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Luego de que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, ingresó este jueves al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas en el marco del caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló al respecto en su conferencia matutina de este viernes:

“El fiscal del caso, la Fiscal general de la república y el apoyo que han tenido en el análisis que han tenido en la investigación con nuevas formas de investigar, pueden ser las mismas evidencias pero ahora profundizando a través de distintos mecanismos, muchos de ellos por análisis científico permiten seguir haiendo justicia”.

“Esta detención tiene que ver con un trabajo que está haciendo desde hace muchos meses la fiscalía y ellos seguirán dando las evidencias de esta detención, porqué se da, los testimonios, cómo fue que existen y lo importante para nosotros el trabajo de diálogo con los padres y que es llegar a la verdad y justicia, así como encontrar a los jóvenes”, dijo la mandataria.

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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer este viernes, que elementos de la Policía de Investigación, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ángel Eduardo N, alias El Ruso, quien es considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo de la entidad.

Tras meses de investigaciones de campo, gabinete, y análisis tecnológico realizadas por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, un grupo táctico de esta dependencia se trasladó a la entidad de Jalisco, donde, en coordinación con la Fiscalía del Estado, ubicó y detuvo a Ángel Eduardo N, en el municipio de Zapopan.

El sujeto cuenta con una orden de aprehensión por su probable participaciónn en hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio calificado, ocurrido el 15 de junio del año en curso, en agravio de un hombre, cuya identidad se reservó.

Según las investigaciones, el detenido, en complicidad con otra persona, presuntamente ordenó la privación de la vida de la víctima, quien fue atacada con un arma de fuego en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Palmas I, en Playa del Carmen, falleciendo posteriormente a consecuencia de las lesiones.

Además, se señaló, las indagatorias establecían que Ángel Eduardo N cuenta con una segunda orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio calificado de un hombre, ocurrido el pasado 23 de junio de este año, en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.

Las investigaciones desarrolladas por la FGE de Quintana Roo, permitieron determinar que los dos homicidios habrían sido ordenados por El Ruso y otro sujeto, quienes posiblemente utilizaban a integrantes de una célula delictiva para ejecutar ataques.

Las indagatorias relacionan a Ángel Eduardo N como uno de los principales generadores de violencia en Playa del Carmen y por su posible intervención como autor intelectual en diversos homicidios ocurridos en lo que va del año.

Cae El Dientes de Oro del Tren de Aragua en CDMX

Apenas hace unos días, autoridades capitalinas informaron sobre la detención de Yosthan Yuruvit “N”, alias “Dientes de Oro”, identificado como presunto integrante del grupo delictivo de origen venezolano Tren de Aragua.

De acuerdo con la información difundida, el sujeto, a la hora de su detención, estaba en posesión de droga de dos tipos, así como un arma de fuego y dinero en efectivo.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes detuvieron al sujeto en calles de la alcaldía Gusravo A. Madero, en la Ciudad de México.

El detenido fue señalado como probable responsable de extorsión, narcomenudeo y homicidio, y fue puesto a disposición del Ministerio Público el 28 de julio pasado.

El operativo se originó a partir de múltiples reportes ciudadanos sobre puntos de venta de droga en la colonia Villa de Aragón. En seguimiento a esas denuncias, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un recorrido de vigilancia cuando, sobre la avenida Carlos Hank González, detectaron a un hombre a bordo de una camioneta roja que manipulaba un objeto con apariencia de arma de fuego.

Ante la presunción de un hecho delictivo, los policías se acercaron al sujeto y le informaron que, en apego al protocolo de actuación policial, le practicarían una revisión preventiva.

La revisión confirmó las sospechas. Dentro del vehículo, los oficiales hallaron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, sustancias de dos tipos con apariencia de droga y dinero en efectivo.

El aseguramiento incluyó 52 bolsitas con aparente marihuana y 96 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina, para un total de 148 unidades de presunta droga, según la información compartida por la SSC.

Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrer fue aprehendido por autoridades el pasado jueves por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se aclarará quién protegió y actuó en la masacre así como las pruebas contundentes recabadas por la fiscalía, entre las que podría sumar el caso de Julio César Mondragón, ya que su celular dio infomación clave.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, el ataque contra estudiantes de Ayotzinapa dejó 43 desaparecidos, al menos 40 heridos y seis personas asesinadas; entre ellas estuvo Julio César Mondragón Fontes, el normalista de 23 años cuyo caso se volvió una de las expresiones más brutales de esa jornada porque fue secuestrado, torturado y hallado sin vida al día siguiente con el rostro desollado.

El expediente sobre su muerte trazó una secuencia que fue de la terminal camionera al llamado Camino del Andariego. También añadió un dato posterior que abrió otra línea de preguntas: su teléfono LG L9, comprado un día antes de morir, no apareció junto al cuerpo y su actividad se habría mantenido hasta abril de 2025, con un registro que ubicó el aparato en un centro de inteligencia de la Ciudad de México.

Julio César era padre de una niña pequeña. Su cuerpo fue encontrado la mañana del 27 de septiembre de 2014 en la colonia Ciudad Industrial, cerca de las instalaciones del C4 de Iguala, con signos evidentes de tortura después de haber sido privado de la libertad durante los ataques contra los normalistas.

Julio César fue visto por última vez tras correr durante un nuevo ataque armado

La reconstrucción de los hechos situó a Julio César desde la tarde del 26 de septiembre, cuando salió de la Normal Rural de Ayotzinapa con sus compañeros hacia Iguala. Un sobreviviente lo ubicó dentro de la terminal, donde abordó el autobús Costa Line 2012; esa fue la primera referencia directa que lo colocó en los hechos de esa noche.

A las 21:13:46 horas, el camión 2012 salió de la terminal con Julio César a bordo. Detrás avanzó la unidad Costa Line 2510 y se sumó el autobús Estrella de Oro 1568, que ya estaba en la calle; juntos formaron una caravana que tomó la avenida Hermenegildo Galeana, después Juan N. Álvarez, con dirección a Tixtla.

En ese trayecto se encadenaron varios episodios: un choque directo entre policías municipales de Iguala y estudiantes, el bloqueo en la intersección de Juan N. Álvarez y Periférico, la desaparición de los alumnos que iban en el autobús 1568, lesiones graves contra varios normalistas y un ataque de un grupo armado que mató a dos jóvenes. La agresión involucró a policías y miembros de la delincuencia organizada.

Durante el bloqueo en Juan N. Álvarez y Periférico, cuatro estudiantes resultaron heridos y uno sufrió una lesión grave en la cabeza. Los alumnos que seguían dentro del Costa Line 2012, entre ellos Julio César, bajaron de la unidad y se resguardaron entre la parte trasera de ese camión y el espacio que quedaba frente al Costa Line 2510.

Un testimonio de otro normalista señaló que Julio César grabó con su celular lo que estaba ocurriendo. Hasta ahora, si ese video existió, no fue recuperado.

Uno de sus compañeros recordó que lo vio asustado, recargado en el autobús, y trató de tranquilizarlo. Dentro del grupo lo identificaban como “El Chilango”.

Alrededor de las 23:00 horas, llegaron al sitio alumnos de la Normal que se trasladaron en dos camionetas Urvan para apoyar a sus compañeros. En ese momento, Julio César todavía fue ubicado en el lugar; incluso fue descrito con una playera roja y un paliacate en el cuello.

Instantes después ocurrió otro ataque. Un comando armado disparó con ráfagas contra los normalistas cuando realizaban una improvisada conferencia de prensa, y en ese episodio murieron dos estudiantes más y varios quedaron lesionados; ese hecho fue colocado cerca de las 00:30 horas del 27 de septiembre de 2014.

Las evidencias indicaron que, al escuchar los disparos, los estudiantes se tiraron debajo de los autos para protegerse. Julio César seguía junto a ellos, pero cuando cesó la balacera corrió hacia la esquina de la calle Juárez.

Un grupo de estudiantes logró entrar a una casa y desde ahí le gritó que fuera con ellos. Julio César no les hizo caso y siguió corriendo. Esa fue la última vez que sus compañeros lo vieron con vida.

Después de que se alejó, uno de los normalistas dijo haber escuchado gritos “como cuando agarran a una persona”. A partir de ese momento ya no hubo noticias sobre su paradero hasta que su cuerpo apareció horas más tarde en un camino de terracería de Iguala.

El cuerpo presentó 64 fracturas y el celular no apareció junto a él

Cuando fue hallado, el cadáver estaba boca arriba sobre una calle de terracería, aproximadamente a la mitad del camino. El informe consignó que no tenía piel en el rostro, que la sangre estaba seca y que sólo conservaba un ojo visible.

La revisión pericial documentó un nivel de violencia extremo. A Julio César le provocaron fracturas en los ocho huesos del cráneo y en 13 de los 14 huesos del esqueleto facial, con la lesión más intensa en el macizo facial.

El cuerpo también presentó múltiples fracturas en 19 huesos del tórax y la columna. Diez de ellas se localizaron en los arcos costales: siete del lado izquierdo y tres del derecho.

En total, los peritos establecieron 64 fracturas en 40 huesos de su estructura ósea. Además, la presencia de infiltrado retroperitoneal izquierdo y hemorragias en epiplón y colon mostró que las lesiones fueron infligidas antes de la muerte mediante traumatismos directos con objetos de consistencia dura.

Durante la presentación del segundo informe del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas dio más detalles sobre la agresión a partir de declaraciones de testigos. El entonces subsecretario de Gobernación afirmó: “Se lo llevaron en una camioneta y lo sometieron en el camino de terracería”.

Encinas agregó que integrantes de Guerreros Unidos confirmaron la participación de varios agresores en el ataque contra el normalista. Según esas declaraciones, algunos incluso habrían dicho que lo desollaron después de haberlo asesinado extrajudicialmente.

La relatoría de las organizaciones que acompañaron el caso sostuvo que Julio César fue el primero en bajar de un camión cuando empezó el ataque y también habría sido el primero al que se llevaron. Esa versión coincidió con la secuencia que lo mostró separado del grupo tras la segunda agresión.

Dos integrantes detenidos de Guerreros Unidos declararon ante la autoridad federal sobre el homicidio, pero sus versiones tuvieron discrepancias entre sí y frente a lo que determinó la dictaminación científica. Uno dijo que fueron cuatro agresores, que lo persiguieron, lo apedrearon hasta matarlo, después lo desollaron y luego lo trasladaron en una camioneta roja de Protección Civil hasta dejarlo en el camino de terracería.

El segundo aseguró que fueron siete sujetos, que le dieron alcance, lo golpearon a patadas en el abdomen, le taparon la boca y lo subieron a la batea de esa misma camioneta. Ambos coincidieron en señalar la participación de un servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Iguala, quien además conducía el vehículo.

Cuando encontraron el cuerpo, su celular no estaba con él. El aparato, un LG L9 negro, se lo había vendido un día antes su compañero Jorge Luis González Parral, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Por ese teléfono, Julio César narró en tiempo real a su pareja Marisa Mendoza lo que estaba ocurriendo. “Están disparando, amor”, fue el primer mensaje que envió.

Después, al advertir el riesgo de morir, se despidió de ella y de su hija con otra frase: “Cuídate y cuida a mi hija, dile que la amo, bye”.

La esposa de Julio César fue representada por Sayuri Herrera Román, abogada, activista defensora de los derechos humanos, feminista y funcionaria mexicana. De 2020 a febrero de 2025 fue titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, quien escribió al respecto:

“Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre. La tortura ha tomado tales proporciones, que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno, uno que no debemos ignorar. Las técnicas de tortura son enseñadas y mecanizadas, y se exportan de un país a otro. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros, desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. El cuerpo no fue ocultado sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala, arrancado el rostro, extraídos los ojos. Esta imagen comenzó a circular en las redes sociales; alguien –no sabemos quién– le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado. Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, pues constituyen un mensaje”.

Las investigaciones posteriores establecieron que el celular siguió activo hasta abril de 2025. El registro de actividad ubicó el dispositivo en un centro de inteligencia de la Ciudad de México.

Alejandro “N”, alias “El Sexy”, de 48 años, señalado como presunto líder de una célula delictiva vinculada con La Unión Tepito, fue detenido durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

La captura fue resultado de un despliegue en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes realizaban recorridos de vigilancia terrestre e inspecciones preventivas en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es identificado como presunto integrante y dirigente de un grupo criminal con operaciones en el Valle de México y que tendría vínculos con una célula relacionada con el grupo delictivo conocido como La Unión Tepito.

“El Sexy” es investigado por robos y distribución de drogas

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron a Alejandro “N” una réplica de arma de fuego y una bolsa de plástico que contenía piedras sólidas de color blanco con características similares a la droga conocida como cristal.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar mediante los peritajes correspondientes la naturaleza y cantidad de la sustancia asegurada.

La investigación contra “El Sexy” no se limita a la presunta distribución de narcóticos. Las autoridades lo señalan también como probable responsable de robos a usuarios del transporte público sobre la autopista México-Pachuca.

Además, es investigado por su posible participación en el robo de vehículos registrado en diferentes colonias de Ecatepec, entre ellas Tulpetlac, Santa María Tulpetlac, Hank González y Coanalco.

Según la información proporcionada por las autoridades, el grupo que presuntamente encabezaba estaría dedicado a la distribución de narcóticos a domicilio, así como en áreas comunes de diferentes zonas vecinales y establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas.

El detenido también tendría injerencia en bases de transporte público del municipio de Ecatepec, donde presuntamente operaría la célula delictiva.

Las autoridades de seguridad indicaron que integrantes de este grupo estarían relacionados con La Unión Tepito, organización criminal con presencia principalmente en la Ciudad de México y municipios de la zona metropolitana.

Detienen a otro presunto líder vinculado con La Unión Tepito

La captura de Alejandro “N” ocurre apenas un día después de que autoridades informaran sobre la detención de Giovanni “N”, alias “Chícharo”, identificado también como presunto líder de una célula delictiva relacionada con La Unión Tepito.

“Chícharo” fue detenido en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ambas detenciones forman parte de las acciones de seguridad implementadas en municipios del Valle de México para identificar y desarticular células dedicadas presuntamente a actividades como narcomenudeo, robo de vehículos y asaltos.

Tras su captura, Alejandro “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados durante el operativo.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación, realizar los peritajes correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido.

Hasta el momento, las autoridades señalan a Alejandro “N” como presunto responsable de los delitos investigados, por lo que será necesario que las indagatorias y, en su caso, un proceso judicial determinen su responsabilidad.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, además de armas, cientos de cartuchos, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible, durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de los poblados El Vainillo y El Pozole, en la zona rumbo a Villa Unión, donde militares realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte sobre unidades que presuntamente transportaban combustible de procedencia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses desplegaron un operativo para verificar la información y localizaron un importante volumen de hidrocarburo almacenado en el sitio.

Aseguran combustible, armas y equipo de almacenamiento

Durante la intervención, los soldados aseguraron cuatro tanques de almacenamiento y un total de 124 mil litros de gasolina, cantidad que representa uno de los decomisos de combustible más relevantes registrados recientemente en el municipio de Mazatlán.

Junto con el hidrocarburo fueron localizadas dos armas largas, nueve cargadores y 270 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos.

Las autoridades también aseguraron un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el traslado o almacenamiento del combustible.

El hallazgo cobra relevancia debido al volumen de gasolina localizada y a la infraestructura encontrada en el inmueble, pues las autoridades deberán establecer si el sitio era utilizado de manera habitual para almacenar, transportar o distribuir combustible presuntamente obtenido de manera ilícita.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas por los elementos del Ejército Mexicano. Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica.

La investigación buscará establecer tanto el origen de los 124 mil litros de gasolina como su posible destino, además de determinar la responsabilidad de los detenidos y la procedencia de las armas, municiones y vehículos asegurados.

Los objetos decomisados serán sometidos a los peritajes correspondientes y podrían incorporarse a la carpeta de investigación que integren las autoridades ministeriales.

Cártel de Sinaloa se atribuye masacre en Zacatecas

El aseguramiento en Mazatlán ocurre en un contexto de operativos de seguridad reforzados en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde se registra actividad de grupos del crimen organizado.

En Zacatecas, un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En la grabación, un supuesto integrante del grupo criminal se atribuye la responsabilidad por la masacre de 10 personas ocurrida el pasado 18 de julio.

En el material, el presunto vocero asegura que el grupo no asesinó a personas inocentes, en respuesta a versiones difundidas sobre los hechos, y califica el ataque como un “pequeño golpe de autoridad”.

Tras la violencia registrada en Zacatecas, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en el estado para reforzar las labores de seguridad y apoyar a las autoridades locales.

El despliegue forma parte de las acciones implementadas por las fuerzas federales ante la violencia relacionada con las disputas entre organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

El gobierno de Estados Unidos reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico y el llamado narcoterrorismo, pero advirtió que persisten problemas en México y que Washington está dispuesto a utilizar “todas las herramientas” disponibles para combatir y desmantelar al crimen organizado.

Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado estadounidense, aseguró que habrá una “colaboración muy cercana” entre ambos países, particularmente después de que Washington anunciara recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares para obtener información que permita capturar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una conferencia virtual, el funcionario estadounidense reconoció las acciones emprendidas por la administración de Sheinbaum contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Gonzales afirmó que Estados Unidos reconoce que la mandataria mexicana ha declarado públicamente su intención de combatir las drogas ilícitas y realizar detenciones relacionadas con el narcoterrorismo.

Sin embargo, inmediatamente después matizó su reconocimiento y sostuvo que “más se debe hacer” frente al narcotráfico.

Washington advierte que persisten problemas

El funcionario señaló que existen “problemas que siguen”, por lo que Estados Unidos considera necesario implementar acciones adicionales para apoyar a México en el combate a las organizaciones criminales.

Gonzales sostuvo que Washington cuenta con distintas herramientas para enfrentar a los grupos que considera organizaciones terroristas extranjeras y aseguró que serán utilizadas para perseguir y desmantelar a estas estructuras.

La declaración ocurre en medio de una nueva ofensiva estadounidense contra el CJNG, organización que fue designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.

Entre las medidas anunciadas esta semana se encuentra una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que permita capturar a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales dirigentes del grupo y señalado como hijastro y sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Además, el Departamento de Estado anunció restricciones migratorias contra 65 familiares o socios de personas vinculadas con el CJNG. De ese grupo, 26 contaban con visas estadounidenses que fueron revocadas.

Las medidas reflejan la combinación de cooperación y presión que mantiene Washington con el gobierno mexicano en materia de seguridad.

EU mantiene abierta la puerta a nuevas acciones

Gonzales fue cuestionado sobre qué otras medidas podría adoptar Estados Unidos en caso de que las autoridades mexicanas no logren capturar a los principales líderes del CJNG.

El funcionario evitó precisar cuáles serían esas acciones y sostuvo que cualquier decisión dependerá de la información disponible y de la viabilidad de las operaciones.

“¿Cómo lo hacemos?”, cuestionó al referirse a las posibles acciones de Washington, antes de señalar que la respuesta dependerá de las circunstancias y de la coordinación con las autoridades mexicanas.

No obstante, insistió en que Estados Unidos utilizará “todas las herramientas a disposición” para perseguir, desmantelar y destruir a las organizaciones criminales que considera terroristas.

Las declaraciones llegan además después de que Trump haya endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos. En junio, durante la cumbre del G7 en Francia, el mandatario estadounidense afirmó que los cárteles “gobiernan México” y describió a Sheinbaum como una “mujer muy buena, pero muy asustada”.

Gonzales también fue cuestionado sobre si entre las personas afectadas por las recientes medidas estadounidenses existen funcionarios mexicanos, pero evitó identificar a alguno.

El tema ha generado polémica luego de versiones sobre cancelaciones de visas a gobernadores mexicanos y en medio del caso judicial que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Pese a la presión, el funcionario estadounidense reiteró que la estrategia será trabajar con las autoridades mexicanas, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas conforme avance la cooperación bilateral y se obtenga información sobre las estructuras del CJNG.

“Cuando hay injerencia de un país, en particular Estados Unidos, hacia México, o probable injerencia, no es un tema de decir: bueno, ya pasó, ya no pasa nada, por lo menos hay que decirlo, y en este caso pues muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes durante la conferencia de prensa matutina.

Esto, luego de que se le preguntara su opinión sobre los dichos del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre que la captura de Ismael El Mayo Zambada era un triunfo para ambos países y que era un tema que se debía dejar atrás.

La mandataria nacional señaló que para el pueblo de México, y no para ella, era indispensable que el tema fuera clarificado.

“No es un asunto de: ah, qué bueno que detuvieron al Mayo, bueno, que bueno que está detenido, evidentemente, pero la manera en la que se hizo y si tuvo que ver con una injerencia de las agencias de de Estados Unidos en nuestro país, sin intervención de México, es muy relevante”, señaló.

También recordó el conflicto que se generó dentro del Cártel de Sinaloa tras la detención de El Mayo Zambada, que provocó la división en la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo, y Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

“Tiene una situación de violencia en el estado, si fue promovida esta división de un grupo delictivo por parte de alguna institución del Gobierno de los Estados Unidos, pues también se tiene que decir, porque finalmente no fue la autoridad mexicana quien detuvo a un presunto delincuente, entonces es muy relevante que todo esto se clarifique, por el bien de las relaciones y por el bien de nuestro país, y de Estados Unidos también, porque no debe ser así”.

Dijo que la relación entre México y Estados Unidos debe ser de respeto y confianza mutua, pues hay información relevante que tienen las agencias del país vecino del norte, de personas que tienen carpetas de investigación en nuestro país, órdenes de aprehensión, y se reciben con gusto, y de este lado se planea y lleva a cabo la operación.

“El Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República o las Fiscalías estatales, pero eso es muy distinto a que haya una injerencia directa sin la autorización del gobierno de México, porque además es violatorio de nuestras normas”.

Señaló que por eso era relevante, y no era una necedad de decir que se insistía nada más porque sí.

“Es muy relevante clarificar para seguir avanzando”, dijo.

No ve necesario reunirse con Salazar

Sheinbaum dijo que Ken Salazar ya no tenía ningún puesto, por lo que no veía necesario reunirse con él.

“Él ya no tiene ningún puesto, él escribió un libro, tiene su opinión, incluso públicamente, recientemente, en una entrevista que el hizo creo que Televisa o Univisión, dijo que respetó mucho al presidenta López Obrador, que me respeta, que no tiene nada contra el presidente López Obrador, que él sepa, temas de ese tipo, y otros temas en los que no estamos de acuerdo, como es el tema de Sinaloa, particularmente”, señaló Sheinbaum.

El pasado jueves, en conferencia virtual para anunciar la versión en español de su libro “Fronteras, mi lucha por un América unida”, Ken Salazar dijo de nuevo que el avión en el que fue secuestrado El Mayo Zambada y llevado a EEUU, hace dos años, no era de autoridades estadounidenses, y señaló que la detención debería ser calificada como una victoria contra el narcotráfico.

Salazar consideró que la mayor amenaza para la relación bilateral era la política, sin embargo, expresó sus esperanzas en Sheinbaum porque, dijo, “la conozco, y conozco algunos integrantes de su equipo muy bien, como Omar García Harfuch”, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Melissa Anahí Carranza Contreras y Violeta Alejandra Santana Bueno desaparecieron el 27 de julio después de salir de Acatlán de Juárez rumbo a Puerto Vallarta por una supuesta oferta de trabajo, un caso que encendió la alerta en Jalisco por la posibilidad de un reclutamiento forzado con engaños.

Las dos jóvenes viajaron al puerto turístico con la expectativa de atender una propuesta laboral, pero desde el día de su salida sus familias perdieron toda comunicación con ellas. Sus teléfonos celulares permanecieron apagados desde entonces y se encuentran como desaparecidas.

La respuesta oficial se activó con fichas de localización y con la apertura de investigaciones por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía de Jalisco. Las autoridades pidieron que cualquier dato útil para encontrarlas se entregara por los canales oficiales de búsqueda.

Las familias perdieron contacto con ambas jóvenes desde el día del viaje

Violeta Alejandra Santana Bueno tenía 21 años y Melissa Anahí Carranza Contreras 19 años cuando salieron del municipio jalisciense. Ambas dejaron Acatlán de Juárez para trasladarse a Puerto Vallarta tras aceptar la oferta que les hicieron llegar.

De acuerdo con lo informado por sus familiares, las dos avisaron que viajarían a la costa para incorporarse a ese empleo. Después de esa salida ya no volvieron a comunicarse y no se conoció su ubicación.

Ante la falta de noticias, sus familias presentaron los reportes de desaparición. Al mismo tiempo comenzaron a difundir de forma amplia las fichas de búsqueda mientras seguían las labores para localizarlas.

El caso generó preocupación entre sus allegados porque consideraron que la desaparición podría estar relacionada con un patrón de captación mediante falsas ofertas laborales. Esa forma de enganche habría sido utilizada para atraer a jóvenes con la promesa de trabajo y alejarlas de su red de apoyo.

Las fichas de búsqueda detallaron señas particulares y la ropa que usaban

En el caso de Violeta Alejandra Santana Bueno, la ficha indicó que medía 1.65 metros, era de complexión delgada, tez blanca y cabello lacio al hombro teñido. Como señas particulares, tenía tatuajes de San Judas Tadeo, flores y fechas en el brazo izquierdo; un blackout en el brazo derecho, y una medusa con la leyenda “Alejandra” en la mano derecha.

También presentaba cicatrices en la frente y entrecejo, perforación en la lengua y uñas color rojo cereza. La última vez que la vieron llevaba un suéter verde con líneas blancas, pantalón azul, tenis blancos y una mochila negra pequeña.

Sobre Melissa Anahí Carranza Contreras, la información de búsqueda señaló que medía 1.57 metros, pesaba 55 kilos, era delgada, de tez blanca y con cabello liso mediano teñido. Sus señas particulares incluían un tatuaje de tarántula a un lado del ombligo y una medusa en el antebrazo izquierdo.

La ropa que vestía cuando desapareció consistía en una blusa azul cielo, pantalón y tenis. Esos datos formaron parte de las cédulas difundidas para facilitar su identificación.

La desaparición de las dos jóvenes quedó inscrita en un contexto de riesgo asociado a ofertas de empleo presuntamente falsas en destinos turísticos. Según lo expresado por sus familias, ese tipo de propuesta pudo haber sido el mecanismo que las hizo salir de Acatlán de Juárez hacia Puerto Vallarta.

Las autoridades mantuvieron activas las investigaciones para dar con su paradero. La solicitud oficial se concentró en que cualquier persona con información sobre Melissa Anahí Carranza Contreras o Violeta Alejandra Santana Bueno la compartiera a través de los conductos institucionales establecidos para la búsqueda.

• Melissa Anahí Carranza Contreras y Violeta Alejandra Santana Bueno desaparecieron el 27 de julio tras salir de Acatlán de Juárez rumbo a Puerto Vallarta por una supuesta oferta de trabajo.
• Sus familias perdieron contacto con ambas desde el día del viaje y sus teléfonos celulares permanecieron apagados.
• La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía de Jalisco activaron fichas de localización e investigaciones para encontrarlas.

Luego de que la periodista Anabel Hernández apareciera en un video en un canal de YouTube, llamado Narcosistema, en el que aseguró que un reporte de inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR) señalaba que hubo un complot entre miembros del crimen organizado, funcionarios del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, y miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para asesinar al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre, la propia Marina, por medio de un comunicado, desmintió la información.

En el comunicado, difundido en sus redes sociales, la Marina negó los señalamiento de Anabel Hernández, en el video posteado el pasado jueves 6 de agosto.

“La Secretaría de Marina desmiente categóricamente ser la fuente de la información mencionada en ese video, y se niega que existan reportes institucionales de esta Dependencia que respalden lo ahí expresado”, se lee en el comunicado.

Además, se señaló que la generación, manejo y difusión de información institucional se realizaba exclusivamente por medio de los conductos oficiales y en estricto apego al marco jurídico aplicable, por lo que cualquier referencia atribuida a la institución, que no proviniera de dicho canal, carecía de sustento oficial.

“Se hace un respetuoso llamado a la ciudadanía a verificar información a través de las fuentes institucionales oficiales, a fin de evitar la difusión de información inexacta o carente de sustento”, señala en su comunicado.

¿Qué dijo Anabel Hernández?

En el video posteado por Anabel Hernández, se señala que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y de Alfredo Ramírez Bedolla, insistían en afirmar que el crimen organizado era el único autor material e intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, señaló, se negaban a indagar la línea política como parte del móvil frente a las evidencias claras de que el político asesinado era incómodo para un grupo político de Morena, encabezado por Ramírez Bedolla, Leonel Godoy y Raúl Morón, quien aspira a ser el nuevo gobernador de Michoacán.

De acuerdo con lo difundido por la periodista, con miras a los comicios que se llevarán a cabo en 2027 para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y 112 presidencias municipales, se busca dar carpetazo al caso.

Recordó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció recientemente la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias R1, quien era líder de una peligrosa banda criminal que forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo presentó como la única mente maestra detrás del asesinato ocurrieo el primero de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan ante miles de ciudadanos, durante el Festival de las Velas, con motivo del Día de Muertos.

Harfuch, recordó la periodista, dio a conocer que El R1 ordenó el homicidio tras sentir una provocación del presidente municipal por su combate al crimen organizado.

“Reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, a los que tuvo acceso Narcosistema, indican otra cosa. Se insiste en que detrás de la muerte de Manzo hubo un complot orquestado por el crimen organizado, funcionarios del Gobierno de Ramírez Bedolla y miembro del Partido Morena”, señala la comunicadora en el video.

Dice que la esposa de Manzo, Grecia Quiroz, quien es la actual alcaldesa de Uruapan, señaló en entrevista con Narcosistema que existían hechos que contradecían la versión oficial sobre el móvil detrás de la muerte de su esposo e insistió en que se investigara a los actores políticos de Morena a quienes su esposo acusaba directamente de tener vínculos con el crimen organizado.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la detención de un sujeto identificado como Rango, mismo que, de acuerdo con la información difundida por él mismo, pertenece a la Organización Criminal Transnacional Rango.

El embajador señaló que, junto con él, fueron detenidos otros miembros de la misma organización delictiva.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Johnson señaló que la justicia llegaba más lejos cuando México y Estados Unidos trabajaban juntos. La detención de Rango se dio como resultado de una investigación conjunta entre ambos países y, señaló, demuestra el poder del intercambio de información y la estrecha cooperación.

Bajo el liderazgo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló, la alianza continúa brindando resultados de seguridad tangibles para ambos países.

“La justicia llega más lejos cuando nuestros países trabajan juntos. El arresto de “Rango” y otros miembros de la Organización Criminal Transnacional Rango por parte de las autoridades mexicanas, luego de una investigación conjunta entre Estados Unidos y México, demuestra el poder del intercambio de información y la estrecha cooperación. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y Presidente @Claudiashein Nuestra alianza continúa brindando resultados de seguridad tangibles para ambas naciones. #JuntosLogramosMás", se lee en su mensaje.

Ronald Johnson celebra cargos y recompensas de más de 100 millones de dólares contra líderes del CJNG

El pasado miércoles 5 de agosto, el embajador Johnson celebró el anuncio de los cargos penales que impuso Estados Unidos contra altos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de más de 100 millones de dólares en recompensa por información que lleve a su captura.

Johnson sostuvo en un tuit que la “presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa” y que,“bajo el liderazgo” del presidente Donald Trump, su gobierno trabaja “junto con las autoridades mexicanas” para desmantelar el liderazgo de los cárteles y exigir cuentas a quienes trafican “narcóticos mortales, como el fentanilo”, y generan violencia.

En la misma publicación, el embajador agregó que “el que la haga la pagará. Todas las personas que hacen posible estas organizaciones criminales, sin importar cual sea su papel, serán encontradas y rendirán cuentas”.

Ese mismo día, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa sumatoria de 102 millones de dólares por dar información que lleve a la captura de ocho presuntos líderes y operadores del CJNG, además de restricciones de visa para 65 personas vinculadas con la organización, en una nueva ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra los cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas extranjeras.

La medida incluye la revocación inmediata de 26 visas que siguen vigentes, entre ese grupo de 65 personas. Según el Departamento de Estado, desde junio de 2025 suman 93 visas canceladas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados ligados a cárteles con esa designación.

La recompensa que más resalta de las dadas a conocer por Estados Unidos es la de Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o el 03, pues Washington ofreció por él una recompensa de hasta 25 millones de dólares. El Departamento de Estado dijo que él asumió el mando del cártel tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien era su padrastro y quien fue abatido por el Ejército mexicano el pasado 22 de febrero luego de un operativo en el que se buscaba su captura, en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

El segundo monto más alto es de hasta 15 millones de dólares y alcanza a tres personas. Una de ellas es Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, cuya recompensa fue triplicada desde los 5 millones de dólares previos.

En ese mismo nivel aparecen Gonzalo Mendoza Gaytán, “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “Chorro”, identificado además como yerno de Oseguera Cervantes. Ambos enfrentan cargos penales cuya acusación fue desclasificada este mismo 5 de agosto por el Departamento de Justicia.

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Embajador Johnson celebra detención de un hombre identificado con el alias de “Rango” tras operación conjunta México-EEUU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este jueves 6 de agosto la detención de un hombre identificado con el alias de “Rango” y otros integrantes de la Organización Criminal Transnacional Rango, tras una investigación conjunta entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático señaló que la operación demostró “el poder del intercambio de información y de la estrecha cooperación” entre México y Estados Unidos.

Johnson atribuyó los resultados a la coordinación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “La justicia llega más lejos cuando nuestros países trabajan juntos”, escribió el embajador, quien acompañó el mensaje con las banderas de ambas naciones y el hashtag #JuntosLogramosMás.

El diplomático sostuvo que la captura de “Rango” y los demás detenidos fue posible gracias al intercambio de información entre agencias de los dos países. No ofreció detalles sobre la identidad del detenido, la organización a la que pertenece ni el lugar donde se ejecutó el operativo.

Hasta el momento las autoridades mexicanas tampoco han compartido detalles del perfil criminal del detenido, únicamente se conoce el apodo y una fotografía.

El mensaje de Johnson llega en un momento de intensa actividad bilateral en materia de seguridad. El pasado 5 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas recompensas contra ocho presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por más de 102 millones. Entre esas se incluye la de Juan Carlos Valencia, alías “El 03″, quien habría tomado el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro, “El Mencho”.

En esa misma jornada, el director de la DEA, Terry Cole, confirmó que mantiene contacto permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y que ambos gobiernos continúan coordinando operaciones contra el crimen organizado transnacional.

Caen hombre con pistola y mariguana en la colonia Moctezuma de CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este jueves a un hombre de 45 años en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que operadores del Centro de Control y Comando Norte reportaron que el sujeto manipulaba un arma de fuego en el cruce de las calles Oriente 140-A y Norte 17. Al llegar al lugar, los uniformados lo identificaron y le realizaron una revisión preventiva tras intentar huir.

Los efectivos le aseguraron una pistola corta color plateado con cachas de madera, abastecida con cuatro cartuchos útiles, de la cual el detenido no acreditó su legal portación. También le encontraron 15 envoltorios de plástico transparente con una hierba verde y seca con características propias de la mariguana.

Los policías le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con el arma y la droga aseguradas, ante el agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido.

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Detienen a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República informó que la captura derivó de un nuevo análisis de las investigaciones del caso, con el que se acreditó la posible implicación del exmandatario en acciones que habrían obstaculizado el esclarecimiento del paradero de los normalistas.

Detienen a cinco integrantes de red de fraude que habría obtenido 40 mdp con engaños bancarios

Cinco presuntos integrantes de una red dedicada al fraude financiero fueron detenidos en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, el grupo engañaba a sus víctimas con supuestos premios u obsequios de instituciones financieras para obtener información personal y bancaria, con la que realizaban retiros y transferencias no autorizadas. Las autoridades señalan que la organización operaba también en Puebla y San Luis Potosí, y que con estas capturas suman 15 personas aseguradas por su probable relación con una red a la que se atribuye un fraude cercano a los 40 millones de pesos.

Detienen a hombre con 92 dosis de presunta cocaína en la colonia Guerrero de la CDMX

Un hombre de 24 años fue detenido en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, tras ser localizado con 92 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, el sujeto fue ubicado mientras presuntamente manipulaba envoltorios utilizados para la distribución de droga en calles Moctezuma y Héroe. Policías acudieron al punto y, tras una revisión preventiva, encontraron los narcóticos que quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Cae célula ligada al narcomenudeo por homicidio en Tultepec: uno confesó recibir droga desde Tepito

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a cuatro personas identificadas como Luis “N”, Karla “N”, Luis “N” y Arturo “N”, presuntamente implicadas en un homicidio ocurrido el 10 de julio en Santiago Teyahualco, Tultepec. La captura se logró tras localizar en Coacalco la camioneta Jeep naranja en la que escaparon después del ataque, en el que una persona murió y una mujer resultó lesionada. Durante las investigaciones, uno de los detenidos confesó dedicarse a la venta de droga en Coacalco y Tultepec y afirmó que el narcótico era suministrado por un proveedor del Barrio de Tepito, una línea que ahora investiga la Fiscalía mexiquense para esclarecer el móvil del crimen y determinar si existen más involucrados.

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La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e INTERPOL México detuvieron este 6 de agosto en Nogales, Sonora, a Edgar Aurelio “N”, de 30 años, identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia y requerido por autoridades de Estados Unidos para su extradición. El operativo se ejecutó sin incidentes en la colonia El Manantial y culminó con el traslado aéreo del detenido a la Ciudad de México.

La captura fue resultado de labores de inteligencia de gabinete y campo que permitieron ubicar al imputado en ese sector de la ciudad fronteriza. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la orden de detención provisional con fines de extradición fue cumplimentada sin resistencia.

Orden emitida desde Pensilvania

Edgar Aurelio “N” tiene en su contra una orden de arresto emitida el 12 de febrero de 2025 por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania. Los hechos por los que es requerido guardan, conforme a la legislación mexicana, identidad jurídica con los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud e introducción clandestina de armas de fuego.

La existencia de esa orden activa y un procedimiento de extradición en curso hacen de Edgar Aurelio “N” un objetivo prioritario dentro de los mecanismos de cooperación binacional entre México y Estados Unidos.

Su detención en Nogales, ciudad fronteriza con Arizona, es producto de la coordinación entre la agencia ministerial local y la oficina nacional de INTERPOL en México.

El detenido, originario de Nogales, es señalado por las investigaciones como presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la región y con capacidad para generar violencia.

Tres delitos equivalentes bajo la ley mexicana

Los cargos por los que Estados Unidos requiere al imputado tienen correlato directo en el marco jurídico mexicano. La asociación delictuosa implica la pertenencia a una organización estructurada con fines ilícitos. Los delitos contra la salud abarcan conductas vinculadas al tráfico, producción o posesión de narcóticos, es decir, narcotráfico. La introducción clandestina de armas de fuego refiere al ingreso ilegal de armamento al territorio nacional.

Esa triple imputación, verificada por las autoridades mexicanas como condición para proceder, es el fundamento legal que sostiene el procedimiento de extradición activo en contra de Edgar Aurelio “N”. La identidad jurídica entre los delitos del país requirente y los del país requerido es un requisito indispensable bajo los tratados de cooperación internacional vigentes entre México y Estados Unidos.

Traslado a la Ciudad de México

Tras su captura en la colonia El Manantial, Edgar Aurelio “N” fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México para su internamiento en el centro de reclusión correspondiente, donde continuará el procedimiento legal de extradición.

El proceso se rige por los mecanismos de cooperación internacional vigentes entre ambos países.

En esta etapa, las autoridades judiciales mexicanas deberán analizar la documentación remitida por el país solicitante y continuar con los trámites establecidos por la legislación nacional antes de que el detenido pueda ser entregado a las autoridades estadounidenses.

La detención provisional con fines de extradición es una figura jurídica que permite asegurar a una persona mientras se formaliza la solicitud oficial entre los gobiernos. No implica una condena, sino la sujeción del imputado al proceso legal hasta que un juez resuelva sobre la procedencia de la entrega.

Compromiso de cooperación binacional

La FGJES subrayó en su comunicado el compromiso institucional de trabajar de forma coordinada con autoridades federales e internacionales para localizar, detener y poner ante la justicia a quienes pretendan evadir la acción de la ley.

La fiscalía destacó el fortalecimiento de la cooperación binacional en el combate a la delincuencia organizada como uno de los ejes de su estrategia de persecución penal.

El operativo que derivó en la captura de Edgar Aurelio “N” es presentado por la dependencia como muestra de esa línea de trabajo conjunto con instancias federales e internacionales.

Extradiciones a Estados Unidos, un mecanismo en cifras récord

La captura de Edgar Aurelio “N” se inscribe en un mecanismo de cooperación binacional que ha registrado cifras sin precedente en los últimos dos años. En 2025, México entregó a 130 personas a Estados Unidos, entre extradiciones formales y traslados bajo esquemas de seguridad nacional. Esa cifra representa un récord histórico frente al promedio de 60 extradiciones anuales registrado entre 2019 y 2023.

Del total entregado en 2025, 75 correspondieron a procesos formales sustentados en tratados internacionales, mientras que 55 fueron transferencias bajo la Ley de Seguridad Nacional. El narcotráfico es el cargo más frecuente: un análisis de la Universidad de Brown publicado en 2026 señala que el 71% de las extradiciones y expulsiones desde México a Estados Unidos involucran delitos de tráfico de drogas, seguidos por crimen organizado y lavado de dinero.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que existen indicios contundentes de la presunta implicación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en la destrucción de evidencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego de que se informó la detención de Aguirre Rivero por su probable participación en el ocultamiento de pruebas, la fiscal general detalló que se trataba de grabaciones del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala, en el que se observaba la detención por parte de policías municipales y estatales del autobús en el que se trasladaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2026.

La unidad Estrella de Oro con número 1531 fue videograbada por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado, en el momento exacto cuando era detenido; sin embargo, las versiones oficiales señalaron que el material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero las indagatorias permitieron comprobar que era falso.

Testigos señalaron a Ángel Aguirre de haber ordenado que se ocultaran las grabaciones

La fiscal general detalló que en enero de 2026 un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregárselas de manera directa a Ángel Aguirre Rivero, además de que acusó haber recibido amenazas “que explicaban su silencio previo”.

En mayo del mismo año, un segundo testigo protegido señaló al exgobernador de haber ordenado en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno a desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en Iguala.

“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, aseguró Godoy.

Los delitos de los acusa la FGR al exgobernador

Derivado de lo anterior, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, la cual fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.

Cabe señalar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, entre ellos la desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia en Iguala.

Fue en mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que el exgobernador difundió un comunicado en el que negó tener alguna responsabilidad en la desaparición de los materiales y aseguró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, pero tras la indignación y controversia que causó el caso, renunció a su cargo. Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos, represión y violencia.

Debido a la presión pública que provocó la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque intentó en 2018 postularse como diputado federal, finalmente abandonó la precampaña.

El caso está a poco más de un mes de cumplirse 12 años, en los que familiares de los 43 normalistas no han dejado de exigir justicia y que se esclarezcan los hechos; sin embargo, también han dicho haber sido abandonados luego de que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se les prometió una respuesta.

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su arresto se llevó a cabo como parte del nuevo modelo de investigación, en el que desarrollaron un reanálisis de las actuaciones llevadas a cabo en aquel entonces por la desaparición de los normalistas.

Estos análisis permitieron acreditar la posible implicación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra.

Aguirre Rivero era gobernador cuando desaparecieron los 43 estudiantes

Ángel Aguirre Rivero comenzó su vida política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980, pero años más tarde se sumó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2011 asumió la gubernatura de Guerrero, pero tras la desaparición de los 43 normalistas renunció a su cargo meses antes de finalizar su gestión.

Cabe recordar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, como fue la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

En mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, el exgobernador difundió un comunicado en el negó tener alguna responsabilidad en los hechos y declaró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, como lo fue la detención y posterior desaparición en diciembre de 2011 de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en la Costa Grande. Según testigos, personas que vestían como militares participaron en el secuestro junto a hombres vestidos de negro.

Además, ese mismo mes fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa que se manifestaban en la Autopista del Sol para solicitar una audiencia con el gobernador, luego de que policías estatales les dispararan. Alberto López Rosas, exprocurador, habría acusado a los estudiantes de iniciar el ataque y matar a sus compañeros.

Aunque su gobierno también estuvo marcado por la represión, violencia y el desplazamiento forzado, el hecho que marcó su administración fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que llevó a Aguirre Rivero a presentar su renuncia el 23 de octubre de 2014.

Debido a la presión pública que provocó el caso, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque en 2018 intentó postularse como diputado federal, pero finalmente abandonó la precampaña.

El años pasado, el exgobernador aseguró que “ha cargado con una loza muy pesada” por el caso, además de destacar que las autoridades no habían encontrado pruebas que lo involucraran a 11 años del caso.

“Si en 11 años las investigaciones no han apuntado hacia Ángel Aguirre, creo que es evidente que no han encontrado elementos que me involucren. Esto me ha pesado mucho; he cargado con una loza muy pesada”, dijo a medios de comunicación.

Desaparición de los 43 normalistas cumplirá 12 años

A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió darles respuesta a los padres y madres, quienes han denunciado en diversas ocasiones que fueron abandonados.

El mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, que generó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales debido a que exoneró de responsabilidad al Ejército Mexicano de la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En respuesta, la CNDH publicó el 26 de julio un posicionamiento —identificado como (DGDDH)/011/2026— en el que acusó ser víctima de ataques de desacreditación. A lo largo de 11 páginas, el organismo respondió una por una a 13 críticas recibidas, entre ellas la acusación de haber “blindado” a las Fuerzas Armadas.

La Comisión también rechazó que el documento “oculte” la infiltración de un elemento militar en la Normal Rural de Ayotzinapa, y sostuvo que ese hecho está documentado con pruebas oficiales remitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en varios tramos del expediente. Negó además que se haya “reabierto” un caso cerrado, al argumentar que la nueva recomendación deriva de una queja distinta a la que originó el informe de 2018.

Familias denunciaron falta de consulta previa

La CNDH precisó que la Recomendación 208VG/2026 fue elaborada a partir de una queja presentada directamente por las familias de los 43 normalistas el 24 de junio de 2021, no por organizaciones civiles, y que el instrumento no sustituye a las investigaciones periciales.

No obstante, de acuerdo con testimonios recabados por La Jornada, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los normalistas, reprochó a la CNDH no haberse acercado a las familias antes de publicar la recomendación. Padres de algunos de los estudiantes desaparecidos han señalado que no participaron en la elaboración del informe y que no solicitaron la intervención del organismo en esos términos.

Este jueves, el exgobernador fue detenido por presuntamente estar relacionado con la pérdida de pruebas del caso.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió mil 557 elementos a Michoacán luego de que Estados Unidos emitió una alerta nivel 4 para “no viajar” por la inseguridad en el estado, esto luego de las detenciones de dos líderes criminales. Además, suspendió la importación de aguacate mexicano.

Tras el anuncio, y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Defensa desplegó a los efectivos a partir de las 07:00 horas de este jueves vía terrestre y desde diferentes puntos del país para que arriben a Michoacán.

Militares blindarán las zonas de producción de aguacate para evitar extorsiones

Entre los elementos se encuentran 657 de la Guardia Nacional (GN) y 900 del Ejército Mexicano, quienes a su arribo se incorporarán a las labores de los tres órdenes de gobierno en la entidad.

Los militares fueron enviados con el objetivo reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de inhibir el delito de extorsión contra los productores.

Entre las actividades que llevarán a cabo se encuentran los patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Apatzingán, Aguillila, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Michoacán”, aseguró la Defensa.

EEUU suspendió este miércoles la importación de aguacate mexicano

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión de las actividades en el estado de Michoacán, afectando de forma directa la importación de aguacate.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) advirtió que la suspensión “impacta directamente la operación de los oficiales regulatorios de EEUU responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportación”.

Según APEAM, solo se autorizó el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que su descarga hubiera sido supervisada por un oficial regulador. La fruta ingresada con posterioridad podrá almacenarse, pero no procesarse.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya solicitó una reunión inmediata con autoridades de Estados Unidos ya que la medida afecta la operación de inspectores para certificar la fruta.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria detalló que se reunió con la principal asociación de productores de Michoacán para implementar un plan que garantice mayor seguridad en donde no había suficiente presencia de la Guardia Nacional.

Con esto, dijo que ya solicitó mantener un diálogo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Embajada, a través de la Secretaría de Agricultura y la Cancillería.

EEUU emite alerta nivel 4 a sus ciudadanos para no viajar a Michoacán tras detenciones de líderes criminales

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos elevó al nivel 4 —el más alto— su alerta de viaje para Michoacán tras la detención del líder del Cártel de Los Reyes, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, ocurrido el sábado 1 de agosto.

La captura desató narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán, lo que llevó a la representación diplomática a recomendar a sus ciudadanos no viajar al estado.

Además, días antes se realizó la captura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1″, identificado como líder de “Los Rs” y autor material del asesianto del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La alerta consular describió un escenario de seguridad inestable y pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar las zonas cercanas a operaciones policiales, reducir desplazamientos innecesarios y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios. La representación diplomática también instó a dar seguimiento a posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos públicos.

Esto llevó a las autoridades estadounidenses a cancelar sus operaciones en el estado, cancelando temporalmente la importación de aguacate.

El asesinato del creador de contenido César Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, volvió a poner sobre la mesa la creciente violencia que enfrentan influencers y generadores de contenido en México. Desde 2024 y hasta agosto de 2026, al menos 19 creadores digitales han sido asesinados en distintos puntos del país, de acuerdo con un recuento publicado por El Universal.

Aunque no todos los casos han sido atribuidos directamente al crimen organizado, una parte importante de los homicidios está relacionada con la disputa entre organizaciones criminales, particularmente con la guerra que mantienen Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa.

La entidad sinaloense concentra ocho de los 19 asesinatos, seguida por Guerrero, con tres; Jalisco y Nuevo León, con dos cada uno; además de Baja California, Chiapas, Morelos y Guanajuato, con un caso por estado.

Los influencers asesinados desde 2024

Entre las víctimas documentadas se encuentra el caso más reciente: César Gastélum “Cesarín”, quien fue asesinado la noche del martes en Culiacán mientras realizaba una transmisión en vivo para sus más de 700 mil seguidores en TikTok.

De acuerdo con las investigaciones, dos hombres en motocicleta lo interceptaron en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida y uno de ellos le disparó en la cabeza. El ataque quedó registrado durante la transmisión.

Además de “Cesarín”, el recuento incluye a:

• Juan Carlos “El Chilango”, asesinado en octubre de 2024.
• Jesús Miguel Vivanco “El Jasper”, localizado con huellas de tortura y alrededor de 70 impactos de bala en noviembre de 2024.
• Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, ejecutado en diciembre de ese mismo año.
• Justin Paul “El Pinky”.
• Adalberto Peña “El Tata”.
• Gerardo Moya “El Jerry”, quien administraba otra cuenta donde aparecía con armas largas y chalecos con las siglas “MF”, atribuidas a la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
• Camilo Ochoa “El Alucín”, asesinado en Temixco, Morelos.
• Gail Castro “Gail Toys”, hermano del youtuber Markitos Toys, ejecutado en Ensenada, Baja California.

Otros casos incluidos en el recuento corresponden a creadores de contenido cuyos homicidios no necesariamente estuvieron vinculados con el narcotráfico, entre ellos:

• Alex Serna, youtuber ambientalista asesinado en Zihuatanejo, Guerrero.
• Juan Diego Maldonado “El Chabelo”, creador de contenido crítico del gobierno municipal de Huixtla, Chiapas.
• Sergio VG, influencer dedicado a transmisiones sobre fenómenos paranormales, asesinado en Juventino Rosas, Guanajuato.
• Valeria Márquez, influencer de Jalisco asesinada en mayo de 2025, cuyo caso es investigado por un posible móvil relacionado con el crimen organizado.

En total, el recuento suma 19 homicidios registrados entre 2024 y agosto de 2026.

La guerra en Sinaloa y el papel de los influencers

De acuerdo con información publicada por Reforma, 12 de los 19 asesinatos estarían relacionados con la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, conflicto que estalló en septiembre de 2024 tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa.

Como parte de esa confrontación, en enero de 2025 aparecieron en Culiacán cientos de narcovolantes donde se señalaba a políticos, empresarios, músicos e influencers de presuntamente colaborar con una de las facciones criminales. Incluso, cuatro de los nombres ya aparecían marcados con la palabra “eliminado”.

En el caso de “Cesarín”, el Gabinete de Seguridad analiza el contenido que publicaba en redes sociales como parte de la investigación. En los minutos previos a su asesinato, el influencer aparecía tocándose el ala del sombrero mientras sonaba una canción relacionada con Los Mayos y pronunciaba la frase “¿Arriba quién, Ramón? Puro Mayo”, un gesto que las autoridades investigan por su posible significado dentro del contexto del conflicto criminal.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones sobre más de 60 creadores de contenido de la región por el presunto uso de ingresos publicitarios en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los grupos criminales buscan influir en el contenido que difunden los influencers debido al alcance de sus audiencias, que en muchos casos supera al de medios de comunicación tradicionales. También advierten que estos creadores carecen de mecanismos de protección institucional, a diferencia de periodistas y defensores de derechos humanos, lo que los deja expuestos a amenazas y agresiones en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.

La detención de Ángel Aguirre Rivero por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa reabrió el expediente de una administración marcada por una de las mayores crisis políticas y sociales en la historia reciente de Guerrero.

El exgobernador dejó el cargo en octubre de 2014, apenas unas semanas después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Ahora, más de una década después, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que un nuevo análisis permitió acreditar su probable participación en el ocultamiento de evidencias que podrían haber ayudado a conocer el paradero de los normalistas.

Sin embargo, el caso Ayotzinapa no fue el único episodio que colocó bajo escrutinio público al gobierno de Aguirre Rivero. Su administración, iniciada en 2011 tras llegar al poder como candidato de una alianza opositora al PRI, terminó envuelta en cuestionamientos por seguridad, manejo de recursos y señalamientos contra integrantes de su círculo cercano.

La crisis de Ayotzinapa que terminó con su salida del gobierno

Durante los primeros años de su administración, Aguirre Rivero enfrentó un Guerrero marcado por la presencia de grupos criminales, conflictos sociales y una creciente violencia en distintas regiones del estado.

Pero fue la desaparición de los 43 normalistas la que provocó la mayor crisis de su gobierno. Tras los hechos ocurridos en Iguala, las protestas nacionales e internacionales aumentaron la presión sobre la administración estatal hasta que el mandatario solicitó licencia al cargo en octubre de 2014.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó durante los años siguientes y colocó bajo la lupa a funcionarios estatales y federales que participaron en las primeras indagatorias. En 2026, la FGR abrió una nueva etapa al señalar al exmandatario por su probable responsabilidad en el ocultamiento de información relacionada con el caso.

El caso de su hermano y los señalamientos por manejo de recursos públicos

Antes y después de su salida del gobierno, el nombre de Ángel Aguirre también quedó relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades financieras dentro de su administración.

En febrero de 2015, Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador, fue detenido por autoridades federales junto con otras personas por una investigación relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 287 millones de pesos. Las autoridades señalaron que los recursos presuntamente estaban vinculados con contratos y operaciones realizadas mediante empresas.

La investigación también alcanzó a otros familiares y personas vinculadas con empresas contratistas, mientras la entonces Procuraduría General de la República informó que analizaba movimientos financieros relacionados con recursos públicos federales y estatales.

Los señalamientos contra su círculo cercano aumentaron la presión política sobre el exgobernador, quien para entonces ya había dejado el cargo tras la crisis generada por la desaparición de los estudiantes normalistas.

Un gobierno marcado por violencia e ingobernabilidad

La administración de Aguirre Rivero transcurrió en un estado históricamente golpeado por la violencia, pero durante su mandato distintos municipios enfrentaron una disputa creciente entre grupos criminales por rutas, territorios y actividades ilícitas.

Guerrero registró durante esos años episodios de alto impacto relacionados con homicidios, enfrentamientos y conflictos sociales que evidenciaron las dificultades del gobierno estatal para contener la crisis de seguridad.

El caso de Iguala expuso además la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales, después de que autoridades señalaran vínculos entre integrantes del gobierno local y grupos criminales involucrados en la desaparición de los estudiantes.

El regreso del expediente Aguirre más de una década después

Aunque durante años Aguirre Rivero negó cualquier responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa, la nueva investigación de la FGR abrió una etapa distinta al señalarlo por una posible participación en el ocultamiento de evidencias.

A más de 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso continúa como uno de los mayores pendientes de justicia en México. Ahora, el nombre del exgobernador vuelve al centro de la investigación que marcó el final de su carrera política y que definió uno de los episodios más complejos de Guerrero en las últimas décadas.

Un hombre privado de la libertad logró escapar del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, Baja California, durante la noche del miércoles 5 de agosto, luego de brincar desde la azotea del inmueble y huir con rumbo desconocido, lo que provocó un intenso operativo por parte de las autoridades estatales para intentar localizarlo.

El prófugo fue identificado como Noel Orlando Bustamante Martínez, quien había ingresado al centro penitenciario apenas unas horas antes, tras concluir su audiencia inicial de formulación de imputación por el delito de robo calificado a lugar cerrado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando personal del penal detectó a un hombre vestido con un overol naranja sobre la azotea del edificio. Instantes después, el interno brincó hacia el exterior del inmueble y escapó por la calle Sur, perdiéndose de vista antes de que pudiera ser interceptado.

Tras confirmarse la evasión, personal del Cereso solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad para desplegar un operativo de búsqueda en los alrededores del centro penitenciario.

Despliegan operativo para localizar al interno

Elementos de distintas corporaciones realizaron recorridos en calles cercanas al penal con el objetivo de ubicar al hombre y evitar que abandonara la zona.

De manera paralela, se implementó un operativo al interior del Centro de Reinserción Social para verificar las condiciones de seguridad y descartar que existieran otros intentos de fuga o alguna situación adicional que comprometiera la vigilancia del inmueble.

Hasta ahora, las autoridades penitenciarias no han reportado la evasión de más personas privadas de la libertad ni incidentes relacionados con la seguridad del penal derivados de este hecho.

La fuga provocó movilización de personal de seguridad y generó cuestionamientos sobre las condiciones de vigilancia dentro del Cereso, particularmente porque el interno había sido ingresado ese mismo día al centro penitenciario.

Comisión Penitenciaria confirma el ingreso del detenido

Horas después de la fuga, la Comisión Estatal del Servicio Penitenciario de Baja California emitió una ficha informativa en la que confirmó la identidad del hombre y precisó que había sido internado en el Cereso tras concluir su audiencia inicial.

La dependencia señaló que Noel Orlando Bustamante Martínez enfrenta un proceso penal por el delito de robo calificado a lugar cerrado y que quedó a disposición de la autoridad competente conforme a los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, informó que, de acuerdo con los registros institucionales, se trata de una persona reincidente, aunque no se detalló el historial de procesos penales que registra ni las circunstancias que facilitaron su evasión del centro penitenciario.

Autoridades de Baja California mantuvieron activo el operativo de búsqueda para localizar al hombre y ponerlo nuevamente a disposición de la justicia.

No se han dado a conocer detalles sobre una posible investigación interna para determinar cómo logró llegar a la azotea y escapar del Cereso, ni si existieron fallas en los protocolos de seguridad o responsabilidades por parte del personal encargado de la vigilancia.

La Comisión Estatal del Servicio Penitenciario no ha informado si se reforzarán las medidas de seguridad en el Centro de Reinserción Social tras este incidente.

Detienen a reo que escapó

Luego de que el reo lograra escapar la noche del pasado miércoles del Cereso de Mexicali, se dio a conocer que durante la madrugada de este jueves autoridades lograron dar con su paradero y recapturarlo.

Fue alrededor de las 4 de la madrugada que el sujeto, identificado como Noel Orlando Bustamante Martínez, fue detenido nuevamente.

Noel Orlando Bustamante Martínez fue reingresado al CERESO sin que se presentaran mayores complicaciones.

En octubre de 2019, autoridades federales detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, sin embargo, por órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), El Ratón, como se apoda a Ovidio, fue liberado. Esto debido a la violencia que se desató en Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió el operativo.

Este hecho fue conocido popularmente como El Culiacanazo.

Un segundo Culiacanazo ocurrió el 5 de enero de 2023, cuando finalmente Ovidio fue detenido.

Tras este hecho, el Cártel de Sinaloa se fracturó y se llevaron a cabo varios hechos violentos en el estado de Sinaloa y comenzó una lucha intestina por el poder y el control territorial.

En febrero de 2026, cuando cayó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no hubo una fractura dentro de ese grupo delictivo, como ocurrió con el Cártel de Sinaloa.

Esto, porque el CJNG funciona como una empresa matriz, grande, pero es franquiciataria, es decir, entrega una especie de poder a diferentes criminales en la República Mexicana y tienen independencia económica y operativa. Así lo aseguró el periodista José Luis Montenegro, quien es especialista en narcotráfico y crimen organizado en México, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Montenegro explicó que son redes nodales que operan de manera independiente en el país, y tras la muerte de El Mencho, hubo una “transición suave” en el liderazgo del CJNG. “Quien asumió por antonomasia el poder iba a ser, quien lo iba a asumir, era precisamente Juan Carlos Valencia González, El 03, pero había otros personajes incómodos, como Audías Flores Silva, El Jardinero, que ese si cae, y de alguna manera lo aprehende la autoridad, y queda fuera del panorama criminal del Cártel Jalisco”, señaló.

A pesar del abatimiento de El Mencho y la captura de El Jardinero, siguen activos otros cabecillas del grupo delictivo, como Julio Alberto Castillo, El Chorro, ex yerno de El Mencho; Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo; Ricardo Ruiz Velazco, el Doble R; Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, entre otros.

Montenegro aseguró que no importaba que cayera una cabeza, pues la estructura financiera está intocada y los sucesores siguen operando. “Yo creo que eso pasó en el Cártel Jalisco, una organización pujante que sigue avante y que el propio gobierno no quiere desmantelar, y ahí viene lo que refería Jesús Esquivel, el anuncio de Estados Unidos de vamos con todo para debilitar y no dejar ningún residuo de esta organización de la cuatro letras”, expuso.

EEUU aumenta recompensas por líderes del CJNG

El pasado miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas acusaciones y recompensas conjuntas por más de 100 millones de dólares por información que lleve al arresto de ocho presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los nuevos cargos y las recompensas fueron dados a conocer durante la mañana del miércoles en una conferencia de prensa encabezada por el Departamento de Justicia, que dijo que las acciones son parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir a un grupo delictivo que produce y trafica grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y utiliza “violencia extrema” en sus operaciones.

Los ocho presuntos líderes del CJNG son acusados de múltiples delitos por traficar estuipefacientes a Estados Unidos y en algunos casos, por conspiración para cometer lavado de dinero.

Entre los señalados destaca Juan Carlos Valencia González, alias “el Pelón”, hijastro del fallecido líder del Cartel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, y a quien Estados Unidos considera actual cabecilla de la organización. Washington ya ofrecía una recompensa por su captura y ahora subió el monto a 25 millones de dólares.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer este jueves, por medio de una publicación realizada en sus redes sociales, que se detuvo a cinco personas, miembros de un grupo delictivo dedicado al fraude.

De acuerdo con el secretario de Seguridad capitalina, el grupo opera en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, y la detención se dio como resultado de trabajos de inteligencia e investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las detenciones se llevaron a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Álvaro Obregón. En coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México se ejecutó otra orden de aprehensión en el municipio de Tlalnepantla.

Los detenidos fueron identificados como Anabel “N”, Amairani “N”, Fernando “N”, Michel “N” y Alberto “N” y fueron señalados por engañar a sus víctimas al hacerles creer que habían sido acreedoras a premios u obsequios otorgados por una institución financiera, método con el cual obtenían datos personales y bancarios para realizar retiros y transferencias no autorizadas.

Con estas acciones se ha logrado la detención de 15 personas vinculadas con esta red dedicada al fraude, a la cual se le atribuye el robo de cerca de 40 millones de pesos, producto de su actividad delictiva.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para proteger el patrimonio de las y los habitantes de la Ciudad de México”, posteó Vázquez Camacho.

Detienen a líder de célula criminal cinculada a la Unión Tepito

Apenas el pasado miércoles, Vázquez Camacho informó sobre la detención de Giovanni “N” alias Chícharo, quien fue identificado como presunto líder de una célula delictiva vinculada a la Unión Tepito.

El secretario de Seguridad dio a conocer que esto fue resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional y la detención la llevaron a cabo elementos de la SSC y de la Fiscalía del Estado de México.

El Chícharo fue detenido en un cateo llevado a cabo en un domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl.

Durante el operativo fueron aseguradas 544 dosis de cocaína, 64 dosis de marihuana, un arma de fuego, siete cartuchos útiles, dos equipos telefónicos y dos vehículos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Además, dio a conocer el director de la Policía capitalina, a esta acción se sumó la detención de Cristian “N”, alias “El Wero del Palacio”, llevada a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, quien fue identificado como integrante del grupo delictivo conocido como La AntiUnión Tepito.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con las diferentes instancias de seguridad y a nivel Metropolitano para combatir a los grupos delictivos, erradicar los delitos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México”, concluyó Vázquez Camacho.

La Policía de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, resguardó a dos adolescentes y detuvo a un presunto reclutador en la Nueva Central Camionera, después de que ambas fueron engañadas con ofertas de trabajo difundidas por TikTok y por teléfono, una modalidad de reclutamiento forzado que ya dejó 89 personas rescatadas durante la actual administración municipal.

Las dos intervenciones ocurrieron en menos de tres horas en la terminal. En ambos casos, las víctimas salieron de sus casas sin que sus familias lo supieran y llegaron o se dirigían a la central para encontrarse con personas que les prometieron empleo sin informarles con claridad en qué consistía, dónde trabajarían o quiénes serían sus patrones.

Las ofertas prometían hasta 15 mil pesos por semana y pedían traslados sin datos de la empresa

El primer caso comenzó cuando una adolescente de 16 años llegó por su cuenta al módulo itinerante de la policía, ubicado frente a la terminal de Primera Plus, para pedir permiso de hacer una llamada porque no tenía saldo.

La menor explicó que necesitaba comunicarse con su familia. Personas desconocidas la habían contactado por TikTok para ofrecerle un empleo en Ocotlán con un supuesto sueldo de entre 10 mil y 15 mil pesos semanales.

La joven dijo que no conocía la empresa, tampoco sabía cuáles serían sus funciones ni quién la iba a contratar. Solo recibió la instrucción de trasladarse a la Nueva Central Camionera, donde un vehículo de plataforma pasaría por ella.

Martín Escobar, primer comandante de la corporación municipal, explicó: “Por medio de redes sociales, específicamente por TikTok, le dieron indicaciones de que se viniera, que aquí en la central esperara un Uber que iba a pasar por ella. Al verse desesperada, es cuando solicita el apoyo del compañero”.

La adolescente no tenía ficha de búsqueda. Los policías contactaron a sus padres y ellos acudieron por ella a la central, ya que desconocían que se encontraba en ese lugar y que había atendido la supuesta oferta laboral.

En seguimiento a ese caso, oficiales rastrearon el número de contacto y ubicaron en el exterior de la terminal, a la altura del módulo 7, a Enrique “N”, de 17 años, quien presuntamente pretendía trasladar a una de las menores.

El segundo rescate ocurrió cuando una joven viajaba desde Atotonilco El Alto

Horas después, personal del mismo módulo recibió el aviso de un trabajador de una empresa de transporte. El empleado informó que una adolescente de 17 años viajaba desde Atotonilco El Alto hacia la Nueva Central Camionera tras salir de su domicilio sin conocimiento de su familia.

A partir de ese reporte se activó un operativo preventivo con policías del Sector Uno y del Agrupamiento Andrómeda de Búsqueda de Personas. Los agentes esperaron la llegada del autobús y resguardaron a la menor cuando arribó a la terminal.

Un elemento de la policía municipal relató: “De inmediato se solicitó el apoyo a las unidades del sector, así como del Agrupamiento Andrómeda de Búsqueda de Personas, cuyos elementos acudieron al lugar para esperar la llegada del autobús en el que viajaba la menor. Al arribar, la adolescente fue resguardada”.

Durante la entrevista, la joven señaló que iba a la Zona Metropolitana de Guadalajara por una supuesta oferta de trabajo. Tampoco sabía en qué consistía el empleo, en qué sitio laboraría ni cuánto le pagarían, y solo mantenía contacto con las personas que la habrían citado por medio de su celular.

Los agentes dieron seguimiento al número telefónico con el que se comunicaban con ella. Ese rastreo permitió localizar, también en las inmediaciones de la central y a la altura del módulo 7, al adolescente de 17 años que presuntamente la esperaba para llevarla al supuesto trabajo.

La corporación precisó: “Los elementos dieron seguimiento al número telefónico desde el que la contactaban. Esto permitió localizar, al exterior de la Central Camionera, a la altura del módulo 7, a la persona que presuntamente la esperaba para llevarla al supuesto trabajo, logrando la detención de un masculino que se identificó como Enrique ‘N’, de 17 años de edad”.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público especializado en adolescentes en conflicto con la ley. Esa autoridad continuaría con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La primera menor fue entregada a su padre. La segunda adolescente quedó bajo resguardo de su abuela y de su tía.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal pidió a madres, padres y tutores mantener comunicación permanente con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos de ofertas laborales difundidas en redes sociales, sobre todo las que prometían ingresos altos, exigían traslados a otros municipios o estados y no daban datos claros de la empresa ni de las actividades.

La dependencia también exhortó a los jóvenes a desconfiar de esas propuestas y a pedir ayuda inmediata si una situación les generaba desconfianza en el número 33 30 50 30 50 o en el 911.

• Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron resguardadas en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque tras ser engañadas con falsas ofertas de trabajo.
• Las propuestas llegaron por TikTok y por teléfono, con promesas de hasta 15 mil pesos semanales y sin datos sobre empresa, funciones o lugar de trabajo.
• Un adolescente de 17 años quedó a disposición del Ministerio Público especializado; con estos casos, sumaron 89 personas rescatadas en la actual administración municipal.

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un predio de la comunidad Tlamaco, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde localizaron combustible almacenado, recipientes utilizados para su manejo y siete vehículos, varios de ellos presuntamente con reporte de robo.

El operativo fue desplegado durante la tarde del miércoles por corporaciones de los tres órdenes de gobierno como parte de las acciones contra el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburo en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del inmueble fueron encontrados vehículos que transportaban contenedores con capacidad aproximada de mil litros, además de diversos bidones utilizados para almacenar combustible.

Tras concluir la diligencia, las unidades y el material asegurado fueron trasladados a un corralón ubicado en la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de Tula de Allende. El movimiento se realizó bajo resguardo de elementos de la Policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Dos grúas participaron en el traslado de parte de los contenedores decomisados, mientras que las autoridades mantienen bajo investigación el origen del hidrocarburo localizado y la posible relación de los vehículos asegurados con actividades ilícitas.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las corporaciones que participaron en el operativo no han informado la cantidad exacta de combustible asegurado, si el hidrocarburo tenía un origen ilegal confirmado o si hubo personas detenidas durante el cateo.

Tula-Atitalaquia, una zona marcada por el combate al huachicol en Hidalgo

El cateo realizado en Atitalaquia ocurrió en una de las regiones de Hidalgo donde las autoridades han concentrado operativos contra el robo de combustible debido a su cercanía con infraestructura energética de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ductos que atraviesan el Valle del Mezquital.

Municipios como Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Tepetitlán han sido identificados como puntos donde se han registrado aseguramientos de hidrocarburo, vehículos utilizados para su traslado y predios presuntamente empleados para el almacenamiento clandestino.

En los últimos años, fuerzas federales y estatales han desplegado cateos en inmuebles de la zona para localizar centros de almacenamiento y distribución de combustible extraído ilegalmente. Estos operativos han incluido el aseguramiento de pipas, camionetas con contenedores, bidones y miles de litros de hidrocarburo.

La región cobró relevancia nacional en materia de huachicol tras el hallazgo de tomas clandestinas y redes dedicadas al robo de combustible, particularmente en el corredor industrial de Tula, donde se encuentra una de las principales instalaciones de refinación de Pemex.

Además de los aseguramientos de combustible, las autoridades han investigado la operación de grupos dedicados al almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburo, una actividad que ha generado disputas criminales y otros delitos asociados en municipios del centro de Hidalgo.

El nuevo operativo en Tlamaco se suma a las acciones implementadas para desarticular puntos utilizados para el manejo ilegal de combustibles, aunque hasta ahora las autoridades no han informado si el predio cateado estaba vinculado con alguna organización delictiva específica.

Los grupos criminales que disputan el huachicol en la región Tula-Atitalaquia

Entre los grupos identificados en investigaciones y reportes de seguridad se encuentran Los H, una organización local señalada por autoridades como parte de las disputas criminales en la región de Tula, así como Los Solas, una célula vinculada a actividades como el robo de combustible y narcomenudeo. Además, reportes periodísticos han documentado la presencia de grupos locales como Los Cotorros y otras bandas regionales que han participado en conflictos por el control territorial.

Aunque autoridades hidalguenses han señalado que en la entidad predominan grupos locales por encima de grandes estructuras nacionales, distintos análisis han documentado la presencia de células relacionadas con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente mediante alianzas o grupos locales dedicados al robo de hidrocarburo.

La célula delictiva de ”Los Rusos" opera en la frontera entre Oaxaca y Guerrero bajo el mando de José Gil Caro Quintero, familiar de Rafael Caro Quintero, y quien cuenta con acusaciones por tráfico de drogas en los Estados Unidos.

El fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó este miércoles en conferencia de prensa que la célula está implicada en el homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, así como en el ataque contra una regidora.

Aunque sus principales operaciones las mantienen en Guerrero, las autoridades identificaron el ingreso de la célula a Oaxaca y su implicación en delitos de alto impacto.

José Gil Caro Quintero y la estructura de Los Rusos

En la cúspide de Los Rusos, la Fiscalía de Oaxaca ubicó a José Gil Caro Quintero como creador y líder de la organización; sin embargo, investigaciones periodísticas y registros de inteligencia refieren que asumió el control del Cártel de Caborca en 2022, cuando Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, fue recapturado en Choix, Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo sancionó el 6 de diciembre de 2023 por sus vínculos con la Organización de los Beltrán Leyva. Además, cuenta con una acusación en la Corte del Distrito de Columbia.

Por debajo de José Gil Caro Quintero, se encuentra un hombre apodado “09” y/o “Gordo”, quien fungía como cabecilla del grupo delictivo que posteriormente fue remplazado por el “07″, recientemente detenido al ser identificado como el presunto autor material del asesinato del exalcalde Pedro Martínez.

Además, el fiscal identificó a otros dos líderes regionales:

Un hombre apodado “El Yiyo”, quien se encuentra detenido y era exintegrante de la célula de “Los Chulindos”; así como a “El Eliezer”, que aún no ha sido capturado.

De acuerdo con Rodríguez Alamilla, la presencia de Los Rusos en territorio oaxaqueño no fue espontánea, ya que consolidó su implantación local a través de una alianza con la célula de Los Chulindos.

Los Chulindos operaban en la región hasta que una serie de detenciones, ocurridas hace aproximadamente dos o tres años, los dejó sin capacidad operativa. Ante esa debilidad, sus integrantes buscaron refugio en la estructura de Los Rusos y formaron el nuevo esquema delictivo.

Autoridades han identificado sus operaciones en más de 10 municipios y en dos estados

Los Rusos no concentran su actividad en un solo punto. La Fiscalía de Oaxaca trazó un mapa de presencia que abarca municipios de dos estados y que se extiende a lo largo de la franja limítrofe entre ambas entidades.

En Oaxaca, las autoridades detectaron al grupo en Santiago Textlas, Santiago Llano Grande, Mártires de Tacubaya, Santo Domingo Armenta, Santa María Cortijo, San José Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de Soto y San Pedro Amuzgos. También registraron presencia en la zona centro de Pinotepa Nacional y en la localidad conocida como El Ciruelo.

Del lado de Guerrero, la Fiscalía identificó al menos cuatro municipios con actividad confirmada: Cuajinicuilapa, San Nicolás, Huajintepec y Huixtepec; sin embargo, el fiscal advirtió que el número real podría ser mayor.

Célula dedicada al narcomenudeo, trasiego de droga y otros delitos

La Fiscalía de Oaxaca detalló que esta célula criminal está relacionada con delitos de narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego, secuestro, homicidio y trasiego de droga.

Sin embargo, también se le vincula con dos ataques contra funcionarios públicos del municipio de San Juan Cacahuatepec.

El asesinato de la exregidora

El primer caso que las autoridades vinculan directamente a Los Rusos es el homicidio de Guadalupe Urbán Ceballos, exregidora de San Juan Cacahuatepec, ocurrido el 6 de noviembre de 2025.

La mujer fue hallada sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio, luego de un ataque armado que ocurrió desde una motocicleta en la que los agresores le dispararon.

Rodríguez Alamilla explicó que fue a través del trabajo de inteligencia y de las detenciones practicadas en ese momento que la Fiscalía estableció la participación del grupo en ese crimen.

Por este caso han sido detenidas dos personas, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

El homicidio de Pedro Martínez Barroso

El asesinato del ingeniero Pedro Martínez Barroso, presidente municipal de San Juan Cacahuatepec entre 2022 y 2024, es el segundo crimen que las autoridades le atribuyen a esta célula.

Martínez Barroso fue asesinado el pasado 13 de julio de 2026 al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza de la cabecera municipal.

Las cámaras de vigilancia captaron a dos personas que llegaron a bordo de una motocicleta y se aproximaron al lugar donde se encontraba la víctima. El análisis de telefonía y el seguimiento secuencial de imágenes permitieron a la Fiscalía reconstruir el recorrido previo al ataque y establecer la identidad del ejecutor.

Fue ese trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre identificado con las iniciales Z.S.S., alias “El 07”, presunto líder regional de Los Rusos. La Fiscalía lo identificó como el responsable directo de los disparos.

Las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron las diversas acciones que llevan a cabo para erradicar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el aumento de recompensas, captura de funcionarios ligados así como el organigrama del peligroso cártel, en el que se incluye a varias mujeres entre familiares, parejas y empleadas.

Se fijó este miércoles 5 de agosto una recompensa de hasta USD 2 millones para localizar a Griselda Margarita, señalada por su presunto papel en una red de fraude de tiempos compartidos y lavado de dinero ligada al CJNG, en un caso que exhibió cómo esposas, novias, familiares y empleadas habrían sido usadas para resguardar activos, operar empresas y mover recursos del cártel.

La acusación presentada en un tribunal federal de Brooklyn también incluyó a Julio César, alias “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César” y “CH Jiménez”, identificado como integrante de alto rango del grupo criminal. Ambos fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

En el caso de Montero, la acusación agregó un cargo por conspiración para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Las autoridades estadounidenses precisaron que los dos eran ciudadanos mexicanos y no estaban bajo custodia de Estados Unidos.

El expediente sostuvo que, desde aproximadamente 2012, el CJNG operó un esquema de fraude de pago por adelantado contra dueños de tiempos compartidos en México, incluidas varias ciudades de Jalisco. Las víctimas, muchas de ellas residentes y ciudadanas de Estados Unidos, entregaban dinero por supuestas tarifas e impuestos para vender o rentar sus propiedades, pero no recibían los fondos prometidos ni recuperaban su dinero.

Entre 2019 y 2024, unas 6,000 víctimas estadounidenses informaron pérdidas por alrededor de USD 350 millones atribuibles a fraudes de tiempos compartidos en México. Hasta la fecha, la OFAC había sancionado a más de 70 personas y entidades por su participación en esa modalidad atribuida al CJNG.

Griselda fue ubicada en la oficina central del fraude de tiempos compartidos

La autoridad estadounidense señaló que Griselda Margarita trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG. Desde ahí, presuntamente supervisaba la operación de centros de llamadas y la recepción y el lavado del dinero obtenido de las víctimas.

El caso la colocó como una pieza operativa dentro de una estructura que no solo engañaba a propietarios de inmuebles vacacionales, sino que también reciclaba las ganancias. La acusación sostuvo que la red incluso volvía a contactar a las víctimas con falsos abogados o supuestos funcionarios que ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos por adelantado.

Las autoridades también recordaron que ya había sido sancionada por la OFAC por su presunta participación en ese esquema. Si fuera declarada culpable, enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo imputado.

Karely Lizbeth apareció como esposa y dueña de una licorería

Dentro de la red centrada en la familia de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, la OFAC identificó a Karely Lizbeth como su esposa. La señaló como propietaria de la tienda de bebidas El Almacén Licorería.

La misma acción la vinculó, junto con Areli Isis M, prima de Jardinero, a Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., una empresa mayorista de ropa. Además, Petrocoda S.A. de C.V., una compañía gasolinera, habría permanecido bajo control de Jardinero a través de Medina Flores y del subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La designación sostuvo que su esposa y prima habrían actuado en nombre o representación, directa o indirectamente, de Audias Flores Silva. El caso mostró un patrón: personas cercanas a mandos del cártel aparecían al frente de negocios formales usados para ocultar el interés real sobre activos y ganancias.

Areli Isis fue señalada como prima y operadora de empresas

Areli Isis fue descrita como prima de Jardinero y como una de las personas mediante las cuales se habría mantenido el control de activos empresariales. Su nombre apareció en la operación de Petrocoda y en la propiedad de la comercializadora de ropa compartida con ella.

La acusación administrativa no la ubicó como figura armada ni como jefa de plaza, sino como parte del mecanismo financiero y patrimonial del grupo. Ese es uno de los rasgos que destacaron las sanciones: la red familiar no solo servía para encubrir bienes, sino para reducir el riesgo de que las compañías quedaran expuestas de inmediato ante investigaciones.

Martha Alicia fue identificada como esposa y socia comercial

La OFAC también incluyó a Martha Alicia, a quien identificó como integrante del CJNG y esposa de Roberto J.A. Ambos controlaban de manera conjunta Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.

J. por su parte, aparecía además al frente de Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V. y de la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V. En ese bloque, la participación de ella fue descrita a partir de la propiedad y control de empresas que, de acuerdo con las sanciones, habrían servido de soporte patrimonial a la organización.

Liliana y los hijos de El Cachas quedaron ligados a empresas familiares

Otra historia señalada fue la de Liliana, identificada como la esposa más reciente de Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, miembro de alto rango del CJNG. La OFAC la designó junto con los hijos de Botello: Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz.

Cisneros Tapia figuró como secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific. Jesús David Botello Ortiz y Edgar Gerardo Botello Ortiz aparecieron, respectivamente, como secretario y tesorero del consejo de administración de esa empresa, de la cual los cuatro eran copropietarios.

Ricardo Botello Ortiz fue ubicado como tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel Los Tres Hermanos. Las autoridades también relacionaron a la familia con Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de calzado infantil, además de una compañía de seguridad privada y otra de tequila y agave.

Alma Laura fue señalada junto con su esposo en logística y robo de combustible

En otra rama del CJNG, Alma Laura fue identificada como operativa en actividades vinculadas al tráfico de fentanilo y al robo de combustible. La acusación administrativa sostuvo que, junto con su esposo José Mora León, era dueña de una empresa de logística dedicada a desviar fentanilo líquido al cártel.

Mena también fue relacionada con la extracción y robo de gasolina en una zona bajo control del CJNG. Ambos controlaban Strong Energy S.A. de C.V., dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S.A. de C.V., enfocada en logística.

Su caso mostró otro perfil femenino dentro de la estructura: no el de familiar usada como prestanombres, sino el de una presunta participante directa en operaciones que combinaban combustibles y narcóticos. Esa mezcla fue descrita por las autoridades como parte de las fuentes alternas de ingresos del cártel.

Teresa de Jesús y una abogada de Puerto Vallarta aparecieron en el fraude turístico

Además de las grandes redes patrimoniales, las sanciones alcanzaron a tres mexicanos por su presunta intervención en fraudes de tiempos compartidos del CJNG: Teresa de Jesús, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriel del Villa Contreras. Los tres operaban en Puerto Vallarta.

Se indicó que habría participado en este tipo de fraude durante 15 años. En el caso de Gabriela Del V. C., fue descrita como abogada dedicada al cobro de deudas y a fraudes inmobiliarios en representación del CJNG.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que estos engaños también incluían el uso indebido del nombre de agencias del gobierno para parecer legítimos. En algunos casos, los delincuentes llamaban a víctimas y se hacían pasar por agentes de la OFAC para exigir pagos a cambio de liberar fondos supuestamente bloqueados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de Gerardo González Valencia, líder del grupo criminal “Los Cuinis”, se declaró culpable de violar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), al pagar más de 504 mil dólares para que su hijo estudiara en la IMG Academy.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo

En un comunicado, la institución indicó que Amaral Arévalo enfrentaba sanciones desde 2015, por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de “Los Cuinis”, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que González Valencia, exesposo de Wendy, es cuñado del extinto líder de dicho cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“A pesar de la designación de la OFAC, que le prohibía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense, Amaral Arévalo firmó contratos con IMG Academy para la asistencia de su hijo a la escuela y gestionó el pago de la matrícula por un total de 504 mil 497 dólares”, se lee en el desplegado del Departamento de Justicia.

El gobierno de Estados Unidos había designado al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Desde abril de 2015, la OFAC había sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el cártel, entre ellas altos mandos, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores, funcionarios corruptos, complejos turísticos, restaurantes, empresas inmobiliarias, agrícolas y compañías fantasma.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Gilberto Fabris Contreras, de 39 años, señalado por su probable responsabilidad en un fraude relacionado con inversiones en criptomonedas que habría ocasionado un perjuicio económico de 621 mil dólares a un inversionista.

La captura se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los principales puntos de movilidad del país, donde las autoridades lograron ubicar al imputado para ejecutar el mandato judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso se originó en Bahía de Banderas, Nayarit, donde Edgar Gilberto Fabris Contreras y Arturo Jossmar Ramírez Vega, identificados como socios de la empresa Cryptonetwork S.A. de C.V., presuntamente convencieron a la víctima de invertir una importante suma de dinero bajo la promesa de obtener rendimientos mensuales mediante operaciones con criptomonedas, divisas y otros instrumentos financieros.

Sin embargo, las ganancias prometidas nunca fueron entregadas y el capital tampoco habría sido recuperado, por lo que el afectado presentó la denuncia correspondiente.

Investigación apunta a esquema de inversión fraudulento

Las indagatorias de la Fiscalía capitalina establecen que los presuntos responsables captaron recursos económicos asegurando que serían destinados a un modelo de inversión con activos digitales y operaciones financieras de alta rentabilidad.

De acuerdo con la investigación, el inversionista habría confiado en las promesas realizadas por los socios de la empresa, quienes ofrecían rendimientos periódicos derivados de las operaciones con criptomonedas.

No obstante, una vez entregado el dinero, los pagos comprometidos dejaron de realizarse y la víctima tampoco pudo recuperar la inversión inicial, situación que derivó en el inicio de la carpeta de investigación por el delito de fraude.

Tras reunir los elementos necesarios, un juez libró la orden de aprehensión contra Edgar Gilberto Fabris Contreras, la cual fue ejecutada por agentes de investigación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si Arturo Jossmar Ramírez Vega enfrenta algún proceso judicial relacionado con los mismos hechos ni si existen más personas afectadas por el presunto esquema de inversión.

El AICM, escenario de recientes detenciones relevantes

La captura de Edgar Gilberto Fabris Contreras ocurre apenas unas semanas después de otro operativo de alto impacto realizado en el mismo aeropuerto.

El pasado 16 de julio, autoridades federales y del Estado de México detuvieron en las inmediaciones del AICM a David “N”, identificado como presunto líder de una red dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible —conocido como huachicol— en territorio mexiquense.

En aquella operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones también lo relacionaban con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios y préstamos ilegales bajo el esquema denominado “gota a gota” en municipios como Zumpango, Tecámac y Ecatepec. Además, fuentes oficiales señalaron que mantenía presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambas detenciones reflejan que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa siendo un punto estratégico para la ejecución de órdenes de aprehensión contra personas buscadas por distintos delitos, desde integrantes de organizaciones criminales hasta presuntos responsables de fraudes financieros de alto impacto económico.

Hasta el momento, la Fiscalía capitalina no ha informado cuándo será presentada la persona detenida ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

Con precios superiores a 70 mil pesos, el crimen expandió sus actividades de venta de armas a través de redes sociales en los últimos años en el estado de Oaxaca. Las autoridades detectaron que de 2025 a 2026 el comercio de armamento incrementó un 500%, representando un reto para las instituciones de seguridad.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó en conferencia de prensa que tras identificar el aumento de estas actividades ilícitas se llevó a cabo la detención de siete personas mediante operativos encubiertos, en los que agentes utilizaron perfiles simulados para contactar a los presuntos vendedores.

Telegram y Facebook: las plataformas usadas para la venta de armas a través de publicaciones “trampa”

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) identificó que el comercio de armas se realiza principalmente a través de Marketplace de Facebook y grupos cerrados de Telegram, aunque también en WhatsApp.

Las publicaciones no siempre son explícitas. Según el fiscal, los vendedores evitan escribir la palabra “arma” y recurren a términos como “resortera” o “cohetes”, fotografías ambiguas y emojis con referencias al armamento para evitar que sean identificados fácilmente.

Los anuncios aparecen disfrazados en grupos de compraventa general, páginas de coleccionismo, artículos deportivos, seguridad privada o accesorios tácticos. Solo quien sigue el hilo de la conversación puede confirmar que se trata de armamento ilegal.

Una vez que el comprador muestra interés, el vendedor comienza a indagar para cerciorarse de que no se trate de alguna autoridad encubierta. Después comienza una conversación privada a través de WhatsApp u otra aplicación de mensajería privada para cerrar el trato y acordar el sitio de entrega.

Finalizado el acuerdo, la entrega se lleva a cabo en lugares públicos: estacionamientos o centros comerciales, donde los vendedores comprueban que no haya presencia policial.

De acuerdo con Rodríguez Alamilla, el pago se exige casi siempre en efectivo para evitar ser rastreados vía bancaria; sin embargo, en los casos en que se acepta transferencia, se utilizan cuentas abiertas con identidades falsas o de terceros.

“En la inmensa mayoría de los casos piden que sea en efectivo, justamente para evitar la trazabilidad. En algunos casos, cuando sí se hace por cuenta, son de estas cuentas que puedes abrir muy rápido y que la persona asociada a esa cuenta no necesariamente es real”, precisó.

Las zonas con mayor concentración de ofertas detectadas en entornos digitales corresponden a municipios de los Valles Centrales: Oaxaca de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.

Con precios de hasta 75 mil pesos: las armas tienen como origen EEUU y Brasil

De acuerdo con el fiscal, el precio promedio de las armas oscila entre 45 mil pesos para armas cortas y 75 mil pesos para armas largas. La mayoría del armamento que han recuperado en los operativos encubiertos proviene de Estados Unidos y de Brasil, país que también cuenta con fábricas de armas de fuego.

La ruta tradicional de ingreso al país es la frontera norte. Texas fue durante años el principal punto de origen del armamento que llegaba a Oaxaca.

“Texas era un lugar de donde teníamos detectado que vendían la mayoría de las armas que ingresaban a México y particularmente llegaban a Oaxaca”, señaló el fiscal.

No obstante, la Fiscalía detectó con creciente frecuencia una nueva ruta de ingreso: la frontera con Guatemala. Este corredor sur representa un cambio en los patrones logísticos del tráfico de armas hacia el estado.

Fiscalía de Oaxaca detuvo a siete vendedores: así fueron los operativos encubiertos

Para desmantelar estas redes, la Fiscalía creó una unidad especializada en patrullajes digitales en la que sus agentes construyeron perfiles falsos, contactaron a los vendedores, realizaron el proceso de negociación y ejecutaron la detención en flagrancia en el momento de la entrega física.

“Se les dice que somos personas que buscamos comprar alguno de estos artículos, son usuarios simulados y bueno, se realiza justamente la detención”, explicó Rodríguez Alamilla.

El resultado, hasta el momento, es de siete personas detenidas por comercialización ilegal de armas de fuego en estas plataformas, tanto armas cortas como largas. Durante algunos de los operativos también se aseguraron narcóticos: metanfetamina y marihuana.

Los operativos derivaron en el aseguramiento de diversas armas cortas, entre ellas revólveres y pistolas tipo escuadra, en intervenciones realizadas en los municipios de San Martín Mexicapan y San Antonio de la Cal, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Uno de los casos más reveladores del nivel de sofisticación del tráfico fue la intercepción de una escopeta Stevens calibre 20 que era transportada a través de servicios de paquetería en unidades de transporte público, sin que los controles regulares la detectaran.

La Fiscalía también documentó una táctica para evadir revisiones: las armas se envían desarmadas y por partes. Cada componente —un resorte, una cacheta, un cañón— llega por separado a su destino, donde alguien se encarga de ensamblar el arma completa.

“A veces el arma no la mandan de manera completa sino desarmada y la empiezan a mandar por partes. De repente encuentras un resorte, de repente encuentras una cacheta y no va todo junto”, advirtió Rodríguez Alamilla.

Rodríguez Alamilla identificó varios factores que facilitan la expansión de este mercado ilegal. El primero es la falta de regulación específica sobre la oferta de armas por internet y la desactualización del marco normativo frente al entorno digital.

Además, la ausencia de obligaciones especiales para las plataformas digitales es otro de los factores que posibilita este delito. La mayoría de estas empresas tiene sus centros de operación fuera de México, lo que complica aplicarles la legislación nacional.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, Karla “N”, Luis “N” y Arturo “N”, quienes fueron ubicados tras las investigaciones derivadas del ataque armado ocurrido hace casi un mes. Durante esa agresión un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada, mientras los responsables huyeron del lugar a bordo de una camioneta Jeep color naranja.

De acuerdo con la corporación estatal, el vehículo utilizado para escapar fue localizado posteriormente en el municipio de Coacalco, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo para identificar y capturar a los presuntos responsables.

Como parte de las indagatorias, uno de los detenidos declaró que se dedicaba a la venta y distribución de droga en los municipios de Coacalco y Tultepec. Además, señaló que los estupefacientes eran suministrados por un proveedor que opera en el Barrio de Tepito, en la Ciudad de México, una línea de investigación que ahora forma parte de las pesquisas ministeriales.

La información obtenida durante las entrevistas fortaleció la hipótesis de que el homicidio podría estar relacionado con actividades de narcomenudeo y disputas por el control de la distribución de drogas en esa zona del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abiertas las investigaciones para establecer el móvil del crimen, determinar si participaron más personas en la agresión y esclarecer si las víctimas habían recibido amenazas antes del ataque.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control, autoridad que definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Violencia y narcomenudeo en el Valle de México

Las investigaciones sobre este homicidio se desarrollan en una región donde las autoridades han documentado la presencia de redes dedicadas al narcomenudeo que operan entre la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Diversos análisis y reportes oficiales señalan que organizaciones como La Unión Tepito y La Antiunión han extendido su influencia mediante células encargadas del abastecimiento y la distribución de drogas, además de recurrir a alianzas con grupos locales para operar fuera de la capital.

Estas estructuras no suelen ejercer un control absoluto del territorio, sino que funcionan a través de redes de distribuidores y operadores en municipios como Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Tultepec, donde las disputas por los puntos de venta han derivado en homicidios y otros hechos violentos.

En las últimas semanas, las autoridades capitalinas intensificaron los operativos en el Barrio de Tepito, considerado el principal centro de operaciones de La Unión Tepito y La Antiunión, organizaciones señaladas por las investigaciones como responsables de buena parte de la violencia asociada al narcomenudeo en la zona centro de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, ambas agrupaciones mantienen una disputa por el control de la distribución de drogas y otros mercados ilícitos, un conflicto que también tiene repercusiones en municipios del Valle de México debido a la movilidad de sus células y a las rutas de abastecimiento hacia la entidad mexiquense.

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Detienen a dos hombres con réplicas de arma de fuego en la Venustiano Carranza

Dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Venustiano Carranza tras golpear a un ciudadano y ser hallados en posesión de réplicas de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los detenidos, de 29 y 45 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los oficiales sobre una persona lesionada en las calles Albañiles y Ferrocarril Interoceánico, en la colonia Penitenciaria. Al llegar, los uniformados encontraron a los dos sujetos propinando golpes a la víctima, por lo que intervinieron de inmediato para resguardar su integridad física.

La víctima presentaba manchas hemáticas y refirió a los policías que los agresores llegaron a bordo de dos motocicletas —una amarilla y otra negra— y comenzaron a golpearlo sin motivo aparente.

Los paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron al lesionado con heridas corto contundentes en cráneo, cara y antebrazos, y lo trasladaron a un hospital para su atención. Durante la revisión preventiva practicada a los detenidos, conforme con los protocolos de actuación policial, los efectivos les aseguraron dos réplicas de arma de fuego y las dos motocicletas utilizadas en el ataque.

Detienen a siete personas con armas en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó operativos simultáneos en cinco municipios de la zona metropolitana y la región serrana que resultaron en siete detenciones y el aseguramiento de ocho armas de fuego.

Los municipios intervenidos fueron Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo y Arroyo Seco, en el marco del programa Sinergia por Querétaro, descrito por la Fiscalía como un conjunto de acciones permanentes de seguridad.

Detenciones por violación, daños dolosos y delitos contra la salud

Las intervenciones incluyeron el cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos de violación y daños dolosos, además de detenciones por delitos contra la salud. La Fiscalía no precisó el número de órdenes judiciales ejecutadas por cada tipo de delito.

Entre los indicios asegurados se contabilizaron diversas dosis de sustancias con características de narcótico, las ocho armas de fuego de distintos calibres y otros materiales relacionados con las investigaciones en curso.

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID). Participaron también la Policía Estatal de Querétaro (POEQ), policías municipales, el Gabinete de Seguridad del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente. Los indicios asegurados serán sometidos a análisis periciales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Gerardo “N”, alias “El Tokio”, presunto líder de la organización criminal “Los Mexicles” y objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, junto con Jaqueline “N”, tras un cateo en Ciudad Juárez donde se decomisaron ocho armas de fuego, cocaína y dinero en efectivo que los detenidos no pudieron justificar.

La detención ocurrió en el fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el cumplimiento de una orden de cateo ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Dentro del inmueble, los agentes localizaron cocaína, ocho armas cortas con sus respectivos cargadores abastecidos, cartuchos adicionales, cargadores sueltos, una báscula gramera y dinero en efectivo.

Ninguno de los dos detenidos pudo acreditar la procedencia legal del numerario ni presentar documentación que amparara la portación de las armas. Ante ello, “El Tokio” y la totalidad de los indicios fueron puestos a disposición de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Quién es “El Tokio” y su lugar en Los Mexicles

Gerardo “N” es señalado por el Gabinete de Seguridad federal como uno de los objetivos prioritarios en materia de seguridad y presunto generador de violencia en Chihuahua.

Las autoridades lo identifican, además, como el posible sucesor de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, al frente de la estructura criminal conocida como Los Mexicles, organización con presencia en Ciudad Juárez.

La captura de “El Tokio” se enmarca en una investigación que se originó en el contexto de pesquisas por el delito de secuestro, en la que la FGR mostró parte del armamento asegurado durante la audiencia.

Los cargos que enfrenta la pareja detenida

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, reunió y presentó ante la jueza federal los datos de prueba que sustentaron la acusación contra ambos imputados.

Los cargos incluyen acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La jueza determinó que las pruebas aportadas por el MPF eran suficientes para dictar la vinculación a proceso en audiencia de continuación, sin que ello implique una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de ambos imputados deberá determinarse en las etapas posteriores del procedimiento judicial.

Prisión preventiva y plazo para la investigación

Tras la vinculación a proceso, la jueza federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los dos imputados.

“El Tokio” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 3 de Ciudad Juárez, mientras que Jaqueline “N” fue trasladada al CERESO No. 2 Femenil de la misma ciudad.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR deberá fortalecer el caudal probatorio vinculado a los delitos atribuidos a ambos imputados.

El operativo que derivó en la detención

La orden de cateo fue ejecutada por elementos de la AEI en el inmueble del fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez.

El decomiso incluyó ocho pistolas cortas con cargadores abastecidos listos para su uso, cargadores adicionales, cartuchos, cocaína, una báscula de precisión y dinero en efectivo en cantidad no especificada por la autoridad en su comunicado.

La incapacidad de los detenidos para acreditar la licitud del dinero ni la documentación para portar legalmente las armas fue el elemento que activó la intervención de la FGR y el inicio formal de la investigación federal.

La organización civil Reinserta exigió al Estado mexicano tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado como un delito autónomo, luego de que un operativo federal desmantelara un presunto campamento de captación del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan, Jalisco, donde fueron detenidas seis personas armadas. La organización advirtió que México llega sistemáticamente tarde y que la respuesta institucional no puede limitarse a reaccionar.

Por qué México no puede procesar este delito como tal

El reclutamiento de menores por grupos delictivos no existe como figura penal independiente en el marco jurídico mexicano. Esa ausencia tiene efectos directos: impide cuantificar la magnitud real del fenómeno, obstaculiza la generación de información confiable y limita la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar con un enfoque centrado en las víctimas.

La conducta queda hoy dispersa entre distintos tipos penales que no fueron diseñados para capturarla en su totalidad. El resultado, según Reinserta, es una violencia que permanece invisible para el derecho y que no recibe una respuesta integral por parte del Estado.

“Tipificar el reclutamiento representa un paso indispensable para visibilizar una violencia que hoy permanece fragmentada entre distintas figuras penales y que continúa sin recibir una respuesta integral por parte del Estado”, dijo Reinserta.

El operativo en Zapopan y lo que revela

El aseguramiento del presunto campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zapopan, Jalisco, con seis detenidos armados durante un operativo federal, es el caso más reciente de una práctica que Reinserta describe como sistemática.

Para la organización, el hallazgo no es un hecho aislado. Se suma a otros casos registrados en los últimos meses que confirman que adolescentes continúan siendo captados mediante engaños, coerción, aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad y falsas promesas de empleo o pertenencia.

Las constantes noticias sobre menores desaparecidos y el descubrimiento de espacios destinados a su adiestramiento son, según Reinserta, evidencia de que este fenómeno no responde a hechos puntuales, sino a una práctica estructural frente a la cual México continúa llegando demasiado tarde.

Qué muestran los datos sobre adolescentes reclutados

Las cifras documentadas por Reinserta en 2022 describen un patrón que se repite con precisión. Entre los adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado, 7 de cada 10 pasaron por un proceso formal de adiestramiento dentro de la estructura criminal.

La misma proporción terminó desempeñando actividades de sicariato. En 5 de cada 10 casos, el reclutador no fue un desconocido: fue un amigo.

Esos números ubican el problema lejos de cualquier margen de excepcionalidad y describen la magnitud de una práctica que el Estado mexicano aún no ha logrado enfrentar de manera estructural.

La reacción institucional llega cuando el daño ya está hecho

Reinserta reconoció el valor de los operativos de seguridad: son acciones necesarias para proteger a las víctimas y combatir a la delincuencia organizada. Sin embargo, advirtió que cuando las autoridades localizan un campamento o desarticulan una red de captación, la captación ya se consumó.

La organización sostuvo que la discusión no puede limitarse a la reacción institucional, sino que debe orientarse a construir las capacidades necesarias para impedir que más niñas, niños y adolescentes sean reclutados.

“Estos operativos constituyen acciones necesarias para la protección de las víctimas y el combate a la delincuencia organizada; sin embargo, también evidencian que el proceso de captación ya se consumó”, aseguró la organización.

Mientras los grupos delictivos perfeccionan sus mecanismos de captación en comunidades y entornos digitales, México sigue sin una estrategia que coordine de forma articulada y sostenida acciones de prevención, detección temprana, protección, atención y desvinculación. Las iniciativas existentes son dispersas y carecen de objetivos comunes, responsabilidades claras y mecanismos permanentes de coordinación.

Una respuesta proporcional a la dimensión del problema, sostiene Reinserta, requiere pasar de acciones aisladas a una política de Estado.

Los próximos pasos de Reinserta

En los próximos meses, Reinserta presentará nuevas herramientas de prevención dirigidas a adolescentes. Estarán diseñadas para fortalecer la identificación de riesgos, promover factores de protección y brindar información que contribuya a evitar la captación por parte de grupos delictivos.

La organización continuará impulsando el reconocimiento del reclutamiento como delito autónomo y promoviendo una política pública integral desde la evidencia, la incidencia y la atención directa.

“El verdadero desafío no es únicamente desarticular a los grupos que los reclutan, sino construir un país donde ninguna adolescencia sea vulnerable a ellos”, comentó Reinserta.

“Esa, y no el número de campamentos desmantelados, será la verdadera medida del éxito de las políticas de seguridad, justicia y protección de la niñez”, agregó.

Estados Unidos aumentó recompensas por USD 102 millones contra ocho líderes y asociados del CJNG, una medida que buscó facilitar su arresto o condena en cualquier país y golpear la estructura de mando de una organización a la que Washington ya había catalogado como terrorista y responsable del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

El paquete incluyó también restricciones de visa para 65 personas identificadas como familiares, socios personales o socios comerciales cercanos de individuos vinculados al cártel. De ese grupo, 26 visas vigentes fueron revocadas, y con esa acción el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones contra redes cercanas a narcotraficantes sancionados.

La decisión se enmarcó en el Programa de Recompensas por Narcóticos y en el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional. La medida fue coordinada con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, HSI, el IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Centro Nacional de Coordinación.

El gobierno estadounidense presentó el anuncio como una ofensiva directa contra el liderazgo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales más violentas del hemisferio, según su propia definición. En su comunicación oficial, sostuvo que estas ofertas apoyaban a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley al intentar paralizar la cúpula de la organización.

Juan Carlos Valencia González quedó como el objetivo con la recompensa más alta

La suma más alta, de hasta USD 25 millones, recayó en Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del grupo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El monto representó un aumento de hasta USD 5 millones frente a la cifra previa.

Otra de las alzas correspondió a Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, por quien se ofrecieron hasta USD 15 millones. En su caso también se trató de un incremento de hasta USD 5 millones.

A esa misma franja de USD 15 millones entraron Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, identificado además como yerno de Oseguera Cervantes. Con esos montos, ambos quedaron entre los objetivos prioritarios dentro de la nueva lista.

La siguiente categoría fijó recompensas de hasta USD 10 millones para Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. El octavo nombre incluido fue Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien se ofrecieron hasta USD 2 millones.

Ese bloque respondió de forma directa a la pregunta central sobre quiénes integraron la nueva lista: Valencia González, Flores Silva, Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón, Rivera Varela y Arredondo Pinzón. La distribución de montos mostró una jerarquía interna, con una sola recompensa de USD 25 millones, tres de USD 15 millones, tres de USD 10 millones y una de USD 2 millones.

Washington ligó las medidas migratorias con la ofensiva penal contra el CJNG

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a 65 personas por sus vínculos familiares, personales o comerciales con individuos sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059. Esa disposición se aplicó contra extranjeros involucrados en tráfico ilícito de drogas a escala mundial.

Del total de afectados, 26 contaban con visas vigentes y estas fueron revocadas. El dato amplió el alcance de la medida más allá de los operadores directos del cártel, pues alcanzó también a su círculo de apoyo.

La administración estadounidense informó que, desde que anunció esta política en junio de 2025, había revocado 93 visas a familiares y socios de narcotraficantes sancionados ligados a cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El mensaje político de la medida fue que los integrantes violentos de estas redes y sus facilitadores ya no podrían ingresar a Estados Unidos.

La ofensiva de recompensas se complementó con la divulgación de cargos penales contra cinco de los señalados: Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela. Con ello, el anuncio no solo elevó el incentivo económico para obtener información, sino que se enlazó con una ruta judicial ya abierta contra parte de ese grupo.

Washington había designado al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Bajo esa clasificación, el gobierno estadounidense sostuvo que el grupo envenenaba comunidades de su país por medio del trasiego de drogas sintéticas y tradicionales, en especial fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

• Estados Unidos ofreció hasta USD 102 millones por información que llevara al arresto o condena de ocho líderes y asociados del CJNG.
• La recompensa más alta, de USD 25 millones, fue para Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder tras la muerte de “El Mencho”.
• También fueron restringidas 65 visas y revocadas 26 vigentes; el acumulado desde junio de 2025 llegó a 93 cancelaciones.

Incluyen a narcopolíticos

Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, anunció este miércoles nuevas medidas para desmantelar al CJNG y sostuvo que la ofensiva incluye cargos penales, recompensas por más de USD 100 millones y arrestos, con el argumento de que esa organización mantiene el control del narcotráfico hacia territorio estadounidense mediante miedo, violencia y el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

En el mismo anuncio, las autoridades estadounidenses señalaron que las investigaciones de la DEA ya derivaron en más de 100 acusaciones contra líderes y operadores asociados al cártel. También afirmaron que trabajan con socios internacionales para detener, extraditar y juzgar a los implicados en Estados Unidos.

Durante la conferencia en el Departamento de Justicia en Washington, Todd Blanche presentó las acciones acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios. La información se dio a conocer en un acto público del gobierno de Donald Trump centrado en la estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La DEA coloca al nuevo liderazgo del CJNG como prioridad

Terri Cole, titular de la DEA, afirmó que el CJNG se convirtió en dos décadas en uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Según la funcionaria, las indagatorias de la agencia documentaron el uso de violencia y corrupción en México, además de protección por parte de miembros del gobierno mexicano que habrían facilitado lavado de dinero, tráfico de drogas y ataques violentos.

Cole atribuyó al cártel la muerte de miles de estadounidenses por la producción y distribución de fentanilo. En su mensaje, dijo: “Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”.

La titular de la DEA aseguró que la ofensiva apenas comienza y que el objetivo es usar todas las herramientas disponibles del gobierno estadounidense. También dijo que las medidas buscan enviar un mensaje directo a los grupos criminales y a quienes los protegen desde espacios de poder.

Cole recordó que este año cayó El Mencho, identificado como líder del CJNG, pero sostuvo que su muerte no desarticuló a la organización. Afirmó que ese hecho mostró la capacidad de resistencia del cártel y que la estructura sigue activa como amenaza.

A partir de ese cambio, la funcionaria señaló que el nuevo objetivo prioritario de la agencia es Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho. Lo definió como la prioridad número uno de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos advierte a narcopolíticos y suma casos por fraude

En la misma conferencia, Cole lanzó una advertencia a traficantes y actores con protección política. Dijo: “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”.

Con esa declaración, la agencia colocó en el mismo frente a operadores del narcotráfico y a funcionarios que habrían protegido al CJNG. La acusación pública de Cole incluyó nombres específicos ligados a la estructura criminal y a hechos violentos atribuidos al grupo.

Por su parte, Kash Patel afirmó que la amenaza del narcotráfico no se limita a las dosis de fentanilo y otras sustancias que matan a ciudadanos estadounidenses. Añadió que Estados Unidos obtuvo resultados favorables para impedir que desde China lleguen a México precursores de drogas.

El director del FBI anunció además que tres personas pasaron a la categoría de las más buscadas del mundo por fraude, no por tráfico de drogas. Explicó que se trata de responsables del fraude de tiempos compartidos vinculado al CJNG.

Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la emisión de sanciones financieras y el reciente aumento de las recompensas que ofrece por ocho de sus líderes criminales. Esta acción comenzó luego de que mantuvo en el foco al Cártel de Sinaloa, y en especifico, de la facción de Los Chapitos.

Ante las acciones encabezadas por el gobierno de Donald Trump y de las declaraciones de funcionarios federales como Terry Cole, director de la DEA, de que la ofensiva no se detendrá y también contempla a políticos ligados al cártel, Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas medidas no serán suficientes.

De acuerdo con Vigil, el aumento de 102 millones de dólares en recompensas y sanciones del Departamento del Tesoro contra más de 50 de sus miembros son “puro teatro político” sin ningún impacto real sobre el cártel.

Además, apuntó que esta ofensiva podría deberse a la presión que provocó el anuncio del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al atribuirse el operativo donde fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

¿Por qué las recompensas “no sirven”?

Para el exagente, el mecanismo tiene dos fallas estructurales que lo condenan al fracaso, como lo es que ninguna persona se atrevería a entregar a los líderes criminales.

“Individuos, hablo de ciudadanos o de miembros del cártel, no van a denunciar a estos líderes aunque sea por millones de dólares, porque ellos saben que los van a matar o que van a matar a sus familias”, explicó.

La segunda razón es que las organizaciones criminales mantienen un bajo perfil respecto a la información que comparten dentro de la estructura, lo que imposibilita que todos conozcan sus ubicaciones.

“Estos líderes no le dicen a todo el cártel en dónde andan. Son muy poquitas personas que saben que están en cierto lugar, se van moviendo con un escolta que es escogido por ellos mismos, una escolta que nunca los va a traicionar”, señaló Vigil.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EEUU anunció recompensas por ocho integrantes del CJNG para quien brinde información que permita su captura, entre los que se encuentran:

• Juan Carlos Valencia Gonzáles, alias “El 03″ o “El Pelón”, líder del cártel: 25 mdd
• Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, actualmente detenido en México y gestionando amparos para evitar su extradición a EEUU: 15 mdd
• Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes: 15 mdd
• Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”: 15 mdd
• Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”: 10 mdd
• Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”: 10 mdd
• Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”: 10 mdd
• Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermanastra de “El Tarjetas”: 2 mdd

La captura de “El Mayo” que habría detonado la ofensiva contra el CJNG

Para Vigil, el cambio de objetivo de la administración Trump —antes concentrada en el Cártel de Sinaloa, ahora en el CJNG— responde directamente al escándalo generado por el operativo que llevó a Mayo Zambada ante la justicia estadounidense, ya que el líder criminal denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado a EEUU.

“Yo creo que el FBI y Seguridad Nacional estuvieron al tanto del secuestro, y ese avión que se usó le pertenecía al FBI —sostuvo—. Pusieron el avión en un museo ahí en Santa Teresa, en el aeropuerto, y así se enteró todo el mundo que era el avión de ellos. Eso era una violación de la Constitución, de la soberanía, de la Seguridad Nacional de México”, afirmó.

Ante ese antecedente, el exfuncionario interpretó el giro estratégico de Washington como un intento de desviar la atención. “Eso ahora yo creo que lo quieren tapar un poco, y ahora se quieren enfocar en Jalisco, porque ahora tienen un líder que no solo es mexicano, sino que también es ciudadano americano”.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, fue identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG, además de anunciar que contaba con ciudadanía americana.

“Es una vergüenza que ahora un americano está encargado de uno de los más poderosos cárteles del mundo”, dijo. Y añadió que el CJNG estaría aprovechando la guerra interna del Cártel de Sinaloa para incrementar sus envíos de droga a territorio estadounidense.

El exjefe de la DEA señaló además que en el propio anuncio de sanciones de la OFAC, el nombre del nuevo líder apareció mal escrito. “Lo ponen con Juan Carlos González. Es Juan Carlos Valencia González. Ni sabían cuál era el nombre correcto. Eso te dice mucho”.

Por qué el OFAC tampoco funciona

Semanas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessentm anunció sanciones contra más de 50 miembros del CJNG, las cuales Vigil descartó como efectivas.

“El OFAC no es eficaz, porque el OFAC pone sanciones, pero una cosa es poner una sanción y otra cosa es identificar las cuentas bancarias o el dinero de los cárteles —explicó—. El OFAC nada más puede congelar, no puede incautar”.

La razón de fondo, detalló, es que los cárteles operan fuera del sistema bancario. “Los cárteles, incluyendo Jalisco Nueva Generación, sobreviven gracias al efectivo en grandes cantidades y la logística clandestina. Ellos manejan el efectivo. Se trata de toneladas y así evitan los sistemas bancarios”.

Vigil ilustró el mecanismo con una operación que dirigió como encargado de la división de la DEA en San Diego. “Conseguimos información de un informante de que venía un vehículo que cargaba como diez autos al mismo tiempo, y lo paramos. Eran vehículos viejos, usados, que no servían para nada, pero tenían compartimentos falsos cerca de la cajuela. Los que tenían dinero les pusieron una X en la ventana. Los interceptamos antes de que cruzara a Tijuana y decomisamos más de 4 millones de dólares”.

El lavado comercial y las casas de cambio

Además del transporte de efectivo en bulto, Vigil describió el mecanismo de blanqueo mediante el comercio de mercancías. “Lo que hacen con el dinero de las ventas de drogas aquí, en vez de cruzarlo muchas veces, van y compran electrónicos, textiles, ropa, por ejemplo en Los Ángeles, y transportan esa mercancía a México, donde la venden y hasta ganan más dinero. Y entonces la blanquean”.

Mencionó también el uso de casas de cambio en la frontera y las redes de origen chino en Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa ha utilizado para lavar capitales. Cuando se sanciona una empresa del cártel, apuntó, la respuesta es inmediata: “Exactamente la reemplazan por otras. Y nunca les van a poner en sus nombres. Ellos van a utilizar testaferros, y eso va a ser muy difícil de comprobar”.

Ante ese panorama, calificó el conjunto de medidas como ineficientes y señaló que no detendrán las actividades delictivas del CJNG si no contemplan la magnitud del entramado criminal.

Un campamento presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo fue desmantelado en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales aseguraron una camioneta, cartuchos útiles y dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

El hallazgo ocurrió en la comunidad El Durazno durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio localizaron un campamento que, por los indicios encontrados, habría sido utilizado por integrantes de la delincuencia organizada para desarrollar actividades ilícitas.

Durante la inspección, los agentes encontraron una camioneta RAM 2500 Heavy Duty de doble cabina, cartuchos útiles de distintos calibres y dos bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

Además, en el campamento fueron halladas prendas de vestir, cobijas y víveres, objetos que fueron destruidos en el lugar para impedir que volvieran a ser utilizados.

Los cartuchos, la presunta droga y el vehículo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones para determinar su origen y posible relación con actividades delictivas.

Operación Tornado mantiene despliegue en el estado

El aseguramiento se realizó en el marco de la Operación Tornado, estrategia mediante la cual fuerzas federales y estatales mantienen patrullajes y operativos en distintos municipios de Zacatecas con el objetivo de localizar campamentos, armamento, vehículos y otros recursos utilizados por grupos criminales.

Chalchihuites, ubicado al noroeste del estado, forma parte de una de las zonas donde las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad debido a la actividad de organizaciones delictivas que disputan el control de la región.

Zacatecas reforzó su seguridad tras la jornada violenta de julio

La Operación Tornado forma parte del despliegue extraordinario de seguridad implementado en Zacatecas tras la ola de violencia registrada el 19 de julio, cuando fueron localizados 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Fresnillo.

A raíz de esos hechos, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron enviados a la entidad para reforzar las labores de patrullaje, inteligencia y búsqueda de células criminales en coordinación con corporaciones estatales.

El despliegue incorporó tres aeronaves para labores de vigilancia aérea, reconocimiento y respuesta rápida, dos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que amplía la capacidad de reacción y de cobertura en las rutas de mayor incidencia.

Desde entonces, las fuerzas federales y estatales han concentrado sus operaciones en municipios considerados estratégicos por la presencia de grupos delictivos, como Chalchihuites, Fresnillo, Villanueva y Valparaíso.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas por presunto homicidio correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025. El informe oficial muestra una reducción generalizada en el volumen de agresiones mortales registradas en el país, al contabilizar de forma preliminar un total de 27 mil 989 defunciones. Esta cifra se traduce en una tasa nacional de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una baja considerable frente a la tasa definitiva de 25.8 reportada en 2024. Sin embargo, detrás de la mejoría en los indicadores generales de seguridad, la estadística oficial refleja que persiste una profunda brecha de género en la exposición al riesgo y en el impacto de la violencia homicida.

Al analizar la información desagregada por sexo, los datos del INEGI exponen que la violencia homicida afecta de manera abrumadora y desproporcionada a la población masculina. Durante 2025, la tasa de presuntos homicidios registrada en varones se ubicó en 38.4 por cada 100 mil hombres. En contraste, el indicador correspondiente a las mujeres registró una tasa preliminar de 4.7 por cada 100 mil habitantes de sexo femenino. En términos comparativos, esta marcada disparidad indica que la probabilidad de que un hombre muera a causa de un homicidio en México resulta más de ocho veces superior a la que enfrenta una mujer, confirmando la persistencia de una marcada asimetría en los patrones de victimización.

Caída en la tasa masculina y la permanencia del riesgo

En el caso específico de los varones, el indicador de 2025 representa un descenso de 8.0 puntos respecto a la tasa definitiva reportada en 2024, la cual se había situado en 46.4 homicidios por cada 100 mil hombres. La serie histórica expuesta por el organismo estadístico desde 1990 demuestra que la población masculina ha sido el grupo más afectado por el repunte delictivo de las últimas dos décadas. Luego de un incremento acelerado iniciado hacia 2008, la violencia contra hombres alcanzó su punto más crítico en 2018, cuando la tasa masculina superó los 53 casos por cada 100 mil habitantes. A pesar de que la tendencia descendente observada a partir de 2021 se consolidó durante el año pasado, los varones continúan concentrando la inmensa mayoría de las muertes violentas derivadas de agresiones directas y enfrentamientos.

Por su parte, la tasa de homicidios en mujeres mostró también un retroceso en 2025 al pasar de 5.6 en 2024 a 4.7 casos por cada 100 mil mujeres. El comportamiento histórico refleja que la violencia fatal contra la población femenina alcanzó sus niveles más altos en la serie reciente entre los años 2018 y 2021, periodo en el que la tasa se mantuvo por encima de los 6.0 homicidios por cada 100 mil. Aunque la tasa femenina es considerablemente menor en volumen respecto a la masculina, las agresiones mortales contra las mujeres suelen ocurrir en contextos diferenciados, vinculados con frecuencia a esquemas de violencia intrafamiliar y agresiones sistemáticas.

Armas de fuego: el medio predominantemente empleado

El reporte preliminar del INEGI desglosa asimismo los mecanismos utilizados para perpetrar estos crímenes. El principal medio especificado en los registros fue el disparo con arma de fuego, el cual estuvo presente en el 70.8 % de los homicidios totales. En un distante segundo lugar se ubicaron las armas u objetos punzocortantes, involucrados en el 9.4 % de los casos.

La alta frecuencia en el uso de armas de fuego influye de manera determinante en la letalidad de los delitos y en la acumulación de homicidios en la vía pública, entornos donde cuantitativamente los hombres registran una mayor exposición. Los datos provienen del programa de Estadísticas de Defunciones Registradas, recabados en oficialías del Registro Civil, agencias del Ministerio Público y servicios médicos forenses del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la captura de dos presuntos integrantes de grupos delictivos antagónicos que operan en la capital del país y la zona metropolitana.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, anunció que se detuvo a Giovanni “N”, alias “Chícharo”, identificado como supuesto líder de una célula vinculada con la Unión Tepito, y a Cristian “N”, conocido como “El Wero del Palacio”, señalado como integrante de la AntiUnión Tepito.

La detención de Giovanni “N” se realizó durante un cateo en un inmueble del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, como resultado de un operativo coordinado entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el presunto operador criminal fue localizado dentro del domicilio, donde también fueron aseguradas 554 dosis de aparente cocaína, 64 dosis de presunta marihuana, un arma de fuego, siete cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dos vehículos.

Tanto el detenido como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en actividades relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos.

En una acción distinta, la SSC informó sobre la captura de Cristian “N”, alias “El Wero del Palacio”, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Según la dependencia, el hombre es identificado como presunto integrante de la AntiUnión Tepito, grupo criminal que mantiene una disputa con la Unión Tepito por el control de diversas actividades ilícitas en la Ciudad de México.

Las autoridades no detallaron las circunstancias de esta segunda detención, aunque señalaron que forma parte de una serie de acciones de inteligencia dirigidas contra células generadoras de violencia.

En las imágenes compartidas por la SSC se observa una mujer detenida, pero la dependencia no ha brindado mayor información sobre su identidad.

Unión Tepito y AntiUnión mantienen presencia en la capital

La Unión Tepito y la AntiUnión Tepito son dos de los principales grupos delictivos que operan en la Ciudad de México y cuya confrontación ha sido relacionada con homicidios, extorsiones, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

La SSC señaló que ambos operativos forman parte de la estrategia conjunta con autoridades del Estado de México para identificar y detener a integrantes de organizaciones criminales con presencia en la capital y la zona metropolitana.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos registrados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Golpes recientes contra ambos grupos delictivos

De acuerdo con la SSC, entre julio y los primeros días de agosto han sido detenidos 54 presuntos integrantes de ambos grupos criminales en distintos operativos realizados principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

Entre las acciones más relevantes figura la captura, el 18 de julio, de Melchor “N”, José “N” y Alfredo “N”, presuntos encargados del almacenamiento y distribución de narcóticos para la Unión Tepito, a quienes les aseguraron 15 cajas y decenas de bolsas con marihuana durante un operativo en la colonia Centro.

Otro de los casos destacados ocurrió el 16 de julio, cuando policías capitalinos detuvieron en la colonia Morelos a Osmar “N”, identificado como presunto integrante de la AntiUnión Tepito y relacionado con una agresión con arma de fuego registrada en mayo. Ese mismo día también fue arrestado un menor de edad conocido como “El Niño”, quien presuntamente operaba para la misma organización y llevaba consigo decenas de dosis de marihuana.

Las autoridades capitalinas han atribuido parte de los homicidios y hechos de violencia registrados recientemente en la alcaldía Cuauhtémoc a los enfrentamientos y reacomodos entre la Unión Tepito y la AntiUnión, por lo que mantienen una estrategia enfocada en desarticular las estructuras operativas de ambos grupos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene su capacidad operativa gracias a una estructura basada en violencia, corrupción y presuntas redes de protección dentro del gobierno mexicano que, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), facilitan actividades como el tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones violentas.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la organización criminal no perdió fuerza tras la muerte de su fundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y aseguró que el grupo mantiene una amplia red que le permite continuar con sus operaciones.

“La muerte del Mencho no terminó con el CJNG. Esto resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa”, declaró el funcionario estadounidense durante una conferencia realizada este miércoles.

Cole sostuvo que el cártel fue construido sobre una estructura criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, pero también sobre mecanismos de influencia que le permiten mantener presencia mediante la violencia y la corrupción.

“Esto incluye a miembros del gobierno mexicano, quienes protegen al CJNG y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”, afirmó el jefe de la DEA.

“El 03”, el nuevo objetivo de la DEA tras la caída de “El Mencho”

Durante su intervención, Terry Cole señaló que, con base en inteligencia de la DEA, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el control del CJNG después de la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes.

El funcionario estadounidense identificó a Valencia González como la nueva cabeza de la organización criminal y aseguró que actualmente es el principal objetivo de la agencia antidrogas.

“El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó Cole.

El señalamiento ocurre luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incrementara a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar, detener o llevar ante la justicia a Valencia González.

La administración estadounidense también anunció recompensas contra otros integrantes del CJNG, entre ellos Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En total, Washington ofreció recompensas por hasta 102 millones de dólares contra ocho integrantes y operadores del grupo criminal, como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.

CJNG mantiene presión de Estados Unidos tras muerte de su fundador

Estados Unidos mantiene al CJNG como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), al considerar que representa una amenaza por sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que la organización cuenta con una estructura internacional que combina actividades ilícitas con mecanismos financieros y redes de apoyo para mantener sus operaciones.

Las nuevas acciones contra el CJNG incluyen también restricciones de visa contra familiares, socios personales y comerciales cercanos a integrantes del grupo sancionados por Washington.

De acuerdo con el Departamento de Estado, 65 personas fueron incluidas en estas medidas y 26 visas vigentes fueron revocadas como parte de la estrategia para limitar el movimiento de operadores vinculados con la organización criminal.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa, Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, dio a conocer medidas de aplicación de la ley para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dijo que esto era una continuación contra los cárteles “que nos han dañado por demasiado tiempo”.

Expuso que las organizaciones narcoterroristas como el CJNG son responsables de innumebrables muertes de ciudadanos estadounidenses, y usan el miedo y la violencia para mantener control sobre los narcóticos en Estados Unidos, como fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ilegales.

Por su parte, Terri Cole, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) dijo que el CJNG, desde sus inicios hace dos décadas, se volvió uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Señaló que han investigado la manera en la que el cártel ha usado violencia y corrupción en México, incluyendo a varios miembros del Gobierno mexicano que han protegido al CJNG de la justicia, y les han facilitado actividades ilícitas como lavado de dinero, tráfico de drogas y violencia.

“Las acciones del cártel han provocado la muerte de miles de estadounidenses, ciudadanos que se perdieron demasiado pronto, lo hicieron a través de producción y distribución de fentanilo, una arma de destrucción masiva, por lo tanto la DEA está buscando de forma agresiva tanto a los cárteles como a los funcionarios gubernamentales responsables de las muertes de nuestros ciudadanos”, dijo.

Ahora, con las acciones contra el CJNG, dijo Terry Cole, incluyendo diferentes cargos, recompensas de más de 100 millones de dólares contra ellos y arrestos, estos no terminará y, dijo, se estaba mandando un mensaje muy claro contra ellos. “Esto es apenas el inicio, bajo el gobierno de Trump y el liderazgo de Blanche, vamos a utilizar todas nuestras herramientas para proteger al ciudadano estadounidense, porque esto se trata de poner a los Estados Unidos primero”.

Expuso que las investigaciones de la DEA han generado más de 100 acusaciones en contra de líderes del cártel y miembros asociados y trabajaban con sus socios internacionales para arrestar, extraditar y juzgar a los criminales en EEUU.

Este año, recordó, cayó el líder del CJNG, El Mencho, en un operativo, pero su muerte no terminó con el cártel y mostró que la organización es resiliente y sigue siendo una amenaza.

Dijo que el nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho, es su prioridad número uno.

“Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico, incluyendo a El Jardinero, que recientemente fue capturado, esto incluye al Sapo, Hugo Méndez Gaitán, al Tarjetas, Julio Montejo Pinzón, el mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020″, expuso Cole.

Kash Patel, director del FBI, por su parte, señaló que la amenaza en el mundo que tiene que ver con el narcotráfico, no solo tiene que ver con las dosis de fentanilo y otras sustancias que matan estadounidenses, y que EEUU ha tenido buenos resultados para que los chinos no traigan precursores de drogas a México.

Anunció que hay tres individuos que se elevan a rango de los más buscados del mundo, no por tráfico de drogas sino por fraude. Se trata de los culpables del fraude de Tiempos compartidos ligado al CJNG.

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa estuvo marcado por crímenes y violencia en contra de periodistas. En promedio, un comunicador fue asesinado en promedio cada tres meses entre 2010 y 2016, años en los que estuvo al frente de la entidad.

“No fue casualidad ni negligencia: fue un patrón”: Esa es la conclusión central del informe Prohibido Investigar: La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, presentado este martes por Propuesta Cívica en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Ciudad de México.

El documento fue elaborado en colaboración con Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso Ayotzinapa, quien analizó los expedientes de tres periodistas asesinados desde tres ángulos: penal-criminal, social y estructural. Su diagnóstico fue contundente: “La violencia contra la prensa es reflejo del deterioro democrático”.

La impunidad como política de Estado, no como descuido

La tesis que sostiene el informe refiere que la impunidad en los crímenes contra periodistas en Veracruz no fue una omisión del aparato estatal, sino una forma deliberada de administración institucional, la cual se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar una agencia de noticias y silenciar a los comunicadores.

“No es que el Estado deja de hacer, sino que es un producto más dentro de esa cadena de responsabilidades que el Estado va haciendo, va eslabonando, va fabricando de manera regular”, afirmó Gómez Trejo respecto a la complicidad que el gobierno trazó desde la administración anterior en el estado, con Fidel Herrera.

Desde la investigación y análisis realizado en los casos de estudio, el equipo determinó que un punto clave en los tres asesinatos es que las autoridades señalaron que se trató de grupos del crimen organizado, se enfocaron en querer demostrar su hipótesis y, plagados de omisiones, no brindaron justicia a las familias porque no realizaron de manera correcta las diligencias.

Esa maquinaria se sostiene y se reproduce, según el Gómez Trejo, por cinco mecanismos:

• La impunidad es una decisión político-criminal, no una carencia de capacidades. Hay acuerdos, hay coordinación entre actores, hay techos de cristal que nadie rompe de forma deliberada.
• La fragmentación del método investigativo. Las fiscalías tratan los homicidios, las desapariciones, las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero como delitos separados, sin conectarlos en lo que en conjunto configura una red de macrocriminalidad, en la que participan tanto funcionarios públicos, gobierno y grupos delictivos.
• La hipótesis del ajuste de cuentas, que Gómez Trejo describió como una “investigación a bajo costo” y que se trata de señalar a las víctimas como vinculadas al crimen organizado para desplazar la responsabilidad fuera del Estado y desactivarla.

• La apariencia de investigación. Los expedientes son voluminosos, hay peritajes, comparecencias y acumulaciones. Pero, en palabras que quedaron plasmadas en el propio informe, se trata de “un volumen de datos sin análisis y diligencias efectivas”.
• El quinto es que no investigar produce cuatro efectos en cadena: los perpetradores quedan libres y disponibles para seguir operando; las víctimas y sus familias quedan desprotegidas bajo un clima de terror; los pactos de silencio se refuerzan porque nunca se usan los criterios de oportunidad ni las herramientas legales para quebrarlos; y el mensaje de impunidad a toda la prensa se confirma con cada caso no resuelto.

14 fallas idénticas en tres expedientes distintos

El informe analizó en detalle tres crímenes que dejaron ocho personas asesinadas vinculadas al periodismo y la comunicación. Lo que encontró Gómez Trejo al cruzar los expedientes resultó revelador: las tres investigaciones comparten 14 fallas idénticas.

“Es la repetición exacta del mismo conjunto de omisiones en tres expedientes que se van construyendo en distintos momentos por distintas autoridades, con o sin presiones, con partidos distintos, con plataformas políticas distintas”, explicó el exfiscal.

Esa repetición sistemática es la que descartó cualquier lectura de negligencia individual, ya que no se trató de una falla, sino de un patrón institucional para no investigar los asesinatos de periodistas en Veracruz.

En los tres casos, la investigación se detuvo deliberadamente en el autor material y nunca avanzó hacia los autores intelectuales ni hacia los vínculos con el aparato político. La hipótesis que las autoridades de Veracruz instalaron desde el principio fue siempre la misma: un ajuste de cuentas entre cárteles. Y desde ahí, no se movieron.

“Como si estuviéramos dentro de una caja de cristal y dentro de esa caja de cristal no se van a romper esos cristales”, describió Gómez Trejo.

Para medir el impulso real de cada investigación, el exfiscal construyó un catálogo de herramientas procesales a partir de la legislación federal, la legislación estatal, protocolos internacionales y jurisprudencia sobre asesinatos de periodistas en otras latitudes. El resultado: las herramientas existían, pero no se usaron como debían.

El caso Milo Vela: la escena contaminada desde el minuto cero

Uno de los casos analizados fue el del periodista Milton “Milo” Neri, quien coordinaba la sala de redacción del periódico Notiver. El informe establece que el móvil de su asesinato fue desmantelar ese medio de comunicación debido a que otros reporteros que también formaban parte de él fueron agredidos.

“Por el trabajo y por lo que documentaba en ese momento se asesinó a Milton Neri. Así de simple”, señaló Gómez Trejo.

En su columna y en sus publicaciones en redes sociales, Milo Vela documentaba entramados políticos, policiales y delictivos. Por eso, según el análisis, su asesinato no fue un crimen contra el poder: fue una función del poder.

La contaminación de la investigación comenzó en el primer minuto. El exfiscal detalló que la entonces Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río —la misma corporación señalada como parte del conflicto que derivó en el homicidio— fue la que llegó primero a la escena. No llegó una parte independiente.

A partir de ahí, el entramado documental del caso reveló una manipulación sostenida. Hubo discrepancias en los reportes policiales, variaciones en los horarios registrados y declaraciones incoherentes de los primeros respondientes.

No hubo una correcta cadena de custodia de los objetos asegurados y que eran clave para las investigaciones; las cámaras de vigilancia aparecieron deshabilitadas; las sábanas telefónicas se perdieron y nunca se cruzaron y había videos obtenidos que jamás fueron peritados.

El reporte de desaparición ante la Secretaría de Seguridad Pública fue negado. Y conforme avanzaba el tiempo, las propias autoridades investigadoras fueron cerrando el caso.

Gobernanza criminal: matar periodistas como control del territorio

El informe define la gobernanza criminal como el esquema donde se relacionan el dinero, el Estado y el crimen organizado bajo una lógica de negocios ilícitos. Su objetivo central es controlar el territorio. Y controlar el territorio, explicó Gómez Trejo, no es solo una cuestión física.

“Controlar el territorio significa todo aquello que pase dentro de ese lugar”, afirmó.

Bajo esa lógica, los periodistas que documentaban y denunciaban esas redes se convirtieron en una amenaza directa al control territorial.

La impunidad dentro de este esquema, de acuerdo con el informe, se lleva a cabo por dos vías complementarias: la inclusión de altos mandos —gobernadores, fiscales, jefes de policía— y el sometimiento de mandos medios y bajos. La mayoría de los integrantes son lo que el informe llama “agentes grises”: personas que se mueven simultáneamente dentro y fuera de las instituciones, entre lo legal y lo ilegal.

La consecuencia: investigar la red significaría que la red se investigara a sí misma.

Narcotraficantes corregían titulares en Xalapa

La gobernanza criminal en Veracruz no se limitó a los homicidios. También cooptó el mercado de la información. El informe documenta que primeras planas de medios veracruzanos eran revisadas y corregidas por el propio gobierno, por narcotraficantes y por policías. Ocurría, por ejemplo, en la ciudad de Xalapa.

Había espías dentro de las redacciones. La publicidad oficial se incrementó de forma desproporcionada como mecanismo de presión y control sobre los medios. El informe incluye una tabla comparativa que refleja ese aumento.

El resultado fue la conversión de Veracruz en lo que se conoce como “zonas de silencio”: territorios donde la corrupción y la criminalidad operan para callar a los comunicadores.

“El mensaje a toda la prensa es que informar puede costar la vida. El resultado es la autocensura, el repliegue, y se ve finalmente lesionada la sociedad porque pierde su derecho a ser informada”, advirtió Gómez Trejo.

Por eso, el informe sostiene que la violencia contra la prensa no es un daño colateral. Es un indicador del deterioro democrático.

Duarte en prisión por dinero, libre de cargos por los periodistas: informe exige justicia

Durante el periodo analizado, Veracruz concentró el 64.6% de los asesinatos de periodistas registrados a nivel nacional durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. El 58.1% de esos homicidios ocurrieron en ese mismo lapso.

En total, durante la administración del entonces gobernador Javier Duarte, fueron asesinados 18 periodistas y desaparecidas tres personas más vinculadas a la prensa.

Duarte permanece en prisión desde 2017, condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, no ha sido investigado por su posible omisión o colusión en los ataques contra la prensa.

El informe señala que hay datos dentro de los propios expedientes que apuntan a participación y decisiones tomadas desde el gobierno del estado en las desapariciones y asesinatos de periodistas. Varias personas lo mencionaron en el marco de las investigaciones, pero se no se le investiga por los casos.

Gómez Trejo llamó a que ese vínculo —entre crimen organizado, Estado y lavado de dinero— sea el motor del relanzamiento de las investigaciones. Y advirtió que mientras los actores políticos no sean tocados, los casos seguirán produciéndose.

“Mientras las redes políticas no se toquen en estos macrocasos, vamos a seguir viendo una serie de simulaciones por parte de las autoridades investigadoras”, afirmó.

El informe concluye con tres exigencias: verdad y justicia para las víctimas y sus familias; garantías de no repetición mediante investigaciones que reconozcan la dimensión de las redes de complicidad institucional; y que los casos sean llevados ante instancias internacionales, dado que en el 31.8% de ellos no se ha identificado a ninguna persona responsable.

Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar, detener o llevar ante la justicia a Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” o “El 03”, identificado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su padrastro y fundador de la organización, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles recompensas por hasta 102 millones de dólares contra ocho integrantes y operadores del CJNG, como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

El monto destinado para Valencia González representa un incremento de cinco millones de dólares respecto a la recompensa anterior. El gobierno estadounidense señaló que la nueva oferta busca obtener información que permita “desarticular el liderazgo” del grupo criminal, al que Washington mantiene catalogado como una de las organizaciones narcoterroristas más peligrosas del hemisferio.

Aumentan las recompensas por otros 7 líderes y asociados del CJNG

Además de “El 03”, Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares la recompensa por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores del CJNG. También estableció recompensas de hasta 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, este último señalado como yerno de “El Mencho”.

El Departamento de Estado fijó recompensas de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón ofreció hasta dos millones de dólares.

La ofensiva estadounidense contra la estructura del CJNG se produce después de que el gobierno de Donald Trump designara al grupo criminal como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), debido a sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

EU también impone restricciones de visa a familiares y operadores del CJNG

Como parte de las nuevas medidas, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra 65 personas identificadas como familiares, socios personales o comerciales cercanos de integrantes del CJNG sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, 26 de esas personas contaban con visas vigentes, las cuales fueron revocadas. Desde junio de 2025, cuando Washington anunció esta política, suman 93 visas canceladas a familiares y allegados de narcotraficantes vinculados con organizaciones designadas como terroristas.

Las nuevas recompensas complementan la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra varios integrantes del CJNG, entre ellos Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela.

Según el Departamento de Estado, los programas NRP y TOCRP han permitido la captura de más de 90 delincuentes transnacionales y grandes narcotraficantes, además del pago de más de 200 millones de dólares por información que ha derivado en detenciones u otros resultados judiciales.

El gobierno estadounidense pidió a quienes tengan información sobre los integrantes del CJNG incluidos en las recompensas comunicarse con agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI). Las autoridades aseguraron que los datos proporcionados serán tratados de manera confidencial.

La muerte de El Mencho no significó el fin del CJNG: Terry Cole

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no significó el fin del CJNG y aseguró que la organización criminal mantiene su capacidad operativa.

“Resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa”, señaló Cole al referirse a la estructura del cártel tras la caída de su fundador.

Durante una conferencia celebrada la mañana de este miércoles, el funcionario estadounidense aseguró que, con base en inteligencia de la DEA, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de “El Mencho”, asumió el control del CJNG, por lo que “El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó.

Cole sostuvo que el CJNG fue construido sobre una amplia red criminal dedicada a la producción y distribución de drogas, además de mantener influencia mediante la violencia y la corrupción. Añadió que la organización cuenta con redes de protección que, según sus declaraciones, incluyen a funcionarios del gobierno mexicano que presuntamente facilitan actividades como tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones violentas.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado un giro táctico dentro de su estrategia para desmantelar las estructuras del crimen organizado transnacional. En el marco de un paquete masivo de acciones contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Casa Blanca y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) no solo fijaron una bolsa histórica de 102 millones de dólares en recompensas por la cúpula de la organización, sino que activaron una ofensiva directa contra el círculo cero de los capos: sus familias y sus aliados comerciales.

La medida impone restricciones de visa a un grupo de 65 personas identificadas como familiares directos, socios personales y colaboradores financieros cercanos a los integrantes sancionados del cártel. Con este movimiento, Washington busca asfixiar la infraestructura civil que sostiene el estilo de vida, el lavado de dinero y la movilidad internacional de la red criminal más agresiva de la región.

El fin del blindaje para las familias y los prestanombres

De las 65 personas identificadas en este último informe, las autoridades estadounidenses confirmaron que 26 contaban con visados vigentes para ingresar de manera legal a territorio estadounidense, los cuales fueron revocados con efecto inmediato. Esta acción responde al endurecimiento de la política de restricción de movilidad impulsada desde junio de 2025, la cual acumula hasta la fecha un total de 93 visas canceladas a parientes y socios de narcotraficantes vinculados a organizaciones catalogadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

La estrategia parte de una premisa clara: los miembros de las organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina no pueden continuar utilizando el sistema bancario, inmobiliario ni los espacios de esparcimiento de Estados Unidos para disfrutar de las ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico. Al extender las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059, el gobierno estadounidense coloca en la mira a esposas, hijos, hermanos, operadores financieros y prestanombres que históricamente han funcionado como fachada para la adquisición de bienes raíces, empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.

Esta asfixia sobre la red de facilitadores complementa la persecución penal lanzada por el Departamento de Justicia (DOJ), la Agencia Antidrogas (DEA), el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La presión diplomática y migratoria busca generar fisuras internas en el grupo delictivo, privando a los líderes de la logística de protección que sus redes familiares y comerciales solían garantizarles fuera de México.

Un cerco integral contra la cúpula del CJNG

La ofensiva migratoria corre de manera paralela al anuncio de recompensas sin precedentes por la captura de los líderes operativos del CJNG. Tras confirmarse el fallecimiento de su fundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la recompensa por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” e hijastro del capo difunto, se elevó a 25 millones de dólares, posicionándolo como el objetivo principal de la DEA.

Asimismo, la lista de los más buscados incluye figuras clave de la estructura criminal como Audias Flores Silva (“El Jardinero”), Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”) y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez (“El Chorro”), por quienes se ofrecen hasta 15 millones de dólares individualmente. Otros perfiles operativos como Ricardo Ruiz Velasco (“El Tripa”), Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”) cuentan con cotizaciones de 10 millones de dólares sobre sus cabezas, mientras que por Griselda Margarita Arredondo Pinzón se fijó un monto de hasta 2 millones de dólares.

A través del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) —que celebra 40 años de operaciones— y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), las autoridades estadounidenses han habilitado canales confidenciales vía telefonía, correo electrónico y aplicaciones con cifrado extremo como WhatsApp, Signal y Threema. La señal enviada por Washington es contundente: el combate al narcotráfico ya no se limita a la interceptación de cargamentos o a la captura de sicarios en el campo, sino a la neutralización completa del ecosistema social, familiar y mercantil que permite a estas organizaciones operar como verdaderas corporaciones transnacionales.

El Gabinete de Seguridad informó que en las líneas de investigación por el asesinato de César Gastélum se encuentran algunas publicaciones en las que el influencer hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Además, detalló que las indagatorias se llevan a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), donde se mantienen análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios con el objetivo de identificar y detener a los responsables del crimen.

Y es que, de manera frecuente, Gastélum usaba sombreros y gorras, en un contexto en el que la disputa del Cártel de Sinaloa provocó que usaran símbolos para diferenciarse por facciones: la de Los Chapitos con una pizza y la de Los Mayos con un sombrero.

En redes sociales circula una publicación atribuida al perfil de Instagram del influencer en la que se observa una gorra con las letras “MZ”, que hacen referencia a Ismael “El Mayo” Zambada, líder de la facción criminal.

En su cuenta de TikTok también se podía ver que constantemente el influencer hacía alusiones o mostraba sombreros. Otro video que circula en redes sociales lo muestra junto a otros compañeros y se les escucha decir: “Arriba El Mayo”.

Durante una transmisión en vivo: así fue el asesinato de César Gastélum en Culiacán

César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras transmitía en vivo para sus redes sociales en el estacionamiento de un KFC, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 20:15 horas, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Dos sicarios que viajaban en una motocicleta blanca con rojo y negro, se aproximaron a la salida del Drive Thru del establecimiento y a poca distancia uno de ellos disparó en la cabeza al creador de contenido con un arma corta; ambos huyeron de inmediato.

Los agresores vestían pantalón de mezclilla —uno con playera gris y el otro con playera negra— y portaban cascos, uno naranja y otro de color oscuro. Las dos personas que acompañaban a Gastélum en la grabación resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock.

El ataque quedó grabado

El homicidio quedó registrado tanto en las cámaras de los colaboradores de Gastélum como en las de videovigilancia del establecimiento de comida rápida, y el material circuló en redes sociales minutos después del crimen.

Un video divulgado posteriormente mostró que la motocicleta con los dos agresores ya había pasado por el lugar minutos antes de cometer el ataque y quedó registrado en la transmisión en vivo.

En ese audio se escucha a uno de los acompañantes decir “vámonos, chicos”, a lo que alguien responde “no, la moto, la moto”, y la secuencia concluye con una advertencia: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

Gastélum operaba bajo el usuario @cesargastelum04 en TikTok, plataforma donde acumulaba más de 577 mil seguidores y 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram contaba con 116 mil seguidores, donde publicaba fotografías de viajes, vehículos y eventos.

En YouTube administraba el canal @cesargastelum6818, con más de 16 mil 200 suscriptores y 199 videos de blogs, aventuras, recopilaciones virales, contenido de comida, reacciones y videojuegos.

Su contenido incluía sketches cómicos, caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, covers musicales y registros de actividades cotidianas. En Kick transmitía bajo el alias “compasexor”, donde realizaba charlas informales con su comunidad.

Su desarticulación se llevó a cabo con el descubrimiento de un narcolaboratorio de metanfetamina en el que contaban con más de 2 toneladas de droga y la detención de 13 personas.

De acuerdo con las autoridades, la organización introdujo más de 2.5 toneladas de metanfetamina disuelta en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, en lo que constituye una de las mayores aprehensiones de este tipo registradas en España y Europa.

Las detenciones se llevaron a cabo el pasado 10 de julio tras siete cateos simultáneos en Barcelona, Lleida y Tarragona, pero fue informado hasta este miércoles 5 de agosto por la Policía Nacional de España.

Un cargamento de vainilla desde México a España permitió identificar a la red criminal

Las autoridades informaron que la investigación arrancó a principios de junio a partir de una Orden Europea de Investigación emitida por las autoridades judiciales francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

Las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo con origen en México y destino final en España que transportaba cerca de 12 mil 700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido. Las gestiones posteriores permitieron confirmar que el cargamento ocultaba una gran cantidad de droga disuelta en ese producto.

Ruta del cargamento: de México a un laboratorio en Lleida

Una vez en territorio español, la mercancía fue almacenada en una empresa logística de la provincia de Barcelona. Desde allí, varios de los investigados retiraron parte del cargamento y lo trasladaron a una nave industrial de la misma provincia, la cual funcionó como punto intermedio de almacenamiento y transferencia.

El destino final fue una finca aislada en la provincia de Lleida, acondicionada como laboratorio clandestino, donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización con el objetivo de obtener metanfetamina cristalizada lista para su distribución.

Estructura de la red y roles dentro de la organización

Los investigadores identificaron las funciones específicas de cada miembro del entramado criminal. La división de tareas abarcaba desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Una vez confirmado que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la droga, se ejecutó un operativo simultáneo en varias ubicaciones para capturar a los responsables y desmantelar toda la infraestructura logística de la organización.

Registros, incautaciones y detenciones

Los siete registros simultáneos se distribuyeron entre Barcelona (5), Lleida (1) y Tarragona (1). En ellos se localizó el laboratorio clandestino en pleno funcionamiento y se incautaron 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina, de los cuales mil 600 kilogramos permanecían ocultos en vainilla líquida.

Además, fueron asegurados seis vehículos, casi 4 mil 500 euros en efectivo, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, y numerosos dispositivos electrónicos.

La red fue desmantelada con la detención de 13 personas en Lleida (5), Barcelona (4) y Tarragona (4), quienes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de pertenecer al CJNG y por el delito contra la salud pública. El juez decretó el ingreso en prisión de 12 de los 13 detenidos.

De acuerdo con EFE, de los 13 detenidos, siete son mexicanos: en concreto, cinco proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, considerado el principal bastión y centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que los otros dos son del estado de Sinaloa. El resto de los arrestados son de nacionalidad española y colombiana.

Según la Policía, se trataba de un grupo itinerante que no tenía intención de establecerse en España, aunque los investigadores desconocen cuánto tiempo llevaban operando en Cataluña.

El 9 de enero de 2025, habitantes de Culiacán reportaron el lanzamiento de volantes desde avionetas en distintos puntos de la ciudad. Los panfletos, impresos en blanco y negro, mostraban fotografías y nombres de 25 influencers, músicos y figuras públicas, a quienes acusaban de tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El documento incluía señalamientos como ser “financieros”, “colaboradores cercanos” y “lavadores de dinero” de la organización criminal. Sin embargo, las acusaciones contenidas en los volantes no estaban acompañadas de pruebas y no han sido acreditadas por ninguna autoridad.

Bajo el encabezado “Cártel Los Sapitos ¿Los conoces? Denúncialos”, los panfletos pedían a la población evitar apoyar a los creadores de contenido señalados y advertían que supuestamente financiaban las actividades de Los Chapitos.

Entre los nombres incluidos aparecían artistas como Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, y Roberto Tapia, además de integrantes del círculo cercano del influencer Markitos Toys, como sus hermanos Gail Castro, Kevin Castro y Mayve Castro, así como otros creadores de contenido conocidos en redes sociales.

Aunque después de su aparición surgieron versiones que atribuían los volantes a una facción rival de Los Chapitos debido a la disputa interna del Cártel de Sinaloa, ningún grupo criminal se adjudicó públicamente su difusión y las autoridades no han confirmado quién estuvo detrás de su elaboración o distribución.

Cuatro de los señalados ya habían sido asesinados cuando aparecieron los volantes

Cuando los panfletos circularon por Culiacán, cuatro de las personas incluidas en la lista ya habían sido asesinadas. Sus nombres aparecieron marcados como “eliminados” dentro del propio documento.

El primero fue Juan Carlos, conocido como “El Chilango”, asesinado el 19 de octubre de 2024. El creador de contenido formaba parte del entorno de los llamados Toys, un grupo de influencers sinaloenses con presencia principalmente en plataformas digitales.

Posteriormente fue asesinado Miguel Vivanco, “El Jasper”, cuyo homicidio ocurrió en noviembre de 2024. Vivanco era identificado como creador de contenido y colaborador cercano del círculo de Markitos Toys.

El 9 de diciembre de 2024, perdió la vida Leovardo Aispuro, “Gordo Peruci”, influencer sinaloense que compartía contenido de entretenimiento y estilo de vida en redes sociales.

Cuatro días después, el 13 de diciembre de 2024, fue asesinado Adrián Antonio López Iribe, hermano de Óscar Antonio López Iribe, “El Compa Camarón”, otro de los nombres que aparecía en el volante.

Los cuatro homicidios ocurrieron antes de la difusión de los panfletos, por lo que el documento los incluyó como personas ya asesinadas.

Gail Castro fue el primer integrante de la lista asesinado después de los panfletos

El 28 de marzo de 2025, Gail Castro, conocido en redes sociales como “Gail Toys”, fue asesinado a balazos en Ensenada, Baja California.

Castro era hermano de Markitos Toys y formaba parte del grupo de creadores de contenido conocido como Los Toys. En sus redes sociales compartía publicaciones relacionadas con automóviles, viajes y actividades personales.

Su asesinato ocurrió poco más de dos meses después de que su nombre y fotografía aparecieran en los volantes distribuidos en Culiacán.

El crimen se sumó a una serie de ataques contra personas relacionadas con el entorno de creadores de contenido sinaloenses, aunque las autoridades no han establecido públicamente una relación entre el homicidio y los señalamientos incluidos en el panfleto.

Camilo Ochoa, otro creador de contenido incluido en la lista

El 16 de agosto de 2025, el influencer Camilo Ochoa, conocido como “El Alucín”, fue asesinado en Temixco, Morelos.

Ochoa era conocido por sus publicaciones en TikTok y otras plataformas digitales, donde compartía contenido relacionado con entretenimiento y su estilo de vida. Su nombre también formaba parte de los 25 incluidos en los volantes lanzados en Culiacán.

El asesinato ocurrió meses después de que el creador de contenido apareciera señalado en el documento que circuló en Sinaloa.

Con su muerte, Gail Castro y Camilo Ochoa quedaron como las dos personas de la lista que fueron asesinadas después de la aparición de los panfletos, mientras que otros cuatro nombres ya correspondían a personas ejecutadas antes de la difusión del material.

Los señalamientos contra los creadores de contenido no han sido comprobados

Los volantes de enero de 2025 colocaron bajo sospecha a 25 personas del ámbito musical y digital, pero las acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos no han sido comprobadas mediante investigaciones judiciales públicas.

La difusión del documento ocurrió en un periodo marcado por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, luego de la ruptura entre grupos vinculados con Los Chapitos y La Mayiza. No obstante, hasta agosto de 2026 no existe una confirmación oficial sobre los responsables de elaborar y distribuir los panfletos.

El caso de los influencers incluidos en la lista refleja cómo la disputa criminal en Sinaloa alcanzó también a figuras con presencia en redes sociales, cuyos nombres quedaron expuestos en un documento cuya autoría y acusaciones permanecen sin esclarecer.

Personas incluidas en el volante que han sido asesinadas:

• Juan Carlos “El Chilango”
• Miguel Vivanco García “El Jasper”
• Leovardo Aispuro Soto “Gordo Peruci”
• Adrián Antonio López Iribe
• Gail Castro Cárdenas “Gail Toys”
• Camilo Ochoa Delgado “El Alucín”

Personas incluidas en el volante que no han sido víctimas de ataques hasta agosto de 2026:

• Markitos Toys
• Kevin Castro “El Chivo”
• Carlos Arce “El Gordo Arce”
• Alejandro Hurtado
• José Ismael “Conejo Toys”
• Mayve Castro
• Víctor Adrián “Vitolias”
• Manuel Zazueta “Kiko Ávalos”
• Francisco Arredondo “Panchito Arredondo”
• Yhoan Valentín “Piyuyi Cartel”
• Samuel Ibarra “Padrinito Toys”
• Fidel Castro
• Óscar Antonio López Iribe “El Compa Camarón”
• Hassan Emilio Kabande Laija “Peso Pluma”
• Paul Baldomero
• Carlos Lizárraga “El Horny”
• Adrián Soto “El Pilotito”
• Roberto Tapia
• Ana Gastélum
• Alejandro Hurtado

La lista original del volante contemplaba 25 nombres. Adrián Antonio López Iribe fue incluido en el panfleto por su relación familiar con “El Compa Camarón”, aunque no era creador de contenido.

El feminicidio de Zulema de la Luz González Cisneros ha provocado indignación en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, donde familiares, amigos y habitantes exigieron la captura inmediata del presunto responsable del crimen, al asegurar que “está identificado” y que las autoridades cuentan con elementos para proceder en su contra.

La joven fue localizada sin vida el sábado 1 de agosto, apenas 24 horas después de haber sido reportada como desaparecida, hecho que conmocionó a la comunidad y reavivó las exigencias para que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género y sin impunidad.

Desde el momento en que fue confirmada la muerte de Zulema, familiares y personas cercanas comenzaron una campaña en redes sociales para exigir justicia. Con mensajes acompañados de frases como “Justicia y paz para Zulema”, “Ni una más” y “Nos falta Zulema”, pidieron que el caso sea esclarecido cuanto antes y que el responsable enfrente a la justicia.

Autoridades coordinan operativo para detener al presunto responsable

El Ayuntamiento de Playa Vicente informó que mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz para lograr la localización y detención del presunto autor material del feminicidio.

De acuerdo con las autoridades municipales, existe un trabajo conjunto con las instancias estatales para impedir que el crimen quede sin castigo.

En un posicionamiento difundido tras el hallazgo del cuerpo de la joven, el gobierno municipal aseguró que las corporaciones involucradas mantienen acciones encaminadas a capturar al presunto responsable y reiteró que existe “total coordinación para lograr que este presunto feminicidio no quede impune”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad del sospechoso ni sobre posibles órdenes de aprehensión, aunque la familia sostiene que el presunto agresor ya fue identificado.

El dolor de una comunidad y el llamado a la justicia

Durante el recibimiento de los restos de Zulema de la Luz González Cisneros, familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan tras el crimen y publicaron un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

“Recibimos el cuerpo de Zulema de la Luz González Cisneros, rodeados de un silencio que quema, de lágrimas sinceras y de un dolor que traspasa a todo Playa Vicente”, escribieron.

En el mismo mensaje lamentaron que la joven regresara con su familia “no como debió haber sido”, sino como víctima de una violencia que calificaron como cobarde y que dejó una herida profunda entre sus seres queridos y la comunidad.

Los familiares insistieron en que la investigación debe avanzar con rapidez para evitar que el caso quede impune y solicitaron que el responsable sea detenido y llevado ante un juez.

“Exigimos que el responsable pague por lo que hizo. Que este momento tan doloroso sea también el recordatorio de que la justicia para Zulema es una deuda que las autoridades deben saldar de inmediato”, señalaron.

El caso ha generado una amplia reacción entre colectivos, ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes han manifestado solidaridad con la familia y reiterado el llamado para reforzar las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el feminicidio y localizar al presunto responsable, en tanto familiares y habitantes de Playa Vicente sostienen su exigencia de justicia y de que el asesinato de Zulema de la Luz no se convierta en otro caso sin resolver.

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Policías de la SSC aseguran réplica de arma y droga a joven de 20 años en Vallejo Poniente

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un joven de 20 años en la colonia Vallejo Poniente, alcaldía Gustavo A. Madero, tras asegurarle una réplica de arma de fuego corta y tres bolsas con una hierba verde y seca similar a la marihuana.

Los uniformados realizaban patrullajes de seguridad en la esquina de avenida Insurgentes Norte y la calle Brahms cuando observaron que el sujeto, al notar la presencia policial, intentó abandonar el lugar con una actitud visiblemente nerviosa. Ante esa reacción, lo interceptaron y le practicaron una revisión preventiva.

Durante el chequeo, los policías le aseguraron la réplica de arma corta y los tres envoltorios de plástico transparente con la sustancia vegetal. El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de iniciar la carpeta de investigación del caso.

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Hombre enfrenta proceso por tener mono araña desnutrido y armas ilegales en Michoacán

Un juez de control vinculó a proceso a un hombre identificado como Álvaro “N” por los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de crueldad contra los animales y contra la biodiversidad, tras ser detenido en un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en coordinación con la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El operativo derivó del cumplimiento de una orden judicial en la que fue asegurado un ejemplar de mono araña, especie catalogada en peligro de extinción. El caso se inició a partir de una denuncia presentada por la representación legal del Parque Zoológico Benito Juárez, lo que permitió a la Fiscalía de Asuntos Especiales abrir la carpeta de investigación.

Personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal acudió al zoológico para recabar entrevistas y realizar la valoración médico-veterinaria del ejemplar, cuando ya se encontraba bajo resguardo. El dictamen pericial determinó que el mono araña presentaba desnutrición y deshidratación severas, lesiones en la piel, zonas de alopecia y caries en todas sus piezas dentales.

Durante el cateo también fueron aseguradas cuatro armas de fuego, dos cargadores y 621 cartuchos útiles de diversos calibres. El juez encargado impuso a Álvaro “N” la medida cautelar de prisión preventiva y declinó competencia al fuero federal respecto a los delitos de su competencia.

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Como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, autoridades federales desmantelaron cuatro presuntos centros clandestinos dedicados al procesamiento ilegal de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados cientos de miles de litros de petrolíferos, infraestructura industrial, maquinaria especializada y diversa documentación relacionada con las operaciones.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, como resultado de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por las autoridades como uno de los jefes de una de las células más violentas de esa organización criminal, promovió dos demandas de amparo ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México con el objetivo de obtener protección judicial frente a presuntos actos de detención ilegal, incomunicación y una eventual expulsión o destierro hacia Estados Unidos.

La estrategia legal fue presentada por su defensor, Víctor Francisco Beltrán García, pocos días después de la captura del presunto narcotraficante, ocurrida el pasado 30 de julio durante un operativo de fuerzas federales en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”.

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Cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas pusieron en marcha este lunes la Avanzada de la Brigada Nacional de Búsqueda en comunidades de la sierra de Chilpancingo, Guerrero. La jornada arrancó alrededor de las 11:00 horas en la comunidad de Amojileca ante la denuncia explícita de los participantes sobre la ausencia de apoyo del gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, y del gobierno federal para las labores de localización de personas desaparecidas.

La acción se desarrolló en dos frentes simultáneos: uno en la sierra y otro frente a la Fiscalía General del Estado en la capital guerrerense, donde integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez exigieron avances en las investigaciones y la identificación de cuerpos sin nombre.

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Un nuevo hecho de violencia sacudió a Tijuana luego de que autoridades localizaran restos humanos dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en el estacionamiento del supermercado Calimax Hipódromo, ubicado sobre el bulevar Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre.

El hallazgo ocurrió la tarde del pasado lunes 3 de agosto, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un vehículo sospechoso estacionado en el área de carga y descarga del establecimiento. Al inspeccionar la unidad, agentes de seguridad encontraron diversas partes de un cuerpo humano distribuidas en una maleta, bolsas de plástico y mochilas.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 54 presuntos integrantes de las organizaciones delictivas La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, según reportes oficiales.

Las acciones, ejecutadas por la Subsecretaría de Operación Policial y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, respondieron a una estrategia para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la capital, donde ambas células generan violencia de forma sistemática.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México solicitará que los bienes decomisados en Estados Unidos a narcotraficantes o políticos mexicanos vinculados con delitos sean entregados al país, siempre que los procedimientos legales de cooperación entre ambas naciones lo permitan.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria se refirió al caso de Ismael “El Mayo” Zambada y a los 15 mil millones de dólares que autoridades estadounidenses solicitaron confiscar como parte del proceso judicial contra el fundador del Cártel de Sinaloa.

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Al menos 14 personas fueron asesinadas y 9 más resultaron lesionadas entre la tarde del viernes 1 y la madrugada del lunes 4 de agosto de 2026 en seis municipios del estado de Morelos. Los ataques —con armas de fuego, arma blanca y robos con violencia— se dispersaron entre Jiutepec, Cuernavaca, Temixco, Tetecala, Puente de Ixtla y Xoxocotla. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no reportó ningún detenido.

La jornada violenta no tuvo un único origen ni un solo responsable identificado. Los hechos se produjeron en distintos contextos: asaltos, ataques a bares y restaurantes, disputas personales y agresiones dentro de viviendas, de acuerdo con Proceso.

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Un niño de tres años murió junto a su tío de 42 en un ataque directo en Tepito en marzo de 2026: esa ejecución resume la escala y la brutalidad de la guerra que la Unión Tepito y la Anti-Unión libran por el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en la colonia Morelos y el Centro Histórico de la Ciudad de México. La disputa acumula al menos 24 muertos en 16 eventos violentos entre enero y julio de este año, según una revisión de Milenio.

El método de los atacantes se repite con precisión en la mayoría de los casos: dos hombres en motocicleta se acercan al objetivo sin mediar palabra, abren fuego y huyen del lugar.

/mexico/2026/08/04/a-balazos-desde-moto-y-a-plena-luz-del-dia-asi-opera-la-guerra-criminal-en-tepito-que-suma-24-muertos/

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que obtuvo la vinculación a proceso de César Adrián “N”, alias “El Cachimbo”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de un elemento del Ejército Mexicano, hechos que habrían ocurrido en el municipio de Tecuala.

De acuerdo con la institución, un Juez de Control resolvió iniciar el proceso penal luego de valorar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable participación del imputado en la privación ilegal de la libertad de la víctima.

/mexico/2026/08/04/procesan-a-el-cachimbo-por-presunto-secuestro-de-un-elemento-del-ejercito-en-nayarit/

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cártel de Los Reyes, fue ingresado este martes al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, luego de ser detenido el pasado sábado en Michoacán.

El traslado desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal de máxima seguridad ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que el presunto líder criminal fuera puesto a disposición de las autoridades federales tras su captura en un operativo desplegado en el municipio de Los Reyes de Salgado.

/mexico/2026/08/04/ingresan-al-altiplano-a-poncho-la-quiringua-lider-del-cartel-de-los-reyes/

El incendio registrado la madrugada del 27 de julio en una bodega de PepsiCo en Tamaulipas fue provocado, confirmó el fiscal estatal, Jesús Eduardo Govea, quien descartó que, hasta el momento, existan indicios de que el hecho esté relacionado con la delincuencia organizada.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti —esta mañana—, el funcionario explicó que las investigaciones permitieron establecer que el fuego no fue accidental, por lo que las autoridades trabajan para determinar el mecanismo utilizado para iniciar el incendio y dar con los responsables.

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La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de la célula de “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no representaría un golpe para la organización criminal.

David Saucedo, especialista en seguridad, señaló en entrevista con Infobae México que el “R1″ representaba un “peso muerto” para la organización criminal debido a su implicación en el homicidio del exedil, ya que su muerte provocó inconformidad y movilizaciones que llevaron a las autoridades a implementar un plan de acción inmediato para reforzar la seguridad.

/mexico/2026/08/04/el-r1-era-una-carga-para-el-cjng-por-el-asesinato-de-carlos-manzo-asegura-experto/

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó este martes la versión difundida por el rapero Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, quien había acusado a policías municipales de disparar contra miembros de su familia durante la madrugada del lunes, mientras se encontraban afuera de su tienda en la colonia Santa Fe.

A través de un video difundido en redes sociales, el secretario Luis Gamba sostuvo que los elementos acudieron al lugar tras un reporte al 9-1-1 sobre una riña, y negó que los agentes hayan intentado ingresar al inmueble del artista.

/mexico/2026/08/04/secretario-de-seguridad-de-guanajuato-niega-ataque-a-balazos-en-tienda-de-santa-fe-klan-asegura-que-fue-una-rina-entre-otras-personas/

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga la posible participación de cuatro personas detenidas con droga, un arma de fuego y otros indicios en el asesinato de una mujer ocurrido el pasado 30 de julio en Cancún.

Los arrestos se realizaron durante dos operativos coordinados por agentes de la Fiscalía estatal, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

/mexico/2026/08/04/fiscalia-indaga-vinculo-de-cuatro-detenidos-con-droga-y-un-arma-en-el-asesinato-de-una-mujer-en-cancun/

Una persona que transportaba más de 200 kilos de cocaína oculta en un vehículo fue detenido por elementos de seguridad federal y policías de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura se realizó durante acciones de vigilancia de elementos de la corporación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Tlalpan.

/mexico/2026/08/04/arrestan-a-una-persona-que-transportaba-mas-de-200-kilos-de-cocaina-oculta-en-un-vehiculo-en-cdmx-investigan-ruta-de-trasiego/

Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años acusado de participar en un presunto fraude masivo mediante una plataforma de inversiones, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente puesto a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal por el delito de fraude específico.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante la audiencia inicial celebrada en su contra el Ministerio Público formuló imputación por su probable responsabilidad en ese delito y solicitó su vinculación a proceso.

/mexico/2026/08/04/detienen-en-texas-a-mexicano-acusado-de-fraude-piramidal-que-dejo-mas-de-4-mil-victimas/

La violencia contra las mujeres volvió a encender las alertas en Veracruz luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos asesinatos y la privación ilegal de la libertad de otra mujer en distintos puntos de la entidad. Los casos ocurrieron apenas 17 meses después de que el gobierno estatal presentara el programa “Veracruzana Protegida”, una estrategia anunciada para garantizar seguridad, protección y atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo en los municipios de Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras organizaciones y especialistas advierten que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el estado.

/mexico/2026/08/04/veracruz-vive-jornada-violenta-contra-mujeres-asesinan-a-dos-y-desaparecen-a-otra-en-menos-de-24-horas/

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, presunto operador del Cártel Arellano Félix (CAF), por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un proceso judicial que se originó hace casi una década y que ahora continuará con el imputado recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiacos interceptaron a Héctor “N” en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, Baja California. Durante la revisión le aseguraron un arma corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

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Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.

El ciudadano mexicano, de 40 años y residente permanente legal en Estados Unidos, llegó a convertir aproximadamente 750,000 dólares en criptomonedas para encubrir ganancias del narcotráfico, según la denuncia presentada ante el Distrito Sur de California.

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Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.

El volumen, editado por Grijalbo, será construido sobre el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.

/mexico/2026/08/04/anabel-hernandez-anuncia-su-nuevo-libro-narcocracia-con-el-testimonio-de-el-grande-operador-de-los-beltran-leyva/

La audiencia inicial contra Ramón Ángel “N”, alias El R1, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto y se reanudará el martes 4 de agosto a las 08:00 horas.

La defensa del imputado argumentó ante el juez de Control del Poder Judicial de Michoacán que no tenía acceso a la carpeta de investigación y solicitó tiempo para revisar el expediente. El juzgador concedió la prórroga.

/mexico/2026/08/04/suspenden-audiencia-r1-caso-carlos-manzo-alcalde-uruapan/

Iván Martín “N” fue vinculado a proceso este 4 de agosto por el feminicidio de Valeria Márquez, la creadora de contenido de 23 años asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza de Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo por TikTok. El juez Miguel Ángel Galván Esparza, titular del Juzgado Vigésimo de Control del Primer Partido Judicial, dictó prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia se celebró en el Penal de Puente Grande, en El Salto, y se desarrolló de forma privada por disposición del propio juez Galván Esparza, quien argumentó que la medida buscaba “evitar afectar la integridad de alguna de las partes”.

Qué papel habría tenido Iván Martín “N” en el crimen

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Iván Martín “N” no fue el agresor directo. Las autoridades lo señalan como presunto coautor material: su función habría sido la de vigilante.

Según los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el imputado habría monitoreado el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge antes del ataque, mientras otro individuo ingresó al establecimiento bajo el pretexto de entregar un encargo a Valeria Márquez.

Una vez que el agresor confirmó la identidad de la víctima y abrió fuego, Iván Martín “N” habría escoltado su huida en motocicleta desde el estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real de Zapopan. Las autoridades lo señalan por su participación antes, durante y después del ataque.

La audiencia inicial y la decisión de no declarar

Durante la audiencia inicial, el imputado se reservó su derecho a declarar. A través de su defensa, se acogió al término constitucional, lo que trasladó la resolución sobre su vinculación a proceso a la sesión del martes 4 de agosto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco formalizó la imputación por feminicidio ante el juez Galván Esparza y solicitó expresamente la vinculación a proceso. Desde su puesta a disposición, el imputado permaneció bajo prisión preventiva oficiosa, medida que en el sistema penal mexicano se aplica de forma automática para delitos de esta naturaleza.

El operativo que llevó a su detención

Iván Martín “N” fue detenido el 1 de agosto de 2026 en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, mediante una orden de aprehensión.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Vicefiscalía especializada, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

La captura fue posible gracias a información de inteligencia aportada por el Gabinete de Seguridad Federal, derivada de la detención previa de Ramón “N”, alias “El R1”, aprehendido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco. Esa detención permitió fortalecer la investigación contra Iván Martín “N” y obtener la orden de aprehensión en su contra.

Durante el cateo simultáneo al domicilio, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones, todos incorporados a la carpeta de investigación. Con su aprehensión, suman dos personas detenidas en relación con el feminicidio de Valeria Márquez.

El crimen que conmocionó a México y la célula detrás del ataque

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio en Zapopan. Un hombre que se identificó como repartidor ingresó al establecimiento, verificó su identidad y le disparó dos veces: uno en el torso y otro en la cabeza. El ataque quedó registrado en la propia transmisión y generó una ola de indignación a nivel nacional e internacional.

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado como “El R1” y señalado como líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, la orden habría sido solicitada por el hijo del “R1”, identificado como Francisco Álvarez Solorio, quien habría mantenido una relación sentimental con la influencer y la habría amenazado en múltiples ocasiones.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, declaró García Harfuch.

La investigación continúa abierta

Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo como presunto instigador del crimen. La FGE de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para localizarlo, y García Harfuch precisó que la detención de Iván Martín “N” aportó indicios para avanzar en esa búsqueda.

La Vicefiscalía especializada sigue a cargo de las indagatorias y cuenta con tres meses para el cierre de la investigación complementaria, conforme a lo determinado por el juez en la audiencia del 4 de agosto.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente los resultados de operativos contra el tráfico ilícito de armas hacia los cárteles mexicanos. En su cuenta oficial de X, el diplomático destacó el desmantelamiento de múltiples redes en Arizona, un balance acumulado de más de 50 mil armas de fuego decomisadas vinculadas al tráfico ilegal de armamento desde que la administración del presidente Donald Trump asumió el poder.

“En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego”, afirmó el embajador Johnson en X.

Johnson respalda los operativos desde su tribuna diplomática

En su cuenta oficial, Johnson vinculó directamente los resultados operativos con la voluntad política del presidente Trump. “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”, escribió el diplomático, antes de detallar los resultados obtenidos en Arizona.

El tono del mensaje combina el reconocimiento de logros concretos con una señal hacia México: las acciones conjuntas están produciendo resultados, y la administración estadounidense no da por cerrado el proceso.

“Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras”, compartió el diplomático en su cuenta oficial.

21 imputados y más de 100 armas incautadas en el operativo de Arizona

El estado de Arizona, fronterizo con los estados mexicanos de Sonora y Baja California, concentró uno de los operativos más recientes reconocidos por Johnson. Una indictment federal acusó a 21 personas por su participación en una red de tráfico ilícito de armas con destino a México.

La operación desarticuló una cadena que incluía compradores fantasma en el área metropolitana de Phoenix, transportistas y un comprador en territorio mexicano. Entre los acusados figuran Fernando Daniel Castro, Taquan Carter y Gustavo Gámez González, de Phoenix, junto a otros residentes de Buckeye, Tolleson, Glendale, Goodyear, El Mirage, Tempe y Chandler.

Las autoridades incautaron más de 100 armas de fuego, entre ellas rifles tipo AK, rifles Barrett calibre .50 y rifles semiautomáticos M249 y cerca de 125 mil cartuchos, es decir, aproximadamente 2.270 kilogramos de munición, según informó Albert J. Gibes, agente especial a cargo de la División de Campo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix.

En uno de los casos documentados, agentes en el cruce fronterizo de Nogales interceptaron 42 rifles tipo AK dentro de un camión de carga con destino a México. El fiscal federal Timothy Courchaine señaló que algunas armas lograron cruzar la frontera antes de que los investigadores pudieran interceptarlas.

El balance de la administración Trump: cifras y matices

La cifra central del mensaje de Johnson es el decomiso acumulado de más de 50 mil armas de fuego desde enero de 2025, dato atribuido a la ATF. El balance incluye también la incautación de casi 2,9 millones de cartuchos de munición y más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico ilegal de armamento.

Johnson presentó ese número no como un punto de llegada, sino como un marcador de progreso. “Aún no hemos terminado”, escribió, en una frase que anticipa la continuidad de los operativos.

Según registros de la ATF publicados en febrero pasado, solo alrededor del 12 % del total de armas decomisadas en ese periodo tenía destino confirmado hacia México. El resto correspondía a incautaciones dentro del territorio estadounidense por distintos delitos vinculados al tráfico de armamento.

Un juez federal rechazó la solicitud de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, para sustituir su pena de cárcel de 36 años y nueve meses de prisión impuesta por sus vínculos con el Cártel de Juárez. La decisión obliga al exmandatario a continuar compurgando su condena, mientras su defensa ya interpuso un recurso de apelación.

Juez declara improcedente la sustitución de pena

Fredy Ladislao Portillo González, juez Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, declaró improcedente el incidente de sustitución de la pena privativa de libertad registrado en el expediente penal 169/2007.

Ese expediente se origina en la causa penal 101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ahora recatalogada como causa penal 134/2024 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en ese mismo estado.

La sentencia que Villanueva Madrid busca modificar fue dictada por el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, que en su momento ajustó la condena original tras revisar los cargos atribuidos al exfuncionario.

Delitos que sustentan la condena

El Tribunal de Alzada determinó que Villanueva Madrid es penalmente responsable de asociación delictuosa y de delitos contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esa índole.

La gravedad de los cargos se agrava por una circunstancia específica: los delitos fueron cometidos mientras Villanueva Madrid se desempeñaba como servidor público con la obligación de prevenir y denunciar precisamente ese tipo de conductas.

A esos cargos se suma una infracción al artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 13 de mayo de 1996. La suma de las responsabilidades derivó en una pena de 36 años y nueve meses de prisión.

Prisión domiciliaria, amparo y presión de la FGR

Villanueva Madrid lleva años cumpliendo su condena en arresto domiciliario en su residencia de Chetumal, Quintana Roo. La medida cautelar se autorizó en junio de 2020, durante la pandemia de covid-19, al determinarse que su estado de salud lo ponía en riesgo de muerte en reclusión.

Sin embargo, el propio juez Portillo González ordenó el 9 de mayo de 2025 el traslado del exgobernador al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, para que continuara compurgando su condena. El argumento fue que el 9 de mayo de 2023 el Gobierno de México declaró el fin de la emergencia sanitaria, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también determinó que el covid-19 dejó de constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Ante esa orden, Villanueva Madrid promovió un juicio de amparo para evitar su regreso al Ceferepsi. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR), antes de que Alejandro Gertz Manero dejara la institución, solicitó al juez especializado desechar la petición del exmandatario de obtener el beneficio de libertad condicionada.

La defensa apela la resolución

Tras el rechazo del juez Portillo González a la sustitución de la pena, la defensa de Villanueva Madrid interpuso un recurso de apelación. El caso quedó en manos de un tribunal superior, que deberá resolver si la negativa del juzgado de ejecución se ajustó a derecho.

Extradición a Estados Unidos y repatriación

Mario Villanueva Madrid fue capturado el 24 de mayo de 2001 en un retén en Cancún, tras permanecer prófugo. El 8 de mayo de 2010 se convirtió en el primer exgobernador mexicano extraditado a Estados Unidos, entregado a autoridades norteamericanas en la ciudad de Toluca para enfrentar cargos de narcotráfico y asociación delictuosa ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El 2 de agosto de 2012 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante el juez Víctor Marrero. El tribunal fijó una pena base de 204 meses, de los cuales descontó 73 meses por el tiempo que Villanueva Madrid había permanecido detenido en México antes de su extradición, resultando en una sentencia definitiva de 131 meses de prisión.

Tras cumplir su condena en territorio estadounidense, fue repatriado a México a bordo de una aeronave del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para enfrentar la sentencia pendiente en su país de origen.

Las cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre las defunciones por presunto homicidio en 2025 marcan un punto de cambio en la trayectoria reciente de la violencia en México. Con un total de 27 mil 989 casos contabilizados de forma preliminar y una tasa nacional de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, los resultados del año pasado confirman un alejamiento significativo respecto al trienio más violento registrado en la historia estadística del país, correspondiente al periodo 2018-2020.

El análisis comparativo de la serie histórica acumulada desde 1990 pone en evidencia que los años comprendidos entre 2018 y 2020 representaron la etapa de mayor gravedad en la crisis de seguridad pública. Durante esa ventana de tiempo, el volumen anual de defunciones por homicidio superó de forma constante la barrera de los 36 mil 500 casos, lo que elevó la tasa nacional a un máximo histórico de 29.1 homicidios por cada 100 mil personas. Al contrastar la tasa preliminar obtenida en 2025 (21.4) con la cresta observada en 2018 y 2020 (29.1), se identifica una disminución de 7.7 puntos en el indicador nacional, lo que equivale a una contracción relativa del 26.4 % en el nivel de letalidad general.

De la meseta crítica a la tendencia descendente

La trayectoria del indicador trazada por el INEGI permite examinar las distintas fases de la violencia en el país durante las últimas décadas. Tras el pronunciado quiebre registrado a partir del año 2008 —cuando la tasa nacional se elevó aceleradamente desde un mínimo de 8.1 casos por cada 100 mil habitantes—, México experimentó una primera oleada que tuvo su punto culminante en 2011 con una tasa de 23.3. Posterior a un periodo de modesta reducción entre 2013 y 2015, sobrevino una segunda escalada de mayor magnitud que derivó en la meseta crítica de 2018 a 2020.

A partir del año 2021, las mediciones oficiales del instituto comenzaron a registrar descensos anuales consecutivos. El resultado preliminar reportado para 2025 ubica el indicador de violencia en su nivel más bajo desde 2016, año en que la tasa nacional se situó en 19.9 por cada 100 mil habitantes, rompiendo así con casi una década en la que las tasas se mantuvieron de forma persistente por encima de los 25 homicidios por cada 100 mil personas.

Comportamiento por género frente al máximo histórico

El descenso frente a los picos históricos se manifiesta en ambos sexos, aunque con amplitudes proporcionales distintas. En el caso de los varones, la tasa de homicidios se redujo a 38.4 por cada 100 mil en 2025, lo que representa una contracción de 14.7 puntos al compararse con el máximo histórico alcanzado en 2018, cuando el indicador masculino llegó a 53.1 casos por cada 100 mil hombres.

En lo que respecta a las mujeres, la tasa preliminar de 2025 se situó en 4.7 por cada 100 mil habitantes. Al contrastar esta cifra con el máximo histórico para la población femenina registrado en el periodo 2020-2021 (6.1 por cada 100 mil), la reducción acumulada es de 1.4 puntos.

Persistencia del arma de fuego en el panorama nacional

A pesar de la disminución general en el volumen absoluto y relativo de muertes violentas, las modalidades de agresión no han cambiado de forma sustancial en comparación con los años de mayor crisis. El uso de armas de fuego se mantiene como la causa determinante, al intervenir en el 70.8 % de los homicidios especificados en 2025.

Los datos preliminares de 2025 confirman que la brecha respecto al periodo crítico de 2018-2020 se consolida, marcando una distancia sostenida frente a los años de mayor letalidad registrados por el INEGI.

Como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, autoridades federales desmantelaron cuatro presuntos centros clandestinos dedicados al procesamiento ilegal de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados cientos de miles de litros de petrolíferos, infraestructura industrial, maquinaria especializada y diversa documentación relacionada con las operaciones.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, como resultado de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la FGR, las acciones derivaron de labores de inteligencia, trabajos de investigación, intercambio de información entre dependencias del Gabinete de Seguridad y denuncias ciudadanas que permitieron ubicar los inmuebles utilizados presuntamente para el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

San Luis Potosí concentró los principales aseguramientos

La investigación inició tras diversas denuncias anónimas que alertaban sobre una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde ingresaban constantemente autotanques, lo que levantó sospechas sobre actividades relacionadas con el manejo ilegal de combustibles.

Con una orden judicial, las autoridades ejecutaron un cateo en el inmueble, donde aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem, con capacidad para mil litros cada uno.

Asimismo, fueron decomisadas una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, aproximadamente entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en operaciones de transporte de combustibles.

En un segundo operativo realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado otro predio que presuntamente funcionaba como centro de procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante la diligencia fueron localizados 18 tanques verticales, dos líneas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación.

Cateos también alcanzaron Hidalgo y Morelos

Las investigaciones también llevaron a las autoridades hasta el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde una denuncia ciudadana señalaba la existencia de otra instalación utilizada para el procesamiento ilegal de combustibles.

Durante el cateo fueron asegurados 32 contenedores con capacidad para mil litros, otros 25 contenedores con capacidad para cinco mil litros, así como 456 mil 300 litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados en su procesamiento.

En ese inmueble también fueron asegurados equipos electrónicos, monitores, computadoras y documentación relacionada con las actividades investigadas.

El cuarto operativo se realizó en el municipio de Cuautla, Morelos, luego de que autoridades recibieran reportes sobre el constante ingreso de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas provenientes del predio.

Tras ejecutar la orden de cateo, los agentes aseguraron el inmueble, diversas muestras obtenidas de los contenedores encontrados en el lugar, documentación y talones de cheques que serán integrados a la carpeta de investigación.

Estrategia contra el robo de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República señaló que estas acciones forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, el cual establece como una de sus prioridades el combate a los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Según la dependencia, la desarticulación de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras utilizadas para el manejo ilegal de combustibles, una actividad que genera importantes pérdidas económicas y riesgos para la infraestructura energética del país.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables de operar estos inmuebles, así como las redes criminales que podrían estar detrás de estas actividades.

Asimismo, reiteraron que las instituciones de seguridad mantendrán los trabajos de inteligencia y las acciones operativas para localizar nuevas instalaciones clandestinas, detener a los involucrados y fortalecer la protección de la infraestructura estratégica de México.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por las autoridades como uno de los jefes de una de las células más violentas de esa organización criminal, promovió dos demandas de amparo ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México con el objetivo de obtener protección judicial frente a presuntos actos de detención ilegal, incomunicación y una eventual expulsión o destierro hacia Estados Unidos.

La estrategia legal fue presentada por su defensor, Víctor Francisco Beltrán García, pocos días después de la captura del presunto narcotraficante, ocurrida el pasado 30 de julio durante un operativo de fuerzas federales en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”.

El caso adquiere relevancia porque la defensa argumenta que existe el riesgo de que su cliente sea trasladado a territorio estadounidense sin mediar un procedimiento formal de extradición, tomando como referencia antecedentes recientes de entregas de presuntos capos a autoridades de ese país.

Dos amparos contra detención, incomunicación y eventual destierro

De acuerdo con los expedientes judiciales, la primera demanda fue presentada como un juicio de amparo por violaciones a derechos fundamentales y está dirigida contra actos atribuidos a la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese recurso se reclama principalmente la presunta detención ilegal e incomunicación del imputado.

El juzgado concedió una suspensión respecto del acto de incomunicación, en caso de que éste existiera, con el propósito de garantizar que el detenido tenga acceso a comunicación con su defensa y familiares conforme a los derechos previstos por la Constitución.

La segunda demanda amplía el alcance de los actos reclamados y fue promovida contra diversas autoridades federales, entre ellas la Presidencia de la República.

En ese recurso, la defensa impugna presuntos actos de detención, incomunicación, tortura, expulsión del territorio nacional y destierro a los Estados Unidos de América.

Hasta el momento, el juzgado no ha emitido una resolución sobre la suspensión solicitada en este segundo procedimiento.

La defensa busca frenar una posible entrega a Estados Unidos

El eje central del segundo amparo es la posibilidad de que “El R1” sea enviado a Estados Unidos sin que se siga el procedimiento ordinario de extradición previsto en la legislación mexicana y en los tratados internacionales vigentes.

El abogado sostiene que, a partir de experiencias recientes relacionadas con la entrega de presuntos líderes del narcotráfico a autoridades estadounidenses, resulta necesario solicitar protección judicial preventiva contra cualquier acto que implique una expulsión o traslado fuera del país al margen del procedimiento correspondiente.

La figura del amparo busca que un juez federal revise si existe alguna amenaza real o acto concreto que pueda vulnerar los derechos constitucionales del imputado durante el desarrollo del proceso penal.

Permanece en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva

Tras su captura en Jalisco, Ramón Ángel Álvarez Ayala fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece recluido junto con Jesús Salvador Vela Salazar.

Un juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se determina su situación jurídica por delitos relacionados con delincuencia organizada, entre otros ilícitos federales.

Las autoridades federales identifican a “El R1” como presunto operador del CJNG desde 2012 y lo señalan como probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Además, su nombre ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con el asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con un hijo del imputado. No obstante, dichas investigaciones continúan en curso y su responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

Mientras avanzan los procesos federales en su contra, los dos juicios de amparo promovidos por la defensa se desarrollarán de manera paralela y serán resueltos por el juzgado federal correspondiente, que deberá determinar si existen elementos para conceder una protección más amplia frente a los actos reclamados.

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Tijuana luego de que autoridades localizaran restos humanos dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en el estacionamiento del supermercado Calimax Hipódromo, ubicado sobre el bulevar Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre.

El hallazgo ocurrió la tarde del pasado lunes 3 de agosto, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un vehículo sospechoso estacionado en el área de carga y descarga del establecimiento. Al inspeccionar la unidad, agentes de seguridad encontraron diversas partes de un cuerpo humano distribuidas en una maleta, bolsas de plástico y mochilas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado si los restos corresponden a una sola víctima o a varias personas, por lo que las investigaciones continúan.

Restos fueron hallados dentro de una maleta y bolsas

El reporte fue atendido alrededor de las 17:52 horas en el supermercado localizado sobre el bulevar Agua Caliente.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo abandonado corresponde a un Honda Civic color verde, con placas del estado de California 4UDV950.

Durante la inspección, los agentes localizaron en la cajuela una maleta que contenía restos humanos, entre ellos lo que aparentemente corresponde a una cabeza cercenada y extremidades superiores.

Asimismo, fue encontrada una bolsa de plástico negra con extremidades inferiores, además de dos mochilas en las que había otras partes anatómicas.

Debido a la forma en que fueron distribuidos los restos, las autoridades trabajan para establecer si pertenecen a una sola persona o si existe más de una víctima.

La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena, recabaron indicios e iniciaron las diligencias para lograr la identificación de la o las víctimas.

Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas relacionadas con el caso.

La colonia 20 de Noviembre ya había sido escenario de operativos recientes

El hallazgo ocurrió en una zona que apenas unos días antes había sido escenario de acciones de seguridad por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

El pasado 29 de julio, elementos estatales realizaron una serie de operativos preventivos en Tijuana, Mexicali y Tecate que concluyeron con la detención de cuatro hombres armados y el aseguramiento de cinco armas de fuego, las cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno de los casos más relevantes ocurrió precisamente sobre la avenida Baños de Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre, donde fue detenido Alexis Yair “N”, ciudadano estadounidense de 23 años.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, el hombre conducía de manera errática un automóvil con placas fronterizas cuando fue interceptado por los agentes estatales.

Durante la revisión del vehículo localizaron dos armas cortas, una pistola Glock calibre 9 milímetros y otra calibre .380, ambas abastecidas con cartuchos útiles.

Ese mismo día también fue detenido Luis Alberto “N”, en la colonia Ejido Francisco Villa, en posesión de un arma de fuego y 98 envoltorios de metanfetamina, mientras que en Mexicali y Tecate fueron capturados otros dos hombres que portaban armas de distintos calibres.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición de la autoridad federal debido a la naturaleza de los delitos relacionados con armas de fuego.

Tijuana supera los 540 homicidios en 2026

El hallazgo de restos humanos ocurre en un contexto de violencia persistente en Tijuana.

Con este caso, la ciudad acumula 544 homicidios dolosos durante 2026, de acuerdo con los registros oficiales, manteniéndose entre los municipios con mayor incidencia de asesinatos en el país.

Las autoridades estatales y federales mantienen operativos permanentes en distintos puntos del municipio para combatir la presencia de grupos delictivos y reducir los índices de violencia. Sin embargo, hechos como el ocurrido en el estacionamiento del Calimax Hipódromo reflejan que las investigaciones por homicidios y desapariciones continúan representando uno de los principales desafíos para las corporaciones de seguridad en Baja California.

Mientras avanzan los trabajos periciales, la Fiscalía estatal buscará establecer la identidad de la o las víctimas, así como determinar quién abandonó el vehículo y cuál sería el móvil detrás de este crimen.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México solicitará que los bienes decomisados en Estados Unidos a narcotraficantes o políticos mexicanos vinculados con delitos sean entregados al país, siempre que los procedimientos legales de cooperación entre ambas naciones lo permitan.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria se refirió al caso de Ismael “El Mayo” Zambada y a los 15 mil millones de dólares que autoridades estadounidenses solicitaron confiscar como parte del proceso judicial contra el fundador del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum aclaró que dicha cantidad no corresponde a recursos que ya hayan sido ubicados por las autoridades de Estados Unidos, sino a una estimación realizada por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el daño económico que habría generado el capo durante los años en que operó dentro del tráfico de drogas.

“No es que ya los tengan identificados, es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, mientras fue parte del tráfico de drogas”, explicó.

La presidenta señaló que en los casos donde exista una incautación de bienes derivados de actividades criminales, México buscará que esos recursos sean entregados al país conforme a las leyes y acuerdos internacionales vigentes.

“Si hay incautación, que sea entregado. Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea”, afirmó.

La mandataria sostuvo que la administración federal revisará cada caso de aseguramiento de activos en Estados Unidos, tanto de integrantes del crimen organizado como de personas acusadas de delitos de cuello blanco, para determinar si existe la posibilidad de reclamar esos recursos.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración”, indicó.

Sheinbaum agregó que el argumento del Gobierno mexicano es que gran parte del impacto generado por estas actividades ilícitas ocurrió en territorio nacional, por lo que se buscará que los recursos recuperados tengan un beneficio para la población.

Se recuperaron 500 mil dólares del caso García Luna

La presidenta adelantó que Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acudirá a una próxima conferencia para explicar el proceso de recuperación de 500 mil dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna, que lo vamos a dedicar a algo en particular”, señaló.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que obtuvo la vinculación a proceso de César Adrián “N”, alias “El Cachimbo”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de un elemento del Ejército Mexicano, hechos que habrían ocurrido en el municipio de Tecuala.

De acuerdo con la institución, un Juez de Control resolvió iniciar el proceso penal luego de valorar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable participación del imputado en la privación ilegal de la libertad de la víctima.

Como parte de la resolución judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que el acusado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones.

La investigación se centra en un secuestro ocurrido en Tecuala

Según la información difundida por la Fiscalía estatal, la carpeta de investigación señala que César Adrián “N” es investigado por hechos relacionados con el secuestro de un integrante de las Fuerzas Armadas ocurrido en el municipio de Tecuala, ubicado al norte del estado de Nayarit.

La dependencia explicó que, derivado de las investigaciones ministeriales, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, la cual fue cumplimentada por las autoridades.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó la fecha en que ocurrió la privación de la libertad ni cuándo fue ejecutada la orden de captura contra el imputado.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el secuestro, el estado de salud de la víctima o si hubo más personas involucradas en los hechos.

Tres meses para fortalecer la investigación

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público solicitó que el proceso continuara con el imputado privado de la libertad, petición que fue respaldada por el juez al considerar la naturaleza del delito y los elementos expuestos durante la diligencia.

Además de confirmar la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese periodo, el Ministerio Público continuará con la integración de pruebas, entrevistas, peritajes y demás diligencias necesarias para fortalecer la carpeta de investigación y, en su momento, determinar si existen los elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

La Fiscalía subrayó que todas las actuaciones se desarrollarán con apego al debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

Sin mayores detalles sobre el caso

A diferencia de otros procesos penales de alto impacto, la Fiscalía de Nayarit mantuvo bajo reserva diversos aspectos relacionados con la investigación.

En el comunicado oficial no se informó cuándo ocurrió el presunto secuestro, cuánto tiempo permaneció privada de la libertad la víctima ni las condiciones en las que fue localizada.

Asimismo, la dependencia no reveló si el imputado tendría presuntos vínculos con algún grupo delictivo que opere en la región o si existen otras personas investigadas por estos hechos.

Por ahora, el proceso penal continuará en su etapa de investigación complementaria, mientras las autoridades ministeriales reúnen mayores elementos para sustentar la acusación por secuestro agravado contra el presunto responsable.

De confirmarse su responsabilidad mediante una sentencia firme, César Adrián “N” podría enfrentar las sanciones previstas en la legislación penal vigente para este delito. Mientras tanto, continuará interno en un centro penitenciario bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cártel de Los Reyes, fue ingresado este martes al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, luego de ser detenido el pasado sábado en Michoacán.

El traslado desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal de máxima seguridad ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que el presunto líder criminal fuera puesto a disposición de las autoridades federales tras su captura en un operativo desplegado en el municipio de Los Reyes de Salgado.

Fernández Magallón fue detenido el 1 de agosto por elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, en una operación que generó una reacción del grupo criminal al que presuntamente encabezaba, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región.

Tras el aseguramiento, integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos en distintos puntos de Michoacán, principalmente en los municipios de Los Reyes y Peribán, donde se reportó la quema de unidades, entre ellas un camión de pasajeros.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que Fernández Magallón era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas.

De acuerdo con autoridades mexicanas, “Poncho la Quiringua” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Durante su detención fue localizado junto con otras dos personas y se aseguraron armas, municiones y droga, según reportes oficiales.

“La Quiringua”, objetivo de Estados Unidos por narcotráfico

Fernández Magallón también era buscado por autoridades estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura, debido a una investigación relacionada con tráfico de drogas y delitos vinculados con armas de fuego.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) lo identificó como dirigente del Cártel de Los Reyes, una organización integrada a Cárteles Unidos, alianza criminal con presencia en Michoacán.

La investigación estadounidense contra esta estructura comenzó en 2019, luego de un accidente vehicular registrado en Knoxville, Tennessee, donde fue localizado un cargamento de metanfetamina. Posteriormente, un cateo en Georgia permitió asegurar más drogas, entre ellas metanfetamina, fentanilo y heroína.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que la investigación permitió rastrear el tráfico de sustancias hacia México y ubicar a Cárteles Unidos como una de las organizaciones responsables. En el caso de Fernández Magallón, lo relacionaron con el envío de drogas durante décadas y con el control de pistas de aterrizaje utilizadas para transportar cocaína desde Colombia hacia Michoacán.

En 2023, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación formal contra “La Quiringua” en el Distrito de Columbia por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Posteriormente, en 2025, Washington anunció sanciones contra integrantes de Cárteles Unidos y publicó recompensas por sus principales operadores. Entre ellos se encontraba Fernández Magallón, junto con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, identificado como líder del Cártel de Tepalcatepec; Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”; Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”; y Edgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

Señalado por ataques con drones contra fuerzas de seguridad

Además de los cargos por narcotráfico, autoridades mexicanas vincularon a Fernández Magallón con ataques contra fuerzas de seguridad mediante el uso de drones.

Según reportes oficiales, “Poncho la Quiringua” habría sido responsable de agresiones registradas contra elementos militares en Cotija, en enero de 2025, así como en Tingüindín y Jacona, en 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el Cártel de Los Reyes mantiene presencia en municipios como Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán, donde presuntamente realiza actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

La organización forma parte de Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales michoacanos creada para enfrentar la expansión de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras su detención, el gobierno de Michoacán y autoridades estadounidenses destacaron el aseguramiento como un golpe contra la estructura criminal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la captura como una acción contra un objetivo prioritario, mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el operativo representaba un avance en la cooperación de seguridad entre ambos países.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti —esta mañana—, el funcionario explicó que las investigaciones permitieron establecer que el fuego no fue accidental, por lo que las autoridades trabajan para determinar el mecanismo utilizado para iniciar el incendio y dar con los responsables.

Govea señaló que los peritajes continúan y que una de las principales líneas de investigación apunta a identificar el instrumento con el que se encendió el material que originó el siniestro. De acuerdo con las primeras indagatorias, las frituras almacenadas en la bodega habrían funcionado como el principal material combustible, lo que favoreció la propagación de las llamas.

“Pericialmente podemos sostener que el hecho no ocurrió de manera fortuita, fue un incendio causado. Se pudieron establecer, en un análisis colegiado de peritajes (...), tres áreas principales de focos de incendio.Se está trabajando para identificar el instrumento que se utilizó para iniciar el fuego”, indicó el fiscal, al precisar que el origen del incendio ya fue establecido como provocado.

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también descartó que el caso tenga, por ahora, alguna conexión con organizaciones criminales.

“Al momento no existe alguna motivación o vinculación de estos hechos con acciones o conductas de la delincuencia organizada”, afirmó.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incendio, identificar a la persona o personas involucradas y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, la fiscalía continuará con los peritajes especializados para reconstruir la forma en que inició el fuego y establecer las responsabilidades correspondientes.

El incendio generó versiones de extorsión en Matamoros

El incendio ocurrido en el Centro de Distribución de PepsiCo en Matamoros, Tamaulipas, provocó especulaciones sobre un posible ataque relacionado con la delincuencia organizada, debido al contexto de inseguridad que enfrenta la entidad. Sin embargo, días después del siniestro, la empresa descartó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del hecho.

El fuego registrado durante la madrugada del 27 de julio afectó el área de estacionamiento y bodegas del inmueble ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez, donde quedaron destruidos decenas de camiones repartidores de la marca Sabritas. Reportes iniciales señalaron que entre 40 y 57 unidades resultaron dañadas por las llamas.

A pesar de la magnitud del incendio, los cuerpos de emergencia lograron contener el avance del fuego y evitaron que alcanzara la bodega principal. PepsiCo informó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas tras el siniestro.

Tras las primeras horas de incertidumbre, versiones difundidas en redes sociales relacionaron el incendio con un supuesto caso de cobro de piso o una represalia criminal contra la empresa. La falta de información sobre las causas del fuego alimentó esas hipótesis entre habitantes de Matamoros.

Ante ello, PepsiCo México negó que existieran antecedentes de amenazas contra sus instalaciones o trabajadores. La compañía señaló que, hasta ese momento, no había identificado indicios de extorsión vinculados con el incendio y afirmó que colaboraba con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El caso también generó preocupación entre empleados y habitantes de la zona ante la posibilidad de una suspensión de operaciones del centro de distribución, donde laboran alrededor de mil 500 personas. No obstante, autoridades municipales descartaron que la empresa contemplara abandonar Matamoros.

El alcalde Alberto Granados Fávila aseguró que PepsiCo mantendría sus actividades en el municipio y que la operación comercial continuaría. Días posteriores al incendio, ciudadanos reportaron movimientos de unidades relacionadas con la empresa, lo que fue interpretado como parte del proceso de recuperación de la operación logística.

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de la célula de “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no representaría un golpe para la organización criminal.

David Saucedo, especialista en seguridad, señaló en entrevista con Infobae México que el “R1″ representaba un “peso muerto” para la organización criminal debido a su implicación en el homicidio del exedil, ya que su muerte provocó inconformidad y movilizaciones que llevaron a las autoridades a implementar un plan de acción inmediato para reforzar la seguridad.

“Parece que el Cártel Jalisco ya está consciente de que ya no era viable que esta persona siguiera al frente de las acciones del cártel en la zona. Ya era un lastre, era un peso muerto, y su detención, pues facilita que la organización criminal vuelva a las andadas en la zona”, aseguró.

Ante su detención, el experto señaló que es posible que el mapa criminal se modifique a favor del CJNG ante una posible reducción de la seguridad en la región, motivada también por el arresto de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes.

Saucedo señaló que estas detenciones le dan a las autoridades “el pretexto perfecto para reducir su presencia en la zona”, lo que en la práctica dejaría un vacío que el CJNG podría aprovechar sin resistencia institucional.

Falta de respuesta del CJNG sería una señal de que aceptaron la detención del “R1″

El experto explicó que la falta de respuesta por parte del CJNG ante la detención del “R1″ sería una muestra de que el líder criminal ya no tenía poder dentro de la organización debido a que su arresto era inminente.

Y es que, dijo, el arresto de “Poncho la Quiringua” desató al menos seis narcobloqueos en el estado de Michoacán con los que intentaron impedir su aseguramiento; sin embargo, con el “R1” no hubo bloqueos, narcomantas ni protestas.

“El Cártel Jalisco aceptó la detención de su liderazgo sin chistar. No sucedió así con la detención del líder del Cártel de los Reyes, en donde sí hubo una reacción de sus secuaces, de su estructura”, detalló.

La detención del “R1″ podría abrir la puerta al CJNG, no cerrarla en Michoacán

Lejos de representar un retroceso para el cártel, Saucedo planteó que la captura del “R1” podría impulsar la reorganización del CJNG en Uruapan. “Me atrevería a decir que quizá la detención del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo puede provocar un incremento de la actividad criminal del Cártel Jalisco en la zona”, advirtió.

El experto señaló que al deshacerse de un mando desgastado, la organización queda libre para instalar un liderazgo más operativo. ya que el “R1” cargaba con años de exposición pública, una detención previa en 2012 y una liberación polémica en 2022 que lo convirtió en un blanco permanente de las autoridades.

Saucedo también señaló que estas detenciones le dan a las autoridades “el pretexto perfecto para reducir su presencia en la zona”, lo que en la práctica dejaría un vacío que el CJNG podría aprovechar sin resistencia institucional.

Respecto a la cadena de sucesión dentro del CJNG en Michoacán, Saucedo explicó que no funciona con mandos intercambiables, sino con núcleos familiares. Es así que Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, hermano del detenido e identificado como jefe operativo de la organización, aparece como el sucesor natural, lo cual fue confirmado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La estructura del Cártel Jalisco allá en Michoacán está conformada por clanes. Son familias las que se han ido adhiriendo al Cártel Jalisco allí en Michoacán y, en efecto, son núcleos familiares”, detalló.

Juan Carlos Valencia podría estar detrás de las restructura del CJNG: en su liderazgo cayeron el “R1″ y “El Jardinero”

Para Saucedo, la reestructuración del CJNG también podría indicar que Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y actual líder de la organización criminal, estaría actuando para mover algunos mandos.

“Veo factible esa hipótesis. Juan Carlos Valencia está reestructurando al Cártel Jalisco. Tengo entendido que está entrevistándose con liderazgos, estableciendo comunicación con ellos. Algunos de ellos no los conocía. El territorio del Cártel Jalisco es muy grande. Entiendo que sí hay ajustes a su estructura”, detalló.

Y es que uno de los primeros liderazgos que fue detenido tras asumir el mando “El 03″ fue Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe de plaza de la organización criminal que buscó con el uso de las armas tomar el control del CJNG luego del abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

“No creo que llegue tanto como para hacer una modificación de todos los mandos y liderazgos, pero creo que sí está haciendo ajustes de los mandos regionales que están en distintas partes de toda esa zona”, explicó Saucedo respecto a las modificaciones de González Valencia.

Por el asesinato de Carlos Manzo van 31 personas detenidas, las cuales formaron parte de una célula criminal que habría actuado por órdenes del “R1″ para cometer el crimen el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública de Uruapan, Michoacán.

La violencia contra las mujeres volvió a encender las alertas en Veracruz luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos asesinatos y la privación ilegal de la libertad de otra mujer en distintos puntos de la entidad. Los casos ocurrieron apenas 17 meses después de que el gobierno estatal presentara el programa “Veracruzana Protegida”, una estrategia anunciada para garantizar seguridad, protección y atención inmediata a mujeres víctimas de violencia.

Los hechos se produjeron entre el sábado y el domingo en los municipios de Playa Vicente, Acayucan y Gutiérrez Zamora, mientras organizaciones y especialistas advierten que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el estado.

La primera víctima fue Zulema de la Luz González, quien había sido reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado sin vida en un predio del municipio de Playa Vicente el sábado, apenas un día después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Otra mujer asesinada y una maestra desaparecida

Horas después del hallazgo de Zulema, la violencia volvió a hacerse presente.

La mañana del domingo 2 de agosto fue asesinada Ana Libia Gutiérrez Reyes, cuyo cuerpo quedó sobre la carretera que comunica las comunidades de San Martín y Morelos, en la zona limítrofe de los municipios de Acayucan y Soteapan, al sur de Veracruz.

Al igual que en el primer caso, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Ese mismo domingo también se reportó la privación ilegal de la libertad de una mujer identificada como la maestra Elena, quien presuntamente fue interceptada por un grupo de personas cuando se encontraba en la terminal de autobuses del municipio de Gutiérrez Zamora.

Hasta el cierre de los reportes oficiales, no se había informado sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

La coincidencia temporal de estos tres hechos violentos volvió a generar preocupación entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que desde hace años han advertido sobre el incremento de desapariciones y muertes violentas en la entidad.

Las cifras mantienen encendida la alerta

Los recientes casos ocurren en un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres en Veracruz.

De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, entre enero y julio de este año se documentaron 30 presuntos feminicidios, además de 22 homicidios dolosos de mujeres, cifras que reflejan la persistencia de la violencia letal en la entidad.

El informe también reporta 216 desapariciones de mujeres durante ese mismo periodo, un promedio superior a una desaparición diaria, lo que convierte este delito en uno de los principales focos de preocupación para organizaciones civiles y familiares de víctimas.

A estos registros se suman 142 agresiones contra mujeres documentadas en distintos municipios del estado durante los primeros siete meses del año.

Asimismo, el observatorio contabilizó 52 muertes violentas de mujeres, considerando tanto feminicidios como homicidios, durante el primer semestre de 2026.

Programa bajo escrutinio

Los nuevos hechos de violencia ocurren a 17 meses de la presentación del programa “Veracruzana Protegida”, impulsado por el gobierno estatal con el objetivo de ofrecer mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata para mujeres en situación de riesgo.

Sin embargo, la persistencia de asesinatos, desapariciones y agresiones ha llevado a organizaciones civiles a cuestionar la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la violencia de género en Veracruz.

Mientras las investigaciones por los tres casos continúan, familiares de las víctimas y colectivos exigen resultados en las indagatorias, así como acciones que permitan reducir la incidencia de estos delitos y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura se realizó durante acciones de vigilancia de elementos de la corporación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Tlalpan.

Los agentes se encontraban en un reten sobre la carretera México-Cuernavaca, y a la altura del kilómetro 5+400, cuando detectaron una camioneta de carga que realizaba cambios constantes e intempestivos de carril.

Debido a que ponía en riesgo a los demás conductores, los policías le marcaron el alto y realizaron una inspección de la unidad, en la que localizaron 217 kilos de cocaína ocultos en un compartimento del área de carga, por lo que procedieron con el aseguramiento de la droga y la detención del responsable.

El hombre, de 38 años de edad, fue puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que realice las investigaciones y determine su situación jurídica.

Por su parte, García Harfuch informó que las investigaciones continuarán para definir cuál es la ruta de trasiego y el destino final que tenía la droga que circulaba en inmediaciones de la capital.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, fortalecer las labores de inteligencia, investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas, para evitar que miles de dosis lleguen a las calles”, detalló la SSPC en un comunicado.

Aseguran lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detienen a 16 personas

Este lunes la Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de cuatro lanchas que transportaban más de 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, en acciones donde también se logró la detención de 16 personas.

Los elementos, en funciones de Guardia Costera, localizaron dos embarcaciones que navegaban de manera sospechosa frente a las costas de Oaxaca.

Al proceder con una inspección, los marinos hallaron 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de 3 toneladas. Asimismo, fueron detenidas 10 personas que transportaban el cargamento de droga.

Otras acción se llevó a cabo en costas de Chiapas, donde los elementos navales aseguraron dos embarcaciones menores: una que transportaba 24 bultos con presunta cocaína con de un peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de 2 mil litros de combustible.

En la lancha se transportaban seis personas, quienes fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La Secretaría de Marina informó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha logrado el aseguramiento de más de 80 toneladas de droga en altamar, lo que contribuye a detener el flujo de narcóticos.

El Almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Marina, informó que las principales organizaciones criminales que han sido afectadas en los decomisos de droga en el Pacífico mexicano son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Además, reveló que los grupos delictivos modificaron su forma de operar, ya que de manera reciente se detectó que introducen personas sin documentos a bordo de buques de carga con la instrucción de arrojar la droga al agua y que embarcaciones menores la recojan de manera posterior.

El secretario precisó que la Marina ha enfocado sus operaciones en el Pacífico mexicano para detectar el ingreso de cargamentos de drogas de manera temprana.

Cabe señalar que en el último mes el estado de Chiapas es la entidad que más decomisos de droga ha registrado, con al menos tres aseguramientos de lanchas con presunta cocaína.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga la posible participación de cuatro personas detenidas con droga, un arma de fuego y otros indicios en el asesinato de una mujer ocurrido el pasado 30 de julio en Cancún.

Los arrestos se realizaron durante dos operativos coordinados por agentes de la Fiscalía estatal, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Como resultado de ambas acciones fueron detenidos Fernanda “N”, César “N”, Azael Abdiel “N” y Axel Gabriel “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias e indicios asegurados.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cuatro podrían estar relacionados con la ejecución de una mujer registrada en la Supermanzana 235, una de las principales líneas de investigación que sigue la autoridad ministerial.

El primer operativo se realizó en la Supermanzana 233, donde fueron capturados Fernanda “N” y César “N”. Durante la revisión, los agentes les aseguraron varias dosis de hierba con características similares a la marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores abastecidos, cartuchos útiles y una motocicleta sin placas de circulación.

Horas más tarde, en la Supermanzana 247, las autoridades detuvieron a Azael Abdiel “N” y Axel Gabriel “N”, quienes presuntamente portaban más bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, además de otra motocicleta sin placas.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme al plazo establecido por la ley, mientras continúan las diligencias para establecer su posible responsabilidad en el homicidio.

El homicidio que investiga la Fiscalía

La línea de investigación se relaciona con el asesinato de una mujer ocurrido el 30 de julio en la Supermanzana 235 de Cancún.

Ese día, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego cuando se encontraba afuera de un inmueble. Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que la mujer había muerto a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía busca determinar si alguno de los detenidos participó de manera directa en el ataque o si forma parte del grupo responsable del crimen. Asimismo, peritos realizarán las pruebas correspondientes para establecer si el arma de fuego asegurada durante los operativos fue utilizada en ese homicidio o en otros hechos delictivos registrados en la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes escaparon del lugar a bordo de una motocicleta

La escena fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios balísticos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley. En las diligencias también participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y agentes de la Policía de Investigación.

De manera preliminar trascendió que junto al cuerpo fue localizado un mensaje intimidatorio, el cual fue asegurado por las autoridades para determinar si guarda relación con el homicidio.

Asimismo, versiones extraoficiales identificaron a la víctima con el alias de “La China” y señalaron que presuntamente estaba relacionada con la venta de droga al menudeo; sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado esa información ni el posible móvil del crimen.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, presunto operador del Cártel Arellano Félix (CAF), por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un proceso judicial que se originó hace casi una década y que ahora continuará con el imputado recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiacos interceptaron a Héctor “N” en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, Baja California. Durante la revisión le aseguraron un arma corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

En aquel momento, tras la presentación de las primeras pruebas, el juez determinó concederle la libertad debido a que el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa bajo la legislación vigente y porque el imputado acreditó arraigo en la ciudad fronteriza.

Una investigación que permaneció abierta durante casi 10 años

Aunque recuperó su libertad en ese momento, el expediente no fue cerrado. La Fiscalía continuó con las investigaciones y posteriormente solicitó una audiencia para formular la imputación formal.

Sin embargo, Héctor “N” no acudió a los citatorios judiciales, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Como consecuencia, un juez giró una orden de aprehensión en su contra.

El mandamiento judicial finalmente pudo cumplimentarse dentro del penal de Mérida, Yucatán, donde el presunto integrante del CAF ya permanecía recluido tras haber sido detenido semanas atrás por un hecho delictivo distinto.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó los datos de prueba que sustentan la acusación.

Tras valorar los elementos expuestos, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La captura del presunto operador del CAF

La presencia de Héctor Manuel Gil García en el penal de Yucatán deriva de su captura realizada entre el 21 y el 22 de julio, durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República.

La detención fue confirmada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo fue resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades mexicanas y agencias del gobierno de Estados Unidos.

Entre las corporaciones que participaron en las investigaciones se encuentran la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las indagatorias señalan que “El Kado” habría mantenido contacto con autoridades estadounidenses como colaborador entre 2020 y 2023. No obstante, esa relación habría terminado después de diversos hechos violentos registrados a principios de 2024 en el condado de San Diego, California, entre ellos el homicidio de un presunto socio en University City y un ataque armado en Chula Vista.

A partir de esos acontecimientos, las investigaciones permitieron rastrear el desplazamiento del presunto operador criminal hacia el sur del país, donde finalmente fue localizado y detenido.

Considerado un generador de violencia en Baja California

De acuerdo con registros de las autoridades de seguridad, Héctor Manuel Gil García era identificado por el Grupo de Coordinación de Baja California como uno de los principales generadores de violencia con presencia en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.

Asimismo, informes oficiales lo ubicaban como uno de los presuntos responsables de dirigir células operativas del Cártel Arellano Félix tras la captura de otros objetivos prioritarios registrada a mediados de 2025.

Además del proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, trascendió que el detenido enfrenta otras investigaciones en el ámbito federal relacionadas con delincuencia organizada, las cuales son integradas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). No obstante, conforme al principio de presunción de inocencia, su responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente.

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EU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos y reiteró que Michoacán se mantiene bajo nivel 4 de “No viajar”, luego de los bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados el pasado sábado tras la captura de Alfonso “N”, identificado por autoridades mexicanas como líder del Cártel de Los Reyes. La representación diplomática advirtió que las actividades delictivas podrían intensificarse, recomendó evitar las zonas con presencia de fuerzas de seguridad, reducir al mínimo los desplazamientos, mantenerse informado por medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades en caso de emergencia.

Marina asegura más de 4 toneladas de cocaína en el Pacífico y detiene a 16 personas

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron cuatro embarcaciones con más de 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico y detuvieron a 16 personas durante operativos realizados en costas de Oaxaca y Chiapas. En una de las acciones, marinos localizaron dos lanchas frente a Oaxaca con cerca de 3 toneladas de cocaína, además de seis motores fuera de borda, mientras que en Chiapas aseguraron otras dos embarcaciones con alrededor de 1.4 toneladas de la droga y más de 2 mil litros de combustible. Además, la Semar reportó un enfrentamiento en Nayarit, donde un elemento resultó herido y un agresor murió, así como el hallazgo de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa, con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas.

Capturan a “El Tito”, presunto feminicida de Beany Lozano, tras operativo en Sinaloa

José Manuel “N”, alias “El Tito”, fue detenido en Guasave, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Beany Lozano, ocurrido el 6 de abril de 2026 en Tuxtla Chico, Chiapas.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, la captura se logró mediante información del Centro Nacional de Inteligencia y tras labores de vigilancia que permitieron ubicar un domicilio relacionado con el sospechoso. “El Tito” era uno de los hombres más buscados en Chiapas y por su localización se ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos. La joven Beany Lozano murió días después de ser encontrada con una herida de bala en la cabeza, mientras que su familia realizó movilizaciones en Chiapas y Ciudad de México para exigir justicia y la captura del presunto responsable.

Canadá presume operaciones en México donde fueron arrestados 10 criminales vinculados al narco: destaca a Ryan Wedding

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó que durante los últimos 12 meses apoyó la detención en México de 10 fugitivos canadienses buscados por delitos graves, entre ellos narcotráfico, homicidio, crimen organizado, delitos relacionados con armas de fuego e identidad. Entre los casos destaca Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico e identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, señalado por presuntamente liderar una red transnacional de tráfico de cocaína y metanfetamina vinculada con actos de violencia. La corporación canadiense también destacó operaciones internacionales como Hard Ball, Giant Slalom y Mano Muerta, con las que aseguró haber desarticulado estructuras criminales y decomisado más de 5.6 toneladas de cocaína y metanfetamina antes de que llegaran a comunidades de Canadá.

Procesan a dos hombres y detienen a otro por delitos sexuales contra menores en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que obtuvo dos vinculaciones a proceso y cumplimentó una orden de aprehensión contra tres hombres investigados por presuntos delitos sexuales cometidos en agravio de niñas y adolescentes. Juan Carlos “N”, de 29 años, fue procesado por violación agravada; Israel “N”, de 33, por estupro, y ambos permanecerán en prisión preventiva oficiosa. Además, agentes ministeriales detuvieron a Delfino “N”, de 61 años, por su probable participación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad en el municipio de Tlahuapan.

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Agentes federales detuvieron a un joven con 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en una maleta, el lunes 3 de agosto, tras la revisión de un autobús de pasajeros sobre la carretera federal México 15D, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. La detención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante recorridos preventivos del Grupo Interinstitucional activo en la entidad.

Los agentes realizaban labores de vigilancia en ese tramo de la 15D cuando detectaron una situación que derivó en la revisión del autobús. Al inspeccionar el equipaje de uno de los pasajeros, encontraron la maleta con la droga en su interior.

El detenido quedó de inmediato a disposición de la autoridad competente. Las instancias correspondientes son las encargadas de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Droga oculta en una maleta de pasajero

Los 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina estaban empacados dentro de una maleta que el joven transportaba como equipaje ordinario en el autobús. El destino del vehículo no fue precisado por las autoridades en la información oficial.

Las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni ofrecieron detalles adicionales sobre el origen o el destino previsto del cargamento. Las investigaciones continúan para establecer si el joven pertenece a alguna organización delictiva.

El Grupo Interinstitucional y los operativos en Sinaloa

La detención se enmarca en los operativos permanentes del Grupo Interinstitucional, una fuerza coordinada por corporaciones federales y estatales con presencia en puntos estratégicos de Sinaloa para contener el trasiego de drogas y otros delitos de alto impacto.

Ese mismo lunes, el Gabinete de Seguridad incluyó el caso de Escuinapa en su reporte de acciones relevantes correspondiente al 31 de julio, 1 y 2 de agosto. El documento también registró operativos simultáneos en otros municipios de la entidad.

En Culiacán, dentro de la colonia Libertad, agentes detuvieron a una persona a bordo de un vehículo y le aseguraron una ametralladora, un arma larga, cinco cargadores, 550 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, 100 pastillas de fentanilo, 200 dosis de metanfetamina y cuatro teléfonos celulares.

En Mocorito, en el poblado Zapote de los Cazares, fueron detenidas tres personas. En ese caso se aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 32 cartuchos, tres cargadores y dosis de metanfetamina.

Mazatlán y el balance de la jornada

En Mazatlán, en el poblado San Francisquito, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos armas largas, 2,047 cartuchos, 25 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

El conjunto de acciones del lunes 3 de agosto forma parte de la estrategia de saturación territorial que las fuerzas federales y estatales mantienen en Sinaloa, con operativos activos de forma simultánea en Escuinapa, Culiacán, Mocorito y Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México incluyó el caso en su reporte de acciones relevantes del 31 de julio, 1 y 2 de agosto. El documento registra que elementos federales detuvieron a una persona en la carretera 15D de Escuinapa y aseguraron 13.8 kilos de metanfetamina y una maleta.

Penas de hasta 25 años por narcotráfico

Esa cantidad supera 345 veces el umbral legal que separa el narcomenudeo del narcotráfico en México. El artículo 479 de la Ley General de Salud (LGS) fija la dosis máxima de consumo personal de metanfetamina en 40 miligramos; multiplicada por mil, la frontera entre ambas figuras queda en 40 gramos.

Con 13.8 kilos, la conducta cae en el supuesto del artículo 194 del Código Penal Federal (CPF), que sanciona el transporte y tráfico de narcóticos sin autorización con entre 10 y 25 años de prisión y multa de 100 a 500 días.

Si se acredita vinculación con una organización criminal, las penas pueden agravarse bajo otras figuras del mismo código.

Iván Martín “N” fue imputado por el feminicidio de Valeria Márquez, la creadora de contenido de 23 años asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza de Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo por TikTok. La imputación se formalizó ante el Juez Vigésimo de Control Miguel Ángel Galván Esparza, y este 4 de agosto, a las 14:00 horas, se celebra la audiencia donde se decidirá si el señalado queda vinculado a proceso. Desde su aprehensión el 1 de agosto, permanece en prisión preventiva oficiosa.

El caso sacudió a México en 2025 cuando el ataque quedó grabado en la propia transmisión de la víctima. Más de un año después, la Fiscalía del Estado de Jalisco acumula su primer imputado bajo resguardo y apunta a una red criminal que habría planeado el crimen con antelación.

La audiencia de este martes

Durante la audiencia celebrada el lunes, Iván Martín “N” se reservó su derecho a declarar y, a través de su defensa, se acogió al término constitucional.

Eso significa que la decisión sobre su vinculación a proceso recae ahora en la audiencia de este martes 4 de agosto. El juez determinará, con base en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.

Mientras se resuelve su situación jurídica, el señalado permanece en prisión preventiva oficiosa, medida que aplica de manera automática para delitos de esta naturaleza en el sistema penal mexicano.

Quién es Iván Martín “N” y qué papel habría tenido

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Iván Martín “N” no fue el agresor directo, sino el presunto coautor material del crimen.

Su función, según las autoridades, habría sido la de vigilante. Habría monitoreado el lugar antes del ataque mientras otro individuo ingresó al salón de belleza Blossom The Beauty Lounge bajo el pretexto de entregar un encargo a Valeria Márquez.

Una vez que el agresor confirmó la identidad de la víctima y abrió fuego, Iván Martín “N” habría escoltado su huida desde el estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real de Zapopan. Los involucrados utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para escapar.

El operativo y los indicios asegurados

La aprehensión se concretó el 1 de agosto en un operativo coordinado entre la Vicefiscalía especializada, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra.

De forma simultánea, se ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En ese domicilio, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, teléfonos celulares e identificaciones, todos incorporados a la carpeta de investigación.

La reconstrucción de la ruta de escape fue posible gracias al análisis de imágenes del sistema C5 y de cámaras de vigilancia particulares, que permitieron identificar la probable participación del detenido y establecer su trayectoria durante y después del ataque.

El crimen que conmocionó a México

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su propio negocio en el fraccionamiento Real del Carmen Grand de Zapopan. La joven, con más de 90 mil seguidores en TikTok, realizaba una transmisión en vivo cuando un hombre que se identificó como repartidor ingresó al local, confirmó su identidad y le disparó dos veces: uno en el torso y otro en la cabeza.

La transmisión continuó activa durante algunos segundos después del ataque. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Márquez ya no tenía signos vitales. La Fiscalía de Jalisco abrió de inmediato una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La red detrás del crimen: el CJNG y un exnovio prófugo

El avance judicial contra Iván Martín “N” se produce en el marco de una semana de movimientos acelerados en la investigación. El 31 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch reveló la línea principal que siguen las autoridades.

Según Harfuch, Francisco Álvarez Solorio, identificado extraoficialmente por medios mexicanos como hijo de "El R1" y menor de 30 años habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez, la habría amenazado en múltiples ocasiones y, finalmente, le habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

Su padre es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1“, presunto líder de la célula ”Los R’s" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Las autoridades señalan que el caso de Valeria Márquez es una investigación distinta, aunque la captura de “El R1” aportó indicios para avanzar en ella.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio", declaró García Harfuch.

Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo. Las autoridades lo buscan como el presunto instigador del crimen y la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para localizar a todos los implicados.

Las autoridades de Canadá informaron que 10 de sus fugitivos fueron detenidos en México durante los últimos 12 meses, como parte de la colaboración en materia de seguridad con México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional.

En un informe reciente, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) destacó que el fortalecimiento de la cooperación con ambos países ha permitido ampliar su capacidad para localizar y detener a personas buscadas por delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, homicidio, fraude, contrabando y delincuencia organizada.

“Esto le proporciona una mayor capacidad para combatir el crimen organizado y perseguir las amenazas criminales que afectan a Canadá junto con sus socios”, señaló la corporación en el documento.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y responsable de ordenar diversos asesinatos.

La lista también incluye a Maxime Paquette, considerado uno de los fugitivos más buscados de la provincia de Quebec por fraude y tráfico de información, cuya captura fue reportada el pasado 16 de julio.

Asimismo, la Policía Montada destacó las detenciones de Adham Haouili, acusado de tráfico de cocaína; Denis Iviziku, buscado por delitos relacionados con armas de fuego y drogas, y Maxime Favreau, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los fugitivos capturados en México

El informe también incorpora detenciones realizadas durante 2025, entre ellas la de Andrew Clark, identificado por las autoridades como uno de los principales colaboradores de Ryan Wedding; Daniel Tomassetti, requerido por Italia por el asesinato de un presunto jefe de la mafia; Martin Bessette, buscado por contrabando de tabaco, y Juan Manuel Rueda Salud, quien también era requerido por la justicia canadiense.

De acuerdo con la RCMP, estas capturas forman parte de una estrategia de cooperación internacional para desarticular organizaciones criminales que operan en distintos países y facilitar la localización de personas con órdenes de captura vigentes.

Aunque el informe resalta los resultados obtenidos en territorio mexicano, las autoridades canadienses no detallaron en qué estados fueron capturados los 10 fugitivos ni precisaron el estado de los procesos de extradición para cada uno de ellos.

Las operaciones con las que Canadá golpeó al crimen organizado

Además de reportar la captura de 10 fugitivos canadienses en México durante los últimos 12 meses, la RCMP aseguró que reforzó su estrategia internacional contra el crimen organizado mediante operaciones coordinadas con autoridades de México, Estados Unidos y otros países.

La corporación también destacó que, gracias a la cooperación con agencias de Colombia, Qatar, España y Francia, se concretaron nuevas detenciones de fugitivos canadienses fuera de su territorio, como parte de una red internacional para perseguir a integrantes de organizaciones criminales.

La RCMP explicó que su Programa Federal Internacional trabajó junto con las cuatro regiones policiales federales de Canadá y con autoridades estadounidenses para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia ese país. Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguraron más de 5.6 toneladas de cocaína y metanfetamina antes de que los cargamentos llegaran a comunidades canadienses.

Uno de los operativos fue la Operación Hard Ball, enfocada en la organización de Lawrence Bishnoi y otros grupos del crimen organizado transnacional con origen en India, señalados por extorsión, narcotráfico, homicidios selectivos y otros delitos graves. La investigación derivó en la imputación de 34 personas.

Otra de las investigaciones fue la Operación Giant Slalom, dirigida contra la estructura encabezada por Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense e identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La RCMP señaló que la organización mantenía vínculos con cárteles de la droga y operaba una red de tráfico de cocaína y metanfetamina, lavado de dinero y actos de violencia en Norteamérica. El operativo permitió la detención de 40 personas y afectó la capacidad operativa de la organización.

La tercera investigación, denominada Operación Mano Muerta, estuvo enfocada en integrantes de redes de narcotráfico vinculadas con cárteles mexicanos, entre ellos Roberto Scoppa y Guramrit Sidhu. Según la policía canadiense, la pesquisa desmanteló una estructura dedicada al tráfico transfronterizo de cocaína y metanfetamina hacia Canadá y derivó en la imputación de 19 personas.

La RCMP recordó que, a principios de este mes, Guramrit Sidhu fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión federal tras ser identificado como uno de los líderes de esa organización criminal.

Para las autoridades canadienses, los resultados obtenidos durante el último año reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional con organismos de seguridad de América y Europa, una estrategia con la que buscan combatir el crimen organizado transnacional, impedir el tráfico de drogas y localizar a personas requeridas por la justicia canadiense.

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán después de que la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, desató bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región de Los Reyes y Peribán, en una reacción atribuida a integrantes del Cártel de Los Reyes.

La representación diplomática advirtió que las fuerzas de seguridad locales permanecieron en alerta y que en la entidad se registraron bloqueos y actividad delictiva con riesgo de escalar. La recomendación recordó a los ciudadanos estadounidenses que la advertencia del Departamento de Estado para Michoacán se mantuvo en el nivel más alto: no viajar.

El episodio ocurrió después de que el Ejército Mexicano detuviera el sábado 1 de agosto en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón. Las autoridades mexicanas lo identificaron como líder del Cártel de Los Reyes, una facción que formó parte de Cárteles Unidos en la entidad.

La captura de “Poncho” provocó bloqueos e incendios en Los Reyes y Peribán

Tras el arresto, integrantes de esa organización criminal respondieron con narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

La alerta consular describió un escenario de seguridad inestable en el estado y pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar las zonas cercanas a operaciones policiales. También recomendó reducir desplazamientos innecesarios y buscar refugio en caso de detectar señales de disturbios.

Entre las medidas incluidas en el aviso figuraron mantenerse atentos al entorno, evitar aglomeraciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La embajada también pidió dar seguimiento a las posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos.

La representación estadounidense añadió que sus connacionales debían mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud por llamadas, mensajes de texto y redes sociales. En caso de emergencia, indicó llamar al 911 o solicitar asistencia directa a la embajada y a sus consulados en México.

Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por información para capturarlo

“Poncho” tenía una orden de aprehensión en México por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta USD 5 millones por información que condujera a su captura, debido a diversos cargos por narcotráfico que enfrentaba en ese país.

La detención fue confirmada esa noche por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X. Con ello quedó oficializado un operativo que ya había generado tensión en distintos puntos de la zona occidente de Michoacán.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificado por sus siglas HSI, también ubicaba a Fernández Magallón como jefe del grupo criminal. Esa referencia reforzó el interés de las autoridades estadounidenses en el seguimiento del caso y en la emisión de advertencias para sus ciudadanos.

La alerta no sólo reiteró la condición de no viajar al estado. También insistió en la necesidad de inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, para recibir avisos y facilitar la localización de ciudadanos en situaciones de riesgo.

Dentro de las recomendaciones operativas, la embajada señaló que los estadounidenses debían evitar zonas con presencia de fuerzas del orden, permanecer bajo resguardo si observaban indicios de violencia y limitar cualquier traslado que no fuera indispensable. El objetivo de esas medidas fue reducir la exposición ante hechos que podían agravarse en poco tiempo.

Durante el desarrollo del operativo también se reportó la presunta detención de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”. Autoridades de Estados Unidos lo habían señalado como uno de los líderes de Cárteles Unidos.

Ese señalamiento no fue presentado en el texto como confirmación oficial definitiva, por lo que la captura de Barragán Chávez permaneció en el terreno de lo presunto. Aun así, su nombre apareció ligado al mismo contexto de violencia que siguió al operativo contra Fernández Magallón en Michoacán.

La secuencia de hechos dejó una consecuencia inmediata para la movilidad y la seguridad en la región: carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y vigilancia reforzada por parte de las autoridades locales. Bajo ese escenario, la advertencia de viaje para Michoacán se mantuvo en el nivel 4 de no viajar.

• La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán por bloqueos carreteros y actividad delictiva con riesgo de escalada.
• La detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, provocó narcobloqueos e incendios de vehículos en Los Reyes y Peribán.
• Estados Unidos ofrecía hasta USD 5 millones por información para capturar a “Poncho”, quien enfrentaba cargos por narcotráfico en ese país.

El feminicidio de Valeria Márquez ha comenzado a tener avances a poco más de un año de cometerse el crimen en Zapopan, Jalisco, y de que quedó registrado durante una transmisión en vivo que realizaba a través de TikTok.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el principal sospechoso del asesinato de la influencer es Francisco Álvarez Solorio, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, líder de la célula de “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el funcionario, la línea de investigación que mantienen es que el hijo del líder criminal habría solicitado a su padre cometer el feminicidio, ya que de manera previa también había amenazado a la joven de 23 años.

Además, indicó que el hijo de “El R1″ mantuvo una relación sentimental con Valeria Márquez, aunque no detalló cuánto tiempo duró, pero explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de dar a conocer la información en próximos días debido a que se integra en la investigación contra el líder criminal, detenido en días pasados en Atotonilco el Alto, Jalisco.

Valeria mostró que temía por su vida en transmisiones previas

Antes de ser asesinada, Valeria Márquez mostró temor ante la llegada de personas desconocidas a su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Un video que circula en redes sociales muestra a la joven sentada en una de las características sillas rosas que tenía en su estética, vistiendo una playera sin mangas color negro y mientras transmitía en sus redes sociales.

Ante la llegada de un coche Camaro que se estaciona frente al salón de belleza, se observa a Valeria mirando con atención el vehículo y preguntar en voz alta de quién sería.

“¿Y ese Camaro? Son dos muchachos ¿no?, ¡Ay, no!“, dijo la joven influencer mientras se observaba nerviosa. En la misma transmisión recibió una llamada en la que preguntaban por otra persona.

Un segundo momento ocurrió el 13 de mayo de 2025, el mismo día de su asesinato y a pocos minutos de que una persona ingresara a su estética para dispararle en al menos cuatro ocasiones.

Mientras transmitía en TikTok, la joven recibió varios mensajes de su amiga Vivián en los que le decía que no se fuera porque le entregarían regalos de su parte.

Aunque Valeria Márquez insistía en que debía irse y que después los recogería, su amiga le decía que esperara porque quería ver su reacción; sin embargo, la joven mostró nerviosismo debido a que la trabajadora le comentó que ya había ido un presunto repartidor preguntando por ella.

En el material se escuchaba a la mujer decirle que habían solicitado entregárselo a Márquez de manera personal porque era un regalo muy caro, por lo que regresarían más tarde para dárselo.

La situación provocó que Valeria mostrara nerviosismo y que incluso dijera “a lo mejor me iban a matar o algo” e incluso pensar que la iban a secuestrar, pero decidió quedarse para recibir los envíos de su amiga.

Pese a su preocupación, la joven recibió un par de bebidas y un peluche de cerdito, pero minutos después una tercera persona ingresó al establecimiento y le disparó hasta matarla.

Valeria acusó a uno de sus exnovios como el responsable de lo que le sucediera

Previo a su muerte, la influencer también realizó publicaciones en sus redes sociales en las que acusó a un exnovio de lo que le sucediera a ella o su familia, aunque no dio ningún nombre.

La publicación volvió a circular en redes, en las que una cuenta atribuida a la joven denunció que recibió amenazas cuando se encontraba en un bar “porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Y me dijeron ‘por favor salte, porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él’”.

Luego de su muerte, una mujer que no quiso brindar su nombre pero que se identificó como amiga de Márquez, dijo a medios de comunicación que la influencer había sido amenazada en el bar y que recibía comentarios intimidantes de personas que le aseguraban “tu muerte está cerca de ti. Ten cuidado, fíjate con quién te relacionas”, aunque desconocía la razón.

Actualmente las redes sociales de Valeria Márquez o cuentan con pocas imágenes de ella o fueron eliminadas, los materiales que han sido recuperados se debe a usuarios que la seguían y conservaron fragmentos.

Las investigaciones continúan luego de que este fin de semana fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez; el único arrestado hasta el momento.

Las acciones se llevaron a cabo por elementos en funciones de Guardia Costera, quienes también lograron la detención de 16 personas que trasladaban los cargamentos de presunta droga en costas de Chiapas y Oaxaca.

Dos de las embarcaciones fueron ubicadas cuando navegaban de manera sospechosa frente a las costas de Oaxaca, por lo que se llevó a cabo una inspección por parte de los marinos. El resultado fue el aseguramiento de 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína, los cuales tenían un peso aproximado de 3 toneladas.

En la embarcación también se localizaron seis motores fuera de borda y se detuvo a 10 personas.

Otra de las acciones se registró en costas de Chiapas, donde los elementos navales aseguraron dos embarcaciones menores: una que transportaba 24 bultos con presunta cocaína con peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de 2 mil litros de combustible.

En la lancha se transportaban seis personas, quienes fueron detenidas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido decomisadas más de 80 toneladas de cocaína en costas mexicanas, lo que contribuye a detener el flujo de drogas.

De ser agredidos a balazos a ubicar un narcolaboratorio: las otras acciones realizadas por la Marina

La Secretaría de Marina informó que en una acción distinta realizada en el estado de Nayarit fueron atacados a balazos cuando realizaban recorridos terrestres en el municipio de Bahía de Banderas, específicamente en el poblado Aguamilpa.

Los marinos respondieron el ataque, dejando como saldo un elemento herido y un agresor abatido. Asimismo, fueron aseguradas un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

Una tercera acción, llevada a cabo en el poblado Península de Villamoros del municipio de Culiacán en Sinaloa, culminó con el hallazgo de un laboratorio clandestino con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

Las 16 personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Sin embargo, las autoridades informaron que el peso total de la presunta droga se encuentra pendiente por determinarse para ser posteriormente integrado a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados por la Marina.

"Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC y FGR, refrenda su compromiso de fortalecer las operaciones de vigilancia marítima para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, combatir el tráfico ilícito de drogas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de las y los mexicanos", detalló en un comunicado.

CJNG y Cártel de Sinaloa concentran el tráfico de droga en el Pacífico

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son las principales organizaciones criminales que han sido afectadas por decomisos de droga en el Pacífico mexicano.

Así lo confirmó el Almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionado sobre los aseguramientos realizados en altamar, el funcionario reiteró que han sido decomisadas más de 80 toneladas de presunta cocaína durante la actual administración y reveló que las organizaciones criminales modificaron su forma de operar.

De acuerdo con el secretario, los grupos delictivos introducen personas sin documentos a bordo de buques de carga con la instrucción de arrojar la droga al agua durante su travesía, esto con el objetivo de que embarcaciones menores la recojan de manera posterior.

El almirante precisó que la Marina concentró su despliegue en el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, con las Islas Revillagigedo —archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco— como punto de alerta temprana para detectar cargamentos antes de que se aproximaran a tierra.

Chiapas es el estado que más aseguramientos ha registrado, ya que en menos de tres semanas han ocurrido al menos tres hallazgos de lanchas con presunta droga.

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Procesan a hombre por el asesinato de su vecino en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Hugo “N”, alias “El Safe”, por el delito de homicidio calificado cometido el 26 de noviembre de 2025 en la colonia Plutarco Elías Calles del municipio de Querétaro.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue hallada sin vida sobre la calle Jorge Cuesta con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Las investigaciones de personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales permitieron establecer que el probable responsable era un vecino de la zona, quien presuntamente llegó al lugar en bicicleta antes de accionar el arma contra la víctima.

Fue así que la Fiscalía del Estado obtuvo una orden de aprehensión y una orden de cateo contra el imputado. La diligencia se ejecutó en el marco del operativo Sinergia Por Querétaro, lo que permitió localizar y detener a Víctor Hugo “N”.

En audiencia inicial, la autoridad judicial vinculó a proceso al imputado por homicidio calificado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El plazo concedido para la investigación complementaria es de tres meses.

Trasladan a 20 reos del penal de Mazatlán a Michoacán para “reducir riesgos”

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal (OADPRS) ordenó el traslado aéreo de 20 personas privadas de la libertad desde el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, Sinaloa, hacia el Centro Federal de Reinserción Social No. 17, ubicado en Michoacán.

La operación fue ejecutada con apoyo del Grupo Interinstitucional y coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE). Todos los internos trasladados enfrentan cargos por delitos del fuero federal, según informó la dependencia estatal.

Traslado busca reducir riesgos en centros penitenciarios de Sinaloa

La SSPE indicó que estas acciones, impulsadas por el Gobierno de México, contribuyen a reducir riesgos operativos en los centros penitenciarios sinaloenses.

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Detienen a hombre por violencia familiar en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP) detuvo a Aurelio “N” como presunto responsable del delito de violencia familiar en la colonia Viva México del municipio de Tapachula, durante patrullajes de prevención y proximidad social.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP), en coordinación con la Guardia Estatal Fronteriza (GEF) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP). El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que determinará su situación jurídica.

La dependencia señaló que la detención se enmarca en las acciones coordinadas que mantiene para combatir todo tipo de delitos y fortalecer la paz de las familias chiapanecas.

Detienen a tres hombres cubanos con dosis de droga en Quintana Roo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo detuvieron a tres hombres de nacionalidad cubana —identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”— por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, tras observar un aparente intercambio de sustancias en el estacionamiento del Mercado 28, sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio de Benito Juárez.

La acción se originó durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los policías detectaron el intercambio de bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana entre los tres individuos, lo que motivó una inspección preventiva.

A Yamir Jesús “N” se le aseguraron 39 bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana, 31 bolsitas con fragmentos cristalinos con características similares al cristal y un teléfono celular. A Luis David “N” le fueron incautadas 37 bolsitas de la misma hierba y 26 bolsitas de fragmentos cristalinos.

Carlos Alejandro “N” portaba tres bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana, tres bolsitas con fragmentos cristalinos con características similares al cristal, y tres bolsas de tela tipo ecológica en colores rojo, azul y azul oscuro.

Los tres arrestados, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que determinará su situación jurídica.

Procesan a hombre por extorsión agravada en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas obtuvo la vinculación a proceso contra Juan “N”, señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada cometido en perjuicio de una persona de identidad reservada en el municipio de Cintalapa de Figueroa y ocurrido en enero de 2024.

El Juez de Control del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa resolvió vincular al imputado a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Además, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y la paz en Chiapas bajo una política de cero impunidad. La dependencia no precisó detalles adicionales sobre la identidad de la víctima, cuya información permanece bajo reserva.

Detienen a 9 personas por despojo en Ecatepec

La Policía Municipal de Ecatepec detuvo a 9 personas por su probable participación en un intento de despojo de un inmueble en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, durante una acción en la que contaron con apoyo de la Fuerza de Tarea Marina.

Los arrestados, cinco hombres y cuatro mujeres, fueron identificados como Carolina Zaira “N”, César Iván “N”, Luis Ángel “N”, David Elituh “N”, David Guadalupe “N”, Alberto “N”, Lorena Adriana “N”, María del Pilar “N” y Vanessa “N”.

Su detención se derivó que alertas realizadas por vecinos del lugar al Centro de Mando sobre que los propietarios del inmueble se encontraban privados de su libertad, por lo que las autoridades procedieron a controlar la situación.

Las nueve personas fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo, donde las autoridades determinarán su situación jurídica conforme a la ley, según informó la Policía Municipal en su comunicado.

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Arrestan a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Este sábado se llevó a cabo un operativo en el municipio de Los Reyes, Michoacán, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La movilización provocó una serie de narcobloqueos con el objetivo de impedir el arresto de un líder criminal en la región.

Luego de horas en los que se registraron diversos hechos violentos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la operación permitió la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

Alfonso Fernández es buscado por las autoridades de los Estados Unidos al ser acusado por los delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego desde 2023. La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Yoshtan “N”, alias “El Diente de Oro”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas luego de que intentó obligar a una trabajadora sexual a que le pagara 2 mil pesos para permitirle continuar con actividades en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el sujeto es identificado como presunto integrante del Tren de Aragua, cuya vinculación a proceso se llevó a cabo por dicho delito en su modalidad de explotación sexual.

De acuerdo con los testimonios de la víctima, Yoshtan “N” le habría exigido un pago semanal de 2 mil pesos bajo amenazas verbales y telefónicas. Además, la habría seguido en varias ocasiones a bordo de una camioneta para ejercer control sobre ella, por lo que fue el pasado 22 de julio que decidió denunciar los hechos.

Luego de recibir la denuncia, las autoridades llevaron a cabo entrevistas, diligencias de reconocimiento y actos de investigación que permitieron identificar a Yoshtan “N” como el posible responsable, así como de establecer su presunta relación con el grupo delictivo del Tren de Aragua.

Esta célula criminal, de origen venezolano, está vinculada con delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes. Las autoridades han ubicado que mantiene operaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Fue detenido al salir del hospital

Derivado de las acciones de investigación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron información que refería que Yoshtan “N” se encontraba en un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que procedieron con su arresto cuando salió del centro médico el pasado 30 de julio.

En la primera audiencia, celebrado este viernes, la Fiscalía de CDMX formuló imputación y expuso los datos de prueba que permitieron que la autoridad judicial lo vinculara a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Capturan a “Lesli”, integrante del Tren de Aragua y enlace con la Unión Tepito

Una detención relevante dentro de la estructura del Tren Aragua en la Ciudad de México se registró en enero de este año, cuando autoridades federales y de la capital detuvieron a seis de sus integrantes, entre ellos una mujer identificada como enlace con La Unión Tepito, en operativos realizados en distintas alcaldías y centros penitenciarios del país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los detenidos estában vinculados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

La principal detenida, identificada como Lesli Valeri “N”, era la responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas en diferentes zonas de la Ciudad de México. Además, fungía como enlace entre el Tren de Aragua y La Unión Tepito.

La captura se concretó tras un operativo coordinado en dos viviendas ubicadas en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza. Las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con nombres vinculada al cobro de piso a mujeres.

Bryan “N”, el operador financiero de la organización

En la alcaldía Iztapalapa fue detenido Bryan “N”, señalado como operador financiero de este grupo criminal. Contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, y era el encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de los miembros de la célula.

Las investigaciones determinaron que Bryan “N” también proporcionaba viviendas para alojar a mujeres de nacionalidad extranjera bajo control de la red. Todos los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial tras los operativos.

Siete órdenes de aprehensión cumplimentadas en reclusorios de cuatro estados

Además de las detenciones en campo, las autoridades cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con trata de personas agravada y delincuencia organizada. Cuatro se ejecutaron en el Reclusorio Varonil Norte y una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en la Ciudad de México.

Las tres restantes se cumplimentaron fuera de la capital: una en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, en Puebla, y otra en el Centro Federal de Reinserción Social No. 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit.

Un operativo de vigilancia en el Mercado 28 de Cancún culminó con la detención de tres ciudadanos cubanos, a quienes policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo aseguraron 139 dosis de sustancias con características similares a marihuana y cristal.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio de Benito Juárez, donde los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron un aparente intercambio de pequeñas bolsitas entre los tres hombres, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Los detenidos fueron identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Esto fue lo que aseguraron las autoridades

Durante la revisión, los policías localizaron diversas bolsitas con sustancias que presentaban características similares a marihuana y cristal, además de un teléfono celular.

A Yamir Jesús “N” le aseguraron 39 bolsitas con hierba verde, 31 con fragmentos cristalinos y un teléfono celular.

En tanto, Luis David “N” tenía 37 bolsitas con hierba verde y 26 con una sustancia cristalina.

Por su parte, Carlos Alejandro “N” llevaba tres bolsitas con hierba verde, tres con fragmentos cristalinos y tres bolsas ecológicas de distintos colores, las cuales también fueron aseguradas durante el operativo.

En total, las autoridades decomisaron 139 dosis de presuntas drogas, entre sustancias con características similares a marihuana y cristal.

Los detenidos, a disposición de la Fiscalía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los tres hombres y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado si los detenidos son investigados por su posible relación con alguna organización delictiva que opere en Quintana Roo o si cuentan con antecedentes penales. Conforme al debido proceso, será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación legal con base en las investigaciones.

Cancún, una plaza estratégica para grupos criminales que disputan el narcomenudeo y otras actividades ilícitas en Quintana Roo

Cancún se ha convertido en una de las zonas estratégicas para distintos grupos delictivos debido a su actividad turística, su conectividad aérea y marítima, así como su ubicación dentro de rutas utilizadas para el traslado de drogas y otros mercados ilícitos.

Reportes de seguridad y análisis sobre la violencia en Quintana Roo han identificado la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de células locales como Los Pelones y Los Independientes, grupos que han sido relacionados con disputas por el control territorial, principalmente en actividades como el narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.

La disputa entre estas organizaciones ha provocado distintos episodios de violencia en municipios como Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, así como en otros puntos turísticos de la entidad. Las autoridades estatales y federales han señalado que una parte importante de los conflictos está relacionada con el control de puntos de venta y distribución de drogas al menudeo.

A pesar de este contexto, hasta el momento las autoridades no han informado que los tres hombres detenidos en el estacionamiento del Mercado 28 tengan alguna relación con una organización criminal específica. La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existen otros elementos dentro de la investigación.

Este sábado, Morena emitió un posicionamiento para aclarar la situación de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, luego de la detención de este último como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional, el partido afirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca ha sido militante ni ha ocupado cargo alguno dentro de Morena, por lo que rechazó cualquier vínculo con el detenido.

En el mismo documento, el instituto político precisó que Roldán Álvarez Ayala sí formó parte de Morena, aunque informó que fue expulsado desde noviembre de 2025.

“Morena reitera que se distancia categóricamente y rechaza que el individuo ahora detenido sea o haya sido miembro del Partido, ya que no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”, señaló el partido al referirse a “El R1”.

Asimismo, sostuvo que en sus filas “no se encubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades”, además de expresar su respaldo a las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y sancionar a todos los responsables.

El partido también recordó que, desde noviembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala y criticó las prácticas de impunidad que, dijo, persistían en el sistema judicial.

¿Quién es Roldán Álvarez Ayala?

Roldán Álvarez Ayala es un político michoacano que inició su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político con el que fue presidente municipal de Apatzingán. Posteriormente ocupó diversos cargos en la administración pública estatal antes de incorporarse a Morena.

De acuerdo con el propio partido, Roldán participó en la vida interna de Morena en Michoacán; sin embargo, no detalló qué cargo desempeñó dentro de su estructura. La dirigencia únicamente informó que fue expulsado de sus filas en noviembre de 2025.

Su nombre volvió a cobrar relevancia tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, debido a que ambos comparten parentesco, aunque Morena insistió en que la trayectoria política de Roldán no implica un vínculo institucional con las actividades ilícitas que las autoridades atribuyen a “El R1”.

¿De qué acusan a “El R1”?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, como presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades federales atribuyen a este grupo delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas en distintas regiones de Michoacán, además de afectar a productores, empresarios y habitantes mediante el cobro de extorsiones.

Según la SSPC, “El R1” es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que su captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la dependencia, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta detención, las autoridades informaron que ya suman 31 personas capturadas por su presunta relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, fue puesto en prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en su contra y de Jesús “N” tras ser detenidos en Atotonilco el Alto, Jalisco.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial valoró los argumentos y les dictó prisión preventiva oficiosa por su probable participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La decisión se tomó luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que tanto el “R1″ como Jesús “N” fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No.1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El “R1″ es identificado como líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades lo señalan como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Cabe señalar que por este proceso aún no ha sido imputado, por lo que será en los próximos días en los que podría ser presentado para que comience el proceso correspondiente.

La detención de Álvarez Ayala se llevó a cabo en una operación encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves 30 de julio.

Tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, los elementos fueron desplegados al municipio de Atotonilco el Alto, donde fueron agredidos a balazos por escoltas del “R1″. El enfrentamiento dejó como saldo un agresor abatido.

Célula de “Los Rs” está vinculada con extorsiones a productores y actividades de narcotráfico

Omar García Harfh, titular de la SSPC, informó que entre los indicios con los que cuentan de su posible implicación en el homicidio del exdil se encuentra análisis forense de equipos telefónicos asegurados a detenidos, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales y testimonios, así como datos obtenidos mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

La célula de “Los Rs” mantiene operaciones en los municipios de Apatzingán, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro, Tzitzio, Uruapan y Morelia, en el estado de Michoacán, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones de Jalisco.

El secretario informó que este grupo está relacionado con actividades de narcotráfico, suministro de armas y municiones, extorsión y cobro de piso, además de agresiones y homicidios contra integrantes de grupos rivales.

Dichas actividades delictivas afectaban directamente a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas, empresas de servicios y otros sectores económicos.

Harfuch informó que con esta acción suman 31 personas detenidas por el homicidio del exalcade, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública del municipio de Uruapan, cuando Manzo se encontraba junto a su familia y habitantes en el Festival de las Velas y fue atacado a balazos por un adolescente de 17 años de edad, quien posteriormente fue abatido.

Cabe señalar que el “R1″ ya había sido capturado en Jalisco el 6 de noviembre de 2012 junto a su hermano Rafael, alias “R2″, identificado como jefe operativo del CJNG, actualmente liderado por Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″.

En ese entonces, las autoridades lo identificaron como el principal colaborador y hombre de confianza de Nemesio Oseguera, quien le dio el control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y la zona norte del estado.

Diez años después, el 18 de noviembre de 2022, Ramón Álvarez Ayala fue liberado por un juez, en lo que se denominó un “sábadazo” debido a que se ejecutó durante la madrugada.

La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan. La captura se realizó el 1 de agosto como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue aprehendido en un operativo encabezado por agentes ministeriales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de que un juez librara una orden de aprehensión en su contra.

Las indagatorias apuntan a que Iván Martín “N” habría tenido participación antes, durante y después del ataque contra la creadora de contenido. La Fiscalía sostiene que los presuntos responsables utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer la agresión y facilitar la huida.

Según la investigación, el recorrido de los vehículos fue reconstruido mediante el análisis de cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación sobre los movimientos de los involucrados.

Como parte de las diligencias, las autoridades también ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. En el domicilio aseguraron dos armas de fuego —una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros—, además de teléfonos celulares e identificaciones, objetos que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para identificar y detener a otras personas que presuntamente participaron en el feminicidio, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El feminicidio de Valeria Márquez

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco. El ataque quedó registrado parcialmente en la emisión que realizaba en redes sociales, hecho que provocó una amplia reacción pública y dio pie a una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre diversas diligencias para esclarecer el caso, entre ellas el análisis de videograbaciones, el seguimiento de los vehículos presuntamente utilizados en la agresión y la obtención de órdenes judiciales contra los posibles responsables.

Con la captura de Iván Martín “N”, las autoridades suman un detenido por el caso, aunque las investigaciones permanecen abiertas para localizar a los demás presuntos implicados y establecer cómo se planeó y ejecutó el crimen.

Alfonso Fernández Mallagón, alias “Poncho la Quinringua”, fue detenido en un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán, en medio de narcobloqueos con los que intentaron impedir su aseguramiento.

El hombre es identificado como líder del Cártel de Los Reyes, un grupo criminal perteneciente a Cárteles Unidos, una célula compuesta por la alianza de diversos cárteles que conforman una misma estructura, y entre los que se encuentran el de Los Reyes y el de Tepalcatepec.

Esta alianza comentó para evitar la incursión de cárteles más grandes y organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que llevó a diversas células a unirse para evitar que tomarán el control del estado.

De acuerdo con la Defensa, el Cártel de Los Reyes mantiene presencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, en Michoacán.

Relacionado con ataques con drones contra militares

Las actividades delictivas a las que se le vincula a “Poncho la Quiringua” son con delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico. Dentro de la alianza que mantenía con Cárteles Unidos, Alfonso Fernández Mallagón se desempeñaba como colaborador cercano de Juan José Farías, alias “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec.

Las autoridades señalan a “Poncho la Quiringua” como responsable de los ataques con drones contra militares ocurridos el 19 de enero de 2025 en Cotija y del 15 de junio y 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona, en el mismo estado.

EEUU ofrecía una recompensa de hasta 5 mdd por su captura

Desde agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta por 5 millones de dólares por información que permitiera la captura de Alfonso Fernández Magallón.

Las investigaciones en contra del Cártel de Los Reyes y de Cárteles Unidos en EEUU comenzaron en 2019 en Knoxville, Tennessee, derivado de un accidente automovilístico que reveló un cargamento de metanfetamina y derivó en el cateo a un domicilio de Georgia, donde fueron asegurados metanfetamina, pastillas de fentanilo y heroína.

De acuerdo con las autoridades de ese país, las investigaciones permitieron identificar a Cárteles Unidos, específicamente a Fernández Magallón como responsable del tráfico de sustancias controladas desde décadas atrás, así como su control de pistas de aterrizaje de aviones para transportar cocaína desde Colombia y hasta Michoacán.

En julio de 2023 fue acusado en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, y fue hasta agosto de 2025 que el Departamento del Tesoro de EEUU emitió sanciones en su contra por su relación con Cárteles Unidos.

Durante el anuncio, las autoridades estadounidenses señalaron a “Poncho la Quiringua” por sus actividades de reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para la organización criminal con el objetivo de enfrentar al CJNG.

Líder del Cártel de Los Reyes fue detenido junto a dos hombres: acción provocó narcobloqueos

Durante su captura, Fernández Magallón fue localizado junto a dos personas más en la localidad de Imbarácuaro y en posesión de armamento, municiones diversas y droga.

Luego de su arresto, se registraron 6 bloqueos carreteros en el estado con el objetivo de impedir su traslado, pero estos fueron desactivados.

Tanto el líder criminal como sus acompañantes y los objetos asegurados fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Se trata de la segunda detención relacionada con líderes criminales con operaciones en Michoacán, ya que la primera fue la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, líder del grupo criminal de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG y que mantiene operaciones tanto en esta región como en Jalisco.

El “R1″ es señalado por las autoridades como el presunto autor material del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública del municipio.

La defensa legal de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto líder de la célula Los Rs del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, promovió un juicio de amparo por presuntas violaciones a sus derechos tras su reciente captura.

El recurso fue presentado luego de que el presunto operador criminal fuera detenido el pasado jueves durante un operativo encabezado por fuerzas federales en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.

De acuerdo con registros judiciales, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México admitió a trámite el amparo; sin embargo, hasta el momento no existe una resolución de fondo y continúa el análisis sobre los argumentos presentados por la defensa.

Defensa denuncia incomunicación y posible tortura

El juicio de amparo fue promovido por la probable incomunicación, tortura, expulsión del territorio nacional y destierro en perjuicio de Ramón Ángel “N”.

Con este recurso, la defensa busca que la autoridad judicial verifique las condiciones en las que permanece bajo custodia y determine si existió alguna vulneración a sus derechos fundamentales tras la detención.

La captura del “R1” fue resultado de un operativo coordinado por fuerzas federales, en el que también fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, además de que se reportó la muerte de un presunto agresor durante el enfrentamiento.

Las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos y diversos indicios que ahora forman parte de las investigaciones ministeriales.

Aunque el amparo ya fue admitido, esto no modifica la situación jurídica del presunto líder criminal ni implica que vaya a ser liberado, ya que únicamente abre la revisión judicial de las presuntas violaciones denunciadas por sus abogados.

Investigan su papel en el asesinato de Carlos Manzo

Ramón Ángel “N” es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el año pasado durante un evento público.

La investigación por este homicidio permanece en manos de la Fiscalía estatal, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza si formulará imputaciones adicionales derivadas del armamento, vehículos y demás objetos asegurados durante su captura.

Según las investigaciones federales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, habría designado al “R1” como responsable de las operaciones del CJNG en la zona metropolitana de Jalisco y posteriormente en Michoacán.

Desde Uruapan encabezó la célula conocida como Los Cannabis, considerada una de las principales estructuras operativas del CJNG en esa región.

Durante su gestión como alcalde, Carlos Manzo impulsó diversos operativos contra ese grupo criminal. Dos meses antes de ser asesinado, autoridades municipales capturaron a René Belmonte Aguilar, alias “El Rhino”, identificado como jefe de plaza de Los Cannabis.

La detención fue difundida públicamente por el propio alcalde en redes sociales, situación que, según las líneas de investigación, habría provocado represalias por parte de la organización criminal.

Captura del “R1” también impacta el caso Valeria Márquez

La detención de Ramón Ángel “N” también representa un avance en las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio en Zapopan, Jalisco.

Durante la conferencia matutina del pasado 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que Francisco “N”, hijo del “R1” y expareja de la creadora de contenido, habría solicitado a su padre ordenar el crimen.

De acuerdo con el funcionario, existen indicios de que Francisco “N” había amenazado previamente a la joven y que posteriormente pidió al presunto líder criminal ejecutar el feminicidio.

Las autoridades federales precisaron que esta hipótesis continúa siendo integrada a la carpeta de investigación por la FGR y que el hijo del “R1” permanece prófugo.

La Secretaría de Seguridad señaló que la captura de Ramón Ángel “N”, resultado de meses de trabajos de inteligencia entre la SSPC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR y autoridades estatales, podría aportar información relevante para localizar al presunto autor intelectual del feminicidio y fortalecer ambas investigaciones judiciales.

La sentencia de cadena perpetua impuesta en Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, no solo cerró uno de los procesos judiciales más relevantes contra el narcotráfico, sino que volvió a colocar bajo los reflectores la controversia sobre las circunstancias de su captura y las consecuencias que ésta ha tenido para la seguridad en Sinaloa.

A dos años de la detención del capo, el gobierno mexicano continúa exigiendo explicaciones a Washington sobre el posible involucramiento de agencias estadounidenses en una operación que derivó en una profunda fractura dentro del Cártel de Sinaloa y desencadenó una ola de violencia que aún no logra ser contenida.

La captura que sigue generando cuestionamientos

El 25 de julio de 2024, “El Mayo” Zambada llegó a territorio estadounidense a bordo de una aeronave que aterrizó en Texas. Posteriormente, el propio narcotraficante sostuvo que fue llevado contra su voluntad por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Desde entonces, el gobierno mexicano cuestionó la versión oficial de Estados Unidos, que aseguró que sus agentes no participaron en la captura del líder criminal.

Durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se solicitaron informes para esclarecer lo ocurrido; sin embargo, las respuestas no disiparon las dudas sobre el papel de las autoridades estadounidenses.

La polémica volvió a intensificarse recientemente después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donara a un museo la aeronave utilizada para trasladar a Zambada a Estados Unidos, hecho que reavivó las sospechas sobre una posible participación directa de agencias federales en la operación.

Tras conocerse la sentencia de cadena perpetua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención estadounidense en la captura resulta “obvia”, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertos requerimientos de información dirigidos a las autoridades de ese país.

La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza continúa

Más allá del proceso judicial contra “El Mayo”, especialistas consideran que el mayor impacto de su captura se reflejó en la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.

La detención provocó una confrontación entre las facciones conocidas como Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y La Mayiza, integrada por operadores leales a Ismael Zambada.

Desde entonces, diversas regiones de Sinaloa han registrado una escalada de violencia con enfrentamientos armados, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados de habitantes.

De acuerdo con estimaciones citadas por especialistas, el conflicto interno ha dejado más de tres mil personas asesinadas, además de miles de desplazados que abandonaron sus comunidades ante los constantes enfrentamientos entre grupos criminales.

Aunque el gobierno federal reforzó la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad en la entidad, analistas consideran que las acciones han servido principalmente para contener parcialmente la violencia sin desarticular las estructuras criminales.

Expertos advierten que el conflicto está lejos de terminar

El analista en seguridad David Saucedo sostuvo en una entrevista que el gobierno mexicano no puede dejar de investigar las circunstancias de la captura de Zambada debido a que, de confirmarse la participación de agentes estadounidenses en territorio nacional, se trataría de un precedente de gran relevancia para la soberanía del país.

En materia de seguridad, el especialista considera que la estrategia actual tiene un efecto principalmente disuasivo y no representa un golpe definitivo contra las organizaciones criminales.

Según su evaluación, los principales liderazgos del Cártel de Sinaloa permanecen operando y conservan intacta buena parte de su capacidad financiera y armada.

Entre los objetivos prioritarios que continúan prófugos se encuentran Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de Los Chapitos, e Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, considerado uno de los principales dirigentes de La Mayiza. Ambos son buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que mantienen recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que permita su captura.

A este panorama se suma la acusación presentada por autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalan de presuntamente haber recibido sobornos para favorecer a integrantes de Los Chapitos, un señalamiento que añade un nuevo componente político a la crisis de seguridad que enfrenta la entidad.

Con la condena definitiva de “El Mayo” Zambada, el histórico liderazgo del narcotraficante llega a su fin en los tribunales estadounidenses, pero las consecuencias de su captura continúan marcando el panorama político, diplomático y de seguridad entre México, Estados Unidos y el estado de Sinaloa.

Un ataque armado registrado durante un funeral en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. La agresión ocurrió cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el panteón de la comunidad de El Pedregoso y abrió fuego contra los asistentes al sepelio.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del viernes, cuando al menos cuatro sujetos con rifles de asalto y vestimenta táctica ingresaron al camposanto mientras familiares y amigos despedían a una persona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores dispararon directamente contra algunos de los presentes y, tras cometer el ataque, escaparon a bordo de una camioneta con rumbo desconocido.

Un hombre murió y un menor resultó herido

En el lugar perdió la vida Rosalino “P”, de 55 años de edad, quien asistía al funeral.

Además, dos hombres resultaron gravemente lesionados por impactos de arma de fuego, entre ellos un menor de edad, por lo que fueron auxiliados por los propios asistentes al sepelio, quienes los trasladaron a hospitales de la región para recibir atención médica.

Personal de la Fiscalía estatal acudió al panteón para realizar el procesamiento de la escena del crimen, recabar indicios balísticos y ordenar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál sería el móvil de la agresión ni si el ataque estaba dirigido específicamente contra alguna de las personas que acudían al funeral.

Tampoco se ha dado a conocer la identidad de la persona que estaba siendo sepultada ni si existe alguna relación entre su fallecimiento y el atentado registrado durante las exequias.

Sin detenidos tras el ataque

Luego de la agresión se desplegó un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, hasta el cierre de los reportes oficiales no se informaba sobre personas detenidas.

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Tacámbaro es una de las regiones donde autoridades federales y estatales han identificado la presencia de grupos delictivos que disputan el control territorial.

Entre las organizaciones que operan en esa zona se encuentran células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Pueblos Unidos, organización que las autoridades han señalado como un brazo armado relacionado con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios.

La confrontación entre estas organizaciones ha provocado en los últimos años diversos hechos violentos, incluidos ataques armados, enfrentamientos y homicidios en municipios de la región.

Se repiten los ataques durante ceremonias fúnebres

El atentado en Tacámbaro ocurre apenas unas semanas después de otro episodio de violencia registrado durante un velorio en Michoacán.

El pasado 11 de julio, un grupo armado atacó a los asistentes a un funeral en la comunidad de Tzintzimeo, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón.

En aquella ocasión, hombres armados irrumpieron en el velorio de una persona asesinada un día antes y dispararon contra los presentes, dejando un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, además de cuatro lesionados.

Al igual que en el caso ocurrido en Tacámbaro, los responsables lograron escapar y no se reportaron detenciones.

Estos hechos reflejan un patrón de violencia en el que ceremonias funerarias se convierten en escenarios de ataques armados, una modalidad que ha encendido las alertas de las autoridades debido al riesgo que representa para familiares, amigos y habitantes que acuden a despedir a sus seres queridos.

Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, es señalado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pieza clave en la estructura financiera del grupo criminal. Además de su presunto papel dentro de la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, las autoridades estadounidenses lo vinculan con el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.

El nombre de “El Cachas” volvió a cobrar relevancia luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera, junto con seis integrantes de su familia, en la lista de personas sancionadas por presuntamente integrar una red dedicada al lavado de dinero para la organización criminal.

Las investigaciones señalan que el grupo familiar controla al menos cuatro empresas que, según las autoridades estadounidenses, habrían servido para ocultar recursos y facilitar operaciones financieras del CJNG.

De huachicolero a integrante de la élite del CJNG

De acuerdo con registros oficiales citados por autoridades estadounidenses, Gerardo Botello comenzó su trayectoria criminal a principios de la década de los 2000, cuando participó en actividades relacionadas con el robo de combustible.

Posteriormente ascendió dentro de la estructura del CJNG hasta convertirse en líder regional en Michoacán y Guanajuato. Su cercanía con el círculo más cercano de “El Mencho” se consolidó al integrarse a la organización a través de Los Valencia, además de desempeñarse como guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa” y esposa del líder del CJNG.

Botello permaneció como jefe de seguridad de Rosalinda González hasta mayo de 2018, cuando fue detenido en Zapopan, Jalisco.

Tras su captura, el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, lo calificó como un objetivo de alta peligrosidad y le atribuyó diversos delitos, entre ellos homicidio de policías y rivales del CJNG, secuestro, extorsión y delitos contra la salud, por lo que fue vinculado a proceso.

Operó desde prisión y fue relacionado con el Rancho Izaguirre

Aunque el gobierno mexicano anunció en 2018 que sería extraditado a Estados Unidos, dicha entrega nunca se concretó.

Según el Departamento del Tesoro, “El Cachas” continuó coordinando operaciones del CJNG desde el penal de Puente Grande, en Jalisco, donde presuntamente mantuvo el control de actividades criminales y financieras de la organización.

Si bien en 2020 fue sentenciado a siete años de prisión, autoridades estatales señalaron en 2025 que ya no tenía procesos pendientes y se encontraba en libertad.

Su nombre volvió a aparecer públicamente luego de que fuera mencionado en una narcomanta colocada en Zapopan, en la que se le relacionó con el Rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG.

En ese mensaje también se le acusó de llevar la contabilidad de personas privadas ilegalmente de la libertad por la organización criminal.

Las autoridades estadounidenses retomaron esos señalamientos y añadieron que Botello presuntamente reclutaba integrantes para el CJNG mediante mecanismos de coerción y violencia.

La red empresarial de la familia Botello

El Departamento del Tesoro identificó cuatro empresas que presuntamente forman parte de la estructura financiera encabezada por Gerardo Botello y sus familiares.

Entre ellas destaca Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., dedicada a la fabricación y comercialización de calzado infantil en Guanajuato.

También aparecen Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V., enfocada en cultivos para bebidas en Nayarit; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V., empresa con operaciones en Michoacán y Jalisco autorizada para prestar servicios de seguridad privada armada; y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V., dedicada a la producción de agave y tequila en Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, la esposa, hijos, sobrinos y un primo de “El Cachas” ocupaban cargos directivos o administrativos dentro de estas compañías, además de participar presuntamente en actividades relacionadas con la estructura financiera del CJNG.

Entre ellos figuran Liliana Cisneros Tapia, Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz, Ricardo Botello Ortiz, Miguel Ángel Ayala Botello y Gustavo Botello Rodríguez, este último detenido por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Con estas sanciones, el gobierno de Estados Unidos busca debilitar la capacidad económica del CJNG mediante el congelamiento de activos y el bloqueo de operaciones comerciales de personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización criminal.

Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron un arma larga tipo AK-47, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un chaleco táctico y retiraron cinco cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió mientras personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la comunidad como parte de las acciones coordinadas para inhibir la presencia de grupos delictivos.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron diversos objetos abandonados a un costado de una vialidad. Al aproximarse para inspeccionar el área, confirmaron que se trataba de un arma de fuego de alto poder y equipo táctico, por lo que procedieron a asegurar el sitio.

Aseguran armamento y equipo táctico

Tras la revisión del lugar, las autoridades localizaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, cinco cargadores para arma larga, 150 cartuchos útiles del mismo calibre y un chaleco táctico en el que se encontraban colocados los cargadores abastecidos.

Además del armamento, el personal de la BOI detectó la existencia de cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de la zona.

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener vigilancia sobre los accesos a determinadas comunidades, una práctica conocida como “halconeo”, por lo que las cámaras fueron desmontadas y aseguradas.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si está relacionado con alguna organización delictiva que opere en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante este operativo, ya que los objetos fueron encontrados abandonados.

La violencia continúa en distintos puntos de Sinaloa

El aseguramiento en Navolato ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados en otras zonas del estado. Horas antes, un hombre fue asesinado a balazos en una zona de invasiones ubicada en el fraccionamiento La Providencia, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Isaías “N”, de 49 años de edad, vecino de la colonia Los Huizaches. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó a una choza construida con láminas, madera y material reciclable, donde abrió fuego en su contra.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre la avenida San Jorge y Santa Rita, a espaldas del Mercado Humberto Gómez Campaña y a pocos metros del Mercado de Abastos.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja únicamente corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante las diligencias, peritos localizaron y aseguraron varios casquillos para armas de grueso calibre que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer las características de los responsables ni se reportan personas detenidas por este homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del lugar, el inmueble donde ocurrió el ataque ya había sido escenario de otro hecho violento el pasado 9 de mayo, cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en ese mismo sitio, lo que refleja la persistencia de la violencia en distintos sectores de la capital sinaloense mientras continúan los operativos de seguridad en municipios como Navolato.

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EEUU emite alerta de seguridad ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 31 de julio de 2026 una alerta de seguridad para sus ciudadanos en el estado de Michoacán, donde se reportaron bloqueos de carreteras y actividad delictiva con riesgo de escalada.

El comunicado recordó que el Departamento de Estado mantiene para esa entidad una advertencia de viaje de nivel 4: Do Not Travel, la categoría más alta que aplica Washington para destinos en el extranjero.

La alerta señaló que las fuerzas de seguridad locales se encontraban en estado de alerta ante la situación. El documento no identificó a grupos específicos ni detalló las zonas exactas afectadas por los presuntos bloqueos o la actividad delictiva reportada. El reporte podría derivar de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

La embajada pidió a sus ciudadanos evitar las zonas cercanas a actividades policiales, minimizar los desplazamientos innecesarios y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios. También les recomendó mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

El comunicado instó a los ciudadanos estadounidenses a mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación, así como a estar atentos a posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos. En caso de emergencia, la embajada indicó que debían llamar al 911 o comunicarse con ella al (55) 2579-2000 desde México, o al 011-52-(55)-2579-2000 desde Estados Unidos.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con nueve votos a favor y dos en contra la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano con el que buscó revisar perfiles antes de su registro para detectar posibles vínculos con el narco, delitos graves o corrupción rumbo a las elecciones de 2027. La nueva instancia quedó bajo la presidencia del consejero electoral Arturo Chávez y se concibió como parte del cumplimiento de una reforma legal que amplió las responsabilidades del instituto en la revisión previa de aspirantes a cargos de elección popular.

La votación del Consejo General también definió la primera integración completa de la comisión: además de Chávez, participaron la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas. El órgano electoral determinó además que la Secretaría Técnica quedara a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del propio instituto.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo durante la sesión vespertina de este jueves que la puesta en marcha de esta comisión reforzó la capacidad del organismo para responder con rapidez a las exigencias de la vida democrática y asumir las nuevas tareas que le encomendó el Poder Legislativo. En su intervención, planteó que el mandato legal debía convertirse en una política institucional sólida y en una visión de Estado para atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano.

Taddei afirmó: “Hoy el INE está llamando a convertir un mandato legal en una política institucional sólida y en una visión de Estado que permita atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano. La puesta en marcha de esta Comisión fortalece la presencia del Instituto como una autoridad que responde con oportunidad a las exigencias de la vida democrática y que incorpora a su actuación las nuevas responsabilidades definidas por el legislador”.

La comisión revisó listas antes del registro de candidaturas

La función central de la comisión quedó delimitada en la revisión de los listados de personas que pretendieran postularse a cargos de elección popular antes de que fueran registradas ante la autoridad electoral. El propósito fue verificar si existían nexos con el crimen organizado o antecedentes relacionados con conductas que comprometieran la integridad de una eventual candidatura.

Taddei explicó que esa información sería remitida a las instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera para que realizaran el análisis de riesgo correspondiente dentro de sus atribuciones. También precisó que el instituto concentraría la interlocución, daría cauce a las solicitudes y comunicaría los resultados emitidos por las autoridades especializadas, con protección de datos personales y sin comprometer el ejercicio de derechos.

La presidenta del INE subrayó que el organismo no determinaría por sí mismo la existencia de un riesgo razonable, no llevaría a cabo investigaciones propias y tampoco sustituiría a los partidos políticos en la selección de sus candidaturas. Con esa delimitación, el instituto buscó marcar que su papel sería de enlace institucional y no de autoridad investigadora ni de instancia partidista.

En otro tramo de su mensaje, Taddei señaló: “El valor de la tarea de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas radica en su capacidad de ser interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes para dotar de mayores elementos la toma de decisiones que afectan la vida diaria de la ciudadanía”.

El órgano quedó fuera del control directo de los partidos

Durante el debate, la consejera Carla Humphrey propuso que los partidos políticos y las representaciones del Congreso de la Unión ante el Instituto Nacional Electoral no tuvieran espacio dentro de la Comisión de Verificación. La modificación al proyecto inicial recibió el respaldo de las once consejerías.

Arturo Chávez respaldó esa exclusión y argumentó que los partidos no podían integrarse al nuevo órgano por el carácter confidencial de la información que ahí se trataría. Después de agradecer su nombramiento, sostuvo que la comisión buscaría cerrar espacios a perfiles que pudieran representar riesgos para la función pública mediante procedimientos de intercambio de información entre autoridades de seguridad y del sector financiero.

Chávez remarcó que ese mecanismo no implicaría sustituir las atribuciones de los partidos para definir sus candidaturas. También indicó que la decisión final sobre el registro seguiría en manos de los propios institutos políticos.

La integración se planteó como temporal, pero con permanencia de tres años

Antes de su aprobación, el proyecto de acuerdo estableció que la integración inicial de la comisión sería una medida temporal y excepcional. Aun con ese carácter, también previó que las tres consejerías permanecieran en el órgano por un periodo de tres años.

El documento contempló además que, en septiembre de este año, cuando se realizaran nuevas integraciones del resto de comisiones, se debería prever que quienes formaran parte de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas respetaran el tope de cuatro comisiones fijado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En una versión previa del planteamiento también se había considerado que Chávez la encabezara durante un año.

El proyecto justificó la creación del nuevo órgano como una medida necesaria para cumplir con la reforma legal y salvaguardar la función electoral bajo criterios de continuidad institucional, eficacia en el ejercicio de las atribuciones del instituto y organización adecuada de los trabajos del Consejo General.

• El INE aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con nueve votos a favor y dos en contra.
• La comisión quedó integrada por Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas, con apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
• El nuevo órgano revisaría listas de aspirantes antes de su registro para detectar posibles vínculos con crimen organizado, delitos graves o corrupción, pero sin investigar por cuenta propia ni sustituir a los partidos.

La violencia que afecta a Guanajuato alcanzó esta semana al mundo del futbol. Manuel Cruz García, conocido como “Papillo” y reconocido por su trabajo como visor de jóvenes talentos para clubes como América, FC Juárez y Mazatlán FC, fue encontrado sin vida en la carretera Celaya-Salvatierra, en un caso que es investigado por las autoridades como un presunto homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este jueves 30 de julio la identidad del cuerpo localizado durante el fin de semana, luego de que familiares reportaran su desaparición días antes.

Aunque la autoridad ministerial continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen, reportes locales señalan que el exvisor deportivo habría sido víctima de homicidio, por lo que las indagatorias buscan identificar a los responsables.

La noticia provocó consternación entre entrenadores, jugadores y promotores del futbol mexicano, quienes destacaron el legado que dejó en la formación de cientos de jóvenes que lograron dar el salto al profesionalismo.

Más de dos décadas descubriendo talentos

Originario de Celaya, Guanajuato, Manuel Cruz García construyó una carrera de más de 20 años dedicada a detectar y desarrollar promesas del futbol mexicano.

Su trabajo consistía en recorrer campos, torneos amateurs y competencias juveniles para identificar futbolistas con potencial, orientarlos y abrirles las puertas hacia las fuerzas básicas de equipos profesionales.

Gracias a esa labor, “Papillo” se convirtió en uno de los visores más reconocidos del Bajío, región considerada una de las principales canteras de futbolistas del país.

A lo largo de su trayectoria colaboró con instituciones de distintas categorías, entre ellas el Club América, uno de los equipos con mayor tradición en México, además de FC Juárez y Mazatlán FC, este último antes de los cambios que modificaron su estructura deportiva.

Su experiencia también lo llevó a trabajar con diversos proyectos enfocados en la captación y formación de talento en diferentes estados de la República.

Su última etapa en Canteras México Coka

En los últimos años, Manuel Cruz formaba parte de Canteras México Coka González, proyecto especializado en la búsqueda y desarrollo de nuevos futbolistas.

La organización pertenece a Ángel “Coca” González, reconocido en el medio por haber descubierto a figuras como Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos referentes del futbol mexicano.

Tras confirmarse el fallecimiento, Canteras México Coka publicó un mensaje de despedida en el que destacó la trayectoria y calidad humana de “Papillo”.

“Papillo fue un incondicional amigo de este proyecto, que durante muchos años trabajó de la mano del profe ‘Coka’ en la búsqueda y el descubrimiento de talento futbolístico. Nos duele muchísimo tener que despedir a este gran visor, pero sobre todo gran ser humano. Todo Canteras Coka se encuentra de luto”, expresó la organización en sus redes sociales.

Las muestras de condolencia también llegaron de entrenadores, exjugadores y familias de jóvenes futbolistas que recordaron el apoyo que recibieron por parte de Manuel Cruz durante sus primeros pasos en el deporte.

Investigación sigue abierta

Hasta el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado una posible línea de investigación sobre el móvil del crimen.

El caso se suma a los hechos de violencia registrados en la entidad, una de las más afectadas por los homicidios dolosos en el país, mientras familiares, amigos y la comunidad deportiva esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Más allá de las circunstancias de su muerte, quienes lo conocieron coinciden en que Manuel Cruz “Papillo” dejó una huella importante en el futbol mexicano al convertirse en uno de los principales impulsores de jóvenes talentos en la región del Bajío, labor que desempeñó durante más de dos décadas y que permitió que decenas de futbolistas encontraran una oportunidad para iniciar una carrera profesional.

La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), felicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la captura de Ramón Ángel N, alias El R1, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre de 2025.

Por medio de sus redes sociales, la DEA compartió el mensaje posteado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves, donde da a conocer la detención del sujeto, y puso el siguiente mensaje: “Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1,” #Administrador de la DEA Cole".

Detienen a R1

El pasado jueves, Omar García Harfuch dio a conocer, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

En su mensaje, Harfuch dijo que esta detención se dio después de meses de trabajo de inteligencia e investigación, en una operación entre la SSPC, que él encabeza, y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro de Inteligencia Nacional.

Harfuch dio a conocer que el R1 era identificado como el líder de Los Rs, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, que fue liderado por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el Ejército Mexicano el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

““R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", señaló Harfuch.

Con la detención del R1, dio a conocer el funcionario, ya sumaban 31 detenidos por el “cobarde” homicidio de Manzo.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta @Claudiashein para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Agradecemos la coordinación estrecha con la Fiscalía General de justicia de Michoacan y la Secretaría de seguridad pública de Michoacan”, concluyó Harfuch.

¿Por qué asesinaron a Manzo?

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, Harfuch dio a conocer la razón por la que el grupo delictivo mencionado habría decidido terminar con la vida de Manzo.

De acuerdo con la versión oficial, dada a conocer por el funcionario, el asesinato se ordenó porque el grupo delictivo sintió que Manzo, de alguna manera, los estaba provocando.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG-). Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana frente a medios de comunicación.

“Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que señalaron el término ´provocación´, cuando había diversas detenciones de la Guardia Nacional a veces el alcalde estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Es un crimen sumamente cobarde, atribuido a este grupo criminal que decidió quitarle la vida, ya determinará claramente la fiscalía el móvil sin embargo son varias las pesquisas de los implicados que apuntan a ello, falta las declaraciones del principal detenido ayer (el R1)“, señaló.

El aseguramiento de un rancho presuntamente utilizado por el crimen organizado para el reclutamiento de personas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, volvió a poner bajo los reflectores una de las modalidades que más preocupa a las autoridades en Jalisco: la captación de víctimas mediante falsas ofertas de trabajo, muchas de ellas con origen en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.

Durante un operativo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un predio de aproximadamente 30 hectáreas, donde fueron detenidos seis hombres, además del decomiso de armas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y diversos objetos que ahora forman parte de una carpeta de investigación.

Aunque las autoridades no han informado qué organización criminal operaba el inmueble, el caso ocurre en un contexto en el que las corporaciones de seguridad han advertido sobre el incremento de esquemas de reclutamiento forzado mediante engaños.

Hallan armas, cámaras y objetos utilizados para permanecer en el predio

Durante la inspección del rancho, los militares localizaron armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico, además de artículos que podrían indicar la permanencia de varias personas en el lugar.

Entre los objetos asegurados había cubetas, colchones, colchonetas, una casa de campaña, ropa y sillones, así como diversos vehículos que serán sometidos a peritajes.

Uno de los hallazgos que llamó la atención fue la existencia de varias cámaras de videovigilancia, lo que hace presumir que el inmueble era monitoreado constantemente para controlar los accesos y vigilar los alrededores.

El predio se encuentra en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en el municipio de Zapopan, y tiene como referencia un lienzo charro ubicado en la parte posterior del terreno.

Las investigaciones ahora buscarán determinar si el sitio era utilizado para concentrar, adiestrar o reclutar personas para integrarlas a una organización criminal.

La Nueva Central Camionera, punto de captación mediante engaños

El aseguramiento del rancho coincide con la alerta que mantienen las autoridades sobre la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, considerada uno de los principales puntos donde grupos delictivos captan víctimas mediante supuestas ofertas de empleo.

Apenas el pasado fin de semana, una joven de 22 años fue rescatada por policías municipales antes de acudir a una entrevista laboral que presentaba diversas irregularidades.

La mujer relató a los oficiales que había sido citada por un supuesto empleador, pero comenzó a desconfiar después de que su madre le advirtiera sobre inconsistencias en la oferta, como la falta de información sobre la empresa, el tipo de trabajo y el horario inusual de la entrevista.

Tras escuchar su testimonio, los policías determinaron que existían indicios de un posible intento de reclutamiento mediante engaños y decidieron resguardarla para evitar que acudiera al encuentro.

Van 87 personas rescatadas en año y medio

De acuerdo con la Policía de Tlaquepaque, 87 personas han sido auxiliadas durante el último año y medio tras acudir a la Nueva Central Camionera engañadas por falsas vacantes laborales.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes provenientes de distintos estados del país, son atraídas con promesas de empleo bien remunerado, transporte y hospedaje gratuitos. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro descubren que las condiciones ofrecidas no existen o pierden contacto con quienes las citaron.

Las autoridades han advertido que este mecanismo ha sido utilizado por organizaciones criminales para captar personas y obligarlas a integrarse a sus filas.

En ese contexto, el aseguramiento del rancho en Zapopan podría aportar información relevante sobre la operación de estas redes de reclutamiento, por lo que peritos y agentes ministeriales analizarán las armas, vehículos, cámaras de vigilancia y demás indicios encontrados en el inmueble para determinar si existe relación con otros casos denunciados en la entidad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la población a verificar cualquier oferta de empleo, desconfiar de propuestas que prometan altos salarios sin requisitos claros y solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad cuando detecten situaciones sospechosas, especialmente en terminales de transporte donde se han documentado múltiples intentos de captación mediante engaños.

Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se declaró culpable este viernes en una corte federal de Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con destino a territorio estadounidense, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar esa conspiración, según documentos judiciales del Departamento de Justicia de EE.UU.

Oseguera Cervantes, de 67 años de edad y originario de Michoacán, traficó cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos para cárteles mexcianos por más de 20 años. La declaración de culpabilidad comprende el envío de cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetaminas con destino a ese país.

Cabe destacar que entre 2002 y 2010, el hermano de El Mencho formó parte del Cártel del Milenio en Jalisco, estado en el que supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a cárteles rivales y dirigió y mantuvo laboratorios de metanfetamina. En ese lapso de tiempo, Oseguera Cervantes obtuvo precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas y distribuyó metanfetamina y cocaína hacia el mercado estadounidense.

Luego de esto, en 2010, comenzó a trabajar bajo las órdenes de su hermano, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien murió el pasado 22 de febrero en un operativo llevado a cabo por el Ejército Mexicano, en Tapalpa Jalisco, y quien fue fundador del CJNG.

Documentos judiciales señalan que impulsó las operaciones de narcotráfico de esa organización mediante el suministro de precursores químicos a laboratorios de metanfetamina y la distribución de cocaína y metanfetamina.

También recolectaba las ganancias del narcotráfico y gestionaba las actividades de lavado de dinero del CJNG, entre ellas, las transferencias de esos recursos desde EEUU hacia México por medio de casas de cambio.

Al recolectar ese dinero o al asistir a reuniones para discutir el tráfico de drogas, portaba una pistola, señala el expediente.

La sentencia quedó programada para el próximo 13 de noviembre de 2026. Tony Montana enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas. Un juez de distrito federal determinará la condena tras considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del DOJ, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dieron el anuncio.

La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles investiga el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ colaboró en el traslado de Oseguera Cervantes de México a EEUU el pasado febrero de 2025, conforme a la Ley de Seguridad Nacional de México.

Además, el Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México su colaboración para asegurar la presencia del acusado en territorio estadounidense para su enjuiciamiento.

Del procesamiento están a cargo Kaitlin Sahni, jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU, por sus siglas en inglés), y los abogados litigantes Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF, por sus siglas en inglés) de la División Penal.

La MNF tiene como misión eliminar el lucro del crimen, desmantelar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense, mediante procesos penales y acciones de recuperación de activos contra facilitadores financieros, instituciones financieras y sus directivos, lavadores de dinero internacionales y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico. Su Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas investiga y procesa a los principales elementos de mando y control de esas estructuras.

Rafael Álvarez Ayala, El R-2, asumiría el liderazgo de Los Rs tras la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, según Omar García Harfuch, la operación debilitó a una de las células del Cártel Jalisco Nueva Greneración (CJNG) señaladas por autoridades federales y de Michoacán como responsable del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El relevo dentro de esa estructura no implicaba el fin de sus operaciones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el grupo seguía activo bajo otros mandos y que debía continuar la presión de las fuerzas federales en la región, luego de una serie de operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

La indagatoria sobre el homicidio de Manzo ya había derivado en 31 detenidos, entre ellos “El R-1”, Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado” o “El Contador”, y Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, “El K-OZ”. Para las autoridades, esa red mostró el tamaño de la estructura criminal que operaba entre Michoacán y Jalisco.

García Harfuch sostuvo que la detención del principal líder representó “una afectación importante”. En sus palabras: “Sería su hermano el R2. Sí siguen operando otros mandos y es una célula criminal que hay que seguir debilitando, sin embargo ya está detenido su líder principal”.

Rafael Álvarez Ayala ya había sido detenido desde 2012 por su papel dentro del CJNG

El nombre de Rafael Álvarez Ayala apareció públicamente desde septiembre de 2012, cuando fuerzas federales detuvieron en Jalisco a los tres hermanos Álvarez Ayala en un doble operativo. Desde entonces fue identificado como presunto lugarteniente del CJNG y responsable de dirigir células de esa organización en ese estado.

Las autoridades también lo señalaron como encargado de proveer vehículos para actividades ilícitas. Fue capturado en un fraccionamiento de Zapopan junto con dos de sus colaboradores más cercanos, uno de ellos su hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala, quien había compurgado una pena por robo de vehículo.

Al momento de su detención, Rafael Álvarez Ayala declaró que recibía órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. También reconoció que colaboraba con Ramón Ángel Álvarez Ayala para el envío de droga sintética a Estados Unidos.

Además, contaba con una orden de reaprehensión por delitos de daños y lesiones. También estaba vinculado a dos averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO.

A los tres hermanos se les atribuyó la organización y ejecución de bloqueos e incendios de vehículos ocurridos el 25 de agosto de ese año en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Colima. Pese a esas detenciones de 2012, con el tiempo recuperaron su libertad.

Los Rs operaban en Michoacán y Jalisco con una estructura familiar

Las investigaciones identificaron a Los Rs como una célula cuyo nombre provenía de los hermanos Ramón Ángel, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala. Los tres integraban la cúpula de esa estructura con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán, además de mantener operaciones en Jalisco.

Con el paso de los años, las autoridades volvieron a ubicarlos como operadores de peso dentro del CJNG. A esa célula se le atribuyeron actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, cobro de piso y agresiones contra productores en distintas regiones de Michoacán.

La indagatoria también ubicó vínculos familiares con la política local. Los tres presuntos líderes eran hermanos de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde perredista de Apatzingán, actual consejero estatal de Morena y excolaborador del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán.

Pese a ese entorno, el fiscal de Michoacán con licencia Carlos Torres Piña sostuvo en distintas ocasiones que no existían indicios de un móvil político en el asesinato de Carlos Manzo. La línea principal apuntó a que el crimen habría sido ordenado directamente por integrantes de la célula como parte de sus actividades delictivas.

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo alcanzó a operadores, sicarios y funcionarios

Ramón Ángel Álvarez Ayala fue identificado por las autoridades como líder de la célula y como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del exedil. También fue señalado Jorge Armando Gómez Sánchez, líder regional del CJNG, como otro de los presuntos responsables intelectuales.

Entre los arrestados también estuvo Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, investigado por presuntamente compartir la agenda privada del exalcalde con integrantes del grupo criminal. La lista incluyó taxistas, presuntos distribuidores de droga y operadores logísticos que habrían facilitado el atentado o servido de enlace entre los mandos y los sicarios.

Las capturas alcanzaron además a Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, “El Congo”, acusados de reclutar a los hombres armados que ejecutaron el ataque. Según la fiscalía, algunos de esos sicarios fueron reclutados en un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan y después fueron asesinados por el propio CJNG.

También fueron detenidos familiares de “El K-OZ”, una operadora conocida como “La Tía”, un agente de la Policía de Investigación y un elemento de la Guardia Civil de Michoacán. Para las autoridades, la captura de “El R-1” permitió desarticular una parte de la estructura responsable del crimen, aunque la investigación seguía abierta para reconstruir toda la cadena de mando.

• El R-2 fue señalado por Omar García Harfuch como el posible sucesor de “El R-1” al frente de Los Rs.
• La célula fue vinculada con el asesinato de Carlos Manzo y con delitos como narcotráfico, extorsión, cobro de piso y homicidios.
• La investigación acumuló 31 detenidos, incluidos mandos del CJNG, operadores logísticos, sicarios y funcionarios presuntamente involucrados.

Casi 20 años después de que la expresión “coopelas o cuello” se convirtiera en parte del imaginario político y popular de México, Zhenli Ye Gon recibió una sentencia de 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un fallo que representa la primera condena obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra desde que fue recluido en 2019.

La resolución fue emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, quien además impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó beneficios para sustituir la pena de prisión y ordenó la suspensión de los derechos políticos y civiles del empresario mexicano de origen chino.

La FGR informó que la sentencia deriva de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2008, relacionada con el presunto lavado de 33 millones 61 mil dólares enviados a paraísos fiscales mediante operaciones realizadas a través de una casa de cambio.

El origen de la frase “coopelas o cuello”

Aunque el expediente judicial de Zhenli Ye Gon incluye acusaciones de lavado de dinero, narcotráfico y operaciones financieras irregulares, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por una frase pronunciada en 2007.

Ese año, tras el histórico aseguramiento de más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia de Lomas de Chapultepec, el empresario aseguró públicamente que el dinero no le pertenecía y acusó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de haberlo obligado a resguardarlo.

Según su versión, el funcionario le habría lanzado la advertencia: “cooperas o cuello”, es decir, colaborar o enfrentar consecuencias fatales.

Sin embargo, debido al acento de Ye Gon al hablar español, la expresión fue pronunciada como “coopelas o cuello”, frase que rápidamente fue retomada por medios de comunicación, programas de comedia y usuarios de internet, convirtiéndose en uno de los dichos más recordados de la vida política mexicana.

Javier Lozano rechazó de inmediato la acusación y calificó los señalamientos de “ridículos”. Las autoridades nunca acreditaron la versión del empresario sobre el supuesto origen del dinero.

Un caso que marcó la historia judicial de México

El nombre de Zhenli Ye Gon saltó a la escena internacional en marzo de 2007, cuando el Gobierno federal realizó la llamada “Operación Dragón”, durante la cual fueron asegurados 205 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos en efectivo, además de armas de uso exclusivo del Ejército, en una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

Las autoridades lo identificaban entonces como uno de los principales importadores de precursores químicos presuntamente utilizados para la elaboración de metanfetaminas por organizaciones criminales.

Meses después fue detenido en Rockville, Maryland, por agentes de la DEA. Aunque en 2009 fue exonerado en Estados Unidos de los cargos relacionados con distribución de metanfetaminas, permaneció durante más de nueve años litigando para evitar su extradición a México.

Finalmente, tras el rechazo de sus últimos recursos legales por parte de la Suprema Corte estadounidense, fue extraditado en octubre de 2016.

Condena por lavado y procesos aún pendientes

De acuerdo con la FGR, las investigaciones demostraron que, como representante legal de Constructora Inmobiliaria Federal, Ye Gon realizó transferencias por más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales con el objetivo de ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de productos químicos.

Las autoridades también señalaron que parte del dinero fue canalizado a empresas vinculadas con la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.

Desde febrero de 2019 permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además de la condena recién dictada, la FGR precisó que el empresario aún enfrenta otros procesos penales, por lo que su situación jurídica todavía no está completamente resuelta.

Con esta sentencia, uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas vuelve a ocupar titulares, al tiempo que revive una expresión que trascendió los tribunales y pasó a formar parte del lenguaje popular: “coopelas o cuello”, una frase nacida de una acusación que nunca fue comprobada, pero que quedó inmortalizada en la historia política y judicial de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el probable motivo por el que asesinaron al ex edil de Uruapan Michoacán Carlos Manzo. Ayer fue capturado Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano al ser identificado como el autor intelectual.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente lo mencionan, una ‘provocación’ del presidente municipal al grupo criminal (Cártel Jalisco Nueva Generación -CJNG-). Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante”, detalló García Harfuch.

Al preguntarle si las acciones de Carlos Manzo de salir a operativos contra el crimen Es a lo que se refieren ellos, los detenidos son los que señalaron el término ´provocación´, cuando había diversas detenciones de la Guardia Nacional a veces el alcalde estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Es un crimen sumamente cobarde, atribuido a este grupo criminal que decidió quitarle la vida, ya determinará claramente la fiscalía el móvil sin embargo son varias las pesquisas de los implicados que apuntan a ello, falta las declaraciones del principal detenido ayer (el R1)“, señaló.

Van 31 detenidos todos vinculados a proceso, entre autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal, y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables.

Samuel N y una mujer que trabajaba directamente en el Ayuntamiento, fueron los enlaces con este grupo criminal para rastrear los movimientos del edil.

Respecto a la captura del día de ayer jueves de Ramón Ángel Álvarez Ayala es identificado como “El R1″, líder de una célula criminal vinculada al CJNG que opera en Michoacán y Jalisco detalló:

“Las investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como uno de los líderes de esta organización. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, fue identificado como el autor intelectual del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025 en Plaza Morelos de Uruapan, Michoacán; según explicó Omar García Harfuch, la indagatoria apuntó a que el crimen se planeó con información entregada desde el entorno cercano del alcalde y con una ruta definida para atacarlo en el primer cuadro de la ciudad.

La captura de Álvarez Ayala se dio a conocer el pasado jueves. García Harfuch informó en redes sociales que la detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el CNI, con apoyo de fuerzas federales y del Ejército Mexicano.

El funcionario señaló que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel. Tras el ataque, Manzo fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió.

La investigación ubicó a un informante dentro del círculo del alcalde

De acuerdo con la versión expuesta por Harfuch, uno de los hallazgos centrales fue que Samuel N formaba parte del círculo de Carlos Manzo y trabajaba en el municipio. Las autoridades establecieron que entregó información sobre actividades y movimientos del alcalde a integrantes del CJNG y a la célula encargada de ejecutar el homicidio.

En conversaciones de mensajería telefónica revisadas por las autoridades tras la detención de Jorge Armando N, alias El Licenciado, se habría confirmado que el plan consistía en cometer el homicidio en el centro de Uruapan. En esos mensajes también se indicó que había alguien “al pie de la persona”, es decir, muy cerca de Manzo.

Según esa misma reconstrucción, el informante marcó la ruta y el horario que seguiría el alcalde. También refirió que caminaría a un lado y avisaría todo sobre los desplazamientos de la víctima.

El 18 de noviembre fue detenido Jorge Armando N en las inmediaciones de la colonia Centro de Morelia, Michoacán. Esa aprehensión permitió fortalecer la línea de investigación sobre la preparación del crimen.

Tres agresores llegaron al lugar; dos aparecieron muertos días después

Personal de seguridad abatió a uno de los agresores en el ataque. Más tarde se supo que era un menor de edad identificado como Víctor Manuel N.

Harfuch detalló que el joven llegó al sitio con otros dos sujetos, Ramiro y Fernando. Sus cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

Entre los elementos reunidos para atribuir a R1 la planeación y autoría intelectual del crimen se encuentran análisis forenses de equipos telefónicos asegurados a personas detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Las autoridades identifican a Álvarez Ayala como el principal líder de Los R’s, una de las células más violentas ligadas al CJNG. Ese grupo mantiene operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de Jalisco.

La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial para acreditar la responsabilidad del detenido durante el proceso penal, con una carpeta de investigación que, según Harfuch, está sustentada con pruebas sólidas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que hay indicios de que el el ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, estaba enterado de que el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, sería asesinado.

“Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera tuvo conocimiento sobre este crimen, quien era de más alta jerarquía que el R1″, señaló Harfuch. Cabe destacar que El Mencho fue abatido por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero, durante un operativo en el que se buscaba su captura, en Tapalpa, Jalisco.

Señaló que los indicios que se tenían por dos testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que El Mencho tenía conocimiento del homicidio de Manzo, sin embargo, él no lo ordenó, pues la orden vino de El R1.

“Testimonios de varios detenidos es de que lo tomaban como una provocación”, dijo el secretario, quien señaló que la razón por la que asesinaron a Manzo fue porque el CJNG tomaba como una provocación las acciones que el alcalde hacía contra ellos, como operativos y detenciones.

Planeación del asesinato

Esta información la da a conocer el funcionario luego de que el pasado jueves fue detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo  en noviembre pasado.

También en la mañanera de este viernes, Harfuch dio a conocer cómo fue se planeó el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Michoacán.

El 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo el ataque en contra del presidente municipal Carlos Manzo, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió. Harfuch señaló que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel. Personal de seguridad asesinó a un agresor que posteriormente, se sabría, era menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N.

Él arribó al lugar con otros dos sujetos, identificados como Ramiro y Fernando, de quienes se localizaron sus cuerpos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El 18 de noviembre se logró la detención de Jorge Armando N, El Licenciado, en las inmediacionesla colonia Centro de Morelia, Michoacán. En conversaciones de mensajería telefónica, las autoridades descubren que él señala que el plan era llevar a cabo el homicidio en el primer cuadro del centro y confirmó que alguien que andaba “al pie de la persona”, o sea, muy cerca de Carlos Manzo.

A su vez, dijo que su informante señaló la ruta y horario que seguiría el alcalde, y refirió que él va a un lado y avisaría todo. Entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad del R1 como autor intelectual del homicidio de Manzo, se encuentran el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, e información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas, autorizadas por un juez.

Además, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N, quien formaba parte del círculo de Carlos Manzo, y trabajaba en el municipio, proporcionó información de las actividades y movimientos del alcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la célula encargada de ejecutar el homicidio. El conjunto de estos elementos, dijo Harfuch, permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen.

La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y conn pruebas sumamente sólidas.

Luego de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo en noviembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer detalles del hecho este viernes durante la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo en Palacio Nacional.

Entre estos detalles, Harfuch dio a conocer cómo fue se planeó el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Michoacán.

Harfuch recordó que hasta el momento se han detenido a 31 personas, entre los que se encuentran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal, y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables. Todos los detenidos han sido vinculados a proceso.

¿Cómo se planeó el asesinato de Carlos Manzo?

El 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo el ataque en contra del presidente municipal Carlos Manzo, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió.

Harfuch señaló que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel. Personal de seguridad asesinó a un agresor que posteriormente, se sabría, era menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N.

Él arribó al lugar con otros dos sujetos, identificados como Ramiro y Fernando, de quienes se localizaron sus cuerpos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El 18 de noviembre se logró la detención de Jorge Armando N, El Licenciado, en las inmediacionesla colonia Centro de Morelia, Michoacán. En conversaciones de mensajería telefónica, las autoridades descubren que él señala que el plan era llevar a cabo el homicidio en el primer cuadro del centro y confirmó que alguien que andaba “al pie de la persona”, o sea, muy cerca de Carlos Manzo.

A su vez, dijo que su informante señaló la ruta y horario que seguiría el alcalde, y refirió que él va a un lado y avisaría todo. Entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad del R1 como autor intelectual del homicidio de Manzo, se encuentran el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, e información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas, autorizadas por un juez.

Además, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N, quien formaba parte del círculo de Carlos Manzo, y trabajaba en el municipio, proporcionó información de las actividades y movimientos del alcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la célula encargada de ejecutar el homicidio.

El conjunto de estos elementos, dijo Harfuch, permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen.

La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y conn pruebas sumamente sólidas.

Detención del R1

El pasado jueves se dio a conocer la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano. Fue identificado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Fue el propio Omar García Harfuch quien dio a conocer la información por medio de sus redes sociales. Él detalló que la captura del sujeto se llevó a cabo derivado de meses de trabajos de inteligencia e investigación por parte del CNI.

El “R1″ es identificado como el principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades informaron que el grupo criminal mantiene operaciones en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia en el estado de Michoacán, así como en Jalisco.

La detención de David Daniel N., alias “El Jarocho", ocurrió la madrugada de este jueves en Huamantla y colocó bajo custodia federal a un presunto líder criminal señalado por autoridades como objetivo prioritario en Tlaxcala, con operaciones atribuidas al CJNG en cuatro estados y delitos que iban del secuestro al robo de vehículos y el narcotráfico.

El aseguramiento se realizó en el fraccionamiento El Encanto, donde participaron la FGR, la SSPC, la Guardia Nacional y Semar. Tras la captura, el inmueble quedó bajo resguardo para el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

David Daniel N. fue identificado como presunto jefe de “Los Jarochos”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el Estado de México. A ese grupo se le atribuyeron secuestros, robo de autos con violencia y tráfico de drogas.

Las investigaciones también lo ubicaron como uno de los principales generadores de violencia en la región. Las autoridades lo señalaron por su probable participación en homicidios, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y asaltos al transporte de carga en corredores carreteros que conectaban Puebla con Tlaxcala.

El operativo se concentró en un inmueble de El Encanto

La diligencia federal se ejecutó mediante un cateo en una vivienda del fraccionamiento El Encanto, en el municipio de Huamantla. El despliegue fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y contó con apoyo táctico de corporaciones federales que cercaron la zona.

El detenido era considerado uno de los 10 objetivos delincuenciales prioritarios en Tlaxcala. Su captura formó parte de una estrategia interestatal enfocada en desarticular células dedicadas al robo a autotransporte, el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en esa entidad y en la franja limítrofe con Puebla.

Además de su presencia en rutas carreteras, las indagatorias federales lo ubicaron en una zona usada para el robo de hidrocarburos, el trasiego de drogas y el desplazamiento de mercancías robadas. Esa franja fue considerada estratégica por su conexión entre puntos operativos de Puebla y Tlaxcala.

El bloque criminal que presuntamente encabezaba mantuvo influencia en cuatro entidades del centro y sureste del país. Esa expansión territorial colocó a “Los Jarochos” como una estructura de alcance regional, no solo local.

Su historial incluyó antecedentes con Los Zetas y tres detenciones previas

Las autoridades también lo identificaron como exintegrante de Los Zetas, antecedente que amplió su historial dentro del crimen organizado. Antes de su presunta alianza con el CJNG, operó en Fortín de las Flores, Veracruz, una zona conectada con la autopista Córdoba-Orizaba.

El 18 de noviembre de 2011 fue detenido en ese municipio junto con 13 personas. En aquella acción, las autoridades decomisaron armas largas, armas cortas, granadas de fragmentación, cargadores abastecidos y cargamentos de marihuana y cocaína.

Su paso por el sistema de justicia continuó en junio de 2022, cuando ingresó al Cereso de Apizaco imputado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple. Después, en marzo de 2026, registró una detención preventiva por alteración del orden público.

La nueva captura se produjo apenas 10 días después de otro golpe federal contra una estructura del CJNG con operaciones en Puebla y Tlaxcala. En esa acción, realizada en Nayarit, fueron detenidos 10 presuntos integrantes, entre ellos José Guadalupe Ahumada Villegas, identificado como operador tras la caída de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch había informado previamente que esa red criminal mantenía control sobre extorsiones, robo de combustible, robo al transporte de carga, narcotráfico y tráfico de armas. También la relacionó con diversos homicidios y secuestros en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

Tras el operativo en Huamantla, el Ministerio Público Federal continuó con las diligencias para definir la situación jurídica del detenido. Se esperaba que las autoridades federales dieran a conocer en las siguientes horas más detalles sobre el traslado y los cargos que enfrentarían.

• David Daniel N., alias “El Jarocho”, fue detenido en Huamantla, Tlaxcala, durante un operativo federal en el fraccionamiento El Encanto.
• Las autoridades lo identificaron como presunto líder de “Los Jarochos”, célula ligada al CJNG con operaciones en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México.
• Su historial incluyó antecedentes como exintegrante de Los Zetas y detenciones en 2011, 2022 y 2026.

Un juez federal desechó la demanda de amparo promovida a favor de Jesús Héctor Palma Salazar, alias “El Güero” Palma, quien denunció presuntas violaciones a su derecho de defensa y a sus condiciones de internamiento dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El recurso fue rechazado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, al considerar que el exlíder del Cártel de Sinaloa debe agotar primero los procedimientos administrativos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) antes de acudir al juicio de amparo.

De esta manera, el juzgador concluyó que no se cumplía con el principio de definitividad, requisito indispensable para que el Poder Judicial pueda analizar este tipo de demandas.

Las quejas del “Güero” Palma

En el escrito de amparo, Palma Salazar acusó a las autoridades penitenciarias de interferir en la comunicación confidencial que mantiene con su abogado particular.

Según el documento, personal del penal inspecciona de manera constante la documentación jurídica que entra y sale del Cefereso, incluyendo escritos, promociones, respuestas y demás documentos intercambiados entre el defensor y su cliente.

Para la defensa del narcotraficante, esa práctica vulnera el derecho a una defensa adecuada, al permitir que las autoridades conozcan el contenido de comunicaciones protegidas por el secreto profesional.

En el recurso también se denunció que funcionarios del penal impiden el ingreso de herramientas de trabajo indispensables para el abogado, como plumas y sus repuestos, lo que, según la defensa, obstaculiza el desarrollo de su labor.

Además, Palma Salazar señaló que el domingo 19 de julio de 2026 las autoridades negaron el acceso de su abogado al centro penitenciario, pese a que la entrevista estaba previamente autorizada e incluida en la agenda oficial de visitas de defensa.

En el documento presentado ante el juzgado se argumentó que las autoridades pretendían revisar íntegramente las comunicaciones entre el abogado y su representado “sin que medie causa legal, orden judicial o supuesto de excepción alguno”.

Juez ordena agotar primero la vía administrativa

Sin embargo, el juez Alejandro Latorre Lozano determinó que dichas inconformidades deben resolverse inicialmente mediante los mecanismos contemplados en los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Esas disposiciones permiten que las personas privadas de la libertad presenten peticiones administrativas ante las autoridades penitenciarias cuando consideren vulnerados sus derechos relacionados con las condiciones de internamiento.

Al no existir evidencia de que el interno hubiera agotado previamente esos procedimientos, el juzgador resolvió desechar de plano la demanda por resultar manifiestamente improcedente.

La determinación ya fue notificada tanto al propio Palma Salazar como a su defensa legal.

Uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa

Jesús Héctor Palma Salazar es considerado uno de los personajes históricos del narcotráfico en México. Durante la década de los noventa fue uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, organización que encabezó junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Tras años de permanecer preso en México y Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta distintos procesos judiciales.

Con esta resolución, el Poder Judicial no resolvió si existieron o no las presuntas violaciones denunciadas por el capo, sino que determinó que dichas quejas deben seguir primero el procedimiento previsto por la legislación penitenciaria antes de poder ser analizadas mediante un juicio de amparo.

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, volvió a colocar en el centro de la atención a “Los Rs”, una de las células más violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificada por autoridades federales y de Michoacán como la responsable del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La detención fue dada a conocer este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que “El R-1” era considerado el principal líder de esta organización criminal y uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del exedil.

De acuerdo con las investigaciones, “Los Rs” toman su nombre de tres hermanos Álvarez Ayala: Ramón Ángel (“R-1”), Rafael (“R-2”) y Jesús Santiago Álvarez Ayala, quienes integran la cúpula de esta estructura del CJNG con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán, además de mantener presencia en Jalisco.

Una organización ligada al CJNG y con antecedentes desde 2012

Los tres hermanos fueron detenidos en septiembre de 2012 en Jalisco por su presunta cercanía con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Sin embargo, posteriormente recuperaron su libertad.

Con el paso de los años, las autoridades los identificaron nuevamente como operadores relevantes dentro del grupo criminal, al que atribuyen actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, cobro de piso y agresiones contra productores en distintas regiones de Michoacán.

La organización también ha llamado la atención por los vínculos familiares de sus integrantes con la política local. Los tres presuntos líderes son hermanos de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde perredista de Apatzingán, actual consejero estatal de Morena y excolaborador del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán.

Pese a ello, el fiscal de Michoacán —actualmente con licencia— Carlos Torres Piña ha sostenido en diversas ocasiones que, hasta el momento, no existen indicios de que el asesinato de Carlos Manzo haya tenido un móvil político.

Según el funcionario, las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado directamente por integrantes de “Los Rs”, como parte de las actividades de esta organización criminal.

Van 31 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Las investigaciones de la Fiscalía General de Michoacán, en coordinación con autoridades federales, han derivado en la captura de 31 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

Entre ellas destacan Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, así como Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” o “El Contador”, identificado como líder regional del CJNG y señalado también como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

Otro de los detenidos es Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, considerado jefe de plaza del CJNG y subordinado directo de “El Licenciado”.

La lista también incluye a Samuel García Rivero, quien fungía como director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo y es investigado por presuntamente haber compartido la agenda privada del exalcalde con integrantes del grupo criminal.

Asimismo, fueron detenidos varios taxistas, presuntos distribuidores de droga y operadores logísticos que, de acuerdo con las autoridades, facilitaron la ejecución del atentado o sirvieron como enlaces entre los mandos de la organización y los sicarios.

Las investigaciones también derivaron en la captura de Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, “El Congo”, acusados de reclutar a los hombres armados que ejecutaron el ataque. Según la fiscalía, algunos de esos sicarios fueron reclutados en un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan y posteriormente asesinados por el propio CJNG.

Entre los detenidos figuran además familiares de “El K-OZ”, una operadora identificada como “La Tía”, un agente de la Policía de Investigación y un elemento de la Guardia Civil de Michoacán, lo que refleja el amplio entramado de personas presuntamente involucradas en la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.

Con la captura de “El R-1”, las autoridades consideran que fue desarticulada una parte importante de la estructura responsable del asesinato de Carlos Manzo; sin embargo, las investigaciones continúan para identificar a todos los participantes y esclarecer por completo la cadena de mando detrás del crimen.

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Detienen a mujer por robar alimento para mascotas en tienda de Iztapalapa

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer de 30 años señalada de robar mercancía en una tienda de mascotas ubicada en un centro comercial de la alcaldía Iztapalapa. La detenida contaba con una carpeta de investigación previa por robo a negocio, abierta en 2018.

Según información oficial, el reporte llegó a través de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, quienes alertaron a los efectivos que patrullaban la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado. en el sitio, el encargado de prevención de pérdidas del establecimiento confirmó que la mujer intentó salir del local sin pagar la mercancía.

Durante una revisión de seguridad, los policías le aseguraron 26 latas de alimento especializado para gatos y un sobre de croquetas para perros, con un valor total de 2 mil 750 pesos.

Los oficiales le leyeron sus derechos constitucionales a la detenida y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

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Cae “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por fuerzas federales, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las autoridades identifican al detenido como líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco. Con esta detención, suman 31 personas capturadas por su presunta participación en el asesinato del exalcalde.

Detienen a cuatro hombres con marihuana en Iztapalapa: tres tenían antecedentes penales

Cuatro hombres fueron detenidos en calles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, luego de que vecinos reportaron posibles actividades relacionadas con la venta de droga. Los sujetos fueron ubicados con 27 bolsas que contenían aparente marihuana y cuatro teléfonos celulares. Además, tres de ellos contaban con antecedentes por delitos como robo, violencia familiar y encubrimiento por receptación.

Detienen a dos hombres con presunta marihuana en la colonia Condesa de CDMX

Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que durante un recorrido de vigilancia los detectaron cuando presuntamente manipulaban envoltorios de droga.

Los agentes realizaron una revisión preventiva y localizaron 30 bolsas con un vegetal verde y seco con características similares a la marihuana. Los detenidos, de 36 y 32 años, fueron presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. De acuerdo con un cruce de información, el hombre de 32 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2020.

/mexico/2026/07/30/despojo-en-cdmx-las-penas-que-podrian-enfrentar-virginia-n-y-diana-n-si-son-declaradas-culpables/

Hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán; Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

Abisaid Alejandro Martínez Arias, policía municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, fue localizado sin vida horas después de haber sido reportado como desaparecido al concluir su jornada laboral. El agente, de 25 años, fue encontrado a un costado de la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, envuelto en una cobija y con huellas de violencia, además de una cartulina con un presunto narcomensaje. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio, analiza videos de vigilancia para reconstruir los últimos momentos de la víctima y busca establecer la identidad de los responsables, así como determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor policial o con la presencia de grupos delictivos que mantienen disputas por el control territorial en la región.

Detienen a Virginia “N” y Diana “N” por su presunta participación en el despojo de una vivienda en la colonia Del Valle

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Virginia “N” y Diana “N”, investigadas por su probable participación en el delito de despojo de una vivienda en la colonia Del Valle. De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó tras la denuncia de la propietaria, quien detectó mediante el sistema de videovigilancia el ingreso de personas sin autorización al inmueble. Ambas fueron capturadas en la colonia Doctores y quedaron a disposición de un juez de control en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Omar García Harfuch reveló mediante redes sociales la primera fotografía de la detención de Ramón Ángel “N”, alias "R1“, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, capturado tras meses de trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Con su arresto, suman 31 los detenidos por ese crimen.

Así llegó “R1“: esposado y rodeado de militares

En el centro de la imagen, un hombre, Ramón Ángel Álvarez Ayala con camiseta negra de marca Louis Vuitton y pantalón oscuro aparece con las manos esposadas al frente y el rostro pixelado. Es el "R1“, el líder que durante años movió los hilos del crimen en Michoacán.

A sus lados, tres elementos de fuerzas de seguridad lo encuadran sin darle escapatoria: dos con camuflaje verde y uno de negro, todos con rifles de asalto, chalecos antibalas, rodilleras, guantes tácticos y pasamontañas. El uniformado de negro lleva un parche con las letras “SP” en amarillo sobre el pecho.

Detrás del grupo asoma la cola de un helicóptero militar con la inscripción “DN-1”. La escena responde al protocolo que las fuerzas de seguridad del Estado aplican cada vez que presentan a un detenido de alto perfil.

Quién es “R1″ y qué célula encabezaba

Ramón Ángel “N” es identificado por las autoridades como el principal líder de "Los Rs“, una de las células criminales más violentas del país. La organización está integrada por tres hermanos de apellido Álvarez Ayala: Ramón Ángel (”R1″), Rafael (“R2”) y Jesús Santiago, todos vinculados a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La célula opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, y extiende su presencia hasta Jalisco. Sus actividades abarcan extorsión, homicidios y tráfico de drogas, con víctimas entre productores agrícolas, empresarios y familias de la región.

La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a "R1" desde 2021 como el segundo al mando del CJNG, con operaciones fincadas precisamente en Uruapan.

El crimen que desencadenó la investigación

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en plena plaza principal de Uruapan, mientras ejercía como alcalde del municipio. El ataque fue planeado y coordinado ese mismo día a través de un grupo de mensajería instantánea, según revelaron las investigaciones posteriores.

Con la detención de "R1“, las autoridades contabilizan ya 31 personas arrestadas en el marco del caso, entre escoltas del propio Manzo, operadores de la célula criminal y mandos intermedios del CJNG.

La cadena de mando detrás del asesinato

Las investigaciones establecieron que "R1" no ejecutó la orden de manera directa. Según fuentes federales, instruyó a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado“, líder regional de la célula, para que coordinara el ataque contra Manzo sin importar si el entonces alcalde estuviera solo o acompañado.

"El Licenciado" fue identificado por la Fiscalía de Michoacán como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y ya figura entre los detenidos del caso.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como marco de la operación

La captura de "R1" se inscribe dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desarticular las estructuras del crimen organizado mediante inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional.

En la operación participaron también la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cuya coordinación fue reconocida por las autoridades federales como parte del éxito del operativo.

La estrategia apunta específicamente a debilitar las redes de extorsión que afectan a productores y empresarios en la región, uno de los fenómenos que las autoridades identifican como motor de la violencia en Michoacán.

Una célula que opera entre dos estados

"Los Rs" no circunscribe su actividad a Michoacán. Su presencia en Jalisco la convierte en una organización de alcance regional, con capacidad para moverse entre distintas plazas bajo el paraguas operativo del CJNG.

Las autoridades describen a esta célula como una de las más violentas dentro de esa estructura criminal, con un historial de homicidios y extorsiones que afecta de manera directa a comunidades productoras y al tejido empresarial de la zona.

La detención de su líder representa, según la narrativa oficial, un golpe a la cadena de mando que sostenía esas operaciones en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sumó el 16 de julio de 2026 al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, con lo que el total de cárteles mexicanos bajo esa categoría llegó a ocho.

La decisión del secretario de Estado Marco Rubio se ejecutó mediante la figura jurídica del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y amplió una ofensiva legal que la administración del presidente Donald Trump inició el 20 de febrero de 2025, cuando designó en bloque a seis organizaciones del narcotráfico mexicano como parte de su política de seguridad nacional.

Los ocho cárteles mexicanos en la lista terrorista de Estados Unidos

La primera oleada de designaciones, el 20 de febrero de 2025, incluyó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. Estas seis organizaciones quedaron clasificadas simultáneamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

El 16 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó al Cártel de Juárez —conocido también como La Línea— y a Los Viagras a esas mismas categorías. Con esa actualización, ambas organizaciones dejaron atrás la clasificación previa que las ubicaba únicamente como “personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas” bajo la orden ejecutiva EO14059.

El Cártel de Juárez opera desde la década de 1970 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la franja fronteriza con Texas. Los Viagras, por su parte, tienen presencia principalmente en Michoacán y fueron señalados por el Departamento de Estado por “numerosos ataques” contra fuerzas de seguridad y civiles, entre ellos la masacre de nueve personas de nacionalidades mexicana y estadounidense en Sonora a finales de 2019.

Qué implica la designación del Departamento de Estado bajo el artículo 219

La categoría de Organización Terrorista Extranjera coloca jurídicamente a los cárteles mexicanos al mismo nivel que organizaciones como el Estado Islámico y Al Qaeda. Así lo subrayó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, durante una ceremonia en el Pentágono el 28 de julio de 2026: “Los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que no operan a miles de kilómetros de distancia, sino a pocos metros de donde usted se presenta a trabajar todos los días”.

La designación activa consecuencias financieras y legales de alcance inmediato. Todos los bienes, cuentas bancarias e intereses de las organizaciones designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos o empresas de ese país quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Las personas y entidades estadounidenses tienen prohibición general de realizar transacciones financieras o comerciales con los grupos incluidos en la lista. La restricción abarca también a cualquier empresa en la que una persona bloqueada tenga una participación del 50% o más, de forma directa o indirecta.

Marco legal: el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

El Departamento de Estado define a las organizaciones terroristas extranjeras como grupos criminales ubicados fuera de Estados Unidos, designados por el secretario de Estado conforme al artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La norma establece tres criterios acumulativos: que el grupo sea extranjero, que realice actividades terroristas o tenga la capacidad e intención de hacerlo, y que sus actividades amenacen la seguridad de ciudadanos o la seguridad nacional de Estados Unidos.

La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado monitorea de forma continua a los grupos identificados como terroristas en todo el mundo. Al evaluar posibles nuevas designaciones, la oficina no solo considera ataques ya perpetrados, sino también la participación en la planificación de actos futuros y la capacidad operativa para ejecutarlos.

Una vez identificado un objetivo, el Departamento de Contraterrorismo elabora un expediente administrativo con información clasificada y de acceso público que acredita el cumplimiento de los criterios legales. Ese expediente sustenta la decisión formal del secretario de Estado.

Consecuencias legales para quienes apoyen a los cárteles designados

La clasificación como FTO abre los tribunales estadounidenses a demandas civiles privadas bajo la Ley Antiterrorismo (ATA, por sus siglas en inglés). Las personas o empresas que ayuden, financien o conspiren con una organización terrorista designada pueden enfrentar responsabilidad civil por daños, con posibilidad de que el juez fije el triple del monto probado como indemnización, más costos legales.

Sectores como la banca, el transporte, la logística, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario y la agroindustria enfrentan un riesgo elevado de investigación penal o demanda civil si mantienen vínculos, directos o indirectos, con cualquiera de los ocho cárteles de la lista. El riesgo se extiende incluso a quienes no conocían la conexión con el narcotráfico, si un tribunal determina que “debían haberla conocido”.

Las instituciones financieras estadounidenses tienen la obligación de congelar los fondos en los que cualquier organización terrorista designada tenga algún interés y de reportar esos activos al Departamento del Tesoro. El incumplimiento de esa obligación expone a los bancos a sanciones civiles y penales bajo la legislación antiterrorista.

La respuesta del gobierno mexicano y el contexto bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de Miller del 28 de julio de 2026 con la exigencia de que Estados Unidos “tiene que mirarse a sí mismo”. La postura del gobierno mexicano contrasta con la escalada de presión de Washington, que desde 2025 ha intensificado las operaciones en la frontera y lanzó decenas de ataques contra embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 200 personas muertas hasta la fecha, según reportes de medios locales.

El Departamento de Estado sostiene que las designaciones terroristas “constituyen un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas” y para “presionar a los grupos para que abandonen dichas actividades”. El catálogo de organizaciones terroristas extranjeras existe desde 1997, pero la incorporación masiva de cárteles del narcotráfico mexicano es una política exclusiva del segundo mandato de Trump.

Los decomisos de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos crecieron un 30% en el contexto de ese endurecimiento de la política antinarcóticos, de acuerdo con datos de Expansión Política. La designación terrorista de los ocho cárteles representa, según analistas citados por La Silla Rota, el paso de una visión de seguridad pública a una de seguridad nacional en la estrategia de Washington frente al crimen organizado transnacional.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido en el mundo criminal como “El R1” o “El Moncho”, es uno de los operadores de mayor rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre volvió a la primera plana el 30 de julio de 2026, cuando fue detenido por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalado como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

Orígenes criminales: del Cártel del Milenio al CJNG

Ramón Álvarez Ayala inició su carrera delictiva alrededor del año 2002, según reportes de inteligencia comenzó desde los rangos más bajos al servicio del extinto Cártel del Milenio, también conocido como Cártel de los Valencia, del que llegó a asumir roles de liderazgo como lugarteniente.

Fue en ese periodo cuando habría establecido contacto con Nemesio Oseguera Cervantes. Tras la desarticulación del Cártel del Milenio, El Mencho fundó el CJNG, y Álvarez Ayala se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza.

Oseguera Cervantes lo designó responsable de las operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco, además de encargarlo de dirigir incursiones hacia Guanajuato y Michoacán. También se le atribuyó la coordinación de acciones contra organizaciones rivales.

Primera detención: el operativo del Ejército en 2012

El 6 de septiembre de 2012, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutó un operativo simultáneo en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, con apoyo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

En Guadalajara, Ramón Álvarez Ayala fue localizado en un departamento en condiciones precarias en la Zona Minerva, que usaba como casa de seguridad para coordinar actividades de narcotráfico. En Zapopan, fueron capturados su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2” o “El Barbas”, señalado como jefe operativo, junto con dos de sus principales colaboradores, entre ellos Jesús Santiago Álvarez Ayala.

Al momento de su captura, Ramón tenía dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y estaba vinculado a cuatro averiguaciones previas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En el operativo se aseguraron cuatro armas largas, dos cortas, seis vehículos y equipo de radiocomunicación.

Las autoridades también atribuyeron a los tres hermanos la organización de los narcobloqueos e incendios de vehículos del 25 de agosto de 2012 en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Colima.

Condena, prisión y la polémica liberación de 2022

En 2016, un juez de Distrito de Procesos Penales sentenció a Álvarez Ayala a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Cumplía su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, en Hermosillo, Sonora.

Tras una serie de impugnaciones presentadas por su equipo de abogados, la jueza federal Yolanda Chávez Montelongo, titular del juzgado primero de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, lo absolvió de los cargos y ordenó su puesta en libertad el 19 de noviembre de 2022, en la madrugada de un sábado, lo que se denominó popularmente un “sabadazo”.

“Fue un sabadazo, se informa de su libertad prácticamente en la madrugada del sábado, decretando la libertad. Pertenece a la organización delictiva CJNG y estaba acusado por delincuencia organizada por la finalidad de delitos contra la salud”, dijo el 24 de noviembre de 2022 el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

La liberación generó indignación en las autoridades federales. El entonces subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio, confirmó públicamente la salida del CEFERESO el 24 de noviembre de ese año, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció que se procedería con denuncias penales contra los juzgadores por delitos contra la administración de justicia.

“El cuarto caso es el de Ramón Ángel ‘N’, conocido como ‘el R1’, ‘el Moncho’. Él es lugarteniente o era lugarteniente del cártel de los Valencia, del cártel Jalisco Nueva Generación. Él estaba procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y quedó en libertad el 22 de noviembre del año pasado”, mencionó Bucio en la conferencia mañanera del 26 de enero de 2023.

“La juez primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo. Este personaje ha tenido al menos cinco carpetas de investigación en su contra entre 2012 y 2021, y en todos los casos fue dejado en libertad”, agregó.

Regreso al crimen: Los Cannabis y el control de Tierra Caliente

Tras recuperar su libertad, El R1 retomó las operaciones del CJNG en Tierra Caliente y en la zona aguacatera de Uruapan, municipio que convirtió en su bastión. Allí creó y lideró la célula conocida como Los Cannabis, brazo armado encargado del tráfico de drogas y de las extorsiones a productores agrícolas y empresarios de la región.

La Sedena lo había identificado en 2021 como el segundo al mando del CJNG a nivel nacional, con al menos cinco carpetas de investigación abiertas en su contra entre 2012 y ese año.

Los Rs: estructura y zona de operaciones

Los Rs es la célula criminal que encabeza directamente Ramón Álvarez Ayala. Según la SSPC, es una de las agrupaciones más violentas vinculadas al CJNG, con presencia operativa en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch describió a esta organización como responsable de extorsión, homicidios y tráfico de drogas, “afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”.

El clan Álvarez Ayala: una estructura familiar criminal

El poder de El R1 no se entiende sin su red familiar. Los reportes de inteligencia y documentos de la Sedena y la FGR identifican a varios miembros del clan Álvarez Ayala como parte activa de la estructura criminal.

Rafael Álvarez Ayala (El R2 o El Barbas): hermano, señalado como jefe operativo y encargado de la logística del grupo. Recibía instrucciones directas de El Mencho y colaboraba en el traslado de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Jesús Santiago Álvarez Ayala: hermano, fungía como colaborador cercano y escolta de Rafael durante el operativo de 2012.

Roldán Álvarez Ayala: hermano de Ramón, fue alcalde de Apatzingán bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ocupó cargos en los gobiernos estatales de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Fue detenido en 2007 durante el operativo federal conocido como el “Michoacanazo” y posteriormente liberado. En 2016, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por extorsión, tras lo cual fue señalado como prófugo. Desde el 29 de marzo de 2023 figura en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) como militante de Morena.

Desde 2012, esta familia fue identificada por la Sedena y la FGR como responsable de coordinar narcobloqueos, expandir el dominio territorial del CJNG y desatar violencia en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

El asesinato de Carlos Manzo y la segunda captura

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 alrededor de las 20:00 horas, en la Pérgola Municipal de la ciudad, durante el Festival de las Velas. Recibió seis impactos de bala cuando se tomaba fotografías con un grupo de niños. Falleció a las 20:50 horas en el Hospital Fray Juan de San Miguel.

La Fiscalía General de Michoacán identificó al ejecutor como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, adolescente de 17 años, originario de Paracho. Las investigaciones apuntaron hacia arriba en la cadena de mando: primero fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, operador de la célula de El R1, el 19 de noviembre de 2025. Posteriormente se confirmó que actuaba bajo órdenes directas de Álvarez Ayala.

El 30 de julio de 2026, tras meses de trabajos de inteligencia con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, una operación conjunta de la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano culminó con la segunda detención de El R1. Con ese arresto, el número total de detenidos por el caso Manzo ascendió a 31 personas.

La Armada de México rescató a una persona privada de la libertad y decomisó un arsenal durante tres operativos en el estado de Sinaloa, en el marco de operaciones de vigilancia y mantenimiento del Estado de derecho coordinadas por la Cuarta Región Naval.

En tres eventos distintos, personal naval aseguró armas de fuego, municiones, equipo táctico y dosis de presunta metanfetamina en los municipios de San Ignacio y El Rosario, y rescató a un joven de 20 años retenido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Culiacán.

Persona rescatada en la colonia Paseo del Rey

Durante recorridos de vigilancia en la colonia Paseo del Rey, en Culiacán, efectivos navales localizaron a un hombre de 20 años con signos de violencia. La víctima declaró ante el personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) que se encontraba privada de la libertad por presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Al revisar el área, los marinos aseguraron un vehículo en estado de abandono. La persona fue trasladada de inmediato ante las autoridades competentes para recibir la atención correspondiente.

El hallazgo se produjo en una ciudad donde la tensión entre grupos del crimen organizado ha derivado en múltiples hechos de alto impacto en semanas recientes. El 28 de julio, se reportó un caso en el sector Los Girasoles de Culiacán, donde una persona presuntamente secuestrada fue encontrada esposada y con golpes tras ser arrojada desde un vehículo en movimiento.

Arsenal decomisado en San Ignacio

El primer operativo tuvo lugar durante un recorrido terrestre en inmediaciones del poblado El Duranguito, municipio de San Ignacio. Ahí, personal naval aseguró dos armas de fuego, 597 cartuchos útiles, ocho cargadores, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El municipio de San Ignacio forma parte del corredor serrano del sur de Sinaloa, zona donde las fuerzas federales han intensificado los recorridos de reconocimiento ante el incremento de actividad de grupos armados.

Camioneta abandonada en El Rosario revela armas y droga

El segundo aseguramiento se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia terrestre en apoyo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). En inmediaciones del sitio pesquero de la laguna costera El Ostial, municipio de El Rosario, efectivos navales localizaron una camioneta tipo pick up en estado de abandono.

Dentro del vehículo hallaron seis armas largas, 15 cargadores, 520 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, 32 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y $920 en numerario.

La coordinación con CONAPESCA subrayó el alcance de las operaciones navales en zonas costeras e ictícolas, donde la presencia de grupos delictivos representa también una amenaza para las actividades pesqueras de las comunidades locales.

Operativos en un Sinaloa bajo presión federal creciente

Los tres eventos se enmarcan en un despliegue federal sostenido en el sur de Sinaloa. Según información del gabinete de seguridad federal, los operativos en la región han incluido en días recientes la inhabilitación de campamentos clandestinos en Concordia y el aseguramiento de arsenales en Mazatlán y El Rosario por parte del Ejército Mexicano y la propia Marina.

El punto de mayor impacto de la semana fue la captura, el 28 de julio, de Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como jefe regional del Cártel del Pacífico en al menos seis municipios de Sinaloa, entre ellos Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. El operativo fue conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional, la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa.

Ese contexto de reforzamiento es el telón de fondo de los aseguramientos reportados por la SEMAR. La Armada opera en Sinaloa a través de la Cuarta Región Naval y ha multiplicado sus acciones terrestres y costeras en respuesta al incremento de hechos violentos registrados en la entidad durante las últimas semanas.

Grecia Quiroz exigió este 30 de julio una investigación que llegue “hasta las últimas consecuencias” tras la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por las autoridades federales como el presunto autor intelectual del asesinato de su esposo, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

Con la captura, suman 31 personas detenidas por el homicidio, perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

La presidenta municipal pidió, mediante un mensaje en sus redes sociales, que ninguna línea de investigación se descarte, “empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato”. Junto al mensaje, Quiroz publicó un collage en el que Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, aparece abrazado de Roldán Álvarez Ayala, identificado como hermano del “R1”.

Quiroz advirtió que “aún hay mucho más por aclarar”

En el mismo mensaje, la alcaldesa reconoció el trabajo de las fuerzas federales y del secretario Omar García Harfuch, aunque dejó en claro que la detención representa solo el inicio. “Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo”, escribió.

Quiroz exigió que quienes pudieron haber participado en el crimen sean llevados ante la justicia y que se les aplique “todo el peso de la ley”.

“Aquí seguiré exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”, concluyó. En meses anteriores había señalado públicamente a funcionarios morenistas —entre ellos Godoy, Ignacio Campos Equihua y Raúl Morón— como posibles responsables.

“El R1” fue capturado tras meses de trabajo de inteligencia

La operación fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Harfuch identificó a Álvarez Ayala como el principal líder de “Los Rs”, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Jalisco.

La organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, y habría afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región. El secretario señaló que la captura forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para debilitar estructuras criminales mediante inteligencia y coordinación institucional.

Godoy compareció ante la Fiscalía de Michoacán en mayo

El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, compareció el pasado 16 de mayo ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán como testigo en la causa penal instruida por el homicidio de Manzo. Al salir, advirtió que quienes lo acusan sin pruebas enfrentarán consecuencias jurídicas.

Godoy calificó las acusaciones de Quiroz y de Juan Manzo —hermano del exalcalde— como “totalmente infundadas y además selectivas”. Argumentó que los denunciantes lo señalaron a él y a otros políticos de Morena, pero omitieron al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el propio Manzo acusó públicamente antes de su muerte. “Qué curioso que padecieron de amnesia Grecia Quiroz y Juan Manzo”, sostuvo.

El legislador aclaró que compareció como testigo y no como acusado, y dijo que su declaración “no aportó nada” a la investigación porque no estuvo presente cuando ocurrió el homicidio. Calificó los señalamientos en su contra como “politiquería electoral” y anunció que, una vez concluido el proceso electoral, revisará qué medidas jurídicas proceden contra sus acusadores.

Roldán Álvarez Ayala, el hermano político del “R1” con carrera en Morena y vínculos con Godoy

Roldán Álvarez Ayala construyó durante décadas una carrera política en Michoacán que lo llevó a ocupar cargos en gobiernos estatales encabezados por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Se afilió a Morena en marzo de 2023 y buscó candidaturas internas del partido. En 2009 fue arrestado en el “Michoacanazo”, operativo federal de la administración de Felipe Calderón, aunque quedó libre sin condena.

Mientras Roldán transitó por la política institucional, su hermano Ramón consolidó el brazo criminal del clan como líder del CJNG en la región.