivalente a 470 toneladas. La segunda modalidad con mayor volumen fue la aérea, con 198 toneladas, mientras que por vía terrestre se decomisaron otras 10 toneladas.

Para identificar estos movimientos, la Secretaría de Marina articula sus capacidades mediante los denominados Grupos de Análisis de Riesgo, en los que participan la ANAM, la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y la Unidad de Inteligencia Naval.

Este mecanismo permite coordinar la revisión de operaciones comerciales, la vigilancia de los recintos portuarios y el análisis de información de inteligencia para detectar posibles esquemas de evasión fiscal y otras actividades ilícitas.

Uno de los hallazgos relevantes de las investigaciones fue la identificación de posibles mecanismos de triangulación comercial y logística, mediante los cuales los cargamentos transitan por distintos países antes de llegar a su destino.

En particular, las autoridades detectaron operaciones que involucran a Singapur, Corea del Sur y Japón, cuyos territorios presuntamente son utilizados para ocultar, modificar o dificultar la identificación del origen real de los cigarros.

Estos mecanismos complican el rastreo de las mercancías y permiten que las redes involucradas en su comercialización ilícita utilicen intermediarios y diferentes puntos de tránsito para dificultar la identificación de los responsables y de los lugares de procedencia.

Aumentan los aseguramientos: en 2026 decomisaron 251 millones de cigarros

Los registros de la Secretaría de Marina también muestran un incremento significativo en el volumen de cigarros asegurados durante los últimos tres años.

En 2024, las autoridades decomisaron 15 millones de unidades, mientras que para 2025 la cifra aumentó hasta alcanzar 215 millones. Durante 2026, con corte al periodo reportado por la dependencia, los aseguramientos llegaron a 251 millones de cigarros.

En conjunto, los decomisos suman 481 millones de unidades, equivalentes a 678 toneladas, cuyo valor económico estimado representa una pérdida de 2 mil 375 millones de pesos para las estructuras criminales involucradas.

La dependencia señaló que estos resultados son consecuencia del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, vigilancia e interdicción, así como de las operaciones coordinadas entre las instituciones participantes.

El objetivo de estas acciones es desarticular las cadenas de suministro de mercancías ilícitas, interrumpir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y debilitar sus estructuras económicas.

La Secretaría de Marina sostuvo que la coordinación con Aduanas, la UIF y el Grupo Aeroportuario Marina permite combatir las redes internacionales dedicadas al contrabando, fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos nacionales y proteger las operaciones del comercio legal.

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Vinculan a proceso a detenido con droga en el Aeropuerto de la CDMX: FGR lo acusa de posesión para transporte

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N”, detenido en el AICM por su probable participación en la posesión de droga con fines de transporte. El Ministerio Público federal formuló la imputación por este delito, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR).

Inés Gómez Mont seguirá bajo arresto migratorio en Florida: juez federal rechaza petición para liberarla

La conductora Inés Gómez Mont no consiguió salir del Broward Transitional Center, en Pompano Beach, luego de que el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó el recurso de habeas corpus que presentó para recuperar su libertad. El magistrado consideró que debe solicitar una audiencia ante un juez migratorio, quien decidirá si puede enfrentar bajo fianza el procedimiento que podría terminar en su deportación de Estados Unidos.

Información ampliada:

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Detienen a cuatro presuntos distribuidores de droga en Iztapalapa: los vinculan con extorsión y cobro de piso

Los arrestos ocurrieron en dos intervenciones policiales en la colonia Santa María Aztahuacán; los detenidos tenían 465 dosis de posibles drogas, entre ellas marihuana, cocaína y metanfetamina, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. La SSC investiga su presunta relación con un grupo delictivo que opera en la alcaldía y estaría involucrado en la venta de narcóticos, la extorsión y el cobro de piso.

Cae en Colombia juez mexicano acusado de cobrar 2 mdd por liberar a socio de Ryan Wedding

Luis Benítez Alcántara, exjuez de distrito en la Ciudad de México fue detenido en Colombia el 1 de noviembre. Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido el dinero (un total de 2 millones de dólares) el 24 de febrero de 2025, el mismo día que concedió la libertad bajo fianza a Clark, quien enfrentaba un proceso de extradición. El narcotraficante canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos. Los nueve cargos contra el juez son por presuntamente ayudar a una persona a evitar su detención o procesamiento; Washington anunció que solicitará su extradición desde Colombia.

Cateo en la GAM descubre camioneta relacionada con dos robos de vehículos en Edomex: hay un detenido

Una camioneta relacionada con dos robos de vehículos cometidos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue localizada durante un cateo en la colonia Loma La Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde también fue detenido un hombre. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que durante el operativo se aseguraron un arma de fuego, dos pares de placas vehiculares con reporte de robo, 40 bolsitas con una sustancia sólida cristalina y otras tres bolsas con una sustancia similar a la cocaína. Las investigaciones relacionan la camioneta con dos robos ocurridos el 24 y 25 de octubre en las colonias Izcalli del Río y Valle Ceylán, respectivamente, ambas en Tlalnepantla. En el despliegue participaron elementos de la SSC, la Fiscalía capitalina y otras instituciones del Gabinete de Seguridad, como parte de la Estrategia de Seguridad Metropolitana.

Harfuch reporta 32 detenidos tras 38 operativos contra la extorsión y el crimen organizado en Edomex

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este jueves que fuerzas federales y autoridades del Estado de México realizaron 38 operaciones simultáneas que dejaron 32 personas detenidas, como parte de las acciones contra la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos. Entre los arrestados se encuentran “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, identificados por las autoridades como presuntos líderes de estructuras criminales relacionadas con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de Gas LP, además de dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

En el despliegue participaron la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con corporaciones mexiquenses. Uno de los objetivos capturados es Miguel Juárez Pérez, alias “El Miky”, detenido previamente el 27 de octubre en Ecatepec y señalado como presunto sucesor de Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, al frente de una estructura vinculada con la FOMAC. Las operaciones contra la organización de Los Gigan, relacionada con el CJNG, derivaron además en el aseguramiento de armas, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de Gas LP.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/05/harfuch-y-militares-arman-operativo-sorpresa-en-edomex-detienen-a-lider-de-una-celula-del-cjng-y-al-sucesor-de-el-choko/

Amenazan con represalias a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026: exigen cancelar presentaciones

Una amenaza dirigida a artistas y asistentes al Palenque de Culiacán 2026 elevó la tensión en torno a la Feria Ganadera de Sinaloa, luego de que una narcomanta fuera colocada el miércoles 4 de noviembre en un puente del bulevar Emiliano Zapata. El mensaje exigió a los cantantes cancelar sus presentaciones, programadas a partir del próximo 12 de noviembre, y advirtió a la población sobre posibles represalias si acude a los espectáculos. La advertencia apareció dos días después del ataque armado contra las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, donde sujetos dispararon contra la fachada y presuntamente agredieron a militares que resguardaban el inmueble. Por estos hechos, tres personas fueron detenidas y se aseguraron cinco armas de fuego, 641 cartuchos útiles y 24 cargadores. Pese a ambos episodios, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que la Feria Ganadera continúa en pie. Las autoridades no han identificado a los responsables de colocar la manta ni atribuido oficialmente la amenaza a una facción criminal.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/05/amenazan-con-narcomanta-a-artistas-y-asistentes-al-palenque-de-culiacan-2026/

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) reconoció que un helicóptero de la corporación repelió agresiones durante la jornada de violencia registrada en Matamoros el 29 de octubre, hechos en los que murió una niña de siete años. La dependencia emitió un posicionamiento institucional el 5 de noviembre, una semana después del suceso.

El reconocimiento llegó después de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) confirmara, el 3 de noviembre, que una ojiva calibre 7.62 mm encontrada en el cráneo de la menor coincidía con los registros balísticos de la propia SSP.

El posicionamiento institucional de la Secretaría

En su comunicado, la SSP lamentó “profundamente” el fallecimiento de la menor y expresó su solidaridad con la familia afectada. La dependencia explicó que los hechos ocurrieron en un contexto de bloqueos, incendios y agresiones atribuidas a integrantes de la delincuencia organizada, como reacción a la detención de una persona vinculada con ese grupo.

Según el texto oficial, la aeronave “realizaba labores de reconocimiento cuando, de acuerdo con la información preliminar, recibió agresiones desde tierra que fueron repelidas”. En el desarrollo de esos acontecimientos se registró el fallecimiento de la menor, cuyas circunstancias, aclaró la dependencia, están siendo investigadas por las autoridades competentes.

La SSP no precisó quién disparó el arma ni ofreció detalles sobre cómo la menor resultó alcanzada. Indicó que desde que tuvo conocimiento del hecho realizó las acciones correspondientes y entregó a la FGJT información, documentación y elementos de prueba para contribuir al esclarecimiento y, en su caso, al deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

La dependencia sostuvo que “el respeto al dolor de una familia y el compromiso con la verdad nos obligan a actuar con sensibilidad, transparencia y responsabilidad, sin anticipar conclusiones que corresponden a la investigación”. Reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades y afirmó que la protección de la vida y la seguridad de las familias tamaulipecas “seguirá siendo” su principal responsabilidad.

La confirmación pericial de la Fiscalía

El posicionamiento de la SSP se produjo después de que la FGJT diera a conocer, el 3 de noviembre, que los dictámenes técnicos asociaron la bala causante de la muerte con el helicóptero de la corporación estatal.

Los estudios periciales detectaron una ojiva calibre 7.62 mm que arrojó correspondencia con los registros balísticos de la propia Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

Pese al hallazgo, las autoridades todavía deben determinar qué persona realizó el disparo y bajo qué circunstancias ocurrió. El resultado de los estudios no permite, por sí solo, atribuir responsabilidades individuales.

La víctima y el testimonio de la familia

La menor fallecida fue identificada como Aranza, de siete años, a quien su familia llamaba cariñosamente “La China” por su cabello rizado. Cursaba segundo de primaria.

Según el relato de su madre, Claudia Pardo García, la familia circulaba por la avenida Rigo Tovar, a la altura de la colonia Esperanza, cuando una aeronave comenzó a seguirlos. Se dirigían a su domicilio en el ejido Las Rusias, pero el camino habitual estaba bloqueado, por lo que buscaron una ruta alterna hasta llegar a un terreno familiar.

Claudia relató que el helicóptero continuó sobrevolando la camioneta e incluso dio varias vueltas alrededor del vehículo. Aseguró que las ventanas estaban abajo y que desde la aeronave podía observarse que viajaban menores de edad.

Mientras permanecían en la camioneta comenzaron a escucharse detonaciones. La hija de 12 años de Claudia le advirtió que tenía miedo y, momentos después, le avisó que Aranza había recibido un disparo en la cabeza. La niña murió a consecuencia de la herida. La propia Claudia resultó herida en una rodilla y uno de sus hijos, de 13 años, también sufrió lesiones.

El detonante de la violencia

Los hechos violentos se originaron el 29 de octubre tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas, identificado por autoridades federales como integrante de la facción “Los Ciclones”, relacionada con el Cártel del Golfo. Tras su captura se registraron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y agresiones en distintos puntos de Matamoros y otros municipios de la región.

En su comunicado, la SSP no mencionó directamente a Cárdenas, pero vinculó los disturbios con la detención de “una persona vinculada” con el grupo delictivo.

El saldo de víctimas civiles

Los hechos violentos del 29 de octubre dejaron seis personas fallecidas, todas ajenas a grupos delictivos. Cuatro de ellas murieron cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión incendiado en la carretera Reynosa-Matamoros. Una quinta persona murió en un accidente distinto, ocurrido en el tramo Matamoros-Valle Hermoso, al impactar contra una unidad que habría sido utilizada para bloquear la circulación. La sexta víctima fue Aranza, cuyo caso se investiga por separado para determinar el origen del disparo y las responsabilidades correspondientes.

Reclamo de justicia y propuesta legislativa

Tras la tragedia, la diputada Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Tamaulipas, pidió que la muerte de Aranza sea investigada a fondo y anunció que solicitará a las autoridades la creación de un protocolo obligatorio de “blindaje ciudadano”, con el objetivo de evitar que la población civil resulte afectada durante operativos federales y estatales contra el crimen organizado.

La familia de Aranza, por su parte, exige que se identifique al elemento que accionó el arma y reclama que se haga justicia por la muerte de la niña, quien ya recibió sepultura en el panteón del ejido Las Rusias.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Marina (MARINA), detuvo a dos presuntos generadores de violencia señalados por dedicarse al narcomenudeo y la extorsión en la localidad de Copales, municipio de Ayotoxco de Guerrero.

El operativo se realizó como resultado de diversas labores policiales. Las autoridades identificaron a los detenidos como Leo N., alias “El Morgan”, de 36 años, y José N., alias “El Chino”, de 23 años.

Ambos también eran señalados por actos de intimidación contra la población, de acuerdo con la información difundida sobre la intervención.

Quiénes son los detenidos

Leo N., conocido como “El Morgan”, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, según los datos proporcionados por las autoridades. Su edad fue precisada en 36 años al momento de la detención.

José N., identificado con el alias de “El Chino”, tiene 23 años. El comunicado no detalla antecedentes penales previos en su caso, a diferencia de su acompañante.

A ambos se les señala como probables responsables de dedicarse al narcomenudeo, la extorsión y la generación de actos de intimidación contra los habitantes de la zona donde operaban.

Aseguramientos durante la intervención

Durante el operativo realizado en la localidad de Copales, las fuerzas federales y estatales lograron el aseguramiento de distintos objetos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a los detenidos.

Entre lo asegurado se encuentra un arma de fuego corta y 22 cartuchos útiles. A esto se suman más de 170 envoltorios con distintas sustancias ilícitas.

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de dinero en efectivo y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a las investigaciones correspondientes junto con el resto de los indicios recuperados en el lugar.

El conjunto de bienes asegurados, que incluye el armamento, las dosis de droga, el efectivo y el vehículo, quedó bajo resguardo como parte del expediente que se integra por el caso.

Situación legal de los detenidos

Leo “N” y José N., junto con todos los indicios asegurados durante la intervención, quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Las diligencias buscan establecer la responsabilidad de ambos en los delitos de narcomenudeo, extorsión y los señalamientos de intimidación atribuidos contra la población de la zona donde fueron detenidos.

Coordinación entre autoridades

La detención fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Marina, que participó en apoyo durante la intervención realizada en Copales.

El Gobierno del Estado de Puebla señaló que mantiene acciones coordinadas con autoridades federales orientadas a inhibir conductas que atenten contra la tranquilidad de las familias en el territorio poblano.

Violencia en la zona

Ayotoxco de Guerrero se ubica en la Sierra Norte de Puebla y la detención de “El Morgan” y “El Chino” se suma a una serie de operativos que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal mantiene contra generadores de violencia en distintos puntos de la entidad.

A nivel estatal, el panorama de extorsión muestra una tendencia a la baja. De enero a septiembre de 2026, Puebla registró una tasa de 1.85 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, una disminución del 30.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe “Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2015-2026” de México Evalúa.

Puebla se ubica por debajo de la media nacional, fijada en 6.36 víctimas por cada 100 mil habitantes. Dentro del estado, la capital poblana concentra la mayor incidencia, con 64 víctimas y una tasa de 3.4, mientras San Martín Texmelucan reportó cinco casos.

El mismo informe advierte que Puebla ocupa el primer lugar nacional en robo a transportista, con una tasa de 12.34 víctimas por cada 100 mil habitantes, y el tercer lugar en robo de vehículo, con 97.63 casos por cada 100 mil habitantes.

El Gabinete de Seguridad federal señaló a Edgar Aarón Vásquez Alvarado, alias “El General”, como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, un mando policial cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El crimen ocurrió el 21 de julio de 2024 en el Estado de México.

El señalamiento se conoció luego de que “El General”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, muriera el jueves en un enfrentamiento con fuerzas federales en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El señalamiento oficial contra “El General”

Omar García Harfuch confirmó el vínculo a través de su cuenta de X, tras el operativo en el que murió el presunto líder criminal. El funcionario precisó que las carpetas de investigación ministeriales ubicaban a Edgar Aarón como el responsable de ordenar el ataque contra Morales Figueroa.

Milton Morales Figueroa ocupaba el cargo de coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y era una pieza clave en el equipo de García Harfuch. Fue asesinado a balazos el 21 de julio de 2024 en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, mientras se encontraba fuera de servicio.

El funcionario sostuvo que las investigaciones continuarán abiertas para capturar a la totalidad de los involucrados en la organización criminal que encabezaba “El General”.

El ataque contra Morales Figueroa

El crimen ocurrió el 21 de julio de 2024 en la colonia Acuales, del municipio de Coacalco, Estado de México. Morales Figueroa se encontraba realizando actividades personales cerca de una pollería cuando fue atacado.

Un video que circuló en redes sociales mostró el momento exacto del ataque: una persona se aproximó caminando por la espalda del funcionario y abrió fuego contra él cerca del mediodía de ese domingo. El mando policial no contó con escoltas al momento de la agresión, según informó en su momento el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Además de Morales Figueroa, dos personas más resultaron heridas durante el ataque: su cuñado y otro individuo que se encontraba en el lugar. Las víctimas realizaban actividades personales en las inmediaciones al momento de los disparos.

Vázquez Camacho confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y descartó que el caso quedara impune. “En este, como en otros casos que atendemos en la SSC CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para identificar, detener y presentar ante la justicia a los responsables”, declaró el funcionario.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, además, que se mantenía en coordinación con su contraparte del Estado de México para apoyar en la indagatoria del caso.

El motivo señalado por las autoridades

Las investigaciones oficiales plantean que el homicidio fue una represalia por la labor de Morales Figueroa en la desarticulación de grupos criminales. El funcionario lideró operativos contra organizaciones como La Unión Tepito y participó en el decomiso de grandes cantidades de droga en la capital del país.

Entre los grupos afectados por esas acciones se encontraban el Cártel de Caborca y el propio Cártel Nuevo Imperio, la organización que fundó y encabezaba “El General” desde 2017, junto con Óscar Antonio “N”, alias “El 300”, quien actualmente permanece recluido.

Los detenidos previos en la causa

Antes de la muerte de “El General”, las autoridades ya habían detenido a nueve personas implicadas en la planeación y ejecución del homicidio de Morales Figueroa, entre ellas al autor material del crimen.

Uno de los detenidos, identificado como Armando “N”, habría utilizado bodegas para desmantelar automóviles de la marca Aveo. Esos vehículos fueron empleados en el ataque contra el mando policial, de acuerdo con las investigaciones.

Según las pesquisas, el mismo sitio habría sido utilizado para planear el asesinato. Armando “N” y su hijo ocupaban la bodega como taller mecánico, espacio que también servía para el ocultamiento y desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.

Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N”, señalados como autores intelectuales del crimen, fueron arrestados el 28 de julio de 2024. Las investigaciones indican que ambos tramitaron las placas de los vehículos Aveo utilizados en los recorridos y maniobras que los agresores realizaron frente al domicilio de la víctima antes del ataque.

Reacciones al homicidio de Milton Morales Figueroa

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el crimen durante su conferencia matutina del 23 de julio de 2024, dos días después del ataque. “Lamentamos mucho, un abrazo y nuestro pésame a sus familiares y amigos”, declaró el mandatario.

López Obrador insistió en que los responsables debían ser buscados y castigados. El presidente evitó caer en especulaciones sobre el móvil del crimen, pero aseguró que, cualquiera que fuera el supuesto detrás del asesinato, en México ya no persistía la impunidad.

Horas antes, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, había advertido que no habría impunidad en el caso. La funcionaria, quien asumiría después la Secretaría de Gobernación, reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encabezaba la investigación, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la SSC.

“Todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Evidentemente se dará a conocer en su momento cuál es el avance”, declaró Rodríguez. La funcionaria agregó: “No queremos ninguna filtración porque queremos que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso”.

La funcionaria también reveló que conocía y había tratado a Morales Figueroa. “Era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad del país”, señaló.

Ante la pregunta directa de si existía algún indicio que vinculara el asesinato con una organización criminal, Rodríguez rechazó dar detalles en ese momento.

La muerte de “El General” en Naucalpan

El desenlace de esta investigación llegó el jueves, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia intentaron cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N” en la zona de Lomas Verdes, Naucalpan.

Durante el despliegue, los ocupantes de un vehículo identificaron a los agentes federales y abrieron fuego en su contra. Al repeler la agresión, “El General” perdió la vida junto con otra persona en el lugar.

Las autoridades dieron parte al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Además de su presunta responsabilidad en el homicidio de Morales Figueroa, Edgar Aarón “N” era investigado por secuestro, extorsión, despojo, lavado de dinero, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá, delitos que el Gabinete de Seguridad le atribuía al frente del Cártel Nuevo Imperio.

A esta accion, Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, se pronunció a través de su cuenta de X tras conocerse el señalamiento contra “El General”. “Las investigaciones señalan a este sujeto como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024”, escribió la funcionaria. Figueroa agregó: “No te olvidamos nunca Milton. Tu entrega, profesionalismo y compromiso están siempre con nosotros”.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abatieron a Edgar Aarón Vásquez Alvarado, alias “El General” o “el Lic”, señalado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, luego de que resultaron agredidos a balazos en el Estado de México mientras cumplimentaban una orden de aprehensión por delincuencia organizada, según informo Omar García Harfuch en su cuenta de X.

Edgar Aarón Vásquez Alvarado fue identificado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”, organización con presencia en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Era investigado por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figuran secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como un presunto exagente de seguridad mexicano con vínculos con mandos policiales de alto rango en el país.

El mismo comunicado indicó que Vázquez Alvarado era propietario de las empresas mexicanas VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.

El vínculo de “El Lic” con Ryan James Wedding

Omar García Harfuch lo vinculo directamente con Ryan James Wedding, un vinculo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó como una relación directa entre Edgar Aarón Vásquez Alvarado y el narcotraficante James Wedding. Según el organismo, Vázquez Alvarado le brindaba protección dentro de territorio mexicano.

La información precisa que el mexicano utilizaba contactos dentro de corporaciones policiales para localizar objetivos de la organización de Wedding. El Tesoro lo describió como un presunto exagente de seguridad con vínculos con mandos policiales de alto rango en el país.

Por esta colaboración, Vázquez Alvarado fue sancionado el 19 de noviembre de 2025 junto con otros ocho individuos y nueve entidades asociadas a Wedding. La designación se realizó bajo la Orden Ejecutiva 14059, por haber brindado apoyo financiero, material o tecnológico a las actividades del narcotraficante.

El operativo en Lomas Verdes y una segunda víctima

El operativo se desarrolló en la zona de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Las autoridades realizaban trabajos de campo para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados con presuntos integrantes del grupo delictivo.

Según se informó, los tripulantes de un vehículo identificaron a los agentes federales durante el despliegue y los agredieron con disparos de arma de fuego. Los elementos de seguridad repelieron la agresión para salvaguardar su integridad física.

Como resultado del enfrentamiento, dos personas perdieron la vida, no solo Edgar Aarón. Las autoridades no precisaron la identidad de la segunda persona fallecida.

En el operativo participaron, además de la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que mantienen las acciones operativas y de investigación para esclarecer lo sucedido en la zona, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Edgar Aarón “N” a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El organismo lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding.

La sanción también lo acusó de utilizar contactos policiales para localizar objetivos de su organización criminal. Este señalamiento internacional se produjo antes de su muerte en el operativo de la SSPC.

De acuerdo con el comunicado del Tesoro, la designación contra Vázquez Alvarado se dio en el marco de una acción más amplia contra Wedding y nueve individuos y nueve entidades asociadas a él. La medida se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México y con una investigación paralela de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, que presentó indictments contra Wedding y su red.

Esta ligado con el homicidio de Milton Morales Figueroa

Las investigaciones, según detallo García Harfuch, señalan a Vásquez Alvarado como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, compañero de la SSPC, ocurrido el 21 de julio de 2024.

Desde la dependencia se destacó la entrega y el compromiso de Morales Figueroa con la seguridad de la Ciudad de México y del país. Se señaló que honrar su memoria implica continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables del crimen.

La muerte del señalado como autor intelectual no cierra el caso. Las autoridades indicaron que las pesquisas continuarán para identificar a todos los responsables del homicidio de Morales Figueroa, más allá de la baja de “El Lic” en el operativo.

Coordinación entre instituciones de seguridad

El trabajo de inteligencia e investigación que derivó en el operativo se realizó en coordinación con múltiples instituciones. Participaron la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

También intervinieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la Fiscalía CDMX, la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS Edomex). A estas se sumaron otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Desde la SSPC se informó que los trabajos de inteligencia e investigación continuarán. El objetivo declarado es identificar y detener a los demás integrantes de la organización criminal y desmantelar sus redes.

Los delitos que investigaban al “Cártel Nuevo Imperio”

El expediente contra Edgar Aarón “N” y su organización abarcaba delitos de distinta naturaleza. Por un lado, se le atribuían secuestro, extorsión y homicidio, delitos que afectan directamente a la población en las zonas donde operaba el grupo.

Por otro lado, las autoridades lo investigaban por despojo y lavado de dinero, lo que sugiere una estructura financiera organizada detrás de las actividades delictivas. A esto se sumaba el robo de combustible, un delito con fuerte presencia en la región centro del país. El tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá completaba el cuadro de acusaciones.

Confirmado: Wedding fue capturado en enero de 2026 en Ciudad de México y está en custodia federal en Estados Unidos. Corrijo el bloque:

Quién es Ryan James Wedding y su captura

Ryan James Wedding es un exsnowboarder olímpico canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Antes de su arresto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describía como uno de los Diez Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el organismo estadounidense, Wedding es responsable del tráfico de cantidades multitonelada de cocaína a través de Colombia y México, con destino a Estados Unidos y Canadá. Su organización utilizaba criptomonedas para mover y lavar las ganancias del narcotráfico.

El FBI le atribuye haber ordenado decenas de homicidios en distintos países, incluidos Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Wedding fue capturado en enero de 2026 en Ciudad de México, tras entregarse en la embajada de Estados Unidos. Fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

El exsnowboarder enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y homicidio en grado de tentativa. Tiene programados dos juicios separados, el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Inés Gómez Mont no consiguió salir del centro de detención migratoria de Florida. El juez federal Jeffrey Kuntz rechazó el recurso con el que la presentadora buscaba recuperar su libertad, por lo que ahora tendrá que solicitar una audiencia ante una autoridad migratoria que determine si puede continuar fuera de custodia mientras se resuelve su situación en Estados Unidos.

La conductora permanece detenida desde el 30 de octubre en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach. Su defensa presentó el recurso de habeas corpus el 31 de octubre, pero el magistrado de la Corte para el Distrito Sur de Florida consideró que esa petición no era el mecanismo adecuado para obtener su liberación.

En lugar de recurrir a esa vía, Gómez Mont deberá pedir que un juez migratorio revise su caso y determine si reúne las condiciones para salir bajo fianza. Kuntz tampoco examinó las condiciones en las que permanece detenida, pues consideró que ese asunto no podía resolverse mediante el recurso —habeas corpus— presentado por la conductora.

EEUU cuestiona la forma en que Inés Gómez Mont ingresó al país

La resolución judicial señala que Gómez Mont, quien tiene nacionalidad mexicana y española, ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021 y permaneció en ese país desde entonces.

El expediente también refiere que el martes 3 de noviembre fue notificada de un procedimiento en el que las autoridades estadounidenses la consideran una extranjera inadmisible. El señalamiento se basa en que habría entrado sin ser revisada por un agente migratorio y no cuenta con un documento vigente que autorice su estancia, como una visa o un permiso de trabajo.

La historia de su ingreso a Estados Unidos comenzó meses antes. Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, llegaron con visas de turista el 14 de enero de 2021. El 9 de julio viajaron en avión a Bahamas y regresaron al día siguiente por barco, cuando faltaban tres días para que concluyera el periodo de seis meses autorizado por sus visas.

De acuerdo con los datos del caso, ninguno fue revisado por agentes migratorios al regresar por vía marítima. Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos el 11 de julio de 2022; hasta ahora no se ha informado si la conductora presentó una petición similar.

El antecedente de Álvarez Puga y la posibilidad de obtener fianza

El esposo de Gómez Mont fue detenido en septiembre de 2025 por motivos migratorios, pero posteriormente consiguió salir bajo fianza por decisión de un juez migratorio. Su procedimiento para evitar la deportación continúa abierto.

Ese antecedente muestra una de las vías que ahora podría intentar la presentadora: solicitar que una autoridad migratoria le permita enfrentar fuera del centro de detención el procedimiento que determinará si puede permanecer en Estados Unidos.

La negativa de Jeffrey Kuntz no significa que Gómez Mont será deportada de inmediato. Tampoco resuelve las acusaciones que enfrenta en México ni constituye una decisión sobre su eventual entrega a las autoridades mexicanas.

México mantiene tres órdenes de aprehensión contra la conductora

En México, Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión por investigaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Su esposo también está señalado en las indagatorias.

Aunque el gobierno mexicano solicitó la extradición de la pareja hace más de un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha iniciado el procedimiento correspondiente ante la corte federal de Miami.

Por ahora, la detención de Gómez Mont responde a su situación migratoria en Estados Unidos. La posibilidad de que abandone el centro de Pompano Beach dependerá de lo que resuelva la autoridad migratoria ante la que solicite su audiencia de fianza.

David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de Abraham Ruiz Aguilar, propietario del centro nocturno Foxies Sport Bar & Men’s Club, quien fue asesinado a balazos cuando circulaba en un automóvil BMW blanco sobre Calzada Zavaleta, en Puebla capital.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó este jueves 5 de noviembre que cumplimentó una orden de aprehensión contra el presunto implicado, a quien señala por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con las investigaciones, habría participado en el ataque armado junto con otro hombre.

La detención fue realizada el 4 de noviembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en inmediaciones de la avenida 25 Poniente y 29 Sur, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles, en la ciudad de Puebla.

El asesinato de Abraham Ruiz Aguilar ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando el empresario de 33 años se encontraba a bordo de su vehículo, acompañado por una mujer, en las inmediaciones de Calzada Zavaleta y la calle Santa Fe.

Así ocurrió el asesinato del dueño del Foxies Sport Bar

De acuerdo con los reportes sobre el ataque, Abraham Ruiz Aguilar circulaba en un BMW blanco por el tramo que conecta el bulevar Forjadores con la Recta a Cholula cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor y posteriormente escaparon del lugar. La acompañante de la víctima sufrió lesiones que no fueron consideradas de gravedad y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, encontraron al empresario en el asiento del conductor con múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía estatal acudió para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitieran esclarecer el homicidio.

Entre las líneas de investigación que trascendieron después del crimen se encontraba la posibilidad de que Abraham Ruiz hubiera recibido amenazas relacionadas con la operación de su negocio. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado que este haya sido el móvil del asesinato.

¿Quién era Abraham Ruiz Aguilar, propietario del Foxies?

Abraham Ruiz Aguilar tenía 33 años y era originario de Córdoba, Veracruz, donde desarrolló negocios relacionados con el entretenimiento nocturno antes de establecerse en Puebla.

Era propietario del Foxies Sport Bar & Men’s Club, un establecimiento ubicado sobre la lateral de la Recta a Cholula, en la zona metropolitana de Puebla, dedicado al entretenimiento para adultos.

Su asesinato generó atención debido a las características del ataque: los agresores lo interceptaron mientras conducía y dispararon directamente contra él antes de escapar en una motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía poblana, que reunió los elementos necesarios para identificar a uno de los presuntos participantes y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

“Doble TT” habría participado junto con otro hombre

En el boletín de prensa número 596, la Fiscalía de Puebla detalló que las investigaciones permitieron establecer la probable participación de David Alejandro “N”, alias “Doble TT”, quien presuntamente intervino en el ataque junto con otro sujeto.

Con los datos de prueba recabados, un juez de control de la Región Judicial Centro autorizó la orden de aprehensión por homicidio calificado.

Tras su captura, el detenido quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente, mientras la Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer integralmente el asesinato y determinar las responsabilidades penales de quienes participaron.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad o detención del segundo presunto agresor ni han establecido públicamente el móvil definitivo del crimen.

Los hermanos Miguel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Omar Treviño Morales, conocido como “Z-42”, enfrentarán un juicio en Estados Unidos hasta el 5 de septiembre de 2028, por delitos relacionados con el narcotráfico. En el mismo proceso judicial también está involucrado Alfredo Rangel Buendía, identificado como lugarteniente de la organización criminal de Los Zetas.

Durante una de sus últimas comparecencias ante la Corte de Distrito de Columbia, un juez estadounidense estableció el calendario que deberán seguir la fiscalía y las defensas antes del inicio del juicio, el cual contempla distintas audiencias para definir las pruebas que podrán presentarse, los testimonios periciales y las grabaciones que utilizará el gobierno.

De acuerdo con el cronograma, las primeras actividades están previstas para octubre de 2027, cuando se llevará a cabo una audiencia para que las partes presenten sus respectivas mociones y planteamientos relacionados con el caso.

El proceso se extenderá durante los meses siguientes, debido a que tanto la fiscalía como los abogados defensores deberán cumplir con plazos específicos para entregar materiales y definir los elementos que serán considerados durante el juicio.

El calendario del juicio contra “Z-40” y “Z-42”

Uno de los primeros procedimientos relevantes tendrá lugar el 5 de noviembre de 2027, fecha en la que el gobierno de Estados Unidos deberá designar las grabaciones que pretende utilizar como evidencia contra los tres acusados.

La entrega de estos materiales se realizará en un periodo que se extenderá hasta julio de 2028. Sin embargo, los abogados de Miguel Treviño, Omar Treviño y Alfredo Rangel tendrán la posibilidad de solicitar que determinadas intercepciones sean excluidas del proceso judicial.

Para ello, la defensa tendrá como fecha límite el 5 de enero de 2028 para presentar las solicitudes correspondientes ante la Corte.

Posteriormente, el 31 de enero de ese mismo año, la fiscalía deberá presentar la información de sus peritos, mientras que los abogados defensores tendrán hasta el 6 de marzo para dar a conocer a los especialistas que utilizarán durante el juicio.

En julio de 2028, ambas partes deberán entregar sus respectivas listas de pruebas, en una de las últimas etapas de preparación antes de que comiencen las audiencias del juicio.

Finalmente, el 5 de septiembre de 2028 está programado el arranque del proceso contra los tres señalados por delitos relacionados con el narcotráfico.

“Z-40” fue detenido en 2013 y señalado como máximo líder de Los Zetas

Miguel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, fue considerado uno de los principales líderes de Los Zetas, organización criminal que durante años tuvo presencia en distintas entidades de México y fue relacionada con actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidio.

Su detención ocurrió en julio de 2013, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina en el estado de Tamaulipas.

Después de su captura permaneció recluido en distintos centros penitenciarios federales, entre ellos el Centro Federal de Readaptación Social número 15, conocido como CPS Chiapas, así como el penal de Puente Grande, en Jalisco.

Su hermano, Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, asumió el liderazgo de la organización después de la captura de Miguel.

“Z-42” fue capturado en Nuevo León en 2015

Omar Treviño Morales fue detenido el 15 de abril de 2015 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Su captura representó otro golpe a la estructura de Los Zetas, debido a que había quedado al frente de la organización criminal tras el arresto de su hermano.

Ahora, ambos deberán enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos junto con Alfredo Rangel Buendía, señalado como uno de los operadores de la organización.

El calendario establecido por la Corte de Distrito de Columbia contempla casi un año de procedimientos previos al juicio, en los que se determinará qué grabaciones, documentos, testimonios y pruebas podrán ser presentados ante el tribunal.

Matamoros, Tamaulipas. 5 de noviembre, 2010. La ciudad quedó paralizada por una serie de enfrentamientos armados entre integrantes del Cártel del Golfo y fuerzas federales que se extendió durante varias horas.

El operativo de la Secretaría de Marina terminó con la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, entonces principal dirigente de la organización criminal.

La intervención movilizó a 660 elementos de Infantería de Marina, tres helicópteros y 17 vehículos. El saldo incluyó la muerte de tres integrantes de la Armada, un elemento del Ejército, el periodista Carlos Alberto Guajardo Romero y cuatro hombres que formaban parte del círculo de protección del capo.

Los enfrentamientos también provocaron narcobloqueos, suspensión de clases y actividades públicas, interrupciones al transporte y el cierre de tres puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas.

Seis meses de inteligencia para localizar a Tony Tormenta

La Secretaría de Marina llevaba más de seis meses de labores de inteligencia para ubicar a Cárdenas Guillén, quien asumió un papel central en el Cártel del Golfo después de la captura de su hermano Osiel Cárdenas Guillén en 2003.

El seguimiento incluyó enfrentamientos previos con integrantes de su escolta en Matamoros. Uno de ellos ocurrió el 31 de marzo de 2010 en la colonia Tres Culturas, donde fueron detenidos dos presuntos sicarios y se obtuvo información sobre la estructura criminal. El 7 de abril, personal naval sostuvo otros dos enfrentamientos y aseguró a tres integrantes de la organización, además de armas y vehículos.

La información recabada permitió a las autoridades identificar a Los Escorpiones, un grupo de sicarios que tenía como principal función proteger a Tony Tormenta. La Marina también documentó que esta estructura había participado en acciones que permitieron al capo escapar de operativos anteriores.

El 1 de noviembre de ese año, elementos navales localizaron un inmueble que utilizaba para pernoctar en la colonia Expo Fiesta Oriente. Aunque el capo consiguió escapar antes de ser detenido, en el domicilio fueron aseguradas 230 granadas de 40 milímetros y cerca de 65 mil cartuchos de distintos calibres.

Cuatro días después, una denuncia ciudadana alertó sobre un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada frente a Plaza Fiesta. Al trasladarse a ese punto, los elementos navales recibieron información sobre otra agresión en la calle Valle del Inca, en la colonia Centro, donde ya se había registrado la muerte de un militar y del periodista Carlos Alberto Guajardo Romero.

Las versiones sobre la participación de Tony Tormenta en esos enfrentamientos y su posible desplazamiento por la ciudad llevaron a la Marina a activar sus mecanismos de búsqueda e intercepción de comunicaciones.

Aproximadamente a las 14:50 horas, el personal naval logró ubicarlo en la calle Abasolo, en la colonia Centro. Los elementos de Infantería de Marina establecieron un cerco alrededor de la zona y desplegaron un grupo de intervención.

El personal fue recibido con disparos de armas de grueso calibre y granadas. Los integrantes del Cártel del Golfo intentaron romper el perímetro mediante ataques desde vehículos en movimiento y disparos de francotiradores ubicados en azoteas cercanas.

El enfrentamiento terminó alrededor de las 17:35 horas, cuando las autoridades confirmaron la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén.

Tres marinos, un militar y un periodista murieron durante la jornada

La caída de Tony Tormenta estuvo acompañada de un saldo mortal que involucró a integrantes de las fuerzas federales, miembros de su escolta y un comunicador que cubría los enfrentamientos.

La Secretaría de Marina confirmó que tres de sus elementos murieron durante la confrontación final y otros cuatro resultaron heridos.

Los cuatro integrantes de la escolta que murieron junto con el capo fueron identificados por la institución como:

• Sergio Antonio Fuentes, alias El Tyson o Escorpión 1.
• José M. Vázquez o Raúl Marmolejo Gómez, alias Escorpión 18.
• Hugo Lira, alias Escorpión 26.
• Refugio Adalberto Vargas Cortez, alias Escorpión 42.

Además, dos integrantes de la estructura criminal fueron detenidos heridos: Marcos Antonio Cortez Rodríguez, alias Escorpión 37, identificado por la Marina como hombre de confianza de Tony Tormenta y encargado de las fuerzas de reacción, y Josué González Rodríguez, alias Escorpión 43.

En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, cinco armas cortas, 22 cargadores y municiones de distintos calibres.

La jornada también dejó la muerte de un elemento del Ejército, quien fue agredido durante un enfrentamiento ocurrido alrededor de las 11:00 horas en Matamoros. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que otros dos militares resultaron heridos.

En ese mismo episodio murió Carlos Alberto Guajardo Romero, reportero del diario Expreso de Matamoros, quien tenía 37 años y cubría la fuente policiaca.

El periodista se encontraba en el cruce de las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria cuando su camioneta recibió alrededor de 20 impactos de bala. Testigos señalaron que los disparos habrían sido realizados por elementos de la Marina, presuntamente por confusión. La Sedena confirmó su muerte, pero en su comunicado no precisó si fue alcanzado por fuego cruzado o por disparos de sus efectivos.

Guajardo Romero tenía 15 años de trayectoria periodística y había trabajado para los diarios El Bravo, El Mañana de Matamoros y Contacto.

Narcobloqueos y cierre de tres puentes internacionales paralizaron Matamoros

Los enfrentamientos no quedaron concentrados en el punto donde fue localizado Tony Tormenta. Durante la jornada se registraron tiroteos y persecuciones en más de 15 puntos de Matamoros, mientras integrantes del Cártel del Golfo intentaban impedir el desplazamiento de las fuerzas federales.

Los grupos criminales utilizaron unidades del transporte público para bloquear calles y avenidas, además de atravesar autobuses y vehículos en distintas vialidades. Las acciones provocaron interrupciones en el servicio de transporte y dificultaron la circulación en diferentes sectores de la ciudad.

La violencia también alcanzó la actividad escolar y gubernamental. Alrededor de 200 escuelas suspendieron clases, mientras que las dependencias públicas interrumpieron sus labores.

Uno de los efectos más importantes ocurrió en la frontera con Estados Unidos: los enfrentamientos provocaron el cierre de tres puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas.

La circulación fronteriza quedó interrumpida mientras las autoridades intentaban contener los enfrentamientos y recuperar el control de las vialidades. Incluso después de que la Marina confirmó la muerte de Tony Tormenta, los bloqueos continuaban en distintos puntos de la ciudad.

Los Escorpiones sobrevivieron a la muerte de Tony Tormenta

La muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén no significó la desaparición de la estructura armada que lo protegía. Los Escorpiones se replegaron en Tamaulipas y posteriormente establecieron alianzas con Los Ciclones, otra facción del Cártel del Golfo.

La existencia del grupo quedó documentada oficialmente por la Marina en noviembre de 2010, cuando la institución describió a sus integrantes como responsables de la seguridad personal del capo.

Infobae México reconstruyó el origen de esta célula en el artículo “Así se formó el Grupo Escorpión, brazo armado del Cártel Golfo”, en el que se documentó que su estructura inicial habría estado integrada por expolicías y exmilitares, y que su creación respondió a la necesidad de Tony Tormenta de contar con un grupo de protección y confrontación frente a Los Zetas.

La publicación también recordó que, después de la muerte del capo, se creyó que Los Escorpiones habían desaparecido. Sin embargo, sus integrantes se replegaron y terminaron vinculados con Los Ciclones. En febrero de 2023, el grupo volvió a llamar la atención después de que circuló un video en el que hombres armados se identificaban como integrantes de esa estructura y amenazaban a presuntos vendedores de cristal y fentanilo en la frontera.

La facción también fue relacionada con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrido en Matamoros en marzo de 2023, dos de los cuales fueron asesinados.

Las detenciones de integrantes de Los Escorpiones en 2025 y 2026

La continuidad de esta estructura quedó expuesta con las detenciones de personas identificadas como integrantes o mandos de Los Escorpiones.

El 16 de abril de 2025 fue detenido Juan Enrique “N”, alias Chiquichán o Escorpión 44, señalado como jefe operativo de la célula criminal en Tamaulipas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo identificó como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y sostuvo que estaba vinculado con Los Ciclones del Cártel del Golfo.

El 12 de mayo de ese año, la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se le impuso prisión preventiva oficiosa.

Cuatro meses después, el 17 de agosto de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvieron en Matamoros a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo de Tony Tormenta.

La captura ocurrió durante la madrugada en la colonia Villa Española, cuando policías estatales revisaron un Jeep Wrangler negro sin placas en el que viajaba. Los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador abastecido y cartuchos útiles.

Cárdenas Rivera fue identificado como dirigente de Los Escorpiones, facción que habría encabezado después de la muerte de su padre. El antecedente de su detención también llamó la atención: ya había sido arrestado en 2011 por elementos de la Marina, pero posteriormente recuperó su libertad.

El 31 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ordenó prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

En enero de 2026, las autoridades federales detuvieron en Matamoros a Jorge Ignacio “N”, alias Nacho Vega, identificado como operador financiero y uno de los dirigentes del Cártel del Golfo. El Gabinete de Seguridad lo señaló como responsable de las células Escorpiones y Ciclones, relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques contra autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos. También tenía una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas.

El 26 de febrero de 2026, fuerzas federales capturaron a Antonio Guadalupe “N”, alias Lexus o Toño, señalado como presunto líder del Grupo Escorpión. El operativo se realizó en el ejido Sandoval, en Matamoros, con participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Durante esa acción también fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la Operativa Ranger, grupo que proporcionaba seguridad a José Alfredo “N”, alias El Contador, identificado como jefe de Los Ciclones. Entre el armamento asegurado había fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos y equipo táctico.

El 25 de abril de 2026, un operativo de la Marina y la FGR permitió catear un predio en el ejido Progreso Agrario, en Matamoros, relacionado por fuentes consultadas por Infobae México con Los Escorpiones. En el lugar fueron detenidas dos personas y asegurados 13 contenedores de almacenamiento, ocho motobombas, cinco tanques, dos pipas y una caja seca. La afectación económica estimada para la organización fue cercana a ocho millones de pesos.

El Cártel del Golfo ya no tiene un mando único

A 16 años de la muerte de Tony Tormenta, el Cártel del Golfo dejó de operar como una organización centralizada y se fragmentó en facciones que disputan el control de distintas regiones de Tamaulipas.

Un análisis del portal especializado en narcotráfico InSight Crime identifica cinco grupos principales: Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Rojos y Las Panteras.

Las dos primeras facciones concentran una parte importante de la estructura criminal en la región de Matamoros, mientras que las demás mantienen presencia en otras zonas del estado. Sus actividades ya no se limitan al narcotráfico: también abarcan extorsión, tráfico de personas, contrabando de armas y robo de hidrocarburos.

La detención de operadores, mandos y presuntos responsables financieros ha debilitado distintas estructuras del Cártel del Golfo, pero no ha significado la desaparición de la organización ni de sus facciones.

Los Escorpiones, creados originalmente para proteger a Tony Tormenta, continúan apareciendo en investigaciones y operativos federales en Matamoros. Su permanencia es una muestra de cómo una estructura que nació como guardia personal de un capo pudo sobrevivir a su muerte y convertirse en una de las facciones que mantienen presencia en la frontera tamaulipeca.

Un juez federal mexicano fue detenido en Colombia, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con una organización internacional de tráfico de cocaína.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien fue arrestado el domingo 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales por presuntamente ayudar a Andrew Clark a evadir la justicia estadounidense.

La acusación sostiene que Benítez Alcántara utilizó su posición como juez de distrito en la Ciudad de México para concederle libertad bajo fianza a Clark, quien se encontraba detenido en México mientras enfrentaba un procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció que solicitará formalmente su extradición desde Colombia para que responda ante tribunales estadounidenses.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia de EEUU, el Second Superseding Indictment, presentado el 4 de septiembre de 2026 ante un gran jurado federal del Distrito Central de California, establece que Benítez Alcántara habría recibido el dinero el mismo día que ordenó la liberación del narcotraficante: el 24 de febrero de 2025.

Los nueve cargos están relacionados con el delito federal de encubrimiento posterior a la comisión de un delito (accessory after the fact), que contempla ayudar a una persona que cometió un delito a evitar su detención, juicio o castigo. Si es declarado culpable, el exjuzgador podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo, según el Departamento de Justicia.

El juez habría recibido el dinero para liberar al segundo al mando de Ryan Wedding

La investigación estadounidense señala que Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años, fue detenido provisionalmente el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, Jalisco, por cargos relacionados con narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. Al día siguiente compareció ante un tribunal federal mexicano y quedó bajo custodia mientras se resolvía su extradición.

Posteriormente, Clark compareció ante Benítez Alcántara, quien tenía a su cargo el procedimiento de extradición. Para entonces, las autoridades estadounidenses ya lo identificaban como el segundo al mando de una organización criminal transnacional que, según la acusación, operaba en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

El 27 de noviembre de 2024, Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición de Clark. Sin embargo, entre noviembre de ese año y febrero de 2025, el canadiense habría enviado aproximadamente 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y mediante transferencias en pequeñas cantidades para conseguir su liberación.

La investigación sostiene que, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se negoció un acuerdo para entregar aproximadamente dos millones de dólares en efectivo al juez mexicano a cambio de ordenar la excarcelación.

El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del soborno y, ese mismo día, concedió la libertad bajo fianza a Clark. Días después, el canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa pendiente el proceso penal en su contra.

Quién es Ryan Wedding, el exatleta olímpico vinculado con el narcotráfico

Andrew Clark era señalado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, un exsnowboarder canadiense que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Wedding el liderazgo de una estructura transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, con rutas que atravesaban México y el sur de California para abastecer mercados de Estados Unidos y Canadá.

La acusación contra Clark lo ubicaba como uno de los principales operadores de esa red, a la que el Departamento de Justicia atribuye un valor de miles de millones de dólares y vínculos con múltiples homicidios y tentativas de asesinato.

Wedding fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en marzo de 2025. Sin embargo, fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.

El caso contra el exatleta también contempla acusaciones por su presunta participación en asesinatos cometidos en Canadá y Colombia, incluido el homicidio de un testigo federal ocurrido en Medellín en enero de 2025.

El Departamento de Justicia tiene programados dos juicios distintos contra Wedding para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.

La investigación que derivó en la detención del juez mexicano fue desarrollada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, con apoyo de autoridades colombianas. La oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia y su representación judicial en Bogotá también colaboraron para conseguir el arresto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el apoyo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

En los despliegues participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

“El Gigan” y “Miky Juárez”, ligados a estructuras de extorsión

En Ecatepec fue detenido Miguel Juárez Pérez, “Miky Juárez”, señalado como líder de un grupo dedicado a la extorsión y los delitos contra la salud que operaba bajo la fachada de un grupo de choque o sindicato.

También fueron capturados Hugo Chavarría Pérez, “El Rábano”; Irving Eduardo Chavarría Pérez, “Scarface”, y José Alejandro Manzano García, presuntos integrantes de Los Manzanos. Les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y dosis de droga.

Por otra parte, durante 21 cateos en la zona oriente fueron detenidas 16 personas, entre ellas Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, identificado como líder de la organización Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG.

Esta estructura es investigada por presunta participación en extorsiones, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidios. También fueron detenidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

“El Pollo” encabezaba red de huachicol

En Chimalhuacán y Ecatepec se realizaron otros 15 cateos contra una organización presuntamente encabezada por Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, relacionada con la extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilegal de gas LP.

En estas acciones fueron detenidas 12 personas y asegurados 178 mil 780 litros de hidrocarburo, 24 autotanques, cilindros y tanques de almacenamiento.

En el balance general, las autoridades reportaron el aseguramiento de 111 teléfonos celulares, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego, cartuchos y narcóticos.

García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán para debilitar las estructuras criminales y sus redes de protección.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió.

Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

El Registro Nacional de Detenciones documentó su captura a las 07:01 horas

El Registro Nacional de Detenciones consignó el arresto bajo el nombre de Miguel Juárez Pérez, con los apodos “Mike” o “Mike Juárez”, aunque las autoridades municipales lo identificaron con los apodos “El Miky” o “El Mickey”. El documento oficial lo describió con 1.75 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, pelo negro corto, barba tipo candado y tatuajes en ambos brazos.

La captura ocurrió sobre la calle General Emiliano Zapata, entre las calles Solidaridad y Alfredo Torres Martínez, frente a un inmueble de dos plantas con fachada rústica y portones de herrería.

El registro ubicó el punto exacto en las coordenadas 19.556090, -99.017456 y señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, en las instalaciones de la FEMDO.

La operación fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por personal naval, de acuerdo con un video difundido por el gobierno de Ecatepec. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego tipo escuadra, documentos, credenciales con la leyenda “Hermandad Juárez” y bolsas con artículos personales.

Jorge Abel Hurtado, conocido como “George Hurtado”, es un ciudadano estadounidense de 50 años que permaneció prófugo durante aproximadamente dos décadas, luego de escapar de una prisión en California, Estados Unidos, donde cumplía una condena por tráfico de drogas. Tras su fuga, se refugió en distintas ciudades de México y finalmente fue detenido en el estado de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este jueves sobre la captura del hombre, quien era buscado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en la distribución de metanfetamina.

De acuerdo con la dependencia estatal, Hurtado escapó del centro penitenciario en el que se encontraba recluido en el año 2000. Desde entonces, las autoridades identificaron que se trasladó a territorio mexicano para evitar ser localizado y cumplir con la sentencia que tenía pendiente en Estados Unidos.

Los primeros registros de su presencia en México lo ubicaron en Tijuana y Mexicali, Baja California. Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que desde hace aproximadamente 10 años se encontraba en Jalisco, donde permaneció hasta su detención.

Su localización fue posible mediante labores de inteligencia, monitoreo y comunicación entre corporaciones de seguridad mexicanas y autoridades estadounidenses, que mantenían el seguimiento del fugitivo.

Escapó de una prisión en California y se refugió en México

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Jorge Abel Hurtado tenía una condena en California por delitos relacionados con el tráfico de drogas, específicamente por su participación en la distribución de metanfetamina.

En el año 2000 logró escapar de la prisión donde cumplía su sentencia, por lo que desde ese momento se convirtió en un objetivo de búsqueda para las autoridades de Estados Unidos.

Después de abandonar el centro penitenciario, el hombre habría cruzado a México y establecido sus primeros puntos de refugio en Baja California. Tijuana y Mexicali fueron las ciudades donde se detectó inicialmente su presencia.

Posteriormente, hace alrededor de una década, se trasladó a Jalisco, entidad en la que consiguió permanecer fuera del alcance de las autoridades durante varios años.

Aunque no se detallaron las actividades que realizó durante su estancia en territorio mexicano, la Secretaría de Seguridad estatal indicó que su ubicación fue posible gracias al intercambio de información con agencias estadounidenses y al seguimiento de los lugares que posiblemente frecuentaba.

La coordinación binacional permitió establecer puntos de interés para desplegar un operativo que concluyó con su captura en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Así fue detenido “George Hurtado” en Tlajomulco de Zúñiga

Para localizar al fugitivo, elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco desplegaron un operativo en diferentes puntos donde existían indicios de que podía encontrarse.

En las acciones participaron integrantes de la Policía Cibernética, la unidad de drones y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), corporaciones que realizaron labores de búsqueda y vigilancia.

Finalmente, Jorge Abel Hurtado fue ubicado en las inmediaciones de la avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona del fraccionamiento Provenza, en Tlajomulco de Zúñiga.

Después de su aseguramiento, las autoridades realizaron la verificación de identidad y confirmaron que el hombre contaba con una solicitud de control migratorio emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Este registro permitió corroborar que se trataba del individuo buscado por las autoridades estadounidenses desde su fuga de prisión.

Fue trasladado al INM para su entrega a Estados Unidos

Una vez confirmada su identidad y la existencia de la solicitud migratoria, “George Hurtado” fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

La dependencia inició el procedimiento correspondiente para concretar su traslado a Estados Unidos, el cual se realizaría desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La detención representa el resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para ubicar a personas que cuentan con requerimientos pendientes de la justicia de ese país y que se refugian en territorio nacional.

Después de permanecer aproximadamente 20 años fuera del alcance de las autoridades, Jorge Abel Hurtado fue localizado en Jalisco, donde comenzó el procedimiento migratorio para su retorno a Estados Unidos.

Bojun He, alias “El Chino”, es señalado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una red de lavado de dinero vinculada con integrantes de La Unión Tepito, organización criminal que opera en la Ciudad de México. El hombre, de 41 años, fue detenido durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares.

De acuerdo con información de las investigaciones, el detenido cuenta con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero. Posteriormente se trasladó a México, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el resultado del despliegue este miércoles 4 de noviembre y señaló que el objetivo de las investigaciones es debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

Según las indagatorias, Bojun He encabezaba presuntamente una red dedicada al blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas y mantenía vínculos con integrantes de La Unión Tepito. También es relacionado con extorsiones contra comerciantes, tráfico de personas y tráfico de armas.

Las autoridades identificaron que sus actividades se extendían por la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana y Cancún, mediante una red de empresarios de origen asiático que presuntamente participaban en las operaciones financieras de la organización.

Antecedentes en China y vínculos con La Unión Tepito

Uno de los elementos que destacan en las investigaciones sobre Bojun He son sus antecedentes penales en China, donde habría sido señalado por falsificación y lavado de dinero antes de trasladarse a México.

De acuerdo con la información oficial, después de establecerse en territorio mexicano consiguió la naturalización el 26 de septiembre de 2025. Las autoridades lo identifican como uno de los principales operadores financieros de una estructura criminal que habría aprovechado una red de empresarios de origen asiático para desarrollar actividades ilícitas.

La investigación también estableció presuntos nexos con integrantes de La Unión Tepito, grupo delictivo relacionado con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro de piso en distintas zonas de la capital.

Además de sus vínculos con esta organización, a Bojun He se le atribuye participación en actividades de tráfico de personas y armas. La presencia de la red en tres puntos estratégicos del país —Ciudad de México, Tijuana y Cancún— forma parte de las líneas de investigación de las autoridades federales.

Para ubicar las operaciones de esta estructura, los agentes realizaron trabajos de inteligencia, vigilancia fija y móvil, así como labores de seguimiento que permitieron identificar un domicilio presuntamente relacionado con sus actividades.

Con los datos de prueba recabados, las dependencias solicitaron a un Juez de Control una orden de cateo, que finalmente fue ejecutada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aseguran 43 millones de pesos, vehículos y relojes de lujo

Durante la intervención del inmueble, los elementos de seguridad localizaron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, cantidades que en conjunto equivalen aproximadamente a 43 millones 720 mil pesos mexicanos.

El aseguramiento representa uno de los principales elementos de la investigación sobre la presunta estructura financiera encabezada por Bojun He, debido al volumen de recursos encontrados en el domicilio.

Además del dinero, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, documentación diversa, credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital y una máquina contadora de billetes.

Entre los objetos también se encontraban relojes presuntamente de alta gama. En las imágenes difundidas sobre el operativo se observa un portarrelojes con el grabado de Louis Vuitton que contenía seis piezas, así como cajas de marcas de lujo como Gucci.

Los agentes también aseguraron cartuchos y dos vehículos: una camioneta Jeep Grand Cherokee y una Land Rover Defender.

Las dependencias señalaron que el despliegue forma parte de las acciones para combatir las estructuras financieras de la delincuencia organizada, así como las actividades de extorsión que afectan a comerciantes.

“El Chino” quedó a disposición de la FGR

Tras su detención, Bojun He fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público Federal, junto con los objetos, vehículos y recursos asegurados durante el cateo.

La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica. Hasta el momento, los señalamientos en su contra corresponden a las indagatorias de las autoridades y deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

García Harfuch reconoció la colaboración de las autoridades capitalinas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para concretar la captura.

El funcionario también advirtió que las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan y que las autoridades mantendrán los trabajos para identificar a otros posibles integrantes de la red y sus mecanismos de financiamiento.

“Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, afirmó el secretario.

Siete hombres fueron asesinados en cinco municipios de Guerrero durante la mañana y la tarde de este miércoles 4 de noviembre. Los hechos incluyeron el hallazgo de dos cuerpos con impactos de bala y golpes en Chilpancingo, un cadáver abandonado dentro de un recipiente de plástico en Zihuatanejo, un homicidio con arma blanca en Acapulco y un enfrentamiento entre grupos armados que dejó dos muertos en Olinalá.

Los reportes comenzaron alrededor de las 08:00 horas en la colonia Tierra y Libertad, ubicada al oriente de Chilpancingo, donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres. Ambos presentaban lesiones por proyectiles de arma de fuego y golpes, según los primeros informes policiacos.

Casi a la misma hora, en Zihuatanejo, municipio de la región Costa Grande, fue localizado otro cadáver dentro de un bote de plástico. El recipiente estaba en el exterior de una vivienda en obra negra, a un costado de un camino de terracería.

Una hora después, alrededor de las 09:00, autoridades reportaron el hallazgo de un hombre asesinado en la colonia Nuevo Puerto Marqués, en las inmediaciones del Macrotúnel de Acapulco. La víctima presentaba heridas provocadas por un arma blanca.

Enfrentamiento armado deja dos muertos en la región Montaña

La violencia también alcanzó a la comunidad nahua de San Antonio Coyoacán, en el municipio de Olinalá, donde dos hombres murieron durante un intercambio de disparos entre grupos armados.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 11:00 horas en calles de la localidad. De acuerdo con los reportes policiacos, los dos fallecidos portaban chalecos tácticos y armas largas al momento de los hechos.

El último homicidio reportado ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el barrio El Fortín, en Tixtla, donde un hombre fue atacado a balazos.

Los cinco municipios registraron así siete víctimas mortales en un periodo inferior a ocho horas. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no habían establecido públicamente que los asesinatos estuvieran relacionados entre sí ni atribuido los ataques a una organización criminal específica.

Guerrero acumula más de 700 homicidios dolosos en 2026

Los asesinatos del miércoles ocurrieron en un estado donde las disputas entre organizaciones criminales, los ataques contra comunidades y los desplazamientos de habitantes mantienen abiertos distintos focos de violencia.

Entre enero y septiembre de 2026, Guerrero acumuló 731 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 13 de octubre. Con ese registro, la entidad ocupaba el sexto lugar nacional y concentraba el 5.7 por ciento de los asesinatos contabilizados en el país.

Septiembre cerró con 79 víctimas de homicidio doloso, seis más que en agosto, cuando se contabilizaron 73. Marzo había sido el mes con mayor incidencia en lo que iba del año, con 102 víctimas, según los datos del SESNSP.

Aunque el Gobierno federal informó sobre una reducción del 60 por ciento en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 —de 6.6 a 2.6 casos—, los episodios de violencia armada continuaron en distintas regiones de Guerrero.

Los Ardillos, Los Tlacos y otros grupos disputan territorios en Guerrero

Una parte de la violencia estatal está relacionada con las disputas por el control territorial, las rutas de trasiego de drogas y actividades como la extorsión. Entre las organizaciones con presencia documentada se encuentran Los Ardillos, Los Tlacos, La Familia Michoacana, Los Rusos, el Cártel Independiente de Acapulco y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El análisis del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) sobre las guerras criminales en México identifica enfrentamientos entre Los Tlacos, Los Ardillos y Cárteles Unidos en la región Centro, con episodios de violencia en Chilapa, Chilpancingo y Eduardo Neri.

También documenta disputas de Los Tlacos con La Bandera y La Familia Michoacana en municipios del norte, así como con Los Ardillos en zonas de la Montaña.

En Acapulco, la competencia entre organizaciones criminales también está vinculada con el control de actividades de extorsión y tráfico de drogas. ACLED identifica al menos seis grupos armados involucrados en estas disputas en el puerto.

La presencia de estos grupos no es ajena a los municipios donde se registraron los siete asesinatos, aunque hasta el momento no existe información oficial que permita relacionar los homicidios del 4 de noviembre con alguna de estas organizaciones.

Ataques recientes dejaron muertos y desplazados en Guerrero

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 19 de octubre en la comunidad de El Terrero, municipio de Juan R. Escudero, donde más de 40 hombres armados irrumpieron y atacaron al menos seis viviendas con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones. Los habitantes atribuyeron la agresión a Los Ardillos y denunciaron que ocurrió apenas dos semanas después del regreso de familias que habían abandonado la localidad por la violencia.

El ataque reavivó el temor entre los habitantes de la zona, de donde habían salido 261 personas desplazadas desde 2023. Según los testimonios recabados por Quadratín, 61 habían regresado recientemente a la comunidad antes de la nueva incursión armada.

En Acapulco también se registraron asesinatos durante el fin de semana previo. Un recuento periodístico citado por Infobae México contabilizó cinco personas muertas durante esos días y 20 fallecimientos presuntamente relacionados con el crimen organizado en lo que iba de octubre.

Como resultado de dos operaciones marítimas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, personal de la Armada de México de la Secretaría de Marina (Marina) aseguró más de una tonelada de cocaína y detuvo a una persona. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por medio de una publicación realizada en redes sociales.

Harfuch dio a conocer que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Marina ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Cada cargamento asegurado, informó Harfuch, es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado, pues significa menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia, así como menos drogas en las calles para “envenenar” a los jóvenes.

“Seguiremos combatiendo a estas organizaciones, sus estructuras y sus recursos para proteger a las familias mexicanas”, concluyó Harfuch.

En 38 operaciones detienen a 32 líderes delincuenciales, informa Harfuch

En otra publicación en su cuenta de la red social X, Harfuch informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se llevaron a cabo 38 operaciones simultáneas en esa entidad para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, mismos que dejaron un saldo de 32 personas detenidas.

En dichas operaciones, informó el funcionario, participaron la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Edomex y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Entre los detenidos, señaló Harfuch, están “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, quienes son identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de Gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

La operación contra la organización de Los Gigan, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En dichas acciones, señaló el titular de la SSPC, se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, concluyó el mensaje.

“El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

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Arrestaron a hombre con marihuana y cristal en Iztapalapa

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre en posesión de varias dosis de aparente droga, en calles de la colonia Valle de Luces, alcaldía Iztapalapa.

En atención a diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre posibles puntos de consumo de narcóticos, policías sectoriales implementaron dispositivos de vigilancia fijos y móviles en la zona.

Durante estas acciones, al circular por las calles Halo y 5 de Mayo, los oficiales observaron a un sujeto que aparentemente fumaba un cigarrillo que despedía un olor similar al de la marihuana, quien al notar la presencia policial adoptó una actitud inusual e intentó huir del lugar.

De inmediato, los uniformados le marcaron el alto y, conforme a los protocolos de actuación policial, realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 11 bolsitas transparentes con aparente marihuana y 18 bolsitas con una sustancia cristalina similar a la droga conocida como cristal.

Por estos hechos, el joven de 25 años de edad fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y, junto con los indicios asegurados, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Arrestaron a un hombre con presunta droga en en centro de CDMX

Derivado de patrullajes de seguridad y prevención, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente narcótico, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Alarcón y Bravo, en la colonia Zona Centro, donde observaron a un sujeto que manipulaba varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la distribución de droga, por lo que se aproximaron para descartar alguna conducta ilícita.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, sin embargo, fue interceptado metros adelante. Enseguida, de acuerdo con el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 20 bolsas de plástico, cada una con un cigarro elaborado con aparente marihuana, así como 10 bolsitas con la misma hierba.

Por lo anterior, los efectivos detuvieron al hombre de 19 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2025, por delitos contra la salud.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo a Kevin Orlando Bernal Guillén, alias “El Chamukín”, de 24 años, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como sucesor de “El Vikingo” al frente de una red de extorsión en Uruapan. La captura ocurrió el 1 de noviembre y las autoridades lo identificaron como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Junto a él fue detenido Diego García, de 22 años, en un operativo de la Guardia Civil que derivó de una denuncia por extorsión a un bar.

Cómo fue la detención de ‘El Chamukín’

El arresto se produjo en flagrancia en el cruce de las calles Tlaxcala y Ámsterdam, en Uruapan, cuando ambos hombres presuntamente intentaban extorsionar a un establecimiento. La intervención surgió tras una denuncia previa por el delito de extorsión cometido contra bares de la zona.

Según detalló José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, en una conferencia de prensa, la identificación del detenido se logró a través de denuncias y del seguimiento a un vehículo reportado en zonas de bares durante patrullajes de la Guardia Civil. El funcionario precisó que fue “detenido en Uruapan” a unas calles del establecimiento conocido como La Latino.

De acuerdo con Cruz Medina, “El Chamukín” era considerado un objetivo prioritario por las instituciones de seguridad. El funcionario lo señaló como “uno de los principales generadores de violencia” en Uruapan.

Según los reportes de la Guardia Civil, el detenido también estaba vinculado a la distribución de droga y a la comercialización de alcohol adulterado en el municipio.

Armas, droga y vehículo asegurados

Durante el operativo, los agentes decomisaron a Bernal Guillén un arma larga, identificada por distintas fuentes como un fusil de asalto AK-47 o de calibre 7.62 milímetros, junto con un cargador y entre 15 y 21 cartuchos útiles.

También se aseguró el vehículo en el que se trasladaba la pareja de detenidos: un Volkswagen Jetta de color negro, con placas de circulación JNS-11-38 de Michoacán. De acuerdo con Cruz Medina, ese mismo vehículo ya había sido reportado por los patrullajes de la corporación en zonas de bares antes de la captura.

Entre los objetos decomisados se contaron además tres teléfonos celulares y una cantidad de entre 27 y 30 dosis o envoltorios con una sustancia granulosa con características de metanfetamina, conocida como cristal.

Vínculo con ‘El Vikingo’ y el CJNG

“El Chamukín” fue identificado por las autoridades como el sucesor de Christian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, detenido el 7 de agosto junto a varios cómplices cuando presuntamente encabezaba una reunión para extorsionar a empresarios en el poblado de Tiamba, también en Uruapan.

En la conferencia de prensa, Cruz Medina lo confirmó de manera directa: “Este personaje fue el que se quedó a cargo de las extorsiones que realizaba el Vikingo”.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Bernal Guillén servía a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes entregaba los recursos provenientes del cobro de piso a aguacateros, restauranteros y otros comercios de la zona.

La caída de “El Vikingo” se dio en el marco de las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En ese expediente también fue detenido Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, señalado junto con “El Vikingo” como integrante de una célula del CJNG vinculada al crimen.

Balance de violencia en Uruapan

La detención de “El Chamukín” se inscribe en un balance más amplio de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con los tres órdenes de gobierno, durante octubre y los primeros días de noviembre en Uruapan.

En ese periodo también fue detenido José “N”, señalado por el robo de un vehículo a mano armada y posteriormente identificado como presunto generador de violencia con vínculos a una célula delictiva de la región. A él se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros, 13 cartuchos útiles y una motocicleta.

Otras intervenciones derivaron en la detención de Carlos “N” e Ismael “N”, señalados por su presunta responsabilidad en un homicidio en grado de tentativa contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con los reportes de la SSP, octubre cerró en Uruapan con 65 homicidios dolosos, lo que representa una disminución mensual del 7.1 por ciento respecto al mes anterior.

Tras su detención, Kevin Orlando Bernal Guillén y Diego García fueron puestos a disposición de un juez de control. Ambos quedaron internados en el Centro de Reinserción Social “Eduardo Ruiz”, en Uruapan.

Un ciudadano mexicano, Sebastián Higuera Fuentes, de 23 años, fue sentenciado a 60 meses de prisión por un tribunal federal de Arizona tras declararse culpable de liderar una conspiración para distribuir metanfetamina. El fallo llegó luego de una investigación impulsada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

La condena fue dictada el 27 de octubre por el juez federal Raner C. Collins, en Tucson. Higuera-Fuentes, residente de Nogales, Sonora, México, deberá cumplir además cuatro años de libertad condicional supervisada una vez finalizada su pena de prisión.

Rol de liderazgo en la distribución de droga

Según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, Higuera Fuentes participó en la distribución de aproximadamente 20 kilogramos de metanfetamina pura. La cifra corresponde a droga pura, sin cortar, lo que implica un volumen considerablemente mayor una vez distribuida en dosis individuales.

El comunicado detalla que Higuera Fuentes actuó como líder de la conspiración. Entre sus funciones estuvieron la negociación de precios, la coordinación de horarios y lugares de encuentro, y la dirección de sus cómplices en la entrega de la droga.

La intervención de las autoridades impidió que el cargamento llegara a su destino. De acuerdo con el documento oficial, gracias a la labor policial en este caso, la metanfetamina nunca llegó a las comunidades de Arizona.

El caso judicial quedó registrado bajo el número 24-CR-6720-TUC-RCC, según consta en el comunicado de difusión del fiscal federal del distrito.

Investigación del HSTF y marco legal

El proceso judicial contra Higuera Fuentes forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159. Según el comunicado, esta orden tiene como objetivo proteger al pueblo estadounidense contra la invasión.

El HSTF se define como una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro de Estados Unidos y en el extranjero. El documento señala que, mediante una colaboración interinstitucional, el grupo moviliza el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones.

La fiscalía indicó que estas estructuras criminales han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras de Estados Unidos. En el desarrollo de su labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños.

El comunicado agrega que el grupo utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.

Agencias federales que participaron en el caso

La investigación del HSTF Tucson, según el texto oficial, involucró a agentes y oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) con sede en Detroit, Michigan, y en Tucson, Arizona.

También participaron Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El listado de instituciones involucradas incluye además al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMF), el Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CRI), Operaciones de Control y Deportación (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (USPF) y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USPF).

Completan la nómina el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPS), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSF) y la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management).

La fiscalía del caso estuvo a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. El Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos David Petermann, con sede en Tucson, se encargó de llevar adelante el proceso judicial contra Higuera-Fuentes.

Otros casos del HSTF contra el narcotráfico

El caso de Higuera-Fuentes se suma a otras condenas recientes enmarcadas en la iniciativa del HSTF. En Alabama, un tribunal federal sentenció a 25 años de prisión a Adán Ubaldo Sepúlveda Ruiz, mexicano de 39 años, por dirigir una organización que distribuía cocaína a gran escala en Estados Unidos.

Su cómplice, Juan Ali Popoca Flores, de 42 años, recibió una condena de 68 meses tras declararse culpable de conspiración para distribuir el estupefaciente. Ambos residían de forma ilegal en el país y serán trasladados a autoridades de inmigración para su deportación una vez cumplidas sus penas.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) decidió incluir en la lista de los 33 depredadores de la libertad de prensa 2026 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras documentar al menos ocho ataques contra periodistas en México.

Llama la atención que la organización criminal comparte el listado con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el Ejército de Israel y el Partido Comunista Chino, entre otros.

RSF clasifica a los depredadores de la libertad de prensa en diferentes categorías

Cabe señalar que RSF clasifica a los depredadores de la prensa en diferentes categorías:

• En la política, por “amordazar” a la prensa en sus países.
• Los depredadores que “asesinan, encarcelan y agreden a periodistas”, en este rubro se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
• Depredadores que “acosan judicialmente a los periodistas”.
• También están los depredadores que “asfixian y arruinan a los medios”.
• El último rubro es el de los depredadores que “denigran a la prensa y generan desconfianza hacia los periodistas”.

Reporteros Sin Fronteras incluye al CJNG en lista de “depredadores de la libertad de prensa”

El “cártel de las cuatro letras” fue considerado para lista de depredadores de la libertad de prensa por la documentación de los ataques a periodistas durante la cubertura de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el pasado 22 de febrero, tras el operativo llevado a cabo por el Ejército mexicano en Jalisco.

De acuerdo con la organización internacional, “los periodistas que cubrían los narcobloqueos y enfrentamientos del cártel con las fuerzas estatales fueron atacados por miembros del crimen organizado”.

Contabilizaron ocho ataques contra comunicadores durante operativo

Fueron ocho los incidentes verificados por la organización, que “incluyeron disparos dirigidos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y teléfonos móviles y amenazas graves”, en hechos ocurridos en Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.

Además, RSF rememoró un video difundido en agosto de 2021 por presuntos integrantes del CJNG, la organización criminal declaró en ese momento: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”.

Lamentan normalización de la violencia contra la prensa en México

La clasificación internacional considera como el “arma letal” del cártel “imponer la ley del silencio mediante amenazas, secuestros, tortura y asesinatos, convirtiendo la violencia contra los periodistas en un instrumento de control de la información”.

Por su parte, el director de RSF en América Latina, Artur Romeu, consideró que los ataques documentados “no sólo interrumpieron la cobertura de una crisis de enorme interés público, sino que confirmaron la alarmante normalización de la violencia conta la prensa en México durante más de una década”.

Estos fueron los ataques durante la cubertura

Entre los ocho ataques a periodistas vinculados con el CJNG documentados por la organización, destacan los hechos registrados en Jalisco. El reportero de Televisión Azteca Noticias, Otoniel Martínez, denunció que el vehículo en el que viajaba con su equipo fue alcanzado por disparos durante la cobertura de la caída de ‘El Mencho’, sin que se reportaran personas heridas.

En la misma entidad, Lupita Martínez, del medio digital Vallarta al Momento, fue despojada de su automóvil con arma de fuego mientras cubría la noticia sobre la muerte del líder del CJNG.

Mientras tanto, en Sinaloa, los periodistas Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, del periódico Noroeste, fueron agredidos mientras informaban sobre los hechos. A ambos los golpearon y despojaron de sus equipos, según reportó el medio a RSF.

Periodistas de Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán también fueron víctimas de vejaciones

A su vez, en Tamaulipas, el periodista Guadalupe Catorena, del diario El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y su equipo mientras cubrió el desarrollo de los bloqueos.

Reporteros Sin Fronteras también documentó otros tres casos de agresiones contra periodistas en México el pasado mes de febrero. En Reynosa, Tamaulipas, la organización recabó el testimonio de Jesús Humberto González, del medio digital Cambio Press, quien fue retenido brevemente por miembros del crimen organizado en un punto de control.

Durante su retención, los criminales amenazaron al periodista y a su familia, que lo acompañaba en el momento en que se detuvo a grabar los hechos para su medio. González fue liberado después de ser agredido físicamente.

Otro caso ocurrió en Guanajuato, ahí, RSF recabó información de colegas del periodista Ian Martínez, del periódico Correo, quien “fue amenazado por hombres que viajaban en una camioneta y le ordenaron dejar de cubrir los hechos”.

En Michoacán, la organización recibió el testimonio de un periodista que prefirió mantener el anonimato. El comunicador relató haber recibido una llamada anónima en la que fue amenazado para que no publicara información sobre lo que ocurrió en la zona.

“RSF condena enérgicamente estos actos violentos y reitera que informar no debe convertirse en un riesgo cotidiano”, señaló Artur Romeu, al tiempo que llamó a las autoridades mexicanas a tomar “medidas operativas inmediatas y verificables para proteger a la prensa en el terreno durante episodios de violencia”.

Terrible lo que vive el periodismo en México y lo que ocurrió en la cubertura de la caída de ‘El Mencho’, por ello, Reportero Sin Fronteras, incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación en la “lista de depredadores de la libertad de prensa”.

Una jueza de control de Michoacán vinculó a proceso a Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró además que se le impusiera prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La resolución se conoció el 4 de noviembre, días después de que la funcionaria fuera detenida en un operativo realizado en Uruapan.

Resolución judicial y medida cautelar

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que la autoridad jurisdiccional valoró para resolver la vinculación a proceso de Vargas. Con esa decisión, la jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

La jueza de control impuso a la imputada prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluida mientras avanza la causa. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese período, la Fiscalía continuará con las diligencias ministeriales y periciales necesarias para fortalecer la carpeta de investigación contra la funcionaria municipal.

La vinculación a proceso de Rosa Alejandra Vargas se originó en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública de Uruapan durante el Festival de las Velas. La funcionaria era buscada por la FGE desde antes de su arresto, en el marco de las pesquisas por ese crimen.

La detención en Uruapan

Vargas fue detenida el 29 de octubre en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, durante un operativo de personal de la FGE con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El arresto se concretó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de encubrimiento.

Horas antes de la captura, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que la funcionaria había recibido tres citatorios para declarar ante la Fiscalía por el caso Manzo, a los que no respondió. Esa omisión le generó una multa.

Vega Rodríguez explicó ese mismo día que, pese al incumplimiento de los requerimientos, Vargas era localizable y no representaba riesgo de fuga, a diferencia del caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo. “Es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”, declaró el vicefiscal. Horas después de esas declaraciones, la funcionaria fue detenida.

Vínculos familiares con la célula señalada del CJNG

La funcionaria era requerida por las autoridades debido a sus vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio de Manzo, a quienes se relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según Vega Rodríguez, Vargas es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de confianza del exalcalde. También es tía de Christian Martin Medina García, alias “El Vikingo”, y de Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, ambos señalados de participar en la planeación del ataque junto con integrantes del CJNG.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, Christian García fue boxeador profesional durante varios años, con un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate, y entrenó en el entorno del Canelo Álvarez. Su hermano Alexis García se convirtió en operador regional del CJNG en Uruapan tras la detención, en noviembre de 2025, de Jorge Armando, alias “El Licenciado”, señalado como presunto líder de la célula que ejecutó el ataque.

“El Brilloso” también es señalado de haber participado en el grupo de mensajería donde se planeó y coordinó el ataque contra Manzo, comandado por “El Licenciado”. Tras su arresto, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde y actual edil de Uruapan, confirmó que el sujeto formaba parte del círculo cercano de su esposo, a quien dijo haber apoyado para que evitara caer en la delincuencia. Quiroz explicó que “El Brilloso” convivió con sus hijos, ya que era ahijado de Manzo.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, detalló a principios de agosto que Christian “N” estaría involucrado en la extorsión de aguacateros como parte de las redes del CJNG. “Principalmente es el que generaba las extorsiones”, explicó Cruz Medina.

Estructura criminal y avance de la investigación

Detrás de esta célula del CJNG se encontraría el grupo de “Los R’s”, liderado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, detenido en julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Manzo.

Según las autoridades, “El Vikingo” habría confesado que operaba bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, hermano de Ramón Ángel, quien asumió el liderazgo del grupo criminal tras la captura de este último.

Con un avance del 90% en las investigaciones del caso Manzo, la Fiscalía de Michoacán reportó que hasta el momento suman 34 personas detenidas, entre ellas el señalado autor intelectual del asesinato.

La FGE indicó que continuará con las actuaciones ministeriales y periciales encaminadas al esclarecimiento total del homicidio, con el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y conducir cada etapa de la investigación con apego a la legalidad y al debido proceso.

Un tribunal federal del Distrito Sur de Alabama sentenció a 25 años de prisión a Adán Ubaldo Sepúlveda Ruiz, mexicano de 39 años, por dirigir una organización de narcotráfico que distribuía cocaína a gran escala en Estados Unidos. Su cómplice, Juan Ali Popoca Flores, de 42 años, recibió una condena de 68 meses tras declararse culpable de conspiración para distribuir el estupefaciente.

Ambos son ciudadanos mexicanos que residían de forma ilegal en el país, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Alabama. El proceso se originó a partir de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre distribuidores de cocaína que operaban en Mobile, Alabama.

Las condenas y los delitos reconocidos

Sepúlveda se declaró culpable de dos cargos: dirigir una organización criminal continua y posesión de cocaína con intención de distribuirla. Por ambos delitos recibió la pena de 25 años de prisión federal.

Popoca, en cambio, admitió su participación en una conspiración para distribuir cocaína, lo que derivó en una condena de 68 meses de prisión.

El tribunal dispuso además el traslado de los dos condenados a las autoridades de inmigración estadounidenses una vez que cumplan sus respectivas penas, con vistas a su deportación. También ordenó la confiscación de todos los bienes incautados durante la investigación, entre ellos el dinero en efectivo y el vehículo utilizados en el momento del arresto.

Origen de la investigación en Mobile

El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando el FBI detuvo en Mobile, Alabama, a un distribuidor de cocaína y heroína. En ese operativo, los agentes incautaron aproximadamente nueve kilogramos de cocaína.

A partir de ese arresto, los investigadores federales continuaron el rastreo de la cadena de suministro. Según documentos judiciales, esa pesquisa permitió identificar a Sepúlveda, quien residía de manera ilegal en el área de Houston, Texas, como el principal proveedor del distribuidor detenido en Mobile y de otros traficantes de gran volumen.

Entre ese primer arresto y la detención de Sepúlveda y Popoca en Houston transcurrieron más de dos años, de acuerdo con las fechas documentadas en el expediente judicial.

El arresto en Houston y la evidencia incautada

El 31 de marzo de 2025, agentes federales detuvieron a Sepúlveda y a Popoca tras un control de tráfico realizado en Houston. Durante la revisión del vehículo, los oficiales hallaron aproximadamente USD 442.900 en efectivo, dinero que resultó ser producto del narcotráfico.

En el mismo operativo, los agentes recuperaron un registro detallado de transacciones de drogas que detallaba la distribución de miles de kilogramos de cocaína y decenas de millones de dólares en pagos. Ese documento detallaba la distribución de miles de kilogramos de cocaína y decenas de millones de dólares en pagos vinculados a la operación.

Ese hallazgo permitió a los fiscales reconstruir el alcance de la red y sustentar los cargos que, meses después, derivaron en las declaraciones de culpabilidad de ambos acusados.

Reacciones y agencias involucradas

Christopher R. Flowers, agente especial a cargo de la oficina móvil del FBI, señaló que “las organizaciones criminales complejas no se desmantelan de la noche a la mañana”. Agregó que las sentencias impuestas a Sepúlveda Ruiz y Popoca Flores reflejan el resultado de una investigación extensa llevada adelante por el FBI junto a sus socios de las fuerzas del orden.

Flowers también agradeció a la Fiscalía de los Estados Unidos por su compromiso en el procesamiento del caso.

La investigación contó con la participación del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile, el Departamento de Policía de Mobile y diversos socios estatales y locales en Texas.

Los fiscales federales adjuntos Gloria Bedwell y Justin D. Kopf estuvieron a cargo del caso en representación de los Estados Unidos.

El proceso se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Según el comunicado, el HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

El documento indica que el HSTF pone énfasis particular en investigar y enjuiciar casos de tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños, además de utilizar todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar del país a los delincuentes extranjeros considerados más violentos.

El HSTF Mobile está integrado por agentes y oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El caso estuvo a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Alabama.

La detención de Lino “N”, identificado como “El Patrón” o “El Señor”, y se eleva a nueve detenidos durante los operativos contra Los Linos, grupo al que las autoridades atribuyen extorsiones, homicidios, narcomenudeo, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos. El presunto dirigente fue capturado el 3 de noviembre en Ixtapaluca, Estado de México, en acciones que buscan contener la operación de la célula en Morelos.

El arresto se suma a la captura de sus hermanos Rodolfo y Carlos, ocurrida el 6 de mayo en Yautepec. Las autoridades identifican a los integrantes del cártel de Los Linos como presuntos generadores de violencia en el estado.

La organización habría llegado a Morelos entre 2011 y 2012, durante la fragmentación de células que antes operaban bajo el predominio de los Beltrán Leyva. El grupo, originario de Mezcala, Guerrero, se asentó inicialmente en Temixco y después extendió su presencia hacia Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Cuernavaca y Cuautla.

Las autoridades relacionaron a Los Linos con actividades delictivas en el centro y sur de Morelos. En La Nopalera, comunidad de Yautepec, también surgieron señalamientos sobre la presencia de la organización y sus presuntos vínculos con actores locales.

Los hermanos fueron detenidos en 2017 junto con 15 personas más

Los antecedentes de Lino se remontan a antes de la expansión de Los Linos en Morelos. Estuvo recluido en el penal de Chilpancingo, Guerrero, donde resultó lesionado durante una agresión en junio de 2003; también hubo registros judiciales posteriores en el Estado de México.

Los nombres de Lino y Rodolfo aparecieron en una libreta atribuida a Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como dirigente de Guerreros Unidos. Un documento de la entonces Comisión Nacional de Seguridad los habría ubicado como integrantes de esa estructura, aunque esos antecedentes no acreditaron una participación personal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 4 de marzo de 2017, policías estatales detuvieron en Tlaltizapán a 18 personas presuntamente vinculadas con delincuencia organizada, entre ellas los tres hermanos. Durante el operativo aseguraron nueve armas de fuego, 359 cartuchos útiles y seis vehículos.

El 27 de mayo de ese año, una jueza federal ordenó que siete de los detenidos continuaran su proceso en libertad, incluidos los tres integrantes de la familia. Alberto Capella Ibarra, entonces comisionado estatal de Seguridad, denunció después presuntas amenazas contra los policías que participaron en la intervención y actos intimidatorios cerca de las casas de sus familiares.

La ofensiva más reciente comenzó el 6 de mayo en Yautepec, tras una denuncia anónima y trabajos del Gabinete de Seguridad. Elementos de la SSPC, Guardia Nacional y Agencia de Investigación Criminal de la FGR localizaron un campamento improvisado donde había civiles armados.

La intervención derivó en un enfrentamiento en el que murió un presunto agresor y dos agentes federales resultaron lesionados. Uno de ellos ingresó de urgencia a quirófano y recibió atención médica especializada.

Entre los ocho detenidos estuvieron Rodolfo, conocido como “Don Ramón”, y Carlos. En el lugar aseguraron cinco armas largas, cuatro armas cortas, 394 cartuchos de diversos calibres, cargadores, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares, 10 chips de prepago y 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

El 22 de mayo, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, vinculó a proceso a los ocho imputados y dictó prisión preventiva oficiosa. Los ingresaron al Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya y el juzgador fijó dos meses para la investigación complementaria.

Rodolfo “N”, José “N”, Guillermo “N”, Leonel “N”, Carlos “N” y Erick “N” fueron imputados por portación de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio.

Rubén “N” y Ángel “N” enfrentaron acusaciones por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia ni determina responsabilidades penales definitivas.

La captura de Lino “N” en Ixtapaluca dio continuidad a esas indagatorias bajo la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el reforzamiento de seguridad en Morelos. La operación contó con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinación entre los gobiernos de Morelos y Estado de México.

Las autoridades estatales participaron bajo coordinación con la administración de la gobernadora Margarita González Saravia. Identificaron al detenido como uno de los presuntos dirigentes de Los Linos.

Los señalamientos contra Los Linos requieren investigaciones judiciales

Habitantes de La Nopalera señalaron durante 2026 que integrantes de Los Linos habrían mantenido relaciones con autoridades ejidales. Esos dichos requieren investigaciones y pruebas adicionales para determinar si existieron redes de protección o colaboración que facilitaran las actividades del grupo.

La presencia de la organización en varios municipios abrió cuestionamientos sobre el trabajo policial, las investigaciones ministeriales y las decisiones judiciales durante distintos gobiernos. Las detenciones de presuntos dirigentes no implican por sí mismas el desmantelamiento de las redes territoriales, económicas y operativas atribuidas a la célula.

Los hermanos también fueron mencionados en señalamientos públicos por la desaparición del empresario gasero Román Martínez García y su acompañante Luis Fernando Salgado. Ambos habrían sido detenidos ilegalmente el 16 de enero de 2021 por elementos de la Policía Municipal de Yautepec que viajaban en la patrulla 00777.

La Fiscalía emitió cinco órdenes de aprehensión por desaparición forzada relacionadas con ese caso. Las denuncias mencionaron a Rodolfo y Lino como presuntos responsables, aunque las acusaciones requerían una investigación judicial sin encubrimientos y no constituían una determinación de culpabilidad.

La información disponible ubicó a Los Linos en un mapa criminal donde también operaron Los Mayas, Los de Siempre y la Unión Morelense. Esta última estructura fue encabezada por Abel Maya, “El Maya”, exlugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, con presencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, Huitzilac y Jiutepec.

A Los Mayas se les atribuyeron narcomenudeo, extorsión, secuestro, cobro de piso, tala ilegal, robo de vehículos y despojo de terrenos. Las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra Abel Maya y detuvieron a operadores de su grupo, aunque el dirigente evitó su captura en diversas ocasiones.

El grupo de Abel Maya enfrentó la incursión de organizaciones como La Familia Michoacana en territorios de Morelos. Los antecedentes revisados no establecieron una confrontación directa entre Los Linos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque ambas estructuras fueron ubicadas en el mismo escenario estatal.

En ese entorno operó Francisco Javier Rodríguez Hernández, conocido como “El Señorón”, “El Frank”, “El XL” o “El Colombiano”, identificado como presunto dirigente de Los Colombianos y jefe de plaza del CJNG en Morelos. Fue detenido el 29 de abril de 2022 en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de Semar y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe investigar los señalamientos sobre la presunta operación de grupos criminales en la Central de Abasto y, en caso necesario, establecer mecanismos de coordinación con autoridades federales.

Así lo planteó Olivia Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, quien, en entrevista con el medio 24 Horas, consideró que el complejo requiere una estrategia de atención con capacidad de respuesta similar a la de una alcaldía.

La propuesta ocurre después de que ese medio publicara una investigación sobre la presunta presencia de organizaciones criminales dentro del complejo, con actividades relacionadas con extorsiones y venta de drogas. El diario señaló que tuvo acceso a un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, elaborado en julio de 2024, sobre detenciones y aseguramientos de integrantes de grupos delictivos en la Ciudad de México.

En entrevista con el medio, Garza sostuvo que las dimensiones de la Central de Abasto y la cantidad de personas que diariamente trabajan, compran y transitan por sus instalaciones obligan a considerar el lugar como una ciudad dentro de la capital. Por ello, dijo, la respuesta de las autoridades no puede limitarse a desplegar policías, sino que debe incluir servicios públicos, infraestructura, movilidad y atención a las necesidades de comerciantes y trabajadores.

“La Central de Abasto es prácticamente una ciudad dentro de la ciudad. Por sus dimensiones y la cantidad de personas que diariamente trabajan, compran y transitan por sus instalaciones, requiere una estrategia de gobierno que no se limite a la vigilancia policial”, señaló la legisladora.

Los señalamientos sobre grupos criminales en la Central de Abasto

La investigación publicada por 24 Horas el 2 de noviembre refiere que, según el informe federal consultado por el diario, tres grupos criminales operarían en el mercado y estarían relacionados con la extorsión a locatarios y la venta de drogas en los pasillos.

El reportaje también recoge denuncias de bodegueros sobre el supuesto uso de tráileres que transportan frutas y legumbres para ocultar y trasladar drogas y armas. De acuerdo con los testimonios citados por el medio, algunos comerciantes habrían recibido presiones para participar en esas actividades mediante sus camiones y bodegas.

A esos señalamientos se suman datos que 24 Horas atribuyó a la Fiscalía capitalina sobre posibles actividades relacionadas con trata de personas dentro de las naves comerciales, así como la operación de una banda de origen colombiano que presuntamente obligaba a comerciantes a comprar boletos de rifas bajo amenazas.

El diario también reportó que, durante los cinco años previos a su publicación, no se habían realizado cateos policiales en las 300 hectáreas que comprende el mercado. La información forma parte de la investigación periodística y de los documentos y testimonios que el medio refiere.

Ante ese escenario, Garza pidió que la Fiscalía investigue las denuncias y determine si existen elementos para actuar contra las personas o grupos señalados. También planteó que las autoridades capitalinas mantengan presencia permanente y cuenten con capacidad para responder a los problemas que se registren en las instalaciones.

“No podemos permitir que un espacio tan importante para la economía de la ciudad se convierta en un lugar donde comerciantes y trabajadores tengan que desarrollar sus actividades bajo amenazas o con miedo”, afirmó.

La legisladora consideró que la seguridad tiene consecuencias directas para la actividad económica y el abastecimiento de alimentos de la capital. Por esa razón, sostuvo que la estrategia debe involucrar a distintas dependencias del gobierno local y no recaer únicamente en las corporaciones policiales.

Más de 4 mil 600 reportes ante el Consejo Ciudadano

La dimensión del reto también se refleja en los registros de atención ciudadana. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que, desde 2020, ha recibido 4 mil 607 reportes procedentes de la Central de Abasto y brindado acompañamiento para iniciar 481 carpetas de investigación.

En un comunicado publicado el 31 de agosto de 2026, el organismo señaló que el robo y la extorsión se encuentran entre las principales actividades delictivas reportadas. También informó que cuenta con un módulo de atención en el centro de distribución para ofrecer orientación y acompañamiento a quienes trabajan o transitan por el lugar.

Los registros corresponden a un periodo que comenzó en 2020 y no exclusivamente a la administración actual de la Central de Abasto. Tampoco equivalen, por sí mismos, a delitos acreditados ni permiten concluir que la incidencia haya aumentado durante una gestión determinada.

Uno de los casos que llegó a las autoridades fue el de un comerciante que denunció presuntas extorsiones bajo el nombre de “La Empresa”. En agosto de 2026, la Fiscalía capitalina obtuvo la vinculación a proceso de Ángel N., señalado por ese delito.

Cámaras, patrullas y recorridos de vigilancia

La Central de Abasto cuenta con infraestructura tecnológica y medidas de vigilancia que las autoridades han presentado como parte de su estrategia de seguridad. En enero de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la puesta en marcha del Centro de Comando y Control C2 de la Central de Abasto, equipado con 636 cámaras, 100 botones de auxilio y 96 altavoces.

En marzo de 2026, El Universal reportó la incorporación de 12 patrullas distribuidas en seis cuadrantes para reforzar la vigilancia dentro del complejo y en sus inmediaciones.

Pese a las medidas reportadas, comerciantes consultados por 24 Horas denunciaron falta de vigilancia a pie en pasillos, estacionamientos y la zona de subasta, principalmente durante la madrugada. Uno de ellos señaló que anteriormente observaba parejas de policías en rondines por las áreas que consideraba conflictivas, pero que ya no veía la misma presencia.

La Administración de la Central sostiene que hay operativos permanentes

La administración de la Central de Abasto también respondió a los señalamientos. En su derecho de réplica publicado el 4 de noviembre, la coordinadora general, Mónica Pacheco Skidmore, afirmó que existe un operativo permanente con participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Metropolitana, las fiscalías capitalina y federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pacheco Skidmore sostuvo que los registros de la administración no reportan extorsiones consumadas durante los dos años anteriores y que las tentativas reciben atención jurídica, con acompañamiento del Consejo Ciudadano y las autoridades capitalinas. También precisó que los 4 mil 607 reportes y las 481 carpetas corresponden a un acumulado desde 2020, no exclusivamente a su gestión, y que esas cifras no demuestran un aumento delictivo durante su administración.

Una estrategia que incluya servicios e infraestructura

Además de la investigación de los señalamientos sobre delincuencia organizada, Garza planteó que el gobierno capitalino atienda las condiciones cotidianas de quienes trabajan en la Central de Abasto. Entre los rubros que mencionó están la infraestructura, la movilidad, los servicios públicos, la protección de las mujeres y la atención a las infancias.

La legisladora, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local y exconcejala de Iztapalapa, consideró necesario fortalecer la coordinación entre las dependencias capitalinas para establecer acciones concretas, responsabilidades y resultados que puedan evaluarse.

Su planteamiento es que la atención del complejo no se reduzca a operativos aislados: por su dimensión y actividad económica, requiere una presencia institucional capaz de responder tanto a las denuncias de seguridad como a las necesidades de la comunidad que trabaja, compra y transita diariamente por sus instalaciones.

En México existen diversas organizaciones criminales, algunas más mediáticas que otras. Es común ver en los titulares de las noticias diarias nombres como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa, ya sea con la facción de Los Chapitos o de Los Mayos.

Sin embargo, hay otras organizaciones que, aunque no se mencionen tanto en los medios, son muy poderosas. Tal es el caso de la Nueva Familia Michoacana, una organización delictiva que en los últimos años ha conseguido posicionarse como el tercer cártel más poderoso del país, solo por detrás de los antes mencionados.

Así lo aseguró el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y doctor en políticas públicas por el CIDE, Víctor Manuel Sánchez Valdez, en una columna publicada el pasado mes de septiembre, titulada El silencioso ascenso de la Nueva Familia Michoacana.

En ella, el experto señala que mientras los gobiernos de Estados Unidos y México han puesto en la mira la desarticulación y captura de los líderes del CJNG y el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana ha sido golpeada muy poco y se está fortaleciendo.

Luego del CJNG y las dos facciones del Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana es la organización criminal que sigue en cobertura territorial, ingresos y poder, misma que ha crecido de manera constante en los últimos años, llegando a nuevos espacios e incursionando en nuevas vetas de negocio.

Y es que la Nueva Familia Michoacana tiene presencia en 206 municipios de 11 entidades federativas, con fuerte presencia en el centro-sur de México, siendo el cártel dominante en los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México, y teniendo fuerza relevante en la Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo.

En el Estado de México operan en 78 municipios; en Guerrero, en 40; en Michoacán, en 30; en Morelos, en 22; en Hidalgo, en 12; en la Ciudad de México, en 9; en Puebla, en 6; en Veracruz, en 3; en San Luis Potosí, en 3; en Tlaxcala, en 2, y en Querétaro opera en un municipio.

Sin embargo, esta organización criminal estuvo a punto de desaparecer a finales de 2010, cuando se escindió de ella el grupo que formaría a Los Caballeros Templarios, que los expulsó de Michoacán y que los llevó a asentar sus actividades en Guerrero y el Edomex.

Los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga se encuentran al frente de la Nueva Familia Michoacana, y bajo su liderazgo, la organización criminal fue expandiendo sus operaciones hasta convertirse en la tercera organización criminal más poderosa del país, algo que hizo con perfil bajo y sin llamar mucho la atención.

¿Por qué la Nueva Familia Michoacana ha crecido tanto?

Víctor Sánchez, en su columna, explica que hay cuatro factores que explican el crecimiento de esta organización delictiva.

El primero de ellos es una política pragmática de alianzas, pues en ocasiones ha sido aliada y enemiga del CJNG, del Cártel de Sinaloa, de Guerreros Unidos y de Cárteles Unidos, de acuerdo con lo que le convenga en cada momento.

El segundo es que ha sabido aprovechar los vacíos de poder generados por sus competidores, por ejemplo, cuando los Caballeros Templarios en Michoacán, o Los Rojos y los Guerreros Unidos en Guerrero fueron perdiendo fuerza, la Nueva Familia Michoacana se expandió a los territorios de esas organizaciones.

El tercero es su sofisticado sistema de control territorial, en donde coopta gobiernos municipales, pone a funcionarios, controla las policías, roba dinero de obra pública, pero lo más importante es que eso le permite extorsionar a todos los comerciantes y productores de la zona, así como monopolizar el flujo de productos.

El cuarto y último es que ha sabido adaptarse a las demandas de los mercados ilegales, teniendo una participación importante en el robo de combustible (huachicol), en la producción y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, en la extorsión de empresas mineras y ganaderas, así como el tráfico de armas.

De esta manera, la Nueva Familia Michoacana ha logrado tener una presencia importante en el mundo criminal, hasta llegar a ser la tercer organización criminal más poderosa del país.

La intervención ocurrió durante las celebraciones del Día de Muertos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y serán trasladados al penal de El Amate, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El grupo viajaba en dos camionetas Ford Lobo que contaban con reporte de robo. Una de ellas fue hurtada en febrero de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; la segunda fue reportada como robada en mayo de 2026 en Palmar de Bravo, Puebla.

Las investigaciones iniciales señalan que los seis hombres presuntamente formaban parte de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa. La autoridad estatal no dio a conocer la identidad de los detenidos ni precisó desde cuándo operaban en la capital chiapaneca.

Diez armas, 895 cartuchos y equipo táctico fueron asegurados

Durante el operativo, agentes ministeriales decomisaron 10 armas de fuego: cinco armas largas y cinco cortas. También aseguraron 36 cargadores y 895 cartuchos, además de seis chalecos balísticos y cuatro cascos de protección.

Entre los objetos localizados había insignias de corporaciones de seguridad y justicia. Ese material forma parte de la carpeta de investigación abierta contra los detenidos, quienes enfrentan acusaciones por presuntamente utilizar identificaciones o distintivos para hacerse pasar por servidores públicos.

Los seis hombres serán judicializados por los delitos de usurpación de funciones públicas, robo de vehículos y narcomenudeo. La Fiscalía General del Estado también dará vista a la Fiscalía General de la República para que determine si existen delitos federales relacionados con las armas y los cartuchos incautados.

Las grabaciones difundidas tras la detención muestran a los sospechosos rodeados por agentes durante la revisión de las camionetas. En las imágenes se observan vehículos oficiales, armas aseguradas y a los detenidos bajo custodia.

El despliegue se realizó en Tuxtla Gutiérrez, donde autoridades de seguridad mantienen operativos para localizar vehículos robados, armamento ilegal y grupos relacionados con actividades delictivas en la zona metropolitana.

El grupo sinaloense ha mantenido operaciones en Chiapas

El Cártel de Sinaloa ha mantenido presencia en Chiapas mediante células relacionadas con el tráfico de drogas, el control de rutas y actividades financieras ilícitas. La ubicación fronteriza del estado lo convierte en una zona utilizada por organizaciones criminales para trasladar mercancías hacia otras regiones del país.

La entidad también ha registrado disputas entre grupos delictivos por el control de carreteras y municipios cercanos a la frontera con Guatemala. Estas pugnas han derivado en hechos violentos y en operativos conjuntos de autoridades estatales y federales.

En septiembre de 2026, horas antes de una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas, se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Cintalapa. En ese hecho participaron presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y del llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

Entre los nombres relacionados con operaciones de la organización sinaloense en la entidad figura Jesús Esteban, conocido como “El Güero Pulseras”. Fue detenido en noviembre de 2024 y señalado como presunto líder de una célula criminal que operaba en Chiapas.

Durante aquella captura se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, marihuana y vehículos con blindaje. Las autoridades investigaban su posible participación en actividades de tráfico de drogas y en hechos de violencia registrados en el estado.

En octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre acciones coordinadas en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga, tras episodios violentos ocurridos en carreteras chiapanecas. En esos operativos fueron detenidas tres personas y se aseguraron armas, vehículos, ponchallantas y narcóticos.

Chiapas reporta una reducción de 19% en delitos

La detención de los seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa ocurrió mientras la Fiscalía estatal reportó una disminución en la incidencia delictiva de Chiapas. Entre enero y octubre de 2026, los delitos en general bajaron 19% frente al mismo periodo de 2025.

En el mismo lapso, los delitos de alto impacto tuvieron una reducción de 26% respecto de 2025 y de 56% en comparación con 2024, de acuerdo con el balance presentado por Llaven Abarca.

En Tuxtla Gutiérrez, las carpetas de investigación disminuyeron 13%. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 2 mil 362 expedientes, mientras que durante el mismo periodo de 2026 la cifra fue de 2 mil 63.

Los delitos de alto impacto en la capital chiapaneca pasaron de 238 carpetas en 2025 a 169 durante 2026, una baja de 29%. En delitos sexuales, las investigaciones descendieron de 182 a 147, lo que representa una reducción de 19% respecto al año anterior.

Un macro-operativo ejecutado en estricto sigilo durante el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum logró tomar el control definitivo de diversos Centros Penitenciarios Federales, resultando en la extracción y expulsión de 92 objetivos prioritarios del crimen organizado. Esta intervención, calificada como una de las más grandes y complejas en la historia reciente del país, puso fin a décadas de impunidad donde líderes criminales operaban desde sus celdas protegidos por redes de corrupción estructurales.

La revelación de este histórico movimiento fue realizada este 4 de noviembre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en el marco de la ceremonia de entrega de Reconocimientos a Agentes de Investigación de la dependencia. Durante su mensaje institucional, el funcionario federal destacó que este logro monumental pasó prácticamente desapercibido en el radar mediático debido al éxito de su ejecución táctica, la cual se distinguió por una total ausencia de filtraciones.

“Un ejemplo también de valentía, que casi nunca se les reconoce son los compañeros y compañeras del Sistema Penitenciario que hicieron un operativo enorme, en el primer año del sexenio de esta administración, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde lograron controlar, con ayuda de ustedes por supuesto, Centros Penitenciarios Federales y lograr expulsar a 92 objetivos prioritarios, muchos de ellos que llevaban hasta 40 años sin lograr ser extraditados, u otros tres o cuatro sexenios, sin lograr ser extraditados, sólo por una cosa, por corrupción”, señaló Harfuch.

El operativo representó un esfuerzo de coordinación sin precedentes, diseñado para neutralizar a criminales de alto perfil que, en algunos casos, acumulaban hasta cuarenta años evadiendo procesos de extradición. Estos individuos habían logrado sortear las acciones de la justicia durante tres o cuatro sexenios consecutivos, valiéndose de sobornos, amenazas y el control fáctico que ejercían sobre los penales de máxima seguridad.

El desmantelamiento de un sistema de complicidades

De acuerdo con el titular de la SSPC, la permanencia inamovible de estos 92 objetivos en los penales mexicanos se debía a un solo factor: la corrupción. Durante décadas, las estructuras penitenciarias habían sido vulneradas, permitiendo a estos líderes mantener operaciones, retrasar indefinidamente sus traslados internacionales y someter a las autoridades carcelarias locales.

Para revertir esta situación, el Gobierno de México orquestó un despliegue masivo en el que intervinieron exclusivamente fuerzas federales mexicanas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina) brindaron un respaldo operativo y perimetral contundente, mientras que la SSPC y las autoridades del Sistema Penitenciario Federal ejecutaron la extracción directa en los pabellones.

García Harfuch hizo especial énfasis en la valentía demostrada por las y los trabajadores del Sistema Penitenciario, quienes enfrentaron riesgos inmensos al organizar y participar en este operativo de despresurización. El funcionario reconoció públicamente el esfuerzo y el liderazgo de elementos clave dentro del sistema, subrayando que estos servidores públicos vivían bajo amenazas constantes de muerte a escasos centímetros de los reclusos que finalmente lograron someter y expulsar.

Hermetismo táctico y control institucional

Uno de los aspectos más relevantes destacados en el informe oficial fue el nivel de secrecía con el que se manejó la operación. En un país donde las filtraciones de información han frustrado históricamente capturas y traslados de capos del narcotráfico, el éxito de la movilización de 92 objetivos simultáneos o consecutivos sin que existiera una sola fuga de datos marca un parteaguas en los protocolos de inteligencia del Estado mexicano.

Este hermetismo es el resultado directo de la nueva dinámica de trabajo impuesta desde el Ejecutivo. La actual estrategia de seguridad, delineada y supervisada diariamente por la Presidenta de la República, ha priorizado la inteligencia y la investigación como ejes centrales para desarticular las capacidades logísticas de los grupos delincuenciales. Al centralizar las directrices y exigir resultados mediante reuniones diarias a las seis de la mañana, el gobierno federal ha logrado cerrar las brechas de comunicación que antes permitían a los criminales anticiparse a los operativos.

La extracción de estos casi cien líderes criminales de las prisiones federales no solo facilita el cumplimiento de tratados internacionales en materia de extradición, sino que corta de tajo las líneas de mando que estos individuos mantenían con sus estructuras en el exterior. Con esta acción, las autoridades aseguran haber dado un golpe definitivo a la gobernabilidad criminal que durante décadas asfixió a las instituciones penitenciarias, devolviendo el control absoluto al Estado y sentando un precedente de que no existen perfiles intocables dentro de los muros carcelarios del país.

De los videos de comedia y los podcasts a enfrentar un proceso penal en Sonora. El Doble Carne, El Pelón Bajavión y El Azlán, tres creadores de contenido que ganaron popularidad en redes sociales, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de apología de un delito y de un vicio, luego de aparecer en una grabación en la que presuntamente promovían el consumo de marihuana y productos derivados del cannabis.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 3 de noviembre que obtuvo la vinculación a proceso de los tres influencers en Hermosillo, después de que el Ministerio Público presentara más de 15 datos de prueba durante la audiencia inicial.

Los imputados fueron identificados como Azlán “N”, de 20 años, conocido como El Azlán; Julián “N”, de 29 años, apodado El Pelón Bajavión, y Eduardo Antonio “N”, de 22 años, quien utiliza el sobrenombre de El Doble Carne.

Antes de enfrentar las acusaciones, los tres mantenían presencia en plataformas digitales con contenidos de entretenimiento, humor, tatuajes y estilo de vida callejero. Sus actividades en redes sociales los llevaron a reunir seguidores, aunque ahora sus nombres están relacionados con una investigación por la presunta promoción de sustancias derivadas del cannabis.

¿Quiénes son El Doble Carne, El Pelón Bajavión y El Azlán?

Uno de los creadores de contenido que más reconocimiento consiguió por sus videos de comedia es Eduardo Antonio Villalobos, conocido como El Doble Carne.

El joven, de 22 años, se hizo popular por sus publicaciones caracterizadas por el humor de doble sentido, los sketches y situaciones cómicas que compartía en redes sociales.

Antes de consolidar su presencia como influencer, formó parte del canal de entretenimiento Los Kakamas Show, donde colaboraba con Ever Corona. Su sobrenombre surgió como una forma de distinguirlo entre sus amigos, quienes buscaban un apodo original y con referencias al humor mexicano.

Por su parte, Julián “N”, alias El Pelón Bajavión, de 29 años, consiguió reconocimiento en el ámbito local mediante diferentes actividades relacionadas con el entretenimiento.

Entre ellas destaca su participación en podcasts, como Sin pelos en la lengua, además de la publicación de videos de comedia y colaboraciones en eventos de boxeo amateur. También realizaba promociones de marcas locales, una actividad que formaba parte de su presencia en redes sociales.

El tercer imputado es Azlán “N”, conocido como El Azlán, de 20 años, quien se desempeñaba como creador de contenido, tatuador y tiktoker.

A diferencia de sus compañeros, sus publicaciones estaban enfocadas principalmente en mostrar aspectos de la vida callejera. De acuerdo con la información difundida, también utilizaba TikTok para promocionar, regalar y vender productos que presuntamente contenían sustancias ilícitas y que eran identificados con una marca comercial.

El video que originó la investigación de la Fiscalía de Sonora

Las indagatorias contra los tres influencers comenzaron a partir de un video difundido públicamente el 29 de agosto de 2026 en Facebook, en el que aparecían mostrando y compartiendo diferentes productos relacionados con el cannabis.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en la grabación los jóvenes realizaron expresiones de aprobación y promoción del consumo de sustancias derivadas de la marihuana, mientras exhibían artículos identificados con una marca comercial.

Entre los productos que aparecen en el material investigado se encuentran cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preenrollados con marihuana.

La autoridad ministerial consideró que tanto los comentarios realizados por los creadores de contenido como la exhibición y entrega de los productos frente a las cámaras podrían constituir actos de exaltación y promoción pública de conductas relacionadas con narcóticos.

Otro de los elementos considerados por la Fiscalía fue el alcance que podía tener la publicación, debido a que su difusión en plataformas digitales permitía que llegara a un número indeterminado de usuarios, incluidos menores de edad.

¿Qué medidas deberán cumplir los tres influencers?

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó más de 15 datos de prueba para respaldar la imputación y solicitar que los tres creadores de contenido fueran vinculados a proceso.

Después de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos señalados.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial estableció que los tres deberán presentarse semanalmente ante el juzgado y entregar una garantía económica individual.

También se les prohibió salir del estado de Sonora sin autorización judicial y se ordenó suspender temporalmente las actividades relacionadas con la promoción de la marca comercial que aparece en el video investigado.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni significa que los imputados hayan sido declarados culpables. Las investigaciones continuarán mientras se determina su probable responsabilidad en los hechos.

La FGJES señaló que dará seguimiento a las indagatorias relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales, con el objetivo de proteger particularmente a niñas, niños y adolescentes.

Durante las primeras horas de este miércoles, Everardo “N”, alias “El Pariente”, murió durante un enfrentamiento armado con agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el poblado Héroes de la Independencia, en Ensenada, Baja California, informó la dependencia.

El intercambio de disparos se suscitó cuando los uniformados realizaban un operativo de seguridad en la zona, ubicada entre Ojos Negros y Valle de la Trinidad, y el hombre abrió fuego contra ellos.

Los elementos estatales repelieron la agresión, en la que dos agentes resultaron lesionados. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) apoyó en el traslado de los policías heridos, quienes fueron reportados fuera de peligro, según la información preliminar difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Una disputa criminal por las rutas de trasiego en la zona rural de Ensenada

Héroes de la Independencia no es un poblado ajeno a los antecedentes de violencia de Valle de la Trinidad. La localidad, también conocida como Llano Colorado, forma parte de esa delegación municipal, junto con Lázaro Cárdenas y el ejido Francisco R. Serrano, conocido como Valle San Matías. Por ello, los enfrentamientos y operativos registrados en esos puntos permiten dimensionar el contexto de seguridad de la zona donde ocurrió la agresión contra los agentes estatales.

La disputa criminal tiene como uno de sus principales motivos el control de las rutas para el traslado de drogas hacia el norte de Baja California. En una entrevista con Infobae México publicada en septiembre, el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Laureano Carrillo Rodríguez, identificó a Los Chapitos como la facción con mayor control territorial en Ensenada y señaló que el grupo conocido como Los Rusos buscaba ingresar por Valle de la Trinidad, debido a la importancia estratégica de esa vía.

El funcionario también reconoció una disputa entre una facción de Los Mayos y otra de Los Chapitos. Explicó que el corredor tiene valor para el traslado hacia el norte de cocaína procedente de Baja California Sur, que llega a la entidad por ferri y embarcaciones menores. Estas declaraciones ofrecen un panorama de los grupos que buscan mantener o ampliar su presencia en el municipio, aunque no permiten atribuir automáticamente cada hecho violento de la región a alguna de esas organizaciones.

Enfrentamientos, homicidios y operativos durante 2026

Uno de los episodios más violentos ocurrió la noche del 25 de febrero, cuando dos células delictivas rivales se encontraron en un camino vecinal entre Valle de la Trinidad y San Matías. El intercambio de disparos dejó a un residente herido en un pie por una bala perdida y daños en una vivienda y una unidad habitacional. Al día siguiente, peritos de la Fiscalía General del Estado recuperaron alrededor de 900 casquillos percutidos, entre ellos al menos nueve de calibre .50.

Medios locales atribuyeron aquella confrontación a integrantes de Los Mayos y Los Chapitos. La versión coincide con la disputa territorial descrita meses después por el secretario de Seguridad estatal, pero las publicaciones sobre el enfrentamiento de febrero no identificaron oficialmente a todos sus participantes.

La violencia volvió a escalar el 28 de marzo, cuando cuatro hombres fueron asesinados en Valle de la Trinidad. Tras esos hechos, autoridades estatales detuvieron a tres personas que presuntamente estaban relacionadas con los homicidios y tenían armas de alto calibre. Carrillo Rodríguez explicó entonces que los ataques estaban relacionados con una pugna entre grupos delictivos por rutas estratégicas para el trasiego de drogas.

Como respuesta, el 2 de abril comenzó la denominada Operación Valle de la Trinidad, con la participación de 380 efectivos de distintas corporaciones, 70 vehículos, seis drones y un helicóptero civil de reserva. El despliegue reunió a elementos estatales, municipales y federales, además de personal de Defensa y Marina, con el objetivo de desarticular grupos criminales, detener a generadores de violencia y reforzar la vigilancia en la región.

Los hechos violentos no se limitaron a los primeros meses del año. El 26 de septiembre, un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de una habitación del Mini Motel Vista Bella, en la delegación Valle de la Trinidad. En el sitio se localizaron 52 casquillos percutidos, de acuerdo con el reporte de ZETA.

Días después, el 5 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció otro operativo en la delegación, encabezado por Carrillo Rodríguez. La dependencia informó que había recibido denuncias de residentes por actos delictivos y que sus trabajos de inteligencia permitieron ubicar movimientos de personas que se disputaban la presencia y operación criminal en el poblado.

También reportó que otros dispositivos realizados durante 2026 habían permitido desarticular células y asegurar armas y drogas, aunque no detalló el número de detenidos ni los grupos involucrados.

El 9 de octubre, además, un hombre identificado por medios locales como Armando Espinoza, alias “El Mapa”, fue localizado sin vida horas después de que se reportara su privación de la libertad por sujetos armados. El hallazgo ocurrió en la misma delegación, en un contexto de amenazas entre grupos delictivos que operan en el área, según la información publicada por medios locales.

Una región rural con problemas de vigilancia

La extensión territorial y la dispersión de las comunidades también forman parte del problema de seguridad. En febrero de 2024, el entonces presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Edgar Hernández González, advirtió sobre la incidencia de delitos en el corredor integrado por Ojos Negros, Valle de la Trinidad y Sierra de Juárez. Entre los ilícitos mencionó el trasiego y cultivo de drogas, abigeato, secuestros, homicidios y robo de vehículos.

El representante ciudadano señaló entonces que la vigilancia municipal permanente era limitada frente a la extensión de la zona, y describió caminos vecinales largos y de difícil acceso entre ranchos y comunidades. Aunque ese diagnóstico corresponde a 2024 y no debe presentarse como una medición actual de la capacidad policial, ayuda a explicar las dificultades para mantener presencia constante en los asentamientos rurales de Ensenada.

El enfrentamiento de este miércoles se suma así a una serie de episodios que durante 2026 han obligado a las autoridades a reforzar los despliegues en la delegación Valle de la Trinidad. La información disponible permite documentar una disputa por el control de rutas y presencia criminal en la región, así como la participación de facciones identificadas por el propio secretario de Seguridad estatal; sin embargo, hasta ahora no hay información oficial que vincule a “El Pariente” con alguno de esos grupos ni que establezca que el tiroteo de este miércoles fue parte de esa disputa.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que su gobierno concentra recursos en 50 municipios prioritarios, donde ocurre cerca de 30% de los homicidios del país. La estrategia, dijo, busca atender la violencia e inseguridad mediante acciones que mejoren las condiciones de vida, con Michoacán como uno de los territorios donde se aplican actividades adicionales.

La mandataria sostuvo que esos municipios fueron seleccionados al inicio de su administración por la concentración de asesinatos. Mencionó que el trabajo federal se replica con medidas semejantes a las presentadas para Michoacán y que se decidió sumar recursos para ese estado.

“En dónde estamos trabajando además de todo el Estado de Michoacán en todo el país pero desde que llegamos al gobierno definimos alrededor de 50 municipios prioritarios se concentran alrededor del 30 por ciento de homicidios del país Entonces decidimos trabajar ahí pues ahí se realiza actividades muy similares a las que estamos presentando en Michoacán pues decidimos todavía incorporar más recursos para poder generar mejores condiciones para la vida en Michoacán”.

La declaración coloca a Michoacán dentro de una política que, de acuerdo con Sheinbaum, no se limita a una entidad. El planteamiento parte de dirigir recursos y programas hacia las localidades con mayor concentración de homicidios, al tiempo que se revisa la evolución de otros delitos.

Sheinbaum distingue entre delitos reportados y percepción de inseguridad

Sheinbaum señaló que la percepción de inseguridad no se modifica al mismo ritmo que los registros de victimización. Como ejemplo, se refirió a Uruapan y a las mediciones de percepción de inseguridad urbana elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según explicó, esa encuesta incluye preguntas sobre la percepción de inseguridad y sobre si las personas han sido víctimas de un delito. En Uruapan, afirmó, hubo una reducción cercana a 60 por ciento en la victimización frente a un año antes, aunque la percepción permanece elevada.

“La percepción de inseguridad tiene sus particularidades, por ejemplo en Uruapan en no sé si es la última o la penúltima encuesta de percepción de inseguridad Urbana que realiza el Inegi que realiza dos tipos de preguntas. Una, la percepción de inseguridad y la otra si ha sido víctima de un delito. En esta última vimos que hubo una reducción de alrededor del 60% en la victimización hoy qué hace un año. Pero la percepción no necesariamente cambia al mismo ritmo de la reducción de los delitos.

“La percepción de inseguridad sigue siendo alta aún cuando si le preguntas a la persona en el último año ¿fuiste víctima de un delito? 60% de las personas no vivieron un delito en el último año, sin embargo en la percepción no se refleja la percepción va cambiando más lentamente que la reducción de los delitos”, dijo la mandataria.

La presidenta planteó que la baja de los delitos y la forma en que la población evalúa la seguridad son indicadores distintos. Su exposición vinculó la atención territorial con la necesidad de observar ambos datos al medir los resultados de las acciones gubernamentales.

La estrategia federal incluye Tijuana, Celaya, Culiacán y Ciudad Juárez

La lista de municipios prioritarios citada por Sheinbaum incluye Tijuana, Mazatlán, Celaya, Culiacán, Manzanillo, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Valle de Chalco, Irapuato, Acapulco, Chalco, Villahermosa, Mexicali, Playas de Rosarito y Salamanca.

También mencionó León (Guanajuato), San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, como parte de los puntos donde se desarrolla el modelo federal. La enumeración reúne municipios de distintas regiones del país y refleja el criterio anunciado por la Presidencia: concentrar la intervención donde se acumula una proporción de los homicidios nacionales.

Sheinbaum indicó que la revisión de los avances debe considerar los distintos delitos y el trabajo de todas las áreas involucradas. También anticipó que habría una evaluación para medir los resultados del modelo aplicado en los municipios prioritarios.

Asimismo Infobae México investigó y siete estados concentran el 50% de homicidios dolosos de enero a septiembre de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La lista la encabezan Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, que como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa, elemento de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron dos operativos en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, donde aseguraron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores, mil 681 cartuchos de diferentes calibres, marihuana, equipo táctico y de comunicación.

De acuerdo con la publicación, los aseguramientos representan una afectación económica de más de 6.1 millones de pesos para los grupos delictivos y permiten reducir su capacidad operativa.

“Mantenemos las acciones coordinadas en la entidad para retirar armamento de circulación, debilitar a las organizaciones criminales y avanzar en la pacificación de Sinaloa”, concluyó el comunicado.

En la publicación, las autoridades compartieron imágenes en las que se observan los vehículos decomisados, las armas y la droga que fue incautada.

En dos semanas, Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y el Cártel de Gusave

La Secretaría de Marina golpeó, en solo dos semanas, distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Por medio de un comunicado, se informó que entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

La Marina señaló que el seguimiento y análisis de inteligencia permitió identificar y ubicar a los objetivos para, posteriormente, orientar las operaciones de las instituciones de seguridad.

Golpes al CJNG en Jalisco, Colima y Oaxaca

El primer golpe ocurrió el 14 de octubre en Jalisco, con la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG.

Según las autoridades, este grupo mantiene influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por su relación con el Corredor Interoceánico, por lo que la captura de su presunto dirigente afectó uno de los niveles de mando de esa estructura.

Ocho días después, el 22 de octubre, elementos navales detuvieron en Colima a Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG.

La organización tendría presencia tanto en Colima como en Jalisco, por lo que su captura representó un golpe a las capacidades de coordinación de la célula en ambos estados.

La tercera acción relacionada con el CJNG ocurrió el 28 de octubre en Oaxaca, donde fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con ese grupo criminal.

Durante la misma operación fue detenida otra persona, aunque la información proporcionada por la Marina no especificó su identidad ni función dentro de la estructura.

También alcanzaron a Los Salazar y al Cártel de Guasave

En Sonora, el 23 de octubre, una operación tuvo como resultado la muerte de Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de Los Cazadores, grupo afín a Los Salazar.

La Marina informó que el individuo falleció durante una agresión armada contra personal naval. El caso representa un golpe a uno de los grupos que operan en el noroeste del país y que mantienen vínculos con Los Salazar.

Tres días después, el 26 de octubre, otra operación tuvo lugar en Sinaloa, donde fallecieron dos personas. Una de ellas fue identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave.

La segunda persona fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Con estas acciones, la Marina aseguró haber afectado diferentes niveles de las estructuras criminales, desde dirigentes regionales hasta operadores encargados de la coordinación y logística.

Los resultados abarcaron organizaciones y células con presencia en distintas zonas del país, desde el noroeste y occidente hasta el Istmo de Tehuantepec, una región considerada estratégica por su actividad económica y conectividad.

La dependencia sostuvo que el despliegue de Inteligencia Naval permitió convertir información obtenida durante labores de seguimiento en operaciones dirigidas contra objetivos prioritarios.

El impacto, según la Marina, consiste en limitar la capacidad de operación y coordinación de los grupos criminales, al afectar a personas señaladas como responsables de dirigir o articular sus actividades delictivas.

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Con droga, un arma y camioneta blindada caen dos hombres en Ecatepec

Dos hombres fueron detenidos en la colonia Industrial Tulpetlac, en Ecatepec, luego de que personal de Agrupamientos Especiales los interceptaran cuando viajaban a bordo de una camioneta GMC Yukon blindada.

Durante la revisión del vehículo, los agentes aseguraron un arma calibre .22 abastecida con 10 cartuchos útiles. También localizaron 15 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina y 20 bolsas con hierba con características de marihuana, además de una libreta con anotaciones y 24 mil 697 pesos en efectivo.

Los dos detenidos, cuyos rostros fueron cubiertos en las fotografías difundidas, quedaron a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados, que incluyeron el arma, la droga, el dinero y la camioneta blindada. La autoridad ministerial determinará en los próximos días su situación jurídica.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss impulsó, según un comunicado comunicado oficial compartido la noche de este 3 de noviembre por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, la coordinación entre corporaciones de seguridad para atender los delitos en las colonias del municipio.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y efectivos de Ecatepec.

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Tras renunciar en octubre, José Luis Álvarez Orozco vuelve a la Dirección Operativa de Seguridad de Toluca

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, designó a José Luis Álvarez Orozco como titular de la Dirección Operativa de Seguridad del municipio, cargo que ya había ocupado con anterioridad. La decisión, informada este 3 de noviembre de 2026, busca consolidar la estrategia de seguridad y fortalecer el trabajo policial en la capital mexiquense.

Álvarez Orozco había presentado su renuncia al cargo el pasado 16 de octubre por motivos personales. Una vez concluida esa etapa, el gobierno municipal formalizó su reincorporación y la nueva designación al frente del área operativa de la corporación.

Su experiencia previa y su conocimiento de la estructura policial, según información contenida en un comunicado del municipio de Toluca, permitirían dar continuidad a las labores de vigilancia, patrullaje preventivo y coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, con atención particular a la presencia territorial y la proximidad ciudadana.

Con este nombramiento, el gobierno municipal afirma que se fortalecerán los recorridos preventivos en colonias, barrios y delegaciones, así como la capacidad de respuesta ante los reportes de la población.

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La guerra interna del Cártel de Sinaloa no solamente ha provocado bajas entre los principales operadores de Los Chapitos y La Mayiza, también ha debilitado sus estructuras mediante la salida de células criminales que antes trabajaban para ellos y que ahora buscan nuevas alianzas o mayor autonomía.

La pérdida de estos grupos puede resultar más perjudicial para Los Chapitos que la captura o muerte de algunos de sus dirigentes, debido a que implica ceder territorios, sicarios, fuentes de ingresos y redes de operación, explicó Víctor Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especializado en el estudio del crimen organizado.

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José Alfonso García Garza, identificado como mexicano con residencia permanente en Estados Unidos fue detenido cuando viajaba en un camión que intentaba cruzar hacia México por Texas.

Durante la inspección, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron seis armas de fuego y más de mil cartuchos de munición ocultos en una maleta dentro del remolque de carga.

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La la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”, líder de Los Linos (que operan en Morelos), en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

El operativo se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en Morelos, bajo instrucciones de la presidenta y con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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El investigador de la Universidad de Guadalajara Jorge Ramírez vinculó el aumento de desapariciones de adolescentes en Jalisco y otros estados del Pacífico con un posible incremento del reclutamiento forzado por organizaciones criminales, informó el portal “A dónde van los desaparecidos”. Su análisis ubicó una concentración atípica de víctimas varones en el corredor que va de Michoacán a Baja California, una zona atravesada por la disputa armada entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Ramírez, doctor en Ciencias Sociales, describió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una empresa criminal que suministraba reclutas para ese conflicto. Según el gobierno federal, Los Chapitos contaban con apoyo del CJNG, mientras Los Mayos era la facción rival dentro del Cártel de Sinaloa.

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Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

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Nuevas revelaciones y detalles de la relación entre los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, se mostraron en el documental La caída de El Mayo así como su relación con sus hijos que heredaron las riendas del negocio criminal.

El periodista de investigación Jesús Esquivel describió en el documental de tres capítulos, disponible desde el pasado 29 de octubre de 2026 en Netflix, que Vicente Zambada Niebla (primogénito de El Mayo) saludó con la cabeza e hizo un gesto con la mano llevándose el puño al corazón cuando entró a declarar contra Joaquín “El Chapo” en su juicio de 2019 en Estados Unidos.

/mexico/2026/11/03/el-gesto-que-le-hizo-el-vicentillo-a-su-compadre-el-chapo-al-declarar-en-su-contra-en-eeuu-no-es-mi-enemigo/

La Secretaría de Marina (Semar) golpeó en dos semanas distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de Inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

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La defensa de los hermanos Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de caer en contradicciones al afirmar que no cuenta con datos suficientes para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por el caso de huachicol fiscal, esto pese a ser mencionado por un testigo protegido.

Luego de que la FGR reiteró en días pasados que no indaga al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ni a Adán Augusto López Hernández por este caso, así como de señalar que las personas que los mencionan solo son “testigos de oídas”, la defensa de los exmarinos acusó que las menciones también fueron expuestas por un representante del Ministerio Público durante una audiencia judicial.

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La Secretaría de Segguridad Pública (SSPC) de Ahome informó que el operativo de Día de Muertos y Halloween dejó 100 detenciones en Los Mochis y comunidades rurales, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol y alterar el orden público durante los festejos del pasado fin de semana.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública de Ahome, indicó este lunes 2 de noviembre de 2026 que los elementos mantuvieron recorridos de vigilancia en calles y plazas, además de instalar dos puntos de control para realizar pruebas de alcoholimetría.

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Al menos 236 integrantes de instituciones de seguridad pública han sido asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026. Cinco entidades concentran más de la mitad de las víctimas: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado hasta el 29 de octubre.

El recuento de la organización civil contabiliza 37 agentes asesinados en Jalisco, 31 en Michoacán, 25 en Sinaloa, 20 en Guanajuato y 18 en el Estado de México. En conjunto, los cinco estados suman 131 víctimas, equivalentes al 55.5% de los casos documentados en el país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum marcó este martes su postura frente a la decisión de Argentina de declarar organizaciones terroristas a cárteles mexicanos. Sostuvo que en México el fenómeno se denomina delincuencia organizada y que terrorismo “es otra cosa”. Advirtió además que esa etiqueta no puede convertirse en un pretexto de “invasión” o “injerencia” de ningún país.

Al ser cuestionada en conferencia sobre si la medida argentina va en línea con la política de Estados Unidos, la mandataria evitó calificar a otros gobiernos. Aclaró que su administración combate a estos grupos “todos los días” y trabaja por la seguridad y la paz del país.

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Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por su probable relación con el ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera, ocurrido la mañana del lunes 2 de noviembre.

Durante el operativo de búsqueda, elementos estatales y militares les aseguraron cinco armas de fuego, más de 600 cartuchos, presuntas drogas y dos vehículos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo.

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El pasado domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, Sharon Flores, conocida como La Pelos, recibió disparos junto a su hijo de tres años en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México (CDMX). La agresión ocurrió cuando la joven acompañaba a su hijo a pedir “calaverita”.

Se informó que la mujer y el menor murieron a causa de las heridas sufridas durante el ataque, ocurrido mientras ella viajaba en una motoneta junto a su hijo y una amiga.

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La Secretaría de Marina (Semar) ubicó a través de labores de inteligencia las rutas marítimas que utilizaban los miembros de “Los Pichilinguillos” para adquirir cocaína desde Sudamérica y Centroamérica y distribuirla desde Michoacán.

El pasado jueves 29 de octubre fueron detenidos tres presuntos líderes de este grupo criminal en un operativo realizado en el municipio de Coahuayana, en el que también participaron elementos de seguridad estatal y federales.

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Más de un año después del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN) en Celaya, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “N”, señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a otro agente muerto y a una oficial gravemente herida.

La nueva resolución judicial se conoció el 30 de octubre de 2026, cuando la FGR informó que un juez federal procesó al imputado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, en su modalidad de sorprender, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

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La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.

La declaración cobra especial peso ahora que Coronel confirmó que su libertad condicional en Estados Unidos ya terminó, un año antes de lo previsto, eliminando así el principal obstáculo que la propia defensa había señalado tiempo atrás para hacer esa gestión.

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La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.

Un año después, una grabación que ha sido revelada por Milenio ventila que esa noche hubo un segundo tirador que la versión oficial nunca mencionó.

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo que un juez dictara el auto de vinculación a proceso contra Raúl “N”, conocido como “Negro Pimentel” y señalado como operador del Cártel de Sinaloa bajo la célula de nombre “Los Panteras” por su probable participación en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

La decisión judicial se sustentó en los datos de prueba aportados por la Fiscalía tras la detención del imputado junto con un arsenal y cargamentos de droga.

De acuerdo con la investigación, en días pasados elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana aseguraron a Raúl “N” en la colonia Sánchez Taboada, en Maneadero, municipio de Ensenada.

El arsenal y la droga asegurados

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron tres armas cortas y dos armas largas. Junto con las armas, se encontraron 367 cartuchos de diferentes calibres y 18 cargadores.

También fueron asegurados un chaleco balístico con dos placas de protección y el vehículo en el que viajaba el detenido.

En cuanto a narcóticos, las autoridades localizaron 16 kilos con 252 gramos y ocho miligramos de marihuana. Además, se aseguraron 19 kilos con 847 gramos de metanfetamina.

A esto se sumaron dos kilos con 348 gramos y cuatro miligramos de heroína, con lo que el total de sustancias aseguradas superó los 38 kilos entre las tres drogas.

La audiencia inicial y los delitos imputados

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados durante la investigación.

Con base en dicha evidencia, el Ministerio Público buscó que Raúl “N” fuera vinculado a proceso por su probable participación en dos categorías de delitos. La primera corresponde a conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, derivadas del hallazgo de las armas cortas, largas, cartuchos y cargadores en su poder.

La segunda categoría se relaciona con delitos contra la salud, a partir de las cantidades de marihuana, metanfetamina y heroína localizadas en el vehículo que conducía el imputado.

La resolución del juez

El juez de control analizó los datos de prueba expuestos por el MPF y determinó procedente dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Raúl “N” por ambos tipos de delitos.

Como parte de la misma resolución, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Ensenada mientras avanza el procedimiento penal en su contra.

El juez fijó además un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Quién es “El Pantera” y la célula señalada en Ensenada

La información disponible vincula a Raúl “N”, el “Negro Pimentel”, con una célula señalada como parte del Cártel de Sinaloa, encabezada por Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias “El Pantera” o “El Polo”, operador identificado por corporaciones de seguridad en la zona sur de Ensenada.

Lizárraga Ochoa fue detenido el 11 de julio de 2026 en Torreón, Coahuila, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras asistía a un evento social. Junto a él fue capturado Antonio Cota Sillas, un policía municipal de Ensenada señalado como operador del mismo grupo, y una tercera persona.

De acuerdo con corporaciones de seguridad, “El Pantera” es considerado jefe de plaza en la zona costa de Ensenada, bajo las órdenes de los hermanos René Arzate García y Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”. Se le relaciona con delitos de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, homicidios y desapariciones en la región, además de una red de complicidad con policías municipales encargados de proteger negocios vinculados al grupo.

El “Negro Pimentel” estaría relacionado con esta célula, aunque no se ha establecido con precisión la función que habría desempeñado dentro de la organización ni acreditar judicialmente su pertenencia a ella.

La Fiscalía General del Estado detuvo a seis integrantes del Cártel de Sinaloa durante un operativo realizado en Tuxtla Gutiérrez en medio de las celebraciones del Día de Muertos. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que los detenidos serán trasladados en las próximas horas al penal de El Amate.

Los seis hombres, señalados de pertenecer a una célula del Cártel de Sinaloa, viajaban en dos camionetas con reporte de robo y portaban un arsenal compuesto por armas de fuego, chalecos y cascos balísticos, además de insignias de corporaciones de seguridad y justicia, según informó la Fiscalía.

Armas, vehículos robados y cargos contra los detenidos en Tuxtla

A los seis hombres les aseguraron 10 armas de fuego (cinco largas y cinco cortas), 36 cargadores y 895 cartuchos. También se les decomisaron seis chalecos balísticos, cuatro cascos balísticos y diversas insignias de corporaciones de seguridad y de justicia.

Los detenidos viajaban en dos camionetas Ford Lobo con reporte de robo. Una fue hurtada en febrero de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, y la otra, en mayo de 2026, en Palmar de Bravo, estado de Puebla.

Los indiciados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. Serán judicializados por los delitos de usurpación de funciones públicas, robo de vehículos y narcomenudeo, y se dará vista a la Fiscalía General de la República para que sean investigados por delitos del orden federal.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos pertenecerían a un grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa.

Presencia del Cártel de Sinaloa en Tuxtla Gutiérrez

El Cártel de Sinaloa mantiene presencia en Chiapas desde hace varios años, con células dedicadas al tráfico de drogas y con acceso a cruces fronterizos, corredores de droga y oportunidades de lavado de dinero, según el perfil de la organización elaborado por InsightCrime.

En septiembre de 2026, horas antes de una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Cintalapa entre presuntos grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y al llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

Entre los nombres vinculados a las operaciones del grupo sinaloense en la entidad figura Jesús Esteban “El Güero Pulseras”, detenido en noviembre de 2024 e identificado entonces como objetivo prioritario y líder de una célula en Chiapas. En ese operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, marihuana y vehículos con blindaje.

Un informe de la organización ACLED, citado por el pódcast de InsightCrime, señala que la violencia relacionada con pandillas en el estado disminuyó 51% entre julio de 2024 y marzo de 2025 respecto al periodo previo de ocho meses.

En octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad federal había informado sobre acciones coordinadas en Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga, tras hechos violentos registrados en carreteras de Chiapas, donde se detuvo a tres personas y se aseguraron armas, vehículos, ponchallantas y narcóticos.

Caída en la incidencia delictiva en Chiapas y Tuxtla Gutiérrez

Llaven Abarca presentó el balance de incidencia delictiva en Chiapas correspondiente a enero-octubre de 2026. Señaló una disminución del 19% en la incidencia delictiva general respecto al mismo periodo de 2025, además de una reducción del 26% en delitos de alto impacto frente a 2025 y del 56% en comparación con 2024.

En Tuxtla Gutiérrez, la caída fue del 13% en el mismo periodo, al pasar de dos mil 362 carpetas de investigación en 2025 a dos mil 63 en 2026.

En delitos de alto impacto, el municipio registró 169 carpetas en 2026 frente a 238 en 2025, una reducción del 29%. En delitos sexuales, las carpetas bajaron de 182 a 147, una disminución del 19% respecto al año anterior.

Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidió clemencia a la justicia de Estados Unidos mediante una carta personal dirigida al juez que debe dictar su sentencia. En el escrito, el acusado de 68 años admite sus errores y solicita que se considere su edad y su delicado estado de salud al momento de resolver su condena por narcotráfico.

La carta fue presentada como parte del memorando de sentencia que su defensa elevó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en el expediente 1:23CR00027-001 (BAH). La audiencia está programada para el 13 de noviembre.

La carta de clemencia al Tribunal

En el documento, Oseguera se dirige directamente al juez con un tono de disculpa. “Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, escribió.

El acusado, apela en la parte final de la carta directamente a su condición física y a su vínculo familiar. “Pronto cumpliré setenta años y padezco varias enfermedades crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia”, señaló.

“Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia. Si está dentro de la discreción del Tribunal, le pido que considere imponerme una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”, agregó Oseguera Cervantes.

El pedido de la defensa y el marco judicial

El abogado Frank A. Pérez, representante de Oseguera, presentó junto a la carta un memorando en el que solicita una pena de 240 meses (20 años) de prisión. El acusado enfrenta una pena mínima legal de 10 años por el Cargo 1 y una pena obligatoria consecutiva de cinco años por el Cargo 2, para un mínimo total de 15 años.

Aunque las directrices consultivas de sentencia contemplan cadena perpetua, el Gobierno estadounidense se comprometió en el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad a no solicitar una pena superior a 360 meses (30 años). La Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos (USPO) recomendó, por su parte, una pena total de 240 meses: 180 meses por el Cargo 1 y 60 meses por el Cargo 2.

La defensa no objetó el contenido fáctico del Informe Presentencial ni las directrices calculadas por la USPO, y coincidió con la recomendación de 20 años como la opción “suficiente, pero no mayor de lo necesario” para cumplir los objetivos de sentencia establecidos en la legislación estadounidense.

Salud deteriorada y esperanza de vida limitada

El memorando sostiene que la salud del acusado es un factor relevante para definir la condena. Según el escrito, casi no existe posibilidad de que Oseguera sobreviva una pena de 30 años, y resulta “muy cuestionable” que pueda completar incluso los 20 años recomendados por la Libertad Condicional.

Los detalles específicos de sus diagnósticos médicos fueron omitidos del documento público. La defensa indicó que las afecciones del acusado están relacionadas con la edad, son progresivas y se espera que su deterioro continúe con el tiempo.

El escrito argumenta que una pena que podría ser sobrevivible para un acusado más joven y saludable se experimenta de forma distinta en el caso de un hombre de 68 años con múltiples afecciones crónicas y menor resistencia física.

Condiciones de reclusión en aislamiento

Desde su llegada a Estados Unidos, Oseguera permanece bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) en la Cárcel de la Ciudad de Alexandria. Estas medidas lo mantienen en confinamiento solitario, con acceso considerablemente reducido a llamadas telefónicas, videollamadas, correspondencia escrita y visitas presenciales con su familia.

El memorando cita estudios especializados sobre los efectos del aislamiento prolongado. Según una de las fuentes referenciadas, el confinamiento solitario por más de 10 días puede causar depresión crónica y pensamientos suicidas. Otro estudio citado señala que el 50% de los suicidios de reclusos en Estados Unidos ocurre entre el 2% y el 8% de la población carcelaria que se encuentra en segregación solitaria.

La defensa remarcó que el acusado está sometido a este régimen no por ninguna conducta indebida bajo custodia, sino únicamente por los requisitos de las SAM.

Consecuencias de ser un extranjero deportable

Debido a una orden de retención migratoria, a Oseguera se le negará cualquier componente de liberación anticipada, asignación a una casa de transición, colocación en un campamento penitenciario o los programas positivos disponibles para internos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que son ciudadanos estadounidenses.

La defensa solicitó que, independientemente de la duración de la pena, el Tribunal recomiende la asignación del acusado a una instalación médica de la BOP, como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, donde sus necesidades de salud puedan ser atendidas.

Quién es Antonio Oseguera y su vínculo con “El Mencho”

Según el memorando, la participación de Antonio Oseguera en el narcotráfico fue “en gran medida circunstancial”, derivada de ser hermano de Nemesio Oseguera, fallecido este año en un enfrentamiento con autoridades mexicanas de seguridad. La defensa sostiene que, en términos prácticos, la conexión del acusado con la organización murió junto con su hermano.

Oseguera nació en 1958 en una aldea rural cerca de Aguililla, Michoacán. Llegó a Estados Unidos a los 16 años y trabajó durante dos décadas en restaurantes italianos del distrito North Beach de San Francisco, donde se casó y formó una familia.

En 1996 fue arrestado y condenado a 63 meses de prisión por una conspiración federal de distribución de heroína. Al cumplir su condena en 2001, fue deportado a México, donde perdió su residencia permanente legal, su matrimonio y la posibilidad de ver crecer a sus hijos.

Tras su regreso, sus hermanos menores, Juan y Nemesio, se establecieron en el narcotráfico mexicano. Con el tiempo, Antonio comenzó a recibir encargos relacionados con drogas por parte de su hermano Mencho y de los familiares políticos de este, conocidos como Los Cuinis.

Alex Fernando Izquierdo Bueno, alias El Mariachi o El Mexicano, un narcotraficante internacional de origen ecuatoriano, fue detenido el pasado lunes por la noche en Atizapán, Estado de México, cuando manejaba ebrio su automóvil y con las llantas ponchadas.

Así lo dio a conocer el periodista especializado en narcotráfico y nota roja Carlos C4 Jiménez, quien compartió una fotografía de Izquierdo Bueno detenido por policías de Atizapán.

Infobae México consultó la información con la Fiscalía del Estado de México (Edomex), quien conformó la detención del extranjero.

Ya había sido detenido en 2021

Cabe destacar que en enero de 2021, Izquierdo Bueno fue detenido por la Dijín de la Policía en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, en Antioquia. De acuerdo con la información difundida en ese momento, el sujeto, de acuerdo con su historial criminal, tenía nexos con cárteles criminales mexicanos, y creaba rutas estratégicas para el tráfico de sustancias estupefacientes entre México y Estados Unidos.

Con el apoyo de las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, se dio a conocer en esa ocasión, el hombre, que trabajaba en acciones criminales bajo la fachada de ser empresario de conciertos, cayó en manos de las autoridades cuando se disponía a circular por el departamento de Antoquia para lograr crear lazos criminales con el Clan del Golfo. Su objetivo era crear rutas para el tráfico de cocaína desde la costa caribe colombiana hacia México y Estados Unidos.

“Durante la investigación se logró determinar que este individuo, que funge como prestigioso empresario de conciertos de talla mundial, utilizaba como fachada eventos y espectáculos para llevar a cabo el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas que adquiría en laboratorios ubicados en el departamento de Nariño”, señaló en ese momento la Policía Nacional de Colombia, que también mencionó que Izquierdo tiene a su nombre una empresa en Ecuador bajo el concepto de “ferias y espectáculos de carácter recreativo, con juegos de azar y apuestas”

El Mariachi, como se conoce al individuo, estaba siendo solicitado mediante ficha roja de la Interpol, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, acusado de delitos como conspiración con fines de narcotráfico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y blanqueo de capitales.

Información otorgada por la Policía Nacional de Colombia en 2021, aseguraba que Izquierdo ya había recibido dos golpes de la justicia durante 2019. En enero, autoridades en Nueva York le incautaron cerca de un millón de dólares, que pretendía, supuestamente, enviar a Colombia y Ecuador dividido en cifras menores y a varias cuentas bancarias para evitar sospechas.

En febrero de ese mismo año, las autoridades estadounidenses en el estado de Ohio, le incautaron 40 kilogramos de cocaína, heroína y otro millón de dólares.

Investigaciones de autoridades colombianas, ecuatorianas y estadounidenses señalaron que el funcionamiento de la red de El Mariachi consistía en hacerse pasar como un empresario de talla mundial en el mundo del entretenimiento, compraba droga, en este caso, de Colombia, para luego llevarla a Ecuador y allí enviarla a países centroamericanos como Guatemala y Costa Rica. Luego, personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación las enviaban a Nueva York, Estados Unidos.

Tras la captura del capo ecuatoriano en 2021, la Policía Nacional colombiana dijo que “con esta gran Ofensiva contra el Narcotráfico en Colombia que busca debilitar la producción y tráfico de narcóticos, perseguir y capturar cabecillas, desarticular estructuras dedicadas al crimen organizado y efectuar la incautación de estupefacientes en todos los rincones del país”. Sin embargo, se desconoce la razón por la cual fue liberado y cómo fue que llegó a México, donde radicaba actualmente.

La crisis de desaparecidos en México es abismal, se estima la cruenta cifra de más de 130 mil personas, principalmente derivado de la lucha entre cárteles de droga. Uno de sus protagponistas, Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, dijo ante la periodista María Scherer Ibarra que conocía el dolor de las familias que extrañaban a hijos muertos o desaparecidos, reveló en el documental de Netflix La caída de El Mayo.

Durante un encuentro ocurrido dos semanas antes de su captura el 25 de julio de 2024. El cofundador del Cártel de Sinaloa habló de la ausencia de su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, pero evitó asumir responsabilidad por la violencia y las desapariciones en territorios donde operaba su organización.

El diálogo surgió cuando Zambada dijo que extrañaba “todos los días” a su hijo. Scherer Ibarra le respondió: “Como miles de familias extrañan a sus hijos, muertos y desaparecidos”. El narcotraficante contestó con una frase breve: “Conozco ese dolor”.

La conversación formó parte de los encuentros relatados por la periodista en crónicas publicadas en Proceso y retomadas por investigaciones documentales como La caída de El Mayo. En esos acercamientos, Zambada se mostró distante de los actos de crueldad atribuidos a nuevas generaciones de narcotraficantes, pese a que la guerra entre grupos criminales y las desapariciones forzadas marcaron las zonas de operación del Cártel de Sinaloa.

El acercamiento entre Scherer Ibarra y Zambada comenzó en diciembre de 2023 mediante la persona que facilitó la entrevista que Julio Scherer García realizó al narcotraficante en 2010. Aquella conversación, publicada entonces en el semanario, provocó amplia atención por las declaraciones del capo sobre su posible captura y la continuidad del narcotráfico.

Zambada recibió un libro de Julio Scherer García antes del encuentro

A través del intermediario, Zambada recibió un ejemplar de El poder: historias de familia, escrito por Julio Scherer García. María Scherer Ibarra recuperó el libro y se lo devolvió autografiado con una dedicatoria dirigida al jefe criminal: “Para Ismael Zambada, en memoria de su encuentro con mi padre, un hito del periodismo mexicano. María”.

En la entrevista de 2010, Zambada había dicho que podían atraparlo “en cualquier momento o nunca”. También sostuvo que su detención no modificaría el funcionamiento del narcotráfico.

Según el relato de Scherer Ibarra, Zambada y su padre tenían previsto reunirse por segunda ocasión para una entrevista formal. La periodista supo después que el narcotraficante quería conocerla por ser hija de Scherer García.

“Con toda franqueza, no me importó lo más mínimo. Ser hija de Julio Scherer me ha abierto y me ha cerrado puertas, lo mismo que al resto de mi familia. Con esa naturalidad he abrazado las oportunidades que me han ofrecido y también las que me han negado”, escribió Scherer Ibarra.

La comunicadora no volvió a tener noticias del acercamiento hasta principios de julio de 2024, cuando el intermediario concretó la reunión. El encuentro ocurrió dos semanas antes de que Zambada fuera llevado a Estados Unidos, según una carta difundida por su abogado, quien afirmó que el traslado ocurrió contra la voluntad de su cliente; otras versiones apuntaron a una entrega pactada.

La periodista describió a un Zambada de 74 años y con una lesión en la pierna

Scherer Ibarra describió a un Zambada distinto al hombre que su padre entrevistó más de 14 años antes. La reportera dijo que le sorprendió su delgadez, pues la fotografía más reciente que conocía era la tomada junto a Julio Scherer García, en la que aparecía un hombre corpulento y provocador.

El periodista había descrito a Zambada como un hombre recio, de más de 1.80 metros de estatura y “con un cuerpo como una fortaleza”. Durante el encuentro de 2024, el narcotraficante tenía 74 años y vestía pantalón, zapatos deportivos y una playera polo marca Boss.

La reunión incluyó un desayuno abundante, una conversación sobre la infancia del fundador del Cártel de Sinaloa y preguntas sobre su salud. Zambada preguntó a la periodista cómo lo veía, y ella le respondió que estaba muy delgado, aunque parecía encontrarse bien.

La reportera también le preguntó por una lesión en la pierna. Zambada le mostró la cicatriz de una operación posterior a dos fracturas de fémur; la última ocurrió después de una caída en enero de 2024.

Durante la charla, Zambada enseñó una pintura basada en la fotografía que lo mostraba junto a Julio Scherer García. Dijo que un amigo se la había regalado. También mostró un cuadro de Gandhi, a quien relacionó con su propia definición como pacifista: “Lo soy. Yo sólo me protejo”.

La guerra interna del Cártel de Sinaloa no solamente ha provocado bajas entre los principales operadores de Los Chapitos y La Mayiza, también ha debilitado sus estructuras mediante la salida de células criminales que antes trabajaban para ellos y que ahora buscan nuevas alianzas o mayor autonomía.

La pérdida de estos grupos puede resultar más perjudicial para Los Chapitos que la captura o muerte de algunos de sus dirigentes, debido a que implica ceder territorios, sicarios, fuentes de ingresos y redes de operación, explicó Víctor Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especializado en el estudio del crimen organizado.

En entrevista con Infobae México, el investigador señaló que las organizaciones criminales de gran tamaño funcionan mediante células regionales que controlan zonas de influencia y desarrollan sus propios negocios ilícitos. Por ello, cuando una de estas estructuras rompe relaciones con sus antiguos aliados, el daño alcanza a toda la organización.

“En el caso de las traiciones, pues prácticamente se te va todo un grupo en su conjunto, incluyendo evidentemente a los líderes”, explicó al comparar las deserciones con las detenciones o abatimientos de integrantes de alto nivel, quienes en ocasiones pueden ser sustituidos por otros operadores.

La advertencia ocurre en medio de las rupturas que han debilitado la presencia de Los Chapitos en distintas regiones, algunas de ellas protagonizadas por grupos que durante años mantuvieron vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La salida de Los Salazar, Paredes y Cazadores debilitó a Los Chapitos en Sonora

Sánchez Valdés identificó como una de las pérdidas más importantes para la facción encabezada por los hijos de El Chapo la ruptura de Los Salazar y la adhesión de Los Paredes y Los Cazadores a ese bloque, debido a la extensión territorial de estas organizaciones.

De acuerdo con el especialista, estas estructuras tenían presencia en prácticamente todo Sonora y parte de Chihuahua, por lo que su separación modificó el equilibrio criminal en esa región.

“El que se salieran los Salazar y se les unieran los Paredes y los Cazadores terminó prácticamente aniquilando la posición de Los Chapitos en Sonora”, sostuvo.

Aunque todavía permanecen algunas células vinculadas con esa facción, entre ellas Los Deltas y Los Matazetas, el investigador consideró que su presencia es mucho menor frente a la que tenían antes de las rupturas.

El especialista también mencionó el posible alejamiento de los Salgueiro Nevárez como otro golpe que podría afectar a Los Chapitos en Chihuahua. Sin embargo, aclaró que este movimiento todavía no está completamente confirmado.

Uno de los factores que habría provocado estas fracturas fue la disputa por las ganancias del tráfico de fentanilo. Según Sánchez Valdés, reportes de inteligencia estadounidenses señalan que una parte importante de los ingresos de Los Salazar, Los Paredes y Los Cazadores provenía de esa actividad.

El conflicto surgió cuando Los Chapitos buscaron centralizar el control de ese negocio, una decisión que habría generado inconformidad entre sus antiguos aliados.

La ruptura tuvo un componente histórico debido a la cercanía que Los Salazar mantenían con El Chapo Guzmán. El investigador recordó que esta familia llevaba más de dos décadas trabajando con el narcotraficante y que, junto con los Salgueiro, participó en la conformación de Gente Nueva, organización que disputó Ciudad Juárez para el fundador del Cártel de Sinaloa.

“Por esta diferencia del fentanilo rompieron esa relación de más de veinte años de colaboración”, explicó.

La Mayiza lleva ventaja, pero ninguna facción está ganando realmente la guerra

Aunque las deserciones representan un avance para La Mayiza, el especialista consideró que todavía es prematuro hablar de una victoria definitiva de esta facción sobre Los Chapitos.

Sánchez Valdés reconoció que el grupo encabezado por los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada ha conseguido avanzar territorialmente y, por esa razón, tiene una ligera ventaja en el conflicto que comenzó en septiembre de 2024.

Sin embargo, advirtió que el avance ha sido limitado frente a la magnitud de la confrontación y que ambos bandos han sufrido pérdidas importantes.

“Va ganando la Mayiza, sí, pero en realidad las dos facciones se han visto afectadas. Es decir, las dos facciones han perdido hombres, han perdido territorios, han perdido dinero en esta guerra”, señaló.

El investigador comparó la situación con la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que los avances territoriales de uno de los ejércitos no necesariamente representan una victoria definitiva, debido a que el conflicto puede prolongarse sin modificaciones sustanciales en el equilibrio de fuerzas.

A su juicio, el enfrentamiento entre las dos facciones sinaloenses se ha convertido en una disputa costosa que podría extenderse durante un periodo prolongado, mientras sus integrantes continúan perdiendo recursos y capacidad operativa.

El acercamiento con el CJNG podría convertirse en un riesgo para Los Chapitos

Otro de los factores que podría profundizar el debilitamiento de Los Chapitos es su acercamiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ha encontrado oportunidades de expansión en medio de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa.

Sánchez Valdés advirtió que permitir la entrada de integrantes del grupo que era encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” antes de su muerte el pasado mes de febrero, a territorios controlados por Los Chapitos representa un riesgo estratégico, pues no existe garantía de que sus aliados circunstanciales respeten los límites de influencia.

“Al darle entrada a los Chapitos, al Cártel Jalisco, a sus territorios, luego no pueden estar seguros de que el cártel no vaya a tomar esos territorios para sí”, explicó.

El especialista consideró que esta relación podría terminar perjudicando a los hijos de El Chapo, debido a que el CJNG tendría la posibilidad de aprovechar su presencia para quedarse con parte de los negocios y las zonas que originalmente pertenecían a esa facción.

A diferencia de Los Chapitos, La Mayiza mantiene disputas territoriales abiertas con el grupo jalisciense, por lo que, según el investigador, no enfrenta necesariamente el mismo riesgo derivado de permitirle operar en sus espacios de influencia.

CJNG y Nueva Familia Michoacana podrían aprovechar el desgaste

Mientras Los Chapitos y La Mayiza continúan enfrentándose, otras organizaciones criminales podrían aprovechar las pérdidas de ambas facciones para extender sus actividades en distintas regiones del país.

El investigador identificó al CJNG como el principal beneficiario potencial de esta confrontación, debido a su tamaño y a la cantidad de territorios en los que mantiene presencia o disputa espacios con el Cártel de Sinaloa.

Entre las entidades donde podría aprovechar el debilitamiento de sus rivales mencionó Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca.

La segunda organización que podría sacar ventaja es la Nueva Familia Michoacana, que, de acuerdo con el especialista, se encuentra en expansión y podría ocupar algunos espacios que eventualmente dejen las dos facciones sinaloenses.

Sánchez Valdés ubicó a esta organización como la cuarta más grande del país, detrás del CJNG y de las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

“El debilitamiento de la segunda y la tercera abre la posibilidad de que la cuarta crezca y en algún momento las sobrepase”, advirtió.

Respecto al futuro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, el investigador consideró que actualmente no existe un escenario claro en el que Los Chapitos desaparezcan como organización. No obstante, señaló que una eventual captura de alguno de los principales dirigentes podría provocar nuevas fracturas.

Explicó que tanto la estructura de los hijos de El Chapo como la de La Mayiza cuentan con células poderosas que podrían buscar su independencia si pierden a sus principales figuras de liderazgo.

Por ello, no descartó que el Cártel de Sinaloa termine fragmentándose en más organizaciones, en lugar de mantener únicamente las dos facciones que actualmente protagonizan la disputa.

“La estructura del Cártel de Sinaloa está tocada. Sí tienen células muy poderosas que podrían volverse independientes ante la caída de alguno de los líderes”, afirmó.

El especialista concluyó que el conflicto está lejos de terminar y que, por ahora, el escenario más probable es una guerra prolongada de desgaste, en la que las pérdidas de ambas facciones podrían modificar el mapa criminal del país.

La Secretaría de Segguridad Pública (SSPC) de Ahome informó que el operativo de Día de Muertos y Halloween dejó 100 detenciones en Los Mochis, Sinaloa, y comunidades rurales, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol y alterar el orden público durante los festejos del pasado fin de semana.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública de Ahome, indicó este lunes 2 de noviembre de 2026 que los elementos mantuvieron recorridos de vigilancia en calles y plazas, además de instalar dos puntos de control para realizar pruebas de alcoholimetría.

Del total de personas detenidas durante el operativo, 20 fueron aseguradas por manejar bajo los influjos del alcohol. Otras 66 fueron remitidas en Los Mochis por alterar el orden público y faltas diversas, mientras que 14 detenciones ocurrieron en la zona rural.

Rodríguez Ponce explicó que la vigilancia se concentró en los puntos con mayor afluencia durante Halloween. “Estuvimos trabajando en recorridos constantes por las diversas plazas, principalmente, el operativo de alcoholimetría con sus dos puntos de control. Los resultados del Día de Halloween fueron detenidas 66 personas por faltas diversas”.

Los reportes de disparos en Las Delicias fueron por un auto modificado

Durante la jornada de Halloween, el número de emergencias 911 recibió reportes sobre presuntos disparos de arma de fuego en el sector Las Delicias, en Los Mochis. La revisión permitió determinar que el ruido provenía de un vehículo con el motor modificado.

También se registró una concentración de automóviles con motores modificados en una plaza comercial de la ciudad. Los vehículos emitían ruidos que provocaron la movilización de elementos de Tránsito Municipal.

Los agentes solicitaron a los asistentes evitar conductas que alteraran el orden público. La intervención ocurrió ante la concentración de autos y el ruido generado por sus modificaciones mecánicas.

El despliegue de seguridad continuó durante las actividades del Día de Muertos. Los elementos de la corporación realizaron rondines de vigilancia afuera de los panteones para mantener presencia en las zonas con visitantes.

El operativo del Día de Muertos dejó 78 personas remitidas en Ahome

Durante el operativo del Día de Muertos fueron detenidas seis personas por conducir bajo los influjos del alcohol, quienes fueron trasladadas a Barandilla. En la zona urbana se remitió a 56 personas por faltas administrativas y otras 16 fueron detenidas en comunidades rurales.

Las detenciones de ambos operativos reflejaron la vigilancia desplegada por la corporación en Los Mochis y el resto del municipio. La autoridad mantuvo los recorridos en plazas, vialidades y zonas cercanas a los panteones.

En Mazatlán, el operativo de seguridad por Halloween dejó 25 personas detenidas y nueve vehículos asegurados, de acuerdo con Gabino Ulises Jacobo Guerrero, secretario de Seguridad Pública Municipal. Las remisiones estuvieron relacionadas con faltas administrativas, en particular conductas que alteraban el orden público o ponían en riesgo a otras personas.

Entre las incidencias reportadas en ese municipio hubo ocho personas detenidas por conducir de forma riesgosa, seis por alterar el orden público y seis más por circular en motocicleta sin la documentación correspondiente. El funcionario señaló que durante los recorridos también localizaron vehículos decorados con referencias a actividades delictivas.

Vehículos con referencias delictivas quedaron bajo resguardo de la autoridad

Jacobo Guerrero explicó que una persona habría portado un chaleco táctico como parte de su vestimenta durante los festejos. Las personas involucradas fueron remitidas a Barandilla por faltas administrativas y el juez cívico debía determinar las sanciones aplicables.

El secretario precisó que los automóviles no fueron enviados a la pensión municipal, sino que quedaron a disposición en las instalaciones correspondientes. “En los festejos de Halloween sí hubo detenidos por faltas administrativas. Únicamente algunos por hacer alusión al delito, vehículos que hacían alusión al delito únicamente. Creo que me reportaron ahí un detenido que traía un chaleco táctico”.

La callejoneada del domingo 1 de noviembre en Mazatlán no registró personas detenidas por alterar el orden público. La celebración tuvo una amplia afluencia de asistentes y transcurrió sin incidentes en materia de orden público.

En Sinaloa, hacer apología del delito o de la violencia —como utilizar decoraciones de Halloween que simulan escenas del crimen organizado, disfraces con chalecos tácticos o alusiones directas al narcotráfico no se castiga principalmente como un delito penal grave, sino como una falta administrativa bajo los Bandos de Policía y Buen Gobierno.

Honraron a compañeros caídos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, por el Día de Muertos, policías estatales recordaron y honraron a compañeros con altares y ofrendasEntre veladoras, flores y otros objetos que recuerdan a policías estatales que han partido, compañeros de la Policía Estatal Preventiva (PEP) conmemoraron su vida con un emotivo altar de muertos, el cual fue realizado con respeto y cariño.

Como parte de las actividades que preservan nuestras tradiciones mexicanas durante el Día de Muertos y honran la memoria de quienes ya partieron de esta vida, policías estatales hicieron un emotivo altar para recordar a los compañeros que se adelantaron en el camino.

La encargada de trabajo social de la PEP explicó que, con esta ofrenda decidieron venerar la memoria de quienes ya no están con nosotros, comentando que los elementos que participaron para hacer y colocar cada uno de los elementos y objetos del altar se mostraron motivados y entusiasmados al recordar las vivencias con sus compañeros. Para llevar a cabo este homenaje, se invitó a familiares para que formaran parte de esta muestra de cariño.

Al llegar las familias y observar el altar, los sentimientos estuvieron a flor de piel entre los asistentes, que no pudieron evitar brindar un abrazo, asimismo, hijos, esposas y padres agradecieron el trabajo y tiempo para realizar la ofrenda y sobre todo mantenerlos vivos en su memoria.

Nuevas revelaciones y detalles de la relación entre los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, se mostraron en el documental La caída de El Mayo así como su relación con sus hijos que heredaron las riendas del negocio criminal.

El periodista de investigación Jesús Esquivel describió en el documental de tres capítulos, disponible desde el pasado 29 de octubre de 2026 en Netflix, que Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentiilo” (primogénito de El Mayo), saludó con la cabeza e hizo un gesto con la mano llevándose el puño al corazón cuando entró a declarar contra Joaquín “El Chapo” en su juicio de 2019 en Estados Unidos.

El hijo de Ismael “El Mayo” Zambada sostuvo ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que “El Chapo” no era su enemigo y explicó que el acusado conocía su compromiso de colaborar con la Fiscalía.

El gesto ocurrió al término de la tercera y última jornada de declaración de Zambada Niebla, después de 14 horas de testimonio. El llamado “Vicentillo” hizo un leve movimiento de cabeza hacia Guzmán Loera y se llevó el puño al pecho; el acusado y quien décadas atrás fue el mejor amigo de su padrem, respondió al saludo desde su lugar en la sala.

Ambos mantenían una relación que iba más allá de los negocios atribuidos al Cártel de Sinaloa. Zambada Niebla se refería a Guzmán como “compadre” porque el narcotraficante era padrino de bautizo de su hijo menor, según explicó durante una de sus comparecencias.

La escena ocurrió cuando la defensa buscaba exhibir al testigo como un adversario de Guzmán. El abogado Eduardo Balarezo cuestionó que la información ofrecida por Zambada Niebla lo convirtiera en enemigo del acusado, pero el hijo de “El Mayo” rechazó esa caracterización.

Vicente Zambada aseguró que Guzmán sabía de su colaboración

“Mi compadre ‘El Chapo’ no es mi enemigo”, respondió Zambada Niebla al ser cuestionado por la defensa. Añadió que Guzmán sabía que declararía porque se había declarado culpable mientras el entonces líder criminal permanecía libre junto con Ismael Zambada.

El testigo insistió en que no anticipó que su compadre estaría en el banquillo cuando aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses. “No veo el futuro y no sabía que mi compadre ‘El Chapo’ estaría aquí. No es mi enemigo”, afirmó ante el tribunal.

Durante aquellas sesiones, la defensa de Guzmán sostuvo que el acusado era un chivo expiatorio y que el verdadero dirigente del grupo criminal era “El Mayo” Zambada, quien entonces permanecía en libertad. La estrategia buscaba presentar a “El Chapo” como una figura engrandecida por la leyenda, sin el poder que le atribuía la acusación.

La fiscal Amanda Liskamm confrontó a Zambada Niebla con esa versión y le preguntó si Guzmán era un narcotraficante real o un mito creado alrededor de un hombre que se ocultaba en la sierra. El hijo de “El Mayo” respondió que era “un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cártel como mi papá”.

La defensa cuestionó las llamadas entre padre e hijo

Balarezo también interrogó a Zambada Niebla sobre conversaciones telefónicas que sostuvo con su padre desde una prisión federal estadounidense. De acuerdo con el testigo, las llamadas ocurrieron a petición de la DEA, que supervisó los diálogos en los que pidió a Ismael Zambada que se entregara.

El abogado puso en duda que esos contactos fueran las únicas comunicaciones entre padre e hijo. Señaló que los representantes legales de Zambada Niebla también actuaban como mensajeros, pues se reunían con “El Mayo” en su escondite en la sierra de Sinaloa.

Para reforzar la hipótesis de que Ismael Zambada conservaba el mando, la defensa mostró fotografías y nombres de antiguos rivales o integrantes del grupo criminal. Varios de ellos estaban muertos o presos, y Balarezo resaltó el parecido físico entre padre e hijo para intentar generar dudas ante el jurado.

La fiscal respondió con preguntas sobre dos hermanos del testigo, Ismael y Serafín Zambada, así como sobre su tío Jesús “El Rey” Zambada. Los tres habían sido detenidos en México o Estados Unidos, de acuerdo con lo expuesto durante el proceso.

El Vicentillo pasó de integrante del cártel a testigo

Vicente Zambada Niebla formó parte del Cártel de Sinaloa entre 1997 y 2009. Durante ese periodo coordinó cargamentos procedentes de Centroamérica y Sudamérica, manejó redes de corrupción y reclutó personas para su padre, según relató en un diario al que tuvo acceso la periodista Anabel Hernández.

En marzo de 2009 viajó de Culiacán a la Ciudad de México para reunirse con agentes de la DEA. Buscaba proporcionar información sobre diversos grupos criminales a cambio de beneficios en Estados Unidos y de la posibilidad de convertirse en testigo protegido.

Autoridades mexicanas lo capturaron durante la madrugada dentro de un domicilio de Jardines del Pedregal. Permaneció amarrado de pies y manos y privado de la libertad durante varias horas antes de ser trasladado a prisión.

Después pasó un año en cárceles mexicanas, entre ellas el penal del Altiplano y el Cefereso número 3 de Matamoros. Más tarde fue enviado a Chicago, donde años después volvió a encontrarse con Guzmán Loera, esta vez frente a un tribunal estadounidense.

El testimonio incluyó fugas, asesinatos y contactos con la DEA

A lo largo de tres días de declaración, Zambada Niebla relató que Guzmán le contó cómo escapó de prisión dentro de un carro de lavandería. También afirmó que “El Chapo” y “El Mayo” ordenaban asesinatos contra rivales, además de describir operaciones del narcotráfico.

El testigo habló de los contactos que Guzmán mantuvo con la DEA mientras permanecía prófugo. Señaló que el acusado lo puso en comunicación con autoridades estadounidenses cuando pretendía abandonar el Cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán permaneció impasible durante la mayor parte de la audiencia, vestido con un traje gris oscuro, camisa azul y corbata en tonos similares. El proceso se desarrollaba en Brooklyn desde hacía más de dos meses cuando Zambada Niebla concluyó su declaración.

Zambada Niebla dijo que conoció a Guzmán a finales de los años ochenta o principios de los noventa, cuando tenía 15 o 16 años. El primer encuentro ocurrió en una casa de su padre, donde también estaban presentes integrantes de la seguridad de Ismael Zambada.

El mismo gesto para Julio Scherer

“El Mayo” Zambada hizo el mismo gesto cuando la hija del periodista Julio Scherer lo fue a entrevistar en Sinaloa al referirse a su padre.

“Cuando lo entrevisté se llevó el puño al pecho y me dijo ‘Su padre era’ (ademán con la mano) y se llevó la mano al pecho, yo lo interpreto como una señal de respeto, de verdad”, dijo la también periodista María Scherer.

El investigador de la Universidad de Guadalajara Jorge Ramírez vinculó el aumento de desapariciones de adolescentes en Jalisco y otros estados del Pacífico con un posible incremento del reclutamiento forzado por organizaciones criminales, informó el portal “A dónde van los desaparecidos”. Su análisis ubicó una concentración atípica de víctimas varones en el corredor que va de Michoacán a Baja California, una zona atravesada por la disputa armada entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Ramírez, doctor en Ciencias Sociales, describió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una empresa criminal que suministraba reclutas para ese conflicto. Según el gobierno federal, Los Chapitos contaban con apoyo del CJNG, mientras Los Mayos era la facción rival dentro del Cártel de Sinaloa.

El académico revisó fichas de desaparición de adolescentes publicadas en 2024 y 2025, las contrastó con información proporcionada por colectivos de búsqueda de Jalisco y las comparó con notas de prensa estatal y nacional. El resultado fue una concentración de casos en entidades del occidente y noroeste del país.

“El reclutamiento está mutando rápidamente”, observó Ramírez. “Se ha vuelto más intenso, indiscriminado, coercitivo, con adiestramientos más breves y en movilización permanente”.

Las desapariciones de adolescentes crecieron en Jalisco

El investigador sostuvo que la captación no involucraba únicamente al CJNG, sino también a grupos de otros estados aliados o socios que participaban de forma directa o indirecta en los enfrentamientos de Sinaloa. La necesidad de nuevos integrantes habría aumentado ante la confrontación entre cárteles.

El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, ocurrido en marzo de 2025, llevó a Ramírez a identificar rutas de traslado de jóvenes reclutados desde Jalisco. Las madres buscadoras señalaron que el sitio, atribuido al CJNG como campo de adiestramiento, también habría operado como centro de exterminio.

“Desaparecen en Jalisco, se les conduce a Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, para adiestramiento, reforzar posiciones o participar en confrontaciones abiertas”, explicó el especialista.

Víctor Manuel González Romero, exrector de la UDG entre 1995 y 2001 y autor del portal Desaparecidos en Jalisco, publicó que los registros estatales mostraron un alza de 140% en las desapariciones de adolescentes entre 2019 y 2026. La cifra pasó de 734 a 1,764 víctimas, de acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Las edades de 15 a 17 años concentraron más fichas de búsqueda

González Romero advirtió que las cédulas de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ubicaron a los adolescentes de 15, 16 y 17 años como los grupos con más desapariciones durante 2026. En promedio, se emitieron 1.2 fichas diarias por menores de edad.

El analista añadió que, hasta el 23 de octubre de 2026, el 46.4% de las fichas de mujeres desaparecidas correspondía a menores de edad. Entre los hombres, ese grupo representaba 14.4% de las cédulas publicadas.

La revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas también mostró un cambio en los grupos de edad con mayor número de reportes. Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, el segmento de 25 a 29 años concentró 14.7% de los casos; en el segundo año, el mayor porcentaje correspondió a personas de 15 a 19 años, con 16.2%.

Hasta el 30 de septiembre, el Registro Estatal contabilizaba 16,247 personas desaparecidas en Jalisco: 89% eran hombres y 11% mujeres. El registro nacional sumaba 130,729 víctimas al 27 de octubre, de las cuales 79% eran hombres y 21% mujeres.

La Cámara de Diputados aprobó penas de hasta 25 años por reclutamiento

El 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó incorporar el reclutamiento forzado a la Ley General de Trata de Personas. La reforma estableció penas de 10 a 20 años de prisión, que podrían aumentar a 25 años cuando existieran amenazas, intimidación, coacción, violencia o abuso de poder.

Ramírez consideró acertado que la norma se centrara en quien realizara acciones para incorporar a una persona a un grupo delictivo y no en quien aceptara incorporarse. También respaldó el incremento de sanciones cuando mediara violencia física, amenaza o coacción.

“Con esta distinción terminará por perder peso el falso dilema en torno a si el reclutamiento fue voluntario o forzado”, afirmó. Propuso valorar el uso de las expresiones “reclutamiento ilegal” o “reclutamiento ilícito”, como ocurre en Colombia, y destacó que la reforma también castigaría la utilización o invitación para realizar actividades delictivas.

Tejiendo Redes Infancia consideró limitada la modificación legislativa porque el delito quedó incluido en la Ley General de Trata de Personas y no como una figura autónoma dentro del Código Penal Federal. La organización señaló que la legislación no incidía en la investigación de redes criminales, su financiamiento ni la colusión institucional, además de que no garantizaba protección para las víctimas.

La UDG alertó sobre el alza desde mayo de 2025

El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UDG alertó en mayo de 2025 sobre el crecimiento de casos entre jóvenes de 15 a 19 años. El aviso ocurrió dos meses después del descubrimiento del Rancho Izaguirre y no provino del gobierno estatal.

El órgano consultivo calculó que el promedio mensual de desapariciones en ese grupo de edad fue de 9.8 en 2023 y de 11.8 en 2024. Entre enero y mayo de 2025, el promedio subió a 25.3 casos mensuales, más del doble del registrado el año previo.

Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora del comité universitario, dijo que colectivos como Luz de Esperanza y Guerreros Buscadores habían advertido sobre reclutamientos mediante falsas ofertas de empleo. De acuerdo con los testimonios, jóvenes recibían llamadas desde otros estados y eran citados en la Central Camionera de Tlaquepaque, donde sus familias les perdían el rastro.

Ramírez detectó además un subregistro sistemático de niñas, niños y adolescentes en reportes de algunas entidades durante 2024. Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Campeche informaron que al menos 50% de sus registros correspondían a ese grupo, mientras Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Guerrero no superaron 25%.

González Romero consideró grave esa diferencia y sostuvo que varios gobiernos estatales no informaban correctamente los casos. Añadió que el gobierno federal conocía esa omisión, pero no la cuestionaba porque un menor número de desapariciones favorecía su narrativa.

Said Emanuel tenía 16 años cuando fue asesinado durante un convivio en Zapopan, la madrugada del 15 de septiembre de 2026. Dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon; la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que no tenía ficha de búsqueda ni reporte de desaparición e investigaba si una organización criminal lo había reclutado de manera forzada.

La la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”, líder de Los Linos (que operan en Morelos), en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

El operativo se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en Morelos, bajo instrucciones de la presidenta y con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Lino N fue identificado como uno de los líderes de Los Linos y como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelos. La organización fue vinculada con extorsiones, homicidios y robo de vehículos, además de mantener presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

La detención dio continuidad a la operación realizada el 6 de mayo en Yautepec, donde fueron arrestados ocho integrantes de la misma agrupación. Entre ellos estaban los hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

Durante esa intervención, dos elementos de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada. Uno de ellos requirió ingresar de urgencia a quirófano, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

La operación sumó nueve detenidos de Los Linos

Con la captura de Lino N, el número de detenidos de esta organización ascendió a nueve personas. Las acciones fueron realizadas en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, como parte de las tareas para combatir la extorsión, los homicidios y a los grupos señalados como generadores de violencia.

La detención ocurrió en territorio mexiquense con apoyo de autoridades estatales. También se reconoció la colaboración del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, para concretar el arresto.

Las autoridades señalaron que la operación formó parte de los trabajos de seguridad desplegados en Morelos y de la estrategia nacional contra la extorsión. El caso quedó relacionado con las investigaciones sobre las actividades de Los Linos en los municipios donde la organización tenía presencia.

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a otros siete

El pasado 22 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de Los Linos detenidos tras un enfrentamiento armado con agentes federales en Yautepec, Morelos, una resolución que mantiene a los imputados en prisión preventiva oficiosa y abre un plazo de dos meses para profundizar la investigación sobre una célula señalada por autoridades federales por extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos.

En el operativo, ocurrido el 6 de mayo, fue detenido Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, líder de Los “Linos”, además fueron aseguradas cinco armas largas, cuatro cortas, 394 cartuchos de distintos calibres, cargadores, 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares y 10 chips de prepago, de acuerdo con la información del caso. El saldo del choque armado fue de dos agentes federales heridos y un civil muerto.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con residencia en Xochitepec. Con esa actuación obtuvo la vinculación a proceso, la medida cautelar de internamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social Atlacholoaya y el plazo para la investigación complementaria.

Los procesados son Rodolfo “N”, José “N”, Guillermo “N”, Leonel “N”, Carlos “N” y Erick “N”, imputados por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio. En el caso de Rubén “N” y Ángel “N”, la imputación es por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la misma modalidad.

La captura ocurrió después de una denuncia anónima y una persecución en Yautepec

La detención ocurrió a partir de una denuncia anónima y de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con participación de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con el gobierno de Morelos. Los elementos realizaban recorridos de prevención del delito en el municipio de Yautepec cuando ubicaron un campamento improvisado con civiles armados.

José Alfonso García Garza, identificado como mexicano con residencia permanente en Estados Unidos fue detenido cuando viajaba en un camión que intentaba cruzar hacia México por Texas.

Durante la inspección, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron seis armas de fuego y más de mil cartuchos de munición ocultos en una maleta dentro del remolque de carga.

La detención se llevó a cabo el domingo 1 de noviembre en el puente internacional de Roma, en el Valle del Río Grande. La denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas señala que el equipaje tenía una etiqueta marcada con el apodo “Poncho”, que se relacionó con el nombre del pasajero del camión.

Según el documento judicial, García Garza declaró durante un interrogatorio de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que recibió 900 dólares —alrededor de 17 mil pesos mexicanos— por transportar el armamento y las municiones hacia México. Esta declaración forma parte de los señalamientos de la Fiscalía y no constituye un hecho probado ante un tribunal.

El hallazgo incluyó un rifle, cinco pistolas y más de mil cartuchos. Las autoridades acusaron a García Garza de contrabando de mercancías desde Estados Unidos, delito que puede alcanzar una pena máxima de 10 años de prisión federal si es declarado culpable.

Las autoridades estadounidenses identificaron a García Garza como ciudadano mexicano con residencia permanente en Estados Unidos, condición que acredita mediante una tarjeta, popularmente conocida como ‘green card’.

El documento no establece quién le habría entregado el armamento, quién lo recibiría en México ni cuál era su destino final.

Tampoco se ha informado que las armas estuvieran vinculadas con alguna organización criminal. Por ahora, la acusación federal se refiere al presunto contrabando de mercancías.

García Garza permaneció bajo custodia después de su detención. La denuncia penal contiene las acusaciones de las autoridades, pero no representa una sentencia condenatoria. El mexicano se presume inocente mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

En Nuevo Laredo procesan a otro hombre por intentar ingresar armas desde EEUU

La Fiscalía General de la República (FGR) también investigó un intento de introducir armamento desde Estados Unidos por Tamaulipas. El 26 de octubre, autoridades detuvieron a un pasajero de autobús identificado como Jacinto “N” en el puente internacional Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo, después de localizar una pistola y 45 cartuchos dentro de su equipaje mediante una inspección con rayos X.

Cuatro días después, el 30 de octubre, la FGR informó que un juez de control vinculó a proceso al detenido por su probable responsabilidad en la introducción ilícita de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

La Fiscalía no precisó la nacionalidad de Jacinto “N”, el calibre del arma ni el origen de las municiones. Tampoco informó si el pasajero viajaba solo o quién era el propietario del equipaje, por lo que esos datos no permiten establecer si participaba en una operación de mayor alcance.

Aunque ambos episodios involucran armamento que se trasladaba hacia México, las circunstancias fueron distintas: en Tamaulipas, la pistola y los cartuchos viajaban en la maleta de un pasajero de autobús; en el caso de García Garza, las autoridades estadounidenses localizaron seis armas y más de mil cartuchos en el remolque de un camión comercial. En este último procedimiento, la denuncia federal también atribuye al acusado haber recibido 900 dólares por llevar la carga a territorio mexicano.

Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

De acuerdo con los registros de las cámaras, fue alrededor de las 15:00 horas del 28 de octubre cuando el activista llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico en la primera fracción de Yateklum, en el municipio de Chenalhó, e ingresó al establecimiento.

Poco después, un hombre a bordo de una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraba el defensor. Ese mismo sujeto se retiró hacia un punto cercano y regresó minutos después con un segundo hombre en la moto. Ese sujeto fue quien bajó del vehículo y atacó directamente a Pérez Pérez alrededor de las 15:20 horas.

Tras realizar la necropsia, las autoridades determinaron que el defensor recibió tres disparos y la causa de su muerte fue hemorragia cerebral secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Ambos atacantes huyeron en la misma motocicleta tras el ataque.

La Fiscalía no descarta más detenidos vinculados al homicidio

Llaven Abarca señaló que las indagatorias continúan abiertas para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen, al tiempo que evitó dar detalles sobre las líneas de investigación para no entorpecer el proceso.

“Seguimos todavía recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo para dar con quienes más hayan participado en este lamentable hecho”, dijo en una transmisión en vivo en redes sociales.

Desde 2023 contaba con protección tras amenazas y ataques: la ONU alertó por las agresiones

En febrero de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con otros relatores, envió al Gobierno de México una comunicación conjunta en la que alertó sobre amenazas y ataques contra Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos activistas tzotziles de Los Altos de Chiapas.

Dicho documento relató que ambos defensores sufrieron desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. Debido a esto, ambos habían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades, pero según los relatores no se actuó con la debida diligencia para investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En su respuesta, el Gobierno de México confirmó que ambos defensores fueron incorporados al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023; sin embargo, en una entrevista con Grupo Fórmula en octubre de 2024, Pérez Pérez reconoció que las medidas eran insuficientes: “A veces también la policía nos dicen que no tienen ni para gasolina para acompañarnos”, dijo.

José Vásquez Gutiérrez, compañero defensor de Pérez Pérez, señaló en entrevista con Aristegui Noticias que una semana antes del crimen ambos recibieron el aviso de que había espías vigilándolos y los iban a matar.

“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató al exterior de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió declaración el 29 de octubre.

Pérez Pérez es el tercer defensor indígena asesinado desde 2021. Antes fueron el catequista Simón Pedro Pérez López, en Simojovel, en julio de 2021; el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado el 11 de agosto de 2021; y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, en octubre de 2024, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En Chenalhó, desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó. Reynaldo Pérez y Vásquez acompañaban a esas familias desplazadas.

Además, Pérez Pérez colaboraba con la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz” y participaba como mediador en conflictos agrarios en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

La presidenta Claudia Sheinbaum marcó este martes su postura frente a la decisión de Argentina de declarar organizaciones terroristas a cárteles mexicanos. Sostuvo que en México el fenómeno se denomina delincuencia organizada y que terrorismo “es otra cosa”. Advirtió además que esa etiqueta no puede convertirse en un pretexto de “invasión” o “injerencia” de ningún país.

¿Qué respondió la presidenta?

Al ser cuestionada en conferencia sobre si la medida argentina va en línea con la política de Estados Unidos, la mandataria evitó calificar a otros gobiernos. Aclaró que su administración combate a estos grupos “todos los días” y trabaja por la seguridad y la paz del país.

Su principal preocupación fue el posible uso de la categoría de terrorismo como justificación externa. Por eso recordó la modificación al artículo 40 de la Constitución, que según dijo busca impedir que esa clasificación derive en intervención extranjera.

La decisión de Argentina

Según medios mexicanos, el gobierno de Javier Milei declaró el 22 de octubre de 2026 como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana. La medida también incluyó a las guerrillas colombianas FARC-EP y ELN, y a la organización ecuatoriana Los Tiguerones.

Argentina ya había dado un paso similar meses atrás. El 26 de marzo de 2026 declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. Con estas designaciones, los grupos se incorporan al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El antecedente: la designación de Estados Unidos

Varios medios ubican la decisión argentina en la estrategia iniciada por Washington. En febrero de 2025, Estados Unidos designó como terroristas al Cártel de Sinaloa, al CJNG, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noroeste, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. La lista incluyó también al Tren de Aragua y a la MS-13.

Otros países se han sumado:

• Canadá incorporó a los mismos grupos en su listado oficial.
• Costa Rica, bajo el gobierno de Laura Fernández, anunció en octubre de 2026 la clasificación de seis cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas.
• Argentina amplió su registro con los casos del CJNG, el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.

Algunos medios describen estos pasos como una “alineación” con Washington. Señalan que el gobierno mexicano ha mantenido una postura distinta y ha evitado clasificar a los cárteles como terroristas. Por su parte, Estados Unidos justificó su designación en que estos grupos representan un riesgo para su seguridad nacional, su política exterior y sus intereses económicos.

¿Qué establece la reforma al artículo 40?

La reforma constitucional en materia de soberanía fue impulsada por Sheinbaum tras la designación estadounidense. La Cámara de Diputados la aprobó con 417 votos a favor y 36 en contra. El Senado la había avalado antes con 107 votos a favor y 14 en contra.

El texto añadido al artículo 40 establece que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, intervenciones, intromisiones o actos desde el extranjero que lesionen la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

La reforma modificó además el artículo 19. Se incorporó el delito de terrorismo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También se prevé la pena más severa posible para quien participe en el tráfico ilícito de armas y para extranjeros que realicen actividades ilegales vinculadas con la injerencia.

Un debate que sigue abierto

En mayo de 2026, el Congreso dio otro paso en esta línea. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 41 para que las elecciones puedan anularse cuando se acrediten actos de injerencia extranjera que influyan en los resultados. La oposición cuestionó su redacción, mientras que Morena rechazó que pueda usarse para censurar medios o publicaciones.

Claves para entender el tema

• Postura oficial: México usa el término “delincuencia organizada” y rechaza el de “terrorismo”.
• Argumento central: la etiqueta no debe abrir la puerta a intervenciones externas.
• Contexto internacional: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Argentina han emitido designaciones sobre cárteles mexicanos.
• Marco legal: el artículo 40 constitucional prohíbe la injerencia extranjera desde 2025.

La Secretaría de Marina (Semar) golpeó en dos semanas distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de Inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

De acuerdo con la información proporcionada por la Marina, el seguimiento y análisis de inteligencia permitió identificar y ubicar a los objetivos para posteriormente orientar las operaciones de las instituciones de seguridad.

Golpes al CJNG en Jalisco, Colima y Oaxaca

El primer golpe ocurrió el 14 de octubre en Jalisco, con la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG.

Según las autoridades, este grupo mantiene influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por su relación con el Corredor Interoceánico, por lo que la captura de su presunto dirigente afectó uno de los niveles de mando de esa estructura.

Ocho días después, el 22 de octubre, elementos navales detuvieron en Colima a Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG.

La organización tendría presencia tanto en Colima como en Jalisco, por lo que su captura representó un golpe a las capacidades de coordinación de la célula en ambos estados.

La tercera acción relacionada con el CJNG ocurrió el 28 de octubre en Oaxaca, donde fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con ese grupo criminal.

Durante la misma operación fue detenida otra persona, aunque la información proporcionada por la Marina no especificó su identidad ni función dentro de la estructura.

También alcanzaron a Los Salazar y al Cártel de Guasave

En Sonora, el 23 de octubre, una operación tuvo como resultado la muerte de Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de Los Cazadores, grupo afín a Los Salazar.

La Marina informó que el individuo falleció durante una agresión armada contra personal naval. El caso representa un golpe a uno de los grupos que operan en el noroeste del país y que mantienen vínculos con Los Salazar.

Tres días después, el 26 de octubre, otra operación tuvo lugar en Sinaloa, donde fallecieron dos personas. Una de ellas fue identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave.

La segunda persona fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Con estas acciones, la Marina aseguró haber afectado diferentes niveles de las estructuras criminales, desde dirigentes regionales hasta operadores encargados de la coordinación y logística.

Los resultados abarcaron organizaciones y células con presencia en distintas zonas del país, desde el noroeste y occidente hasta el Istmo de Tehuantepec, una región considerada estratégica por su actividad económica y conectividad.

La dependencia sostuvo que el despliegue de Inteligencia Naval permitió convertir información obtenida durante labores de seguimiento en operaciones dirigidas contra objetivos prioritarios.

El impacto, según la Marina, consiste en limitar la capacidad de operación y coordinación de los grupos criminales, al afectar a personas señaladas como responsables de dirigir o articular sus actividades delictivas.

La defensa de los hermanos Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de caer en contradicciones al afirmar que no cuenta con datos suficientes para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por el caso de huachicol fiscal, esto pese a ser mencionado por un testigo protegido.

Luego de que la FGR reiteró en días pasados que no indaga al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ni a Adán Augusto López Hernández por este caso, así como de señalar que las personas que los mencionan solo son “testigos de oídas”, la defensa de los exmarinos acusó que las menciones también fueron expuestas por un representante del Ministerio Público durante una audiencia judicial.

Y es que, en semanas pasadas, durante una diligencia en contra de Fernando Farías Laguna, el Ministerio Público de la FGR, Adín Jacobo Castellanos Franco, expuso ante la jueza de control los dichos de uno de sus testigos protegidos en el caso, a quien se identificó como “JCSP”, y quien hizo una referencia a “Andy”.

De acuerdo con la defensa, esa mención corresponde a Andrés Manuel López Beltrán, a quien siempre se le ha apodado como “Andy”. En esa alusión se le vinculó con la descarga de combustible ilegal del buque TORM AGNES en Guaymas, Sonora, por lo que cuestionaron que los dichos del testigo sean suficientes para acusar a los exmarinos, pero no para indagar al hijo del expresidente.

“La FGR no puede exigir como si fueran inexistentes pruebas que ya obran en su poder y, al mismo tiempo, pretender utilizarlas cuando convienen a su teoría del caso. La pregunta es inevitable: ¿por qué esos mismos elementos sirven para sostener una acusación contra los marinos, pero parecen insuficientes cuando se trata de esclarecer la participación de otros actores o reconstruir la cadena completa de responsabilidades?“, refutó la defensa.

Con esto, señalaron que la FGR no podría “confundir” la insuficiencia de testimonios para acreditar una responsabilidad penal con la inexistencia de motivos para verificar una posible línea de investigación en el caso.

Ante la reiteración por parte de la FGR de no investigar a Andrés Manuel López Beltrán, la defensa cuestionó a la titular, Ernestina Godoy Ramos, si dichas referencias a “Andy” serán esclarecidas.

“Una cosa es que un señalamiento no esté aprobado y otra, muy distinta, que no merezca investigarse. Así que la pregunta para Ernestina Godoy es sencilla: ¿la Fiscalía va a esclarecer las referencias a ‘Andy’ que aparecen en los testimonios incorporados a sus propios expedientes, o va a dar el asunto por cerrado sin explicar qué verificó?”, sentenció.

“Los Primos”, la red de huachicol fiscal en el que se involucró la Marina

El caso se destapó tras el aseguramiento, en marzo de 2025, del buque tanque Challenge Procyon en la aduana del puerto de Altamira, Tamaulipas, tras detectar una operación de importación de combustible posiblemente irregular. La acción dejó un decomiso de millones de litros de hidrocarburo, armas, municiones, documentación de inmuebles, equipos de cómputo y vehículos.

Tras las investigaciones, la FGR identificó que este decomiso estaba relacionado con una red de tráfico de hidrocarburos denominada “Los Primos”, que se dedicaba a introducir combustible a través de puertos mexicanos con documentación que lo identificaba como aceites, aditivos u otros productos derivados del petróleo para evadir el pago de impuestos.

El caso también implicó a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), luego de que se dio a conocer que el contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció en junio de 2024 presuntas irregularidades y presiones en la operación de las aduanas para el ingreso de huachicol.

Luego de su asesinato, y de otras más que ocurrieron en medio del destape del caso, se anunció la captura en septiembre de 2025 del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como presunto líder de la red de huachicol fiscal, así como de otras 13 personas.

Por su parte, Fernando Farías Laguna fue arrestado en Argentina en el mes de abril de 2026, para luego ser trasladado a México en agosto para enfrentar acusaciones por este caso, al ser identificado también como presunto líder de la red.

Al menos 236 integrantes de instituciones de seguridad pública han sido asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026. Cinco entidades concentran más de la mitad de las víctimas: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado hasta el 29 de octubre.

El recuento de la organización civil contabiliza 37 agentes asesinados en Jalisco, 31 en Michoacán, 25 en Sinaloa, 20 en Guanajuato y 18 en el Estado de México. En conjunto, los cinco estados suman 131 víctimas, equivalentes al 55.5% de los casos documentados en el país.

La actualización incorporó cuatro asesinatos ocurridos entre el 23 y el 29 de octubre en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. Con estos casos, el acumulado nacional pasó de 232 a 236 agentes de seguridad asesinados.

La cifra incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y corporaciones federales. Por ello, el registro no se limita a los homicidios de policías preventivos, sino que reúne a personal de distintas instituciones que realizan labores de seguridad pública.

Jalisco encabeza la lista de agentes asesinados

Jalisco ocupa el primer lugar nacional con 37 integrantes de corporaciones de seguridad asesinados durante 2026. Michoacán aparece en segundo sitio, con 31 víctimas, mientras que Sinaloa acumula 25.

Guanajuato registra 20 homicidios y el Estado de México suma 18. La diferencia entre el primer y el quinto lugar es de 19 víctimas, mientras que Jalisco y Michoacán concentran juntos 68 asesinatos.

La distribución territorial muestra que los homicidios no se encuentran repartidos de manera uniforme entre las 32 entidades. Más de la mitad de los casos documentados por Causa en Común se concentra en cinco estados, aunque el registro también incluye víctimas en otras regiones del país.

Los datos deben leerse con una precisión: el número de agentes asesinados en cada entidad no permite establecer por sí mismo que todos los homicidios respondan a una misma causa o que estén relacionados con una organización criminal específica. Las circunstancias de cada agresión requieren investigaciones particulares.

Policías municipales y estatales concentran 171 víctimas

Las corporaciones municipales y estatales reúnen la mayor cantidad de víctimas dentro del registro de 2026.

De los 236 agentes asesinados, 93 pertenecían a policías municipales y 78 a corporaciones estatales. En conjunto, suman 171 homicidios, que representan aproximadamente el 72.5% del total nacional.

El resto de las víctimas se distribuye entre instituciones federales y las Fuerzas Armadas. Causa en Común documentó 45 integrantes de la Guardia Nacional asesinados, 12 elementos del Ejército, seis agentes de corporaciones federales vinculadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, así como dos integrantes de la Secretaría de Marina.

La diferencia entre los registros de corporaciones locales y federales permite dimensionar el alcance de la violencia contra quienes realizan tareas de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Los policías municipales y estatales representan casi tres cuartas partes de las víctimas, aunque los asesinatos también alcanzan a instituciones con presencia y despliegue en distintas regiones del país.

El registro no especifica que todos los agentes hayan sido asesinados durante el cumplimiento de sus funciones. Algunos homicidios ocurren durante operativos o patrullajes, mientras que otros se registran cuando los elementos se encuentran fuera de servicio, se trasladan a sus domicilios o abandonan sus turnos.

Cuatro agentes fueron asesinados durante la última semana de octubre

La actualización más reciente de Causa en Común identificó cuatro homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública entre el 23 y el 29 de octubre.

Los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla, con una víctima en cada entidad. Con esos asesinatos, el registro llegó a 236 casos durante 2026.

Uno de los antecedentes recientes documentados en Guanajuato ocurrió el 24 de octubre, cuando una policía municipal de Purísima del Rincón fue atacada a balazos al salir de su turno. La agente, identificada en reportes periodísticos como María Angélica, murió después de ser trasladada a un hospital.

La agresión ocurrió en las inmediaciones del bulevar Las Torres y el Libramiento Sur. En los primeros reportes no se había establecido públicamente el móvil ni confirmado que el homicidio estuviera directamente relacionado con sus funciones policiales.

Días antes, el 23 de septiembre, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en el municipio de Comonfort. En ese caso, las autoridades confirmaron que los agentes realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados.

Ambos hechos muestran circunstancias distintas de agresión contra integrantes de corporaciones de seguridad en Guanajuato: una agente fue asesinada al salir de su turno y tres elementos estatales murieron durante una emboscada. No obstante, las investigaciones no permiten atribuir un mismo móvil a los dos episodios.

En 2025, Sinaloa encabezó los asesinatos de policías

La distribución de los homicidios por entidad también ha cambiado respecto a los registros de años anteriores.

Durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en México, un promedio de casi una víctima al día y un incremento de 9% frente a los casos registrados durante el mismo periodo de 2024.

Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 policías asesinados. Le siguieron Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

En 2024, el registro de la organización contabilizó al menos 320 policías asesinados. Guanajuato ocupó el primer lugar con 61 víctimas, seguido por el Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17.

Un año antes, durante 2023, Causa en Común había documentado 412 homicidios de policías en el país. Guanajuato también encabezó ese recuento, con 60 casos, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

Los 236 asesinatos registrados en 2026 corresponden únicamente al periodo del 1 de enero al 29 de octubre, por lo que no deben compararse como si fueran un resultado anual cerrado frente a los acumulados de 2023, 2024 y 2025.

Suman 678 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro de Causa en Común también permite observar los homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 29 de octubre de 2026, la organización contabilizó al menos 678 agentes asesinados en México. De ese acumulado, 236 corresponden a los primeros diez meses de 2026.

El dato se conoce en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones laborales de las policías civiles. En un informe publicado en octubre de 2026, Causa en Común advirtió que 55% de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales y que solo 17 de las 32 corporaciones estatales cuentan con un servicio profesional de carrera formalmente constituido.

El mismo estudio señaló diferencias en el acceso a prestaciones: mientras 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, la proporción entre los municipales es de 53%. También documentó que, en 2024, solo 58% de los policías municipales contaba con seguro de vida y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de agentes muertos en servicio.

Estas condiciones laborales no explican por sí mismas los homicidios registrados ni permiten establecer una relación directa entre las carencias institucionales y cada agresión. Sin embargo, forman parte del contexto en el que trabajan las corporaciones locales, que concentran la mayor proporción de víctimas en el recuento de 2026.

Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por su probable relación con el ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera, ocurrido la mañana del lunes 2 de noviembre.

Durante el operativo de búsqueda, elementos estatales y militares les aseguraron cinco armas de fuego, más de 600 cartuchos, presuntas drogas y dos vehículos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los sospechosos fueron ubicados en el sector Barrancos, al sur de la capital, después de que las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda y seguimiento mediante herramientas tecnológicas. Los agentes localizaron dos vehículos cuyas características coincidían con las unidades presuntamente involucradas en la agresión contra el recinto ganadero.

Cuando los elementos se aproximaron, los ocupantes descendieron de los automóviles e intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados metros adelante. Los tres hombres quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el armamento, las municiones, las sustancias y los vehículos asegurados.

La dependencia estatal precisó que uno de los detenidos es menor de edad, aunque no reveló sus identidades ni detalló qué participación habría tenido cada uno en el ataque. Un reporte de Línea Directa, basado en información de fuentes de seguridad, señaló que el adolescente tendría 15 años y habría sido quien disparó contra el inmueble. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por la SSP ni por la autoridad investigadora.

Aseguran cinco armas y 641 cartuchos

El inventario difundido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal incluyó dos fusiles AK-47 calibre 7.62 por 39 milímetros, un fusil M15 calibre 5.56 por 45 milímetros y dos pistolas calibre 9 milímetros.

También fueron decomisados 18 cargadores para armas largas y seis para armas cortas, además de 581 cartuchos para fusil y otros 60 para pistola, un total de 641 municiones.

En el mismo operativo, los agentes encontraron 100 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 114.8 gramos; 120 dosis de posible cocaína, equivalentes a 60.6 gramos, y 21 pastillas de presunto fentanilo.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una motocicleta Italika DM300 con reporte de robo y un Volkswagen Jetta. La autoridad no precisó si ambos fueron utilizados durante la agresión o si su aseguramiento respondió a las características de las unidades que buscaban los elementos de seguridad.

La SSP indicó que los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no ha informado sobre una resolución judicial ni sobre resultados periciales que permitan establecer si alguna de las armas aseguradas fue utilizada para disparar contra la Feria Ganadera.

Así ocurrió el ataque contra las instalaciones de la Feria Ganadera

La agresión se registró alrededor de las 09:40 horas del lunes 2 de noviembre, sobre el bulevar Paseo Ganaderos, al sur de Culiacán. Hombres armados llegaron al recinto y dispararon contra la fachada, donde se encontraba un espacio utilizado por elementos militares para resguardar las instalaciones.

Los primeros reportes señalaron que los presuntos agresores se desplazaban en una motocicleta y huyeron después de realizar las detonaciones. En el lugar quedaron casquillos percutidos y se observaron daños en el acceso al inmueble.

Medios locales reportaron que fueron localizados alrededor de 17 indicios balísticos, aunque esa cantidad no fue precisada en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública.

La agresión provocó la movilización de corporaciones estatales y federales, así como la intervención de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

La SSP informó inicialmente que mantenía un operativo para localizar a los responsables. Horas después, el seguimiento a dos vehículos permitió ubicar a los tres sospechosos en Barrancos.

Aunque algunos reportes periodísticos señalaron que los disparos también habrían estado dirigidos contra militares que se encontraban en el lugar, la información oficial difundida hasta ahora se limita a señalar que los detenidos podrían estar relacionados con los disparos contra la fachada. La autoridad no ha establecido públicamente cuál fue el objetivo de la agresión ni el motivo.

El recinto ya había sido atacado en 2024

El nuevo ataque ocurrió en un inmueble que ya había sido escenario de hechos violentos dos años antes. El 7 de noviembre de 2024, hombres armados dispararon contra las taquillas de la Feria Ganadera y posteriormente se reportó el incendio de esas instalaciones, en medio de una serie de amenazas relacionadas con la realización del evento.

La edición de ese año fue suspendida. En su momento, el Gobierno de Sinaloa informó que los organizadores habían tomado la decisión después de evaluar las expectativas de rentabilidad económica. Sin embargo, la cancelación también ocurrió en un contexto de inseguridad: días antes se habían registrado los disparos contra las taquillas y la colocación de mantas con amenazas en distintos puntos de Culiacán.

La suspensión afectó tanto a la exposición ganadera como al Palenque, donde estaban programadas presentaciones musicales. La decisión dejó además reclamos de personas que habían comprado boletos y exigían la devolución de su dinero.

La violencia volvió a interferir con la actividad del recinto el 2 de noviembre de 2026, precisamente cuando estaba previsto el inicio de la venta de entradas para el Palenque de Culiacán. La programación contempla espectáculos del 12 al 29 de noviembre y el regreso de los conciertos después de dos años sin actividad.

La organización de esta edición quedó a cargo de Fiesta MX Entertainment. Entre los artistas anunciados se encuentran Los Tucanes de Tijuana, Banda MS y Pancho Barraza, además de otros exponentes de la música regional mexicana.

El ataque del lunes coincidió con el arranque de la comercialización de boletos, pero las autoridades no han informado que exista una relación entre ambos acontecimientos. Tampoco han señalado que la agresión esté vinculada con los reclamos por los reembolsos pendientes de la edición de 2024.

Culiacán enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024

El ataque contra la Feria Ganadera ocurrió en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando comenzó una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, Culiacán y otros municipios han registrado homicidios, desapariciones, enfrentamientos, robos de vehículos y agresiones contra viviendas y establecimientos.

Un recuento elaborado por el periódico Noroeste, con base en registros oficiales y seguimiento periodístico, contabilizó 4 mil 130 homicidios dolosos en Sinaloa entre el 9 de septiembre de 2024 y el 30 de octubre de 2026. En ese mismo periodo, el medio registró 4 mil 556 personas privadas de la libertad y 12 mil 822 vehículos robados.

El balance también refleja la dimensión de la respuesta de las autoridades: Noroeste contabilizó 4 mil 53 personas detenidas durante ese periodo. Se trata de un registro acumulado del medio, no de una cifra que permita atribuir todos esos casos a una sola organización criminal o a un mismo tipo de operación.

La confrontación ha afectado también las actividades económicas, los eventos públicos y la vida cotidiana de la población. La suspensión de la Feria Ganadera en 2024 fue uno de los ejemplos de cómo la inseguridad repercutió en actividades que tradicionalmente reúnen a productores, comerciantes y familias.

Por ahora, la detención de los tres sospechosos representa un avance en la investigación por los disparos contra el recinto, pero todavía falta que las autoridades determinen su posible responsabilidad individual. La SSP tampoco ha informado si existen más personas relacionadas con el ataque o si el armamento asegurado tiene correspondencia balística con los casquillos encontrados en la Feria Ganadera.

El pasado domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, Sharon Flores, conocida como La Pelos, recibió disparos junto a su hijo de tres años en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México (CDMX). La agresión ocurrió cuando la joven acompañaba a su hijo a pedir “calaverita”.

Se informó que la mujer y el menor murieron a causa de las heridas sufridas durante el ataque, ocurrido mientras ella viajaba en una motoneta junto a su hijo y una amiga.

Información relevante sobre el hecho fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, C4, especializado en nota roja.

Según la información de Jiménez, la mujer baleada era extorsionadora de la Unión Tepito, organización delictiva a la que también pertenecía el padre de su hijo, asesinado hace tres años mientras ella estaba embarazada.

En una publicación realizada el pasado julio, Jiménez acusó a la mujer asesinada de extorsionar, en nombre de la Unión Tepito, a comerciantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. De acuerdo con el periodista, acudía junto a tres o cuatro sujetos y los comerciantes que se negaban a pagar la extorsión eran lavantados y torturados.

Según señaló el periodista, Sharon había sido arrestada por tercera vez cinco meses antes, en junio, pero luego recuperó la libertad. En aquella oportunidad, acudió junto a tres sujetos para extorsionar a una familia, de acuerdo con Jiménez.

Su primo El Huevo, de la Anti Unión, detrás del asesinato

Jiménez dio a conocer más detalles sobre el crimen. Y es que de acuerdo con una publicación realizada en su cuenta de X, José Luis Rodríguez Rivera, alias El Huevo, quien pertenece a la Anti Unión Tepito, habría cometido el doble homicidio. Según el comunicador, El Huevo es primo de la mujer asesinada.

Jiménez señala que fueron testigos del crimen quienes lo señalaron por el ataque, y que por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya estaban tras él.

En otra de las publicaciones de la red social X realizada por Carlos Jiménez, se mostraron imágenes de Sharon Flores, La Pelos, llorando frente a la tumba de su pareja, Marvin Pacheco, asesinado en 2023. La mujer, en la foto publicada por el periodista, está embarazada.

También se publicó una captura de pantalla de un estado de redes sociales, presuntamente de La Pelos. En ella, se ve que tiene una pistola y se lee el mensaje: " Broncas, díganles que es recio. Jajaja por perros y pendejos unos mueren con su propia arma. Ya no está él pero voy recio jajaja, no salen de su perra ratonera par de miedosos".

Jiménez también dio a conocer que Sharon y su menor hijo murieron en el Hospital Balbuena, luego de que policías los llevaran para que fueran atendidos.

Orígenes de la Anti Unión Tepito

La Anti Unión Tepito es un grupo delictivo originario de la Ciudad de México, y creado aproximadamente en 2016. Se desconoce el origen exacto del grupo, pues una versión señala que nació como un grupo de autodefensa que combatiría a la Unión Tepito y otras organizaciones menores, sin embargo, también se cree que Roberto Moyado, alias El Betito, cuando llegó a dirigir la Unión Tepito, varios miembros de la organización se separaron para formar la Fuerza Anti Unión, lo que orilló la competencia de ambos grupos por el control del territorio involucrándose en actividades delictivas, como extorsión, secuestro y sicariato.

La Secretaría de Marina (Semar) ubicó a través de labores de inteligencia las rutas marítimas que utilizaban los miembros de “Los Pichilinguillos” para adquirir cocaína desde Sudamérica y Centroamérica y distribuirla desde Michoacán.

El pasado jueves 29 de octubre fueron detenidos tres presuntos líderes de este grupo criminal en un operativo realizado en el municipio de Coahuayana, en el que también participaron elementos de seguridad estatal y federales.

Los tres hombres fueron identificados como Bernardo “N”, alias “Mando”, Leobardo “N” alias “Lioba” y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos relacionados con homicidios y tráfico de cocaína. Además, todos son señalados como generadores de violencia en Michoacán.

La ruta de la cocaína detectada por las autoridades: el trasiego era desde Michoacán a Estados Unidos

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “Los Pichilinguillos” mantienen vínculos con Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales que estaría encabezada por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”. Su posible relación aún es investigada para determinar sus redes de operación, financiamiento y distribución de drogas.

Las autoridades identificaron que la célula liderada por los tres hermanos mantenía el control de rutas de narcotráfico de cocaína por vía marítima en la franja costera ubicada entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Esta franja costera ha sido durante años un hub logístico estratégico para el desembarco de drogas procedente de Centro y Sudamérica al litoral del Pacífico mexicano.

Según las indagatorias, “Los Pichilinguillos” eran los encargados de la coordinación de movimientos de droga desde la franja costera de Aquila y que luego movían hacia el municipio de Apatzingán. Desde ese sitio, el grupo la redistribuía a la región centro del país y a diversos puntos de Estados Unidos.

Líderes también estarían vinculados con extorsión a productores de plátano, secuestros y ataques armados

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán detalló que “Los Pichilinguillos” también se dedicaban a la extorsión de productores de plátano y cobro de piso en la costa de Michoacán.

Sus actividades delictivas también llevaron a Bernardo “N” y Leopoldo “N” a ser buscados y contar con mandamientos judiciales por homicidio calificado, derivados del ataque armado ocurrido el pasado 28 de mayo en el municipio de Aquila, donde fallecieron tres personas y una mujer resultó herida.

La agresión se registró sobre la carretera costera, a la altura de la localidad de Colola, cuando las víctimas fueron atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de una camioneta. Entre las personas atacadas se encontraban dos integrantes de la comunidad indígena nahua de Pómaro y dos docentes.

Como resultado del ataque armado fallecieron Lucas “N”, Jerónimo “N” y Felipe de Jesús “N”, mientras que Adelaida “N” resultó herida de bala.

Además de estar relacionado con este hecho violento, Bernardo “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada de personas, mientras que Leopoldo Fabián “N” tiene dos más por los mismos delitos, que corresponden a investigaciones del año 2000.

Luego de su detención, las autoridades informaron que los tres hermanos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determinara su situación jurídica.

“El Abuelo” es buscado en Estados Unidos: ofrecen 10 mdd por su captura

Desde el año 2025 Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, fue acusado formalmente en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego como parte de su liderazgo en Cárteles Unidos.

El gobierno de EEUU acusa al cártel de ser uno de los mayores productores de metanfetamina con capacidad de fabricar varias toneladas al mes, en una red de distribución que alcanza ciudades como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de extenderse a Europa, Australia y otras regiones.

Por su captura, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita ubicarlo.

Más de un año después del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN) en Celaya, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “N”, señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a otro agente muerto y a una oficial gravemente herida.

La nueva resolución judicial se conoció el 30 de octubre de 2026, cuando la FGR informó que un juez federal procesó al imputado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, en su modalidad de sorprender, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan “N” en Celaya, municipio donde ocurrió la agresión el 11 de octubre de 2025. Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán. También estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

Así fue el ataque contra los dos agentes de la Guardia Nacional

La agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas del sábado 11 de octubre de 2025, sobre el puente elevado de la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia El Cantar y cerca de la Central de Abastos de Celaya.

Los dos elementos federales circulaban en una motopatrulla cuando fueron alcanzados por hombres armados que viajaban en otra motocicleta. Los agresores dispararon contra ellos y huyeron después de la agresión.

El agente que murió fue identificado como Uriel “N”, integrante de la Guardia Nacional que realizaba labores de vigilancia en la zona. Su compañera también recibió impactos de bala y fue trasladada al Hospital Regional de Celaya, donde permaneció en estado delicado debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar el móvil. Entre las primeras diligencias se incluyó el levantamiento de casquillos y el procesamiento de la escena del crimen.

Cristian “G” fue vinculado a proceso en diciembre de 2025

Juan “N” no es el primer imputado procesado por este caso. El 2 de diciembre de 2025, la FGR informó que obtuvo la vinculación a proceso de Cristian “G”, identificado como el copiloto de la motocicleta en la que viajaban los presuntos agresores.

La Fiscalía señaló entonces que la carpeta de investigación había comenzado en octubre de ese año, luego de que recibió una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Las indagatorias derivaron en la detención de Cristian, quien fue señalado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

En aquella resolución, el juez también impuso prisión preventiva oficiosa y estableció dos meses para la investigación complementaria. El imputado fue enviado al mismo centro penitenciario federal ubicado en Michoacán.

La investigación estatal sobre el ataque incluyó diligencias de criminalística de campo, análisis balístico mediante el sistema IBIS, entrevistas a testigos y revisión de videograbaciones para reconstruir los movimientos de los presuntos responsables. La información difundida por autoridades de Guanajuato en diciembre de 2025 vinculó esas diligencias con la identificación y captura de Cristian “N”.

Juan “N” enfrentará el proceso en prisión

Con la nueva vinculación, la FGR informó que Juan “N” también enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El plazo de tres meses fijado por el juez permitirá al Ministerio Público continuar con las diligencias y reunir más elementos para sustentar la acusación.

La Fiscalía no detalló en su comunicado qué función habría desempeñado Juan “N” durante la agresión. El imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

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Condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Óscar “N” y Porfirio “N” recibieron sentencias de 50 años de prisión por secuestro agravado, luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de tres personas extranjeras. Ambos fueron detenidos en octubre de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, cuando viajaban en una camioneta sobre la carretera estatal Tierra Blanca-Las Trancas, en Veracruz, con las víctimas a bordo. Tras quedar a disposición del Ministerio Público Federal, la Fiscalía Especializada de Control Regional integró la investigación y presentó las pruebas que permitieron obtener la condena. Además de la pena de cárcel, cada uno deberá pagar una multa de 414 mil 960 pesos.

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Inés Gómez Mont recurrió a una corte federal de Florida para intentar recuperar su libertad, luego de ser detenida por autoridades migratorias estadounidenses la semana pasada. Sus abogados presentaron una demanda de habeas corpus para cuestionar su permanencia bajo custodia y evitar que sea trasladada fuera del área de Miami. El juez Jeffrey Kuntz rechazó conceder una suspensión inmediata, pero ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificar los motivos de su arresto a más tardar este miércoles.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/02/ines-gomez-mont-busca-amparo-en-estados-unidos-para-frenar-su-detencion-migratoria-en-florida/

Detienen a mujer y adolescente por intentar ingresar marihuana al Reclusorio Oriente

Una mujer de 31 años y un adolescente fueron detenidos cuando presuntamente intentaban ingresar marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Durante la revisión de visitantes, personal de custodia encontró entre sus pertenencias dos envoltorios con aproximadamente 75 gramos de hierba verde y seca, con características similares a la droga. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Marina identifica rutas de cocaína en la costa de Michoacán tras detener a tres presuntos líderes criminales

Tres presuntos líderes de una célula delictiva detenidos el pasado 29 de octubre estarían relacionados con el control de rutas marítimas utilizadas para introducir cocaína a México desde Centro y Sudamérica, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina. La organización habría operado en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán, desde donde los cargamentos eran trasladados a distintos puntos del país. La dependencia señaló que las detenciones derivaron de labores de inteligencia naval y coordinación con otras instituciones.

Sonora reporta ‘cifra histórica’ de órdenes de aprehensión y cateos durante octubre

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que durante octubre cumplimentó 590 órdenes de aprehensión y ejecutó 189 cateos en 38 municipios, las cifras más altas para un solo mes, según la dependencia. Las intervenciones, realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en coordinación con corporaciones de seguridad, permitieron asegurar narcóticos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y cartuchos. Entre los resultados destacan seis artefactos explosivos improvisados localizados y neutralizados por personal de la Defensa en dos cateos realizados en Magdalena de Kino.

Balacera en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos en Campeche

Una discusión entre dos hombres terminó en una balacera que dejó cuatro personas muertas y dos heridas en un establecimiento de bebidas alcohólicas de Mayatecún II, en el municipio de Champotón, Campeche. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y disparado contra quienes se encontraban en el lugar. La Fiscalía estatal inició las investigaciones, mientras que elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/02/rina-en-establecimiento-de-bebidas-alcoholicas-deja-cuatro-muertos-y-dos-heridos-en-campeche/

Balean en Uruapan a escolta de la síndica municipal durante el aniversario del asesinato de Carlos Manzo

Un policía municipal asignado a la protección de la síndica de Uruapan, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, fue baleado durante la madrugada del 1 de noviembre, cuando la ciudad conmemoraba el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo. El agente, identificado como Cristian Jesús R. M., recibió un disparo en el abdomen en la colonia La Tamacua y fue trasladado a un hospital, donde los primeros reportes médicos lo reportaron fuera de peligro. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil de la agresión, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna relación con el homicidio del exalcalde o con el Movimiento del Sombrero.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/02/balean-en-uruapan-al-escolta-de-la-sindica-municipal-el-ataque-ocurre-un-ano-despues-del-asesinato-de-carlos-manzo/

Abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

El litigante aseguró que César Jáuregui no mintió sobre la presencia de dos agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, sino que informó conforme recibió nuevos datos sobre el accidente en la sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas. Como argumento, sostuvo que las versiones iniciales pueden corregirse conforme avanzan las investigaciones y recordó el caso del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo anunciado inicialmente como huachicol.

Entrevista completa:

/mexico/2026/11/02/defensa-de-cesar-jauregui-niega-contradicciones-sobre-agentes-de-eeuu-en-chihuahua-y-compara-caso-con-megadecomiso-de-huahicol-en-guanajuato/

Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Puebla durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General del Estado (FGE). La intervención se realizó en la colonia Unidad Antorchista.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años. Según se informó, los tres habrían cumplido funciones operativas dentro de una célula vinculada a esa organización delictiva.

Cómo operaban los detenidos según la investigación

De acuerdo con las pesquisas, los tres hombres se encargaban de coordinar la logística para la distribución de sustancias ilícitas dentro de la estructura criminal. También tenían la tarea de localizar inmuebles que pudieran funcionar como puntos de encuentro para otros integrantes del grupo.

Además de estas funciones logísticas, las autoridades señalaron que los detenidos participaban en actos de violencia vinculados a las actividades de la célula. Esta combinación de tareas (distribución, logística de inmuebles y violencia) definió el perfil operativo que las instituciones atribuyeron al grupo detenido.

Dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes penales previos. Según se informó, estos registros corresponden a delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.

Qué aseguraron las autoridades durante la intervención

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 280 envoltorios con sustancias de características similares a la metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

El material asegurado incluyó también armamento. Las autoridades reportaron el hallazgo de un arma de fuego, dos cargadores y 39 cartuchos útiles en el lugar de la intervención.

A esto se sumó el aseguramiento de un vehículo con placas de circulación del estado de Guerrero, cuya presencia en Puebla forma parte de los elementos recabados durante la diligencia.

El conjunto de bienes asegurados quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones abiertas contra los tres detenidos.

El contexto de coordinación interinstitucional

Las autoridades estatales enmarcaron esta detención dentro de un esquema de coordinación entre instituciones federales y estatales. La participación conjunta de la SSP, la Marina y la FGE fue presentada como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada en la entidad.

Según se informó, esta intervención busca debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos que operan en Puebla. El trabajo de inteligencia y el despliegue estratégico de fuerzas de seguridad fueron mencionados como ejes centrales de esta estrategia.

El Gobierno del Estado señaló que continuará con este tipo de acciones coordinadas. La SSP indicó que, en conjunto con autoridades federales y municipales, mantendrá operativos firmes contra las células delictivas que operan en la entidad poblana, con el objetivo de preservar la tranquilidad de las familias poblanas.

Presencia del CJNG en Puebla

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura entre las organizaciones delictivas con actividad registrada en territorio poblano desde al menos enero de 2025. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció ese mes la presencia de esa organización, junto con el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, además de grupos locales dedicados a actividades ilícitas.

Previo a la detención del 2 de noviembre, la SSP ya había reportado capturas vinculadas al CJNG en la entidad. El 31 de agosto de 2026, la dependencia informó sobre la detención de tres hombres identificados como presuntos integrantes del cártel, relacionados con delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

La organización también mantiene presencia a través de operadores con influencia en varios estados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre de 2026 sobre la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, a quien identificó como operador regional del CJNG con influencia delictiva en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

La detención o captura de líderes de estas estructuras no implica necesariamente el fin de la organización, debido a la posible sustitución de mandos y fragmentación de células que continúan operando bajo el mismo nombre.

A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, se ha identificado el papel específico de cada uno de los 34 detenidos dentro de la estructura criminal que planeó y ejecutó el crimen. El expediente, con un avance del 90%, distingue entre quienes ordenaron el ataque, quienes lo coordinaron, quienes dispararon y quienes filtraron información desde el propio Ayuntamiento de Uruapan.

El homicidio ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, cuando Manzo era entonces alcalde de Uruapan. Según la Fiscalía, el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la detención de uno de sus jefes de plaza, ocurrida meses antes por órdenes del propio edil.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de la célula “Los R’s” vinculada al CJNG, es señalado como el autor intelectual del homicidio. Las autoridades sostienen que fue él quien dio la orden de matar a Manzo tras la captura de René Belmontes, alias “El Rhino”, jefe de plaza detenido en agosto de 2025.

El R1 fue aprehendido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un juez lo vinculó a proceso el 7 de agosto con prisión preventiva oficiosa.

El operador que coordinó la célula y creó el chat de vigilancia

Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, también conocido como “El Contador”, fungió como operador logístico del atentado. De acuerdo con la investigación, reportaba directamente al R1 y dirigía a la célula encargada de planear y ejecutar el ataque en al menos cuatro regiones del estado.

Las pesquisas indican que El Licenciado creó un grupo de mensajería cifrada en la aplicación Threema uno o dos días antes del crimen.Ese chat se usó para tareas de observación y para coordinar el seguimiento de los movimientos de Manzo previo al ataque. El Licenciado fue detenido el 19 de noviembre de 2025 en Morelia.

El comando que disparó contra Manzo, hoy sin sobrevivientes

El ataque armado estuvo a cargo de tres jóvenes, los tres ya fallecidos. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue el tirador que abrió fuego contra Manzo en plena Plaza Morelos; murió abatido de inmediato por los escoltas del alcalde con la misma pistola que usó para disparar.

Fernando Josué, también menor de edad, actuaba como tirador suplente. Ramiro, alias “El Jaguar”, cumplía funciones de reclutador y coordinador de ambos jóvenes. Los cuerpos de ambos fueron hallados el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho; un día después, las autoridades recuperaron sus teléfonos celulares, dispositivos que resultaron determinantes para reconstruir la planeación del homicidio.

Por esas dos muertes fue detenido Alejandro Baruc Castellanos, alias “El Caos”, señalado como hombre de confianza de El Licenciado en las localidades de La Basilia y Tiamba, al norte de Uruapan.

La filtración de información desde el entorno cercano al alcalde

Dentro del Ayuntamiento de Uruapan, Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, es investigado por proporcionar datos sobre la agenda y los desplazamientos de Manzo a integrantes de la célula criminal, presuntamente a cambio de dosis de estupefacientes para consumo personal. Fue detenido el 11 de enero de 2026.

Rosa Alejandra “N”, exsecretaria de Bienestar municipal, fue aprehendida el 29 de octubre de 2026 por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Es madre de Alejandro “El Macas”, uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis “El Brilloso” y Cristian “El Vikingo”, señalados como integrantes de la célula operativa.

Reclutamiento, traslados y apoyo logístico al ataque

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, fue identificado como el reclutador que captó a Víctor y Fernando Josué en centros de rehabilitación de Uruapan y los puso en contacto con Ramiro. Fue detenido el 23 de noviembre de 2025.

La investigación también ubicó a un taxista que trasladó a Fernando Josué hasta La Basilia el día de los hechos, además del intermediario que consiguió ese transporte. En febrero de 2026 cayeron tres personas cercanas al grupo de El Caos, entre ellas Salvador Belmontes Aguilar, alias “Comandante 26”, hermano de “El Rhino”.

Los escoltas bajo investigación y el jefe de seguridad prófugo

Los siete escoltas que integraban el primer cinturón de seguridad de Manzo fueron detenidos el 21 de noviembre de 2025 y permanecen vinculados a proceso por presunta omisión en su labor de protección. Entre ellos figura Alejandro “El Macas”, sobrino de Rosa Alejandra “N”. Los escoltas son identificados como Omar M, Mario Alberto S, Guillermo T, Demetrio D, Omar Osvaldo G y Montserrat G.

La Fiscalía mantiene pendiente la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde y coronel en retiro, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que permita ubicarlo.

En qué punto está la investigación

A un año del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reporta un avance del 90% en las pesquisas. El expediente acumula alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil dictámenes periciales, mil 200 horas de videograbaciones analizadas, 120 audiencias y 72 extracciones de información digital.

De las 34 personas detenidas, al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso. La Fiscalía descartó un móvil político y sostiene que el homicidio respondió a una represalia de la delincuencia organizada contra Manzo.

Quedan, sin embargo, diligencias pendientes, como la entrega de los teléfonos celulares de Manzo, que permanecen bajo resguardo de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz. El vicefiscal Israel Vega explicó, en conferencia de prensa del 28 de octubre, que la funcionaria no ha entregado los dispositivos por desconfianza de que su contenido sea borrado.

Quiroz, por su parte, ha pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y acusa a la Fiscalía de Michoacán de irregularidades en el proceso.

La marcha del 1 de noviembre

Al cumplirse un año del asesinato, Grecia Quiroz convocó una marcha por la justicia y la paz en Uruapan. La actividad incluyó una misa, una ofrenda en memoria de Manzo y la develación de una estatua en su honor.

Habitantes de Uruapan, víctimas de violencia y madres buscadoras se sumaron a la convocatoria bajo la consigna de que la ciudad “merece paz”. La jornada conmemorativa coincidió con la fecha exacta del crimen.

Pese a los 34 detenidos y el avance reportado por la Fiscalía, Quiroz insistió en que la justicia aún no llega a su familia y afirmó que, un año después, las autoridades todavía no han determinado quién ordenó el asesinato.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) catalogó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “depredador de la libertad de prensa” luego de que ocho periodistas sufrieron amenazas o agresiones durante la cobertura del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

En su edición 2026, que fue publicada este lunes con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la organización volvió a incluir al CJNG a la lista de quienes atentan contra los comunicadores, al tiempo que mencionó “y otros cárteles”.

Y es que de acuerdo con un recuento de RSF, el día del abatimiento de “El Mencho” periodistas que cubrían los narcobloqueos y enfrentamientos del cártel con las fuerzas estatales fueron agredidos por miembros de la organización criminal con disparos a sus vehículos, golpizas, robo de cámaras y teléfonos, así como amenazas graves.

Estas agresiones ocurrieron contra ocho periodistas en los estados de Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.

169 periodistas fueron asesinados en México desde 2006: cien cubrían temas de delincuencia o policía

La organización hizo énfasis en que los periodistas locales que investigan el crimen organizado, la corrupción y vínculos entre miembros de grupos delictivos y autoridades, son los que se encuentran más expuestos.

“Al igual que otros cárteles, el CJNG recurre a las amenazas, los secuestros y la violencia para intimidar a los periodistas y controlar la información que circula en los territorios bajo su influencia”, acusó.

Con esto, dijo que los “trofeos de 2026″ que se le atribuyen no solo serían las agresiones contra ocho periodistas, sino que también sería parte de los asesinatos de comunicadores.

De acuerdo con sus datos, 169 periodistas han sido víctimas de homicidio en México desde el año 2006, de los cuales el 98% eran reporteros locales y, al menos, 34 fueron torturados antes de su muerte.

“El crimen organizado y la corrupción son los principales autores de estos asesinatos; 100 de estos periodistas trabajaban sobre temas de delincuencia o asuntos policiales, y 78 cubrían principalmente la actualidad política”, explicó.

El último “trofeo”, que implica tanto al CJNG como a otros cárteles, son los casos de 24 periodistas que permanecen desaparecidos de un total de 43 registrados en el país entre 2006 y 2026.

Reporteros Sin Fronteras también recordó una declaración emitida por presuntos miembros del CJNG a medios mexicanos en un video difundido en agosto de 2021, en el que aseguraron que su actuar no tenía que ver con la libertad de prensa.

“No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”, citó la organización.

Los ocho casos de agresiones documentados por RSF

En Jalisco, el reportero Otoniel Martínez, de Azteca Noticias, denunció que el vehículo en el que viajaba con su equipo recibió disparos durante la cobertura, sin que se registraran heridos. En el mismo estado, la periodista Lupita Martínez, de Vallarta Al Momento, fue despojada de su automóvil a mano armada mientras cubría la noticia.

En Sinaloa, los periodistas Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, de Noroeste, fueron agredidos durante la cobertura. El medio informó a RSF que ambos fueron golpeados y despojados de su equipo de trabajo.

En Tamaulipas, el periodista Guadalupe Castorena, de El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y su equipo mientras cubría el desarrollo de los bloqueos.

En Reynosa, Jesús Humberto González, de Cambio Press, fue retenido brevemente por miembros del crimen organizado en un punto de control. Ahí, lo amenazaron a él y a su familia, que lo acompañaba cuando se detuvo a grabar los hechos. Horas después fue liberado, pero dijo a RSF que sufrió agresión física.

En Guanajuato, colegas del periodista Ian Martínez, de Correo, relataron a RSF que hombres a bordo de una camioneta lo amenazaron y le ordenaron dejar de cubrir los hechos. En Michoacán, la organización verificó un octavo caso: un periodista que pidió reserva de identidad por razones de seguridad recibió una llamada anónima en la que lo amenazaron para que no publicara información sobre lo ocurrido.

Suman a Donald Trump a la lista de 2026

Reporteros Sin Fronteras sumó por primera vez a Donald Trump, a su lista de “depredadores de la libertad de prensa” 2026 al argumentar que, en menos de 2 años de su segundo mandato, el presidente estadounidense acumuló un historial de ataques contra la prensa que “redujeron el periodismo a propaganda política”, lo que ubicó a Estados Unidos en el lugar 64 del Índice Mundial de Libertad de Prensa.

La lista de 2026 reunió a 33 figuras y organizaciones divididas en cinco categorías: política, seguridad, económica, legal y social. Entre los nombres recurrentes aparecieron Vladimir Putin (Rusia) y Daniel Ortega (Nicaragua).

En la categoría de seguridad, junto a los cárteles mexicanos, RSF incluyó a las fuerzas armadas israelíes por su política en Gaza, Cisjordania y Líbano, y al Partido Comunista Chino, que encabeza Xi Jinping, al que describió como “la cárcel más grande del mundo para periodistas”. Como nueva incorporación en este rubro apareció el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, por la detención de periodistas del sitio de verificación Matsaddash y el cierre del portal Mada Masr.

En la categoría social destacó el presidente argentino Javier Milei, de quien RSF documentó más de mil 600 publicaciones contra la prensa en su cuenta de X en apenas 47 días, entre abril y mayo de 2026. La lista también marcó salidas: Ali Khamenei (Irán), muerto en un ataque de Estados Unidos, y Nicolás Maduro (Venezuela), hoy recluido en una prisión federal estadounidense, dejaron de figurar en la edición de este año.

Inés Gómez Mont recurrió a la justicia estadounidense para intentar recuperar su libertad, luego de ser detenida por autoridades migratorias en Florida la semana pasada.

Sus abogados presentaron una demanda de habeas corpus ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, mediante la cual solicitaron revisar la legalidad de su arresto y evitar que sea trasladada a otro centro de detención.

De acuerdo con la Agencia EFE, el recurso fue presentado el sábado e incluyó una petición de emergencia para impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mueva a la conductora fuera del área de Miami.

Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó ordenar una suspensión inmediata, al considerar que las cortes no pueden impedir que el Departamento de Justicia disponga el traslado de una persona detenida a otro distrito.

En cambio, el juzgador ordenó al ICE y a otras autoridades estadounidenses justificar los motivos por los que Gómez Mont debe permanecer bajo arresto. La respuesta deberá presentarse a más tardar este miércoles.

La conductora permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, un suburbio de Miami donde ha residido durante varios años. Su detención estaría relacionada con la presunta falta de una visa o autorización vigente para permanecer legalmente en Estados Unidos.

Los argumentos de Inés Gómez Mont para evitar su traslado

Entre los documentos incorporados a la demanda se encuentran informes sobre el tratamiento médico de una de las hijas de la conductora, utilizados por su defensa para argumentar que no debería ser trasladada fuera de la zona de Miami ni permanecer detenida mientras se resuelve su situación migratoria.

Los detalles del recurso judicial permanecen bajo reserva. Una vez que el juez resuelva la demanda de habeas corpus, podría ordenar que Gómez Mont comparezca ante un juez migratorio, quien tendría que determinar si existen condiciones para que recupere su libertad.

Este procedimiento busca que una autoridad judicial revise si la privación de la libertad se ajusta a derecho; no representa por sí mismo una resolución sobre las investigaciones penales que enfrenta la conductora en México.

Las órdenes de aprehensión que enfrenta en México

En territorio mexicano, Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen órdenes de aprehensión por investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses el 24 de septiembre de 2025. Sin embargo, posteriormente su caso pasó a revisión de un juez migratorio y dejó de permanecer bajo arresto.

El empresario había solicitado asilo en Estados Unidos desde 2022. Hasta ahora se desconoce si Gómez Mont presentó una petición similar.

Pese a las solicitudes de las autoridades mexicanas para que ambos enfrenten los procesos judiciales en México, el Departamento de Justicia estadounidense no ha iniciado un procedimiento de extradición contra la pareja.

Así es el centro migratorio donde permanece Inés Gómez Mont en Florida

La conductora está recluida en el Broward Transitional Center, donde las visitas familiares tienen horarios restringidos y los abogados pueden solicitar reuniones presenciales o por videollamada.

La instalación mantiene bajo custodia a personas sujetas a procedimientos migratorios mientras las autoridades estadounidenses resuelven su situación.

El centro se encuentra en el número 3900 de N. Powerline Road, código postal 33073, y aparece en el localizador oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Horarios y restricciones para las visitas familiares

Las mujeres pueden recibir visitas los domingos de 13:30 a 16:00 horas. Los hombres tienen horarios los sábados y domingos de 8:00 a 10:30, además de los sábados de 13:30 a 16:00.

Cada detenido dispone de una sesión de 45 minutos por fin de semana y puede recibir hasta dos visitantes, incluidos menores. Es necesario llegar una hora antes y presentar una identificación oficial. Las visitas son sin contacto físico y están sujetas a revisiones de seguridad. No se permite ingresar celulares, radios, armas ni otros dispositivos electrónicos.

Atención legal y comunicación confidencial

Los abogados tienen prioridad para reunirse con las personas detenidas y pueden solicitar encuentros presenciales o por videollamada, incluso sin cita previa. Para ingresar deben acreditar su representación y presentar identificación y documentación profesional.

También pueden mantener comunicación confidencial mediante llamadas telefónicas. En cambio, las personas detenidas no reciben llamadas directamente: en caso de emergencia, sus familiares pueden dejar mensajes con el nombre completo, número de registro de extranjero y teléfono de contacto.

Equipaje y objetos permitidos

Los detenidos solo pueden recibir artículos necesarios para viajar o quedar en libertad, previa autorización de ICE. Si son trasladados o salen de Estados Unidos, pueden llevar una maleta pequeña.

La entrega o el envío de equipaje requiere autorización de GEO, empresa que opera el centro. Los aparatos electrónicos, incluidos teléfonos celulares y computadoras, están prohibidos.

Una niña de siete años murió y su madre resultó herida durante la jornada de violencia registrada el 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas. El gobierno estatal investiga si el proyectil que alcanzó a la familia fue disparado desde un helicóptero de la Guardia Estatal, luego de que el gobernador Américo Villarreal confirmara que esa posibilidad forma parte de las indagatorias.

La aclaración es relevante porque también circularon versiones sobre la posible participación de una aeronave de la Secretaría de Marina. Sin embargo, la institución negó que uno de sus helicópteros hubiera intervenido en los enfrentamientos o disparado contra la población durante esos acontecimientos.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no habían presentado resultados periciales que permitieran establecer el origen del disparo, identificar a quien accionó el arma o determinar si hubo responsabilidad de algún elemento de seguridad.

Investigan si el disparo que mató a Aranza salió de un helicóptero estatal

El gobernador Américo Villarreal informó que las autoridades investigan si un proyectil disparado desde una aeronave de la Guardia Estatal alcanzó a la familia durante los enfrentamientos del 29 de octubre.

La menor, identificada como Aranza, recibió un impacto de bala en la cabeza y murió. Su madre también fue alcanzada por un proyectil y resultó herida. La familia viajaba en una camioneta cuando quedó expuesta a los disparos registrados durante los hechos violentos.

De acuerdo con testimonios difundidos después de la agresión, en el vehículo también viajaban otros menores de edad. Las versiones señalaron que la mujer conducía la unidad cuando ocurrió el ataque.

Villarreal aseguró que se investigaría lo ocurrido y que no habría encubrimiento. No obstante, hasta el momento no se ha informado si los peritajes balísticos permitieron establecer la trayectoria del proyectil o determinar desde dónde fue disparado.

Marina descartó que uno de sus helicópteros disparara contra la población

La Secretaría de Marina negó que una aeronave de la Armada de México hubiera participado en los enfrentamientos de Matamoros o realizado disparos contra civiles.

El Sector Naval de Matamoros explicó que, de acuerdo con sus registros de vuelo, el helicóptero señalado realizaba un movimiento administrativo de tropas y no intervino en algún intercambio de fuego durante su recorrido.

La dependencia también expresó sus condolencias por la muerte de la menor y señaló que corresponde a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

La aclaración de la Marina se limita a la participación de su propia aeronave. No descarta ni resuelve la investigación estatal sobre la posible intervención de un helicóptero de la Guardia Estatal, cuyo papel todavía no había sido esclarecido mediante resultados oficiales.

La violencia comenzó tras la captura de un integrante de Los Ciclones

Los hechos ocurrieron durante una jornada de enfrentamientos y bloqueos en Matamoros y otros municipios de Tamaulipas, después de un operativo federal en el que fue detenido Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, identificado como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”.

Esta detención de Axel Alfredo, identificado por el Gabinete de Seguridad como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo, provocó bloqueos carreteros en distintos puntos de Tamaulipas. El operativo fue realizado por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, quienes también detuvieron a otra persona. Tras las obstrucciones, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 efectivos y dos helicópteros en Matamoros y municipios de la región para reforzar la vigilancia. Las autoridades señalaron que las carreteras quedaron transitables y sin bloqueos.

El gobernador informó que la violencia dejó seis personas muertas, además de los daños y afectaciones provocados por los bloqueos. Las autoridades desplegaron operativos para restablecer la circulación y atender los incidentes.

Sin embargo, la investigación sobre la muerte de Aranza tiene un punto específico todavía pendiente: establecer de dónde provino el disparo que la alcanzó y si hubo participación de personal de seguridad estatal.

La Diócesis de Culiacán exigió “resultados verificables” a las autoridades de los tres órdenes de gobierno al acusar que la estrategia en materia de seguridad no ha sido suficiente a dos años del inicio de la guerra de las facciones del Cártel de Sinaloa que ha provocado una ola de violencia en el estado.

Su llamado se realizó luego de confirmar que el padre Clemente Morales Topete fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que permaneció privado de la libertad por un grupo de sujetos armados que lo “levantaron” el pasado sábado 24 de octubre.

Al respecto, la Diócesis agradeció los esfuerzos que realizaron tanto la Policía Municipal, estatal y autoridades federales para localizar con vida al padre Clemente e insistió en su petición de solicitar que se esclarezca el caso y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

Sin embargo, también expresó su preocupación porque la violencia e inseguridad continúan afectando a la sociedad con desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, feminicidios y muertes violentas en Sinaloa.

“Después de más de dos años de vivir esta situación (...) nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, sentenció.

Sin discursos ni datos estadísticos, la Diócesis exige resultados verificables en la paz de los habitantes

La Diócesis acusó que la seguridad no solo se realiza mediante “discursos ni datos estadísticos” cuando las familias continúan sufriendo y viven con temor, por lo que exigió que los resultados sean verificables a través de la protección de la población y condiciones de paz.

“Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz”, señaló.

Es así que la Iglesia exhortó a las autoridades a fortalecer la estrategia de prevención, seguridad y búsqueda de personas desaparecidas, así como de procuración de justicia y atención integral de víctimas.

Piden a generadores de violencia a respetar la vida

La Diócesis de Culiacán también hizo un llamado a los generadores de violencia en Sinaloa, específicamente a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos a detenerse y “escuchar la voz de su conciencia” al provocar muertes, desapariciones, daños físicos, psicológicos y morales.

“Por compasión, ¡deténganse! Ninguna vida humana es desechable. Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre. Ningún proyecto, interés o ambición puede justificar el sufrimiento que se inflige a personas inocentes", señaló.

En el documento compartido también hicieron un llamado a la sociedad sinaloense para ser solidarios y respetar a quienes han sido víctimas de la delincuencia y hacia sus familias, ya que algunas víctimas enfrentan señalamientos, burlas y juicios precipitados que agravan su dolor.

La Iglesia invitó a quienes publican o comparten contenido sobre casos de violencia a actuar con prudencia, humanidad y responsabilidad y propuso una verificación previa a la difusión de cualquier dato: “Antes de compartir información sobre una víctima o su familia, preguntémonos si es verdadera y si ayuda a esclarecer los hechos y si respeta la dignidad de las personas involucradas”.

Amenazas y tortura: así fue el secuestro del padre Clemente

El padre Clemente Morales fue privado de la libertad el pasado 24 de octubre, su desaparición fue reportada luego de que se le vio por última vez cuando salió de una cita médica y no acudió a la parroquia donde oficiaría misa horas después.

A su llegada a la casa parroquial, el 27 de octubre, el padre Clemente fue atendido de inmediato por miembros de su comunidad, otros sacerdotes, personal médico y autoridades que acudieron al lugar, según el relato de la diócesis. Posteriormente fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada.

Durante los tres días que permaneció retenido, el sacerdote recibió amenazas de muerte reiteradas. La Iglesia informó que sus captores lo mantuvieron en un lugar que no conocía y le exigían información que Morales Topete no podía ofrecer a base de golpes y quemaduras graves en el cuerpo, además de presionarlo psicológicamente.

Sobre las circunstancias exactas del secuestro, la diócesis precisó que las investigaciones correspondientes continúan abiertas y que, por responsabilidad y respeto al debido proceso, no es conveniente adelantar conclusiones ni difundir información que pudiera comprometerlas.

En cuanto a la recuperación del sacerdote, la diócesis informó que Morales Topete continúa bajo observación médica y que su evolución es favorable, aunque advirtió que el proceso “requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral” debido a las afectaciones físicas y psicológicas ocasionadas por sus captores.

Una riña entre personas que se encontraban en un establecimiento de bebidas alcohólicas desató una balacera que dejó cuatro personas muertas y dos heridas en el municipio de Champotón, en Campeche.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en el poblado de Mayatecún II, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al establecimiento tras recibir un reporte de disparos de arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades, testimonios recabados en el sitio permitieron identificar de manera preliminar que un grupo de personas se encontraban consumiendo alcohol en el establecimiento, pero una discusión entre dos hombres desató la agresión armada.

Según los testigos, uno de los dos hombres habría sacado un arma de fuego y disparó en contra de las personas que se encontraban en el lugar, dejando como saldo cuatro muertos y dos con lesiones de gravedad.

Tras los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones para esclarecer los hechos.

Además, la SPSC desplegó un operativo de búsqueda para localizar y detener al presunto responsable del ataque armado. Hasta el momento no se reportan personas arrestadas por este hecho.

Por su parte, la Fiscalía de Campeche informó que ya inició las investigaciones correspondientes por la agresión que dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladas a la ciudad de Campeche para continuar con su atención hospitalaria.

Pese a hechos violentos, Campeche ocupa uno de los últimos lugares en inseguridad

El ataque en Champotón ocurre en medio de reportes hechos violentos en el estado que no superan los diez casos en un solo mes. Según reportes de medios locales, octubre cerró con cinco homicidios, seis personas heridas por impactos de bala y tres vehículos incendiados en los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Calakmul.

Entre los casos registrados el mes pasado se encuentra el asesinato de un hombre de 63 años en un rancho cercano a Sabancuy, municipio de Carmen, y el hallazgo de un cuerpo con un disparo en la cabeza dentro de una fosa clandestina en la comunidad de Uayamón. También se reportó el ataque a balazos contra un adolescente de 17 años en Villa de Guadalupe, Champotón, y la localización de un hombre sin identificar con signos de tortura en Xpujil, municipio de Calakmul.

A estos hechos se sumaron a detenciones por delitos de extorsión y amenazas vinculadas al cobro de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota” en el municipio de Champotón.

Campeche acumula seis feminicidios durante 2026, de acuerdo con el Índice de Incidencia del Fuero Común que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con Champotón y Candelaria entre los municipios considerados “focos rojos” por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

En términos comparativos, Campeche registró 79 homicidios dolosos en los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo con un reporte del SESNSP presentado por su titular, Marcela Figueroa Franco. La cifra ubica al estado en el lugar 24 a nivel nacional y representa una reducción frente a los 101 casos con que cerró 2025.

En la comparación con el resto de la Península de Yucatán, Campeche se colocó en segundo lugar: Quintana Roo reportó 95 casos en el mismo periodo y Yucatán, 21.

Dos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones fueron atacados a balazos durante la tarde del domingo 1 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Las agresiones ocurrieron en menos de cuatro horas en distintos sectores del puerto y dejaron tres personas muertas y cinco heridas.

El primer ataque se registró alrededor de las 12:30 horas en un inmueble acondicionado como centro de tratamiento contra las adicciones, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, cerca del cruce de las calles Mayor J. Osuna y Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicletas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el acceso. Durante la agresión murieron dos internos identificados como Jesús, de 40 años, y Kevin, de 25.

Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte al número de emergencias 911, mientras que paramédicos auxiliaron a las víctimas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias del ataque.

Segundo ataque dejó un muerto y cuatro heridos

Menos de cinco horas después, alrededor de las 16:50 horas, se reportó una segunda agresión armada contra otro centro de rehabilitación, esta vez en la colonia Flores Magón.

El establecimiento se encontraba sobre la calle Azucena, entre Madre Selva y Jazmín, cerca de unas canchas deportivas donde se desarrollaba un partido de futbol.

Los primeros informes señalaron que hombres armados dispararon desde un vehículo en movimiento contra un grupo de internos que se encontraba en la calle, frente al inmueble, mientras observaba el encuentro deportivo.

Una persona murió en el lugar y otras cuatro resultaron heridas. Durante la agresión, algunos internos corrieron para escapar de los disparos, pero dos de ellos cayeron lesionados a unas dos cuadras del establecimiento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a hospitales para recibir atención médica. Después de la balacera, el resto de los internos fue evacuado y algunos se retiraron del lugar por sus propios medios.

La zona quedó bajo resguardo de policías municipales y estatales, quienes esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta los primeros reportes sobre el caso no se había informado de personas detenidas por esta segunda agresión.

Investigan los ataques contra centros de rehabilitación

Los dos establecimientos fueron atacados durante la misma tarde en sectores distintos de Mazatlán. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que exista una relación entre ambas agresiones ni han presentado una hipótesis sobre los motivos de los ataques.

En el primer establecimiento, los agresores habrían llegado en motocicletas, mientras que en el segundo dispararon desde un vehículo en movimiento. Las diferencias en las circunstancias de ambos hechos deberán ser consideradas durante las investigaciones.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables después de las agresiones, mientras que personal ministerial inició las diligencias para integrar las carpetas de investigación.

El saldo conjunto fue de tres personas asesinadas y cinco lesionadas en los dos centros de rehabilitación, sin que hasta ahora se haya informado si alguno de los establecimientos había recibido amenazas previas o si sus responsables tenían antecedentes de denuncias.

La Fiscalía estatal deberá establecer si los internos fueron atacados por su permanencia en esos lugares o si las agresiones estaban dirigidas contra personas específicas que se encontraban dentro de los inmuebles.

Dos hombres más fueron asesinados dentro de un automóvil en Cima Horizonte

La jornada violenta del domingo dejó otras dos víctimas mortales en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán. Hombres armados que viajaban en motocicletas dispararon contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10 blanco, estacionado sobre la calle Cima de las Rocas.

Tras la agresión, uno de los hombres quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el conductor alcanzó a abrir la puerta y cayó sobre la vialidad. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían muerto por las heridas de bala. Hasta los reportes consultados, las víctimas no habían sido identificadas y tampoco se había informado sobre personas detenidas.

Con este doble homicidio, los ataques a los dos centros de rehabilitación y la agresión contra los ocupantes del automóvil, Mazatlán acumuló cinco personas asesinadas y cinco heridas durante el 1 de noviembre. No hay información que permita establecer una relación entre los tres episodios.

Un integrante del equipo de seguridad de la síndica municipal de Uruapan, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, fue atacado a balazos durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, cuando se encontraba en la colonia La Tamacua. El agente recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado a un hospital.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 05:32 horas en las inmediaciones de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y De las Delicias. De acuerdo con los primeros reportes, individuos armados dispararon contra el policía y escaparon después de la agresión.

El uniformado fue identificado como Cristian Jesús R. M. Los reportes médicos preliminares indicaron que se encontraba fuera de peligro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudió al lugar para realizar las diligencias periciales y recabar indicios que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.

Agentes de investigación también acudieron al hospital para entrevistar al policía lesionado y obtener información que contribuya a identificar a los responsables. Hasta el momento no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

La síndica pidió esclarecer el ataque

Hilda Flor del Campo Maldonado Medina confirmó que el policía formaba parte del personal asignado a su protección y aclaró que no se encontraba con él cuando ocurrió el atentado.

En declaraciones citadas por el medio Quadratín Michoacán, la funcionaria evitó adelantar hipótesis sobre las circunstancias de la agresión y remitió las explicaciones a las autoridades ministeriales.

La síndica forma parte del Movimiento del Sombrero desde 2021 y se incorporó al gobierno municipal encabezado por Carlos Manzo después de las elecciones de 2024. También integró la planilla con la que el exalcalde obtuvo el triunfo electoral.

El aniversario del asesinato de Carlos Manzo

La agresión contra el escolta ocurrió el mismo día en que Uruapan conmemoró el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado el 1 de noviembre de 2025 durante las actividades del Festival de las Velas, en el centro de la ciudad.

El exalcalde murió tras recibir disparos frente a asistentes que participaban en la celebración del Día de Muertos. Su homicidio derivó en una investigación que ha alcanzado a integrantes de su círculo cercano y a personas señaladas por las autoridades como presuntos participantes en la planeación y ejecución del crimen.

A un año del asesinato, familiares, comerciantes, productores agrícolas, trabajadores municipales y simpatizantes del Movimiento del Sombrero participaron en una movilización encabezada por la actual alcaldesa Grecia Quiroz para exigir justicia.

El ataque contra el policía asignado a la síndica ocurrió en medio de esa jornada de conmemoración. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido que la agresión esté relacionada con el homicidio de Manzo ni con las actividades del Movimiento del Sombrero.

La Fiscalía estatal deberá determinar si el agente fue elegido como objetivo por su función dentro del equipo de seguridad de la síndica o si existieron otras circunstancias detrás del ataque armado.

Fiscalía reporta 34 detenidos por el homicidio del exalcalde

A doce meses del asesinato de Manzo, la Fiscalía de Michoacán reportó un avance del 90% en el esclarecimiento del crimen y un total de 34 personas detenidas por su probable participación en distintas etapas del homicidio.

Las investigaciones identificaron a personas presuntamente involucradas en la vigilancia de los movimientos de Manzo, el reclutamiento de los menores que participaron en el ataque y la planeación y coordinación de la agresión.

Entre las diligencias pendientes se encuentra la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del exalcalde, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades también han señalado que continúan las actuaciones relacionadas con los dispositivos electrónicos de Manzo.

La Fiscalía sostiene que el asesinato respondió a una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad que encabezó el entonces alcalde contra grupos criminales de la región, particularmente después de la detención de un presunto jefe de plaza identificado como El Rino.

La institución ha descartado, con base en sus líneas de investigación, que el homicidio tuviera un móvil político. Sin embargo, Grecia Quiroz ha pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y ha expresado desconfianza sobre el manejo de algunas evidencias.

Grecia Quiroz encabezó una marcha para exigir justicia y paz

El primer aniversario del asesinato de Manzo estuvo acompañado de una movilización encabezada por la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. La marcha por la Justicia y la Paz reunió a alrededor de 2 mil 500 personas, quienes recorrieron calles del municipio para exigir el esclarecimiento del homicidio y mayores acciones contra la inseguridad.

La convocatoria de Grecia Quiroz no se limitó a recordar al exalcalde. La funcionaria llamó a participar a familiares de personas desaparecidas, madres buscadoras, comerciantes, empresarios, productores agrícolas, transportistas y otros sectores afectados por la violencia.

Durante la movilización, la alcaldesa insistió en que el asesinato de Manzo no debe convertirse en un hecho normalizado y pidió que las autoridades mantengan las investigaciones hasta identificar a todas las personas que ordenaron y participaron en el crimen.

También se develó una estatua en memoria del exalcalde en la Plaza Morelos, como parte de las actividades conmemorativas.

Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, señaló que el delito de traición a la patria por el que es acusado su cliente por la Fiscalía General de la República (FGR) representaría que intentó dañar al país al aprobar la presencia de extranjeros, pero en realidad solo quiso golpear las finanzas del crimen organizado.

En entrevista con Infobae México, el litigante reiteró que Jáuregui sí tenía conocimiento del operativo que se realizó en el municipio de Morelos para desmantelar un narcolaboratorio para producir metanfetamina, pero no sabía qué agentes participarían, lo que también se refuerza con los 150 datos de prueba con los que cuenta la FGR, ya que ningún testigo lo señala de tener alguna relación con los elementos estadounidenses.

Villasana reconoció que pudieron existir omisiones en el operativo que mantiene preso a su cliente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Edomex, pero rechazó de forma categórica que esas fallas alcancen para configurar el delito de traición a la patria.

“Pudo haber omisiones, irregularidades, omisiones en el operativo antes, durante y después, pero no, de ninguna manera para acreditar y tipificar el delito de traición a la patria”, señaló.

Se trataría de sanciones administrativas, no de una acusación penal

El abogado remarcó que esas eventuales fallas no alcanzan para sostener la gravedad del delito que mantiene a Jáuregui en prisión preventiva, ya que dijo que no actuó con intención de dañar al país con la presencia de agentes extranjeros, pues no sabía que se encontraban en el operativo contra los narcolaboratorios.

Por el contrario, Villasana argumentó que si tuviera que acusarse de alguna responsabilidad a Jáuregui —si se acreditaran dichas irregularidades—, se trataría de dos escenarios de naturaleza administrativa y no penal.

El primero sería una sanción conforme a la Ley de Seguridad Nacional, aplicable si se determinara la existencia de un delito federal menor al que actualmente se le imputa. El segundo sería una falta por ejercicio ilegal del servicio público, derivada de un eventual incumplimiento en los procedimientos institucionales.

“Si hubiese un delito federal, entenderíamos que hubiera sido la sanción administrativa de la que habla la Ley de Seguridad Nacional, o bien un ejercicio ilegal del servicio público”, explicó el abogado, al precisar que esa falta derivaría de “haber faltado administrativamente a los procedimientos como tal”.

Desmantelar un narcolaboratorio “es una finalidad justa”, dice la defensa

Sin embargo, explicó que incluso en ese escenario, se trataría de una sanción acotada. “A lo mejor alguna sanción de estas características o bien administrativa”, pero no traición a la patria, que va de 5 a 40 años de prisión en caso de acreditarse la responsabilidad.

Para sostener que existe una desproporción entre los hechos y la acusación, Villasana hizo hincapié en el objetivo del operativo que Jáuregui autorizó. Se trató, recordó, de una misión diseñada para desmantelar un narcolaboratorio donde se producían metanfetaminas, no para dañar a la nación.

“El operativo que tuvo como finalidad y objetivo desmantelar un narcolaboratorio en el que se estaban produciendo metanfetaminas... esa era una finalidad justa”, argumentó el abogado, al vincular la legitimidad del propósito con lo que considera una respuesta penal desproporcionada.

Finalmente, Villasana mostró su rechazo a las acusaciones en contra de Jáuregui al reafirmar que no existía ninguna intención del exfiscal por provocar un daño al país, sino exclusivamente al crimen organizado.

“Creo que hay una desproporción y además jurídicamente no encuadra la conducta en el delito de traición a la patria”, afirmó.

Villasana reforzó su argumento al distinguir entre la autorización general del operativo y su ejecución en el terreno. Jáuregui, como superior jerárquico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, tenía conocimiento de que la misión se llevaría a cabo y solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para respaldarla, pero no sabía a qué agentes llevarían los fiscales encargados de ambas dependencias de la Fiscalía General de Chihuahua.

Y es que aspectos como el número de agentes, los vehículos empleados o la duración de la misión en campo correspondían, según el abogado, de manera exclusiva a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI que murió en el accidente que destapó el caso, y en el que también fallecieron su escolta y dos agentes de Estados Unidos.

Además, estos actos tenían que coordinarse con el entonces fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien también es acusado de los mismos delitos que Jáuregui, pero cuenta con un amparo que evita su detención.

El defensor sostuvo que, de los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República para sustentar la vinculación a proceso, ninguno establece de forma directa que Jáuregui tuviera conocimiento de la presencia operativa de los extranjeros en el terreno del operativo en El Pinal.

La distancia entre los dos escenarios que plantea la defensa (una sanción administrativa frente a una condena federal) es considerable. El delito de traición a la patria, por el que Jáuregui fue vinculado a proceso, contempla penas de hasta 40 años de prisión.

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Arrestan a dos hombres por defraudar a un vecino en la construcción de un jardín en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) capturó a dos hombres señalados de defraudar a un vecino de la capital potosina mediante la construcción deficiente de un jardín. Las detenciones se concretaron en distintos puntos de la ciudad tras el cumplimiento de sendas órdenes de aprehensión por el delito de fraude específico.

El caso se remonta a hechos ocurridos en 2021, cuando la víctima contrató a los ahora detenidos para realizar una obra en su domicilio y, según las investigaciones, terminó con un patrimonio afectado por trabajos mal ejecutados.

Como resultado de las labores de investigación, agentes de la PDI establecieron posibles ubicaciones de los señalados y desplegaron acciones operativas para su localización. Roberto “N” fue detenido en la colonia 6 de Junio, mientras que Aarón “N” fue asegurado en la colonia Centro, ambos puntos en la capital potosina.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron en 2021, cuando la parte afectada contrató a los ahora detenidos para realizar la construcción de un jardín en la azotea de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, en San Luis Potosí.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima realizó diversos depósitos como pago por los trabajos. Sin embargo, al revisar los avances de la obra, detectó presuntas deficiencias en la construcción, así como el uso de materiales de mala calidad, situación que habría ocasionado una afectación a su patrimonio.

Roberto “N” y Aarón “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Arrestan a hombre por feminicidio tras cateo por narcomenudeo en Oaxaca

Un cateo ejecutado por presunto narcomenudeo en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, terminó con la detención de un hombre que tenía pendiente una orden de aprehensión por feminicidio agravado. La diligencia, realizada en la región de la Mixteca, derivó también en la aprehensión de una segunda persona vinculada a la misma investigación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el operativo se originó por indagatorias sobre delitos contra la salud y permitió, de manera simultánea, dar cumplimiento a una orden judicial relacionada con un crimen ocurrido meses atrás contra una mujer.

La diligencia fue ejecutada por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca en un domicilio ubicado en el Barrio de la Asunción, en Putla Villa de Guerrero. La orden de cateo respondía a investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de comercio o suministro, incluso gratuito.

Durante la intervención, los agentes localizaron y detuvieron a E.C.C., identificado con los alias de “El Negro” o “Moreno”. Al verificar sus antecedentes, el personal ministerial confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

En el mismo operativo fue detenida una mujer identificada como M.G.H.R., quien, junto con E.C.C., quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Qué pasó con el feminicidio de Putla Villa de Guerrero

El feminicidio por el que se buscaba a E.C.C. ocurrió el 8 de junio de 2026 en Putla Villa de Guerrero. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima, una mujer que trabajaba en un establecimiento comercial de la colonia Centro, fue agredida por dos personas que irrumpieron en el inmueble y recorrieron distintas habitaciones de la vivienda. Los agresores la golpearon y le colocaron cinta adhesiva, lo que le impidió respirar y provocó su muerte por sofocación.

Las pesquisas sobre este crimen se mantuvieron activas durante meses hasta que las acciones de investigación permitieron ubicar el paradero del probable responsable, aprehendido finalmente en el curso de un operativo distinto, originado por una causa penal relacionada con narcomenudeo.

E.C.C. y M.G.H.R. permanecen a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica conforme a derecho en los próximos días.

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Brayan Mauricio Miranda, conocido como “El Pozoles”, fue sentenciado a cinco años de prisión por un juez federal. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como uno de los líderes de la organización criminal La Unión Tepito.

El juez lo encontró responsable del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, tras un proceso que incluyó investigación complementaria y juicio oral.

La sentencia y el delito imputado

Un juez federal determinó la responsabilidad penal de Miranda por posesión de narcóticos con fines de comercio. La resolución se dictó tras un juicio oral en el que el agente del Ministerio Público Federal presentó las pruebas correspondientes, según informó la propia Fiscalía General de la República.

La condena establecida fue de cinco años de prisión más una multa. El tribunal ordenó además el decomiso de la droga asegurada durante la detención.

La detención en la colonia Roma Norte

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Miranda en octubre de 2023. El operativo ocurrió cuando el hombre conducía un vehículo por calles de la colonia Roma Norte.

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína. La droga estaba confeccionada en bolsas de plástico transparente, listas para su venta.

El traslado del caso al fuero federal

Tras la detención, el caso inició en el fuero local. Sin embargo, en enero de 2024, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la declinatoria de competencia correspondiente.

Esa declinatoria significó que la investigación pasara del fuero local al federal, en etapa de investigación complementaria. A partir de ese momento, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con el proceso.

El caso avanzó por las distintas etapas procesales hasta llegar al juicio oral, instancia en la que finalmente se dictó la sentencia condenatoria de cinco años de prisión y la respectiva multa.

Quién es “El Pozoles” y sus antecedentes criminales

Antes de su detención de octubre de 2023, Miranda ya había pasado por prisión en el Estado de México. Tras recuperar su libertad, continuó operando en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas y narcomenudeo.

El Pozoles estaría ligado a varias desapariciones ocurridas en la capital del país y se le señala como presunto responsable de la muerte de Kenny Finol y de otras parejas.

En 2024, agentes de investigación ejecutaron una segunda orden de aprehensión contra Miranda, esta vez por el delito de desaparición cometida por particulares.

Esa causa está relacionada con la desaparición de un joven identificado como Brayan Apodaca Quintero, ocurrida en 2016. “El Pozoles”, entonces de 24 años, fingió que iría a cargar gasolina para su camioneta y salió junto con la víctima, de quien no se volvió a saber nada.

Qué es La Unión Tepito y quiénes la han liderado

La Unión Tepito es una red criminal integrada por células que operan en la Ciudad de México. Surgió entre 2009 y 2012 a partir de desertores de la Organización Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, de acuerdo con InSight Crime.

La organización registró un recambio constante en su liderazgo por capturas y disputas internas. Francisco Javier Hernández Gómez, “Pancho Cayagua”, fue su primer líder; lo asesinaron en 2017. Lo sucedió Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, detenido en 2018.

Después asumió el mando Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, capturado en enero de 2020. Más tarde encabezó la organización Raúl Rojas Molina, “Mi Jefe”, arrestado en mayo de 2022.

Eduardo Ramírez Tiburcio, “El Chori”, se convirtió luego en uno de los operadores principales del grupo y uno de los delincuentes más buscados de la capital, con una recompensa de cinco millones de pesos por información que llevara a su captura. Fue detenido en marzo de 2024.

En febrero de 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, afirmó que La Unión Tepito había quedado fragmentada de manera irreversible tras la ofensiva policial y la caída sucesiva de sus líderes. Desde entonces, la organización opera dividida en células semiautónomas sin un mando central.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Erick Jesús “N”, alias “El Chulo”, y José Alfredo “N”, alias “El Gil”, señalados como presuntos responsables del delito de extorsión. Ambos eran considerados objetivos prioritarios dentro de la llamada Operación Restitución.

Los detenidos estarían vinculados al grupo delictivo autodenominado Nueva Familia Michoacana, organización relacionada con secuestro, despojo y delitos contra la propiedad en distintas modalidades.

Objetivos prioritarios ligados a la Nueva Familia Michoacana

Erick Jesús “N” y José Alfredo “N” formaban parte de la lista de blancos clave de la Operación Restitución, estrategia de la FGJEM contra el despojo de inmuebles. La Fiscalía los relaciona con la Nueva Familia Michoacana, grupo que operaría en los municipios de Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, con actividades de secuestro, despojo y delitos contra la propiedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización utiliza la extorsión y el amedrentamiento con armas de fuego como método para apropiarse de inmuebles y exigir pagos periódicos a sus víctimas.

El caso que derivó en la detención de ambos sujetos comenzó el 14 de febrero de 2025. Ese día, una víctima de 59 años acudió a una bodega de su propiedad, ubicada en el municipio de Toluca.

Hasta ese lugar llegaron los hoy detenidos, quienes, según la investigación, portaban armas de fuego y se habrían ostentado como integrantes de La Nueva Familia Michoacana. Le exigieron el pago de 10 mil pesos mensuales y la entrega del inmueble, bajo amenaza de privarla de la vida y dañar a su familia si no cumplía.

Cronología de las amenazas y el despojo

El 18 de marzo, “El Chulo” y “El Gil” regresaron a la bodega. Según el relato de la víctima ante el Ministerio Público, le indicaron que iban por el dinero y las llaves del inmueble.

Bajo amenazas, la víctima entregó cinco mil pesos y las llaves de la propiedad, con lo que los sujetos consumaron el despojo del lugar.

Los hechos se mantuvieron sin nuevas acciones reportadas hasta el 7 de septiembre de 2026. Ese día, la víctima se encontraba en su domicilio cuando llegaron los mismos sujetos.

La agredieron físicamente y, con arma de fuego, le reclamaron por qué no había entregado el dinero. Le exigieron entonces 20 mil pesos y le ordenaron trabajar para el grupo delictivo.

La víctima entregó una parte del dinero exigido y, para resguardar su seguridad, abandonó su vivienda.

El 12 de octubre, la víctima volvió a su domicilio con la intención de recoger sus pertenencias. Al abrir la puerta, localizó un letrero con una amenaza firmado por “El Chulo” y “El Pepe”.

La investigación y la orden de aprehensión

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Como parte de la indagatoria, identificó a los probables responsables del delito de extorsión.

Con base en los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Erick Jesús “N” y José Alfredo “N”.

Elementos de la Fiscalía cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a ambos detenidos al Centro Penitenciario de la zona. Ahí quedaron a disposición de una autoridad judicial, que determinará su situación legal.

La FGJEM precisó que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

El avance de la Operación Restitución en el Edoméx

La detención de “El Chulo” y “El Gil” se suma a los resultados que la FGJEM ha reportado en el marco de la Operación Restitución, estrategia enfocada en combatir el despojo de inmuebles en la entidad.

Desde su puesta en marcha, la operación suma 2 mil 876 inmuebles asegurados en 91 municipios del Estado de México, de los cuales mil 859 ya fueron restituidos a quienes acreditaron legalmente su propiedad, según el comunicado 1029/2026 de la Fiscalía, con fecha del 25 de octubre de 2026.

El operativo involucra a la FGJEM junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Solo en el periodo del 17 al 23 de octubre de 2026, estas corporaciones realizaron 11 cateos y 39 inspecciones en municipios como Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco, entre otros. Como resultado, se aseguraron 50 inmuebles: 31 casas habitación, 18 predios y un local comercial.

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México.

Momentos antes de la agresión, Manzo compartió en sus redes sociales el evento del encendido de las velas en la plaza principal del municipio. En las grabaciones se le veía cargando a uno de sus hijos y acompañado incluso de miembros de su gabinete.

Aunque el exedil contaba con siete escoltas de la Policía Municipal, así como de miembros de la Guardia Nacional (GN) que vigilaban el perímetro, un adolescente de 17 años de edad, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, logró aproximarse a él y dispararle en al menos seis ocasiones.

Personas que se encontraban en la plaza capturaron los momentos de conmoción que vivieron aquella noche de sábado, en la que el alcalde cayó herido en la plaza junto al secretario de Obras Públicas del municipio, mientras que su agresor fue abatido en el sitio con la misma arma que usó para cometer el crimen.

CJNG detrás de la planeación del homicidio del exedil: personas de su círculo cercano también estuvieron involucradas

El crimen fue confirmado alrededor de las 21:00 horas por el Gabinete de Seguridad de México, quien informó la muerte de Carlos Manzo derivado del ataque armado.

Su homicidio provocó una ola de indignación en Uruapan, pero también en Morelia, donde se llevaron a cabo marchas para exigir justicia, lo que provocó que al menos ocho personas fueran detenidas por destrozos en el Palacio de Gobierno.

Luego del homicidio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no solo identificó al agresor de Manzo, sino que también pudo dar seguimiento a sus pasos y localizó los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del ataque armado.

Más tarde, las autoridades detuvieron a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a quien identificaron como el autor intelectual del asesinato de Manzo y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Actualmente van 34 personas detenidas por el homicidio del exedil, entre los que se encuentran los siete policías municipales que lo escoltaban al ser acusados de omisión, así como Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas de Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar.

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán determinaron que detrás de la célula que dirigía “El Licenciado” se encontraba, como principal autor intelectual del crimen, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG.

Según las indagatorias, el crimen de Carlos Manzo se planeó mediante un chat de mensajería cifrada en el que participaron los que ejecutaron la agresión, así como “El Licenciado” y personas cercanas al entonces edil, entre ellos Alexis “N”, alias “El Brilloso”, su ahijado.

La red también alcanzó al hermano de Alexis “N”, identificado como Christian “N”, alias “El Vikingo”, por presuntamente estar involucrado en la célula de “Los R’s”.

En la principal célula que ejecutó el crimen también se encontraba Salvador “N”, hermano de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG que arrestó Manzo junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

A un año del crimen, la Fiscalía de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad que impulsaba en Uruapan.

Y es que su administración, que comenzó en el año 2024, se caracterizaba por la realización de constantes operativos en los que se le veía sobrevolar helicópteros o patrullar en zonas serranas en compañía de su chaleco antibalas y sus escoltas.

Actualmente, la Fiscalía del Estado ha informado que el caso presenta un avance del 90% en las investigaciones, pero aún faltan acciones por realizar como la detención de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

Este 1 de noviembre de 2026 se cumple un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. La investigación de su caso destapó una red de complicidades en la que se involucraron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y personas del círculo cercano del entonces edil, quienes planearon su ejecución frente a cientos de personas.

Manzo fue atacado a tiros por un adolescente llamado Víctor Manuel “N”, quien fue abatido por los escoltas del exedil con la misma pistola que usó para cometer el crimen. Pero el joven no actuó solo, en la red involucrada se han identificado a más de 30 personas, de las cuales 34 ya fueron detenidas.

El homicidio de Manzo golpeó a los habitantes de Uruapan, pero también a otros pobladores de Michoacán, quienes realizaron una marcha en el centro de Morelia para exigir justicia luego de cometerse el crimen.

Y es que Carlos Manzo se hizo notar por su llegada al gobierno de Uruapan desde el Movimiento Independiente del Sombrero, cuya administración se caracterizó por el combate al crimen organizado. En sus redes sociales, el entonces edil compartía su participación en operativos y detenciones, entre los que se incluyó a presuntos miembros del CJNG.

Un crimen que se cometió en plena festividad de Día de Muertos: estos son los avances a un año del homicidio

La noche del 1 de noviembre de 2025, Manzo fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas. Tras el abatimiento del adolescente que lo atacó, las autoridades localizaron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del homicidio.

Sus dispositivos permitieron identificar el uso de un chat de mensajería cifrada, en la que participaron otros de los detenidos para darle seguimiento a Manzo y atacarlo a tiros.

A un año del asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por sus acciones de seguridad impulsadas en Uruapan, particularmente tras la captura de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG al que arrestó junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

Entre los 34 detenidos se encuentran Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, identificado como principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG. Las autoridades lo señalan como el autor intelectual del asesinato de Manzo.

Además, entre los arrestados también se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, investigado como uno de los autores intelectuales del homicidio, ya que, según las investigaciones, dirigió a la célula que cometió y planeó de manera directa el ataque armado.

Las indagatorias también permitieron identificar la presunta implicación de funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, así como de personas cercanas al exalcalde.

Entre los funcionaros detenidos se encuentran: Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar. Sin embargo, su círculo cercano también se vio involucrado.

Las detenciones alcanzaron a los siete escoltas de Manzo, acusados por omisión, así como a su ahijado, Alexis “N”, alias “El Brilloso”, señalado por presuntamente planear el ataque de la mano de su hermano, Christian “N”, alias “El Vikingo”, y que habrían actuado junto a “El Licenciado” del CJNG.

En la red también se ubicó a personas encargadas del reclutamiento de los adolescentes que ejecutaron el crimen, así como de personas relacionadas indirectamente con el asesinato pero que sí formaban parte de las actividades delictivas como la venta de drogas, entre los que destacan Salvador “N”, hermano de “El Rino”, detenido por Manzo en el mes de agosto de 2025.

¿Qué falta por esclarecer en el homicidio?

La Fiscalía de Michoacán informó en días pasados un avance del 90% en las investigaciones del homicidio de Manzo. Según las autoridades, lo que falta por hacer es lograr la captura de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

El vicefiscal y encargado de despacho, Israel Vega Rodríguez, dijo en conferencia de prensa del pasado 28 de octubre que otro punto pendiente es el análisis de los teléfonos celulares de Manzo que no han sido entregados por la actual edil, Grecia Quiroz, ya que ha afirmado tener desconfianza y temor de que sean borrados datos del aparato.

Grecia Quiroz, quien era la esposa del entonces edil, también ha exigido que la carpeta de investigación sea turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que las indagatorias se realizarían sin conflictos de interés.

Y es que, desde hace meses, la actual presidenta municipal de Uruapan ha acusado que detrás del homicidio de Manzo también podrían ocultarse rivalidades políticas, por lo que ha exigido que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua.

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, dijo en el mes de febrero pasado.

Tras sus solicitudes, la Fiscalía de Michoacán determinó que no existían elementos para indagar a los políticos luego de que declararon en sus instalaciones por el asesinato de Manzo.

A un año del crimen, el pueblo de Uruapan se prepara para realizar la 19 edición del Festival de las Velas en la plaza principal del municipio, en donde ya colocaron fotografías de Manzo para recordarlo. Además, este domingo se realizará una movilización en memoria del exedil.

Jesús González Peñuelaz, alias El Chuy Peñuelas o El Chuy González, quien fue abatido recientemente por fuerzas federales en Sinaloa, se encontraba reunido con Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro el día de su abatimiento, el lunes pasado, sin embargo, éste último logró darse a la fuga.

Así lo aseguró el periodista Jesús Lemus en el podcast Narcomundo, mismo que lleva a cabo con el también periodista y escritor José Luis Montenegro.

En el capítulo, Lemus dice que en algunas partes de Michoacán, llevan a cabo operaciones miembros de la DEA, la CIA y el FBI, para tratar de ubicar a los capos que encabezan las organizaciones criminales.

“El resultado es el abatimiento del Chuy González, a Chuy Gonzalez lo ubicaron, le dieron cran y se acabó, y el Chuy González, tenía una recompensa sobre su cabeza de 5 millones de dólares, pues por poquito matan dos pájaros de un tiro, porque andaba justamente reunido con su súper compa, con Isidro Meza Flores”, señaló el periodista.

Dijo que estaban en la misma reunión, pero cuando las fuerzas federales los acorralaron, Isidro Meza logró escapar.

Señaló que El Chuy González era una pieza clave dentro de la estructura de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, y con su abatimiento perdían una parte medular de la organización criminal, ya que González Peñuelas era el encargado de la producción de fentanilo con la que se financiaba ese grupo delictivo.

“La caída de Jesús González Peñuelas va a sufrir un descalabro importante, que sabemos bien, son estructuras bien definidas institucionalmente, que si se va uno entra otro, no pasa nada, pero en lo que entra el engranaje, y se aceita bien, pues tarda tantito y se caen muchas de las relaciones que tenía Jesús González Peñuelas, que era el hombre que estaba produciendo fentanilo para vender a Estados Unidos, a cinco estados de la Unión Americana, hasta allá lo estaba metiendo, y que con eso financiaba al cártel de Los Mayos”, dijo.

Abaten a Chuy Peñuelas o Chuy González

Las autoridades mexicanas informaron de la presunta muerte de Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy Peñuelas’, uno de los principales operadores del Cártel de Guasave, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, durante un enfrentamiento con militares de la Marina en el noroccidental estado de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que González Peñuelas figuraba entre las dos personas que murieron el lunes pasado durante un operativo en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina, los hechos ocurrieron durante acciones de seguimiento y vigilancia, apoyadas en información de inteligencia naval, que permitieron localizar vehículos en los que se desplazaban personas armadas.

Durante el seguimiento, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde dispararon contra los militares, quienes repelieron la agresión, según la versión oficial.

Ambos murieron en el enfrentamiento y sus cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Familiares que acudieron ante las autoridades señalaron que los fallecidos podrían ser González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias ‘El Profe’, identificado por fuentes federales como uno de sus presuntos colaboradores.

La identificación oficial se determinará mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Según fuentes federales, González Peñuelas encabezaba desde principios de siglo una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, y más recientemente habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

Su estructura operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, con conexiones en la frontera norte y redes de distribución en varios estados estadounidenses, entre ellos California, Texas, Colorado y Washington.

Las autoridades lo identificaban como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Fuentes federales señalaron que la organización de González Peñuelas también mantuvo vínculos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, extraditado el año pasado a Estados Unidos.

El presunto fallecimiento del operador ocurre en medio de los operativos federales contra las organizaciones criminales que actúan en Sinaloa, estado que enfrenta una prolongada ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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Vinculan a proceso a asesino de director de Pilares de Tepito

La investigación estableció que Hugo N manejaba un vehículo relacionado con indagatorias por robo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo perseguían. Durante el seguimiento, el automóvil arrolló a García Puga, quien murió de manera inmediata. Leé más...

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Capturan a “El 77″ de la Familia Michoacana en Guerrero

De acuerdo con las investigaciones de la FGE Guerrero, los detenidos serían presuntos integrantes de La Familia Michoacana en el municipio de Taxco de Alarcón. Leé más en...

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Estudiante denunció que perdió un riñón tras agresión escolar

Además de denunciar la agresión, Alma Celeste cuestionó la respuesta que recibió cuando acudió al plantel para pedir explicaciones.

Según su testimonio, el director de la telesecundaria calificó a Cristian como “insoportable” y “desordenado” y le habría dicho que entre los estudiantes “así se llevan”. Leé más en...

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Alertan por desaparición de aluman de la UNAM tras detención policial

Argelia Guadalupe, identificada como estudiante de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, se encontraba la noche del 29 de octubre en una protesta iconoclasta —es decir, una protesta caracterizada por pintas o destrucción de inmuebles con cierto valor simbólico— en las inmediaciones de la Alameda Central, en la Ciudad de México, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital acudió al lugar. Leé más en...

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Marina envió otros mil 600 elementos tras hallazgo de dos cabezas humanas

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron mantener la coordinación con los distintos sectores sociales y empresariales. Las acciones incluyeron vigilancia en puntos turísticos, carreteras, playas, espacios públicos y zonas de convivencia familiar. Leé más en...

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Los hombres que obtuvieron el poder tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada

La reconfiguración ocurre en medio de la disputa con Los Chapitos por Culiacán y las rutas del noroeste para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. La facción rival está encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Leé más en...

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Nereida tendió una trampa a su esposo para asesinarlo y fingió su desaparición en Mexicali

En 2024 la mujer llamó a un amigo y se subió a su auto, su esposo Félix Armando Hernández Ulloa la siguió pero ella hizo una parada para asesinarlo a balazos y luego esconder su cuerpo. Leé más en...

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Esta es la estrategia de la ex conductora de TV para salir libre

La exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Leé más en...

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Protestan por extorsión con féretro de amigo asesinado en CDMX

De acuerdo con sus familiares y compañeros, el trabajador fue atacado después de negarse a entregar dinero a sujetos que supuestamente le exigieron el pago de una cuota. La agresión ocurrió días antes en el fraccionamiento Lomas Verdes, también en Naucalpan. Leé más en...

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La Fiscalía de Jalisco investigaba el posible reclutamiento de mujeres después de que tres adolescentes de 15, 16 y 17 años fueron localizadas desorientadas cerca de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tras recibir una oferta de trabajo para elaborar sombreros en San Luis Potosí. Una de ellas, Paulina “N”, de 15 años, quedó a disposición del Ministerio Público luego de que habría declarado que recibía dinero por captar a otras jóvenes en un esquema de reclutamiento forzado presuntamente para cárteles.

El caso ocurrió el martes 27 de octubre, cuando integrantes del Agrupamiento Andrómedas de la Policía de Tlaquepaque realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Carlos Salgado, en el cruce con Las Torres, en la colonia Nueva Central Camionera. Los agentes encontraron a las adolescentes en estado de desorientación y les brindaron apoyo.

Salvador González de los Santos, fiscal del estado, informó que las jóvenes dijeron proceder de la región de Los Altos de Jalisco. Explicaron que un hombre les ofreció empleo en la elaboración de sombreros y las trasladó a la terminal de autobuses, pero después no regresó por ellas.

Las versiones oficiales presentaron diferencias sobre el lugar de origen de las adolescentes. La policía municipal indicó que eran originarias de San Juan de los Lagos, mientras que la Fiscalía refirió que provenían de Lagos de Moreno, ambos municipios ubicados en la región Altos de Jalisco.

Las jóvenes fueron abandonadas tras recibir una oferta laboral

De acuerdo con los primeros testimonios, un hombre desconocido pasó por las adolescentes en un vehículo rojo de modelo antiguo. Les ofreció un pago de $1,200 cada domingo por trabajar en la elaboración de sombreros y las llevó hasta la Nueva Central Camionera.

El sujeto les dijo que iría a cargar combustible, pero no volvió. Las autoridades investigaban si la oferta laboral fue utilizada como un mecanismo para trasladarlas e involucrarlas en actividades delictivas, así como la identidad de quien organizó el viaje.

González de los Santos señaló que las diligencias buscaban establecer quién ofreció el empleo y si alguna de las menores invitó a las demás. “En estos momentos estamos investigando si efectivamente las personas en su momento les ofrecieron este trabajo y si alguna de ellas fue quien las invitó”, declaró.

Los policías trasladaron a las tres adolescentes a la Cruz Verde Marcos Montero para una valoración médica. Después fueron presentadas ante el área especializada en Trata de Personas de la Fiscalía, con acompañamiento de personal de Trabajo Social del Centro de Atención de Niñas y Niños de San Pedro Tlaquepaque.

Paulina “N” habría recibido dinero por captar mujeres

Durante las entrevistas ministeriales, Paulina “N” habría manifestado que se desempeñaba como reclutadora y que recibiría $2,000 por cada mujer que incorporara. La adolescente también habría dicho que mantenía contacto con personas cuya identidad desconocía y que estarían relacionadas con actividades delictivas en San Juan de los Lagos.

El fiscal estatal explicó que esa declaración todavía era materia de investigación y que no existía confirmación sobre una posible relación de la adolescente con el crimen organizado. Las autoridades buscaban determinar si la menor era víctima de engaño, si participaba en la captación de otras jóvenes o si ambas circunstancias formaban parte de un mismo esquema.

Paulina “N” quedó a disposición del Ministerio Público, mientras las adolescentes de 16 y 17 años permanecieron bajo protección institucional. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes intervino en el caso mientras continuaban las entrevistas y demás diligencias ministeriales.

La autoridad municipal recordó que la adolescente debía ser considerada inocente mientras no existiera una sentencia. La presunta declaración sobre reclutamiento no acreditaba por sí misma responsabilidad penal, por lo que la Fiscalía debía reunir datos para definir las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Tlaquepaque había rescatado a 99 personas ante posible reclutamiento

La Secretaría de Seguridad de Tlaquepaque informó que entre el 1 de octubre de 2024 y octubre de 2026 había rescatado a 99 personas que estaban a punto de ser víctimas de reclutamiento. De ese total, 41 eran mujeres.

La Nueva Central Camionera había sido considerada un punto de atención por reportes previos de personas no localizadas que fueron vistas ahí por última vez. En la terminal se realizaban revisiones a pasajeros y equipaje con apoyo del Escuadrón Canino K9.

Guadalupe Ramírez, supervisor de la Policía de Tlaquepaque, pidió desconfiar de ofertas que prometieran pagos de cinco o 10 mil pesos semanales. También recomendó avisar a padres de familia o a una autoridad ante cualquier señal de alerta relacionada con propuestas laborales dirigidas a jóvenes.

La investigación permanecía abierta para localizar al hombre que trasladó a las adolescentes, identificar a quienes ofrecieron el empleo y establecer si existía una red dedicada al reclutamiento de mujeres en la región de Los Altos de Jalisco.

La Secretaría de Marina incrementó reforzó la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas en Sinaloa con más de 1,600 elementos adicionales. El despliegue se concentró especialmente en Mazatlán e incluyó labores de vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, luego del hallazgo de restos humanos en Mazatlán y Culiacán.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para verificar el despliegue operativo y revisar la estrategia de seguridad implementada en la entidad. Las acciones buscaron brindar protección tanto a habitantes como a visitantes.

Durante la visita, Morales Ángeles se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y representantes de los principales sectores empresariales del estado. El encuentro tuvo como objetivo establecer acuerdos para fortalecer la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad.

Entre los compromisos planteados estuvo la recuperación de espacios públicos, con medidas dirigidas a que las familias pudieran volver a utilizar parques, plazas y otros sitios de convivencia. La estrategia también contempló generar condiciones de seguridad y confianza en zonas de interés para residentes y turistas.

El gobierno estatal planteó acciones de seguridad y reactivación económica

La reunión incluyó temas económicos vinculados con la seguridad en Sinaloa. Autoridades y representantes empresariales plantearon impulsar la economía circular, la construcción y otros sectores productivos para promover inversiones, empleos y bienestar para las familias.

La participación del sector empresarial fue presentada como una parte permanente de la coordinación con las autoridades. El objetivo fue apoyar la reactivación de actividades productivas en la entidad mientras se fortalecían las acciones de vigilancia.

Como mecanismo de participación ciudadana, se habilitó un código QR para facilitar el acceso a un número telefónico de denuncia. La herramienta permitiría a la población comunicar de forma segura hechos que afectaran la seguridad de sus comunidades.

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron mantener la coordinación con los distintos sectores sociales y empresariales. Las acciones incluyeron vigilancia en puntos turísticos, carreteras, playas, espacios públicos y zonas de convivencia familiar.

Aún sin identificar la identidad de las víctimas de Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía de Sinaloa mantenía sin identificar las víctimas de dos cabezas humanas abandonadas en Culiacán y Mazatlán durante la última semana de octubre, mientras la Secretaría de Marina reforzó la vigilancia estatal con 1,600 elementos adicionales, principalmente en el puerto.

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que ninguna de las víctimas había sido reconocida formalmente. Ambos casos eran investigados por separado para establecer las circunstancias de los homicidios y la identidad de las personas responsables.

El hallazgo más reciente ocurrió la tarde del jueves 29 de octubre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán. Una hielera con una cabeza humana fue abandonada frente a un domicilio aparentemente deshabitado.

El contenedor fue localizado sobre la calle Constituyente Enrique Colunga, entre Constituyente Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón. Elementos de seguridad acudieron al lugar y personal de la Fiscalía realizó las diligencias para trasladar los restos al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía abrió una carpeta por el homicidio en Mazatlán

Dos días antes, el martes 27 de octubre, otra cabeza humana fue localizada dentro de una hielera abandonada en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán. El hallazgo ocurrió en el área de los portales de la Dirección de Ingresos, en el centro de la ciudad.

El caso generó un despliegue de corporaciones de seguridad en el inmueble. Junto a los restos fue localizada una cartulina con un mensaje, aunque su contenido no fue revelado oficialmente.

Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso tras el hallazgo en Mazatlán. La funcionaria no dio información sobre un posible móvil ni sobre personas relacionadas con el abandono de los restos.

“Hasta este momento no ha habido identificación formal”, declaró la fiscal al ser cuestionada sobre ambos hechos. Sobre la investigación del puerto, precisó: “Se está trabajando, es una carpeta que se inició por el delito de homicidio doloso. Hasta este momento tampoco ha sido identificada de manera formal”.

En el video que circuló en TikTok, Davis Flow le preguntó a la plataforma quién era Emma Coronel Aispuro. La herramienta respondió que Coronel era una mujer estadounidense y mexicana conocida por ser la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La inteligencia artificial añadió que en 2021 Coronel fue condenada a tres años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. También indicó que recuperó su libertad en septiembre de 2023, después de declararse culpable de cargos federales.

Mientras escuchaba la respuesta, Coronel utilizó un filtro de lentes oscuros. Sonrió cuando la plataforma mencionó al exlíder del Cártel de Sinaloa y comenzó a comer botanas cuando escuchó la referencia a las acusaciones por narcotráfico.

La pregunta de Coronel cambió el tono de la transmisión

La exreina de belleza respondió a la descripción con una pregunta dirigida a la herramienta: “¿Tú piensas que soy mala persona?”. La inteligencia artificial contestó que, por lo que habían platicado, no había señales de que ella fuera una mala persona.

La plataforma agregó: “Al contrario, se nota interés y cuidado”. La respuesta contrastó con la semblanza inicial, centrada en el vínculo de Coronel con Guzmán y en el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.

El episodio retomó uno de los temas que ha acompañado a Coronel en sus apariciones públicas: la asociación entre su imagen y la historia criminal de quien fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa. La transmisión mostró que la referencia a ese pasado todavía provoca reacciones inmediatas en ella.

Desde que salió de prisión en septiembre de 2023, Coronel buscó desarrollar una faceta pública enfocada en el modelaje, la moda y las redes sociales. Mantuvo actividad en Instagram y, en octubre de 2026, comenzó a publicar videos en un canal de YouTube identificado con su nombre.

ChatGPT ya había elaborado un retrato distinto de Emma Coronel

La conversación en vivo no fue la primera ocasión en que Coronel recurrió a herramientas de inteligencia artificial para preguntar cómo era descrita. El 9 de mayo de 2025 compartió en Instagram una imagen con un texto generado por ChatGPT, al que presentó como “El resumen breve que hace Chat GPT de mí”.

El mensaje la describió como “una mujer alegre, dulce y divertida, con una energía que se siente en cada lugar que pisa”. También señaló que era apasionada del gimnasio y del cuidado personal, y que encontraba en la disciplina una forma de honrar su fuerza interior.

La respuesta difundida por Coronel la calificó como una persona generosa que expresaba su cariño mediante detalles “llenos de intención y autenticidad”. El texto contrastó con la descripción escuchada durante la transmisión, pues evitó cualquier referencia a los delitos por los que fue procesada.

ChatGPT también afirmó que Coronel era leal a las personas que amaba, a su esencia y a sus convicciones. El contenido sostuvo que ella buscaba dejar atrás “etiquetas del pasado” para construir una imagen basada en resiliencia, elegancia, inteligencia y poder femenino.

Las publicaciones de 2025 reavivaron comentarios sobre “El Chapo”

El 5 de mayo de 2025, cuatro días antes de difundir la respuesta de ChatGPT, Coronel publicó una galería de retratos creados con inteligencia artificial. La serie formó parte de sus publicaciones como modelo e influencer y llevó el título Me in AI.

Su contestación fue interpretada por usuarios como una reafirmación de su vínculo con Guzmán, en vez de un intento por desmarcarse del narcotraficante. En ese intercambio, Coronel se mostró segura y sin intención de justificar su pasado.

Varios comentarios defendieron que no debía desligarse del padre de sus hijas, María Joaquina y Emaly Guadalupe. Otros usuarios expresaron deseos de que Joaquín Guzmán recuperara su libertad.

Antes de que Ismael “El Mayo” Zambada terminara bajo custodia de Estados Unidos, el narcotraficante fue buscado durante años por autoridades mexicanas. Uno de esos intentos ocurrió en un escenario poco habitual: Chichén Itzá, Yucatán, donde elementos del Ejército mexicano se infiltraron entre los turistas para tratar de capturarlo durante el equinoccio de primavera.

El operativo es revelado en “La caída de El Mayo”, la nueva serie documental de Netflix que reconstruye la trayectoria del fundador del Cártel de Sinaloa y las circunstancias que rodearon su detención el 25 de julio de 2024.

De acuerdo con el testimonio del general retirado Roberto Aguilera, incluido en la producción, las labores de inteligencia permitieron conocer que Zambada acostumbraba acudir a Chichén Itzá cada 21 de marzo, fecha asociada con el equinoccio de primavera.

La razón, según explicó el exmilitar, estaba relacionada con las creencias personales del capo. Aguilera señaló que Zambada era una persona “muy mística” y que acudía a la zona arqueológica para observar el fenómeno de luz y sombra que ocurre en la pirámide de Kukulcán y, según su creencia, recibir su energía.

Militares vestidos como turistas para atrapar a El Mayo

Con esa información, el Ejército mexicano diseñó una operación para intentar localizar al narcotraficante en uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

Los elementos militares no llegaron vestidos con uniformes. De acuerdo con Aguilera, se hicieron pasar por turistas, utilizaron ropa casual, shorts y gorras, y se distribuyeron alrededor de la pirámide de Kukulcán para intentar pasar inadvertidos.

La estrategia consistía en aprovechar la información obtenida mediante inteligencia para encontrar a Zambada cuando acudiera a su supuesto ritual durante el equinoccio.

“Fuimos como turistas, con shorts, con gorra”, relata Aguilera en la producción, al explicar cómo los elementos se dispersaron alrededor de la pirámide para intentar realizar la captura.

Sin embargo, el plan no tuvo éxito.

El problema fue la enorme cantidad de personas que se encontraban en la zona arqueológica. El general retirado explicó que había miles de visitantes y que los elementos no pudieron confirmar si El Mayo efectivamente había acudido a Chichén Itzá ese día.

Por ello, las autoridades no pudieron determinar si el narcotraficante había cambiado sus planes o si simplemente logró pasar desapercibido entre la multitud.

El Mayo era un “fantasma” para las autoridades

La docuserie también aborda las dificultades que enfrentaron las autoridades mexicanas para identificar físicamente a Zambada durante los primeros años de las investigaciones.

Según el testimonio de Aguilera, aunque desde la década de 1990 existían indicios sobre las actividades del capo, las autoridades no contaban con una fotografía que permitiera confirmar cómo era su rostro.

Ese escenario cambió en 2001, cuando elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional encontraron una credencial con una fotografía de Zambada durante un operativo.

El documento no llevaba su nombre real, pero la imagen permitió a las autoridades contar por primera vez con una referencia visual para identificarlo.

La fotografía fue localizada en un automóvil en el que viajaba Javier Torres Félix, uno de los colaboradores cercanos de Zambada. Tras su detención, Torres Félix habría confirmado que la persona que aparecía en la credencial era efectivamente El Mayo.

Para Aguilera, aquel hallazgo representó un punto de inflexión en la búsqueda del narcotraficante.

“Antes de eso era un fantasma”, señala el general retirado en la serie documental.

A partir de entonces, las autoridades intensificaron las labores de inteligencia y realizaron diversas operaciones para intentar ubicar y detener al líder del Cártel de Sinaloa.

La investigación también incluyó la intervención de comunicaciones y el seguimiento de llamadas y mensajes relacionados con integrantes de la organización criminal. El documental plantea además que Zambada contaba con una extensa red de informantes que le permitía conocer con anticipación algunos operativos en su contra.

El final de décadas de búsqueda

Los intentos para capturar a Zambada se prolongaron durante décadas. Uno de ellos ocurrió precisamente en el entorno de Chichén Itzá, donde los militares buscaron aprovechar una rutina que habían detectado mediante inteligencia.

Finalmente, el 25 de julio de 2024, El Mayo fue detenido en Estados Unidos después de llegar a un aeropuerto de Nuevo México a bordo de un avión privado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su detención puso fin a una de las búsquedas más prolongadas de un capo mexicano y abrió nuevas interrogantes sobre las circunstancias de su llegada a territorio estadounidense.

“La caída de El Mayo”, estrenada en Netflix el 29 de octubre de 2026, reconstruye ese episodio mediante testimonios, archivos y la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

Un juez de control vinculó a proceso a Hugo N por el homicidio de Mario García Puga, activista social que murió atropellado el 24 de octubre de 2026 durante una persecución policial en la colonia Morelos (donde se ubica la zona comercial de Tepito), alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX). El imputado también enfrentó cargos por portación de arma de fuego.

La investigación estableció que Hugo N manejaba un vehículo relacionado con indagatorias por robo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo perseguían. Durante el seguimiento, el automóvil arrolló a García Puga, quien murió de manera inmediata.

El juez impuso a Hugo N la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria por el homicidio. La Fiscalía General de la República deberá determinar su situación jurídica por el delito de portación de arma de fuego.

Las mujeres que viajaban con él, Johana N y Fátima N, también fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. Al momento de la detención, las autoridades aseguraron 20 dosis de marihuana a cada una.

Para ambas imputadas, la autoridad judicial ordenó firma periódica mensual y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Según la indagatoria, los tres viajaban en el vehículo perseguido por su posible relación con investigaciones por robo.

Mario Puga era director de un Pilares

El activista Mario García Puga fue atropellado y murió el sábado 24 de octubre durante una persecución policial en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. La víctima era un referente cultural de Tepito y colaboraba con PILARES Morelos.

García Puga manejaba una motocicleta eléctrica cuando fue embestido por el vehículo en el que viajaban sujetos presuntamente vinculados con una banda dedicada al robo de relojes. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Tapicería y Herreros, mientras los sospechosos escapaban de policías capitalinos.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas confirmaron que el activista ya no presentaba signos vitales. Los reportes policiales señalaron que murió a causa de politraumatismos y la amputación del miembro pélvico izquierdo.

Los presuntos responsables fueron detenidos por las autoridades, de acuerdo con la información difundida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La mandataria aseguró que daría seguimiento al caso para garantizar justicia.

Mario García Puga dedicó su trabajo a Tepito

Brugada lamentó la muerte de García Puga y recordó que se desempeñó como director de PILARES en la colonia Morelos. También señaló que fue fundador del Espacio Cultural Tepito y fotógrafo.

La jefa de Gobierno describió al activista como “un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”. Añadió que su legado permanecería en las calles, la memoria y el corazón del barrio.

PILARES expresó su pesar por el fallecimiento y afirmó que el compromiso, cariño y trabajo de García Puga dejaron una huella en la comunidad. La institución envió solidaridad a sus familiares, amistades y habitantes de Tepito.

Javier Hidalgo, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, también se refirió a la muerte del activista. El funcionario señaló que García Puga dejó un vacío enorme en Tepito.

• Mario García Puga murió atropellado durante una persecución en la colonia Morelos.
• Los presuntos responsables fueron detenidos por las autoridades.
• El activista colaboraba con PILARES Morelos y fundó el Espacio Cultural Tepito.

Elementos de fuerzas federales y corporaciones de seguridad fueron desplegados la noche del viernes en los alrededores de la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, sede donde regularmente despacha la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en un operativo registrado a pocos días del primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, en el exterior del inmueble fueron observados vehículos de policías y militares. En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y Ejército Mexicano, además de corporaciones estatales.

HaQuiroz no ha fijado una postura sobre el despliegue y tampoco se había difundido información oficial que explicara el motivo específico de la presencia de las fuerzas de seguridad en la sede del movimiento.

El operativo ocurre mientras Uruapan se prepara para una jornada de movilizaciones por el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de la ciudad.

Refuerzan seguridad en Uruapan

Además de la presencia de militares y policías en la casa de enlace, el despliegue de seguridad contempla patrullajes y vigilancia en distintos puntos de Uruapan. Helicópteros y unidades policiales fueron enviados al municipio, mientras elementos de seguridad pública estatal tienen previsto resguardar las zonas consideradas de mayor conflictividad.

El reforzamiento ocurre después de que la propia Grecia Quiroz solicitara apoyo federal ante los hechos de violencia registrados en el municipio. Días antes, la alcaldesa informó que acordó reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para analizar las estrategias destinadas a fortalecer la seguridad en Uruapan.

La funcionaria también ha reconocido la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como la inversión federal para construir un cuartel destinado a la Policía Municipal.

El contexto de violencia ha provocado un incremento en la presencia de fuerzas de seguridad. Un reporte publicado esta semana señaló que alrededor de 200 elementos de la Guardia Civil de Michoacán fueron enviados a Uruapan, acompañados por vehículos tácticos, drones y equipo especializado para reforzar las labores de vigilancia.

Marcha por justicia y paz

El despliegue también coincide con la movilización convocada por Grecia Quiroz para este 1 de noviembre, fecha en la que se cumple un año del asesinato de Manzo, quien fue su esposo y fundador del Movimiento del Sombrero.

La alcaldesa llamó a participar en una marcha por la justicia y la paz, cuyo objetivo es mantener vigente la exigencia de esclarecer el homicidio, pero también visibilizar a víctimas de otros delitos y problemas de inseguridad que afectan a Michoacán.

Como parte de la jornada está prevista la develación de una estatua dedicada a Carlos Manzo, quien fue asesinado mientras participaba en las actividades del Festival de las Velas ante miles de personas.

El crimen provocó una investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. De acuerdo con reportes, 34 personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos y las indagatorias continúan abiertas.

Manzo fue atacado con arma de fuego y el presunto responsable material, un menor de edad, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad. Las autoridades han señalado vínculos del caso con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el asesinato, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan. Desde entonces, el Movimiento del Sombrero se ha mantenido como uno de los principales referentes de su actividad política y social en el municipio.

Por ahora, las autoridades no han informado si el operativo en la sede del movimiento responde a una amenaza concreta o forma parte del dispositivo general de seguridad implementado en Uruapan con motivo del aniversario del asesinato de Manzo.

Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, encabeza La Mayiza tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro de sus operadores cercanos por presuntamente sostener la presencia de la facción del Cártel de Sinaloa en México.

La reconfiguración ocurre en medio de la disputa con Los Chapitos por Culiacán y las rutas del noroeste para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. La facción rival está encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En Tijuana, La Mayiza mantiene el control territorial mediante los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “Aquiles” y “La Rana”, quienes ya habían sido sancionados por autoridades estadounidenses. Ambos llevan alrededor de 15 años al frente de esa plaza, con una estructura basada en violencia, alianzas y corrupción política y policiaca.

Cuatro operadores cercanos a Mayito Flaco fueron sancionados

El Departamento del Tesoro identificó a Hildegardo Gastélum García, “Aldo”; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”; Francisco Javier Mendoza Uriarte, y Lorenzo Castillo Maldonado como hombres de confianza de Zambada Sicairos.

Gastélum García sería uno de los principales asesores del líder de La Mayiza. Las autoridades de Estados Unidos lo describen como un narcotraficante de alto rango que estaría al frente de varios hoteles en Culiacán, Sinaloa, utilizados presuntamente para lavar recursos procedentes del tráfico de drogas.

“Aldo” también financiaría la confrontación de La Mayiza contra Los Chapitos con ganancias de actividades ilícitas, de acuerdo con los señalamientos del Tesoro estadounidense.

Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”, tendría la tarea de proteger a la cúpula de la organización durante la guerra contra Los Chapitos y otros grupos. Antes de ponerse bajo las órdenes del Mayito Flaco, trabajó para “El Mayo” Zambada y controlaba territorio en Baja California como jefe de una célula.

Tras la captura del patriarca del grupo, Mendoza Uriarte y su hermano Francisco Javier se habrían incorporado a la estructura de Zambada Sicairos. El Tesoro indica que “El Güero Chompas” da instrucciones directas a Lorenzo Castillo Maldonado, responsable de la seguridad del jefe de La Mayiza.

Castillo Maldonado no solo sería guardaespaldas del Mayito Flaco. También habría formado una red de alianzas con bandas locales para conseguir sicarios, trasladar droga entre plazas y lavar dinero.

El presunto operador cumplía una condena de cadena perpetua en prisión, pero personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa habrían sobornado a funcionarios mexicanos para obtener su liberación. Después de salir de prisión, habría creado la red de apoyo criminal que le permitió fortalecer su posición dentro de la facción.

Francisco Javier Mendoza Uriarte es el integrante menos conocido de este grupo. Su función sería principalmente administrativa: trabajó como secretario de “El Mayo” Zambada, aunque las autoridades estadounidenses no detallaron las tareas que desempeñaba en ese cargo.

La guerra con Los Chapitos se extiende a varias entidades

La captura de Ismael Zambada dejó a La Mayiza con varios frentes abiertos. Desde mediados de 2025, Los Chapitos tendrían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que históricamente ha sido adversaria de la facción vinculada con “El Mayo”.

El CJNG aportaría dinero, armas y sicarios a Los Chapitos en el sur de Sinaloa y en zonas de Chihuahua y Durango. Esa cooperación fortalecería la disputa por rutas y territorios usados para enviar droga a Estados Unidos.

InSight Crime menciona a Los Cabrera, grupo originario de Durango, así como a brazos armados como Los Rusos, Los Ántrax y Flechas MZ, entre las estructuras que permiten a La Mayiza conservar presencia en Baja California.

También existen reportes sobre un presunto acuerdo con “El Chapo Isidro”, del Cártel de Guasave. La publicación especializada advierte que no está claro el alcance ni la vigencia de esa posible alianza.

La frontera de Baja California representa una pieza central para el control de las rutas hacia Estados Unidos. En Mexicali, la plaza está dominada por Los Rusos, subfacción de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.

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El nombre de Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, quedó formalmente ligado ante la justicia de Estados Unidos a uno de los narcotúneles transfronterizos descubiertos este año entre México y California. Un gran jurado federal de San Diego lo acusó de diseñar y construir el pasadizo presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para introducir drogas a territorio estadounidense.

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La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas dio a conocer, por medio de redes sociales, que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región.

Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

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En 1993, el rostro de Joaquín “El Chapo” Guzmán era prácticamente desconocido para México. Un cardenal muerto a tiros en el aeropuerto de Guadalajara cambió eso: aquella tarde del 24 de mayo, Jacobo Zabludovsky presentó en el noticiero 24 Horas el primer retrato hablado del narcotraficante sinaloense, junto con una recompensa de cinco millones de dólares.

El documental Operación Cisne Negro, estrenado el 27 de octubre de 2026 en la plataforma Vix, recupera ese fragmento de archivo como el instante en que el fantasma se volvió rostro.

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Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre; sin embargo, el caso comenzó a recibir cobertura nacional al día siguiente.

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Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

Las cinco estructuras han sido designadas organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos recibieron esa designación el 20 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump; el Cártel de Juárez fue designado el 16 de julio de 2026.

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Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

La detención de este jueves desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

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La docuserie La caída de El Mayo, disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2026, reconstruye en su primer episodio “El Señor del Sombrero” uno de los episodios menos contados del Cártel de Sinaloa: el secuestro de uno de los gemelos Flores en México, el encuentro que siguió con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la posterior presentación ante Ismael “El Mayo” Zambada, los mismos capos a quienes años después traicionarían desde adentro ante el gobierno de Estados Unidos.

Los hermanos Margarito y Pedro Flores, nacidos en el barrio de Little Village en Chicago, confesaron haber movido más de 60 toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas como los principales distribuidores del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos. En 2008, cuando cooperaron con autoridades estadounidenses, su testimonio derivó en acusaciones formales contra más de 50 narcotraficantes, incluyendo al propio Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada.

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Seis personas ajenas a los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado murieron durante la jornada de violencia del jueves 29 de octubre en Tamaulipas, desatada tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, identificado como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo.

El saldo incluye a cuatro integrantes de una familia que fallecieron cuando el automóvil en el que viajaban chocó contra un autobús incendiado y atravesado sobre la carretera Matamoros-Reynosa; un hombre que murió al impactar su camioneta contra un vehículo utilizado para bloquear el acceso al puente internacional Los Indios, y una niña de siete años que recibió un disparo durante los acontecimientos violentos.

La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, originario de Texas, cuyo fallecimiento fue reportado durante la mañana del viernes 30 de octubre. Su caso se sumó al de los cuatro ocupantes del automóvil y al de la menor, cuyo deceso había sido confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Cuatro integrantes de una familia murieron al chocar contra un autobús incendiado

El accidente con más víctimas ocurrió sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño, donde un automóvil se impactó contra un autobús que presuntos delincuentes habían incendiado y atravesado para bloquear la circulación.

En el vehículo viajaban cuatro personas, tres mujeres y un hombre, quienes murieron por el impacto. Un niño que también iba a bordo sobrevivió al accidente y fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.

Entre los documentos localizados en el sitio se encontraba una identificación a nombre de Priscila Sarahí González López, con domicilio en el municipio de Juárez, Nuevo León. Medios locales difundieron los nombres de los integrantes de la familia, aunque las autoridades no habían presentado públicamente una identificación oficial conjunta de las cuatro víctimas.

Personal de la Fiscalía estatal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Un conductor de Texas murió al impactarse contra un vehículo incendiado

La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, un hombre originario de Texas que murió después de que la camioneta Ford F-150 que conducía chocara contra un vehículo calcinado utilizado para cerrar el paso al puente internacional Los Indios, que comunica Matamoros con Brownsville.

El accidente ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 30 de octubre, cuando el automovilista circulaba en dirección al cruce fronterizo. De acuerdo con información publicada por La Jornada, el conductor salió expulsado de la camioneta tras el impacto.

Elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Civil de Valle Hermoso acudieron al sitio. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El fallecimiento fue reportado por la mañana del viernes y elevó a seis el saldo de víctimas relacionado con los bloqueos y los hechos violentos en la región.

Una niña de siete años murió por un disparo durante la jornada violenta

La otra víctima fue una niña de siete años, identificada por medios locales como Arayza, ciudadana estadounidense, quien murió por una herida de arma de fuego cuando viajaba con familiares en una camioneta sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Las Rusias.

La madre de la menor también resultó herida en una pierna. De acuerdo con un familiar que dio un testimonio para El Financiero, la camioneta quedó en medio de la situación de riesgo y recibió disparos desde un helicóptero de fuerzas policiales. Una de las balas alcanzó a la mujer y otra impactó en la cabeza de la niña.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar de dónde provinieron los disparos. La versión sobre las detonaciones desde una aeronave corresponde al testimonio del familiar y no debe considerarse una conclusión oficial.

La Vocería de Seguridad confirmó la noche del jueves la muerte de una menor y dos personas lesionadas durante los incidentes registrados en Matamoros.

La captura de un integrante de Los Ciclones provocó los bloqueos

Los incendios de vehículos y cierres carreteros comenzaron después de que fuerzas federales detuvieron a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, durante un operativo realizado alrededor del mediodía del 29 de octubre en Matamoros.

La captura ocurrió principalmente en la colonia San Francisco, mediante un despliegue por tierra y aire en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con Cárdenas Rodríguez fue detenido otro hombre cuya identidad no había sido difundida en los primeros reportes. Tras el operativo, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El presunto integrante de Los Ciclones fue llevado al Aeropuerto Internacional General Servando Canales para su traslado a la Ciudad de México.

La captura provocó una reacción de presuntos integrantes de esa organización criminal, quienes atravesaron e incendiaron camiones de carga y unidades de transporte público para impedir la circulación. También se reportó el uso de ponchallantas en distintos puntos.

De acuerdo con el recuento publicado por La Jornada, se registraron al menos 15 bloqueos en Matamoros, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso. Las obstrucciones afectaron carreteras y accesos a la zona fronteriza.

La violencia obligó a suspender clases y cerrar cruces internacionales

Los acontecimientos también provocaron afectaciones a las actividades cotidianas de la población. La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las clases del turno vespertino del jueves en todos los niveles educativos de Matamoros, tanto en escuelas públicas como privadas.

La medida se tomó ante los operativos de seguridad y los bloqueos registrados en diferentes sectores de la ciudad. Algunos establecimientos comerciales también cerraron sus puertas mientras continuaban las situaciones de riesgo.

El Consulado de Estados Unidos pidió a su personal permanecer resguardado en sus instalaciones ante la violencia en la ciudad fronteriza. Además, se reportó el cierre temporal de los cuatro puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas: el Puente Viejo o B&M, el Puente Nuevo o Gateway, el cruce Los Tomates-Veterans y el puente Libre Comercio-Los Indios.

La mañana de este viernes, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las carreteras federales y estatales ya no presentaban obstrucciones y que la circulación había regresado a la normalidad. La dependencia señaló que las corporaciones mantenían presencia operativa y recorridos de vigilancia en los principales tramos carreteros.