El abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella expresó su rechazo ante la advertencia del Pentágono sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante una entrevista en la emisora Caracol Radio, De la Espriella sostuvo que no admite “bajo ninguna circunstancia una incursión extranjera en Colombia”, y remarcó que así lo ha manifestado a “importantes miembros del gobierno norteamericano”.

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La discusión se produjo después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos sugiriera la opción de desplegar fuerzas terrestres en la región, específicamente en Colombia y México, con el objetivo de frenar el avance del narcotráfico.

De la Espriella subrayó: “No acepto ninguna incursión aérea ni terrestre en territorio colombiano”, enfatizando la autonomía nacional.

Consultado sobre si esta oposición incluiría situaciones similares a la intervención en Venezuela durante el mandato del dictador Nicolás Maduro, el abogado diferenció ambos contextos.

Según relató al medio citado, “allá no había nada. Había una tiranía con un bandido narcoterrorista que tenía una solicitud de una corte en Nueva York, un dictamen”. Añadió que en contraste, en Colombia “todavía hay instituciones”.

De la Espriella defendió el papel de las instituciones colombianas, afirmando que la rama judicial ha frenado los abusos y el Congreso se ha opuesto a los excesos del actual gobierno. Destacó que, aunque existen “mercaderes de la política”, también hay miembros “decentes” en el legislativo que no se han dejado comprar.

El abogado identificó al Ejército de Colombia como una fuerza pública que defiende los intereses del pueblo, no los de un gobierno particular.

En la entrevista, Abelardo de la Espriella propuso una alternativa a la intervención directa: “Lo que propongo yo es una fuerza multinacional para combatir un enemigo común a los Estados Unidos, a Europa, Asia, al resto del mundo, que es el narcoterrorismo”. Explicó que dicha cooperación internacional podría coordinarse desde Colombia, pero recalcó que la soberanía nacional debe ser “respetada y honrada todo el tiempo”.

El abogado enfatizó que no se opone a la colaboración internacional, siempre que se preserve la independencia del país. “Lo que sí puede haber es cooperación”, sostuvo, planteando la idea de una fuerza conjunta, pero sin presencia militar extranjera en el territorio nacional. Según De la Espriella, “nosotros tenemos nuestra autonomía, nuestra soberanía”.

La advertencia del Pentágono en un momento de tensión regional, con Estados Unidos evaluando nuevas estrategias para contener el tráfico ilícito de drogas que afecta a América Latina y tiene consecuencias globales.

Las declaraciones de De la Espriella se producen tras recientes informes sobre el fortalecimiento de organizaciones criminales en la región y el aumento de la presión internacional sobre los gobiernos locales.

De la Espriella afirmó: “Eso lo podemos hacer de manera coordinada con dirección en Colombia”. Esta posición busca diferenciar entre cooperación y ocupación, una distinción que, según el abogado, resulta fundamental para mantener el control soberano sobre las decisiones de seguridad interna.

Durante la entrevista, el abogado reiteró su confianza en la capacidad de las instituciones colombianas para enfrentar desafíos internos.

Al referirse al Congreso y a la rama judicial, destacó que “hay gente buena en el Congreso” y que “la rama judicial se ha parado frente a los dislates y a las tropelías del gobierno”. Para De la Espriella, la defensa de la soberanía nacional requiere tanto firmeza política como respaldo institucional.

Las reacciones ante la advertencia estadounidense han generado debate en el escenario político colombiano. Diversos sectores han solicitado mayor claridad sobre las condiciones de cualquier apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico.

“Vamos a esperar, vamos a esperar. Tenemos nuestra autonomía, nuestra soberanía, y eso tiene que ser respetado y honrado todo el tiempo”, concluyó el abogado quien ha sido uno de los fuertes opositores del gobierno de Gustavo Petro, sugiriendo que cualquier decisión debe ser analizada con calma y en consulta con todos los sectores implicados.

La confrontación política en Colombia alcanzó un nuevo nivel tras una serie de acusaciones cruzadas entre figuras clave del escenario nacional.

El detonante fue la declaración del candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella, quien exigió que todo aspirante al máximo cargo del país asuma el compromiso de llevar ante la justicia al presidente Gustavo Petro y a su círculo cercano.

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“Quien aspire a la presidencia de Colombia debe comprometerse a hacer responder al presidente Petro y a todos sus cómplices por sus delitos. Soy capaz de acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”, afirmó De La Espriella, refiriéndose a las investigaciones que fiscales estadounidenses adelantan en torno a presuntos nexos del mandatario con organizaciones de narcotráfico.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X, rechazó de manera categórica las acusaciones y cuestionó el pasado de su adversario.

“El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder... ¿Responder qué?”, escribió.

Petro aseguró no tener propiedades, vehículos, cuentas ni bienes fuera del país, y subrayó que nunca ha sustraído recursos públicos. “No me interesa ser rico ni me domina la codicia”, aseguró en su mensaje.

El mandatario enfatizó que jamás ha atacado a nadie sin pruebas y denunció que De la Espriella lo hace sin fundamentos.

Petro se refirió a las investigaciones en Estados Unidos como procedimientos preliminares impulsados por sectores de la derecha colombiana, agregando que en su trayectoria jamás ha enfrentado cargos formales de este tipo en Colombia.

“No me interesan los procesos en EE. UU. porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times”, sostuvo.

En su defensa, el jefe de Estado advirtió que los mensajes de su opositor pueden ser interpretados como incitación a la violencia.

“Usted me ataca y usted me calumnia. Sus defendidos interpretan su mensaje como asesinarme, y sabré qué hacer en el momento adecuado”, advirtió Petro, quien resaltó que su vida ha estado dedicada a defender a otros por encima de su propio interés.

El presidente, además, relacionó los ataques recibidos con lo que considera una estrategia para debilitar el proyecto progresista en Colombia mediante la intervención de actores externos y la manipulación informativa.

El reciente cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella provocó una fuerte reacción en el espectro político colombiano.

Roy Barreras, exsenador y candidato presidencial, intervino en la discusión con un mensaje contundente en redes sociales, donde cuestionó el tono y fondo de las acusaciones lanzadas por De La Espriella.

“El ataque cargado de odio de de la Espriella es una afrenta, es un descaro pero sobretodo es un error. Siembra odio y rabia a lado y lado y divide más a Colombia”, señaló Barreras.

El político instó a las instituciones, entre ellas las Cortes y el Congreso, a proteger la investidura del presidente ante los señalamientos provenientes de sectores que calificó como extrema derecha extranjera.

En su mensaje, Barreras recordó que Gustavo Petro fue elegido “democrática y legítimamente en las urnas” y que su trayectoria ha estado marcada por la denuncia del paramilitarismo.

“Fueron sus primeros debates los que alertaron a Colombia del empoderamiento político perverso del narcoparamilitarismo en el Congreso y en las regiones”, apuntó.

Barreras también criticó la postura de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien calificó como “muy grave” una publicación del New York Times.

El exsenador cuestionó que Valencia no haya mostrado la misma preocupación ante denuncias y sentencias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni ante otras violaciones de derechos humanos en el pasado reciente.

“No, nada de eso le parece ‘muy grave’ a la santa Paloma pero sí las calumnias que ustedes mismos fabrican”, agregó Barreras. El mensaje concluyó con una advertencia sobre los peligros de fomentar la polarización: “Perderán, porque la siembra del odio no es lo que merece Colombia”.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló en la red social de X que el gobierno de Gustavo Petro ha registrado la cifra más alta de hectáreas de cultivo de coca y producción de cocaína en la historia del país.

La aspirante presidencial comparó los datos actuales con los que se registraron durante la época en la que operaba el cartel del narcotraficante Pablo Escobar, y planteó cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones oficiales contra el narcotráfico.

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De acuerdo con Valencia, el país enfrenta una situación inédita por la magnitud de los cultivos ilícitos y el volumen de droga producida.

“Petro sí tiene unos récords. La mayor cantidad de hectáreas nunca antes cultivadas de coca en Colombia. La mayor producción de cocaína nunca antes en la historia. Este gobierno tiene a Colombia produciendo más coca que en la época de Pablo Escobar”, escribió la senadora.

La parlamentaria añadió que durante los años en que Pablo Escobar lideraba el narcotráfico, la producción fue de “200 toneladas métricas de cocaína”, pero, según su denuncia, “en este gobierno ya no estamos en por diez, sino en tres mil toneladas métricas de cocaína”.

La cifra mencionada por la senadora supera ampliamente los registros oficiales históricos, lo que genera debate en el contexto político y social del país.

Valencia subrayó que, pese al aumento en la producción, “estamos capturando el 28% de la cocaína que se produce, ni siquiera el 30”, y contrastó este dato con épocas anteriores en las que “las incautaciones en el país llegaron y superaron el cincuenta por ciento”.

La candidata presidencial sostuvo que el incremento en la disponibilidad de droga ha favorecido a las estructuras ilegales. “Lo cierto es que este es el gobierno que más negocio le ha dado a los ilegales”, expresó en redes sociales.

La congresista asoció este fenómeno con el repunte de delitos como el terrorismo, la extorsión, el reclutamiento de menores y el asesinato de jóvenes en diferentes regiones de Colombia. “Por eso está disparado el terrorismo, la extorsión, el reclutamiento de menores, el asesinato de nuestros jóvenes”, señaló.

En su mensaje, Valencia invitó a los ciudadanos a analizar críticamente los datos oficiales y cuestionar las cifras divulgadas por el gobierno. “Las cifras hay que mirarlas con ojo crítico”, dijo, aludiendo a otro usuario de la red social.

Por último, también hizo un llamado a los electores para que participen en las consultas internas de los partidos el domingo 8 de marzo de 2026.

La producción mundial de cocaína marcó récord en 2023 y Colombia lideró el aumento

La producción global de cocaína alcanzó un récord en 2023, superando las 3.700 toneladas, un aumento del 34% respecto a 2022, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) divulgado en Viena.

La expansión de cultivos y laboratorios ilegales en Colombia impulsó este fenómeno, ubicando al país como el principal proveedor mundial y epicentro de un mercado en rápida transformación.

El informe subraya que la oferta internacional de cocaína “se ha diversificado y es más global”, con nuevas rutas y logística flexible.

América del Sur, especialmente Colombia, lideró el crecimiento de la producción y la sofisticación de los procesos ilícitos. El traslado del consumo hacia África y Asia confirma el cambio, con “señales claras” de expansión en esas regiones.

El número de consumidores pasó de 17 a 25 millones entre 2013 y 2023, según Naciones Unidas. En África, las confiscaciones subieron un 48%, mientras en Asia surgieron métodos novedosos para ocultar la droga. Europa Occidental y Central se mantuvieron como principales destinos, con decomisos que superaron a los de América del Norte.

La Jife alertó sobre el impacto en países como Ecuador, donde las incautaciones crecieron un 30% y la violencia se disparó. El informe advierte sobre la aparición de cultivos en Centroamérica, lo que podría ampliar el problema y exigir nuevas respuestas estatales.

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar expresó optimismo respecto al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, hoy 3 de febrero de 2026 a las 11:00 a. m., lo anterior en respuesta a críticas de sectores opositores sobre el posible resultado de la reunión.

A través de su cuenta en la red social X, Bolívar sostuvo que “Aunque los apátridas apuestan porque al Pte Petro le vaya mal en su reunión con D. Trump, pasará lo contrario. Petro demostrará con datos que su gobierno es el que más ha combatido y más resultados tiene contra el narcotráfico”.

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Según Bolívar, el mandatario colombiano también expondrá ante Trump los esfuerzos realizados en la lucha contra el ELN en la frontera y ratificará su intención de continuar con esas acciones.

Se prevé, además, que Petro buscará recuperar la ayuda económica de Estados Unidos y propondrá mediar entre el gobierno de transición y la oposición venezolana, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de la democracia en ese país.

Dentro de los compromisos que, según Bolívar, Petro asumirá en la reunión, figura el establecimiento de metas más ambiciosas para la erradicación de cultivos ilícitos, así como la obtención de la certificación correspondiente.

El exsenador enfatizó que no habrá señales de sumisión en el diálogo bilateral. “No habrá arrodillamiento”, escribió, y aseguró que el presidente manifestará su preferencia por judicializar a quienes transportan cocaína en lanchas, además de ratificar su posición sobre el respeto a la soberanía de los Estados.

Bolívar anticipó que ambas administraciones formalizarán un plan conjunto orientado a desarticular las estructuras del narcotráfico. “Entre las dos naciones concretarán un plan para desarticular el narcotráfico”, indicó en su mensaje.

El exsenador concluyó su pronunciamiento afirmando que el resultado del encuentro será favorable y marcará una nueva etapa en la relación bilateral.

“La reunión será exitosa y las dos naciones reencaminarán sus relaciones, como siempre ha sido, como debe ser”, puntualizó Bolívar desde su perfil en X.

Juan Carlos Pinzón invitó a Petro a moderar discurso y priorizar desarrollo económico en cita con Trump: “Tiene que bajar el tono provocador”

El presidente Gustavo Petro arribó a Washington D.C. en la madrugada del lunes 2 de febrero de 2026, con el propósito de avanzar en una agenda bilateral clave para el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

La Presidencia confirmó su llegada a la ciudad a las 12:30 a. m., marcando el inicio de una visita oficial que se extiende hasta el 5 de febrero y que tendrá como momento central un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La agenda diseñada por ambos gobiernos incluye temas de cooperación bilateral, inversión, comercio y seguridad, puntos considerados fundamentales para la relación entre las dos naciones.

El encuentro con Trump está previsto para hoy 3 de febrero de 2026, día en el que se espera que los mandatarios aborden asuntos estratégicos en un contexto internacional marcado por desafíos compartidos.

En paralelo al anuncio oficial, el exministro de Defensa y aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón difundió un mensaje en la red social X, dirigido directamente a Petro.

El candidato presidencial Pinzón recomendó “bajar el tono provocador” durante la reunión, evitar amenazas y centrarse en construir una agenda enfocada en el desarrollo económico.

Sostuvo que el presidente debería detallar el monto de inversión proyectado, el número de empleos que se aspira a generar y los productos nacionales que buscará posicionar en el mercado estadounidense.

Juan Carlos Pinzón también criticó la política de paz total del Gobierno, argumentando que ha favorecido a organizaciones criminales. “Usted tiene que parar el fortalecimiento que le ha dado a los grupos criminales con lo que llaman paz total”, afirmó.

Solicitó, además, que Colombia obtenga apoyo estadounidense para combatir el terrorismo y el crimen organizado, enfatizando la necesidad de un compromiso firme contra el narcoterrorismo.

Los combates entre facciones disidentes de las Farc en la zona rural de Guaviare han encendido nuevas alertas sobre la disputa por rutas del narcotráfico y el control de territorios estratégicos en el oriente de Colombia.

El Ejército Nacional confirmó a Caracol Radio que hay un número indeterminado de muertos tras los enfrentamientos entre dos bloques armados que buscan el dominio de corredores ilegales, aunque todavía no existe una cifra oficial de víctimas.

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“El reporte preliminar que tenemos indica confrontaciones entre estas dos estructuras, producto de disputas por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en esta región del país”, detalló el coronel Miguel Ángel Benítez Celada, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada de Selva No. 22 del Ejército Nacional, en diálogo con Caracol Radio.

Según el oficial, los grupos involucrados corresponden al Bloque Amazonas, liderado por alias Iván Mordisco, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que responde a alias Calarcá.

El coronel explicó que las rutas por las que los disidentes se atacaron pasarían por el Guaviare hacia los departamentos de Guanía y Caquetá, lo que hace que se convierta en un corredor estratégico.

“Las informaciones preliminares pues cuenta de unos cuerpos, al parecer, presuntos integrantes de la Comisión Martín Villa del Bloque Amazonas y todo ello debido a las disputas del control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en este sector del país”, señaló el oficial.

Sobre el número de muertos, el coronel Benítez advirtió que, aunque sí hay confirmación de personas fallecidas, aún se desconoce el número oficial de bajas para ambos bandos de las disidencias.

“Como le manifesté, no tenemos dato de cantidades de cuerpos o personas, eh, asesinadas en este conflicto”, señaló el oficial del Ejército al medio radial.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha podido confirmar datos exactos de víctimas, nombres o identidades de los cuerpos hallados en el área.

“Se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el departamento y ninguna de las autoridades ha podido confirmar datos exactos sobre número de cuerpos o nombres”, reiteró el coronel a Caracol Radio.

Entretanto, el despliegue militar continúa para poder precisar el alcance real del enfrentamiento. “La noche anterior realizamos movimientos de tropa, insertando unidades en el área para que posteriormente inicien desplazamiento hacia el objetivo. A su vez, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha efectuado sobrevuelos en el punto con el fin de hacer verificaciones de concentración de estructuras, de cuerpos y esto también ha sido apoyado con la aviación del Ejército”, añadió el coronel Benítez a Caracol Radio.

Consultado sobre la eventual presencia de cabecillas de alto perfil entre los fallecidos, como alias Jimmy o “Iván Mordisco”, el vocero militar aseguró que, de momento, no existen reportes de inteligencia que puedan corroborar o desmentir dicha información de manera enfática.

“No, inteligencia aún no nos ha confirmado nada y yo no podría mencionarle algo que inteligencia no nos ratifique o desvirtúe”, continuó el alto mando.

Respecto al impacto sobre la población civil, el portavoz del Ejército indicó que hasta ahora no existen reportes de desplazamiento ni confinamiento vinculados a los combates.

“Ningún representante manifestó algún hecho de desplazamiento de población civil, ni tampoco afectaciones a los pobladores. De igual manera, en las labores que nosotros hemos hecho de verificación, tampoco tenemos o nos han reportado algún dato al respecto”, destacó Benítez.

Al cierre de la conversación, el coronel Benítez recalcó que, mientras no haya información directa de inteligencia militar, no se puede confirmar ni negar la presencia de líderes criminales en el área ni precisar detalles sobre el saldo mortal de la confrontación.

El Estado colombiano tendría conocimiento detallado, desde 2022, sobre las operaciones de narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque los documentos habrían quedado en el olvido y el Gobierno Petro decidió suspender capturas y otorgó estatus político al grupo armado.

De hecho, una investigación realizada por la revista Cambio, basada en documentos inéditos de inteligencia, dejó ver cómo se habría estructurado el brazo narcotraficante del ELN con presunta ayuda de gobiernos extranjeros.

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Sin embargo, la decisión del presidente en medio de su estrategia de paz total facilitó el fortalecimiento de las redes ilícitas y estructuras criminales del grupo armado, mientras que Gustavo Petro ahora concentra sus críticas en la supuesta lentitud judicial y en la Fiscalía General.

El diario nacional accedió a informes del Batallón de Inteligencia Militar 8 en Yopal, Casanare, enviados a la Fiscalía entre febrero y marzo de 2022. Estos documentos exponen cómo el ELN se habría transformado en una estructura internacional de narcotráfico, con laboratorios de cocaína en una isla de Brasil y actividades en Venezuela, especialmente en los estados de Anzoátegui y Bolívar.

De acuerdo con estos informes, la coordinación recaía en Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, líder y negociador clave del ELN. Junto a él operaban Arturo Archila Rincón (“Raúl” o “Nacho”), encargado del procesamiento de clorhidrato de cocaína y pasta base en Arauca y Venezuela, así como Gerly Sánchez Villamizar, alias Mono Gerly, responsable de los laboratorios y el almacenamiento de drogas en pistas clandestinas del sector de Puerto Páez, Venezuela.

Los archivos también mencionan el presunto respaldo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, que habría colaborado en la expansión de laboratorios y en el tránsito de cargamentos hacia el extranjero. Desde Puerto Páez, la droga salía en vehículos de lujo rumbo a Venezuela, donde habría recibido el apoyo del Cartel de los Soles, antes de continuar hacia Surinam, Brasil y México. El Cártel de Sinaloa figuraba como uno de los aliados internacionales más destacados.

En la estructura revelada, además de “Pablito” y “Mono Gerly”, destaca “El Piloto”, cuya identidad sigue sin hacerse pública y que sería familiar de Sánchez Villamizar. “El Piloto” coordinaba los envíos hacia Centroamérica y facilitaba el ingreso de dinero ilícito a Colombia utilizando casas de cambio en Bogotá y Cúcuta, con la colaboración de un contador, sobrino del principal operador.

La circulación de esta información no se limitó a un reducido círculo. Diego Molano, exministro de Defensa durante el gobierno de Iván Duque, afirmó a Cambio que siempre estuvo informado por inteligencia militar sobre la estructura narco del ELN y la consideró prioridad.

En contraste, Iván Velásquez, que lo sucedió en la cartera después de la llegada de Gustavo Petro, y actualmente embajador ante la Santa Sede, aseguró que nunca recibió esos informes ni reportes de inteligencia sobre el brazo narcotraficante del ELN. Sostuvo además que ignora en qué punto de la cadena se detuvo el flujo de información.

En agosto de 2022, al asumir la presidencia, Petro ordenó la suspensión de órdenes de captura contra los líderes del ELN y reanudó los diálogos de paz, promoviendo el reconocimiento del grupo como organización política armada rebelde.

Este cambio legal, señaló el abogado Francisco Bernate, transformó el trato judicial hacia los integrantes del ELN, permitiendo indultos, amnistías y desactivando acciones militares como los bombardeos.

La negociadora Vera Grabe defendió ante el medio nacional la caracterización política del ELN y argumentó que, más allá de sus medios de financiación, el grupo mantiene motivaciones políticas propias. Consideró que etiquetarlos solo como narcotraficantes impide que los diálogos de paz avancen hacia una solución real al conflicto.

“Etiquetarlos así puede ser popular, pero no resuelve un conflicto que requiere diferenciar las motivaciones para obtener resultados reales en los diálogos. Nuestra labor en la delegación es recuperar la negociación para abordar temas humanitarios urgentes y evitar que el proceso quede en el limbo”, comentó Grave a Cambio.

A pesar de los argumentos oficiales, los hechos documentados muestran que la suspensión de acciones y el estatus político habrían funcionado como escudo para el fortalecimiento del grupo.

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura solo hasta 2025, lo que permitió la salida de dirigentes clave como “Raúl” o “Nacho” y “Mono Gerly” y el libre funcionamiento de estructuras dedicadas al lavado de activos y el tráfico de estupefacientes.

En este contexto, el señalamiento de Petro hacia la Fiscalía se contradice con la protección jurídica que su propio Gobierno otorgó, una situación, según expuso Cambio, que favoreció el fortalecimiento reciente del ELN.

Como resultado, el brazo narcotraficante del ELN expandió sus operaciones, consolidó alianzas con fuerzas y organizaciones extranjeras y canalizó recursos ilegales bajo la apariencia de una paz formal, sin que los cambios jurídicos se tradujeran en una transformación real sobre el terreno.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a colocar en el centro del debate nacional la agenda que llevará el presidente Gustavo Petro a la próxima reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

En un mensaje en la red social X, Rendón manifestó que la visita será el escenario en el que se pondrá a prueba la verdadera disposición del Gobierno colombiano para enfrentar a los grupos criminales y el tráfico de drogas.

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En palabras del mandatario antioqueño, la cita bilateral debe abordar temas que demuestren una genuina intención de combatir a los narcos, actores con los que el Ejecutivo actual sostiene diálogos en el marco de la política de paz total.

Rendón fue enfático en su crítica al señalar que “los mismos que subió a una tarima en Medellín y que han inundado con cocaína a Colombia y Estados Unidos” ahora participan en negociaciones directas con la administración de Petro.

La publicación, que rápidamente generó repercusión en redes sociales y círculos políticos, interpeló la eficacia de la estrategia oficial y exigió resultados tangibles en la lucha antidrogas.

En un video difundido también en X, el gobernador de Antioquia desglosó cinco puntos que, a su juicio, deben marcar la agenda bilateral.

“Primero, poner fin a la fracasada paz total y reactivar órdenes de captura contra bandidos con los que el gobierno nacional negocia por doquier, en Cuba, Colombia, Dubái y México”, sostuvo Rendón, quien identificó a las Farc, el ELN y el Clan del Golfo como las organizaciones que concentran actualmente el mayor poder del narcotráfico en el país.

Según el dirigente regional, perseguir a los cabecillas y proceder a su extradición resulta fundamental, ya que muchos de ellos han encontrado refugio en Venezuela.

El segundo eje propuesto por Rendón apuntó a la reanudación de la fumigación aérea en enclaves cocaleros y a un plan piloto en Antioquia.

“Estamos listos para una lucha real contra el narcotráfico más allá del discurso”, subrayó el funcionario.

El tercer aspecto se centra en la “persecución sin tregua a la minería ilegal”, considerada por el gobernador como una fuente crucial de financiación para los grupos armados ilegales.

En el cuarto punto, el mandatario regional exigió “bombardeos y persecución total Calarcá y sus secuaces”, a quienes responsabilizó del asesinato de trece policías y del derribo de un helicóptero estadounidense.

“Gozan de impunidad y de trato complaciente por parte del gobierno de Petro”, denunció Rendón en su intervención.

El quinto planteamiento se enfoca en la consolidación de la seguridad en territorios recuperados, con una presencia integral del Estado. Para el gobernador antioqueño, llevar servicios policiales, de justicia, oportunidades sociales y desarrollo económico es indispensable para cortar el ciclo de violencia.

Además, insistió en la necesidad de garantizar “dignidad y operatividad” a las fuerzas armadas, advirtiendo que las actuales políticas han generado desmoralización entre soldados y policías.

Experto explicó la importancia de la próxima reunión que tendrá Petro con el presidente Donald Trump

El abogado y académico Fernando Cepeda Ulloa calificó como una cita de relevancia histórica la reunión prevista entre Donald Trump y Gustavo Petro para la primera semana de febrero, en declaraciones recogidas por La FM Fin de Semana.

Cepeda argumentó que la relación entre Colombia y Estados Unidos no tiene parangón en América Latina, ya que se ha mantenido intacta por más de dos siglos pese a escenarios adversos, según informó el medio radial.

El exembajador subrayó que el contacto directo entre ambos mandatarios representa una manifestación clara del carácter estratégico del vínculo bilateral y su vigencia.

Cepeda remarcó que Colombia ha sido reconocida por Estados Unidos como “un socio leal y eficaz” en la lucha contra las drogas, aspecto central en la agenda del encuentro. “Esta llamada es una expresión de esa amistad”, expresó el académico.

Al analizar los motivos de Donald Trump para aceptar el diálogo con Gustavo Petro, Cepeda resaltó el estilo político singular del expresidente estadounidense.

“Trump es impredecible y ha hecho de esa cualidad una herramienta muy eficaz de su política internacional”, puntualizó el exdiplomático. El académico enfatizó que dicha característica permite anticipar eventuales cambios de postura durante la conversación prevista para febrero en Washington.

Hay expectativa por el primer encuentro oficial entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense Donald Trump, que se registrará en febrero, después de una llamada el 7 de enero que desescaló las tensiones entre los dos países por los operativos militares de los norteamericanos en la región.

Es por eso que el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, propuso una serie de puntos a discutir durante la reunión en Washington, todos ellos referentes a la lucha contra el narcotráfico, acciones frente a los grupos armados en territorio colombiano y erradicación de cultivos ilícitos.

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De otro lado, el presidente Petro entregó detalles sobre cómo será ese encuentro en la Casa Blanca, pues aseguró que, previo a su conversación con Trump, la situación con Estados Unidos era tan delicada que dicho gobierno consideraba una acción militar en Colombia, bajo el argumento de los operativos contra los carteles de la droga.

Seis propuestas para la reunión Petro-Trump

Tanto las delegaciones de Colombia, como de Estados Unidos, trabajan en los preparativos y detalles para el esperado encuentro en la Casa Blanca, que se dará en la primera semana de febrero y será determinante para retomar las relaciones entre los dos países, que se fracturó durante buena parte de 2025.

El gobernador de Antioquia presentó seis puntos para que sean discutidos por Gustavo Petro y Donald Trump, con el objetivo de que los dos países trabajen en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas: “Es fundamental que la agenda incluya temas que demuestren una verdadera intención del Gobierno de combatir a los carteles de la droga”.

“Poner fin a la fracasada paz total y reactivar órdenes de captura contra bandidos con los que el Gobierno negocia en Cuba, Colombia, Dubái y México. Hoy los principales narcos se concentran en FARC, ELN y Clan del Golfo. Perseguir a sus cabecillas y extraditarlos: muchos de ellos con refugio en Venezuela”, empezó a decir Rendón.

Otros dos puntos fueron los de “reactivar la fumigación aérea y asperjar de forma sostenida los enclaves cocaleros”, proponiendo a Antioquia para pruebas piloto, así como la “persecución sin tregua a la minería ilegal: fuente de financiación de grupos criminales”.

“Bombardeos y persecución total a Calarcá y sus secuaces, responsables del asesinato de 13 policías y del derribo de un helicóptero estadounidense. Hoy gozan de impunidad y de trato complaciente del Gobierno Petro”, fue otra de las propuestas de Rendón para la reunión en Washington.

Finalmente, el gobernador de Antioquia afirmó que se debe “consolidar la seguridad en los territorios recuperados con presencia integral del Estado: Policía, justicia y desarrollo económico”, así como “garantizar dignidad y operatividad a nuestros uniformados. Equipararlos con criminales y atarles las manos, como hace Petro, destruye la moral de soldados y policías”.

“Tengo que mover mi vida”

Durante una entrevista con el canal Telemundo, el presidente Gustavo Petro afirmó que hay muchos puntos por conversar con Donald Trump, pero espera llegar a una serie de acuerdos porque de eso dependerá que Estados Unidos frene sus acciones militares en otros países, entre ellos Colombia.

“Porque estoy en la OFAC... una parálisis económica. Si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso”, mencionó el mandatario, respecto a su ingreso a la Lista Clinton, además de que le dijo al jefe de Estado norteamericano que “a usted le han rodeado de mentiras como a mí”.

Petro destacó la lucha de su gobierno contra el narcotráfico en casi cuatro años de administración, en especial hacia los puntos donde se procesan los estupefacientes: “Unos 13,000 laboratorios destruidos y eliminado los cultivos de hoja de coca que se habían duplicado bajo el gobierno de (Iván) Duque”.

De otro lado, fue crítico sobre las pretensiones de Estados Unidos en América Latina: “Las leyes se han trazado de acuerdo con el principio de soberanía nacional, esa es la base hoy de los derechos de la constitución. Pero EE. UU. tiene una ambivalencia que está marcada por la Doctrina Monroe y una ambición global que lo lleva a querer ser controlador del mundo por lo que recae a cada rato en la visión imperial”

“Trump se establece con derechos por los recursos naturales de América Latina, lo que sucede es que los norteamericanos sacan su ley y se muestran facultados para intervenir”, finalizó el presidente colombiano.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la convocatoria de una cumbre guerrillera anunciada por alias Iván Mordisco como una señal de desespero tras los recientes golpes sufridos por su organización criminal.

“El desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás cárteles del narcotráfico”, afirmó Sánchez durante una entrevista en W Radio.

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El funcionario sostuvo que las fuerzas de seguridad continuarán sus esfuerzos por neutralizar este riesgo y señaló que están previstas nuevas acciones coordinadas, incluyendo encuentros de alto nivel con autoridades de Estados Unidos.

En la frontera del Catatumbo, la situación se intensificó luego del secuestro de cinco miembros de la Policía Nacional, hecho atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante un comunicado difundido reciente.

“Cometer un secuestro es uno de los crímenes más atroces que pueden existir”, manifestó el ministro en su conversación con W Radio. Sánchez precisó que los uniformados regresaban de un permiso familiar al ser interceptados. Expresó plena confianza en que serán liberados con vida, gracias al trabajo humanitario y las operaciones de seguridad.

El ministro subrayó que el “narcotraficante tal vez más peligroso que tenemos en el suroriente del país es un criminal muy afectado” por los operativos de la fuerza pública.

En el vídeo donde Mordisco convoca a la cumbre criminal, el titular de Defensa observó la participación del ELN, la Segunda Marquetalia y otros actores armados ilegales. Reiteró que el llamado de Mordisco refleja el “daño ocasionado a esa estructura criminal” y mencionó que tan solo el primer día de enero, la fuerza pública logró dar de baja o capturar a once integrantes cercanos al líder disidente. Alias Polo figura entre los principales afectados por esta ofensiva.

“Nuestro empeño es afectar críticamente esta amenaza”, insistió Sánchez, destacando que en el último año las autoridades han dado de baja o capturado a veintiséis cabecillas y han impactado a más de cien miembros relevantes del grupo de Mordisco. “No vamos a parar como fuerza pública para neutralizar esta amenaza, pero también para neutralizar a los del cartel del ELN, al Clan del Golfo y a las disidencias”, expuso.

Frente a la posibilidad de que se concrete la cumbre entre grupos ilegales, el ministro afirmó que las operaciones de seguridad continúan. “Una manera de hacerlo es la operación que le informé que hicimos el primero de enero iniciando año, y lo seguiremos haciendo”, declaró.

Anunció que todo intento de alianza entre organizaciones armadas será enfrentado con un aumento de la vigilancia y del control territorial.

Respecto al plano internacional, Sánchez remarcó la importancia de reforzar la cooperación con Estados Unidos frente a la criminalidad transnacional. “Hoy tengo una videoconferencia importante con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos”, adelantó.

Confirmó que en los días siguientes mantendrá reuniones presenciales con altos funcionarios estadounidenses para buscar que tanto el cártel del ELN como la estructura dirigida por Mordisco sean declarados objetivos comunes de alto valor. Estos grupos operan en regiones del Amazonas, Cauca y Nariño.

El ministro relató que la relación con el Departamento de Defensa estadounidense es continua y sólida. “No hemos parado en ningún momento de interactuar con ellos”, puntualizó en W Radio. Mencionó que encuentros previos en Tampa y sesiones de capacitación en capacidades antidrones constatan el respaldo de Washington a las estrategias colombianas.

Sánchez detalló que alrededor del 60% de la droga incautada internacionalmente es detectada gracias a la inteligencia colombiana y que el objetivo es fortalecer las capacidades tecnológicas frente a los grupos ilícitos.

A propósito de la nueva estrategia de seguridad estadounidense para la región, Sánchez señaló que “puede darse que haya una mayor cooperación, una mayor interacción entre las diferentes naciones para neutralizar una amenaza que los Estados Unidos considera prioritaria”.

Propuso avanzar hacia una alianza multinacional contra el crimen organizado transnacional, inspirada en el modelo de colaboración de la Otan, aunque destinada a enfrentar organizaciones que actúan sin reconocer fronteras.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este miércoles 7 de enero de 2026, en la red Truth Social haber recibido una llamada de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y destacó el tono cordial del intercambio.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecio su llamada y tono, y espero reunirme con él en el futuro cercano”, escribió el mandatario norteamericano.

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Trump informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con la canciller colombiana, están coordinando los detalles del encuentro, que se prevé se realice en la Casa Blanca próximamente.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN señaló que la conversación se extendió por más de 30 minutos y abarcó asuntos sensibles para ambos gobiernos, como el combate al narcotráfico y la situación en Venezuela.

El diálogo telefónico marcó un giro en la relación bilateral, contrastando con los calificativos previos del presidente estadounidense, quien días antes había descrito a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”.

Las declaraciones de Trump habían provocado tensiones diplomáticas, aumentando la presión sobre la administración colombiana.

Fuentes de la Casa Blanca aseguraron que durante la llamada se abordaron las preocupaciones de Washington sobre la producción y tráfico de drogas en la región, así como el impacto de las organizaciones criminales en la seguridad hemisférica.

Igualmente, se discutió el contexto venezolano y los desafíos de estabilidad en América Latina.

Tras lo anterior, la congresista estadounidense María Elvira Salazar reaccionó al acercamiento entre ambos mandatarios a través de su cuenta de X, subrayando la necesidad de que cualquier diálogo se traduzca en resultados concretos.

“Petro ya entendió algo fundamental: el presidente Trump no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico”, afirmó.

Salazar insistió en que Colombia debe “cooperar como el aliado histórico que ha sido de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional”.

La legisladora remarcó que “la seguridad de nuestras comunidades no es negociable”.

Por su parte, Gustavo Petro respondió de manera directa a la representante republicana, destacando los resultados de su administración en la lucha contra el narcotráfico.

“Querida representante de los EEUU, Colombia ha puesto 300.000 asesinados en la lucha contra el narcotráfico”, replicó.

El presidente colombiano aseguró que, bajo su mandato, se han incautado 2.800 toneladas de cocaína y que la inteligencia nacional ha participado en el 63% de las operaciones globales de incautación.

“Hemos destruido 13.000 laboratorios de cocaína solo en tres años”, detalló el mandatario, quien recalcó: “Mi gobierno es el que ha incautado más cocaína en toda la historia de esa sustancia en el mundo”.

Llamada entre Petro y Trump desató tormenta política

El reciente diálogo telefónico entre el presidente Gustavo Petro y su par estadounidense, Donald Trump, generó reacciones encontradas en el escenario político colombiano.

La representante a la Cámara por el Cambio Radical Lina María Garrido consideró la conversación como un acto de debilidad del Ejecutivo, ironizando sobre la supuesta sumisión de figuras cercanas al oficialismo.

“¡A la orden las rodilleras! Precio especial para petristas asustados como @AntonioSanguino, @wilsonariasc y @Aidarragaf que hoy se tuvieron que doblar ante @POTUS, tal y como lo hizo su patético jefe @petrogustavo”, expresó en X.

La aspirante presidencial Vicky Dávila agradeció la intervención de Trump y sostuvo que el líder estadounidense “ajustó a Petro y le quitó la bandera incendiaria contra EE. UU. como arma electoral para ganar las elecciones con Iván Cepeda”.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó que “el presidente Trump les acabó en unos minutos la narrativa que estaban usando para victimizarse y proponer conflictos con EE.UU”, aludiendo al cambio de discurso oficialista.

En contraposición, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, respaldó la gestión del presidente, resaltando que “Petro dialoga de igual a igual con Trump y defiende a Colombia. Con dignidad, la que no conoce Vicky y Abelardo, el cambio avanza”.

Con un mensaje en su perfil de X, principal medio de interacción con sus simpatizantes, el expresidente Andrés Pastrana agradeció al también exmandatario Álvaro Uribe Vélez por su reconocimiento a los logros del Plan Colombia: una iniciativa que, según ambos, permitió avanzar al país en diferentes programas, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, que se convirtieron a finales de la década del 90 y principios del 2000 en el principal socio estratégico del país.

“Álvaro Uribe Vélez, agradezco su reconocimiento a los aportes del Plan Colombia, como la iniciativa más exitosa a nivel internacional que fue creada en mi gobierno y que usted continuó en beneficio de la Política de Seguridad Democrática. De tiempo atrás y frente a las nuevas amenazas al país, expresó Pastrana en la primera parte de su mensaje en la plataforma digital, en el que sacó pecho por las alianzas que consolidó con el país norteamericano.

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En la segunda parte de su publicación, el ex jefe de Estado remarcó su propuesta de que la próxima administración gestione con el Gobierno de Donald Trump lo que sería un ‘Plan Colombia 2.0′, que sea beneficioso no solo en las iniciativas adelantadas anteriormente. “He propuesto un Plan Colombia 2.0 que permita luchar efectivamente contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional, así como fortalecer la justicia y el desarrollo social”.

Del mismo modo, el exmandatario insistió en la importancia de mantener la estrategia bilateral. “Necesitamos, en este momento, la unión nacional para recuperar a Colombia y trazar un nuevo rumbo de seguridad y prosperidad”, afirmó Pastrana, que ha hecho énfasis en los graves reveses de la actual gestión, que no ha podido consolidar, entre otras, la política de Paz Total, en la que se ha fortalecido el accionar de los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias.

¿Qué dijo Álvaro Uribe del Plan Colombia?

Es válido destacar que Uribe, en entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo, expresó que la vigencia del Plan Colombia y la política de seguridad democrática fueron determinantes frente a la criminalidad y en la relación con Estados Unidos. Y, del mismo modo, expresó su deseo de que en los comicios del 31 de mayo de 2026 se empiece a marcar un nuevo camino tras cuatro años de lo hecho por Gustavo Petro, que consideró un retroceso.

“Lo que necesita Colombia es un cambio de gobierno. Ojalá se dé muy rápidamente. Que derrote el narcotráfico, la criminalidad, que reconstruya las relaciones tan importantes históricas de Colombia con Estados Unidos y el Plan Colombia”, afirmó el exmandatario al citado medio. Un diálogo en el que reafirmó que fue su labor la que dejó negociada la segunda fase del plan, en el inicio de esas gestiones con la administración de George W. Bush.

“Nosotros dejamos negociada la segunda fase del plan económico que ahora se reclama tanto. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, empezó la negociación con la administración Bush. Él salió para aspirar a la Presidencia y el gobierno nuestro terminó la negociación con la administración (Barack) Obama. Eso tenía el respaldo de los jefes naturales de ambos partidos”, afirmó Uribe en su declaración, en la que no dejó pasar la oportunidad para lanzar pullas.

En efecto, el exmandatario criticó posteriormente las decisiones de su sucesor- “Después, Santos accedió a la presión de Hugo Chávez, de Cuba, de la Farc y no llevó al Congreso la ratificación de ese segundo Plan Colombia. Santos suspendió el avance de la seguridad democrática”, añadió el ex jefe de Estado, que cuestionó la política exterior del exmandatario, al hacer énfasis en lo que sería -según él- la “ambivalencia calculada” de Santos.

¿Qué fue el Plan Colombia?

Esta iniciativa, formulada en 1999 como una estrategia conjunta entre los gobiernos de Pastrana y Bill Clinton, tenía como propósito enfrentar el narcotráfico y fortalecer la presencia institucional en las regiones. La estructura financiera contemplaba una inversión inicial de USD7.500 millones, con aportes de USD4.000 millones por parte de Colombia y USD3.500 millones provenientes de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos.

El 80% de los fondos estadounidenses se destinó al fortalecimiento de la fuerza pública, la inteligencia militar y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea. El 20% restante apoyó el desarrollo alternativo, la atención a comunidades desplazadas y la protección de derechos humanos. Durante la presidencia de Uribe, el plan se integró a la política de seguridad democrática, lo que debilitó de manera significativa a guerrillas como las Farc y el ELN.

Posteriormente, en el contexto del proceso de paz, el programa evolucionó hacia Paz Colombia, que se orientó al desarrollo rural y la inclusión social. Pese al fortalecimiento institucional y la recuperación de zonas previamente controladas por grupos armados, la inversión acumulada de más de USD10.000 millones por Estados Unidos no logró reducir los niveles históricos de producción de cocaína, según índices conocidos desde Washington.

El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha intensificado las gestiones diplomáticas para contener la tensión con Estados Unidos tras declaraciones recientes de Donald Trump sobre la presencia de narcotráfico en el país y la estabilidad del mandato presidencial.

De hecho, aunque ya se había conocido que el Ejecutivo reafirmó su voluntad de mantener el diálogo diplomático con Washington y ratificó su disposición a cooperar en la lucha binacional contra el narcotráfico, también estaría liderando una estrategia interna para mantenerse a flote en plena época electoral.

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Así quedó demostrado con la convocatoria que hizo el Ejecutivo a toda la ciudadanía para liderar movilizaciones en el territorio nacional con el propósito de defender la soberanía nacional.

El origen de la crisis se vincula a los comentarios de Trump, que afirmó que Petro “no durará mucho tiempo” al frente de Colombia y aludió a la existencia de “fábricas de cocaína por todos lados”. Petro replicó advirtiendo que, ante una posible intervención extranjera, el pueblo debería movilizarse en todo el territorio nacional y recordó su pasado militante en el M-19.

Mientras los intercambios verbales crecían en intensidad, el gobierno colombiano optó por bajar el tono público de la confrontación. Tanto oficialistas como opositores advirtieron que el mandato de Petro debe respetar el calendario constitucional, con elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, defendiendo el cambio de poder por la vía democrática.

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia (encargado), Andrés Idárraga, informaron a agencias de inteligencia estadounidenses la disposición de Colombia para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, incluida la zona fronteriza con Venezuela. Este enfoque mantiene la colaboración bilateral pese a la crisis en Caracas y la reciente situación de Nicolás Maduro.

Benedetti e Idárraga enfatizaron que Colombia “ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga”, con apoyo económico, tecnológico y de inteligencia de Washington, y especial atención a la frontera colombo-venezolana en relación con grupos como el ELN.

Fuentes citadas por El Espectador explicaron que esta estrategia busca preservar la relación bilateral, considerada prioritaria, y, a la vez, fortalecer el respaldo de las bases progresistas frente al ciclo electoral.

Así, el presidente Petro convocó movilizaciones para el miércoles 7 de enero a las 4:00 p. m., llamando a la ciudadanía a concentrarse en las plazas públicas de todo el país en defensa de la soberanía nacional. El mandatario prevé dirigirse a la multitud desde la plaza de Bolívar en Bogotá, reafirmando el mensaje de unidad social frente a amenazas externas.

En el ámbito regional, la canciller Rosa Villavicencio y las misiones diplomáticas colombianas en Washington y Nueva York han reforzado la interlocución con organismos multilaterales.

En la reciente sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia promovió el rechazo a la detención de Maduro, aunque no se lograron resultados concretos. Una situación similar se presentó durante la reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), sin avances sustantivos.

Bogotá mantiene abierto el canal de comunicación con Caracas a través del embajador Milton Rengifo, en coordinación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La afinidad ideológica entre ambos gobiernos ha facilitado el diálogo, aunque persisten obstáculos políticos y militares debido a las posturas de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes no consideran a Petro un interlocutor legítimo.

A nivel interno, el Gobierno tramitó denuncias penales contra los congresistas Lina Garrido y Jhonatan Ferney Pulido Hernández, acusándolos de “traición a la patria” por respaldar las declaraciones de Trump.

Garrido respondió con una denuncia por injuria y calumnia, reflejando la polarización política alimentada por figuras como Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón, quienes defendieron la capacidad institucional de Colombia para un relevo democrático.

La respuesta oficial está centrada en las figuras de Petro y la canciller Villavicencio, evitando mensajes dispersos desde el resto del gabinete, detalló El Espectador. Esta disciplina busca mantener la cohesión institucional y reducir fracturas ante la tensión interna y externa.

Paralelamente, el presidente y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, permanecen atentos a posibles movimientos de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia, ante advertencias sobre intentos de retorno de estas organizaciones al territorio nacional.

Fuentes diplomáticas diferenciaron entre sanciones personalizadas, como la lista Clinton, que recae sobre funcionarios específicos, y aquellas que podrían afectar la relación entre Estados, un escenario que Colombia procura evitar.

Mientras persiste la tensión política y diplomática, en la Casa de Nariño reconocen que las respuestas del mandatario a los ataques personales buscarán ser firmes, aunque calibradas, privilegiando siempre el interés nacional.

En un extenso mensaje público, el presidente Gustavo Petro respondió este jueves a las acusaciones de un usuario en redes sociales que lo señalaba de ser agente de la CIA, y aprovechó para abordar los riesgos que, desde su perspectiva, enfrenta el progresismo latinoamericano frente a las mafias y los extremismos.

“No soy de la CIA, he sido del M19, quien puso la espada de Bolívar a luchar de nuevo en 1974; algunos de los funcionarios de la CIA han recibido la misión de encontrar las pruebas de que soy testaferro de Maduro, han fracasado y fracasarán, no soy testaferro de nadie, ni me interesa la codicia”, afirmó Petro, desmarcándose de cualquier vinculación con agencias extranjeras o actores gubernamentales de Venezuela.

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El mandatario colombiano se ubicó en medio de un tablero geopolítico complejo, señalando que sus principales enemigos son “la derecha estadounidense y la extrema izquierda venezolana”, y destacó que los ataques provienen de ambos polos ideológicos.

En este contexto, Petro subrayó el daño transversal del narcotráfico en la región: “El ELN le hace un enorme daño a Colombia y Venezuela al traquetear en la frontera el producto de la cocaína que extrae del Catatumbo”, explicó ante la pregunta de un ciudadano, resaltando cómo estas actividades criminales ponen en riesgo la supervivencia del proyecto progresista.

Un elemento recurrente de sus declaraciones fue la denuncia sobre la degradación social y política que acarrean las economías ilícitas. “La transformación progresista no nace de la degradación del pueblo. Apoyar al ELN es apoyar invasión y violencia”, sostuvo, marcando distancia tanto de los respaldos acríticos al grupo armado como de los intentos de reeditar lógicas maniqueas desde la izquierda.

En cuanto a las dinámicas fronterizas, Petro criticó las estrategias de bloqueo aplicadas por gobiernos anteriores: “Las mafias se tomaron la frontera por la idea duquista de bloquear la frontera y hacer trizas la paz en Colombia. El único ganador de esa política fue el ELN”, afirmó, atribuyendo a esas decisiones el empoderamiento y expansión de los actores ilegales a ambos lados del límite binacional.

Según el mandatario, la coordinación con el gobierno venezolano ha sido clave para golpear la estructura mafiosa: “Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes”, relató, resaltando que en ambas orillas el ELN logra cooptar a funcionarios.

Como ejemplo, informó que recientemente fue capturado uno de sus integrantes en Norte de Santander con 3,5 toneladas de pasta de coca.

Petro también criticó la percepción equivocada de algunos sectores políticos sobre el papel del ELN como protector de la soberanía venezolana: “Por infantilismo de izquierda, que el ELN es la solución para proteger a Venezuela del lado colombiano. Error garrafal”, afirmó, advirtiendo sobre los riesgos de considerar al grupo guerrillero un escudo patriótico.

Como alternativa estructural, el presidente planteó impulsar la frontera bajo control legal y fortalecer el comercio bilateral.

“El comercio colombo/venezolano es el que puede erradicar la coca y por eso debe crecer”, señaló, defendiendo la sustitución de cultivos ilícitos y los acuerdos económicos binacionales como mecanismos de mayor impacto que las medidas militares reactivas.

En materia de política exterior, Petro fue enfático sobre los intereses de Estados Unidos en la región: “Al gobierno estadounidense, como el mundo sabe, le interesa el petróleo y no las vidas latinoamericanas a las que saca con violencia desde su país, después de haberlas atraído con el bloqueo”, indicó, sugiriendo que las preocupaciones humanitarias no priman sobre los intereses económicos.

Finalmente, el presidente abordó el horizonte regional, promoviendo mecanismos de integración política y comercial: “Hasta el último día de mi gobierno y después, buscaré que el Caribe sea zona de Paz y que el pueblo de Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente. Si habrá asambleas constituyentes en nuestras naciones, que sea para la paz y la democracia, y que se vote si los pueblos quieren una confederación con autonomía de las naciones que realice la gran idea de Bolívar: la Gran Colombia revivida”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta en X sobre un artículo publicado por el diario estadounidense New York Times, que exoneró al mandatario de cualquier vínculo con organizaciones criminales.

La publicación se registró en medio de una creciente disputa diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que se intensificó por las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y Pacífico.

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El diario destacó que, a pesar de las críticas internas y externas hacia su política antidrogas, no hay pruebas que vinculen a Petro con el crimen organizado. Aunque el mandatario colombiano fue señalado de ser permisivo con los cultivadores de coca y grupos armados ilegales, el periódico estadounidense concluyó que la controversia es más política y diplomática que judicial.

Petro, visiblemente molesto por las acusaciones del Gobierno de Donald Trump, escribió un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que rechazó las críticas y defendió su postura: “Es obvio que no tengo vínculos con organizaciones criminales. Detesto a los narcotraficantes porque cometieron un genocidio en Colombia”.

El presidente también acusó a los narcotraficantes de manipular a su homólogo de Estados Unidos: “Engañaron a Trump y parece que no solo fueron de la oposición los mentirosos, sino varios con intereses en EE. UU.”.

Así, el presidente sugirió que algunos sectores dentro del país norteamericano buscan proteger sus propios intereses para evitar la confiscación de bienes o la reducción de penas judiciales. En ese sentido, Petro criticó la codicia de ciertos actores políticos y económicos, al asegurar que “los amigos llenos de codicia son peores que los enemigos”.

Además, Petro utilizó su mensaje para aclarar su situación personal, mencionando que fue incluido en la temida Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de EE. UU. sin tener grandes riquezas.

“Me pusieron en la Ofac, sin tener más bienes que mi casa, aun pago su deuda, no tengo carro, ni fincas, ni cuentas internacionales”, escribió, al defender su integridad frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Crítica a Estados Unidos y la guerra contra las drogas

Petro criticó al Gobierno de Estados Unidos por lo que considera un enfoque erróneo en la lucha contra las drogas: “Lo que le preocupa al gobierno de EE. UU., si eso fuera, serían nuestros mejores aliados. Lo que le preocupa es el poder del mundo y las ganancias. Eso no es más que codicia anacrónica”.

En cuanto a las acusaciones de estar vinculado con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, Petro rechazó tajantemente cualquier relación, al afirmar que las acusaciones de ser un “testaferro” del dictador eran infundadas.

“Solo debería leer a Bolívar y sabría de dónde provengo. Bolívar abandonó hasta su hacienda que lo hizo rico y esclavista y se fue a buscar la bandera de la libertad”, escribió, al posicionar su ideología como una defensa dl albedrío y la justicia, en contraposición con quienes, según él, actúan movidos por la codicia.

“La libertad no se compra en supermercados como piensa (Javier) Milei. La libertad se encuentra en el deseo profundo de la humanidad por vivir y ser feliz. Yo vengo de ahí. No me interesa ser testaferro de los negocios de Trump ni de nadie, yo no me vendo, no estoy a la venta, el cuerpo humano no se vende ni su pensamiento ni su acción. El codicioso no es revolucionario. Yo solo tengo mis libros que regalaré y mucho amor que me acompaña día y noche”, agregó el presidente a su mensaje.

Finalmente, Petro cerró su mensaje con un desafío directo al dos veces presidente de Estados Unidos: “Despierte Trump a la realidad y hablemos y le contaré muchas cosas que le interesan también, pero sin sus amigos mentirosos”.

El presidente colombiano sugirió una conversación franca y sin manipulaciones, concluyendo con una invitación a dialogar en un lugar donde ambos pudieran intercambiar ideas sin mentiras: “Ponga usted su gente sería que lo cuida, yo pongo la gente colombiana y nos veremos en una hermosa isla llena de belleza natural y cultura y sin delitos, es hora de descansar de las mentiras (sic)”.

Con este mensaje, Gustavo Petro reafirmó su postura ante las tensiones diplomáticas y las acusaciones en su contra, al destacar su rechazo tanto al narcotráfico como a la intervención externa en los asuntos internos de Colombia, tal y como lo hizo el diario norteamericano.

Un reportaje publicado el 28 de diciembre de 2025 en The New York Times expuso un análisis detallado sobre el papel de Colombia en el tráfico de drogas a nivel mundial y el impacto de la administración del presidente de la República, Gustavo Petro, en la lucha contra el narcotráfico. Uno de los desafíos en lo que resta de la actual administración, en la actualidad descertificada por el Departamento de Estado y cuyo mandatario ha sido acusado de ser aliado de los grandes capos.

El artículo, escrito por Genevieve Glatsky desde Bogotá, explora la escalada de tensiones diplomáticas, el trasfondo histórico y geográfico que ha determinado la posición de Colombia en la industria de la cocaína, y las contradicciones y desafíos de la política antidrogas actual: en una visión que estaría enfocada en contrarrestar el accionar del transporte y comercialización del alcaloide, pero no en evitar, a toda costa, la producción de la hoja de coca como principal insumo.

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El artículo describió cómo la relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento crítico, acentuado por una serie de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Según The New York Times, Washington ha sostenido que estas operaciones buscan frenar el tráfico de drogas y han sido dirigidas inicialmente contra Venezuela, gobernada por la dictadura de Nicolás Maduro y lo que ha sido llamado como el cartel de los Soles.

En medio de esta coyuntura, Trump ha calificado de manera pública a Petro como “líder ilegal del narcotráfico” y advirtió que el jefe de Estado colombiano podría convertirse en “el próximo” objetivo de acciones legales. Petro, por su parte, ha respondido con acusaciones a Trump de actuar fuera de la ley y aseveró que el gobernante estadounidense “no merece más sino la cárcel” por ordenar la destrucción de barcos y la muerte de sus tripulantes en altamar.

A pesar de las críticas que enfrenta la política antidrogas de Petro, el reportaje del citado medio remarcó que “no hay pruebas de que dirija o esté vinculado a ninguna organización criminal”, aunque persisten las sospechas y cuestionamientos de sectores políticos y mediáticos sobre la manera en que el presidente no ha tenido éxito en sus iniciativas, complementadas en cierto modo por la Paz Total, que busca el sometimiento de estructuras armadas.

La historia de Colombia como centro de la cocaína, según reporte internacional

El artículo de The New York Times reconstruyó los factores que han convertido a Colombia en el mayor productor mundial de cocaína durante casi cinco décadas. La combinación de “densa selva, escarpadas montañas, largas y porosas fronteras y décadas de conflicto interno” ha favorecido, de acuerdo con el análisis del medio, el control territorial por parte de grupos armados ilegales, facilitando el desarrollo de una economía ilícita difícil de erradicar.

Durante años, el Estado, con apoyo financiero y logístico de Estados Unidos, por medio de programas como el Plan Colombia, ensayó múltiples estrategias: extradición de capos, ataques a cárteles, fumigación aérea de cultivos de coca, erradicación manual, destrucción de laboratorios, intercepción de cargamentos y operaciones militares. No obstante, “ninguna ha producido resultados duraderos”, con el ciclo de violencia y tráfico perpetuándose en nuevas formas.

El artículo señaló que el acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) representó un hito, al desmovilizar al principal grupo guerrillero y prometer un ambicioso programa de desarrollo rural para los campesinos que dependían de la coca. No obstante, la implementación fallida de estas políticas permitió que “grupos criminales más pequeños se trasladaran a antiguos territorios de las Farc”.

A lo que se sumó que, en zonas aisladas y carentes de infraestructura estatal, “la coca siguió siendo la única fuente fiable de ingresos”. Los críticos de este proceso, citados por The New York Times, sostuvieron que “las disposiciones sobre desarrollo rural del acuerdo de paz nunca se cumplieron plenamente bajo un Gobierno de derecha elegido en 2018”, lo que frustró la integración social y económica de miles de familias campesinas en la Colombia profunda.

El plan Petro: promesas y realidades de su ambiciosa propuesta

La llegada de Petro a la presidencia en 2022 generó expectativas de un giro en la política antidrogas. El primer mandatario prometió “enfocarse en el desarrollo rural y dar prioridad a la detención y procesamiento de los dirigentes de las organizaciones de traficantes en lugar de a los campesinos pobres”, según el reporte del medio internacional, con una política antidroga a 10 años, centrada en la sustitución de cultivos y la regulación del cannabis para uso adulto.

A su vez, contemplaba la ampliación de los usos legales de la hoja de coca y la mejora de los servicios de reducción de daños. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas no se convirtieron en políticas concretas y extendidas, como lo expresó Diego García-Devis, responsable del programa de política de drogas en Open Society Foundations, que expresó en The New York Times que era un plan “bien intencionado, bien expresado públicamente, pero muy mal aplicado”.

Pese a su discurso reformista, el presidente no ha abandonado la cooperación tradicional con Estados Unidos y ha fortalecido la política de incautaciones, erradicación y operaciones militares. Según el informe, en respuesta a la presión de Washington y de críticos locales, el Ejecutivo colombiano anunció el regreso de la fumigación con herbicidas mediante drones, una práctica que había sido restringida por razones ambientales y de salud, pues utiliza el glifosato.

A su vez, la Paz Total, que buscaba negociar acuerdos con grupos armados, ha tenido dificultades para consolidarse. Según The New York Times, durante la primera fase del plan, la suspensión parcial de operaciones militares facilitó que “los grupos armados ampliaran los cultivos de coca, consolidaran las rutas de tráfico y aumentaran la producción”. Tal y como ha sucedido en regiones como el Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, entre otras.

“Colombia se encuentra en una posición imposible en la que tenemos que seguir librando una guerra que, para empezar, no es nuestra. Una guerra que nunca ganaremos porque, sencillamente, la economía no está ahí”, expresó al medio el analista Sergio Guzmán, que indicó que, aunque Petro ha puesto el foco en la retórica, la economía global de las drogas coloca a Colombia en una situación insostenible; en una visión en la que coincidiría el exprecandidato Alejandro Gaviria.

La apuesta del Gobierno Petro por dar la pelea en escenarios internacionales

Así pues, el artículo también reiteró la paradoja de que tanto las incautaciones como la producción de cocaína alcancen cifras récord. Los sectores partidarios de Petro, que busca que se prolongue su proyecto político, sostienen que el crecimiento del cultivo de coca es un fenómeno estructural que se ha dado bajo administraciones de distintos signos políticos. “No se trata de un problema político, sino económico”, afirmó Geoff Ramsey, del Atlantic Council.

The New York Times relató en su reporte que, ante el estancamiento interno, Petro ha buscado liderar un cambio en el debate internacional. En la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia consiguió apoyo para una revisión independiente de la clasificación de la hoja de coca en los tratados globales; aunque el gobernante insistió en que perseguir a los pequeños cultivadores es ineficaz, ya que “simplemente vuelven a plantar”.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aclaró el domingo 21 de diciembre que no existe un cese al fuego ni suspensión de operaciones de la fuerza pública en el país, pese a los recientes anuncios de cese unilateral de hostilidades por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Y recalcó que la misión garantizar la seguridad ciudadana sigue vigente en todo el territorio nacional.

Sánchez, en su perfil de X, informó a los ciudadanos que no se ha emitido ninguna orden para detener las acciones tanto de las Fuerzas Militares como la Policía Nacional. “No existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección al pueblo colombiano”, enfatizó el titular de la cartera, que reiteró con ello la instrucción de emplear todas las capacidades institucionales para salvaguardar la vida y la seguridad de la población civil en el final del 2025.

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De esta forma, el ministro respondió a la confusión generada tras los comunicados de grupos armados ilegales. El ELN anunció un cese unilateral de operaciones ofensivas contra los efectivos militares y policiales, que regirá desde las 00:00 horas del 24 de diciembre hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026. En su mensaje, el grupo también mencionó el despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe y manifestó su intención de defender la soberanía nacional.

Por su parte, las disidencias ratificaron un cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública. Jhon Mendoza, vocero de la organización, explicó que esta medida ya venía aplicándose y la enmarcó como parte de su compromiso con la justicia social; sin embargo, la agrupación aclaró que la decisión no abarca los enfrentamientos armados que mantienen con otras organizaciones ilegales en diferentes regiones del país, como parte de su “defensa”.

Según cifras oficiales, durante el año en curso se han neutralizado 4.300 integrantes de estructuras ilegales, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior. La institución destacó que la Fuerza Pública mantiene operaciones activas para desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas, subrayando que la finalidad de estos grupos es la obtención de recursos económicos a través de actividades al margen de la ley.

En ese orden de ideas, el ministro Sánchez enfatizó que la construcción de la paz en Colombia está ligada a la fortaleza del Estado y a la vigencia de la misión constitucional de la Fuerza Pública. “Nuestra Fuerza Pública permanece alerta, adelantando operaciones y actuando con mayor contundencia para desmantelar estas mafias criminales”, señaló el titular de Defensa, que fue enfático en remarcar que la protección de los ciudadanos es una tarea permanente.

Para fortalecer la acción estatal y la colaboración ciudadana, se han habilitado diversos canales de denuncia. Entre ellos, las líneas 107 y 157, así como los números 147 y 165 para los grupos Gaula, que son los especializados en combatir el secuestro y la extorsión. Además, la línea 141 está disponible para reportar casos de reclutamiento infantil, en denuncias en las que se garantiza la absoluta reserva para los que suministren información a las autoridades.

Con este pronunciamiento, Sánchez -cuya gestión al frente del ministerio continúa siendo tema de escrutinio por parte de los senadores y representantes a la Cámara- expresó que la consolidación de la paz requiere de la determinación y capacidad del Estado para eliminar las amenazas que afectan a la sociedad colombiana. Entre ellas, el actuar de organizaciones al margen de la ley, que no han querido acogerse a la política de Paz Total del Gobierno.

La Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Nacional, propinó un golpe relevante a las operaciones ilegales del Clan del Golfo, al detener a tres presuntas personas señaladas de articular mecanismos para el blanqueo de capitales dentro de la estructura financiera de la organización.

De acuerdo con el boletín de prensa de la Fiscalía General de la Nación, el trabajo coordinado entre la Delegada para las Finanzas Criminales, la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol permitió afectar la red que manejaba recursos obtenidos mediante el envío de estupefacientes a Estados Unidos desde las costas de Urabá, Santa Marta y Cartagena.

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La investigación estableció que los miembros de la red enviaban clorhidrato de cocaína oculto en contenedores con frutos secos y bananos, además de remitirse drogas por medio de lanchas rápidas tipo gofast que transitaban por países de Centroamérica antes de arribar a su destino final, Estados Unidos, según el boletín mencionado.

El análisis judicial reveló el uso de sociedades ficticias ligadas a sectores como logística portuaria, principalmente la producción de estibas para transportar banano, la hotelería y el sector inmobiliario.

Estos mecanismos dieron una apariencia de legalidad a cerca de 53.000 millones de pesos, fondos que ingresaron al sistema financiero, camuflando su naturaleza ilícita.

Uno de los señalados líderes es Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, conocido como alias Cholo Banano, que habría sido el principal articulador del esquema ilegal y uno de los mayores responsables del financiamiento del Clan del Golfo desde 2011.

Fuentes Gulfo permanece actualmente bajo custodia en la penitenciaría de máxima seguridad La Picota en Bogotá y espera la definición de su extradición.

Durante varias diligencias de registro en Apartadó, Antioquia, fueron detenidos tres presuntos colaboradores de alias Cholo Banano.

La Fiscalía destacó que se recolectaron documentos que demuestran pagos de nómina, distribución de recursos ilícitos entre los participantes del modelo de lavado y evidencia documental sobre inversiones en bienes raíces destinadas a ocultar el origen de los fondos derivados del narcotráfico.

Los investigados son Martha Elena Santacruz Palacios, alias La Contadora; Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo; y Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias Juanca.

Santacruz Palacios, especialista en temas contables, habría facilitado la creación de sociedades, administrando fondos provenientes del blanqueo e invertido en el ámbito inmobiliario, implementando una doble contabilidad que permitía el manejo tanto de sociedades como de nóminas internas.

Por su parte, Díaz Roldan está vinculado a la inversión de aproximadamente 70 bienes y dos empresas con fondos del narcotráfico.

Según las pruebas recogidas, dichos activos eran arrendados sin contratos formales y el pago se realizaba mediante dinero en efectivo por montos inferiores a los precios reales del mercado, con el objetivo de evitar rastreos del flujo financiero ilícito.

La función de Herrera Rodríguez se habría centrado en coordinar la logística y los traslados de sumas significativas de dinero en efectivo por la región de Urabá, apoyando el sostenimiento operativo del entramado económico del Clan del Golfo.

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Posteriormente, un juez penal de control de garantías dispuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad para los indiciados, según la Fiscalía General de la Nación.

Extinción de dominio a bienes por 70.000 millones de pesos

En un trabajo articulado, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio ordenaron medidas cautelares que incluyeron la suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y fondos ubicados en dos productos financieros.

El conjunto de bienes afectados asciende preliminarmente a un valor de 70.000 millones de pesos, lo que constituye una afectación considerable a la estructura patrimonial del Clan del Golfo, señaló la Fiscalía General de la Nación.

La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un momento de tensión por la preocupación de la administración de Donald Trump ante el avance del narcotráfico. La descertificación en la lucha antidrogas, sumado -de hecho- a la inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, en la denominada Lista Clinton; de su esposa, Verónica Alcocer, y de su hijo mayor, Nicolás Petro, fueron medidas con las que desde Washington se castigó al gobernante.

Por ello, y en una declaración que refleja la postura oficial de la Casa Blanca, Stephen Miller, subjefe de gabinete, enfatizó en la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta internacional frente a lo que está ocurriendo en el territorio; lo que dio pie en las redes sociales a una serie de interpretaciones diversas, entre los que temen que se adopten medidas más radicales contra el país, como una incursión armada para combatir esas estructuras criminales.

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“Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia. El presidente Trump ha sido muy claro sobre sus opiniones respecto al mandatario colombiano, y Estados Unidos considera que el narco-terrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente”, afirmó Miller al corresponsal de W Radio en territorio norteamericano. Con ello, dejó en claro que no se levantarán las decisiones contra el jefe de Estado.

Se reafirmó la dura postura de Washington contra Gustavo Petro

El funcionario, que supervisa las políticas migratorias y de seguridad en la Casa Blanca, dejó en claro que la administración estadounidense observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos en Colombia. Miller, con experiencia previa como asesor senior, ha tenido un papel central en la dirección de operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe, lo que refuerza el peso de sus declaraciones sobre el contexto nacional.

En sus declaraciones, Miller indicó que, del mismo modo que Estados Unidos usó Fuerzas Militares y recursos para ir contra Al Qaeda y el Estado Islámico, lo hará frente a los carteles que controlan el territorio y, según su posición, disponen de sus propias fuerzas. “Y moldean resultados políticos asesinando a dirigentes a voluntad para dominar gobiernos enteros”, agregó, enfocándose en situaciones como las que se registran en México.

Para el funcionario, no hay cuestión más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estas organizaciones, por lo que la administración Trump seguirá trabajando en ese propósito. Todo esto, en medio de las profundas discrepancias de Petro con la manera en que, por parte de la potencia mundial, se está combatiendo este flagelo, incluso con bombardeos de lanchas en aguas del Caribe, de las que se presuma que transportan droga.

Este pronunciamiento se conoció en el mismo día en el que la canciller Rosa Villavicencio parece haberle hecho un ‘guiño’ a Estados Unidos, en relación con otro de los frentes que preocupan a Trump: la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y sus afirmaciones, en las que señaló que el Gobierno colombiano apoyaría un plan para garantizar el desarrollo de unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, y que el jefe del régimen deje el poder.

“Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento (…) puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y pueda haber unas elecciones que estén legitimadas”, dijo Villavicencio a Bloomberg, lo que causó cierta sorpresa, pues no se preveía este viraje en la manera en que se concibe desde Colombia la situación que ocurre en Venezuela; en especial, cuando para EE. UU. Maduro es el cabecilla del cartel de los Soles.

Según los registros de Noticias RCN durante la gala del sorteo del Mundial 2026, Trump adoptó un tono amistoso al referirse tanto a Colombia como a América Latina, pero en intervenciones anteriores había endurecido su discurso, calificando al país sudamericano de “antro de drogas” y descalificando a su presidente.

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En el ambiente festivo del sorteo del Mundial 2026, Trump se mostró entusiasta sobre el papel de Estados Unidos como anfitrión del evento deportivo.

“Es un honor ser anfitrión. Es un gran honor. Quiero decir, eh, resultó ser más grande de lo que pensábamos. Estamos estableciendo un récord de ventas de boletas, como ningún deporte ha visto antes”, afirmó en entrevista con Noticias RCN.

Ante la pregunta sobre la facilitación de visas para los asistentes al Mundial, aseguró: “Vamos a facilitarlo mucho para ellos. Estamos trabajando en eso ahora mismo. Lo vamos a hacer muy fácil. Va a ser un proceso muy sencillo”.

Al ser invitado a saludar a Colombia, Trump expresó: “Me encanta Colombia. Hola, Colombia. Está bien”, según recogió el medio mencionado.

El tono distendido continuó cuando Trump envió un mensaje a los aficionados latinoamericanos: “Latinoamérica es genial, y tienen un gran fútbol. Así que buena suerte en los partidos”.

Consultado sobre su experiencia personal con el fútbol, el exmandatario respondió con humor: “Lo crea o no, sí. Sí jugué y me encantaba. Tenía, era, eh, era bueno. No diría que era Ronaldo o Messi. Estaba un poco por debajo de ellos”.

Sin embargo, ese tono cordial contrastó con las declaraciones que Trump realizó en octubre de 2025, en las que adoptó una postura crítica respecto a la situación del narcotráfico en Colombia y la gestión de su presidente. “Colombia es una máquina de fabricar drogas (...) ahora tienen al peor presidente que han tenido, un lunático con muchos problemas mentales”, afirmó en declaraciones recogidas por La FM. El exmandatario profundizó en sus críticas:

“Contra las drogas. Y de hecho, incluso cuando tenían presidentes mejores que el que tienen ahora, ellos, ellos, así es como ganan mucho dinero. Drogas. Solía quejarme de eso cuando tenían un presidente muy agradable, pero él no hacía nada. Era, era solo palabrería. Eh, ellos son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a suspender todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que ellos detengan la producción de drogas. Y si miras los campos, los campos están llenos de drogas y refinan las drogas y producen cantidades enormes de cocaína y la envían por todo el mundo y destruyen familias”.

En noviembre de 2025, Trump reiteró y amplió sus críticas, señalando la influencia de los cárteles en la región: “Esos cárteles están controlando esos países, ¿de acuerdo? Y eso incluye a Colombia. Colombia es un antro de drogas. Es un antro de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo. Eh, tienen un líder pésimo allá ahora mismo, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína a niveles que nunca antes habíamos visto y la venden de vuelta aquí, y no van a salirse con la suya por mucho más tiempo. No vamos a, no vamos a tolerarlo por mucho más tiempo”, según declaraciones recogidas por RT.

El contraste entre los mensajes de Trump resulta evidente: de elogiar a Colombia y desearle suerte en el fútbol, pasó a descalificar duramente a su gobierno y a cuestionar la cooperación bilateral en materia de drogas. Esta ambivalencia en sus declaraciones refleja la complejidad de la relación entre ambos países y la volatilidad del discurso político en torno a temas sensibles como el narcotráfico y la política exterior.

La reciente condena a Santiago Uribe Vélez a más de 28 años de prisión por el Tribunal Superior de Antioquia ha generado un fuerte impacto en la justicia colombiana.

Según el Reporte Coronell de W Radio, la decisión judicial no solo afecta al ganadero, sino que también ordena a la Fiscalía investigar al abogado Diego Cadena por posibles delitos contra la administración de justicia, en el contexto de un proceso marcado por la manipulación de testigos y la intervención de figuras relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico.

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“Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo”, señala el fallo citado por W Radio.

Este testigo, conocido como alias Zeus, fue un exmilitar que, tras su paso por el Ejército, terminó al servicio de capos del narcotráfico y se convirtió en pieza clave del proceso judicial.

El papel de alias Zeus resultó determinante en el juicio contra Uribe Vélez. Según la sentencia, “el propio declarante aceptó que recibió asesoría del abogado Diego Javier Cadena Ramírez para redactar una carta dirigida al Fiscal General de la Nación afirmando que tenía información acerca de la investigación que se adelantaba en contra de Santiago Uribe”.

El tribunal subraya que la defensa de Uribe guardó “completo silencio” sobre este asunto, omitiendo informar que Cadena había preparado al testigo.

Durante la audiencia, el vínculo entre Cadena y ‘Zeus’ quedó en evidencia a través de un intercambio con el fiscal del caso.

“Diego es el abogado que yo utilicé para mandarle a Diego León Montoya la razón, que fue el que me la trajo. Él me dijo que si estaba interesado en decir la verdad, que iba a conseguir el radicado de la investigación, que fue el que me la trajo y yo hago el oficio con ese radicado y envío esa carta al fiscal general de la nación”, relató Rodríguez Agudelo ante la insistencia del fiscal sobre la identidad de “doctor Diego”. Cuando se le preguntó si se refería a Diego Javier Cadena Ramírez, el testigo respondió: “Sí, señor. Es a ese Diego al que yo me refiero”.

El caso, que se remonta a hechos ocurridos en la década de los 90, ha estado marcado por la aparición de testigos falsos y la participación de personajes ligados al paramilitarismo y el narcotráfico.

Daniel Ernesto Prado, embajador de Colombia en Bélgica y antiguo representante de víctimas en el proceso, ofreció al medio mencionado una visión histórica del expediente: “Más o menos en el año 1996, después de la captura de Santiago Uribe, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez creo que se dedica con Diego Cadena a buscar testimonios para desvirtuar la acusación que había hecho la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez”.

Prado detalló el origen del caso: “Comienza con la desaparición de esos dos estudiantes de la Universidad de Antioquia en el Cerro Silencio. Porque allí se da cuenta de que había un jefe paramilitar que ha designado unas líneas a unos hacendados que hacían parte de su grupo paramilitar y entre ellos aparecía Santiago Uribe Vélez y unas personas que se identifican con un apellido Vélez Ochoa. Estos Vélez Ochoa son los Ochoa, narcotraficantes, y los Vélez, políticos. Lamentablemente tienen que ver con la familia de Álvaro Uribe Vélez”.

El embajador también recordó la existencia de otros procesos relacionados, como la masacre de La Solita y la muerte de Camilo Barrientos, conductor de una chiva, por cuyo homicidio fue condenado Uribe Vélez. “Él es un conductor de una chiva, el cual yo tuve el honor de representar en su momento a su familia, a su excompañero. Era un conductor de una chiva que lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla y por eso lo ejecutaron”, relató Prado en la entrevista con el medio mencionado.

El proceso judicial ha estado salpicado por la presencia de personajes secundarios, como el sacerdote Gonzalo Palacio Palacio, mencionado en el expediente por su presunta colaboración con el ejército y los paramilitares. Prado explicó:

“Él es un sacerdote de Yarumal que utilizaba su posibilidad de como sacerdote escuchar a la comunidad y ahí recibía información, y toda esta información se la entregaba al ejército y a los paramilitares. De allí se desprendieron varios hechos delictivos. El mismo padre, en una de las declaraciones en los diferentes procesos que se armaron sobre este tema, reconoce ser colaborante del ejército y entregar información al ejército”.

La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, así como las declaraciones recogidas por W Radio, ponen de manifiesto las complejidades y contradicciones del proceso, en el que el juez de primera instancia validó y al mismo tiempo pidió investigar el testimonio de alias ‘Zeus’. Además, la investigación ha revelado la existencia de maniobras para manipular la justicia y la participación de figuras de alto perfil en la construcción de testimonios.

En este contexto, Prado reafirmó la importancia de la defensa de las víctimas y el valor de su labor en el proceso judicial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus críticas al Gobierno de Colombia por la situación de las drogas, señalando el impacto negativo que, según él, tiene el narcotráfico en la sociedad estadounidense.

En una entrevista reciente con Fox News Radio, Trump afirmó que su administración ha enfrentado desafíos que “nadie más ni siquiera ha pensado”, en referencia a la lucha contra las drogas provenientes de Colombia.

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Durante la conversación, Trump enfatizó la gravedad del problema al describir las consecuencias humanas del consumo de drogas.

“Cuando ves la muerte y la destrucción, y lo que le pasó a una familia, con niños que entran en las drogas, todo es posible. Las cifras son increíbles”, declaró el mandatario estadounidense en diálogo con el medio internacional.

Añadió que, aunque sería más sencillo no enfrentar la problemática, la magnitud de la crisis obliga a actuar, ya que “esto está destruyendo a gran parte de Estados Unidos”.

El impacto de las drogas en territorio estadounidense fue subrayado por Trump al asegurar que el país perdió hasta doscientas mil personas el año pasado debido al consumo masivo de estupefacientes, una cifra que calificó como parte de una situación de “muerte”.

Trump también vinculó a Venezuela con la crisis de seguridad y drogas en la región.

Señaló que el régimen de Nicolás Maduro habría vaciado sus prisiones, permitiendo la entrada de grupos criminales como el Tren de Aragua a Estados Unidos. “Vaciaron sus prisiones en nuestro país, Tren de Aragua, la pandilla, sus prisiones fueron vaciadas dentro de los Estados Unidos, ya los estamos enviando de regreso, pero no se van a salir con la suya”, afirmó Trump.

En cuanto a la cooperación internacional y la respuesta militar, Trump destacó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que incluye un portaaviones, buques de guerra y varios aviones.

Según los datos recogidos por Semana, Estados Unidos ha registrado una veintena de ataques a embarcaciones en la región, con al menos 83 víctimas mortales.

Trump concluyó que, aunque no ha tomado una decisión definitiva sobre una posible intervención militar, considera que cualquier medida que ayude a salvar vidas sería motivo de satisfacción tanto personal como política.

Trump acusa a Colombia de mantener fábricas de cocaína activas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Colombia de mantener fábricas de cocaína activas y manifestó su disposición a destruirlas personalmente, según afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Me sentiría orgulloso de hacerlo, personalmente. No dije que lo voy a hacer, pero me sentiría orgulloso de hacerlo porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”, declaró el mandatario.

La inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro y su familia en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, que implica sanciones económicas y restricciones comerciales, intensificó la tensión bilateral en 2025.

Esta medida se fundamentó en acusaciones de que el Gobierno de Petro permitió el aumento de la producción de cocaína y favoreció a grupos narcotraficantes, lo que deterioró la credibilidad internacional de Colombia y agravó la crisis diplomática con Estados Unidos.Desde enero de 2025, tras su regreso a la presidencia, Trump endureció su política antidrogas, incrementando las operaciones militares y amenazando con sanciones a países como Colombia.

En respuesta, Petro denunció violaciones a la soberanía colombiana y defendió los resultados de su gestión.

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano destacó: “Cómo me sentiré de orgulloso que en mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. Rubio no le ha contado a Trump, nadie le dice”.La confrontación entre ambos gobiernos se mantiene abierta, sin que se haya resuelto la disputa sobre la estrategia para combatir el narcotráfico.

La defensa de los operativos militares en Colombia, incluso ante la muerte de menores de edad en combates, y el anuncio de una denuncia internacional contra alias Iván Mordisco, marcaron la reciente publicación de Gustavo Petro en X.

El presidente colombiano reafirmó su respaldo a la continuidad de las acciones armadas del Estado y señaló que llevará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional por el reclutamiento forzado de niños.

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En su mensaje, Petro subrayó la gravedad del conflicto armado y la persistencia de la violencia ligada a intereses políticos y economías ilícitas, mientras destacó cifras sobre menores afectados y liberados en el marco de su gobierno.

En la publicación, Gustavo Petro sostuvo que las operaciones militares bajo su mandato cumplen de manera estricta con el Derecho Internacional Humanitario, incluso en lo relativo al trato de los menores combatientes, conforme a las normas del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

El mandatario enfatizó que, pese a las críticas por la muerte de menores en enfrentamientos, las fuerzas armadas continúan sus acciones contra los grupos ilegales, siempre bajo el marco legal internacional.

“Las operaciones militares que he ordenado en mi gobierno respetan estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, incluso ante el tratamiento al menor combatiente, como lo denomina el CICR y las normas internacionales”, afirmó Petro en su publicación en X.

En ese mismo mensaje, el presidente anunció que denunciará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional, acusándolo de violar el Estatuto de Roma mediante el reclutamiento sistemático de menores.

Gustavo Petro atribuyó a este líder guerrillero la responsabilidad de forzar a más de doscientos niños, en su mayoría de comunidades indígenas, a integrarse a grupos armados.

Además, lo señaló como responsable de atentados con explosivos en ciudades como Cali y el Cauca, que han dejado decenas de víctimas civiles, y de actividades ilícitas como el narcotráfico y la explotación de minerales raros.

Según el mandatario, ‘Iván Mordisco’ busca expandir su control sobre territorios ricos en recursos, aprovechando la inestabilidad en zonas fronterizas como el Guaviare y el Esequibo, en la selva amazónica.

Petro también presentó cifras sobre el impacto del conflicto en la infancia colombiana. Según su propia investigación, desde el año 2000 han muerto más de cuatrocientos menores en combates.

El presidente afirmó que, durante su gobierno, se ha logrado la liberación de 2.411 menores del conflicto armado, y que en regiones como Nariño y Putumayo, donde la producción de cocaína es elevada, se ha registrado una reducción de la violencia y la entrega de menores por parte de grupos armados.

Gustavo Petro atribuyó estos avances a los procesos de paz y a la apertura de espacios de diálogo, en los que la liberación de menores y el respeto a la población civil son condiciones fundamentales.

Aseguró que en su administración no se han creado nuevas organizaciones ilegales y que su apuesta por la paz ha enfrentado resistencia de sectores que, según él, buscan mantener el conflicto por motivos electorales o económicos.

Petro también mencionó la coordinación internacional, especialmente con países amazónicos, para proteger la selva de las mafias dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

En su mensaje, el presidente reiteró que la paz es la mejor vía para evitar que los niños sean víctimas de la guerra. No obstante, reconoció que la respuesta de los grupos armados ha sido diversa: mientras algunos han aceptado el desescalamiento de la violencia y la entrega de menores, otros, como el liderado por ‘Iván Mordisco’, han optado por la confrontación.

Petro insistió en que el Estado ofrece espacios de diálogo sociojurídico, pero que la continuidad de las operaciones militares es necesaria ante la persistencia de la violencia y la negativa de ciertos grupos a abandonar las armas.

La publicación de Gustavo Petro en X concluyó con un mensaje enfático sobre la respuesta estatal a la criminalidad: el presidente aseguró que las acciones de los grupos armados dedicados al narcotráfico recibirán una respuesta firme por parte del Estado, con el objetivo de garantizar que la población colombiana pueda vivir en libertad en todo el territorio nacional.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó abiertamente la política de “paz total” del actual Gobierno colombiano, calificándola como un fracaso que permitió la expansión de cultivos ilícitos y la mutación de organizaciones criminales.

Así lo expresó a través de mensajes publicados en la red social X, donde sostuvo que los resultados han sido contraproducentes para la seguridad en los territorios.

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En su pronunciamiento, Cabal afirmó que la política gubernamental instauró lo que denominó “paz cocal” y aseguró: “La paz total fue un fracaso, es paz cocal, territorios llenos de coca, grupos criminales que mutaron y están poniendo en peligro a la gente“.

Según la legisladora, esta estrategia facilitó que diversas estructuras criminales se fortalecieran y adquirieran un carácter transnacional, lo cual representa una amenaza directa para la población.

Durante un video difundido también en la cuenta de X de Cabal, la congresista amplió sus críticas y argumentó: “Cuando usted vende paz, pues ¿quién no quiere vivir feliz? Paz total. No, nos vendió paz cocal. Llenó los territorios de coca, se fragmentaron los grupos, mutaron, porque el peligro hoy para el Estado colombiano y la supervivencia de la sociedad es que hoy tienen otras máscaras, otras caras“.

Destacó que las actuales bandas criminales operan bajo nuevas identidades y se desplazan a países vecinos como Venezuela y Ecuador.

La senadora subrayó la complejidad de enfrentar estas nuevas formas de criminalidad y señaló la implicación de rutas internacionales. “El asesino de Miguel Uribe había trazado rutas Ecuador-Venezuela. Es una criminalidad transnacional”, advirtió Cabal, y sostuvo que el Estado colombiano requiere superar retos importantes para proteger la integridad de sus ciudadanos.

Cabal evocó hechos históricos para ilustrar su postura, al defender la necesidad de fortalecer las capacidades estatales. Argumentó: “Tristemente, las guerras solo se ganan con superioridad aérea. Me remito a la Segunda Guerra Mundial“, en referencia a la estrategia de los aliados frente a la Alemania nazi.

La congresista también denunció el impacto del conflicto en menores de edad reclutados por grupos armados y cuestionó el supuesto relativismo institucional. “¿Será que es muy chévere para una niñita campesina que la violen todas las noches y le arranquen el bebé de su vientre?”, preguntó. Además, señaló: "Aquí toca imponer la ley, la Constitución y la ley“.

Concluyó invitando al debate constructivo sobre el futuro del país, enfatizando la necesidad de consenso. "A mí me gusta que discutamos, pero al final lleguemos a una conclusión: ¿Qué país queremos?“, manifestó.

Estados Unidos destruyó narcolancha en el Pacífico y desató choque entre Cabal y Petro por la lucha antidrogas

La destrucción de una embarcación identificada como parte de operaciones de narcotráfico, efectuada por fuerzas militares de Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico oriental el sábado 15 de noviembre de 2025, generó una controversia entre la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro.

La acción, enmarcada en la Operación Lanza del Sur, dejó como resultado la muerte de tres presuntos integrantes de una organización criminal marítima, de acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses.

El Comando Sur informó que el ataque fue ejecutado bajo la orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, respondiendo a una estrategia más amplia del presidente Donald Trump destinada a debilitar redes ilegales de transporte de drogas en la región.

La congresista Cabal defendió las acciones militares y criticó fuertemente la postura del jefe de Estado colombiano, quien manifestó su rechazo al uso de fuerza letal en este tipo de intervenciones.

“Quien transporta droga en una narcolancha está cometiendo un delito grave”, sostuvo Cabal, para quien los operativos son necesarios para preservar la seguridad regional.

La respuesta de Petro argumentó que es posible enfrentar el delito sin recurrir a la eliminación de los involucrados. El mandatario aseguró haber liderado decomisos que superan las 2.700 toneladas, apostando por capturas y judicializaciones en vez del uso de armamento letal.

Además, insistió en que muchos de los pilotos de estas embarcaciones pertenecen a sectores vulnerables del Caribe, que acceden a estas actividades como alternativa de sustento.

El intercambio se intensificó con nuevas declaraciones de Cabal, quien subrayó que “solo los socios de los narcos se indignan por estas acciones”.

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó un pronunciamiento en su cuenta de X al manifestar: “Soy un enemigo acérrimo de las drogas”.

La declaración, difundida domingo 16 de noviembre de 2025, vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre el narcotráfico y sus consecuencias para Colombia.

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En el video publicado en sus redes sociales, el precandidato presidencial enfatizó su rechazo absoluto al consumo y la producción de estupefacientes.

De la Espriella, conocido por su postura conservadora y su activismo público, afirmó que el narcotráfico representa una de las principales tragedias nacionales.

“El país ha sufrido mucho por culpa del narcotráfico y, en mi gobierno, haré lo que tenga que hacer para combatirlo”, expresó.

Además, aseguró que su compromiso con la lucha antidrogas sería prioritario en una eventual administración: “Lo que sí puede tener claro el país es que soy un enemigo de la droga en todas sus presentaciones y manifestaciones”.

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella sostuvo que la problemática va más allá de la producción, al advertir sobre el aumento de consumo interno en Colombia.

“A Colombia le ha hecho mucho daño la droga. Lo más lamentable es que dejamos de ser productores para volvernos consumidores”, puntualizó.

El líder político subrayó la gravedad del crecimiento del mercado local de estupefacientes.

“Y lo puedo decir con la frente en alto porque a mis 47 años nunca consumí ningún tipo de droga. El país necesita decisiones firmes y yo tomaré las que hagan falta para proteger a las futuras generaciones”, aseveró.

Abelardo de la Espriella propuso realizar encuesta a inicios de diciembre: “Cabe todo el mundo menos Petro”

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una propuesta que busca definir la candidatura presidencial del sector opositor al actual gobierno mediante la realización de una “gran encuesta nacional” para enfrentar a la izquierda en 2026.

El mecanismo permitiría medir el respaldo de todos los aspirantes presidenciales del espectro político no petrista, excluyendo a aquellos identificados como aliados del presidente Gustavo Petro.

La medición impulsada por De la Espriella se realizaría antes del 10 de diciembre, fecha en la que se prevé la publicación de los resultados.

“En esta prueba cabe todo el mundo menos Petro y sus cómplices”, señaló el jurista, reafirmando que ningún representante del actual proyecto presidencial participaría en la encuesta.

La idea central consiste en que los costos del estudio de opinión sean asumidos de manera conjunta por los mismos precandidatos, lo que evitaría, en palabras del abogado, que el Estado incurra en un ‘gasto multimillonario’.

El proceso estaría a cargo de tres firmas encuestadoras del país, seleccionadas por consenso entre los participantes.

El resultado de este ejercicio sería vinculante para los precandidatos: que obtenga la mayor votación se convertiría en el único representante de la coalición opositora en la primera vuelta presidencial.

El resto de los aspirantes tendría la alternativa de postularse a listas al Senado, lo que, les permitiría seguir activos políticamente sin incurrir en inhabilidades de carácter electoral.

La propuesta del jurista recibió distintos tipos de respaldo y críticas desde varios sectores. El expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó la iniciativa como una postura “generosa” que, a su juicio, refleja “preocupación de país”.

Además, la senadora María Fernanda Cabal urgió a su partido a tomar decisiones rápidas, manifestando que “Colombia necesita ya definiciones” y que la prioridad debe ser mantener la unidad única para el proceso electoral.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda consideró que la invitación a la coalición opositora adquiere valor ante la fragmentación política, destacando que “la unidad es el camino” para el próximo periodo electoral. Sin embargo, no todas las voces fueron favorables.

Paloma Valencia advirtió que el Centro Democrático debe seleccionar su candidato de manera interna antes de participar en acuerdos colectivos, mientras que el precandidato liberal Mauricio Gómez Amín manifestó que la unidad debe lograrse a través de la consulta ciudadana del próximo año.

La incautación de 3,4 toneladas de cocaína en una bodega subterránea de Uribía, en el departamento colombiano de La Guajira, ha representado un hecho relevante en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La operación, realizada sin víctimas, fue resaltada por el presidente Gustavo Petro, quien enfatizó tanto la magnitud del decomiso como la ausencia de violencia durante el procedimiento.

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El mandatario subrayó la importancia internacional del suceso y solicitó que la noticia se difundiera globalmente, con el objetivo de reforzar la imagen de eficacia de su gobierno frente a las redes del narcotráfico.

El cargamento, localizado gracias a una acción coordinada por la Policía Nacional, estaba almacenado y listo para ser enviado a destinos en Centroamérica y Norteamérica.

Según el presidente, la droga pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y había salido desde la zona del Catatumbo, una región históricamente asociada a la producción y tráfico de estupefacientes.

Petro afirmó: “Mi gobierno al mando de la Policía Nacional ha logrado incautar, en una bodega subterránea, 3.4 toneladas de Cocaína en Uribía, Guajira, lista para enviar a centroamérica y norteamérica”. Además, destacó que “la operación se hizo sin un muerto y la cocaína pertenecía al ELN enviada desde el Catatumbo”.

La reacción presidencial incluyó un llamado a que la noticia se replicara en todo el mundo, reflejando el interés del Ejecutivo por proyectar el impacto de la acción más allá de las fronteras nacionales y consolidar la percepción de una política antidrogas efectiva. La solicitud de amplificación mediática busca posicionar a Colombia como un actor comprometido en la contención del tráfico internacional de drogas.

En el marco de acciones contra economías ilícitas, el Ejército de Colombia informó sobre la incautación de 1.550 galones de gasolina en Maicao, también en La Guajira. Esta operación, realizada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 10 de la Décima Brigada en coordinación con la Policía Nacional, permitió decomisar combustible valorado en aproximadamente $30 millones.

El Ejército señaló que este resultado representa un golpe directo a las estructuras que financian actividades ilegales y afectan la seguridad del departamento.

Las recientes operaciones en Uribia y Maicao evidencian la estrategia conjunta de las fuerzas de seguridad colombianas para debilitar las redes del narcotráfico y las economías ilícitas en La Guajira.

La coordinación entre la Policía Nacional y el Ejército ha sido determinante para lograr decomisos de gran envergadura y ejecutar procedimientos sin víctimas, en una región donde la presencia de grupos armados y el tráfico de drogas han planteado desafíos persistentes para la seguridad y el desarrollo local.

Armada de Colombia incauta más de siete toneladas de droga en el Pacífico

Más de siete toneladas de droga fueron incautadas por la Armada de Colombia en aguas del Pacífico, tras una serie de operativos que interceptaron un semisumergible y dos lanchas rápidas, frustrando el envío de cocaína y marihuana hacia mercados internacionales y evitando el ingreso de USD223 millones al crimen organizado.

La operación, que según la institución naval consolidó uno de los mayores golpes recientes contra las rutas del narcotráfico en la región, impidió la circulación de más de 10 millones de dosis ilícitas.

El despliegue se activó tras una alerta de Inteligencia Naval, permitiendo a unidades del Grupo de Guardacostas del Pacífico actuar de forma simultánea en varios puntos estratégicos.

En el primer operativo, una unidad de reacción rápida interceptó un semisumergible frente a la isla de Gorgona, tripulado por un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos. La inspección permitió hallar 2.960 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los detenidos fueron puestos bajo custodia y transferidos a las autoridades judiciales.

De forma paralela, la Estación de Guardacostas de Buenaventura detectó una lancha a 80 millas náuticas del puerto. Tras un intento de fuga y el posterior vuelco de la embarcación, los marinos recuperaron 1.268 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Las tres personas capturadas también fueron entregadas al sistema judicial.

En un tercer punto, la estación de Guardacostas Primaria de Tumaco localizó otra lancha tipo Go Fast, equipada con tres motores fuera de borda, que transportaba 3.503 kilogramos de marihuana y 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Tres ciudadanos colombianos fueron capturados y trasladados a puerto seguro.

El nombre de alias Antonio Medina destaca en el panorama del conflicto armado colombiano. Detrás de este alias se encuentra Omar Pardo Galeano, identificado por las autoridades como cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc, una de las facciones más activas en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Su figura, vinculada a la expansión del narcotráfico y a ataques armados, ha sido objeto de intensos operativos militares y de vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad.

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La trayectoria de Pardo Galeano, de acuerdo con información de inteligencia militar citada por El Universal, se remonta a su pertenencia a las extintas Farc, organización de la que se desmovilizó antes de asumir el liderazgo de la subestructura 28 de las disidencias.

Su ascenso en la jerarquía criminal se consolidó tras la desmovilización, cuando se convirtió en uno de los principales referentes armados en la región de Arauca. En 2023, fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que marcó su ruptura definitiva con cualquier proceso de reintegración y lo posicionó como un objetivo prioritario para las autoridades.

El rol de alias Antonio Medina dentro de las disidencias de las Farc ha sido descrito como el de un líder estratégico y operativo. El Heraldo señala que es considerado “uno de los capos del narcotráfico que delinque en la zona”, con una influencia directa en el departamento de Arauca y conexiones con el cartel del narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que “Antonio Medina” es el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’, líder del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, y que su estructura ha sido blanco de al menos trece bombardeos autorizados por el presidente Gustavo Petro, ocho de ellos en 2025.

Las actividades criminales atribuidas a este guerrillero abarcan un amplio espectro. Según los medios de comunicación mencionados con anterioridad, se le responsabiliza de extorsiones a ganaderos y propietarios de fincas, secuestros, ataques armados contra la fuerza pública y la expansión de operaciones ilícitas hacia Venezuela.

En los municipios de Támara y Paz de Ariporo, en Casanare, así como en la frontera con Arauca, su grupo ha ejecutado actos terroristas y ha consolidado rutas para el tráfico de drogas. Las autoridades han documentado que Medina contaba con un anillo de seguridad compuesto por 35 combatientes, lo que evidencia el nivel de protección y la estructura militar que lo rodeaba.

La red de alianzas tejida por Medina ha sido clave para su permanencia y expansión. El Tiempo informó en que su liderazgo se sostiene gracias a la colaboración con figuras como alias ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’. Estas alianzas han permitido a la facción del frente 28 mantener una posición relevante en el escenario delictivo, a pesar de los constantes golpes militares y de la rivalidad con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes libra una guerra por el control territorial y las rentas criminales.

El entorno interno de la organización también ha estado marcado por episodios de violencia y desconfianza. El Espectador reveló que, tras la muerte de su expareja sentimental, alias Alexa, a manos del Ejército en abril de 2025, Medina inició una serie de represalias internas.

Alexa, quien había sido reclutada a los 15 años y se desempeñaba como colaboradora cercana, murió en combates en Samacá, Casanare. La información de inteligencia sugiere que miembros de su propio anillo de seguridad facilitaron su ubicación a cambio de dinero, lo que desencadenó consejos de guerra ordenados por Medina contra los responsables de la seguridad de Alexa.

En cuanto a la presencia geográfica, El Tiempo detalla que la influencia de Medina se extiende principalmente sobre Arauca, con operaciones en Casanare y la instalación de campamentos en territorio venezolano. Esta ubicación estratégica le ha permitido consolidar rutas de narcotráfico y mantener una posición de poder en la frontera colombo-venezolana, zona clave para el tránsito de drogas y armas.

La muerte de alias Alexa y las represalias ordenadas por Medina ilustran el clima de tensión y violencia interna que caracteriza a las disidencias del frente 28. La reacción del cabecilla ante la traición y la pérdida de una colaboradora cercana evidencia el control férreo que ejerce sobre su estructura y la dinámica de lealtades y castigos que impera en su organización.

Un ataque con artefacto explosivo improvisado contra un helicóptero UH-60 Black Hawk de Estados Unidos, que transportaba a miembros de la Policía Nacional de Colombia, provocó la muerte de trece oficiales y dejó a cuatro heridos el 21 de agosto de 2025 en la región del Bajo Cauca.

El helicóptero, que participaba en un operativo de erradicación de cultivos de coca, quedó completamente destruido.

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través de un comunicado oficial en X, confirmó la magnitud del atentado y anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita identificar a los responsables.

Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (Farc-EP), específicamente el frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), se atribuyó la autoría del ataque.

Este grupo, vinculado a las disidencias de las Farc-EP, mantiene su actividad armada en zonas de alta conflictividad, lo que refuerza la preocupación internacional por la persistencia de la violencia y el narcotráfico en la región.

El atentado ocurrió durante un operativo de erradicación de cultivos de coca, una de las principales estrategias del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico.

El Bajo Cauca, escenario del ataque, es conocido por la presencia de grupos armados ilegales y la producción de hoja de coca, lo que convierte a la zona en un punto crítico para las operaciones de seguridad.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia subrayó que el helicóptero atacado formaba parte de estos esfuerzos conjuntos entre ambos países.

En respuesta a la gravedad del hecho, la Embajada de Estados Unidos en Colombia detalló los mecanismos para colaborar con la investigación.

Las personas que posean información relevante pueden comunicarse a través de canales seguros como Signal, Telegram, WhatsApp o mediante una línea de informes basada en la red Tor.

Además, el comunicado oficial enfatizó que quienes aporten datos que conduzcan a la captura de los responsables podrán ser considerados para recibir la recompensa ofrecida y acceder a programas de reubicación, con el objetivo de garantizar su seguridad.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para que los responsables enfrenten la justicia y que quienes contribuyan con información valiosa podrán beneficiarse de los incentivos y medidas de protección disponibles.

Ataques violentos frente a la embajada de EE. UU. en Bogotá durante protestas

El viernes 17 de octubre de 2025, una serie de ataques violentos se registraron frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá durante una jornada de manifestaciones, en la que participaron comunidades indígenas y grupos sociales, pero que fue infiltrada por encapuchados y sujetos armados con artefactos explosivos.

De acuerdo con informes reservados citados por este medio, el Frente de Guerra Urbana Camilo Torres del ELN habría desplegado milicianos entrenados en explosivos para alterar la protesta, con el objetivo de desestabilizar el orden público y atacar infraestructuras estratégicas, entre ellas la sede diplomática estadounidense, entidades bancarias y el sistema de transporte masivo.

La orden habría sido emitida por José Benigno Guzmán Mora, alias El Rolo, quien dirige este frente urbano y cuenta con cerca de 28 años de vinculación al ELN.

Durante la tarde, la calle 26 quedó bloqueada por enfrentamientos entre manifestantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía, mientras la embajada había suspendido sus servicios consulares desde la 1:00 p.m. ante la previsión de “grandes manifestaciones y posibles interrupciones en el transporte”.

Las autoridades reportaron el uso de papas bomba, bengalas, flechas, piedras y herramientas industriales como cizallas, y se investiga la presencia de explosivos preparados.

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella propuso una medida que ha despertado un intenso debate: la legalización del 10% de los capitales ilegales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

Esta propuesta, presentada como la primera de su campaña, tiene como objetivo generar una fuente de ingresos significativa para el país, según explicó el aspirante.

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De acuerdo con una reciente entrevista a Semana, de la Espriella planteó: “¿Por qué no legalizar el diez por ciento de los capitales ilegales que hoy están en Colombia por cuenta del narcotráfico, la minería ilegal y toda suerte de delitos? ¿Por qué no podemos hacer eso con minería ilegal, con narcotraficantes y otra serie de delincuentes?”

El precandidato sostuvo que “ahí tendríamos una gran fuente de ingresos para hacer esa transformación social que requiere Colombia”.

También recalcó que la medida funcionaría como incentivo, ya que “les dejamos quedar con el diez por ciento porque tampoco van a pasar hambre, deben tener un incentivo”.

La iniciativa generó una reacción inmediata en el ámbito político. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y crítico de la propuesta, cuestionó duramente a De la Espriella en su cuenta en X.

“Por Dios, esta es la propuesta, la primera propuesta de Abelardo de la Espriella. Definitivamente, él no es el abogado de los narcos, es el candidato de los narcos. Diría mejor: Abelardo es el narco”, afirmó Quintero.

El exmandatario local también señaló: “Mientras nosotros hablamos de un reseteo total contra el narco y los corruptos, él propone que los narcos de este país no aguanten hambre cuando tenemos seis millones de colombianos que se van a dormir sin comer”.

El medio citado profundizó en el plan del candidato: la propuesta incluye que quienes entreguen el noventa por ciento de su patrimonio pagarían tres años de cárcel y no serían extraditados.

De la Espriella explicó que “le vamos a legalizar el diez por ciento, usted entrega el noventa por ciento de su patrimonio, me paga tres años de cárcel, yo no lo extradito”.

Ante la pregunta del periodista Jairo de Semana sobre si esta medida no frenaría las tradiciones legales en Colombia, De la Espriella respondió: “No, Jairo, porque si hay gente que no tiene ese problema y no tiene extradición y asume unos cargos allá, no se le puede extraditar a los Estados Unidos por los mismos hechos, porque se violaría el principio de non bis in idem. Doble incriminación. Hay que ofrecerle una seguridad jurídica a la gente. Me parece a mí que eso es práctico”.

La reacción de Daniel Quintero continuó: “Es practiquísimo para los narcos que no los extraditen. Lo que está diciendo Abelardo de la Espriella, y qué bueno que lo escuche el gobierno americano, lo que tenemos aquí en un bandido, que ya tiene una estrategia para que a los narcos de este país, si él es presidente, no los extraditen”. Agregó también: “Atención, Estados Unidos, el narco es Abelardo”.

Daniel Quintero impulsará lista al Congreso con Independientes tras ruptura con el Pacto Histórico

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció que el movimiento Independientes inscribirá una lista de candidaturas al Congreso en las elecciones previstas para 2026.

Esta decisión se produce luego de que el Consejo de Estado revocara la personería jurídica de Independientes en 2023, escenario que no impidió que Quintero proyectara la participación de su grupo político en la próxima contienda legislativa.

A través de su cuenta de X, Quintero afirmó: “Independientes, nuestro movimiento, presentará una lista que apoye nuestra propuesta de reseteo total y que recoja a los candidatos excluidos por las cúpulas de izquierda en la consulta del 26 de octubre”.

El enfoque de la lista, según indicó Quintero, será dar espacio a quienes no lograron obtener respaldo en los procesos internos liderados por grupos tradicionales dentro del sector de izquierda.

La iniciativa representa un distanciamiento definitivo respecto al Pacto Histórico, coalición de la que Quintero se retiró antes de una consulta interna celebrada el 26 de octubre.

La posibilidad de que Colombia no reciba la certificación de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico ha generado inquietud sobre las consecuencias que esto podría acarrear, no solo para el país sudamericano, sino para el propio territorio estadounidense.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, advirtió que, en caso de una descertificación, los principales beneficiados serían los carteles y las organizaciones trasnacionales dedicadas al tráfico de drogas, quienes aprovecharían cualquier debilitamiento en la cooperación bilateral.

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“Los únicos que ganan son los carteles y las organizaciones trasnacionales, a los que solo les interesa que Colombia y Estados Unidos no trabajemos juntos y que ellos puedan aprovechar esa situación”, expresó el diplomático en declaraciones a El Espectador.

El embajador subrayó que la decisión final corresponde al presidente Donald Trump, que dispone de tres alternativas: otorgar una certificación plena, aplicar una descertificación con la invocación de un “waiver” —lo que evitaría sanciones y condiciones punitivas—, o proceder con una descertificación que podría implicar diversas medidas restrictivas.

García-Peña explicó que la opción de certificación plena es la que, a su juicio, se ajusta a los hechos, ya que Colombia ha mantenido históricamente este estatus, salvo en los años 90. En cuanto al “waiver”, detalló que se trata de una figura legal que permite al presidente estadounidense evitar la imposición de sanciones por razones de interés nacional vital.

El embajador insistió en que los resultados obtenidos por Colombia en la lucha contra las drogas deben ser el principal criterio de evaluación.

“Colombia no solamente ha cumplido con sus compromisos en esta lucha contra las drogas, sino que de lejos es el país que más ha contribuido a esta lucha contra las drogas a nivel mundial”, afirmó García-Peña. Añadió que, independientemente de la decisión que adopte la Casa Blanca, la cooperación entre ambos países debe continuar.

Respecto al impacto que una decisión negativa podría tener en Estados Unidos, el embajador enfatizó que, aunque la lucha contra las drogas se libra en Colombia y las víctimas mortales se concentran en su territorio, la cocaína termina llegando a las calles estadounidenses, europeas y de otros países.

“La seguridad de Estados Unidos está intrínsecamente ligada a lo que pasa en el hemisferio y en la cual no hay país que haya hecho más sacrificio de esta materia que Colombia”, sostuvo García-Peña al medio colombiano.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre el tema, señalando que una descertificación favorecería a los actores ilegales. En la misma línea, el embajador reiteró que “todo escenario en una eventual descertificación o una suspensión de la cooperación entre los dos países, pues solo favorece a los criminales”, según palabras del diplomático.

Así mismo, advirtió que una suspensión de la cooperación bilateral no solo perjudicaría a Colombia, sino que también tendría efectos negativos para Estados Unidos, ya que fortalecería las economías ilegales y enviaría un mensaje equivocado a los criminales.

En cuanto a la posibilidad de que la decisión de la Casa Blanca esté influida por factores políticos, García-Peña recordó que la ley estadounidense exige que la evaluación se base en el cumplimiento de los compromisos antidrogas.

No obstante, reconoció que existen elementos políticos que pueden incidir en el proceso, como lo mencionó la canciller Rosa Villavicencio. A pesar de ello, insistió en que el enfoque debe centrarse en los resultados alcanzados por Colombia.

El embajador también abordó la corresponsabilidad de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, señalando que, aunque el consumo de cocaína en ese país se ha mantenido estable, sigue siendo el principal mercado para los traficantes.

“Sigue siendo de lejos el mercado predilecto del narcotráfico y, por lo tanto, hay una parte fundamental en la corresponsabilidad en la que Estados Unidos debe jugar un papel mayor”, manifestó García-Peña.

Además, destacó la importancia de abordar el tema de las armas legales, recordando que el arma utilizada en el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue adquirida en una tienda en Arizona.

La cooperación entre ambos países también se extiende al control de armas y al seguimiento de los recursos ilícitos. El ministro de Defensa señaló que más del 40% de las armas incautadas a grupos ilegales en Colombia y a narcotraficantes provienen de Estados Unidos.

Daniel García-Peña subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en la persecución de bienes y recursos ilegales, ya que el sistema bancario estadounidense y el internacional desempeñan un papel en el lavado de dinero.

“Insistimos mucho en que es un tema que no podemos hacer solos y que necesitamos la cooperación norteamericana, así como ellos también necesitan la nuestra”, concluyó el embajador.

En 1985, Pablo Escobar, el extinto capo del cartel de Medellín, financió la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, según lo reveló, en su momento, Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, uno de sus sicarios más cercanos al narcotraficante.

En una entrevista con la revista Semana, alias Popeye afirmó que Escobar proporcionó armas y dos millones de dólares al grupo guerrillero M-19 para llevar a cabo el ataque, un evento que dejó más de un centenar de muertos y marcó un capítulo oscuro en la historia de Colombia.

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El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, que falleció después de cumplir una condena de 23 años, detalló que Escobar no solo financió la operación, sino que también sugirió al M-19 que tomara el Senado en lugar del palacio de Justicia, con el objetivo de presionar al gobierno del presidente Belisario Betancur para que renunciara a su decisión de extraditar a colombianos a los Estados Unidos.

“El patrón les decía que no se metieran al Palacio, sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado”, dijo alias Popeye en la entrevista con Semana.

Sin embargo, el plan B, para el capo, consistía en asesinar a magistrados y quemar expedientes judiciales, fue el que finalmente se ejecutó, según este colaborador de Escobar: “El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada”.

La Comisión de la Verdad, en su informe de 2009, corroboró la versión de alias Popeye, indicando que Escobar entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, líder militar del M-19, y que el grupo guerrillero recibió armas para la toma. Sin embargo, algunos exmiembros del M-19, como José Otty Patiño, negaron cualquier vínculo con Escobar, calificando de inmoral la idea de que la decisión de atacar el palacio fuera influenciada por un narcotraficante.

Por su parte, el actual presidente Gustavo Petro también cuestionó la relación entre Escobar y el M-19, sugiriendo que fue una invención. Por otro lado, el libro de Carlos Lehder, otro narcotraficante de la época, sostiene que Escobar no financió la toma, lo que añade más complejidad a la narrativa de estos eventos.

El ataque al Palacio de Justicia y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional han sido objeto de múltiples investigaciones y controversias. La Comisión de la Verdad destacó que el Estado colombiano debe aceptar su responsabilidad por el “exceso de la fuerza pública” durante la recuperación del edificio. A pesar de las múltiples versiones y testimonios, el caso sigue sin resolverse completamente en los tribunales, y las víctimas continúan exigiendo la verdad sobre lo ocurrido

La toma del Palacio de Justicia En 1985: escenario de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del M-19

El 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia en Bogotá fue escenario de un violento enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla del M-19, resultando en la destrucción del edificio y la muerte de numerosas personas. Este evento, hasta la fecha, ha sido objeto de controversia, especialmente en cuanto a la supuesta financiación de la toma por parte del narcotraficante Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, que fue miembro del M-19, desmintió estas acusaciones. En su cuenta de X, Petro calificó la versión oficial de los hechos como “mentirosa” y afirmó que la relación entre el M-19 y Escobar es un “invento”. Petro sostuvo que la toma del Palacio fue una respuesta a la negativa del gobierno de entonces a restablecer un acuerdo de paz con el M-19.

Otty Patiño y Vera Grabe, reiteraron que no existió tal relación con Escobar. Patiño, en declaraciones a la Comisión de la Verdad, expresó su convicción de que los comandantes del M-19, como Álvaro Fayad, no habrían aceptado órdenes de un narcotraficante. Además, Patiño y otros exintegrantes del M-19 señalaron que el grupo enfrentaba serias dificultades financieras y logísticas en ese momento, lo que haría improbable cualquier vínculo con Escobar.

La toma del Palacio de Justicia dejó un saldo trágico de muertos y desaparecidos. La operación militar para retomar el control del edificio fue criticada por el uso excesivo de la fuerza y la falta de protección a los rehenes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias durante la retoma.

El debate sobre la responsabilidad y las motivaciones detrás de la toma del Palacio de Justicia sigue siendo un tema de discusión en Colombia. La narrativa oficial ha sido cuestionada por diversas fuentes, y las declaraciones de figuras como Petro y Lehder añaden nuevas dimensiones a la comprensión de este evento histórico.

La polémica por el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia escaló este martes 28 de octubre de 2025 con un nuevo intercambio entre el presidente Gustavo Petro y la congresista estadounidense María Elvira Salazar, figuras que arrastran un historial de enfrentamientos públicos.

La discusión se encendió cuando Salazar aseguró desde Washington que bajo el gobierno de Petro las plantaciones ilícitas crecieron un 300%. La declaración fue rechazada de inmediato por el mandatario en su cuenta de X.

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Petro calificó de “mentira inmensa” la cifra, señalando: “Esto es una mentira inmensa”, en referencia a los datos difundidos por la congresista republicana.

El presidente optó por comparar los incrementos históricos de los cultivos, atribuyendo los más significativos a gestiones anteriores.

“En solo un año los cultivos de hoja de coca crecieron 111% en 2013, en el gobierno Juan Manuel Santos, y 42% en 2021 del gobierno de Iván Duque; en dos años de gobierno solo crecieron 12% sumando 2023 y 2024”, puntualizó el jefe de Estado.

El mandatario defendió su política antidrogas e insistió en que la cifra citada por Salazar carece de fundamento. Petro, además, lanzó una crítica directa al conocimiento técnico de la congresista.

“¿Dónde habrá estudiado matemáticas la senadora norteamericana María Elvira Salazar?”, ironizó el presidente, poniendo en cuestión la veracidad y el rigor de los datos presentados por la funcionaria estadounidense.

La publicación del presidente generó numerosas reacciones tanto en Colombia como en el exterior, reavivando el debate sobre la estrategia y los resultados de la lucha antidrogas.

En respuesta, María Elvira Salazar rechazó los argumentos del mandatario y arremetió contra la forma como la administración enfrenta el narcotráfico.

“Usted ha sido un completo fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo”, escribió la congresista, añadiendo: “Bajo su mando, los cultivos de coca se dispararon, los carteles mandan y la violencia se expande por todo el país”.

Salazar también ridiculizó las críticas de Petro. “¿Y ahora viene a hablar de matemáticas? Hace dos días dijo que el peronismo ganó en Argentina. ¡Por favor!”.

Para la congresista, Colombia demanda “un líder que enfrente a los criminales y defienda al pueblo”, en vez de “un profesor de teorías fracasadas”.

María Elvira Salazar lanzó fuerte alerta contra Petro por ser “amigo” de organizaciones hostiles a EE. UU

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, representante por Florida y presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, arremetió contra el presidente colombiano Gustavo Petro en una entrevista con Fox News.

Salazar centró sus críticas en la relación del mandatario latinoamericano con figuras internacionales y la política regional.

Según la legisladora, “Nicolás Maduro ha liderado uno de los cárteles de drogas más peligrosos del hemisferio occidental. No solo eso, le robó las elecciones a su propio grupo y ha dado una plataforma a nuestros enemigos”, en referencia al gobierno venezolano.

Salazar advirtió que los vínculos de Petro con gobiernos y dictaduras extranjeras representan un riesgo para Estados Unidos. “Maduro y Petro en Colombia son amigos de Hezbollah, Hamas, China, Corea del Norte y Rusia”, declaró.

Durante la conversación, la congresista también elogió a la administración Trump por reactivar la Doctrina Monroe, política exterior de larga data en EE. UU.

“La Doctrina Monroe está viva y Trump está comprando décadas de paz para nuestros hijos y nietos. ¡Bravo por el presidente!”, añadió.

Sobre la situación interna, Salazar recordó: “Colombia fue una de las democracias más prósperas bajo Álvaro Uribe. Le dimos USD1.600 billones y usaron los recursos para erradicar cultivos de coca y lograr prosperidad”.

La congresista enfatizó que Petro puso en duda la legitimidad de las tropas estadounidenses y criticó su postura sobre los combustibles fósiles.

“¿Cómo se va a tratar a alguien así en serio?”, cuestionó. Además, respaldó la decisión de Trump de declarar persona no bienvenida a Gustavo Petro en Estados Unidos.

Remarcó que las sanciones incluyen congelación de activos y restricciones financieras vinculadas a la política antidrogas y a las investigaciones de la Ofac. Salazar insistió en fortalecer la cooperación con agencias estadounidenses para combatir el narcotráfico en la región.

Hay luto en el periodismo colombiano, después de que se confirmara la muerte de Fabio Castillo en la tarde del martes 28 de octubre, lo que pone fin a una era de investigaciones contra los grandes capos del país.

Reconocido por su dedicación a la investigación del narcotráfico en Colombia y la violencia paramilitar, Castillo dedicó casi cuatro décadas a desentrañar las redes criminales que marcaron la historia reciente del país.

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Su legado, forjado tanto en las redacciones como en el trabajo de campo, permanece como un referente para el periodismo de investigación nacional.

Castillo inició su carrera en el periódico El Nuevo Siglo, donde se inclinó por el periodismo judicial y obtuvo un premio Simón Bolívar a los 20 años. Esta temprana distinción lo acercó a Guillermo Cano, director de El Espectador, quien lo invitó a formar parte del diario en septiembre de 1979.

Tras una breve pausa en 1982, cuando asumió el cargo de secretario privado del procurador Carlos Jiménez Gómez, regresó a los medios y se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Cano.

En ese periodo, Castillo fue pieza clave en la creación del equipo de informe especial del diario, una unidad dedicada a la investigación profunda de temas judiciales y económicos.

“Hice esa investigación en El Nuevo Siglo y Guillermo Cano me llamó. Me dijo: ‘yo quiero que usted me monte un equipo de investigación así en El Espectador’. Así hicimos lo que se llamó en ese momento el equipo de informe especial de El Espectador”, relató en una de sus últimas apariciones públicas.

El trabajo de Castillo y su equipo resultó fundamental en la denuncia de estructuras criminales y en la confrontación con el poder económico. En 1983, junto al editor judicial Luis de Castro y el director del diario, logró documentar que el entonces representante a la Cámara, Pablo Escobar Gaviria, tenía antecedentes en el narcotráfico.

La edición del 25 de agosto de ese año incluyó la reproducción facsimilar de la nota original que probaba que “Escobar estuvo preso”. Este hallazgo marcó un hito en la lucha del periodismo contra los capos de la mafia y consolidó el método de trabajo de Castillo, basado en la verificación documental y la consulta de múltiples fuentes.

“Yo nunca firmaba, siempre figuraba como ‘informe especial El Espectador’”, explicó en su momento Castilo sobre su preferencia por el anonimato y la ausencia de protagonismo personal.

La publicación de Los jinetes de la cocaína en 1987, poco después del asesinato de Guillermo Cano, representó otro momento decisivo en la carrera de Castillo. El libro, dedicado entre otros a Guillermo Cano, expuso las sociedades, testaferros y engranajes del cartel de Cali en una época en la que poco se conocía sobre el alcance de esa organización criminal.

El éxito de la obra obligó a Castillo a exiliarse, primero en Quito y luego en Miami, Madrid y París, donde adoptó identidades de paso para protegerse. A pesar del exilio, nunca abandonó la reportería.

El regreso de Castillo a Colombia se produjo en la década de 1990, tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993. Retomó su labor en El Espectador, donde permaneció hasta 2016.

Durante esta etapa, además de sus reportajes, escribió la columna Palabra más, palabra menos. Posteriormente, asumió la edición de Investigaciones en La Revista, un medio mexicano con presencia en Centroamérica.

En octubre de 2020, fundó El Diario Alternativo, un medio digital en el que definió su rol como el de “dirigir un equipo de periodistas de investigación, documentación y gestión de datos para presentar una historia según nuestro propósito: la verdad en su contexto”.

Hasta el final de su vida, Castillo defendió los principios que guiaron su carrera: la búsqueda de la verdad, la verificación rigurosa y la ética profesional. En mayo de 2023, durante la Feria del Libro de Bogotá, compartió con la periodista María Jimena Duzán recuerdos de su llegada a El Espectador y de las investigaciones que lideró junto a Guillermo Cano, incluyendo las relacionadas con el Clan Ochoa, los Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar y Carlos Lehder.

La inclusión del presidente Gustavo Petro y parte de su familia en la lista de sanciones de Estados Unidos es apenas un coletazo de los que ha significado la crisis, quizá más grave, entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas.

El anuncio, realizado el 24 de octubre de 2025, se produjo en medio de una crisis diplomática con Washington, bajo el liderazgo de Donald Trump, y desencadenó una serie de eventos que sacudieron el panorama político y social colombiano, por ejemplo, la renuncia del ministro de Justicia Eduardo Montealegre ese mismo día, lo que añadió una nueva dimensión a la convulsión institucional que atraviesa el país.

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El 19 de octubre, Donald Trump denunció públicamente a Gustavo Petro señalando que es “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. La declaración incluyó el anuncio de la suspensión de ayudas económicas y subsidios estadounidenses a Colombia, una decisión que dio un giro radical en la política exterior de la administración republicana con respecto al país sudamericano

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, comentó Trump.

Ese mismo día, el mandatario colombiano respondió a las acusaciones del líder estadounidense, asegurando que vivía “engañado” por supuestas malas asesorías e informes de droga erróneos.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, comentó Petro.

El lunes 20 de octubre, el mandatario colombiano fue más allá y aseguró que, además de los recursos que dejaría de percibir el país, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también estaba fuertemente afectado.

"El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU (sic)“, señaló el mandatario.

A la crisis internacional, también se sumó un episodio de relevancia nacional, cuando el martes 21 de octubre la justicia colombiana absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, de los cargos de fraude procesal y soborno.

Este fallo permitió a Uribe regresar a la arena política y respaldar abiertamente a los precandidatos de su partido, lo que reconfiguró el escenario electoral de cara a las elecciones de 2026.

Mientras tanto, Gustavo Petro, en actos públicos en varias ciudades, impulsó la movilización de sus bases y defendió la necesidad de una asamblea constituyente para reformar el sistema judicial, una propuesta que generó tensiones dentro de su gabinete y culminó con la salida de Montealegre.

Sin embargo, todo se volvió a oscurecer el viernes 24 de octubre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton, bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Esta decisión se produjo tras semanas de acusaciones de Donald Trump sobre el aumento de la producción de cocaína en Colombia, que superó las 3.000 toneladas anuales, impulsadas por cerca de 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Un día antes, el 23 de octubre, el presidente Donald Trump ya había vaticinado la decisión al referirse a Petro como un “matón” y señalarlo de generar una fuerte crisis de seguridad en Colombia.

“Ahora tienen un líder terrible, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes y la venden de vuelta aquí”, señaló Trump.

“Él lastima su país de forma muy grave, lo están haciendo muy mal en Colombia, hacen cocaína, tienen fábricas de cocaína. Cultivan un montón de coca que se convierte en drogas que entran a los Estados Unidos a través de la frontera con México”, añadió el nortemericano.

Escalada de tensiones y consecuencias

La escalada de tensiones entre Petro y Trump se manifestó en declaraciones cruzadas y en la intensificación de la política antidrogas estadounidense. Trump ordenó el despliegue de fuerzas militares en aguas del Caribe y el Pacífico, con operaciones que incluyeron bombardeos a embarcaciones presuntamente cargadas de cocaína, acciones que dejaron más de 30 muertos.

Mientras la Casa Blanca justificó estas operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano, organizaciones internacionales y entidades como Human Rights Watch las calificaron de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional. Petro, en actos públicos, advirtió sobre los riesgos que estas acciones representan para la soberanía nacional y la estabilidad regional.

En paralelo, Petro llamó a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, y encomendó a la canciller Rosa Villavicencio la redefinición de las alianzas internacionales. Según fuentes del Ejecutivo citadas por El Espectador, se evalúa la posibilidad de retirar a los militares estadounidenses de las bases en territorio colombiano, aunque esta opción aún no se ha concretado.

En el plano interno, la crisis diplomática exacerbó la polarización política y social. Petro intensificó su confrontación con la Corte Constitucional, el Congreso y otras instituciones, a las que acusó de obstaculizar las reformas estructurales propuestas por su gobierno.

Durante una movilización en la Plaza de Bolívar, el presidente expresó: “Espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte”, en referencia a la resistencia de sectores conservadores y a la necesidad de avanzar en cambios profundos.

Impacto regional y redefinición de alianzas

El impacto de la crisis se extendió al ámbito regional. La relación de Colombia con Venezuela, gobernada por el autoproclamado presidente Nicolás Maduro, y con Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, se vio afectada por la política de sanciones de Estados Unidos y por la presencia de grupos armados en la frontera colombo-venezolana.

Mientras la Casa Blanca mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información sobre Maduro, a quien acusa de liderar una organización criminal, Petro ha negado la existencia de dicho cartel y ha buscado fortalecer la cooperación con Caracas para combatir la ilegalidad en una frontera de más de 2.200 kilómetros.

Según información conocida por El Espectador, la crisis ha sido objeto de análisis en varias reuniones de alto nivel en la Casa de Nariño, donde se evalúan los posibles escenarios para la reelección de la izquierda en 2026 y la necesidad de redefinir la política exterior colombiana.

Mientras tanto, Petro anunció que no volverá a referirse públicamente a Trump, y desde Washington se descartó la posibilidad de un diálogo directo entre ambos mandatarios. La administración colombiana apuesta ahora por diversificar sus alianzas internacionales y enfrentar desde las calles la creciente oposición interna, en un ambiente de aislamiento regional que ni siquiera los gobiernos de izquierda de Brasil, México o Chile han experimentado con tal intensidad.

Tras la fuerte crisis diplomática entre el actual gobierno colombiano y la administración de Donald Trump, la congresista estadounidense María Elvira Salazar le tiró a Gustavo Petro y respondió a señalamientos sobre su papel en el escenario político colombiano, aclarando que no es “vocera” de la oposición, sino defensora de la libertad y la democracia en la región.

En un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales, la legisladora reafirmó su postura frente a los desafíos del narcotráfico en Latinoamérica y se refirió a la gestión del presidente Gustavo Petro.

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Salazar calificó de “aplastante” la evidencia sobre los efectos del gobierno Petro y aseguró que representa un retroceso para Colombia.

Según sus palabras, “Gustavo Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia reciente. Su proyecto no es de justicia social, es de poder, corrupción e impunidad para criminales”.

La congresista insistió en que su labor se centra en apoyar a los pueblos que enfrentan el avance del narcoterrorismo en la región.

María Elvira Salazar se despachó contra el presidente Gustavo Petro en una entrevista: “Insiste en ser enemigo de los Estados Unidos”

En una entrevista el 20 de octubre de 2025 con Mañanas Blu de Blu Radio, la representante María Elvira Salazar, republicana por el sur de la Florida y experiodista, advirtió que Colombia está bajo “la mirilla de la Casa Blanca” debido al agravamiento de la crisis bilateral con Estados Unidos.

En entrevista para el medio citado, Salazar expuso que, dadas las actuales circunstancias, “todo es posible” respecto a eventuales acciones drásticas por parte del gobierno estadounidense en territorio colombiano.

Durante su diálogo, la funcionaria destacó que la tensión nace principalmente del crecimiento de los cultivos de coca y la postura de confrontación del presidente Gustavo Petro.

Salazar precisó que, desde hace tres años, tanto ella como otros líderes políticos han advertido a la administración de Estados Unidos sobre la necesidad de que Petro “enmiende su camino” y deje de jugar con la estabilidad democrática de Colombia.

La congresista afirmó que la prioridad de Washington es la cooperación en beneficio del “colombiano promedio”, pero consideró que Petro “insiste en ser enemigo de los Estados Unidos”.

Salazar recordó un episodio en el Capitolio donde Petro calificó de manera “despótica” la ayuda económica de Estados Unidos, lo que, en palabras de la representante, evidencia un distanciamiento respecto a la tradición de agradecimiento diplomático.

Destacó, que se espera respeto y aprecio hacia la cooperación, a diferencia de su percepción sobre la actual administración. Añadió que muchos colombianos en Florida desean una relación bilateral fortalecida, similar a la que mantiene el presidente Javier Milei en Argentina con Estados Unidos.

En el análisis de las causas del conflicto, Salazar enfatizó que la triplicación de los cultivos de coca bajo el actual gobierno revierte los logros históricos obtenidos durante otras administraciones, como la de Álvaro Uribe.

Calificó el auge del narcotráfico como un “lastre” para Colombia y lamentó que el país mantenga su posición como uno de los mayores productores de cocaína a nivel global.

Consultada sobre el reciente trino de Donald Trump que calificó a Petro como “líder del narcotráfico”, la congresista respaldó la afirmación y explicó que, al permitir el aumento de los cultivos ilícitos, el mandatario termina, en su visión, liderando indirectamente esas actividades ilegales.

Además, recordó declaraciones anteriores de Petro en las que supuestamente defendió la cocaína respecto al petróleo.

Finalmente, Salazar puso de relieve que la administración estadounidense considera que “se acabó el juego” con los países productores de drogas y mencionó el caso del fentanilo como precedente de la postura más rígida adoptada en Washington.

La representante descartó la idea de que Trump esté mal informado, como dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, alegando que existe “evidencia empírica aplastante” de la situación actual en Colombia según la interpretación de los asesores y líderes políticos estadounidenses.

Las recientes declaraciones de la ministra de Justicia y del Derecho (e) Olga Lucia Clara Osorio han definido la postura oficial del gobierno colombiano frente a las acusaciones de Donald Trump que vinculan al presidente Gustavo Petro con el narcotráfico.

En un escenario de creciente escrutinio internacional, la funcionaria reafirmó el compromiso constante del Estado en la lucha contra este fenómeno, resaltando los avances logrados y la solidez de las políticas implementadas para enfrentar las estructuras criminales que afectan la seguridad y la economía del país.

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En su pronunciamiento, Osorio destacó que el Ministerio de Justicia y del Derecho mantiene una estrategia integral y sostenida contra el narcotráfico, la cual se ha traducido en resultados concretos en los últimos años.

Al mismo tiempo, la encargada de la cartera de Justicia señaló que las acciones nacionales han priorizado la desarticulación de las redes centrales del narcotráfico, la reducción de los cultivos ilícitos y la persecución de los activos provenientes de actividades delictivas.

Según la funcionaria, estos esfuerzos han sido determinantes para debilitar a los grupos delincuenciales y consolidar avances sostenibles en la materia.

El Gobierno colombiano ha puesto en marcha políticas que han permitido disminuir de manera significativa la expansión de áreas dedicadas a cultivos ilícitos, así como la producción de hoja de coca.

“Estas acciones han permitido identificar los vínculos con el lavado de activos, ubicando los flujos ilegales que sustentan actividades delictivas en el país.”, reza el comunicado de la entidad.

Además, se han logrado incautaciones históricas de toneladas métricas de sustancias prohibidas y una reducción relevante de las rutas internacionales empleadas por organizaciones criminales.

Estas medidas han facilitado la identificación de vínculos con el lavado de activos y la localización de flujos ilegales que financian actividades ilícitas en el país.

En línea con la visión del presidente Gustavo Petro, la política antidrogas nacional se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y en la generación de oportunidades para las comunidades más afectadas por el narcotráfico.

Petro ha insistido en la importancia de fortalecer las instituciones bajo un marco de legalidad y bienestar público, orientando la estrategia estatal hacia la protección de la vida y la convivencia ciudadana.

El enfoque adoptado por el Ministerio de Justicia también contempla el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional como pilares fundamentales para erradicar el narcotráfico.

Finalmente, la ministra encargada hizo un llamado a la comunidad internacional para sumar esfuerzos y articular respuestas que permitan enfrentar de manera integral los riesgos y consecuencias asociados a este fenómeno, reiterando que la protección de la ciudadanía requiere una visión global y coordinada.

Es así como la cartera de Justicia sostiene que la erradicación del narcotráfico solo será posible mediante la combinación de respuestas sociales, el robustecimiento de las instituciones y la colaboración internacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los colombianos.

Qué dijo Donald Trumpo sobre Gustavo Petro

Trump aseguró a través de Truth Social que Gustavo Petro estaría estafando al país norteamericano, pues pese a los millonarios recursos que gira, no se estaría garantizando la lucha contra las drogas, encendiendo el debate entre los diferentes sectores de la política nacional.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, comentó Trump.

Las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que calificó al presidente Gustavo Petro como “un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia”, generaron rápidas reacciones dentro del Gobierno colombiano.

El mandatario estadounidense sostuvo en la red Truth Social que Petro “no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”. Asimismo, Trump anunció la “cancelación inmediata de todos los recursos hacia Colombia”, decisión que pone en riesgo la financiación de las Fuerzas Militares y afecta directamente la economía estatal.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como un irrespeto a Colombia cualquier declaración que ataque al presidente de la República en los términos utilizados por Donald Trump. Sánchez subrayó que Gustavo Petro fue elegido democráticamente y afirmó que puede dar fe del empeño del mandatario para neutralizar el narcotráfico.

“Si hay algún país que haya empleado todas sus capacidades y también haya perdido hombres y mujeres combatiendo el narcotráfico, y que hemos visto que en el último año se ha incrementado aún más esta ofensiva por parte de Colombia, vuelvo y, y ratifico, es Colombia ese país que tiene una convicción, un compromiso absoluto por neutralizar el narcotráfico de mano de la fuerza pública y el comandante de las Fuerzas Armadas. Es el presidente de la República, pero también es el presidente de los colombianos”, sentenció el funcionario en una rueda de prensa.

Qué más dijo el mandatario estadounidense

En palabras del presidente estadounidense, “se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, escribió Trump en la red social.

La decisión de detener “todos los recursos”, en palabras de Trump, implica la interrupción inmediata de pagos, subsidios y cualquier otra forma de apoyo económico dirigido a Colombia en el marco de la cooperación antidrogas.

La medida constituye una reacción drástica frente a lo que, según el presidente republicano, es inacción deliberada del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el comercio ilegal de cocaína que, en su visión, tiene como destino primordial el mercado estadounidense.

El mandatario fue más allá y emitió una advertencia directa al jefe de Estado colombiano, instándole a actuar con contundencia contra los cultivos de uso ilícito.

“Petro, un líder con baja calificación y muy impopular, con una actitud desafiante hacia América, será mejor que cierre inmediatamente estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump”, concluyó Donald Trump a través de Truth Social.

Trump insistió en que el flujo de drogas hacia Estados Unidos está “causando muerte, destrucción y caos”, y sostuvo que su gobierno no permitirá que estos pagos se mantengan mientras no existan resultados tangibles.

Al acusar a Petro de “estafar a Estados Unidos”, el mandatario destacó la magnitud de los recursos transferidos y la falta de garantías en la lucha antidrogas que viene apoyando su país desde hace décadas.

Con esta decisión, además de comprometer el respaldo financiero a los cuerpos de seguridad y a los planes sociales vinculados al combate del narcotráfico, queda en duda la capacidad del Estado colombiano para sostener políticas de erradicación y control de cultivos ilícitos en ausencia de su principal soporte internacional.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la existencia de un grupo denominado Junta del Narcotráfico, también citado como “cartel de Bogotá” o “Bloque Capital”.

Según sus declaraciones, esta organización estaría vinculada con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena, así como con delitos de alto impacto en Bogotá y otras regiones.

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Gustavo Petro sostuvo que la influencia de dicho grupo se extiende a esferas políticas y económicas en Colombia y en el extranjero.

El mandatario afirmó que, tras asumir la Presidencia, no halló registros oficiales sobre la Junta del Narcotráfico en los archivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

De acuerdo con su relato, la organización habría consolidado su impunidad a través de relaciones con altos directivos de la Fiscalía, lo cual le habría permitido operar sin investigaciones ni persecución por parte de las autoridades.

El presidente Petro describió al grupo como responsable de asesinatos selectivos en Bogotá, supuestamente ejecutados por sicarios o francotiradores profesionales, y lo señaló como posible autor intelectual del homicidio del fiscal Pecci en Cartagena.

En sus declaraciones, el presidente indicó que la Junta del Narcotráfico estaría integrada por políticos influyentes del centro del país, quienes, según él, participarían en las reuniones de la organización.

También señaló que estos presuntos vínculos habrían facilitado que el grupo incidiera en decisiones políticas y evitara investigaciones judiciales.

Además, mencionó que la organización habría solicitado su asesinato a través de intermediarios, en respuesta a los debates sobre operaciones de lavado de activos en la urbanización San Simón, en la sabana de Bogotá, que él impulsó en el Congreso.

“Le pidieron a Carlos Castaño a través del exfiscal Luis Camilo Osorio, mi asesinato porque hice el debate de la urbanización de San Simón donde lavaron activos volviendo la tierra más fértil de la sabana de Bogotá condominios de lujo”, afirmó Gustavo Petro.

El jefe de Estado sostuvo que esta estructura criminal se caracteriza por su diversificación y alcance internacional.

Señaló que el “cartel de Bogotá” aparece como principal exportador mundial de cocaína, aunque sus miembros residirían en barrios exclusivos de Dubái, Madrid y Florida, lejos de rutas tradicionales del narcotráfico.

Gustavo Petro agregó que la organización habría ampliado sus actividades al manejo de equipos de fútbol, manipulación del mercado de esmeraldas y operaciones de lavado a través de conciertos y entidades religiosas con presencia en Paraguay y Colombia.

Asimismo, mencionó posibles alianzas con mafias italianas, árabes y albanesas, la adquisición de frentes de grupos armados ilegales y la cooptación de políticos en países como Ecuador.

El mandatario recordó que, con la llegada de alias “Arroyave” al Bloque Capital, la organización habría incursionado en el paramilitarismo, con presencia en prostíbulos, mercados informales y los aeropuertos El Dorado y Guaymaral en Bogotá.

Relató intentos de asesinato en su contra, entre ellos uno en el que, según su versión, un consejero de paz del gobierno de Álvaro Uribe facilitó un helicóptero oficial para el traslado de un sicario.

Gustavo Petro atribuyó al grupo la expansión de la violencia en los Llanos y Buenaventura, así como la supuesta manipulación de procesos electorales mediante la intervención de un fiscal general para impedir la victoria de candidatos ajenos a sus intereses.

En su visión, la “Junta del Narcotráfico” habría logrado combinar poder político y control del negocio de la cocaína, operando con impunidad ante la inacción de la policía y la justicia.

El presidente Petro sostuvo que la organización evade la atención de agencias internacionales como la DEA y la CIA, una situación que, según él, se explicaría por la complicidad de algunos de sus miembros y la manipulación de información a nivel global.

Incluso mencionó que figuras como Donald Trump desconocen la existencia de esta red, mientras se construyen narrativas alternativas para justificar intereses geopolíticos.

“En fin, el cartel de Bogotá, asiduo cliente de los clubes sociales capitalinos, se hizo el cartel más grande en el mundo de la cocaína. Desde entonces, combinan el gran poder político con la cocaína y ni la policía ni la justicia los investigan. Trump no sabe de ellos; le ocultan la información, se inventan carteles para llenar sus ansias de petróleo y así evaden a la DEA y a la CIA; algunos de sus miembros les ayudan”, expresó Gustavo Petro.

Para el presidente, la magnitud de la corrupción vinculada a esta organización representaría una amenaza directa a la gobernabilidad en Colombia y evidenciaría la profundidad de redes criminales que, de acuerdo con su perspectiva, buscan perpetuarse en las estructuras del Estado.

El asesinato de su hijo marcó un antes y un después en la vida política de Miguel Uribe, precandidato presidencial del Centro Democrático, que eligió Cali como escenario para presentar su plan de seguridad enfocado en el Valle del Cauca.

Con la tragedia personal como motor, Uribe expuso una serie de propuestas orientadas a combatir el narcotráfico y la criminalidad, en un contexto donde la región se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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La motivación del precandidato para impulsar este plan de seguridad tiene raíces profundas; su hijo, Miguel Uribe Turbay, murió tras ser víctima de un ataque con arma de fuego durante un evento en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Tal situación llevó a Uribe a asumir un “deber” que definió como moral: “Mi compromiso es que este país nunca más vuelva a arrodillarse frente a la violencia”. Desde entonces, el precandidato ha insistido en la necesidad de restablecer la tranquilidad y la seguridad en Colombia, tomando como punto de partida su experiencia personal y el dolor de su familia.

Durante la presentación en Cali, Uribe describió al Valle del Cauca como el epicentro de la expansión criminal, el narcotráfico, la extorsión y la presencia de disidencias y estructuras armadas.

El precandidato responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro de haber instaurado una política de “impunidad total”, lo que, según él, ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales en la región.

“Desde aquí, en Cali, les mando un mensaje directo a los criminales: se les acabó la fiesta”, advirtió, enfatizando además en la urgencia de una respuesta contundente ante la crisis de seguridad.

Qué propuestas dio a conocer Uribe Londoño para combatir la inseguridad en el Valle del Cauca

El plan de Uribe para el Valle del Cauca contempla medidas concretas. Entre ellas, destaca la erradicación de cultivos de coca en municipios como Jamundí, mediante la reactivación de la aspersión aérea selectiva en zonas previamente identificadas.

Esta estrategia se complementaría con una ofensiva militar integral destinada a eliminar tanto los cultivos ilícitos como los enclaves del narcotráfico. Además, el precandidato propuso un “blindaje” para Cali, basado en el aumento permanente del pie de fuerza, lo que implica más policías y soldados, así como la dotación de vehículos, tecnología y recursos logísticos para asegurar la presencia sostenida de la fuerza pública en la ciudad y su área rural.

En cuanto a Buenaventura, Uribe planteó una intervención directa del puerto, acompañada de una depuración de mandos en aduanas y la Policía, así como una ofensiva sostenida contra estructuras criminales como los Shottas y los Espartanos.

El objetivo sería frenar tanto la salida de droga como la entrada de armas, cerrando así rutas clave para el crimen organizado. El precandidato también propuso el aseguramiento de corredores estratégicos mediante operaciones militares en puntos críticos como el Cañón de las Garrapatas, Florida–Pradera, Naya–Cauca y Tuluá–Cartago, con el fin de restablecer el control institucional en los límites con Cauca, Chocó y Tolima.

Uribe enfatizó que, sin cortar el flujo de dinero del narcotráfico, cualquier despliegue de fuerza resultará insuficiente. Por ello, la prioridad del precandidato, explicó, será asfixiar los corredores del crimen y consolidar el control institucional antes de ampliar la ofensiva a nivel nacional.

“Buscaremos un aseguramiento de corredores estratégicos, con una operación militar directa en puntos críticos”, afirmó Uribe, dejando claro que la estrategia se basa en la acción coordinada y sostenida de las fuerzas de seguridad.

Al concluir su intervención, el precandidato hizo un llamado a militantes y ciudadanos para “restaurar la Seguridad Democrática” y recuperar la libertad de vivir sin miedo. Uribe transmitió la convicción de que ni Cali ni el Valle del Cauca deben resignarse a la violencia, sino aspirar a un futuro donde la seguridad y la tranquilidad sean una realidad para todos sus habitantes.

El reciente atentado a bala contra un vehículo oficial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento del Atlántico ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios encargados de proteger bienes incautados a estructuras criminales.

La presidenta de la SAE, Amelíe Pérez Parra, expresó su preocupación en un comunicado oficial recogido por la entidad: “Rechazamos de manera enfática los hechos, ya que se agreden no solo la institucionalidad sino la misión de salvaguardar los activos a favor del pueblo colombiano”, afirmó la funcionaria, quien solicitó a las autoridades “reforzar la seguridad de los funcionarios de SAE, que prestan un servicio público de alto riesgo, protegiendo los bienes que han sido ocupados a estructuras criminales en todo el país”.

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La presidenta de la SAE expresó en el comunicado institucional: “Lamentamos profundamente el atentado ocurrido en la noche del 3 de octubre de 2025 en la vía que conduce de Baranoa a Galapa (Atlántico), donde un vehículo oficial fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaban el director territorial Caribe, Jaime Avendaño Camacho, en compañía de tres funcionarios de la Dirección Territorial”, según dice la misiva.

El informe preliminar de las autoridades, citado por la entidad, detalla que “cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo oficial tipo camioneta, el cual resultó con varios impactos, pero los ocupantes salieron ilesos”, según la información difundida por la SAE.

Tras el ataque, la Policía acudió al lugar para iniciar las investigaciones y la búsqueda de los responsables materiales e intelectuales del atentado.

La posición de la SAE frente a este tipo de amenazas es de firmeza y continuidad en su labor. “La SAE y sus funcionarios continuarán cumpliendo con el deber de proteger los bienes de los colombianos y rechazan cualquier intento de intimidación”, concluyó Amelíe Pérez Parra en el comunicado institucional.

La investigación inicial apunta a que el atentado tenía como objetivo directo a Avendaño Camacho. De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, el hecho se registró pasadas las 11:00 p. m. del 3 de octubre, en el momento en que los funcionarios terminaban una diligencia en zona rural de Galapa.

El propio Avendaño relató a las autoridades que, tras realizar la búsqueda de unas coordenadas de una bodega bajo custodia de la entidad, “cerca de una trocha aparecen dos motocicletas con tres personas de sexo masculino, quienes disparan contra el vehículo donde se movilizaban (los funcionarios). Posteriormente emprende la huida, las víctimas se desplazan en el vehículo impactado hacia la estación de Policía de Galapa”, según consta en el informe policial citado por el medio citado.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con la labor de la SAE en la recuperación de bienes vinculados al narcotráfico.

El propio Avendaño Camacho manifestó que había recibido amenazas de alias La Mica, identificado como Félix Antonio Chitiva Carrasquilla, que fue extraditado y a quien se le incautaron bienes.

Según los registros policiales, “La Mica” fue detenido en 2001 y señalado como uno de los mayores proveedores de droga hacia Estados Unidos, además de mantener vínculos con los hermanos Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos”, figuras centrales en el narcotráfico de la región Caribe.

En este contexto, la SAE había anunciado recientemente la recuperación de la Isla Gigi, ubicada en las Islas del Rosario, Cartagena, un inmueble que permaneció más de veinte años en abandono administrativo por haber sido registrado bajo el nombre equivocado de Isla Kalúa.

Sobre este operativo, Jaime Avendaño explicó a El Heraldo: “Durante años este bien permaneció oculto bajo otra denominación, lo que impidió su correcta gestión. Hoy la SAE, en ejercicio de sus competencias, lo recupera y reafirma su compromiso de quitarles poder a las mafias para devolvérselo al pueblo colombiano”.

La entidad subrayó que con esta acción se garantiza que la isla, antes usufructuada ilegalmente, pase a ser administrada legítimamente por el Estado.

La captura de Carlos Julio Poveda Medina, alias Toca, parecía cerrar uno de los capítulos más largos en la persecución del narcotráfico entre Argentina, España y Colombia.

Sin embargo, la medida se vino abajo: la orden internacional de detención que había motivado su aprehensión en Bogotá quedó sin efecto, lo que significa que el señalado narcotraficante vuelve a quedar en libertad en medio de la controversia judicial.

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Alias Toca era buscado desde 2013 por la justicia argentina, que lo señala como el jefe de una red que enviaba cocaína a España utilizando un método sofisticado: diluir la droga en biodiésel para camuflarla en contenedores marítimos con destino al puerto de Vigo, en Galicia.

La investigación reveló que la organización adquirió dos naves industriales en Gondomar (Pontevedra) y Tamallancos (Orense), que eran utilizadas como centros de almacenamiento y ocultamiento de la sustancia.

El caso estalló ese mismo año, cuando la Unidad de Operaciones Especiales Antidroga de Argentina descubrió un cargamento con 57,7 kilogramos de cocaína de alta pureza diluida en biodiésel.

Para no alertar a la organización, los investigadores reemplazaron la sustancia por un líquido inocuo —según el diario La Nación de Buenos Aires, se trataba de té con leche— y realizaron un seguimiento que terminó en capturas simultáneas en dos continentes: tres personas fueron detenidas en Argentina (dos ciudadanos locales y un colombiano), mientras que en España cayeron cinco sospechosos.

Pero Poveda logró escapar. Según la justicia argentina, salió del país con un documento falso a nombre de Miguel Ángel Suárez, viajó a Brasil y desde allí a Lisboa (Portugal), para luego refugiarse en España. Durante un tiempo se escondió cambiando de hotel cada noche, hasta que desapareció del radar de las autoridades internacionales.

La captura en Bogotá

Más de una década después, en septiembre de 2025, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con las oficinas centrales de Interpol en Bogotá y Buenos Aires, anunció la captura de alias Toca.

El operativo fue presentado como un triunfo de la cooperación internacional y parecía abrir la puerta a su extradición hacia Argentina, que lo reclama por los delitos de contrabando agravado y tráfico de estupefacientes.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, aseguró en su momento que se trataba de “un golpe contundente contra una organización que se enriqueció enviando droga desde Sudamérica a Europa”.

La caída de la captura

No obstante, la detención tuvo un giro inesperado. La orden internacional que sustentaba la captura fue retirada o perdió vigencia, lo que obligó a la justicia colombiana a dejar en libertad al señalado narcotraficante. El episodio abre un boquete en la cooperación judicial entre Colombia y Argentina, y plantea interrogantes sobre los vacíos en la coordinación de las notificaciones rojas de Interpol.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Argentina deberá ahora reiniciar los trámites para solicitar nuevamente la captura y eventual extradición, lo que podría prolongar el caso varios años más.

El penalista Jhon Fajardo, abogado de Poveda, explicó al medio Citytv que en 2017 la Fiscalía ya había puesto a su cliente a disposición del gobierno argentino, pero que este no lo recibió en el plazo legal. Por esa razón, tras ocho años, la defensa alegó vía habeas corpus y logró su libertad definitiva.

Mientras tanto, alias Toca recupera su libertad en Colombia, pese a las acusaciones que lo vinculan con una de las redes más sofisticadas de narcotráfico de la última década.

El hecho generó molestia en sectores políticos y judiciales. Expertos en derecho penal señalaron que la caída de la captura “debilita la confianza en los mecanismos internacionales de cooperación”, mientras que familiares de víctimas del narcotráfico cuestionaron que un caso tan sonado termine en la impunidad.

Para Argentina, el episodio significa un revés en sus esfuerzos por desarticular redes de tráfico hacia Europa. Para Colombia, la liberación de alias Toca puede convertirse en un dolor de cabeza, pues ahora queda libre un hombre señalado de mover grandes cantidades de droga en operaciones transnacionales.

El exministro, que estuvo en los últimos dos años de la administración del exmandatario Iván Duque Márquez, indicó que los nuevos hechos documentados en su nuevo escrito, radicado el 1 de octubre de 2025, constituyen violaciones de extrema gravedad que, según su exposición, configuran crímenes de lesa humanidad y atentan contra la estabilidad institucional del país, por lo que pidió la intervención de este organismo.

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“Acudí por segunda vez aquí a la Corte Penal Internacional para complementar o fortalecer la denuncia que presenté en mayo de este año contra el señor Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque se ha consolidado una política de Estado, que lo que ha hecho es favorecer al crimen organizado y que, además, ha derivado en crímenes de lesa humanidad", indicó en su declaración el exfuncionario de Gobierno.

Los motivos por los que Wilson Ruiz compareció ante la CPI: alegó violación del Estatuto de Roma

En el documento, dirigido al fiscal de la CPi, Karim Khan, Ruiz amplió su denuncia contra el primer mandatario y detalló una serie de hechos recientes que, según su concepto, reflejan la consolidación de una política de Estado orientada a fortalecer a grupos terroristas y estructuras criminales. Entre los elementos destacados figura el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En efecto, elevó el caso del senador y precandidato presidencial que falleció el 11 de agosto de 2025, tras un atentado el 7 de junio en Bogotá. Y advirtió que este magnicidio no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un contexto en el que, afirma, el gobierno ha implementado medidas como el ‘Pacto de La Picota’ y el cese al fuego con disidencias de las Farc, con beneficios y legitimidad a organizaciones criminales.

“Lo ocurrido no es casualidad. Quiero decirle a todo el país: debe recordarse que el trato grosero, despectivo, arrogante de Petro hacia Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, con ataques que fueron verbales y señalamientos que lo expusieron pública y mediáticamente", agregó el exministro de Justicia, que se ha convertido en una especie de veedor jurídico de las actuaciones del primer mandatario.

En su denuncia, Ruiz también recogió el asesinato de 81 líderes sociales en los primeros cinco meses de 2025, en un incremento récord en la producción de cocaína en el país —en cifras que el exjefe de la cartera de Justicia atribuye a datos de la ONU— y la existencia de alianzas políticas y logísticas con el régimen de Nicolás Maduro y el denominado ‘Cartel de los Soles’, señalado por Estados Unidos como organización terrorista.

Para el exministro, estas acciones han tenido consecuencias devastadoras para campesinos, niños, líderes sociales y opositores políticos, que, según su relato, han quedado expuestos a la violencia y al desamparo estatal. De hecho, en el escrito presentado ante la CPI, solicitó que se investigue al presidente por su presunta responsabilidad, por omisión, en delitos tipificados en el Estatuto de Roma, en los artículos 7 (crímenes de lesa humanidad), 8 (crímenes de guerra) y 28 (responsabilidad del jefe de Estado).

En ese sentido, señaló que la política gubernamental ha favorecido al crimen organizado y ha derivado en una ola de violencia que afecta a la sociedad colombiana en su conjunto. “No podemos rendirnos frente al miedo ni a la violencia. Mi compromiso es seguir luchando, dentro y fuera de Colombia, para que recuperemos el rumbo hacia una nación segura, libre y respetada”, puntualizó el exministro.

Las últimas cifras sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia dejan ver un panorama complejo, aunque se incrementó la incautación de cocaína y el desmantelamiento de laboratorios, los cultivos ilícitos mantienen una fuerte presencia en varias regiones del país, alimentando la violencia y la economía ilegal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó este balance durante el último consejo de ministros, en el que se discutió la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro. Allí advirtió que, “mientras exista la demanda de las drogas, pues va a existir la oferta. El problema es un problema de salud pública global. Es una crisis mundial y por ende la respuesta requiere que sea internacional. No lo podemos hacer solo nosotros”.

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Más cocaína incautada, más laboratorios destruidos

Entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa reportó la incautación de 707.904 kilogramos de cocaína, frente a los 675.116 del mismo periodo de 2024. Esto equivale a un aumento del 5%.

El esfuerzo también se hizo sentir en la destrucción de laboratorios clandestinos, pasaron de 3.845 intervenidos en 2024 a 4.813 en 2025, lo que representa un incremento del 25%. Según Sánchez, “estos resultados se enmarcan en las operaciones desplegadas en las regiones con mayor concentración de cultivos ilícitos”.

El informe del Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa reveló los diez departamentos con más hectáreas sembradas. En el primer lugar aparece Nariño con 64.990 hectáreas, seguido por Putumayo (50.343), Norte de Santander (43.867) y Cauca (31.844).

Más abajo se ubican Antioquia (18.785 hectáreas), Bolívar (10.770), Córdoba (7.426), Chocó (6.882), Caquetá (6.590) y Guaviare (4.970). La Policía estableció metas diferenciadas de intervención, en Bolívar el 74% del área, en Putumayo y Norte de Santander un 56% en cada caso, y en Antioquia un 50%.

El ministro Sánchez reconoció que la persistencia de los cultivos ilícitos va de la mano de las economías ilegales y de la presencia de grupos armados. En seis regiones específicas confluyen organizaciones como el Clan del Golfo en la Sierra Nevada, el ELN y redes criminales en el Catatumbo, así como las disidencias de alias Iván Mordisco y otras estructuras en el sur del país.

“Hace 30 años la tasa de homicidios era de 84 por cada 100 mil habitantes, hoy es de 26, mucho menos que una tercera parte”, aseguró el ministro, al resaltar que, pese al narcotráfico, la fuerza pública ha logrado contener los niveles de violencia.

Un problema global

Más allá de los números, el jefe de la cartera de Defensa insistió en que la crisis no puede recaer solo en Colombia. Recordó que entre 2019 y 2022 la producción de cocaína en Sudamérica aumentó un 52%, lo que refleja un crecimiento sostenido de la demanda internacional.

“La hoja de coca, para la tradición indígena, es algo ancestral. Pero alguien le metió un químico y la convirtió en cocaína, en un veneno que trasciende en todo el mundo”, explicó Sánchez, destacando que aunque solo un 7% de la población consumidora de drogas se concentra en esta sustancia, el mercado global sigue en expansión.

El Gobierno Petro insiste en que la estrategia debe ser integral, combatir tanto la oferta como el consumo, intervenir los territorios más afectados y, al mismo tiempo, promover una discusión internacional sobre la responsabilidad compartida en el narcotráfico.

El informe presentado no solo refleja los logros en incautaciones y destrucción de laboratorios, también la magnitud de un desafío que sigue enraizado en los territorios y que, según las propias palabras del ministro, solo podrá enfrentarse con cooperación global y con una visión que trascienda las fronteras.

En una serie de operaciones dirigidas contra el narcotráfico en el departamento del Chocó, miembros de la Armada Nacional lograron incautar aproximadamente una tonelada de sustancias ilícitas, mercancía cuyo valor en el mercado negro supera los 15 millones de dólares.

Según el reporte de las autoridades, el cargamento decomisado pertenecía al Clan del Golfo y estaba destinado a ser distribuido en circuitos internacionales, representando más de 700.000 dosis listas para su comercialización fuera del país.

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Así fue la operación

El despliegue antidrogas se desarrolló en varias fases que involucraron tanto tareas de investigación como la cooperación interinstitucional. La primera intervención se llevó a cabo en el municipio de Juradó, específicamente en el barrio Pueblo Viejo, donde unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 23, actuando en acción conjunta con la Fiscalía Séptima Seccional de Quibdó, efectuaron un allanamiento sobre una residencia señalada como punto de almacenamiento de narcóticos.

Durante el procedimiento judicial, los uniformados lograron la captura de una persona y la localización de 649 paquetes de marihuana, los cuales estaban ocultos dentro del inmueble. La operación permitió desarticular una parte del engranaje logístico empleado por el grupo criminal para el acopio y posterior envío de estupefacientes hacia otras regiones.

Una segunda acción significativa se desencadenó a partir de información recopilada por inteligencia naval. En este caso, el seguimiento a una motonave sospechosa que surcaba aguas del océano Pacífico activó la respuesta inmediata de una Unidad de Reacción Rápida adscrita a la fuerza de guardacostas.

El seguimiento se efectuó hasta las inmediaciones de Punta Ardita, donde los ocupantes de la embarcación, al notar la presencia militar, abandonaron el bote y emprendieron la huida, dejando tras de sí numerosos paquetes camuflados entre las formaciones rocosas de la costa.

Los infantes de marina, al inspeccionar la zona, incautaron 240 paquetes con clorhidrato de cocaína y 92 con marihuana, voluminosos cargamentos dispuestos para su posible exportación ilegal. El material confiscado fue trasladado posteriormente a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina No. 23 en Bahía Solano, donde técnicos del CTI llevaron a cabo análisis preliminares que confirmaron la autenticidad y tipo de los estupefacientes: 240 kilogramos de cocaína junto a 677 kilos de marihuana fueron contabilizados y asegurados.

Cooperación entre las diferentes autoridades de Colombia

Las diligencias judiciales continuaron con la puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación tanto del individuo detenido como del cargamento incautado, abriendo así un nuevo proceso penal en contra del entramado criminal que opera en el litoral Pacífico. Las autoridades recalcaron la importancia de este decomiso para debilitar las fuentes económicas del Clan del Golfo, organización que ha mantenido históricamente una presencia activa en rutas estratégicas de tráfico de drogas en la región.

Las autoridades hicieron énfasis en que la ejecución de procedimientos coordinados, sumados a la labor de inteligencia, constituyen herramientas clave para anticipar y frustrar los envíos marítimos de grandes volúmenes de narcóticos. Gracias a la cooperación entre la Fiscalía y las fuerzas armadas, se logró descifrar parte de la estructura logística utilizada para el transporte y ocultamiento de las sustancias, sacando de circulación un volumen considerable de droga que, de haber llegado a su destino, habría alimentado redes de distribución en el ámbito internacional.

El operativo también evidenció la capacidad de reacción de las autoridades navales ante el uso de rutas acuáticas y zonas costeras por parte de agrupaciones delictivas. El abandono apresurado de la motonave y la dispersión de los paquetes entre rocas mostraron la presión ejercida sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico, que se ven forzadas a idear métodos cada vez más sofisticados para evitar los controles estatales.

La reciente inauguración de la oficina de la Interpol en Barranquilla no es solo un acto protocolario: detrás de ella hay una estrategia clara para enfrentar a los llamados “capos invisibles”, narcotraficantes y criminales extranjeros que han convertido a la ciudad en un centro neurálgico del crimen transnacional en el Caribe colombiano.

Decenas de estos delincuentes de bajo perfil operan con negocios legales como fachada para lavar dinero y controlar rutas de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y otros delitos de alto impacto, de acuerdo con Semana.

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Ubicada en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la nueva sede de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tiene como misión principal identificar y desarticular estas complejas redes criminales.

Los capos invisibles se camuflan como empresarios, ingenieros o ganaderos, y utilizan sus empresas para mover dinero ilícito con aparente legalidad.

Barranquilla se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico, sirviendo de eje para el tráfico hacia Santa Marta, Cartagena, Valledupar y La Guajira.

Una fuente presuntamente de la Dijín explicó al medio citado que “el Clan del Golfo tiene alianzas con bandas locales que operan en los barrios cercanos al puerto, y buscan controlar el envío de droga hacia Centroamérica y otras regiones del mundo”. La investigación apunta incluso a la posible participación de miembros de la fuerza pública en estas organizaciones.

Los organismos de inteligencia han identificado la presencia de estos capos invisibles en sectores exclusivos del Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar. Según las autoridades, se recolectan elementos probatorios para establecer las conexiones entre estos criminales y sus operaciones ilícitas en la ciudad.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, subrayó que la llegada de Interpol “fortalece las actividades conjuntas con otras policías del mundo, para identificar a personas que llegan desde el extranjero, muchas de ellas con requerimientos judiciales pendientes”.

Además, indicó que la presencia de la organización internacional busca disuadir a organizaciones criminales interesadas en expandirse en Barranquilla.

El control del corredor marítimo que conecta Barranquilla con Cartagena, especialmente en Juan de Acosta, ha sido identificado como un punto clave del tráfico de drogas.

Desde allí, lanchas rápidas cargadas de estupefacientes parten hacia distintas rutas internacionales. La oficina de Interpol permitirá coordinar operaciones internacionales y responder con mayor eficacia ante delitos como tráfico de drogas, trata de personas, ciberdelincuencia, terrorismo y delitos ambientales.

El alcalde Alejandro Char destacó en redes sociales que “la Interpol llega a Barranquilla: un paso importante en la lucha contra el crimen transnacional. Esta oficina será clave en la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la delincuencia financiera. Barranquilla no baja la guardia y se seguirá reforzando hasta los dientes”.

Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, resaltó que la medida busca generar confianza en la comunidad y enviar un mensaje claro de que la ciudad protege a sus ciudadanos y visitantes.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano aseguró que la sede permitirá “operativos coordinados y más efectivos contra el crimen transnacional, reforzando la cooperación internacional y la visibilidad de Colombia como referente en seguridad global”.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director nacional de la Policía, enfatizó que la oficina permitirá trabajar con 196 países, facilitando la persecución de delincuentes. Hasta 2025, se han registrado 107 retenciones por circular roja, un aumento del 30% frente al año anterior, y 196 extradiciones, equivalentes a un 11% más que en 2024.

Además de los capos invisibles extranjeros, en Barranquilla operan bandas locales como Los Costeños, responsables de extorsión, microtráfico y sicariato en la ciudad y municipios cercanos como Soledad y Malambo.

Esta estructura criminal ha consolidado un entramado que combina violencia, intimidación a comerciantes y coordinación con otras redes criminales, convirtiéndose en un desafío para la seguridad local.

A pesar de la captura de varios de sus miembros en operativos recientes, la banda sigue representando una amenaza significativa, y la presencia de Interpol en Barranquilla busca también desarticular estas alianzas entre criminales locales y extranjeros, reforzando la lucha contra el crimen transnacional y protegiendo a la ciudadanía.

La ostentación, las armas y fiestas publicadas en redes sociales se convirtió en el talón de Aquiles para dos jóvenes cabecillas de Los Pachencas, una de las organizaciones criminales más temidas del norte de Colombia.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “el Menor” o “el Bendito Menor”, y su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita o “la Mona”, exhibieron su relación y poderío en plataformas digitales, lo que facilitó su identificación y puso a las autoridades tras sus pasos.

La reciente captura de Tarazona en Guachaca, corregimiento de Santa Marta, y la intensificación de la búsqueda de Pérez Toncel ilustran cómo la exposición en redes sociales puede volverse un arma de doble filo para el crimen organizado, según reportes de Noticias RCN y El Tiempo.

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Durante meses, la pareja compartió imágenes y videos en los que se les veía rodeados de fajos de billetes, armas de alto calibre, cuatrimotos y camionetas de lujo, desplazándose por Santa Marta, La Guajira, Valledupar y municipios cercanos.

El Tiempo detalla que sus publicaciones, seguidas por más de 16.000 personas, mostraban no solo su vida sentimental, sino también la ostentación de bienes y la cercanía con otros miembros armados de la organización. En una de las celebraciones más llamativas, “El Menor” le propuso matrimonio a Tarazona durante una fiesta en la playa, evento que también fue difundido en redes.

La visibilidad de la pareja no pasó desapercibida para las autoridades. Noticias RCN señala que la presencia de Tarazona en estos contenidos digitales ya figuraba en los registros de inteligencia, lo que permitió a los investigadores perfilar su rol dentro de la estructura criminal.

Las imágenes, lejos de ser simples muestras de vanidad, evidenciaban la impunidad y el poder con el que operaba el grupo, acostumbrado a patrullar zonas rurales y urbanas sin discreción.

Roles y estructura de Los Pachencas

En cuanto a los roles dentro de Los Pachencas, El Tiempo aseveró que Pérez Toncel era el jefe de sicarios y uno de los tres principales cabecillas de la organización, junto a alias Pinocho y alias Muñeca, este último detenido y solicitado en extradición por Estados Unidos.

Desde su adolescencia, “El Menor” se vinculó al hampa y actualmente lidera actividades de narcotráfico, oficinas de cobro y sicariato en Santa Marta, Valledupar y La Guajira. Además, la fuerza pública lo considera el líder visible del denominado “Combo de los Majayura”, una estructura aliada con Los Pachencas que controla rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, Rosa Angélica Tarazona desempeñaba un papel estratégico en la organización. Según Noticias RCN y El Tiempo, era la encargada de las finanzas, la logística y el esquema de seguridad del grupo armado.

El operativo y su impacto

La captura de Tarazona, ocurrida el 25 de septiembre en su natal Guachaca, fue resultado de un operativo conjunto entre el Ejército, el Gaula y el CTI, cuyo objetivo principal era la detención de varios líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Aunque los principales cabecillas no se encontraban en la finca campestre allanada, la detención de Tarazona representó un golpe significativo para la estructura criminal.

El operativo no solo permitió la captura de “La Bebecita”, sino también la detención de otras 22 personas vinculadas a la organización. Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Pérez Toncel, quien figura en el cartel de los más buscados del departamento de La Guajira.

El contexto en el que operan Los Pachencas es de alta violencia e intimidación. Noticias RCN destaca que esta estructura ha sembrado el miedo durante años en comunidades de la Sierra Nevada, La Guajira y amplias zonas del Magdalena, consolidando su influencia mediante redes de control territorial.

Hechos recientes, como la masacre ocurrida el 31 de agosto en Punta de Los Remedios, en la zona rural de Dibulla, La Guajira, han sido atribuidos a la acción de estos grupos armados. En ese ataque, hombres armados con insignias ilegales irrumpieron en la comunidad, dejando consternados a los habitantes de la región.

La cocaína sigue marcando la economía colombiana, no solo por sus impactos sociales y de seguridad, también por su peso creciente en las cuentas nacionales. Recientes estimaciones de expertos advierten que el dinero generado por este negocio ilícito ya supera lo que el país recibe en remesas, una de las fuentes más importantes de divisas en la última década.

El economista Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y especialista en temas de narcotráfico, expuso en un informe presentado en la Universidad de Georgetown que, solo en 2023, los ingresos por cocaína alcanzaron los USD15.300 millones. El cálculo se hizo con base en cifras oficiales del Ministerio de Defensa, descontando las incautaciones y tomando como referencia los precios de venta de la droga en Estados Unidos.

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La comparación con otros renglones de la economía es reveladora. Mientras las remesas de trabajadores colombianos en el exterior sumaron USD11.800 millones en 2024 y podrían superar los USD12.000 millones al cierre de 2025, la cocaína ya dejó más ingresos el año pasado. Mejía destacó en el diario La República que, “las cifras de 2024 aumentaron, pero aún no son definitivas”, dado que falta consolidar la información de producción potencial y áreas de cultivo.

El académico señaló que el narcotráfico, medido como porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de representar 2,3% en 2008 a solo 1,2% en 2013, para luego repuntar hasta 4,2% en 2023. Esa participación, explicó, no solo triplica el peso de la economía cafetera, sino que es comparable con el aporte del sector de la construcción.

El precio de la cocaína también explica la magnitud del negocio. Según el informe de Mejía, desde su producción en Colombia hasta llegar a su destino final en Estados Unidos, el valor de un kilogramo puede multiplicarse hasta 60 veces. Un margen de rentabilidad que, en sus palabras, lo hace “increíblemente rentable” para los grupos criminales organizados.

Los datos muestran además cómo los cultivos de coca vienen en aumento desde 2020, al tiempo que disminuyen los niveles de erradicación manual y permanece suspendida la aspersión aérea, prohibida por la Corte Constitucional en 2016 debido a los daños sobre la salud y el ambiente. Estos factores, sumados, son parte de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos llegó a considerar la descertificación de Colombia en materia antidrogas, a pesar de los informes y compromisos presentados por la administración de Gustavo Petro.

El impacto no se limita a las estadísticas macroeconómicas. Mejía advirtió que los ingresos del narcotráfico fortalecen la capacidad de los grupos criminales para expandirse en los territorios, perfeccionar sus cadenas logísticas y recrudecer el reclutamiento forzado de jóvenes en comunidades rurales. Según el experto, esa dinámica constituye “la mayor amenaza para la estabilidad de la democracia”.

Silverio Gómez Carmona, economista y periodista, ofreció un punto de comparación adicional, en los años noventa, el narcotráfico representaba alrededor de 2% del PIB. Hoy ese peso se duplicó. Con las cifras actuales, un punto porcentual del PIB equivale a 18 billones de pesos, lo que llevaría a estimar el narcotráfico en cerca de 70 billones anuales.

Pero este no es el único sector de la economía ilegal con relevancia. Gómez recordó en el mismo medio antes mencionado que, la minería ilícita de oro genera unos USD4.200 millones en exportaciones cada año. De acuerdo con datos de la Procuraduría, alrededor de 80% de la extracción de este mineral en el país es ilegal y sostenida por redes criminales fuertemente organizadas. El cálculo monetario de esta actividad asciende a 130 billones de pesos, una cifra equivalente al 7% del PIB.

El Clan del Golfo, conocido formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia, se ha consolidado como la principal organización de narcotráfico en Colombia, con presencia en 15 departamentos y 278 municipios.

Su origen se remonta a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, cuando exintegrantes del Bloque Centauros formaron una nueva estructura criminal en la subregión de Urabá.

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Desde entonces, el grupo ha experimentado una expansión sostenida y, recientemente, ha iniciado diálogos de paz con el gobierno colombiano, según informó Semana.

El surgimiento del Clan del Golfo estuvo marcado por la reorganización de antiguos miembros de las AUC, quienes, bajo el liderazgo de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, establecieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas por las autoridades como Los Urabeños.

Tras la captura de Don Mario en 2009, Juan de Dios Úsuga David, alias Geovany, asumió el mando y designó a familiares en posiciones clave, lo que llevó a que la organización fuera identificada como el Clan Úsuga.

La muerte de Geovany en 2012, durante una operación policial, permitió que su hermano, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, tomara el control. En 2015, el grupo adoptó el nombre de Clan del Golfo, reflejando su estructura jerárquica familiar y su dominio en la estratégica zona del golfo de Urabá, vital para el tráfico de estupefacientes.

Estructura y expansión del Clan del Golfo

La estructura actual del Clan del Golfo, de acuerdo con cifras recogidas por Semana, cuenta con 7.553 integrantes, de los cuales 2.675 forman parte del componente armado y 4.878 integran el Componente Criminal Focalizado (CCF).

La organización se compone de seis estructuras principales, 36 subestructuras, una compañía y una comisión, lo que le permite mantener una influencia significativa en regiones como Antioquia, Córdoba y Chocó.

El proceso de expansión se intensificó tras la denominada ‘Tercera conferencia nacional de comandantes’ en 2018, bajo la dirección de Otoniel, con el objetivo de fortalecer tanto la estructura interna como el componente armado y ampliar su control territorial.

El impacto del Clan del Golfo en el narcotráfico colombiano ha sido objeto de análisis por parte de expertos. El coronel retirado de la Policía Walter Pinzón, quien lideró la Unidad Antiterrorista Grate, señaló a Semana que la organización se ha fortalecido durante el actual gobierno.

Pinzón explicó que la estructura se recompone y reorganiza, y que la permisividad hacia diferentes grupos criminales ha permitido que recuperen capacidad y fuerza. Añadió que, aunque las Fuerzas Militares y de Policía continúan sus labores en el territorio, enfrentan limitaciones debido a recortes presupuestales y déficits en inteligencia y mando, lo que ha facilitado la consolidación del Clan del Golfo como la principal estructura criminal del país.

Diálogos de paz y búsqueda de estatus político

En el contexto de la búsqueda de soluciones al conflicto, el Clan del Golfo ha iniciado acercamientos con el gobierno colombiano. Semana reportó que, entre el 14 y el 18 de septiembre, se celebró una primera ronda de diálogos con la mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, a petición del gobierno nacional.

Según un comunicado oficial de Catar, el objetivo de estos encuentros es “promover la reconciliación y encontrar soluciones sostenibles a los desafíos crónicos planteados por los grupos armados en Colombia, incluyendo el desarme y la consolidación de la paz”.

La posibilidad de que el Clan del Golfo obtenga un estatus político a través de estos diálogos ha generado debate sobre el futuro de la seguridad en Colombia. Semana recogió la opinión del coronel Pinzón, quien advirtió que el grupo busca aprovechar las negociaciones para obtener reconocimiento político y, con ello, reducir la presión de la fuerza pública sobre sus actividades.

“Están logrando (Clan del Golfo) que este gobierno quiera darles un estatus político y esto lo están logrando con la instalación de los diálogos que quieren hacer actualmente, lo que buscan es ganarse rápidamente un estatus político para que el accionar de la fuerza pública disminuya frente a ellos”, explicó el Coronel.

Según la denuncia presentada ante las autoridades, aproximadamente 500 personas participaron en una asonada que obligó a los uniformados a abordar vehículos particulares, una situación que, de acuerdo con la información oficial, habría sido instigada por el GAO-r Hernando González Acosta.

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“Denunciamos ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en la Plata, Huila en donde nuestras tropas fueron obligadas a abordar vehículos particulares tras una asonada de unas 500 personas, presuntamente presionadas por el GAO-r Hernando González Acosta”, dice una publicación hecha en la red social X por la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

El objetivo de este grupo, según la denuncia, es consolidar el control de corredores estratégicos provenientes del Cauca, lo que les permitiría fortalecer actividades ilícitas como el narcotráfico, así como perpetrar asesinatos, secuestros y extorsiones.

“Este grupo busca controlar corredores estratégicos provenientes del Cauca, para fortalecer sus economías ilícitas como el narcotráfico y realizar asesinatos, secuestros y extorsión, esto es lo que quiere evitar el @COL_EJERCITO, la afectación a la población civil”, agregó el Ejército.

La acción de las tropas, según lo expuesto, busca impedir que estas economías ilegales continúen afectando a la población civil.

La denuncia formal ante las autoridades competentes solicita que se adelanten las investigaciones necesarias y se tomen medidas para proteger a los habitantes de la zona.

Estos hechos serán denunciados ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se actúe en defensa de la población.

Despliegue militar en La Plata busca frenar amenazas a campesinos

La noticia de la asonada contra tropas del Ejército en La Plata, Huila, contrasta con el refuerzo de la presencia militar en zonas rurales del occidente del Huila anunciado el viernes 19 de septiembre por el Ejército Nacional, el cual marca una nueva etapa en la estrategia de protección para la población campesina de La Plata.

La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, intensificó el despliegue de tropas en el centro poblado Belén y en las veredas Villalozada, Gallego y La Guinea, ubicadas en la frontera con el departamento del Cauca.

Este despliegue responde a la necesidad de contrarrestar la actividad de grupos armados organizados residuales, cuya presencia ha representado históricamente una amenaza para la tranquilidad y los derechos de la población campesina.

La estrategia militar no se limita a la ocupación territorial. Las tropas mantienen patrullajes continuos y coordinan acciones con la Policía Nacional, incorporando vigilancia aérea mediante drones y el uso de tecnologías avanzadas.

El fortalecimiento de la red de participación ciudadana se suma a estas medidas, con el objetivo de anticipar cualquier amenaza y elevar los niveles de confianza y seguridad entre los habitantes. El Ejército Nacional asegura que cada rincón del Huila cuenta con soldados que cumplen la misión constitucional de proteger la vida, la integridad y los derechos de la población civil.

La presencia militar en la región también tiene un componente social e institucional. Según la Novena Brigada, la labor de los soldados garantiza que los campesinos sean escuchados y que sus demandas lleguen a los mandatarios locales y regionales.

De este modo, el Estado puede asegurar el acceso a programas, proyectos y acompañamiento destinados a fortalecer el desarrollo comunitario.

El Ejército Nacional ratifica su compromiso de trabajar de manera articulada con autoridades civiles, instituciones y la comunidad, para que el campo huilense continúe siendo escenario de progreso, esperanza y seguridad.

La operación integral en La Plata y sus alrededores busca consolidar la gobernabilidad y la presencia efectiva del Estado en zonas históricamente vulnerables.

“Lo que hizo crecer el cultivo de hoja de coca en Colombia es el consumo en Estados Unidos y en Europa y haber tenido en Colombia una gobernanza paramilitar hasta hace dos años y medio, tres”, dijo el mandatario durante su intervención. Petro utilizó como ejemplo la relación entre el expresidente Iván Duque y el empresario José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe, que fue mencionado en investigaciones judiciales y políticas en los últimos años.

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“¿Por qué? Porque ¿qué es el abrazo entre el presidente Duque y alias el Ñeñe en campaña electoral? ¿Qué es eso? ¿Creían que Duque le iba a quitar los cultivos de hoja de coca alias el Ñeñe?”, expresó el jefe de Estado, cuestionando abiertamente la legitimidad de las acciones antidrogas del gobierno anterior.

El mandatario también se dirigió directamente a los países consumidores de cocaína, a los que responsabilizó de dinamizar la producción. “Hombre, norteamericanos, gringos, por favor, ustedes no son ni brutos ni bobos”, dijo Petro, en un tono crítico hacia los socios internacionales de Colombia en la lucha contra las drogas.

El presidente insistió en que la demanda en los mercados de Estados Unidos y Europa es la que sostiene la cadena de producción, y señaló que el enfoque represivo hacia los campesinos cocaleros resulta injusto si no se reconocen las dinámicas globales del narcotráfico.

Petro también dejó entrever que ha identificado inconsistencias en las cifras relacionadas con los cultivos de uso ilícito. “Yo ya descubrí en dónde está la trampa de los datos, pero no voy a usar esto porque estamos hablando de la tierra para el campesinado”, sostuvo, sin dar más detalles en su discurso.

Petro vs. Trump

Un encendido discurso del presidente Gustavo Petro se dio en el contexto de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte de la administración de Donald Trump, una decisión que reavivó la polémica sobre la efectividad de las políticas antidrogas. El mandatario colombiano, en tono desafiante, no solo defendió su gestión, sino que además retó directamente a Trump y cuestionó la doble moral de Estados Unidos y Europa, a quienes responsabilizó por el crecimiento de los cultivos ilícitos debido a la fuerte demanda en esos mercados.

Petro recordó que su Gobierno ha alcanzado cifras récord en incautaciones de droga, con 889 toneladas decomisadas en 2024, superando ampliamente los registros de administraciones anteriores. Incluso lanzó un dardo al expresidente Álvaro Uribe al compararlo con Trump: “Yo cuatro veces más que su amigo Uribe, señor Trump”, dijo, destacando la diferencia de resultados frente a gestiones pasadas.

En su intervención, el jefe de Estado insistió en que la estrategia tradicional de erradicación forzada es injusta y peligrosa, pues termina afectando a los campesinos más pobres y poniendo en riesgo la vida de policías. Recordó que bajo su directriz no se ordenará más destrucción violenta de cultivos, enfatizando que “mi método no hiere tanto a la sociedad colombiana”.

El presidente también advirtió sobre la necesidad de cambiar el enfoque global: “Toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó”, aseguró en referencia a la estrategia estadounidense, argumentando que la llamada “guerra contra las drogas” no detuvo el negocio del narcotráfico y, en cambio, dejó un saldo de miles de muertos en ambos continentes.

En este escenario, Petro se mostró firme en defender su modelo centrado en la incautación de cargamentos y el desmantelamiento de estructuras criminales, invitando a Trump y a Europa a replantear su postura y a aprender de las experiencias latinoamericanas que, según él, priorizan la vida y la prosperidad de las comunidades campesinas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, señalando que la decisión se debe a las “políticas fallidas” del actual gobierno y no a la labor de las fuerzas de seguridad o del sistema judicial.

La respuesta surge después de que el presidente Petro argumentara públicamente que la política antidrogas fracasada es la de Estados Unidos, no la de Colombia.

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Tras lo anterior, un portavoz del Departamento de Estado subrayó que “Estados Unidos reconoce que tenemos una responsabilidad en abordar la demanda interna de drogas”, según consultó la W Radio.

Además, explicó que la Lista de Países Mayores es una herramienta “para evaluar la efectividad de los esfuerzos antidrogas de países extranjeros, los cuales son vitales para reducir la oferta de drogas ilícitas. Tanto la oferta como la demanda deben enfrentarse de manera simultánea para abordar de forma integral los problemas del consumo de drogas dentro y fuera del país”.

“Este es el resultado de las políticas fallidas del presidente Petro en su lucha contra la materia antidrogas, de ninguna manera cuestiona la dedicación, los sacrificios de las valientes fuerzas de seguridad y de las instituciones judiciales colombianas que siguen combatiendo la actividad criminal del narcotráfico”, dijo el portavoz que consultó el medio citado.

Por ende, el gobierno estadounidense matizó la evaluación reconociendo logros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia en materia de incautaciones de drogas, aunque enfatizó que estos resultados no han ido acompañados por un respaldo estatal suficiente para frenar el aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína.

“El insuficiente apoyo de la administración Petro a las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento y apaciguamiento de los narcoterroristas. Aunque la Policía Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas han incautado cantidad récord de cocaína en los últimos años, el número de estas incautaciones no es proporcional al aumento en la producción potencial de cocaína”, señaló.

Datos oficiales citados por W Radio indican que en 2021 se logró incautar el 54% de la producción potencial de cocaína, cifra que descendió al 39% en 2022 y al 32% en 2023.

Según el Departamento de Estado, el esfuerzo de los organismos de seguridad y la destrucción de laboratorios, así como las extradiciones de narcotraficantes, han tenido peso, pero han sido “contrarrestados por el nivel sin precedentes de cultivo de coca, el insuficiente apoyo de la administración Petro a las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de los narcoterroristas”.

La administración estadounidense advirtió en su declaración que “el liderazgo nacional en Colombia debe abordar con urgencia, de manera más efectiva, la inseguridad y el cultivo de coca”.

De acuerdo con la misma fuente, la respuesta oficial refleja la preocupación del gobierno de Estados Unidos por el rumbo actual de la lucha antidrogas en Colombia y recalca la importancia de abordar de forma integral tanto la oferta como la demanda.

Por último, Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar la cooperación antidrogas con Colombia, pero atribuyó a la administración de Gustavo Petro el deterioro en los resultados recientes.

“La decisión del Presidente refleja el incumplimiento de la administración Petro en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que ha permitido más cultivos de coca y producción de cocaína que nunca en Colombia”, indicó la oficina citada por El Tiempo.

La autoridad estadounidense evitó pronunciarse sobre el anuncio de Petro de suspender la compra de armas estadounidenses a raíz de la descertificación, limitándose a señalar que “le corresponde al Gobierno de Colombia dar más información sobre sus adquisiciones de defensa”.

La postura deja en evidencia que, pese a reconocer públicamente la importancia de la cooperación bilateral, Washington mantiene un mensaje crítico sobre la gestión antidrogas del actual gobierno. El memorando firmado ratifica la continuidad en la colaboración estratégica, pero responsabiliza a Petro por el retroceso en los indicadores.

“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”: presidente Petro confrontó a Donald Trump

El presidente Gustavo Petro rechazó públicamente la decisión de descertificación tomada por el mandatario estadounidense Donald Trump, considerándola un acto de agresión contra la soberanía de Colombia. En una alocución televisada realizada el miércoles 17 de septiembre de 2025, Petro expuso una postura frontal y directa.

Durante su intervención, previa a un viaje oficial a Bucaramanga, el presidente dirigió un mensaje contundente al gobierno norteamericano.

“A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos; acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”, manifestó Petro.

El jefe de Estado no solo defendió sus políticas contra el narcotráfico, sino que señaló lo que interpreta como una estrategia de presión política disfrazada de medidas internacionales. Además, recordó situaciones personales vinculadas a la seguridad y el ejercicio del poder.

“Yo no he vivido en la comodidad del poder, yo he estado en la trinchera. He sido víctima de atentados, he tenido que esconderme, he caminado bajo amenaza constante, y ahora vienen a decir que Colombia ha fallado en la lucha contra las drogas. Eso no solo es falso, es una afrenta”, expresó.

Petro presentó los resultados de su administración y sostuvo que en 2024 las autoridades decomisaron 889 toneladas de narcóticos, una cifra nunca alcanzada en el país. Según dijo, en otras gestiones las incautaciones fueron menores, 746, 659, 428 y 413 toneladas, respectivamente. Y remató con un dardo directo: “Era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre 2002 y 2014. Yo cuatro veces más que su amigo Uribe, señor Trump”.

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El mandatario también aprovechó para criticar la política antidrogas que, a su juicio, se enfocó durante décadas en atacar a los campesinos, sin resolver de fondo el problema. “Mi orden no fue quemarle la casa a los campesinos, Trump. No ordene eso porque es injusto. Usted tiene mucha fortuna, el campesino de Colombia vive en la pobreza. Así no se resuelve el problema de las drogas”, afirmó.

El presidente insistió en que la estrategia debe concentrarse en perseguir a los narcotraficantes y no en criminalizar a los pequeños cultivadores. “Se resuelve incautándole a los narcotraficantes, que no son los campesinos. Y esto lo sostendré durante toda mi intervención con pruebas”, enfatizó.

Con este discurso, Petro no solo defendió su gestión frente a la comunidad internacional, sino que además desafió abiertamente a Trump y a sectores políticos en Colombia que cuestionaron su política antidrogas.

Petro de despachó contra la política antidrogas de Trump

El presidente Gustavo Petro también aprovechó su alocución para responder con dureza a la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una decisión anunciada por la administración de Donald Trump. El jefe de Estado colombiano aseguró que la estrategia antidrogas impulsada desde Washington “fracasó” y que su método es más efectivo.

El mandatario comenzó su intervención defendiendo los resultados de su política. Recordó que bajo su Gobierno no se ordenará más erradicación forzada de cultivos ilícitos, una práctica que, según dijo, cobra la vida de policías y campesinos. “Mi método no hiere tanto a la sociedad colombiana, no hiere tanto a los policías de Colombia (…) no hubo muertos en 2023, no hubo muertos en 2024 y desgraciadamente trece muertos en el 2025 por acceder a la petición de empezar erradicación forzada”, explicó Petro al justificar su decisión de priorizar la incautación de cargamentos y el desmantelamiento de estructuras del narcotráfico.

La descertificación de Estados Unidos provocó una reacción inmediata del Gobierno. Petro no solo defendió su estrategia, también aprovechó para lanzar un mensaje directo a Trump: “Nuestro método es mejor señor Trump, yo lo invito a que se quite estas amistades de la mafia de la Florida y sus voceros políticos latinos y nos escuche a los gobernantes de América Latina que tenemos más experiencia”.

En medio de su discurso, el presidente colombiano cuestionó de frente los resultados de la política antidrogas de Estados Unidos durante las últimas décadas. “¿Qué está demostrando esto? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó. Le repito de nuevo: fracasó, su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico”, aseguró, señalando como prueba las más de 100.000 muertes que cada año deja el consumo de fentanilo en ese país.

Petro insistió en que el enfoque de su administración tiene un impacto distinto, pues busca proteger la vida de las comunidades rurales. “Nuestro método es mejor”, reiteró, antes de plantear una invitación a Trump y a otros líderes internacionales: “Lo invito a corregir su política y a hacer una guerra contra los narcotraficantes. Invito a Europa a lo mismo y desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace y no se tiene que medir en muertos, sino en prosperidad de familias campesinas de otros países”.

El mensaje del mandatario se inscribe en un debate que no es nuevo, pero que cobró fuerza tras la decisión de descertificar a Colombia. En su intervención, Petro buscó demostrar que no está dispuesto a aceptar condicionamientos externos en materia de lucha antidrogas, al tiempo que defendió un modelo que, según él, reduce la violencia y pone en el centro a los campesinos.

Por primera vez en casi 30 años, Estados Unidos descertificó a Colombia como país que está en la lucha contra el narcotráfico, debido a que en este, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y entre otros argumento, los cultivos ilegales crecieron durante los últimos años y en 2023 sumaron más de 250.000 hectáreas. No obstamte el país mantiene una exención especial —el waiver— que evita la imposición inmediata de sanciones.

La posible pérdida de esta protección amenaza con un impacto económico de hasta USD4.000 millones, según un análisis de la Universidad de San Buenaventura. Un informe advierte que sectores clave de la economía nacional, como el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y la cooperación internacional, podrían enfrentar consecuencias graves si la exención cae.

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El waiver actúa como un salvavidas temporal. Mientras esté vigente, Colombia esquiva sanciones automáticas, pero la amenaza de su eliminación mantiene en alerta a los principales motores económicos del país. El análisis académico estima que, en el peor de los escenarios, la economía colombiana podría perder hasta USD4.000 millones, una cifra que refleja la importancia de la confianza internacional y la dependencia de flujos externos.

Frente a esto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Julio Enrique Duarte, autor del estudio, advierte: “Este no es un riesgo lejano. Si Colombia no actúa rápido, el impacto podría sentirse en el bolsillo de millones de personas, en la creación de empleo y en la llegada de capital extranjero”.

Impacto en el turismo y la inversión extranjera

El turismo aparece como el sector más vulnerable ante la descertificación. Durante el primer trimestre de 2025, Colombia generó USD2.864 millones en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco de la República y ProColombia. Sin embargo, el informe señala que la imposición de alertas de viaje o nuevas restricciones aéreas de Estados Unidos podría provocar una caída de entre 30% y 35% en las llegadas internacionales.

Duarte sostiene que “un escenario así implicaría pérdidas de USD800 a USD1.000 millones solo en este sector, con impacto directo en regiones como el Caribe, el Eje Cafetero y Antioquia, que dependen del turismo para sostener empleo, consumo y pequeños negocios”.

De igual manera, la inversión extranjera directa también enfrenta riesgos significativos. En el primer semestre de 2025, Colombia captó USD4.840 millones por este concepto, lo que supone una disminución del 24% frente al mismo periodo de 2024. El análisis advierte que, si la descertificación deteriora aún más la confianza, la caída podría profundizarse y afectar proyectos de energía, infraestructura e industria en Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico.

Exportaciones, cooperación internacional y prima de riesgo

Las exportaciones hacia Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, ya muestran señales de alarma. En julio de 2025, el valor de las ventas externas alcanzó USD4.429,9 millones, una reducción del 4,1% respecto al mismo mes del año anterior, principalmente por la baja en combustibles y productos de industrias extractivas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El estudio advierte que, si aumenta la percepción de riesgo tras la descertificación, sectores como el agrícola, manufacturero y logístico podrían enfrentar pérdidas adicionales de USD200 a USD500 millones, dependiendo de la severidad de las restricciones o sanciones.

La cooperación internacional representa otro frente de preocupación. Para este año, Estados Unidos solicitó al Congreso un paquete de USD413,3 millones en ayuda para Colombia, según el Congressional Research Service. La pérdida del waiver podría traducirse en un recorte del 30% al 40%, lo que significaría dejar de recibir entre USD124 millones y USD165 millones destinados a proyectos sociales, de seguridad y desarrollo rural.

La situación se agrava por el avance del narcotráfico. En 2023, Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una capacidad de producción de 2.664 toneladas de cocaína, cifras récord según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El panorama refuerza la presión internacional y la necesidad de resultados concretos en la lucha antidrogas.

El aumento de la prima de riesgo añade un costo silencioso pero relevante. En septiembre, el indicador alcanzó los 849 puntos básicos, lo que encarece el acceso al crédito externo.

Duarte explicó que “cuando un país pierde confianza, el dinero se vuelve más escaso y más costoso. No es un problema solo para las grandes empresas, también afecta el empleo, la construcción y los servicios locales”. Un incremento de 100 puntos básicos sobre una emisión de USD5.000 millones implicaría un sobrecosto considerable, aunque el cálculo depende de factores de mercado. El académico resalta que “ese recargo no lo paga solo el gobierno, también se traduce en créditos más caros para empresas, regiones y hasta para pymes con deudas en dólares”.

Escenarios económicos y antecedentes históricos

La Universidad de San Buenaventura en su análisis plantea tres escenarios para la economía colombiana:

1. Con el waiver: pérdidas moderadas, entre USD500 y USD1.100 millones, por choques en reputación y ajustes menores.
2. Con restricciones parciales: pérdidas de USD1.500 a USD2.500 millones por caídas en turismo, inversión y exportaciones.
3. Con sanciones plenas: hasta USD4.000 millones si se desploma la inversión, se frena la cooperación y sube el costo del crédito.

El antecedente de 1996, cuando Colombia fue descertificada durante el Gobierno de Ernesto Samper, sirve de advertencia. En ese entonces, la ayuda internacional se redujo, la inversión extranjera se frenó y el país tardó años en recuperar su reputación. La situación actual resulta más delicada, ya que la economía colombiana es más abierta y depende en mayor medida de los flujos externos para crecer.

Julio Enrique Duarte concluyó que el país aún dispone de margen para evitar el peor desenlace. Cumplir metas claras en la lucha contra el narcotráfico, diversificar la cooperación internacional y proteger la confianza de los inversionistas exige inversiones considerables, pero estas resultan menores frente a las pérdidas que acarrearía una crisis de mayor escala.

La reciente inauguración de un radar 3D de última generación en el aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, ubicado en la subregión de Urabá, representa un avance en la estrategia de seguridad aérea y marítima de Colombia.

Con una inversión superior a 42.000 millones de pesos, el Gobierno refuerza su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, especialmente tras la descertificación de Estados Unidos en materia de combate a las drogas.

Esta nueva infraestructura tecnológica tiene como objetivo fortalecer los sistemas de control y vigilancia en una de las zonas más sensibles del país, clave en las rutas del tráfico ilícito.

El radar, instalado en el corazón de Urabá, es el segundo de los siete equipos de alta tecnología previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Su sistema avanzado incluye un radar primario 3D y un secundario Modo S, una antena de barrido electrónico, sistema ADS-B y canal meteorológico integrado.

La torre, de 30 metros de altura, está equipada con un radomo protector que resguarda los componentes ante condiciones climáticas adversas y cuenta con un sistema redundante de energía para asegurar su funcionamiento continuo. La cobertura del radar abarca 120 millas náuticas en modo primario y 250 millas náuticas en modo secundario, lo que permite una vigilancia extendida sobre el litoral Pacífico y el norte del país.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó la importancia de esta inversión como una respuesta concreta a los compromisos asumidos por el presidente de la República.

“Este radar es una muestra concreta de cómo seguimos cumpliendo los compromisos del presidente de la República. En su Plan Nacional de Desarrollo se planteó instalar siete radares en lugares donde tradicionalmente no llegaban estas inversiones. Urabá cuenta hoy con un radar 3D y una torre de 30 metros para las labores propias de seguridad náutica y aérea. Pese a la descertificación de Estados Unidos, vamos a seguir trabajando porque esto es un compromiso con el país”, afirmó la funcionaria. Además, subrayó que la infraestructura facilitará la incautación de droga y la detención de quienes intenten movilizar cargamentos ilícitos, consolidando la lucha contra las organizaciones ilegales transnacionales.

El director general de la Aeronáutica Civil, brigadier general José Pinto, explicó que la torre de 30 metros permite reforzar la vigilancia sobre áreas estratégicas del país. Detalló que la antena de barrido electrónico puede ajustar el área de cobertura, lo que incrementa la precisión en la detección de aeronaves y embarcaciones.

La información recolectada se transmite en tiempo real al Centro de Control de Bogotá y a la Fuerza Aérea Colombiana, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante movimientos sospechosos en el espacio aéreo y marítimo. Pinto también resaltó que el sistema integrado ADS-B y el canal meteorológico proporcionan datos precisos sobre las condiciones climáticas, facilitando la planificación de operaciones de control.

La puesta en marcha de este radar se produce en un contexto marcado por la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas. Frente a este escenario, el Gobierno ha reiterado su determinación de mantener la inversión en tecnología para el control y la seguridad. La ministra Rojas enfatizó que, a pesar de la decisión estadounidense, el país mantiene su compromiso con la seguridad nacional y la protección territorial, especialmente en regiones históricamente rezagadas como Urabá.

En cuanto a su funcionamiento, el radar instalado en Urabá permite detectar y rastrear aeronaves y embarcaciones, proporcionando información detallada sobre altitud, velocidad y posición. La integración con la Fuerza Aérea y el Centro de Control de Bogotá garantiza una vigilancia coordinada y eficiente. El sistema redundante de energía asegura la operación ininterrumpida del radar, incluso ante posibles fallas eléctricas, mientras que el radomo protector resguarda los equipos ante lluvias intensas y vientos fuertes.

Más allá del refuerzo en seguridad, la iniciativa genera empleo local y promueve el uso de tecnologías innovadoras, incorporando principios de eficiencia energética y economía circular. De este modo, el proyecto no solo contribuye a la protección del espacio aéreo y marítimo, sino que también impulsa el desarrollo en zonas que tradicionalmente no recibían inversiones de esta magnitud.

El radar de Urabá es el segundo de los siete previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que anticipa la instalación de más equipos similares en otras regiones estratégicas del país. Esta hoja de ruta tecnológica busca consolidar un sistema de vigilancia moderno y eficiente, capaz de responder a los desafíos del tráfico ilícito y la seguridad operacional en Colombia.

Con la entrada en operación de este radar, el país fortalece sus sistemas de control y avanza hacia una mayor seguridad aérea y marítima en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó el martes 16 de septiembre que el llamado cartel de los Soles haga parte de las estructuras narcotraficantes incluidas en las prioridades del Gobierno colombiano. En declaraciones a medios, el funcionario explicó que la estrategia oficial se basa en un documento técnico que clasifica las principales amenazas criminales que enfrenta el país.

“Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista, en un documento que se llama análisis de las capacidades críticas de la amenaza y ese documento establece prácticamente tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés es en las drogas, es la ambición, no la ideología”, señaló Sánchez.

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De acuerdo con esa categorización, los tres bloques que concentran la ofensiva estatal son el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc en todas sus facciones. El ministro señaló que la atención de las Fuerzas Militares está puesta en estas estructuras, a las que calificó como las verdaderas responsables de la violencia asociada al narcotráfico en el país.

En paralelo, Sánchez insistió en la importancia de mantener la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Aseguró que el trabajo conjunto con Washington sigue siendo clave no solo en inteligencia y financiamiento, también en la modernización de capacidades.

El ministro reveló que ya está en marcha un proyecto para renovar el armamento de las Fuerzas Militares, una transición que, según dijo, no será inmediata. “Ya hay un proyecto para modernizar las armas y se tardaría diez años para hacer la transición de capacidades”, advirtió.

La declaración llega en un contexto de debate sobre la estrategia de seguridad nacional y sobre el papel que debe jugar la cooperación internacional frente a las dinámicas del narcotráfico y la criminalidad organizada. Mientras tanto, la línea del Ministerio de Defensa se mantiene en priorizar a los tres carteles señalados como las amenazas más críticas.

Senado declaró al cartel de los Soles como organización criminal

En medio de un debate cargado de tensiones políticas, el Senado de la República aprobó en plenaria una proposición que marca un precedente en la postura de Colombia frente al crimen organizado, la declaración del cartel de los Soles como organización criminal transnacional. Con 33 votos a favor y 20 en contra, se alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación, aunque la decisión dividió a las bancadas y generó fuertes reacciones en el Gobierno.

La iniciativa, radicada por Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, y Paola Holguín, del Centro Democrático, incluyó seis artículos en los que se exponen antecedentes y argumentos para sustentar la declaratoria. Uno de los apartados citó la actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que imputó a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros altos funcionarios venezolanos por narcoterrorismo, señalándolos como líderes de la organización en alianza con las Farc.

Otro de los artículos hizo referencia a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó al cartel de los Soles como “organización terrorista global especialmente designada [...] por haber proporcionado apoyo financiero, material y tecnológico a organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa”. En el texto también se recordó que países como Ecuador, Argentina y Paraguay lo declararon “una amenaza para la integridad de los ciudadanos”.

La proposición señaló que el grupo es un actor “criminal transnacional, vinculado al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas [que] constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano”. En ese sentido, el Congreso exhortó al presidente Gustavo Petro a “honrar los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”.

El jefe de Estado, sin embargo, mostró escepticismo frente a esa caracterización. En ocasiones anteriores, cuando el Parlamento Europeo declaró al cartel de los Soles como terrorista, Petro insistió en negar su existencia. Su respuesta más reciente llegó desde el Cauca, durante un acto del Pacto Territorial, donde afirmó: “¿De qué hablamos? ¿De guerra o de paz? Pareciera que Europa quiere hablar de guerra (…)”.

Cientos de documentos oficiales y reservados de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Fiscalía General de la Nación, algunos de uso exclusivo y vinculados a bienes incautados al narcotráfico, fueron hallados en una vivienda asociada a la mafia en el área metropolitana de Medellín.

El hallazgo, revelado por el presidente Gustavo Petro y confirmado por fuentes judiciales a la revista Cambio, expondría una posible filtración de información sensible y abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre corrupción en la administración de activos decomisados al crimen organizado en Colombia.

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La operación se realizó el viernes 29 de agosto, cuando funcionarios de la SAE y la Policía Nacional acudieron a una casa en el sector Suramericana, en el límite entre La Estrella e Itagüí, para ejecutar un desalojo.

Durante la diligencia, Enrique León Machado Ramírez, de 63 años, fue detenido en flagrancia tras intentar obstaculizar el procedimiento. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por el diario nacional, Machado Ramírez presentó documentos con logotipos institucionales de la SAE, presuntamente utilizados para engañar a la ciudadanía y facilitar la venta ilícita de predios.

El procedimiento contó con el acompañamiento de la estación de Policía de Itagüí y el detenido fue trasladado a la URI. Sin embargo, horas después recuperó la libertad, ya que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para imputarle cargos en ese momento.

La vivienda donde se realizó el operativo tiene un historial directamente ligado al crimen organizado. Antes de pasar a manos de la SAE, el inmueble pertenecía a Luisa Fernanda Muñoz, excompañera sentimental de Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, excabecilla financiero de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Alias Plástico fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2022 por liderar esquemas de narcotráfico y lavado de activos. El expediente de extinción de dominio indica que la casa formaba parte de un proceso contra 11 personas acusadas de blanquear más de 106.000 millones de pesos, y que la propiedad, avaluada en unos 600 millones de pesos, llevaba seis años en “ocupación irregular”, sin que la SAE hubiera tomado posesión formal, lo que permitió que siguiera bajo control de la mafia.

Las irregularidades en el manejo de los bienes incautados no son nuevas. Investigaciones previas ya habían advertido sobre problemas en la gestión de estos activos.

En octubre de 2022, una denuncia titulada “Nadie SAE: ¿Dónde están los bienes de la mafia?”, publicada por el diario nacional, expuso el presunto manejo caótico de estos bienes, con arriendos irrisorios, monopolio de depositarios y contratos de larga duración, sin claridad sobre el destino de muchos inmuebles.

En diciembre de 2023, otra publicación de Cambio reveló que propiedades decomisadas se entregaban irregularmente a cambio de sobornos, supuestamente cobrados a nombre del presidente de la SAE, Daniel Rojas, y de Juan Fernando Petro, con la participación de una política antioqueña y la Inmobiliaria Santo Domingo.

En el caso actual, la magnitud de la filtración quedó en evidencia al revisar el contenido de las cajas encontradas en la vivienda. Según la información obtenida por Cambio, se incautaron 284 certificados de tradición y libertad, más de 18.000 registros de inmuebles de la base de datos oficial, escrituras públicas, 195 facturas de impuesto predial, listados de 65 personas naturales y jurídicas, 95 contratos de arrendamiento, poderes autenticados y correos electrónicos con funcionarios de la SAE.

Además, se hallaron resoluciones judiciales y notificaciones con membretes institucionales, lo que confirmaría que parte de los documentos eran piezas activas de expedientes en curso y no simples copias.

Entre los archivos incautados figuraban matrículas inmobiliarias de bienes relacionados con reconocidos narcotraficantes. Destaca la documentación sobre Ever Veloza García, alias HH, exjefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), condenado en el proceso de Justicia y Paz y extraditado a Estados Unidos en 2009.

Un acta de secuestro complementaria sobre un bien de alias HH, con once folios, incluía la advertencia de que la información era de uso exclusivo de la Fiscalía y que ninguna persona ajena al proceso de extinción de dominio debía tener acceso a ella, según consta en la denuncia presentada por la SAE.

El material también contenía listados de sociedades con bienes en procesos de extinción de dominio, como Franzul S.A., Grupo Falcón S.A., Ases de Competencia S.A. y Agroespinal S.A., cada una con múltiples folios de matrícula inmobiliaria. En el caso de Agroespinal S.A. en liquidación y Ases de Competencia y Cía. S.A., la Fiscalía había autorizado la enajenación temprana de más de una decena de inmuebles, información que no se encuentra en fuentes abiertas y que confirma el carácter reservado de los documentos.

Entre las carpetas apareció además una declaración de Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto comercial que trabajó para el Cartel de Medellín y luego para el Cartel del Norte del Valle.

En su testimonio ante la Fiscalía en 2011, Bermúdez Suaza detalló operaciones de tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Europa y Centroamérica, coordinadas con un grupo conocido como Los Gorditos. Mencionó a varios socios y operadores, entre ellos Luis Escobar, alias Curramba; Olmedo Gómez Cruz, señalado como lavador de activos; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe paramilitar; y Mónica María Castro, esposa de Gómez, a quien identificó como participante en reuniones y negocios ilícitos. También citó a Diego Aristizábal, Luis Bernardo Mejía, un hombre apodado Scooby y Andrés Felipe Caicedo, todos vinculados a la logística y coordinación de cargamentos.

El presidente Gustavo Petro, al anunciar el caso, calificó el hallazgo como una prueba de la existencia de una “SAE alterna”, donde políticos y narcos se beneficiarían de bienes que nunca llegan al control del Estado.

“Son testaferros de políticos con grandes cuotas de bienes de la SAE que intermedian con otros políticos y narcos”, afirmó Petro. Por su parte, el exsenador Juan Diego Gómez negó cualquier relación con Enrique León Machado Ramírez, el hombre detenido en la vivienda.

Fuentes judiciales consultadas por Cambio destacaron que, hasta el momento, no existe evidencia de que los documentos sean falsos ni de que pertenezcan al capturado, lo que llevó a la Fiscalía a abstenerse de imputar cargos.

Sin embargo, confirmaron que los documentos son originales y de uso exclusivo de la SAE, por lo que quedaron bajo custodia de la Fiscalía para avanzar en la investigación. El volumen y la naturaleza de los archivos incautados sugieren una filtración de alto impacto, con capacidad de afectar expedientes sobre bienes estratégicos ligados al narcotráfico y al paramilitarismo.

A sus 50 años, el exministro y actual senador recordó que inició su vida pública hace 28 años en una Junta de Acción Comunal de su barrio, y desde entonces ocupó cargos como edil, concejal, congresista, viceministro y ministro. Con esa experiencia a cuestas, sostuvo que llegó el momento de una “renovación generacional” y que Colombia necesita recuperar la confianza en la política.

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Luna fue categórico: “Definitivamente el narcotráfico, los traquetos, son el mayor riesgo institucional”. Para ilustrar su afirmación, comparó las dimensiones actuales con las de los años más crudos de la violencia: “En la época de Pablo Escobar se producían 100 toneladas de coca. Hoy se están produciendo 3.000 toneladas, que responden a casi 400.000 hectáreas de hoja de coca sembrada”.

El precandidato cuestionó la aparente indiferencia social frente a esas cifras, advirtiendo que el narcotráfico “se está volviendo a tomar la sociedad” y lo hace corrompiendo a la política, al sector privado y a múltiples espacios comunitarios.

Tres enemigos claros

Luna estableció tres puntos que considera no negociables. En primer lugar, rechazó lo que calificó como “compinchería del Gobierno del presidente Petro” con grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o el ELN. A su juicio, esas organizaciones deben ser combatidas y no legitimadas mediante diálogos o acercamientos.

En segundo lugar, señaló directamente a Nicolás Maduro como “el jefe de los narcos en Colombia”, acusándolo de permitir que la droga y los secuestros se muevan a través de la frontera binacional.

El tercer punto de su crítica apuntó a la inversión de valores en las nuevas generaciones, donde —según él— muchos jóvenes creen que es posible hacerse ricos o famosos de la noche a la mañana, un fenómeno que relaciona con la permisividad del Estado y la cultura que promueve el narcotráfico.

Vínculo entre inseguridad y crimen organizado

El precandidato aseguró en Infobae Colombia que la crisis de seguridad que vive el país tiene un origen común, el narcotráfico. Explicó que fenómenos tan diversos como el “gota a gota”, el hurto de carros, el asalto a viviendas y hasta los atracos callejeros están, en el fondo, vinculados a organizaciones narcotraficantes que buscan lavar dinero.

“Lo que yo quiero decir es que esto tiene en efecto una raíz que nos está permeando y nos está generando unos problemas insostenibles”, afirmó, reiterando que sin atacar ese flagelo de manera frontal no será posible reducir la delincuencia.

Un millón de votos en riesgo

Otro de los aspectos más preocupantes para Luna es la capacidad del narcotráfico de incidir en la política. Según sus cálculos, esas estructuras ya logran manipular alrededor de “un millón de votos”. Aunque en una primera vuelta presidencial ese caudal no alcanzaría para definir al ganador, sí podría resultar determinante en una segunda vuelta.

“El narcotráfico hoy manipula un millón de votos (…) ese problema es la madre de todos los demás problemas”, enfatizó, agregando que esa influencia electoral pone en riesgo la democracia misma.

Críticas a la relación Petro–Maduro

El precandidato también cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro por su postura frente a Venezuela. Recordó que Colombia fue el único país de la región que no condenó de manera explícita las elecciones cuestionadas de Nicolás Maduro. Para Luna, esa posición despierta dudas sobre si existe una relación de complicidad o incluso de negocio entre ambos mandatarios.

“En Venezuela no hay democracia porque Maduro se robó las elecciones y Maduro es el jefe del cartel de los Soles, el más importante cartel de narcos que hay en Sudamérica”, advirtió.

“No se negocia con los narcos”

Frente a propuestas de leyes de sometimiento a la justicia, Luna fue tajante: “No se negocia con los narcos”. Recordó que cuando estuvo en el Senado participó en el hundimiento de un proyecto que, en su concepto, buscaba dejar libres a narcotraficantes con condenas. Según él, iniciativas similares están volviendo a impulsarse y representan un grave retroceso.

El llamado a la sociedad

El precandidato terminó su intervención con un llamado a la ciudadanía para no normalizar la presencia del narcotráfico en la vida diaria ni aceptar la inversión de valores que este impone. Rechazó que se haya permitido que estructuras mafiosas se adueñaran de espacios simbólicos como la Plaza de la Alpujarra en Medellín, y alertó que el fenómeno impacta no solo la seguridad, también la economía, el precio de los alimentos y la convivencia democrática.

En suma, David Luna planteó en Infobae Colombia que la lucha contra el narcotráfico debe ser el eje central de cualquier proyecto político serio en el país. En su visión, se trata de un problema transversal que explica la violencia, la corrupción, la inseguridad y la desconfianza ciudadana. “Ese problema es la madre de todos los demás problemas”, insistió.

El historial médico de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”, se convirtió en el eje de la más reciente estrategia legal para obtener su libertad condicional en Estados Unidos.

Los abogados del exjefe paramilitar presentaron ante el juez Richard Berman un informe que detalla su delicado estado de salud, con el objetivo de lograr su excarcelación tras 17 años de reclusión por una condena de 31 años por narcotráfico.

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El Espectador reveló que la defensa argumentó que Murillo Bejarano padece amputación por encima de la rodilla, prediabetes, próstata aumentada con infecciones urinarias crónicas, colesterol alto, dolor lumbar y atrofia muscular.

La solicitud, presentada como una petición de “libertad por motivos humanitarios”, fue rechazada de manera categórica por el juez Berman, quien consideró que el cuadro clínico del interno no cumple con las condiciones “extraordinarias y convincentes” que exige la legislación estadounidense para conceder este beneficio.

En la decisión judicial se señala que “Don Berna deambula en la prisión de manera independiente con un andador de cuatro ruedas” y que recibe la atención médica necesaria para sobrellevar sus enfermedades.

El juez también destacó que desde diciembre de 2023 el recluso cuenta con una nueva prótesis que, según un médico de la prisión, “funciona muy bien”. Además, el interno, de 64 años, dispone de acomodaciones de vivienda adecuadas y ha recibido 41 sesiones de fisioterapia en 2024.

La defensa de Murillo Bejarano intentó en varias ocasiones obtener la libertad por razones humanitarias. El 28 de octubre de 2024, presentó una solicitud ante las autoridades penitenciarias de Nueva York, que fue rechazada el 7 de noviembre de ese año.

Posteriormente, el 24 de diciembre de 2024, elevó la petición al Departamento de Estado de Estados Unidos, que también la negó en enero de 2025. Finalmente, el 19 de febrero de 2025, los abogados reiteraron la solicitud ante el despacho del juez Berman, quien volvió a rechazarla.

El prontuario criminal de “Don Berna” ha sido un factor determinante en la negativa de las autoridades estadounidenses. Desde su extradición en 2008, la justicia colombiana ha documentado su papel como uno de los principales líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización responsable de más de 205.000 víctimas en los años noventa, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Exparamilitares han señalado que, tras la caída del clan Castaño, Murillo Bejarano y alias Macaco asumieron el control del grupo armado ilegal, perpetrando asesinatos, desapariciones forzadas, despojo de tierras, abusos sexuales y desplazamientos forzados.

El ascenso de “Don Berna” en el mundo criminal lo llevó a ser considerado el sucesor de Pablo Escobar tras la muerte de este en 1993. Durante los últimos años del cartel de Medellín, Murillo Bejarano proporcionó información clave que permitió a las autoridades cercar a Escobar, que murió en un operativo policial el 2 de diciembre de ese año.

Entre quienes contribuyeron a consolidar su poder en Antioquia figuran Gustavo Upegui, Carlos Mario Aguilar (alias “Rogelio”) y el general retirado de la Policía Mauricio Santoyo.

Entre los crímenes confesados por Murillo Bejarano destaca su participación en la Operación Orión de octubre de 2002, cuando fuerzas estatales desplegaron un operativo en la Comuna 13 de Medellín.

Según sus declaraciones ante fiscales de Justicia y Paz, integrantes del Bloque Cacique Nutivara, bajo su mando, proporcionaron información que derivó en violaciones masivas de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 88 personas durante esa operación.

Las víctimas de “Don Berna” denunciaron desde 2014 que su colaboración en el proceso de Justicia y Paz ha sido insuficiente, limitándose a aceptar cargos sin aportar información relevante sobre la participación de militares y policías en graves violaciones de derechos humanos.

Entre los casos más emblemáticos figuran los asesinatos de Elsa Alvarado y Mario Calderón (mayo de 1997), Jesús María Valle (febrero de 1998), Jaime Garzón (agosto de 1999) y Eduardo Umaña Mendoza (abril de 1998). También se le atribuyen los homicidios de Carlos Castaño (abril de 2004) y del exjefe paramilitar alias Doble Cero (mayo de 2004).

En marzo de 2025, familiares de las víctimas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la exclusión de “Don Berna” del sistema de Justicia y Paz, argumentando su falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

Interceptaciones publicadas por El Espectador el 1 de septiembre revelaron que Murillo Bejarano y su equipo legal evaluaron la posibilidad de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque finalmente descartaron esa vía por considerarla inviable.

En junio de 2025, Murillo Bejarano renunció a su papel como gestor de paz, función que había asumido en noviembre de 2024 tras ser designado por el presidente Gustavo Petro junto a otros exjefes paramilitares como “Jorge 40”, “Macaco”, Ramón Isaza, “El Águila”, “Jorge Pirata” y “Cuco Vanoy”. Uno de sus abogados en Colombia explicó que la renuncia se debió a “los incumplimientos y enfrentamientos con el comisionado de paz, Otty Patiño”.

Por su parte, Michel Pineda, integrante de la defensa, afirmó que “Don Berna” habría entregado más información sobre los desaparecidos en La Escombrera de Medellín si se hubiera logrado un cambio de prisión en Estados Unidos.

El expediente judicial de Murillo Bejarano también recoge detalles sobre las secuelas físicas que arrastra desde 1989, cuando la guerrilla del EPL intentó asesinarlo en Medellín mientras actuaba como sicario para Pablo Escobar y otros narcotraficantes.

Una persona que gestionó sus asuntos judiciales relató que, tras ese atentado, una bala quedó alojada en su columna, otras le causaron la reconstrucción de la mandíbula y la amputación de una pierna. “Se salvó de milagro”, declaró esta fuente al medio citado.

Antes de su extradición en mayo de 2008, “Don Berna” permanecía en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, tras haberse desmovilizado en 2003 junto con el Bloque Cacique Nutibara. En Colombia, enfrenta acusaciones por homicidio, desplazamiento, reclutamiento y desaparición forzada. Parte de la justificación para su extradición fue que, incluso desde prisión, continuaba impartiendo órdenes para asesinar a líderes políticos.

En el contexto de sus intentos por obtener la libertad en Estados Unidos, Murillo Bejarano también solicitó al gobierno de Gustavo Petro su repatriación como gestor de paz.

No obstante, el 5 de junio de 2025, junto a otros 16 exjefes paramilitares, suspendió su colaboración con el Gobierno nacional tras desacuerdos con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, dirigida por Otty Patiño.

La decisión del juez Richard Berman subraya la gravedad de los delitos cometidos por Murillo Bejarano: “lideró una organización terrorista, traficaba toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, tráfico de armas, amenazas a testigos y lavado de activos. Esos factores hacen que no se contemple ningún tipo de reducción a su pena a Diego Fernando Murillo Bejarano”. Actualmente, el exjefe paramilitar ha cumplido 17 de los 31 años de condena impuestos por narcotráfico en Estados Unidos.

Un escándalo de corrupción sacude a la Fiscalía General de la Nación en Colombia bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.

Según revelaciones obtenidas por Semana, funcionarios de la entidad estarían implicados en la venta de expedientes reservados de investigaciones de alto perfil, aprovechando las debilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif).

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Este esquema, que involucraría sumas de hasta 200 millones de pesos por cada expediente filtrado, pone en entredicho la integridad del sistema judicial y la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico.

De acuerdo con información recabada por el medio mencionado, el modus operandi del llamado “cartel de expedientes” consiste en traficar con documentos confidenciales de investigaciones clave, entregados en dispositivos USB a cambio de pagos millonarios.

Los funcionarios involucrados, presuntamente adscritos a la Dirección de Lavado de Activos, habrían facilitado que abogados y personas investigadas accedieran a detalles reservados de los procesos, lo que les permitió anticipar decisiones judiciales como órdenes de captura.

Un fiscal relató al medio mencionado que un abogado se presentó ante él con pleno conocimiento de las acciones que el despacho planeaba ejecutar, lo que encendió las alarmas sobre la presunta filtración de información interna.

El epicentro de estas irregularidades se encuentra en el Modelo Único de Investigación Financiera, una estrategia implementada tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía. El Muif, inspirado en experiencias previas de la fiscal en Guatemala, fue concebido para fortalecer la coordinación y priorización de investigaciones, integrando a expertos de diversas áreas y promoviendo la digitalización de expedientes.

Sin embargo, la obligatoriedad de cargar documentos escaneados en carpetas compartidas dentro de la red institucional permitió que un número indeterminado de funcionarios accediera sin restricciones a información altamente sensible.

Fiscales consultados por el medio ya citado señalaron que esta exposición facilitó la multiplicación de oportunidades para traficar con expedientes, ya que la reserva legal de los procesos habría quedado comprometida. Entre los casos emblemáticos que habrían sido objeto de filtración figura el expediente de Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”, investigado por lavado de activos.

La denuncia, presentada ante la delegada para las Finanzas Criminales Aura Liliana Trujillo y su asesora María Isabel, incluyó pruebas sobre cómo los expedientes, almacenados en el sistema del Muif, fueron extraídos y vendidos en una USB.

Otro expediente filtrado involucra a un megacontratista relacionado con la investigación por lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el medio citado, este empresario, que habría realizado millonarios aportes a la campaña presidencial de 2022, pagó una suma considerable para acceder a los documentos de su caso.

El contratista, en lugar de recurrir a los canales legales habituales, habría optado por la vía corrupta, lo que generó preocupación entre los fiscales por la posibilidad de que los investigados pudieran anticipar las acciones de la justicia.

El listado de expedientes vendidos también incluye investigaciones sobre una tienda de ropa de bajo costo en Barranquilla, objeto de extinción de dominio por lavado de activos, y un reconocido restaurante de comida mexicana.

En uno de estos casos, un abogado se adelantó a las decisiones de un fiscal, evidenciando que la información reservada ya estaba en poder de sus clientes gracias a la intervención de funcionarios corruptos.

Los afectados pagaron 200 de los 500 millones de pesos exigidos por la entrega de los documentos, según una denuncia radicada este año en la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén, Bogotá.

El funcionamiento del Muif, según los fiscales, exige que cada proceso se cargue en una carpeta digital accesible a asesores y funcionarios de la Delegada para las Finanzas Criminales. Estos asesores analizan la información y toman decisiones sobre el rumbo de las investigaciones, lo que ha generado molestia entre los fiscales por considerar que se vulnera la autonomía y la reserva de los procesos.

“Ese modelo lo trajo la fiscal y lo copió de Guatemala. Indica que los fiscales deben incluir la información del caso en una carpeta a la que tienen acceso desde la Delegada para las Finanzas Criminales hacia abajo, incluyendo los investigadores. De esta forma vigilan y se meten en todo el proceso; se pueden anticipar y conocer lo que se supone que está en la autonomía de los propios funcionarios”, explicó un fiscal al medio mencionado.

Las denuncias de los fiscales no se limitaron a la Dirección de Lavado de Activos. Durante la implementación del Muif, se realizaron reuniones técnicas para compartir información entre distintas delegadas y direcciones, lo que incrementó la desconfianza entre los funcionarios.

Algunos fiscales, según la denuncia, optaron por no entregar información relevante debido al riesgo que representaba para la seguridad de los procesos y de los propios investigadores, especialmente en casos coordinados con agencias internacionales como la DEA y la Embajada de Estados Unidos. Un fiscal expresó a Semana: “Muchos no entregaban la información simplemente por desconfianza. La experiencia advierte que compartir la información en casos de relevancia es un problema de seguridad para el proceso, incluso para los fiscales que llevan las investigaciones”.

El mencionado medio también accedió a correos electrónicos enviados por asesores de la Dirección contra el Narcotráfico, en los que solicitaban a los fiscales el listado y detalle de las órdenes de captura emitidas y por emitir durante el año. Esta práctica fue calificada por los funcionarios como un “despropósito y un atropello” a la independencia judicial, ya que obligaba a los fiscales a revelar información estratégica sobre investigaciones en curso.

Frente a las denuncias, la Fiscalía sostuvo que el Muif se creó para organizar las actuaciones dispersas y que solo un grupo reducido de funcionarios tenía acceso a los expedientes priorizados.

Afirmaron no tener conocimiento de filtraciones a través del sistema. No obstante, los denunciantes aseguraron al medio citado que las directivas de Finanzas Criminales estaban al tanto de las alertas desde mayo de este año, aunque al ser consultadas por el medio, negaron haber recibido tales denuncias.

El nombre de Sebastián Marset ha resonado con fuerza en los discursos del presidente Gustavo Petro, quien lo señala como uno de los principales responsables del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci y lo vincula a la llamada ‘Junta de Dubái’, una federación de mafias latinoamericanas con proyección internacional.

La figura de Marset, apodado ‘el Pablo Escobar de Uruguay’, se ha consolidado como uno de los objetivos prioritarios de la DEA, que actualmente ofrece dos millones de dólares por información que conduzca a su captura.

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La trayectoria criminal de Sebastián Marset Cabrera se remonta a su juventud en Montevideo, donde nació el 10 de abril de 1991. Sus primeros pasos en el delito estuvieron ligados al hurto y la posesión de drogas, lo que lo llevó a pasar varios periodos en prisión entre 2012 y 2018 por narcotráfico de marihuana.

Durante su estancia en la cárcel, Marset estableció conexiones con el crimen organizado transnacional, lo que marcó su transformación de delincuente juvenil a capo del narcotráfico.

Al recuperar la libertad en 2021, Marset adoptó la fachada de productor musical y empresario de espectáculos, llegando a ser accionista y jugador del Club Deportivo Capiatá en Paraguay y propietario del equipo Los Leones de El Torno F.C. en Bolivia, utilizando la identidad falsa de Luis Amorim Santos.

Estas actividades deportivas y empresariales servían como cortina de humo para encubrir la operación del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una estructura dedicada a la exportación de cocaína boliviana y colombiana hacia Estados Unidos y Europa, y al lavado de activos a través de múltiples empresas.

La investigación judicial en Paraguay, a la que tuvo acceso El Tiempo, detalló que Marset utilizó identidades falsas, como la de Gabriel de Souza Beumer, con documentos brasileños y bolivianos presuntamente apócrifos, para ingresar y salir del país desde 2018.

El expediente señala que empleó estos documentos para moverse entre Bolivia, Colombia, Uruguay y Brasil, desde donde coordinaba sus operaciones ilícitas. Uno de sus principales socios sería Miguel Ángel Insfran Galeano, y el grupo delictivo estaría integrado por familiares y personas de confianza.

La fachada empresarial de Marset incluía la gestión de la compañía JC Productions / Mastian Productions S.A.S., registrada en agosto de 2019 y dedicada a la organización de eventos masivos. La empresa, cuyo accionista mayoritario figura como Gabriel de Sousa Beumer, no ha reportado movimientos recientes y en 2024 declaró activos por 80 millones de pesos uruguayos.

Así mismo, las autoridades paraguayas sostienen que Marset se construyó la imagen de empresario artístico para facilitar el blanqueo de capitales y el tráfico internacional de narcóticos, valiéndose de medios informales en países como Colombia, Ecuador y Venezuela para difundir su supuesta actividad lícita.

El mecanismo de lavado de dinero descrito por la fiscalía de crimen organizado de Paraguay incluía el uso de tokens numéricos y la inscripción de la sigla PCU en los billetes, una marca que Marset lleva tatuada en la muñeca. Este método se vincula directamente con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena el 10 de mayo de 2022.

Los autores materiales del crimen, según las autoridades fueron: Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que confesaron haber recibido el pago a través de criptoactivos convertidos en efectivo en casas de cambio de Cúcuta y Medellín. La Fiscalía colombiana rechazó su solicitud de colaboración a cambio de beneficios, concediéndoles únicamente una rebaja del 45% de la pena tras aceptar los cargos.

En cuanto a la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, no existen pruebas que vinculen a la organización de Marset.

El presidente Gustavo Petro ha sugerido que el móvil podría estar relacionado con un negocio de esmeraldas y la participación de Julio Lozano (Pirateque), exsocio del zar esmeraldero Víctor Carranza, aunque la hipótesis principal de la Fiscalía apunta a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

La persecución internacional contra Marset se intensificó tras el asesinato de Pecci. La DEA lo incluyó en el cuarto lugar de su lista de fugitivos más buscados y, mediante un comunicado, instó a la colaboración ciudadana:

“Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre sus actividades, incluyendo el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de la violencia (o amenazas de usarla), o sobre su paradero, a que la comparta”, según la agencia estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos oficializó la recompensa de USD2 millones (8.237.380.000 pesos colombianos) para quien aporte datos verídicos sobre su paradero.

El representante de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Cartwright Weiland, reveló que existen indicios de que Marset podría estar oculto en Venezuela. De confirmarse esta información, se trataría de un avance relevante en el marco de la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y Paraguay.

En el plano familiar, la presión sobre el entorno de Marset se incrementó con la extradición de su esposa, Gianina García Troche, desde España a Paraguay el 21 de mayo, escoltada por agentes de Interpol. Según Swissinfo, García Troche enfrentaba una orden internacional de detención por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

A pesar de la constante mención de Sebastián Marset en los discursos de Gustavo Petro, en Colombia no existe una orden de arresto en su contra. Desde julio de 2023, su paradero es desconocido; la última vez que fue identificado utilizó la identidad de Luis Amorim Santon como supuesto jugador de fútbol y logró evadir la captura. La DEA mantiene activa la búsqueda, mientras la figura de Marset sigue siendo central en la narrativa oficial sobre el crimen organizado en la región.

La inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación antidrogas de Colombia mantiene en vilo a ambos países.

Con cerca de USD 450 millones anuales en cooperación Estados Unidos Colombia en juego, la resolución prevista para el lunes 15 de septiembre podría redefinir la relación bilateral en materia de seguridad, defensa y política antidrogas.

El desenlace, que oscila entre la certificación, la descertificación de Colombia o la concesión de una exención, plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación y el margen de maniobra del presidente Gustavo Petro ante las presiones de Washington.

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El proceso de certificación y descertificación que realiza anualmente Estados Unidos evalúa si los países más involucrados en la producción o tránsito de narcóticos cumplen con sus compromisos internacionales.

De acuerdo con el exembajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker, en entrevista con Semana, el gobierno norteamericano “tiene la facultad de tomar muchas decisiones, desde cortar toda la ayuda a un país hasta votar en contra de este en las instituciones financieras”.

Sin embargo, existe la posibilidad de un waiver o exención, que permite mantener la cooperación pese a una descertificación formal, enviando un mensaje de descontento pero sin romper la relación.

"Existe un escenario adicional: la posibilidad de un waiver. Es decir, que Estados Unidos no certifique, pero sí dé un waiver o exención para que la relación siga adelante. En el caso de que se presente una descertificación, espero que exista un waiver“, afirmó Whitaker.

Whitaker explicó al medio mencionado que este mecanismo suele aplicarse cuando se reconoce que la fuerza pública colombiana colabora y que la relación bilateral tiene un largo historial de amistad.

La Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham) ha identificado cuatro escenarios posibles: una descertificación dura, una descertificación moderada, una certificación por exención por interés nacional y una certificación total.

La mayoría de expertos consultados por La Silla Vacía descartan tanto la certificación total como la descertificación dura, aunque consideran probable una exención o una descertificación moderada.

Según AmCham, el escenario más severo implicaría una reducción de la cooperación entre el 60% y el 70%, es decir, entre USD 270 millones y USD 315 millones, lo que comprometería gravemente la capacidad institucional del Estado y la asistencia técnica en seguridad.

Un escenario más blando supondría una reducción de entre el 30% y el 40% de la cooperación, afectando proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que dependen del financiamiento externo.

Las consecuencias prácticas de cada escenario son profundas. Una descertificación dura pondría fin a la financiación de horas de vuelo de helicópteros y aviones, repuestos, entrenamiento de pilotos, combustible para buques de la Armada y softwares de inteligencia, entre otros rubros.

Manfred Grauttof, exasesor presidencial en temas de seguridad, advirtió en La Silla Vacía que el mayor impacto recaería sobre el despliegue militar aéreo y las operaciones antinarcóticos de la Policía.

Aunque el presupuesto de Defensa y Policía de Colombia asciende a 59 billones de pesos, la cooperación estadounidense representa casi 2 billones de pesos, una cifra clave para la adquisición de tecnología y equipos.

Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group, subrayó la alta dependencia mutua de los sistemas de defensa de ambos países, mientras que Eduard Pizarro, exembajador en Bélgica, señaló que debilitar la relación sería arriesgado para Washington, dada la importancia geoestratégica de Colombia.

El contexto político y diplomático añade complejidad a la decisión. La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump se ha visto tensionada por la postura del mandatario colombiano frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la creación de una zona binacional en el Catatumbo, una región crítica por la presencia de cultivos ilícitos.

Whitaker indicó el medio mencionado que los comentarios de Petro, contrarios a la visión de Trump sobre Venezuela, podrían influir en la decisión estadounidense.

Además, la política de “paz total” impulsada por Petro, que busca negociar con grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, ha generado escepticismo en la administración Trump y en sectores del Congreso estadounidense.

El debate sobre la política antidrogas en Colombia se ha intensificado ante el aumento histórico de cultivos de coca, que superan las 252.000 hectáreas, y una producción potencial de 2.644 toneladas de cocaína, según la Unodc.

El gobierno Petro ha priorizado la incautación de cocaína, con 960 toneladas decomisadas el año pasado, pero ha sido crítico del despliegue militar estadounidense y de la erradicación forzada, aunque recientemente incrementó estos esfuerzos en un 46% entre enero y julio respecto al año anterior.

La presión de Estados Unidos apunta a metas más altas de erradicación, mientras que expertos como Grauttof advierten que volver a la erradicación masiva no garantiza resultados y expone a la fuerza pública a mayores riesgos.

Steve Hege, del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Seguridad, recordó que la erradicación forzada desvía recursos policiales y puede generar conflictos con comunidades rurales, mientras que la aspersión aérea con glifosato plantea desafíos ambientales y de seguridad.

El retiro del general Hernando Garzón Rey, de las Fuerzas Militares de Colombia, anunciado por el presidente Gustavo Petro bajo la acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico, ha generado una fuerte controversia en el país.

Garzón Rey, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de inspector de la institución, rechazó de manera categórica las imputaciones y sostuvo que la decisión presidencial se basó en información manipulada.

En declaraciones recogidas por Semana, el general denunció que “al presidente lo están malinformando” y defendió su integridad frente a los señalamientos que lo relacionan con grupos criminales.

Asimismo, en entrevista con el noticiero matutino de Blu Radio, Garzón Rey defendió su trabajo en la institución y señaló que tiene las credenciales para sustentar su inocencia, pues a su juicio ha habido “manipulación de la información”.

En ese medio radial habló de una conversación que, vía chat, habría tenido con Pedro Sánchez, ministro de Defensa, quien le habría dicho: “general, me llegaron unas fotos donde usted está de espaldas y hay unos bandidos al frente”. El uniformado negó todo tipo de vínculos con organizaciones criminales:

“Jamás, he sido un soldado honesto y prueba de eso lo da mi hoja de vida, lo da todos los polígrafos que he presentado en mi institución, inclusive para ser mayor general de las Fuerzas Militares”.

Garzón Rey explicó que, durante una visita a una finca de su familia, acompañado por tropas y un dispositivo de seguridad, un individuo perteneciente a las disidencias de las Farc se presentó en el lugar con la intención de extorsionarlo, exigiendo cincuenta millones de pesos.

El general detalló que este incidente se produjo en el contexto de los ceses al fuego ordenados por el presidente Petro, que impedían a la fuerza pública realizar operaciones ofensivas contra grupos ilegales.

Ante la imposibilidad de actuar militarmente, Garzón Rey afirmó que dialogó directamente con el extorsionador para exigirle que abandonara la zona, argumentando la vigencia del cese al fuego.

Durante ese encuentro, según el general, un militar presente tomó una fotografía en la que se le observa conversando con el miembro de las disidencias de las Farc.

Garzón Rey sostuvo que esta imagen ha sido utilizada de manera malintencionada para hacer creer al presidente que mantiene vínculos con organizaciones criminales.

“Es una foto donde yo estoy de espalda. Y en la foto me veo hablando con el bandido porque me estaba extorsionando, yo no lo niego, pero insisto, estábamos en cese al fuego”, declaró a Semana.

El general también aseguró que, tras el incidente, informó de lo sucedido al entonces comisionado de paz Danilo Rueda, y que el caso era conocido por todos los militares presentes en la finca, así como por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la inteligencia del Ejército y los generales responsables del departamento del Guaviare.

Dijo también que la foto fue tomada por inteligencia, precisamente para judicializar a los delincuentes adscritos al grupo armado ilegal:

“Claro, no es que la foto la toman la inteligencia nuestra para los bandidos, pero pues en un perfil de esos pues aparezco yo de espalda. Esas fotos deben estar allá en la brigada 22 en inteligencia las tienen todas".

“Todos los soldados que estaban ahí, más las tropas que estaban que han ingresado, yo diría, unos 50, 60, 80 soldados de testigo más los campesinos que estaban ahí, que saben que no es cierto que era que yo estaba hablando o de una cosa, digámosle de amigo de los de los bandidos; no, es una cuestión que llegaron ahí a extorsionar y y pues se puso el se denunció como como es mi deber legal y de ahorita pues manipulan la información”, señaló en Blu Radio.

W Radio también obtuvo, al aire, las declaraciones del general, quien hizo un recorrido de cómo se dio el episodio que hoy lo tiene como protagonista de una polémica sobre la que el propio presidente Petro se ha pronunciado.

“Llego con el esquema de seguridad, me quedo en la Brigada y notifico que quiero visitar a unos familiares, a unos 15 kilómetros de San José (...) Se tomaron todas las medidas de seguridad porque uno no se puede confiar. Como a las 9:00 de la mañana vemos una persona de camuflado (…) los soldados nuestros se abren, estábamos de civil, pero había tropa en otros lugares cuidando puntos críticos.Dicen (los camuflados) que querían hablar con el dueño de la finca y me piden 50 millones de pesos. Les dije que no les iba a dar nada y se fueron. Ahí se toman unas fotos, las tomó el grupo de nosotros. Dentro de esas hay una en que estoy yo, esa la tiene inteligencia”.

Habló también de las presuntas intenciones detrás de lo que denomina un montaje para destruir su reputación y su credibilidad de cara al Gobierno y el país:

“Yo pediría que nos retiren con honor, no con montajes. ¿Con qué intención lo hacen? No sé. Llamé al DNI y pregunté, me negaron todo. No sé si hay alguien con la intención que uno salga de la institución para que salga del camino (…) Yo sé que ahí indujeron al error al señor ministro de la Defensa y al señor presidente de la República, pero quienes dieron la información la dieron rápido y no preguntaron, si hubieran preguntado, tendrían una explicación”.

La salida de Garzón Rey

El anuncio del presidente Petro, realizado a través de un mensaje en redes sociales, sorprendió a la opinión pública y a la cúpula militar.

El mandatario justificó la salida de Garzón Rey por supuestos nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, una acusación que el general considera infundada y producto de una tergiversación de los hechos ocurridos en abril de 2023.

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En su diálogo con Semana, Garzón Rey criticó el proceso de investigación interna que derivó en su retiro, señalando la falta de ética y profundidad en las indagaciones.

“Estas personas no hicieron el trabajo con ética, no hicieron la investigación a profundidad, es más, ni siquiera me preguntaron”, afirmó, y lamentó que ni el comandante del Ejército ni el ministro de Defensa lo consultaran directamente sobre los hechos.

El general consideró que la cadena de mando transmitió información errónea al presidente Petro, quien, a su juicio, también fue víctima de la desinformación.

El oficial retirado solicitó al presidente reconsiderar la decisión, defendiendo su trayectoria y méritos en el Ejército.

“Soy el primer puesto de mi promoción, soy el primer puesto en los cursos, soy el oficial con ocho medallas de orden público, condecorado por servirle a este país, creo que uno tiene unos buenos pergaminos para seguirle aportando a la institución”, expresó Garzón Rey, reiterando su compromiso y honestidad como soldado.

La destitución inmediata del mayor general Hernando Garzón Rey del servicio activo de las Fuerzas Militares de Colombia, ordenada el 10 de septiembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro, ha generado un fuerte impacto en el ámbito institucional del país.

La decisión presidencial se basó en la existencia de indicios de presuntos vínculos del alto oficial con grupos narcotraficantes y actividades relacionadas con el cultivo de hoja de coca, lo que ha puesto en el centro del debate la integridad y la transparencia en las filas militares.

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El anuncio oficial, realizado por el mandatario a través de su cuenta en X, informó que las denuncias y los elementos probatorios recolectados fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación para la apertura de una investigación judicial.

Hasta el momento de su retiro, Garzón Rey se desempeñaba como inspector general del Comando General de las Fuerzas Militares, un cargo de alta responsabilidad en la supervisión y el control interno de la institución.

Su trayectoria profesional abarca más de treinta años de servicio en el Ejército Nacional de Colombia, donde ocupó posiciones clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Entre sus funciones más recientes destaca el mando del Comando Conjunto N.5 Noroccidente desde octubre de 2023, con jurisdicción sobre 195 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Boyacá, y la coordinación de más de 30.000 efectivos de las tres fuerzas armadas.

A lo largo de su carrera, Garzón Rey también lideró la Brigada contra el Narcotráfico, la Fuerza de Despliegue Rápido N.3 en el Catatumbo y la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

Su formación incluye una graduación en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, una especialización en Administración de Recursos Militares y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, ambas en la Escuela Superior de Guerra, así como el curso de Comando y Estado Mayor en la misma institución.

El historial del mayor general no ha estado exento de controversias. En diciembre de 2019, cuando ostentaba el grado de coronel, la capitana Maritza Soto lo denunció por presunto acoso sexual, acoso laboral y extralimitación de funciones.

La denuncia, presentada en el Senado por el senador Iván Cepeda, recibió el respaldo de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Garzón Rey rechazó los señalamientos y afirmó haber actuado bajo principios éticos y legales. La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación en abril de 2020, al considerar inexistente el hecho denunciado y calificar la conducta como atípica.

El Senado aprobó su ascenso a general ese mismo mes, en medio de reparos de algunos sectores políticos por la presencia de oficiales con investigaciones abiertas.

En el contexto de la destitución, el Gobierno reiteró que la medida responde exclusivamente a los indicios de presunta asociación con el narcotráfico y actividades ilícitas, y no a las denuncias previas, ya archivadas. No existen registros públicos de otras investigaciones o polémicas distintas a las mencionadas.

La política institucional de las Fuerzas Armadas de Colombia ha puesto énfasis en los últimos años en la transparencia y la lucha contra la corrupción. La remoción de Garzón Rey se inscribe en este marco, con el Ejecutivo resaltando la importancia de mantener la ética y la confianza pública en las instituciones de seguridad.

En el ámbito internacional, Garzón Rey desempeñó funciones de cooperación como segundo comandante del Ejército Sur de Estados Unidos en San Antonio, Texas, en el marco de una misión orientada al fortalecimiento de capacidades, intercambio de inteligencia y coordinación estratégica frente a amenazas transnacionales.

En agosto de 2021, participó en conversaciones bilaterales entre los ejércitos de Estados Unidos y Chile, enfocadas en la seguridad hemisférica. Aunque no existen registros públicos detallados sobre condecoraciones específicas durante su misión en Texas, su desempeño en ese rol reforzó su perfil para asumir cargos superiores a su regreso a Colombia.

Entre los logros institucionales documentados, Garzón Rey coordinó en febrero de 2024 la repatriación de los cuerpos de cuatro militares colombianos fallecidos en un accidente aéreo en la frontera con Panamá, una operación que requirió cooperación internacional y gestión interinstitucional.

En diciembre de 2024, lideró la ceremonia de entrega de la Medalla Fe en la Causa al gobernador de Risaralda, durante la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho, lo que evidenció su reconocimiento dentro de la estructura militar y su rol en la integración civil-militar.

El mayor general también forma parte de la Asociación Casamata, donde representa a los oficiales activos como vocal principal para el periodo 2025-2027. Su carrera, marcada por ascensos y responsabilidades de alto nivel, concluye abruptamente en medio de una investigación judicial que pone a prueba la política de integridad y control en las Fuerzas Armadas.

La decisión de apartar a Garzón Rey del servicio activo se presenta como una muestra del compromiso gubernamental con la erradicación de prácticas corruptas y la defensa de la transparencia en las instituciones militares del país.

El avance de las investigaciones sobre el financiamiento de las disidencias armadas en Colombia permitió a las autoridades identificar a dos narcotraficantes invisibles que, según información de inteligencia, sostienen las operaciones ilegales de alias Iván Mordisco.

Aunque sus verdaderos nombres permanecen ocultos, las fuerzas de seguridad cuentan ya con sus rostros y huellas dactilares, pero enfrentan el obstáculo de que ambos habrían pagado a funcionarios de la Registraduría para eliminar sus identidades de los registros oficiales.

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La investigación, resultado de la colaboración entre inteligencia militar y policial, se fundamenta en el análisis cruzado de datos provenientes de agencias que monitorean actividades ilícitas en los departamentos de Cauca, Huila y Meta.

Este trabajo permitió establecer que detrás de los frentes Carlos Patiño y Martín Villa, subordinados a alias Mordisco, operan los narcotraficantes conocidos como alias Cheli y alias Toro.

Estos individuos, de aproximadamente 35 y 40 años, respectivamente, se encargan de financiar las actividades ilegales en el norte del Cauca.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Cambio, ambos ingresaron desde jóvenes al negocio de la marihuana y, posteriormente, al tráfico de pasta base y clorhidrato de cocaína.

A través de estas actividades ilícitas, habrían acumulado grandes fortunas, que luego invirtieron en propiedades rurales, balnearios, ganado, apartamentos y vehículos de carga, utilizando testaferros para ocultar su participación.

Las autoridades estiman que cada mes envían más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, siendo la mayor parte del cargamento negociado con el cartel de Jalisco Nueva Generación (Cjng) y el cartel de Sinaloa.

Recientemente, se detectó una nueva ruta destinada a la estructura criminal de la Nueva Familia Michoacana, organización en proceso de reconfiguración, a la que los cargamentos colombianos estarían proporcionando apoyo financiero.

Durante años, “Cheli” y “Toro” han financiado a los frentes Carlos Patiño en Cauca y Martín Villa en Meta. La investigación señala que ambos mantuvieron vínculos estrechos con alias Kevin, exjefe del frente Carlos Patiño, que se entregó a las autoridades hace dos semanas en la zona rural de El Estrecho, Patía (Cauca).

Estos narcotraficantes suministran armamento de largo alcance, como fusiles M16, Tavor y AK-47, municiones de diversos calibres, explosivos, equipos de comunicación y otros recursos logísticos a las estructuras bajo el mando de alias Mordisco.

A cambio, las disidencias se encargan de proteger los cristalizaderos, los cultivos ilícitos y las rutas utilizadas para el transporte de insumos químicos y drogas hacia el exterior. Se calcula que esta alianza genera millonarias ganancias para ambas partes.

A pesar de los operativos desplegados para capturarlos, “Cheli” y “Toro” han logrado evadir a las autoridades, aparentemente gracias a una red de informantes dentro de la población civil que los alerta sobre cualquier movimiento de la fuerza pública.

Aunque existen fotografías y huellas dactilares de ambos, sus verdaderos nombres no han podido ser establecidos por las autoridades, ya que según las autoridades, los sujetos habrían pagado sumas elevadas a funcionarios de la Registraduría para eliminar sus datos de los sistemas oficiales.

No obstante, sus huellas quedaron registradas en trámites notariales realizados con identidades falsas, lo que fue detectado por agentes de inteligencia que continúan rastreando sus movimientos.

Actualmente, “Cheli” y ”Toro” estarían en negociaciones directas con alias Iván Mordisco, definiendo montos de dinero y armamento para fortalecer la estructura narcotraficante, de la cual ambos obtienen beneficios tanto económicos como militares.

A pesar de que tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional han logrado identificar plenamente a estos dos narcotraficantes, su captura ha resultado esquiva.

En la actualidad, alias Cheli y alias Toro estarían involucrados en negociaciones directas con alias Mordisco, discutiendo montos de dinero y armamento para fortalecer y expandir sus operaciones de narcotráfico.

Este proceso de negociación les permite mantener y ampliar su influencia en la región, asegurando la continuidad de sus actividades ilícitas y también con la presunta colaboración a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible reactivación de la aspersión aérea con glifosato reavivó el debate en Colombia sobre la política antidrogas, en un contexto en el que los ataques a la fuerza pública y el aumento de los cultivos ilícitos generan preocupación.

Durante el programa Aquí y ahora, de La FM, tres figuras —la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz y la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus— analizaron las implicaciones de esta propuesta y sus posibles consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos humanos en el país.

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La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago recordó que desde 2016 la Corte Constitucional ha emitido sentencias que regulan el uso de la aspersión aérea, estableciendo condicionamientos relacionados con el medioambiente, la salud y la obligación de realizar consultas previas en comunidades étnicas.

Buitrago subrayó que el Estado debe respetar estos límites: “Una cosa es que el Estado haga valer su derecho de protección a los miembros del Ejército y otra muy distinta es usar la aspersión aérea como respuesta a ataques contra la fuerza pública”, explicó la exfuncionaria.

La exministra también cuestionó la justificación del Ejecutivo, basada en los ataques a la Fuerza Pública, y sostuvo que el debate debe centrarse en el daño ambiental y social que genera el incremento de los cultivos de hoja de coca y el narcotráfico en Colombia.

“Si la razón para usar la aspersión es que están atacando a la fuerza pública, creo que el verdadero foco debe estar en el gran daño que le está causando la hoja de coca y el narcotráfico a Colombia”, afirmó Buitrago durante el programa.

Por su parte, Juanita Goebertus, desde Washington, advirtió que la intención de retomar la fumigación aérea evidencia un desorden institucional y una falta de coherencia en la política de seguridad y paz.

Según Goebertus, antes de considerar la aspersión, el Gobierno debería implementar una política efectiva de protección tanto para las comunidades como para la fuerza pública. Además, subrayó que la reactivación de la fumigación no resolvería el crecimiento del narcotráfico ni el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

Goebertus enfatizó que el país aún tiene pendientes los compromisos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (Pnis) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), y cuestionó la coherencia del Ejecutivo: “No ahora simplemente creer que por arte de magia, luego de que Gustavo Petro hizo campaña toda su vida en contra de la aspersión aérea, la gran solución sea retomar la fumigación”, declaró Goebertus a La FM.

Así mismo, Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, criticó que el pronunciamiento presidencial pareciera trasladar la responsabilidad a la Corte Constitucional, cuando, en su opinión, el tribunal ha actuado dentro de sus competencias y ha estado atento al tema de la sustitución de cultivos ilícitos.

Marín señaló que el incumplimiento de los programas de sustitución recae tanto en el actual Gobierno como en los anteriores, y defendió la necesidad de retomar lo pactado en el acuerdo de paz: “Debemos retornar al camino original, que no excluye la erradicación forzosa, pero la deja como último mecanismo y con un proceso previo de concertación”, afirmó Marín.

Además, la defensora del pueblo insistió en que la solución a la crisis de violencia y criminalidad pasa por un proceso de paz integral que priorice la participación activa de las comunidades en los territorios, recalcando que es fundamental escuchar las voces locales y construir acuerdos desde las regiones más afectadas por el conflicto armado.

El análisis de las tres mujeres coincidió en la necesidad de que cualquier decisión gubernamental respete los fallos de la Corte Constitucional y cumpla con los compromisos del acuerdo de paz. Marín concluyó que “no debería retomarse la aspersión, sino establecer criterios de consulta y atender los riesgos de salud”, según sus declaraciones.

Durante el debate, Human Rights Watch presentó cifras que reflejan el deterioro de la situación humanitaria en Colombia en 2025: el desplazamiento forzado aumentó un 30% respecto a 2024, el confinamiento de comunidades creció un 44%, los homicidios subieron un 3% y los secuestros se dispararon un 53% en comparación con el año anterior.

Goebertus advirtió que “desde 2016 no hemos tenido ni la capacidad ni la voluntad como país de copar los territorios”, e instó al Gobierno de Gustavo Petro a fortalecer la presencia institucional en las zonas más afectadas por la violencia.

El debate evidenció la complejidad de la política antidrogas en Colombia y la urgencia de abordar el problema desde una perspectiva integral, que contemple tanto la protección de la fuerza pública como el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

En este complejo, los bloques de droga llevaban impresos símbolos tan reconocibles como el murciélago de Batman, aviones Kfir y la marca deportiva Puma, una estrategia utilizada por los traficantes para identificar la procedencia de cada cargamento y distinguir a los proveedores cuando diferentes lotes viajan en un mismo embarque hacia diversos clientes y puntos de acopio.

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La operación, ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con el Ejército, se desarrolló en el sector de Alisales, a unos treinta minutos de la capital nariñense.

El general Carlos Fernando Triana, director de la institución, informó que en el procedimiento se incautaron 757 kilos de clorhidrato de cocaína, 2.186 galones (8.273 litros) de insumos químicos líquidos y 1.872 kilos de insumos sólidos.

Además, en el lugar se hallaron las marquillas utilizadas para identificar los bloques de droga, entre ellas, la del superhéroe.

El complejo desmantelado tenía la capacidad de procesar dos toneladas de cocaína mensuales, según detalló el general Triana.

Este centro de producción pertenecía a la estructura armada Comandos de Frontera, organización que mantiene su base principal en Putumayo y extiende sus operaciones ilegales hacia Nariño, Amazonas y Ecuador.

De acuerdo con el balance oficial, la destrucción de este laboratorio representó un golpe a las finanzas criminales de la organización, con una afectación estimada en 9 millones de dólares y la prevención de la comercialización de 1,8 millones de dosis de estupefacientes.

En una publicación en su cuenta de X, el director de la Policía Nacional, Carlos Triana, destacó: “¡Desmantelado complejo cocalero! En zona rural de Alisales, de la ciudad de Pasto (Nariño), la Policía Nacional, en coordinación con el @COL_EJERCITO, destruyó un complejo para la producción de cocaína, donde incautó 757 kilos del alcaloide e incautó 2.186 galones de insumos químicos líquidos y 1.872 kilos de sólidos. El complejo, que tenía capacidad para procesar dos toneladas de cocaína mensuales, pertenecía al grupo armado Estructura Comandos de Frontera. Con este resultado se afectaron rentas criminales por 9 millones de dólares y se evitó la comercialización de 1,8 millones de dosis”.

Los Comandos de Frontera forman parte de la coalición de disidencias de las Farc denominada Coordinadora Bolivariana Ejército Nacional, que en noviembre pasado se separó de la Segunda Marquetalia. Actualmente, este grupo armado participa en una mesa de conversaciones de paz con el Gobierno nacional.

El operativo en Pasto se inscribe en una tendencia de intensificación de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Solo en lo que va de 2025, la Policía Nacional ha desmantelado 2.506 laboratorios de droga, en respuesta al incremento de la actividad del narcotráfico transnacional.

Policía de Manizales incauta 599 kilos de marihuana en operativo vial

La Policía Metropolitana de Manizales incautó 599 kilos de marihuana en la vía que conecta Manizales con Dosquebradas, tras interceptar una camioneta Hyundai Santa Fe conducida por un hombre de 25 años.

El vehículo, reportado como robado días antes en Cali, transportaba la droga desde el departamento del Cauca hacia el centro del país, según informó la institución.

El cargamento, valorado en 600 millones de pesos, pretendía eludir los controles policiales mediante rutas alternas. De acuerdo con la Policía, la incautación representa la salida de circulación de más de 500.000 dosis de marihuana, lo que constituye un golpe a las economías criminales y refuerza la protección de la salud pública.

El conductor, identificado como “Kevin”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presenta antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó: “La incautación de esta media tonelada de marihuana no solo constituye un golpe contundente contra las estructuras y economías criminales, sino que reafirma nuestro compromiso inquebrantable con la protección de la vida, la salud y la tranquilidad de miles de ciudadanos”.

Según datos de la Policía, en lo que va del año se han capturado 1.878 personas en Manizales, de las cuales 816 por tráfico de estupefacientes, y se han incautado más de 2 toneladas de marihuana en coordinación con las autoridades de Risaralda.

Una reciente decisión judicial en Colombia ha ordenado la devolución de 21 bienes, valorados en una suma millonaria, a la familia del conocido narcotraficante Horacio Triana Romero.

Entre los beneficiarios de este fallo se encuentra el congresista Eduar Alexis Triana Rincón, lo que ha generado un intenso debate sobre la gestión de los bienes incautados y la actuación de las autoridades en procesos de extinción de dominio.

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La medida, que involucra propiedades, empresas y vehículos de alto valor, representa un giro relevante en uno de los casos más emblemáticos de lucha contra el narcotráfico en el país, según información obtenida por El Tiempo.

El fallo, emitido por la juez 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Claudia Luisa Velandia, establece que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debe reintegrar a la familia Triana un conjunto de activos que incluye dos empresas, haciendas, apartamentos en Bogotá y Boyacá, camionetas de alta gama, camiones, motocicletas, más de trescientas cabezas de ganado y una cuenta bancaria. Entre las compañías que serán devueltas figuran Mercallanos Supermercados Ltda y Emagacons S.A., esta última con sede en Bogotá y gerenciada por uno de los hijos de Triana.

Además, la lista de bienes abarca inmuebles ubicados en Chiquinquirá, Maripí y Otanche (Boyacá), así como un apartamento en el sector de La Castellana, en el norte de la capital.

Horacio Triana Romero, identificado como un poderoso narcoesmeraldero, cumple actualmente una condena de 14 años en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración, con fecha de finalización prevista para el 23 de febrero de 2029, de acuerdo con el Buró de Prisiones de ese país.

Triana fue extraditado en enero de 2019 tras su captura en Colombia en 2016, y no recibió reducción alguna en su sentencia. Siete miembros de su familia, incluido el congresista Eduar Alexis Triana Rincón, resultaron favorecidos por la reciente decisión judicial, que les permitirá recuperar los bienes incautados en 2020.

El paquete de activos que será restituido incluye una hacienda de 256 hectáreas, equivalente a una vereda completa, y varios vehículos de marcas reconocidas como Toyota y Chevrolet. En su momento, la suma total de los bienes incautados al clan Triana, junto con los del grupo de ‘Pedro Orejas’, también extraditado, se estimó en cerca de COP 1.5 billones, según datos recopilados por el medio mencionado.

El proceso judicial que condujo a esta devolución se remonta a la incautación de los bienes en 2020, cuando la Fiscalía 43 de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio impuso embargos y secuestros sobre las propiedades.

En julio de 2023, tras una solicitud de los abogados de Yerson Istiben Triana y otros familiares, se ordenó un control de legalidad sobre las medidas cautelares.

La juez Dora Cecilia Urrea Ortiz, encargada del caso de extinción de dominio, determinó que la Fiscalía había superado ampliamente el plazo legal para archivar el proceso o presentar la demanda correspondiente.

En palabras de la magistrada, “la Fiscalía ha excedido ampliamente el término legal, art. 89, pues han transcurrido más de treinta (30) meses, es decir, más de dos (2) años y medio, sin cumplir con la carga procesal de archivar el proceso o presentar la demanda de extinción de dominio”, según consta en documentos revisados por el medio mencionado

La SAE, responsable de la administración de los bienes incautados, recibió la orden de proceder con la entrega de los activos a la familia Triana.

Aunque la investigación sobre el origen de los bienes continúa y persiste la suspensión del poder de disposición, lo que impide su venta, la decisión judicial establece un plazo perentorio para la devolución.

El fallo de tutela, emitido el 20 de agosto, instruye a la SAE a expedir el acto administrativo de entrega en un término improrrogable de quince días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto por el juzgado de extinción de dominio en las fechas señaladas.

Mientras Horacio Triana Romero permanece privado de la libertad en Estados Unidos, la resolución judicial en Colombia ha reavivado el debate sobre la eficacia de los procesos de extinción de dominio y la capacidad de las instituciones para gestionar los bienes vinculados al narcotráfico.

La actuación de la Fiscalía y la SAE, así como las demoras procesales, han sido objeto de cuestionamientos en el marco de este caso, que sigue bajo la atención de la opinión pública y de las autoridades.

En cumplimiento de la decisión judicial, la SAE deberá formalizar la entrega de los bienes a la familia Triana en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la notificación, dando así curso a la orden emitida por el juzgado de extinción de dominio en julio de 2023.

La reaparición pública de Juan Fernando Álvarez Meyendorff, excapo del narcotráfico vallecaucano, ha generado conmoción en el ámbito judicial colombiano tras una declaración juramentada en la que acusa a la Fiscalía General de la Nación de presunto lavado de activos y corrupción en la administración de bienes incautados a su organización.

La denuncia, conocida por la revista Cambio, cuestiona la gestión de los bienes decomisados al denominado ‘Clan Álvarez Meyendorff’ y señala a funcionarios y testigos clave del proceso.

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En su testimonio, Álvarez Meyendorff sostiene que, pese a haber colaborado con las autoridades estadounidenses y colombianas al entregar información detallada sobre los integrantes y activos de su red criminal, la Fiscalía no actuó contra uno de sus principales testaferros, Juan Carlos Chalela Botero.

Según el excapo, Chalela, que fue su empleado entre 2007 y 2010, no solo evitó someterse a la justicia, sino que actualmente figura como testigo principal en su contra, con el respaldo total de la Fiscalía. Álvarez afirma que el testimonio de Chalela fue “pagado con el mismo dinero que se entregó a los Estados Unidos, con los mismos bienes”, y acusa a la entidad de no haber extinguido propiedades que, asegura, siguen en manos de allegados a Chalela.

La denuncia de Álvarez Meyendorff se produce poco después de que la Fiscalía 12 de Extinción de Dominio, bajo la dirección del fiscal Ariel Alape, ratificó la procedencia de la extinción de dominio sobre 20 inmuebles y seis negocios vinculados a su familia. En la misma resolución, Alape compulsó copias para investigar a varios familiares del excapo, entre ellos su exesposa Luz Marina Duque, sus hermanos Libardo e Ignacio Álvarez, y sus sobrinos Sebastián y Mauricio Álvarez Sarria, por posible lavado de activos.

Ignacio Álvarez, hermano mayor de Juan Fernando, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, mientras que los sobrinos recibieron sentencias en Argentina por lavado de activos.

El historial criminal de Álvarez Meyendorff y su entorno familiar es extenso. El excapo, de 55 años, lideró la organización ‘Mechas’ y fue considerado el ‘rey de los narcosubmarinos’ tras coordinar el envío de 68 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tras entregarse a las autoridades estadounidenses en 2013, cumplió una condena de siete años y tres meses de prisión y pactó una multa de 20 millones de dólares con la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Su familia, radicada en Argentina, también enfrentó condenas por lavado de activos en 2020, según el Tribunal de La Plata. La organización, con raíces en el Valle del Cauca, mantuvo vínculos con figuras como Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho, y otros capos del narcotráfico y el paramilitarismo.

La operación de extinción de dominio sobre los bienes del ‘Clan Álvarez Meyendorff’ fue anunciada en 2013 por la Fiscalía de Eduardo Montealegre como “el mayor golpe en la historia de la institución”, con la afectación de 200 bienes y negocios valorados en 700 millones de dólares.

El proceso se inició tras la captura de ‘Don Lucho’ en Argentina y la posterior detención de Ignacio Álvarez, lo que llevó a la Fiscalía colombiana a perseguir los activos del clan. Álvarez Meyendorff asegura que entregó a las autoridades un inventario completo de los bienes y miembros de su organización, pero denuncia que la Fiscalía permitió que algunos activos permanecieran en manos de terceros, quienes, según él, han sido protegidos por funcionarios judiciales.

El papel de Juan Carlos Chalela Botero como testigo ha sido central en el proceso. Álvarez Meyendorff sostiene que Chalela, lejos de ser un simple ganadero como declaró ante la Fiscalía en 2013, estuvo involucrado en actividades criminales y fue protegido por él tras amenazas de muerte.

El excapo alega que Chalela negoció con el exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, que habría facilitado la permanencia de bienes en manos de Chalela y su entorno a cambio de pagos y favores. Álvarez afirma que “el doctor Aldana les dio todo este blindaje para él poder, pensando que podía sacarnos dinero extorsionándonos porque, pues a eso fue fiscal Aldana a los Estados Unidos, vino acá a eso, a cobrarnos unas cuotas para liberar algunos bienes”.

Rodrigo Aldana Larrazábal, que llevó el caso de extinción de dominio del clan desde sus inicios, fue condenado en 2017 por la Corte Suprema de Justicia por corrupción relacionada con este proceso, aunque ya cumplió su pena. El fallo judicial determinó que Aldana perdió competencias para casos de extinción de dominio en 2014, pero se mantuvo vinculado al expediente de los Meyendorff.

Consultado por la revista Cambio sobre las acusaciones de Álvarez Meyendorff, Aldana negó rotundamente los señalamientos y anunció que evalúa acciones legales contra el excapo.

En su declaración, Álvarez Meyendorff también involucra al fiscal Uriel Acero, con quien asegura haber sostenido una videollamada en 2022 para exponer las supuestas irregularidades.

Según el excapo, la única respuesta que recibió fue una breve confirmación, tras la cual no obtuvo más comunicación. Álvarez sostiene que la Fiscalía “es más corrupta que los mismos hampones (…) lavan dinero, cobran cuota”, y acusa a los fiscales que han intervenido en su caso de actuar fuera de la legalidad.

El proceso judicial sobre los bienes del clan se abrió en 2012 y permaneció estancado durante 11 años, reactivándose en 2023 con la notificación a los implicados y la apertura de la fase probatoria en 2024.

La defensa de la familia Álvarez Meyendorff ha señalado múltiples irregularidades en el procedimiento, mientras que otro caso relacionado con los bienes del clan, iniciado en 2013, sigue sin resolución. En 2021, la Corte Suprema de Justicia instó a la Fiscalía a resolver la situación en un plazo de 12 meses, destacando la incertidumbre de decenas de personas con bienes embargados por presuntos vínculos con la organización.

Las declaraciones juramentadas de Álvarez Meyendorff, recogidas por Cambio, incluyen afirmaciones como: “La Fiscalía está lavando dinero. Está cometiendo lavado de dinero, está lavando dinero”. El excapo sostiene que, pese a haber confesado ante las autoridades estadounidenses el origen ilícito de los bienes y la forma en que se lavó el dinero, la Fiscalía permitió que estos activos se vendieran para pagar testimonios en su contra. Además, asegura haber enviado comunicaciones a la entidad en 2013 y 2017 sin recibir respuesta.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, consultada por Cambio, indicó que el caso se encuentra en revisión por parte de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que tomará las decisiones pertinentes una vez concluya la verificación de los elementos probatorios.

La prórroga de la inmunidad penal para Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “narco-chofer”, marca un nuevo capítulo en las investigaciones judiciales que involucran a redes de corrupción y narcotráfico en Colombia.

La decisión, adoptada por una juez de Control de Garantías de Popayán, extiende por un año el principio de oportunidad que protege a Castañeda de ser procesado penalmente mientras colabora con la justicia.

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Este beneficio judicial, solicitado por la Fiscalía, responde a la necesidad de contar con la cooperación de Castañeda en el desarrollo de varias investigaciones en curso, según el medio Caracol Radio.

Según la juez encargada del caso, la Fiscalía presentó elementos probatorios que justifican la extensión de la inmunidad, al demostrar la importancia de la colaboración del procesado para avanzar en los procesos judiciales pendientes.

La magistrada subrayó que “la Fiscalía logró presentar probatorios que logren soportar esa necesidad, ese test de ponderación y la necesidad de la aplicación de ese principio de oportunidad en favor del señor Manuel Antonio Castañeda”.

Durante el próximo año, Castañeda mantendrá inmunidad penal frente a los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, fuga de presos y peculado por uso, de acuerdo con el medio citado.

Además, su testimonio resulta clave en un eventual juicio contra al menos 21 personas implicadas en otros casos de corrupción, lo que refuerza el interés de la Fiscalía en asegurar su colaboración.

El historial de Castañeda lo sitúa en el centro de varios episodios de alto impacto. En 2022, la Policía lo sorprendió en una carretera de Totoró, Cauca, transportando 168 kilos de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), vehículo que en ese momento estaba asignado a Ronald Rodríguez, entonces subdirector de la entidad.

Además, Castañeda participó en la fuga del abatido narcotraficante Juan Lárrison Estupiñán, alias Matamba. La Fiscalía sostiene que la colaboración del “narco-chofer” ha sido efectiva y valiosa para desarticular estructuras criminales.

La fiscal del caso argumentó ante la juez que “esa inmunidad se compensa también con esos beneficios que representa para el Estado poder responder ante la expectativa de la sociedad, a esa temática que orienta sacar del tránsito criminal a todas aquellas estructuras delincuenciales y organizadas”.

Añadió que el delito en cuestión tuvo “alto impacto, no solamente en los medios de comunicación porque nosotros trabajamos es para la justicia, para la recta impartición de justicia, pero es importante que se prorrogue este principio de oportunidad que inicialmente fue atendido por un juez constitucional y digamos que, por factores exógenos a nuestra voluntad no se ha podido culminar las etapas de juicio, se lee en el informe del medio ya mencionado.

Pero, efectivamente, no ha sido por dilaciones o mañas de la administración de justicia, simplemente que ha habido contratiempos con respecto a que él pueda proporcionar sobre todo en juicio su testimonio tan importante”.

Entre los obstáculos que han retrasado los procesos judiciales figura el caso del sindicalista de la UNP Wilson Devia, acusado de presuntamente alquilar esquemas de seguridad al “narco-chofer”.

Este proceso quedó estancado debido a deficiencias en la investigación liderada por la exfiscal Angélica Monsalve.

En enero del 2025, el juez encargado devolvió el escrito de acusación porque la Fiscalía no logró esclarecer los hechos, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de que Castañeda declare como testigo en ese expediente.

El testimonio de Castañeda también es esperado en otros procesos de relevancia, como el que involucra a John Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, al excapitán del Gaula Bogotá Luis Eduardo Duque Casas y al exparamilitar Édgar Munévar Castillo, alias El Caballista, señalados como coordinadores de la fuga de “Matamba” de la cárcel La Picota.

Además, el exsubdirector de la UNP Ronald Rodríguez enfrenta investigaciones por el presunto uso de vehículos blindados para transportar cocaína y trasladar a artistas de música popular y vallenata.

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá emitió el 28 de agosto de 2025 una sentencia que ordena al presidente de la República Gustavo Petro rectificar, en un plazo de 48 horas, las afirmaciones en las que vinculó al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño con el narcotráfico y otras acusaciones de gravedad.

El origen de esta resolución se encuentra en la acción de tutela presentada el 14 de agosto de 2025 por Mario Andrés Burgos Patiño, que se desempeña como fiscal delegado ante el tribunal y está adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales. En su recurso, el fiscal alegó que el presidente vulneró sus derechos fundamentales al difundir información falsa a través de medios masivos y redes sociales.

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Burgos detalló que Petro lo calificó de “fiscal subordinado de la mafia”, “narcofiscal” y lo asoció a la “junta del narcotráfico”, además de acusarlo de favorecer judicialmente a personas vinculadas con el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El fallo judicial sostiene que las declaraciones del presidente afectaron el buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad humana de Burgos. Subraya que no existe sentencia ni investigación formal que relacione al fiscal con organizaciones criminales, por lo que la retractación debe ser expresa y pública. “El presidente debe rectificar sus declaraciones en un término perentorio e improrrogable”, establece el documento judicial.

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa, en sus redes sociales, interpretó la decisión como una prueba de la campaña de desprestigio que, según él, se orquestó desde la Presidencia contra su gestión y los funcionarios que investigaron asuntos incómodos para el Gobierno.

En su reacción, Barbosa afirmó que el dictamen judicial representa “la confirmación de la cobarde campaña de desprestigio que desde su puesto de Presidente inició contra mi administración y contra los valientes funcionarios que investigaron los temas que lo incomodaban”. De este modo, el exfiscal vinculó el fallo con una estrategia sistemática de ataques desde el Ejecutivo hacia la Fiscalía y su equipo.

A propósito, sostuvo que durante su periodo al frente del ente acusador nunca cedieron ante las presiones del gobernante de los colombianos. Según sus palabras, “nunca nos quisimos plegar a Petro. Con compromiso defendimos a la Fiscalía y a la institucionalidad frente a un presidente que atacó a la justicia y a mi administración sin piedad. Sabíamos que el precio sería la difamación permanente, pero decidimos poner por delante nuestro deber con la Rama Judicial y con Colombia”.

El exfiscal general también destacó el resultado favorable para Burgos en los tribunales, asegurando que este desenlace prueba cuáles son sus capacidades como experto en leyes. De esta manera, Barbosa celebró el respaldo judicial a su excolega, subrayando la importancia de la resolución en el contexto de las tensiones entre la Fiscalía y la Presidencia.

“Al doctor Mario Burgos mi reconocimiento por este nuevo triunfo jurídico, con el que se reivindica su honra. Una vez más demuestra sus calidades como jurista, las mismas con las que sacó adelante casos de trascendencia nacional”.

Las críticas de Barbosa contra Petro por su posición sobre el conflicto en Medio Oriente

Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia nominado por el expresidente Iván Duque, criticó la postura del presidente Petro en contra de Israel. A su juicio, el mandatario debería estar enfocado en los problemas internos del país y no en el conflicto que persiste en Medio Oriente.

“A mí no me interesa lo que esté pasando en otros lugares del mundo. Me interesa lo que está pasando en el Catatumbo, en Chocó”, sostuvo entrevista con Publimetro.

De igual manera, recordó cuando Petro cuestionó al expresidente Iván Duque por hablar sobre la guerra en Ucrania. “Gustavo Petro criticó duramente a su antecesor, Iván Duque, por referirse a Ucrania en momentos en los que Colombia estaba atravesando dificultades”.

El precandidato presidencial David Luna optó por este símbolo para enfatizar sus denuncias sobre la influencia del narcotráfico y la injerencia venezolana en Colombia.

Luna, conocido por su uso de elementos visuales y simbólicos en la comunicación política, sostuvo que el Cartel de los Soles no solo es real, sino que ha extendido su alcance a territorio colombiano, lo que, en su opinión, explica el interés de Estados Unidos en la zona fronteriza.

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Durante su intervención ante empresarios del sector minero, el precandidato presidencial afirmó que el Gobierno de Estados Unidos está cerca de lograr la detención de un mandatario venezolano al que calificó de ilegítimo y responsable de fraude electoral.

David Luna expresó que “yo estoy absolutamente convencido que los americanos no desplazan una flota de buques o un grupo de marines, simplemente para medio asustar. Tienen absolutamente claro, uno, que el Cartel de los Soles sí existe; dos, que han penetrado a Colombia y por eso su interés en la zona binacional, y tres, tienen absolutamente claro que están rompiendo su economía; a esto hay que creerle”.

En su análisis, el exsenador advirtió sobre el riesgo de que un millón de votos provenientes del narcotráfico puedan definir la elección presidencial en Colombia, especialmente si se suman en una eventual segunda vuelta.

Esta preocupación se desarrolla en su visión de que la complicidad de Nicolás Maduro ha facilitado la existencia de sesenta mil hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, lo que, según Luna, responde a intereses compartidos entre actores del narcotráfico y el régimen venezolano.

En diálogo con Semana, Luna explicó que su estrategia de comunicación política se apoya en la creación de simbolismos, como vallas y disfraces, para transmitir mensajes directos sobre los desafíos que enfrenta el país. En este contexto, el cartel de Maduro se convierte en un emblema de su denuncia sobre la influencia extranjera y la necesidad de recuperar la soberanía nacional.

Al abordar sus propuestas de gobierno, David Luna señaló que su prioridad será recuperar el control territorial y fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Según su diagnóstico, “la incorporación de la Policía y el Ejército viene bajando, porque los instrumentalizaron”, lo que, a su juicio, ha debilitado la respuesta estatal frente a la criminalidad.

Luna se distanció de las posturas más radicales de otros precandidatos, afirmando que no es partidario de “dar balín” como solución a los problemas de seguridad.

En el plano electoral, el precandidato reveló que ya ha recolectado 500.000 firmas de las 700.000 necesarias para formalizar su candidatura con respaldo popular.

En sus palabras, “Yo me llamo David Luna y quiero ser quien soy, no Bukele ni ningún otro, y necesitamos vacaciones de Petro”, subrayando su intención de diferenciarse de otros referentes políticos y de ofrecer una alternativa propia en la contienda presidencial del próximo año.

Exsenador Luna acusa a Petro de favorecer a narcos con reforma penitenciaria

El exsenador David Luna presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra un artículo de la Ley 2466 de 2025, promulgada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que introduce un beneficio para narcotraficantes y otros criminales de alto impacto.

Luna denunció que el artículo 19 de la reforma modifica el sistema de redención de penas en Colombia, permitiendo que por cada tres días de trabajo en prisión, se descuenten dos días de condena, en lugar de la proporción anterior, que era de un día de rebaja por cada dos días trabajados.

El exsenador sostuvo que este cambio implica que un recluso que trabaje durante un año podrá reducir ocho meses de su pena, cuando antes solo podía descontar seis meses.

El precandidato presidencial afirmó que esta modificación se aprobó “sin ningún tipo de discusión” y la vinculó con el llamado Pacto de La Picota, señalando que “ese mico es la demostración de que el Pacto de La Picota sí existió. Petro beneficiando a narcos, a corruptos y a terroristas”.

Luna, quien aspira a la presidencia para el periodo 2026-2030, solicitó a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el artículo en cuestión y advirtió: “Acá no podemos seguir tolerando y permitiendo que los delincuentes hagan las leyes”.

El directivo subrayó que la prioridad para el sector empresarial radica en que el Catatumbo cuente con una presencia militar robusta, ya que esto representa un avance en el control territorial por parte del Estado colombiano.

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Durante su intervención, Mac Máster enfatizó que la solicitud de presencia militar en el Catatumbo ha sido una demanda constante de la organización que lidera.

“La verdadera razón para tener en este momento presencia militar en el Catatumbo es justamente aumentar el control del territorio por parte del Estado colombiano, que es lo que realmente nos importa a nosotros”, expresó el líder gremial.

Esta declaración pone de manifiesto la preocupación del sector privado por la seguridad y la gobernabilidad en una región marcada por la violencia y la actividad de grupos armados.

El presidente de la Andi también se refirió a la zona binacional, señalando que el diálogo con Venezuela no constituye una prioridad para el gremio empresarial.

Según sus declaraciones, “en realidad, la conversación con Venezuela para nosotros es una conversación verdaderamente ajena”.

Además, expresó su desacuerdo con la propuesta de establecer una zona binacional en la frontera, indicando que varios miembros de la organización no comparten esa iniciativa.

En cuanto al destino de los recursos estatales, Mac Máster fue enfático al afirmar que la expectativa es que estos se orienten a las necesidades más urgentes del país. “Nosotros esperamos que los recursos que se pongan del Estado colombiano tengan que ver con lo que necesitamos en este momento, que es reducir la violencia, que es darle seguridad a los ciudadanos colombianos, que es controlar el narcotráfico y controlar el territorio colombiano”, concluyó el dirigente.

Petro pide militarización de la frontera venezolana en Catatumbo

La región del Catatumbo, históricamente marcada por la presencia de cultivos ilícitos, contrabando y violencia armada, se encuentra en el centro de una estrategia conjunta sin precedentes entre Colombia y Venezuela.

El presidente Gustavo Petro solicitó formalmente al régimen de Nicolás Maduro la militarización de la frontera venezolana en el Catatumbo, con el objetivo de debilitar al máximo la capacidad operativa de las mafias que operan en la zona.

Esta petición se suma al despliegue de 25.000 soldados colombianos en el lado nacional, cifra que, junto a los 15.000 efectivos venezolanos ya presentes, representa un esfuerzo coordinado de magnitud inédita en la historia fronteriza.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario colombiano expresó: “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He solicitado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”. Con estas palabras, Petro subrayó que la clave para enfrentar el crimen organizado no reside en la mera ocupación territorial, sino en la articulación efectiva entre ambos Estados.

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano surgió como respuesta a un informe citado por medios internacionales, en el que el exoficial de la CIA, Larry Johnson, calificó de “disparate” las acusaciones que responsabilizan a Venezuela del narcotráfico en la región.

Johnson argumentó que los intereses de Estados Unidos en el área están vinculados al control de los recursos energéticos venezolanos y a la intención de contrarrestar la influencia de China y Rusia.

Además, el exfuncionario recordó que Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico, en reacción a la presencia militar estadounidense en el Caribe, que incluye buques de guerra.

En este contexto, Petro insistió en que la verdadera capacidad para enfrentar las economías ilegales y los grupos criminales transnacionales radica en la cooperación directa entre Colombia y Venezuela, y no en intervenciones externas.

El Gobierno del Cambio remarcó que la coordinación binacional constituye la vía más eficaz para restablecer la seguridad y el bienestar en el Catatumbo, una región donde las comunidades han sufrido históricamente los efectos del conflicto armado, la ausencia de inversión social y la presión constante de actores ilegales.

La solicitud de Petro se inscribe en el marco de la política de paz total, orientada a atacar de manera integral las cadenas del narcotráfico y del crimen organizado. Según el gobierno colombiano, sólo mediante la cooperación entre Estados vecinos es posible garantizar una estrategia sostenible de seguridad y desarrollo en la frontera.

La presencia simultánea de 25.000 soldados colombianos y 15.000 venezolanos representa un despliegue sin precedentes, que busca devolver la tranquilidad a una de las zonas más complejas y disputadas de la región.

Un juez de Bogotá ordenó al presidente de Colombia Gustavo Petro retractarse públicamente, en un plazo de 48 horas, por una serie de declaraciones en las que vinculó al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño con el narcotráfico y otras acusaciones graves.

La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por el propio fiscal, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales tras las afirmaciones del mandatario.

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La sentencia, emitida el 28 de agosto de 2025 por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, establece que el presidente debe rectificar sus declaraciones en un término perentorio e improrrogable.

El fallo señala que las afirmaciones de Petro afectaron el buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad humana de Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal delegado ante el tribunal y adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales.

La acción de tutela fue presentada el 14 de agosto de 2025 por Burgos, quien sostuvo que el presidente vulneró sus derechos fundamentales al difundir información falsa a través de medios masivos y redes sociales.

En su escrito, el fiscal argumentó que Petro lo calificó de “fiscal subordinado de la mafia”, “narcofiscal” y lo vinculó a la “junta del narcotráfico”, además de acusarlo de favorecer judicialmente a personas relacionadas con el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Burgos solicitó que el presidente se retractara expresamente, indicando que no le consta de manera directa ni existe pronunciamiento judicial o investigación formal que lo relacione con organizaciones criminales.

Las declaraciones de Gustavo Petro que motivaron la tutela se produjeron en diferentes momentos y plataformas.

El presidente realizó afirmaciones sobre el fiscal Burgos en una declaración televisada el 4 de febrero de 2025, donde sostuvo que el funcionario había excluido de la investigación del asesinato de Marcelo Pecci al sindicado Sebastián Marset y que pertenecía a una banda del narcotráfico. Además, Petro reiteró sus señalamientos en la red social X en varias fechas: 13 de febrero, 3 de junio a las 8:12, 23 de julio, 1 y 4 de agosto de 2025.

En estas publicaciones, el mandatario acusó a Burgos de ser parte de la mafia del narcotráfico, de haber manipulado la investigación del caso Pecci y de violar la Constitución, así como de ejercer tortura psicológica sobre su hijo, Nicolás Petro, quien fue investigado y llevado a juicio por el propio fiscal.

La sentencia detalla de manera precisa cómo debe realizarse la retractación. El presidente Petro deberá rectificar sus declaraciones una vez en una reunión televisada del Consejo de Ministros, refiriéndose específicamente a lo dicho el 4 de febrero de 2025.

Asimismo, tendrá que retractarse una vez en la red social X, corrigiendo las afirmaciones realizadas en las fechas mencionadas. En ambos casos, la rectificación debe dejar claro que no existe sentencia ni investigación formal que relacione a Burgos con la “junta del narcotráfico” o cualquier grupo de delincuencia organizada.

El trasfondo de este conflicto institucional se remonta a la investigación y juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente, proceso que estuvo a cargo de Mario Burgos.

Las tensiones aumentaron cuando el mandatario vinculó públicamente al fiscal con el narcotráfico y lo acusó de excluir a Sebastián Marset, señalado en la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Petro también denunció supuestas violaciones a la Constitución y tortura psicológica contra su hijo durante el proceso judicial.

El juzgado advirtió que, si el presidente no cumple con la orden en el plazo establecido y sin dilaciones injustificadas, podría incurrir en responsabilidades legales conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 2591 de 1991.

La sentencia enfatiza que no existe condena alguna contra el fiscal Burgos, por lo que la retractación debe realizarse de manera inmediata y en los términos fijados por la autoridad judicial.

El político acusó a Gustavo Petro de haberse reunido en varias ocasiones con líderes paramilitares y narcotraficantes, así como de haber recibido supuestos pagos ilícitos.

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Uribe sostuvo que Petro mantuvo encuentros con figuras como Carlos Castaño y don Berna, y que habría omitido denunciar delitos graves, lo que ha reavivado el debate sobre los vínculos entre la política y el crimen organizado en Colombia.

“Una de las reuniones se realizó entre el 8 y el 19 de julio de 2000, tiempo durante el cual Carlos Castaño mantuvo secuestrado, con intención de asesinarlo, a Carlos Alfonso Lucio, que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro, de quien comenta que nada hizo para salvarle la vida ni denunció el secuestro, del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre los captores”, relató Uribe.

Uribe presentó un resumen de sus señalamientos, afirmando que Petro sostuvo reuniones con Carlos Castaño, líder paramilitar, en las que, según el exmandatario, el entonces senador buscaba protección, criticaba a otros miembros de la izquierda y señalaba a algunos de sus propios colegas.

De acuerdo con el relato, Lucio supo del encuentro y aseguró que Petro, pese a conocer el secuestro antes que las autoridades, no tomó ninguna acción para salvarle la vida ni denunció el hecho.

Uribe subrayó que Petro solo mencionó públicamente esta reunión cuatro años después, durante la presentación de un libro.

En otro episodio, Uribe relató que el 14 de julio de 2001, Petro se reunió nuevamente con Castaño y con don Berna.

En esa ocasión, según el exsenador, Petro solicitó protección para una persona y discutió temas relacionados con tierras.

Uribe añadió que en la reunión estuvo presente una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, lo que, a su juicio, otorga mayor gravedad a los hechos.

El exmandatario también se refirió a una visita de Petro a Castaño a finales de 2002 o principios de 2003, en el campamento veintiuno, la cual, según Uribe, se realizó sin cumplir los requisitos legales.

Castaño habría informado de este encuentro a los asesores de Luis Carlos Restrepo, quien en ese momento ejercía como comisionado de Paz. Uribe afirmó que recibió esta información recientemente de parte de dichos asesores.

“En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003, en el campamento veintiuno, violando los requisitos legales. Castaño comunicó a asesores del doctor Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de Paz, quienes me han informado recientemente”,

En sus declaraciones, Uribe señaló que Petro no ha rectificado la denuncia hecha por Salvatore Mancuso, a quien le habría ofrecido asilo político en Venezuela.

Además, el exsenador pidió explicaciones sobre la posible recepción de dinero por parte de Petro proveniente de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los principales capos del narcotráfico en Colombia.

Uribe aseguró que, según información reciente, un allegado de Rodríguez Orejuela afirmó que se entregó un millón de dólares a Petro, y que este dinero se canalizó a través de intermediarios y correspondencia, utilizando el canal diplomático de Venezuela.

Uribe sugirió que la justicia debería interrogar directamente a Rodríguez Orejuela sobre estos hechos.

A estas acusaciones se suman las declaraciones de José Fernando Ospina Montoya, conocido como alias Gordo Lamba, quien admitió haber delinquido junto a Pablo Escobar.

En un audio difundido en un portal digital, Ospina Montoya afirmó que Petro se reunía con Escobar y que habría recibido un millón de dólares para atacar el Palacio de Justicia.

Uribe recordó que, mientras Escobar supuestamente financiaba acciones violentas contra la Corte Suprema, también habría ordenado atentados en su contra por las restricciones que él impuso al narcotráfico, como la prohibición del acceso nocturno al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

En un operativo desarrollado en la vereda Lomitas Abajo, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), miembros del Ejército Nacional y la Policía lograron interceptar una camioneta que, tras ser revisada, se halló transportando 1.200 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, en el vehículo viajaban dos individuos presuntamente vinculados con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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Así fue la operación

La intervención culminó con la detención de ambos sujetos, que quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y cohecho. Tanto el cargamento como la camioneta utilizada para el transporte ilícito fueron incautados por las autoridades. Además, los uniformados estimaron que el perjuicio económico ocasionado a la organización criminal por la confiscación de esta droga supera los 6.450 millones de pesos, un golpe financiero de consideración para las disidencias involucradas en el narcotráfico regional.

Las investigaciones buscan determinar el alcance de la red y establecer conexiones con otras células regionales e internacionales, en un escenario donde la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se mantiene como prioridad dentro de la agenda de seguridad nacional. Según destacan los analistas de seguridad consultados por diferentes medios nacionales, la estructura Jaime Martínez se consolidó en los últimos años como uno de los principales enlaces para la exportación de cocaína, aprovechando corredores estratégicos y alianzas logísticas con emisarios en otros países.

El incremento de los operativos contra las disidencias de las Farc, y en particular contra la estructura Jaime Martínez, es parte de los esfuerzos articulados de la Fuerza Pública para contener la expansión del narcotráfico y desarticular las redes logísticas que permiten la salida de grandes volúmenes de cocaína desde el suroccidente del país. Las acciones emprendidas en Santander de Quilichao evidencian la capacidad de respuesta conjunta y la opción de impactar no solo a los responsables directos del transporte y almacenamiento, sino las fuentes de financiamiento de las estructuras armadas ilegales.

Otras operaciones

Cabe resaltar que en paralelo a esta operación, el pasado 26 de mayo de 2025, las autoridades informaron sobre la detención de dos sujetos en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Los capturados fueron identificados por el Ejército como Carlos Mauricio Arboleda Velasco, conocido como Gazella, y Wallinton Cundumí Ardila, alias Wallis. Ambas personas figuran, según los reportes, como integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, la misma facción implicada en el decomiso realizado en Cauca.

Hasta el momento, los dos detenidos en Santander de Quilichao permanecen bajo custodia judicial mientras avanzan los procesos penales y las labores de inteligencia para identificar al resto de la red. En Cali, las autoridades continúan las pesquisas para desmantelar los puntos de acopio restantes y capturar a otros miembros de la estructura Jaime Martínez, con el objetivo de debilitar su poder de acción en el narcotráfico a gran escala.

El Ejército detalló que dicha organización criminal mantenía la coordinación logística para el envío de aproximadamente una tonelada mensual de cocaína hacia naciones ubicadas tanto en el norte como en el sur del continente americano. Dentro de esta dinámica ilegal, los ahora detenidos cumplían funciones clave relacionadas con la administración y manejo de los centros de acopio de droga en la capital del Valle del Cauca, lo que facilitaba la posterior distribución internacional del estupefaciente.

Finalmente, la cooperación entre Ejército y Policía resulta clave en estas acciones, permitiendo la combinación de recursos, información y capacidades operativas para hacer frente a fenómenos complejos como el tráfico ilícito de drogas y la persistencia de las disidencias armadas en distintas regiones del país. Estos recientes golpes confirman una tendencia de ofensiva institucional y el compromiso de las autoridades en debilitar a los principales actores del narcotráfico en Colombia, priorizando la seguridad ciudadana y el control del territorio.

La revelación de que Yeferson Cossio, uno de los influencers más reconocidos de Colombia, residió en una mansión vinculada a la estructura criminal de la Oficina de Envigado ha puesto bajo la lupa el historial de este exclusivo inmueble, así como los mecanismos de administración de bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El contrato de arrendamiento, firmado entre junio de 2024 y el 30 de mayo de 2025, estableció un pago mensual de $22.700.000, cifra que la SAE confirmó como parte de un acuerdo cumplido en su totalidad, sin que Cossio haya sido investigado ni vinculado a proceso judicial alguno. La relación del influencer con la propiedad se limitó estrictamente a este contrato, según la entidad.

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El inmueble en cuestión corresponde a la casa número 34 del conjunto residencial Álamos del Escombrero, ubicado en el municipio de Envigado (Antioquia). El acuerdo fue suscrito el 1 de junio de 2024 entre Yeferson Cossio y Luis Mauricio Urquijo Tejada, director territorial occidente de la SAE. Como deudores solidarios figuran Cintia Daniela Cossio Castaño, hermana del influencer, y la empresa Grupo Cossio S.A.S..

La historia de la mansión, sin embargo, trasciende el ámbito del entretenimiento digital. Investigaciones de El Tiempo establecieron que la propiedad está ligada a un alto mando del narcotráfico, identificado como Edwar García Arboleda, alias Orión, que fuera jefe de la Oficina de Envigado.

Una resolución de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio de la Fiscalía señala que el bien pertenecía a allegados de alias Orión.

Este excapitán de la Policía Nacional, vinculado al exgeneral Mauricio Santoyo y mencionado en la Lista Clinton, fue hallado muerto en diciembre de 2016 dentro de un vehículo abandonado y sin placas en Envigado, presentando signos de estrangulamiento y tortura. Su apodo proviene de su participación en la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

El proceso de recuperación del predio tras la muerte de alias Orión involucró a su exesposa, Claudia Patricia Cardona, quien, según la Fiscalía, recurrió a Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, para recuperar la propiedad mediante métodos criminales.

El documento judicial detalla: "Conoce las relaciones que tenía su exesposo con los miembros de la Oficina de Envigado, y una vez este fallece, ella contacta a Sebastián Murillo Echeverry (Lindolfo) para que la ayude a recuperar con sus métodos criminales el bien, por lo que le paga una suma significativa de dinero en efectivo, le entregó una camioneta Toyota Prado y un apartamento ubicado en el Mirador de las Antillas (Envigado), el cual estaría a nombre de un menor de edad".

Alias Lindolfo, condenado a 18 años y 6 meses de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y destrucción de pruebas, utilizó como fachada su actividad empresarial en el sector del modelaje y la música.

No obstante, consolidó su propio grupo de sicarios dentro de la Oficina de Envigado, dedicándose al cobro de deudas mafiosas y forzando la entrega de escrituras de numerosos bienes en todo el país, especialmente en el bajo Cauca.

Posteriormente, estos activos eran vendidos y él recibía una comisión considerable. Un informe en poder del medio citado precisa: “Adquirió bienes producto de las actividades ilícitas relacionadas con los cobros de deudas de otras personas a cambio de no atentar contra su vida, asesinatos por encargo, entre otros delitos lucrativos para dicha organización”.

Actualmente, Lindolfo cumple su condena en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí y participa en la mesa de Paz de ese centro penitenciario. Su nombre volvió a aparecer en la agenda pública tras asistir al denominado ‘Tarimazo’ del presidente Gustavo Petro el 21 de junio en la Plaza de La Alpujarra, en Medellín.

A ese evento también acudieron otros reconocidos cabecillas como alias Vallejo, Douglas, Tom y Carlos Pesebre, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí, donde cumplen sus respectivas condenas, para participar en el acto junto al mandatario.

El Centro Democrático se pronunció este jueves sobre la decisión del senador Iván Cepeda de denunciar al expresidente Iván Duque por supuesta “apología al genocidio” tras su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en plena ofensiva israelí en Gaza.

La reacción del partido se publicó en X, pero fue eliminada minutos después. En su mensaje, el Centro Democrático señaló: “El senador Cepeda ahora amenaza con demandar al expresidente Duque por una supuesta apología al genocidio del pueblo palestino”.

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El partido cuestionó lo que considera una paradoja frente a los crímenes de la guerrilla en Colombia.

“Extraño que jamás demandó a la Farc por terrorismo en contra de los colombianos, por el secuestro y tortura de miles de ciudadanos, soldados y policías, por el reclutamiento de miles de niños, por la violación y ultraje a miles de mujeres, por las bombas y tomas terroristas a centenares de municipios del país, por el desplazamiento de miles de campesinos y agricultores, por la desaparición forzada de miles de ciudadanos y por el daño inmenso que ese grupo narcoterrorista le ha hecho a Colombia”.

El partido cerró con una reflexión: “Nos preguntamos en voz alta: conveniencia, afinidad ideológica, representación y apoyo político, o todas las anteriores?”

La reunión de Duque con Netanyahu también generó fuertes reacciones en la política colombiana. El precandidato Iván Cepeda calificó la visita como “una vergüenza para Colombia y para el mundo” y anunció la denuncia contra Duque, señalando que este habría minimizado la gravedad de la situación en Gaza al referirse a los hechos como un “efecto colateral de una guerra”.

Según el senador, “63.000 víctimas, en su gran mayoría niños y mujeres, personas en centros clínicos, periodistas y médicos, han sido alcanzados por misiles en acciones que buscan exterminar al pueblo palestino. Netanyahu es un genocida, un criminal de guerra”.

Cepeda recordó además que desde noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, responsabilizándolo junto a Yoav Gallant por actos como el uso del hambre como método de guerra, asesinatos, persecución y ataques intencionales contra la población civil.

El presidente Gustavo Petro también criticó la visita, escribiendo en redes: “Duque no tiene corazón. Importa nada que haya un genocidio, que mueran personas de hambre, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia”.

Desde Oriente Medio, Duque respondió a las críticas y acusó al gobierno de Petro de respaldar al grupo Hamás: “Tenemos un gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo”.

Con la publicación borrada del Centro Democrático, el partido buscó poner en perspectiva la denuncia de Cepeda y cuestionar la coherencia de sus acciones políticas frente a hechos de violencia nacional e internacional, aunque decidió eliminar el mensaje de sus redes sociales minutos después.

Jerónimo Uribe acusa a Cepeda y al gobierno por narcotráfico

En paralelo, Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó al senador Iván Cepeda y a miembros del actual gobierno por el auge del narcotráfico en Colombia y por supuestos vínculos con las Farc y otros actores cuestionados.

En su declaración, Uribe cuestionó la manera en que Cepeda se dirige a él y aludió a su presunta cercanía con líderes de la guerrilla, así como a su relación con Juan Guillermo Monsalve.

Además, aseguró que el presidente Gustavo Petro habría impulsado una campaña de violencia contra la oposición que, según sus palabras, derivó en un magnicidio y atacó a la justicia, calificada por él como “corrupta, narcotraficante y cobarde”.

A lo largo de su mensaje, Jerónimo Uribe enumeró hechos que, a su juicio, desmienten cualquier montaje en su contra. Mencionó que uno de los frentes de las Farc llevó el nombre del padre de Cepeda como estandarte y que mensajes de Tirofijo lo identificaban como enlace político.

También afirmó que los computadores de Raúl Reyes evidenciaban que Cepeda solicitó apoyo a la guerrilla para la organización de marchas, asegurando que “esos computadores no se cayeron ni se les borró la memoria”.

Uribe también vinculó a Cepeda con la fuga de Jesús Santrich y con encuentros en La Habana, denominados “El Pacto de la Picota”, atribuyéndole responsabilidad en la impunidad de altos mandos de la guerrilla y en el fortalecimiento de estructuras ilegales en Colombia.

Las tensiones políticas en Colombia se intensificaron tras un mensaje publicado por Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que dirigió duras acusaciones contra el senador Iván Cepeda.

En su declaración, Uribe responsabilizó a Cepeda y a figuras del actual gobierno de contribuir al auge del narcotráfico y de mantener vínculos con las Farc y otros actores cuestionados.

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El mensaje, difundido a través de redes sociales, comenzó con una referencia directa al senador Iván Cepeda, cuestionando la forma de dirigirse a él y aludiendo tanto a su supuesta cercanía con las Farc como a su relación con Juan Guillermo Monsalve.

El hijo menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que el presidente Gustavo Petro habría impulsado una campaña de violencia contra la oposición, la cual, según sus palabras, derivó en un magnicidio. Además, acusó a Petro de atacar a la justicia, calificándola de “corrupta, narcotraficante y cobarde”.

Uribe enumeró una serie de hechos que, a su juicio, desmienten cualquier montaje en su contra. Entre ellos, mencionó que uno de los frentes de las Farc llevó el nombre del padre de Cepeda como estandarte y que mensajes de Tirofijo recogidos por la prensa lo identificaban como enlace político.

También afirmó que en los computadores de Raúl Reyes, que describió como “intactos y debidamente extraídos”, se evidenciaba que Cepeda solicitó apoyo a las Farc para la organización de marchas, subrayando que “esos computadores no se cayeron ni se les borró la memoria”.

En su mensaje, Uribe acusó a Cepeda de respaldar a Nicolás Maduro, a quien señaló de ofrecer refugio a las disidencias de las Farc. Además, lo vinculó con la fuga de Jesús Santrich, asegurando que Cepeda estuvo presente el día en que Santrich evadió la justicia de Estados Unidos.

Uribe también hizo referencia a fotografías en las que Cepeda aparece junto a Iván Márquez, El Paisa y otros comandantes, describiendo la actitud de Cepeda como una “sonrisa de evidente afecto”.

El hijo del expresidente destacó el crecimiento de la producción neta de cocaína en Colombia, afirmando que “entre 2010 y 2025 la producción neta de cocaína se ha multiplicado por 12”. Atribuyó este fenómeno a los encuentros de Cepeda con las Farc en La Habana y a lo que denominó la impunidad promovida por Petro, Eduardo Montealegre y el propio Cepeda, refiriéndose a este proceso como “El Pacto de la Picota”.

Jerónimo Uribe instó a Cepeda a asumir su responsabilidad como uno de los “determinadores políticos de la explosión del narcotráfico en Colombia”. Rechazó que el senador se presente como víctima y recordó que fue Cepeda quien intentó vincularlos con paramilitares tras visitarlos en cárceles de Estados Unidos, citando el testimonio de Rodrigo Lara.

Finalmente, Uribe concluyó que lo que debería preocupar a Cepeda son “sus posibles crímenes en suelo americano y favorecimiento político al cártel de las Farc”.

Víctimas denuncian penalmente a Álvaro Uribe y sus hijos por calumnia y amenazas

La bancada de víctimas en el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía contra el exmandatario, sus hijos Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno, así como contra Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, y otros allegados, por los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

Esta acción surge en el contexto de la reciente condena en primera instancia a Uribe Vélez a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal.

El documento presentado por la bancada de víctimas sostiene que existe una campaña sistemática de persecución y difamación dirigida contra sus integrantes. Según la denuncia, esta ofensiva afecta tanto la integridad moral como los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los denunciantes.

El texto detalla que, junto a líderes, militantes y simpatizantes de Uribe Vélez y del Centro Democrático, se realizaron publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y campañas de descrédito en el extranjero. En estos espacios, se les atribuye de manera falsa la comisión de conductas delictivas.

Uno de los ejes de la denuncia se centra en los señalamientos dirigidos al senador Iván Cepeda, a quien se le ha calificado como “máximo jefe político de Farc”, “el Perfecto Camarada de las Farc” y “determinador político del narcotráfico”.

El comunicado enfatiza que estos calificativos buscan dañar la reputación de Cepeda y exponen su seguridad a un riesgo elevado.

La bancada de víctimas también vincula esta estrategia mediática con la actuación del abogado Diego Cadena, quien habría intentado relacionar de manera fraudulenta a Iván Cepeda Castro y a Miguel Ángel Del Río Malo con actividades de narcotráfico.

Además, se menciona una demanda presentada ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia, en la que se acusa falsamente a Cepeda Castro de “lavado de activos provenientes del narcotráfico”. En este proceso, el abogado Óscar Armando Díaz Campos habría sido suplantado.

La muerte de Nelson Alberto Rodríguez Morales en Kennedy, Bogotá, mientras se dirigía al velorio de su madre, añade un nuevo capítulo de violencia a una serie de homicidios y ataques recientes en la región central de Colombia.

Este suceso, en el que Rodríguez Morales recibió un disparo en la cabeza, ha despertado interrogantes sobre posibles vínculos entre tres hechos violentos, separados por 22 días y 172 kilómetros, que involucran antecedentes judiciales compartidos y patrones similares de ejecución.

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En el análisis de estos crímenes, las autoridades aún no han confirmado la conexión entre los asesinatos en Villavicencio, el municipio de El Colegio, en Cundinamarca (también conocido como Mesitas del Colegio) y la localidad de Kennedy, pero tampoco han descartado la relación entre los eventos.

Según información proporcionada por los órganos de investigación, los intervalos temporales, la corta distancia geográfica y el historial delictivo de todas las víctimas refuerzan la hipótesis de una posible escalada de retaliaciones entre organizaciones criminales de la zona.

¿Cómo serían las conexiones?

El primer suceso, que habría encendido las alarmas sobre una presunta guerra de bandas, se produjo el 29 de julio. Ese día, Norbey Olivares Rojas, conocido como alias el Diablo, perdió la vida tras un ataque perpetrado por tres hombres armados con fusiles, quienes llevaban prendas de la Policía Nacional mientras actuaban en una calle de Villavicencio.

Olivares Rojas era considerado uno de los líderes de la organización criminal Guatiquía y tenía antecedentes por homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, así como por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Bajo la apariencia de empresario del reciclaje, ocultaba una amplia vida criminal, según registros de las autoridades.

Dentro de los hechos más recientes atribuidos a alias el Diablo se destacan dos ataques armados: uno en diciembre de 2023 en Villavicencio, donde murió una persona, y otro en marzo de 2024 en Corozal (Casanare), que dejó un herido.

Estas acciones muestran la frecuencia y el alcance de la violencia vinculada a la estructura liderada presuntamente por Olivares Rojas.

Veintidós días después de ese asesinato, el martes 19 de agosto, un nuevo acto de violencia sacudió la vereda San Ramón en El Colegio. Cuatro hombres llegaron en dos motocicletas al predio conocido como Villa Claudia y, tras preguntar por una supuesta caja fuerte, abrieron fuego contra los presentes.

La incursión dejó tres muertos —Ángel Natalia Vaca Santamaría (24 años), Sol Margarita Morales Lara (67 años) y Jobany Javier Chivata Daza (44 años)— quienes recibieron disparos en la cabeza, cuello y rostro. También resultaron heridos Jairo Vélez Rodríguez (36 años), Luis Alberto Rodríguez (68 años) y Claudia Teresa Rodríguez (49 años), todos miembros de una misma familia.

Las pesquisas iniciales revelan que tanto los fallecidos como los heridos presentaban antecedentes por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y violencia intrafamiliar.

Por esta razón, la primera hipótesis de la policía apunta a que el ataque respondería a un ajuste de cuentas por disputas entre bandas delincuenciales.

No obstante, una declaración reciente del alcalde de El Colegio, Diego Andrés López, ha abierto una nueva línea de investigación que aún permanece bajo reserva y que podría modificar el rumbo del caso. En diálogos con Caracol Radio, el mandatario local reveló que la familia “venía del llano, estaba en una especie de descanso en esta finca, en una especie de refugio, podríamos decirlo”.

Funeral en Bogotá fue interrumpido por sicarios: el asesinado es hijo de una de las víctimas de la masacre de Mesitas del Colegio

La búsqueda de los responsables de un nuevo acto de violencia en el barrio Carvajal, en el occidente de Bogotá, moviliza a las autoridades después de que Nelson Alberto Rodríguez Morales, de 45 años, fuese asesinado a bala frente a familiares y asistentes al velorio de su madre.

El crimen ocurrió la noche del 22 de agosto de 2025, apenas tres días después de que Sol Margarita Morales Lara —la madre de la víctima— perdiera la vida en una masacre ocurrida en Cundinamarca.

Según información confirmada por las autoridades policiales, los investigadores han enfocado sus esfuerzos en determinar la relación entre ambos hechos, que estarían vinculados a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que operan en la zona.

La Policía Nacional, que hizo públicas estas hipótesis el 23 de agosto, señaló que “el segundo ataque contra la misma familia parece reforzar la tesis de una disputa violenta entre bandas delictivas”.

El asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025, tras dos meses y cuatro días de intensa lucha en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que atraviesa Colombia, y el inicio de la espiral violencia que en la presente semana dejó el lamentable saldo de 19 muertos: 13 policías en Amalfi (Antioquia) y 6 civiles en Cali (Valle del Cauca).

En su columna de opinión del domingo 24 de agosto, denominada Nos comió la violencia, la senadora Paloma Valencia denunció que el país vive una época marcada por el avance de la violencia y la pérdida de control estatal bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Según la congresista, el Gobierno habría entregado el territorio a los grupos armados, mientras la política de Paz total concidió con un aumento de la criminalidad y el narcotráfico.

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Paloma Valencia denunció el Pacto de la Picota y la política de Paz total en Colombia

En su escrito, Valencia situó el origen de la coyuntura en el llamado Pacto de La Picota, cuando aliados del entonces candidato, entre esos su hermano, Juan Fernando Petro, visitaron cárceles y, según la senadora, ofrecieron impunidad a los detenidos. A su juicio, la promesa de abandonar la persecución al crimen se hizo evidente desde el inicio del mandato, y la Paz total se tradujo en el levantamiento de órdenes de captura para guerrilleros y narcotraficantes.

La senadora criticó la gestión de la fuerza pública durante el actual gobierno. Señaló que la llegada de Iván Velázquez al Ministerio de Defensa, al que describió como un actor político contrario a las fuerzas armadas, marcó el inicio de una serie de medidas que debilitaron la capacidad operativa del Estado; entre ellas, mencionó la devolución de recursos presupuestales, la salida de más de 70 generales y la reducción del personal en todas las ramas de la fuerza pública.

“Muchas aeronaves están varadas, dejaron de repararse (no había ni hay presupuesto). Las tropas recibieron extrañas instrucciones de no actuar sobre aquellos grupos con los que había ‘diálogos’, lo que en términos reales fue replegarlos en los cuarteles”, expresó Valencia en su escrito.

Para Paloma Valencia, impera el narcotráfico y el control territorial de grupos armados

Asimismo, la congresista, que quiere ser candidata presidencial del Centro Democrático, indicó que la política antidrogas fue desmantelada, ya que no se efectuaron labores de erradicación, fumigación ni destrucción de laboratorios o insumos químicos. Según su denuncia, las incautaciones de drogas alcanzaron los niveles más bajos de la década, mientras los ingresos de los grupos ilegales crecieron de manera significativa.

“Los ingresos de los ilegales son enormes, exportan el 70% de la cocaína del mundo. Se dice que ese negocio ya superó las exportaciones de petróleo", expresó Valencia, que advirtió que el control territorial de los grupos armados se ha extendido a lo largo del país. Y citó cifras de la Defensoría del Pueblo, según las cuales 790 municipios se encuentran bajo dominio criminal y en riesgo electoral, con miras a los comicios que se desarrollarán en el primer semestre del 2026.

“Sugieren algunos que alguien despierte a Petro, y creo que quienes debemos despertar somos nosotros. Hoy estamos ante un gobierno que entregó el territorio a los violentos. Existe el antecedente de una conversación con ellos para ganar las elecciones. ¿Existe un acuerdo nuevo para ganar las elecciones que vienen?“, afirmó Valencia en su texto.

Y expresó su preocupación por la posibilidad de que esta situación se utilice como pretexto para aplazar las elecciones o imponer una constituyente mediante un decreto de emergencia; pues además señaló que amplias zonas del país han quedado fuera del alcance de las giras políticas de muchos partidos, mientras que, según ella, los aliados del gobierno sí logran acceder a esas regiones.

Según Paloma Valencia, Iván Cepeda sería la “ficha” para las elecciones del 2026

En el plano político, Valencia identificó al senador Iván Cepeda como el nuevo candidato del sector afín al presidente Petro. Y recordó que el congresista defendió en el pasado a alias Iván Márquez y a Jesús Santrich, que fundaron la organización armada Nueva Marquetalia, señalada por la senadora como la principal sospechosa del asesinato de Uribe Turbay: que fue impactado por dos disparos con arma de fuego en su cráneo, durante la jornada del 7 de junio.

“Iván Cepeda es también quien recorrió las cárceles buscando testimonios contra el presidente Uribe. Por eso, el Presidente tuvo que denunciarlo“, dijo la parlamentaria, que amplió sus acusaciones al sugerir la existencia de vínculos entre el Gobierno colombiano y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y sostuvo que Petro no solo buscó comprar petróleo y gas venezolanos, sino que ha propuesto la creación de una zona binacional.

“Ahora Petro parece tener un acuerdo con el dictador. No solo quería comprarle el petróleo y el gas (que nos prohibió explorar de nuestro propio suelo), sino que habla de una zona binacional. Un pacto con el régimen que protege y convive con la Nueva Marquetalia y con el ELN; los masacradores del Catatumbo. Y no contento con eso, ordena a las Fuerzas Armadas -una nación democrática- que protejan al dictador, investigado por delitos de lesa humanidad", dijo.

Frente a este panorama, la senadora hizo un llamado a las fuerzas políticas opositoras para que actúen de manera coordinada y construyan un proyecto de país viable, serio y con sentido social. Por ello, reiteró en la necesidad de una transformación profunda y de un nuevo rumbo, apelando a la unidad, la firmeza y la visión de futuro para enfrentar la crisis; siendo esta su confianza en la capacidad del país para resistir y superar la adversidad.

En las calles del centro de Bogotá, la presencia de productos derivados de la hoja de coca —pomadas, cremas, bebidas y aceites— revela una paradoja: mientras la planta se transforma en artículos de consumo cotidiano, su comercialización y desarrollo permanecen atrapados en un vacío legal que el Gobierno de Gustavo Petro prometió resolver, pero que sigue sin solución.

La promesa de regular los usos alternativos de la coca, más allá del narcotráfico, se mantiene incumplida, según lo documentó Dejusticia.

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La situación jurídica de la coca en Colombia es singular. Por un lado, la planta se persigue como droga, pero al mismo tiempo se reconoce y protege su valor como patrimonio cultural en los usos tradicionales de las comunidades indígenas.

La normativa vigente permite el autocultivo de hasta 20 plantas, aunque la regulación para usos médicos, científicos e industriales sigue ausente.

Esta ambigüedad ha generado obstáculos tanto para la investigación como para el desarrollo de productos legales, dejando a los emprendedores y científicos en un limbo.

Desde la década de los 80, el estatuto de estupefacientes autorizó los usos médicos y científicos de plantas como la coca, en línea con los tratados internacionales sobre drogas.

Sin embargo, ningún gobierno ha establecido los mecanismos necesarios para hacer efectivos estos usos. El Gobierno de Petro intentó avanzar en este terreno al presentar, en dos ocasiones, un borrador de decreto destinado a regular los usos lícitos de la hoja de coca.

A pesar de estos esfuerzos, la iniciativa no se materializó y, a menos de un año del final del actual periodo presidencial, todo indica que la deuda histórica con los usos legales de la coca persistirá.

En noviembre de 2024, el Ministerio de Justicia publicó una segunda versión del borrador de decreto para regular los usos médicos, científicos e industriales tanto de la hoja de coca como de la amapola.

Esta propuesta formaba parte de la agenda de drogas delineada en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Drogas del Gobierno.

Aunque el borrador representaba un avance, presentaba limitaciones notables: restringía los usos permitidos a proyectos bajo la intervención de una entidad pública y no resolvía los problemas de comercialización de los productos derivados. Dejusticia subrayó que, a pesar de estas deficiencias, la adopción de una regulación era y sigue siendo necesaria para el país.

La falta de reglamentación ha tenido consecuencias directas en la investigación científica. Actualmente, solo existen tres permisos de investigación sobre la hoja de coca, otorgados a la Policía Nacional, el Sena regional Cauca y la Universidad de los Andes.

Esta escasez de autorizaciones refleja las trabas burocráticas que enfrentan los proyectos de investigación, dificultando el acceso legal a la materia prima y limitando el desarrollo de nuevos productos como alimentos, abonos y textiles.

El último borrador de decreto contemplaba la protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, a través de la consulta previa, en cualquier proyecto medicinal, científico o industrial que involucrara sus conocimientos sobre la planta.

Sin embargo, los usos tradicionales de la hoja de coca por parte de estas comunidades quedaron excluidos del borrador, debido a la necesidad de respetar el derecho a la consulta previa.

La inacción del Gobierno en materia de regulación de la hoja de coca se suma a una serie de iniciativas legislativas y regulatorias que han quedado estancadas, como las relacionadas con el cannabis y la reducción de riesgos y daños.

Esta falta de coherencia resulta aún más evidente al comparar la postura internacional de Colombia —que ha impulsado una resolución histórica en las Naciones Unidas para exigir una evaluación independiente del sistema internacional de fiscalización de drogas y ha apoyado el proceso de revisión crítica de la prohibición de la hoja de coca iniciado por Bolivia— con la parálisis en el ámbito doméstico, donde las discusiones apenas alcanzan el nivel de borradores de decreto.

La ausencia de una regulación efectiva sobre los usos científicos, medicinales e industriales de la hoja de coca representa una oportunidad perdida para mostrar al mundo el potencial de la planta más allá de la producción de cocaína.

Como señala Dejusticia, “la falta de compromiso de este gobierno con la agenda regulatoria en materia de drogas es preocupante y lo único que ha dejado a su paso son oportunidades pérdidas”.

Un ataque con drones explosivos en Amalfi, Antioquia, cobró la vida de 13 integrantes de la Policía Nacional, luego de que el helicóptero en el que se encontraban fuera emboscado mientras realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales confirmando que el Gobierno atenderá a los familiares de los uniformados caídos durante el atentado.

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“Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi”, expresó el jefe de Estado.

El presidente detalló que en la zona en la que ocurrió el ataque, hace algunos años se habían presentado atentados en en esa zona.

“Ya había ocurrido ataques similares en esa misma región en los años anteriores a la fuerza pública y combates entre grupos enemigos con saldos altamente trágicos. En una ocasión mas de 30 militares muertos”, escribió Petro a través de su cuenta de X.

El sitio de aterrizaje, ubicado en lo alto de la colina había sido preparado de manera anticipada, según relató Petro, con cilindros repletos de explosivos enterrados cerca de un metro por debajo de la superficie.

“El lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina, ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo”, explicó Petro.

Para el mandatario, el ataque fue producto de una estrategia meticulosamente planeada por actores armados vinculados al narcotráfico.

El presidente sostuvo que la presencia de tropas en el punto elevado obedeció a decisiones tácticas propias de cualquier combate en terreno irregular.

“En las acciones militares, es previsible que una fuerza tome los puntos dominantes para defenderse y atacar mejor, por la visibilidad que se adquiere, y la colina fatídica era el punto dominante”, indicó Petro evocando el hecho.

El jefe de Estado amplió la dimensión del contexto local al señalar que en Amalfi el control sobre tierras sembradas de hoja de coca es motivo recurrente de enfrentamientos entre organizaciones narcotraficantes.

“Las presiones sobre la fuerza pública para llegar a esa zona, el gobernador presionaba y efectivamente se le cumplió, y la guerra entre los grupos narcotraficantes por el control de los campos de hoja de coca, hacían previsible la llegada de un grupo enemigo al lugar”, afirmó el mandatario.

El ataque en Amalfi se suma a una línea de antecedentes violentos en la región, en el que en incidentes anteriores se registraron combates con saldo de decenas de miembros de la fuerza pública muertos.

El presidente recordó que “en una ocasión, más de treinta militares resultaron muertos” en ataques similares ocurridos en la misma jurisdicción.

El objetivo de la unidad policial era la erradicación manual de cultivos ilegales de hoja de coca en la vereda El Toro. Esta zona del Bajo Cauca ha vivido décadas de conflicto por la expansión de la coca, motivo de disputa constante entre organizaciones armadas ilegales con intereses en el narcotráfico.

Además agregó que la presión internacional, como la ejercida por el Gobierno de Estados Unidos, enfoca sus esfuerzos en reducir la entrada de cocaína a su territorio, mientras el Ejecutivo colombiano busca impedir el financiamiento de grupos armados.

“Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz. No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo”, sostuvo Petro al defender la estrategia de sustitución social de cultivos.

En este sentido, el presidente subrayó que ha promovido la erradicación voluntaria y pactada con comunidades campesinas, advirtiendo sobre los mayores riesgos que acarrea la erradicación forzosa.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el mandatario, la erradicación voluntaria ya cuenta con el compromiso de más de ocho mil familias campesinas.

El crecimiento de los cultivos ilícitos fue también objeto de análisis por parte del jefe de Estado. “No se dispararon los cultivos de hoja de coca en mi gobierno. Juan Manuel Santos los redujo a algo más de cien mil hectáreas y crecieron espectacularmente a doscientas treinta mil hectáreas en el Gobierno Iván Duque. Hoy están en doscientas cincuenta mil hectáreas. Han crecido un poco por el incremento de consumo en Europa”, refirió Gustavo Petro en su declaración.

El jefe de Estado expresó su solidaridad con las familias de los policías caídos y recordó la magnitud del costo humano de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada ‘guerra contra las drogas’. El mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado la identidad de los responsables del atentado ni han informado sobre detenciones inmediatas tras los hechos.

El Gobierno anunció la apertura de una investigación sobre las circunstancias exactas y solicitó apoyo internacional para robustecer las capacidades de inteligencia y evitar nuevos ataques similares en regiones de alta presencia de grupos armados ilegales.

El caso reabrió el debate público sobre el modelo de combate al narcotráfico y sobre la seguridad de las operaciones de erradicación en áreas de riesgo, en medio de la crisis de violencia estructural que persiste en varias zonas rurales colombianas.

En este foro, que reunió a los principales precandidatos presidenciales de Colombia, el debate sobre el narcotráfico y la seguridad nacional se tornó especialmente tenso, según se observó en diferentes videos subidos en redes sociales.

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Sin embargo, la intervención inicial de Gustavo Bolívar fue la que generó una reacción inmediata del público. Al afirmar que “ni Uribe, Santos, Duque ni Petro pudieron combatir ni terminar con el narcotráfico. Este país está así porque la gente no quiere pensar”, luego de su comentario, el precandidato de izquierda fue abucheado y no logró concluir su exposición.

La discusión se intensificó cuando Gustavo Bolívar, precandidato del progresismo, afirmó que “ni Petro ha podido con el narcotráfico porque no depende de Colombia sino de 300 millones de consumidores en el mundo. Mientras haya consumidores, habrá una demanda y en un país pobre los jóvenes estarán dispuestos a arriesgar sus vidas”.

Este episodio evidenció la polarización en torno a la lucha contra el narcotráfico y la percepción de los asistentes sobre la gestión de los últimos gobiernos.

Entre tanto, la senadora y precandidata Paloma Valencia respondió de manera directa a las declaraciones de Bolívar, señalando que el Gobierno de Gustavo Petro habría facilitado el accionar de los grupos criminales con la política de ‘paz total’.

Valencia defendió la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico mediante la extinción de dominio, la persecución a los ilegales con inteligencia financiera y la reclusión de terroristas en cárceles, en lugar de permitirles participar en eventos públicos.

“Colombia sí puede combatir el narcotráfico con estrategias como extinción de dominio, la persecución a los ilegales con inteligencia financiera en vez de estar chuzando a la oposición y metiendo a los terroristas en cárceles y no en tarimas de eventos nacionales”, sostuvo la senadora.

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, Paloma Valencia sostuvo que sí es posible erradicar el narcotráfico y acusó al gobierno actual de no combatir las drogas.

Valencia afirmó: “Este gobierno empezó diciendo que la lucha contra las drogas es un fracaso, ustedes acabaron con la fumigación, no incautaron ni destruyeron laboratorios y con la Paz Total hicieron un despeje a los violentos”.

Además, propuso reducir los ingresos de los ilegales mediante extinción de dominio, inteligencia financiera y encarcelamiento, y subrayó la necesidad de “trazar una línea roja, y de un lado los demócratas para dar un batalla contra los ilegales”.

Así mismo, el exalcalde y precandidato Enrique Peñalosa advirtió sobre el aumento “enorme” de los cultivos ilícitos durante la administración de Petro. Además, criticó la respuesta del Gobierno Nacional ante el ataque en Amalfi, Antioquia, al considerar que la reacción para rescatar a los militares heridos fue demasiado lenta.

Por su parte, Felipe Córdoba centró su intervención en la necesidad de fortalecer la fuerza pública y subrayó que el liderazgo y el compromiso permitirán que Colombia avance. Córdoba estimó que el país requiere la construcción de cuatro o cinco cárceles adicionales para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.

Por último, David Luna llamó a la unidad de la oposición: “Todos los que hemos ejercido la oposición con decencia y juicio debemos despojarnos de vanidades y unirnos en torno a recuperar un proyecto de democracia, eso es lo que necesita el país, sentido común, sensatez y un servicio público digno”.

El foro, realizado en Plaza Mayor durante el 29° Congreso de Anato, reunió a figuras clave del panorama político colombiano, entre ellas Paloma Valencia, David Luna, Gustavo Bolívar, Felipe Córdoba y Enrique Peñalosa, quienes expusieron sus propuestas y críticas en torno a la seguridad, el narcotráfico y la gestión gubernamental.

Un helicóptero de la Policía Nacional, que brindaba apoyo a operativos de erradicación manual de cultivos de coca, fue blanco de explosivos lanzados desde el aire, y dejó al menos doce uniformados muertos y varios heridos.

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Las autoridades atribuyeron la acción al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Chejo y alias Calarcá.

Precisamente, Calarcá fue detenido junto a otros guerrilleros en un retén militar en la vía que conduce de Medellín a Anorí, cuando se transportaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sin embargo, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, fue dejado en libertad porque formaba parte de la delegación de esa guerrilla que está en el proceso de paz.

Las investigaciones señalan que la orden para ejecutar el ataque provino de Óscar Javier Cuadros Zea, conocido como alias Chejo o Alejandro, quien lidera la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Junto a él, Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá) y Jesús María Restrepo Borja (alias Panda o Darlinson) figuran entre los principales responsables señalados por las autoridades.

Además, se mencionan otros presuntos implicados como alias Guaricho, jefe de la zona, alias Barbas y alias Guillermino, todos vinculados al frente 36 y con influencia en municipios como Anorí, Campamento y Angostura.

El prontuario de alias Chejo revela una trayectoria criminal iniciada en 2017 como guerrillero raso del ELN (antes de pasar a las Farc), con especialización en el manejo de explosivos.

Desde entonces, se le atribuyen múltiples delitos, entre ellos, la instalación de artefactos explosivos en Anorí, la incineración de maquinaria de la empresa Celsia S.A. en San Andrés de Cuerquia, la desaparición y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo en Campamento, y el homicidio de cuatro civiles en la vereda La Frisolera en 2023.

Su ascenso en la estructura criminal (Farc) lo llevó a consolidar el control territorial en el nordeste antioqueño y a coordinar acciones violentas contra la Fuerza Pública y la infraestructura económica de la región.

Las autoridades consideran que su neutralización representaría un golpe significativo para los planes estratégicos del grupo armado.

Operativos, capturas y material incautado en Antioquia

La respuesta institucional fue inmediata. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue total de las capacidades de la Fuerza Pública para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y perseguir a los responsables.

El gobernador Rendón Cardona ofreció recompensas de hasta cien millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Guaricho y de hasta cincuenta millones por alias Joao, cabecilla de una estructura criminal del Clan del Golfo que opera en la región.

Además, el mandatario departamental había solicitado previamente la identificación de los líderes de otros grupos armados presentes en el nordeste de Antioquia.

En paralelo a la ofensiva militar, se desarrollaron operativos que resultaron en la captura de varios integrantes de las disidencias de las Farc.

Siete personas fueron detenidas cuando se desplazaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre los municipios de Barbosa y Cisneros. Entre los capturados figuran alias Érika, alias Firu, alias Ramiro y alias Boyaco, quienes permanecen bajo custodia del Ejército en el Batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, a la espera de sus audiencias judiciales.

Sin embargo, otros miembros de la caravana, como alias Calarcá y alias Panda, no fueron detenidos debido a la suspensión de sus órdenes de captura, mientras que alias Chejo y alias Sara tampoco contaban con órdenes vigentes en ese momento.

Durante estos operativos, las autoridades incautaron un chaleco balístico, 60 millones de pesos en efectivo, dos computadores portátiles, un teléfono satelital, memorias USB y dos pistolas calibre 9 milímetros. Los vehículos utilizados por los capturados permanecen bajo custodia en el batallón militar, donde también se han realizado inspecciones por parte de la Fiscalía y las fuerzas armadas.

El impacto político y social del ataque ha sido profundo en Antioquia. El gobernador Rendón Cardona insistió en la necesidad de fortalecer la justicia y las oportunidades sociales como pilares para la construcción de la paz, y reclamó que la Fuerza Pública cuente con el respaldo necesario para actuar con determinación frente al crimen organizado. La gravedad del hecho, según el mandatario, exige medidas inmediatas por parte de la Unidad Nacional de Protección y una respuesta firme de las instituciones para evitar que la violencia siga escalando en la región.

Sánchez informó que una mujer embarazada se encuentra entre las seis víctimas fatales del atentado en Cali, según citó Caracol Radio,

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Además, por medio de una transmisión en redes sociales, el ministro ha ofrecido más de $3.200 millones (USD 800.000) como recompensa por la captura de alias Marlon, identificado como el principal responsable del ataque.

Sánchez aseguró que se pondrán en marcha operativos especiales en la región para dar con los autores del atentado.

El ministro reiteró el compromiso de las autoridades para localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

También se sabe que tras la explosión, desde la base militar se cortaron e inhabilitaron las señales de telecomunicación para impedir un segundo ataque, según lo confirmó Caracol Radio.

Esto explica el motivo por el cual la ciudadanía residente y comercial, al rededor de la base militar, ha presentado problemas en la señal de telefonía, internet y datos móviles.

Estructura treinta y seis y vínculo con el narcotráfico

El ministro Pedro Sánchez también expresó su solidaridad con las familias de los agentes fallecidos y heridos, reconociendo el sacrificio de los policías en la lucha contra el narcotráfico, refiriéndose al ataque a un Helicóptero en Antioquia.

Dicho ataque ha sido atribuido a la estructura treinta y seis, cuyos miembros aseguran pertenecer al cartel de alias Calarcá.

“Nuestra solidaridad con todas las familias y esperamos que encuentren algo de consuelo en una patria. Que hicieron nuestros policías erradicando el cáncer del narcotráfico. Sabemos que estos momentos son dolorosos, sabemos que estos momentos pueden generar diferentes opiniones. Pero no es momento para lamentarnos ni para dividirnos”, afirmó el ministro de Defensa.

Sánchez manifestó su esperanza de que los allegados de las víctimas encuentren consuelo en la nación y destacó la labor de los uniformados en la erradicación de lo que calificó como el “cáncer del narcotráfico”.

De acuerdo con las autoridades, la estructura treinta y seis, cuyos integrantes afirman estar vinculados al cartel de alias Calarcá, fue responsable del ataque que dejó el saldo mortal en Amalfi. Este grupo, relacionado con actividades de narcotráfico, ha sido objeto de investigaciones y operativos en la región.

En su declaración, el ministro Sánchez hizo un llamado a la unidad nacional, subrayando que este no es un momento para la división ni para el desaliento.

Lucha contra el narcotráfico y presencia de grupos criminales

El titular de Defensa también advirtió sobre la presencia de otros grupos criminales en el país, como las disidencias, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el clan del Golfo, todos ellos relacionados con el tráfico de drogas. Sánchez insistió en que la lucha contra el narcotráfico debe mantenerse firme, sin importar la denominación o el origen de los grupos que lo promueven.

En su mensaje final, el ministro reiteró la necesidad de erradicar los carteles del narcotráfico para garantizar un porvenir distinto para Colombia, libre de la influencia de estas organizaciones.

“Es momento para salir adelante y unirnos aún más y derrotar el cáncer del narcotráfico, independientemente como se quiera vestir, ya sea como el cartel de las disidencias criminales o el cartel del ELN o el cartel del clan del Golfo. Colombia merece un futuro mejor y ese futuro es sin estos carteles del narcotráfico”, finalizó el ministro.

En una entrevista para el pódcast Más Allá del Silencio, Edgar “El Chino” Jiménez repasó las historias detrás de las imágenes que tomó al capo del Cartel de Medellín. Sus fotografías no solo muestran el ascenso y el poder de Escobar, también su faceta más familiar y, en ocasiones, sorprendentemente cotidiana.

Jiménez conoció a Escobar desde la adolescencia y, tras quince años sin contacto, volvió a reencontrarse con él en la Hacienda Nápoles. Fue allí donde inició su labor como fotógrafo personal, capturando tanto la expansión del zoológico privado del capo como los eventos políticos y sociales que organizaba.

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Uno de los relatos más significativos es el de la fotografía que muestra a Escobar durmiendo en una cama sencilla, rodeado de su familia.

Según Jiménez, la imagen fue tomada en 1980 durante una celebración: “Fuimos al segundo piso e irrumpimos en la habitación. La primera que entró fue Ligia, la cuñada; se sentó al borde de la cama y entré yo. Y tomé su foto, y también tres fotos más. Esta foto se ha convertido, quizá es la foto más icónica, más famosa de Pablo Escobar, indudablemente”.

Este registro, inusual por mostrar a un personaje del tamaño de Escobar en un momento íntimo y vulnerable, se convirtió en una de las postales más reconocidas de su vida.

El mito de la avioneta y el carro baleado

Jiménez también se refirió a otras fotografías célebres, como la de la entrada de la Hacienda Nápoles con una avioneta en la parte superior. Esta imagen alimentó durante años la leyenda de que aquel avión había sido utilizado para el primer cargamento de cocaína del narcotraficante.

Sin embargo, el fotógrafo explica que aparentemente no fue así: “La leyenda de esa avioneta cuenta que fue la primera avioneta en la que él coronó cargamento. Sin embargo, esa versión pues yo no la puedo decir categóricamente. (…) Lo que sí puedo decir es que muchos allegados y conocidos de Pablo Escobar, desde siempre han negado esa versión”.

Algo similar ocurrió con la fotografía del carro antiguo lleno de impactos de bala, que se decía pertenecía a los famosos criminales estadounidenses Bonnie y Clyde. Según Jiménez, fue el mismo Escobar quien alimentó ese mito para darle un aire legendario a su zoológico privado.

El fotógrafo narra que el vehículo fue baleado por el propio capo y su grupo cercano, incluyendo a personajes como Popeye y Gustavo Gaviria, solo para crear esa historia.

Los hipopótamos de Escobar: un símbolo de poder

Una de las imágenes que más trascendencia histórica ha cobrado es la de los primeros hipopótamos que llegaron a la Hacienda Nápoles. Estos animales, Adán y Eva, marcaron el inicio de un fenómeno ecológico que hoy afecta a gran parte del Magdalena Medio.

Jiménez relató que Escobar lo contrató para documentar fotográficamente cada uno de los animales del zoológico privado, que llegó a albergar más de 2.000 ejemplares.

Al hablar de los hipopótamos, el fotógrafo destacó el impacto inesperado que tendrían décadas después: “¿Porque quién iba a pensar que esos dos hipopótamos, al cabo de más de 30 años, se iban a convertir en un problema mayúsculo para Colombia? (…) En este momento se considera que hay más de 200 hipopótamos diseminados en un área de un diámetro de 200 kilómetros”.

Estas fotografías, más allá de retratar la excentricidad del capo, se han convertido en piezas clave para comprender la relación de Escobar con la naturaleza y el legado problemático que dejó en el ecosistema colombiano.

Las fotos de Jiménez no solo documentan los excesos y la intimidad de Escobar, sino que también ofrecen una perspectiva única para entender cómo el narcotraficante construyó su imagen pública y privada. Desde su incursión en la política en 1982 hasta los momentos familiares con sus hijos Manuela y Juan Pablo, las imágenes muestran un contraste entre el mito y el hombre.

Para investigadores y periodistas, este archivo fotográfico es una fuente de memoria histórica que permite analizar el impacto cultural del narcotráfico en Colombia. Incluso, algunas de estas imágenes han sido sugeridas para exhibirse en museos dedicados a la memoria del conflicto y la violencia.

En medio de la fuerte polémica que ha desatado la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de establecer, junto al régimen del dictador Nicolás Maduro, una zona binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela, una postura causó diversas reacciones en las redes sociales. Y es la de Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y director del partido Salvación Nacional, que hizo sus observaciones sobre el impacto que tendría esta medida.

De acuerdo con su denuncia, la zona, que comprende la región del Catatumbo, en Norte de Santander, corre riesgo de convertirse en la zona de narcodespeje más grande de Latinoamérica. Lo anterior, como consecuencia directa del accionar de grupos ilegales, el aumento de la violencia y el fracaso de los mecanismos de paz. , lo que abre un nuevo capítulo en los señalamientos sobre la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a este cruce fronterizo.

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Gómez, que es una especie de heredero político de la corriente de Álvaro Gómez Hurtado, el asesinado excandidato presidencial, quiso evidenciar la gravedad de la situación, que, en su concepto, se registraría en el Catatumbo. Y puso sobre la mesa la consolidación de lo que calificó como “entrega territorial a lo peor del hampa del continente”, y, en consecuencia, “a lo peor del terrorismo internacional”; haciendo alusión a los grupos armados que controlan la zona.

Enrique Gómez y su preocupación por la situación del Catatumbo ante creación de zona binacional

Esto retrataría el abandono estatal y el dominio creciente de estructuras criminales, en un territorio de intensos combates por el control del narcotráfico y las rutas fronterizas. El clima de tensión no es reciente, pero desde el inicio del Gobierno Petro, el 7 de agosto de 2022, el Catatumbo ha experimentado niveles inéditos de violencia, pese a que la estrategia de Paz Total buscó negociar, entre otras, con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En menos de dos años del mandato de Petro, la región del Catatumbo sufrió una violencia exacerbada atribuida principalmente al ELN, con impactos humanitarios críticos y por lo visto con una función específica: crear la zona binacional de narcodespeje más grande de Latinoamérica”, denunció Gómez. Esta situación es consecuencia de la guerra que le declaró esta guerrilla a los firmantes de paz y a las disidencias de las Farc ubicadas en la frontera.

El desenlace más dramático de esta espiral violenta, como lo recordó el político opositor, se produjo en enero de 2025. Según datos del Puesto de Mando Unificado (PMU), la arremetida del ELN contra el frente 33 de las disidencias desencadenó en Catatumbo una crisis humanitaria de “proporciones inéditas”, en palabras de Gómez; con cerca de 98 personas asesinadas, entre ellos líderes sociales, menores de edad y excombatientes de las antiguas Farc.

En el mismo orden, unas 61.397 personas fueron desplazadas y más de 16.651 permanecieron confinadas, sin acceso siquiera a alimentos o servicios básicos. Entre tanto, advirtió que el uso de armas se ha sofisticado, pues ahora se emplean drones con explosivos, armas largas y proyectiles improvisados llevaron el conflicto a nuevas proporciones. Como sucedió en julio de 2025, con un ataque de drones que mató a tres soldados e hirió a ocho.

“No solo es la muerte o el desplazamiento: han perdido sus cultivos, su infraestructura, su modo de vida”, sostuvo Gómez, al hablar del impacto que estos enfrentamientos han causado en el tejido social, económico y productivo de la región. Y es que no solo afecta la seguridad, también ha destruido comercios y sembradíos, al igual que colapsó los servicios y ocasionó, en palabras de los habitantes, un sentimiento de impotencia ante la inacción del Estado.

Según Gómez Martínez, excandidato presidencial, ante el incremento de la hostilidad, Petro optó primero por negociar y luego, tras los sangrientos sucesos de enero, suspender los diálogos con el ELN. Además, declaró la conmoción interior y la emergencia económica, al tiempo que desplegó más de 10.000 efectivos y lanzó la Operación Catatumbo. Medidas “que desde luego no han servido de nada para la población de la región”, expresó el abogado.

“El saldo de todas estas acciones es la entrega territorial a lo peor del hampa del continente. Cualquiera que pase por el Catatumbo lo puede constatar”, concluyó el dirigente político, que no dejó pasar por algo que la descomposición institucional y la permisividad han facilitado no solo la expansión del narcotráfico, sino la instalación del terrorismo internacional en la frontera con un país cuyo mandato está cuestionado por organismos internacionales.

En algunas regiones de Colombia, pagar con efectivo no es una simple preferencia, es casi una imposición del contexto. Detrás del predominio de este medio de pago hay razones mucho más complejas que la informalidad laboral. Un análisis del centro de estudios económicos Anif sugirió que el narcotráfico desempeña un papel clave en este fenómeno, reforzando la circulación de billetes y debilitando la trazabilidad financiera.

El informe no lo deja a la interpretación: “dada su naturaleza ilícita y su necesidad de operar por fuera del sistema financiero formal, tiende a generar una demanda significativa de dinero en efectivo, dificultando los mecanismos de trazabilidad y facilitando otro tipo prácticas ilegales”. Esta dinámica no solo afecta el uso de medios de pago, al mismo tiempo impacta de forma directa en la seguridad, el desarrollo y la proyección económica de numerosas regiones del país.

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En zonas con gran potencial turístico, pero con fuerte presencia de grupos armados o cultivos ilegales, el efecto es devastador. A la pérdida de confianza por parte de inversionistas se suma la percepción de inseguridad, que frena el crecimiento de sectores clave como el turismo. “Regiones con alto potencial turístico, pero afectadas por la violencia asociada al narcotráfico, enfrentan dificultades para atraer inversión, dinamizar su economía formal y consolidar procesos de desarrollo económico”, advirtió el informe.

Aunque Anif aclaró que no existe una relación automática entre el aumento de los cultivos ilícitos y el uso de efectivo, las cifras parecen contradecir esa cautela. Solo en 2023, Colombia alcanzó un récord de 252.572 hectáreas cultivadas con coca, mientras que la participación del efectivo dentro del total de los agregados monetarios fue del 24,4%. Diez años antes, en 2013, las hectáreas cultivadas eran apenas 47.778 y el uso del efectivo se situaba en el 18,9%. La coincidencia en los picos de ambos indicadores se ha repetido con consistencia, 230.037 hectáreas y 23,9% de efectivo en 2022; 204.257 hectáreas y 22,4% en 2021.

Las consecuencias, señalan los analistas, van mucho más allá de lo financiero. “Este tipo de dinámicas tiene el potencial de generar distorsiones tanto en la economía real como en el funcionamiento institucional del país. Entre sus principales consecuencias se encuentran el deterioro de las condiciones de seguridad, la afectación de sectores como el turismo, el fortalecimiento de la economía informal y subterránea, así como la pérdida de eficiencia en el manejo de la política monetaria y fiscal“.

A esto se suma un creciente deterioro de la imagen internacional del país. Según el mismo análisis, el avance de los cultivos ilícitos coincidió con una mayor presencia de grupos armados en zonas rurales y un incremento en los riesgos de seguridad. Como resultado, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia de nivel tres para Colombia, la misma categoría que ostentan países como Honduras, Pakistán o Israel, y recomienda a sus ciudadanos “reconsiderar el viaje”.

Frente a esta realidad, desde Anif plantean una solución que no solo pasa por el fortalecimiento institucional o la lucha directa contra el narcotráfico, sino por un rediseño integral de la política de drogas, articulado con la estrategia económica. El documento destacó la importancia de enfoques territoriales, no punitivos y centrados en la sustitución voluntaria de cultivos, con desarrollo alternativo y presencia real del Estado.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. “Mientras no se logre una contención efectiva de la expansión de cultivos ilícitos ni se recupere el control institucional sobre los territorios afectados, los efectos tanto económicos como sociales derivados de estas actividades persistirán como un desafío estructural en el largo plazo”, concluyó el informe.

El efectivo, en este contexto, deja de ser solo un instrumento para convertirse en una señal de alerta. Su abundancia en determinadas zonas del país podría estar contando una historia más profunda, la de una economía paralela que crece donde el Estado no llega.

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila no se quedó callada ante un reciente pronunciamiento del exmandatario Juan Manuel Santos en 6AM de Caracol Radio, donde afirmó que el proyecto de sometimiento de la actual administración es “una improvisación total”.

Tras lo anterior, Dávila le respondió: “Causa estupor escuchar a Juan Manuel Santos criticando el proyecto de sometimiento de este gobierno, porque no exige a criminales como los del Clan del Golfo que entreguen rutas del narcotráfico y nombres de compradores de la cocaína”.

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Según Dávila, las Farc que el gobierno de Santos “limpió” no entregaron la información correspondiente, y que aún después de 10 años no han pagado por sus crímenes.

“Las Farc que Santos “limpió”, tampoco entregaron rutas del narco, ni delataron a nadie. Siguen sin decir la verdad, no repararon a su víctimas y no han pagado por sus crímenes, casi 10 años después. Están libres e impunes. Santos no tiene autoridad moral“, señaló la candidata presidencial.

Cabe destacar que Vicky Dávila ha sido desde el primer momento una de las fuertes opositoras del Gobierno de Gustavo Petro, atacando cada una de sus reformas y proyectos de ley.

Ministro de Justicia le respondió a Juan Manuel Santos por oponerse a la ley de sometimiento

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respondió de manera enfática a las críticas que han surgido en contra del proyecto de ley de sometimiento promovido por el Gobierno nacional, iniciativa que hace parte de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones más recientes del jefe de la cartera de Justicia estuvieron dirigidas principalmente al expresidente Juan Manuel Santos y a la Corte Suprema de Justicia, quienes han expresado reparos frente al contenido de la propuesta.

En un reciente pronunciamiento, Montealegre cuestionó la postura del exmandatario, señalando que el rechazo al proyecto significaría ignorar la complejidad del conflicto actual en el país.

“Si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, afirmó el ministro, insistiendo en que Colombia requiere mecanismos que permitan avanzar en procesos de desmovilización con los grupos armados que aún operan al margen de la ley.

Montealegre reconoció los logros alcanzados con el Acuerdo Final con las Farc, firmado en 2016 bajo el gobierno de Santos, pero señaló que las condiciones han cambiado. A su juicio, estos pactos no deben ser considerados como un modelo inalterable.

“Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra (…) es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que (…) ya hacia futuro no podemos seguir haciendo justicia transicional”, manifestó el funcionario.

Frente al concepto negativo emitido recientemente por la Corte Suprema de Justicia, que advirtió sobre una supuesta falta de garantías en el articulado, Montealegre expresó sorpresa. Resaltó que el proyecto se apoya en décadas de experiencia internacional sobre justicia transicional.

“Esta discusión empezó hace 50 años (…) creo que ya después de tantos debates todos tenemos la capacidad de entender los elementos de investigación e imputación”, explicó, haciendo referencia a antecedentes como Núremberg, Jerusalén y los tribunales penales internacionales.

El ministro aseguró que la iniciativa no ha sido improvisada, sino que recoge aprendizajes nacionales e internacionales. Para Montealegre, negar la posibilidad de abrir nuevos caminos para la resolución de conflictos internos sería un error político e histórico.

La propuesta legislativa ha generado amplio debate, dividiendo opiniones en distintos sectores. Mientras unos defienden que se trata de una herramienta necesaria para consolidar la paz, otros advierten sobre posibles beneficios judiciales otorgados a criminales sin condiciones suficientemente claras.

En medio de la discusión, Montealegre reiteró su disposición al diálogo con las altas cortes, con el objetivo de avanzar hacia una formulación técnica y consensuada.

Según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, espera un debate profundo en el Congreso, donde se determine si el proyecto se ajusta a los principios constitucionales y de política criminal.

El martes 1° de julio la Policía Nacional informó de la captura en la capital colombiana de Yildiz Bulut, un ciudadano de Turquía que es investigado por, ´presuntamente, traficar con heroína.

De acuerdo con la institución de la Fuerza Pública era buscado por las autoridades de Países Bajos bajo cargos de narcotráfico y blanqueo de capitales, por lo que tenía una circular roja de Interpol.

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El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, detalló que el operativo se realizó en la tarde, en el marco de una ofensiva nacional contra el crimen organizado.

Las investigaciones revelaron que entre 2020 y 2021, Bulut habría comercializado 1.500 kilos de heroína en distintos puntos del territorio neerlandés. Tras su detención, el turco quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso de extradición solicitado por las autoridades del país europeo.

“En lo corrido del año, la @PoliciaColombia ha realizado 69 retenciones por Notificación Roja, de las cuales 20 han sido por narcotráfico [sic]”, detalló el alto oficial sobre ese nuevo golpe contra el crimen transnacional.

Mientras que el ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, destacó que con esa captura se rompían “posibles alianzas logísticas y operativas del narcotráfico dentro del territorio nacional”.

Adicionalmente, en la noche del mismo martes, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a esa captura y reiteró que ese fenómeno criminal que ha padecido históricamente el país, trascendió las fronteras nacionales y era un problema global, no solo local.

“Más y más capos de origen extranjero que caen en Colombia. El narcotráfico no es de Colombia, es multinacional [sic]”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X.

De hecho el jefe de Estado ha sostenido en varias ocasiones que los expendedores internacionales de sustancias psicoactivas ilegales conformaron una junta que tiene sede en los Emiratos Árabes e incluso los ha responsabilizado por el atentado contra el senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe.

“Los asesinos buscan que nos matemos entre nosostros, debilitar el estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita. Dentro de lajunta del narcotráfico con asiento en Dubai y Colombia, están las personas que yo mostré con nombre propio al país,y que busqué su captura y puesta en manos de la justicia. Uno ya lo dejaron libre [sic]”, aseguró en X a inicios de junio.

Precisamente en una entrevista que concedió el puente festivo a la agencia española de noticias EFE, insistió en que Colombia es eslabón más débil dentro de ese flagelo mundial e insistió en que haya una mayor corresponsabilidad desde los países consumidores.

“Es la ausencia de una política realista en Europa, que legalice la coca como legalizó el vino y el whisky o que le enseñe a sus niños y niñas en los colegios a no consumir, o ambas cosas. Todo un fallo en sí”, dijo en el medio de comunicación internacional.

Petro reprochó que en los balances de Naciones Unidas el país siempre sea calificado como el “malo” en el panorama mundial la lucha contra las drogas y no se tenga en cuenta que por ejemplo el incremento del consumo de cocaína en el viejo continente esté relacionado directamente con el incremento de la violencia en Colombia.

“El incremento de consumo de cocaína en Europa, que ya cuenta con centenares de laboratorio de purificación,está impulsando la violencia en Colombia y nos ha dañado la posibilidad de salir de los 100 años de soledad", sostuvo en su diálogo con EFE.

El Gobierno nacional decidió suspender las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros vinculados al narcotráfico y que participan en los actuales diálogos de paz, según confirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en una entrevista con la Agencia Francesa de Prensa (AFP).

Esta medida, que prioriza la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, marca un giro en la relación bilateral con Washington, generando intensos debates en el país sudamericano.

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Montealegre, que fue confirmado como ministro de Justicia el 5 de junio tras la abrupta salida de Ángela María Buitrago, explicó que la decisión del Gobierno consiste en suspender las extradiciones de capos del narcotráfico y guerrilleros que colaboran activamente en los procesos de paz.

“La regla general es que se suspenderá la extradición de quien colabore efectivamente con los procesos de paz, sea en la insurgencia o en organizaciones al margen de la ley”, afirmó Montealegre en Bogotá, según la entrevista concedida a la AFP.

Esta declaración se produjo en un contexto de distanciamiento del Gobierno Petro con Estados Unidos, el principal socio militar de Colombia y el país que más fondos destina a la lucha antidrogas en la región.

El jefe de la cartera de Justicia detalló que el Gobierno nacional ya suspendió las extradiciones de dos narcotraficantes vinculados a los diálogos de paz, aunque evitó precisar sus nombres.

Uno de ellos es Gabriel Yepes Mejía, conocido como “HH”, comandante de Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN.

El otro, según medios, sería Willington Henao, alias Mocho Olmedo, miembro de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, surgida de la extinta guerrilla de las Farc.

Sin embargo, la suspensión de la extradición de Henao aún no se ha hecho oficial. “El Gobierno ya suspendió las extradiciones de dos jefes negociadores que están vinculados a los diálogos de paz”, reiteró el ministro.

La política de Paz Total, bandera del Gobierno Petro, busca negociar el desarme y la reintegración de grupos armados ilegales, incluidas facciones guerrilleras y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Montealegre, que apoyó los procesos de paz que desarmaron a la cúpula paramilitar en 2006 y a las Farc en 2016, enfrenta ahora el reto de sacar adelante esta ambiciosa agenda como ministro.

“Se trata de obtener el mismo fin por diversos caminos: desarticular el crimen organizado, acabar con el narcotráfico”, sostuvo el funcionario.

La decisión de suspender las extradiciones generó críticas de la oposición y de expertos, que acusan al Gobierno de falta de firmeza frente a las organizaciones armadas.

Estas críticas se intensifican a tres meses de que Donald Trump decida si renueva la certificación de Colombia como aliado en la lucha antidrogas, un estatus que permite al país recibir cientos de millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

Si la certificación no se renueva, las Fuerzas Armadas colombianas podrían perder una fuente clave de financiamiento. “No hay país en el mundo que haga más esfuerzos que Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con Estados Unidos”, subrayó Montealegre, que calificó de “injusta” la posibilidad de una descertificación.

El ministro dejó claro que la suspensión de las extradiciones no es automática ni incondicional. Para acceder a este beneficio, los miembros de grupos ilegales deben demostrar su voluntad de desarme, cesar la violencia y apoyar la sustitución de cultivos de coca, el principal insumo de la cocaína.

Montealegre prometió un control estricto para evitar que personas intenten aprovecharse de los procesos de paz para evadir la justicia internacional. “El ministro prometió un control férreo para evitar que personas que quieran simplemente burlarse de la justicia internacional ingresen a procesos de paz”, según indicó la AFP.

La salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia estuvo rodeada de controversia. La exministra denunció “presiones” del Gobierno, incluyendo la firma de un documento en contra de la extradición de “HH”, solicitado por Estados Unidos.

En declaraciones posteriores, Buitrago atribuyó su renuncia a “constantes intentos de injerencia indebida” por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, aunque el presidente Petro sostuvo que la destitución se debió a la falta de sintonía con los ejes estructurantes de su programa de gobierno en materia de paz.

La decisión de suspender las extradiciones también provocó inquietud en Washington. Una investigación de Noticias Caracol reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su “preocupación” a la fiscalía colombiana por la medida adoptada por el Gobierno nacional.

Este distanciamiento se produjo en un momento en que, según la ONU, la producción de cocaína y el número de hectáreas de coca en Colombia alcanzaron su máximo histórico en 2023.

Eduardo Montealegre asumió el Ministerio de Justicia en un contexto de alta complejidad. La negociación de la paz con grupos insurgentes que se financian con el narcotráfico representa uno de los mayores desafíos para el Gobierno.

El ministro enfatizó que, si los diálogos de paz fracasan, los delincuentes solicitados por Estados Unidos serán extraditados “inmediatamente”. “Si los diálogos finalmente fracasan, el ministro aseguró que los delincuentes solicitados por Estados Unidos serán extraditados inmediatamente”, reiteró la AFP durante el informe.

La política de Paz Total y la suspensión de extradiciones reflejan la apuesta del Gobierno por priorizar la reconciliación interna sobre las demandas de extradición de su principal aliado internacional.

Esta estrategia, sin embargo, implica riesgos políticos y diplomáticos, especialmente en un escenario de creciente presión internacional para frenar el avance del narcotráfico en la región. La evolución de los diálogos de paz y la respuesta de Estados Unidos serán determinantes para el futuro de la cooperación bilateral y la estabilidad interna de Colombia.

Como parte de una serie de operaciones coordinadas por las Fuerzas Militares de Colombia, en colaboración con agencias internacionales, la Armada Nacional reportó la incautación de más de siete toneladas de clorhidrato de cocaína durante acciones desplegadas en el Caribe, el Pacífico y la Alta Guajira.

Los decomisos, realizados entre mayo y junio de este año, representan un impacto económico estimado de más de 150 millones de dólares a las estructuras del narcotráfico.

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Incautación en la Alta Guajira

La operación más reciente tuvo lugar en aguas del Caribe colombiano, donde el 23 de junio fueron incautados 3.204 kilogramos de clorhidrato de cocaína a bordo de una embarcación tipo Go Fast que navegaba cerca de las costas de la Alta Guajira. Esta acción fue el resultado de una operación conjunta entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional.

Según informaron las autoridades, este cargamento habría generado más de ocho millones de dosis ilícitas destinadas a mercados internacionales, especialmente en Centroamérica y Estados Unidos. Las Fuerzas Militares señalaron que este decomiso afecta las finanzas de las organizaciones narcotraficantes en una cifra estimada de 153 millones de dólares.

Interdicción en el Pacífico Sur

Días antes, el pasado 8 de junio, otra operación en el océano Pacífico permitió interceptar una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína. La acción fue ejecutada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos (Jiatfs), que detectó un navío sospechoso a 80 millas náuticas al sureste de Bocana Salahonda, en el departamento de Nariño.

Ante la alerta, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Tumaco fue desplegada para realizar la interdicción. Durante el procedimiento, los tripulantes de la lancha intentaron deshacerse del cargamento lanzando bultos al mar, según relató el capitán de Corbeta Julián Mauricio Díaz Barragán, comandante de la estación:

“En desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima en el pacífico sur colombiano, a través de una aeronave la cual detecta navegando en el mar una embarcación tipo go fast, [esta] procede a arrojar bultos al mar”, afirmó

Tras asegurar el área, las autoridades lograron identificar tres personas a bordo de una embarcación tipo langostera y recuperaron 87 bultos, los cuales fueron trasladados al puerto de Tumaco para su verificación. El cargamento contenía clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica, según información oficial.

Decomisos en el Caribe colombiano

En mayo, la Armada también reportó dos incautaciones significativas en el Caribe. En una primera acción frente a las costas de Cartagena, unidades de Guardacostas hallaron 1.096 kilogramos de cocaína ocultos dentro de un contenedor que se encontraba a bordo de un buque de carga de bandera maltesa.

La embarcación, procedente de Puerto Cabello, Venezuela, estaba anclada en la zona de fondeo de cuarentena, a unos 3,7 kilómetros al sur de la boya de mar de Cartagena. En esta operación no se registraron capturas.

La segunda operación tuvo lugar en el Golfo de Urabá, donde unidades navales interceptaron otra lancha tipo go fast con 1.272 kilogramos de cocaína. La interdicción se realizó a 46 kilómetros al norte de Mulatos, en Antioquia, con apoyo de una Unidad de Reacción Rápida.

Las Fuerzas Militares han calificado estos resultados como una muestra de la eficacia de su capacidad operativa y de la articulación entre diferentes componentes institucionales. Estos decomisos, que superan en conjunto las 7 toneladas de droga, representan un golpe directo a las finanzas y la logística del narcotráfico en corredores clave para el tráfico internacional.

La Armada Nacional ha reiterado que continuará desarrollando operaciones ofensivas y de control marítimo, tanto en aguas jurisdiccionales como en coordinación con aliados internacionales, para frenar las rutas ilegales y debilitar las estructuras que sustentan el narcotráfico transnacional.

Una columna de opinión publicada el domingo 15 de junio en The Wall Street Journal advierte sobre el deterioro de la seguridad en Colombia y señala que el país atraviesa una escalada de violencia que amenaza directamente a su democracia.

El texto, firmado por Mary Anastasia O’Grady bajo el título El auge de los narcoterroristas en Colombia, cuestiona la política de seguridad del presidente Gustavo Petro y plantea que actores criminales se están fortaleciendo en zonas donde el Estado ha perdido control territorial.

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El punto de partida de la columna es el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio.

Aunque los presuntos autores no han aceptado su responsabilidad, O’Grady considera que el hecho es una advertencia sobre el poder de los grupos armados ilegales.

“Desconocemos sus motivos. Pero no es descabellado suponer que fue instigado por alguno de los muchos intereses criminales que buscan desestabilizar la democracia colombiana. Es una lista larga en un país donde la intersección entre política y crimen es densa”, afirma el texto.

La autora, editorialista del diario estadounidense en temas de América Latina, sostiene que Colombia enfrenta una oleada de violencia asociada al narcotráfico y a redes transnacionales.

Según O’Grady, la situación ha empeorado con la llegada de Petro a la Presidencia, a quien describe como un ideólogo de izquierda radical, con simpatías por la guerrilla del M-19, de la cual fue integrante.

“La simpatía del presidente colombiano Gustavo Petro por la guerrilla ha empeorado la situación. El exterrorista del M-19 es un ideólogo de extrema izquierda y defensor de la producción de coca desinhibida”, escribe.

La columna critica además las políticas de paz implementadas por el Gobierno nacional, especialmente las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese sentido, cuestiona la suspensión de órdenes de captura y la congelación de solicitudes de extradición, decisiones que, en su opinión, han favorecido el avance territorial de los grupos armados.

“Desde que asumió el cargo en 2022, ha impulsado un acuerdo al estilo Santos con el terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, se lee en el artículo.

Sobre los efectos de esos acercamientos, la autora cita como ejemplo el caso del Catatumbo, una zona donde el ELN ha fortalecido sus vínculos con fuerzas armadas venezolanas, según ella.

En su análisis, O’Grady sostiene que esta relación con el Gobierno de Nicolás Maduro y actores como Diosdado Cabello ha facilitado rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal.

“El ELN ha respondido profundizando su relación con el ejército venezolano en la región oriental del Catatumbo, a caballo entre ambos países. Venezuela, bajo el dictador Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, es un importante país de tránsito de narcóticos”, indica.

Uno de los pasajes más críticos del texto apunta al crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Con base en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la autora advierte que el territorio cultivado con coca ha aumentado significativamente durante el actual Gobierno.

Según las cifras citadas, en 2023 se produjeron niveles récord de cocaína y la extensión sembrada superó ampliamente la registrada una década atrás.

“El negocio de la coca ha crecido rápidamente durante el gobierno de Petro. Una encuesta de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53 % en 2023 con respecto a 2022”, señala el texto.

El artículo concluye con una frase que ha llamado la atención por su contundencia: “Un narcoestado florece”. Con esa expresión, O’Grady resume su visión sobre el momento que atraviesa el país y deja en el aire una advertencia sobre los riesgos que implica la expansión de economías ilegales en zonas rurales sin presencia estatal.

El 9 de junio de 1995, hace exactamente 30 años, las autoridades colombianas capturaron a Gilberto Rodríguez Orejuela, figura central del Cartel de Cali.

El operativo marcó un punto de quiebre en la lucha contra el narcotráfico, tras seis meses de búsqueda sostenida por parte del Estado. Rodríguez Orejuela, conocido como “El Ajedrecista” por su capacidad para mover influencias y mantenerse oculto, fue hallado en una vivienda de tres pisos en el barrio Santa Mónica Residencial, al norte de Cali.

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Permanecía escondido tras una pared falsa, en completo silencio, mientras los soldados ingresaban al lugar. Su detención representó el inicio del desmoronamiento de una organización criminal que durante dos décadas había consolidado una de las redes de narcotráfico más poderosas del mundo.

En medio de la operación para capturar a Gilberto Rodríguez Orejuela, las autoridades en Bogotá concluyeron que incluir a agentes de la Policía de Cali o del Valle del Cauca en el Bloque de Búsqueda ponía en riesgo la misión. A diferencia de Pablo Escobar, cuya estrategia fue enfrentar abiertamente a la Fuerza Pública, el Cartel de Cali optó por infiltrar y cooptar a miembros de las instituciones de seguridad para garantizar su protección y operar con impunidad.

La detención de Gilberto Rodríguez Orejuela, el 9 de junio de 1995, representó finalmente un avance definitivo en la ofensiva contra el Cartel de Cali. Aunque tanto él como su hermano Miguel ya habían sido capturados en varias ocasiones, los operativos anteriores se habían frustrado por la intervención de policías en Cali que, en lugar de asegurarlos, facilitaron su liberación y fuga. Esta vez, el cerco no cedió.

De hecho, al respecto el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela Fernando Rodríguez dijo en un documental realizado por el medio El País de Cali lo siguiente: “Esa no fue la única captura que tuvo mi papá; a mi papá y a mi tío los capturaron dos o tres veces antes de eso, pero hubo algunos arreglos y los soltaron”.

Según el testimonio de Fernando Rodríguez , estas liberaciones tenían un alto costo económico y generaban una constante incertidumbre para la familia. “No sé bien cuántas veces los capturaron y los soltaron, pero lo que sí sé es que el precio era alto. $500.000 dólares, un millón de dólares, camionetas. Realmente nosotros en un momento realmente decíamos que era mejor que los capturaran por esa zozobra a diario de que sí, que no, que sí los cogieron, pero luego que los soltaron”, contó.

Por otro lado, el general en retiro Rosso José Serrano, quien en 1995 dirigía la Policía Nacional, relató en entrevista con El Tiempo cómo vivió el momento en que se concretó la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela. Según contó, ese viernes se encontraba en Cali por el sepelio de un sargento asesinado cuando recibió la información clave sobre el paradero del capo. “El comandante de la Policía en el Valle me dijo ‘mi general, no se vaya que vamos a capturar a Gilberto Rodríguez, lo tenemos ubicado’ (...) yo empecé a tomar agua y a temblar (...) y a las dos horas lo teníamos capturado”, recordó.

El general (r) Rosso José Serrano también relató en el medio antes mencionado que el hallazgo del escondite de Gilberto Rodríguez Orejuela fue posible gracias al seguimiento realizado por dos mujeres policías al contador del cartel. Según explicó, ambas identificaron dos viviendas idénticas como posibles puntos de ingreso, pero una de ellas logró determinar cuál era la correcta al percibir el olor de la loción que usaba el hombre que estaban siguiendo. La persona a la que seguían las agentes de policía era Guillermo Palomari.

El general (r) Rosso José Serrano relató para el medio antes mencionado que, al ingresar a la vivienda donde se encontraba Gilberto Rodríguez Orejuela, lo vio acompañado de su esposa Rocío, visiblemente afectada por la situación. “Sentado con la pobre Rocío (esposa) con una cara de espanto la mujer, y me empecé fue a preocupar por su salud”, indicó.

Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron los principales impulsores del Cartel de Cali, una red criminal que alcanzó su mayor expansión entre las décadas de 1980 y 1990. Junto a Helmer Herrera y José Santacruz Londoño, consolidaron una estructura que logró ingresar al menos 200 toneladas de cocaína al mercado estadounidense, controlando cerca del 80 por ciento del flujo de esa droga en ese país. La organización operaba con un esquema altamente estructurado, abarcando desde la producción de la cocaína hasta su transporte, distribución y posterior lavado de activos.

En un contundente operativo contra el narcotráfico, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, con apoyo de la Policía Nacional, lograron la incautación de un cargamento compuesto por 280 kilos de clorhidrato de cocaína y 407 galones de sustancias en proceso en una zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.

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De acuerdo con información proporcionada por el Ejército Nacional, el alcaloide pertenecería presuntamente al grupo armado organizado ELN y su destino final sería Europa, lo que supondría una operación de gran impacto económico y logístico para la estructura criminal.

Las autoridades señalaron que con este golpe se afectan las finanzas del grupo en más de $3.400 millones de pesos. La sustancia incautada quedó bajo custodia de las autoridades competentes como parte del proceso judicial.

Este operativo es parte de una estrategia conjunta de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico y cortar las fuentes de financiamiento de los grupos armados al margen de la ley que operan en la región.

Ejército también destruyó laboratorio del ELN con 130 kg de cocaína en San Cayetano, Norte de Santander

El Ejército Nacional desmanteló un laboratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al ELN en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander. Según informó la institución, el hallazgo se produjo en el marco de la Operación Catatumbo, una estrategia que ha permitido la destrucción de 26 laboratorios de droga en lo que va del año, debilitando las finanzas de este grupo armado.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el laboratorio fue localizado en la vereda Ayacucho gracias a las acciones conjuntas del Batallón de Infantería Numero 13 y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. En el lugar se incautaron 130 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de 40 kilogramos de base de cocaína en proceso. Además, se identificaron cuatro estructuras utilizadas por el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, destinadas exclusivamente a la producción de estupefacientes.

El operativo también permitió el decomiso de cerca de 800 galones de cocaína y 15 galones de base de cocaína en suspensión, junto con más de 2000 galones de insumos líquidos y 100 kilogramos de sustancias sólidas. Entre los materiales incautados se encontraban maquinaria industrial y equipos especializados para la transformación química de la droga, lo que evidencia la capacidad logística del grupo armado en esta actividad ilícita.

Operativo internacional desmanteló ruta de cocaína en el Pacífico colombiano

Más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas en una operación conjunta en el departamento de Nariño, Colombia, según informó la Policía Nacional de Colombia.

La droga, que estaba oculta en una caleta subterránea en el corregimiento El Firme, municipio de Tumaco, tenía como destino final los Estados Unidos y sería transportada a través de lanchas rápidas conocidas como “Go fast”. Este operativo representa un golpe significativo contra el narcotráfico y afecta directamente a la estructura de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también conocida como la antigua Segunda Marquetalia.

De acuerdo con las autoridades, la operación fue parte de las estrategias Esmeralda Plus y Atlas, diseñadas para combatir el narcotráfico mediante el uso de inteligencia y despliegues tácticos.

En el comunicado emitido el viernes 23 de mayo, se detalló que la droga incautada, un total de 3.260 kilos, habría generado ganancias estimadas en 107 millones de dólares en los mercados internacionales. Además, se evitó la distribución de más de ocho millones de dosis de cocaína, lo que representa un impacto significativo en las redes de tráfico de drogas que operan en la región.

La droga incautada estaba destinada a ser transportada a través de los corredores marítimos del Pacífico, una ruta clave para el tráfico de estupefacientes entre Colombia y Ecuador. Las lanchas rápidas, conocidas por su capacidad para evadir controles marítimos, son un método comúnmente utilizado por los narcotraficantes para mover grandes cantidades de droga hacia mercados internacionales, especialmente en Norteamérica.

En lo que va del año, la Policía Nacional de Colombia ha logrado incautar un total de 172 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el narcotráfico en el país.

La puesta en libertad del niño Lyan Hortúa, que había sido causa de regocijo en el país, rápidamente se volvió a convertir en una historia de absurda violencia, tras el posterior crimen de un primo de su padrastro, que fue la misma persona que entregó el dinero para el rescate del menor hacia el mediodía del jueves 22 de mayo.

De hecho, la revelación en la mañana de ese mismo día de que la liberación se dio por el pago de 4.000 millones de pesos ya había causado indignación.

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Sin embargo, el homicidio de Jesús Antonio Cuadros en Cali, dejó entrever que el plagio del menor obedecía a un entramado criminal mayor en el que estaría involucrado el grupo narcotraficante de Los Rastrojos, cuyo máximo jefe Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, purga una condena en Estados Unidos por enviar cocaína a ese país.

Aunque se mantiene la hipótesis de que el rapto lo perpetró la estructura Jaime Martínez, que forma parte de la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc que responde al mando Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, al parecer lo hicieron como parte de un pacto criminal con antiguos miembros de la organización de Pérez Henao.

En medio de todo este giro que tomaron los acontecimientos, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció y solicitó que toda la solidaridad del país se vuelque hacia el menor, que es la víctima principal de estos trágicos acontecimientos.

“Lyan no tiene la culpa. Cono niño debe ser respetado. Los secuetradores posiblemente del EMC solo mostraron que estan en la lógica típica de los narcotraficantes [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X, durante la madrugada del viernes 23 de mayo.

El jefe de Estado insistió en que lo que debía prevalecer en estos deleznables hechos era la salvaguarda del pequeño, que a su corta edad ha sido una víctima de la violencia.

“Sin embargo si algo hay que peoteger, son los derechos del niño, que hoy esta libre y sano y salvo [sic]”, reiteró.

Adicionalmente, el mandatario reprochó la entrevista a uno de los familiares del menor que reveló lo del pago del rescate y señaló que prefirieron esa opción a esperar más tiempo para que las autoridades lograran la liberación de Lyan, y confirmó que les sugirieron entregar la millonaria suma de dinero.

“Jamás permitiría que muera un miño en fuego cruzado por las irresponsabilidades de mayores oscuros [sic]”, agregó el mandatario.

De acuerdo con información que estableció la revista Semana, el caso no estaría relacionado con un secuestro extorsivo típico en el marco del conflicto armado, sino con el cobro de una millonaria deuda que la familia del menor tendría con ’Diego Rastrojo’ quien presuntamente financió la operación con el objetivo de presionar a la familia del menor para saldar una deuda pendiente. Según los testimonios citados por el medio, el verdadero objetivo inicial del secuestro habría sido Jorsuar Suárez, padrastro de Lyan, pero las circunstancias llevaron a que el niño fuera retenido en su lugar.

El municipio de Jamundí, donde ocurrieron los hechos, ha sido históricamente afectado por la violencia derivada del conflicto armado y la presencia de grupos criminales. En este contexto, las disidencias de las Farc y otros actores armados han mantenido disputas por el control territorial y el narcotráfico, lo que ha incrementado la inseguridad en la región. Según las investigaciones preliminares, el caso de Lyan Hortúa estaría vinculado a estas dinámicas, en las que las deudas económicas y las alianzas entre grupos ilegales juegan un papel central.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la supuesta deuda de la familia de Lyan, esta habría sido el detonante para que el capo ordenara el secuestro, utilizando al frente Jaime Martínez como ejecutor. Este tipo de operaciones reflejan la complejidad de las relaciones entre los diferentes actores armados y las redes de narcotráfico en el país.

Según explicó el jefe de cartera, este dato fue presentado tras un encuentro de alto nivel en Washington, donde se discutieron estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

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De acuerdo con Sánchez Suárez, la reunión incluyó a representantes de seguridad y defensa de la administración estadounidense, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el comandante del Comando Sur, almirante Alvin Holsey.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso binacional de enfrentar las amenazas que afectan la seguridad en el hemisferio. El ministro recalcó que la seguridad de una nación está intrínsecamente ligada a los acontecimientos en la región y en el mundo, lo que hace indispensable una cooperación más dinámica y determinada.

El ministro Sánchez también resaltó los avances de Colombia en la lucha contra los grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Según el funcionario, estas acciones se han llevado a cabo con un alto nivel de profesionalismo y con respeto a los derechos humanos, lo que ha permitido golpear tanto a los cabecillas como a las estructuras económicas ilegales de estos grupos.

“La seguridad de una nación depende de lo que ocurre en el hemisferio e incluso en todo el planeta. En ese sentido, hemos intercambiado cómo enfrentar de manera más efectiva, con mayor cooperación y con mayor dinamismo y determinación esas amenazas que afectan a nuestras naciones”, destacó.

Así mismo, desde el Ministerio de Defensa informaron que en medio de las conversaciones con las autoridades estadounidenses, se discutió la necesidad de ir más allá de los esfuerzos militares y policiales.

Sánchez Suárez enfatizó que para lograr una solución sostenible a los problemas de seguridad, es fundamental transformar las economías ilícitas que alimentan el narcotráfico y otras actividades delictivas. Según el ministro, esta transformación es clave para erradicar de manera duradera las amenazas que afectan a las naciones.

Y es que el fortalecimiento de las alianzas estratégicas internacionales ha sido un pilar fundamental en los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico. Sánchez destacó que los importantes golpes a las estructuras narcotraficantes no habrían sido posibles sin la colaboración con Estados Unidos y otros países. Este trabajo conjunto ha permitido a Colombia operar más allá de sus fronteras, logrando resultados significativos en la incautación de drogas y en la desarticulación de redes criminales.

Así las cosas, el encuentro en Washington reafirmó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional. Según el ministro, las amenazas que enfrentan las naciones del hemisferio requieren un enfoque integral que combine esfuerzos militares, policiales y económicos. Este enfoque, recalcó, busca no solo combatir el narcotráfico, sino también abordar las raíces de las economías ilícitas que perpetúan la inseguridad en la región.

“La conclusión final fue que no solo basta con emplear ese esfuerzo militar y policial, sino que es necesario transformar las economías ilícitas para que finalmente se erradique los problemas de seguridad de una manera duradera, duradera y sostenible”

Sánchez Suárez reiteró el compromiso de Colombia con la seguridad regional y global, destacando que el país continuará trabajando de manera coordinada con sus aliados internacionales para enfrentar los desafíos comunes.

Frente a ello, es importante mencionar que en medio de una reunión que llevó a cabo el ministro con el líder del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, en Doral, Florida, las autoridades colombianas y estadounidenses reafirmaron su compromiso conjunto para enfrentar amenazas trasnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante el fin de semana la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) le propinó un nuevo certero golpe a las estructuras narcotraficantes en el suroccidente de Colombia con la destrucción de una pista de aterrizaje de aeronaves clandestina que estaba escondida en la zona selvática que corresponde a la jurisdicción del municipio de Mosquera, en el occidente de Nariño.

Con esta operación, informaron en la institución castrense, a los criminales que se dedican a esa renta criminal les frustraron la capacidad que tenían de enviar hasta 5 toneladas de cocaína mensualmente desde esa población, donde también padecen por ese fenómeno ilegal.

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El importante se dio por una intervención conjunta entre la FAC, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) con la que se dejó inutilizada por completa dicha infraestrutura aeronáutica ilegal, con la que, al parecer, se enviaba el estupefaciente hacia Estados Unidos.

Durante el operativo en la pista, que tenía 720 metros de largo por cinco metros de ancho, se hallaron e incautaron una aeronave y un laboratorio de producción de pasta base de coca.

El operativo, enmarcado en el Plan Estratégico de Campaña “Ayacucho Plus”, incluyó la participación de los Grupos de Operaciones Especiales Aéreas de la FAC, que neutralizó la zona para despegue y aterrizaje mediante maniobras con explosivos y se destruyeron diversos materiales empleados en el procesamiento de narcóticos.

Entre los elementos incautados y destruidos se encontraban 100 kilogramos de base de coca, 480 kilogramos de hoja de coca, 700 galones de insumos líquidos y 50 kilogramos de químicos sólidos.

En la FAC reiteraron que se trata de golpe significativo a las economías ilícitas de los grupos armados organizados que operan en la región. Se estima que la infraestructura desmantelada permitía movilizar aproximadamente 5 toneladas de droga al mes, lo que generaba ingresos ilícitos por un valor cercano a los 480 millones de pesos.

Las autoridades, en su investigación, establecieron, además, que esta red de narcotráfico estaba presuntamente bajo el control de un individuo conocido como el alias del Tío.

La FAC destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo por mantener el control del espacio aéreo y combatir el narcotráfico en el país.

Según el comunicado oficial, la institución continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que se dedican al tráfico de sustancias ilícitas.

Este golpe se suma al de una incautación de 2 toneladas estupefaciente en vías del departamento del Quindío, en otra operación conjunta entre la Policía nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA que realizaron el fin de semana.

El cargamento, que estaba oculto en maletas dentro de un camión, fue interceptado gracias a labores de inteligencia que identificaron las rutas terrestres utilizadas por la organización criminal. De acuerdo con las autoridades, el camión llevaba logos falsificados de la Aeronáutica Civil, un recurso empleado por los traficantes para intentar pasar desapercibidos y encubrir el transporte del narcótico. Además, se descubrió que la organización utilizaba documentación falsa como parte de su estrategia para facilitar el traslado de la droga.

El valor estimado del cargamento en el mercado ilegal asciende a 67 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente cinco millones de dosis destinadas al consumo.

Según las primeras investigaciones, el cargamento estaba destinado a ser enviado a Estados Unidos, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una organización con alcance internacional.

Durante el operativo, una persona fue capturada, aunque no se han revelado detalles adicionales sobre su identidad o su rol dentro de la estructura criminal.

El presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas dirigidas a combatir la violencia y el narcotráfico en el país, con un enfoque particular en el Clan del Golfo y las dinámicas delictivas en la región del Catatumbo.

Según informó el mandatario a través de su cuenta en X, solicitó a la Fiscalía General de la Nación la conformación de un equipo especial que se encargue de gestionar jurídicamente a los miembros de esta organización criminal que opten por acogerse a un proceso de paz.

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“Solicito a la Fiscalía General de la Nación un equipo especial para tratar jurídicamente a quienes dentro del Clan, decidan el camino de la Paz”, dijo el presidente.

Además, confirmó que se implementarán cambios en la administración de los puertos, argumentando que la violencia en el Caribe está vinculada a estas infraestructuras y a actividades de extorsión.

“La violencia en el Caribe está alrededor de los puertos y la extorsión. He decidido cambiar toda la administración de los puertos”, añadió Petro.

En su mensaje, Petro señaló que alias Chiquito Malo, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, habría establecido una alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el lado venezolano de la frontera.

El presidente destacó que, como parte de las acciones recientes contra el narcotráfico, se han incautado 32 toneladas de cocaína provenientes del Catatumbo y se ha detenido a varios alcaldes y políticos que presuntamente colaboraban con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

“Chiquito Malo” ha decidido una alianza con el ELN, del lado venezolano, ya se ha incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo, y detenido varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco”, añadió.

El mandatario resaltó la importancia de la sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo como una estrategia clave para avanzar hacia la paz en esta región, históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado.

En este sentido, reiteró su compromiso con profundizar las acciones contra el Clan del Golfo, anunciando una reunión especial para coordinar una ofensiva más contundente contra esta organización criminal.

Petro también hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente en la región caribeña, para que colaboren con las autoridades proporcionando información que permita localizar a los principales líderes del Clan del Golfo. Aseguró que esta información será manejada con la debida reserva para garantizar la seguridad de quienes decidan contribuir con las investigaciones.

“Espero de la ciudadanía caribeña y con la debida reserva, información para dar con las cabezas del Clan del Golfo”, expresó el mandatario.

En relación con los puertos, el presidente explicó que la decisión de cambiar su administración responde a la necesidad de reducir los niveles de violencia y extorsión que se concentran en torno a estas instalaciones.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre cómo se implementarán estos cambios, su declaración refleja la intención de abordar de manera integral las dinámicas económicas y criminales que alimentan el conflicto en estas zonas.

El mensaje del presidente también incluyó una reafirmación de su compromiso con la paz y la justicia en el país, destacando la necesidad de articular esfuerzos entre las instituciones del Estado y la sociedad civil para enfrentar los desafíos que plantea el narcotráfico y la violencia.

Según sus declaraciones, estas medidas buscan no solo debilitar a las organizaciones criminales, sino generar condiciones que permitan avanzar hacia una solución sostenible y duradera para las comunidades afectadas.

La solicitud de Petro a la Fiscalía y las acciones anunciadas forman parte de una estrategia más amplia de su gobierno para enfrentar las estructuras delictivas que operan en el país.

En este contexto, la alianza entre el Clan del Golfo y el ELN, mencionada por el presidente, representa un desafío adicional para las autoridades, dado el impacto que estas organizaciones tienen en la seguridad y la estabilidad de las regiones fronterizas.

El enfoque en la sustitución de cultivos ilícitos y la reestructuración de la administración portuaria también reflejan un intento de abordar las raíces económicas y sociales del conflicto, más allá de las acciones represivas.

“La sustitución de cultivos en el Catatumbo es fundamental para alcanzar la paz”, dice la publicación del jefe de Estado.

Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para coordinar esfuerzos con las comunidades locales, las autoridades judiciales y los organismos de seguridad.

En su mensaje, Petro dejó claro que su administración continuará trabajando para desarticular las redes criminales y promover la paz en las regiones más afectadas por la violencia.

Según informó la Policía Nacional, la droga tenía como destino final la ciudad de Southampton, en el Reino Unido.

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Este decomiso representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operan en la región Caribe, al evitar la distribución de aproximadamente 3,5 millones de dosis en mercados internacionales.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía, el cargamento pertenecía al grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocido como Los Pachenca, una organización criminal que opera en esta región del país. Las autoridades estimaron que el valor de la droga en el mercado ilegal europeo asciende a 47 millones de euros.

La incautación fue posible gracias a una operación que incluyó labores de inteligencia, inspecciones especializadas y el uso de un binomio canino entrenado para la detección de sustancias ilícitas.

Según detalló la Policía Nacional, la droga estaba oculta entre la mercancía de exportación, específicamente en cajas de plátano verde, y fue detectada durante los controles de seguridad implementados en el puerto.

Esta acción forma parte de la estrategia Esmeralda Plus, liderada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que busca combatir el narcotráfico y desarticular las redes criminales en todos los niveles. El brigadier general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, destacó que, en lo que va del año, se han incautado 138 toneladas de clorhidrato de cocaína como resultado de estas operaciones.

“Este golpe impacta directamente a la estructura financiera del grupo delincuencial organizado Los Pachenca”, señaló la Policía en su comunicado, subrayando la importancia de este decomiso en la lucha contra el crimen organizado.

El decomiso no solo representa un duro golpe económico para las redes de narcotráfico, sino que tiene un impacto significativo en la salud pública global. Según las autoridades, la droga incautada habría generado alrededor de 3,5 millones de dosis, cuya circulación fue impedida gracias a esta operación.

La Policía destacó que este tipo de acciones refuerzan el compromiso de las autoridades colombianas con la seguridad nacional e internacional, al combatir de manera frontal el tráfico de drogas y proteger a las comunidades de los efectos devastadores del narcotráfico.

Tras el decomiso, las autoridades anunciaron que continuarán con las investigaciones para identificar a los responsables del envío y desarticular la red logística que intentó sacar el cargamento del país. Este esfuerzo busca no solo detener a los involucrados en esta operación específica, sino desmantelar las estructuras criminales que facilitan el tráfico de drogas desde Colombia hacia Europa y otros mercados internacionales.

El Puerto de Santa Marta, ubicado en el departamento del Magdalena, es uno de los principales puntos de salida de mercancías hacia el exterior, lo que lo convierte en un objetivo estratégico para las organizaciones criminales que buscan exportar sustancias ilícitas. Las autoridades intensificaron los controles en esta zona, utilizando tecnología avanzada y equipos especializados para detectar cargamentos ilegales.

El grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocido como Los Pachenca, es una organización criminal que opera principalmente en la región Caribe de Colombia. Este grupo, surgido como una facción de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se dedica a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando.

La incautación de este cargamento representa un golpe directo a las finanzas de esta organización, que depende en gran medida del tráfico de drogas para financiar sus operaciones. Según las autoridades, acciones como esta son fundamentales para debilitar a los grupos criminales y reducir su capacidad de operar en la región.

Con un valor estimado de 47 millones de euros en el mercado europeo, este cargamento habría representado una ganancia significativa para las redes de narcotráfico. Sin embargo, gracias a la intervención de las autoridades, se logró frustrar su salida del país y evitar su distribución en el Reino Unido.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando para desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad de las comunidades, tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

Las autoridades en Colombia volvieron a asestarle un duro golpe a las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, con la judicialización de seis integrantes de una red de apoyo del autodenominado grupo armado organizado ‘Conquistadores de la Sierra’ el domingo 6 de abril.

Según informaron en el Ministerio de Defensa, estas personas tenían órdenes de captura vigentes que hicieron efectivas en el desarrollo de la Operación República con la que la Fuerza Pública busca proteger la soberanía nacional de grupos dedicados al crimen transnacional.

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“Esta organización aprovechaba los privilegios laborales de algunos de sus miembros para contaminar contenedores con droga, operando bajo un esquema de outsourcing criminal en alianza con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) [sic]”, destacaron desde esa cartera en su cuenta oficial de la red social X.

De acuerdo con las indagaciones que desarrollaron en la Policía Nacional, que estaba haciéndole seguimiento a esa red de traficantes meses atrás, y luego de que se lograra frustrar el envío de más de media tonelada de cocaína a Europa por el Caribe, se estableció que estas personas fueron las que estuvieron detrás de su logística delincuencial.

“Durante el desarrollo de la investigación, se logró la incautación de 521 kilos de clorhidrato de cocaína, con destino a países como Alemania y Bélgica, cargamento avaluado en más de 16.9 millones de euros [sic]”, explicaron en el Ministerio de Defensa.

Estas personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que en esta semana tendrán que iniciarles sus respectivos procesos judiciales por narcotráfico.

Este hecho se suma también a la incautación de una tonelada de cocaína, que provenía de Colombia, en Valencia, sur de España, durante una operación internacional que coordinó Europol y con la que se permitió desmantelar una sofisticada red de narcotráfico que utilizaba el puerto de esa ciudad como punto estratégico para introducir grandes cantidades del estupefaciente.

Las autoridades además de la confiscación capturaron a 20 personas, 17 de ellas en España y las demás en Bélgica y Francia, que tenían los contactos con los traficantes colombianos a través de la figura de Power Broker donde una persona muy respetada en el mundo de la mafia enlazaba a los criminales del país con con altos capos europeos.

La red criminal también utilizaba el método conocido como ‘gancho ciego’, que consiste en esconder droga dentro de contenedores legales sin conocimiento de los operadores de carga. Este sistema requería una logística minuciosa y una organización jerárquica para su funcionamiento.

Pareja vinculada a disidencias de las Farc entrega arsenal de guerra en Palmira (Valle del Cauca)

Un importante arsenal de guerra fue entregado a las autoridades en el municipio de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca, luego de que una pareja, presuntamente relacionada con las disidencias de las Farc, decidiera abandonar su militancia y entregarse de manera voluntaria. Según informó La W Radio, el hecho tuvo lugar en el barrio Fátima, donde los individuos se acercaron a agentes de la Policía que realizaban labores de patrullaje en la zona.

De acuerdo con el medio, los dos individuos confesaron ser integrantes de la columna Ricardo Velázquez, una estructura perteneciente al grupo armado organizado residual (Gaor) conocido como Jaime Martínez, el cual ha sido señalado por su participación en actividades ilícitas en la región.

La entrega se realizó en el marco del Plan Malagana, una estrategia interinstitucional diseñada para combatir la criminalidad en el suroccidente del país, según detalló el periódico regional El País de Cali.

Durante la entrega, las autoridades confiscaron un arsenal significativo que se encontraba en el interior de un vehículo. Entre los elementos incautados se encontraban dos fusiles M16 calibre 5,56, 10 proveedores metálicos y 12 proveedores plásticos para fusil, un rollo de cordón detonante, una granada de pentonita naranja, un detonador y más de 700 cartuchos.