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Salomón Jara afirma que “nadie estará por encima de la ley” tras detención del alcalde de Juchitán

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, afirmó que “nadie estará por encima de la ley” tras la detención del presidente municipal de Juchitán y reconoció la participación del gabinete de seguridad federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario sostuvo que Juchitán se mantiene en paz y con “absoluta gobernabilidad”, y aseguró que no habrá impunidad ni excepciones para quienes se aparten del estado de derecho.

Detienen a alcalde de Juchitán por su probable vínculo con célula ligada al CJNG

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, identificado como M.S.A., alias “Quetu”, y de C.A.P.L., alias “La Parka”, durante un operativo conjunto con Marina, SSPC, Guardia Nacional, Defensa y Policía Estatal. M.S.A. fue detenido por una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y es señalado por su probable vínculo con “Los Cromos”, célula que, según las investigaciones de la Fiscalía, opera como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

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Detienen a alcalde de Juchitán acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “N”, fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, por elementos de fuerzas federales y autoridades de Oaxaca, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y son señalados por su presunta relación con una estructura criminal dedicada al cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

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Capturan a dos hombres con armas y drogas en Sinaloa

Una denuncia anónima permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detener a dos civiles armados en el municipio de Concordia, en un operativo que derivó también en el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos y presunta droga.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió mientras el personal realizaba labores de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la carretera El Salto-Villa Unión. La alerta sobre la presencia de personas armadas en la zona los llevó a desplazarse para verificar su presencia.

Los policías localizaron a dos hombres que, al notar su presencia, intentaron evadir la vigilancia, pero no tuvieron éxito. Las autoridades les localizaron un fusil calibre 5.56x45 milímetros y un fusil multicalibre, además de 12 cargadores para calibre 5.56 milímetros y 360 cartuchos útiles del mismo calibre.

También se aseguraron 200 envoltorios con presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 56 gramos, dos chalecos, cuatro placas Kevlar y dos radios de comunicación, por lo que ambos fueron detenidos.

Desarticulan célula de “La Venada” en Michoacán, ligada al Cártel de Los Reyes

Cinco presuntos integrantes de la célula delictiva “La Venada”, vinculada al Cártel de Los Reyes, fueron detenidos en el municipio de Jacona, Michoacán, entre los que se encontraba Luis Armando “N”, alias “La Goma”, identificado como objetivo prioritario dentro del grupo criminal.

Sus detenciones se realizaron como resultado de labores de inteligencia en la colonia Nuevo Porvenir por parte de elementos de seguridad estatal.

De acuerdo con registros de inteligencia, Luis Armando “N”, alias “La Goma”, contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes al momento de su detención: 11 de ellas relacionadas con delitos de homicidio calificado y una por secuestro agravado.

Durante la intervención, el detenido presuntamente intentó desarmar a uno de los elementos de seguridad. Tras el forcejeo, resultó con una lesión de arma de fuego en el tobillo, por lo que de inmediato recibió atención médica y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia en condición estable.

“La Venada” es una célula delictiva vinculada al Cártel de Los Reyes que, según información de inteligencia, tiene presencia en la región de Uruapan y mantiene operaciones en los municipios de Zamora y Jacona. Su principal actividad ilícita es la extorsión y el cobro de cuotas a productores y empresarios aguacateros, de berries, agrícolas y ganaderos.

Como parte del mismo despliegue, también fueron detenidos Julio “N”, Rigoberto “N”, Sergio “N” y José “N”, señalados como presuntos integrantes de “La Venada”. Algunos de ellos cuentan con antecedentes por homicidio calificado y narcomenudeo, y están relacionados con la venta y distribución de narcóticos en el municipio de Zamora.

Durante la intervención fueron asegurados 25 envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 17 gramos.

En el sitio también fue asegurado un adolescente, a quien le fueron localizados dos cartuchos calibre punto 40.

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Localizan con vida a 3 trabajadores de Conagua víctimas de secuestro virtual en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) localizó con vida y en buen estado a tres trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el municipio de Sola de Vega, luego de que fueran víctimas de un intento de secuestro virtual.

De acuerdo con los datos, el jefe inmediato de los tres ingenieros, identificados con las iniciales Y.C.S., H.D.D. y D.L.A., recibió la mañana del 22 de septiembre llamadas y audios en los que se le exigía el pago de 100 mil pesos a cambio de su liberación.

A partir de ese aviso, las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de investigación para establecer el paradero de las víctimas.

Las acciones de investigación y búsqueda en campo que permitieron ubicar a los tres trabajadores en un hotel de Sola de Vega. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que las víctimas se encontraban ilesas y que habían sido objeto de un secuestro virtual.

La Fiscalía informó que continúa con las investigaciones correspondientes para identificar y llevar ante la autoridad a quien o quienes resulten responsables de estos hechos.

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Pobladores, mototaxistas y policías locales bloquearon carreteras, colocaron barricadas y quemaron neumáticos en distintos puntos de la región para exigir la liberación de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, detenido este miércoles por elementos de corporaciones estatales y federales.

Minutos después de conocerse la captura del edil, los mototaxistas bloquearon el Canal 33 de la carretera 185 Transístmica para impedir el paso de vehículos, como medida de presión ante las autoridades.

El cerco se replicó posteriormente en el entronque que conduce a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, donde había sido llevado el edil, donde elementos de la Semar impidieron el ingreso de la corporación municipal.

Cerco de la Policía Municipal en la carretera transístmica

Elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidas del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, según información compartida por fuentes a Infobae México. Los uniformados, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, montaron un cerco en la carretera transístmica en espera de indicaciones tras la detención del edil.

Sánchez Altamirano fue llevado a la base aérea de Ciudad Ixtepec para su posible traslado, mientras los elementos policiacos permanecían en el lugar en espera de noticias sobre la situación del presidente municipal.

Por qué fue detenido el alcalde de Juchitán

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza fue detenido este miércoles durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La captura ocurrió mientras Sánchez Altamirano participaba en un acto público relacionado con la entrega de una obra destinada a la Secretaría de Marina, en la colonia Mártires 31 de Julio de Juchitán.

Junto al alcalde fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por los mismos delitos, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención del edil y precisó que corresponde a las autoridades ministeriales integrar la investigación y determinar la situación jurídica de los detenidos conforme avance el proceso penal.

La captura también involucró a la denominada Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado el pasado 21 de septiembre, integrado por 100 policías especializados: 50 de la Fiscalía estatal y 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Participación de fuerzas federales y estatales

El despliegue operativo contó con la participación de elementos de la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en coordinación con la FGEO y la Secretaría de Seguridad estatal.

García Harfuch informó, a través de su cuenta en la red social X, que la detención se realizó en el marco de la política de “Cero Impunidad” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La detención del edil se produjo luego de más de un año de operativos e investigaciones por la presunta infiltración de grupos criminales en estructuras de seguridad de Juchitán. En junio de 2025, como parte de la Operación Sable, autoridades estatales y federales ya habían intervenido la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el C2 del municipio.

Presunta estructura criminal bajo investigación

Según las autoridades, las investigaciones vinculan a Sánchez Altamirano y a “La Parca” con el Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios de la región del Istmo de Tehuantepec.

Las pesquisas relacionan a Sánchez Altamirano con Los Cromos, un grupo criminal que opera en la región como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acusaciones deberán ser acreditadas ante la autoridad judicial correspondiente. Los detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.

Bloqueo de cuentas y contexto del Operativo Enjambre

Como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la presunta red delictiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas bancarias de personas vinculadas con la investigación. Hasta el momento no se ha especificado el monto de los recursos bloqueados ni el número de cuentas inmovilizadas.

La detención se enmarca en el llamado “Operativo Enjambre”, implementado por el gobierno federal para investigar a presidentes municipales vinculados con la delincuencia organizada, con capturas previas de alcaldes en Puebla y Morelos. De acuerdo con el medio Noroeste, el operativo sumaba hasta esa fecha 112 funcionarios detenidos en el país.

Un tractocamión que transportaba 25 toneladas de cerveza presuntamente robada, con un valor estimado de 800 mil pesos, fue asegurado en los límites de Guanajuato y Querétaro, luego de que el conductor intentara escapar de policías estatales y municipales.

El operativo ocurrió durante la tarde del martes 22 de septiembre, después de que una llamada al 911 alertara sobre el robo de un tractocamión cargado con cerveza en territorio queretano.

La unidad fue localizada cuando circulaba sobre la carretera estatal Charco Blanco, en la zona limítrofe entre ambos estados. Elementos de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato y de la Policía Municipal de Apaseo el Alto identificaron el vehículo y le marcaron el alto.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y aceleró para intentar escapar.

Tractocamión choca contra barrera durante persecución

Durante el intento de fuga, el conductor perdió el control del tractocamión y terminó recargando la pesada unidad contra una barrera de contención de la carretera.

El impacto provocó que el vehículo quedara detenido, por lo que los elementos de seguridad pudieron acercarse y realizar una inspección de la unidad.

Durante la revisión, los agentes encontraron el cargamento de bebidas alcohólicas y solicitaron a los dos tripulantes la documentación que acreditara la procedencia legal de la mercancía.

Los ocupantes no pudieron presentar los documentos necesarios para demostrar el origen del cargamento. Además, los policías ya contaban con el reporte de robo de la unidad.

Ante esta situación, los agentes aseguraron tanto el tractocamión como la mercancía y detuvieron a los dos hombres que viajaban a bordo.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que el cargamento estaba compuesto por 25 toneladas de cerveza, equivalentes a aproximadamente 67 mil piezas.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Mauro González Martínez, indicó que los dos detenidos son originarios de Querétaro.

Las autoridades no dieron a conocer sus identidades. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Fiscalía investigará procedencia de las 25 toneladas

Además de determinar la responsabilidad de los detenidos, la Fiscalía estatal deberá esclarecer las circunstancias relacionadas con el robo del tractocamión y establecer cómo llegó el cargamento a manos de los dos hombres.

El aseguramiento ocurrió luego de que las autoridades recibieran el reporte del robo en Querétaro y desplegaran un operativo para ubicar la unidad.

La intervención permitió recuperar las 25 toneladas de cerveza antes de que el vehículo pudiera continuar su recorrido.

El caso se suma a otros aseguramientos recientes realizados en Guanajuato relacionados con bebidas cuya procedencia o composición es investigada por las autoridades.

Apenas un día antes, el lunes 21 de septiembre, autoridades estatales informaron sobre el decomiso de 531 botellas de tequila adulterado durante un cateo realizado en la ciudad de León.

Guanajuato también decomisó tequila adulterado

Entre las bebidas aseguradas durante ese operativo se encontraban 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, distribuidas en 17 cajas; 216 botellas de Centenario Añejo, contenidas en 18 cajas, y 192 botellas de Maestro Dobel Diamante, distribuidas en 16 cajas.

También fueron aseguradas 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco botellas de Don Julio Añejo, dos botellas de Siete Leguas y una botella de Buchanan’s.

A diferencia del caso del tractocamión, en el decomiso realizado en León las autoridades señalaron que se trataba de bebidas adulteradas, mientras que en el operativo de la carretera Charco Blanco el aseguramiento correspondió a un cargamento de cerveza relacionado con un reporte de robo.

En ambos casos, las autoridades aseguraron productos destinados al mercado de bebidas y dieron intervención a la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

Por el momento, los dos hombres detenidos por el cargamento de cerveza permanecen a disposición de la autoridad ministerial, que deberá determinar su situación jurídica y avanzar en el esclarecimiento del robo reportado en Querétaro.

El aseguramiento de las 25 toneladas de cerveza, con un valor estimado de 800 mil pesos, fue resultado del operativo desplegado tras la llamada de emergencia y de la persecución que terminó cuando el tractocamión chocó contra la barrera de contención.

Luego de que autoridades estatales y federales detuvieran este miércoles al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado durante la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

“Aquí predicaremos con el ejemplo”, concluyó el gobernador.

FGEO vincula al alcalde con “Los Cromos”

La reacción del gobernador ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmara el operativo mediante el cual fue detenido el presidente municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal participaron en el despliegue realizado este 23 de septiembre.

La dependencia identificó al edil mediante las iniciales M.S.A. y el alias “Quetu”, y señaló que los trabajos de inteligencia establecieron un probable vínculo con la célula denominada “Los Cromos”.

Según la FGEO, el alcalde habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec, debido a sus presuntos nexos con dicha organización.

La Fiscalía precisó que la detención se realizó para cumplir una orden de aprehensión por la presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

Durante el mismo operativo también fue detenido C.A.P.L., alias “La Parka”, cuya situación jurídica deberá determinarse conforme avance el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía sostuvo que “Los Cromos” funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca y que la célula estaría relacionada con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

Tras su captura, “Quetu” fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad a Ciudad Ixtepec, donde abordó una aeronave oficial con destino a un centro penitenciario federal fuera de Oaxaca, según la información difundida por la FGEO.

De acuerdo con datos proporcionados por fuentes consultadas por Infobae México, las investigaciones apuntan a que Miguel Sánchez Altamirano habría utilizado parte de la infraestructura del municipio de Juchitán para favorecer las actividades de “Los Cromos”.

Las fuentes señalan que el edil presuntamente habría facilitado información de las cámaras del sistema C2 y alertado sobre la presencia de corporaciones estatales y federales.

También, según estas fuentes, habría participado en esquemas relacionados con el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y comerciantes, además de que se habría identificado la presunta compra de armas destinadas al grupo criminal.

Las mismas fuentes señalan una posible red de protección para el tráfico de migrantes, mediante casas de seguridad vinculadas con organizaciones criminales.

En el caso de Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, las fuentes consultadas por Infobae México lo ubican presuntamente dentro de una estructura relacionada con una red de mototaxis mediante la cual se controlarían actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios.

También lo señalan por el supuesto uso de estos vehículos para el traslado y extorsión de migrantes, así como por realizar actos de presión social para exigir la liberación de personas detenidas y presuntamente vinculadas con “Los Cromos”.

Estas acusaciones corresponden a líneas de investigación atribuidas a fuentes cercanas al caso y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. La FGEO, por ahora, ha confirmado oficialmente la detención del alcalde y la existencia de la orden de aprehensión por los delitos señalados.

La detención ocurre mientras continúan los operativos de seguridad en el Istmo de Tehuantepec contra estructuras criminales que, de acuerdo con las autoridades, mantienen presencia en la región.

De acuerdo con información compartida por fuentes a Infobae México, se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidad del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal del lugar, quien fue detenido este miércoles.

Los elementos policiacos, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, intentan detener el traslado del edil, montando un cerco en la carretera transismica, en espera de noticias o indicaciones ante la detención del presidente municipal.

Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue llevado a la base área de Ciudad Ixtepec para su posible trasladado.

En una fotografía que circula en redes sociales, presuntamente del hecho, se ve a varias patrullas y a los policías municipales bloqueando el paso en la carretera.

Fuentes cercanas al caso señalaron a Infobae México que pese a estos bloqueos, el edil puede ser trasladado por medio de helicóptero.

Detienen a Miguel Sánchez Altamirano

Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles durante un operativo, en medio de las investigaciones que autoridades estatales y federales mantienen contra grupos delictivos que operan en el Istmo de Tehuantepec.

La detención la habría llevado a cabo la denominada Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado apenas el pasado 21 de septiembre y está integrado por 100 policías especializados, 50 de la Fiscalía estatal, y 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para labores de inteligencia, investigación y operaciones contra homicidio, extorsión y estructuras delictivas.

La detención del edil se da luego de más de un año de operativos e investigaciones por la infiltración de grupos criminales en estructuras de seguridad de Juchitán.

Cabe destacar que en junio de 2025, como parte de la Operación Sable, autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el C2 de Juchitán. La Fiscalía informó entonces que investigaciones de inteligencia habían detectado a integrantes de la Policía Municipal y del centro de videovigilancia que eran utilizados para favorecer actividades delincuenciales.

Los 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza, mientras la seguridad del municipio quedó temporalmente bajo responsabilidad de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. El C2 también fue intervenido y pasó al control del C4 estatal.

Dicha investigación se dirigió contra integrantes de la corporación municipal y no significó, por sí misma, una acusación penal contra Sánchez Altamirano, sin embargo, a partir de esos operativos su nombre comenzó a aparecer de manera recurrente en publicaciones y mensajes que pretendían vincularlo con grupos criminales de la región.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió luego del asesinato de una pareja y su hija de seis años, ocurrido el 27 de marzo pasado en La Venta, agencia de Juchitán. El 8 de abril, la Fiscalía de Oaxaca detuvo a tres hombres por el multihomicidio y señaló que las investigaciones los relacionaban además con una red de extorsión y otros delitos.

Luego de las capturas circularon publicaciones que aseguraban que los detenidos habían mencionado presuntos vínculos y protección del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Moreno Pérez, según información difundida por el medio Quadratín Oaxaca.

Sánchez Altamirano rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que se trataba de una narrativa fabricada con intención política.

Harfuch confirma detención

Por medio de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, así como a Carlos Alberto N, alias La Parca.

Ambos, señaló Harfuch, cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que facilitaron la operación de grupos delictivos en la región.

Para afectar también su capacidad financiera, informó Harfuch, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

El titular de la SSPC agradeció al Gobierno de Oaxaca y al gobernador Salomón Jara por su colaboración y coordinación permanente. Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y detener a todos los involucrados. Harfuch dijo que, conforme se concreten nuevas detenciones, se informará.

Salomón Jara se pronuncia

Luego de que autoridades estatales y federales detuvieran este miércoles al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado durante la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

“Aquí predicaremos con el ejemplo”, concluyó el gobernador.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de seguridad federal en el marco del Operativo Enjambre.

Las investigaciones refieren que el edil está ligado a la célula delictiva de Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual está relacionada con extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Su captura se llevó a cabo junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, al contar con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas vinculadas con el grupo criminal.

Alcalde controlaba casas de seguridad para el tráfico de migrantes y daba acceso a cámaras a Los Cromos

Trabajos de inteligencia permitieron identificar que Miguel Sánchez, conocido como “Quetu”, participaba, fomentaba y encubría las actividades delictivas de la célula en el Istmo de Tehuantepec debido a la estrecha relación y nexos que mantenían.

Dentro de la infraestructura del municipio, el alcalde brindaba cobertura política y económica al grupo de Los Cromos al facilitar su acceso a las cámaras del C2 y alertaba de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Además, Sánchez Altamirano controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes con operaciones en el municipio.

Sus actividades delictivas también incluían la compra de armas para el grupo criminal, así como el control de casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

Sánchez Altamirano gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Luego buscó la reelección con respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM) y Fuerza por México, con quienes logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

En tanto, Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, estaba encargado del control del narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, así como el traslado y extorsión de migrantes mediante el uso de mototaxis. Además, el sujeto llevaba a cabo acciones de presión social para la liberación de integrantes de Los Cromos detenidos.

Las autoridades informaron que las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular la estructura criminal y sus redes de protección en la región.

Policías municipales y mototaxistas bloquean carreteras de Juchitán por la detención del alcalde

Luego de la detención del alcalde de Juchitán y de “La Parca”, se registraron bloqueos en diversos puntos carreteros del municipio que pretendían la liberación de Miguel Sánchez.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que se trataba de elementos de la Policía Municipal que bloquearon las entradas y salidas de Juchitán para evitar el traslado de Sánchez Altamirano, luego de que lo trasladaron a Ciudad Ixtepec para su posterior puesta a disposición.

Actualmente los bloqueos se mantienen activos, aunque no se conoce con certeza cuáles son las carreteras afectadas; sin embargo, se reporta que a los despliegues se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio oaxaqueño.

Autoridades apuntan a Los Cromos desde finales de 2025

Desde noviembre de 2025 se informó la implementación del Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para disminuir la comisión de delitos, con especial foco en la principal célula criminal que mantiene este sitio como su zona de operaciones: Los Cromos.

En ese mes, fueron detenidos 53 integrantes de la célula criminal, por lo que se implementó el despliegue en la región, encabezado por la Secretaría de Marina, con el objetivo de frenar su expansión.

De acuerdo con un informe revelado por El Universal, el líder de la célula es Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” y/o “Comandante Renco”, quien dirige a subalternos identificados como Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo; Yesenia Sánchez Santiago, hermana de Cromo; y José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”, entre otros.

Una de las últimas acciones en contra de este grupo criminal ocurrió en febrero de 2026, cuando elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, presunto jefe de plaza de Los Cromos.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que el sujeto estaba encargado de distribuir armamento, se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de autoridades federales en contra del grupo criminal.

Dos personas señaladas por autoridades como vinculadas al Cártel de Sinaloa fueron detenidas en operaciones distintas realizadas en Estados Unidos y México.

En Chicago, Illinois, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) reportó la captura de Rogelio Castro, identificado por la agencia como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa y buscado en el Distrito Oeste de Texas por una orden federal relacionada con la distribución de grandes cantidades de cocaína.

Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, autoridades mexicanas detuvieron a Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Junto con él fueron detenidas otras tres personas.

Rogelio Castro era buscado en Texas por cocaína

La detención de Rogelio Castro fue informada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que señaló que el fugitivo fue localizado en Chicago por elementos de la División de Seguridad Nacional de la Fuerza de Tarea de Chicago y de la Great Lakes Regional Fugitive Task Force.

De acuerdo con la agencia federal, Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas, donde existía una orden federal de detención en su contra por la presunta distribución de grandes cantidades de cocaína.

El USMS identificó públicamente a Castro como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa, aunque la información difundida sobre su captura no detalló cuál habría sido su función específica dentro de la organización ni precisó la cantidad de droga que se le atribuye haber distribuido.

La captura se produjo en Chicago, ciudad en la que operan fuerzas de tarea especializadas en la localización de personas buscadas por autoridades judiciales.

La orden federal que originó la búsqueda corresponde al Distrito Oeste de Texas, por lo que el detenido deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente en Estados Unidos.

En Mazatlán cae “El Peli”, presunto operador de Los Chapitos

El mismo 22 de septiembre, pero en México, fuerzas federales realizaron un operativo coordinado en Mazatlán, Sinaloa, que terminó con la detención de cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”.

La captura fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que “El Peli” era identificado por las autoridades como un presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, de la facción Los Chapitos.

Según la información proporcionada por el funcionario, el detenido presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga.

También se le atribuye, de acuerdo con las autoridades, participación en la privación de la libertad de personas.

La detención fue resultado de una acción coordinada en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Dos operaciones contra estructuras del Cártel de Sinaloa

Las capturas ocurrieron el mismo día, pero corresponden a operativos independientes y en jurisdicciones diferentes.

En Estados Unidos, Rogelio Castro fue detenido a partir de una orden federal relacionada con la presunta distribución de cocaína y señalado por el USMS como fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa.

En México, “El Peli” fue detenido dentro de un operativo de seguridad desplegado en Mazatlán y señalado por autoridades federales como presunto operador de Los Chapitos.

La captura de “El Peli” se produjo además en un contexto de reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en Mazatlán, donde las autoridades han realizado distintos operativos contra integrantes de facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, las investigaciones continuarán para determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a los procesos judiciales de cada país.

Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) de 21 años, fue localizada sin vida la mañana de este miércoles 23 de septiembre de 2026, dos días después de que se reportara su desaparición en la zona de Teotihuacán; las autoridades ya investigan para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La movilización policiaca ocurrió alrededor de las 09:20 horas, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer a un costado de una vialidad que conecta con la carretera México-Tulancingo. Los servicios de emergencia acudieron en al sitio y, tras revisarla, certifican que ya no contaba con signos vitales.

Los primeros reportes ubicaronn el hallazgo en la salida hacia Chimalpa, dentro del municipio de Teotihuacán de Arista. Otra versión lo situó sobre el Libramiento Pirámides, metros antes de incorporarse a la carretera México-Tulancingo, a la altura de la comunidad de Santiago Tolman, en el municipio de Axapusco.

La información disponible también señala que Joselyn fue vista por última vez en el municipio de Otumba el pasado 21 de septiembre. Desde ese día, familiares de la joven iniciaron su búsqueda para conocer su paradero.

La joven estudiaba en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán

Joselyn Sandoval Calderón era alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Teotihuacán. La comunidad del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán expresa su solidaridad con la búsqueda de la estudiante antes de que se confirmara su localización sin vida.

Al momento de su desaparición, la joven vestía blusa beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla azul claro y tenis blancos con beige. Su ficha de búsqueda señalaba que tenía 21 años.

La estudiante es encontrada dos días después de que se reporta su ausencia. Hasta el momento, no se difunden públicamente las circunstancias previas al hallazgo ni una causa oficial de muerte.

Un reporte preliminar indica que el cuerpo presentaría heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Este dato deberá ser corroborado por las autoridades ministeriales y periciales durante la investigación.

Policía y Guardia Nacional resguardan el área del hallazgo

Elementos de la Policía Estatal, policía municipal y Guardia Nacional llegan a la zona para resguardar el sitio y abanderar la vialidad. El perímetro queda acordonado para preservar posibles indicios relacionados con el caso.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias correspondientes en el lugar. También se espera la intervención del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y los estudios que permitan determinar las causas del fallecimiento.

La presencia de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia genera movilización durante la mañana de este miércoles en la zona cercana a la carretera México-Tulancingo. Las autoridades mantienen las labores de investigación para establecer dónde ocurrió la agresión, cómo llegó el cuerpo al sitio y quién o quiénes podrían estar involucrados.

La muerte de Joselyn Sandoval Calderón queda bajo investigación de las autoridades correspondientes. La carpeta deberá precisar las inconsistencias sobre el punto exacto donde fue localizada, pues los reportes iniciales mencionan municipios distintos: Teotihuacán de Arista y Axapusco.

La Fiscalía también deberá determinar si la desaparición de la joven, reportada el 21 de septiembre, está vinculada directamente con el hallazgo registrado dos días después. Hasta ahora no se informa sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación oficial.

La zona permanece bajo resguardo mientras se recaban indicios y se desarrollan los peritajes necesarios para esclarecer el caso.

Otros dos jóvenes desaparecidos fueron hallados en bolsas en Jalteco

Los jóvenes Brayan, de 17 años, y Leonardo “N”, de 21, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Nextlalpan, fueron encontrados sin vida dentro de bolsas negras un automóvil en Jaltenco, Estado de México.

Brayan Felisiano y Leonardo Augusto desaparecieron el sábado 19 de septiembre en Nextlalpan

Los reportes policíacos identificaron a dos de las víctimas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21, ambos con reporte de desaparición activo desde el sábado 19 de septiembre. Fueron vistos por última vez en calles del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Nextlalpan, ubicado en la zona norte del Estado de México.

La FGJEM y la Comisión de Búsqueda del Estado de México (Cobupem) emitieron fichas de localización con las características y señales particulares de los dos jóvenes. Los familiares difundieron esas fichas en la zona norte de la entidad antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo.

De acuerdo con las investigaciones, el reporte de desaparición de Brayan se registró el 18 de septiembre y el de Leonardo un día después. La confirmación oficial de su identidad quedó pendiente de los resultados de los estudios forenses.

La FGJEM informó que los trabajos periciales y de medicina forense continúan para identificar a las otras víctimas cuyos restos fueron hallados en el mismo vehículo. Las autoridades no descartaron que los demás cuerpos también correspondan a personas con reportes de desaparición activos en la región.

Un segundo hallazgo en Otumba ocurrió horas después, con menos de 12 horas de diferencia

Horas más tarde, durante la mañana del martes 22 de septiembre, autoridades localizaron dos hombres sin vida al interior de un Chevrolet Aveo con placas PAE-876-B, estacionado sobre la calle Torres Adalid, en la zona centro de Otumba. El vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal de ese municipio.

Según datos de medios locales, los reportes preliminares señalan que las víctimas son dos jóvenes de entre 18 y 20 años, y se investiga si corresponden a personas cuya desaparición fue reportada un día antes. Los dos casos —Jaltenco y Otumba— quedaron bajo investigación de la FGJEM con menos de 12 horas de diferencia entre sí.

Policías municipales de Otumba acordonaron el perímetro de la calle Torres Adalid y esperaron la llegada del personal pericial de la Fiscalía para el inicio de las diligencias ministeriales. Las autoridades no establecieron de manera oficial un vínculo entre ambos hallazgos, aunque los investigan en paralelo.

Paulina de 26 años también está desaparecida

Un grupo de amigos y familiares de Paulina Diozdado, de 26 años de edad, bloquean la tarde de este martes 22 de septiembre la avenida Central, a la altura de Río de los Remedios, en Gobierno de Ecatepec de Morelos con dirección a Ciudad Azteca, exigen apoyo de las autoridades en su búsqueda.

El contingente exige la búsqueda de la mujer que desapareció el pasado 20 de septiembre en calles de la colonia Alfredo del Mazo.

Dos días después del ataque ocurrido la tarde del lunes 21 de septiembre en una mueblería de la comunidad Cuarta Brigada, en Irapuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abierta la investigación por el asesinato de Alejandro Galván y Marco Iván Zaragoza, dos estudiantes del Conalep. No hay personas detenidas y tampoco se ha informado el móvil de la agresión.

La Fiscalía confirmó el fallecimiento de los dos jóvenes: uno de ellos murió en el sitio donde ocurrió el ataque, mientras que el segundo fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente perdió la vida. La Unidad Especializada en Homicidios quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y establecer las circunstancias del doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Galván Galván y Marco Iván Zaragoza Galván, de 16 y 17 años, respectivamente. Ambos pertenecían a la comunidad estudiantil del Conalep Irapuato, institución que confirmó sus identidades mediante un mensaje de condolencias para sus familiares y compañeros. Medios locales reportaron además que los jóvenes eran primos.

Así ocurrió el ataque en Cuarta Brigada

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas del lunes en una mueblería ubicada sobre la calle Emiliano Zapata, en Cuarta Brigada, en el camino hacia la comunidad Lomas de San Antonio.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y uno de ellos descendió para disparar contra los jóvenes. Después de la agresión, ambos escaparon del lugar sin que hasta ahora hayan sido identificados o detenidos.

El primer reporte señaló que un joven de aproximadamente 17 años había muerto dentro del establecimiento, mientras otro, de 16, había resultado gravemente herido. Horas después, la Fiscalía confirmó que este segundo joven también falleció mientras recibía atención médica.

La información disponible no establece quiénes fueron los responsables ni por qué los estudiantes fueron atacados. Tampoco se ha informado si ambos eran el objetivo de la agresión o si existe alguna línea de investigación relacionada con su actividad personal, escolar o familiar.

La mecánica del ataque y la identidad de los agresores forman parte de las diligencias que realiza la Fiscalía estatal.

Conalep confirmó la muerte de sus estudiantes

Después de que se conociera el fallecimiento de ambos jóvenes, el plantel Irapuato del Conalep publicó un mensaje dirigido a sus familias y a la comunidad educativa.

La institución confirmó que Alejandro y Marco eran estudiantes del plantel y expresó sus condolencias por el doble homicidio. Compañeros y personas cercanas a las víctimas también difundieron mensajes de despedida en redes sociales.

La identificación de los jóvenes se conoció un día después del ataque, cuando todavía se reportaba inicialmente una persona muerta y otra lesionada. La actualización de la Fiscalía modificó el saldo a dos víctimas mortales.

Irapuato acumuló más homicidios que en 2025

El doble homicidio ocurrió en un municipio que cerró agosto como el de mayor número de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, de acuerdo con el recuento del Ejecutómetro de Periódico AM.

Entre enero y agosto de 2026, ese registro contabilizó 237 personas asesinadas en Irapuato, frente a 216 durante el mismo periodo de 2025. La diferencia fue de 21 víctimas, equivalente a un incremento de 9.7 por ciento.

El comportamiento, sin embargo, no ha sido uniforme durante el año. El recuento registró 43 víctimas en enero, 21 en febrero, 28 en marzo, 38 en abril, 36 en mayo, 25 en junio, 16 en julio y 30 en agosto.

Agosto mostró una reducción respecto al mismo mes de 2025: AM contabilizó 30 víctimas, frente a 67 un año antes, una disminución cercana al 55 por ciento. Aun con esa caída mensual, Irapuato encabezó el registro municipal de homicidios en Guanajuato durante agosto, por encima de León, Salamanca, Silao, Celaya y Valle de Santiago.

Otro recuento, elaborado por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?, contabilizó durante agosto 22 eventos de homicidio doloso y 28 víctimas. La organización reportó una disminución de 35 por ciento en el número de eventos y de 32 por ciento en víctimas respecto de agosto de 2025.

Las cifras son distintas porque corresponden a metodologías de conteo diferentes, por lo que no deben sumarse entre sí. Ambos registros, no obstante, coinciden en que agosto tuvo menos víctimas que el mismo mes del año anterior.

Los ataques se acumularon en Guanajuato durante el fin de semana

El asesinato de los dos estudiantes ocurrió después de un fin de semana con varios hechos violentos en distintos municipios de Guanajuato.

Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, 23 personas fueron asesinadas y otras 11 resultaron heridas en hechos registrados en Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Celaya, Cortazar y León, de acuerdo con un recuento basado en registros de la Fiscalía estatal. Hasta la publicación de ese balance no se reportaban detenidos por esos hechos.

Valle de Santiago concentró parte de los hechos más graves durante ese periodo, con siete personas asesinadas y cinco heridas en tres agresiones. Uno de los ataques ocurrió cerca de un campo de béisbol de la comunidad Duranes de Arriba, donde tres personas murieron y cinco resultaron heridas.

En Irapuato, además del ataque contra los estudiantes, durante los días previos se reportaron otros homicidios. El 19 de septiembre, un hombre identificado como Juan fue encontrado muerto después de que se reportaran detonaciones en la colonia Ernesto Che Guevara; los responsables huyeron y no se habían reportado detenidos.

La violencia registrada en septiembre contrasta con los datos estatales que habían sido presentados apenas unos días antes por el Gobierno de México.

Guanajuato registra una reducción estatal mientras continúan ataques focalizados

El 18 de septiembre, durante una conferencia realizada en Irapuato, el Gobierno de México informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato había pasado de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026, una reducción de 75 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló además que el promedio diario de víctimas durante 2026 era de 4.0, el nivel más bajo para un año desde 2018, de acuerdo con la comparación presentada por el Gobierno federal.

El mismo reporte indicó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 10 mil 699 personas por delitos de alto impacto en Guanajuato, entre ellas 172 objetivos prioritarios, además del aseguramiento de más de seis toneladas de droga y dos mil armas de fuego.

Los datos estatales corresponden a un periodo distinto y no permiten atribuir directamente esa tendencia a un caso particular. En Irapuato, mientras tanto, el recuento municipal mantiene un acumulado de homicidios mayor al del mismo periodo de 2025 y septiembre ha sumado nuevos ataques.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que su captura se realizó cuando un grupo de policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Calzada de Tlalpan, donde observaron el vehículo donde se trasladaba “El Irving” y a uno de sus ocupantes manipulando un arma de fuego.

Tras darle seguimiento a la unidad, los uniformados les dieron alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Moderna, donde les realizaron una inspección que derivó en el hallazgo de drogas, dinero en efectivo y un arma.

Como resultado de la acción, los elementos aseguraron:

• Un arma de fuego con su cargador y 4 cartuchos útiles
• 135 bolsitas de plástico con presunta cocaína
• 70 dosis de aparente metanfetamina

• 85 bolsitas con presunta marihuana y 1 kilogramo a granel
• 4 celulares
• Dinero en efectivo

“El Irving” era objetivo prioritario de la CDMX por sus actividades criminales

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, destacó la captura de “El Irving” al tratarse de un objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes de un grupo criminal generador de violencia, el cual mantiene operaciones en la zona oriente de la capital.

“Seguimos trabajando en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para combatir a las células criminales que cometen delitos de alto impacto y atentan contra la tranquilidad de las y los ciudadanos, con el firme compromiso de construir una ciudad cada vez más segura, justa y en paz”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, las autoridades relacionan a la célula de Los Tanzanios con los delitos de extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, la cual mantiene operaciones en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Los dos hombres que fueron detenidos junto a “El Irving” fueron identificados como Eduardo “N”, alias “El Perico, de 31 años de edad; y Edgar ”N", de 41 años. Ambos son señalados como presuntos integrantes del mismo grupo criminal.

Luego de su detención, los tres hombres fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Capturan a presunto fundador de Los Tanzanios

Otro golpe a esta célula criminal ocurrió el pasado mes de julio, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como presunto fundador de Los Tanzanios.

La aprehensión ocurrió el martes 14 de julio en la alcaldía Iztapalapa, luego de labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicarlo y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

Su captura se llevó a cabo como parte de un orden de aprehensión por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. El hombre, además, es investigado por su probable participación en secuestro y extorsión, delitos que las autoridades capitalinas vinculan con la estructura de Los Tanzanios.

No era la primera vez que el imputado enfrentaba una detención. En diciembre de 2023, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ya lo habían aprehendido durante un cateo en la colonia Agrícola Oriental, donde le aseguraron 292 dosis de droga en polvo y una cantidad adicional a granel.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, Nicolás “N” habría asumido el liderazgo de Los Tanzanios tras la detención en 2005 de Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, exintegrante del Ejército y fundador original de la agrupación. Esa transición marcó el inicio de una etapa en la que el grupo amplió su radio de acción delictiva en al oriente de la capital.

En septiembre de 2025 fue detenido de nueva cuenta por la SSC en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, identificado en ese momento como líder de la organización.

Un juez de Jalisco vinculó a proceso a Pedro Simón “N” y Obed Adonaí “N”, señalados como presuntos reclutadores al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, luego de que presuntamente intentaran trasladar a un adolescente a Zacatecas para incorporarlo a actividades de la delincuencia organizada.

Los dos hombres fueron detenidos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, después de que autoridades recibieran una alerta sobre un adolescente que había sido citado en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, donde supuestamente acudiría para una entrevista de trabajo.

De acuerdo con la investigación, el joven había encontrado en TikTok una oferta laboral en la que supuestamente sería contratado como elemento de seguridad privada en Tlajomulco de Zúñiga, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, cuando acudió al punto acordado, los individuos que lo contactaron presuntamente le informaron que el trabajo consistía en incorporarse a actividades de la delincuencia organizada.

Ante su negativa, habría sido obligado a subir a un vehículo de alquiler con la intención de trasladarlo hacia Zacatecas. Durante el trayecto, el adolescente habría recibido amenazas de que sus familiares serían perjudicados si se resistía o rechazaba la propuesta.

Adolescente envió su ubicación y policías localizaron el vehículo

Mientras se encontraba dentro del vehículo, el adolescente logró enviar a su padre su ubicación en tiempo real. El familiar se encontraba cerca de la Central Camionera y, al conocer lo que estaba ocurriendo, solicitó inmediatamente apoyo a través de los números de emergencia.

La alerta fue difundida entre los elementos de seguridad que vigilaban la zona, quienes recibieron el reporte de que un adolescente habría sido reclutado de manera involuntaria y se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones del Módulo 1 de la terminal.

Agentes de la Comisaría de Tlaquepaque desplegaron entonces un operativo de búsqueda para localizar el automóvil.

El vehículo fue ubicado dentro del mismo circuito de la Central Camionera, frente al Módulo 6, donde los policías intervinieron y ordenaron el descenso de sus tripulantes.

El adolescente fue auxiliado y puesto a salvo, mientras que los dos hombres que se encontraban con él fueron detenidos.

Uno de los señalados, identificado como Pedro Simón “N”, tenía 27 años, mientras que Obed Adonaí “N”, de 25 años, fue detenido en el mismo operativo. De acuerdo con la información del caso, este último habría manifestado a los policías que sabía que tanto él como el adolescente serían trasladados para ser reclutados.

El vehículo de alquiler también fue asegurado y enviado al depósito vehicular correspondiente, como parte de las investigaciones para determinar si habría sido utilizado en otros casos de reclutamiento.

Dictan prisión preventiva y amplían investigación

Después de la detención, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La representación social integró la carpeta de investigación y posteriormente puso a los detenidos a disposición de un juez de control en el Complejo Carcelario de Puente Grande.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas.

Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que la Fiscalía de Jalisco obtuvo un plazo de seis meses para realizar las investigaciones complementarias.

El caso se suma a otros expedientes relacionados con el presunto reclutamiento de jóvenes en Jalisco. De acuerdo con investigaciones judiciales y recientes detenciones, Zacatecas aparece como uno de los destinos a los que habrían sido trasladados jóvenes reclutados, mientras que también se han documentado referencias a posibles campamentos en entidades como Michoacán y Nayarit.

Las autoridades han señalado que estos traslados buscarían evitar que los jóvenes permanezcan en el área metropolitana de Guadalajara y sean identificados en la zona donde fueron contactados.

Con el rescate de este adolescente, autoridades reportaron que suman 94 personas localizadas y resguardadas en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque mediante acciones de vigilancia y atención implementadas por corporaciones de seguridad.

La investigación continuará durante los próximos seis meses para determinar las circunstancias del caso y establecer si los dos detenidos estarían relacionados con otros posibles hechos de reclutamiento.

Localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo

Apenas el pasado martes se dio a conocer un hecho similar en el estado de Aguacalientes. Ahí, un operativo de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado terminó con la detención de un chofer que trasladaba a un grupo de jóvenes hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes aseguraron que viajaban por un supuesto trabajo con un sueldo de 15 mil pesos.

El hecho provocó alarma a las autoridades, tras identificar una actitud sospechosa del chofer de la unidad, perteneciente a la línea Futura y que no ofrecía un servicio común.

De acuerdo con las autoridades, los elementos de la policía estatal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un joven con actitud sospechosa afuera de una tienda Oxxo, por lo que los oficiales se detuvieron para prevenir un posible robo en el establecimiento.

Al cuestionarlo, el joven respondió que solo estaba esperando un camión y que se dirigía a Nuevo Laredo para trabajar. Minutos después llegó al lugar la unidad de Futura para recogerlo.

El chofer se bajó del autobús y le dijo al joven, con un tono de molestia, que subiera de inmediato a la unidad. Esa actitud despertó las sospechas de los oficiales, quienes decidieron interrogar al operador para conocer el servicio que ofrecía.

Al respecto, el conductor explicó que lo habían contratado para trasladar al joven a Nuevo Laredo, sin dar mayores detalles sobre quién lo había enviado. Los policías optaron entonces por hacer descender a todos los jóvenes que se encontraban dentro del camión para entrevistarlos de manera individual.

Las autoridades detallaron a Infobae México que entre los pasajeros bajados del autobús fueron ubicados cuatro jóvenes originarios de Pinos, Zacatecas, y a otros originarios de Aguascalientes. Todos tenían entre 20 y 25 años.

Al ser cuestionados sobre su destino, los jóvenes explicaron que iban a trabajar a Nuevo Laredo y que les pagarían 15 mil pesos, por lo que cada uno sabía la razón por la que era trasladado a bordo de esa unidad, así como el objetivo que era trabajar.

Ninguno mostraba signos de haber sido coaccionado para emprender el viaje. Ninguno iba amenazado, asustado y todos se encontraban tranquilos, por lo que no advirtieron la comisión de un posible delito.

El chofer, por su parte, fue detenido únicamente por las agresiones que cometió en contra de los oficiales durante el operativo, no por su participación en el traslado de los jóvenes hacia la frontera, ya que no había delito qué perseguir debido a que ninguno contaba con ficha de desaparición.

El medio JLM Noticias reportó que los policías estatales revisaron mensajes en el teléfono del chófer, quien los enviaba de manera previa a su detención, y descubrieron una conversación con un presunto reclutador del Cártel del Noreste. El medio también afirmó que tres de los jóvenes confesaron haber sido contratados por esa organización criminal.

Sin embargo, la SSP negó a esta casa editorial que los jóvenes hubieran mencionado haber sido reclutados por el Cártel del Noreste, sino que ellos solo refirieron que les habían ofrecido un trabajo en Nuevo Laredo y por eso iban en el camión.

La corporación explicó que no existía ningún indicio de que los jóvenes estuvieran vinculados a un grupo criminal ni reporte alguno que respaldara esa hipótesis, por lo que se procedió solo con su resguardo.

Los cuatro jóvenes de Pinos, Zacatecas, regresaron a su lugar de origen tras el operativo, así como los originarios de Aguascalientes que fueron trasladados a su domicilio.

Más de mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participaron durante este año en ejercicios militares multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá, pero los informes sobre los resultados de esos adiestramientos fueron clasificados como información reservada por el Senado de la República.

En total, mil 73 marinos mexicanos fueron autorizados para salir del país entre junio y agosto de 2026 con el objetivo de participar en distintos ejercicios internacionales. Los contingentes fueron enviados a Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá, como parte de operaciones de entrenamiento con fuerzas armadas de diferentes países.

El Senado había establecido que la Semar debía entregar un informe sobre los resultados de cada ejercicio dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Sin embargo, los documentos remitidos al Legislativo no fueron hechos públicos debido a que la información fue clasificada como reservada.

La decisión quedó asentada en la Gaceta del Senado del 22 de septiembre, donde se difundió la reserva de los informes. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, se trataría de la primera ocasión en que los reportes correspondientes a este tipo de adiestramientos de la Marina son reservados.

Más de mil marinos participaron en cuatro ejercicios

El contingente más numeroso estuvo integrado por 536 elementos de la Marina, quienes participaron en RIMPAC 2026, uno de los principales ejercicios militares marítimos multinacionales.

El adiestramiento se realizó del 24 de junio al 31 de julio en aguas cercanas a las islas de Hawái. De acuerdo con la autorización publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los marinos mexicanos salieron del país con armamento y equipo táctico a bordo de los buques ARM Usumacinta y ARM Juárez.

Otros 415 elementos participaron en dos actividades realizadas en Estados Unidos. Primero formaron parte de FLEETEX 250, desarrollado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

Posteriormente, ese mismo contingente participó en la Revista Naval Internacional 250 (INR 250), realizada del 1 al 8 de julio en Nueva York.

El tercer grupo estuvo integrado por 122 marinos, quienes viajaron a Panamá para participar en PANAMAX 2026, entre el 3 y el 14 de agosto, a bordo del ARM Jalisco.

De esta manera, los tres contingentes sumaron mil 73 elementos enviados al extranjero para participar en ejercicios militares multinacionales durante el verano.

Semar reservó los informes entregados al Senado

Las autorizaciones aprobadas por el Senado establecían la obligación de la Secretaría de Marina de entregar información sobre los resultados de los ejercicios una vez concluidos.

No obstante, los documentos entregados por la dependencia fueron clasificados como reservados, por lo que los legisladores y el público no pueden consultar su contenido en este momento.

La reserva fue sustentada en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que contempla supuestos relacionados con materias como seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales.

La clasificación adquiere relevancia debido a que los ejercicios incluyeron actividades de entrenamiento militar y coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Sin embargo, el contenido específico de los informes de la Semar no fue difundido públicamente.

Mientras los reportes mexicanos permanecen bajo reserva, autoridades militares estadounidenses sí dieron a conocer información general sobre uno de los principales ejercicios en los que participó México.

EEUU sí publicó resultados generales de RIMPAC 2026

La Marina de Estados Unidos difundió un balance general de RIMPAC 2026, ejercicio que la propia Armada estadounidense considera el mayor entrenamiento marítimo combinado y conjunto del mundo.

La edición de este año reunió a 30 países y más de 30 mil participantes, además de 30 buques de superficie, cinco submarinos y más de 197 aeronaves. Las actividades se desarrollaron durante cinco semanas, del 24 de junio al 31 de julio, alrededor de las islas de Hawái.

De acuerdo con el reporte de la Tercera Flota de Estados Unidos, las fuerzas participantes realizaron más de 500 eventos de entrenamiento marítimo, además de más de 2 mil 400 salidas aéreas y más de 5 mil simulacros operacionales.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron ejercicios de guerra antisubmarina, ataques marítimos, defensa aérea y antimisiles, operaciones anfibias y logística.

El ejercicio también concluyó con un escenario de simulación de combate en el que las fuerzas participantes reaccionaron de manera dinámica ante distintas situaciones para poner a prueba sus capacidades de operación conjunta.

Aunque Estados Unidos difundió este balance general de RIMPAC, los informes específicos que la Semar entregó al Senado sobre la participación mexicana permanecen reservados, por lo que los resultados particulares obtenidos por los contingentes nacionales no fueron hechos públicos.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) destacó su colaboración en labores de inteligencia compartidos con las autoridades mexicanas que favorecieron la detención de José Ángel Rivera, alias “Don Flaco”, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la agencia estadounidense aseguró que el intercambio de información “ayudó” a las autoridades para localizar y detener al sujeto, identificado como uno de los presuntos operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Don Flaco” también es señalado como presunto coordinador y financista del tráfico de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos, como parte de sus actividades dentro del cártel.

“La DEA continuará trabajando con nuestros socios internacionales para interrumpir los químicos, el dinero y las redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas mortales”, escribió la agencia.

Operador de “El Mayo” que fue sancionado en 2023 por la OFAC

“Don Flaco” fue detenido este martes en la Ciudad de México como parte del cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra al ser requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Su captura se derivó del intercambio de información con el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y la DEA, que permitió ubicar la alcaldía Cuauhtémoc como su zona de movilidad.

El operativo se desplegó en la colonia Hipódromo, donde los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo ubicaron y arrestaron.

José Ángel Rivera Zazueta fue identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa, con una red de precursores químicos que abarcaba Asia, América, Europa, África y Oceanía.

El 30 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Rivera Zazueta por colaborar de forma directa con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals, sancionada previamente el 15 de diciembre de 2021 por enviar precursores químicos con etiquetado falso a organizaciones de narcotráfico en México.

Las autoridades estadounidenses también señalaron a Rivera Zazueta de mover cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y América Central.

Según registros de la OFAC, Rivera Zazueta utilizaba una segunda identidad bajo el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, documentada en una licencia de conducir con una fotografía distinta a la de sus registros oficiales.

Ese cambio de identidad generaba una CURP diferente, lo que le permitió desplazarse por América, Asia y Europa mientras trasladaba entre 500 y 800 kilos de cocaína a la semana, de acuerdo con la investigación de la periodista Anabel Hernández, autora de La historia Secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Hernández, tras la caída de Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó en manos de Rivera Zazueta, convirtiéndose en la pieza central para el ingreso y salida de precursores químicos y narcóticos a través de la capital, al menos desde 2020.

La periodista también reportó que Rivera Zazueta sobornaba con miles de dólares mensuales a miembros de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades aduaneras presentes en el aeródromo. De acuerdo con su relato, se pagaban entre mil y 2 mil dólares por cada kilo de cocaína que lograba cruzar por esa vía.

La droga que llegaba al aeropuerto se distribuía después en bodegas dentro de la Ciudad de México, entre ellas una ubicada en la colonia Roma, según su investigación.

La extorsión alcanzó en el primer semestre de 2026 su nivel más alto para un periodo similar en 11 años, con 6 mil 562 víctimas registradas entre enero y junio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El dato representa un incremento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025 y coloca a la extorsión como el único de los principales delitos monitoreados por Coparmex que presentó un aumento durante los primeros seis meses del año.

El impacto ya trasciende el pago exigido a una empresa o establecimiento. Coparmex señaló que la extorsión está afectando decisiones relacionadas con la operación, la inversión y el crecimiento de los negocios, en un escenario donde el sector empresarial también enfrenta robo a negocios, transporte, ciberdelitos y lavado de dinero.

La organización presentó estos datos durante su Foro de Seguridad 2026, realizado el 22 de septiembre, donde reunió a representantes empresariales y autoridades de seguridad para analizar los riesgos que enfrenta el sector privado.

43.3 homicidios y 34.3 extorsiones cada día

El Monitor de Seguridad de Coparmex registró entre enero y junio un promedio diario de 34.3 carpetas de investigación por extorsión. En el mismo periodo se contabilizaron 43.3 carpetas diarias por homicidio doloso, 1.7 por feminicidio, 13.9 por robo a transportista y 174.2 por robo a negocio, según los datos presentados por el organismo empresarial.

La extorsión, sin embargo, presenta una trayectoria distinta al resto de esos delitos. Coparmex reportó que durante el primer semestre aumentó 551 víctimas respecto al mismo periodo de 2025, mientras que homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a negocio, robo a transportista y robo de vehículo registraron reducciones.

El crecimiento tampoco se distribuyó de manera uniforme. Entre enero y junio, 19 entidades registraron un aumento de víctimas respecto al mismo periodo de 2025 y 12 alcanzaron su máximo histórico de los últimos 11 años, de acuerdo con el análisis de Coparmex.

Chihuahua presentó el mayor incremento porcentual, al pasar de cuatro víctimas en el primer semestre de 2025 a 97 en el mismo periodo de 2026. Le siguieron Zacatecas, con un aumento de 35 a 228 casos; Yucatán, de uno a cinco, y Tabasco, de 82 a 233.

Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, Morelos encabezó el registro nacional con 18.8, seguido por Querétaro con 15.5, Zacatecas con 13.2, Ciudad de México con 12.7 y Baja California Sur con 12.4.

Siete de cada 10 extorsiones son a distancia

El comportamiento del delito también cambió en cuanto a las modalidades registradas. Coparmex reportó que siete de cada 10 extorsiones contabilizadas durante el semestre ocurrieron a distancia, mediante internet, redes sociales o teléfono.

Las extorsiones presenciales representaron alrededor de dos de cada 10 casos y el resto correspondió a tentativas, según la metodología utilizada en el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva.

El organismo empresarial también señaló que 13 entidades superaron el promedio nacional de 14% de tentativas. Entre ellas se encuentran Campeche, Aguascalientes y Tabasco.

La cifra oficial, además, representa solo una parte del fenómeno. Coparmex cita al INEGI para señalar que 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni queda registrado, por lo que las carpetas de investigación no reflejan la dimensión total del delito.

Cuautla concentra la mayor tasa municipal

La concentración territorial también aparece en los datos del primer semestre. Diez de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión se encuentran en Guanajuato y Ciudad de México: cinco en cada entidad.

El registro municipal más elevado correspondió a Cuautla, Morelos, con una tasa de 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes durante el periodo analizado por Coparmex.

El caso de Cuautla ya generó una respuesta específica de las autoridades. Entre enero y julio, el municipio acumuló 96 denuncias por extorsión presencial, la cifra más alta entre las ciudades mexicanas de más de 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del SESNSP analizados por Morelos Rinde Cuentas.

El Plan Cuautla, implementado para atender la violencia en la región, reportó hasta septiembre 60 cateos relacionados con el combate a la extorsión, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. La estrategia también incorporó a 2 mil 336 establecimientos a una Red de Protección contra la Extorsión.

Los datos corresponden a cortes distintos: los 96 casos de Cuautla abarcan enero-julio, mientras que los resultados del operativo llegan hasta septiembre, por lo que no permiten establecer por sí mismos una reducción o aumento posterior de las denuncias.

La extorsión también modifica el gasto de las empresas

El problema no se limita a las cifras de víctimas. En la medición Data Coparmex 2026 presentada en agosto, 45.6% de las empresas afiliadas reportó haber sido víctima de algún delito durante el último año y la extorsión o cobro de piso apareció como uno de los principales riesgos para el sector.

En esa misma medición, 23% de los socios consideró que era un buen momento para invertir, 16.5 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior. Coparmex relacionó el deterioro del ánimo empresarial con un entorno marcado por inseguridad, incertidumbre y corrupción.

La medición también mostró que 58.7% de las empresas encuestadas incrementó su gasto en seguridad, un costo adicional para mantener sus operaciones frente a un escenario de riesgo.

El nuevo reporte de septiembre coloca la extorsión dentro de ese mismo problema desde otra perspectiva: ya no sólo como un delito que afecta directamente a quienes reciben amenazas o exigencias económicas, sino como un factor que, de acuerdo con Coparmex, interviene en las decisiones que toman las empresas sobre dónde operar, cuánto invertir y cómo mantener sus actividades.

El organismo empresarial presentó estos datos mientras autoridades y representantes del sector privado analizaban mecanismos de prevención, denuncia y respuesta ante la extorsión, el robo a negocios y transporte, los ciberdelitos y el lavado de dinero.

Seis estados del país encabezan las cifras de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia en los últimos 5 años, lo que obligó a integrantes de 510 mil hogares a abandonar su lugar de origen.

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó por primera vez este fenómeno, determinando que del total de los hogares (conformados por 1.6 millones de personas) al menos uno de sus integrantes experimentó desplazamiento forzado interno.

De acuerdo con los datos, el abandono de sus hogares se llevó a cabo entre octubre de 2020 y octubre de 2025 a causa de la violencia e inseguridad, encabezando la lista los siguientes estados:

• Zacatecas (con 2.2%)
• Morelos (con 2.1%)
• Colima (con 2.0%)
• Querétaro (con 2.0%)
• Michoacán (con 2.0)
• Baja California Sur (con 1.9%)

Sin embargo, solo por debajo de estos estados se encuentran Durango (con 1.8%); Hidalgo (con 1.7%); Guerrero (con 1.6) e Hidalgo (con 1.7%).

Desastres naturales también han provocado desplazamiento forzado interno

Los datos también determinaron que un porcentaje de las personas que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen lo hacían a causa de desastres naturales durante el mismo periodo, en ese caso, los estados más afectados fueron: Guerrero (con 1.8%) y Tabasco (con 0.8%).

Entre los fenómenos que también afectan a la población en México se encuentra la migración. De octubre de 2020 a octubre de 2025 se determinó que casi 1.3 millones de personas emigraron del país para instalarse en otra nación, lo que superó las 802.8 mil que se registraron en el año 2020.

La encuesta también permitió identificar el incremento de los mexicanos que salen del país y no regresan, los cuales en 2020 era de 555 mil 455 migrantes, y que para el 2025 fue de 1 millón 022 mil 728 personas.

Por su parte, la cifra de migrantes que sí regresaron fue en 2020 de 178 mil 072 personas y en 2025 de 150 mil 752.

Estados con mayor migración a otras naciones

De acuerdo con la encuesta, entre octubre de 2020 y de 2025, las mayores proporciones de personas migrantes tuvieron como entidad de origen los siguientes estados:

• Guanajuato (con 7.5%)
• Michoacán (con 6.8%)
• Veracruz (con 6.4%)
• Puebla (con 6.2)
• Estado de México (con 6.1%)

En contraste, los estados que registraron una menor cantidad de personas que salieron del país fueron Colima (con 0.6%), Quintana Roo (con 0.6%), Campeche (con 0.5%) y Baja California Sur (con 0.3%).

Los datos refieren que la mayoría de las personas que emigraron fueron jóvenes. En el mismo periodo, el 70.4% del total fueron hombres y 29.6% eran mujeres; mientras que la mayor concentración de migrantes fue en los grupos de 20 a 24 años de edad (con 22.5%), y 25 a 29 años (con 19.5%), a los que siguieron los grupos de 15 a 19 años (con 15.0%) y de 30 a 34 años (con 14.1%).

Drones y reclutamiento de menores de edad: factores que motivan el desplazamiento forzado

En el mes de mayo, la Universidad Iberoamericana publicó el reporte “Geografías de la crueldad”, en el que reunió la voz de más de 33 expertos de la academia, sociedad civil y periodismo para exponer las condiciones en las que se produce el desplazamiento forzado en México.

De acuerdo con el informe, existe un patrón de violencia que incluye reclutamiento de menores, vigilancia con drones y desplazamientos múltiples de familias enteras, el cual carece de una legislación federal que lo regule.

Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca son las únicas entidades que contemplan en sus leyes estatales la prevención, atención o reparación del desplazamiento forzado interno, de acuerdo con el informe del PSC. El resto del país no cuenta con un marco jurídico que responda a las necesidades de las personas que abandonan sus hogares por la violencia.

“Las desapariciones, el desplazamiento forzado y los homicidios forman parte de eventos continuos y acumulados de violencia que se entrelazan en las disputas por los territorios entre organizaciones criminales”, señala el documento.

El crimen organizado fue identificado como la causa principal del desplazamiento interno en el país, aunque el informe matiza que en Chiapas la situación es más compleja por la existencia de conflictos sociales y territoriales históricos que se suman a la violencia criminal.

Los testimonios recogidos por el PSC muestran patrones de reclutamiento obligado de menores, uso de drones para espiar comunidades antes de ataques armados, desplazamientos múltiples de una misma familia y separaciones prolongadas entre sus integrantes.

El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la IBERO registró en 2025 al menos 15.795 desplazados internos en 73 incidentes repartidos en 11 entidades del país. El 83% de estos casos estuvo vinculado con la violencia de grupos criminales.

Además de que identificó a los estados de Sinaloa, Chihuahua y Michoacán fueron identificados como los estados más afectados por este tipo de incidentes durante el año pasado.

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Cae pareja con más de 100 dosis de marihuana y cristal en la alcaldía Gustavo A. Madero

Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y un hombre en la colonia Cuautepec Barrio Alto, alcaldía Gustavo A. Madero, con más de 100 dosis de aparente marihuana y cristal.

La detención se derivó de trabajos previos de investigación e inteligencia realizados por la corporación capitalina en la demarcación. Los oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las calles Primera Cerrada de Apango y Apango cuando notaron la actitud sospechosa de los ahora detenidos, quienes manipulaban distintos envoltorios que llamaron su atención.

Al considerar que podían estar relacionados con la distribución de narcóticos en la zona, los policías se aproximaron a la pareja y realizaron una revisión conforme a los protocolos de actuación vigentes. Durante la inspección, aseguraron una bolsa de mano color beige que la mujer portaba consigo, en cuyo interior localizaron 80 bolsitas de plástico transparente con cierre hermético que contenían aparente marihuana, además de 24 envoltorios de papel color azul con posible cristal y dinero en efectivo.

Con el hallazgo confirmado, los oficiales detuvieron a la mujer, de 33 años, y al hombre, de 27, a quienes les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos junto con la droga y el dinero asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, instancia que quedó a cargo de las diligencias.

Las autoridades realizaron un cruce de información que arrojó que la mujer detenida ya contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, registrado en el mismo 2026 por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, el mismo tipo de delito por el que ahora enfrentaba una nueva investigación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Una falsa oferta de trabajo como guardia de seguridad publicada en TikTok fue el método que utilizó un grupo de la delincuencia organizada para captar a un adolescente de Oaxaca y mantenerlo casi un mes privado de la libertad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Luego de que su familia denunció la desaparición del joven, identificado como A.L.J. desde el pasado 22 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigación correspondiente para rastrearlo.

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Los cárteles de la droga en México están incrementando el uso de drones para vigilancia, contrabando y ataques, mientras buscan aprovechar la experiencia adquirida por combatientes latinoamericanos durante la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post.

El diario estadounidense consultó a cinco funcionarios de Estados Unidos y uno de México, quienes describieron bajo condición de anonimato una evaluación interna del gobierno estadounidense sobre la evolución de esta amenaza.

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El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal decomisaron 112 kilogramos de marihuana en la Fracción Angostura Norte, municipio de San Luis Potosí, durante recorridos de vigilancia y prevención del delito. Los tres cuerpos de seguridad hallaron un bulto a un costado de un camino de terracería, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y al inspeccionarlo confirmaron la presencia de paquetes emplayados con la sustancia.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas de la Estrategia Nacional de Seguridad que se aplican en distintas entidades del país. Las autoridades no precisaron el lugar exacto dentro del estado donde se realizó el hallazgo ni reportaron personas detenidas en relación con el decomiso.

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Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la ejecución del ataque armado en una cancha de futbol del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó una persona muerta y seis heridas, ocurrido el pasado 13 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras la reconstrucción de los hechos y mediante labores de inteligencia fueron identificados Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como los presuntos agresores.

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Autoridades del Estado de México localizaron restos humanos dentro de bolsas negras que permanecían al interior de un Chevrolet Chevy gris, abandonado sobre la calle Arrecife, en la colonia Alborada de Jaltenco. Las primeras indagatorias señalan que los restos serían de al menos cuatro personas y que dos de ellas podrían ser Brayan Felisiano y Leonardo Augusto, de 17 y 21 años, reportados como desaparecidos en Nextlalpan.

Los vecinos reportaron el automóvil la noche del lunes 21 de septiembre porque permaneció varias horas estacionado en la zona. Los policías municipales y estatales revisaron la unidad tras detectar un líquido rojizo que escurría del vehículo y acordonaron el lugar para permitir las diligencias periciales.

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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió 19 carpetas de investigación por el delito de tortura en 12 de los 84 municipios de la entidad, entre enero y agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las carpetas se distribuyeron en localidades que van desde la capital del estado hasta municipios de la Sierra Alta y el Valle del Mezquital, lo que revela que la presunta práctica no se concentra en una sola zona geográfica.

Pachuca, capital hidalguense, acumula seis carpetas de investigación, la cifra más alta entre los municipios afectados. Tulancingo le sigue con tres expedientes abiertos, mientras que los 10 municipios restantes —Ajacuba, Apan, Calnali, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tula de Allende y Zacualtipán de Ángeles— registran al menos una carpeta cada uno.

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Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, la cifra más alta entre los municipios mexicanos con más de 100 mil habitantes y equivalente a una tasa de 51.3 casos por cada 100 mil personas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis de Morelos Rinde Cuentas.

El registro coloca a la ciudad de Cuautla, Morelos, por encima de Yautepec, que ocupó el segundo lugar nacional con 24 denuncias y una tasa de 22.7 casos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo. Cuautla tiene una población estimada de 187 mil 118 personas.

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Mazatlán, Culiacán, Escuinapa y la zona serrana de Sinaloa concentran durante septiembre una nueva fase de operaciones de seguridad, mientras más de 20 mil elementos federales permanecen desplegados en el estado y se refuerza la vigilancia en las principales carreteras.

La distribución de fuerzas tuvo un cambio a partir del 15 de septiembre, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 elementos y la Secretaría de Marina mil efectivos navales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sumó otros mil 600 elementos, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

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Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.

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Jorge Añorve Aguayo, abogado, empresario e hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, se convirtió en el centro de la atención pública en septiembre de 2026 al celebrar su boda con Karla Kristhel García Denis en una fiesta de tres días que incluyó dos ceremonias en distintos estados del país y la actuación del dúo británico Disclosure.

La primera ceremonia tuvo lugar el 7 de septiembre en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y la segunda el 17 de septiembre en la Cava Domecq, en Valle de Guadalupe, Baja California, en medio de un despliegue de lujo que generó debate por el perfil político de su padre y el de él mismo. A continuación te decimos a qué se dedica.

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Morena Rosario Sarabia Soto, diputada local de Morena, se retractó de sus declaraciones sobre los feminicidios ocurridos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de haber sostenido que los asesinatos de mujeres registrados en la zona no correspondían a ese delito, sino que estarían vinculados a la delincuencia organizada.

Su disculpa llegó tres días después de que sostuviera, a través de redes sociales, una conversación con ciudadanos que la cuestionaron sobre los 16 feminicidios registrados en el municipio, así como de acusar un contexto de impunidad.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

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Diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

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Tres personas detenidas el 19 de septiembre en Chihuahua están vinculadas con la célula señalada por las autoridades como responsable de los ataques contra un helicóptero de la Policía del Estado, informó Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La confirmación se dio a partir de las investigaciones desplegadas después de la agresión del 12 de septiembre contra una aeronave policial que realizaba labores de reconocimiento y vigilancia entre Coyame y Ojinaga. En el ataque, un elemento de la corporación resultó herido.

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Un comando armado mató a siete personas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en una cadena de ataques que se extendió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2026. Los hechos dejaron además al menos siete heridos y provocaron la activación de un operativo con 20 agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer ataque y el más letal tuvo lugar la tarde del domingo 20 en la comunidad de Duranes de Arriba, junto al campo de béisbol y la escuela primaria Gabriela Mistral. Varios hombres armados llegaron al lugar en distintos vehículos pasadas las 16:30 horas y dispararon contra personas que participaban en un convivio dominical.

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La familia de Carlota ‘N’ volverá este jueves 24 de septiembre a la casa de Chalco que estuvo en el centro de la tragedia ocurrida el 1 de abril de 2025, cuando una confrontación por el inmueble terminó con la muerte de dos hombres y dejó a un adolescente herido.

La vivienda, ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, será restituida formalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota, luego de que un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconociera su propiedad.

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Un hombre identificado como Claudio S., originario de Hecelchakán, Campeche, fue señalado públicamente el 21 de septiembre de 2026 por el colectivo hacktivista DLR de presuntamente ofrecer los servicios sexuales de una adolescente de 15 años en un grupo de Facebook. El acusado habría usado una identidad falsa femenina para publicar fotografías de la menor y material sexual explícito en el que presuntamente ella aparece, con el objetivo de ponerla a disposición de otros usuarios de la red social.

El colectivo DLR se dedica al hacktivismo para evidenciar y erradicar la violencia digital en México. La organización difundió su denuncia a través de un video publicado en sus propias redes sociales.

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Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, presunto operador financiero y generador de violencia de una célula de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido junto a tres personas más por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con corporaciones federales y de las Fuerzas Armadas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las capturas se llevaron a cabo como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio sinaloense, el cual comenzó a registrar un aumento de los hechos violentos desde el mes de julio.

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Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras ser capturado en la colonia Popular 89 de esa ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California lo señala como presunto responsable del feminicidio de Marlen Vázquez Saavedra, activista y agente inmobiliaria de 37 años estrangulada por su concubino cuatro días antes, el 17 de septiembre, en su propio domicilio de la colonia Ampliación Moderna.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, precisó que el cuerpo fue trasladado y abandonado junto al vehículo de la víctima en un paraje solitario de la carretera libre Ensenada-Tijuana.

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La investigación por la intoxicación masiva ocurrida durante una fiesta de XV años en Salamanca llevó a las autoridades a un inmueble de León, donde fueron aseguradas 531 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas de distintas marcas y presentaciones.

El decomiso fue informado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que señaló que las diligencias se realizaron como parte de las investigaciones iniciadas después de la tragedia registrada en junio pasado en la comunidad Puerto de Valle, donde cinco personas murieron y decenas más resultaron intoxicadas tras consumir tequila adulterado.

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La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.

Aunque actualmente vive fuera del país, aseguró que cada visita a territorio mexicano la realiza bajo escolta y que las intimidaciones derivadas de su nuevo libro le recuerdan el periodo en que investigó los presuntos nexos entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa.

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Un operativo de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes terminó con la detención de un chófer que trasladaba a un grupo de jóvenes hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes aseguraron que viajaban por un supuesto trabajo con un sueldo de 15 mil pesos.

En un contexto de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado, presente en gran parte de los estados del país, el hecho provocó alarma a las autoridades tras identificar una actitud sospechosa en el conductor de la unidad, perteneciente a la línea Futura y que no ofrecía un servicio común.

Así detectaron al chófer y a los jóvenes

De acuerdo con las autoridades, los elementos de la policía estatal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un joven con actitud sospechosa afuera de una tienda Oxxo, por lo que los oficiales se detuvieron para prevenir un posible robo en el establecimiento.

Al cuestionarlo, el joven respondió que solo estaba esperando un camión y que se dirigía a Nuevo Laredo para trabajar. Minutos después llegó al lugar la unidad de Futura para recogerlo.

El chofer se bajó del autobús y le dijo al joven, con un tono de molestia, que subiera de inmediato a la unidad. Esa actitud despertó las sospechas de los oficiales, quienes decidieron interrogar al operador para conocer el servicio que ofrecía.

Al respecto, el conductor explicó que lo habían contratado para trasladar al joven a Nuevo Laredo, sin dar mayores detalles sobre quién lo había enviado. Los policías optaron entonces por hacer descender a todos los jóvenes que se encontraban dentro del camión para entrevistarlos de manera individual.

El supuesto trabajo por 15 mil pesos

Las autoridades detallaron a Infobae México que entre los pasajeros bajados del autobús fueron ubicados cuatro jóvenes originarios de Pinos, Zacatecas, y a otros originarios de Aguascalientes. Todos tenían entre 20 y 25 años.

Al ser cuestionados sobre su destino, los jóvenes explicaron que iban a trabajar a Nuevo Laredo y que les pagarían 15 mil pesos, por lo que cada uno sabía la razón por la que era trasladado a bordo de esa unidad, así como el objetivo que era trabajar.

Ninguno mostraba signos de haber sido coaccionado para emprender el viaje. Ninguno iba amenazado, asustado y todos se encontraban tranquilos, por lo que no advirtieron la comisión de un posible delito.

El chófer, por su parte, fue detenido únicamente por las agresiones que cometió en contra de los oficiales durante el operativo, no por su participación en el traslado de los jóvenes hacia la frontera, ya que no había delito qué perseguir debido a que ninguno contaba con ficha de desaparición.

Reportan posible implicación del Cártel del Noreste en el reclutamiento

El medio JLM Noticias reportó que los policías estatales revisaron mensajes en el teléfono del chófer, quien los enviaba de manera previa a su detención, y descubrieron una conversación con un presunto reclutador del Cártel del Noreste. El medio también afirmó que tres de los jóvenes confesaron haber sido contratados por esa organización criminal.

Sin embargo, la SSP negó a esta casa editorial que los jóvenes hubieran mencionado haber sido reclutados por el Cártel del Noreste, sino que ellos solo refirieron que les habían ofrecido un trabajo en Nuevo Laredo y por eso iban en el camión.

La corporación explicó que no existía ningún indicio de que los jóvenes estuvieran vinculados a un grupo criminal ni reporte alguno que respaldara esa hipótesis, por lo que se procedió solo con su resguardo.

Los cuatro jóvenes de Pinos, Zacatecas, regresaron a su lugar de origen tras el operativo, así como los originarios de Aguascalientes que fueron trasladados a su domicilio.

Las autoridades detallaron que por la falta administrativa derivada de las agresiones a los oficiales durante su intervención, el chofer podría ser acreedor a una sanción máxima de 36 horas de arresto.

Sosa Gallegos también fue presidente del Colegio Internacional de Cirujanos. De acuerdo con su hijo George, el especialista fue encontrado sin signos vitales en el municipio de Tultitlán, pocas horas después de que su familia siguiera una señal de localización vinculada con unas llaves que utilizaba a diario.

La agresión ocurrió el 25 de agosto, alrededor de las 19:30 horas, en un inmueble de la colonia Atlanta. Un supuesto paciente había solicitado una cita con el médico, quien ofrecía servicios de proctología mediante páginas de internet, y recibió la ubicación del consultorio, instalado en el domicilio del especialista.

El hombre llegó acompañado de otras personas. Al entrar en contacto con el médico comenzó un forcejeo y los agresores lo sacaron del inmueble a punta de pistola para subirlo a una camioneta blanca, descrita por su hijo como una unidad similar a las utilizadas por las empresas repartidoras de productos.

La familia siguió una señal hasta Tlalnepantla

Durante el ataque, los hombres también intentaron llevarse a la esposa del médico, de 74 años, pero su hijo intervino y logró arrebatársela. “Solo vi que a mi padre lo subieron a una camioneta blanca, como de Estafeta”, relató.

Horas después, Jorge, el hijo menor, recordó que su padre tenía unas llaves con un sistema de localización satelital instalado recientemente. Acompañado por un amigo, siguió la señal hasta la colonia La Blanca, en Tlalnepantla, pero no encontró rastro del médico.

La mañana del 26 de agosto, Sosa Gallegos fue hallado sin signos vitales en Tultitlán. La familia no recibió llamadas ni mensajes para negociar su liberación, mientras que los responsables continuaban libres, según la información de su hijo.

A casi un mes del crimen, su hijo Jorge Sosa pidió la intervención de las autoridades para esclarecer el caso y detener a los agresores. “Mi papá no tenía enemigos, ninguna persona que pudiáramos sospechar. Inlcuso daba consulta gratis, si la persona no tenía dinero les decía que se lo pagara cuando pudiera. Era una persona admirable, altruista, era mi héroe. No merecía morir así. Exigimos justicia”, afirmó.

George lamenta que su situación haya cambiado radicalmente porque además de arrebatarles a su padre, también su vida ya que tuvieron que cambiar de domicilio ya que temen por su vida y la de su familia.

El hombre ha realizado sus propias investigaciones y le ha dado información ala fiscalía el Estado de México pero asegura que no ve celeridad en su asunto ni apoyo ya que pidió medidas de protección sin obtenerlas.

Un hombre de Wood River, Nebraska, que permanecía prófugo desde 2021 y era buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con la distribución de metanfetamina, fue detenido en Tijuana tras una operación coordinada entre autoridades de ambos países.

Se trata de Ernesto Guerrero-Zarraga, de 25 años, quien fue localizado y detenido el pasado 17 de septiembre por autoridades mexicanas, luego de que el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Distrito Metropolitano de Nebraska del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos obtuviera información sobre su posible ubicación en la ciudad fronteriza.

El detenido es ciudadano estadounidense y enfrenta una orden judicial emitida en Nebraska por cargos relacionados con conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina, así como conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir 50 gramos o más de metanfetamina.

Lo liberaron por error tras pagar una fianza

De acuerdo con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, los antecedentes del caso se remontan a agosto de 2020, cuando Guerrero-Zarraga fue detenido por el Grupo de Trabajo de Fugitivos en cumplimiento de órdenes de arresto estatales.

En aquella ocasión enfrentaba acusaciones por agresión en primer grado, uso de un arma de fuego para cometer un delito grave e intento de cometer un delito grave de clase 2.

El 12 de junio de 2021, Guerrero-Zarraga pagó una fianza de 5 mil dólares y fue puesto en libertad.

Sin embargo, dos días después, el 14 de junio de 2021, las autoridades descubrieron que el detenido había pagado una fianza incorrecta y que su liberación había ocurrido por error.

Tras detectar la situación, se emitió una nueva orden de arresto en su contra ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska.

Desde entonces, Guerrero-Zarraga permaneció prófugo y fue incorporado a la búsqueda del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Distrito Metropolitano de Nebraska.

Durante los años siguientes, las autoridades estadounidenses continuaron tratando de establecer su paradero hasta obtener información que apuntaba a que se encontraba en Tijuana, México.

Operativo conjunto permitió localizarlo en Tijuana

Después de recibir información sobre la posible ubicación del fugitivo, el Grupo de Trabajo de Fugitivos coordinó acciones con la Oficina de Operaciones Internacionales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, su Oficina de Campo en México y autoridades locales mexicanas.

La colaboración permitió establecer la ubicación de Guerrero-Zarraga en Tijuana.

Las autoridades mexicanas finalmente lo localizaron y lo detuvieron sin que se registraran incidentes, de acuerdo con el reporte difundido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Al tratarse de un ciudadano estadounidense requerido por autoridades de ese país, Guerrero-Zarraga fue deportado de México el 18 de septiembre.

Después de su salida de territorio mexicano, quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos del Distrito Sur de California.

El hombre permanece detenido mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes para su traslado a Nebraska.

Guerrero-Zarraga se encuentra a la espera de ser extraditado a Nebraska, donde deberá enfrentar las acusaciones que dieron origen a la orden judicial en su contra.

El caso representa una nueva operación de colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas para localizar a fugitivos buscados en Estados Unidos que se encuentran en territorio mexicano.

La detención también pone fin a una búsqueda que comenzó en 2021, cuando Guerrero-Zarraga fue liberado de manera accidental tras el pago de una fianza incorrecta y posteriormente desapareció del radar de las autoridades estadounidenses.

Ahora, cinco años después de aquella liberación, el acusado permanece nuevamente bajo custodia mientras se prepara su regreso a Nebraska para continuar con el proceso judicial en su contra.

Al menos 213 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México durante 2026. Jalisco concentra la mayor cantidad de casos, con 37 víctimas, seguido de Michoacán con 29 y Sinaloa con 25, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado al 17 de septiembre.

El recuento incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de corporaciones federales. De las 213 víctimas documentadas, 85 eran policías municipales, 66 policías estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 12 del Ejército, cuatro policías federales y dos elementos de la Marina.

Causa en Común realiza este seguimiento mediante un registro hemerográfico elaborado junto con una red de periodistas especializados en seguridad. Por ello, la cifra corresponde a casos documentados públicamente por la organización y no a una estadística oficial del Gobierno federal.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa encabezan las cifras más altas de agentes asesinados en México

Jalisco acumula 37 agentes de seguridad pública asesinados durante los primeros ocho meses y medio de 2026, la cifra más alta entre las entidades incluidas en el registro.

Michoacán ocupa el segundo lugar con 29 casos y Sinaloa aparece en tercero con 25. Después se encuentran Estado de México y Morelos, con 14 víctimas cada uno.

Los cinco estados reúnen 119 de los 213 asesinatos documentados hasta el 17 de septiembre, lo que representa poco más de la mitad del total registrado por Causa en Común.

Jalisco aporta por sí solo 37 víctimas, equivalentes a alrededor de 17% del registro nacional. El dato corresponde a agentes de seguridad pública asesinados, sin distinguir en este apartado si el caso ocurrió durante servicio, fuera de horario laboral o por un motivo relacionado con sus funciones.

La actualización más reciente de la organización, correspondiente al periodo del 11 al 17 de septiembre, incorporó un nuevo asesinato en Jalisco.

Policías municipales y estatales concentran siete de cada 10 víctimas

Las corporaciones locales reúnen la mayor parte de los casos documentados durante 2026.

De las 213 víctimas, 151 pertenecían a policías municipales o estatales: 85 municipales y 66 estatales. En conjunto, representan cerca de 71% del registro.

La Guardia Nacional acumula 44 asesinatos, mientras que el Ejército suma 12. La lista se completa con cuatro policías federales y dos integrantes de la Marina.

El desglose permite dimensionar que el registro no corresponde exclusivamente a policías preventivos de los municipios. Más de seis de cada 10 víctimas pertenecían a corporaciones municipales o estatales, mientras que el resto corresponde a instituciones federales incluidas por Causa en Común.

El registro de la organización identifica los asesinatos de agentes de seguridad pública documentados en fuentes periodísticas, por lo que no debe interpretarse que todos los casos estén relacionados con delincuencia organizada o que hayan ocurrido bajo las mismas circunstancias.

Sinaloa ocupa el tercer lugar con 25 casos

Sinaloa registra 25 agentes de seguridad pública asesinados durante 2026 y ocupa el tercer lugar nacional en el recuento.

El dato se conoce mientras el estado mantiene un despliegue reforzado de fuerzas federales en Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, carreteras y zonas serranas. En septiembre, el Gobierno federal informó de la incorporación de nuevos elementos de seguridad y de operaciones con detenciones y aseguramientos de armas y explosivos.

Sin embargo, el registro de Causa en Común no establece que los 25 asesinatos tengan un mismo origen ni los vincula directamente con la violencia registrada en la entidad. Se trata de casos incorporados al seguimiento hemerográfico de la organización.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran 91 casos

Las tres entidades con mayor número de víctimas reúnen 91 de los 213 asesinatos registrados hasta el 17 de septiembre.

Jalisco suma 37; Michoacán, 29, y Sinaloa, 25. En conjunto representan 42.7% de todos los agentes de seguridad pública asesinados que Causa en Común ha documentado durante 2026.

El cuarto sitio corresponde al Estado de México, con 14 casos, la misma cifra que Morelos.

La distribución muestra además diferencias frente a los registros de años anteriores. En 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en todo el país; Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 casos, seguido de Guerrero con 39, Guanajuato con 36, Michoacán con 34 y Veracruz con 24.

La comparación debe hacerse con cautela porque los 348 casos corresponden a un año completo, mientras que los 213 de 2026 tienen corte al 17 de septiembre y todavía no constituyen un resultado anual.

Más de 650 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro también permite dimensionar los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2026, Causa en Común documentó al menos 655 agentes de seguridad pública asesinados.

De ese acumulado, 213 corresponden a los primeros ocho meses y medio de 2026. Los 442 restantes corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el registro de la organización.

En 2025, Causa en Común documentó 348 asesinatos de policías, mientras que entre octubre y diciembre de 2024 se registraron los casos que completan el acumulado de 655 para el periodo iniciado el 1 de octubre de ese año.

El registro de 2026 se actualizará conforme Causa en Común incorpore nuevos casos documentados.

Una falsa oferta de trabajo como guardia de seguridad publicada en TikTok fue el método que utilizó un grupo de la delincuencia organizada para captar a un adolescente de Oaxaca y mantenerlo casi un mes privado de la libertad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Luego de que su familia denunció la desaparición del joven, identificado como A.L.J. desde el pasado 22 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigación correspondiente para rastrearlo.

Las acciones permitieron ubicarlo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde el adolescente era obligado a realizar trabajos para un grupo criminal y sufría maltrato físico. Casi un mes después, fue rescatado y trasladado de vuelta a Oaxaca con su familia.

El modus operandi del reclutamiento vía TikTok: un salario alto sin contar con experiencia

De acuerdo con la carpeta de investigación, A.L.J. fue visto por última vez el 22 de agosto en inmediaciones de Santa María Atzompa, en Oaxaca, antes de ser reportado como no localizado.

Las pesquisas determinaron que el adolescente había buscado una oportunidad laboral a través de la plataforma TikTok, red social donde fue contactado por una persona que le ofreció empleo como guardia de seguridad.

La propuesta incluía un salario de 4 mil pesos semanales y no exigía experiencia, por lo que al estar convencido por la oferta, el menor aceptó trasladarse al estado de Jalisco para realizar las funciones para las que supuestamente había sido contratado.

A llegar a Guadalajara, el adolescente fue trasladado a Puerto Vallarta, donde quedó privado de la libertad y obligado a realizar trabajos para el grupo de la delincuencia organizada que lo captó, además de ser víctima de maltrato físico durante el tiempo que permaneció retenido.

Autoridades lo ubicaron y lograron su rescate: ya está de vuelta con su familia

Tras recibir la denuncia por la desaparición del adolescente, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos y activó los protocolos de búsqueda y localización.

En el proceso participó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), que desarrolló acciones de rastreo, investigación y vigilancia para establecer el paradero de A.L.J.

Las labores y la coordinación entre distintas instancias permitieron establecer la ubicación exacta del adolescente en Puerto Vallarta. Con esa información, la Fiscalía del Estado coordinó acciones con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Jalisco para ejecutar el rescate y garantizar la protección del menor.

La intervención conjunta entre las tres instituciones resultó en la localización con vida del adolescente, cerca de un mes después de haber sido reportado como no localizado.

Una vez concretado el rescate, el adolescente fue trasladado de regreso al estado de Oaxaca, donde se llevan a cabo las acciones correspondientes para garantizar su atención integral.

Las autoridades informaron que trabajan en la restitución de sus derechos y en su reintegración al núcleo familiar, bajo una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes orientada a evitar cualquier forma de revictimización.

Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión

El rescate del adolescente se da un contexto en el que el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales creció un 155% en Oaxaca en el último año, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía estatal.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado, advirtió el pasado 12 de agosto que este incremento lo detectaron a partir de las detenciones de menores de edad en el último año por delitos relacionados con el narcomenudeo y la delincuencia organizada.

Ante un contexto en el que también han detectado los esquemas de captación, entre los que predominan el contacto a través de redes sociales, el fiscal también advirtió que han podido identificar que 7 de cada 10 adolescentes que son reclutados por el narco terminan muertos, en prisión o con alguna discapacidad derivada de agresiones antes de cumplir 6 años en sus filas.

Además, explicó que entre los métodos de captación también se encuentran las personas ya conocidas por los adolescentes y que van acercándolos al grupo delictivo de manera gradual. Otra es ofrecerles droga de manera gratuita para generarles dependencia, provocando su posterior incorporación como distribuidores y consumidores de narcóticos.

Entre las plataformas y aplicaciones de mensajería detectados para el reclutamiento de menores de edad también se encuentran TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Signal, Roblox y Free Fire.

Los cárteles de la droga en México están incrementando el uso de drones para vigilancia, contrabando y ataques, mientras buscan aprovechar la experiencia adquirida por combatientes latinoamericanos durante la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post.

El diario estadounidense consultó a cinco funcionarios de Estados Unidos y uno de México, quienes describieron bajo condición de anonimato una evaluación interna del gobierno estadounidense sobre la evolución de esta amenaza.

Según los funcionarios, una de las principales preocupaciones es que personas con experiencia reciente en el campo de batalla ucraniano estén regresando a América Latina con conocimientos sobre pilotaje de drones, explosivos, frecuencias de radio y tácticas para evadir sistemas antidrones.

La evaluación gubernamental citada por The Washington Post advierte que las autoridades antidrogas de Estados Unidos y México podrían enfrentar dificultades para responder a la evolución tecnológica de las organizaciones criminales.

Cárteles buscan experiencia adquirida en Ucrania

De acuerdo con los funcionarios citados por el diario, organizaciones criminales mexicanas han utilizado dinero y amenazas para reclutar principalmente a colombianos que regresaron de Ucrania después de combatir en ese conflicto.

Uno de los funcionarios estadounidenses aseguró que los cárteles incluso están enviando a sus propios afiliados a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante contratos de aproximadamente un año. En algunos casos, dijo, las organizaciones amenazan a familiares de los reclutados para garantizar su regreso.

La preocupación estadounidense se centra en que esos combatientes podrían regresar con conocimientos sobre las tácticas utilizadas en uno de los conflictos donde el empleo de drones ha evolucionado con mayor rapidez.

El Departamento de Estado confirmó al Post que mantiene cooperación con autoridades estadounidenses y ucranianas para mitigar la transferencia de conocimientos adquiridos en el campo de batalla y aprovechar las lecciones de Ucrania para combatir los drones utilizados por organizaciones criminales.

Autoridades ucranianas, por su parte, han restado importancia a la posibilidad de que sus fuerzas estén siendo utilizadas para capacitar deliberadamente a integrantes de organizaciones criminales. Taras Palianytsia, funcionario de la oficina de reclutamiento extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania, señaló que los voluntarios internacionales son sometidos a controles de antecedentes.

Drones más grandes y difíciles de detectar

Los funcionarios consultados por The Washington Post también describieron una evolución en las capacidades de los drones utilizados por los grupos criminales.

Según un documento de inteligencia mexicano revisado por el diario, al menos un cártel posee aeronaves de entre seis y ocho hélices, capaces de permanecer en el aire durante varias horas y transportar más de 68 kilogramos de carga.

Un funcionario mexicano también aseguró que una organización envió personal a China para adquirir drones que pueden ser equipados con fusiles. De acuerdo con el funcionario, el grupo estaría aprendiendo a operar esas aeronaves y esperando una oportunidad para utilizarlas.

Los cárteles también estarían estudiando frecuencias de radio alternativas y otras técnicas para evadir los sistemas de interferencia utilizados por las autoridades para neutralizar drones.

El fenómeno ya tiene antecedentes en México. Grupos criminales han utilizado aeronaves no tripuladas para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad, detectar rutas y realizar ataques con explosivos. En Guerrero, por ejemplo, The Washington Post documentó en julio ataques con drones atribuidos a La Nueva Familia Michoacana contra comunidades rurales.

Estados Unidos ha respondido aumentando sus capacidades contra estas aeronaves. Según la información publicada por el diario, sistemas estadounidenses de láser de alta energía derribaron 11 drones vinculados con cárteles entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre.

El general retirado Glen D. VanHerck, quien encabezó el Comando Norte y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, dijo al Post que los grupos criminales podrían buscar técnicas para contrarrestar los drones utilizados por las autoridades e incluso atacarlos de manera similar a las tácticas observadas en los campos de batalla.

El riesgo, de acuerdo con VanHerck, no se limitaría a la frontera entre México y Estados Unidos. Los drones cargados con explosivos podrían ser utilizados principalmente contra fuerzas de seguridad mexicanas y organizaciones criminales rivales.

Colombia, otro punto de conexión

La investigación también señala la creciente participación de colombianos con experiencia en el uso militar de drones.

En Colombia, grupos armados han incrementado el uso de estas aeronaves dentro de los conflictos que mantienen por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Según Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), los incidentes de violencia con drones armados pasaron de 38 en 2024 a 149 en 2025. Para principios de septiembre de 2026, el número de incidentes ya había superado los 200.

Un funcionario mexicano dijo al Post que, después de regresar de Ucrania, especialistas colombianos en drones reciben grandes cantidades de dinero y, en algunos casos, son trasladados a México para capacitar a grupos de operadores de drones.

Colombia también mantiene vínculos con organizaciones criminales mexicanas. El Post señala, por ejemplo, que el Clan del Golfo ha mantenido una alianza con el Cártel de Sinaloa.

La evolución ocurre mientras Washington intensifica su estrategia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En julio, The Washington Post reportó que evaluaciones de la DEA y del Pentágono indicaban que los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas no habían reducido el suministro de cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los traficantes a modificar sus rutas y métodos de transporte.

Ahora, funcionarios estadounidenses y mexicanos anticipan otro escenario de adaptación: cárteles con drones más grandes, mayor capacidad de carga, nuevas técnicas de evasión y operadores con experiencia adquirida en conflictos armados.

Uno de los funcionarios estadounidenses consultados por The Washington Post resumió la preocupación en una frase: después de los cambios en las rutas marítimas y aéreas, el siguiente gran desafío para las autoridades podría estar en los drones.

Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.

Uno de los casos documentados por Washington es el de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien OFAC señaló por su participación en el robo de combustible en Veracruz y Jalisco. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Cazarín utilizaba familiares y asociados como prestanombres para administrar una red de estaciones que aparentaban ser negocios legítimos.

‘El Tanque’: una red de gasolineras en Veracruz

Según la OFAC, “El Tanque” obtenía combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos y posteriormente almacenaba los hidrocarburos en instalaciones con capacidad para millones de litros.

El combustible era vendido a través de una red de 11 gasolineras, que de acuerdo con el gobierno estadounidense operaban aparentemente como establecimientos legales. La propia OFAC señaló que Cazarín administraba estas estaciones mediante familiares y asociados que fungían como propietarios o representantes formales.

Entre las empresas identificadas por las autoridades estadounidenses se encuentra Etanofuel, S.A. de C.V., que comercialmente se anunciaba como G Energy, además de otras razones sociales relacionadas con estaciones de servicio.

La acusación de Washington no implica que cualquier persona que haya cargado combustible en esos establecimientos tuviera conocimiento del origen del producto. El señalamiento estadounidense se dirige contra quienes, según su investigación, controlaban o utilizaban las empresas para comercializar combustible robado.

‘El Jardinero’ y la gasolinera Petrocoda

Otro de los casos señalados por el Departamento del Tesoro involucra a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los operadores de alto nivel del CJNG.

En una acción posterior, OFAC identificó a Petrocoda S.A. de C.V. como una compañía de gas vinculada con Flores Silva. De acuerdo con la dependencia estadounidense, “El Jardinero” mantenía el control de la empresa mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La empresa fue incluida directamente en las sanciones de OFAC, que sostuvo que Petrocoda era propiedad, estaba controlada o era dirigida, directa o indirectamente, por Flores Silva.

El señalamiento forma parte de una estrategia estadounidense para identificar no solamente a integrantes armados de organizaciones criminales, sino también a empresas y personas que presuntamente facilitan sus operaciones financieras.

Familiares y empresas alrededor del CJNG

El patrón señalado por las autoridades estadounidenses aparece también en otras actividades empresariales relacionadas con operadores del CJNG.

OFAC ha documentado el uso de familiares, subordinados, prestanombres y empresas aparentemente legítimas para ocultar intereses económicos de integrantes del grupo criminal. En junio de 2026, por ejemplo, el Tesoro informó de nuevas sanciones contra personas y compañías relacionadas con esquemas de robo y contrabando de combustible, además de empresas utilizadas para facilitar esas operaciones.

En el caso de “El Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez, investigaciones periodísticas identificaron a familiares del presunto operador del CJNG como propietarias de Gasolineras HG, cuyo nombre coincide con las iniciales de Guerrero.

Sin embargo, existe una diferencia importante: hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG, por lo que el caso debe distinguirse de empresas como Petrocoda, que sí fue incluida directamente en una designación de OFAC.

El Departamento del Tesoro ha ampliado en los últimos años sus investigaciones sobre las fuentes de ingresos del CJNG. Además del narcotráfico, Estados Unidos ha señalado al robo y contrabando de combustible como una fuente importante de recursos para la organización.

Así, detrás de algunas estaciones que funcionan aparentemente como negocios convencionales, las autoridades estadounidenses han identificado estructuras empresariales que, según sus investigaciones, pueden servir para almacenar, comercializar o introducir al mercado combustible obtenido mediante actividades ilícitas.

Para el consumidor, una carga de gasolina puede parecer una operación cotidiana. La investigación estadounidense, sin embargo, muestra que detrás de algunas estaciones señaladas existen redes que involucran a operadores criminales, familiares, subordinados y empresas utilizadas para ocultar el control o el origen de los recursos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras la reconstrucción de los hechos y mediante labores de inteligencia fueron identificados Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como los presuntos agresores.

De acuerdo con las pesquisas, la tarde del domingo 13 de septiembre dos hombres llegaron a las canchas de futbol de la comunidad Barrio de Guadalupe a bordo de motocicletas y portando armas largas.

Los dos sujetos abrieron fuego en contra de los asistentes, y aunque la agresión estaba dirigida contra una persona, las detonaciones alcanzaron a otras que se encontraban en el lugar.

Como resultado de la agresión, un hombre falleció y seis personas resultaron heridas, entre las que se encontraban dos adolescentes.

Tras los hechos, la escena fue procesada por peritos forenses que buscaron y documentaron los indicios que permitieron establecer la manera en que se cometió el ataque.

Días después de los hechos, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, reconoció que la cantidad de campos de fútbol y torneos que se realizan cada fin de semana en la entidad supera la capacidad de supervisión de las autoridades estatales.

Por su parte, el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González, emitió un posicionamiento en el que condenó los hechos y llamó a la población a no normalizar la violencia.

“Lamento profundamente y condeno enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante un partido de futbol en nuestro municipio. No podemos normalizar ningún acto de violencia, mucho menos en espacios donde las familias y nuestros niños y jóvenes acuden a disfrutar del deporte”, aseguró.

Los trabajos de inteligencia y tras recabar testimonios, las autoridades identificaron a Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como objetivos prioritarios por su probable implicación en la ejecución de la agresión armada.

Además, las autoridades lograron establecer posibles vínculos de los dos detenidos con otros hechos violentos registrados en la región de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, por lo que se abrieron nuevas líneas de investigación para su esclarecimiento.

Fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio

Luego de que la Fiscalía de Guanajuato cumplimentó las órdenes de aprehensión en su contra, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En su audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan su probable participación en el ataque armado en la cancha de futbol de San Francisco del Rincón.

Ante los hechos, el juez de control resolvió vincular a proceso a Jhonathan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Además, les impuso como medida cautelar prisión preventiva y un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria que no fue revelado.

Ataque armado cerca de campo de beisbol deja 3 muertos y 5 heridos

Un segundo hecho violento se registró la tarde de este domingo 20 de septiembre, cuando se desató una agresión armada en la comunidad Duranes de Arriba, en el municipio de Valle de Santiago, que dejó tres personas muertas y cinco heridas.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas cerca de un campo de beisbol, ubicado cerca de los límites con Pueblo Nuevo, cuando un grupo de sujetos armados arribaron al sitio y comenzaron a disparar contra las personas.

Como resultado de la agresión tres personas fallecieron, quienes fueron identificadas como Candelario “N”, Reyes “N” y José Luis “N”, y cinco hombres más resultaron heridos.

La misma mañana del domingo, antes del ataque en el campo de béisbol, habitantes de la comunidad La Tejonera reportaron al 911 la presencia de tres hombres muertos a un costado de un camino rural.

Tras la emergencia, paramédicos se desplazaron al sitio y confirmaron que los hombres ya no tenían signos vitales a causa de lesiones por arma de fuego, por lo que se desplazaron peritos de la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

Un días después, este lunes 21 de septiembre, un comando entró a un domicilio de la calle Obregón, en la zona centro de Valle de Santiago, y disparó contra un hombre y una mujer. Los agresores encerraron además a cinco personas en una habitación y le prendieron fuego a la vivienda antes de huir.

Bomberos arribaron al domicilio y liberaron a las cinco personas atrapadas en el incendio, aunque el ataque dejó siete hospitalizados en total: dos con heridas de bala y cinco con intoxicación por inhalación de humo.

Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, la cifra más alta entre los municipios mexicanos con más de 100 mil habitantes y equivalente a una tasa de 51.3 casos por cada 100 mil personas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis de Morelos Rinde Cuentas.

El registro coloca a la ciudad de Cuautla, Morelos, por encima de Yautepec, que ocupó el segundo lugar nacional con 24 denuncias y una tasa de 22.7 casos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo. Cuautla tiene una población estimada de 187 mil 118 personas.

La cifra corresponde a los primeros siete meses del año, antes de que se conocieran los resultados más recientes del Plan Cuautla, una estrategia de seguridad implementada para atender la violencia y particularmente la extorsión en el municipio.

Cuautla concentra una operación específica contra la extorsión

El Plan Cuautla reportó hasta septiembre 60 cateos relacionados con el combate a la extorsión, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso.

El operativo cuenta con mil 708 elementos de instituciones federales, estatales y municipales. Entre ellas se encuentran la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y las policías estatal y municipal.

Las autoridades también informaron que 2 mil 336 establecimientos forman parte de la Red de Protección contra la Extorsión. La estrategia incluye además a seis mercados públicos y la Central de Abasto, con 506 comerciantes integrados a una red de comunicación, prevención y denuncia.

El despliegue comenzó después de la detención de Jesús Corona Damián, entonces alcalde electo de Cuautla, quien fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por una orden de aprehensión relacionada con delincuencia organizada. La SSPC señaló entonces que las investigaciones se habían iniciado por actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos.

Comerciantes y transportistas están entre los sectores afectados

Las investigaciones realizadas dentro del Plan Cuautla han identificado distintas modalidades de extorsión.

En agosto, la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención de tres personas señaladas como probables responsables de exigir a comerciantes que compraran agua, gelatinas y otros productos a cambio de permitirles trabajar y evitar agresiones contra ellos o sus establecimientos. De acuerdo con la autoridad, algunas de esas conductas se remontaban a 2022.

El transporte público también ha sido uno de los sectores atendidos por el operativo.

El 21 de agosto, la Ruta 11 reanudó operaciones después de acciones de acompañamiento y seguridad. Las autoridades señalaron que en julio una investigación permitió desarticular una célula señalada por extorsionar a transportistas de Cuautla.

El Gobierno de Morelos también ha desplegado acciones de proximidad con comerciantes, transportistas, viveristas y otros sectores para explicar las modalidades de extorsión y fortalecer los mecanismos de denuncia.

Entre las conductas identificadas por las autoridades están las amenazas mediante llamadas o mensajes, las notas intimidatorias, el cobro de piso y el uso de clonación de voz mediante inteligencia artificial.

El municipio también aparece entre los primeros lugares por homicidio

La extorsión no es el único indicador que coloca a Cuautla entre los municipios con mayor incidencia delictiva.

De acuerdo con el mismo corte de enero a julio, la ciudad ocupó el décimo lugar nacional en homicidio doloso entre municipios con más de 100 mil habitantes. También se ubicó en la séptima posición en homicidio doloso en grado de tentativa.

El panorama de violencia ha llevado a las autoridades federales y estatales a mantener una intervención específica en el municipio. El Plan Cuautla reportó 28 mil 231 operativos y 28 mil 510 visitas a establecimientos mercantiles y empresas como parte de las acciones de presencia, vigilancia, prevención y proximidad.

La estrategia no se limita a las acciones policiales. El Gobierno de Morelos anunció una inversión estatal de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para acciones relacionadas con seguridad, infraestructura, educación, economía, cultura y bienestar en Cuautla y la región oriente.

Cuautla mantiene el primer lugar nacional en extorsión presencial

El dato más reciente disponible sobre incidencia corresponde a enero-julio y muestra que Cuautla registró cuatro veces más denuncias que Yautepec, el municipio que ocupó el segundo lugar nacional en tasa de extorsión presencial durante ese periodo.

Los 96 casos registrados representan una tasa de 51.3 denuncias por cada 100 mil habitantes. La comparación se realiza entre municipios con más de 100 mil habitantes, por lo que el indicador toma en cuenta el tamaño de la población y no solamente el número absoluto de carpetas iniciadas.

La cifra coincide con la existencia de una intervención de seguridad específicamente orientada a contener la extorsión, aunque el corte estadístico de los 96 casos y los resultados del Plan Cuautla corresponden a periodos distintos. Por ello, los datos disponibles no permiten establecer a partir de ellos si las acciones implementadas desde junio han provocado un aumento o una reducción posterior de las denuncias.

Mazatlán, Culiacán, Escuinapa y la zona serrana de Sinaloa concentran durante septiembre una nueva fase de operaciones de seguridad, mientras más de 20 mil elementos federales permanecen desplegados en el estado y se refuerza la vigilancia en las principales carreteras.

La distribución de fuerzas tuvo un cambio a partir del 15 de septiembre, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 elementos y la Secretaría de Marina mil efectivos navales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sumó otros mil 600 elementos, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

Con esos movimientos, el estado de fuerza federal superó los 20 mil elementos en Sinaloa. El refuerzo fue dirigido principalmente hacia Mazatlán y los principales tramos carreteros, aunque las autoridades mantienen operaciones en Culiacán, Escuinapa, otros municipios y la zona serrana cercana a Durango.

Mazatlán concentra el mayor refuerzo

La incorporación de personal federal ocurrió después de que las autoridades identificaran a Mazatlán como uno de los puntos que requerían una mayor presencia. La SSPC y la Marina desplegaron más de mil 800 elementos y más de 130 unidades para ampliar los patrullajes y la vigilancia en el puerto y en las carreteras de Sinaloa.

El 18 de septiembre, Omar García Harfuch, titular de la SSPC; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, acudieron a Mazatlán para supervisar las operaciones.

La revisión incluyó las condiciones del despliegue y las capacidades operativas de las corporaciones federales y locales. En la reunión también se planteó fortalecer las policías estatales y municipales para mejorar su capacidad de respuesta.

El movimiento no implica que la vigilancia federal haya quedado concentrada en el puerto. El Gobierno de Sinaloa señaló que las fuerzas federales mantendrán presencia en los 20 municipios, con una atención específica en Mazatlán, Escuinapa y Culiacán.

Los operativos alcanzan carreteras y la zona serrana

La ampliación del dispositivo también se ha reflejado en acciones fuera de los centros urbanos.

Entre el 14 y el 16 de septiembre, las autoridades reportaron aseguramientos en Mazatlán, Escuinapa, Concordia y Culiacán. En Mazatlán fueron localizados 53 artefactos explosivos improvisados; en Escuinapa, elementos de Marina aseguraron una embarcación con 7 mil 940 cartuchos; en Concordia fue localizado un campamento clandestino con armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, mientras que en Culiacán se ubicó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas con mil 350 litros de sustancias químicas.

El episodio de mayor magnitud ocurrió el 19 de septiembre en la zona serrana cercana a los límites con Durango.

Elementos de la SSPC y la Marina realizaban recorridos terrestres cuando fueron atacados por civiles armados que viajaban en seis camionetas. Tras repeler la agresión, las autoridades detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad.

En el lugar fueron aseguradas 17 armas largas, incluida una ametralladora; más de 120 cargadores; lanzagranadas; 40 artefactos explosivos improvisados; equipo táctico; marihuana y seis vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

El caso muestra que la operación federal se extiende más allá de las ciudades donde se concentra el refuerzo de personal. Las carreteras y las zonas serranas forman parte del dispositivo que se mantiene activo en diferentes regiones del estado.

Culiacán se mantiene dentro de la estrategia federal

Culiacán continúa como uno de los puntos prioritarios pese a que el refuerzo anunciado a mediados de septiembre tuvo como uno de sus principales objetivos a Mazatlán.

El 20 de septiembre, durante una visita a la capital sinaloense, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los elementos de las Fuerzas Armadas permanecerán en el estado durante el tiempo que sea necesario. También informó que integrantes del Gabinete federal acudirán a Sinaloa a partir de la siguiente semana para atender directamente distintos asuntos de la entidad.

La presencia federal se mantendrá mientras el Gobierno estatal prepara una estrategia propia para ampliar sus capacidades de seguridad.

El 21 de septiembre, la gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que decidió posponer la presentación del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad de Sinaloa para incorporar propuestas de distintos sectores y definir el respaldo presupuestal.

Uno de los proyectos contemplados es transformar el actual sistema C4i en un C5i, una ampliación que requiere recursos adicionales. La gobernadora señaló que el tema será planteado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, durante su próxima visita a Sinaloa.

Por ahora, el plan no ha sido presentado en su versión definitiva, por lo que las acciones concretas que contendrá todavía no están formalmente detalladas.

Sinaloa llega a dos años de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

El refuerzo ocurre a dos años del inicio de la confrontación entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, que comenzó en septiembre de 2024 y modificó durante este periodo la dinámica de seguridad en el estado.

El periodo también dejó un fuerte impacto en los indicadores de violencia. Un recuento publicado por Infobae México —con base en registros oficiales, colectivos y documentación periodística— contabilizó 3 mil 821 muertes violentas y 4 mil 406 desapariciones desde el inicio del conflicto hasta el 10 de septiembre de 2026.

Al mismo tiempo, los datos oficiales más recientes muestran una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos. Entre enero y agosto de 2026, Sinaloa registró una disminución de 26.1% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentadas el 8 de septiembre.

Pese a esa reducción, el estado acumuló 866 homicidios dolosos durante los primeros ocho meses de 2026, cifra que representó 7.5% del total nacional en ese periodo.

La combinación de ambos datos ayuda a explicar el escenario actual: mientras los registros oficiales muestran una disminución respecto del año anterior, las autoridades mantienen operaciones de alto impacto y un despliegue federal que supera los 20 mil elementos.

Tres personas detenidas el 19 de septiembre en Chihuahua están vinculadas con la célula señalada por las autoridades como responsable de los ataques contra un helicóptero de la Policía del Estado, informó Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La confirmación se dio a partir de las investigaciones desplegadas después de la agresión del 12 de septiembre contra una aeronave policial que realizaba labores de reconocimiento y vigilancia entre Coyame y Ojinaga. En el ataque, un elemento de la corporación resultó herido.

El despliegue se extendió hacia Ojinaga, Manuel Benavides, Paso de San Antonio y el corredor Aldama-Ojinaga. Aguirre señaló que en la región existe una disputa entre dos grupos delictivos, aunque no identificó públicamente a las organizaciones involucradas.

Los tres hombres fueron detenidos el 19 de septiembre por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y delitos contra la salud.

Durante esa intervención se aseguraron dos armas tipo fusil, 17 cargadores, 877 cartuchos, dos vehículos y 31 paquetes de marihuana con un peso de 14 mil 612 kilogramos. También fueron localizados otros 100 artefactos utilizados como ponchallantas.

De acuerdo con Aguirre, las investigaciones permitieron establecer que esas personas están vinculadas con la célula que las autoridades relacionan con los ataques contra el helicóptero.

Capturan a “El Tavo”, presunto líder criminal en Ojinaga

El 21 de septiembre, la SSPE realizó otra intervención en el poblado Loma de Juárez, en Ojinaga, donde detuvo a dos personas y aseguró armas, cartuchos, vehículos y dinero en efectivo.

Uno de los detenidos fue identificado como Octavio V. L., de 32 años, alias “El Tavo” o “El 13”. Según información de inteligencia citada por la corporación, es señalado como uno de los presuntos líderes criminales de la zona fronteriza y cuenta con una orden de extradición vigente en Estados Unidos.

La SSPE también lo señaló como presunto vinculado con el ataque contra la aeronave policial del 12 de septiembre.

El segundo detenido fue identificado como Axel A. A., de 30 años. Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información extraoficial obtenida por Infobae México, ambos detenidos serían integrantes de La Línea, una de las organizaciones criminales que opera en la región.

La corporación informó que la intervención podría derivar en investigaciones por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de un vehículo con reporte de robo y presunta elaboración o alteración de documentos de identificación vehicular, además de los hechos que se desprendan de las indagatorias.

Aseguran 11 armas largas y casi 3 mil cartuchos

En la intervención del 21 de septiembre fueron aseguradas 11 armas largas de distintos calibres, entre ellas rifles tipo AR-15, armas calibre 7.62 x 39 milímetros y .223, así como un FN SCAR calibre .223 y un FN P90 calibre 5.7 x 28 milímetros.

También fueron decomisados 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos útiles y cuatro chalecos balísticos.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una Ford Ranger Raptor negra con reporte de robo en Estados Unidos. Además, se localizó una motocicleta sin series de identificación.

En el sitio fueron encontrados 19 mil 400 dólares en efectivo. La SSPE sostuvo que ese dinero sería utilizado para intentar evadir la detención, aunque no informó mayores detalles sobre esa afirmación.

El despliegue dejó aseguramientos de vehículos, explosivos y drones

Las acciones en el corredor Aldama-Ojinaga comenzaron después del ataque del 12 de septiembre y fueron ampliadas mediante recorridos terrestres y vigilancia aérea. El dispositivo involucró a más de 50 elementos y 15 unidades de la SSPE, con participación de la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los aseguramientos realizados durante el operativo se encuentra una Ford Shelby modelo 2019 con blindaje nivel 5 Plus y reporte de robo vigente desde mayo de 2023 en Colorado, Estados Unidos.

También fueron recuperados un Nissan GTR modelo 2012, reportado como robado en Estados Unidos, y una Ford Territory modelo 2023 con reporte de robo en Ojinaga.

Las autoridades localizaron además un arma larga, 142 cartuchos, 28 cartuchos calibre .50 y 114 calibre .223, así como cuatro drones, más de 100 ponchallantas, más de mil eslabones para cintas de munición calibre .50, tres piezas de indumentaria táctica y una cámara de videovigilancia.

Uno de los hallazgos fue un artefacto explosivo artesanal que, según la SSPE, presuntamente estaba diseñado para ser lanzado mediante una aeronave no tripulada. La Célula Contra Explosivos de la Quinta Zona Militar intervino para su manejo y destrucción conforme al protocolo especializado.

En el mismo corredor fue localizado y desmantelado un campamento, donde se aseguraron 795 gramos de semillas de marihuana.

La SSPE mantiene vigilancia en la zona y en municipios vecinos

La Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene las acciones de vigilancia en Ojinaga y los municipios que forman parte del corredor operativo, mientras continúan las investigaciones sobre la célula vinculada con las agresiones contra la aeronave.

El despliegue se activó inicialmente como respuesta al ataque del 12 de septiembre y posteriormente incorporó labores de inteligencia, recorridos, vigilancia aérea y aseguramientos en distintos puntos de la región. Aguirre sostuvo que las acciones buscan identificar a los responsables de la agresión y mantener presencia en una zona donde las autoridades reconocen la disputa entre dos grupos delictivos.

La Línea y Los Cabrera, entre los grupos que disputan el corredor Aldama-Ojinaga

El corredor que conecta Aldama con Ojinaga, pasando por municipios como Coyame del Sotol y Manuel Benavides, es identificado desde hace varios años como una zona de disputa entre estructuras criminales vinculadas con La Línea y una facción de Los Cabrera. La primera es señalada como parte del Nuevo Cártel de Juárez, mientras que Los Cabrera han sido relacionados con el Cártel de Sinaloa.

La confrontación por esa franja del estado está relacionada con el interés de los grupos criminales por mantener presencia en una región fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades han documentado en distintos momentos enfrentamientos, aseguramientos de armas y vehículos, así como agresiones vinculadas con la disputa territorial.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha advertido sobre la presencia de organizaciones criminales en el tramo que comunica Aldama con Ojinaga y ha recomendado extremar precauciones al transitar por la zona cuando se registran hechos violentos o movimientos de grupos armados.

En septiembre, el conflicto coincidió con una serie de operaciones de seguridad. El 8 de septiembre fue detenido en Ojinaga Epifanio “N”, alias “El Pepa”, identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de La Línea en ese municipio. El hombre contaba además con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Días después, el 12 de septiembre, un helicóptero de la Policía del Estado que realizaba labores de reconocimiento entre Coyame y Ojinaga fue atacado y uno de los elementos que viajaban a bordo resultó herido. Tras esa agresión, las autoridades ampliaron el despliegue hacia Ojinaga, Manuel Benavides, Paso de San Antonio y el corredor Aldama-Ojinaga.

Aunque la SSPE informó que actualmente existen dos grupos delictivos en disputa en la región, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, no identificó públicamente cuáles son las organizaciones a las que se refería.

Morena Rosario Sarabia Soto, diputada local de Morena, se retractó de sus declaraciones sobre los feminicidios ocurridos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de haber sostenido que los asesinatos de mujeres registrados en la zona no correspondían a ese delito, sino que estarían vinculados a la delincuencia organizada.

Su disculpa llegó tres días después de que sostuviera, a través de redes sociales, una conversación con ciudadanos que la cuestionaron sobre los 16 feminicidios registrados en el municipio, así como de acusar un contexto de impunidad.

En ese intercambio, la legisladora dijo que los asesinatos de mujeres no se dieron por razón de género, sino por circunstancias particulares vinculadas a que las víctimas formaban parte de grupos delincuenciales y atribuyó esa información a declaraciones previas de la titular de la Fiscalía General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Al respecto, Sarabia explicó que su comentario no se realizó a través de un comunicado oficial ni en una declaración ante medios de comunicación, sino que surgió en una conversación informal en redes sociales.

Además, señaló que solo se difundió un fragmento de su respuesta, con lo que se “omitió parte importante para el contexto. Ante esto, dijo reconocer la forma en que se expresó al generalizar los casos.

“Reconozco que la forma en que expresé esa referencia pudo prestarse a una generalización que no me corresponde hacer. Corresponde exclusivamente a las autoridades investigadoras esclarecer cada caso y determinar sus circunstancias”, expresó en un comunicado.

Ofrece disculpa y lamenta que sus palabras “hayan podido lastimar”

Sarabia ofreció “una disculpa sincera al pueblo sinaloense, a la ciudadanía de Escuinapa, especialmente, a la familia de las víctimas”, y aclaró que en ningún momento buscó señalar a una persona en particular ni minimizar una pérdida o juzgar a una víctima.

Ante los hechos, dijo asumir la responsabilidad por el efecto que provocaron sus palabras y lamentó que sus palabras “hayan podido lastimar, generar indignación o interpretarse como una forma de revictimización o minimización”.

La diputada sinaloense también sostuvo que, como mujer y representante popular, tiene claro que los temas de violencia contra las mujeres deben abordarse “con sensibilidad, respeto y responsabilidad”, y admitió que, como cualquier persona, puede equivocarse al expresar una idea.

En el mismo documento, Sarabia se presentó como impulsora de distintas iniciativas que integran la denominada “agenda púrpura”, enfocada en el fortalecimiento de la protección de los derechos de las mujeres. Mencionó reformas al tipo penal de feminicidio, la prevención de la violencia de género, la violencia vicaria y el acceso a la justicia para las víctimas.

La diputada afirmó haber construido su trayectoria “desde la lucha social y desde el contacto directo con la gente” y aseguró que continuará trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres sinaloenses.

La crisis de violencia en Sinaloa también alcanza a las mujeres: el estado va por los 100 feminicidios

Las declaraciones de la diputada Rosario Sarabia se realizaron en un contexto en el que Sinaloa se acerca a las 100 mujeres asesinadas durante 2026, en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el estado desde septiembre de 2024 a causa de la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), señaló que los casi 100 casos de mujeres asesinadas se dan en un contexto persistente de un alto porcentaje de impunidad.

“Es una cifra que nos sorprende tristemente porque es uno de los saldos más trágicos, más dolorosos de esta crisis de seguridad”, expresó en días pasados para Noroeste.

Calderón también indicó que, más allá de la clasificación jurídica de cada caso como feminicidio u homicidio, el punto de partida es que se trata de mujeres asesinadas.

Además, explicó que han visto buena voluntad por parte de las autoridades para esclarecer los hechos; sin embargo, “hay muy pocos avances en lo práctico.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

La detención ocurrió después de que las autoridades determinaran que María Cristina fue víctima de una muerte violenta.

María Cristina murió por asfixia, determinan forenses

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, María Cristina Muñoz fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre en una vivienda relacionada con Jorge “N”, en el puerto de Veracruz.

Tras el hallazgo, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la avenida Díaz Mirón, donde personal médico determinó que había llegado sin signos vitales.

La investigación continuó con los estudios correspondientes para establecer las causas de la muerte. Los resultados emitidos por médicos forenses determinaron que María Cristina falleció como consecuencia de una asfixia.

Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Jorge “N” por el delito de feminicidio.

El señalado acudió este lunes a la audiencia inicial en la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Ortiz Rubio del puerto de Veracruz, donde un juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada.

La medida permanecerá vigente mientras avanzan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal correspondiente.

La Ciudad Judicial se encuentra a pocos metros del departamento ubicado en la calle Alvarado, en su cruce con Jiménez Sur, inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados por las autoridades.

María Cristina era economista y egresada de la Universidad Cristóbal Colón, institución educativa del puerto de Veracruz.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

Colectiva convoca a protesta por justicia para María Cristina

Tras la detención de Jorge “N”, la colectiva feminista Brujas del Mar convocó a una movilización para exigir justicia por el caso de María Cristina.

La organización llamó a solidarizarse con la víctima y su familia este jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas.

A través de su convocatoria, la colectiva señaló que la movilización tiene como propósito acompañar a los familiares de María Cristina y exigir que el caso se conduzca con apego a la ley, la verdad y la justicia.

El llamado ocurre mientras el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la Fiscalía de Veracruz continúa con las diligencias para integrar la investigación.

El caso de María Cristina se suma a las investigaciones por muertes violentas de mujeres en la entidad, aunque corresponderá a las autoridades judiciales determinar, conforme avance el procedimiento, la responsabilidad penal de Jorge “N”.

Por ahora, el acusado permanece privado de la libertad como resultado de la medida cautelar dictada durante la audiencia inicial, mientras continúa el proceso por el delito de feminicidio.

Diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar los datos de prueba suficientes, con los cuales un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal que representa un riesgo para la salud de la población además de atacar a las bandas delincunciales.

Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM

El pasado 2 de septiembre Acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.

Las autoridades detectaron inconsistencias entre lo declarado en la guía aérea y el contenido real de los embarques. Para ello aplicaron inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva con equipos de Rayos X e inspección física.

Inacutaron toneladas de cigarros provenientes de Tailandia

El pasado 13 de agosto Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM

También el 3 de junio un cargamento de más de un millón de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía salió de Corea y tenía como destino la capital del país. Los uniformados revisaron el cargamento debido a que estaba etiquetado como “mercancía diversa”. Lo anterior derivó en el hallazgo de inconsistencias entre los documentos y los objetos presentados.

Como resultado de la revisión los agentes encontraron 60 mil cajetillas de cigarrillos, lo que equivale a 1 millón 200 mil unidades, las cuales estaba en 50 cajas que dieron un peso mayor a 1.6 toneladas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las capturas se llevaron a cabo como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio sinaloense, el cual comenzó a registrar un aumento de los hechos violentos desde el mes de julio.

“El Peli” es identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, quien es señalado como uno de los presuntos coordinadores de la célula de La Chamakiza, perteneciente a Los Chapitos.

La captura de Jesús Antonio “N” se realizó derivado de labores de inteligencia e investigación. De acuerdo con las autoridades, el sujeto estaba encargado de coordinar la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la célula delictiva provenientes de la venta de droga, además de que tenía un papel activo en la privación de la libertad de personas en la región.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Jesús Antonio “N” es identificado como el principal operador de la célula delictiva encabezada por Genaro Aarón Pérez Avendaño, alias “20″ y/o “El General”, quien a su vez funge como operador del grupo, perteneciente a la facción de Los Chapitos.

Además, los detenidos tres detenidos junto a “El Peli” fueron identificados como Grecia de Jesús “N”, Gissel “N” y Jorge Adrián “N”. En la acción también fueron aseguradas dosis de droga y dinero en efectivo.

“Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”, aseguró Harfuch tras las capturas.

Mazatlán es el epicentro de la violencia del Cártel de Sinaloa: más de 9 mil elementos de seguridad intentan contenerla

Como parte de las acciones para contener la violencia en el estado, provocada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, las autoridades mantienen cerca de 20 mil elementos de seguridad en la entidad.

Desde el mes de julio, el municipio de Mazatlán ha concentrado los hechos violentos con el registro de ataques armados, asesinatos, y atentados contra funcionarios públicos.

Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa de Mazatlán, informó este lunes que son alrededor de 9 mil elementos de seguridad que se encuentran en el municipio para contener la violencia, quienes mantienen presencia en colonias, zonas comerciales, áreas turísticas, carreteras y comunidades rurales.

Los dos últimos despliegues ocurrieron el pasado 15 de septiembre y el domingo 20, con el envío de 836 agentes de la SSPC (que se sumaron a los más de 2 mil elementos que ya se encontraban en Sinaloa) y el de 900 elementos de seguridad informado por la alcaldesa.

Ataques armados y asesinatos: los recientes hechos violentos registrados en Mazatlán

La violencia en el municipio se intensificó a partir de julio, cuando se registró un aumento abrupto en la cifra de asesinatos respecto al promedio histórico. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados por el medio Noroeste, Mazatlán registraba de 5 a 9 homicidios mensuales, pero ese mes la cifra ascendió a cerca de 36 casos.

En agosto, la cantidad de asesinatos casi se duplicó: se contabilizaron 61 homicidios y 12 feminicidios en un solo mes. El incremento coincide con la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, y fue confirmado por la entonces alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, quien atribuyó el incremento de la violencia a la guerra del Cártel de Sinaloa.

Entre los hechos que evidenciaron el deterioro de la seguridad se encuentra el atentado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán. El funcionario circulaba en una camioneta oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, cuando fue interceptado por sujetos armados que lo atacaron.

Días antes, la madrugada del 9 de septiembre, un agente de la Guardia Nacional fue asesinado por sujetos armados que irrumpieron en una habitación de un hotel ubicado sobre la avenida Del Mar, en el fraccionamiento Palos Prietos, y le dispararon cuando se encontraba con otra persona.

Las víctimas fueron identificadas como Alfredo “N”, elemento activo de la corporación comisionado en Oaxaca aunque residente en Mazatlán, y José Antonio “N”, ambos de 23 años, según informó Noroeste.

Esa misma tarde, una balacera obligó a resguardarse a alumnos de secundaria cuando personas que se transportaban en motocicletas se enfrentaron a tiros cerca de la Escuela Secundaria Federal número 5, Ricardo Flores Magón, en la colonia Urías.

El hecho ocurrió justo cuando los estudiantes salían de su jornada escolar y el personal docente los instruyó a regresar a las aulas para resguardarlos.

Tres días después, a horas de realizarse una marcha por la paz convocada para exigir seguridad, Mazatlán registró 5 homicidios, la mitad de las 10 muertes violentas contabilizadas el sábado 12 de septiembre en todo Sinaloa.

Esa jornada de violencia se produjo pese a que horas antes se había activado el cuerpo de la Fuerza de Reacción Interinstitucional, ordenado por la alcaldesa Palacios para atender hechos de alto impacto en el municipio.

La familia de Carlota ‘N’ volverá este jueves 24 de septiembre a la casa de Chalco que estuvo en el centro de la tragedia ocurrida el 1 de abril de 2025, cuando una confrontación por el inmueble terminó con la muerte de dos hombres y dejó a un adolescente herido.

La vivienda, ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, será restituida formalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota, luego de que un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconociera su propiedad.

La resolución judicial fue emitida después de que la titularidad del inmueble fuera acreditada mediante escritura pública.

Arturo Santana, hijo de Carlota, confirmó en entrevista con MILENIO que este jueves la familia acudirá al domicilio para tomar posesión formal de la propiedad.

El regreso ocurre mientras Carlota y sus hijos, Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’, enfrentan un proceso penal por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La casa que estuvo en el centro de la tragedia

La propiedad ya había sido objeto de una disputa antes de los hechos del 1 de abril de 2025, cuando Carlota, quien entonces tenía 74 años, acudió al domicilio acompañada de sus hijos.

La confrontación registrada aquel día terminó con la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y Esaú Márquez, de 51, además de que un adolescente resultó herido.

El caso generó atención pública debido a que la disputa por la vivienda terminó convirtiéndose en un enfrentamiento con consecuencias mortales.

Ahora, meses después de aquellos hechos, la familia de Carlota regresará al inmueble luego de que una autoridad judicial determinara que Mariana Santana Alfaro es la legítima propietaria.

Arturo Santana señaló que en la casa todavía encontrarán algunas pertenencias y muebles que dejaron las personas que ocuparon el inmueble.

Por ello, uno de los primeros trabajos que realizará la familia será poner nuevamente en condiciones la vivienda. Entre las labores previstas se encuentran el cambio de chapas, impermeabilización y retiro de maleza, además de otras tareas de mantenimiento.

La restitución de la propiedad no significa, sin embargo, el cierre del proceso penal relacionado con los acontecimientos de abril de 2025.

La audiencia intermedia fue reprogramada para el 1 de octubre, por lo que el procedimiento judicial continuará mientras la familia retoma la posesión del inmueble.

Para Arturo Santana, el reconocimiento judicial de la propiedad constituye además un elemento que, desde la perspectiva de la defensa, deberá ser considerado dentro del proceso penal que enfrentan Carlota y sus hijos.

Operación Restitución suma más de 2 mil inmuebles

El caso de la familia Santana ocurre mientras el Estado de México mantiene una estrategia contra el despojo de inmuebles mediante la llamada Operación Restitución.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hasta ahora se han asegurado 2 mil 591 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad.

De ese total, mil 669 propiedades ya fueron restituidas a personas que acreditaron legalmente su propiedad.

La operación amplió esta semana su presencia a otros municipios del Estado de México. Por primera vez se realizaron acciones en Teotihuacán y Villa del Carbón, como parte de las diligencias contra el despojo.

En esta nueva etapa fueron realizados 18 cateos y 33 inspecciones, que derivaron en el aseguramiento de 51 inmuebles.

En los operativos participaron elementos de la Fiscalía mexiquense, la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

Para Arturo Santana, estas acciones han contribuido a colocar el problema del despojo de inmuebles en el centro de la atención pública.

Mientras tanto, la familia de Carlota prepara su regreso a la vivienda de Candelaria Tlapala este jueves, casi un año y medio después de la confrontación que dejó dos personas muertas.

La propiedad ya cuenta con una resolución judicial que reconoce a Mariana Santana Alfaro como legítima propietaria. Sin embargo, el proceso penal por los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025 continuará y tendrá una nueva etapa el próximo 1 de octubre.

La investigación por la intoxicación masiva ocurrida durante una fiesta de XV años en Salamanca llevó a las autoridades a un inmueble de León, donde fueron aseguradas 531 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas de distintas marcas y presentaciones.

El decomiso fue informado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que señaló que las diligencias se realizaron como parte de las investigaciones iniciadas después de la tragedia registrada en junio pasado en la comunidad Puerto de Valle, donde cinco personas murieron y decenas más resultaron intoxicadas tras consumir tequila adulterado.

Entre las bebidas localizadas durante el cateo hay productos que corresponden a marcas comerciales como 1800, Centenario, Maestro Dobel y Don Julio, además de Siete Leguas y Buchanan’s.

Cateo en León deriva en el aseguramiento

De acuerdo con la autoridad estatal, la investigación se llevó a cabo de manera conjunta con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), a partir de los hechos registrados en la fiesta de XV años.

Como resultado de las indagatorias, agentes de investigación ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Paseos del Miravalle, en la ciudad de León.

Durante la diligencia fueron encontradas las 531 botellas que, de acuerdo con las autoridades, corresponden a bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas.

El mayor número de productos asegurados corresponde a 216 botellas de Centenario Añejo, distribuidas en 18 cajas. También fueron localizadas 192 botellas de Maestro Dobel Diamante, contenidas en 16 cajas, así como 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, distribuidas en 17 cajas.

El decomiso se completó con 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco de Don Julio Añejo, dos de Siete Leguas y una de Buchanan’s.

Los productos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de los indicios relacionados con la investigación.

La Fiscalía estatal informó que, debido a que se trata de hechos que corresponden al ámbito federal, los indicios y las actuaciones fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúe con las investigaciones correspondientes.

La dependencia señaló que con este aseguramiento da seguimiento a las denuncias recibidas y actúa ante hechos que pueden representar un riesgo para la población.

La fiesta de XV años que terminó en tragedia

El origen de las investigaciones se encuentra en una fiesta de XV años celebrada la noche del sábado 6 de junio de 2026 en la comunidad Puerto de Valle, municipio de Salamanca.

Al festejo acudieron más de 400 personas. Sin embargo, durante las primeras horas del domingo 7 de junio, varios de los asistentes comenzaron a presentar síntomas graves de intoxicación después de consumir bebidas alcohólicas que fueron servidas durante el banquete.

Entre las personas afectadas se encontraba la propia quinceañera, quien también tuvo que recibir atención médica.

Los asistentes fueron trasladados a hospitales de la zona debido a la gravedad de los síntomas. Horas después, las autoridades reportaron el fallecimiento de cinco personas, entre ellas el padre de la quinceañera y uno de sus tíos.

Las declaraciones de algunos de los afectados apuntaron a que durante la celebración se había servido tequila con etiqueta Centenario, producto que presuntamente habría sido adquirido a precio de oferta en un establecimiento del municipio de León.

A partir de esos hechos se inició una investigación para determinar el origen de las bebidas y establecer cómo llegaron hasta la celebración.

El aseguramiento realizado ahora en León forma parte de esas indagatorias y permitió retirar del mercado 531 botellas que las autoridades identificaron como adulteradas o apócrifas.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, mientras los productos asegurados permanecen como indicios para determinar su procedencia y su posible relación con los hechos ocurridos en Salamanca.

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Muere reo del penal de Aguaturo por presunto infarto

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que un recluso del Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en Culiacán, murió luego de presentar dificultades respiratorias.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital. A su arribo, sufrió un posible infarto al miocardio que provocó que recibiera RCP dentro del vehículo de traslado por parte del médico que lo trasladaba; sin embargo, al ser ingresado se confirmó su muerte.

Autoridades de la Dirección del Centro Penitenciario dieron parte a las instancias correspondientes, mientras que trabajo social se comunicará con los familiares del reo.

Arrestan a sujeto acusado de violar a las hijas de su pareja en San Luis Potosí: las amenazó para no revelar las agresiones

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra Saturnino “N”, señalado por el delito de violación específica doblemente agravada en agravio de dos víctimas menores de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Axtla de Terrazas.

Según las indagatorias, el imputado es señalado por hechos cometidos en agravio de una persona en etapa de adolescencia y otra en etapa de niñez, ambas hijas de su pareja sentimental. Los sucesos habrían ocurrido en distintas fechas de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en el barrio La Libertad.

De acuerdo con la fiscalía, el hombre presuntamente agredió sexualmente a las menores y las amenazó con causarles daño a ellas o a su madre si revelaban lo sucedido.

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía del Estado reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del señalado, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión dentro de las causas penales correspondientes.

Con dichos mandamientos judiciales, elementos de la Policía de Investigación (PDI) implementaron acciones operativas que permitieron localizar y detener al imputado en la zona centro del mismo municipio. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería e ingresado al centro penitenciario estatal de Tamazunchale.

Detienen a presunto integrante de “Los Cuatetes” en Chiapas

Roan “N”, presunto integrante del grupo delictivo denominado “Los Cuatetes”, fue detenido por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Mazatán, en Chiapas.

La aprehensión se realizó durante labores de patrullaje en el Ejido Buenos Aires, en una acción en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación otras corporaciones estatales y federales.

A Roan “N” le fue asegurada un arma de fuego marca Taurus PT92AF, calibre 9 milímetros, junto con un cargador y seis cartuchos útiles del mismo calibre. También se le encontró un envoltorio de nylon transparente con sustancia granulada y cristalina, con características del cristal.

De acuerdo con las autoridades, el detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo “Los Cuatetes”. Tanto él como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.

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Capturan a implicado en el secuestro de una persona en Oaxaca: solicitaron 1 millón de pesos como rescate

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a C.N.G.S., señalado como probable responsable del delito de secuestro cometido en la región Mixteca, en un operativo que además permitió la liberación de la víctima que permanecía privada de la libertad.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando la víctima viajaba junto con otras personas a bordo de un vehículo sobre la carretera federal 135, en el tramo Nochixtlán, antes de llegar al crucero de Yucudaá.

En ese punto, otro vehículo les cerró el paso y de él descendieron hombres presuntamente armados, quienes despojaron a las víctimas de la unidad de motor. Posteriormente, los agresores privaron de la libertad a una de las personas que viajaba en el vehículo, mientras que a su acompañante le exigieron preparar la cantidad de 1 millón de pesos como pago para el rescate.

Tras recibir la denuncia, la FGEO logró establecer la ubicación del vehículo y, posteriormente, identificar el lugar donde se encontraba la víctima, quien fue liberada.

Como parte del seguimiento de las investigaciones, la fiscalía reunió los elementos necesarios para solicitar ante el juez la orden de aprehensión contra C.N.G.S. Una vez obtenida, agentes investigadores ejecutaron el mandato judicial y realizaron la detención del probable responsable, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

Arrestan a hombre acusado de feminicidio en Puebla

Boris Eliezer “N”, de 37 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de San José Chiapas, en Puebla, ocurrido en marzo de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detalló que los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de marzo, cuando el imputado coincidió con la víctima en un establecimiento del municipio de Rafael Lara Grajales y posteriormente la trasladó a un inmueble en San José Chiapa.

En el sitio, el agresor la golpeó y le causó la muerte por traumatismo craneoencefálico y toracoabdominal. Después de matarla, colocó el cuerpo en una cobija y lo abandonó en el paraje Hacienda Ojo de Agua, dentro de la misma demarcación.

Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial del distrito judicial de Tepeaca el mandamiento de captura contra Boris Eliezer “N”.

La aprehensión se concretó seis meses después de los hechos, a las 00:15 horas del 20 de septiembre, cuando personal ministerial ubicó y detuvo al sujeto en la colonia San Miguelito, en San José Chiapa.

Boris Eliezer “N” quedó a disposición del Juez de Control para definir su situación jurídica en la audiencia correspondiente.

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Este lunes se reportó la desaparición del hijo mayor de Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, Puebla, de quien sus familiares no sabrían nada desde el sábado pasado.

De acuerdo con reportes del Sol del Puebla, el hijo del edil también es estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyas primeras investigaciones refieren que el joven habría sido presuntamente privado de la libertad por sujetos desconocidos.

Desde la noche del domingo, habitantes del municipio han observado una movilización de aproximadamente 30 agentes de la Policía Ministerial que realizan recorridos en distintos inmuebles, que según medios locales corresponde a las acciones de investigación por la desaparición del joven.

Hasta el momento el edil no se ha pronunciado sobre los hechos. En tanto, esta casa editorial consultó con la Fiscalía General del Estado para confirmar la desaparición del hijo del alcalde, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

El jueves el alcalde encabezó una reunión con autoridades de seguridad para garantizar la paz

El Gobierno de Tecamachalco intensificó su estrategia de seguridad mediante una mesa de trabajo, realizada el pasado 17 de septiembre, con representantes de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en momentos en que el municipio se ubica como el segundo con mayor incidencia de robo de vehículos en el estado.

Al respecto, el alcalde explicó que se trató de una conversación para sumar esfuerzos con las autoridades federales para garantizar la paz y tranquilidad de las familias.

Durante el encuentro se revisaron las acciones implementadas en materia de prevención del delito, los operativos interinstitucionales y la participación de Tecamachalco en las Mesas de Paz regionales, que articulan a los tres órdenes de gobierno.

Hernández destacó que la seguridad es un eje prioritario de su administración y que el trabajo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado ha permitido avances en la recuperación de la tranquilidad de las familias.

Robo de vehículos, el delito con mayor incidencia en el municipio

Tecamachalco acumuló 71 carpetas de investigación por robo de vehículo entre enero y marzo de 2026, cifra que lo mantiene como el segundo municipio con mayor incidencia en Puebla, solo detrás de la capital del estado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2025 el municipio había cerrado con 293 vehículos robados entre automóviles y motocicletas.

Vecinos de la cabecera municipal denunciaron robos ocurridos incluso a plena luz del día, lo que motivó a las autoridades municipales a reforzar operativos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Defensa y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, con los que se han recuperado unidades con reporte de robo en la región.

Resultados estatales que respaldan la estrategia de coordinación

A nivel estatal, el gobernador Alejandro Armenta presentó en la Mesa de Paz una reducción de 24.1% en homicidio doloso entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con 454 víctimas acumuladas frente a 598 el año anterior, según difundió el propio mandatario. El reporte también registró bajas en feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transportistas y una disminución de 15.6% en robo de vehículos.

Tecamachalco cuenta desde 2025 con la 119ª Compañía de la Guardia Nacional instalada en el municipio, destacamento que busca fortalecer la presencia de seguridad y mejorar la respuesta ante emergencias en la región.

Cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur, brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva, fueron sentenciados a casi 300 años de cárcel por el secuestro y asesinato del hijo del poeta de Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia, y de seis de sus amigos, ocurrido en el año 2011 en Morelos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los cuatro sujetos recibieron la pena máxima luego de que se obtuvo de la autoridad judicial de entre 2080 y 289 años de prisión para cada uno de ellos.

Las investigaciones permitieron a las autoridades demostrar la participación de los cuatro hombres, quienes formaban parte de una célula del crimen organizado dedicada al secuestro, principalmente en la zona sur del estado.

De acuerdo con los datos, Juan Francisco Sicilia y seis de sus amigos fueron secuestrados el 28 de marzo de 2011 afuera de un bar en Jiutepec, Morelos. Todos fueron maniatados y asfixiados tras ser llevados a una casa de seguridad.

Luego de cometer el crimen, los cuerpos de los jóvenes fueron trasladados y abandonados en un vehículo en el Fraccionamiento las Brisas, en el municipio de Temixco.

Casi 300 años de prisión y multas de millonarias: las sentencias de los cuatro implicados

Uno de los sujetos fue identificado como Alberto “N”, quien recibió una sentencia de 289 años de prisión y una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

Hugo “N” fue condenado por los mismos delitos a 289 años de prisión y una multa de 4 millones 235 mil pesos; Daniel “N”, alias “El Dany”, recibió 284 años de prisión y deberá pagar una multa de 2 millones 395 mil 575 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

Finalmente, Alejandro “N” fue condenado a 280 años de prisión y una multa de 25 millones 200 mil pesos por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

Cuatro sentencias previas en el caso del asesinato del hijo de Javier Sicilia

El primer fallo ocurrió el 10 de noviembre de 2024. La Fiscalía General de la República informó que un juez sentenció a Jesús Cárdenas Pérez, alias “El Manos” o “El Chuy”, a 297 años de prisión por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

La condena incluyó una multa de 7 millones 273 mil 350 pesos. Cárdenas Pérez, según reportes de inteligencia, también formaba parte del Cártel del Pacífico Sur, organización ligada a los Beltrán Leyva.

Un mes después, el 22 de diciembre de 2024, la FGR confirmó dos sentencias más: Julio de Jesús Radilla Hernández, alias “El Padrino”, recibió 309 años ocho meses de prisión y una multa de dos millones 535 mil 171 pesos.

Ángel Taboada Villanueva, alias “El Conejo”, fue sentenciado a 290 años de prisión y una multa de dos millones 405 mil 781 pesos. Ambos enfrentaron cargos por secuestro y delincuencia organizada; mientras que Jesús Radilla también por posesión de droga con fines de venta y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

El 24 de agosto de 2025, un juez federal en Tamaulipas dictó la cuarta sentencia del caso. José Luis Luquín Delgado, alias “El Jabón”, fue condenado a 293 años de prisión y una multa de dos millones 530 mil 386 pesos por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego.

Tras el asesinato de su hijo, Juan Francisco, el ensayista y novelista, Javier Sicilia, abandonó la poesía y fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para dar visibilidad a los cientos de personas asesinadas durante la llamada “guerra contra el narco”.

Encabezó marchas nacionales, entre ellas la que salió de Cuernavaca el 5 de mayo de 2011, y llegó al Zócalo el 8 de mayo, para exigir el fin de la estrategia militar del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de visibilizar a las decenas de muertos y desaparecidos.

Elvis Guerra, diseñadora muxe, detalló que las amenazas en su contra y el ataque armado en su domicilio de Oaxaca comenzaron con el cobro de una extorsión de 200 mil pesos que le exigieron desde principios del mes de agosto.

La artesana, que se encuentra notablemente afectada, explicó que las amenazas en su contra ya tenían tiempo de realizarse, pero se intensificaron a partir del 8 de agosto con la exigencia del dinero “sin margen de negociación”.

En entrevista con Azucena Uresti, señaló que la extorsión se cometió a través de mensajes de WhatsApp, ya que es el método de comunicación que mantiene como parte de sus labores como artesana, y fue el medio por el que la contactaron.

“Empezaron a pedirme ya cierta cantidad de dinero, sin margen de negociaciones”, contó.

El ataque armado que se cometió en el marco de su cumpleaños

Días después de las exigencias, Guerra viajó cerca de 10 días a Europa para presentar un libro en Portugal, pero a su regreso a Juchitán de Zaragoza las amenazas incrementaron con el ataque armado a su domicilio.

La diseñadora explicó que inauguró un salón de eventos para celebrar su cumpleaños y, al día siguiente, hombres armados dispararon contra la fachada de su vivienda.

“Me mandan un mensaje para decirme que ese era mi regalo de cumpleaños y que tenía que pagar”, relató Guerra, al tiempo que dijo que la cantidad solicitada era de 200 mil pesos.

Tras los hechos, y luego de solicitar el apoyo tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, la artesana informó que ya cuenta con escoltas que le fueron proporcionados por las autoridades estatales.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum se comunicó con ella para decirle que no habrá impunidad y que actuarán para garantizar su seguridad.

Atacantes fueron identificados por las autoridades

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el ataque, registrado la noche del 18 de septiembre, derivó de un intento de extorsión contra la diseñadora textil.

Un equipo ministerial se desplegó en el lugar de los hechos e inspeccionó la vivienda. Durante ese procesamiento, los peritos aseguraron tres elementos balísticos.

Además, con imágenes obtenidas en las primeras diligencias y labores de inteligencia, la Fiscalía del Estado identificó plenamente a los dos presuntos agresores: un hombre y una mujer que huyeron a bordo de una motocicleta tras disparar contra la fachada, por lo que se encuentran trabajando para dar con su paradero.

Guerra dijo que la agresión no se limita a su papel en la confección del vestido que usó la presidenta Sheinbaum durante el Grito de Independencia, sino que su taller textil, llamado Biulú, y el salón de eventos que acababa de inaugurar la pusieron en la mira de los extorsionadores.

“El taller de Biulú y el salón, pues me pusieron en el ojo y eso hizo que me volvieran a atacar”, señaló. A pesar del riesgo, aseguró que ambos espacios continúan operando con normalidad y que no dejará Juchitán de Zaragoza.

Finalmente, la diseñadora describió el desgaste que le ha implicado el enfrentar amenazas y ataques armados, así como hablar de los hechos, además de que admitió sentir miedo.

“Tengo miedo, sí tengo miedo, pero en este momento yo sé que el miedo no tiene y no debe rebasarme”, sostuvo.

Más tarde, en sus redes sociales hizo un llamado a los habitantes de Juchitán de Zaragoza a unirse, denunciar y tomar las calles sin miedo.

“Soy víctima. Quiero ser sobreviviente. Quiero volver a confiar en mi entorno. Quiero caminar de nuevo por las calles de Juchitán sin sentir miedo (...) Unámonos como sociedad. Estoy haciendo la parte que me toca, estoy poniendo mi voz, mi cuerpo, mi seguridad, mi integridad, les pido que como sociedad apoyen, que como sociedad hagamos equipo: denunciemos, salgamos a la calle, que no nos gane el miedo. Si no es ahora ¿cuándo?“, escribió.

Un reporte de la privación de la libertad de gambusinos (buscadores independientes de minerales) desató un enfrentamiento entre sicarios y elementos de seguridad en el estado de Sonora, dejando como saldo siete hombres detenidos, tres personas liberadas y el decomiso de un arsenal, entre otros objetos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la acción se llevó a cabo en Puerto Peñasco, derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía del Estado y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía de Sonora, quienes localizaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de los trabajadores tras obtener información sobre la ruta que siguieron los captores, la camioneta que usaron y el sitio donde permanecían retenidas las víctimas.

Al arribar, los agentes fueron agredidos a balazos, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó tres elementos de seguridad heridos. Además, la acción permitió liberar a tres de las víctimas, detener a siete hombres y asegurar más de 40 armas largas, entre las que se encontraban:

• 2 ametralladoras Minimi
• Una ametralladora Browning M2, calibre .50
• Artefactos explosivos improvisados
• Casi 4 mil cartuchos

• Droga
• Equipo táctico
• Vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos

La Fiscalía de Sonora informó que de los siete detenidos uno es menor de edad, quienes estarían relacionados con actividades delictivas. Las tres personas que se encontraban retenidas fueron identificadas como víctimas de desaparición cometida por particulares, por lo que fueron liberados.

Por razones de seguridad, los siete detenidos fueron trasladados de inmediato a Hermosillo bajo resguardo de las Fuerzas Armadas, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) para que sean imputados ante el juez por los siguientes delitos:

• Homicidio calificado en grado de tentativa
• Delitos cometidos contra funcionarios públicos
• Posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo
• Asociación delictuosa
• Desaparición de personas cometida por particulares

Las autoridades detallaron que se dará intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Harfuch reconoció a los agentes de la Fiscalía de Sonora que resultaron heridos

El titular de la SSPC reconoció a los tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía de Sonora, que resultaron heridos durante el enfrentamiento con los sicarios e informó que se encuentran fuera de peligro.

“Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto. Afortunadamente los tres se encuentran fuera de peligro. Agradecemos al gobernador, Alfonso Durazo, por la coordinación y el respaldo permanente”, escribió Harfuch en sus redes sociales.

La Fiscalía de Sonora informó que se trató de un agente que resultó lesionado en una pierna, así como dos agentes mujeres con heridas por esquilarlas.

Tras los hechos, la noche del 19 de septiembre y durante la madrugada del día 20, los elementos de seguridad realizaron dos cateos más en Puerto Peñasco, de los cuales uno se encontraba abandonado.

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Centro, donde se aseguraron envoltorios de metanfetamina, tres vehículos de alta gama (dos con reporte de robo en EEUU), varios cargadores para fusil calibre 5.56/.223, abastecidos con 113 cartuchos, así como documentación diversa.

¿Qué son los gambusinos?

Se le conoce como gambusinos a los buscadores independientes de minerales a pequeña escala, quienes se suelen adentrarse en tiros de mina abandonados o lavan arena en los lechos de ríos para localizar partículas de oro o plata.

Sus actividades forman parte de una tradición histórica que se realizaba desde la época colonial en regiones mineras del país como Chihuahua o Zacatecas.

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Detienen a hombre por violación a una menor de edad con discapacidad intelectual en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado como A.P.G., por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada cometido en agravio de una adolescente con discapacidad intelectual.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2023, cuando la víctima, quien al momento de los hechos era menor de edad, se encontraba en inmediaciones de San Pedro Sochiápam.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la adolescente fue llevada a un lugar apartado, donde fue atacada con actos de carácter sexual. A raíz de estos hechos, la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes y obtuvo del órgano jurisdiccional una orden de aprehensión contra el señalado.

La aprehensión de A.P.G. se logró luego de que agentes estatales de investigación lo ubicaron en San Pedro Sochiápam, la misma localidad donde ocurrió el ataque en 2023. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

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Detienen a dos personas por robo de camioneta con violencia en Almoloya de Juárez

Un hombre y una mujer fueron detenidos por su presunta participación en el robo de una camioneta con violencia en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La aprehensión se concretó luego de que la víctima reconociera a los sospechosos como los responsables de despojarla de su vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM), los detenidos, identificados como Guillermo “N” y Monserrat “N”, ambos de 24 años, fueron interceptados como parte del Operativo Argos luego de que personal estatal atendiera una alerta emitida por el C5, vinculada con el despojo de una camioneta ocurrido en calles de la localidad de San Lorenzo Cuauhtenco.

Una ciudadana había reportado que dos personas le arrebataron su unidad de manera violenta y huyeron a bordo de ella. Ante el reporte, los policías estatales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona. Calles adelante, los elementos ubicaron una camioneta con las características señaladas en la alerta.

Al notar la presencia policial, los tripulantes del vehículo aceleraron la marcha, lo que dio inicio a una persecución. Esta concluyó metros más adelante, cuando los agentes lograron interceptar la unidad y ordenaron a sus ocupantes descender del automóvil.

En el sitio, la víctima reconoció a quienes aparentemente participaron en el robo, lo que derivó en la detención de los dos sospechosos.

Aseguran más de 220 mil cigarros ilegales en Guanajuato

Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, informó el decomiso de 228 mil cigarrillos sin documentación que acreditara su procedencia y la detención de un hombre en el municipio de San Diego de la Unión.

El funcionario detalló que el decomiso se realizó en un punto de revisión sobre la carretera federal 57, como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, en el que participan la Policía Estatal de Caminos (PEC) Guanajuato y la Guardia Nacional.

El conductor de una camioneta con caja cerrada transportaba la mercancía, de aparente procedencia extranjera, pero no presentó los documentos que respaldaran su legal origen y traslado.

Como consecuencia, la persona, el vehículo y la mercancía quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará lo correspondiente con respeto al debido proceso.

Mauro González detalló que este decomiso se suma a un total de más de 718 mil piezas de mercancía diversa aseguradas en Guanajuato entre el 26 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el registro del Operativo Blindaje Guanajuato.

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Detienen a un hombre y una mujer con 1 kilo de posible marihuana en Álvaro Obregón

Dos personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que una denuncia ciudadana los alertó sobre la manipulación de narcóticos dentro de un automóvil sin placas, en la colonia Bejero de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la SSC, los uniformados realizaban labores de vigilancia en el cruce de la calle Porfirio Díaz y la avenida Vasco de Quiroga cuando recibieron el aviso, por lo que se trasladaron al lugar.

Al llegar al sitio, los policías ubicaron un automóvil color café, le marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección localizaron una bolsa de plástico que contenía aproximadamente un kilogramo de posible marihuana.

Por estos hechos, los oficiales detuvieron a una mujer de 36 años y a un hombre de 37 años de edad, quienes fueron trasladados, junto con la posible droga asegurada y el vehículo, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

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Caen dos hombres con droga en Quintana Roo

Elementos de seguridad detuvieron a Kevin “N” y Juan Pablo “N” luego de sorprenderlos en un presunto intercambio de bolsitas con droga sobre la carretera federal 307 en calles de Quintana Roo.

Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), visualizaron sobre la carretera federal 307 a dos hombres que presuntamente intercambiaban bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde de características similares a la marihuana.

Los elementos de se aproximaron al lugar para realizarles una revisión preventiva, lo que derivó en el aseguramiento de 72 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde con características similares a la marihuana y 29 bolsitas transparentes con fragmentos sólidos cristalinos con características similares al cristal.

Además de las sustancias, los elementos incautaron dos teléfonos celulares, una mochila de color negro y una bolsa ecológica de color negro que portaban los detenidos al momento de la revisión.

Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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Un juez federal sentenció a 332 años y seis meses de prisión a Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, identificado como integrante del Cártel del Golfo. La condena responde a los delitos de privación ilegal de la libertad, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, además de la pena de prisión, se impuso al sentenciado una multa de 1 millón 626 mil 813 pesos. La resolución judicial se dio a conocer a través de un comunicado oficial del organismo.

En resumen, un juez federal condenó a Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, a 332 años y seis meses de prisión por privar de la libertad a 13 personas y por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, tras un operativo realizado por la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo de 2012.

Durante el operativo, las autoridades navales aseguraron armas de fuego en el lugar y lograron rescatar a 13 personas que se encontraban privadas de su libertad.

El operativo y la detención

La detención de Chapa Maldonado, entonces registrado en el expediente como Francisco “N”, ocurrió en mayo de 2012 en la colonia Sector Centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina.

Ese hallazgo se convirtió en la evidencia central que, más de una década después, permitió a las autoridades federales fundamentar la acusación y obtener la sentencia condenatoria contra el señalado integrante del Cártel del Golfo.

El rol de las fiscalías especializadas

Tras la detención, el caso pasó a manos del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas. Este organismo trabajó en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para reunir y presentar las pruebas ante el juez correspondiente.

Fue a partir de ese trabajo conjunto que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Chapa Maldonado. El expediente permaneció abierto durante más de una década entre la detención y la sentencia final, un lapso que refleja los tiempos habituales de los procesos penales federales vinculados a delincuencia organizada en Tamaulipas.

Otras condenas recientes contra el Cártel del Golfo

El caso se suma a una serie de sentencias dictadas en los últimos años contra integrantes de esta organización criminal, en tribunales federales con sede en Tamaulipas. En septiembre de 2026, un juez federal condenó a 50 años de prisión a tres integrantes del Cártel del Golfo (Marco Adán Andalón Guevara, Jesús Eduardo Hernández Encinas y Gloria Michel García Medellín) por secuestro agravado, además de dos años más por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, según informó la FGR.

Ese proceso también estuvo a cargo de la FECOR en Tamaulipas, la misma fiscalía especializada que intervino en el caso de Chapa Maldonado.

Un antecedente de mayor magnitud se registró en octubre de 2023, cuando un juez federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, condenó a mil 650 años de prisión a dos integrantes del Cártel del Golfo, identificados como Christian “G” y Santiago “B”, por el secuestro agravado de 66 migrantes.

En ese momento, la FGR calificó la sanción como la segunda pena más alta lograda por la procuración de justicia federal en la historia del país, únicamente por debajo de una condena de 2 mil 555 años impuesta a otras dos personas en abril de ese mismo año.

Estos casos reflejan el tipo de sanciones que los tribunales federales mexicanos han impuesto en los últimos años contra integrantes de estructuras vinculadas al Cártel del Golfo, particularmente por delitos de secuestro cometidos en el estado de Tamaulipas.

Durante más de tres décadas, distintos cárteles mexicanos han recurrido a métodos químicos para desaparecer los cuerpos de sus víctimas y dificultar su identificación. Esta práctica, conocida como “pozoleo”, nació en Tijuana con el Cártel de los Arellano Félix y se replicó después en organizaciones como Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hallazgo del Rancho Izaguirre, en Jalisco, en 2025 volvió a colocar esta práctica en el centro de la discusión sobre los métodos utilizados por grupos delictivos para ocultar homicidios y desaparecer personas.

El término “pozolero” hace referencia al tradicional platillo mexicano, debido a la semejanza que se estableció entre la cocción del guiso y el proceso utilizado para desintegrar restos humanos en recipientes con sustancias corrosivas. Con ese nombre se identifica a quienes, por encargo de organizaciones criminales, se dedicaban a desaparecer cuerpos mediante este procedimiento.

Los orígenes del “pozoleo” en el Cártel de Tijuana

El método se remonta a Efraín Pérez Arciniega, alias “El Efra”, identificado en expedientes judiciales como el creador del “pozoleo” dentro del Cártel Arellano Félix (CAF). Fue él quien organizó el primer experimento con sosa cáustica para comprobar su efecto sobre tejido animal, antes de aplicarlo a restos humanos.

Seis meses después de esa primera prueba, según testimonios recabados por autoridades, el cártel decidió experimentar con cuerpos humanos. El primer cadáver fue disuelto una noche de 1996 en un tambo con 200 litros de agua, según consta en declaraciones ministeriales.

El procedimiento se perfeccionó con el tiempo: se llenaba a la mitad un tambo de 200 litros con agua, se agregaban dos costales de sosa cáustica, se colocaba al fuego y, al hervir, se introducían los restos humanos durante horas. Al final solo quedaban dientes y uñas flotando en un líquido espeso.

Pérez Arciniega entrenó a varios operadores del CAF en esta técnica, entre ellos a quienes se convertirían en los pozoleros más conocidos de la organización. Actualmente cumple una condena de 25 años en Estados Unidos y, según el Buró de Prisiones estadounidense, saldrá en libertad hasta el 20 de abril de 2030.

Santiago Meza López, “El Pozolero”, el caso más emblemático

El operador más conocido del método fue Santiago Meza López, un albañil que trabajaba cuidando caballos para el CAF cuando fue reclutado para disolver cuerpos. Meza relató ante la Fiscalía que Pérez Arciniega lo llamó para presenciar el experimento inicial con una pierna de res.

“Me pidieron moviera la sosa en el agua para que se desbaratara y cuando empezó a humear eché una pierna”, declaró Meza López sobre aquella primera prueba, según consta en su expediente judicial.

Meza López fue detenido el 22 de enero de 2009 en Tijuana, cuando trabajaba directamente para Teodoro García Simental, “El Teo”, y su hermano Emmanuel, “El Muletas”. Confesó haber disuelto al menos 300 cuerpos durante diez años, a cambio de 600 dólares semanales, aunque las autoridades estimaron que la cifra real podría superar los 650.

Meza López disolvió cadáveres para el Cártel de Tijuana durante al menos nueve años, entre 2000 y 2009, confesó ante la Fiscalía haber deshecho al menos 300 cuerpos, aunque investigadores calculan que la cifra real podría llegar a los 2 mil 500 si se cuenta desde 1984.

En el predio conocido como “La Gallera”, en el Ejido Maclovio Rojas de Tijuana, se localizaron entre 14 mil y 17 mil restos humanos, además de 16 mil 500 litros de emulsión orgánica que, según Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos, podrían corresponder a 720 cuerpos adicionales que no pudieron exhumarse por seguir en estado líquido.

En marzo de 2024, un juez federal del Estado de México condenó a Meza López a 30 años y ocho meses de prisión por delincuencia organizada y secuestro, la misma pena que recibió su cómplice Héctor Manuel Diarte Guerrero. Posteriormente, un Tribunal de Apelación con sede en Tepic, Nayarit, incrementó cinco años la condena por el delito de delincuencia organizada, aunque determinó que la pena ya estaba compurgada. Según el semanario ZETA, tras ese fallo no fue posible ubicar a Meza López en ninguno de los centros penitenciarios del país.

Así funciona el método: el paso a paso del proceso

El propio Meza López describió el procedimiento en sus declaraciones ante las autoridades. Llenaba la mitad de tambos de 200 litros con agua y les agregaba dos sacos de sosa cáustica granulada, que ponía al fuego hasta que hervían. Una vez que la mezcla comenzaba a humear, arrojaba el cuerpo completo dentro del tambo.

La carne se disolvía en un lapso de entre dos y ocho horas, según distintas versiones, hasta convertirse en una sustancia espesa y con espuma, donde solo quedaban dientes y uñas sin desintegrar.

Meza López utilizaba guantes de látex y máscaras especiales para protegerse de los gases tóxicos que desprendía el proceso.

Al día siguiente, cerraba los tambos de plástico y los trasladaba en una camioneta pick up hasta arroyos o basurales, donde vertía el contenido y, en ocasiones, le prendía fuego con gasolina a lo que quedaba.

Marco Antonio García Simental, “El Cris”, el primer pozolero condenado

El primer operador conocido en aplicar esta técnica dentro del CAF fue Marco Antonio García Simental, también identificado como Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”. Trabajó para la organización desde 1999, bajo las órdenes de su hermano Teodoro García Simental.

A “El Cris” se le atribuye la desaparición de al menos 15 cuerpos disueltos en tambos con ácido, en su mayoría de integrantes del Cártel de Sinaloa, en el marco de la disputa territorial entre los Arellano Félix y la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

García Simental fue detenido en 2004. Su proceso penal se extendió 22 años: en septiembre de 2026, un juez federal lo condenó a 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y homicidio simple en grado de tentativa.

La causa también lo vinculó al asesinato de tres agentes federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ocurrido en el año 2000 en la zona de La Rumorosa, Baja California. En la misma causa, José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión.

La expansión del método a otros cárteles

El debilitamiento del Cártel de Tijuana y la captura de sus principales líderes no eliminaron la técnica del “pozoleo”: otras organizaciones criminales la adoptaron y la adaptaron. Los Zetas desarrollaron su propia variante, conocida como “guisado”, a comienzos de la década de 2000.

Uno de los casos más documentados de esta expansión ocurrió en Jalisco, en marzo de 2018, cuando tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara identificados como Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García Ávalos respectivamente, fueron secuestrados por miembros del CJNG tras ser confundidos con integrantes de una banda rival.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que los jóvenes fueron torturados, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico. En el domicilio donde ocurrieron los hechos se encontraron 46 bidones de 56 litros de ácido sulfúrico y tres depósitos con restos del compuesto, además de 18 perfiles genéticos distintos a los de los estudiantes, lo que sugirió que el sitio ya había sido utilizado antes para disolver otros cuerpos.

Uno de los detenidos por ese caso fue Christian Omar Palma Gutiérrez, conocido como el rapero “QBA”, quien confesó ante la Fiscalía haber disuelto en ácido los cuerpos de los tres estudiantes a cambio de 3 mil pesos semanales que le pagaba el CJNG. Según reportes de inteligencia, el joven ya había realizado la misma tarea con los restos de al menos otras dos personas asesinadas por la organización.

En 2015, autoridades jaliscienses también aseguraron un rancho en el municipio de Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se hallaron restos óseos y dentales junto con cinco tinacos con residuos de ácido clorhídrico, en un predio que entonces ya se atribuía al CJNG.

Rancho Izaguirre: el crematorio clandestino del CJNG

El hallazgo más reciente y de mayor magnitud ocurrió en marzo de 2025, en un predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio el 5 de marzo tras recibir una llamada anónima.

Tras cinco horas de búsqueda, el colectivo localizó el primero de tres hornos crematorios clandestinos, enterrados bajo una capa de tierra y una losa de ladrillo. Junto a los hornos se hallaron fragmentos óseos calcinados, más de 400 prendas de vestir, alrededor de 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, identificaciones oficiales y libros.

El predio, de casi 10 mil metros cuadrados, ya había sido intervenido por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, cuando se registró un enfrentamiento con diez personas detenidas, dos liberadas y un cuerpo localizado. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco reconoció que esa inspección inicial no cubrió la totalidad del terreno debido a su extensión, por lo que los hornos y buena parte de los restos no fueron detectados en ese momento.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, admitió públicamente que “se hace evidente que los trabajos fueron insuficientes” y anunció una investigación por posibles omisiones de autoridades. Un informe posterior de la Fiscalía General de la República (FGR) documentó 13 omisiones cometidas por instituciones estatales, entre ellas la falta de rastreo de indicios y la ausencia de investigación sobre posibles nexos con autoridades locales.

Sobrevivientes que estuvieron cautivos en el rancho relataron ante el colectivo cómo eran obligados a participar en la desaparición de cuerpos. “Nos obligaban a hacer unos hoyos, unas fosas… ponían una plancha de piedra y ladrillo, ahí aventaban los cuerpos seccionados. En el fondo había un cuarto que le llamaban ‘la carnicería’, ahí nos obligaban a quemarlos”, narró uno de ellos, según reprodujo el colectivo.

La magnitud del fenómeno en México

El “pozoleo” y sus variantes se insertan en un fenómeno de desaparición forzada que supera las 5 mil 600 fosas clandestinas registradas en el país, desde La Bartolina, en Tamaulipas, hasta Colinas de Santa Fe, en Veracruz. Solo en Jalisco se contabilizan más de 15 mil personas desaparecidas.

Parte de la persistencia del método responde a su bajo costo: un kilo de ácido sulfúrico cuesta entre 4.20 y 5.70 pesos en México, lo que ha facilitado que distintas células criminales lo utilicen para eliminar evidencia sin necesidad de insumos sofisticados.

La disolución química de los cuerpos también representa un obstáculo forense de fondo: al destruir tejidos y, en muchos casos, el ADN de las víctimas, impide su identificación posterior y deja a las familias sin certeza sobre el destino final de sus desaparecidos.

Cuatro jóvenes fueron reportados como desaparecidos luego de que sus familiares no volvieron a saber de ellos tras encontrarse reunidos en un domicilio de Zapopan, Jalisco.

Las fichas de búsqueda de los cuatro hombres fueron difundidas este viernes por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado para dar con su localización, luego de que sus familiares dejaron de tener comunicación con ellos desde la noche del pasado 14 de septiembre.

Los jóvenes, que van desde los 18 hasta los 20 años de edad, fueron vistos por última vez en la colonia Arenales Tapatíos. De acuerdo con reportes, fueron vistos por última vez en un domicilio de la referida colonia, donde presuntamente se registró una balacera.

Se trata de Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años de edad; Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, y José Carlos González Vázquez, de 20 años.

Familiares relataron a Milenio que un grupo de sujetos armados habría arribado al domicilio para privarlos de la libertad: “Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, dijo Claudia Flores al medio referido.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si los cuatro jóvenes pudieron ser privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio, ni han brindado información acerca del caso.

¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos?

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Jorge Daniel Camacho Flores vestía el día de su desaparición una sudadera negra con la leyenda “alo”, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco “Balenciaga”.

El joven de 19 años de edad tiene cabello lacio, corto y color negro, es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.50 metros y presenta como señas particulares un lunar en la mejilla del lado derecho, pecas en el rostro, marcas de acné en el rostro y espalda, así como un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

José Carlos González Vázquez, de 20 años de edad, vestía el día de los hechos una platera de manga corta color blanco con el logotipo de “Jordan” en color rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado, tenis tipo bota color negro de marca “Polo”, un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y dos pulseras tejidas: una azul y otra verde.

El joven es de cabello lacio color castaño y mide 1.70 metros. Como señas particulares tiene pecas en el cuello de lado izquierdo, perforaciones en ambas orejas y diversos tatuajes: uno en la mano izquierda parte externa y antebrazo izquierdo de un ángel junto con un morral de dinero, un ojo con cadenas y signos de pesos, en la muñeca derecha la imagen de 3 diablos y el número 666, así como uno en el antebrazo derecho de calaveras.

Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, vestía sudadera con capucha color negro y blanco “Dior”, camisa negra con logo de “Cuidado con el perro”, pantalón de mezclilla y tenis en color negro. Además, llevaba una gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con un dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

El joven es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.70 metros y cuenta con tatuajes en diversas partes del cuerpo: uno atrás de la oreja izquierda de la imagen de “Playboy”, un logotipo de Batman en el cuello con la fecha 2026, una imagen de la Santa Muerte en el lado izquierdo del pecho que también lleva en el antebrazo derecho, entre otros.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años, llevaba una camisa negra marca “Boss”, pantalón negro, tenis negros “Nike”, gorra y rosario negro con rojo con chaquiras e imagen de la santa muerte.

El joven es de complexión atlética, mide 1.60 metros y es de tez morena clara. Como señas particulares cuenta con cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y una en la ceja izquierda. Además, tiene en la mano izquierda un tatuaje de medusa y en el dedo anular de la mano derecha una cara feliz.

Sus desapariciones se dan en un contexto de constantes denuncias de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, luego de que los jóvenes reciben ofertas de trabajo e indicaciones para trasladarse fuera del estado.

Tres hombres, presuntos integrantes de la Familia Michoacana, fueron detenidos por su probable participación en el secuestro que derivó en la muerte de un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en junio pasado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detalló que los tres detenidos son señalados como presuntos responsables del secuestro y homicidio del mando de la policía, identificado como Miguel Raymundo Martínez Monroy, quien desapareció en la región de Tierra Caliente.

Su captura se llevó a cabo este viernes en el municipio de Valle de Bravo. Los tres sujetos fueron identificados como Israel “N”, Ismael “N” y Ramiro “N”, quienes ya se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, donde estaban vinculados a proceso por un hecho diverso al que ahora se les imputa.

En caso de ser declarados culpables, cada uno de los detenidos podría recibir una condena de hasta 140 años de prisión, según precisó la Fiscalía del Edomex.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres habrían operado dentro de una estructura delictiva con raíces en Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana, para convencer al mando policiaco a seguir sus órdenes, lo cual no habrían logrado.

Cómo fue el secuestro que terminó en homicidio

Miguel Raymundo Martínez Monroy se desempeñaba como jefe de la XIV Región de Luvianos dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El hecho por el cual se investiga a los tres detenidos ocurrió el 1 de junio en Tejupilco, cuando los agresores llegaron al lugar donde se encontraba la víctima, la sometieron y la subieron a un vehículo en contra de su voluntad.

Horas más tarde, el cuerpo fue localizado sin signos vitales, con heridas causadas por arma de fuego y envuelto en una alfombra en un terreno baldío. La agresión, según las autoridades, habría derivado de la negativa de la víctima a someterse a las disposiciones impuestas por el grupo delictivo con presencia en la zona.

El hallazgo del cuerpo se produjo tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrantes de la Guardia Nacional (GN) y agentes de la propia FGJEM, quienes instalaron filtros de revisión en municipios del sur mexiquense.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad estatal lamentó la muerte del jefe policiaco, quien se desempeñaba como responsable de la región con sede en Luvianos.

“Hacemos extensivas nuestras condolencias y deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos”, escribieron en redes sociales.

Operativos con la Familia Michoacana y agresiones contra policías: los antecedentes

Una vez que la Fiscalía mexiquense tuvo conocimiento del hecho, dio inicio a las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron identificar a los probables responsables y solicitar ante un juez la orden de aprehensión.

El homicidio de Martínez Monroy ocurrió en una región que en los últimos meses ha concentrado operativos contra estructuras de La Familia Michoacana. En marzo de 2026, autoridades federales y estatales desplegaron la Operación Bastión, mediante el cual se aseguraron inmuebles vinculados con esa organización en municipios de Tierra Caliente como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos.

Semanas antes, en febrero de 2026, se habían reportado acciones derivadas de la Operación Enjambre, enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos en distintas regiones del Estado de México.

La tensión en la zona ya se había evidenciado en julio de 2025, cuando operativos contra extorsiones atribuidas a La Familia Michoacana provocaron bloqueos carreteros, retención de policías estatales y agresiones contra elementos de seguridad en Tejupilco y Tlatlaya.

Dos ataques armados ocurridos en canchas de futbol de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 12 días de diferencia dejaron tres personas asesinadas y cinco heridas. Los hechos ocurrieron en las colonias Las Granjas y 27 de Febrero, donde entre las víctimas hay menores y adolescentes.

El caso más reciente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en Las Granjas. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas dispararon contra varias personas que se encontraban en el sitio; tres murieron y tres resultaron heridas, entre ellas un menor, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por La Jornada. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó posteriormente sobre la detención de presuntos responsables.

La agresión ocurrió en un espacio utilizado para actividades deportivas y, según reportes periodísticos, el menor lesionado se encontraba participando en un torneo infantil. Se identificó al niño como un jugador de 11 años que se desempeñaba como portero y recibió un impacto de bala en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó inicialmente la detención de seis personas identificadas como Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”. De acuerdo con la dependencia, durante su captura habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que el número de detenidos relacionados con el caso había aumentado a 13.

Las autoridades no han establecido públicamente el móvil de la agresión. Tampoco han informado que la cancha, el torneo o los jugadores fueran el objetivo del ataque. Testimonios citados por La Jornada ofrecieron versiones distintas sobre la ubicación de las personas contra las que se realizaron los disparos, por lo que la investigación deberá determinar las circunstancias y el objetivo de la agresión.

Doce días antes, dos adolescentes fueron baleados

El primer episodio ocurrió el 6 de septiembre en una cancha de la colonia 27 de Febrero. Dos adolescentes, de 14 y 19 años, fueron atacados a tiros mientras se encontraban en el lugar.

El joven de 14 años recibió cuatro impactos de bala y fue localizado en un área de pastizal; su estado fue reportado como crítico. El de 19 años recibió un disparo en el abdomen. Testigos señalaron que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta, dispararon y escaparon del lugar. Las familias de ambos jóvenes dijeron desconocer el motivo de la agresión.

En ese caso tampoco se estableció públicamente que el ataque estuviera relacionado con la actividad deportiva. La coincidencia con el episodio de Las Granjas está en que ambos ocurrieron en espacios utilizados para jugar futbol y que en los reportes sobre los dos hechos aparecen motocicletas, pero no existe información que permita atribuirlos a los mismos responsables.

La violencia armada alcanza espacios deportivos

Los dos hechos permiten documentar la presencia de violencia armada en espacios deportivos de la capital chiapaneca. Hasta el cierre de esta nota informativa, en Las Granjas todavía no se ha informado de manera oficial cuál fue el móvil ni quiénes eran exactamente los objetivos de los disparos.

La presencia de menores entre las víctimas sí muestra el riesgo que representa una agresión armada en espacios donde se concentran niños, adolescentes y familias. En el caso del 18 de septiembre, además, existe una versión periodística que ubica al menor lesionado como participante de un torneo infantil.

Hasta ahora tampoco existe una relación acreditada entre los dos episodios. La similitud en el uso de motocicletas constituye un elemento coincidente de las narraciones sobre ambos hechos, pero no permite determinar que hayan sido ejecutados por la misma célula o dentro de una misma disputa criminal.

Las Granjas arrastra antecedentes de violencia

El ataque del 18 de septiembre ocurrió en Las Granjas, una colonia de Tuxtla Gutiérrez que ha registrado otros episodios violentos durante los últimos años.

Aristegui Noticias ha documentado que Las Granjas y Patria Nueva han concentrado distintos hechos relacionados con violencia criminal y recordó episodios anteriores en los que también hubo menores entre las víctimas. La zona ha aparecido además en reportes sobre disputas entre grupos delictivos que operan en Chiapas.

En abril de 2026, por ejemplo, un enfrentamiento registrado en la colonia Xamaipac involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y presuntos integrantes de un grupo criminal. Un vehículo utilizado durante la huida fue localizado posteriormente en Las Granjas.

Ese antecedente sirve para ubicar el contexto de seguridad de la colonia, pero no permite vincularlo de manera directa con el ataque ocurrido en la cancha ni establecer que las dos agresiones de septiembre formen parte de una misma disputa.

CJNG y Cártel de Chiapas y Guatemala tienen presencia documentada en Tuxtla

El contexto criminal de Tuxtla Gutiérrez incluye la presencia documentada de al menos dos organizaciones. En agosto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos personas detenidas en la colonia Las Granjas por delitos contra la salud manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia aseguró 47 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Un mes antes, la misma corporación reportó la detención de Rudy “N” en el barrio San Francisco, a quien identificó como presunto integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala. En su poder fueron aseguradas dosis de presunta metanfetamina y marihuana.

El Cártel de Sinaloa también tiene actividad documentada en la entidad. En junio, la Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto “N”, señalado como líder de esa organización en Chiapas, durante un operativo realizado en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. El hecho acredita actividad del grupo en el estado y en el corredor carretero, pero no permite afirmar que mantenga el mismo nivel de presencia dentro de la capital.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha identificado a esas tres organizaciones —Cártel de Sinaloa, Cártel de Chiapas y Guatemala y CJNG— como grupos que han participado en disputas territoriales en Chiapas. Sus declaraciones se refieren al contexto estatal, particularmente a regiones de la frontera y la Sierra, por lo que no permiten atribuir a alguno de ellos los ataques registrados en las canchas de Tuxtla.

Chiapas reporta una reducción de homicidios

Los ataques ocurrieron pocos días después de que el Gobierno federal informara una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas.

El 11 de septiembre, el Gobierno federal señaló que el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. La cifra corresponde al comportamiento estatal y fue presentada como el promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Ese indicador corresponde al conjunto de Chiapas y no permite medir por sí mismo la incidencia de episodios específicos en Tuxtla Gutiérrez. Los dos casos registrados en septiembre muestran, en cambio, que persisten agresiones armadas localizadas capaces de alcanzar espacios de convivencia deportiva.

Las investigaciones de ambos hechos deberán determinar si existe alguna relación entre ellos, quiénes fueron los objetivos de las agresiones y cuáles fueron sus motivos.

Seis mexicanos fueron detenidos como parte de una operación táctica realizada por autoridades estadounidenses en las ciudades de Bakersfield y Visalia, en California, que permitieron localizar dos narcolaboratorios de metanfetamina.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las acciones comenzaron en noviembre de 2025 y concluyeron el pasado 17 de septiembre con un total de 16 cateos y nueve arrestos, entre los que se encuentran seis mexicanos y tres estadounidenses.

Los resultados de las operaciones también incluyen el aseguramiento de 4 mil plantas de marihuana, 20 mil dólares, 20 armas de fuego, cientos de galones de metanfetamina y 2171 libras (984.749 kilogramos) de la misma droga.

Así fueron localizados los narcolaboratorios en California

Los documentos judiciales refieren que agentes del Equipo de Investigación de Alto Impacto de Fresno, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y agencias asociadas, incautaron en una primera acción tanto los más de 900 kilogramos de metanfetamina y los cientos de galones de la misma droga líquida en dos narcolaboratorios: uno localizado en Bakersfield el pasado 20 de abril de 2026, y otro ocurrido el 20 de mayo de 2026 en Visalia.

En una acción paralela del 20 de abril, los agentes localizaron a un hombre identificado como Ramiro Luna, de 52 años y residente de San Bernardino, quien transportaba en un vehículo cerca de 145 kilogramos de metanfetamina.

El hombre y su pasajero, Robert Gray de 54 años y residente de San Bernardino, fueron acusados de manera formal el pasado 20 de agosto de conspiración para distribuir metanfetamina.

En la segunda acción donde se localizó un narcolaboratorio (del 20 de mayo), las autoridades detuvieron a Gustavo Alejandro Mendoza Félix, de 27 años y residente de Visalia, quien vivía en el mismo domicilio del hallazgo. El hombre fue acusado formalmente el 11 de junio de posesión con intención de distribuir metanfetamina.

Los mexicanos arrestados fueron identificados como:

• Elvis Ramírez Beltrán, de 25 años de edad, residente de Porterville.
• Gabriel Ramírez Beltrán, de 27 años, residente en Selma.
• José Armando López Félix, de 29 años, residente en el Valle de Yokuts.
• Jaciel López Félix, de 23 años, residente en Sanger.
• Faustino Romero León, de 50 años, residente en Sanger.
• Jesús Adrián Ríoz Ramírez, de 27 años.

Por su parte, los tres detenidos restantes fueron identificados como Jesús Efraín López Félix, de 34 años, de Tulare; Alberto López Castillo, de 21 años, de Visalia; y Marissa López Félix, de 30 años, de Porterville.

Todos cuentan con una denuncia penal que los acusa de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina.

Las autoridades detallaron que los acusados podrían pasar de 10 años hasta cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.

Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina en California: tres mexicanos fueron arrestados

Un segundo hallazgo de otro narcolaboratorio ocurrió el pasado 11 de septiembre, también en California. El sitio fue ubicado en Terra Bella, en el condado de Tulare, donde agentes estadounidenses llevaron a cabo un cateo en una residencia en la que localizaron el laboratorio clandestino y detuvieron a tres hombres.

De acuerdo con documentos judiciales, durante el operativo localizaron bidones de acetona, cajas de ácido clorhídrico, tanques de propano, bidones azules de 50 galones, varias hieleras y dos congeladores grandes que se usaban para formar un laboratorio clandestino de metafetamina.

Además, aseguraron cerca de 45 kilogramos de metanfetamina, cientos de galones de esta droga líquida, cerca de 600 mil dólares y 6 armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados como mexicanos: José Diarte Pérez, de 46 años, Carlos Beltrán Ochoa, de 27 años y Lamberto Elorza Chávez de 39 años. Los tres se encontraban de manera ilegal en Terra Bella.

El Departamento de Justicia de EEUU detalló que tanto Diarte Pérez como Beltrán Ochoa fueron acusados de conspiración para fabricar y traficar metanfetaminas y posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico. En tanto, Elorza Chávez fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego.

En caso de ser declarados culpables de conspiración para fabricar metanfetamina, los mexicanos podrían enfrentar una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua, así como una multa de hasta 10 millones de dólares. Por el arma de fuego, enfrentan penas mínimas de 5 años y una pena máxima de cadena perpetua y multa de hasta 250 mi de dólares.

Por su parte, Elorza Chávez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.

El Cártel del Golfo dejó de ser una organización criminal unificada, pero la fragmentación de su estructura no significó su desaparición. Por el contrario, sus principales facciones mantienen disputas internas y, al mismo tiempo, han establecido alianzas que le han permitido conservar y ampliar sus redes fuera de su histórico bastión en Tamaulipas.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) documentó en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 que el grupo mantiene una presencia significativa en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además de registrar presencia en otras zonas del país, incluidas entidades del occidente y el centro. El mapa elaborado por la agencia también identifica actividad en torno a Ciudad de México.

El reporte estadounidense ubica además presencia del Cártel del Golfo en Jalisco, Nayarit y Michoacán, estados asociados históricamente con la operación de otros grupos criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

La expansión descrita por la DEA no implica que el Cártel del Golfo tenga el mismo nivel de control en todas esas entidades. El propio mapa distingue entre presencia significativa, presencia y zonas con presencia limitada o nula.

La fragmentación que no acabó con el Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales con mayor antigüedad en México. Su principal bastión histórico se encuentra en Tamaulipas, desde donde durante décadas construyó rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La organización alcanzó uno de sus periodos de mayor poder bajo figuras como Juan García Ábrego y posteriormente Osiel Cárdenas Guillén. Su estructura comenzó a fracturarse con las detenciones de sus principales dirigentes y, especialmente, después de la ruptura con Los Zetas, grupo que surgió originalmente como brazo armado del Cártel del Golfo.

La DEA señala que, para 2025, el grupo ya no funcionaba como una organización unificada. Sus dos principales facciones eran identificadas como Los Metros y Los Escorpiones, enfrentados por rutas de tráfico, territorio y el control general de la estructura criminal. La disputa incluye puntos estratégicos como el puerto de Altamira, en Tamaulipas.

Los Escorpiones mantienen además una confrontación con el Cártel del Noreste (CDN) y otras facciones del propio Cártel del Golfo por el control de Reynosa, mientras que Los Ciclones aparecen como una tercera facción de menor peso que también mantiene enfrentamientos con grupos rivales.

La alianza con el CJNG abrió nuevas rutas

Uno de los elementos que explican la expansión señalada por la DEA es la alianza entre Los Metros y el CJNG.

Según la agencia estadounidense, esta alianza proporciona protección a Los Metros frente a Los Mayos, el Cártel del Noreste y otras facciones del propio Cártel del Golfo. A cambio, la relación facilita el flujo de drogas hacia Estados Unidos y permite al CJNG obtener acceso a puntos de entrada fronterizos y al puerto de Altamira, utilizado para la importación de precursores químicos.

Esta relación también ayuda a explicar la presencia registrada en entidades del occidente del país. El mapa de la DEA identifica presencia del Cártel del Golfo en Jalisco y Nayarit, territorios donde el CJNG tiene una posición histórica de mayor relevancia.

Así, la estructura actual del Cártel del Golfo combina fragmentación, disputas internas y alianzas con otras organizaciones, en lugar de reproducir el modelo de un cártel centralizado bajo un solo liderazgo.

Drogas, migrantes y huachicol fiscal

Las actividades atribuidas al Cártel del Golfo tampoco se limitan al tráfico de drogas.

La DEA señala que sus redes participan en el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. La organización también utiliza rutas para el tráfico de personas, particularmente de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.

En territorio estadounidense, la DEA identifica socios, facilitadores y afiliados del grupo en aproximadamente 16 estados, principalmente Texas, Oklahoma, California y zonas del sureste, aunque también menciona presencia en estados como Nebraska, Virginia, Pensilvania y Nueva York.

El Valle del Río Grande, en Texas, constituye una de las zonas relevantes para sus operaciones de tráfico de drogas. Parte de los recursos obtenidos serían enviados posteriormente a México en efectivo, mientras que la DEA también documenta mecanismos de lavado mediante casas de cambio en el área de Brownsville.

A estas actividades se suma el llamado “huachicol fiscal”, mediante el cual redes criminales participan en el contrabando de hidrocarburos. La DEA vincula al Cártel del Golfo con el robo de petróleo y su traslado hacia Estados Unidos para su comercialización, dentro de esquemas financieros basados en operaciones comerciales.

EEUU endurece la persecución contra sus integrantes

El nuevo señalamiento sobre las redes del Cártel del Golfo ocurre mientras Estados Unidos utiliza la designación del grupo como organización terrorista extranjera para ampliar las herramientas legales contra sus integrantes y colaboradores.

El 16 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó sobre la acusación contra José Flores-Flores, un ciudadano mexicano de 21 años originario de Reynosa, a quien señala de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Flores-Flores permanecía bajo custodia tras su arresto.

El caso fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas como parte de las acciones contra las estructuras del Cártel del Golfo.

De esta manera, el mapa presentado por la DEA muestra una organización distinta a la que dominó amplias zonas del noreste mexicano décadas atrás: fragmentada en facciones, enfrentada internamente, pero capaz de mantener alianzas y redes que alcanzan otras regiones de México y Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado, cuando los efectivos castrenses realizaban patrullajes de vigilancia en la zona sur de Morelos. De acuerdo con reportes sobre el operativo, el intercambio de disparos se registró sobre la calle Gorriones.

Vecinos de la comunidad reportaron haber escuchado más de 50 ráfagas de arma de fuego durante la confrontación, lo que generó el despliegue de unidades de seguridad y servicios de emergencia en el perímetro.

Dos militares resultan heridos durante el intercambio de disparos

Tras la balacera, paramédicos acudieron al lugar para atender a los elementos del Ejército y a un civil que resultaron lesionados. Los tres fueron trasladados bajo custodia de seguridad a un hospital para recibir atención médica.

Uno de los militares fue reportado en estado grave, mientras que el otro también resultó herido durante el intercambio de disparos. Una versión publicada este sábado señala que los efectivos repelieron la agresión después de ser atacados mientras realizaban labores de vigilancia.

Después de la confrontación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegaron un operativo en los alrededores de Palo Grande y lograron detener a dos presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

La información disponible hasta el momento no identifica públicamente al grupo criminal al que pertenecerían los civiles armados.

Horas después del enfrentamiento, información extraoficial reportó el fallecimiento del militar que había resultado gravemente herido durante el intercambio de disparos. El elemento, perteneciente al 108 Batallón de Infantería, habría perdido la vida mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las lesiones. El reporte fue difundido por medios locales.

Palo Grande, escenario del operativo militar

El enfrentamiento se produjo en una zona del municipio de Tlaquiltenango donde la presencia de fuerzas federales forma parte de labores de vigilancia y seguridad.

La comunidad de Palo Grande se encuentra entre las localidades del municipio y cuenta con presencia institucional de fuerzas federales en distintas actividades. Información oficial estatal registra a Palo Grande como una de las comunidades de Tlaquiltenango.

El despliegue posterior al enfrentamiento permitió asegurar el perímetro y poner a disposición de las autoridades ministeriales a los detenidos, quienes deberán ser investigados para establecer si participaron directamente en la agresión contra los militares.

El enfrentamiento ocurre en medio de operativos contra estructuras criminales

El episodio en Morelos ocurre mientras las fuerzas federales mantienen una estrategia enfocada en afectar la infraestructura, logística y capacidad financiera de organizaciones dedicadas al tráfico y producción de drogas sintéticas.

Hoy por la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la localización, desmantelamiento e inutilización de cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.

Las acciones se realizaron en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, y en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, mediante trabajos coordinados de inteligencia e investigación de la SSPC, Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales.

En esos puntos fueron aseguradas y destruidas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores de mil litros, entre otro equipo empleado para la producción de drogas sintéticas.

Durante ese operativo, las autoridades también reportaron haber sido atacadas con disparos de arma de fuego mientras realizaban las labores de desmantelamiento.

Más de 2 mil 700 laboratorios han sido inhabilitados

La ofensiva contra este tipo de infraestructura se extiende a distintas entidades del país. En agosto, García Harfuch informó que durante la actual administración se habían inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración relacionadas con la elaboración de metanfetamina y otras drogas sintéticas.

El funcionario también reportó el aseguramiento de aproximadamente 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de sustancias y precursores químicos.

En Morelos, el enfrentamiento de este sábado dejó como saldo preliminar dos militares heridos, uno de ellos grave, un presunto agresor lesionado y dos detenidos, mientras continúan las investigaciones ministeriales para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la posible responsabilidad de los sujetos capturados.

Un juez vinculó a proceso a Alexis Jesús, alias “El Brilloso”, por el homicidio de Carlos Manzo, quien fue alcalde de Uruapan, Michoacán, y por lesiones calificadas relacionadas con el ataque del 1 de noviembre de 2025. La audiencia expuso mensajes que apuntaron a una presunta traición desde el círculo cercano del político, pues el imputado se habría referido a él como “mi padrino”.

La diligencia se realizó el martes en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán. El juzgador consideró suficientes los datos presentados por el Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra el presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a Alexis Jesús “N”, quien permaneció encarcelado mientras se desarrollaba la investigación complementaria. El plazo fijado para esa etapa fue de dos meses.

La vinculación a proceso no implicó una declaración de culpabilidad, sino que permitió continuar la indagatoria judicial por su posible participación en el atentado. La investigación sostuvo que “El Brilloso” habría asumido funciones de liderazgo dentro de la estructura criminal después de la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Los mensajes describieron una presunta operación desde Uruapan

Entre los elementos expuestos en audiencia figuraron conversaciones obtenidas del teléfono celular de Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”, hermano de Alexis Jesús y también imputado. En ese dispositivo se localizó una fotografía en la que aparecían Carlos Manzo y su esposa, Grecia Quiroz.

Los mensajes atribuidos a “El Brilloso” describieron la formación de un grupo para ejecutar una operación y su intención de ascender dentro de la organización criminal. En una de las conversaciones, el imputado expresó: “Ya se hizo el equipo que va a operar. El patrón me eligió a mí y la neta me pone chido, qué chingón”.

El mismo intercambio incluyó una referencia directa a la relación que habría mantenido con el alcalde de Uruapan. “Si se hace esto, nos vamos mi hermano Vikingo y yo para arriba con los jefes. La neta no tengo nada qué agradecerle a ese caga palos, aunque sea mi padrino, él se lo buscó”, escribió.

La conversación también mencionó el uso de Threema, una aplicación de mensajería que el imputado comparó con WhatsApp. “Ya nos dijeron que tengo que estar en un grupo de Threema o algo así, que es como el wats, pero más chingón”, señaló el mensaje presentado ante el juez.

Un colaborador del alcalde fue mencionado en las conversaciones

Las comunicaciones incorporadas a la carpeta de investigación aludieron a una persona que presuntamente se encontraba dentro de la Presidencia Municipal. Alexis Jesús “N” escribió que había “un vato adentro de la Presidencia” que sería colocado en un sitio y que él tendría que vigilarlo.

El mensaje agregó que no conocía personalmente a ese hombre, pero que sabía que se llamaba o le apodaban Samuel o Manuel. Las indagatorias identificaron a Samuel “N” como director de relaciones públicas del equipo de Carlos Manzo; el colaborador tenía antecedentes penales y fue detenido por su presunta implicación.

También permaneció bajo investigación Yesenia “N”, secretaria particular del alcalde asesinado. Las autoridades ministeriales la requirieron para rendir declaraciones y esclarecer líneas de investigación relacionadas con los movimientos y la administración interna del equipo municipal.

Siete escoltas encargados de la seguridad personal de Manzo durante la conmemoración de Noche de Muertos fueron incorporados formalmente a las indagatorias. Su participación fue revisada por una posible omisión o presunta complicidad en los protocolos de protección del entonces alcalde.

Grecia Quiroz denunció la traición de una persona cercana

Tras la vinculación a proceso, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, publicó un mensaje en el que afirmó que Alexis Jesús “N” había sido una persona cercana a la familia. Según su versión, el alcalde le brindó apoyo y oportunidades con la intención de apartarlo del crimen organizado.

“Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió Quiroz. La viuda sostuvo que Manzo apostó por el futuro del joven porque creyó que podía quitarle integrantes al crimen.

“Pero al parecer ‘Alexis N’ traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”, añadió. La esposa del alcalde cuestionó cómo alguien podía convivir con una familia que le tendió la mano y después contribuir a destruirla.

Quiroz pidió que todos los responsables recibieran castigo y exigió una pena ejemplar para quienes habrían traicionado el apoyo de Manzo. “No podemos acostumbrarnos a vivir en un México donde la solidaridad deja de ser virtud y se convierte en la desventaja que te lleva a la muerte”, expuso.

El ataque contra Carlos Manzo ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos. Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue identificado como el presunto autor material que se acercó al alcalde con el pretexto de tomarse una fotografía y le disparó; los escoltas lo abatieron en el lugar.

Las indagatorias también señalaron que otros jóvenes reclutados para la célula criminal y relacionados con el atentado fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho. Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales, mientras que Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue considerado uno de los detenidos de mayor jerarquía dentro de la estructura investigada.

Las autoridades reportaron 32 personas detenidas por su posible vínculo con la red criminal que habría planeado y ejecutado el asesinato de Carlos Manzo.

Estefani “N”, conocida en redes sociales como “La Barbie de la Alianza”, fue detenida en Monterrey junto con otras dos personas luego de que autoridades localizaron presunta droga, cargadores para armas largas y teléfonos celulares en el automóvil donde viajaban. La creadora de contenido, de 31 años, era investigada por su probable relación con diversos hechos ilícitos y fue señalada como presunta integrante o líder de un grupo delictivo.

La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Cabezada y Nepenta, en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, Nuevo León. Los agentes interceptaron un Nissan V-Drive particular en el que viajaban Estefani “N”, una joven identificada como Melany “N”, de 18 años, y un hombre de 38 años.

La información sobre el acompañante presentó dos identificaciones: en los primeros reportes fue mencionado como Javier “N”, mientras que otros datos oficiales lo ubicaron como Alfredo Eleazar “N”, alias “El Black” o “Javier”. Las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario por su presunta vinculación con actos violentos en la zona norte del municipio.

Durante la revisión del vehículo, los elementos de seguridad aseguraron siete cargadores para armas largas, más de 130 envoltorios con presunta cocaína y marihuana, así como varios teléfonos celulares. Los tres detenidos y el material decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica.

La captura ocurrió en San Bernabé, al norte de Monterrey

Estefani “N” era reconocida en plataformas digitales por difundir videos sobre su vida cotidiana, organizar tandas y mostrar préstamos de dinero. En sus perfiles también compartía imágenes de remodelaciones de su casa, ubicada en la zona norte de Monterrey, además de publicaciones con dinero en efectivo, vehículos y artículos de marcas comerciales.

El sobrenombre de “La Barbie de la Alianza” surgió por la presencia recurrente de referencias a la muñeca Barbie en sus fotografías y videos. El color rosa predominaba en ropa, accesorios, automóviles y otros objetos que aparecían en sus publicaciones, acompañados en ocasiones por la palabra “Barbie”.

En la descripción de una de sus redes sociales se leía: “Sé lo que quieras ser. I’m a BARBIE GIRL”. La frase se relacionaba con la imagen que proyectaba ante sus seguidores, donde mostraba cadenas de oro, ropa de marca, camionetas y otros artículos de alto valor.

También era identificada como “Fanny La Reylop”. Su actividad en redes le habría permitido reunir más de 65 mil seguidores en Facebook, donde difundía fotografías y videos en los que aparecía junto a autos particulares, camionetas y dinero.

Las autoridades investigaban sus posibles vínculos delictivos

La investigación contra Estefani “N” se centraba en su presunta relación con un grupo delictivo y con hechos ilícitos aún no detallados por las autoridades. Los indicios asegurados durante la intervención formaban parte de las líneas de investigación que serían analizadas por el Ministerio Público.

La mujer viajaba con Melany “N”, de 18 años, y con Alfredo Eleazar “N”, señalado como “El Black”. De acuerdo con la información oficial difundida tras la captura, el hombre habría tenido una posición de liderazgo dentro de una estructura delictiva que operaba en la zona norte de Monterrey.

El aseguramiento de cargadores para armas largas, dosis de presunta droga y equipos de comunicación abrió una indagatoria sobre la posible participación de los detenidos en actividades relacionadas con narcomenudeo, violencia o distribución de sustancias. Las autoridades no precisaron qué delito se les imputaría ni si existían órdenes de aprehensión previas en su contra.

Antes de su arresto, una de las últimas publicaciones atribuidas a Estefani “N” incluyó la frase: “El que esté libre de pecado, ¡que tire la primera piedra!”. Esa publicación circuló después de que se conoció su captura en la colonia San Bernabé.

La creadora de contenido había utilizado sus perfiles para presentar un estilo de vida asociado con bienes costosos y préstamos de dinero. Las imágenes mostraban ropa, accesorios, vehículos y remodelaciones domésticas, mientras que sus publicaciones personales mantenían una estética marcada por tonos rosas y referencias a Barbie.

Las autoridades trasladaron a los tres detenidos ante el Ministerio Público Federal junto con los objetos asegurados en el Nissan V-Drive. La autoridad ministerial revisaría la procedencia de la presunta droga, los cargadores para armas largas y los teléfonos celulares para establecer si existían elementos para vincularlos a proceso.

Un hombre que se volvió viral durante los festejos del Grito de Independencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de amenazar a dos jóvenes influencers que realizaban una transmisión en vivo, fue detenido por agentes ministeriales luego de que presuntamente se resistiera a una revisión y tratara de agredir a los policías.

Se trata de José Dolores O. V., de 50 años, integrante de un club de motociclistas, quien fue arrestado la tarde del viernes 18 de septiembre en el cruce del bulevar Independencia y Fernando Montes de Oca, en la colonia El Papalote.

De acuerdo con Gabriela Cota Santos, vocera de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le marcaron el alto al hombre para realizar una revisión. El sospechoso viajaba a bordo de un automóvil Peugeot Partner Cargo color blanco.

Según el reporte de la autoridad, durante la intervención el hombre comenzó a insultar a los agentes y posteriormente presuntamente intentó agredirlos, por lo que los policías tuvieron que someterlo por la fuerza.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, señalado por los delitos de resistencia y desobediencia de particulares.

Se hizo viral durante los festejos del 15 de septiembre

El nombre de José Dolores O. V. comenzó a circular en redes sociales dos días antes de su arresto, luego de que un video grabado durante los festejos patrios en Ciudad Juárez mostrara el momento en que confrontó a dos jóvenes que realizaban contenido para redes sociales.

El incidente ocurrió el 15 de septiembre en el parque Chamizal, durante las celebraciones por el Grito de Independencia.

De acuerdo con los reportes sobre el episodio, el hombre se molestó después de que presuntamente le cayó espuma que era lanzada por asistentes a los festejos. La situación escaló hasta que el motociclista encaró a los jóvenes y lanzó amenazas contra ellos.

Las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales y provocaron reacciones entre usuarios debido a la actitud del hombre durante la celebración.

Una de las personas a las que confrontó fue el creador de contenido juarense Dfer Estrada. En el video difundido en redes sociales se observa al motociclista acercarse al influencer y reclamarle por lo ocurrido. El hombre llevó en repetidas ocasiones las manos hacia el interior de su chaleco, aunque en las imágenes no se aprecia claramente un arma.

La amenaza ocurrió en medio de una celebración pública en la que miles de personas participaban en actividades relacionadas con las Fiestas Patrias.

Detención ocurrió por otro hecho

Aunque la detención se produjo después de que el hombre se hiciera viral por las amenazas contra los influencers, la Fiscalía no informó que el arresto estuviera relacionado directamente con ese episodio.

La corporación señaló que el motivo de la intervención fue la conducta que presuntamente asumió durante la revisión realizada el viernes.

Los agentes lo ubicaron cuando circulaba por el bulevar Independencia y decidieron detenerlo para una inspección. Tras el intercambio verbal, el hombre habría intentado agredir a los ministeriales, situación que derivó en su arresto.

Ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación por resistencia y desobediencia.

El caso se produce mientras en distintas entidades del país se registraron incidentes de violencia durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre.

Fiestas Patrias dejan muertos y heridos en Guanajuato

Uno de los estados donde se reportaron hechos violentos durante las Fiestas Patrias fue Guanajuato, donde, de acuerdo con un recuento de la Fiscalía estatal difundido por medios locales, seis ataques armados registrados entre el mediodía del 15 de septiembre y la madrugada del día siguiente dejaron cinco personas muertas y cinco lesionadas.

Los hechos ocurrieron en Irapuato, Salamanca, Pénjamo y Valle de Santiago.

En Irapuato fueron reportados homicidios en el fraccionamiento UrbiVillas del Rey y posteriormente en la colonia UCOPI, donde murió un hombre identificado como Elías “N”.

En Salamanca se registraron dos agresiones. Una de ellas ocurrió en la colonia Benito Juárez y dejó un hombre muerto; posteriormente, alrededor de las 23:00 horas, un ataque en la colonia Nativitas dejó cuatro personas lesionadas.

La madrugada del 16 de septiembre también se reportaron hechos violentos en Pénjamo y Valle de Santiago. En el primero fue localizado sin vida un hombre identificado como José “N”, mientras que en Valle de Santiago murió Manuel “N” y una mujer resultó lesionada.

La Fiscalía estatal precisó que se trata de información preliminar, por lo que los datos pueden modificarse conforme avancen las investigaciones, los dictámenes periciales y las determinaciones ministeriales.

El recuento contrasta con el reporte del gobierno estatal, que informó que más de 521 mil personas participaron en las celebraciones del 15 y 16 de septiembre en los 46 municipios y calificó el operativo oficial como de “saldo blanco”. La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que participaron alrededor de 2 mil 500 elementos estatales, en coordinación con autoridades federales y municipales.

En Ciudad Juárez, mientras tanto, el caso del motociclista que protagonizó una amenaza viral durante el Grito pasó de las redes sociales a las instalaciones de la Fiscalía, donde el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

La grabación mostró a Coronel mientras interpretaba algunos fragmentos de la canción. Vestía camisa, sudadera, blazer oversize, gorra y lentes de sol; su reacción llevó a distintos usuarios a describir el tema como un posible “nuevo himno” para ella.

Parte de la letra dice:

Yo sé que eres conocida

Que varios te tiran, pero no merecen

Y dile ya a tus amigas

Que no te presenten con más pequeñeces...

Aquí estoy, no dejaré que se te acerque

Nadie, porque solo yo tendré el candado del amor

La canción se estrenó originalmente el 8 de julio y después quedó incluida como la primera pista del álbum homónimo, publicado en septiembre de 2026. El tema tuvo una duración aproximada de dos minutos con 25 segundos.

La aparición de Coronel generó comentarios porque la letra hablaba de un hombre que viajaba para encontrarse con alguien por quiem que sentía una fuerte atracción. La historia musical incluía ansiedad por verla, admiración por su apariencia y una reunión romántica acompañada por una noche de fiesta.

La letra que relacionaron con Emma Coronel

“Voy llegando a tu ciudad” pertenecía al regional mexicano y presentaba el viaje de un hombre que buscaba reunirse con una mujer. La canción describía el interés que sentía por ella y la expectativa previa al encuentro, elementos que usuarios vincularon con la vida personal de Emma Coronel.

La relación surgió después de que la modelo apareciera cantando el tema. No existía información pública que confirmara que la canción hubiera sido escrita específicamente para ella ni que el grupo la hubiera compuesto pensando en su historia.

Los Encinos de Sinaloa desarrollaban su propuesta dentro del norteño y el regional mexicano. Entre sus lanzamientos recientes se encontraban “El Mantel”, “Neta No”, “El 3” y “Voy llegando a tu ciudad”.

El sencillo quedó integrado al disco del mismo nombre después de su lanzamiento inicial. La canción también apareció como la primera pieza del álbum, que fue publicado en septiembre de 2026.

Las declaraciones previas sobre música regional

La publicación de Coronel ocurrió después de que ella hablara sobre otros artistas del género. A principios de septiembre, comentó que Banda El Recodo y Los Tucanes de Tijuana habían tocado durante el bautizo de sus hijas.

Esas declaraciones provocaron respuestas de integrantes de El Recodo. El intercambio ocurrió semanas antes de que Coronel apareciera cantando el tema de Los Encinos de Sinaloa en sus redes sociales.

La modelo no explicó públicamente por qué eligió esa canción ni confirmó que tuviera un vínculo personal con la letra. Tampoco señaló que el tema hubiera sido compuesto para ella.

Lo que quedó registrado fue su interpretación de algunos fragmentos de “Voy llegando a tu ciudad” y la reacción de usuarios, quienes relacionaron la letra con su historia y llevaron la canción a una nueva audiencia en redes sociales.

Podría hacer una película de su vida

La posibilidad de una serie o película sobre la vida de Emma Coronel volvió a la conversación pública tras una transmisión en la plataforma Kick, donde la esposa de Joaquín Guzmán Loera planteó que el relato de su historia podría tomar forma bajo su propio punto de vista.

Coronel, quien ha sido mencionada en múltiples ocasiones en reportajes y libros sobre el narcotráfico en México, sostuvo que muchas versiones difieren de su experiencia real y consideró que sería necesario mostrar su versión directa.

Durante la charla, Emma Coronel expuso su postura frente a los relatos que circulan en medios y redes sociales sobre su vida.

“Se basan nada más en cosas que ven en Internet… noticias que muy pocas veces son reales”, dijo durante la transmisión. La ex reina de belleza subrayó que la mayoría de las versiones públicas sobre ella parten de especulaciones y rumores, lo que la llevó a plantear: “Hay que sacar la película real o algo real”.

La conversación se dio en el contexto de su reciente reaparición pública después de permanecer fuera de los reflectores tras cumplir una sentencia en Estados Unidos. En julio de este año, Coronel cumplió 37 años y retomó su actividad en redes sociales, donde ahora busca ser influencer.

“Está en su derecho”: Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández, quien se encontraba en México en gira como parte de la promoción de su su nuevo libro Narcocracia, respondió a preguntas sobre la nueva etapa de Emma Coronel como creadora de contenido e influencer, eso luego de haber purgado una condena en Estados Unidos.

La periodista, autora de investigaciones sobre el vínculo entre el crimen organizado y figuras públicas de México, fue abordada por reporteros que le preguntaron por la reciente incursión de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán en plataformas como TikTok y Kick, así como por el bloqueo de sus cuentas, ocurrido apenas días antes de la entrevista.

Al ser cuestionada directamente sobre la lectura que le da a ver a Coronel Aispuro dedicada ahora a hacer contenido y llevar una vida más pública, la autora de Emma Coronel y las otras señoras del narco afirmó: “Está en su derecho”, aunque cuestionó qué tipo de personas la toman como modelo a seguir.

La especialista trazó una distinción que consideró central: a diferencia de otras mujeres vinculadas al entorno del narcotráfico, Coronel no ha negado su participación en los hechos por los que fue procesada.

“En el caso de Emma Coronel, es una mujer que fue ya encarcelada, purgó su condena y hoy hace su vida. Yo creo que Emma Coronel, en lo particular, purgó una condena. No es como otras mujeres que dicen: ‘No, esto nunca pasó, yo no participé’. No, ella acepta, confiesa y purga una condena”, explicó la periodista.

Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del PRI en Tetecala, Morelos, y exdirector de Agua Potable, murió tras un ataque armado ocurrido la noche del viernes en la colonia Centro del municipio de Morelos. La agresión dejó a otro hombre sin vida y la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para establecer el móvil e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:40 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo, donde un grupo de hombres armados irrumpió y disparó contra las personas que se encontraban dentro. Los primeros reportes señalaron que los agresores ingresaron de manera violenta antes de abrir fuego.

Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos. Juárez Hernández fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde murió minutos después mientras recibía atención médica.

La identidad del dirigente priista fue confirmada de manera preliminar tras el doble homicidio. Además de encabezar el Comité Municipal del PRI en Tetecala, anteriormente se desempeñó como titular del Sistema de Agua Potable del municipio.

La agresión dejó dos hombres muertos en la calle Abasolo

Tras las detonaciones, elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas acudieron a la colonia Centro. Los agentes acordonaron el perímetro para preservar los indicios balísticos y permitir las diligencias ministeriales.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Regional Sur Poniente procesaron la escena. En las labores participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales.

Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos en dos puntos distintos: uno dentro o en las inmediaciones del inmueble donde ocurrió la agresión y otro en el hospital al que fue llevado Juárez Hernández. La diferencia respondió a que una de las víctimas murió en el sitio y la otra durante la atención médica.

El despliegue policiaco permaneció en la zona mientras el personal investigador recababa información sobre el ataque. Hasta ese momento, no se habían informado detenciones relacionadas con los hechos.

La Fiscalía de Morelos investiga el móvil y busca a los responsables

La FGE señaló que todas las líneas de investigación permanecían abiertas. La indagatoria buscaba reconstruir la mecánica de la agresión, determinar el motivo del ataque y localizar a quienes participaron en él.

La autoridad estatal no informó si los agresores conocían a las víctimas ni precisó cuántas personas ingresaron al domicilio. Tampoco dio a conocer información sobre el segundo hombre fallecido.

Los reportes preliminares indicaron que los atacantes habrían escapado después de disparar contra los ocupantes del inmueble. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Regional Sur Poniente, que integró los datos recabados por policías investigadores y peritos.

La ausencia de personas detenidas mantuvo abierta la búsqueda de los presuntos agresores. Las autoridades no difundieron datos sobre vehículos, armas aseguradas o posibles rutas de huida tras el ataque.

El PRI Morelos exigió justicia por el homicidio de su dirigente

El PRI Morelos condenó en redes sociales el asesinato de su dirigente municipal en Tetecala. El partido exigió que las autoridades esclarecieran el doble homicidio y sancionaran a quienes resultaran responsables.

“Exigimos justicia y castigo a los responsables. Morelos no puede seguir a merced de la violencia. ¡El gobierno debe responder! No vamos a guardar silencio”, publicó el partido tras conocerse el fallecimiento de Juárez Hernández.

El pronunciamiento identificó a la víctima como presidente del Comité Municipal priista en Tetecala. La dirigencia partidista vinculó el hecho con la violencia que enfrentaba Morelos y demandó una respuesta gubernamental.

Juárez Hernández murió después de ser llevado al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, mientras el otro hombre atacado falleció en el inmueble de la calle Abasolo. La Fiscalía mantuvo las indagatorias para esclarecer el doble homicidio.

Fuerzas federales y autoridades estatales localizaron, desmantelaron e inutilizaron cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera coordinada por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades de ambos estados.

De acuerdo con el funcionario, las acciones se desarrollaron en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero.

Los puntos fueron identificados como instalaciones empleadas por grupos criminales para actividades relacionadas con la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante las labores de desmantelamiento, las autoridades fueron atacadas con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Pese a la agresión, el operativo continuó hasta concretar la inutilización de los cuatro laboratorios.

Aseguran toneladas de precursores y equipo industrial

En los cuatro puntos intervenidos fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de una importante cantidad de equipo utilizado para los procesos de producción de drogas sintéticas.

El reporte difundido por García Harfuch señala el aseguramiento de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores de mil litros, además de secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial.

La intervención ocurrió en zonas utilizadas para instalar este tipo de infraestructura debido a las condiciones de aislamiento y difícil acceso que pueden ofrecer para las actividades clandestinas.

El secretario de Seguridad señaló que la destrucción de estos centros de producción tiene como objetivo afectar la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al impedir que continúen utilizando las instalaciones para fabricar drogas sintéticas.

“Cada laboratorio desmantelado reduce la capacidad de producción de droga y afecta directamente la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales”, afirmó el funcionario en la publicación con la que informó sobre el operativo.

La acción también forma parte de una estrategia federal que busca atacar no solamente los cargamentos de droga terminada, sino la infraestructura utilizada para producirla.

Guerrero, punto recurrente de operativos contra laboratorios

Los municipios de Zirándaro y Coahuayutla, en Guerrero, ya habían sido escenario de operativos similares durante septiembre.

El pasado 6 de septiembre, fuerzas federales localizaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en esos dos municipios. Uno se encontraba en Coahuayutla de José María Izazaga y dos más en Zirándaro de los Chávez.

En aquella operación fueron asegurados más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores, recipientes industriales y tanques de gas.

Las autoridades indicaron entonces que las instalaciones se encontraban en zonas de difícil acceso y que la operación fue resultado de la coordinación entre la SSPC, Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Los antecedentes muestran que la región de Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero continúa siendo objeto de operativos dirigidos contra infraestructura relacionada con la producción de drogas sintéticas.

Más de 2 mil 700 laboratorios inhabilitados

El nuevo operativo se suma a las acciones que el gobierno federal reporta desde el inicio de la actual administración para afectar la capacidad de producción de drogas sintéticas.

En agosto, García Harfuch informó que el Ejército y la Secretaría de Marina habían inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

El funcionario también reportó entonces el aseguramiento de aproximadamente 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilogramos de sustancias y precursores químicos.

Según los datos presentados por el secretario, estas acciones forman parte de un cambio en la estrategia de seguridad para atacar las cadenas de suministro, infraestructura, logística y recursos financieros de las organizaciones criminales, además del aseguramiento de drogas terminadas.

En el caso más reciente, la intervención en Carácuaro, Zirándaro y Coahuayutla estuvo acompañada por una agresión armada contra los elementos de seguridad.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas a raíz de este operativo ni identificaron públicamente al grupo criminal al que pertenecerían los laboratorios. Las investigaciones deberán establecer quiénes operaban las instalaciones y determinar si existen responsables vinculados con su funcionamiento.

La SSPC destacó que, pese al ataque registrado durante las labores, las fuerzas federales continuaron con el despliegue hasta inutilizar los cuatro centros clandestinos.

Un presunto delincuente fue abatido durante un enfrentamiento a balazos cerca del Complejo Petroquímico Pajaritos de Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que otros dos hombres que presuntamente formaban parte del mismo grupo lograron escapar.

Los hechos ocurrieron luego de que elementos de seguridad detectaron mediante cámaras de videovigilancia a tres hombres encapuchados que aparentemente portaban armas de fuego y se desplazaban a bordo de una camioneta tipo Van de color blanco por las vialidades de la zona industrial.

De acuerdo con el parte policial, los tres hombres estarían relacionados con una banda dedicada presuntamente al asalto de automovilistas que circulan por la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

La alerta derivó en un operativo para intentar detener a los sospechosos. Cuando los elementos de seguridad les marcaron el alto, los ocupantes de la camioneta presuntamente dispararon contra los uniformados, quienes repelieron la agresión.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y murió en el lugar. Los otros dos lograron escapar y, hasta los reportes disponibles, permanecían prófugos.

Presuntos asaltantes ya eran buscados

Según la información policial, los dos hombres que consiguieron escapar, al igual que el presunto delincuente abatido, estarían vinculados con diversos hechos delictivos registrados en esa zona durante los últimos meses.

El parte señala que los sospechosos ya habían sido identificados y eran buscados por distintas corporaciones policiales debido a su presunta participación en varios asaltos cometidos en el área.

La zona donde ocurrió el enfrentamiento es particularmente relevante por su cercanía con instalaciones de Petróleos Mexicanos. El Complejo Petroquímico Pajaritos forma parte del corredor industrial de Coatzacoalcos, una región donde convergen instalaciones petroleras, petroquímicas y vías de comunicación utilizadas para el traslado de mercancías y trabajadores.

De acuerdo con reportes locales, durante los últimos meses obreros de Pemex habían denunciado una serie de robos que presuntamente estarían relacionados con este grupo delincuencial.

Este hecho se suma así a una serie de incidentes de seguridad registrados en el sur del país, donde corporaciones estatales y federales mantienen operativos contra grupos dedicados a actividades delictivas.

Hasta la noche del viernes, el cuerpo del hombre abatido permanecía en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer su identidad y determinar formalmente su posible relación con los hechos delictivos que se le atribuyen al grupo.

Violencia reciente en el sur del país

El enfrentamiento en Coatzacoalcos ocurre luego de otro episodio de violencia registrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un ataque armado en una cancha de futbol de la colonia Las Granjas dejó tres personas muertas y varias más heridas.

La agresión ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre, cuando hombres armados irrumpieron en un espacio deportivo y comenzaron a disparar contra un grupo de personas. Los primeros reportes señalaron que los agresores habrían llegado a bordo de motocicletas y posteriormente escaparon.

Entre los lesionados se encontraba un menor de edad que recibió un impacto de bala en la cabeza. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona y la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que instruyó a las instituciones de seguridad para atender los hechos y localizar a los responsables, mientras que el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, ordenó el despliegue de agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como personal especializado en homicidios y asuntos estratégicos.

El ataque ocurrió apenas una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara desde Tuxtla Gutiérrez que el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas había disminuido 64 por ciento.

De acuerdo con los datos presentados por autoridades federales el 11 de septiembre, el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. El gobierno federal señaló que se trataba del promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Pese a ese indicador, el ataque en Las Granjas y el enfrentamiento registrado en las inmediaciones del complejo Pajaritos muestran que persisten episodios de violencia armada en distintos puntos del sur del país, mientras las investigaciones de ambos casos permanecen abiertas.

Autoridades mexicanas identificaron e incautaron más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico proveniente de Shangái, China, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad de México por medio de una publicación realizada en la red social X.

Se informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Aduanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron la mercancía proveniente del país asiático.

Por medio de un mecanismo de análisis de riesgo, control aduanero y seguimiento documental, se inmovilizaron más de 27 mil 200 kilogramos de esta sustancia, cuyo uso está relacionado con la elaboración de metanfetamina.

“Estas acciones fortalecen la inteligencia aduanera, la vigilancia en los puntos de ingreso al país y la detección de operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas”, concluyó el informe.

¿Qué es el ácido tartárico?

El ácido tartárico o ácido tártrico es un ácido orgánico dicarboxílico dihidroxilado, de fórmula molecular C₄H₆O₆ y fórmula estructural semidesarrollada, HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H.

De acuerdo con la nomenclatura IUPAC , le corresponde el nombre de ácido 2,3-dihidroxibutanodioico. Contiene, por lo tanto, dos grupos carboxílicos y dos grupos de alcohol en una cadena de hidrocarburo lineal de longitud cuatro. Es una sustancia de color blanco que se puede obtener del zumo de uva y de algunas frutas, como tamarindo, plátano, aguacate y los cítricos. Tiene utilidad como aditivo alimentario (antioxidante E334) y como saborizante, para dar un toque amargo a los alimentos. Su sal más conocida, el bitartrato de potasio, comúnmente denominada crémor tártaro, se produce de forma natural durante el proceso de fermentación.

En el mundo del narcotráfico, el ácido tartárico se emplea como precursor químico o sustancia de apoyo para la elaboración y purificación de metanfetaminas.

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en AICM

Apenas el pasado 15 de septiembre, se dio a conocer que la Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, tras un alertamiento proveniente de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un embarque de café tostado y molido contaminado con presunta cocaína base. El cargamento, que realizaba un tránsito internacional, quedó bajo resguardo de las autoridades tras ser identificado mediante binomios caninos. La carga venía de Bogotá y tenía como destino final España.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que ambas instituciones implementan para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior en la terminal aérea capitalina.

Las autoridades recibieron una alerta proveniente de la Defensa, por lo que se realizaron labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos durante el paso del cargamento por el AICM. Se trataba de un embarque declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas.

Marina y Aduanas hallaron que el producto, declarado en tránsito internacional, estaba contaminado con presunta cocaína base. El peso de la sustancia ilícita ascendió a aproximadamente mil 77 kilos, ocultos dentro de una mercancía de apariencia lícita.

Las diligencias realizadas permitieron determinar que la contaminación afectaba la totalidad del embarque, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de aseguramiento correspondientes sobre el volumen completo de la carga.

El cargamento, proveniente de Bogotá, quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM. A partir de ese momento, se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia hallada entre las bolsas de café.

Las autoridades procedieron con el aseguramiento, la seguridad y el control sobre la totalidad del embarque. El siguiente paso del proceso consiste en la obtención del dictamen técnico definitivo, que confirmará de manera oficial la composición de la sustancia detectada.

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La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro drones han sido inhabilitados del lado mexicano como parte de la operación binacional “Águila Alta”, desplegada en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California. Uno de los casos derivó además en la detención de un presunto operador dedicado al cruce ilegal de migrantes.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, informó este viernes que hasta ahora los cuatro dispositivos detectados durante el operativo fueron inhabilitados en territorio mexicano.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Irapuato, Guanajuato, el secretario precisó que se trata de drones comerciales que no estaban equipados con armas ni artefactos explosivos.

De acuerdo con la explicación del funcionario, los aparatos eran utilizados para vigilar las rutas empleadas para el tráfico de personas, con lo que los grupos dedicados a esta actividad podían observar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza.

Trevilla también aclaró que, hasta el momento, ningún dron ha sido inhabilitado por las autoridades estadounidenses durante esta fase de la operación. Los cuatro casos reportados corresponden a acciones realizadas del lado mexicano.

Uno de los drones regresó de EEUU a Tijuana

Uno de los casos ocurrió después de que autoridades estadounidenses detectaran un dron en su territorio. Según Trevilla, el aparato fue inhibido por las autoridades de Estados Unidos y posteriormente regresó hacia territorio mexicano.

Tras recibir la información de las autoridades estadounidenses, las fuerzas mexicanas se coordinaron para localizar el aparato y conseguir que descendiera en territorio nacional.

El operativo terminó también con la detención del presunto operador, quien, según el secretario de la Defensa, se dedica al cruce ilegal de migrantes.

La persona fue localizada durante los patrullajes y reconocimientos realizados en Tijuana, Baja California. En el procedimiento le fueron asegurados un arma corta, cargadores, cartuchos y el control utilizado para manejar el dron.

El episodio se convirtió así en uno de los resultados de la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses dentro de “Águila Alta”, cuyo objetivo es detectar aeronaves no tripuladas empleadas por organizaciones delictivas en la frontera.

Operación “Águila Alta” se mantiene hasta el 21 de septiembre

La operación binacional “Águila Alta” fue anunciada por la Defensa para la franja fronteriza de Tijuana-San Diego, con la participación de fuerzas de ambos países, pero cada una dentro de su respectivo territorio.

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el objetivo es detectar e inhabilitar drones de uso comercial empleados por delincuentes para vigilar a las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.

El operativo contempla dos fases. La primera se realizó entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, con ejercicios de coordinación y reconocimientos terrestres simultáneos. La segunda contempla el despliegue de fuerzas en la franja fronteriza y el empleo de equipos antidrones fijos y móviles, con actividades previstas hasta el 21 de septiembre.

La operación es similar al ejercicio realizado en marzo de este año en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde también se realizaron acciones coordinadas para detectar el uso criminal de drones.

La Defensa ha señalado que la cooperación con Estados Unidos se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada y confianza mutua.

También disminuyen los hallazgos de narcotúneles

Durante la conferencia, Trevilla fue cuestionado además sobre la situación de los narcotúneles utilizados en la frontera entre México y Estados Unidos.

El secretario aseguró que el hallazgo de este tipo de construcciones ha disminuido considerablemente y atribuyó parte de este resultado a la coordinación que mantienen las autoridades de ambos países.

“Han disminuido mucho los encuentros de túneles de este tipo”, afirmó el titular de la Defensa al referirse a las operaciones conjuntas en la zona fronteriza.

La información sobre los drones ocurre además después de que autoridades estadounidenses y mexicanas intercambiaran datos sobre un aparato detectado en la zona de Tijuana. Ese intercambio permitió ubicar el dispositivo en territorio mexicano y detener a quien las autoridades identificaron como su operador.

Con la operación todavía en curso, la Defensa reporta cuatro drones inhabilitados en territorio mexicano, todos identificados como aparatos comerciales sin armamento o explosivos y utilizados presuntamente para tareas de vigilancia vinculadas con el tráfico ilegal de personas.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó dos órdenes de aprehensión contra Benito “N”, de 43 años, y María “N”, de 45, por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y daños dolosos, relacionados con una amenaza dejada en una institución educativa de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2026 en un plantel ubicado en el fraccionamiento Villas del Río, donde presuntamente los dos implicados realizaron una pinta en las instalaciones y dejaron un mensaje de amenaza acompañado de una corona fúnebre.

La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) realizó las diligencias correspondientes para localizar a los dos sospechosos y cumplimentó las órdenes emitidas en su contra.

Tras su aprehensión, Benito “N” y María “N” fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

El caso se remonta al inicio del ciclo escolar, cuando la presencia de la corona y el mensaje provocaron preocupación entre las familias de los estudiantes.

Corona fúnebre apareció en el inicio del ciclo escolar

El 1 de septiembre, un grupo de padres, madres y tutores de alumnos del Colegio Inglés de Durango, ubicado en Culiacán, acudió al exterior del plantel para exigir garantías de seguridad para los estudiantes.

La protesta ocurrió después de que durante la madrugada del 31 de agosto fuera colocada una corona fúnebre acompañada de una frase amenazante: “Aquí va tronar ALV”.

La amenaza ocurrió precisamente en el primer día del ciclo escolar 2026-2027. A pesar del mensaje, las clases no fueron suspendidas y los alumnos ingresaron al plantel.

Familiares cuestionaron que la comunidad escolar no hubiera sido informada oportunamente sobre lo ocurrido. Consuelo Robles, abuela de tres alumnas, aseguró que varias familias conocieron la situación por medios de comunicación y redes sociales antes de recibir información de la escuela.

“Supimos que el reporte se puso a las cuatro de la mañana”, señaló la mujer, quien cuestionó que los padres no hubieran sido alertados con anticipación para decidir si enviarían o no a sus hijos a clases.

La preocupación se concentró particularmente en que la corona fúnebre había sido colocada en las instalaciones correspondientes a primaria y kínder, donde estudian los alumnos de menor edad.

Padres pidieron inspecciones y descartaron riesgos

Además de exigir información sobre una posible denuncia ante el Ministerio Público, los padres solicitaron que las autoridades realizaran inspecciones de seguridad en el plantel, incluso con binomios caninos, para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Robles reclamó que se informara si la Fiscalía ya había abierto una investigación y qué medidas preventivas se habían implementado después de la amenaza.

La madre Neftalí Gómez, otra de las familiares que participaron en la protesta, cuestionó la presencia de elementos militares en el acceso al colegio. Según su testimonio, los efectivos permanecieron en la entrada durante el ingreso de los estudiantes, pero se retiraron posteriormente y no realizaron una inspección interna del plantel.

Ante la incertidumbre, algunas familias plantearon que se recurriera temporalmente a clases virtuales mientras las autoridades investigaban los hechos y descartaban riesgos para los alumnos.

La amenaza también ocurrió en un contexto de preocupación por la seguridad de los planteles educativos de Sinaloa. Ese mismo periodo, autoridades desplegaron elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y municipales en distintos puntos del estado como parte de las acciones de vigilancia durante el regreso a clases.

Ahora, con la ejecución de las órdenes de aprehensión contra Benito “N” y María “N”, la investigación cuenta con dos personas señaladas por su probable participación en los hechos. Será el juez correspondiente quien determine su situación jurídica y si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

La Fiscalía estatal no informó, en el comunicado sobre las aprehensiones, si los dos sospechosos tienen alguna relación con una organización criminal o cuál habría sido el motivo específico para realizar la amenaza contra el plantel.

La agenda de seguridad en Zacatecas tuvo este jueves dos mensajes provenientes de encuentros con representantes de Estados Unidos. Por un lado, el gobernador David Monreal Ávila aseguró que su administración ha obtenido avances bajo una estrategia de pacificación; por otro, el embajador estadounidense Ronald Johnson volvió a referirse al ataque con un vehículo cargado de explosivos ocurrido en el municipio de Ojocaliente.

Monreal informó que recibió en Zacatecas a legisladoras y legisladores que participan en la II Asamblea de Legisladores de California, encuentro que, de acuerdo con el mandatario, busca fortalecer los vínculos de colaboración entre el estado mexicano y California.

A través de sus redes sociales, el gobernador señaló que durante la reunión se abordaron temas como migración, economía, cultura, educación y turismo.

Sin embargo, entre los asuntos tratados destacó también la seguridad. Monreal afirmó que compartió con los representantes estadounidenses los avances alcanzados en esta materia y los atribuyó a la estrategia de pacificación implementada por su administración.

El mandatario sostuvo que esta estrategia ha permitido consolidar resultados y avanzar hacia un Zacatecas más seguro. El gobierno estatal ha señalado recientemente reducciones en distintos delitos y ha destacado la participación de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad en estas acciones.

Ronald Johnson recuerda el coche bomba de Ojocaliente

Mientras el gobernador hablaba de los avances de seguridad ante representantes de California, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, publicó un mensaje en el que puso nuevamente el foco sobre uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en Zacatecas.

El diplomático recordó el ataque con un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido entre el 30 y 31 de agosto, y expresó solidaridad con las personas heridas y sus familias.

Johnson calificó el hecho, desde la posición del gobierno estadounidense, como un “crudo recordatorio” de la violencia que las organizaciones terroristas están dispuestas a infligir en las comunidades. También afirmó que Estados Unidos continuará trabajando con México para enfrentar a esas organizaciones y a quienes resulten responsables.

La utilización del término “organizaciones terroristas” corresponde al mensaje del embajador estadounidense. En México, las investigaciones sobre el ataque continúan y las autoridades han señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable.

El ataque dejó heridos y daños materiales

El coche bomba explotó frente a las instalaciones policiales de Ojocaliente y provocó afectaciones tanto en la comandancia como en viviendas y vehículos de la zona.

De acuerdo con información presentada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el vehículo habría sido cargado con al menos 200 kilogramos de explosivos. El funcionario informó que el ataque dejó 11 personas heridas, además de daños en 63 viviendas y 15 vehículos.

La investigación también derivó en la detención de tres presuntos responsables. Una de las primeras capturas fue la de un hombre identificado como Juan Pedro “N”, a quien las autoridades relacionaron con la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Posteriormente fueron detenidos otros dos hombres señalados por presuntamente realizar labores de vigilancia para facilitar el ataque.

El gobierno estatal había informado previamente que existían indicios de la posible participación del CJNG. La investigación federal, según lo expuesto por García Harfuch, ubicó el atentado dentro de una disputa entre células del CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de rutas de narcotráfico.

El contraste entre ambos mensajes se produce en un momento en que Zacatecas busca proyectar ante autoridades estadounidenses los avances de su estrategia de seguridad, mientras que desde Washington se mantiene la atención sobre los episodios de violencia registrados en la entidad.

La reunión de Monreal con los legisladores de California tuvo como uno de sus ejes la cooperación bilateral, incluida la seguridad, mientras que el pronunciamiento de Johnson volvió a colocar en la conversación binacional el atentado con explosivos que sacudió a Ojocaliente apenas unas semanas antes.

Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido en Cuautla, Morelos, después de que un ciudadano lo reconociera en la vía pública y alertara a la policía. La Fiscalía estatal anunció que buscará una pena de hasta 70 años de prisión.

El hombre, de 37 años, ya contaba con antecedentes ante las autoridades antes del asesinato de Claudia. De acuerdo con el historial criminal presentado tras su captura, había sido detenido en cinco ocasiones y había ingresado en igual número de veces a la cárcel distrital de Cuautla.

En 2007 fue detenido en dos ocasiones por el delito de robo calificado. Tres años después, en 2010, volvió a ser arrestado, esta vez por robo a transeúnte con violencia y robo calificado.

En 2023 enfrentó una nueva detención por allanamiento de morada, lesiones y amenazas.

Ese historial antecede a la investigación que ahora enfrenta por el feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido el sábado pasado en Cuautla.

Lo reconocieron en La Alameda

La captura de Meléndez ocurrió después de que un ciudadano asegurara haberlo identificado mientras caminaba por el centro de Cuautla.

El hombre publicó en Facebook un aviso en el que alertaba que había visto al presunto responsable del asesinato de la estudiante española en la zona de La Alameda. También proporcionó una descripción de su vestimenta y advirtió que el sospechoso se había rapado.

El mensaje fue publicado alrededor de las 17:24 horas y, cerca de las 18:00 horas, comenzó a difundirse información sobre la detención de Meléndez.

La captura fue confirmada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó sobre el aseguramiento del hombre señalado como presunto responsable del feminicidio.

Tras ser detenido, Meléndez quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con el procedimiento correspondiente.

Fiscalía señala el robo del celular como móvil

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que, de acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen habría sido el robo del teléfono celular de Claudia Tacoronte.

El fiscal explicó que la joven había acudido a la Casa de Cultura de Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional.

El sábado, alrededor de las 20:00 horas, Claudia salió al estacionamiento después de cenar para fumar un cigarro y hablar por teléfono. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, fue en ese lugar donde habría ingresado el ahora detenido y ocurrido la agresión que terminó con la muerte de la estudiante.

La Fiscalía descartó que, con base en las investigaciones realizadas hasta ese momento, se tratara de un ataque de índole sexual.

Blumenkron Escobar adelantó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión, al considerar que en el caso se configuran las circunstancias de violencia extrema contempladas para el delito de feminicidio.

La solicitud de la Fiscalía deberá ser analizada dentro del proceso judicial y corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal del acusado y, en su caso, la sanción aplicable.

“La detención no significa que el caso está cerrado”

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Claudia Tacoronte y señaló que la captura del sospechoso no representa el cierre de la investigación.

La mandataria sostuvo que deberán esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades conforme a la ley.

En tanto, las autoridades estatales destacaron la coordinación con el gabinete de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República, además de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, rechazó señalamientos relacionados con una supuesta respuesta tardía de la policía y de los servicios de emergencia, y afirmó que las corporaciones habían mantenido patrullajes de vigilancia en la zona.

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar a Morelos para realizar el reconocimiento correspondiente y solicitar información sobre los últimos momentos de la joven. También se esperaba la presencia del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero.

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del propietario de una joyería en Mexicali, Baja California, ocurrido el pasado martes 15 de septiembre. Uno de los sospechosos fue señalado por la Fiscalía estatal como presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos.

La víctima, identificada como Juan Bladimir, fue asesinada afuera de su establecimiento luego de que dos hombres ingresaran al negocio y, de acuerdo con las primeras investigaciones, uno de ellos utilizara una consulta aparentemente rutinaria para facilitar el ataque.

La fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó sobre la detención de Abraham “N”, Ángel Salvador “N” y Víctor Abraham “N”, quienes estarían relacionados con el homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la funcionaria, uno de los individuos llegó al establecimiento con unos tenis en la mano y preguntó por una pila para reloj. Posteriormente ingresó otro hombre, quien presuntamente sacó un arma de fuego.

En ese momento, la víctima realizó una maniobra repentina y el agresor accionó el arma.

El disparo impactó directamente en la cabeza de Juan Bladimir, quien cayó al suelo. Después del ataque, los responsables salieron del establecimiento y huyeron a bordo de un vehículo de color rojo.

La Fiscalía señaló que el hombre que inicialmente había ingresado para preguntar por la pila del reloj presuntamente aprovechó el momento para apoderarse de las joyas que se encontraban en el mostrador antes de escapar.

Cámaras de vigilancia llevaron hasta los sospechosos

Las investigaciones avanzaron a partir del análisis de las cámaras de videovigilancia, mediante las cuales las autoridades lograron identificar un vehículo Hyundai de color rojo relacionado con el crimen.

La unidad fue localizada en la colonia Villa Las Lomas, donde los agentes detuvieron a uno de los presuntos responsables.

A partir de las diligencias posteriores, los investigadores lograron identificar a los otros dos individuos que presuntamente participaron en el homicidio, por lo que también fueron detenidos.

Entre los sospechosos se encuentra Víctor Abraham “N”, a quien la Fiscalía identifica como presunto integrante de Los Rusos, grupo delictivo que opera en Mexicali.

La dependencia estatal también informó que este hombre contaba con antecedentes por homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la salud, robo con violencia y violencia familiar.

Las autoridades no han informado públicamente, en la información proporcionada, cuál habría sido la participación específica de cada uno de los tres detenidos más allá de la reconstrucción inicial de los hechos.

El caso se suma a las investigaciones recientes relacionadas con Los Rusos en Mexicali, organización a la que autoridades han atribuido actividades vinculadas con el narcotráfico y hechos violentos en la región.

Los Rusos y la reciente captura de “El Ciego”

El señalamiento contra Víctor Abraham “N” ocurre apenas un día después de que autoridades informaran sobre la detención de Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, identificado como presunto integrante de Los Rusos en Mexicali.

De acuerdo con la información difundida sobre ese operativo, “El Ciego” era buscado mediante una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y las autoridades lo señalaban como presunto generador de violencia en la región.

También se le atribuyeron funciones relacionadas con la distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, extorsiones, sicariato y amenazas e intimidaciones contra integrantes de corporaciones de seguridad.

Su captura fue realizada mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y autoridades estatales.

“El Ciego” ya había sido detenido en julio de 2025 junto con otras cuatro personas. En aquella ocasión, las autoridades aseguraron cocaína y metanfetamina durante una revisión vehicular.

Además, previamente había sido relacionado con amenazas contra policías, luego de que fuera localizada una bolsa con pan dulce y una servilleta que contenía un mensaje intimidatorio dirigido a agentes de seguridad.

En el caso del joyero, la Fiscalía de Baja California continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad individual de los tres detenidos y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio y el robo de las piezas de joyería.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo desde Irapuato, Guanajuato, que el decomiso de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en instalaciones ubicadas en tres municipios de Guanajuato, no están relacionadas al caso del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado mes de julio, y acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Ruffo, de 74 años de edad, fue detenido en el municipio de Ensenada, Baja California. Él fue identificado como el principal accionista mayoritario de la empresa Ingemar, firma relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionado con huachicol fiscal.

Habrá detenidos, asegura Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo, ante la pregunta de un periodista, que en los casos más importantes donde ha habido aseguramientos de este tipo, por ejemplo, el buque con más de 10 millones de litros, o en el norte del país, donde se hizo un gran aseguramiento, hay detenciones, sin embargo, estas ocurren después de que se encuentra el combustible.

“En este caso, esto empezó el 3 de julio del 2026 con la detención de una pipa, y de una pipa se sacó toda la información para este predio, como ya lo dijo la señora presidenta, el aseguramiento está, y las detenciones y la investigación, por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después, en ese predio, en ese momento, no había nadie por lo evidente, era una movilización grande entre el gobierno, de las autoridades estatales y del gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que en los otros casos, se van a dar”.

Señaló que no ha habido un solo caso de este tipo, donde haya habido aseguramientos grandes, que no hubiera detenidos.

Harfuch dijo que en el momento en el que se realizó el cateo, no había nadie que cuidara el predio. “Repito, en todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos, y en este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos y lo vamos a reportar aquí”, aseguró Harfuch.

El secretario de seguridad dijo que el lugar era una instalación de almacenamiento, que más adelante se dará la explicación de qué era exactamente esa instalación. Además, dijo que tenía entendido que el lugar no pertenecia a Petróleos Mexicanos, y señaló que otros detalles los dará a conocer la Fiscalía, pues es un aseguramiento muy reciente.

“Aquí lo relevante es que se operó, se hizó un aseguramiento sumamente importante, y fue precisamente, no solo con el gobierno Federal, fue con las autoridades estatales también”, expuso, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) daría a conocer qué grupo delictivo operaba el sitio, para evitar dar una información incorrecta o especular.

El pasado jueves 18 de septiembre, se dio a conocer el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, lo que es el mayor operativo de este tipo registrado en el país.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, el pasado 3 de julio, un chofer de una pipa que transportaba combustible, fue detenido mientras descargaba el hidrocarburo en una gasolinera de San Luis de la Paz.

El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo de los 33 mil litros de diésel que transportaba. El hallazgo derivó en diligencias adicionales que, con el tiempo, escalaron hasta convertirse en el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país.

A partir de esa detención, el Ministerio Público Federal autorizó técnicas de investigación que permitieron rastrear la red de distribución vinculada al mismo propietario en distintos puntos del estado.

La cifra exacta que maneja la FGR es de 59 millones 036 mil 870.527 litros, distribuidos en tres tipos de combustible:

• 33,504,067.406 litros de gasolina regular
• 18,265,989.504 litros de diésel
• 7,266,813.617 litros de gasolina premium

El volumen equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos.

Tres cateos en cadena hasta llegar a San José Iturbide

La FGR ejecutó tres órdenes de cateo derivadas de la misma pesquisa. La primera se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz, donde comenzó todo. La segunda se llevó a cabo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, propiedad del mismo dueño.

El tercer cateo, el de mayor magnitud, se ejecutó en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. Ahí se concentró la totalidad del volumen reportado: diez contenedores cilíndricos descritos como diques de gran capacidad de almacenamiento, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable.

En las diligencias participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, que actuaron como testigos de asistencia durante los cateos.

Un grupo de 31 migrantes fue localizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dentro de un camión utilitario modificado cerca de Ocotillo, California, después de que el conductor los abandonara y huyera hacia México.

El caso fue reportado el 16 de septiembre de 2026 por el Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, que difundió imágenes del vehículo y del momento en que los migrantes fueron encontrados en una zona desértica.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, los traficantes habían introducido a las 31 personas en la parte de carga de un camión utilitario modificado y las trasladaron a través del desierto cercano a Ocotillo, una comunidad del condado de Imperial ubicada a pocos kilómetros de la frontera con México.

La fotografía difundida por la corporación muestra el compartimento trasero del vehículo, acondicionado para transportar al grupo. En otra de las imágenes aparecen agentes y migrantes mientras son conducidos fuera de la zona donde fueron abandonados.

La Patrulla Fronteriza señaló que el traslado ocurrió bajo las condiciones de calor del desierto de California, una zona en la que las temperaturas pueden superar los 100 grados Fahrenheit durante los meses de mayor calor.

El conductor huyó hacia México

Según el Sector El Centro, los agentes localizaron al grupo después de que el conductor abandonara el vehículo y huyera hacia México, aparentemente al considerar que la frontera era el destino final de su escape.

Los 31 migrantes quedaron bajo custodia de los agentes estadounidenses, mientras que el conductor fue posteriormente detenido por autoridades mexicanas, de acuerdo con la información difundida por la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades estadounidenses no dieron a conocer, en la publicación difundida en redes sociales, las identidades, edades o nacionalidades de las personas encontradas en el vehículo.

El caso quedó relacionado con una operación de tráfico de personas, debido a la forma en que el grupo fue trasladado y ocultado dentro del vehículo. La propia Patrulla Fronteriza describió que los traficantes habían llevado a las personas “como mercancía” a través del desierto.

El hallazgo también expone los riesgos de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El calor extremo, la falta de ventilación y el aislamiento de las zonas desérticas pueden convertir los traslados en vehículos cerrados en situaciones de peligro para quienes son transportados.

Semanas antes, México desmanteló una red que usaba túneles

El caso ocurre poco más de dos semanas después de un operativo realizado en México contra otra organización dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

El 28 de agosto, autoridades mexicanas informaron la detención de ocho presuntos integrantes de una organización identificada como “La Tía” o “La Nueva Empresa”, señalada por utilizar túneles clandestinos en Ciudad Juárez para trasladar migrantes hacia territorio estadounidense.

En aquella operación, realizada en Jalisco y Chihuahua, fue detenida la presunta líder de la organización, identificada como Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”. Las autoridades señalaron que la célula no solamente estaba relacionada con tráfico de migrantes, sino también con delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión.

La investigación mexicana comenzó en enero, después de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que advertía sobre una posible red dedicada al traslado de personas hacia ese país. Durante los cateos fueron aseguradas dos camionetas, 31 teléfonos celulares y equipo electrónico y de cómputo.

Aunque el caso de los 31 migrantes encontrados en Ocotillo no ha sido vinculado públicamente con aquella organización, ambos hechos muestran distintas modalidades empleadas para intentar trasladar personas desde México hacia Estados Unidos: mientras una investigación apuntó al uso de túneles clandestinos, el episodio más reciente involucró un vehículo modificado para ocultar y transportar a decenas de personas.

La detención del conductor en México añade además un componente binacional al operativo, luego de que el sospechoso cruzara de regreso al territorio mexicano tras abandonar al grupo en el desierto californiano.

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La Embajada de Estados Unidos en México aseguró que el gobierno de Donald Trump utiliza “todas las herramientas disponibles” para combatir a los cárteles y advirtió que quienes los apoyen enfrentarán consecuencias. El mensaje fue difundido tras una acusación presentada en Texas contra un inmigrante indocumentado señalado por presuntamente brindar apoyo material al Cártel del Golfo.

Información ampliada:

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, en posesión de armas de fuego y cerca de 300 dosis de narcóticos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los detenidos serían presuntos integrantes de una célula afín al grupo delictivo conocido como la “Anti Unión”.

Los detenidos son Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, de 17 años de edad; David Ulises Gallegos Huerta, de 17 años; y Jaime Rodríguez Pichardo, de 38 años.

“El Fideos”, se desempeñaría presuntamente como uno de los sicarios de “El Felipe”, identificado como uno de los jefes de la Anti Union.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal estaría vinculada al homicidio de dos mujeres ocurrido un día antes en inmediaciones de la colonia Morelos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a través de su cuenta en la red social X.

La detención se originó por trabajos de inteligencia e investigación policial para combatir delitos de alto impacto en la zona Centro de la capital. “Los oficiales realizaban vigilancias móviles cuando detectaron a los sujetos manipulando un objeto similar a un arma de fuego y diversas bolsas de posibles narcóticos”, en el cruce de las calles Claridad y González Ortega, colonia Morelos.

Armas y casi 300 dosis de droga aseguradas

Al encontrarse ante la posible comisión de un hecho delictivo, los uniformados se aproximaron a los sujetos y, tras identificarse, les realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial.

Durante la inspección, los oficiales hallaron un arma de fuego larga de color negro, un arma corta, nueve cartuchos y una báscula gramera. También se aseguraron 98 bolsitas con aparente marihuana, 95 bolsitas con posible metanfetamina y 99 bolsitas con características propias de cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

En total, la SSC contabilizó cerca de 300 dosis de sustancias entre los tres narcóticos asegurados. Por estos hechos fueron detenidos un hombre de 38 años y dos personas de 17, a quienes se les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La célula estaría afín a la “Anti Unión”

En su mensaje, Vázquez Camacho precisó que los tres detenidos pertenecerían a una célula afín al grupo delictivo conocido como la “Anti Unión”. Según el secretario, esta organización está relacionada con los delitos de extorsión, cobro de piso y venta de narcóticos en la zona centro de la Ciudad de México.

El funcionario no ofreció mayores detalles sobre la estructura de la célula ni sobre el rango de los tres detenidos dentro de la organización. El comunicado de la SSC, por su parte, la describió de forma más genérica como un “grupo delictivo generador de violencia” que opera en la zona Centro de la capital.

Presunto vínculo con el doble homicidio

Un dato que centró la atención tanto del comunicado como del mensaje del secretario es la relación que las autoridades establecen entre los tres detenidos y el homicidio de dos mujeres, ocurrido el día previo en inmediaciones de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Según el comunicado oficial 2546/2026, de acuerdo con las investigaciones, la célula criminal a la que pertenecerían los detenidos “está vinculada” a ese homicidio.

De forma extraoficial, el periodista Antonio Nieto habría compartido que “El Fideos” habría invitado a las mujeres a la fiesta donde las ultimaron. En su misma publicación afirmó que a “El Fideos” se le contabilizan al menos 10 homicidios.

Mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana

Tras informar sobre la detención, Vázquez Camacho publicó un mensaje en el que reiteró el compromiso de la corporación con el combate a los grupos generadores de violencia. “Seguiremos combatiendo a los grupos generadores de violencia que atentan contra la ciudadanía, para la construcción de una ciudad más justa, segura y en paz”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje del secretario se difundió bajo la etiqueta “Importante” y mencionó directamente a las cuentas oficiales de la alcaldía Cuauhtémoc y de la SSC capitalina.

Un posible móvil: acusación de “traición” contra una de las víctimas

Un reporte del periodista Carlos Jiménez, difundido en redes sociales, aportó una posible explicación sobre el móvil del ataque. Según esa información, Odette Rosas, una de las dos víctimas, era identificada como novia de un integrante de la Anti Unión.

De acuerdo con esa versión, la joven y su amiga Abigail Herrera habrían sido señaladas como “traidoras” por integrantes de ese grupo criminal. La acusación en contra de Rosas era que habría intentado ponerlos en contacto o relacionarlos con integrantes de la Unión Tepito, organización rival en la disputa por el control de la zona de Tepito.

El reporte de Jiménez también indica que ambas jóvenes fueron atacadas después de abandonar una reunión, hecho que coincide con la versión de que salieron de una fiesta en la colonia Morelos alrededor de las 3:00 de la madrugada, minutos antes de ser interceptadas por los agresores.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente esta versión ni han informado que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal. El móvil del doble homicidio continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca establecer si el ataque estuvo relacionado con una disputa entre grupos criminales o con las acusaciones que, según el reporte, pesaban sobre una de las jóvenes.

Muchos de los corridos en México son prácticamente la historia de la vida de los narcos adornada y por supuesto, validada por ellos mismos, incluso escrita por encargo como una forma de ser una especie de “leyenda”, claro está que no narrarán los atroces eventos que han dejado millones de muertos por décadas y más de 135 mil desaparecidos. Muestra de ello es el corrido del narco más poderoso de México líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actualmente y el más buscado por Estados Unidos, Juan Carlos Valencia González alias “El Pelón” o “El 03″, el grupo FN le escribió un tema en su álbum Billetes Verdes en 2020 donde ubicó a Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” como el 01 y a Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, su hermanastro, como el “02″.

La canción se llama “El Número 3” y la letra lo describe como “decidido”, hijo de “un hombre de honor”, y alude al encarcelamiento de “El Menchito”, su medio hermano. También presentó a Nemesio Oseguera como “su padre” el cual era el jefe máximo del CJNG (hasta que murió abatido el 22 de febrero) y atribuyó a “El 03” gusto por los autos, las metralletas y las mujeres, aunque el personaje afirmó: “No me gusta usar violencia, pero hay veces que, la neta, lo amerita la ocasión”.

El corrido también relató un supuesto operativo gubernamental en el que murieron cuatro integrantes del grupo y “El Mencho” logró escapar antes de 2020 que se hizo la canción. En otra estrofa, el narrador dedicó palabras a Rosalinda González Valencia, madre de “El 03”, a quien llamó “señora de hierro” y “mi razón de ser”.

Describe en este tema su relación paternal de admiración y respeto con El Mencho llamándolo “padre” aunque en realidad fue su padrastro, aunque lo crió desde muy pequeño. Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, apodado “el Maradona”, fundador del extinto Cártel del Milenio.

A diferencia de los homenajes públicos que durante años rodearon a “El Mencho” en comunidades de Jalisco y Michoacán, no existieron registros de celebraciones, mensajes o manifestaciones relacionadas con el cumpleaños 42 de Valencia González, el pasado 12 de septiembre. Su bajo perfil siguió el modelo de su padrastro, conocido durante años por la escasez de fotografías y datos confirmados sobre su vida personal.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Estados Unidos elevó a USD 25 millones la recompensa por información que condujera a su captura. El hombre, nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, llegó a la cúpula del cártel con doble nacionalidad, una red familiar ligada a tres organizaciones criminales y un perfil público casi inexistente.

La recompensa fue anunciada el 5 de agosto de 2026 junto con cargos penales contra ocho mandos de la organización y un paquete de hasta USD 102 millones repartido entre fugitivos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todd Blanche, fiscal general en funciones de Estados Unidos, sostuvo: “El pueblo estadounidense nos dio el mandato de mantener a este país seguro, y no descansaremos hasta cumplirlo”.

El monto ofrecido por Valencia González superó los USD 15 millones que se llegaron a ofrecer por “El Mencho” cuando permanecía prófugo. También fue equiparado con la recompensa que Estados Unidos fijó en su momento contra Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda.

La designación ocurrió después de que el Ejército mexicano abatió a “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. La baja del fundador abrió una disputa por el control de una estructura que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera y una de las agrupaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas.

Tres grupos criminales confluyeron en la trayectoria de Valencia González

La primera estructura que rodeó a “El 03” fue el extinto Cártel del Milenio, fundado por su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, “El Maradona” o “El Juanito”. Ese grupo y el Cártel de los Valencia llegaron a traficar hasta una tercera parte de la cocaína que salía de México hacia California y Chicago, mientras utilizaban negocios legales, incluida la agricultura, como fachada.

Valencia Cornelio fue jefe directo de “El Mencho” durante los primeros años de su carrera criminal. El 15 de agosto de 2003 fue capturado en Jalisco durante un operativo conjunto del Ejército mexicano y autoridades federales; enfrentó acusaciones por delincuencia organizada, tráfico de cocaína y lavado de dinero, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos.

La detención debilitó al Cártel del Milenio y provocó su fragmentación en facciones que pelearon por plazas criminales. De ese proceso surgió la organización que después se consolidó como el CJNG bajo el mando de Oseguera Cervantes, quien había sido uno de los hombres de confianza de Valencia Cornelio.

En 2020, “El Maradona” salió del Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, después de 17 años detenido. Padecía cáncer linfático y obtuvo una reducción de sentencia por buen comportamiento y razones de salud; no hubo información oficial sobre su paradero tras la liberación.

El segundo eje familiar fueron Los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia, tío materno de “El 03”. Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael, migró de manera indocumentada a Estados Unidos durante su infancia y trabajó en campos agrícolas antes de que la familia regresara a México.

De manera extraoficial se indicó que Rosalinda conoció a “El Mencho” en California cuando Juan Carlos tenía dos años. La relación unió al Cártel del Milenio, a los Valencia, a Los Cuinis y, posteriormente, al CJNG; esa red convirtió a Los Cuinis en brazo financiero y logístico de la organización jalisciense.

El tercer componente fue el propio CJNG, donde Valencia González fue formado desde joven y recibió el mando de células armadas. El heredero inicialmente previsto habría sido “El Menchito”, hijo biológico de “El Mencho”, pero fue detenido el 30 de enero de 2014 en Zapopan, extraditado el 21 de febrero de 2020 y condenado a cadena perpetua el 7 de marzo de 2025.

Grupo Delta y Grupo Élite fueron atribuidos a “El Pelón”

Antes del aumento de la recompensa, Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por datos que llevaran a su captura. Valencia González también fue identificado con los alias “R3” y “Tricky Tres”, mientras documentos judiciales y reportes de la Sedena lo ubicaron como fundador de Grupo Delta y Grupo Élite.

Esas células recibieron entrenamiento militar y participaron en disputas territoriales contra el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana. La Sedena documentó tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y presencia de exmilitares colombianos como instructores de los grupos armados.

La FGR lo habría relacionado con el secuestro de dos mujeres de la Defensa en Puerto Vallarta durante 2022, como represalia por la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, lugarteniente del CJNG. También se le habría vinculado con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar en 2016, el ataque contra el exfiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos.

Una acusación en la Corte Federal del Distrito de Columbia, presentada desde octubre de 2020, lo señaló por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y opioides sintéticos, además de delitos relacionados con armas de fuego durante operaciones de narcóticos. Informes oficiales lo ubicaron además detrás de narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, en febrero de 2024.

La presión contra “El 03” también alcanzó sus bienes. En julio de 2026, el Departamento de Justicia promovió el decomiso civil de un rancho de 1.9 hectáreas (4.8 acres) en Hemet, California, comprado en marzo de 2011 por USD 250,000 bajo el nombre de Juan Carlos González; el valor catastral era de USD 326,692 y estimaciones inmobiliarias lo ubicaron hasta en USD 841,000.

El Departamento del Tesoro designó el 23 de julio de 2026 a más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas con el CJNG. Desde junio de 2025, Estados Unidos revocó 93 visas de familiares y asociados de narcotraficantes ligados a cárteles con designación terrorista, incluidas 26 canceladas el 5 de agosto a personas relacionadas con el grupo jalisciense.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos estimó que el CJNG tenía entre 15,000 y 20,000 integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Bajo el mando de “El 03” quedaron Grupo Delta y Grupo Élite, las células armadas que fundó antes de tomar el control total del cártel.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo simultáneo en los municipios de Angamacutiro y Puruándiro, Michoacán, como parte del seguimiento a la captura de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”. Según informó la Guardia Civil de Michoacán, la acción dejó 18 personas detenidas y la intervención de 28 inmuebles.

Entre los arrestados figuran cuatro policías municipales, incluido Timoteo “N”, quien funge como director de Seguridad Pública de Angamacutiro.

Qué se aseguró en el operativo

Según el reporte de la Guardia Civil de Michoacán, en Angamacutiro y Puruándiro se intervinieron 28 inmuebles y se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico vinculados a la estructura criminal.

La Guardia Civil indicó que mantiene labores coordinadas con la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para avanzar en la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

La infiltración en la policía municipal

Uno de los hallazgos del operativo fue la detención de cuatro elementos de la policía municipal de Angamacutiro, entre ellos el director de Seguridad Pública del municipio.

El funcionario detenido fue identificado como Timoteo N. Presuntamente en el momento en que intervinieron las autoridades federales, fue localizado entre los policías un civil que portaba la insignia de la corporación sin formar parte de ella. Ese civil sería parte de la estructura criminal que lideraba Rendón Aguilar.

El origen del operativo: la captura de “El Señor de la T”

El despliegue en Angamacutiro y Puruándiro se produjo como seguimiento a la detención de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, capturado el 17 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó al detenido, de 51 años, como presunto coordinador regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, Rendón Aguilar mantenía presencia y operación criminal en cinco municipios del Bajío michoacano: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. Las autoridades lo relacionan con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

El detenido contaba además con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Casos de violencia atribuidos a la célula

Las investigaciones vinculan a Rendón Aguilar con dos hechos graves registrados en la región. En Penjamillo, se le relaciona con el homicidio del síndico municipal Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025.

En Angamacutiro, las autoridades lo señalan como probable responsable de la desaparición de la exalcaldesa Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024.

Ambos casos figuran entre los hechos más graves atribuidos a su célula en la zona del Bajío michoacano. El detenido también aparece mencionado en otras investigaciones de desapariciones registradas en la región, sin que las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas.

Rendón Aguilar mantenía además una relación operativa cercana con Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como otro líder regional de la misma organización criminal en la zona.

Marco institucional del despliegue

La captura de “El Señor de la T” y el posterior operativo en Angamacutiro y Puruándiro se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno federal para combatir a grupos delictivos señalados por afectar a familias y sectores productivos.

En las acciones participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Guardia Civil de Michoacán señaló que mantiene acciones operativas en coordinación con instancias federales para combatir la extorsión y detener a objetivos generadores de violencia en la entidad.

En diferentes acciones realizadas en los estados de Sinaloa y Nayarit, fuerzas federales y locales detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, cartuchos y explosivos. Entre los operativos también se inhabilitó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales de ambas entidades.

Balance general de los operativos

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas, entre ellas tres menores, y aseguraron armas largas, más de 9 mil cartuchos y 53 artefactos explosivos. Además, inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Culiacán y localizaron un campamento con armamento en Concordia.

El saldo conjunto de las acciones incluyó también dos vehículos asegurados en Nayarit, uno más en Mazatlán y una embarcación con motor fuera de borda.

Las autoridades detallaron que los aseguramientos de armas incluyeron además, cargadores, chalecos tácticos y, en un caso, placas balísticas, elementos que fueron localizados en distintos puntos de Sinaloa durante recorridos e inspecciones.

Detenciones en Nayarit

En el municipio de Acaponeta, elementos de la GN, el Ejército Mexicano, Marina y la Policía Estatal detuvieron a siete personas. Entre los detenidos había tres menores de edad.

Durante la acción se aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores y 530 cartuchos. También se incautaron tres chalecos tácticos y dos vehículos.

Esta acción concentró la mayor parte de las detenciones reportadas en el conjunto de operativos, además de ser el único punto donde se confirmó la participación de menores de edad entre los detenidos.

Detención y hallazgo de explosivos en Mazatlán

En Mazatlán, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron a un hombre durante un dispositivo de inspección, seguridad y vigilancia. Las autoridades señalaron que el detenido forma parte de una célula delictiva.

Al hombre se le aseguró un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que motivó su detención dentro del mismo operativo de revisión.

En un hecho independiente, también en Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados. Este aseguramiento de explosivos representa uno de los datos de mayor peso dentro del conjunto de acciones reportadas, dado el volumen de artefactos localizados en un solo hallazgo.

Aseguramientos en Culiacán, Escuinapa y Concordia

En el poblado Corral Viejo, en Culiacán, elementos de Marina y FGR localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. En el sitio se aseguraron mil 350 litros de sustancias químicas y material diverso vinculado a la producción de metanfetamina.

La inhabilitación de este laboratorio fue uno de los hallazgos centrales entre las acciones reportadas en Sinaloa, al tratarse de un punto de producción de droga sintética y no únicamente de un aseguramiento de armamento.

En Escuinapa, elementos de Marina realizaban un recorrido en el canal de Teacapán cuando localizaron una embarcación menor abandonada, equipada con motor fuera de borda. Junto a ella se aseguraron 7 mil 940 cartuchos, sin que se reportaran personas detenidas en el lugar.

En Concordia, el Ejército Mexicano localizó un campamento clandestino. Ahí se incautaron tres armas largas, 27 cargadores y mil 206 cartuchos, además de dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Ninguno de estos tres hallazgos, correspondientes a Culiacán, Escuinapa y Concordia, derivó en detenciones, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Postura de las autoridades

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades locales de Sinaloa y Nayarit. El objetivo declarado es fortalecer la seguridad en ambas entidades.

Las dependencias federales indicaron que buscan detener a generadores de violencia y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos que operan en la región.

El mensaje institucional acompañó el reporte conjunto de resultados, que combinó detenciones, aseguramiento de armamento y explosivos, y la inhabilitación de infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas en el territorio de Sinaloa y Nayarit.

Ramón Arellano Félix era descrito como el “bully” de los narcotraficantes por su violencia contra enemigos y por el trato que daba a su círculo cercano, según relató el creador de contenido tijuanense Fernando Puente, conocido como El Bordo (El Bordo Mx) originario de Tijuana, en un podcast con Jonathan Jovan Vest Sámano, conocido como Gusgri, en un episodio sobre los orígenes del crimen organizado en Tijuana y la disputa entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa.

Fernando aseguró que obtuvo los relatos de personas que habrían conocido al fundador del Cártel de Tijuana o que estuvieron cerca de él. En el episodio 405 de su espacio de entrevistas, titulado “VILLANO DE LOS VILLANOS” | RAMÓN ARELLANO Y EL CHINO ÁNTRAX, abordó anécdotas sobre la violencia atribuida a Arellano Félix, además de la vida y fuga de El Chino Ántrax y el atentado contra Paco Stanley.

“Gente que conoció a Ramón Arellano Félix me contó mucho de cómo eran. Ese vato era el bully de los narcos, conviví con mucha gente que anduvo con él, muy violento, muy ondeado, trataba muy bien a los que andaban con él o a los que quería pero con los que no te sacaba la pistola y te tiraba en la cara a media peda o donde estuviera”, afirmó el creador de contenido a Gusgri.

El tijuanense sostuvo que el líder criminal habría actuado con hostilidad particular contra quienes consideraba rivales. “Odiaba a sus enemigos, si se enteraba que El Mayo estuviera en una feria ganadera agarraba a tres cholos e iba con la intención de asustarlos, no precisamente matarlos pero sí disparar ráfagas de metralletas y hacer pancho y corría para Tijuana”, relató.

El relato ubicó una incursión de Ramón Arellano en Sinaloa

Mencionó una versión sobre una presunta incursión de Ramón Arellano Félix en territorio sinaloense para buscar a Ismael “El Mayo” Zambada. El conductor explicó que entre ambos grupos existía una rivalidad y que las familias tendrían lazos de compadrazgo, aunque dijo desconocer con precisión si Benjamín Arellano Félix era padrino de Serafín Zambada o si Ramón lo era de Mayito Gordo.

“Era un pinche villano de película, era el villano de los villanos porque eran compadres”, dijo antes de contar la historia. Según su versión, Arellano Félix habría llegado con tres hombres a un rancho, atravesó una zona de maizales y disparó ráfagas de metralleta sin una estrategia posterior definida.

El intento habría fracasado después de que el grupo recibió fuego. Gusgri sostuvo que uno de los acompañantes de Arellano Félix, quien portaba un arma calibre .50, fue capturado, torturado y asesinado; tras ese hecho, el jefe criminal habría decidido no volver a utilizar ese tipo de arma.

El conductor afirmó que Arellano Félix logró escapar cubierto de lodo, tras permanecer en una laguna dentro de territorio controlado por sus adversarios. Añadió que alguien lo recogió para llevarlo al aeropuerto y que después habría realizado una carne asada, donde contó lo ocurrido; también aseguró que le dieron el nombre del hombre que murió en aquella incursión.

“El Colores” cambiaba su apariencia para pasar desapercibido

La imagen de “El Colores” también formó parte de la descripción hecha en el programa. Gusgri señaló que el apodo respondía a los cambios de ropa, peso y apariencia que se le atribuían a Ramón Arellano Félix, quien en ocasiones se habría teñido el cabello y modificado su estilo para evitar ser identificado.

“A veces estaba gordo, se pintaba de colores el cabello para pasar desapercibido, a veces se dejaba el pelo largo y parecía Steven Seagal o a veces hasta estaba pelón”, contó. El entrevistador lo definió como una persona sanguinaria y dijo que no le habría gustado conocerlo.

En contraste, aseguró que Benjamín Arellano Félix era descrito como “buena onda” y como el cerebro de la familia. Ramón Eduardo Arellano Félix nació el 31 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, y fue el quinto de seis hermanos: Francisco Rafael, Benjamín, Carlos, Eduardo, Ramón y Francisco Javier; también tuvo una hermana, Enedina Arellano Félix.

Junto con sus hermanos fundó y dirigió el Cártel de Tijuana, una organización dedicada al narcotráfico. La agrupación sostuvo una disputa con Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces identificado como líder del Cártel de Sinaloa; dentro de ese conflicto fue ubicado el atentado del 24 de mayo de 1993 en Guadalajara, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El FBI incluyó a Arellano Félix entre sus diez fugitivos más buscados

El 18 de septiembre de 1997, Ramón Arellano Félix se convirtió en el fugitivo número 451 incorporado a la lista de los 10 más buscados por el FBI. Antes de esa inclusión, enfrentaba una acusación sellada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por conspiración para importar cocaína y marihuana con fines de tráfico de drogas.

El 10 de febrero de 2002, Arellano Félix murió durante un tiroteo en Mazatlán, Sinaloa. La versión incluida en el material señaló que circulaba en un auto blanco en sentido contrario cuando un policía le ordenó detenerse; al desobedecer y disparar contra los agentes, ministeriales repelieron la agresión y lo abatieron.

Otras versiones mencionadas en el texto sostuvieron que había llegado a Mazatlán con la intención de asesinar a Ismael “El Mayo” Zambada. Esas mismas versiones indicaron que Zambada, al enterarse de su presencia en la ciudad, habría ordenado el asesinato de quien fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Tijuana.

Los relatos fueron retomados en el entorno de El Bordo Mx, un proyecto multimedia tijuanense dedicado a crónicas urbanas, entrevistas y vivencias de la frontera. El nombre alude a El Bordo, la zona del canal del Río Tijuana próxima a la línea fronteriza con Estados Unidos, marcada por la migración y la marginación social.

José Flores Flores, de 21 años de edad, fue acusado de terrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de que videos e imágenes que tenía en su teléfono donde desmembraba cuerpos revelaron sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.

El fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, informó este miércoles en conferencia de prensa que la revisión del celular del sujeto, ordenada tras su detención en julio, permitió a los investigadores reconstruir un patrón de violencia que Flores terminó reconociendo como parte de sus actividades para el cártel.

Y es que el mexicano, originario de Reynosa, Tamaulipas, fue arrestado junto a dos personas más en el mes de julio por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Mission, Texas, luego de ingresar de manera ilegal a EEUU.

Se trataba de la segunda ocasión en la que ingresaba como inmigrante a ese país, pero intentó disuadir a los agentes afirmando que era menor de edad, lo que llevó a las autoridades a indagar aún más en sus antecedentes.

“Uno de nuestros agentes notó inconsistencias en la edad declarada por uno de los extranjeros. Revisaron sus antecedentes, confirmaron que era adulto y siguieron haciendo preguntas. El trabajo posterior ayudó a descubrir los presuntos vínculos de José Ángel Flores Flores con el Cártel del Golfo, facción Los Metros”, detalló Jared Ashby, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande.

Las investigaciones derivaron en el hallazgo de un video que guardaba en su celular, donde se le observaba desmembrando cuerpos.

“Vimos a Flores Flores en un video desmembrando un cadáver. Vimos imágenes de montones de partes de cuerpos. Vimos un barril de incineración lleno de partes de cuerpos envuelto en llamas, y vimos varias imágenes de Flores sosteniendo orgullosamente radios y armas de estilo militar”, describió el fiscal.

Durante el interrogatorio posterior, Flores admitió que era él quien aparecía en esas imágenes, de acuerdo con Reitz. El mexicano reconoció además que había trabajado para el Cártel del Golfo durante el último año, desempeñándose como sicario, además de rastrear objetivos, monitorear las comunicaciones de las autoridades mexicanas y cárteles rivales, así como desmembrar cuerpos.

El video permitió vincularlo con el Cártel del Golfo y derivó en una acusación por apoyo material a una organización terrorista extranjera. El hallazgo en su celular incluyó también imágenes de partes de cuerpos y un barril de incineración en llamas.

Vigilancia nocturna y secuestros: el rol dentro de Los Metros

De acuerdo con las autoridades, Flores supervisaba un sector asignado en Reynosa, Tamaulipas, como parte de sus funciones para la facción Los Metros del cártel.

El fiscal Reitz explicó que el mexicano recibía nombres o fotografías de personas señaladas como objetivos de secuestro para luego ejecutar las capturas y entregar a las víctimas a mandos de mayor jerarquía dentro de la organización.

La revisión de evidencia digital reveló que al menos 2 de esas víctimas terminaron desmembradas en las afueras de Reynosa después de haber tenido conflictos con el Cártel del Golfo.

Jared Ashby, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande, detalló que las pesquisas permitieron confirmar un sitio con restos humanos en territorio mexicano; sin embargo, dijo que no cuentan con la identidad de las víctimas.

Tras los hechos, y dos meses después de su captura, José Flores fue acusado de tres cargos por las autoridades estadounidenses: apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para proporcionar ese apoyo y reingreso ilegal al país.

Los primeros dos cargos contemplan una pena máxima de hasta 20 años de prisión cada uno, mientras que el tercero es considerado un delito menor con una pena de entre uno y dos años.

El Cártel del Golfo fue designado en febrero de 2025 como organización terrorista extranjera por parte de EEUU, junto a otros cárteles mexicanos.

Said “N”, comisario de Xaltianguis, fue detenido el 15 de septiembre mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Eduardo Bustos Pérez, elemento activo de la Guardia Nacional (GN), y otras tres personas. La captura fue realizada por elementos de la propia GN y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

La detención abrió una revisión más amplia de las corporaciones municipales. El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz da seguimiento a la conducta de las policías de los 85 municipios del estado. El funcionario también señaló que las investigaciones continúan en Xaltianguis, el valle de El Ocotito y la zona donde colindan la región Centro y Acapulco, y anticipó nuevas detenciones.

Xaltianguis acumuló operativos antes de la captura del comisario

La detención de Said “N” ocurrió después de varios despliegues de fuerzas estatales y federales en Xaltianguis y comunidades cercanas. El 9 de septiembre, la Fiscalía de Guerrero reportó el aseguramiento de más de 700 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, rollos de cordón detonante, una motocicleta y una camioneta en esa localidad.

Dos días después, otro operativo en Xaltianguis dejó el aseguramiento de 20 estrellas ponchallantas y un costal con hierba verde seca con características similares a la marihuana. En El Ocotito, las autoridades detuvieron ese mismo día a Alfredo “N”, a quien la Fiscalía identificó como presunto integrante de Los Ardillos, y le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal, una motocicleta y prendas tipo militar. También fueron localizados 200 cartuchos.

El 13 de septiembre, la Fiscalía volvió a reportar acciones en Xaltianguis y El Ocotito. En la primera localidad fueron aseguradas dos camionetas, una de ellas blindada y con reporte de robo, además de 213 cartuchos. En El Ocotito se localizaron dosis de sustancias con características similares al cristal y marihuana.

Estos operativos se sumaron al despliegue realizado después del homicidio de Bustos Pérez. Tras el crimen, autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas señaladas como presuntos integrantes de Los Ardillos en Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis. En esas acciones fueron aseguradas 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

El agente asesinado denunció vínculos de autoridades con Los Tlacos

El caso de Eduardo Bustos Pérez tiene un elemento adicional: antes de ser localizado sin vida, el agente apareció en un video en el que habló de las labores de inteligencia que realizaba en Guerrero y lanzó acusaciones contra mandos de seguridad y funcionarios de la Fiscalía estatal.

Bustos se identificó como integrante de la 37 Coordinación de la Guardia Nacional, con sede en Iguala, y afirmó que una de sus tareas era vigilar las actividades de Los Ardillos. En su relato señaló específicamente a Xaltianguis como uno de los puntos donde realizaba labores de vigilancia, además de El Ocotito, Tierra Colorada y otras localidades. Dijo que elaboraba mapas, tomaba fotografías y registraba coordenadas para sus superiores.

El agente también acusó a mandos de la Guardia Nacional y a un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero de mantener presuntos vínculos con Los Tlacos. Según su versión, esas autoridades habrían recibido instrucciones de integrantes de esa organización para actuar contra Los Ardillos.

Esas declaraciones corresponden al testimonio realizado por Bustos en el video y no han sido acreditadas judicialmente. La Defensa informó después de su muerte que investigaría el contenido de sus señalamientos.

La coincidencia territorial es relevante para la investigación, pero no establece por sí misma una relación entre Said “N” y las acusaciones formuladas por Bustos. Hasta ahora, las autoridades han informado que el comisario está siendo investigado por su presunta participación en el homicidio del agente y de las otras tres víctimas, sin hacer público cuál habría sido su intervención específica.

Los Ardillos ya habían sido señalados en los operativos de la zona

Los aseguramientos de septiembre se producen en un corredor donde las autoridades han identificado la presencia de distintas estructuras criminales. En los operativos posteriores al homicidio de Bustos, el Ejército señaló directamente a Los Ardillos como el grupo al que pertenecían las 16 personas detenidas en Xaltianguis, Pablo Galeana y Río Verde.

La Fiscalía estatal también identificó como presunto integrante de esa organización al hombre detenido en El Ocotito el 11 de septiembre. Además, informó el mismo día de la captura de Andrés “N”, Alejandro “N” y Brayan “N”, a quienes señaló como presuntos integrantes de Los Ardillos durante recorridos en esa localidad.

La actividad operativa no se ha limitado a Xaltianguis. La propia Fiscalía ha situado sus recorridos recientes en El Ocotito y San José El Ciruelar, con aseguramientos de vehículos, cartuchos, droga y equipo táctico.

Otro excomisario de Guerrero fue detenido por presuntos vínculos con grupos criminales

El antecedente más cercano sobre una autoridad comunitaria involucrada en una investigación criminal se registró en julio, cuando autoridades federales detuvieron a Mario “N”, quien había sido comisario municipal de Tlayolapa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Mario “N” era considerado probable responsable de la privación de la libertad de servidores públicos y que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente formaba parte de Los Ardillos y era colaborador cercano de un jefe regional de esa organización. También lo relacionó con la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol.

El antecedente no implica una relación entre Mario “N” y Said “N”, ni constituye evidencia de que el comisario de Xaltianguis pertenezca a alguna organización criminal. Su relevancia está en que ambos casos involucran a autoridades comunitarias de Guerrero dentro de investigaciones relacionadas con estructuras delictivas.

La revisión de policías se extiende más allá de Xaltianguis

El anuncio realizado por Rodríguez Cisneros ocurre después de otros operativos dirigidos contra corporaciones municipales. A principios de septiembre, autoridades estatales y federales intervinieron las comandancias de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, donde inicialmente fueron presentadas 71 personas que no habían acreditado su calidad como policías preventivos o de tránsito.

Posteriormente, 66 fueron liberadas después de acreditar que laboraban en los ayuntamientos, mientras continuaron investigaciones contra otros agentes y funcionarios. El gobierno estatal ahora señala que la revisión de las conductas de las policías municipales se realiza en los 85 municipios y que las denuncias ciudadanas forman parte de los elementos que pueden alimentar las investigaciones.

La embajada de Estados Unidos en México reafirmó este jueves, por medio de una publicación realizada en redes sociales, que la administración del presidente republicano Donald Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen.

Por medio de su cuenta de la red social X, la embajada señaló que seguirán colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en ambos países. “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, concluye la publicación.

Acompañado de dicha publicación, se compartió otra de la cuenta del Distrito Sur de Texas de la Fiscalía de los Estados Unidos, donde se informó que el fiscal federal Aarón Reitz anunciaba cargos contra un inmigrante indocumentado acusado de brindar apoyo material al Cártel del Golfo.

La conferencia de prensa donde se anunció la acusación, se señaló, se encuentra disponible en YouTube.

“Flores-Flores es solo uno de los acusados ​​hoy. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y la fiscal general Blanche, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas está a la vanguardia en la lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas", se compartió en la publicación.

Trump reconoce labor de Sheinbaum contra el narcotráfico pero dice que no es suficiente

El pasado miércoles 16 de septiembre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hacía un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Sheinbaum responde a Trump

Tras esto, este jueves en la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que le gustaría ver o escuchar un reporte de lo que ha hecho Estados Unidos en ese país en contra del narcotráfico y el consumo de drogas en su población.

Preguntó qué se estaba haciendo con el consumo de drogas en EEUU, pues desde su perspectiva era un asunto de salud pública de atención a los jóvenes.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos, y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero qué pasa con quien consume allá, qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”, señaló.

Señaló que su gobierno todos los días daba resultados, y se preguntó que pasaba en Estados Unidos, por lo que, dijo, le gustaría ver un reporte del propio gobierno de los resultados en el país vecino del norte y qué se estaba haciendo.

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, es identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a quien las autoridades señalan como generador de violencia en el Bajío de Michoacán.

El líder criminal fue detenido en la ciudad de Morelia por elementos de seguridad federal y de las fuerzas armadas, como parte de un operativo en contra de la extorsión. Y es que a “El Señor de la T” se le relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la zona de operaciones del sujeto contempla los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Aunque poco se sabe del líder criminal, datos obtenidos por Infobae México de fuentes de seguridad refieren que Manuel Alejandro “N” mantenía estrecha relación con Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en los límites de Jalisco y Michoacán.

Además, se le vincula con el homicidio de Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, ocurrido el 26 de octubre de 2025 cuando un grupo de sujetos armados lo atacó cuando circulaba sobre la carretera Numarán-Penjamillo; así como con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, registrada el 3 de agosto de 2024 junto a su colaboradora Josefina Muñoz Rosales.

El corrido atribuido a “El Señor de la T” que revela sus actividades delictivas

El narcocorrido llamado “El Señor de la T” de El Lirikario es uno de los materiales que revelaría el perfil de Manuel Alejandro “N” dentro del CJNG. De acuerdo con el periodista especialista en crimen organizado, Óscar Balderas, esta canción hace referencia al líder criminal.

Con el uso del rap, este corrido habla de un hombre que desde pequeño se involucró en actos delictivos que lo llevaron a la cárcel durante varios años. Asimismo, lo describe como una persona sin temores, acostumbrado a la violencia y que cree en la santería, ya que hace referencia a al menos una de sus deidades.

“Si me ven en el convoy

Es que endemoniado voy

Sin miedo a lo que suceda.

Mi Elegua me ha de cuidar

A él me le he de encomendar

Antes de irme pa’ la guerra", dice el corrido.

“Ya tengo rato en esto

Son varias las almas que

He mandando al infierno.

Son 4 las letras

Pertenezco al cártel

Y a aquel señor le agradezco", son algunas de las letras.

Además, el corrido señala que “siempre fui de sangre fría” que le permitió ingresar al CJNG y ser respetado en Michoacán por su posición dentro del cártel.

En la canción también se refiere que el líder criminal cuenta con varios sicarios bajo su mando, quienes se movilizan con radios y fuertemente armados.

“Le sirvo a la maña

Hazañas son varias

Traigo a varios a mi mando con pasamontañas

Radios y granadas

Armas cortas, largas

Y con poderes que nos da el patas de cabra", señala el corrido.

En otra parte del material se dice que el líder criminal no tendrá remordimiento de cometer homicidios de miembros de grupos criminales contrarios, asegurando que “son varias las calacas que ando cargando”.

“Mi vida se ha vuelto demoniaca y peligrosa

Ahora gozo ver sus caras de agonía cuando los trozan

No nomás’ ordeno

También les tiro verg*zos

Limpiando la plaza

A la orden de aquel viejazo", dice la canción.

Además, menciona a una persona de alias “El Licenciado”, el cual se desconoce con certeza de quien se trata, pues uno de los detenidos con este apodo en Michoacán fue Jorge Armando Gómez Sánchez, presunto miembro del CJNG a quien las autoridades señalan como uno de los autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“El licenciado mi confianza se ha ganado

Por ser un buen elemento

Aquí estamos apalabrados

Al millón con él, haciendo la contra arder

No bajen la bandera puro CJNG".

El corrido también señala que defenderá con “sangre el puesto que se me asignó. Asimismo, refiere que ”El Señor de la T" suele llevar un rifle y un lanza granadas, así como de movilizarse en vehículos con blindaje artesanal.

“No dejaré de avanzar

Mato si ocupo matar

Tengo el entrenamiento pa’ los enfrentamientos

El Señor de la T

Belicista y bien violento", menciona el material.

Un mes antes de que el sacerdote Román de la Cruz Hernández fuera asesinado, la Diócesis de Huejutla, Hidalgo, alertó a los feligreses de la Huasteca sobre una modalidad de extorsión en la que delincuentes utilizaban números telefónicos de sacerdotes para solicitar dinero a nombre de los religiosos.

La advertencia fue difundida el 14 de agosto por Jesús Morfín, portavoz de la Diócesis de Huejutla, quien pidió a los feligreses no responder a esos mensajes ni realizar transferencias. De acuerdo con la alerta, los teléfonos de algunos sacerdotes habían sido hackeados y sus números eran utilizados para hacerse pasar por ellos.

La denuncia ocurrió 32 días antes del homicidio de Román de la Cruz, cuyo cuerpo fue localizado durante la mañana del 15 de septiembre en la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de Lolotla y Tlanchinol, Hidalgo. El sacerdote, de 48 años, era párroco de Santa Cruz, en Huejutla.

Hasta ahora, las autoridades no han informado que Román de la Cruz hubiera sido víctima de esa modalidad de extorsión ni que exista una relación entre la alerta difundida en agosto y su asesinato. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación por homicidio, pero al momento de los comunicados emitidos por la Iglesia tampoco había informado sobre detenidos o sobre un posible móvil.

Así operaban las extorsiones en nombre de los sacerdotes

La alerta de agosto describió un mecanismo basado en la suplantación de identidad. Los delincuentes tomaban el control de teléfonos pertenecientes a sacerdotes y posteriormente utilizaban esos números para contactar a personas de las comunidades católicas y solicitarles dinero.

El llamado de la diócesis buscaba evitar que los feligreses entregaran recursos ante peticiones que aparentemente provenían de los propios religiosos. El portavoz diocesano pidió verificar cualquier solicitud antes de realizar transferencias.

La modalidad tenía como punto de partida la confianza que los sacerdotes mantienen con sus comunidades. Al utilizar un número conocido, los responsables podían presentarse ante los destinatarios como una persona de confianza y utilizar esa identidad para solicitar recursos.

La advertencia también muestra que, semanas antes del homicidio de Román de la Cruz, la diócesis ya enfrentaba incidentes delictivos dirigidos contra integrantes de su estructura religiosa, aunque de una naturaleza distinta al asesinato que posteriormente afectó a uno de sus párrocos.

La Diócesis ya había denunciado fraudes similares en 2021

En diciembre de 2021, el entonces obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, alertó sobre personas que solicitaban apoyo económico bajo el argumento de que el dinero sería destinado a atender la salud del padre Simón Hernández Alvarado, sacerdote de esa localidad. La diócesis y las parroquias involucradas se deslindaron de esas solicitudes y señalaron que el sacerdote recibía atención sin necesidad de pedir aportaciones a los fieles.

Cinco años después, la alerta de agosto recurrió nuevamente a una advertencia dirigida directamente a los católicos para evitar que entregaran dinero a personas que utilizaban la identidad de sacerdotes.

El antecedente permite observar que las solicitudes fraudulentas en nombre de integrantes del clero ya habían sido identificadas anteriormente en la Diócesis de Huejutla. Sin embargo, la modalidad reportada en agosto de 2026 incorporó el uso de teléfonos comprometidos —hackeados— para establecer contacto con los posibles afectados.

Una cartulina en el cuerpo del sacerdote, bajo investigación

El sacerdote fue localizado sin vida la mañana del 15 de septiembre en un tramo de la carretera Tolago-Tetlapaya. De acuerdo con las primeras diligencias, presentaba lesiones presuntamente provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Román de la Cruz fue encontrado boca abajo y con una cartulina adherida a la espalda. El mensaje colocado sobre el cuerpo constituye uno de los elementos bajo investigación, pues las autoridades no han informado oficialmente su contenido ni han precisado si contiene alguna referencia al motivo del homicidio o a los responsables.

Junto al cadáver también fue localizada una camioneta Toyota Tacoma color vino con placas de Baja California. La presencia del mensaje y del vehículo forma parte de los indicios recabados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que mantiene abierta la investigación.

Román de la Cruz era originario de Mazahuacán, en Lolotla, y desde septiembre de 2024 se desempeñaba como primer párroco diocesano de Santa Cruz, en Huejutla. También coordinaba la Comisión para la Pastoral Profética de la diócesis.

Tras conocer el homicidio, la Diócesis de Huejutla pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva y evitó plantear públicamente un posible móvil. El obispo José Hiraís Acosta Beltrán señaló que la Iglesia no podía especular sobre lo ocurrido mientras avanzaban las investigaciones.

La Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó al llamado para esclarecer el crimen y pidió que se haga justicia de manera expedita.

Violencia contra integrantes de la Iglesia, antecedentes recientes

El asesinato de Román de la Cruz Hernández se suma a una serie de agresiones contra integrantes de la Iglesia católica registradas durante los primeros dos años del actual sexenio.

De acuerdo con un recuento actualizado del Centro Católico Multimedial (CCM), en México se han registrado 29 ataques contra integrantes de la Iglesia católica desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta septiembre de 2026. El registro incluye cuatro sacerdotes asesinados, dos sacerdotes heridos, cuatro catequistas, 15 laicos asesinados, dos laicos heridos y dos familias asesinadas. Los casos documentados se distribuyen en entidades como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Baja California e Hidalgo.

Los cuatro sacerdotes asesinados durante este periodo son Marcelo Pérez Pérez, asesinado en Chiapas en octubre de 2024; Bertoldo Pantaleón Estrada, encontrado sin vida en Guerrero en octubre de 2025; Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo cuerpo fue localizado en el Estado de México en noviembre de 2025; y Román de la Cruz Hernández, asesinado en Hidalgo en septiembre de 2026. El recuento del CCM distingue estos casos de otras muertes de religiosos que no han sido consideradas homicidios por falta de indicios de violencia.

El problema, sin embargo, no se limita a los homicidios de sacerdotes. El informe anual del CCM correspondiente a 2025 señala que en los últimos años las agresiones también se han extendido hacia laicos, catequistas y comunidades religiosas. El organismo ha advertido que espacios que tradicionalmente eran considerados lugares de protección para las comunidades han comenzado a registrar hechos delictivos, mientras que los integrantes de la Iglesia han quedado expuestos a amenazas, extorsiones, secuestros y otras formas de violencia.

Los registros históricos permiten dimensionar el fenómeno más allá del actual sexenio. El informe del CCM señala que entre 1990 y 2025 fueron documentados 13 sacerdotes asesinados. En el acumulado de las últimas décadas, las entidades con mayor número de sacerdotes y religiosos agredidos son Ciudad de México, Guerrero y Estado de México.

Los ataques también han alcanzado directamente a templos e instalaciones religiosas. Para 2024 y 2025, el CCM identificó que la mayoría de los delitos registrados contra estos espacios correspondieron a robos, sustracción de objetos, asaltos a feligreses, robo de alcancías y de arte sacro; otro porcentaje correspondió a agresiones consideradas de alto impacto y un grupo menor a profanaciones y daños contra lugares u objetos religiosos.

El propio CCM ha señalado que esta violencia se concentra principalmente en zonas donde también existen altos niveles de criminalidad. En su informe, el organismo plantea que sacerdotes, agentes pastorales y comunidades pueden convertirse en objetivos debido a la presencia que mantienen en los territorios y a las actividades sociales que desarrollan desde las parroquias.

Juan Carlos Valencia González, conocido como “R3”, nació en California en 1984 y cuatro décadas después se convirtió en el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Su acta de nacimiento revela detalles inéditos sobre sus primeros años y muestra cómo quedó oculto el nombre de su padre.

Una copia del documento, obtenida por el medio El País, establece que el ahora capo nació a las 00:15 horas del 12 de septiembre de 1984 en el Mercy General Hospital, un centro médico privado ubicado en Santa Ana, California, unos 50 kilómetros al sur de Los Ángeles.

En los espacios destinados a registrar los datos del padre aparece la abreviatura “N/A”, correspondiente a “No aplica”. De esta manera, el documento no consigna el nombre de Armando Valencia Cornelio, señalado como uno de los fundadores del Cártel del Milenio y padre biológico de Juan Carlos.

La madre del recién nacido, Rosalinda González Valencia, tenía entonces 21 años y registró a su primer hijo como madre soltera.

Un acta con errores que alteraron su identidad

El documento también contiene una peculiaridad en el nombre de Rosalinda. De acuerdo con la investigación de El País, un error en el registro civil terminó colocando “Valencia” como si fuera su segundo nombre y “González” como apellido paterno.

La familia dejó el registro tal como había quedado, una anomalía que posteriormente habría complicado la localización de Rosalinda en archivos públicos.

El acta registró al niño como Juan Carlos Gonzalez, sin tilde y únicamente con el apellido materno. Con los años, las autoridades estadounidenses y mexicanas le atribuirían diversos alias, entre ellos “R3”, “El Pelón”, “El JP”, “03”, “Tricky Tres” y “Pelacas”.

El documento representa, además, uno de los pocos rastros públicos localizados sobre los primeros años del hombre que actualmente encabeza al CJNG.

Después de su nacimiento, Rosalinda tuvo otros tres hijos con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien posteriormente fundaría el CJNG. La familia habría pasado parte de esos años entre California y México, aunque la infancia del “R3” permanece en buena medida sin registros públicos.

Durante esa época, “El Mencho” comenzaba su trayectoria criminal en California como vendedor de heroína y cumplió condenas de prisión por ese delito antes de ser deportado a México.

Del rancho en Hemet al mando del CJNG

El siguiente rastro documental encontrado por El País aparece en marzo de 2011, cuando Juan Carlos Valencia González tenía 26 años.

Ese año adquirió por 250 mil dólares un rancho de 19 mil 468 metros cuadrados en Hemet, en el condado de Riverside. En los documentos de propiedad volvió a aparecer utilizando únicamente el apellido de su madre, tal como había quedado registrado en su acta de nacimiento.

La propiedad tiene actualmente un valor estimado de 695 mil dólares, de acuerdo con la investigación periodística.

En julio pasado, el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso para intentar decomisar el inmueble, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impusiera sanciones contra Valencia González.

Además, una acusación presentada ante una corte federal de Washington lo señala por conspiración para producir y distribuir cocaína y metanfetamina, así como por un cargo relacionado con el uso de armas de fuego. El Departamento de Justicia estadounidense busca también decomisar otros bienes que considere adquiridos con ganancias provenientes del narcotráfico.

El “R3” habría dejado prácticamente abandonado el rancho de Hemet para concentrarse en las actividades criminales en México. Primero encabezó un grupo de sicarios conocido como Grupo Élite y posteriormente escaló posiciones dentro de la estructura del CJNG.

Tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026, Valencia González asumió el liderazgo de la organización, de acuerdo con la información publicada por El País.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el pasado 4 de septiembre que el “R3” es quien “más resalta” entre los líderes regionales del Cártel Jalisco.

Sobre Juan Carlos Valencia González pesa actualmente una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Para la DEA se trata de uno de sus principales objetivos de captura.

Así, el acta de un nacimiento ocurrido hace más de cuatro décadas en un hospital de Santa Ana se convirtió en una pieza documental para reconstruir el origen del hombre que ahora aparece en el centro de la estructura del CJNG.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta otro golpe a su estructura en Michoacán con la detención de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como presunto coordinador regional de la organización criminal y generador de violencia.

Su captura se llevó a cabo en la ciudad de Morelia como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en un operativo en el que participaron elementos de seguridad estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades vinculan a “El Señor de la T” con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición cometida por particulares y narcomenudeo.

Su principal zona de operación era la región del Bajío michoacano, en municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde se enfocaba en la comisión de los delitos antes referidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Del asesinato a la desaparición de dos funcionarios

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “El Señor de la T” era colaborador de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

La célula del “Tío Lako” ha sido recientemente asediada por las autoridades luego de que el pasado 19 de agosto la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo con el objetivo de lograr su captura.

El despliegue provocó más de 20 narcobloqueos en distintos puntos del estado para evitar los arrestos; sin embargo, en la acción fueron detenidos 12 presuntos integrantes de su célula criminal, entre ellos la hija y la pareja sentimental del líder criminal.

En las últimas semanas las autoridades han continuado las acciones en contra de la célula del “Tío Lako”, como lo fue la captura de 20 de sus integrantes en los estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán con animales exóticos.

Información obtenida por esta casa editorial también señala que “El Señor de la T” está relacionado con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido el 26 de octubre de 2025 cuando se encontraba circulando sobre la carretera Numarán-Penjamillo.

El funcionario fue atacado a balazos por un grupo de sujetos que lo interceptó entre los poblados de La Angostura y El Palmito, municipio de Numarán.

En ese entonces, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, refirió en conferencia de prensa que la alcaldesa de Penjamillo, María Martínez Ruiz, le refirió que no tenían conocimientos de amenazas en contra del síndico.

Además, a “El Señor de la T” se le relaciona con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, ocurrido desde el 3 de agosto de 2024, junto a su colaboradora Josefina Muñoz Rosales, quien la acompañaba.

De acuerdo con los reportes, la exfuncionaria salió de su domicilio poco después de las 09:00 horas para llevar a su hija menor de edad a la ciudad de Morelia porque tenía una cita médica. En su trayecto la acompañaba su colaboradora, quienes abordaron un vehículo Toyota.

Más tarde, la unidad fue localizada abandonada en la carretera Miravalle Angamacutiro, y al interior solo estaba su hija.

Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades desplegaron un dispositivo por tierra y aire para dar con la exalcaldesa y su colaboradora, a las que se sumaron las del estado de Guanajuato al registrarse los hechos en los límites con esa entidad.

Tres años antes de su desaparición, cuando era alcaldesa con licencia y candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para reelegirse al frente de Angamacutiro, Juárez Blanquet denunció haber recibido amenazas que le requirieron mantener escoltas.

En ese entonces, fueron localizados mensajes en los baños de la alcaldía en al menos tres ocasiones, en los que la amenazaban de muerte. Pero las intimidaciones no comenzaron ahí, denunció que en el año 2019 fue alertada por el arribo de un grupo de sujetos armados a su hogar para agredirla a ella y a su padre.

Juárez Blanquet dijo que pudo observar a lo lejos varias camionetas que se acercaban, lo que provocó un enfrentamiento con autoridades. En entrevista con N+, denunció que se trataba de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Señor de la T” es señalado por su relación con otra parte importante de las desapariciones registradas en la región de Michoacán.

A. J. E. J., alias “El Fresa”, fue reaprehendido la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 en un hotel de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, horas después de que escapó durante un traslado bajo custodia oficial en inmediaciones de San Bartolo Coyotepec. Su localización cerró el operativo de búsqueda, pero abrió una investigación sobre las condiciones en que un detenido logró evadirse y la posible participación de particulares o servidores públicos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que en la búsqueda participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal y fuerzas federales. El despliegue permitió ubicar a “El Fresa” en un hotel de la Mixteca, donde volvió a quedar bajo custodia.

La reaprehensión resolvió la ubicación del prófugo, aunque no explicó la secuencia que hizo posible su salida. La atención se concentró en el traslado realizado en la jurisdicción de San Bartolo Coyotepec y en las decisiones tomadas por quienes tenían la responsabilidad de vigilarlo.

En un primer informe se relató que los agentes que lo trasladaron habrían sido emboscados por sicarios para liberar al detenido, sin embargo la Fiscalía separó de sus funciones a los cuatro integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas tras la evasión. Los agentes quedaron sujetos a investigación, una medida que no estableció por sí misma su responsabilidad, pues esa definición correspondió a los procedimientos administrativos y ministeriales abiertos por el caso.

El reo fue identificado por medios locales de Oaxaca como exjefe operativo de la Policía Municipal de San Antonio de la Cal.

Cuatro agentes quedaron bajo investigación por la evasión

La dependencia inició procedimientos mediante la Contraloría y la Visitaduría General para deslindar responsabilidades operativas y administrativas. Además, abrió una carpeta de investigación por el delito de Evasión de Presos.

La autoridad advirtió que las personas que favorecieran la fuga de un detenido podrían enfrentar consecuencias penales conforme a la legislación estatal. El expediente debía esclarecer tanto la mecánica de la evasión como una eventual conducta sancionable de quienes participaron en la custodia.

La información oficial indicó que un grupo de personas interceptó a los agentes para liberar a “El Fresa”. Esa versión dejó pendientes detalles sobre el sitio exacto donde comenzó el incidente, la forma en que ocurrió la intercepción y la respuesta de los custodios.

También permanecieron sin explicación pública el número de vehículos involucrados, la cantidad de elementos que acompañaban al detenido, el armamento y equipo disponibles, así como las medidas de seguridad activas durante el traslado. La reconstrucción de esos factores permitiría establecer si la fuga derivó de una agresión externa, una falla de protocolo o de ambas circunstancias.

La investigación debía identificar a quienes intervinieron

Otro punto por determinar era el tiempo transcurrido entre la evasión y el inicio del operativo de búsqueda. Ese lapso resultaba necesario para conocer cómo se activó la respuesta institucional y bajo qué condiciones “El Fresa” consiguió trasladarse hasta un hotel de Tamazulápam del Progreso.

Con la información pública disponible, no podía afirmarse que los cuatro agentes separados hubieran actuado en complicidad con el detenido. Tampoco existían elementos que acreditaran un pago para facilitar la fuga.

La investigación debía identificar a las personas que habrían intervenido para liberar al detenido y precisar su posible relación con él. Si se trató de una operación coordinada, las autoridades tendrían que determinar quién la organizó y cómo se ejecutó.

La indagatoria también debía revisar si alguien tuvo información anticipada sobre el traslado. En caso de que un servidor público hubiera proporcionado datos, facilitado condiciones o dejado de cumplir deliberadamente sus obligaciones, la responsabilidad tendría que sustentarse con pruebas.

Los posibles pagos permanecieron como una línea por verificar

Tras una evasión suelen surgir versiones sobre pagos, amenazas, favores o acuerdos entre particulares y custodios. En este caso, esas interrogantes permanecieron como líneas por verificar y no como hechos demostrados.

La información disponible no identificó una dádiva entregada a los agentes ni acreditó que existiera un pago para permitir la liberación. Cualquier conclusión sobre esa posibilidad dependía del avance de la carpeta de investigación.

Para esclarecerla, las autoridades tendrían que revisar declaraciones, registros de comunicación, videos, movimientos financieros, peritajes y otros elementos que se incorporaran al expediente. La recaptura del detenido resolvió su búsqueda, pero dejó pendiente conocer quién y bajo qué condiciones hizo posible su escape.

Odette Rosas, de 18 años, y Abigail Herrera, de 19, fueron asesinadas a balazos durante la madrugada del 16 de septiembre en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de salir de una fiesta en la zona de Tepito. Un reporte del periodista Carlos Jiménez señala que una de las jóvenes era señalada por integrantes de la Anti Unión de intentar vincularlos con la Unión Tepito.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del miércoles, en el contexto de los festejos por el Grito de Independencia, cuando las jóvenes se encontraban en las inmediaciones del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de Rinconada y Toltecas.

De acuerdo con la información difundida inicialmente sobre el caso, ambas mujeres habían estado conviviendo en una fiesta y alrededor de las 3:00 de la madrugada salieron del domicilio donde se encontraban para dirigirse a otro punto.

Fue entonces cuando, según los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta les dispararon.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías atendieron el reporte de dos mujeres lesionadas por disparos de arma de fuego en la zona. Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes determinaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

Una de las jóvenes era señalada por la Anti Unión

El móvil del doble homicidio todavía es investigado por las autoridades capitalinas. Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez, en información difundida en sus redes sociales, señaló que Odette Rosas era identificada como novia de un integrante de la Anti Unión.

De acuerdo con esa versión, la joven y su amiga Abigail habrían sido señaladas por integrantes de ese grupo criminal como “traidoras”. Jiménez indicó que la Anti Unión acusaba a Odette de intentar ponerlos en contacto o relacionarlos con integrantes de la Unión Tepito.

El reporte también señala que ambas jóvenes fueron atacadas después de abandonar una reunión. Las imágenes compartidas por Jiménez muestran fotografías de las víctimas y un mensaje atribuido a un conocido de una de ellas, quien se despidió de la joven a través de redes sociales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal.

El doble homicidio ocurrió en una zona donde históricamente se han registrado disputas entre grupos dedicados al narcomenudeo, extorsión y otras actividades ilícitas. Información difundida previamente sobre la violencia en la colonia Morelos ha relacionado esos conflictos con organizaciones como la Unión Tepito y la Anti Unión.

Fiscalía y SSC buscan a los responsables

Después de la agresión, familiares de las jóvenes llegaron al sitio al escuchar las detonaciones. Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las investigaciones.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y policías de investigación realizaron los primeros peritajes. Los cuerpos fueron trasladados posteriormente al Servicio Médico Forense.

La SSC informó que sus elementos realizan el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los posibles responsables del ataque.

El doble asesinato ocurrió en una zona de Tepito que, horas después, permanecía bajo vigilancia de elementos de la SSC y la Guardia Nacional.

La agresión contra Odette y Abigail se suma así a los hechos violentos registrados en la colonia Morelos, mientras la autoridad capitalina busca establecer quién ordenó y ejecutó el ataque, así como determinar si el doble homicidio estuvo relacionado con una disputa entre grupos criminales o con las acusaciones que, según el reporte de Carlos Jiménez, pesaban sobre una de las jóvenes.

Por ahora, la investigación continúa y no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este doble homicidio.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el torpedo localizado flotando en costas de Ensenada, Baja California, es un proyectil de prácticas lanzado desde el aire para guerra antisubmarina que no contaba con ningún tipo de carga peligrosa.

Al tratarse de un torpedo empleado para ejercicios de adiestramiento, la Marina explicó que no representan un peligro para la navegación y la población marítima.

Sin embargo, tras el alertamiento del hallazgo por parte de una comunidad pesquera, los elementos navales procedieron con su recuperación, luego de encontrarlo flotando a la deriva a 42.7 kilómetros al suroeste de Ensenada.

Luego de corroborar que se trataba de un torpedo de prácticas, procedieron con su traslado y resguardo en las instalaciones de la Sala de Mando y Control para determinar su destino final.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México refirieron que el torpedo podría ser de origen estadounidense, por lo que continúan las indagatorias.

Así fue localizado el torpedo en medio del mar

Un grupo de pescadores que salieron a bordo de la embarcación God First frente a las costas de Ensenada terminaron por entregar un torpedo militar a la Secretaría de Marina (Semar) en un hallazgo inédito para los hombres.

Aunque se desconoce la fecha exacta de la localización del proyectil, los pescadores difundieron un video de los hechos el martes 15 de septiembre, luego de que confundieron el objeto con sargazo cuando se aproximaron a él.

El objeto, cilíndrico y sin bandera ni identificación visible, flotaba en el mar, por lo que ante la posible emergencia decidieron alertar por a la Marina para su resguardo.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de los tripulantes en uno de los videos difundidos .

Al examinar el artefacto a distancia, los pescadores coincidieron en que se veía en buen estado, sin señales evidentes de daño. “No se ve tan madreado, la verdad”, comentó uno de ellos mientras grababa desde la embarcación.

Durante la inspección visual, los tripulantes identificaron además lo que parecía un periscopio y sensores en la punta del artefacto; sin embargo, la cercanía de la embarcación con el torpedo generó nerviosismo entre los tripulantes.

Luego del hallazgo, los pescadores intentaron comunicarse con la Marina a través de la radio, aunque en un primer momento no lograron ubicar el canal correspondiente.

Una vez establecida la comunicación, los pescadores proporcionaron las coordenadas del artefacto, y durante el intercambio, uno de los tripulantes dijo que la corporación ya tenía conocimiento del torpedo y lo buscaba de forma activa antes de recibir su reporte.

En los videos también se documentó el arribo de personal naval al punto reportado, quienes llegaron a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04.

Con la patrulla ya en el sitio, los pescadores procedieron a entregar el torpedo.

Se debe alertar a las autoridades en caso de hallazgos de este tipo

Al tratarse de un torpedo, es necesario alertar a las autoridades de inmediato en caso de ser localizados en el mar, ya que debe tratarse como potencialmente peligroso, aunque parezca viejo o dañado.

El mayor riesgo es una explosión si conserva carga, espoleta o componentes inestables: la corrosión, el oleaje y cualquier golpe, manipulación o intento de remolque pueden agravar la amenaza.

También representa peligro de colisión o enredo para embarcaciones, pescadores, buzos y bañistas. Autoridades estadounidenses han alertado de que un torpedo que no alcanza su objetivo puede convertirse en un riesgo para la navegación inocente, comparable a una mina a la deriva, por lo que se debe alertar a la Marina de inmediato para que sean ellos los responsables de asegurarlo y resguardarlo.

Dos sitios de taxis fueron atacados a balazos casi de manera simultánea durante la madrugada de este miércoles en Uruapan, Michoacán, sin que se reportaran personas heridas. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si las agresiones están relacionadas con posibles extorsiones o presiones del crimen organizado contra los trabajadores del volante.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los ataques ocurrieron alrededor de las 5:00 horas. Los grupos armados dispararon contra dos inmuebles utilizados como bases de taxistas en distintos puntos del municipio.

Uno de los sitios atacados pertenece a la línea de taxis “Tierra y Libertad”, ubicado en la colonia del mismo nombre. El segundo corresponde a la agrupación “Colibrí”, localizado en la colonia El Uval.

Las agresiones provocaron daños materiales en las fachadas de ambos inmuebles, pero no dejaron personas lesionadas, según los primeros reportes de las autoridades.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar quiénes participaron en los ataques y cuál fue el motivo de las agresiones. Entre las principales líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que los hechos estén relacionados con extorsiones o amenazas de grupos delictivos contra integrantes del sector del transporte.

Dos ataques casi simultáneos

La coincidencia en el horario de las agresiones es uno de los elementos que investiga la autoridad. Los disparos contra las dos bases ocurrieron prácticamente a la misma hora, alrededor de las 5:00 de la mañana.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Fiscalía no establece públicamente qué grupo criminal estaría detrás de los ataques ni si existe una relación directa entre las dos agresiones.

Los hechos se registraron en un municipio donde autoridades han identificado la presencia y disputa de al menos seis organizaciones criminales.

Entre los grupos señalados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Reyes y Pueblos Unidos.

Las autoridades relacionan la actividad de estas organizaciones con delitos como producción y tráfico de drogas, narcomenudeo, secuestro y extorsión, además de disputas por actividades económicas en la región.

Uruapan también forma parte de una zona estratégica para la producción y comercialización de aguacate, actividad que ha sido objeto de presiones y cobros ilegales atribuidos a grupos criminales.

Alcaldesa exige justicia por Carlos Manzo

Los ataques contra los sitios de taxis ocurrieron apenas unas horas después de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, encabezara la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio.

Durante el acto, la presidenta municipal aprovechó su intervención para exigir justicia por el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, así como por las víctimas de la delincuencia organizada.

“Hoy estamos aquí porque callar nunca fue el plan de Carlos Manzo”, expresó la alcaldesa durante la ceremonia.

Quiroz García señaló que tampoco sería su intención guardar silencio y lanzó un llamado para exigir justicia por el exedil y por las personas afectadas por la violencia en el municipio.

“Esta noche hago un grito de justicia por Carlos y por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, afirmó.

Las autoridades investigan los ataques registrados contra las dos bases de taxis para determinar si forman parte de una estrategia de extorsión al transporte público o si obedecen a otra disputa entre organizaciones criminales.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para establecer la identidad de los responsables y esclarecer el móvil de las agresiones. Por el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió al presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump, quien el pasado miércoles señaló, en un reporte, que aunque la administración de la mandataria se encontraba trabajando contra el narcotráfico, le faltaba hacer más para combatirlo, y pidió que se detuviera a funcionarios vinculados con el narco.

Ante esto, Sheinbaum dijo que le gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos contra el narcotráfico.

Preguntó qué se estaba haciendo con el consumo de drogas en EEUU, pues desde su perspectiva era un asunto de salud pública de atención a los jóvenes.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos, y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero qué pasa con quien consume allá, qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”, señaló.

Recordó que hace tiempo, se pasó en la mañanera una serie de cómo es que el consumo de opioides fue creciendo en Estados Unidos, producto de la autorización de drogas para el dolor y que se fue orientando hacia el fentanilo.

“¿Dónde está esa visión? ¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos?”, se preguntó la mandataria en la conferencia de prensa matutina de este jueves.

Dijo que en México se estaba actuando, y destacó que recientemente se detuvo al funcionario de un municipio que tenía vínculos con el crimen organizado, pero, preguntó qué pasaba del otro lado.

“Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México? Que sí ha habido detenciones, sí ha habido incautaciones, pero no se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país, sin el paso de las armas de Estados Unidos a México de manera ilegal, entonces, nosotros nos encargamos aquí en México”, enfatizó.

También recordó el caso que señaló que agentes de la DEA habían permitido el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México. “Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días, y lo informamos”.

Señaló que su gobierno todos los días daba resultados, y se preguntó que pasaba en Estados Unidos, por lo que, dijo, le gustaría ver un reporte del propio gobierno de los resultados en el país vecino del norte y qué se estaba haciendo.

Donald Trump pide que se detenga a funcionarios relacionados con el crimen organizado

El pasado miércoles, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia en México, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, señaló, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Trump también señaló a China en el documento, ya que, dijo, el país asiático sigue siendo el mayor productor mundial de muchos precursores químicos que son utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales.

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades federales en un operativo desplegado en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades identifican a “El Señor de la T”, de 51 años de edad, como coordinador regional del CJNG y generador de violencia relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Harfuch detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el sujeto mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Además, Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares. Información obtenida por Infobae México refiere que “El Señor de la T” mantenía una relación estrecha con Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, líder regional del CJNG.

El sujeto también está relacionado con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025; la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, en agosto de 2024; y con otros reportes de desapariciones registrados en la región.

En la operación participaron elementos de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

El CJNG ha sido golpeado en los últimos meses luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, su exlíder y fundador.

El 22 de febrero, el líder delincuencial murió en un enfrentamiento con elementos de la Defensa, en el que también falleció Rubén Guerrero Valadez, alias “R1″, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

La caída de otros mandos del cártel en seis meses

Horas después de la muerte de “El Mencho”, Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, operador logístico y financiero cercano al fundador del CJNG, fue abatido por elementos de la Defensa en El Grullo, Jalisco, luego de un enfrentamiento.

En el sitio de la agresión, las autoridades aseguraron 7.2 millones de pesos en efectivo y 965 mil dólares. Las autoridades detallaron que “El Tuli” ofrecía recompensas de hasta por 20 mil pesos por cada militar que fuera asesinado tras el abatimiento de “El Mencho”.

Otro golpe ocurrió el 27 de abril, cuando la Secretaría de Marina detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en la comunidad de El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento e inteligencia.

Más de 500 elementos navales y cuatro helicópteros participaron en el operativo; Flores Silva intentó ocultarse en una tubería de drenaje, donde fue detenido sin que se disparara un solo tiro.

“El jardinero” era uno de los cuatro candidatos a suceder a “El Mencho”, y quien según las autoridades tomó las armas para obtener el control del CJNG. Aunque ya está detenido en el penal de El Altiplano, la recompensa por su captura ofrecida por Estados Unidos ascendió de 5 a 15 millones de dólares.

Horas después de esa captura, la Guardia Nacional (GN) detuvo en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, señalado como el principal operador financiero de “El Jardinero”.

Las autoridades lo señalaron por presuntamente administrar y lavar recursos ilícitos mediante empresas fachada, familiares y socios, con inversiones que incluían aeronaves, embarcaciones y una empresa tequilera.

El “R1″, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

El 30 de julio, un operativo conjunto entre fuerzas federales y de la Defensa llevó a cabo en Atotonilco el Alto, Jalisco, la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de la célula “Los Rs” del CJNG, la cual cuenta con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán y Jalisco.

En la captura murió un integrante de su círculo de seguridad y fue detenido también Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Las autoridades lo acusan por presuntamente ordenar y financiar el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

La detención también fortaleció la investigación del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan: según las pesquisas, un hijo de Álvarez Ayala habría pedido a su padre que ordenara el crimen tras amenazarla en reiteradas ocasiones.

Un operativo fallido contra “El Tío Lako”

El 19 de agosto, tres días antes de cumplirse seis meses del abatimiento de “El Mencho”, elementos de la Defensa llevaron a cabo un operativo en Tinaja de Vargas, Michoacán, con el objetivo de capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG señalado por controlar rutas de droga, extorsionar a productores agrícolas y robar combustible en la frontera entre Michoacán y Jalisco.

Sin embargo, en el operativo se detuvo a nueve integrantes de su célula, cifra que luego se aumentó a 12, entre ellos se encontraba su hija, Marisol “N”, y su pareja sentimental, Lourdes “N”.

La reacción del CJNG fue la realización de narcobloqueos en más de 20 puntos de Michoacán, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro.

De manera reciente, las autoridades de Estados Unidos anunciaron el incremento de recompensas en contra de ocho líderes del CJNG, entre los que se encuentra su actual líder, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, hijastro de Oseguera Cervantes y ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California.

Las recompensas contemplan:

• 25 millones de dólares por Valencia González.
• 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”. 15 millones de dólares por Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, yerno de “El Mencho”.

• 10 millones por Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripa”
• 10 millones por Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”.
• 10 millones por el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.
• 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Luego de los operativos, detenciones y anuncios del aumento de la recompensa por información que permita la captura de líderes del CJNG, esta organización criminal continúa registrando bajas.

Francisco Javier “N”, identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, vivía a unas cinco calles de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida de la joven.

De acuerdo con testimonios recabados por el medio El Universal, vecinos de la colonia Emiliano Zapata reconocieron plenamente al hombre después de que la Fiscalía difundió su ficha de búsqueda. En el barrio, aseguran, es conocido con los apodos de “El Trompas” o “El Paco”.

Los habitantes de la zona lo identifican como un hombre con presunta adicción al cristal y al que relacionan con robos y asaltos, principalmente contra mujeres. Uno de los elementos que llamó la atención de los vecinos fue la ropa que llevaba el sospechoso.

Vecinos lo reconocen por la ropa

La mañana del mismo día del crimen, un hombre fue captado en video cuando presuntamente robó unos tenis en una tienda. En las imágenes difundidas posteriormente aparece con una bermuda y una playera con el logotipo de una marca deportiva.

Testigos señalan que esa vestimenta coincide con la del hombre captado posteriormente en videos de la zona de la Casa de la Cultura.

“Yo digo que sí es porque tiene el short de ese mismo tono y la playera trae el mismo logotipo”, relató Alma, una de las mujeres que acudieron a auxiliar a Claudia después del ataque, en declaraciones citadas por El Universal.

La mujer aseguró que el sospechoso pertenece a la familia Meléndez, uno de los grupos familiares con mayor arraigo en la colonia Emiliano Zapata. Según vecinos, sus antepasados fueron ejidatarios y vendieron buena parte de los terrenos ubicados junto a la calzada Santa Inés.

Los habitantes también cuestionaron las condiciones de seguridad alrededor de la Casa de la Cultura. Señalaron que durante años hubo un policía encargado de vigilar el inmueble, pero su presencia habría desaparecido hace aproximadamente cinco años, durante la administración municipal de Rodrigo Arredondo, quien gobernó Cuautla entre 2022 y 2024.

Para los vecinos, la falta de vigilancia resulta especialmente relevante porque el homicidio ocurrió durante un evento de medicina tradicional al que acudirían personas procedentes de otros estados.

Testigos reconstruyen el ataque contra Claudia

Según los testimonios, Claudia salió al patio de la Casa de la Cultura para fumar y hablar por teléfono. El presunto agresor habría llegado desde un callejón oscuro y, después de observar el acceso al inmueble, aparentemente continuó su camino.

Sin embargo, los videos de la zona muestran, según los testigos, que el hombre se detuvo, regresó hacia el zaguán y entró.

El ataque habría ocurrido aproximadamente a las 20:49 horas. Alma llegó al lugar tres minutos después y encontró a Claudia gravemente herida. La mujer relató que intentó auxiliarla mientras otra persona rezaba y le tomaba el pulso.

“Le dije: ‘hija, tranquila’”, narró.

De acuerdo con los testimonios, el agresor habría utilizado un cuchillo y provocado una herida de gran magnitud en el abdomen. Alma describió la escena como particularmente traumática y explicó que Claudia tenía dificultades para respirar y prácticamente no podía hablar.

La mujer también relató que intentó tranquilizarla para evitar que respirara aceleradamente mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

El reporte de los testigos señala que el mensaje al 911 pudo enviarse alrededor de las 20:54 horas. La ambulancia habría llegado aproximadamente 20 minutos después.

Los vecinos cuestionaron el tiempo de respuesta debido a que, según su relato, la Cruz Roja se encuentra a unas cuatro cuadras de la Casa de la Cultura. Alma consideró que una atención más rápida pudo haber cambiado el desenlace.

Tras el crimen, trabajadores del Ayuntamiento instalaron luminarias en la zona, de acuerdo con los habitantes. Sin embargo, los vecinos consideran que también es necesario recuperar la vigilancia policial permanente en los alrededores del inmueble.

Alma, quien estuvo entre las personas que acompañaron a Claudia durante sus últimos minutos, pidió que su testimonio llegara hasta los padres de la estudiante española.

“Nunca dejamos sola a su hija”, afirmó.

Explicó que alrededor de 10 personas participaron de distintas maneras: algunas llamaron a los servicios de emergencia, otras permanecieron en la entrada ante el temor de que el agresor regresara y varias acompañaron a Claudia mientras esperaban ayuda.

La Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de Francisco Javier “N”, señalado como presunto feminicida de Claudia Tacoronte.

Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, presunto miembro de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue detenido el pasado miércoles en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la información disponible, a El Ciego se le atribuyen funciones de distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación en contra de las fuerzas de seguridad, además de contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y autoridades locales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que El Ciego era identificado como generador de violencia en la región.

El funcionario señaló que contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relacionaba con homicidios, extorsiones, distribución de drogas, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

La detención, dijo, fue resultado de trabajos de investigación del Centro Nacional de Inteligencia y fue realizada por la Defensa, la Semar, la SSPC, la GN y autoridades estatales.

Por medio de un comunicado, las autoridades detallaron que la detención se llevó a cabo durante un patrullaje implementado sobre avenida Nicolás Bravo y Álvaro Obregón, en la segunda sección, donde los elementos observaron a una persona que adoptó una conducta sospechosa ante la presencia de las unidades oficiales.

Los oficiales estatales y federales se aproximaron al individuo, y tras establecer contacto a pocos metros, informaron la razón de la su presencia en la zona. El sujeto se identificó con su nombre, dijo tener 26 años y ser originario de Mexicali. Se le practicó una revisión precautoria sin encontrar nada ilícito en su persona.

Sus datos generales fueron ingresados a la base de datos del C5 de Baja California, donde se confirmó que contaba con un mandamiento judicial activo por el delito de homicidio calificado, bajo el NUC 02-2026-08249.

Ante esta situación, los agentes le informaron el motivo de su detención y los derechos que le asisten en su calidad de persona detenida. Con apoyo de las autoridades federales, fue puesto a disposición de la institución competente para dar seguimiento a su situación jurídica.

Ya había sido detenido

Cabe destacar que en julio de 2025, Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, ya había sido detenido junto a cuatro personas, identificadas como Juan Antonio “N”, Adán Ramiro “N”,alias El Timmy, Andrea Monserrat “N” y Samantha Elizabeth “N”, todos originarios de Mexicali, cuando circulaban a exceso de velocidad en un vehículo Mercedes Benz 2005 sobre la carretera estatal número 3 en Ciudad Guadalupe Victoria.

Durante la inspección, en esa ocasión, los agentes localizaron:

• 14 gramos de cocaína en 20 dosis
• 56 gramos de metanfetamina en 91 dosis
• 107 gramos adicionales de la misma droga

Cabe recordar que El Ciego ya había sido vinculado con una serie de amenazas contra agentes de seguridad, luego de dejar una bolsa con pan dulce y una servilleta firmada con un mensaje intimidatorio, que decía: “pa que se les quite el hambre, perros”.

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Policías detienen a mujer junto con un menor por el robo de un auto de lujo en hotel de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 18 años y a un menor de edad por su posible participación en el robo de un BMW de alta gama, hecho ocurrido en un hotel de la alcaldía Gustavo A. Madero. El automóvil fue localizado gracias al sistema de geolocalización GPS instalado en la unidad.

El reporte llegó a los uniformados a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, que alertaron sobre el robo de un vehículo de la marca BMW estacionado en un hotel ubicado en la esquina de las calles Noé y Otilia, en la colonia Guadalupe Tepeyac. Con esa información, los policías acudieron de inmediato al sitio señalado.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, de 26 años, quien relató que horas antes había asistido a una reunión con varias personas en ese establecimiento de hospedaje. Después de la convivencia, se retiró a descansar y, al despertar, notó que su BMW color negro ya no estaba en el estacionamiento.

El propietario del vehículo activó el sistema de geolocalización GPS y logró ubicar la unidad en la colonia Nueva Atzacoalco, dentro de la misma demarcación. Con ese dato, los policías se trasladaron al punto exacto y localizaron a los dos sospechosos a bordo del automóvil sustraído.

Al ser cuestionados, la mujer y el menor no acreditaron la legal propiedad de la unidad, por lo que fueron detenidos en el sitio. El propietario reconoció su vehículo y solicitó proceder legalmente contra ambos, quienes fueron trasladados junto con el BMW recuperado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien determinará su situación jurídica.

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

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Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo este miércoles una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos, con un arma blanca en lo que se investiga como un intento de robo.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida ante medios de comunicación en Cuernavaca y anunció que en las próximas horas se publicará la ficha de búsqueda del sospechoso.

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La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años aproximadamente y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

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Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

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Los asesinatos de Sara Rosalina, maestra de preescolar en Escuinapa, y Reyna María, docente jubilada de Culiacán, colocaron nuevamente la violencia contra las mujeres en el centro de la atención en Sinaloa. Ambas fueron asesinadas a balazos en hechos registrados con menos de 48 horas de diferencia y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los dos casos son investigados bajo el protocolo de feminicidio.

El caso más reciente ocurrió la mañana del martes 15 de septiembre, cuando Reyna María, de 61 años y maestra jubilada, fue localizada sin vida dentro de su domicilio de la colonia Cuatro de Marzo, al norte de Culiacán.

Vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego y observaron a dos personas que se alejaban del lugar después de los disparos. Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron a una vivienda de la calle Buenaventura, donde encontraron a la mujer con heridas de bala y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Hasta la información disponible, las autoridades no habían reportado personas detenidas por este crimen.

Sara Rosalina fue asesinada al regresar de dejar a su hija en la escuela

El homicidio de Reyna ocurrió un día después del asesinato de Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, quien fue atacada la mañana del lunes 14 de septiembre en la colonia Centro de Escuinapa.

De acuerdo con los reportes disponibles, Sara había salido de su domicilio para llevar a su hija a la escuela. Al regresar, fue atacada a balazos cuando se encontraba cerca de su vivienda, en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero.

Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Cuando policías y paramédicos llegaron, encontraron a la profesora con múltiples heridas de arma de fuego, pero ya no presentaba signos vitales.

En el lugar fueron localizados alrededor de 10 casquillos, aparentemente calibre 9 milímetros. La zona fue acordonada y elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

El asesinato provocó muestras de solidaridad entre vecinos y compañeros de trabajo, quienes exigieron justicia para la docente.

Fiscalía investiga tres asesinatos de maestras como feminicidio

Aunque los casos de Sara y Reyna son los que ocurrieron de manera consecutiva, existe un tercer asesinato de una docente durante septiembre.

El 3 de septiembre, Carolina Iracema Beltrán Romero, de 39 años, maestra de educación especial y trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa, fue asesinada a balazos en ese municipio. Su caso también es investigado como feminicidio.

Con ello, durante septiembre se han registrado tres asesinatos de mujeres vinculadas al magisterio en Sinaloa: dos en Escuinapa y uno en Culiacán.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, declaró que las investigaciones se mantienen por separado y que, hasta ahora, no se ha establecido una relación entre los tres crímenes. También señaló que la coincidencia de que las víctimas fueran maestras está siendo analizada, pero no existen elementos para afirmar que se trate de ataques dirigidos específicamente contra el gremio magisterial.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, por su parte, informó que las dos maestras asesinadas en Escuinapa que se encontraban en activo no habían reportado amenazas relacionadas con su trabajo docente. La dependencia precisó que ninguno de esos dos ataques ocurrió dentro de un plantel educativo ni durante un trayecto relacionado con sus funciones.

Sinaloa acumula decenas de feminicidios durante 2026

Los asesinatos de las docentes ocurren mientras Sinaloa enfrenta un repunte de violencia contra las mujeres.

La Fiscalía estatal informó este miércoles que durante septiembre se contabilizan 14 investigaciones por feminicidio, distribuidas entre Escuinapa, con seis casos; Culiacán, con cuatro; y Mazatlán, con otros cuatro. En el acumulado de 2026, la dependencia reportó aproximadamente 83 casos.

La propia Fiscalía indicó que su Unidad de Análisis y Contexto revisa las características de los expedientes para identificar posibles patrones, factores comunes y líneas de investigación.

En este contexto, los asesinatos de Sara Rosalina y Reyna María han puesto nuevamente el foco sobre la violencia letal contra las mujeres en Sinaloa, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables y los posibles móviles de cada crimen.

Por ahora, la Fiscalía sostiene que no existe un vínculo acreditado entre los tres asesinatos de maestras, pese a que ocurrieron en el mismo mes y dos de ellos se registraron con apenas un día de diferencia.

La desaparición de Iván Alexis P. C., un adolescente de 16 años, provocó la suspensión del Grito de Independencia y del desfile cívico del 16 de septiembre en el municipio de Madero, Michoacán, luego de que familiares, habitantes y personas cercanas al joven realizaran protestas y bloquearan vialidades para exigir su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Alerta Amber Michoacán, folio 0374/2026, Iván Alexis fue visto por última vez el 13 de septiembre de 2026, alrededor de las 22:30 horas, en la colonia Centro de Villa Madero, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. Desde entonces se desconoce su paradero y las autoridades advierten que podría ser víctima de algún delito.

La ficha difundida por la Fiscalía General del Estado señala que el adolescente mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez moreno claro, cabello lacio, corto y castaño y tiene como señas particulares una cicatriz en una rodilla y otra en el abdomen. Al momento de desaparecer vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul marino y playera negra.

Bloquean carreteras para exigir su localización

Tras conocerse la desaparición, familiares y pobladores comenzaron movilizaciones para presionar a las autoridades a reforzar las labores de búsqueda.

Uno de los puntos de protesta fue la carretera que comunica a Villa Madero con Acuitzio, donde habitantes mantuvieron un bloqueo que afectó la circulación y exigieron avances en la investigación. Otros reportes ubicaron las movilizaciones en distintos accesos carreteros de la región.

Los manifestantes pidieron la intervención de corporaciones federales y estatales, entre ellas la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil y la Fiscalía de Michoacán, para intensificar los recorridos y localizar al adolescente.

De acuerdo con versiones difundidas por habitantes, Iván Alexis es originario de El Zangarro, comunidad ubicada en el municipio de Madero. Pobladores de esa zona han denunciado previamente problemas relacionados con la tala clandestina y la presencia de grupos delictivos.

En particular, medios locales han recogido señalamientos de habitantes y actores políticos que atribuyen la desaparición a integrantes del crimen organizado y mencionan a Juan Parra, “El Apá”, a quien identifican como presunto líder criminal con presencia en la región. Estas acusaciones no han sido acreditadas públicamente por la Fiscalía como responsables de la desaparición.

Madero cancela el Grito y el desfile

En medio de las protestas, el presidente municipal de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, confirmó la suspensión de las actividades patrias previstas para el 15 y 16 de septiembre.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento decidió concentrar sus esfuerzos en la búsqueda del adolescente y cancelar tanto el Grito como el desfile cívico programado para el miércoles.

“Lamentablemente por las condiciones que estamos viviendo en nuestro municipio, hemos decidido darle prioridad a la búsqueda del muchacho que está perdido”, señaló el edil en un mensaje difundido públicamente.

También indicó que las actividades del 16 de septiembre, incluido el desfile, quedarían canceladas debido a la situación que atraviesa el municipio.

La decisión ocurrió mientras continuaban las movilizaciones de familiares y pobladores, quienes exigieron que las autoridades no retiraran el bloqueo hasta obtener avances en la búsqueda. Otro reporte señaló que el gobierno municipal optó por no utilizar la fuerza pública para desalojar a los manifestantes y concentrar personal de seguridad en los recorridos de localización.

La desaparición de Iván Alexis ocurrió apenas dos días antes de las celebraciones patrias. La Alerta Amber permanece activa y la Fiscalía de Michoacán mantiene disponible el número 800 614 2323 para recibir información que pueda ayudar a establecer su paradero.

Mientras continúan las protestas y las labores de búsqueda, Madero permanece sin sus principales celebraciones patrias, en un municipio donde familiares y habitantes mantienen la exigencia de localizar con vida al adolescente y esclarecer qué ocurrió la noche del 13 de septiembre.

La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos jóvenes mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas fueron identificadas como Abigail Herrera de 19 años y Odette Rosas de 18, salieron de un domicilio en Rinconada y Toltecas cuando fueron atacadas por dos hombres que viajaban en motocicletatenían.

Se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

Familiares de las mujeres llegaron poco después de la agresión, tras escuchar los disparos. Las autoridades capitalinas acordonaron la zona para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las primeras diligencias.

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México y policías de investigación acudieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes. Después del levantamiento, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recapturaron a Carlos Ramsés Galicia Castillo, alias “El Ramsés”, presunto integrante de la Unión de Tepito; casi dos años después de una primera detención que no derivó en proceso por homicidio.

La orden cumplimentada este martes 11 de agosto de 2026 corresponde al homicidio calificado de Jorge Jonathan Galicia Castillo, su familiar, baleado el 24 de mayo de 2024 en las calles Caridad y González Ortega, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Aquel día, el cuerpo de la víctima, quien era señalado como presunto miembro de Los Pichis, quedó entre comercios del centro capitalino.

La detención se concretó a las 12:17 horas en la calle Residencial Zacatenco, entre Acueducto y Calzada Ticoman, alcaldía Gustavo A. Madero, a unos metros del Metrobús Indios Verdes, según consta en el Registro Nacional de Detenciones consultado por este medio.

Galicia Castillo, de 30 años, vestía pants y sudadera naranja con tenis de la marca Jordan color blancos con rojo al momento de ser arrestado.

Detienen Luis “N”, líder de Los Fortis, en funeral su sobrino y una semana después tras salir lo matan

Luis Adrián Fortis, identificado como presunto jefe del grupo conocido como Los Fortis, fue asesinado a tiros el 10 de spetiembre dentro de su automóvil en calles de la colonia Morelos, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a colocar a esta familia en el centro de las disputas criminales relacionadas con Tepito.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Luis Adrián Fortis fue atacado por un hombre armado mientras circulaba por la colonia Morelos, una zona considerada históricamente como uno de los principales puntos de operación de distintos grupos dedicados al narcomenudeo en la Ciudad de México.

El reporte señala que Fortis quedó sin vida dentro de su vehículo después de ser baleado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberán esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable o responsables.

El homicidio ocurre apenas semanas después de que Luis “N” fuera detenido durante el funeral de su sobrino, Dayron Jacob Barbarena Fortis, conocido como “El Dayron”, quien también había sido asesinado a balazos en calles de Tepito.

La sucesión de ataques y detenciones ha vuelto a exhibir la violencia que durante años ha rodeado a Los Fortis, una de las familias con mayor antigüedad dentro de la historia criminal del llamado Barrio Bravo.

Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión

Un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Morelos el pasado 1 de septiembre, en la zona centro de la Ciudad de México, terminó con 12 personas detenidas, entre ellas cuatro que fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito, organización criminal con presencia en esa zona de la capital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, donde policías capitalinos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un grupo de personas que presuntamente manipulaba bolsas de plástico con una hierba verde y seca en su interior.

De acuerdo con el reporte de la SSC, al notar la presencia de los uniformados, algunos de los involucrados intentaron escapar. Sin embargo, los agentes lograron detener a cuatro personas.

Los detenidos fueron identificados como Marlen, de 47 años; Dairon Joseph, de 19; Víctor Daniel, de 19; y Axel, de 26 años.

Aseguran droga y un arma de fuego

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron entre las pertenencias de los cuatro detenidos 146 envoltorios de papel blanco que contenían una sustancia amarillenta en piedra, con características similares a la cocaína.

Con droga y armas fueron capturados presuntos integrantes de la Unión Tepito: Karla, Harmuni, Diego y Donovan

Este sábado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Ciudad de México (CDMX) detuvieron a cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud, según informó el secretario Pablo Vázquez Camacho el 5 de septiembre.

La autoridad señaló que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia y del seguimiento a una carpeta de investigación. En ese contexto, se cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Cuauhtémoc, en coordinación con la Fiscalía CDMX y con apoyo del Gabinete de Seguridad.

En Cuauhtémoc, la SSC detuvo a José “N” y Donovan “N”, identificados como presuntos integrantes de la organización delictiva. Durante la intervención se aseguraron diversas dosis de posible cocaína, marihuana y

La dependencia precisó que el segundo operativo se realizó en la alcaldía Coyoacán, donde fueron detenidas Karla “N” y Harmuni “N”, señaladas como integrantes del mismo grupo.

En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

El mensaje fue emitido este 16 de septiembre, fecha en la que México conmemora el inicio del movimiento independentista de 1810.

Rubio destaca nueva etapa en la relación bilateral

“México es nuestro vecino, y pocas relaciones internacionales impactan de manera tan concreta la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses”, afirmó Rubio en su mensaje.

El secretario de Estado sostuvo que Washington y México han iniciado una nueva etapa de colaboración bajo el gobierno de Trump y señaló como prioridades el comercio, la seguridad y la prosperidad económica.

La declaración llega en un momento en que ambos gobiernos han colocado la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado entre los principales asuntos de la agenda bilateral.

Rubio aseguró que Estados Unidos busca trabajar con México para enfrentar los desafíos relacionados con los grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera. En su mensaje, utilizó los términos “crimen organizado transnacional” y “narcoterrorismo” para referirse a las amenazas que, según Washington, afectan a ambos países.

“El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”, se lee en el comunicado.

El funcionario también relacionó estos problemas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y con la violencia vinculada a los grupos criminales en México.

“Todavía nos queda mucho trabajo por hacer”

Rubio afirmó que durante demasiado tiempo ambos países han enfrentado problemas relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, migración y violencia de los cárteles.

En ese contexto, atribuyó a la administración Trump esfuerzos para enfrentar estos fenómenos y aseguró que Estados Unidos está colaborando con México para “debilitar y desmantelar” a los grupos que Washington considera responsables de actividades criminales.

El mensaje no detalló nuevas acciones concretas anunciadas este miércoles, sino que presentó la cooperación en seguridad como uno de los pilares de la relación bilateral.

La postura expresada por Rubio coincide con la prioridad que el gobierno estadounidense ha dado al combate contra organizaciones criminales mexicanas. En días recientes, por ejemplo, el Comando Norte de Estados Unidos destacó una operación realizada en Chihuahua en la que fueron detenidos presuntos integrantes de La Línea, vinculada al Cártel de Juárez, y señaló que la operación se apoyó en labores de inteligencia compartidas con México.

El secretario de Estado sostuvo que, pese a los avances que Washington atribuye a esta nueva etapa, “todavía nos queda mucho trabajo por hacer juntos”.

Rubio afirmó que Estados Unidos está comprometido con un México “seguro, libre y próspero” y consideró que el país seguirá siendo un socio fundamental para Washington durante las próximas décadas.

El mensaje concluyó con una felicitación al pueblo mexicano por el aniversario de su Independencia.

El 16 de septiembre y la relación México-EU

El pronunciamiento estadounidense ocurre mientras México celebra el aniversario del inicio de su movimiento independentista con ceremonias oficiales y desfiles cívico-militares en distintos estados del país.

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó las actividades conmemorativas del 16 de septiembre y el desfile militar que recorrió las principales calles del Centro Histórico.

El gobierno mexicano también ha utilizado las celebraciones para destacar conceptos como soberanía e independencia nacional. En un discurso pronunciado durante las actividades de este miércoles, Sheinbaum afirmó que México no se entrega ni se arrodilla, en un contexto marcado por la relación con Estados Unidos.

En contraste, el mensaje de Rubio buscó subrayar la interdependencia entre ambos países, particularmente en materia de seguridad y prosperidad económica.

Así, mientras México conmemora este 16 de septiembre el inicio de la lucha independentista de 1810, Washington aprovechó la fecha para reiterar que considera la relación con su vecino del sur estratégica y para insistir en una agenda bilateral donde seguridad, comercio y combate al crimen organizado ocupan un lugar central.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Trump también señaló a China en el documento, ya que, dijo, el país asiático sigue siendo el mayor productor mundial de muchos precursores químicos que son utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales.

Aunque Beijing implementó nuevos requisitos para que sus empresas obtuvieran licencias antes de exportar determinados precursores químicos a Norteamérica, Trump señaló que “los delincuentes siguen eludiendo estos controles mediante el uso de precursores químicos no regulados” e instó al gobierno de Xi Jinping a adoptar medidas “más enérgicas”.

La lista de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas” que figura en la determinación presidencial de este año se mantiene sin cambios con respecto a 2025 e incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Marco Rubio felicita a México por la Independencia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó al pueblo de México en nombre de su país. Por medio de un comunicado, el funcionario estadounidense dijo que la felicitación era por el 216 aniversario de la Independencia.

En dicho comunicado, Rubio dijo que México era vecino de los Estados Unidos, y pocas relaciones internacionales impactaban de manera tan concreta la seguridad y prosperidad de los estadounidenses. Señaló que, bajo la presencia de Trump, se había iniciado un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, en la que ambas naciones se beneficiaban de un comercio más justo, una cooperación más profunda en materia de seguridad y economías de mercado prósperas.

“Durante demasiado tiempo, ambas naciones han sufrido una epidemia de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva descontrolada y violencia de cárteles que se permitió que se extendiera en México. El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”, señaló.

Dijo que Trump había realizado esfuerzos históricos para abordar los desafíos de frente, colaborando con México para debilitar y desmantelar enérgicamente a los grupos narcoterroristas que han intentado mantener al país como rehén de sus caprichos criminales.

Destacó que quedaba mucho trabajo por hacer juntos, que EEUU estaba comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental durante las próximas décadas.

“En esta ocasión, nos unimos al pueblo mexicano para celebrar su independencia y les extendemos nuestros más cordiales deseos de un feliz y orgulloso Día de la Independencia”, concluyó. 

Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

Actualmente, no cumple una condena en una prisión convencional, porque su sentencia definitiva todavía no ha sido dictada. De acuerdo con información publicada, su audiencia ha sido aplazada en siete ocasiones y la próxima comparecencia está prevista para el 28 de octubre de 2026, cuando se revisarán los alcances de su cooperación con las autoridades.

De una prisión de Chicago a una ubicación reservada

La última ubicación penitenciaria conocida públicamente de Guzmán López fue el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Sin embargo, el 14 de julio de 2025 dejó de aparecer en el sistema del Buró Federal de Prisiones (BOP), apenas tres días después de su declaración de culpabilidad.

La desaparición del registro no significó que hubiera quedado en libertad. Reportes posteriores señalaron que había sido trasladado a una ubicación no revelada y que continuaba bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía contempla su cooperación con las autoridades. El Departamento de Justicia informó que Guzmán López se declaró culpable de dos cargos de conspiración para distribuir drogas y dos cargos relacionados con la dirección de una empresa criminal continua.

La cooperación es relevante porque puede influir en la recomendación de la fiscalía sobre su sentencia. La información disponible actualmente indica que el gobierno estadounidense todavía debe informar a la jueza Sharon Johnson Coleman sobre el nivel de asistencia que Guzmán López ha proporcionado y si solicitará una reducción de su eventual condena.

¿Por qué las autoridades no revelan dónde está?

La explicación está relacionada con la naturaleza de la custodia especial y las medidas de seguridad aplicadas a personas que colaboran con las autoridades estadounidenses.

El propio Departamento de Justicia establece, en sus lineamientos sobre protección de testigos, que la información relacionada con una persona protegida debe manejarse bajo criterios estrictos de confidencialidad. Incluso señala que el área de reubicación de un testigo debe ser conocida únicamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) y no debe hacerse pública.

En el caso de Guzmán López, medios mexicanos reportaron desde 2024 que su expediente había adquirido características reservadas y que una fuente de la DEA lo identificaba como colaborador bajo custodia del US Marshals Service. Sin embargo, las autoridades no han hecho pública una confirmación oficial de que forme parte formal del Programa de Protección de Testigos, por lo que esa condición debe tratarse como una versión atribuida y no como un hecho judicial plenamente confirmado.

Lo que sí está confirmado es que no está libre y que continúa bajo custodia estadounidense. En 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, también señaló que Guzmán seguía detenido en Estados Unidos y que su acuerdo de cooperación no implicaba una liberación automática.

La reserva sobre su paradero también permite proteger cualquier investigación en curso y reducir los riesgos derivados de la información que pueda proporcionar. El Departamento de Justicia estadounidense establece precisamente que los asuntos relacionados con testigos protegidos deben manejarse bajo criterios de “necesidad de conocer” y que determinados documentos y procedimientos pueden mantenerse bajo sello.

Por ahora, el misterio sobre el lugar exacto donde se encuentra Ovidio Guzmán permanece sin resolver públicamente. Su situación jurídica tampoco ha concluido: sigue bajo custodia, continúa cooperando con las autoridades y espera una nueva audiencia en octubre, mientras la jueza determina cómo esa colaboración podría repercutir en la sentencia que eventualmente reciba.

Así, tres años después de aquella discreta extradición desde México, el hijo de “El Chapo” se encuentra fuera del sistema penitenciario público, pero no fuera del alcance de la justicia estadounidense.

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia en el mercado de La Merced durante el operativo “Cero Pirotecnia”, implementado con motivo de los festejos patrios. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) participaron en el dispositivo, realizado en las naves mayor y menor del mercado, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El decomiso se dio en el marco de las actividades por el 216° Aniversario del Grito de Independencia. El operativo buscó contribuir a la seguridad y el bienestar de las y los capitalinos durante los festejos patrios, según informó un comunicado conjunto de ambas dependencias.

Personal de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM) Fuerza de Tarea, adscrita a la SSC, coordinó las acciones con la SGIRPC. Los oficiales realizaron recorridos de supervisión tanto al interior como al exterior de los comercios del mercado, con el objetivo de detectar y retirar los artefactos pirotécnicos que representaban un riesgo.

Según datos compartidos la tarde de este 15 de septiembre, durante los recorridos, el personal de ambas instituciones estableció pláticas con la ciudadanía para concientizar sobre los riesgos relacionados con el uso y la comercialización de pirotecnia. Las autoridades explicaron que estos artefactos pueden generar distintos tipos de accidentes entre la población.

La zona de La Merced concentra uno de los mercados más grandes de la capital, con una tradición histórica de comercio de productos diversos, entre ellos pirotecnia, pese a las restricciones vigentes.

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Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

/mexico/2026/09/15/escolta-de-farath-coronel-enfrentara-juicio-por-el-homicidio-del-vidente-hallaron-pruebas-contundentes-que-lo-vinculan-al-crimen/

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

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El Cártel Arellano Félix —también conocido como el Cártel de Tijuana o CAF— opera desde hace décadas en la franja fronteriza de Baja California, con Tijuana como su plaza histórica y estratégica para el tráfico de drogas hacia el sur de California.

La organización, fundada por los hermanos Arellano Félix a finales de los años ochenta tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara, consolidó su poder mediante el control de rutas de cocaína, marihuana y heroína, y en su etapa de mayor expansión tejió alianzas en Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca.

/mexico/2026/09/15/del-control-fronterizo-a-las-alianzas-el-territorio-actual-del-cartel-arellano-felix/

Culiacán volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre con un festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, después de dos años en los que la ceremonia masiva fue suspendida por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El programa en la capital sinaloense comenzará por la tarde con actividades musicales y culturales, mientras que la ceremonia protocolaria está prevista para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. El gobierno estatal también habilitó transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.

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Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

/mexico/2026/09/15/los-ardillos-bajo-presion-inician-proceso-penal-a-15-presuntos-integrantes-en-guerrero/

Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

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El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

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La Secretaría de Marina (Semar) incrementó un 47.2% los aseguramientos de cocaína en sus operaciones marítimas durante 2026, asestando más golpes en contra de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

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Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

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La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

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México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

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El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

/mexico/2026/09/15/experto-cuestiona-falta-de-protocolos-en-evento-de-cuautla-donde-fue-asesinada-claudia-tacoronte-es-un-territorio-asediado-por-el-crimen/

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

/mexico/2026/09/15/ocultos-entre-cajas-de-fertilizante-asi-hallaron-autoridades-217-litros-de-metanfetamina-en-la-paz-bc/

Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 14 de septiembre de 2026 frente a su domicilio en la colonia Centro de Escuinapa, Sinaloa, cuando presuntamente volvía tras dejar a su hija en la escuela. Su muerte elevó a 16 el número de mujeres asesinadas en el municipio desde junio y a seis los casos registrados durante septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional. Personas que transitaban por el sitio alertaron a la Policía Municipal tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

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Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

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Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

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Este martes 15 de septiembre fue detenido Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, señalado por su presunta participación en el homicidio de Eduardo Bustos Pérez, el agente de la Guardia Nacional que había denunciado en video una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación federal, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el grupo criminal Los Tlacos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se ejecutó a las 2:50 de la tarde en la colonia Renacimiento, en Acapulco de Juárez, frente a la oficina de la Agencia del Ministerio Público del fuero común.

El documento oficial describió al Said Sánchez con playera negra tipo polo, pantalón de mezclilla azul marino y sin bigotes. La autoridad que efectuó la captura fue la Policía Ministerial de Guerrero.

Luego de confirmarse la aprehensión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) publicó un breve mensaje en el que atribuyó la operación a trabajos de investigación conjunta entre personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, y agregó que fue gracias a una orden de aprehensión emitida por un juez.

Tras su captura, Sánchez Sandoval quedó en traslado hacia el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Hasta el momento las autoridades no han revelado un posible vinculo entre el comisario Sánchez y algún grupo delictivo en la región, ni detallado cuál habría sido su papel en el homicidio del pasado 5 de septiembre.

Bustos Pérez señaló a un cabo y a un funcionario de la Fiscalía como enlaces con Los Tlacos

Antes de ser asesinado, el agente Eduardo Bustos Pérez grabó un mensaje de más de ocho minutos en el que se presentó como elemento con curso de investigación, adscrito a la coordinación estatal de la Guardia Nacional con sede en Ocotitlán. En esa grabación se identificó a sí mismo con el sobrenombre “Cotito” y dijo pertenecer a la 37ª Coordinación con sede en Iguala.

El agente narró que recibía órdenes de un superior al que llamó “El Cabo Medina”, quien lo comisionó a vigilar los movimientos del grupo Los Ardillos en Xaltianguis. Su trabajo, dijo, consistía en redactar informes, tomar fotografías y ubicar geográficamente puntos en Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada, material que enviaba a Medina.

De acuerdo con su versión, Medina reportaba a su vez a “Montoro”, un funcionario del área de delitos graves de la Fiscalía Estatal, y ambos operaban bajo instrucciones de Los Tlacos. Sostuvo que la meta de ese arreglo era entregar el control de Juan R. Escudero y Xaltianguis a esa organización, con miras a extender después su dominio hacia Acapulco.

En el mismo mensaje, Bustos Pérez habló de “Jacinto Varona”, una persona a la que dijo haber protegido durante un mes por encargo. Según su relato, Varona buscaba cobrarse una afrenta contra Los Ardillos, a quienes acusaba de haber secuestrado a una empleada suya, motivo por el cual se habría acercado a Los Tlacos. Ninguno de estos señalamientos fue corroborado por autoridad alguna al momento de circular el video.

El agente reveló cifras de pagos irregulares y describió una incursión militar frustrada

Bustos Pérez aportó cifras específicas sobre lo que calificó como una nómina paralela. Dijo que Medina y Montoro cobraban en efectivo, en Chilpancingo, un aproximado de cien mil pesos cada quincena, entregado directamente por operadores de Los Tlacos.

Añadió que mandos con jerarquía superior, ubicados en Chilpancingo, en el área identificada como “Megna” y en la coordinación de Ocotitlán, percibían sumas mayores, de entre doscientos y trescientos mil pesos por el mismo periodo.

El agente también describió un operativo contra líderes de Los Ardillos en Xaltianguis, coordinado por Medina junto con la Fiscalía y la propia Guardia Nacional. Según narró, el Ejército solo intervino en un cateo en la zona centro, con respaldo aéreo, pero la llegada del helicóptero delató el movimiento de las tropas terrestres antes de que lograran cerrar el cerco sobre el poblado de Colorada, lo que echó abajo el plan original.

Ante ese fracaso, según el mensaje, el contingente se replegó a Ocotitlán a la espera de nuevas instrucciones.

Bustos Pérez fue asesinado momentos después de grabar su denuncia

La Defensa confirmó, en un comunicado emitido el 6 de septiembre, que el agente que aparecía en el video difundido en redes sociales fue privado de la vida momentos después de grabar sus declaraciones. El cuerpo se localizó junto con el de tres personas más en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

Según la dependencia, Eduardo Bustos Pérez se encontraba disfrutando de días de descanso en Guerrero, entidad de la que era originario. El comunicado no detalló la causa de muerte ni las circunstancias exactas del ataque, y precisó que lo relacionado con la grabación forma parte de las investigaciones en curso.

La institución castrense enmarcó el crimen dentro de un contexto de “importantes afectaciones a los grupos delincuenciales” que operan en el estado, derivadas de las acciones implementadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante los últimos meses.

En el mismo mensaje, la Defensa sostuvo que durante la actual administración, las fuerzas armadas y de seguridad han intensificado sus labores “sin distinción alguna contra las organizaciones delictivas con presencia en el estado de Guerrero”, nombrando expresamente a Los Tlacos, Los Rusos y Los Ardillos, pese a que Bustos, en su denuncia, había señalado a Los Tlacos como el grupo beneficiado por la presunta corrupción.

El comunicado no hizo referencia directa a las acusaciones del agente contra esa organización en particular al presentar el balance operativo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia. En total, son cerca de 20 mil agentes los que se encuentran en el estado por la disputa del Cártel de Sinaloa.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

“El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, aseguró.

Más tarde, la SSPC detalló que se trata de 836 agentes desplegados, quienes se suman a los más de 2 mil elementos que ya estaban en Sinaloa por parte de la corporación y de la Marina.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene más de 15 mil 900 elementos en el estado, por lo que de manera posterior informará sobre el personal adicional que destinará solo a Mazatlán.

Las actividades que realizarán contemplan su distribución en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Además, reforzarán la vigilancia en carreteras para mejorar la capacidad de respuesta.

Los agentes también intensificarán los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión para la reducción de la incidencia delictiva.

Más de 7 mil agentes de seguridad están de forma permanente en Mazatlán, pero la violencia continúa

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó en días pasados que la cifra de elementos de seguridad desplegados en el municipio asciende a 7 mil 700 de diversas corporaciones que se encontraban de manera permanente para contener la violencia.

Y es que desde el mes de julio se registró un incremento en los asesinatos, feminicidios y ataques armados provocados por la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados por el medio Noroeste, el municipio pasó de un promedio mensual de entre 5 y 9 homicidios, a cerca de 36 casos en el mes de julio, cifra que casi se duplicó en agosto con un total de 61 asesinatos y 12 feminicidios.

Entre los hechos violentos recientes se encuentra el atentado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, cuando circulaba en una camioneta oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán.

Testigos citados por medios locales señalaron que los agresores se desplazaban en motocicleta y dieron seguimiento a la unidad del funcionario, para luego interceptarlo y dispararle en al menos 15 ocasiones. Osuna Tirado resultó herido junto con un acompañante.

La madrugada del 9 de septiembre, un agente de la Guardia Nacional murió cuando hombres armados irrumpieron en una habitación de un hotel situado sobre la avenida Del Mar, en el fraccionamiento Palos Prietos, y dispararon en varias ocasiones contra sus dos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Alfredo “N”, elemento activo de la Guardia Nacional comisionado en Oaxaca aunque residente en Mazatlán, y José Antonio “N”, ambos de 23 años, según informó Noroeste.

Esa misma tarde, una balacera obligó a resguardarse a alumnos de secundaria, cuando personas que se transportaban en motocicletas se enfrentaron a balazos en inmediaciones de la Escuela Secundaria Federal número 5, Ricardo Flores Magón, en la colonia Urías, justo cuando los estudiantes salían de su jornada escolar.

El personal docente instruyó a los alumnos a regresar a las aulas en cuanto se escucharon los disparos cerca del plantel. En redes sociales circuló un video en el que se observa a un grupo de estudiantes siendo reunidos por adultos para resguardarse en un salón alejado de la calle principal, mientras otro material mostró a un alumno ingresando a una vivienda entre detonaciones de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que ninguna persona resultó lesionada en el enfrentamiento, en el que las autoridades recolectaron al menos 20 casquillos percutidos.

Tres días después, a horas de realizarse la marcha por la paz convocada para exigir seguridad, Mazatlán registró 5 homicidios que representaron la mitad de las 10 muertes violentas contabilizadas ese día en todo Sinaloa.

Esa jornada de violencia se produjo pese a que horas antes se activó el cuerpo de la Fuerza de Reacción Interinstitucional, ordenado por la alcaldesa Estrella Palacios para atender hechos de alto impacto en el municipio.

Esperanza, Puebla, celebrará este 15 de septiembre las fiestas patrias sin Isaac Rodríguez Ochoa al frente del gobierno municipal. El alcalde fue detenido el 7 de septiembre en un operativo federal y señalado por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Fue Raúl Pineda Raygoza quien asumió en su lugar la presidencia del Concejo Municipal creado por el Congreso de Puebla tras la desaparición del Ayuntamiento.

Las actividades previstas para la noche del Grito se mantienen en el municipio pese al cambio en el gobierno local. El nuevo Concejo quedó a cargo de la administración de Esperanza para el resto del periodo 2024-2027.

Antes de asumir la presidencia del Concejo Municipal, Raúl Pineda Raygoza fue director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de Puebla y presidente municipal de Lafragua.

El Congreso estatal también designó a María Ivette Huerta Velázquez como síndica y a otros ocho integrantes del Concejo, que quedó instalado para ejercer las funciones correspondientes al Ayuntamiento durante el resto del periodo constitucional.

Hasta ahora no se ha informado públicamente quién pronunciará formalmente el Grito de Independencia esta noche.

La investigación también alcanzó a funcionarios municipales

La operación federal del 7 de septiembre dejó nueve personas detenidas. Entre ellas estuvieron Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde, y Abigail Contreras Camacho, quien dejó el cargo de directora de Seguridad Pública Municipal el 1 de septiembre.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los detenidos son investigados por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Como parte de las diligencias se ejecutaron 23 órdenes de cateo. Las autoridades reportaron el aseguramiento de 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos y cuatro unidades con blindaje, además de otros indicios.

La vinculación señalada por las autoridades corresponde a una investigación en curso y no constituye por sí misma una sentencia de culpabilidad.

Con 33 votos a favor, el Congreso desapareció el Ayuntamiento de Esperanza

Después de las renuncias presentadas por integrantes del Cabildo, el Congreso de Puebla aprobó la desaparición del Ayuntamiento con 33 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

En la misma decisión se creó el Concejo Municipal que sustituyó al gobierno electo y quedó encargado de la administración local hasta el final del periodo 2024-2027.

La medida modificó la conducción del municipio apenas unos días antes de las fiestas patrias, por lo que el Grito de Independencia de este año se realizará bajo una administración distinta a la que inició el actual trienio.

¿Qué significa que desaparezca un Ayuntamiento y qué pasa después?

La desaparición del Ayuntamiento no significa que Esperanza deje de ser municipio ni que sus servicios públicos queden suspendidos. Lo que cambia es la integración del gobierno local: los funcionarios que llegaron al cargo mediante la elección de 2024 dejan de ejercer sus funciones y el Congreso de Puebla coloca en su lugar un Concejo Municipal.

La Ley Orgánica Municipal establece que el Concejo tiene las mismas facultades que un Ayuntamiento y que sus integrantes asumen las atribuciones y obligaciones correspondientes a la presidencia municipal, las regidurías y la sindicatura. La diferencia principal está en la forma en que llegan al cargo: mientras los integrantes de un Ayuntamiento son elegidos mediante voto popular, los miembros del Concejo son designados por el Congreso estatal.

La legislación poblana contempla esta salida cuando existen conflictos entre los integrantes de un Ayuntamiento que impiden su funcionamiento o cuando la actuación del gobierno municipal provoca una alteración grave del orden público. Para declarar su desaparición se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

En Esperanza, el Concejo fue designado para concluir el periodo constitucional 2024-2027. Eso significa que no se convocará automáticamente a una nueva elección municipal por el solo hecho de haber desaparecido el Ayuntamiento. La propia legislación prevé que el Congreso pueda nombrar un Concejo y, en determinados supuestos, convocar posteriormente a elecciones; en este caso, el decreto aprobado para Esperanza estableció que el nuevo órgano permanecerá durante el resto del actual periodo.

En los últimos dos años, Puebla ha recurrido a esta figura

La sustitución de un Ayuntamiento por un Concejo se ha repetido en Puebla durante los últimos dos años. En 2025, el Congreso declaró la desaparición de los ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan, y designó Concejos para concluir el periodo 2024-2027.

En el caso de Tlachichuca, por ejemplo, el Congreso revocó el mandato de la presidencia municipal, regidurías y sindicatura y posteriormente designó un Concejo Municipal. En San Nicolás Buenos Aires ocurrió un procedimiento similar en junio de 2025.

Con las decisiones tomadas en septiembre de 2026, Esperanza se incorporó a una lista que también incluye a Acatlán de Osorio y Tepeyahualco, cuyos ayuntamientos fueron desaparecidos y sustituidos por Concejos que permanecerán hasta concluir el periodo constitucional 2024-2027.

Frank Mahonri Cruz-Marentes, un ciudadano mexicano de 37 años extraditado de Perú a Estados Unidos en noviembre de 2025, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 72 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cruz-Marentes admitió este 14 de septiembre de 2026 su responsabilidad por las operaciones realizadas entre enero de 2019 y abril de 2021, mediante una red que recolectaba dinero de organizaciones de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses.

El caso es procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados, conforme al cargo de conspiración para el lavado de dinero.

Recorrían EU para recoger el dinero del narcotráfico

Según los registros judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Cruz-Marentes consiguió contratos con organizaciones de narcotráfico asentadas en México para encargarse de recoger las ganancias generadas por la venta de drogas en territorio estadounidense.

La operación tenía un alcance que abarcaba ciudades como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York, además de otros puntos del país.

Una vez que recibía las instrucciones, Cruz-Marentes se comunicaba con una red de mensajeros y titulares de cuentas bancarias con base en el Valle Imperial, California, para coordinar la recepción y depósito del efectivo.

Los integrantes de la red utilizaban teléfonos desechables y frases clave para comunicarse y establecer los detalles de cada operación, de acuerdo con la acusación federal.

Los mensajeros salían desde San Diego hacia diferentes ciudades para recoger el efectivo. Antes de concretar cada encuentro, verificaban los puntos de reunión mediante fotografías y códigos previamente establecidos.

Dinero oculto en bolsas, cajas y cuentas fachada

La investigación estadounidense sostiene que las ganancias del narcotráfico eran trasladadas en distintos tipos de contenedores para ocultar el efectivo durante su traslado.

Entre los métodos descritos en los documentos judiciales estaban bolsas de basura, bolsas de lona y cajas de zapatos.

Una vez que el dinero llegaba a la red de Cruz-Marentes, los integrantes realizaban depósitos masivos en cuentas bancarias pertenecientes a negocios ficticios utilizados como fachadas.

El objetivo era introducir el dinero en el sistema financiero para posteriormente moverlo fuera de Estados Unidos.

Después de los depósitos, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales en México, desde donde, según las autoridades estadounidenses, el dinero era distribuido nuevamente a las organizaciones de narcotráfico que habían generado las ganancias.

Extradición desde Perú y sentencia en diciembre

El proceso contra Cruz-Marentes comenzó antes de su llegada a Estados Unidos. En septiembre de 2025, el gobierno de Perú autorizó su extradición a territorio estadounidense para que fuera procesado por la presunta conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

La resolución peruana señala que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había declarado procedente la solicitud estadounidense y que el mexicano aceptó voluntariamente someterse a un procedimiento simplificado de extradición.

Tras su traslado a Estados Unidos, el expediente quedó registrado bajo el número 20cr2682-GPC.

Cruz-Marentes será sentenciado el 18 de diciembre de 2026 por el juez de distrito estadounidense Gonzalo P. Curiel. El caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Blanca Quintero y Keith D. Ellison.

La investigación involucró a Homeland Security Investigations (HSI), la DEA, el Servicio de Impuestos Internos mediante su división de Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento del Sheriff de San Diego.

El Departamento de Justicia señaló que la investigación fue realizada por el California Homeland Security Task Force, como parte de la denominada Operación Take Back America, una iniciativa federal estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales y otras estructuras delictivas.

En los nueve meses que van del 2026, cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas, pero sus casos no han tenido avances importantes para localizar a los responsables y garantizar justicia a las víctimas, ya que solo un hombre ha sido detenido por uno de los feminicidios.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, fue localizada sin vida en la zona norte de Cuernavaca el 2 de marzo, luego de ser reportada como desaparecida diez días antes.

La joven tenía 18 años de edad, y su caso es el único que cuenta con una persona detenida, identificado como Jared Alejandro “N”, su novio y también estudiante de la UAEM.

Su arresto ocurrió cuatro días después del hallazgo sin vida de Kimberly Ramos, a quien se le acusó por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de desaparición agravada y feminicidio. En las diligencias, las autoridades localizaron pertenencias de la joven en una cabaña que era propiedad de su familia.

Dos feminicidios en menos de dos semanas

El caso de Kimberly Ramos provocó las primeras muestras de inconformidad por parte de la comunidad estudiantil al exigir mayor seguridad; sin embargo, dos días después ocurrió el segundo caso de feminicidio.

Karol Toledo Gómez, de 18 años de edad, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo luego de que su familia dejó de tener comunicación con ella tras acudir a clases a la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, donde cursaba el segundo semestre de derecho.

Tres días después el cuerpo de la joven fue localizado sobre la carretera Coatetelco-Miacatlán, en el municipio de Coatetelco, en Morelos. Por su feminicidio no hay personas detenidas a seis meses de los hechos.

Los dos feminicidios provocaron movilizaciones por parte de la comunidad para exigir seguridad en las instalaciones universitarias y justicia para las dos jóvenes.

Desde el 2 de marzo, los estudiantes tomaron el Campus Chamilpa para no retomar las clases hasta que se cumpliera con sus exigencias de seguridad, en un paro de actividades que duró alrededor de dos meses.

Dos meses después volvió a ocurrir otro asesinato de una estudiante

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años de edad, era alumna del bachillerato de la UAEM. El 24 de mayo fue reportada como desaparecida en el municipio de Yautepec luego de que salió a la escuela y no regresó.

De acuerdo con reportes, la adolescente era hija de una académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Después de más de 10 días de búsqueda, Michelle Itzayana fue localizada sin vida el 2 de junio en inmediaciones del municipio de Tepoztlán. Su caso es otro de los que no registran personas detenidas hasta el momento.

Tres meses después la calma no ha regresado para las alumnas de la UAEM. El pasado 12 de septiembre fue asesinada Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de viajó desde España para ingresar a la institución educativa.

La joven de 21 años tenía cerca de un mes de vivir en Morelos y, tras concluir su semana, se movilizó a Cuautla para participar en la 42° Feria Nacional de la Planta Medicinal que se realizaría en la Casa de la Cultura del municipio.

Como parte de las actividades programadas, los participantes colaborarían en la construcción del primer temazcal de Cuautla, por lo que tenían la oportunidad de pernoctar en el sitio; Claudia lo hizo, y su feminicidio ocurrió el primer día de actividades.

Esa noche, la joven fue presuntamente víctima de un robo y lesionada con un arma blanca por el sujeto que la interceptó en la Casa de la Cultura de Cuautla. Vecinos denunciaron que los servicios de emergencias y seguridad tardaron más de media hora en llegar para brindarle atención médica. La joven falleció en el lugar.

Las autoridades informaron que su caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento no hay personas detenidas por el caso.

Luego de los hechos, ocurridos en solo siete meses, Ricardo Ravelo, periodista especializado en crimen organizado, fue contundente al señalar que la falta de personas arrestadas son una muerta de la impunidad que existe en el estado de Morelos.

En entrevista con Infobae México, el periodista también señaló que la falta de protocolos de seguridad y para atender emergencias en el centro cultural es uno de los puntos más cuestionables para las autoridades, quienes conocen la situación de criminalidad del municipio, luego de que en mayo pasado su alcalde, Jesús Corona Damián, fue detenido por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Además, Ravelo explicó que en Cuautla se encuentran activos otros grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo de Los Tlahuica y Los Rojos.

“Las autoridades no han hecho su trabajo con rigor porque hasta hoy no hay detenidos ni autores intelectuales, salvo en un caso. No hay más presuntos responsables, de tal manera que lo que impera es impunidad, si impera impunidad, pues ahí se generan las condiciones para que florezca la delincuencia”, expresó.

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

El asesinato de la joven, quien se encontraba de intercambio desde la Universidad de Granada, ocurrió el pasado sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla por un presunto robo. El agresor, un hombre que vestía playera blanca y llevaba mochila negra, la atacó con un arma blanca que le provocó la muerte.

Casa de la Cultura no contaba con servicios de emergencias ni policías que brindaran seguridad

Tacoronte se encontraba en ese lugar porque asistió a la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se celebraba en ese centro cultural del 12 al 14 de septiembre. La estudiante pernoctaba allí porque el plan contemplaba la construcción del primer temazcal del municipio y les ofrecían pasar la noche en sus instalaciones.

Ante los hechos, el periodista especializado en crimen organizado y también escritor, Ricardo Ravelo, cuestionó la falta de protocolos implementados por el municipio de Cuautla para el desarrollo del evento cultural, ya que no contaba con seguridad ni elementos de emergencias en caso de presentarse un incidente.

Y es que la emergencia sucedió el primer día de actividades: la joven fue gravemente herida y no pudo recibir atención médica inmediata. Vecinos del lugar denunciaron que los servicios de emergencias y seguridad tardaron más de media hora en llegar al sitio para atenderla, y finalmente murió.

“Nunca está de más tenerlos ahí por si hay un desmayo, alguna persona sufre un infarto”, apuntó el experto en entrevista con Infobae México.

“Un territorio asediado por el crimen organizado”: Ravelo

Ravelo cuestionó la decisión de realizar la feria cultural en Cuautla al señalar que se trata de “un territorio asediado por la delincuencia organizada”, lo que ha quedado evidenciado desde la detención del alcalde, Jesús Corona Damián, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El periodista dijo no comprender la razón por la que las autoridades decidieron llevar a cabo el evento en un municipio bajo control de estructuras criminales, donde se ha implementado la Operación Enjambre y el llamado “Plan Cuautla” para desmantelar redes delictivas.

“Todavía no tiene condiciones, este territorio no tiene condiciones de seguridad al 100% porque están en pleno trabajo de ubicación de delincuentes, cómplices... Es una estructura criminal que no solamente tomó el control de municipios, sino que además también ha implementado secuestros, asesinatos, desapariciones, feminicidios”, explicó.

El experto planteó que los organizadores y el gobierno estatal buscaron aprovechar la fiesta de plantas medicinales para “proyectar una imagen diferente” de la región Oriente de Morelos. Sin embargo, remarcó que lo hicieron “sin llevar a cabo los protocolos mínimos necesarios de seguridad”.

El mapa criminal que opera en Morelos

Ravelo detalló que la región oriente del estado, donde se ubica el municipio de Cuautla, se encuentra en disputa por varios grupos delictivos, entre los que se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo de Los Tlahuica y Los Rojos, las cuales son las principales estructuras activas en la zona.

La delincuencia que afecta al estado también ha impactado a la comunidad de la UAEM, provocando los cuatro feminicidios que suman en siete meses. Al respecto, dijo que de manera directa los delitos que aquejan a los estudiantes es el tema del narcomenudeo y la trata de personas, que han sido denunciados desde meses atrás por los propios alumnos.

Además, subrayó que la falta de detenciones en los cuatro casos de feminicidio (de los que uno solo cuenta con un arresto) es una muestra de la impunidad que existe en Morelos.

“Si impera la impunidad, pues ahí se generan las condiciones para que florezca la delincuencia”, explicó.

Además, dijo que es necesario que las escuelas cuenten con un análisis de riesgo de las zonas con la que cuentan con colaboración para intercambios estudiantiles, ya que podría evitar nuevas tragedias como la del asesinato de Tacoronte.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una estructura que, por número de integrantes, puede compararse con las fuerzas armadas de algunos países. Una estimación del gobierno de Estados Unidos ubica entre 15 mil y 20 mil a los miembros de la organización criminal, actualmente encabezada, según Washington, por Juan Carlos Valencia González, “El 03”.

La cifra aparece en la evaluación del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC) sobre el CJNG. El organismo lo identifica como uno de los cárteles más poderosos y violentos de México y como el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

Aunque la comparación con ejércitos nacionales permite dimensionar el tamaño de la organización, el dato debe entenderse como una estimación del número de integrantes del cártel, no como una cifra equivalente a militares desplegados o combatientes armados.

Una fuerza criminal comparable con ejércitos nacionales

Con entre 15 mil y 20 mil integrantes, el CJNG alcanza una dimensión similar a la de las fuerzas armadas de Paraguay, estimadas en alrededor de 20 mil efectivos, y supera las cifras atribuidas a las fuerzas militares de Suecia y Dinamarca, alrededor de 16 mil, de acuerdo con la comparación retomada de datos internacionales.

La diferencia es todavía mayor frente a países como Irlanda, cuyas fuerzas armadas cuentan con unos 8 mil 500 elementos.

El dato adquiere relevancia por tratarse de una organización criminal cuya estructura no se limita al narcotráfico. De acuerdo con el NCTC, el CJNG también obtiene recursos mediante extorsión, robo de combustible, secuestro, tala y minería ilegales, tráfico de migrantes y fraude relacionado con tiempos compartidos.

La estimación tampoco es nueva. La DEA había calculado anteriormente que el CJNG tenía alrededor de 18 mil 800 integrantes, mientras que la actualización estadounidense de 2026 mantiene el rango de entre 15 mil y 20 mil miembros.

‘El 03’ quedó al frente tras la muerte de ‘El Mencho’

El tamaño de la organización contrasta con el cambio ocurrido en su cúpula durante 2026. Después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Estados Unidos identificó a su hijastro Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “El Pelón”, como el nuevo líder del CJNG.

La DEA y otras agencias estadounidenses mantienen acciones contra Valencia González. En agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció cargos contra integrantes de alto nivel del CJNG y elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto y/o condena.

El relevo en la dirigencia, sin embargo, no significó la desaparición de la estructura. La evaluación estadounidense sostiene que el CJNG conserva una organización jerárquica en la que líderes regionales administran las operaciones cotidianas bajo una estructura central.

De México a una red criminal internacional

El NCTC ubica al CJNG como un actor criminal dominante particularmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Pero su radio de operación no se limita a México. La evaluación estadounidense señala actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá y Australia, además de presencia o vínculos en países de Europa, Asia, África y América Latina.

Uno de los puntos estratégicos mencionados por Estados Unidos es el puerto de Manzanillo, Colima, debido a su importancia para la entrada de precursores químicos utilizados en la producción ilícita de fentanilo y metanfetamina.

El organismo también atribuye al CJNG el uso de violencia extrema y mecanismos de intimidación para controlar territorios y enfrentar a grupos rivales y autoridades.

Además, Estados Unidos sostiene que la organización busca coaccionar o incentivar a funcionarios, jueces, fiscales y elementos de seguridad para facilitar sus actividades y evitar acciones en su contra.

Así, la estimación de 15 mil a 20 mil integrantes ofrece una dimensión del tamaño que conserva el CJNG después de la caída de su fundador. Para Washington, la permanencia de esa estructura explica por qué la organización continúa siendo considerada una de las principales amenazas criminales transnacionales y el principal rival del Cártel de Sinaloa.

Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

En un primer momento se señaló que la alcaldesa viajaba en la camioneta atacada, sin embargo, la periodista Azucena Uresti, posteó en su cuenta de X que Wong no había sido víctima del ataque, y que ella misma y la Fiscalía Estatal habían confirmado que ella estaba participando en la Mesa de la Paz cuando ocurrió el atentado.

La periodista también señaló que el funcionario herido estaba fuera de peligro.

Por su parte el periodista Osvaldo Muller dio a conocer en sus redes sociales que se trató de un ataque directo en la zona de Ojo de Agua, en Tecámac, donde sujetos en una motocicleta dispararon contra los tripulantes de la camioneta atacada. Los funcionarios que viajaban en ella se trasladaron hasta la Cruz Roja de Tecámac para ser atendidos por las heridas que recibieron. Desde la Cruz Roja fueron trasladados a otros hopirtales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, confirmó los hechos, y confirmó que en el ataque dos personas habían resultado heridas. Uno de los servidores públicos, se señaló por medio de un comunicado, fue atendido en el lugar por lesiones en la mano derecha, ocasionadas por fragmentos de vidrio de las ventanillas. La otra persona herida fue llevada a un hospital de la zona para recibir atención médica, y se reporta fuera de peligro.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con personal de la Guardia Civil de Tecámac, permanecieron en el sitio para brindar seguridad y resguardar el lugar, en tanto se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el o los probables responsables”, se señaló.

Cabe destacar que hasta el momento la alcaldesa no se ha pronunciado al respecto de manera pública, y unos minutos antes de la publicación de esta nota, posteó en Facebook una felicitación a Sintique Moreno, presidenta municipal de Tequixquiac.

“Hoy quiero felicitar con mucho cariño a mi amiga Sintique Moreno, presidenta municipal de Tequixquiac. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos en este nuevo año de vida. Que vengan muchos momentos felices, salud y, sobre todo, mucho éxito en todos tus proyectos. ¡Disfruta mucho tu día, amiga!“, señaló Wong en redes sociales.

Poco antes de esa publicación, realizó una publicación referente al Grito de Independencia.

“Con mucho orgullo conmemoramos el Grito de Independencia, una noche para recordar nuestra historia, celebrar nuestras raíces y sentirnos profundamente orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Qué bonito es compartir estas #FiestasPatrias con las familias de nuestro querido #Tecámac. ¡#VivaMéxico! ¡Viva Tecámac! ¡Viva nuestra gente!“, señaló.

Infobae México consultó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la misma entidad sobre el tema, sin obtener respuesta.

Antes habían reportado ataque a directora del DIF de Tecámac

Cabe señalar que hace varios meses, en diciembre pasado, ya se había registrado un atentado similar contra otra funcionaria de ese municipio.

Tania Avendaño, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tecámac, fue atacada a balazos el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando viajaba en un vehículo oficial cerca de su domicilio, por lo que resultó herida en un brazo.

En esa ocasión, Rosi Wong publicó en sus redes sociales que el presunto agresor “erró en su intención”, condenó el atentado en contra de la funcionaria municipal y aseguró que otros servidores públicos han recibido amenazas.

“Condeno enérgicamente este atentado, al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente”, señaló.