Adán Fúnez, alcalde hondureño militante del partido que gobierna el país, está detrás del asesinato del ambientalista Juan López, perpetrado el 14 de septiembre de 2024, según pruebas testimoniales y científicas recabadas por investigadores hondureños a cargo del expediente. Esa prueba ubica a Fúnez en conversaciones con al menos uno de los tres sicarios detenidos en octubre pasado como presuntos responsables del asesinato de López.

Dos fuentes en Honduras, una en el Ejecutivo y otra en el Órgano Judicial, confirmaron la existencia de estos indicios, que también están consignadas en un informe de investigación al que Infobae tuvo acceso. El Ministerio Público (MP), por su parte, ha confirmado que Fúnez es sujeto de interés en la investigación por la muerte de López.

Ya el 25 de septiembre de 2024, 11 días después del asesinato, el Ministerio Público pidió a Fúnez que entregará las grabaciones de la vídeovigilancia que el alcalde tiene instalada en su casa. La petición del MP habla de tiempos específicos: de las 7:00 a.m. a las 10:00 p.m. del sábado 14 de septiembre de 2024. Esto porque, según dice un funcionario del Ejecutivo hondureño al tanto de las investigaciones que habló con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad, los primeros testimonios recabados indican que Fúnez se reunió con el sicario horas antes del asesinato, que ocurrió en horas de la noche cuando el ambientalista salía de un servicio religioso.

Hasta ahora hay tres hombres capturados como presuntos responsables del asesinato de Juan López, entre ellos Óscar Alexis Guardado Alvarenga. Uno de esos detenidos, según una fuente del MP dijo a Infobae, ha pedido un juicio abreviado, lo que significa que aceptará su culpabilidad y podría brindar información sobre el crimen; los fiscales, sin embargo, no han aceptado esta posibilidad hasta no tener información extraída de los teléfonos celulares que decomisaron a los detenidos.

Infobae intentó comunicarse con Fúnez para obtener su reacción pero no hubo respuesta. Tras 20 años al mando de la alcaldía de Tocoa, el alcalde anunció que no se presentará a la reelección y nombró un sucesor.

Johel Zelaya, el fiscal general de Honduras, dijo este 12 de febrero que el MP ha enviado teléfonos celulares relacionados con el caso a laboratorios de Estados Unidos y Costa Rica para que estudien sus contenidos, y que esperan recibir informes al respecto en los próximos días.

De acuerdo con reconstrucciones que ha hecho la prensa hondureña de lo ocurrido el 14 de septiembre, día en que lo mataron, López salía de un servicio religioso en la iglesia a la que solía acudir en Tocoa, en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Subió al asiento del pasajero en la parte delantera de un pickup y hasta ahí llegó uno de los sicarios, quien intentó, sin éxito, abrir la puerta del vehículo. Luego el pistolero se paró frente a la ventanilla delantera del carro y abrió fuego.

Juan López era reconocido en Honduras por su activismo en contra de la explotación minera a cielo abierto en zonas vulnerables a las crisis climáticas, sobre todo en el norte hondureño. En los últimos años, López, quien también era regidor en la corporación municipal de Tocoa, se había opuesto a megaproyectos mineros gestionados por compañías relacionadas al empresario Lenir Pérez, quien ha contado entre sus principales animadores políticos al alcalde Fúnez.

Antes de que lo asesinaran, López había pedido la renuncia de Fúnez, a quien acusó de estar relacionado con el narcotráfico.

Un hombre bien relacionado

El alcalde es una figura poderosa en Tocoa, en Colón, y en el Bajo Aguán, que es como se conoce a la cuenca del río Aguán, uno de los más importantes del país. La zona ha sido una de las más conflictivas de Honduras en las últimas décadas: por su geografía y su calidad de encrucijada ahí se desarrolló desde finales del siglo pasado uno de los corredores más utilizados la ruta de la cocaína que viaja hacia el norte del continente. El lugar, además, alberga recursos naturales que han sido botín de la industria extractiva local e internacional.

A Fúnez le han valido, para mantener su influencia en Colón, su cercanía a los dos principales poderes que existen en el territorio, el de los narcos y el del partido en el gobierno. Durante años, de acuerdo con testimonios recogidos en investigaciones estadounidenses y procesos judiciales abiertos en Nueva York contra narcotraficantes hondureños, Fúnez estuvo conectado a la banda Los Cachiros, originaria también de Colón. Además, el alcalde ha sido cercano a la familia Zelaya de Olancho, a la que pertenecen los hermanos Carlos y Manuel, cuñado y esposo, respectivamente, de la presidenta Xiomara Castro.

Los vínculos entre el alcalde y Los Cachiros empezaron a salir a la luz pública en 2017, cuando Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la banda, declaró ante autoridades judiciales en Nueva York que su organización criminal había recibido favores e información de políticos hondureños a cambio de sobornos. Entre los nombrados está Adán Fúnez.

Rivera es un narco que se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2014 y a partir de entonces ha dado información a fiscales estadounidenses que ha servido para condenar y procesar a media docena de políticos y traficantes, entre ellos al expresidente Juan Orlando Hernández, antecesor de la presidenta Castro.

En agosto de 2023, poco menos de un año antes de ser asesinado, Juan López concedió una larga entrevista al medio independiente Reporteros de Investigación, en la que habló de los nexos del alcalde Fúnez, de los políticos y del empresario Lenir Pérez con el narcotráfico y el crimen organizado.

“¿Cuál es el vínculo de Adán Fúnez con los Rivera Maradiaga, con Los Cachiros y en la administración pública cuando viene Juan Orlando Hernández (el expresidente condenado en marzo de 2024 en Nueva York por narcotráfico) y quiebra a Los Cachiros… es una pelea entre carteles?”, se preguntaba López al abordar las relaciones entre la política hondureña y el narcotráfico.

Al hablar del empresario Lenir Pérez, cuya empresa Los Pinares está nombrada en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas como participante en amenazas a muerte recibidas por López, el ambientalista también hizo cuestionamientos por supuestos nexos con el narco. “Uno puede llegar a la conclusión… de que él ya tenía una relación con Los Cachiros en el tema minero”, dijo.

El incómodo nexo con el cuñado de la presidenta

Cuando en febrero de 2024 desfilaban narcos, agentes antinarcóticos y otros testigos por la corte neoyorquina que juzgó al expresidente Juan Orlando Hernández, salió a relucir una larga lista de políticos y empresarios hondureños vinculados con las bandas criminales que infiltraron las instituciones del país centroamericano. Uno de los nombrados es Carlos Zelaya, exvicepresidente del Congreso y cuñado de la presidenta Castro.

De Zelaya dijeron dos de los testigos, uno de ellos Devis Leonel Rivera Maradiaga, que había recibido sobornos de Los Cachiros. La mención, sin embargo, se perdió en medio de una lista que incluía a casi toda la cúpula del Partido Nacional del expresidente Hernández.

En septiembre de 2024, sin embargo, Carlos Zelaya no pudo evitar un escándalo mayor. A inicios de ese mes, varios medios internacionales publicaron un vídeo filtrado por autoridades estadounidenses en el que aparece el político junto a otros funcionarios negociando sobornos con Los Cachiros. En esa reunión también estaba Adán Fúnez, hombre fuerte del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE) en Colón. En plática con los narcos, Zelaya pidió dinero para el “comandante”, en referencia a su hermano, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya y esposo de la presidenta Castro.

Fue tras la publicación de aquel vídeo que el ambientalista Juan López exigió, en público, la renuncia del alcalde Fúnez.

Cuando López fue asesinado poco después de su demanda pública, en Tocoa las miradas se dirigieron de inmediato hacia el acalde, sobre quien pesaba ya una historia de violencia, de enemistad con López y otros ambientalistas, y de connivencia con el narco y de empresarios mineros que han sido acusados en cortes hondureñas e internacionales por abusos contra los derechos humanos de quienes han protestado por los daños generados por los proyectos de extracción.

Ya en 2023, poco menos de un año antes de que lo mataran, a López la CIDH le había otorgado medidas cautelares por amenazas recibidas en el contexto de sus demandas ambientalistas. Aquella resolución de la comisión interamericana incluye a varios miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, del que López era miembro, y detalla amenazas de muerte extendidas por sicarios y políticos de la zona.

El asesinato de Juan López, como el de la ambientalista Bertha Cáceres en 2016, activó un fuerte reclamo internacional contra el Estado de Honduras. En el caso de Cáceres, después de varias trabas y retrasos, la justicia hondureña condenó a los autores materiales, pero dejó del lado la investigación a los supuestos autores intelectuales, entre los que la familia de la ambientalista cuenta a poderosos empresarios cuyos intereses económicos se vieron afectados por sus denuncias. Lo mismo parece haber ocurrido en el caso de López.

La posible participación de Fúnez, y el potencial vínculo de las empresas mineras a las que él ha defendido, en el asesinato de López no llegan como por sorpresa para casi nadie en Tocoa. El representante de la iglesia católica en la localidad es uno de los que se ha atrevido a señalar las conexiones en público. “Creo que entre estos actores está la municipalidad, en confabulación con la minera, son los autores. La minera sin duda alguna está favoreciendo dando algunos, vamos a decir dineros, a la municipalidad para que se venda a favor de la operación de la minera, entonces, creemos que son los autores principales», dijo a periodistas Carlos Orellana, párroco católico, y añadió: “Como Iglesia responsabilizamos a don Adán Funez y a sus regidores más cercanos que son afines a él.

En el caso del ambientalista López, las pesquisas apuntan a una mafia política encabezada por el alcalde Fúnez, nombrado en el expediente de investigación como la persona que contrató a los sicarios que dispararon en contra de López y lo mataron. Por ahora, el político sigue libre.

El juicio por narcotráfico al expresidente hondureño en Juan Orlando Hernández en Nueva York, que terminó con una condena en marzo pasado y una sentencia posterior a 45 años de cárcel, fue el final de su carrera política y de sus días como hombre libre, pero también fue, aunque pocos en Honduras lo advirtieron en ese momento, el inicio de un periplo similar en el seno de la familia de Xiomara Castro, némesis política y sucesora de Hernández.

El escándalo que salpica a la presidenta involucra a su familia y se destapó el pasado martes 3 de septiembre, cuando la cadena televisiva Univisión publicó un vídeo en el que Carlos Zelaya, cuñado de Xiomara Castro y hasta entonces secretario del Congreso Nacional, aparece negociando con narcotraficantes la entrega de medio millón de dólares. La mitad del dinero, dice Zelaya en el vídeo, es “para el comandante”, en referencia a su hermano Manuel “Mel” Zelaya, expresidente de Honduras (2006-2009) y esposo de la actual mandataria.

El vídeo filtrado a Univisión y al portal InSight Crime, especializado en criminalidad organizada en América Latina, fue grabado en 2013 por un narcotraficante llamado Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes de la banda Los Cachiros, que ha sido de las más poderosas e influyentes en el negocio del trasiego de cocaína por Honduras desde principios de este siglo. Desde 2012, se sabe ahora por documentos que han presentado fiscales estadounidenses en juicios a decenas de narcotraficantes hondureños, Rivera Maradiaga trabajó como informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) antes de entregarse a los agentes de Washington para ser juzgado en Nueva York.

De acuerdo con un agente estadounidense consultado en Washington, quien ha tenido conocimiento de expedientes abiertos a narcotraficantes hondureños, es posible que “El Cachiro”, como se conoce a Rivera Maradiaga en su país, haya aportado a la justicia estadounidense hasta una docena de vídeos similares grabados en reuniones con políticos y funcionarios de Honduras. En el caso de la reunión con Carlos Zelaya, el encuentro fue registrado con una cámara oculta en un reloj.

Cuando Carlos Zelaya se reunió con Rivera Maradiaga y otros narcotraficantes, en 2013, estaba en pleno apogeo la campaña presidencial en Honduras. Los principales candidatos eran Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional y hasta entonces presidente del Congreso, y Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, el presidente que en 2009 fue depuesto por un golpe militar. Castro corrió por el Partido Libertad y Refundación (Libre), una escisión del Partido Liberal, la otra formación política tradicional en Honduras.

En aquella ocasión ganó Hernández, y su mandato duró dos periodos, hasta 2022. En Honduras la reelección no está permitida, pero Hernández logró reengancharse en los comicios generales de 2017 gracias a una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia, que entonces él y su partido controlaban.

No había pasado mucho tiempo desde que JOH -como se conoce a Hernández en Honduras por sus iniciales- asumió por primera vez cómo presidente, cuando agentes estadounidenses antidrogas desplegados en el país centroamericanos empezaron a sospechar que el círculo íntimo del político, e incluso el mandatario mismo, estaban envueltos con narcotraficantes. Tras una guerra contra los capos más importantes de los clanes hondureños la década pasada, librada por la DEA y jefes policiales hondureños a espaldas de Hernández, jefes criminales como El Cachiro fueron cercados y terminaron sirviendo de agentes infiltrados a los estadounidenses.

Cuando, en 2024, JOH fue juzgado en Estados Unidos luego de que terminó su periodo presidencial y fue extraditado a una corte neoyorquina, el testimonio de El Cachiro fue vital para el veredicto condenatorio que el jurado entregó el 8 de marzo pasado. Durante su aparición en la corte, Rivera Maradiaga dijo que había entregado sobornos a Hernández y a sus colaboradores y que, a cambio, el político había utilizado su influencia para expandir el negocio del narcotráfico en Honduras. En aquel juicio, a preguntas de uno de los defensores de JOH, El Cachiro también implicó a Carlos Zelaya al decir que también le había entregado sobornos; era un adelanto de lo que se ha visto en el video filtrado hace unos días a medios de comunicación.

A Carlos Zelaya y a su hermano Mel Zelaya también los implicó, en el juicio a Hernández, otro testigo, un hombre a quien los fiscales presentaron como José Sánchez, contador de un empresario hondureño que hacía tratos con narcos y financiaba campañas políticas. El contador dijo que habían entregado dinero de la droga a Hernández, y dijo que lo mismo habían hecho con los Zelaya en apoyo a campañas electorales.

Raymond Colon, uno de los abogados de Hernández, preguntó a otro testigo, el narco alcalde Alexander Ardón, si sabía que Héctor Manuel Zelaya, hijo de la presidenta Castro y Mel Zelaya y secretario privado presidencial, había participado en 2009 en una reunión con narcos en la que se planificó el asesinato de Julián Arístides González, entonces zar hondureño antidrogas. El juez Kevin Castel, quien dirigió los procedimientos judiciales contra Hernández, pidió al jurado obviar la pregunta y, en Honduras, Héctor Zelaya negó la acusación.

Todos aquellos sobornos, reuniones y alianzas de los que han hablado El Cachiro, el contador y otros testigos que han colaborado con la justicia estadounidense, ocurrieron, en principio, en el marco de las presidenciales de 2013. Si se ha de creer a esos testimonios, que ya sirvieron para condenar a Juan Orlando Hernández, el candidato que ganó aquellas elecciones, el bando contrario, que entonces como ahora lideraban Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya, también ingresó dinero del narcotráfico. Al final, son los mismos testimonios que condenaron a JOH los que ahora embarran a los Zelaya Castro.

El tratado de extradición con Estados Unidos y la defensa política de Xiomara Castro

Cuando, en Nueva York, los fiscales que acusaron a Hernández describieron Honduras hablaron de un país en el que la complicidad entre los narcotraficantes y lo más alto del poder político infiltró todas las instituciones del gobierno y facilitó la creación de un narcoestado. En aquel juicio, el asunto se limitó a JOH y a su partido, el Nacional, pero las pistas de que los tratos trascendían a un político y un partido quedaron sobre la mesa.

Después del juicio a Hernández, Honduras extraditó a Estados Unidos a Midence Oquelí Martínez Turcios, un político cercano a los Zelaya, también por narcotráfico. El cerco se estrechaba, ya no por el lado de JOH, sino por el de sus adversarios.

El fiscal general de Honduras, basado en información recogida por cuatro de sus subalternos durante el juicio a Hernández, anunció en Honduras investigaciones a funcionarios y políticos mencionados por los narcos en el juicio de Nueva York. Carlos y Mel Zelaya estaban entre los citados a declarar en el Ministerio Público.

El 1 de septiembre, Carlos Zelaya fue al MP. Cuando salió dio unas declaraciones a periodistas que han revolucionado a Honduras: dijo Zelaya que renunciaría a su cargo como secretario del Congreso Nacional, y a su puesto en la burocracia interna de Libre, y habló de una reunión en la que se había hablado de dinero, pero aseguró que él nunca lo recibió y que su hermano Mel no sabía nada al respecto. A las pocas horas renunció también José Manuel Zelaya, hijo de Carlos y ministro de defensa de Xiomara Castro.

Días antes de las renuncias, el 28 de agosto, la presidenta Castro había ordenado a su canciller, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, que hasta entonces había servido para que llevar a cortes y cárceles estadounidenses a unos 50 hondureños, la mayoría hombres, acusados por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La decisión, dijo la mandataria, obedecía a los intentos de injerencia de Laura Dogu, embajadora de Washington, en la política local.

Tras la denuncia del tratado, la renuncia de Carlos Zelaya y la filtración del vídeo filmado por el narcotraficante conocido como El Cachiro en el que el cuñado de la presidenta aparece negociando dineros con el crimen organizado en nombre de Mel Zelaya, su hermano y esposo de Xiomara Castro, el oficialismo hondureño se ha atrincherado en una versión: todo el escándalo ha sido provocado por un intento de “fuerzas oscuras” de deponer a la mandataria y a su gobierno con un golpe de Estado. En esa versión, posibles peticiones de extradición de políticos oficialistas y militares leales a Castro son parte de un complot internacional y no la aplicación del mismo tratado de extradición que sirvió para juzgar, condenar y sentenciar a Juan Orlando Hernández, el adversario político.

Más allá de las líneas partidarias, pocos en Honduras dan crédito a esa versión. “Justificar la denuncia de un tratado bilateral, que ha resultado ser efectivo, por cuestiones de soberanía nacional es una justificación que no tiene ningún sustento, que es imposible de creer. Uno se queda con la sensación de que esto tiene que ver más con proteger a su círculo familiar y político cercano”, opina Joaquín Mejía, catedrático y especialista en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia a la decisión de la presidenta Castro.

En el video en el que aparece Carlos Zelaya con los narcos también está Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, en Colón (norte del país), y miembro de Libre, el partido oficialista. Fúnez ya había sido señalado en documentos judiciales estadounidenses y en procesos internos de investigación en Honduras por sospechas de vinculación al narco y de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con un investigador hondureño que habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma, Fúnez siempre ha gozado de la protección política de los Zelaya.

Hay otros que comparten la opinión del catedrático Mejía respecto a la versión oficial de que la renuncia de Carlos Zelaya es producto de un complot internacional. Dos funcionarios cercanos al gobierno actual, quienes también pidieron anonimato, restaron credibilidad a esa narrativa. “Eso de que hay un intento de golpe es un invento, lo que están haciendo es tratar de proteger a sus narcos”, dijo uno de ellos. Otro de los consultados cree que la única forma de que Castro cierre este capítulo con decoro es que desista de denunciar el tratado de extradición: “Solo así podrá demostrar que no está defendiendo intereses mezquinos y particulares”, dijo este funcionario.

Tanto en Washington como en Nueva York, donde fiscales del distrito sur de esa ciudad continúan las investigaciones relacionadas con narcos hondureños, hay copias de todos los vídeos y grabaciones que criminales como Devis Leonel Rivera Maradiaga, “El Cachiro”, hicieron mientras fueron agentes encubiertos de la DEA. Otros narcos que ya fueron condenados y testificaron en contra de políticos ahora sentenciados, como el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han visto sus sentencias reducidas.

Por lo ocurrido en Honduras en los últimos días, parece que las grabaciones que esos narcos hicieron hace diez años seguirán provocando olas en la política del país centroamericano, que sigue siendo uno de los principales puentes de la cocaína que se mueve hacia el norte de América.