A través de un comunicado en X, el comando castrense señaló que, bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur) realizó un “ataque cinético letal” contra una embarcación operada por "organizaciones terroristas designadas“.

Durante la operación, dos sujetos, denominados “narcoterroristas” por el SOUTHCOM, fueron abatidos y no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses. El Comando Sur indicó que la narco lancha navegaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico.

La embarcación fue localizada a partir de información de inteligencia y entregada al cuerpo militar que es responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en su Área de Responsabilidad asignada, que incluye al Caribe, América Central y Sudamérica.

Washington sostiene que la iniciativa busca aumentar la presión sobre redes de narcotráfico vinculadas, según sus denuncias, con el régimen venezolano y oficialmente designadas como “organizaciones terroristas”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump sostiene que tiene derecho a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por este motivo, desde agosto de 2025 desplegó operativos militares en la zona del Caribe, que posteriormente se extendieron al Pacífico, con un saldo de un centenar de narcoterroristas eliminados.

EEUU prueba nuevos sistemas militares autónomos en medio de tensiones con Cuba

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realiza esta semana en Cayo Hueso, un islote al sur de Florida a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que emplean inteligencia artificial (IA), en un contexto de tensiones con las autoridades del régimen de la isla.

Según comunicó el Comando Sur en X, estas pruebas forman parte de los preparativos para el nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada.

El Ejército estadounidense ordenó el 21 de abril la creación de esta fuerza autónoma basada en IA, que apoyará las operaciones del SOUTHCOM en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y cumplir otras misiones.

El ejercicio militar denominado FLEX 2026, a cargo de la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en Cayo Hueso, funciona como banco de pruebas para la integración de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó SOUTHCOM.

Las maniobras, enfocadas en contrarrestar amenazas regionales, se enmarcan en una estrategia para desplegar plataformas autónomas y semiautónomas en escenarios reales.

Estos ejercicios tienen lugar en un entorno de creciente tensión ante la posibilidad de una intervención del Gobierno del presidente Donald Trump en Cuba, tras las recientes incursiones en Venezuela e Irán, y en medio de la presión económica y petrolera de Washington sobre La Habana.

Estados Unidos reforzó las sanciones contra la isla caribeña y restringió el acceso de petróleo, ejerciendo presión sobre las autoridades del régimen cubano atosigado por la falta de respuesta a la crisis humanitaria interna en Cuba.

(Con información de EFE)

La semana pasada trascendió que dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron en un accidente automovilístico en el norte de México mientras participaban en una operación antidrogas clandestina. Ninguno contaba con acreditación para actuar en territorio nacional: uno viajaba con pasaporte diplomático y el otro había ingresado al país como turista.

La ley mexicana es clara, los agentes extranjeros tienen prohibido expresamente participar en operaciones dentro del país. A pesar de ello, el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, coordinó directamente con la CIA sin notificar a la Cancillería, violando la Ley de Seguridad Nacional.

También reporta que el fiscal general de Chihuahua —quien había confirmado que la presidenta Sheinbaum desconocía la presencia de los estadounidenses en el convoy— renunció el lunes por la noche.

Malestar creciente en casa

Mientras las exigencias de Washington no cesan, dentro del movimiento gobernante crece una incomodidad que por ahora se expresa en privado. Figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionan el rumbo: ¿por qué alinearse con la política comercial de Trump frente a China en lugar de diversificar alianzas? ¿Por qué ceder en la relación con Cuba, históricamente protegida por la diplomacia mexicana?

El contexto, sin embargo, no es menor. México negocia con un presidente que ha puesto en jaque las reglas del orden internacional: impuso aranceles generalizados a aliados históricos, amenazó con intervenciones militares en países soberanos y protagonizó una escalada con Irán que le costó la renuncia de su propio secretario de Defensa. Una Casa Blanca que no logra mantener cohesión interna difícilmente ofrece certezas a sus vecinos.

En ese tablero, los márgenes de maniobra de Sheinbaum son estrechos. Sus asesores defienden cada concesión como un escudo: evitar una intervención militar unilateral en territorio mexicano y proteger el acceso al T-MEC, cuya renegociación está abierta y podría usarse como palanca de presión indefinidamente.

“No estoy de acuerdo con casi nada de lo que ha hecho”, reconoció el excanciller Jorge Castañeda. “Pero no sé qué podría haber hecho de otra manera”.

Una presidenta que no para: el ritmo de trabajo que el WSJ interpreta como desgaste

El Wall Street Journal publicó un retrato que, curiosamente, dice más sobre la exigencia del cargo que sobre cualquier debilidad: personas cercanas a Sheinbaum describen a una presidenta que duerme apenas cuatro horas por noche, que llega a reuniones de seguridad a las 6 de la mañana impecablemente vestida y no para hasta la madrugada. Para el diario estadounidense eso es “agotamiento”. Para cualquier observador con los pies en la tierra, es simplemente el ritmo de alguien que trabaja como pocas.

Lo que sí es innegable es la complejidad del escenario que administra: fuerzas armadas enfrentando cárteles con capacidad de movilizar miles de sicarios, una economía presionada por la incertidumbre del T-MEC y una relación bilateral estructuralmente desigual, donde México debe responder a las decisiones de una Casa Blanca impredecible sin perder el hilo de su propio proyecto de gobierno.

Los puntos que resalta The Wall Street Journal

Desde que ambos gobiernos asumieron funciones, México ha adoptado una serie de medidas de alto impacto en materia de seguridad y política exterior. El Wall Street Journal las lee como concesiones en cadena; el gobierno mexicano las ve como decisiones soberanas dentro de una estrategia calculada.

• Despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas.
• Extradición de 29 jefes de cárteles a Estados Unidos, una medida que algunos expertos legales consideraron al límite de la constitucionalidad mexicana.
• Interrupción de envíos de petróleo a Cuba, en un giro que tensó la tradicional política exterior mexicana de no intervención y solidaridad con la isla.
• Aranceles del 50% a productos chinos, adoptados cuando países como Canadá optaron por negociar acuerdos comerciales propios con Beijing en lugar de alinearse con Washington.

El capítulo más costoso llegó en febrero, cuando fuerzas de élite mexicanas —con apoyo de inteligencia estadounidense— abatieron a Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La respuesta del cártel dejó casi 30 soldados mexicanos muertos. Días después, Trump publicó en redes sociales exigiendo que México “intensificara sus esfuerzos”. Sin una sola palabra sobre el costo humano que México acababa de pagar.

La operación “Lanza del Sur”, impulsada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y lanzada en septiembre de 2025, marcó un giro en la estrategia regional de Estados Unidos. Desde su inicio, esta campaña ha extensido su área de acción a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, bajo la directiva del general Francis Donovan.

Washington ha sostenido que su objetivo es consolidar presión sobre redes de narcotráfico que, según sus denuncias, mantienen lazos con el régimen venezolano y han sido designadas oficialmente como “organizaciones terroristas”.

La acusación de “narcoterrorismo” contra estas redes adyacentes a actores estatales sudamericanos profundizó el debate sobre la legitimidad de los ataques, especialmente tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025.

Durante ese periodo, y pese a la detención del líder venezolano, las operaciones mantuvieron su crecimiento geográfico, desbordando el mar Caribe y alcanzando aguas del océano Pacífico oriental, en un patrón de expansión sostenida desde el otoño pasado.

Estados Unidos creó una fuerza autónoma con inteligencia artificial para América Latina

El administración de Trump puso en marcha la creación de una fuerza autónoma de guerra basada en inteligencia artificial, destinada a operar en América Central, Sudamérica y el Caribe con el objetivo de desmantelar redes narcoterroristas y responder a crisis derivadas de desastres naturales de gran magnitud.

La decisión, impulsada por el SOUTHCOM representa un avance tecnológico importante en la estrategia de defensa y presencia estadounidense en la región, según comunicó el propio SOUTHCOM.

La nueva unidad funcionará como un comando especializado en sistemas autónomos y semiautónomos, adoptando un enfoque multidominio. Esta iniciativa responde tanto a los desafíos tradicionales del crimen organizado transnacional como al impacto creciente de fenómenos naturales, cuya frecuencia y gravedad han aumentado en las últimas décadas, según el Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Francis L. Donovan indicó que la misión principal será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”, subrayando el carácter dual de la nueva fuerza.

SOUTHCOM detalló que la innovación de este modelo radica en la capacidad de los sistemas autónomos para operar en entornos hostiles, recolectar información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas sin necesidad de intervención directa de operadores humanos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó recientemente el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por su sigla en inglés), una unidad creada para integrar inteligencia artificial y capacidades autónomas en la planificación y ejecución de operaciones militares, diseñada específicamente para el área de responsabilidad del SOUTHCOM. Este modelo pionero de integración tecnológica podría ser replicado en otros comandos estadounidenses si demuestra eficacia operativa.

(Con información de AFP)

El gobierno de Donald Trump presumió la captura de 26 capos mexicanos durante el primer año de su segundo mandato, como parte de una ofensiva más amplia contra organizaciones criminales internacionales clasificadas como terroristas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estas detenciones forman parte de lo que calificó como un “arresto histórico”, al considerar que se trata de un golpe significativo contra redes del narcotráfico y crimen organizado que operan a nivel transnacional.

“Arresto histórico” contra el crimen organizado

Las autoridades estadounidenses informaron que, en total, fueron detenidos cerca de 100 integrantes de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTS) durante el primer año del nuevo gobierno republicano.

Entre los grupos criminales afectados destacan:

• 45 miembros del Tren de Aragua (Venezuela)
• 15 integrantes de los Sureños, de origen mexicano en Los Ángeles
• 11 miembros del Cártel de Sinaloa
• 11 integrantes de La Nueva Familia Michoacana
• Tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
• Un integrante del Cártel del Noreste

Además, también se reportaron capturas vinculadas a organizaciones como la Mara Salvatrucha y Los Choneros, ampliando el alcance de la estrategia de seguridad estadounidense.

Este enfoque responde a la decisión del gobierno de Trump de catalogar a varios cárteles como organizaciones terroristas, lo que ha permitido ampliar las herramientas legales y operativas para su persecución.

Cooperación México–Estados Unidos, clave en las detenciones

En paralelo a los arrestos realizados en territorio estadounidense, el gobierno mexicano llevó a cabo dos entregas relevantes de criminales a Estados Unidos durante 2025, sumando más de 50 personas requeridas por la justicia de ese país.

La primera ocurrió el 27 de febrero, con 29 capos, y la segunda el 12 de agosto, con otros 26. Estas acciones incluyeron figuras de alto perfil como:

• Rafael Caro Quintero
• Exlíderes de Los Zetas
• Integrantes de alto rango de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa

Las autoridades mexicanas, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señalaron que estos individuos representaban un riesgo permanente para la seguridad pública y contaban con órdenes de extradición vigentes.

Estrategia bilateral y presión internacional

El endurecimiento de la política de seguridad entre ambos países se da en un contexto de mayor presión de Washington para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, así como el debilitamiento de las estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Esta colaboración ha derivado en una aceleración sin precedentes en las extradiciones y detenciones, consolidando una estrategia conjunta que combina inteligencia, operativos y acciones judiciales.

No obstante, estas acciones podrían generar reacomodos violentos dentro de los cárteles, al fragmentar sus liderazgos y provocar disputas internas por el control de territorios y rutas de tráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la eficacia de la lista Ofac (Office of Foreign Assets Control u Oficina de Control de Activos Extranjeros, en español) como herramienta contra el narcotráfico y denunció que se ha convertido en un “sistema aberrante de control político”.

Petro afirmó en su cuenta de X el mediodía del sábado 4 de abril que “el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubái, allí compran residencia por unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo”.

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Petro publicó en X que la lista Ofac, en vez de cumplir su función original de combatir el narcotráfico, terminaría persiguiendo oposiciones políticas.

El jefe de Estado sostuvo: “La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo” y la calificó como un mecanismo de control político, no de justicia.

Según el presidente, los principales líderes del narcotráfico han aprendido a eludir las sanciones estadounidenses, estableciéndose en lugares como Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y obteniendo residencia con facilidad, mientras continúan expandiendo su influencia internacional.

El mandatario mencionó que “los jefes de Iván Mordisco, Chiquito Malo y la Segunda Marquetalia no se encuentran porque viven en Dubái y los protegen con los acuerdos judiciales en EE. UU.”, lo que, a su juicio, permite que los narcotraficantes negocien exportaciones a otros mercados y aumenten su poder.

Por qué reaccionó Petro: Trump, Lula y el sistema PIX

La publicación surgió a raíz de las recientes tensiones entre Brasil y Estados Unidos por el sistema de pagos instantáneos PIX, desarrollado por el Banco Central brasileño.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sanciones a Brasil, mientras su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva defiende la plataforma. Petro aprovechó esta coyuntura para pedir a Brasil que extienda PIX a Colombia y deje de considerar la lista OFAC, argumentando su ineficacia.

En su mensaje, Petro puntualizó que “si no se acuerda que EE. UU. castigue el narcotráfico de verdad a cualquier país, extraditar se vuelve una tontería, los traquetos prefieren negociar en Miami y Nueva York que ser capturados en Colombia”.

El llamado a la paz y condena a las guerras por parte del presidente Petro

El presidente colombiano defendió también la necesidad de una “gobernanza global democrática” y rechazó las guerras como solución a los conflictos, afirmando: “Ninguna guerra es buena y toda la humanidad pierde en ellas”.

De paso, el mandatario relató su experiencia personal en la guerra y su compromiso con la paz, al mismo tiempo que condenó la violencia y la codicia.

“La energía contraria a la vida tiene la propiedad de ser un boomerang, por eso no hay que matar otra persona, vengarse de ella, u odiar, porque eso mata el corazón”, escribió el mandatario.

En su publicación, Petro también se refirió a la situación en Gaza e Irán, pidiendo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sea juzgado por crímenes contra la humanidad.

Denuncias sobre el crimen organizado y la impunidad

Petro denunció que el cartel del Valle de Tenza estaría detrás de varios crímenes en Colombia, incluyendo el asesinato de un senador de derecha (Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático).

Además, reiteró que la impunidad persiste debido a la complicidad de autoridades y a la protección que reciben algunos líderes criminales en el exterior, especialmente en Dubái.

El presidente concluyó expresando satisfacción por la reciente disminución de la tasa de homicidios en Colombia, aunque advirtió que espera que la tendencia no sea momentánea.

En otro mensaje que compartió ese mismo día, Petro aclaró que en lo corrido de “2026 han ocurrido 77 secuestros (53 por delincuencia, 24 por Grupos Armados Organizados y 0 por comunidades). Disminución del 36,4% en comparación con 2025 (121 víctimas: 91 por delincuencia, 30 por Grupos Armados Organizados y 0 por comunidades)”.

Según reportes oficiales, estas precipitaciones alcanzaron niveles hasta 18 veces superiores a lo esperado para la temporada, asociadas a frentes fríos, lo que generó el desbordamiento de ríos y la represa de Urrá.

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Esta emergencia afectó directamente a más de 40.000 familias y dejó miles de viviendas destruidas o inhabitables. Además, se reportaron pérdidas significativas en cultivos y ganadería, lo que agudizó la vulnerabilidad económica de la región. Las autoridades declararon calamidad pública para agilizar recursos y coordinar la atención humanitaria, la evacuación de zonas de riesgo y la distribución de ayudas.

SAE entregó 180 hectáreas en tres predios para víctimas de la emergencia

En la tarde del 27 de marzo, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, hizo la entrega formal de 180 hectáreas en tres predios que serán utilizados para apoyar a las víctimas de la emergencia climática en Córdoba.

Las tierras, que en el pasado fueron de alias Fritanga y “Don Mario”, y que también fueron utilizadas durante varios años por el Clan del Golfo, serán entregadas a “quienes lo perdieron todo”.

“Es una respuesta concreta del Estado ante la crisis que vivió la región. Con ello, ya superamos las 2.500 hectáreas entregadas a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para transformar vidas”, se lee en el comunicado oficial.

Amelia Pérez indicó que la entidad seguirá apoyando a las personas que se vieron afectadas durante la emergencia en la región. “Es necesario tener en cuenta que vamos a continuar apoyando todo lo que tenga que ver con la reforma agraria y el beneficio de estas personas que se vieron afectadas por el mal manejo de las tierras antiguamente”.

La historia de los capos que mandaron en la región

Uno de los mencionados por Amelia Pérez fue Camilo Torres Martínez, conocido como “Fritanga”, un exnarcotraficante colombiano vinculado a la organización criminal Los Urabeños. Su carrera delictiva comenzó en el paramilitarismo, desempeñando funciones logísticas y de seguridad.

Se integró al narcotráfico, donde coordinó rutas de exportación de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su nombre ganó notoriedad tras ser capturado en 2012 durante una fiesta lujosa en la región de San Bernardo del Viento, Córdoba, mientras celebraba su matrimonio.

“Fritanga” utilizó identidades falsas para evadir a las autoridades, lo que dificultó su detención. Enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de activos y concierto para delinquir. Tras su extradición a Estados Unidos, colaboró con la justicia, lo que redujo su condena.

El otro capo que tuvo poder en los predios entregados por la SAE es Daniel Rendón Herrera, “Don Mario”, una de las figuras más reconocidas del narcotráfico colombiano. Antiguo comandante paramilitar, lideró el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia antes de encabezar la banda criminal Los Urabeños, que años después se consolidó como el Clan del Golfo.

Su poder se consolidó mediante el control de rutas de narcotráfico y el manejo de economías ilegales en varias regiones del país. “Don Mario” fue responsable de una red de violencia que incluyó desplazamientos forzados, homicidios y extorsión. Tras su captura en 2009, se convirtió en una fuente clave de información sobre la estructura del narcotráfico colombiano.

Fue extraditado a Estados Unidos, y colaboró con las autoridades para reducir su condena. Su trayectoria criminal fue clave en la transformación de los grupos paramilitares en organizaciones criminales transnacionales que hasta la fecha siguen delinquiendo en el país.

El 19 de marzo fue expulsado de Colombia Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor”, capturado el 17 de marzo por la Dijín de la Policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras llegar en un vuelo procedente de México.

Cabe recordar que Aguilar Morales es mencionado como un alto mando de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y se le acusa de haber sido parte de la logística y dar órdenes directas para ejecutar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, caso en el que participaron sicarios colombianos.

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La expulsión del criminal se registró bajo un fuerte esquema de seguridad, mediante un vuelo chárter gestionado por el Gobierno ecuatoriano. La Policía Nacional de Colombia resaltó que “Lobo Menor” coordinaba células delictivas y acciones criminales en Los Lobos, considerada una de las organizaciones más peligrosas de Ecuador.

Abogado de ‘Lobo Menor’ denunció irregularidades en el traslado

Luego de que fue expulsado “Lobo Menor” de Colombia, su abogado, Gustavo Salazar, denunció que este hecho se registró de manera irregular, puesto que se había solicitado la permanencia de Aguilar Morales en Colombia por el riesgo que tiene de ser asesinado en Ecuador.

Salazar recordó que los demás capturados en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio fueron ultimados en una prisión de Ecuador, y mencionó el caso de Wilmer Chavarría, conocido como “Pipo” o “Lobo Mayor”, como un ejemplo de qué tuvo que pasar con su defendido.

Cabe recordar que Wilmer Chavaría fue capturado en Málaga, España, y aunque es solicitado por la justicia en Ecuador, su extradición ha sido rechazada debido a que su defensa ha expuesto pruebas que confirmarían que existe un plan para asesinarlo en la nación sudamericana.

Abogado de ‘Lobo Menor’ ha sido defensor de capos como Pablo Escobar o ‘Chupeta’

Gustavo Salazar es un abogado colombiano conocido por su participación en casos de alto perfil vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Durante su carrera ha representado a varios individuos señalados como miembros o líderes de organizaciones criminales, incluyendo a Pablo Escobar.

En la actualidad, entre sus defendidos se encuentran figuras asociadas a bandas como Los Choneros y Los Lobos, dos de las agrupaciones más relevantes en la escena criminal ecuatoriana. Estas organizaciones han sido vinculadas con el control de rutas de narcotráfico, extorsiones y enfrentamientos violentos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

En diferentes entrevistas, Salazar ha contado detalles inéditos de su relación con capos; por ejemplo, en una ocasión mencionó todo lo que pensaba sobre Pablo Escobar.

“El entorno de Pablo Escobar era el de los bandidos, una jerarquía de la mafia. Su entorno era el emperador, los súbditos, el bufón, los cortesanos. Pablo era el típico mafioso, como un Estado imponiendo impuestos, el impuesto de la guerra y al que no lo mataba".

Otro capo que representó Salazar fue a Helmer “Pacho” Herrera, el primer narcotraficante abiertamente homosexual, al que acompañó en su proceso legal hasta que fue ultimado en la prisión de Palmira el 4 de noviembre de 1988.

En el pódcast Más allá del silencio, Salazar recordó que fue abogado de Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, criminal que se sentía orgulloso de haber sido el que le enseñó sobre el “negocio” al “Chapo” Guzmán.

“Juan Carlos siempre la tuvo, ”Chupeta" fue el hombre que envió droga a Estados Unidos y le enseñó al ‘Chapo’ Guzmán, los instruyó y por eso terminó siendo testigo contra el “Chapo”. Al estilo Lehder con el general panameño, lo mismo pasó. Yo no creo que vuelva a Colombia”.

Las formas en que los narcotraficantes colombianos manejan sus fortunas habrían cambiado radicalmente en los últimos años.

Según una investigación de Semana, las tradicionales caletas llenas de billetes habrían dado paso a mecanismos financieros digitales, como el uso de criptomonedas y sistemas informales como la hawala, que permitirían operar con mayor discreción en Europa y Asia.

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Jhon Henry González Herrera, conocido como “Medio Labio”, primo de alias don Mario y el Alemán, sería ejemplo de esta transformación.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía y la Dijín anunciaron su captura en Medellín el 20 de febrero. Aunque sus antecedentes judiciales se remontan a 2008, cuando fue arrestado por porte ilegal de armas, posteriormente habría conseguido la libertad al argumentar que no tenía vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, las autoridades colombianas, estadounidenses y europeas sostienen que habría continuado implicado en el narcotráfico y el lavado de activos, especialmente entre 2020 y 2023.

De acuerdo con registros citados por Semana, alias Medio Labio habría salido del país junto a su esposa, Laura Vanessa Villalba González, para instalarse en Dubái. Durante su estadía, las autoridades estiman que habría lavado alrededor de $147 mil millones provenientes del narcotráfico. Migraciones y labores de inteligencia habrían permitido rastrear su actividad financiera en el exterior.

Chats en poder de las autoridades, que se creían encriptados, evidenciarían cómo alias Medio Labio y otros narcotraficantes habrían utilizado criptomonedas y el sistema hawala para mover dinero.

El citado medio señala que, en uno de los casos, se detectó la creación de una firma en Managua, Nicaragua, dedicada a la gestión de fondos de inversión sobre activos virtuales, tokenización y plataformas de intercambio de criptomonedas.

El caso de Pablo Prada Moriones, alias Black Jack, también ilustraría el funcionamiento de estos métodos. Según Semana, en mayo de 2020, durante la pandemia, Black Jack habría dado instrucciones a sus hombres desde Europa para transferirle dinero: “Q me pasen token (sic)”, habría escrito en un chat.

Sus cómplices en Sudamérica debían disponer de una suma equivalente a 500 mil euros, que él recibiría en Europa sin utilizar bancos. El sistema hawala permite que un emisario entregue el dinero acordado usando una clave sencilla, como un billete de 5 euros con un mensaje específico, para evitar sospechas y garantizar la confianza en la operación.

Semana indica que estos métodos habrían permitido a los narcotraficantes desplazarse entre Dubái, Marbella, Rotterdam y Madrid, donde negociarían con organizaciones como la Mocro Maffia y distribuirían droga procedente de Ecuador y zonas de Urabá. El envío de cocaína se habría realizado mediante la contaminación de contenedores en puertos de Colombia y Ecuador, como Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil.

Según la información citada, la red de alias Black Jack habría tenido capacidad para enviar hasta seis toneladas de cocaína mensuales. Las transacciones de dinero se fraccionarían en pequeñas cantidades, fuera del sistema bancario tradicional, dificultando su rastreo.

Los chats incautados documentarían la coordinación de envíos de droga a puertos europeos. En uno de estos intercambios, Black Jack preguntó: “Hicieron ya comunicación con ñaños”, a lo que sus colaboradores respondieron: “Sí bro hechamos, esperando un hora e citio (sic)”. Luego, confirmaron: “Sí bro mi socio está enlinea con ellos… hollandes rotterdam (sic)”, lo que según las autoridades demostraría la planificación de un envío desde Ecuador a Países Bajos.

Las autoridades atribuyen a alias Medio Labio el uso de estos sistemas para mover droga para mafias como la ’Ndrangheta y La Calabresa. Actualmente enfrenta cargos por lavado de activos con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir con fines de lavado.

Semana señala que el caso de Medio Labio sería solo el inicio de una investigación más amplia en Estados Unidos. Fuentes citadas por el medio afirman que el detenido habría intentado colaborar con agencias federales, pero no asistió a una cita clave en diciembre. Ahora, se prepararía una posible acusación formal que podría llevarlo a la extradición, como ocurrió antes con don Mario.

Dos esmeralderos fueron asesinados en el norte de Bogotá con solo ocho meses de diferencia, en circunstancias casi idénticas. Ambos fueron víctimas de un francotirador dentro del mismo conjunto residencial, de acuerdo con información suministrada por Semana.

El primer caso ocurrió en agosto de 2024. La víctima, Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, recibió un solo disparo ejecutado a distancia con un arma de largo alcance.

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El método empleado fue preciso y denota experiencia: la selección de las víctimas y la ejecución reflejan planificación y conocimientos especializados. Los hechos se inscriben dentro de una supuesta “vendetta de narcos”, como lo refieren fuentes citadas por el medio mencionado, que hablaron con los investigadores

En abril de 2025, Hernando Sánchez fue atacado en el balcón de su vivienda. En esa ocasión, el francotirador esperó durante horas en una zona boscosa de los cerros orientales, muy cerca de las residencias.

El avance de las investigaciones apunta a que el autor de los crímenes es un tirador profesional, probablemente con formación militar o policial.

El responsable habría actuado por orden de un narcotraficante, con el objetivo de ejecutar una venganza relacionada con el control de propiedades e información en el entorno criminal.

De fondo figura una disputa por el control de bienes después del regreso a Colombia de varios narcotraficantes que cumplieron condenas en Estados Unidos.

Las fuentes consultadas explicaron que los esmeralderos asesinados habían fungido como testaferros y administrado activos de narcotraficantes. El retorno de los capos desató reclamos sobre esas propiedades y una cacería de información, desembocando en actos de represalia.

En el transcurso de la investigación, se estableció que se ofreció una suma millonaria por la vida de las víctimas. Los responsables organizaron varios intentos antes de cumplir con el objetivo. La similitud en el modus operandi, el uso del francotirador y el lugar refuerzan la hipótesis mencionada.

Ambos fallecidos tenían una trayectoria relacionada históricamente al comercio de esmeraldas, aunque, en este caso, participaron en estructuras dedicadas al resguardo de bienes de narcotraficantes. Esta función los expuso a represalias de quienes, tras regresar del extranjero, pretendían retomar el control de sus posesiones e indagar sobre posibles colaboraciones con las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, dirigen la investigación. El comandante policial local, citado porel medio mencionado señaló que analizan el entorno inmediato, en especial la franja boscosa donde habría estado oculto el francotirador antes de disparar.

El hermetismo de la comunidad y la escasa colaboración de las familias dificultan la tarea de los investigadores, que todavía buscan pruebas y testimonios relevantes.

El terreno la ubicación exacta desde donde se efectuó el ataque, en una zona elevada y boscosa con línea de visión directa hacia la residencia de Sánchez. La densa vegetación de los cerros orientales permitió que el tirador permaneciera escondido durante horas sin ser visto hasta el disparo.

Las circunstancias en torno a los asesinatos siguen sin aclararse debido a la ausencia de datos concretos. A la fecha, no se han identificado ni capturado responsables, y las pesquisas se mueven entre hipótesis.

La Superintendencia de Vigilancia inspecciona oficinas de Seguridad Oriental en Bogotá por caso de esmeraldero asesinado

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejecutó una inspección este 18 de febrero de 2026 en las oficinas de la firma Seguridad Oriental Ltda. en el barrio Normandía, en Bogotá, una empresa ligada a la protección de minas de esmeraldas y fundada por Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’.

El operativo responde a revelaciones recientes sobre la posible infiltración de excapos y personas relacionadas con el narcotráfico en agencias de seguridad vinculadas al sector esmeraldero, según el mismo medio.

Entre los casos destacados figura Dionisio de Jesús Vera, alias el Flaco Vera, actualmente desaparecido en Guayaquil, Ecuador, quien habría trabajado para Hidra Seguridad, empresa vinculada a herederos de influyentes familias esmeralderas asociadas con Esmeraldas Santa Rosa.

Seguridad Oriental Ltda. realiza la protección de la mayoría de las firmas dedicadas a la extracción de esmeraldas, incluidas empresas internacionales.

Además, administra esquemas de seguridad para socios relacionados con descendientes de Víctor Carranza Niño, conocido como el ‘zar de las esmeraldas’.

La red de conexiones involucra, además, a Magal Seguridad, mencionada en informes de inteligencia sobre la llamada Junta Directiva del Narcotráfico, donde figura como escolta Jorge Iván González Ramírez, alias J la Firma, cuya fotografía aparece en el organigrama de esta junta, supuestamente con sede en Dubái.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) a través de su cuenta oficial de X, la acción se realizó en una ruta identificada como frecuentemente utilizada por el crimen organizado. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido“, resaltó en el comunicado.

Esta semana, bajo el mando del nuevo comandante Francis Donovan, la Fuerza de Tarea “Laza del Sur” intensificó sus acciones, con tres ataques recientes en la zona.

Los operativos cerca de Venezuela continúan, mientras en paralelo Trump el analiza desde Washington al gobierno interino liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La reciente acción militar de Estados Unidos se enmarca en el plan Lanza del Sur, una estrategia implementada por la administración del presidente Donald Trump desde septiembre del año pasado para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde el inicio de la campaña, Estados Unidos realizó más de 37 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

Según el Comando Sur, hasta finales de enero el número de muertos por los bombardeos a botes vinculados al tráfico de drogas ascendía a 128, incluyendo tanto víctimas directas como personas desaparecidas y presumiblemente fallecidas en el mar. El Pentágono detalló que 118 personas murieron de inmediato y otras diez no fueron localizadas tras saltar al agua o no ser rescatadas.

Este último ataque es el quinto que se realiza tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue detenido durante una operación estadounidense en Caracas el 3 de enero y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

La campaña militar arrancó con el despliegue de buques y aeronaves en la región y forma parte de la presión de Washington sobre Venezuela y Colombia para combatir a los cárteles, calificados por la Casa Blanca como “narcoterroristas”.

El viernes, el mandatario estadounidense destacó que ante tropas en Carolina del Norte el éxito de la operación militar que culminó el 3 de enero con la captura del ex líder del régimen venezolano.

Durante su discurso en la base de Fort Bragg, Trump calificó la acción como una demostración del poderío y la precisión de las fuerzas especiales estadounidenses y mencionó que la maniobra en Fuerte Tiuna, Caracas, se ejecutó “literalmente, en un minuto” con el despliegue de varios helicópteros de ataque y transporte.

Trump relató que, tras la incursión, tanto Maduro como la ex primera dama Cilia Flores fueron trasladados de inmediato a una prisión federal en Nueva York, donde permanecen a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

El inquilino de la Casa Blanca resaltó que los soldados debieron superar estrictas medidas de seguridad: “Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché”, afirmó, aludiendo a la facilidad con que los equipos estadounidenses superaron las defensas venezolanas.

En su intervención, Trump también mencionó el uso de un sistema armamentístico secreto denominado “descombobulador”, que, según explicó, fue crucial para inutilizar los sistemas de defensa rusos y chinos presentes en Venezuela. “El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán, pero no funcionó”, declaró, sugiriendo la efectividad de la tecnología militar estadounidense en el asalto. El presidente concluyó afirmando que “es agradable poder volar sin que te disparen”, en referencia a la superioridad tecnológica empleada durante la operación.

Anteriormente, el Foro Económico Mundial de Davos, Trump defendió la política de ataques en aguas internacionales del Caribe y afirmó que “se logró detener casi el 100% de las drogas que entran por vía marítima”, calificando la ofensiva como una “escalada necesaria” para frenar el tráfico y asegurando: “Estamos en conflicto armado con los cárteles”.

La revelación de un video en el cual Carlos Zelaya —hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales— aparece negociando supuestos aportes del narcotráfico para una campaña política, marcó un hito en la exposición de la colaboración entre estructuras criminales y figuras políticas en Honduras.

El material, grabado en 2013 y divulgado en septiembre de 2024, fue obtenido por el medio especializado InSight Crime tras una serie de maniobras complejas que finalmente culminaron con su entrega por parte del narcotraficante Byron Ruiz, quien fue asesinado en Ciudad de Guatemala en febrero de 2025.

Las circunstancias del asesinato de Ruiz, según InSight Crime, permanecen bajo diversas hipótesis, que incluyen un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y posibles represalias asociadas a su cooperación tanto con autoridades estadounidenses como con periodistas.

Ruiz, por entonces recluido en una prisión de Nueva York y ya colaborador de autoridades federales, recibió una carta fechada el 4 de abril de 2022 que solicitaba una entrevista. El objetivo era determinar si poseía documentos o material audiovisual que vinculara el narcotráfico con actores políticos hondureños.

El silencio acompañó esa gestión durante meses, hasta que en mayo de 2024, el periodista Jeff Ernst —integrante del equipo de InSight Crime— recibió un mensaje por WhatsApp proveniente de un número de Guatemala. “Usted me envió esta carta a la prisión”, decía el texto, acompañado de una fotografía de la misiva enviada en 2022.

Poco después, llegaron varias imágenes de Carlos Zelaya y un ofrecimiento: “Si le interesa información del señor. Yo tengo algo que le puede interesar a los medios de comunicación”. InSight Crime logró identificar al remitente como Byron Ruiz, quien propuso un encuentro presencial en Honduras para hacer entrega del video en cuestión.

Las precauciones adoptadas por el periodista respondieron al historial criminal de Ruiz, quien no solo era traficante, sino que también había sido señalado como sicario.

Por razones de seguridad, Ernst solicitó el envío del video por correo electrónico, pero Ruiz declinó y manifestó en una llamada telefónica: “Se lo voy a mandar y luego le voy a explicar bien qué es eso”. El archivo nunca llegó bajo esa modalidad, lo que obligó a InSight Crime a explorar alternativas para verificar la existencia y autenticidad del material.

La decisión llevó a Jeff Ernst a viajar a Honduras en julio de 2024, para encontrarse en un hotel de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, con Byron Ruiz. En esa reunión, Ruiz reconoció que su colaboración con autoridades estadounidenses había permitido la reducción de su condena a cinco años de prisión y afirmó: “Yo les dije todo”.

El narcotraficante detalló que el video de Carlos Zelaya se encontraba entre varios materiales que conservaba, y que estos le fueron entregados por una persona cercana a los líderes de Los Cachiros, Devis y Javier Rivera Maradiaga.

A la jornada siguiente, Ruiz trasladó personalmente al periodista hasta una casa abandonada, custodiada por hombres armados. Allí, rodeados de una estricta seguridad, Ruiz entregó a Ernst una bolsa con una memoria USB. El dispositivo, insertado de inmediato en una computadora portátil, contenía la grabación: Carlos Zelaya aparece en el minuto veintidós del video. Según la reconstrucción de InSight Crime, Ruiz simplemente constató: “Ahí está”, mientras miraba la reproducción del archivo.

La reunión derivó en una conversación de aproximadamente treinta minutos, en la que Byron Ruiz comentó poseer otros videos que involucrarían a figuras políticas hondureñas, incluyendo a Mauricio Villeda. Antes de que el material se hiciera público, Carlos Zelaya reconoció haber mantenido reuniones con narcotraficantes y presentó su renuncia al cargo en el Congreso Nacional el 31 de agosto de 2024 durante declaraciones a medios en Tegucigalpa.

En las semanas siguientes, InSight Crime procedió a la publicación del video, detallando el contexto de la obtención, el origen del archivo y los pasos seguidos para su verificación. La repercusión de este documento audiovisual generó consecuencias tanto políticas como judiciales en Honduras.

El 13 de febrero de 2025, Byron Ruiz fue asesinado a balazos en Ciudad de Guatemala. De acuerdo con InSight Crime, entre las hipótesis sobre su muerte figuran desde rivalidades entre grupos criminales hasta represalias por su colaboración judicial y periodística. Hasta la fecha, ninguna versión oficial ha vinculado de manera concluyente el homicidio con la entrega del video.

La secuencia que llevó desde una carta enviada a una prisión en Estados Unidos hasta el encuentro en una remota casa de Honduras muestra el detallado esquema seguido por InSight Crime para obtener una pieza que más tarde impactaría en el escenario político del país.

Las autoridades de Estados Unidos incautaron más de una tonelada de cocaína valorada en 18.400.000 de dólares durante una operación antidrogas realizada en el Caribe y el océano Pacífico oriental, informó este jueves la Guardia Costera.

El decomiso, llevado a cabo por el guardacostas Alert, tuvo lugar en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida empleada para el tráfico de drogas.

Durante la operación, las autoridades confiscaron 2.250 libras de cocaína (1,02 toneladas), siete libras de marihuana valoradas en 7.000 dólares y un arma de fuego. Los cuatro traficantes detenidos fueron entregados, junto con la droga, a las autoridades de Bahamas para su procesamiento.

La tripulación del guardacostas Alert regresó este jueves a su base en Cabo Cañaveral tras completar una patrulla antidrogas de 45 días en el Pasaje de los Vientos, el mar Caribe y el Pacífico oriental. Además, el equipo apoyó la Operación Vigilant Sentry en el área de responsabilidad del Distrito Sureste de la Guardia Costera, contribuyendo a disuadir migraciones ilegales y peligrosas cerca de Haití.

Además, por el amplio despliegue marítimo y aéreo en el Caribe, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que confiscó un nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela durante una operación coordinada antes del amanecer del jueves.

La acción, desarrollada por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, tuvo como objetivo el petrolero Verónica, interceptado sin incidentes tras zarpar desde el USS Gerald R. Ford (CVN 78).

El Verónica es el buque más reciente en desafiar la cuarentena impuesta por el entonces presidente Donald Trump a barcos sancionados en la región, una medida que, según las autoridades estadounidenses, evidencia la eficacia de la Operación Lanza del Sur y el control sobre la actividad ilícita en aguas del hemisferio occidental.

La operación contó con el respaldo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de EEUU, integrado por el USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28), plataformas descritas por oficiales militares como “listas y letales”.

El Departamento de Defensa explicó que la confiscación del Verónica forma parte de una misión más amplia para combatir actividades ilícitas, restaurar la seguridad y defender intereses estadounidenses en la región, en coordinación con la Guardia Costera y el Departamento de Justicia.

Entre los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de enero de 2026, Estados Unidos ha intensificado la incautación de buques petroleros ligados al comercio de petróleo venezolano y a presuntas actividades ilícitas. Esta escalada se enmarca dentro de una campaña de presión máxima que, según un funcionario citado por Reuters, incluyó la aplicación de un bloqueo naval y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la administravción de Donald Trump intensificó de forma significativa las incautaciones de buques petroleros vinculados al comercio de petróleo venezolano y a presuntas actividades ilícitas. Según fuentes citadas por Reuters, esta escalada se inscribe en una campaña de presión máxima que incluyó la implementación de un bloqueo naval y la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

En ese período, las fuerzas estadounidenses interceptaron al menos seis grandes buques petroleros que intentaban evadir las sanciones impuestas por Washington.

Paralelamente, Estados Unidos concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de enero entre Caracas y Washington, informó este jueves un funcionario estadounidense a Reuters.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se prepara para iniciar ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas desarrolladas en el Pacífico y el mar Caribe, y señaló que estas organizaciones criminales “están controlando México”.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en la cadena Fox News. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió el mandatario estadounidense, sin precisar fechas ni alcances de las acciones anunciadas.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que Washington ejecutara un operativo en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por “narcoterrorismo” ante un tribunal federal de Nueva York. Tras ese operativo, Trump reiteró que ofreció ayuda en varias ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir a los cárteles, aunque aseguró que ella rechazó siempre esa posibilidad.

México reforzó en los últimos meses la cooperación con Estados Unidos en la frontera y extraditó durante 2025 a decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte. Pese a ese nivel de colaboración, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no acepta ningún tipo de intervención militar extranjera en territorio mexicano. La mandataria sostuvo que México es un país soberano y que su gobierno impulsa una solución pacífica frente al crimen organizado.

Sheinbaum señaló además que ambos países enfrentan “problemas comunes”, entre ellos la atención de las causas del consumo de drogas y la cooperación en materia de investigación vinculada a la seguridad. “Es lo que hemos planteado siempre, nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes”, expresó.

La presidenta agregó que la responsabilidad debe ser compartida entre ambos países. “Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos de Estados Unidos que distribuyen drogas; nosotros en nuestro territorio colaboramos con información y con investigación, en el marco del entendimiento que tenemos”, puntualizó.

Trump volvió sobre el tema el domingo pasado, cuando elogió a su homóloga mexicana, aunque expresó preocupación por la situación interna del país. Según sus palabras, la presidenta “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, afirmó el mandatario, un día después de la operación para capturar a Maduro.

El mandatario vinculó el narcotráfico con la crisis de salud pública en Estados Unidos y afirmó que entre 250.000 y 300.000 personas mueren cada año por consumo de drogas. “Son familias devastadas”, señaló, aunque sostuvo que los índices comienzan a descender, al igual que el flujo migratorio en la frontera sur, que calificó como “un desastre total” antes de su gestión.

(Con información de EFE)

Trump declaró: “Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”. El jefe de Estado no brindó precisiones sobre la modalidad ni el alcance de las acciones terrestres.

El mandatario destacó que, desde el 1 de septiembre, fuerzas estadounidenses destruyeron más de veinte lanchas que Washington vinculó con actividades de narcotráfico, en su mayoría procedentes de Venezuela.

En su mensaje a militares, afirmó: “En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”.

Trump justificó los bombardeos con un argumento central: “Están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año”. Sobre los avances de la campaña naval, añadió: “Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % por mar”.

Las declaraciones se producen en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota, dirige una operación con más de una decena de barcos, aviones de combate y unos 12.000 efectivos, con el objetivo de enfrentar a organizaciones de narcotráfico.

Trump afirmó días previos que no tomó una decisión definitiva sobre posibles ataques contra infraestructura venezolana o contra Maduro. Según indicó el martes, “podría hablar para salvar muchas vidas”, declaración que generó reacciones en Caracas. El fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, consideró “bienvenida” una eventual conversación bajo ese enfoque.

En paralelo, el régimen de Nicolás Maduro revocó el miércoles las concesiones de vuelo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, luego de acusar a estas compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado” supuestamente promovidas por Estados Unidos y de suspender sus operaciones “de manera unilateral” hacia y desde Venezuela, según una comunicación del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La medida se anunció después del plazo de 48 horas que la dictadura había otorgado a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos para que retomaran sus itinerarios. Ese lapso concluyó el miércoles al mediodía sin que las compañías reanudaran sus operaciones.

“Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más”, afirmó el ministro de Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, al explicar la decisión oficial.

Las compañías internacionales afectadas suspendieron sus servicios luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera el pasado viernes una advertencia dirigida a las aerolíneas comerciales.

En ese aviso, el organismo recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que consideró “una situación potencialmente peligrosa en la región”. Tras este pronunciamiento, varias operadoras ajustaron o cancelaron sus rutas con destino o salida desde territorio venezolano.

Cabello aseguró que el régimen de Maduro mantiene la potestad plena sobre el espacio aéreo nacional.“El Gobierno de mi país decide quién vuela y quién no. El Gobierno se reserva el derecho de admisión”, afirmó durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Según el ministro chavista, la decisión responde a una política de “defensa de la soberanía” frente a presiones externas.

En el mismo espacio televisivo, Cabello amplió los argumentos oficiales. “Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, expresó al referirse a las seis aerolíneas extranjeras. También reiteró que el régimen no aceptará que empresas internacionales ajusten sus operaciones por decisiones de gobiernos extranjeros o recomendaciones de organismos de otros países.

(Con información de AFP y EFE)

“Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”, comenzó indicando el funcionario estadounidense por medio de un comunicado publicado en X.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, detalló.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron. A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”, concluyó Hegseth.

El ataque eleva a al menos 70 el número de muertos desde el inicio de la campaña antidrogas lanzada por Washington en septiembre, según cifras oficiales recopiladas por agencias internacionales. Los operativos, ejecutados principalmente en el Caribe y el Pacífico oriental, forman parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra el narcotráfico.

Hasta la fecha, Estados Unidos destruyó al menos 18 embarcaciones —17 lanchas y un semisumergible— en operaciones similares. En la mayoría de los casos, las autoridades norteamericanas publicaron imágenes aéreas del momento del impacto, aunque secciones de los videos aparecieron censuradas por razones no especificadas.

En los últimos meses, el Pentágono desplegó seis buques de guerra en el Caribe, trasladó cazas F-35 a Puerto Rico y envió al portaaviones USS Gerald R. Ford al área, según fuentes militares.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó en repetidas ocasiones a Trump de utilizar la lucha antidrogas como excusa para intentar derrocarlo. En respuesta, bombarderos estadounidenses realizaron maniobras de demostración de fuerza sobre el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre.

Maduro, acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico, negó que en su país exista producción de drogas. Sostuvo que Venezuela es “una víctima del tráfico de cocaína colombiana” y que su territorio “es usado como ruta sin su consentimiento”.

La presión de Estados Unidos contra el régimen chavista

Trump “dudó” el domingo pasado en si iniciará una guerra contra el régimen de Maduro, en medio de la escalada militar tras los ataques de Washington a las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Consultado en una entrevista con CBS sobre la posibilidad de un conflicto con el régimen de Caracas, Trump respondió: “Lo dudo, no lo creo”. Sobre una potencial intervención militar en Venezuela, el mandatario evitó ser concluyente: “No me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con los periodistas sobre si voy a atacar o no (...) no le voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”.

El líder republicano insistió en que la dictadura chavista “nos ha tratado muy mal, no solo con las drogas” y volvió a acusar al país sudamericano de “haber traído a 11.888 asesinos” a Estados Unidos, culpa que atribuyó a las políticas migratorias del ex presidente Joe Biden y que, afirmó, “no vamos a permitir”.

Trump aseguró: “Dejaron entrar a gente que jamás debió haber entrado. Venezuela vació sus cárceles en Estados Unidos. Y cada uno de esos barcos que ven derribados —y estoy de acuerdo, es algo terrible— mata a 25.000 estadounidenses. Cada barco derribado mata a 25.000 personas por el narcotráfico y destruye familias en todo el país”.

(Con información de AFP)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó en X que los servicios de inteligencia estadounidenses “sabían que este buque, al igual que todos los demás, estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes”.

“Tres narcoterroristas se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, informó el titular del Departamento de Guerra norteamericano.

Luego, afirmó que los narcoterroristas “están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán”.

“El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al-Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”, subrayó en la publicación a la cual sumó un video del ataque.

Estados Unidos desplegó buques en el Caribe y envió aviones de combate a Puerto Rico como parte de una operación militar que, según Washington, busca frenar el tráfico de drogas en la región.

En las últimas semanas, más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico dejaron a más de 65 muertos.

La ofensiva ocurre luego de que la Marina de México confirmara la realización de un operativo de búsqueda y rescate en alta mar tras una petición de la Guardia Costera de Estados Unidos, en respuesta a un incidente a unos 830 kilómetros de la costa de Acapulco.

Según Europa Press, la intervención mexicana surgió tras el ataque de fuerzas estadounidenses contra cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos y un sobreviviente rescatado en la zona.

Hegseth, señaló que los ataques, realizados el lunes pasado por orden del presidente Donald Trump, fueron “letales y cinéticos” y dirigidos a embarcaciones identificadas como operadas por organizaciones consideradas terroristas y vinculadas al tráfico de drogas en el Pacífico. La operación se ejecutó fuera de aguas territoriales y sin bajas en las fuerzas estadounidenses .

El funcionario del mandatario republicano detalló que, en total, 15 personas viajaban en las embarcaciones atacadas: “Ocho narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque. Cuatro narcoterroristas iban en otra embarcación en el segundo ataque. Tres narcoterroristas iban en otra embarcación en el tercer ataque”. Solo uno de los ocupantes sobrevivió y fue rescatado con apoyo de las autoridades mexicanas.

La presión de Estados Unidos sobre el dictador Nicolás Maduro

Por su parte, Trump negó este viernes que esté planeando ataques a Venezuela, en respuesta a temores surgidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y reportes sobre un posible derrocamiento del régimen venezolano.

“No”, respondió Trump a un periodista a bordo del Air Force One al ser consultado sobre supuestos preparativos militares contra Venezuela.

La Casa Blanca también desmintió cualquier decisión de atacar objetivos en el país sudamericano y rechazó recientes informes de medios sobre posibles planes de intervención. La portavoz Anna Kelly aseguró a Fox News Digital: “Fuentes anónimas no saben de qué están hablando. Cualquier anuncio relacionado con la política hacia Venezuela provendría directamente del Presidente”.

(Con información de AFP y Europa Press)

Las imágenes, tomadas alrededor de las 6 de la mañana, mostraron a decenas de hombres armados, algunos vestidos con ropa camuflada y uniformes similares a los de la Policía, lo que dificultó su identificación, según indicaron los agentes.

La investigación concluyó que, entre los presentes, se encontraban jefes del tráfico provenientes de otros estados, como Goiás, Espírito Santo, Bahía, Ceará, Amazonas y Pará, además de miembros de la cúpula del Comando Vermelho en Río.

El video muestra al grupo moviéndose hacia la zona boscosa de la Serra da Misericórdia, que se convirtió en uno de los principales escenarios de enfrentamiento durante la operación.

Según la Policía, el traficante conocido como "Doca“, uno de los objetivos principales, ya se ocultaba fuera del área residencial en el momento de la grabación. Es por ese motivo que no fue capturado.

En declaraciones a GloboNews, el secretario de Seguridad Pública de Río, Victor Santos, señaló que la densa vegetación dificultó el avance de los equipos y facilitó la fuga de los traficantes por la zona boscosa, utilizada también como área de adiestramiento de la facción.

“El bosque utilizado en la fuga también sirve de área de entrenamiento para nuevos integrantes de la facción, inclusive menores de edad”, afirmó el funcionario.

Las imágenes divulgadas forman parte de un informe policial sobre actos violentos cometidos por integrantes del Comando Vermelho. Entre el material analizado, aparece un video en el que un hombre es arrastrado por una moto tras haber sido acusado de robarle dinero al tráfico. La Policía sospecha que fue ejecutado.

Según las policías Civil y Militar, el Comando Vermelho controla casi todas las favelas de Río de Janeiro. Las áreas restantes están bajo dominio de milicias u otros grupos criminales.

En los últimos años, la facción diversificó sus mecanismos de explotación, cobrando tarifas a los residentes a cambio del acceso a servicios básicos como gas, internet y transporte.

El Comando Vermelho no solo mantiene presencia en Río, sino que expandió su influencia a otras regiones del país, disputando rutas del tráfico en el norte y nordeste. Datos de la Secretaría Nacional de Políticas Penales (Senappen) indican que la organización opera en 24 estados y en el Distrito Federal, consolidándose como la mayor agrupación delictiva en Brasil.

La megaoperación en los complejos da Penha y Alemão fue la más letal registrada en Río, con al menos 132 muertos, incluidos cuatro policías, y 113 detenidos. Participaron 2.500 agentes de las policías Civil, Militar y unidades especiales, con el objetivo de cumplir órdenes de arresto y desmantelar bases logísticas del grupo criminal.

El gobierno estatal calificó la operación como un “éxito”, mientras que organizaciones de derechos humanos y habitantes de la zona denunciaron abusos.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cadáveres este miércoles, declaró que varios de ellos presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.

Por su parte, el activista Raull Santiago informó que la exposición de los cuerpos ayer en una plaza fue solicitada por los familiares, con el fin de mostrar en qué condiciones fueron hallados. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, manifestó.

Durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos “Integrantes de Cajar vs. Colombia” y “Pedro Julio Mahecha Ávila vs. Colombia”, llevado a cabo el 17 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro aseguró que en Colombia no se está garantizando el acceso a la verdad, en relación con los crímenes cometidos en el conflicto armado.

De acuerdo con su explicación, se requiere de toda una institucionalidad que se encargue de la tarea que alcanzar la verdad los hechos victimizantes que han dejado miles de víctimas en el país. “Aquí las garantías de no repetición tienen que ver con construir una institucionalidad, que aún no existe, para que se sepa la verdad”, dijo el primer mandatario.

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El presidente explicó que la labor de buscar la verdad y exponerla ante la ciudadanía está en manos de las cortes y no de quien ejerza el mandato en el país. No obstante, aseguró que las cortes no estarían cumpliendo con ese deber.

“Por alguna razón, y yo les demando el porqué, no nos están ayudando a construir la institucionalidad de la verdad”, señaló el primer mandatario.

Según detalló, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la principal responsable de dar a conocer los hechos de violencia que se presentaron en el conflicto armado. Su creación surgió tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y lleva siete años investigando a actores armados vinculados a todo tipo de crímenes vinculados al conflicto, como asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos.

“La JEP, tal y como quedó escrita en los acuerdos de paz con las Farc, que son declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser la instancia de cierre de la verdad en Colombia”, indicó el presidente.

Desde la perspectiva de Gustavo Petro, la JEP debería incluir a todos los actores que pudieron haber participado en esos los casos investigados. Eso involucra, por ejemplo, a exparamilitares que se acogieron a Justicia y Paz y terceros, como narcotraficantes.

“Pueden recibir declaraciones hasta de narcotraficantes, dice el acuerdo. Antes de que un narcotraficante se vaya extraditado, debe rendir declaración ante la JEP en lo que tiene que ver con el conflicto armado”, expuso.

Entonces, el mandatario hizo un cuestionamiento sobre la posibilidad de que los narcotraficantes sean escuchados por la JEP, indicando que la información que suministren puede ser muy útil para el Gobierno de Estados Unidos, que lleva décadas emprendiendo una lucha contra el tráfico de estupefacientes.

“¿Puede ser o no puede ser?, ¿o tenemos que arrodillarnos al Gobierno de Trump?, porque a ellos sí la verdad que les interesa”, aseveró.

Según Gustavo Petro, todo aquel que tuvo alguna participación en el conflicto, debe declarar ante la JEP, con el fin de que la verdad sobre sus crímenes no quede silenciada y olvidada.

En 2023, el primer mandatario también se refirió a las funciones que, a su juicio, debe cumplir el tribunal de paz, teniendo en cuenta lo acordado entre las partes en 2016, que yace en el Acuerdo de Paz. En una carta enviada a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el jefe de Estado aseguró, entre otras cosas, que la JEP debería “proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía”.

El entonces presidente de la Jurisdicción, magistrado Roberto Carlos Vidal, se pronunció por medio de un comunicado, indicando que el Gobierno no es competente para dar órdenes al tribunal de paz.

“El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”, señaló.

Cuando el ejército de Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra una lancha rápida que se acercaba a la costa sur de República Dominicana el mes pasado, matando a tres personas a bordo, las autoridades dominicanas dijeron que más de 375 paquetes de cocaína salieron volando al mar Caribe.

Decenas de ellos tenían un embalaje rojo con una marca claramente etiquetada en letras mayúsculas blancas y negras, MEN, según las fotos distribuidas por la agencia antidroga dominicana.

Los 1.000 kilos de cocaína recuperados de los restos se sumaron a los casi 19.000 kilos de drogas que la agencia antidroga de República Dominicana ya había incautado desde enero, en lo que había sido un año récord de incautaciones de narcóticos en el mar antes de que los buques de guerra estadounidenses se trasladaran a la región.

El gobierno de Donald Trump, que afirma luchar contra los cárteles de narcotraficantes a los que califica de terroristas, ha estado destruyendo lanchas rápidas en el Caribe, lo que ha puesto de relieve una industria con décadas de antigüedad responsable de introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos cada año.

Conocido desde hace tiempo como un corredor popular para el tráfico de personas, drogas y armas, el Caribe ya no es la ruta dominante que era en la década de 1980, cuando series de televisión como Miami Vice mostraban cómo los cárteles colombianos enviaban y transportaban productos ilícitos al sur de Florida.

Sin embargo, a medida que las estrategias de aplicación de la ley han cambiado a lo largo de los años, la región ha resurgido periódicamente como una opción popular para el transporte de mercancías ilícitas, cada vez más hacia Europa, donde la demanda y el precio de la cocaína es más elevado.

A pesar de que el gobierno de Trump describe al Caribe y a Venezuela como una vía de entrada desenfrenada de drogas que matan a estadounidenses, la gran mayoría del tráfico marítimo de drogas con destino a Estados Unidos en realidad se produce en el Pacífico, según datos de Estados Unidos y la ONU.

Sin embargo, según los expertos, el Caribe sigue siendo un importante centro de tráfico de cocaína colombiana, parte de la cual pasa por Venezuela, aunque no desempeña ningún papel en el tráfico de fentanilo, que había sido la principal preocupación del presidente Trump antes de que comenzaran los ataques contra las embarcaciones.

Con el gobierno de Trump tomando medidas enérgicas en la frontera sur de Estados Unidos e inundando el Caribe con recursos militares, los narcotraficantes están encontrando diferentes formas de trasladar las drogas desde Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, a diversos mercados, según afirman expertos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los traficantes suelen transportar las drogas desde Colombia a países del Caribe, como Trinidad, República Dominicana y Jamaica, donde se reempaquetan y se preparan para su envío a otros lugares. Dependiendo de la organización criminal, las drogas pueden pasar por más islas antes de ser embarcadas en lanchas rápidas u ocultas en buques portacontenedores rumbo a su destino final.

Algunos contrabandistas utilizan cada vez más buques de carga en el Caribe para ocultar el contrabando, según los expertos, lo que dificulta especialmente su detección porque las drogas se mezclan con mercancías legales, como los productos agrícolas.

En Trinidad y Tobago, la campaña de represión del gobierno de Trump en la región ha provocado un repentino aumento del número de vuelos ilegales procedentes de Sudamérica que lanzan fardos de drogas al mar, para ser recogidos por buques más grandes, según un alto funcionario antinarcóticos que no estaba autorizado a hablar públicamente.

En otras partes del Caribe, la presencia de buques de guerra estadounidenses patrullando ha tenido efectos diversos.

En República Dominicana, el número de embarcaciones con drogas avistadas en el mar ha disminuido drásticamente, dijo un alto funcionario gubernamental que habló con la condición de mantener su anonimato.

En Jamaica, los funcionarios antinarcóticos afirman que los traficantes transportan drogas en cantidades más pequeñas para reducir sus pérdidas en caso de que sus cargamentos sean confiscados.

“Estamos observando cambios en el modus operandi”, dijo Patrae Rowe, jefe de la División de Investigación de Armas de Fuego y Narcóticos de la Policía de Jamaica. “Se están utilizando medios más encubiertos para transportar la droga”, dijo, como ocultarla en envíos de alimentos.

Una cosa está clara: el mundo nunca ha estado tan inundado de cocaína. La Guardia Costera de los Estados Unidos incautó casi 175.000 kilos, o unas 193 toneladas, de cocaína en alta mar en el año fiscal que finalizó en septiembre, más del doble de la cantidad incautada el año anterior. Un tercio de esa cantidad, unas 64 toneladas, se incautó en el Caribe.

La Guardia Costera, cuya práctica habitual es interceptar embarcaciones que transportan drogas, confiscar el contrabando y detener a los sospechosos, subrayó que gran parte de su labor se sigue desarrollando en el Pacífico y se negó a hacer más comentarios para este artículo.

La cantidad de cocaína incautada en Jamaica ha aumentado de manera constante en los últimos cinco años, dijo Rowe. En 2024 se confiscaron más de 2508 kilos, la mayor parte de ellos en un solo caso de contrabando, dijo.

En la década de 1980, el Caribe era la principal ruta para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Los cárteles colombianos dirigidos por poderosos capos de la droga como Pablo Escobar dirigían sofisticadas organizaciones de tráfico que controlaban todo, desde el cultivo de la planta de coca hasta las lanchas rápidas utilizadas para llevar la cocaína a Miami.

Esa dinámica cambió hace unos 20 años, cuando la industria pasó a transportar la cocaína principalmente por tierra a Estados Unidos a través de México. Las medidas antinarcóticos en México hicieron que parte de ese tráfico de cocaína regresara al Caribe en la última década, dijeron los expertos.

Con tanta cocaína producida y una demanda mundial, los traficantes buscaron mercados más caros en el extranjero, lo que dio al Caribe un papel más importante en el transporte de drogas a lugares como Róterdam, el puerto más activo de Europa, e incluso más lejos, a Australia y Sudáfrica.

Los cárteles también han cambiado de estrategia dividiendo tareas como el cultivo, el almacenamiento y el transporte entre organizaciones interconectadas, de modo que ningún cártel controla toda la operación, lo que dificulta el desmantelamiento de las redes de contrabando.

Por ejemplo, los capos locales de la droga en Trinidad se han encargado de la logística y la seguridad, dijo el funcionario antinarcóticos que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Ese funcionario dijo que, con ocho buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe, las autoridades habían detectado muchos más vuelos no autorizados que partían de Colombia hacia las islas del Caribe. Mientras que en el pasado podía haber cinco vuelos ilegales en una sola mañana, ahora hay 15, dijo.

Según el funcionario, las drogas suelen lanzarse desde los aviones al mar para ser recogidas por un yate o un buque mercante porque las fuerzas estadounidenses no atacan a embarcaciones tan grandes.

Los fardos de cocaína que han llegado a la costa en las últimas semanas en Trinidad y otras islas estaban empaquetados con cuerdas y ganchos, lo que sugiere que estaban destinados a ser sacados del agua, dijo.

En las últimas semanas se han descubierto varios paquetes grandes de cocaína en San Vicente y las Granadinas, incluidos algunos envueltos en lonas blancas con una lista de ingredientes vitamínicos y la etiqueta “Industria Colombiana”.

Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump dijo que se han destruido al menos cuatro lanchas rápidas, lo que ha ocasionado el fallecimiento de 21 personas. Los funcionarios del gobierno de Trump, sin aportar pruebas, han afirmado que transportaban drogas para “narcoterroristas” que amenazaban la seguridad de Estados Unidos. Los expertos en Estado de derecho coinciden en que los ataques violan el derecho internacional.

El gobierno justificó los ataques militares citando el enorme número de sobredosis en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las muertes por drogas se deben al fentanilo que no se trafica a través del Caribe.

La primera embarcación, cuya destrucción se anunció el 2 de septiembre, fue atacada cerca de Trinidad. Otra embarcación fue destruida el 19 de septiembre, a más de 128 kilómetros al sur de Isla Beata, que forma parte de la República Dominicana, en lo que se describió como una operación conjunta de Estados Unidos y República Dominicana.

República Dominicana está considerado como un importante punto de transbordo de drogas, ya que la mayoría de los narcóticos salen a través de sus puertos comerciales.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, en los últimos cinco años se han incautado cerca de 225.000 kilos de drogas, es decir, 248 toneladas.

Las estimaciones sobre la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos a través del Caribe varían, pero algunos expertos afirman que es tan solo un 10 por ciento.

Lilian Bobea, socióloga de la Universidad Estatal de Fitchburg, en Massachusetts, que estudia la industria de las drogas ilegales, dijo que la mayor presión de Estados Unidos sobre México y el aumento del consumo “están haciendo que el Caribe vuelva a ser muy relevante”.

El precio de un kilo de cocaína en la región del Caribe es de unos 3000 dólares. Los primeros indicios sugieren que el aumento de la presencia militar del gobierno de Trump en la región está haciendo subir el precio, pero los expertos dijeron que el efecto completo no se verá hasta dentro de varios meses.

Sin embargo, los expertos afirman que es probable que los buques de guerra estadounidenses tengan poco impacto en lo que es un mercado extraordinariamente lucrativo.

“Hay una sobreproducción de cocaína en los países productores”, dijo Alberto Areán Varela, coordinador regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Hay más para contrabandear”.

“No podemos dejar de consumir drogas”, añadió.

© The New York Times 2025.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las posibles implicaciones de las declaraciones que entregó ante la Asamblea General de Naciones Unidas contra el gobierno de Donald Trump, al que crítico con dureza por su manejo de la política antidrogas y, que, entre otras cosas, generó un pronunciamiento del Departamento de Estado.

“Yo les dije a ellos cuándo hablábamos de los números de incautaciones y estos temas propios de la lucha contra los narcotraficantes, que ellos llaman lucha contra las drogas, que no es lo mismo... Que miráramos los números, y discutiéramos sin ningún problema las cantidades, las posibilidades futuras, etcétera. La colaboración”, aseguró el jefe del Estado en diálogo con Rtvc Noticias.

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Acto seguido, el jefe del Estado aseguró que “la mafia” es la responsable de querer fracturar las relaciones con el país norteamericano, al señalar que el verdadero riesgo de la cooperación bilateral surge del narcotráfico y sus redes criminales.

“Quienes querían romper la relación entre Colombia y Estados Unidos es la mafia, porque ganan ahí. Y quienes están en este momento, alimentando la belicosidad personal del presidente Trump, es la mafia, que fue lo que dije en el discurso”, expuso el jefe de Estado al mencionado noticiero.

El primer mandatario también sugirió que a ninguna de las dos naciones le conviene que la lucha contra los narcotraficantes se debilite, y aseguró que la vía para solucionar el impasse es el diálogo.

“Trump tampoco es tan tonto: no la ha destruido. Nosotros tampoco la vamos a romper, porque si bien los narcotraficantes no nos hacen el mismo daño que hacen en la sociedad de los Estados Unidos por el consumo, sí lo hacen metiéndose en las instituciones, controlando a la población y matando a los propios colombianos, en masacres, en cosas que ya sabemos”, dijo el presidente Gustavo Petro.

“Pues de esa manera, ni a Estados Unidos ni a Colombia le conviene que los narcotraficantes se empoderen. No se trata de que uno le ordene al otro, se trata de hablar entre iguales, de respetar a nuestros migrantes, por ejemplo, de respetar al pueblo de Colombia”, indicó el mandatario, aludiendo a la posible descertificación.

Sin mencionar nombres, el presidente aseguró que en Colombia ha habido predecesores que “se arrodillan” ante Estados Unidos, y reiteró su llamado a respetar la soberanía del país.

“Si hay presidentes que creyeron que esto era una especie de aristocracia que se arrodilla ante otra más poderosa, se equivocaron, porque Colombia se fundó con el ejército de Bolívar y el Ejército Popular, y nosotros dijimos que no queremos más tiranos. Es el pueblo el soberano, dice nuestro himno. Y entonces, ¿quién manda en Colombia? ¿El pueblo o quién?”, concluyó el presidente en declaraciones a RTVC Noticias.

Departamento de Estado y su respuesta al discurso de Petro ante la ONU

El gesto de la delegación de Estados Unidos al abandonar el recinto durante el discurso de Gustavo Petro Urrego en la Asamblea General de la ONU marcó un punto de tensión visible en la relación diplomática entre ambos países. La retirada de los diplomáticos estadounidenses, ocurrida justo cuando el presidente colombiano comenzó a cuestionar la política antidrogas de la administración de Donald Trump en Colombia, generó un impacto inmediato en el desarrollo de la sesión.

La reacción oficial de Estados Unidos no tardó en llegar. Un portavoz del Departamento de Estado respondió a las críticas de Petro con un mensaje escueto, pero cargado de significado: “las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, declaró el funcionario al diario El Tiempo.

Esta afirmación, sin entrar en detalles adicionales, aludió directamente a la decisión de abandonar la sala como respuesta a las palabras del mandatario colombiano. Durante su intervención, Petro centró parte de su discurso en las consecuencias de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, un tema que ha sido motivo de fricción recurrente entre Bogotá y Washington.

La salida de la delegación estadounidense, ejecutada en ese preciso momento, subrayó la discrepancia entre ambas administraciones y evidenció la incomodidad de Estados Unidos ante las acusaciones formuladas por el presidente colombiano. El episodio, que se desarrolló ante la mirada de la comunidad internacional, dejó en claro la postura de Estados Unidos frente a las críticas de Petro y acentuó el distanciamiento diplomático en torno a la política antidrogas.

De acuerdo con Londoño, que busca alzar las banderas ideológicas de su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá, es necesario que el país tome una postura de rechazo hacia el régimen y hacia la organización narcotraficante. A su juicio, ambos deberían ser considerados como grupos terroristas.

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“El Gobierno de Colombia debe declarar oficialmente al régimen de Maduro y al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y narcotraficante, así como lo han hecho los Estados Unidos y otros gobiernos de la región”, precisó el aspirante a la Presidencia.

Su perspectiva es contraria a la del jefe de Estado colombiano, que, además de establecer una alianza con el régimen para la creación de una zona binacional, considera inexistente el cartel de Los Soles.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico, y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, aseveró el primer mandatario en X.

Londoño indicó que, en caso de que el presidente Gustavo Petro se abstenga de declarar al régimen y al cartel como terroristas y narcotraficantes, él lo hará si llega a ocupar su lugar en el poder. Esto, contando con el respaldo de otros países que rechazan la dictadura de Maduro en Venezuela, el cual, a su juicio, supone un peligro para el país.

“Si este presidente no lo hace, cuenten con que el 7 de agosto (de 2026) nosotros sí haremos lo que toca hacer junto a nuestros aliados de la región. El régimen criminal que destruye y oprime Venezuela es una clara amenaza para Colombia”, detalló, recordando que, según su hijo, Colombia no tendrá paz mientras persista la opresión en Venezuela.

Millonaria recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una recompensa de USD50 millones por información que permita la captura y/o condena del dictador venezolano. Dicha recompensa estaba en USD25 millones, pero fue aumentada luego de que el Departamento del Tesoro del país norteamericano sancionara al cartel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado (25 de julio de 2025).

La búsqueda que están haciendo las autoridades estadounidenses está basada en datos que permiten inferir que Nicolás Maduro está al frente del peligroso cartel que, además, conspiró con grupos armados colombianos como las Farc. De hecho, según el Departamento de Estado, concluyó que el dictador negoció la comercialización de cargamentos de cocaína producidos por la guerrilla colombiana y ejecutó otras acciones criminales.

“Maduro negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas de uso militar a las FARC; coordinó con narcotraficantes en Honduras y otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala; y solicitó asistencia a la cúpula de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas del Cártel de los Soles”, precisó el Departamento de Estado en un comunicado.

Nicolás Maduro está acusado desde 2020 por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sigue tirándole con todo a través de su cuenta en X al presidente Gustavo Petro.

Por medio de un video publicado en su red social, el abogado hizo fuertes acusaciones al jefe de Estado, al que señaló de querer perpetuarse en el poder.

“Compatriotas: nuestra democracia está siendo atacada. Gustavo Petro negocia con narcotraficantes, condena a Uribe, abandona a nuestros soldados y ahora busca perpetuarse en el poder como un dictador”, aseveró.

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El jurista empezó cuestionando que no es un secreto que Colombia enfrenta un serio problema con la administración de Gustavo Petro en el poder, afectando la soberanía y democracia del país.

“No es un secreto que nuestro país enfrenta una amenaza sin precedentes contra su soberanía, contra su democracia, contra su libertad. Gustavo Petro y su circulo de enemigos de la patria, Benedetti, Saade, Iván Cepeda, las Farc y todas esas hiervas del pantano están orquestando un plan desde las sombras que buscan afectar a las instituciones de Colombia”, afirmó.

De la Espriella señaló que lo único que desea el jefe de Estado es volver a Colombia como muchos otros países que hoy sufren y son víctimas de las dictaduras.

“Subirnos en un abismo autoritario al estilo Venezuela, Nicaragua, Cuba y tantos otros países. Hoy con ellos en la mano, voy a explicarles como se conectan las piezas de este rompecabezas macabro que pone en peligro el futuro del país”, dijo.

En palabras del precandidato afirmó que: “Primero, vamos a hablar de la supuesta zona binacional que el gobierno pretende instalar junto al régimen de Nicolás Maduro. Dicha iniciativa presentada como una simple colaboración económica, no es más que un caballo de troya para ceder soberanía colombiana y controlar una amplia zona de narcotráfico que sirve a los intereses del cartel de los soles encabezado por Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, prófugos de la justicia norteamericana”.

Abelardo de la Espriella dijo en medio del video que no puede permitir que Gustavo Petro convierta a Colombia en un Narcoestado, por eso, lo denunció ante la justicia norteamericana por el delito de narcotráfico.

“Estoy luchando con las armas de la democracia para atajar a ese cáncer que nos ataca, ahora se ha aliado con los peores delincuentes del hemisferio. Ese es el modus operandi, no es nuevo. Hay que sacar de circulación a este cartel de narcotraficantes. Es una necesidad estratégica, de seguridad nacional”, señaló.

El abogado hizo la invitación a Donald Trump, al secretario Marco Rubio, de ayudar a la soberanía colombiana, “aún no se consolida el tirano, vamos a actuar”.

″Segundo, el secuestro de los hermanos en Jamundí , no es un hecho aislado, es un síntoma del abandono a nuestra fuerza pública, estos actos de violencia contra nuestros héroes de la patria, se multiplica por toda la geografía nacional, este secuestro de nuestros militares perpetrado por disidencias de las Farc, es una bofetada a la institucional, y una muestra clarísima que el gobierno de Gustavo Petro prefiere dialogar con delincuentes antes que fortalecer a nuestras fuerzas armadas“, puntualizó.

De la Espriella no dejó de pasar la oportunidad para hablar de la seguridad de Colombia, la cual en sus palabras: “se desborona, mientras se juega con la idea de ”Paz total" que en la práctica es una capitulación de los que sucedió en Jamundí“.

También habló de la reciente condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y manipulación a testigos.

“Uribe es un símbolo, el líder llamado a enfrentar al dictador, por esa razón terminó siendo el primer presidente condenado en la historia de Colombia. Uribe es un símbolo de resistencia, de valor civil, su condena fue un fallo anunciado, un montaje político, basado en falsas acusaciones de soborno y fraude procesal”, puntualizó.

Por último, el abogado explicó cómo el presidente Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder por medio de una constituyente, “finalmente es la propuesta que impulsa el gabinete de Petro, esto cierra un circulo vicioso, quieren cambiar la constitución para perpetuarse en el poder como lo hicieron Chávez y Maduro en Venezuela, esta idea que viola claramente la idea de nuestra carta magna, es la prueba clara que estamos bajo un plan sistemático”.

En el acto de conmemoración de 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, llevado a cabo el 24 de julio de 2025 en Cartagena (Bolívar), el presidente Gustavo Petro se refirió a las acciones que su Gobierno ha orientado a la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con sus declaraciones, 2.148 narcotraficantes han sido capturados durante su mandato en Colombia. Además, afirmó que muchos de ellos son de distintas nacionalidades: albaneses, franceses, alemanes, españoles, croatas e italianos.

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En ese sentido, informó que su trabajo como jefe de Estado también se ha centrado en dar pie a las extradiciones de los criminales, para que respondan por sus crímenes en sus países de origen. “Lo que yo más hago en mi oficina es firmar extradiciones. Aburridamente, porque no me acusa placer. Llegan 40 cada día, 20, y ya van 2.148″, informó.

No obstante, hasta el momento, esos esfuerzos no se ven reflejados en la disminución del consumo de estupefacientes en el mundo, ni en el fin del tráfico de drogas. Según explicó, el problema yace en la falta de regulación del mercado ilícito.

Por otro lado, aseguró que, presuntamente, los narcotraficantes se reúnen y orquestan planes para romper relaciones entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de que el primer mandatario cese la firma de extradiciones.

“Pensando que el presidente colombiano, en la rabia, pero yo me controlo, no firmo más extradiciones. Que podría, porque la Constitución me lo permite”, detalló.

Sin embargo, aclaró que, desde su perspectiva, el firmar o no firmar las extradiciones no tiene ningún efecto en términos de resolución de la problemática. A su juicio, las capturas no generan cambios estructurales en esa economía ilícita; la clave está en que en el territorio colombiano se deje de sembrar hoja de coca para la producción de cocaína.

Pero, la solución parece estar lejos de alcanzarse. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en Colombia se incrementaron los cultivos de coca: en 2023 se registraron 253.000 hectáreas sembradas en todo el territorio. Esta cifra representa dos tercios del total global.

Ahora bien, según el jefe de Estado, se necesita una “transformación social en los territorios donde se cultiva hoja de coca”. No obstante, desde su perspectiva, esta tarea es compleja de cumplir porque el dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos presenta una distribución que beneficia a los sectores “que más dinero tienen en Colombia”.

“Entonces, todo va para Bogotá, todo va para Medellín, y donde están esas hojas de coca, no reciben la carretera (…). Y es un mensaje fatal del Gobierno, porque, al aprobarse así, uno le está diciendo a unas regiones: ustedes logran tener estas cosas, pero estas otras regiones, no. Ahí viene el problema”, expuso.

Producción de cocaína crece a nivel global

Por otro lado, el presidente resaltó, con otra cifra, los resultados del Gobierno en la lucha contra las economías ilegales. Según indicó, en su administración se ha logrado la destrucción de 589 máquinas utilizadas para la extracción ilícita del oro. Esto, en seguimiento a la tesis de que golpeando las economías ilícitas, la violencia en el país se reducirá; el éxito de la misma dependerá de las cifras nacionales.

Mientras tanto, Colombia sigue liderando el mercado de la cocaína gracias al cultivo de hoja de coca. El informe de la Onudd indica que la producción global de cocaína se incrementó en un 34% en 2023, en comparación con cifras reportadas en 2022. Pues, alcanzó las 3.708 toneladas de droga pura.

La producción de cocaína en Colombia atraviesa una transformación impulsada por avances tecnológicos y científicos implementados por las organizaciones criminales.

Esto se puede ver reflejado en los números que dan cuenta de la cantidad de cultivos ilícitos que se hallan en Colombia, y que fueron motivo de conversación debido a la divulgación del Informe Mundial sobre Drogas 2025 por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el 26 de junio de 2025.

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Debido a lo anterior, y tras conocerse que en el territorio nacional se alberga más del 67% de los cultivos de mata de coca, dándole el deshonroso rótulo de líder de producción global de cocaína, un reportaje de la BBC hizo una radiografía de cómo están operando las redes de narcos y grupos armados ilegales que basan sus ingresos en el envío de millonarios cargamentos de droga al exterior.

Lo más alarmante de la situación es que, como ya es sabido, la presencia de mafias internacionales añade un factor de complejidad a la situación, porque además de la presencia de los capos italianos también se mueven los carteles mexicanos.

Cómo los grupos armados y narcos que llegan a Colombia han innovado para producir más cocaína

De entrada, las innovaciones han convertido el negocio en una industria cada vez más eficiente y rentable, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para frenarlo.

En zonas como el Cauca (suroccidente de Colombia), la hoja de coca alcanzó niveles inéditos de productividad y resistencia, tendencia que investigadores monitorean de cerca.

Leonardo Correa, coordinador regional de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), señala que “estas mejoras no vienen solo de la habilidad del campesino cocalero. Aquí hay otro nivel de conocimiento experto en temas agronómicos”.

Las cifras reflejan ese salto técnico: en 2023, la producción de cocaína en Colombia creció un 53% y se ubicó en 2.600 toneladas, según la Unodc.

Nunca antes el país había producido tal cantidad de droga, récord que puede explicarse en parte por lo que analistas denominan una carrera ‘narcocientífica’.

Se trata de una competencia continua para perfeccionar los procesos agrícolas, químicos, logísticos y hasta de captación de talento, con el objetivo de maximizar el rendimiento y la rentabilidad del negocio ilícito.

La carrera ‘narcocientífica’ en Colombia: buscan potenciar los cultivos para sacar más producción

La lógica de esta industria cambió respecto a décadas anteriores, indicó el medio británico.

Si en los ochenta Pablo Escobar ingresó a la lista Forbes de los más ricos del mundo, hoy los narcos son menos visibles, más prudentes y, paradójicamente, obtienen retornos proporcionales solo si mueven grandes volúmenes.

Así lo explica Daniel Rico, economista de la Universidad Nacional de Colombia, que señaló que este modelo “pasó de ser un negocio de margen a uno de volumen con cada vez más actores. Para ganar bien, un narco debe producir mucho más. Hoy se gana con tres toneladas lo que antes con una”.

Rico agregó que el mercado está “podrido por altos excedentes de producción”, lo que baja los precios y reduce los márgenes de utilidad. La demanda global no crece al ritmo de la producción, por lo que la industria responde apostando por eficiencia y escala, dejando atrás el antiguo esquema de altos márgenes por kilo.

El Catatumbo y Cauca, las dos zonas a las que se les debe prestar especial atención

Teniendo en cuenta las innovaciones en los cultivos, el Catatumbo, el Putumayo, el Cauca y Nariño concentran gran parte del aumento productivo.

Correa precisó además que “la mitad de la cocaína que se produce en Colombia viene de esos enclaves que ocupan más o menos el 15% del territorio de zonas cocaleras”.

El avance se nota no solo en la selección genética de las plantas, que ahora rinden hasta seis cosechas anuales en lugar de dos o tres, detalló Francisco Daza, coordinador en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

También crece el aprovechamiento del suelo, con cultivos de hasta 10.000 plantas por hectárea frente a las 4.000 o 6.000 de años anteriores. Este salto se apoya en sistemas modernos de riego, fertilización con drones y nuevas prácticas de agricultura de precisión.

Estas mejoras, coinciden los expertos, no son fruto exclusivo del saber local. Mientras Rico concede que parte del desempeño responde a la experiencia campesina y la actual estabilidad política para sembrar coca —por ejemplo, la ausencia de glifosato y la apertura de la administración Petro al diálogo—, tanto Daza como Correa creen que existe un nivel de refinamiento imposible para un cultivador común.

“Esto no puede ser espontáneo. Debe haber una formación mucho más robusta para encontrar fórmulas de mejora de plantaciones y cosecha de hoja de coca”, dijo Daza. A tal punto que hasta de ingenieros agrónomos se han provisto las redes criminales.

Los narcos reclutan talentos para que mejoren los niveles de producción y hasta las condiciones de la planta

La presencia de talento especializado se ha documentado en los últimos años.

En 2023, la Fiscalía de Colombia detectó el envío de “ingenieros agrónomos” desde México para optimizar la productividad de la hoja y extraer más cocaína base por planta, agregó el informe de la cadena británica.

Esto se puede palpar de cerca con las decenas de capturas en zonas estratégicas que confirman que los carteles mexicanos, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, mantienen vínculos con organizaciones colombianas como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc (al mando de alias Iván Mordisco) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Las investigaciones muestran convenios de formación en temas técnicos y químicos, así como la transferencia directa de experiencia criminal.

Daza aseveró: “Los narcos preparan a su gente dentro de la misma organización. Hemos visto integrantes de grupos armados colombianos que llegan a México para prepararse en temas técnicos y productivos para la hoja de coca”. Además, indicó que hay documentos de laboratorios mexicanos bien equipados y conexiones académicas.

El fenómeno de captación de talento alcanza las universidades. En diciembre de 2024, una investigación del New York Times reveló que grupos criminales mexicanos ofrecen altos salarios a alumnos de química para gestionar laboratorios de fentanilo, una práctica con antecedentes en el caso colombiano de la coca.

Lo que se vio en la serie ‘Breaking Bad’ no está alejado de la realidad: blindan la droga

James DeFrancesco, director del programa de ciencias forenses de la Universidad de Loyola y exquímico forense de la DEA, recordó cuando “en 2006 desmontamos un laboratorio sofisticado de fentanilo cerca de Ciudad de México gestionado por un químico profesional formado en Estados Unidos”.

Para DeFrancesco, también en la cocaína “tiene sentido contratar talento profesional y necesitas buenas habilidades químicas para extraer más producto de la hoja de coca”.

La sofisticación química no se limita a la producción. Para sortear los controles de las autoridades, los narcos camuflan la base de cocaína mezclándola con otras sustancias.

El resultado es un “candado químico” que vuelve indetectable la droga, sólo reversible por expertos que conocen el proceso. Correa reconoce que “son múltiples niveles de mejoras muy expertas”, lo que complica la labor de los organismos antidrogas.

Hasta los ‘narcosubmarinos’ han sido modificados en pro de la eficiencia

La tecnociencia aplicada también avanza en la logística y el transporte de la droga.

Los criminales emplean semisumergibles fabricados con fibra de vidrio y carbono, componentes impresos en 3D, sistemas satelitales y motores silenciosos.

Estos ‘narcosubmarinos’, muchos ensamblados en talleres artesanales del Pacífico colombiano, costaban hasta 1 millón de dólares hace años.

Hoy se elaboran por entre 50.000 y 100.000 dólares (200 y 400 millones de pesos colombianos). El margen es tan alto que a los contrabandistas, según César Álvarez, investigador en Australia, “hasta les da un poco igual si le incautan: si entiendes que el kilo de cocaína en Australia puede costar más de US$100.000, consigues potentes retornos en pocos envíos”.

Seguido a esto, “hemos visto tecnificaciones que optimizan la navegación, como que puedan tripularse de forma remota, basándose en elementos tecnológicos de navegación como GPS (sistemas de posicionamiento global), y los usos de motores silenciosos y mejoras en los sumergibles que impiden ser detectados por radares”, apunta Daza.

Álvarez fue más osado y aseguró que “pronto veremos cómo utilizarán la inteligencia artificial y se acelerarán los tiempos de producción”.

Búsqueda de nuevos mercados alrededor del mundo para las redes de narcotráfico

Las redes para la exportación se extienden por todo el mundo. Las autoridades han encontrado semisumergibles con coca en altamar, incluso en costas europeas como Portugal, y diseñados para recorrer miles de kilómetros.

Se presume que existen redes de abastecimiento en islas y colaboración con buques de carga que permiten ampliar las rutas tradicionales. Esto confirma, como dice Correa, “una amplia cadena humana que se sirve de la corrupción en puertos y pequeñas islas para funcionar”.

Mientras tanto, la respuesta estatal no logra igualar el ritmo de innovación de los narcos. En 2024, Colombia alcanzó cerca de 800 toneladas incautadas de cocaína.

Víctor González, capitán de fragata de la Armada Nacional, relata la incautación de un semisumergible no tripulado, manipulado por remoto con antenas de Starlink y sistemas de navegación por satélite.

“Cada día evolucionan más y podemos decir que detrás hay una mano de obra muy tecnificada”, explicó González.

Uno de los destinos más apetecidos por parte de los narcos alrededor del planeta se encuentra en Oceanía.

Y es que Australia puede dejar ganancias que no se verían en mercados ilegales de otras latitudes, porque allí un kilogramo de cocaína puede llegar a costar 240.000 dólares (más de 950 millones de pesos colombianos), seis veces más que en Estados Unidos, uno de los países que más recibe cargamentos por parte de las redes en el sur del continente.

El coronel Ricardo Alberto Durán Ruiz, oficial de la Policía Nacional de Colombia con más de doce años de experiencia en inteligencia, ha quedado en libertad tras la decisión de un juez de Bogotá de sustituir la medida de aseguramiento que cumplía en un centro carcelario.

Sin embargo, su situación judicial está lejos de resolverse, ya que continúa siendo investigado por su presunta participación en el caso Perla Negra, una compleja trama que involucra a abogados, exfiscales, miembro de las fuerzas públicas y narcotraficante, en el 2023.

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Según informó Blu Radio, esta decisión no implica el cierre del caso ni la eliminación de los cargos en su contra.

De acuerdo con el fallo judicial, el coronel Durán podrá desplazarse libremente dentro del territorio colombiano, pero tiene estrictamente prohibido salir del país mientras avanza el proceso judicial.

El expediente, conocido por Blu Radio en una primicia, que aún no ha llegado a la etapa de juicio, incluye graves acusaciones contra el oficial, quien ha sido señalado por testigos como un posible colaborador en actividades ilegales dentro de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), donde desempeñó parte de su carrera.

El caso Perla Negra ha generado un fuerte impacto en Colombia debido a la gravedad de los hechos denunciados y al alcance de las instituciones implicadas.

Según la Fiscalía General de la Nación, esta investigación destapó una presunta red criminal integrada por funcionarios públicos, abogados y particulares que, a cambio de sobornos, ofrecían favores judiciales y protección a narcotraficantes. Entre las pruebas recopiladas se encuentran grabaciones, documentos y testimonios que apuntan a la existencia de esta red de corrupción.

Uno de los testimonios clave en el caso es el de Carlos Ramón Zapata, alias El Médico, un exnarcotraficante del cartel del Norte del Valle.

Según Blu Radio, Zapata aseguró que dentro de la Fiscalía se tenía conocimiento de esta red de protección que operaba en diversas instituciones del Estado.

El oficial enfrenta cargos por delitos como extorsión agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación de datos personales y fraude procesal. Según la investigación, Durán habría utilizado su posición dentro de la Dijín para encubrir actividades ilícitas y manipular información en favor de la red criminal.

Aunque los detalles específicos de su presunta participación no han sido revelados en su totalidad, los investigadores sostienen que su rol fue clave para garantizar la protección de narcotraficantes y otros actores involucrados.

A pesar de la contundencia de las acusaciones, la defensa del coronel ha mantenido su postura de inocencia.

Según reportó Blu Radio, los abogados de Durán han cuestionado la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, argumentando que los testimonios carecen de solidez y que las grabaciones y documentos no son concluyentes. La defensa ha anunciado que presentará argumentos sólidos durante el juicio para desvirtuar las acusaciones y demostrar la inocencia del oficial.

Antes de verse involucrado en el caso Perla Negra, el coronel Durán tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la inteligencia policial.

Durante su carrera, trabajó en colaboración con organismos internacionales como la DEA, el FBI y el Mossad, lo que le permitió adquirir experiencia en operaciones de alto nivel.

Hace unos días se dio a conocer que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador (Comaco) emitó una alerta sobre posibles amenazas a la seguridad del presidente Daniel Noboa, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo.

De acuerdo com un documento oficial fechado el 17 de abril de 2025, se identificó la presunta planificación de atentados terroristas por parte de grupos delincuenciales, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en torno al mandatario y su entorno. La información fue confirmada por el ministro de Gobierno José de la Gasca.

De acuerdo con el oficio, servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas han detectado movimientos preocupantes tras los resultados electorales del 13 de abril de 2025. Según el documento, se han registrado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con el fin de ejecutar ataques contra el presidente y su equipo.

Tras esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió a desmentir las acusaciones, pues dijo que eso no es cierto.

La presidenta dijo, en conferencia de prensa matutina ante medios de comunicación, que se había hecho una respuesta por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negando la acusación, y señaló que Ecuador ni siquiera había señalado de dónde venía esa información ni había mostrado pruebas.

Sobre el tema habló el periodista Carlos Loret de Mola en su programa noticioso en el medio Latinus, el pasado lunes por la noche.

Ahí, el periodista dijo que Sheinbaum se puso de “vocera de los narcos” al decir que la acusación era falsa.

Dijo que la mandataria nacional se ponía a defender a los cárteles mexicanos. “Por más que México se lleve muy mal con Ecuador, y con justa razón, por cierto, el Gobierno de Ecuador no está culpando al Gobierno de México”.

Loret de Mola leyó el comunicado de Ecuador, en donde se señaló que diversas organizaciones criminales, principalmente mexicanas, buscan atentar en contra del recien reelecto presidente Daniel Novoa.

“No acusa al Gobierno de México de nada, por qué se pone la presidenta y el Gobierno de México a defender: no no no, nuestros narcos no; la presidenta luego leyó la respuesta oficial que mandó la cancillería mexicana a Ecuador, en la que dice que rechaza tajantemente la reiterada e inescrupuloza creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtración de documentos oficiales que aludan a México como fuente de suspuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”.

Loret de Mola recordó que la ruptura de las relaciones diplomáticas con la República de Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024, “en grave y flagrante violación al derecho internacional”.

El periodista dijo que México tenía razón en reclamarle a Ecuador lo que hizo injustificadamente en la embajada mexicana, “pero de ahí, a ponerse a defender a los narcos mexicanos, que tienen presencia en toda América Latina, y Estados Unidos, no están metidos en un intento político en Ecuador, eso de ponerse el régimen mexicano a defender narcos, se ve mal”, concluyó.

Madrid, 15 ene (EFE).- La policía española ha detenido por presunto tráfico de drogas al hombre de 40 años de origen dominicano que ayer martes recibió un disparo en la cabeza en una vivienda de Madrid, en lo que se investiga como un posible robo de droga entre narcotraficantes.

Los hechos ocurrieron a las cuatro de la tarde hora local, cuando un vecino alertó a la policía de que había escuchado disparos en una vivienda de su mismo edificio, según informaron a EFE fuentes policiales.

El vecino se acercó a la puerta y por la mirilla observó como dos hombres, uno de ellos vestido completamente de blanco, huían corriendo de la escena del crimen.

Fuentes consultadas por EFE apuntan a que uno de los hombres que salió de esa vivienda tras el disparo era el residente del inmueble, ya que lo reconoció el vecino, por lo que el herido podría ser uno de los hombres que acudió al piso y fue disparado por alguno de los que estaban en su interior.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron al hombre tirado en el suelo con un disparo en el lateral de la cabeza, aunque todavía consciente.

El herido fue trasladado al hospital, donde permanece custodiado por los agentes, mientras que otro hombre latinoamericano con múltiples antecedentes que se encontraba en el domicilio, al que le constaba una requisitoria del juzgado, también fue detenido por el mismo motivo, si bien no fue él quien efectuó el disparo.

Tras las primeras pesquisas, los agentes ven la hipótesis del robo entre narcotraficantes como la más probable, ya que en el interior del domicilio había una cantidad de cocaína.

La policía sigue buscando a los presuntos autores del tiroteo, los dos hombres encapuchados, que salieron huyendo de la vivienda. EFE

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El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS) informó este viernes que en un periodo de menos de una semana, 68 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua fueron detenidos, en el marco de una operación enfocada en desmantelar esta organización criminal.

La pandilla, que fue vinculada a varios delitos graves, estuvo en el radar de las autoridades estadounidenses durante años debido a su capacidad para operar tanto en EEUU como en otras partes del continente.

El DHS detalló que, en menos de 100 días, el gobierno de Donald Trump arrestó a un total de 394 miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas, conocida por actividades como el tráfico de personas, secuestros, narcotráfico y otros delitos atroces. Estos actos generaron un clima de terror en diversas comunidades estadounidenses, donde la pandilla estableció redes de criminalidad.

En este contexto, el presidente Donald Trump, quien asumió nuevamente la Casa Blanca el 20 de enero, declaró al Tren de Aragua como una “organización terrorista” global.

Esta declaración le permitió al gobierno de EEUU implementar un enfoque más agresivo para desmantelar la organización, incluyendo el uso de herramientas legales como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación utilizada hasta ahora solo en tiempos de guerra.

Esta ley fue invocada para detener y expulsar a los miembros del grupo criminal que operan dentro de EEUU, un paso significativo que intensificó las tensiones entre las ramas del poder ejecutivo y judicial del país.

La aplicación de esta ley generó controversia y un enfrentamiento con la rama judicial. Un juez federal suspendió temporalmente su uso hasta finales de este mes, solicitando más explicaciones sobre su aplicación y pidiendo a la administración que facilite la información relacionada con las expulsiones de los presuntos miembros del Tren de Aragua.

A pesar de esta suspensión, El Salvador recibió a 238 supuestos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una instalación conocida por su alto nivel de seguridad y su capacidad para albergar a individuos considerados de alta peligrosidad.

Por su parte, un portavoz del DHS, cuyo nombre no ha sido revelado, reiteró el compromiso de la administración estadounidense en su lucha contra el Tren de Aragua. “Seguiremos asegurándonos de que se expulse a estas basuras de las calles de Estados Unidos y comparezcan ante la justicia”, aseguró.

Además, el DHS destacó que las operaciones continuarán para neutralizar la capacidad de la pandilla de operar en territorio estadounidense y en otros países de la región.

EEUU acusó al “régimen hostil de Nicolás Maduro” de enviar criminales del Tren de Aragua a su territorio

La Casa Blanca defendió el miércoles la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que solo fue utilizada en tiempos de guerra, para la deportación de miembros del Tren de Aragua.

La medida fue vinculada por la administración de Donald Trump con la necesidad de enfrentar lo que considera una “incursión predatoria” del grupo criminal en territorio estadounidense.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó en una rueda de prensa que el uso de esta ley, que permite detenciones y expulsiones sumarias en tiempos de conflicto bélico o invasión, está justificado dado que el Tren de Aragua está llevando a cabo acciones que amenazan la seguridad de Estados Unidos. La portavoz señaló que esta organización, según la administración, fue enviada por el “régimen hostil de Maduro” en Venezuela.

El Brennan Center for Justice y otras organizaciones cuestionó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial, argumentando que esta ley está diseñada para situaciones de guerra o invasión armada.

Sin embargo, la Casa Blanca y el presidente Trump insistió en que el aumento de inmigrantes indocumentados y las actividades de bandas criminales como el Tren de Aragua justifican el uso de la ley, al considerar que el país enfrenta una “invasión” y un “periodo de guerra”.

El presidente Trump justificó su decisión como un paso necesario para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y detener lo que calificó como una “guerra irregular” dentro del país.

Según el mandatario, el Tren de Aragua utilizó los flujos migratorios venezolanos para infiltrar delincuentes en territorio estadounidense, convirtiéndose en un brazo operativo del régimen de Nicolás Maduro con el fin de desestabilizar las democracias en la región.

La orden ejecutiva también estipula que cualquier ciudadano venezolano mayor de 14 años vinculado la organización criminal será clasificado como “enemigo extranjero” y deportado sin derecho a apelación.

(Con información de AFP)

Y es que desde la cuenta oficial de TikTok del Deportivo Riestra, uno de los equipos de la primera división del fútbol argentino, hicieron un trend en el que una persona del área de comunicaciones indaga a cada uno de los jugadores sobre qué estarían haciendo en caso de no estar relacionado con el balompié.

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Por ejemplo, algunos de ellos aseguraron que estarían inmersos en negocios familiares o, sencillamente, cerca de sus seres queridos: “Cartonero, como mi viejo”, “contador, como mi vieja”, “jugador de potrero”; fueron algunas de las respuestas.

No obstante, la respuesta de un jugador colombiano generó decenas de comentarios. Fue Yaison Murillo Mena, oriundo de Quibdó, el que aseguró que él sería “narco”. De hecho, luego de sus palabras, el chocoano aceptó que fueron “fuertes”.

La escena generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos tomaron con burla las palabras del colombiano, de amplia trayectoria en el fútbol argentino: “narco tiro jajaajja q genio”, “fue muy fuerte lo que dije” JAJAJAAJAJAJAJAJJAJAAJ ”, “Banco la de narco JAJAJAJA”, “el que dijo Narco le salió del alma jajajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que este tipo de declaraciones están relacionadas con la problemática relación que existe entre el narcotráfico y el fútbol. Por ejemplo, han sido múltiples los futbolistas que en medio de sus carreras e incluso una vez concluida su trayectoria, han resultado inmersos en negocios ilícitos.

Muestra de ello son los casos de Jhon Viáfara o Antony de Avila. El primero, que supo ser campeón de la Copa Libertadores de América con Once Caldas, ypermanece recluido en una cárcel de Estados Unidos tras ser descubierto participando de actividades ilícitas. Así mismo, el exatacante, que es uno de los ídolos del América de Cali, está preso en la cárcel de Nápoles, Italia, tras ser capturado en 2021.

“Me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna, mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”, expresó en su momento Jhon Viafara a La Patria de Manizales.

Así mismo, de Ávila aseguró a través de su abogado Fabrizio de Maio: “Agradezco a todos mis fans de todo el mundo el apoyo y el cariño que me demuestran. No veo la hora de abrazarlos a todos porque soy inocente”.

Quién es Yaison Murillo Mena

Yeison Murillo Mena, nacido el 15 de noviembre de 1993 en Quibdó, Colombia, es un futbolista que se desempeña como defensor central. Inició su carrera profesional en 2015 con el club argentino Sportivo Estudiantes, donde acumuló 35 apariciones en tres temporadas, destacando su participación en la Copa Argentina frente a River Plate.

En 2017, Murillo Mena se incorporó al Deportivo Riestra, también en la segunda división argentina. Durante la temporada 2017-18, disputó 14 encuentros; aunque el equipo descendió, logró el ascenso nuevamente en la campaña siguiente, con Murillo participando en 32 partidos. Desde entonces, ha sido una pieza clave en la defensa del equipo, acumulando más de 140 apariciones.

En 2024, Murillo Mena debutó en la Primera División argentina con Deportivo Riestra, enfrentando a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Copa de la Liga Profesional. A partir de allí, el colombiano se ha sabido mantener en la nómina del equipo que hasta hace semanas fue dirigido por Cristian Fabianni, leyenda de River Plate.

Luego de que el pasado jueves 27 de febrero, el gobierno de México extraditara a 29 narcotraficantes que se encontraban detenidos en diferentes cárceles del país, a Estados Unidos, el periodista Carlos Loret de Mola habló sobre el caso en su programa noticioso en el medio Latinus.

El periodista mostró imágenes en las que se veía a Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes entregados al gobierno estadounidense, llegando al país vecino del norte, fuertemente custodiado por elementos del FBI, de los US Marshals, y de la agencia Antidrogas, la DEA, y se muestra cuando aborda una camioneta que lo trasladó a prisión.

Loret de Mola dijo que la entrega de Caro Quintero al gobierno de Estados Unidos es un “enorme mensaje a Donald Trump y un enorme gesto del gobierno de México a la DEA”.

El periodista recordó que desde hace 40 años Estados Unidos quería tener tras sus rejas a Caro Quintero, y que varios presidentes estadounidenses se lo pidieron a varios presidentes mexicanos, sin éxito.

“¿Por qué Caro Quintero es una pieza tan deseada para el gobierno de Estados Unidos? Porque se le responsabiliza del primer asesinato de un agente de la DEA en el extranjero, Enrique Kiki Camarena, en Guadalajara, en 1985″.

Dijo que en Estados Unidos se toman muy personales los agravios contra servidores públicos. “Kiki Camarena es considerado un héroe en la DEA, y por eso querían tener a Caro Quintero en su territorio”.

Aseguró que Sheinbaum puede presumir que hizo lo que ningún otro presidente de México, y Donald Trump puede presumir que logró lo que ningún otro presidente estadounidense había logrado.

“Caro Quintero fue enviado a los Estados Unidos extraditado, pero no solo él, fueron enviados a Estados Unidos 29 capos de la droga que estaban en México, entre ellos figuras tan relevantes como los hermanos Treviño, El Z40 y el Z42, líderes del temido cártel de Los Zetas, Tony Montana, hermano de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Vicente Carrillo, el Viceroy, jefe del Cártel de Juárez, a la muerte de su hermano, El Señor de los Cielos”.

Loret aseguró que si Trump prometió deportaciones masivas, Sheinbaum le responde con extradiciones masivas, en total, 29 en un día.

Ese fue el regalo que llevaron los integrantes del Gabinete de Seguridad de Sheinbaum a Washington, expuso Loret de Mola, Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República (FGR), el general Ricardo Trevilla Trejo del Ejército, el almirante Morales de la Marina, el canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes se reunieron con sus contrapartes estadounidenses el mismo jueves, para convencerlos de que están haciendo algo contra los narcos, de que su gobierno no está aliado con los cárteles y que México no merece aranceles con los que amenaza Donald Trump del 25% a los productos mexicanos.

El 13 de diciembre de 2024, un tribunal confirmó en segunda instancia la condena de ocho años de prisión contra el exfutbolista Diego León Osorio por tráfico de estupefacientes.

La captura ocurrió el 9 de abril de 2023 en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, cuando el exjugador colombiano intentaba salir del país rumbo a Madrid, España, con un kilogramo de clorhidrato de cocaína en su equipaje.

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El Tribunal Superior de Antioquia confirmó que la decisión “no está en firme ni ejecutoriada”

El diario AS informó el 19 de diciembre de 2024 que la condena contra el exfutbolista del Atlético Nacional y la Selección Colombia, Diego León Osorio, aún no está en firme ni ejecutoriada.

En consecuencia, Osorio permanece en libertad mientras se resuelve el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El mismo medio deportivo señaló que en el caso por narcotráfico aún se está a la espera de una resolución final, ya que la condena no ha sido ejecutada. Por lo tanto, la situación jurídica del exjugador continúa siendo de libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo, cuya fecha aún no se ha establecido.

Las otras capturas de Diego León Osorio por narcotráfico

No es la primera vez que Diego León Osorio se ve involucrado en casos de narcotráfico. El primero de agosto de 2002 fue capturado en Miami por poseer 40 kilos de cocaína. El arresto ocurrió en un restaurante de la ciudad, tras una operación realizada con un agente encubierto del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA). En ese entonces, se confirmó que Osorio llevaba sesenta mil dólares para la negociación, según informó el Canal RCN.

La segunda captura se produjo en 2016, cuando la Policía Nacional lo detuvo en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro mientras intentaba sacar de Colombia más de un kilo de cocaína. Sin embargo, quedó en libertad al no ser considerado un riesgo para la sociedad.

La tercera detención ocurrió el 9 de abril de 2023, nuevamente en el Aeropuerto José María Córdova. En esa ocasión, Osorio llevaba 1.849 gramos de cocaína camuflados en un par de tenis en su equipaje, con destino a Madrid, España. La droga fue detectada por agentes especializados de antinarcóticos, quienes lo requisaron y confirmaron el hallazgo.

Quién fue Diego León Osorio, futbolista clave en Atlético Nacional a comienzos de los años 90

Diego León Osorio debutó en Independiente Medellín en 1989, club en el cual estuvo hasta 1990. Del Rojo de Antioquia pasó a Atlético Nacional en 1995 y donde ganó dos títulos del fútbol profesional colombiano.

Tras su paso por el verde de Antioquia, llegó a jugar en Independiente Santa Fe en 1996, en donde duró toda la temporada de aquel año para luego regresar a Atlético Nacional en 1997 y terminar su carrera deportiva.

En su paso por el Verde de la Montaña, ganó cuatro títulos: dos a nivel nacional y otros dos a nivel internacional.

A continuación, este es el palmarés de Diego León Osorio tanto a nivel nacional como a nivel internacional:

Campeonatos nacionales

• Liga colombiana de 1991
• Liga colombiana de 1994

Campeonatos internacionales

• Copa Interamericana de 1994
• Copa Merconorte de 1994

Además, Diego León Osorio integró la Selección Colombia desde 1991, participando en las ediciones de la Copa América de 1991 y 1993, así como en partidos amistosos durante los procesos de Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994.

Copa América 1991

• Grupo B - 7 de julio de 1991: Colombia 1-0 Ecuador
• Grupo B - 11 de julio de 1991: Colombia 0-0 Bolivia
• Grupo B - 13 de julio de 1991: Colombia 2-0 Brasil
• Grupo B - 15 de julio de 1991: Uruguay 1-0 Colombia
• Grupo 1 - 17 de julio de 1991: Chile 1-1 Colombia
• Grupo 1 - 19 de julio de 1991: Brasil 2-0 Colombia
• Grupo 1 - 21 de julio de 1991: Argentina 2-1 Colombia

Copa América 1993

• Grupo C - 16 de junio de 1993: Colombia 2-1 México

Su llegada a Atlético Nacional

El 8 de junio de 2020, el exfutbolista Diego León Osorio participó en el programa La Tertulia Verdolaga del canal de YouTube Nacional Es Pasión, donde habló sobre los motivos que lo llevaron a iniciar su carrera en el fútbol colombiano:

“Yo quería ganar, salir en televisión, al Medellín no le iba bien y Nacional era el que ganaba y salía en televisión, además en el DIM me debían varias quincenas, no había hablado con nadie, si me tenía que ir del fútbol o irme del país lo hacía, tenía que estar con mi familia”. expresó León Osorio en el programa que informa sobre Atlético Nacional.

También recordó la buena relación que mantuvo con el histórico entrenador colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, quien fue clave para su llegada al Rey de Copas de Colombia.

“Bolillo Gómez me llamó para saber si quería estar en Nacional y ahí empezó una relación muy especial con él, no fue fácil llegar a Nacional, más porque estuve cuatro años en el Medellín, tenía que ganarme un puesto, al comienzo me tocó sentarme en los balones en el bus, pero tras unos cuantos meses, hice una gran Copa Libertadores y me gané un puesto”., concluyó.

El director nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, denunció la apropiación irregular de tierras en Colombia que estaban destinadas para las víctimas del conflicto armado y campesinos. De acuerdo con el funcionario, se trata de un “cartel de la tierra” que abarca miles de hectáreas.

Narcotraficantes, políticos, empresarios, testaferros y nuevos grupos paramilitares hacen parte del entramado de apropiación de tierras que habían sido entregadas al Estado colombiano por los paramilitares para que, justamente, las restituyera a la población vulnerable del país. Estas personas hacen presencia activa en varias fincas, a pesar de que no tienen ningún contrato de arrendamiento.

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La ANT descubrió la apropiación indebida de tierras cuando quiso comprar los terrenos para poder entregarlos a las víctimas y a los campesinos y evidenció que ya estaban ocupados. “El latifundio mafioso está más intacto que nunca y queremos prender la alarma porque esto requiere de un gran esfuerzo como Estado”, indicó el funcionario en una rueda de prensa.

La entidad identificó por lo menos seis casos específicos en todo el territorio:

• Buenavista (Córdoba): un total de 6.000 hectáreas están en manos del político cordobés José Félix Gutiérrez, que fue señalado por el exparamilitar Salvatore Mancuso de haber participado en la masacre de Mejor Esquina.
• Las Américas (Chimichagua, Cesar): Hugues Manuel Rodríguez, ganadero conocido por sus nexos con paramilitares y por ser su testaferro, tiene en su poder 1.400 hectáreas. Tuvo el alias de Comandante Barbie.
• Córdoba (Bolívar): 1.041 hectáreas fueron apropiadas por el grupo paramilitar de Montes de María Los Méndez.
• Cáceres y Tarazá (Antioquia): la empresa de comercio al por mayor de comestibles K-Supply Group tiene en su poder 1.841 hectáreas.
• Caucasia (Antioquia): el narcotraficante Charif Hernández se apropió de 283 hectáreas de tierra en el municipio.
• Puerto López (Meta): la familia del empresario de esmeraldas Víctor Carranza está ocupando 950 hectáreas de tierra.

Hay más de 100.000 hectáreas perdidas que, en palabras de Harman, están en manos de “victimarios”. No obstante, indicó que sí es posible recuperar los predios, algo que quedaría demostrado con medidas que se tomaron en Córdoba y Cesar.

“Es gracias al convenio que hacemos con la @UnidadVictimas lo que nos permite identificar un patrón de esas ‘tierras perdidas’ que no solo NO repararon a las víctimas, sino que, además, volvieron a manos de los victimarios con complicidad de los gobiernos de turno”, informó el director de la ANT en su cuenta de X.

Según el director de la ANT, además de la recuperación de las tierras apropiadas indebidamente, la entidad estará trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación para identificar más predios en Córdoba, Cesar, Bolívar, Antioquia, y Meta. Asimismo, precisó que la reforma agraria del Gobierno seguirá implementándose para garantizar a los campesinos y víctimas el acceso a las tierras que les corresponden.

“Es terriblemente grave que las tierras del Estado terminen usufructuadas por actores que ni siquiera tienen una relación contractual con el Estado. Fíjense que el temor serio que en su momento se hizo del Gobierno Petro es que iba a expropiar; realmente el expropiado es el Estado”, afirmó en la rueda de prensa.

Hasta el momento, se han adquirido alrededor de $300.000 millones en predios que fueron entregados por los grupos paramilitares desmovilizados para la reparación de las víctimas del conflicto.

En octubre de 2024, la ANT informó que entre 2022 y 2024 se logró la adquisición de 166.000 hectáreas de tierra y 1.208.400 hectáreas fueron formalizadas en ese mismo periodo. Además, se compraron 77.350 hectáreas destinadas únicamente a comunidades étnicas.

En la Plaza de Bolívar y con motivo del octavo aniversario de los acuerdos de paz con las Farc, el presidente Gustavo Petro expuso una nueva propuesta legislativa que promete generar intensos debates, de acuerdo con información obtenida por la Revista Semana.

Este proyecto busca la creación de un tribunal de cierre enfocado en abordar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, incluyendo a todos los actores involucrados.

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Petro destacó que esta instancia judicial no solo incluiría a exguerrilleros de las Farc y paramilitares, sino también a militares vinculados a casos de falsos positivos, políticos y civiles implicados. Según el mandatario, “el proceso de paz dice que debe haber una sola instancia de verdad en el país. Yo le llamo un tribunal de cierre”.

La iniciativa propone enfrentar los desafíos normativos que, según el presidente, han obstaculizado el cumplimiento pleno de los acuerdos de paz.

Petro cuestionó las decisiones de la JEP y otros tribunales al excluir declaraciones de ciertos actores: “Si el acuerdo de paz dice, y narcotraficantes incluidos, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué la JEP está rechazando declaraciones?”.

El mandatario subrayó que esta propuesta busca unificar la verdad sobre el conflicto y permitir que todos los implicados puedan rendir cuentas, abriendo “una puerta real, a través de la verdad, hacia la paz total”.

En ese sentido, afirmó que este tribunal sería una extensión fortalecida de la JEP, ampliando su alcance para incluir no solo a los actores armados, sino también a otros sectores que hayan participado en la violencia.

Petro enfatizó la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos de paz como compromisos unilaterales del Estado: “Ni el máximo tribunal de justicia de Colombia puede variarlo. Porque esa es la filosofía vinculante de las declaraciones unilaterales de Estado”.

El proyecto, que se radicará próximamente en el Congreso, plantea una nueva manera de abordar la reconciliación nacional, sumando actores tradicionalmente excluidos de los procesos de verdad y justicia. La propuesta llega en un momento crucial para el país, donde los debates sobre la implementación de los acuerdos de paz aún generan divisiones entre sectores políticos y sociales.

General (r) Zapateiro: Próximo Gobierno reforzará la seguridad tras fallos de la ‘paz total’ de Petro

El excomandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, manifestó que el siguiente gobierno priorizará la seguridad nacional, corrigiendo los errores que, según él, se han cometido bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Zapateiro reafirmó la necesidad de un enfoque sólido en materia de seguridad.

“Lo he repetido, en lo concerniente a la seguridad nacional no caben las improvisaciones hoy, lo expresa nin interior Juan Fernando Cristo. Pero ya iniciamos a trabajar y estamos seguros que con el próximo gobierno, volveremos a colocar a tope la seguridad de nuestra nación. Ya lo está advirtiendo su mismo ministro del Interior, quien conoce los estragos que esta generando su mal llamada ‘paz total’”, expresó el general retirado.

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Estas declaraciones surgieron como reacción al pronunciamiento del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, durante un foro con desmovilizados. En este evento, Cristo reconoció que el gobierno que tome las riendas a partir del 7 de agosto de 2026 enfrentará serios desafíos relacionados con la seguridad en el país.

Zapateiro también hizo un llamado a la unidad nacional, subrayando que solo trabajando juntos se podrá rescatar la seguridad de Colombia. “Colombianos, solo nos queda la unión de todos, para poder rescatar la seguridad de nuestro país de tanta inopia e improvisación.

Invito a dejar los egos, peleas, intrigas y divisiones entre los partidos, porque estas solo le suman a quienes hoy han tratado de dirigir el país con ideología, revanchismo, rencor y venganza”, puntualizó.

Río de Janeiro, 24 oct (EFE).- Un hombre de 60 años que estaba en un autobús murió tiroteado en la cabeza y otras cinco personas sufrieron heridas de bala en medio de un enfrentamiento este jueves entre policías y pistoleros de una banda de narcotraficantes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron hacia las 7:00 hora local (10:00 GMT) durante una operación policial en el Complejo de Israel, un conjunto de favelas controlado por una banda de narcotraficantes en la zona norte de la ciudad, y obligaron a las autoridades a bloquear por dos horas la Avenida Brasil, una de las principales vías de Río.

El tiroteo también paralizó el servicio de trenes urbanos, con cientos de pasajeros que se dirigían a sus puestos de trabajo parados en los vagones o en autobuses, y obligó a las autoridades a cerrar algunas escuelas y puesto de salud públicos.

Además del pasajero que murió de forma inmediata impactado por un tiro en la cabeza cuando estaba dentro de un autobús, identificado como Paulo Roberto de Souza, otro hombre también recibió un balazo en la cabeza y está en estado gravísimo.

Los otros cuatro heridos, de menor gravedad y que también estaban en autobuses, fueron conducidos a hospitales próximos al lugar del suceso.

El tiroteo se produjo cuando la banda que controla el tráfico de drogas en las cinco favelas de Complejo de Israel reaccionó a tiros a una operación de la policía para intentar desarticular una organización que se dedica al robo de cargas.

Los pistoleros robaron e incendiaron algunos vehículos para bloquear las vías que dan acceso a las barriadas y ejercieron una fuerte resistencia a la operación policial, que tuvo que ser suspendida.

Los tiroteos entre policías y las organizaciones de narcotraficantes y 'milicias' (bandas parapoliciales) que ejercen control en las favelas son recurrentes y una de las principales causas de violencia en esta ciudad brasileña. EFE

Este delincuente sería el responsable de liderar una red criminal a gran escala dedicada al tráfico de cocaína. Los estupefacientes eran enviados desde América del Sur hasta puertos de Europa y África con centros de operaciones en Dubai.

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“Mbappé” tenía el objetivo de llegar a la ciudad de Medellín, en donde iba a realizar verificaciones y adquirir contactos para futuros envíos del alcaloide a los otros continentes; sin embargo, el rápido accionar de las autoridades frenó sus intenciones.

En su momento, el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza, director de investigación criminal e Interpol, detalló que “de acuerdo al trabajo de cooperación internacional que se tiene por la oficina central de Interpol, los investigadores lograron conocer que para 2021, alias Mbappé, como era conocido en el mundo criminal, lideró la importación de un cargamento de 800 kilogramos de cocaína que habría salido de laboratorios ubicados en territorio colombiano, para, posteriormente, ser llevados vía terrestre al país de Ecuador, donde fueron enviados en un contenedor, vía marítima, hasta el puerto de Banjul, en Gambia, África”.

Por su parte, a través de un comunicado oficial, la Dijín indicó que “mediante labores investigativas se logró establecer que desde Dubái, esta organización criminal ejercía autoridad jerárquica sobre varios individuos quienes delinquían en diferentes lugares del mundo para facilitar el suministro, transporte y entrega de la cocaína en diferentes puertos europeos y del continente africano, posteriormente la comercialización de estos alijos se realizaba entre diversas personas que lo hacían de forma local en países como Francia, Gambia y Países Bajos”.

Francia solicitaba la extradición de este individuo por diversos cargos vinculados al tráfico de drogas, entre ellos importación de estupefacientes en banda organizada, transporte y tenencia no autorizados de estupefacientes, así como ofrecimiento, cesión y adquisición ilícita de estas sustancias. Además, se le acusa de participación en una asociación de delincuentes destinada a la preparación de delitos, algunos de ellos castigados con hasta 10 años de prisión.

De acuerdo con el expediente en contra del criminal, que se encuentra en el despacho del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, de la Sala Penal de la Corte Suprema, al que tuvo acceso El Tiempo, este sujeto habría “cometido en territorio nacional, de manera indivisible en Gambia, Senegal, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, durante el año 2020 y hasta el 7 de enero de 2021 el delito de importación de estupefacientes en banda organizada (cocaína), en este caso, por haber importado 800 kilogramos de cocaína incautados el 7 de enero de 2021 en Banjul, Gambia”.

“Considerando que esta investigación revela la existencia de un grupo criminal estructurado y muy activo en el tráfico internacional de drogas; que las cantidades de droga implicadas y los ingresos generados por este tráfico parecen ser considerables; que la investigación se refiere asimismo a hechos extremadamente graves de lesiones personales cometidos en un contexto de represalias vinculadas al tráfico de drogas; que los sospechosos, entre los que se encuentra el individuo antes mencionado, tienen una gran movilidad y tratan de eludir la vigilancia de las autoridades; que éste es el caso de Diallo Ahmadou Boye, que efectúa numerosos viajes al extranjero, a sabiendas de que se le busca en Francia”, se lee en el documento consultado por el medio anteriormente mencionado.

Luego de analizar las pruebas, la Sala vio posible la extradición de alias Mbappé a territorio francés, en donde enfrentaría una pena de más de 10 años de prisión.

Yamena, 19 oct (EFE).- Al menos 16 personas fallecieron este sábado en el norte de Chad en un enfrentamiento entre mineros de oro irregulares procedentes de la vecina Libia y el Ejército chadiano, confirmaron a EFE fuentes militares.

El suceso ocurrió en torno a las 05:00 hora local (04:00 GMT) en Wour, localidad de la provincia de Tibesti y fronteriza con Libia, por un intento del Ejército de expulsar a los mineros de la zona.

"Fue una operación de desalojo para contrarrestar la explotación ilegal de los recursos mineros que prospera en la región y que ha degenerado en enfrentamientos armados. Nuestras fuerzas derrotaron a los atacantes", declaró a EFE por teléfono el comandante en jefe de las operaciones militares locales, Yacoub Moussa.

"Lamentablemente hubo 16 muertos, entre ellos 5 de nuestros hombres. Nuestro deber es asegurar la región y poner fin a la explotación ilegal de recursos que daña la economía local y la seguridad de las poblaciones", añadió Moussa.

Desde el descubrimiento hace algo más de una década de gran cantidad de oro y minas en la provincia de Tibesti, la zona ha sido a menudo objeto de choques mortales de mineros de oro irregulares con residentes locales y el Ejército chadiano.

Al menos 17 personas murieron el pasado 19 de septiembre en enfrentamientos en esa área entre el Ejército chadiano y mineros de oro irregulares procedentes también de Libia.

La provincia de Tibesti tiene fama de ser un área sin ley en la que abundan los narcotraficantes de todo tipo y donde, debido a su inmensidad y a su localización en medio del desierto, la presencia del Estado es casi inexistente. EFE

La extradición, un término que hasta finales del siglo XIX era casi desconocido en Colombia, se ha convertido en una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado. Su origen en el país se remonta a 1888, cuando comenzaron a firmarse tratados multilaterales que promovían la cooperación judicial entre naciones.

Sin embargo, fue en 1980 cuando la extradición realmente comenzó a tomar fuerza en en el país suramericano, luego de que el embajador Virgilio Barco firmara el primer tratado de extradición con Estados Unidos. A partir de ese momento, la ley colombiana comenzó a permitir el envío de criminales a pagar sus delitos en el extranjero, especialmente a aquellos vinculados al narcotráfico, que comenzaban a dominar la escena del crimen nacional.

El tratado firmado en 1979 y ratificado como la Ley 27 de 1980, marcó un hito en la justicia colombiana, pero también generó una fuerte resistencia, sobre todo entre las organizaciones criminales. Esta medida fue fundamental para desmantelar algunas de las organizaciones criminales más temidas del mundo, como el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali, cuyas actividades delictivas traspasaban fronteras.

La Constitución de 1991 inicialmente prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, pero esta restricción fue revertida en 1997 con la modificación del artículo 35. A partir de ese año, Colombia intensificó el uso de la figura de la extradición como una herramienta para combatir a los poderosos cárteles de drogas que aterrorizaban al país

Desde 1999 hasta 2020, Colombia ha extraditado a más de 2,300 personas a Estados Unidos, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico. Esta herramienta sigue siendo fundamental en la cooperación entre ambos países para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas que sigue fluyendo desde América Latina hacia Norteamérica.

Los grandes capos extraditados: de Carlos Lehder a Otoniel

A medida que la extradición ganaba protagonismo, nombres célebres del narcotráfico colombiano comenzaron a ser enviados a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Uno de los primeros en ser extraditado fue Carlos Lehder, cofundador del Cartel de Medellín, quien fue capturado en 1987.

Lehder, que había jugado un papel crucial en el tráfico de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua más 135 años, aunque más tarde vio reducida su condena a 55 años por colaborar con las autoridades. Lehder fue una figura icónica, conocido tanto por su asociación con Pablo Escobar como por su influencia dentro del cartel, y su extradición marcó el inicio de una ofensiva directa contra las cabezas del narcotráfico.

Otro capo histórico que enfrentó la extradición fue Gilberto Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista, líder del Cartel de Cali. Conocido por su habilidad para maniobrar en el complejo mundo del narcotráfico como si fuera un juego de ajedrez, Rodríguez Orejuela fue extraditado en 2004, luego de haber sido capturado en el norte de Cali.

La caída de los hermanos Rodríguez Orejuela y la extradición de Gilberto y su hermano Miguel en 2005 representaron un golpe mortal para el Cartel de Cali, una organización que, en su apogeo, controlaba alrededor del 80% del mercado de cocaína en Estados Unidos.

No menos importante fue la extradición de Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, líder del Cartel del Norte del Valle. Capturado en Brasil en 2007 y extraditado en 2008, Chupeta es recordado no solo por sus crímenes, sino también por haberse sometido a múltiples cirugías plásticas para cambiar su apariencia y eludir a las autoridades.

Su extradición a Estados Unidos fue parte de una ofensiva que desmanteló a una de las organizaciones criminales más grandes de Colombia, responsable del envío del 70% de la cocaína que llegaba a territorio estadounidense en esa época.

La extradición de Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias “Otoniel,” fue un acontecimiento significativo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Otoniel, líder del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de Colombia, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2022.

Su extradición fue un paso importante, ya que Estados Unidos lo buscaba principalmente por cargos relacionados con el tráfico de drogas, particularmente por ser una figura clave en el envío de toneladas de cocaína hacia el país norteamericano.

La extradición de Otoniel: un golpe histórico al narcotráfico colombiano

La extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, marca un capítulo crucial en la historia del combate al narcotráfico en Colombia. Como líder del Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa del país, Otoniel no solo controlaba una vasta red de tráfico de cocaína, sino que también imponía su dominio a través de la violencia y el terror.

Sin embargo, la extradición no estuvo exenta de controversias. Otoniel, quien había comenzado a colaborar con la justicia colombiana, afirmó que su envío a territorio estadounidense fue una maniobra para silenciarlo.

Según sus declaraciones, había empezado a revelar nombres de políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública que colaboraban con su organización, y su extradición buscaba impedir que continuara hablando. “Me extraditaron para que no siguiera declarando en Colombia”, aseguró el narcotraficante, refiriéndose a la larga lista de implicados que había comenzado a revelar.

El temor a que Otoniel no respondiera por los crímenes cometidos en Colombia —incluidas masacres, desplazamientos forzados y violencia en el marco del conflicto armado— provocó una reacción por parte de las víctimas, quienes pedían que la extradición se retrasara para que pudiera responder por estos delitos en el país.

A pesar de estas demandas, su extradición fue ejecutada con rapidez. Otoniel ahora enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, pero deberá regresar a Colombia una vez cumpla su condena, para ser juzgado por sus crímenes cometidos en territorio nacional.

Los Extraditables: una guerra contra la justicia estadounidense

La extradición de criminales colombianos a Estados Unidos ha sido una herramienta poderosa en la lucha contra el narcotráfico desde la década de 1980, pero también fue una de las principales causas de los episodios más violentos en la historia reciente de Colombia.

A mediados de los ochenta, cuando el gobierno de Virgilio Barco firmó el tratado de extradición con Estados Unidos, los principales capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar, se unieron en una guerra abierta contra el Estado colombiano bajo el lema “Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos”. Este grupo de narcotraficantes se autodenominó Los Extraditables.

Los Extraditables sabían que ser enviados a un penal en Estados Unidos significaba perder el poder que ostentaban en Colombia. En suelo colombiano, los capos controlaban cárceles, sobornaban a funcionarios y vivían con un nivel de impunidad que no sería posible en las prisiones de máxima seguridad estadounidenses.

Por ello, iniciaron una brutal campaña de terror con el fin de evitar ser enviados al norte, en lo que fue quizá la época más oscura en la historia reciente. Los narcos de Escobar desataron una ola de atentados, asesinatos y secuestros que paralizaron al país. Utilizaron la violencia como su principal arma, atacando a jueces, periodistas, políticos y civiles en su esfuerzo por doblegar al gobierno y deshacerse del tratado de extradición.

La campaña de Los Extraditables alcanzó su punto álgido con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, uno de los principales impulsores de la extradición. Más tarde, en 1989, el cartel de Medellín detonó un coche bomba frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bogotá, matando a más de 60 personas.

Ese mismo año, en una clara declaración de guerra, los narcotraficantes asesinaron al candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Cada uno de estos actos tenía un objetivo claro: infundir miedo en la población y presionar al gobierno para que cesara las extradiciones.

Pablo Escobar, siempre dispuesto a llevar sus amenazas al extremo, también recurrió a secuestros masivos para negociar su entrega en condiciones favorables. Su objetivo era evitar a toda costa una celda en Estados Unidos, y su plan culminó con la construcción de la infame Catedral, una cárcel de lujo en Medellín, donde cumplió parte de su condena bajo términos muy favorables para él y su cartel.

La captura y extradición de Carlos Lehder en 1987, cofundador del Cartel de Medellín, fue el primer gran golpe de la justicia estadounidense contra los capos colombianos, y una señal de que la extradición era una realidad ineludible. Aunque Los Extraditables lograron retrasar su destino durante algunos años, el tratado de extradición con Estados Unidos nunca fue derogado, y la campaña de terror de los narcos finalmente culminó con la caída de Pablo Escobar en diciembre de 1993.

Vínculos entre el narcotráfico y el conflicto armado en Colombia: Otoniel y las AUC

El narcotráfico en Colombia no ha operado en solitario; durante décadas, ha estado profundamente ligado al conflicto armado interno. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, es un claro ejemplo de esta convergencia entre los carteles de drogas y los grupos armados ilegales.

Antes de convertirse en el máximo líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, Otoniel fue un combatiente dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que utilizó la guerra contra la guerrilla como pretexto para imponer su dominio sobre vastos territorios del país y controlar el tráfico de drogas.

Las AUC, bajo el manto de luchar contra las guerrillas izquierdistas como las FARC y el ELN, se financiaban principalmente a través del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. A medida que el conflicto avanzaba, se convirtieron en un actor clave en la cadena de producción y exportación de cocaína, facilitando rutas de envío y protegiendo los cultivos.

Otoniel fue uno de los líderes que emergió de este contexto de violencia, consolidando su poder tras la desmovilización parcial de las AUC en 2006. A partir de ahí, construyó el Clan del Golfo, que heredó tanto la estructura militar como las redes de narcotráfico de los paramilitares.

La vinculación entre el narcotráfico y el conflicto armado no solo alimentó la violencia en las regiones controladas por los grupos paramilitares, sino que también permitió la expansión de redes criminales a nivel internacional. Las masacres y desplazamientos forzados que marcaron el periodo de auge de las AUC dejaron profundas cicatrices en la población civil, mientras que la cocaína fluía hacia Estados Unidos y Europa.

Con la extradición de Otoniel a Estados Unidos, Colombia enfrenta nuevamente la cuestión de cómo equilibrar la justicia internacional con la responsabilidad de que estos líderes criminales también paguen por sus crímenes cometidos en el país.

Las víctimas de las masacres y desplazamientos perpetrados por el Clan del Golfo y las AUC han pedido repetidamente que Otoniel sea juzgado en Colombia, y que la extradición no impida la reparación de los daños que sufrieron.

Otros capos colombianos extraditados

A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha extraditado a varios de los narcotraficantes más poderosos y temidos del país. Estos líderes criminales han enfrentado la justicia en Estados Unidos, donde han sido juzgados principalmente por delitos relacionados con el tráfico de drogas. A continuación, una lista de otros de los capos más notorios que han sido extraditados:

• Salvatore Mancuso: quizá uno de los representantes más renombrados de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fue extraditado en 2008, acusado de narcotráfico y crímenes de guerra, y condenado a 15 años de prisión. El excomandante paramilitar fue responsable de masacres y desplazamientos masivos en Colombia. El pasado 27 de febrero fue deportado de Estados Unidos tras cumplir su condena de narcotráfico en el país norteamericano.

• Diego León Montoya Sánchez, alias “Don Diego”. Perteneció al Cartel del norte del Valle y fue extraditado en 2008 por los crímenes de narcotráfico y obstrucción a la justicia, que le merecieron una condena de 45 años de prisión. León Montoya, era uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia, su cartel controlaba casi el 70% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en los años 90.
• Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco Barrera” fue extraditado en 2013 por narcotráfico y condenado a 35 años de prisión. Es considerado uno de los narcotraficantes más importantes tras la caída de los grandes carteles, operaba de manera independiente, pero con redes globales.
• Jorge Milton Cifuentes Villa pertenecía al cartel “Los Cifuentes”. Fue extraditado en 2016 por el delito de narcotráfico, aunque aun está en espera de una condena. Cifuentes hace parte de una familia vinculada al narcotráfico durante décadas, con fuertes conexiones con los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa.
• Luis Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño” hacía parte del cartel del Norte del Valle. También fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico en 2007 y condenado a 30 años de prisión.

Impacto en América Latina: la extradición como herramienta internacional

Colombia no es el único país que ha utilizado la extradición como una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. El modelo colombiano ha sido replicado en otros países de América Latina, donde el narcotráfico sigue siendo uno de los principales motores de la violencia y la corrupción.

México, por ejemplo, ha extraditado a más de 1.300 personas a Estados Unidos entre 2006 y 2020, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluidos líderes de los carteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez.

La cooperación entre países latinoamericanos y Estados Unidos ha sido fundamental para enfrentar las redes transnacionales de narcotráfico que operan a lo largo del continente. Guatemala y Honduras, aunque más pequeños en tamaño, también han sido actores clave en este esfuerzo. En Honduras, al menos 53 ciudadanos fueron extraditados a Estados Unidos entre 2013 y 2021, todos ellos vinculados al narcotráfico.

La extradición se ha convertido en una herramienta de presión para los gobiernos, que buscan desmantelar las estructuras de los carteles y garantizar que los criminales enfrenten la justicia en un país donde es más difícil que puedan ejercer el control que tienen en sus naciones de origen. Para los narcotraficantes, el temor a ser extraditados a Estados Unidos, con sus severas condenas y prisiones de máxima seguridad, ha sido un factor disuasivo importante.

No obstante, la extradición también ha generado tensiones políticas en la región. Los defensores de los derechos humanos y las víctimas de los narcotraficantes en países como Colombia han expresado su preocupación de que la extradición prive a los sistemas de justicia locales de la oportunidad de enjuiciar a estos criminales por sus delitos cometidos en sus propias tierras.

En muchos casos, la extradición implica que los narcotraficantes terminen purgando sus condenas en Estados Unidos por delitos relacionados exclusivamente con el tráfico de drogas, mientras que los crímenes de lesa humanidad o violencia contra civiles en sus países de origen quedan en segundo plano.

Una sorpresa mayúscula se llevaron los detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, quienes tras una serie de allanamientos lograron incautar alrededor de $1.470 millones en efectivo (USD 1,5 millones), desarticulando a una grupo de narcotraficantes ‘mayoristas’ que abastecían de droga a vendedores más pequeños en el Gran Concepción, región del BioBío (500 kms al sur de Santiago).

En los diversos operativos se logró detener a cuatro personas -tres chilenos y un ciudadano de colombiano- quienes fueron puestos de inmediato a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción. Aunque la causa fue catalogada como secreta, trascendió que fueron procesados por los delito de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas y quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Según explicó el subprefecto Antonio Jeldres, en el operativo también se incautaron “79 kilos 727 gramos de cannabis; 12 kilos de clorhidrato de cocaína; 5 kilos de ketamina; 6 kilos de lidocaína y 20 kilos de cafeína para abultar la droga; 2 armas de fuego; más de 190 cartuchos de diverso calibre; 2 vehículos; una máquina contadora de billetes y $1.470.194.000 en efectivo”.

Cabe destacar que los miles de billetes se encontraban escondidos en tambores y diversas maletas al interior de las viviendas allanadas, al más puro estilo ‘Breaking Bad”. Además, a los acusados les gustaba ostentar sus vehículos de alta gama por la ciudad.

Jeldres detalló que los cabecillas de la banda recibían grandes cantidades de droga desde Santiago, la que era “distribuida entre diferentes traficantes de las comunas de la Región del Biobío, lo que les permitía obtener importantes sumas de dinero”.

Por otra parte, la fiscal Mariana Iturrieta, de la Fiscalía Local de Concepción, aseguró que la aprehensión de los jefes de la banda fue producto de una larga y exhaustiva investigación, “donde se realizaron una serie de diligencias intrusivas, avaladas en la Ley 20.000, que permitió la obtención de órdenes de entrada y registro en domicilios de las comunas de Penco y Concepción”.

“Se trataba de una estructura que compraba grandes cantidades de droga en la zona centro norte de nuestro país, para luego traerlas a la región y entregarlas a pequeños distribuidores”, complementó la persecutora.

“Entendemos que, desde ese punto de vista, se apunta a las grandes estructuras, que finalmente son las que surten al mercado local de las comunas de la región”, remató la fiscal Iturrieta.

Finalmente, la Delegada Presidencial Regional del Biobío, Daniela Dresdner, destacó la labor de la fiscalía y la Policía de Investigaciones, puesto que la millonaria cifra decomisada “es probablemente la más grande del país que se ha encontrado en poder de las bandas, y eso es una tremenda proeza por parte de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Concepción”, remató.

Tegucigalpa, 30 sep (EFE).- La embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, Laura Dogu, dijo este lunes que para su país "es súper importante" mantener el tratado de extradición con Honduras, el cual fue dado por terminado a finales de agosto por el Gobierno del país centroamericano.

"Es súper importante tener ese tratado de extradición, estamos tratando de trabajar con el Gobierno (hondureño) para recuperar esto", indicó Dogu en escuetas declaraciones a periodistas en Tegucigalpa.

Agregó que "si esto termina, vamos a esperar décadas para un tratado nuevo. No es algo fácil".

El tratado se mantendrá en vigor durante seis meses a partir de la fecha que fue denunciado por el Gobierno de Xiomara Castro.

La denuncia del tratado, que data de 1912, la anunció la presidenta Castro luego de que Dogu expresó la preocupación de su país por la reunión en Caracas (Venezuela) de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

"La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal", escribió en su momento Castro en la red social X.

"Basta" y "con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller (Eduardo Enrique Reina) denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos", subrayó entonces la mandataria.

Para algunos sectores hondureños, Castro habría denunciado el tratado de extradición con Estados Unidos para evitar que, eventualmente, algún miembro de su familia, salpicado por denuncias de haber tenido vínculos con narcotraficantes, pudiera ser solicitado por la Justicia estadounidense.

Después de que Castro denunció el tratado, trascendió un video en el que aparece el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, quien es esposo y asesor de la mandataria, en una reunión con narcotraficantes, ofreciéndole dinero para la campaña de las elecciones generales de 2013, cuando la candidata presidencial por el ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) fue Xiomara Castro.

La presidenta y su esposo han lamentado el hecho y reiterado que no recibieron dinero de narcotraficantes para la campaña electoral de 2013.

Entre 2014 y lo que va de 2024 Honduras ha entregado en extradición a Estados Unidos a unos 50 nacionales, entre ellos al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla,

Hernández fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión, mientras que a Bonilla en agosto le dictaron 19 años. EFE

Un encuentro inusual se realizó este sábado en el Polideportivo de la Parroquia San José de Avenida Colonia en el Barrio 17 de Marzo, Ciudad Evita, La Matanza. Pueblo pobre fiel y funcionarios nacionales y provinciales.

El motivo de la reunión

Dijo Monseñor Eduardo García a los funcionarios presentes del Poder Judicial y de los Ministerios Fiscal y de la Defensa y otros representantes de diferentes instituciones en el encuentro de ayer en Ciudad Evita: “Nosotros ponemos lo nuestro para acompañar la vida en el orden afectivo, emocional y laboral de la recuperación, pero también necesitamos que ustedes pongan lo que está en sus manos y en sus posibilidades. Es para que esta recuperación se sienta que no se está haciendo al margen de la sociedad, al margen de la ley, sino que se hace con la ley y que la ley sostiene este proceso de reinserción de acompañamiento y de vida nueva para la gente.”

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina

Dice el comunicado de la CEA:

De este modo al Estado y la Justicia, le pedimos que nos ayuden a acompañar a los rotos, especialmente la aceleración de procesos.

El encuentro continuó con el testimonio de hombres y mujeres que trabajan en las obras de la parroquia San José y, especialmente en los Hogares de Cristo, acompañando la recuperación de aquellos que se acercan ante problemáticas de consumo. Luego se produjo un diálogo entre los presentes y estas personas. Durante el encuentro, la comunidad de San José mostró su pasado, su presente y el horizonte que busca. Entre los testimonios, compartimos las palabras de personas que se han expresado, que se han recuperado y en la actualidad trabajan y sirven a hermanos que se siguen acercando. Todos coinciden en la necesidad de una mayor ayuda por parte de la Justicia y del Estado para continuar logrando verdaderamente una realidad que grita ´Basta de Droga´: “Nosotros ponemos el cuerpo y ustedes desde el lugar que les toca, ayúdennos a decir que toda vida vale y es importante”.

En las palabras de los oradores, quedó en claro la importancia de que el Poder Judicial escuche a quienes aparecen criminalizados y son, en verdad, las principales víctimas de un sistema de exclusión que deja a millones al costado del camino.

Luego, la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación enfatizó que: “Esta semana tuve que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para que la gente pueda comer”. En ese contexto, agregó que: “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias”. Asimismo, estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. La jueza Ledesma recordó que: “desde la Cámara de Casación junto con Alejandro Slokar hemos sentado jurisprudencia hace ya tiempo cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los menores. El Juez Slokar expresó: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y remató: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.

Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, dijo:

“Yo estoy orgulloso de estar en esta mesa, realmente, no sé cómo agradecer a Roxana, a Andrea, a Rodrigo, a Chapu; a monseñor Eduardo García. En realidad, hemos escuchado con el corazón, hay muchos modos de escuchar, ¿no?, pero hemos tenido como una escucha activa, verdadera. Lo que nos han contado ha pasado por nuestro corazón. Hemos sido todo oídos. Esta reunión, que fue fruto de una inquietud de magistrados que vinieron a la Conferencia Episcopal a decir: ´Nosotros queremos acercarnos, queremos escuchar´, y yo vi en ellos como un deseo vocacional, un deseo vocacional. Es servir a través de la Justicia, pero tomando contacto cercano con lugares en donde verdaderamente se ha vivido y se vive en forma profunda la vulnerabilidad”.

“Hemos visto y escuchado la fuerza de una comunidad. Una comunidad tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos que hace posible que se pueda defender de una cantidad de males cultivando la fraternidad, cultivando el amor al prójimo. Hemos escuchado en esta mesa hablar del abrazo, de la necesidad, de la contención; de momentos claves de la vida en donde hemos sido recibidos, hemos sido escuchados; hemos escuchado con emoción como Chapu decía que había silencio y se sentía escuchado”.

“El habernos mostrado la fuerza de la comunidad; ‘es verdaderamente posible´, escuchábamos hace instantes. La experiencia nuestra, queridos magistrados; cuando nosotros visitamos los penales ubicados en nuestras diócesis, la mayoría de cada uno de los penales están llenos de pobres y vulnerables; allí observamos una edad promedio de 21 años, la enorme mayoría con causas por robo para consumir. Parecería que, digamos, el crimen organizado, la trata, el narcotráfico, las armas; ¿de donde salen las armas? Es decir, parecería que todo eso es el poder, enorme, invisible, que busca cómplices en los poderosos, que esclaviza a nuestros chicos y chicas, entonces como han expresado en reiteradas veces en este encuentro: ´es otro Estado´; esto lo tenemos que tratar de visibilizar, no podemos mirar para lado y tratarnos como si entre nosotros hubiera un abismo. hoy hemos escuchado un grito, un grito; es difícil escuchar un grito, pero es posible acompañar ese grito: ´no nos dejen solos, somos familia, pero los necesitamos como familia´. Fue maravilloso lo que transmitió la madraza de la familia, hermosa familia. Entonces, de verdad ese grito ´acompáñennos´, creo es el grito que tenemos que llevarnos hoy para desde nuestra vocación, desde nuestro lugar, intentar transformar la realidad como la han transformado ellos y buen ejemplo hemos recibido esta mañana de parte de todos ustedes. Muchísimas gracias en nombre de todos, a los magistrados que tuvieron la inquietud de esta reunión”.

Desde los integrantes del Poder Judicial que estuvieron presentes, hubo palabras de compromiso para que esto no sea sólo un encuentro sino un camino para encontrar soluciones concretas a quienes están excluidos.

Participaron miembros de los Hogares de la Familia Grande del Hogar de Cristo que expusieron sus testimonios de vida, de recuperación y de servicio con emoción y síntesis, también participaron representantes del ámbito educativo, universidades e integrantes de Cáritas Nacional.

El funcionariato firme junto al pueblo

La presencia del Poder Judicial, junto a funcionarios de la justicia y otros representantes de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Defensoría General de CABA, la Fiscalía de la CFCP, Juzgado Cay T de CABA, UEJN, TO en lo Criminal Federal de la Plays, Consejo de la Magistratura de CABA, Ejecución Penal, Universidades de J.C.Paz, Hurlingham y La Matanza, CSJN, MPF de la Nación.

Labores de la Obra de la Parroquia San José del Obispado de San Justo

1. Se reparten más de 18.000 porciones de comida en 16 comedores.
2. 1600 niños, jóvenes, adultos, ancianos y discapacitados que vivían en la calle, hoy viven en forma permanente en decenas de casas del Hogar de Cristo.
3. 1000 niños y niñas son recibidos diariamente por las Casitas de la niñez.
4. 800 alumnos estudian en escuelas secundarias.
5. 2200 adultos se capacitan en escuelas, terciarios, profesorados y centros de formación profesional.
6. Una Escuela de música y orquestas que comparten la vida artística de 700 personas.
7. 4 escuelas primarias reciben a más de 1100 alumnos.
8. 450 abuelos y abuelas se reúnen en centros de jubilados.
9. Más de 1400 niños son recibidos en 7 jardines de infantes.

La realidad es superior a la idea (Jorge Mario Bergoglio)

A juicio de este cronista que participó del inusual encuentro de una comunidad ávida me siento en la obligación de hacer unas reflexiones que le expliquen a nuestros hijos que nada es casual en la vida de los pueblos. Coincidentemente al nacimiento de la nueva etapa democrática, con una república que había sido derrotada militar y políticamente en el campo internacional, denostada en el mundo por los años de la Dictadura y con una economía quebrada se dio inicio la invasión de estupefacientes. El Estado permitió desde la Democracia que supimos concebir el ingreso creciente y paulatino de drogas naturales como la marihuana y cocaína, heroína o sintéticas como las metanfetaminas. Durante el gobierno del presidente Menem comenzó la campaña que se desarrollaría en una primera etapa de lanzamiento donde las drogas y los efectos “placenteros” del consumo estuvieron dirigidos selectivamente a los sectores altos, denominados popularmente “chetos” de la juventud de donde se importaría a segmentos también altos del interior. Fiestas cerradas, exclusivas, con participación de astros y algunas estrellas en el marco de una estética sumamente cuidada y una difusión que gota a gota fue aumentando y así pasó de las revistas más exclusivas como Gente o Caras y otras dirigidas a un público más extendido y diversificado, suplementos de diarios y televisión. Y así de los salones VIP de los boliches de la Costanera de Buenos Aires, Palermo y Recoleta, Avenida Constitución en Mar del Plata, llega más tarde llegar a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional.

Como muros de contención para los desbordes a que dicha inundación conduciría, en especial cuando el consumo se extendiera a las clases bajas y pobres de la población, se multiplicó la creación de los juzgados federales, las fiscalías y los entes provinciales destinados a contener la creciente criminalidad. Es decir que, el poder político, penetrado por el narcotráfico, sería el encargado de construir diques de contención a los desbordes producidos por su expansión.

Hoy los márgenes de los daños provocados a la sociedad son infinitos, en gran medida irremediables, en su magnitud la estimación de las muertes provocadas por el consumo de estupefacientes superan enormemente las causadas por la dictadura que presidió a la Nueva Democracia y otra violación grave se comete a diario con los niños y niñas de las barriadas pobres y de clases medias expuestos al narcotráfico sin entrar a considerar los muertos-vivos que arrastrarán secuelas de por vida que los invalida para llevar una buena vida y vivir con dignidad. Ni en las clínicas privadas ni en salas de salud ni en los hospitales públicos se registra ni se da aviso alguno a la autoridad judicial de las muertes o sucesos dañosos que ingresaron o se produjeron en dichos establecimientos a causa del consumo de drogas ilícitas.

Frente a esta realidad social las muchas delegaciones de las fuerzas de seguridad, patrulleros, instituciones judiciales, colegios de abogados, funcionarios de los gobiernos municipales, provinciales y nacional que se han seguido multiplicando -por aumento de la población u otras razones - “miran para otro lado”. En las calles, en las bailantas, a la salida de los boliches, en las ferias artesanales y en muchos otros puntos de venta se compra y venden estupefacientes a la luz del día a niños, jóvenes y viejos quienes en La Plata, en Ciudad Evita, en Villa Luzuriaga, en San Isidro o Zárate, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, San Antonio de Areco, por no hablar de Rosario y otras ciudades del interior, hasta los vendedores cuentan con repartos a domicilio o delíbery para comodidad y facilitación del descontrol de los que viven presos de la droga. Y los jueces “de garantía”, los fiscales, los procuradores generales, los comisarios, los políticos tampoco “ven”. Sin embargo, los fundamentos de tal negatividad fueron expuestos, en un correcto español-latinoamericano ente Su Santidad. Magistrado -propuesto a la sazón en estos días para el máximo tribunal de la república- que dijo en la Academia de Ciencias del Vaticano que “no era función de los magistrados penales la política de prevención de las adicciones ni tampoco la prevención en las cárceles”. Sin embargo parece que eso no se asume porque no les corresponde (legalmente, claro) pero Monseñor Garcia dijo y el Procurador General de la Provincia allí presente no lo desmintió, que en el ámbito “…el año pasado, de 40.000 causas que ingresaron por narcotráfico, solamente 2.000 tuvieron algún tipo resolución; muchas veces las personas que han sido detenidas por este delito vuelven a los barrios como si nada hubiese ocurrido.”

Cuando hace unos años visite el barrio 17 de Marzo de Ciudad Evita y la nueva Parroquia de San José de la calle Colonia hablé con el Obispo Eduardo García designado por el Papa Francisco al frente del Obispado de San Justo y con el Padre Nicolás Angelotti. La gran preocupación era la construcción y puesta en funcionamiento de colegios primario y secundario y el club. Poco tiempo después esos objetivos fueron logrados y en los terrenos cedidos por la CONAE se levantó un polideportivo que funciona todo el año, de la mañana a la noche repleto de jóvenes que ocupan el “tiempo libre” en ocio creativo, en prácticas deportivas, donde hacen música y canto y festejan cumpleaños, todos los días. ¿Dónde estaban los niños y jóvenes antes? Deambulando por las esquinas de los barrios o por el centro de San Justo, limpiando vidrios, pidiendo dinero, revolviendo la basura o hurtando alguna cosa. Fáciles peces para ser pescados por los distribuidores de drogas, hacerlos adictos e incorporarlos como soldados.

¿Quiénes fueron Los Menores? Esa pregunta ronda la mente de muchos puertorriqueños que vivieron la década pasada con temor y desconfianza. Surgidos en un momento de caos y vacío de poder, Los Menores no solo llenaron las calles de Puerto Rico de sangre y violencia, sino que también se entrelazaron con la cultura del reggaeton, impulsando la carrera de algunos de los artistas más reconocidos del género. ¿Cómo una banda delictiva llegó a convertirse en un símbolo para una generación, y al mismo tiempo, en un azote implacable para las autoridades?

Tras la caída de Ángel Ayala Vázquez, conocido en el mundo del crimen como Ángelo Millones, Puerto Rico quedó en un estado de incertidumbre. Ángelo había sido el capo indiscutido de Bayamón, controlando el narcotráfico en la isla desde mediados de los años 90 hasta su arresto en 2009. Con su encarcelamiento, se abrió un vacío de poder que rápidamente comenzó a ser llenado por una nueva generación de criminales.

Fue en ese contexto que nació la banda de Los Menores, un grupo compuesto por jóvenes de entre 18 y 25 años que, en su mayoría, habían crecido bajo la sombra de Ángelo Millones, según reveló un informe difundido por el FBI en el 2017. Este grupo comenzó a organizarse para tomar el control de los puntos de drogas en varios residenciales públicos de Bayamón y en pueblos cercanos, buscando replicar lo que había hecho su predecesor.

La estructura de Los Menores

La estructura de Los Menores fue un reflejo de la astucia y el poder que su líder, Sadid Medina Rivera, alias El Loco, supo imponer desde el inicio. No era una organización delictiva improvisada ni desorganizada; cada miembro tenía un rol específico y un propósito dentro de la jerarquía cuidadosamente construida según los datos documentados por el FBI. Este nivel de organización fue lo que permitió a Los Menores no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno donde la competencia era letal.

“El Loco” encabezaba la organización como líder supremo, tomando decisiones estratégicas que afectaban no solo a Bayamón, sino también a otros municipios de Puerto Rico. Bajo su mando, la banda se dividió en múltiples niveles jerárquicos:

• Bichotes: eran los encargados de controlar los puntos de venta de drogas en los diferentes residenciales públicos y barriadas. Cada bichote era responsable de su territorio, supervisando la venta y distribución de sustancias como crack, heroína, cocaína, marihuana, percocet y xanax. Además, eran quienes debían rendir cuentas directamente a “El Loco” sobre las ganancias y las operaciones en su área.
• Gatilleros: este grupo estaba formado por nueve miembros encargados de ejecutar a cualquiera que se interpusiera en los negocios de la banda. Los gatilleros eran temidos por su brutalidad y eficiencia. Su misión no solo era eliminar amenazas externas, sino también mantener la disciplina interna dentro de la organización. Según las autoridades federales, Los Menores enseñaban a estos jóvenes cómo disparar y matar, asegurándose de que las armas utilizadas fueran devueltas al líder para que dispusiera de ellas y así evitar rastros.
• Suplidores y Runners: los suplidores eran los responsables de mantener un flujo constante de drogas a los diferentes puntos de venta, asegurándose de que nunca faltara mercancía. Los runners, por su parte, eran los encargados de transportar la droga desde los puntos de abastecimiento hasta los puntos de venta. Este rol requería un conocimiento profundo de las rutas y horarios para evitar ser detectados por las autoridades.
• Vendedores y Procesadores: los 42 vendedores de la banda eran la cara visible del negocio en las calles. Ellos interactuaban directamente con los compradores, manejando grandes sumas de dinero en efectivo y estando expuestos constantemente a la violencia. Los procesadores, por otro lado, eran los encargados de preparar y empaquetar las drogas, asegurándose de que estuvieran listas para la distribución en las calles.

La organización operaba como una cooperativa del crimen donde cada residencial público (barrios) era un nodo dentro de una red más amplia. Esta estructura permitió a Los Menores mantener un control férreo sobre el narcotráfico en Bayamón y expandirse a otras áreas como Cataño, Naranjito, Comerío y Corozal. Las reglas eran claras: la desobediencia se castigaba con la muerte, y cualquier ataque contra un miembro individual de la banda se consideraba un ataque contra toda la organización.

Esta estructura no solo garantizó la eficiencia de Los Menores, sino que también dificultó su desmantelamiento. Cada nivel jerárquico estaba diseñado para ser autónomo hasta cierto punto, lo que permitía a la organización seguir operando incluso si uno de sus líderes caía.

La conexión con el reggaeton

La influencia de Los Menores en el reggaeton no fue un hecho fortuito. Bayamón, la cuna de la banda, también fue el lugar de origen de varios artistas que, con el tiempo, se convertirían en íconos del género. Farruko, Ñengo Flow, y Arcángel son solo algunos de los nombres que, de una manera u otra, estuvieron conectados con la banda, ya fuera a través de amistades, colaboraciones, o simples coincidencias en su entorno social.

Bayamón, en esos años, era un lugar donde la música y la violencia convivían en una estrecha relación. Los jóvenes que aspiraban a salir adelante a través del reggaeton a menudo se encontraban con que la realidad de las calles era una parte inseparable de su narrativa musical. Los Menores, al ser los dominantes del panorama criminal, también se convirtieron en los guardianes y, en algunos casos, en los mecenas de estos jóvenes talentos.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Farruko. Nacido y criado en Bayamón, “Farru” comenzó su carrera con canciones de tono más romántico, pero el entorno en el que vivía lo empujó a explorar otras temáticas. La presión de su entorno, sus amistades, y la realidad violenta de su barrio lo llevaron a adaptar su música, reflejando las duras vivencias de la calle. “Titerito”, una de sus primeras canciones que lo catapultó a la fama, es un claro ejemplo de esta transición. En ella, se escucha la voz de un artista que ha sido tocado por la crudeza de la vida en Bayamón, un lugar donde Los Menores ejercían su poder.

El vínculo entre Los Menores y el reggaeton no era solo una cuestión de proximidad geográfica o social. Existía una especie de lealtad mutua. Los reguetoneros que crecieron en Bayamón o que tuvieron contacto con los miembros de la banda, frecuentemente demostraban su respeto y agradecimiento en sus letras, guiños que eran entendidos por quienes conocían la historia detrás de la música.

Ñengo Flow, otro de los grandes exponentes del reggaeton, es conocido por su cercanía a la calle y su afinidad con los jóvenes de los barrios. En su música, menciona frecuentemente a los líderes de Los Menores, rindiendo homenaje a aquellos que, según él, lo apoyaron y creyeron en su talento. Canciones como “Tiraera” y colaboraciones con otros artistas de Bayamón incluyen referencias directas o veladas a la banda, consolidando su estatus como una figura respetada dentro de su círculo.

Los Menores se convirtieron en una especie de protectores para estos artistas, proporcionándoles no solo seguridad, sino también un tipo de respaldo que iba más allá de lo financiero. Esta relación simbiótica permitió a los reguetoneros sentirse seguros en sus barrios, sabiendo que tenían el apoyo de una organización poderosa. En retorno, la música que creaban contribuía a perpetuar el legado de la banda en la cultura popular, inmortalizándola en las letras de sus canciones.

La influencia de Los Menores en el reggaeton no solo se manifestó en las letras de las canciones, sino también en la estética y los códigos culturales que se derivaron de esta conexión. Uno de los gestos más emblemáticos que surgió en esta época fue “el pulgar en la cara”, un gesto que se popularizó entre los jóvenes de los barrios como un símbolo de resistencia y de conexión con el estilo de vida miembros de la banda.

Este gesto se convirtió en un ícono visual que trascendió la música y se instaló en la moda callejera. Los seguidores de los artistas que mencionaban a Los Menores comenzaron a adoptar este gesto, viéndolo como una forma de expresar su identidad y su conexión con la calle. En los videoclips de la época, no era raro ver a reguetoneros utilizando este símbolo, lo que contribuyó a su propagación y a su asociación directa con la vida en los barrios controlados por Los Menores.

El impacto de Los Menores en la música se extendió también a las colaboraciones entre artistas. En canciones como “Titerito Remix”, donde Farruko logró reunir a dos pesos pesados del reggaeton que habían estado en conflicto, Cosculluela y Ñengo Flow, se puede ver cómo la influencia de la calle fue un factor decisivo para que este tipo de colaboraciones fueran posibles. La música, en muchos casos, se convirtió en un terreno neutral donde las rencillas se dejaban de lado, y se rendía homenaje a la cultura de la calle que todos compartían.

Errores fatales y la caída de Los Menores

Uno de los momentos más críticos para la banda fue el asesinato del reconocido boxeador Héctor “Macho” Camacho en noviembre de 2012. El crimen aceleró la caída de la organización.

El objetivo original del ataque no era Camacho, sino su amigo de la infancia Adrián Mojica Marrero, quien se encontraba en el asiento del conductor del vehículo. Mojica murió al instante cuando su coche fue tiroteado afuera del bar Azuquita en Bayamón, pero Camacho, que estaba en el asiento del acompañante, fue herido gravemente y falleció cuatro días después en el hospital. Este asesinato, aunque no planeado, puso a Los Menores bajo el escrutinio intensificado de las autoridades.

El asesinato de un icono nacional como Camacho atrajo una atención renovada hacia Los Menores. El caso provocó una ola de investigaciones que sacaron a la luz las operaciones y la estructura de la banda. El incidente con Camacho no solo fue un golpe para la reputación de Los Menores en la calle, sino que también provocó una respuesta contundente por parte de las fuerzas de seguridad.

En enero de 2018, un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio contra 104 miembros de Los Menores, acusándolos de conspirar para distribuir sustancias controladas, uso de armas de fuego para la comisión de crímenes violentos, y otros cargos relacionados con el narcotráfico. Este pliego dio lugar al operativo “Los Menores Takedown”, que resultó en la captura de la mayoría de los líderes y miembros clave de la organización.

Durante el operativo, el FBI, en colaboración con la Policía de Puerto Rico y otras agencias federales, arrestó a miembros de la banda en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

Douglas Leff, jefe del FBI en Puerto Rico en ese momento, describió el caso como “uno de los más grandes en la historia de la agencia”, destacando la magnitud y el impacto de Los Menores en la isla.

Sin embargo, la caída de Los Menores no fue inmediata ni sencilla. La banda resistió durante años, y aunque muchos de sus miembros fueron arrestados, algunos lograron evadir la justicia por un tiempo, continuando con sus actividades desde la clandestinidad. Aun así, la captura de Sadid Medina Rivera y otros líderes clave marcó el final de la banda como una organización estructurada y poderosa.

Durante los años 80 y 90, Pablo Escobar se estableció como el enemigo número uno de la lucha antidrogas que era liderada por Estados Unidos; de la misma forma, este reconocimiento generó que Colombia fuera referenciada con su nombre durante varios años, en un preconcepto que con múltiples campañas se ha buscado cambiar en el país sudamericano.

A pesar de esto, durante un debate en la asamblea de Andhra Pradesh, estado de la República de la India, el ministro principal, Chandrababu Naidu, nombró al capo colombiano para comparar a su rival, el líder de YSR, Jagan Mohan Reddy, con el comportamiento que Escobar tuvo antes de ser referenciado como criminal.

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Antes de que Naidu fuera primer ministro de Andrhra Pradesh, este rol era ocupado por Mohan, el cual renunció a este cargo debido a que su partido perdió las elecciones en la India y, meses más tarde, fue acusado junto a dos oficiales y dos funcionarios retirados por un intento de asesinato.

En lo que era un espacio para que Chandrababu hablara sobre el balance de lo que encontró en su cargo respecto a lo realizado por su predecesor, terminó siendo un monólogo de acusación en la que afirmó que “solo una persona puede compararse con lo que sucedió en Andhra, y ese es Pablo Escobar”.

Durante su intervención, Naidu recordó que antes de ser considerado el mayor narcotraficante del mundo, Escobar era referenciado como un empresario, logrando de esa forma llegar hasta el Congreso de la República en Colombia, pero finalmente fue descubierto tras ordenar el asesinato de un ministro.

“Pablo Escobar era un capo de la droga y narcoterrorista colombiano que se convirtió en político y comenzó su cártel de la droga, amasando 30 mil millones de dólares en ese momento, que ahora valen 90 mil millones. Fue arrestado en 1976 y en 1980 se había convertido en el capo de la droga más rico del mundo”, indicó el primer ministro de Andrhra Pradesh.

Fue de esa forma que nombró a Mohan y aseguró que había sido una pieza clave en la consolidación del mercado de las drogas en los últimos años. Terminó su intervención destacando que “algunas personas pretenden enriquecerse vendiendo drogas”.

Por último, Naidu aseguró que el ex primer ministro tenía como objetivo emular al capo colombiano para aumentar su riqueza sin ser descubierto.

“¿Cuál era el objetivo del exministro principal? Ambani tiene dinero y aspiraba a ser más rico que ellos. Pocos tienen necesidades, pocos tienen avaricia y pocos tienen manía y estos maníacos hacen este tipo de cosas”, afirmó Chandrababu Naidu.

Debido al impacto que tuvieron las palabras de Naidu en la India, Jagan Mohan Reddy se vio obligado a responder a los señalamientos en su contra, por lo que convocó una rueda de prensa en la que afirmó que su rival político era amigo de Pablo Escobar.

“¿Es amigo de Chandrababu que conoce su nombre tan bien? Debe serlo. De lo contrario, no sé su nombre (Escobar) en sí. Por otro lado, Chandrababu Naidu habla repetidamente de una persona en particular (Escobar)”, indicó Mohan.

De la misma forma, resaltó que este tipo de comportamientos deberían hacer que el primer ministro y los miembros de su partido en el Congreso fueran interrogados por sus vínculos en común, puesto que tenía información que comprobaba que Naidu está siendo un nexo de conexión con las personas allí.

Sobre por qué Naidu lo comparó con Pablo Escobar y la forma en la que el capo logró amasar una fortuna, Mohan afirmó que se trataba de una estrategia que consiste en hacer “políticas de distracción” utilizando a los medios para desacreditar su labor.

La relación entre los narcos mexicanos y colombianos ha sido constante desde el auge de la distribución de cocaína; esto se debe principalmente a que el país sudamericano es en donde se siembra más coca en el mundo, mientras la nación norteamericana es vital para el paso de la droga a Estados Unidos y durante una época, a Europa.

De la misma forma, se ha especulado con las alianzas permanentes que aún existen entre narcos de México y bandas delincuenciales colombianas para controlar puertos estratégicos y hasta se ha afirmado que uno de los hijos del Chapo Guzmán vivió varios años en Envigado.

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Sin embargo, debido a que los controles por parte de las autoridades aumentó con el paso de los años, autoridades en México han descubierto que una de las últimas estrategias de los capos en su país está en sembrar y procesar coca en su territorio, buscando con ello mermar la importancia de los colombianos en el negocio ilícito.

Aunque está lejos de ser uno de los países más sembradores de coca, en los últimos años se ha identificado que las montañas mexicanas de Guerrero, Atoyac y Tecpan han demostrado ser espacios en los que se puede sembrar la planta, que luego de ser procesada, se convierte en una de las drogas más vendidas del mundo.

A pesar de ello, un aspecto que no ha podido ser igualado por los mexicanos es la manipulación del material, por lo que las autoridades informaron que los carteles están convenciendo a colombianos para trasladarse hasta su país y sumarse a sus organizaciones con el objetivo de aprender las formas de cultivar y manejar la planta.

En diálogo con Ernesto Jiménez de Infobae México, el analista de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia y comandante en retiro de la Policía Antinarcóticos de Colombia, Miguel Tunjano, indicó que hay información con la que se ha podido identificar que hay dos propósitos para contratar a exguerrilleros y exmilitares en el país norteamericano.

“Les están enseñando (a los cárteles mexicanos) como se obtiene clorhidrato de cocaína a través de la base de coca; por otro lado, en el estado de Guerrero, se han encontrado cultivos de coca que parece que son de tipo experimental. Entonces es posible que hayan traído también expertos en el cultivo porque ellos no tienen esa experiencia”, destacó Tunjano.

Como muestra de ello, recordó que en enero, marzo y abril de 2024 se han registrado operativos exitosos por parte de las autoridades en México en contra de los carteles, en los cuales se han realizado capturas de colombianos vinculados a estas estructuras criminales.

En Zacatecas, de los diez integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) capturados, dos de ellos eran colombianos. En Ciudad de México fue detenido un colombiano señalado de ser miembro de una célula del cartel de Sinaloa y en este mismo lugar atraparon a dos colombianos portando armas de fuego y seis kilos de cocaína.

La nueva estrategia de los narcos no ha sido atribuida a una estructura criminal en particular, puesto que las siembras han sido descubiertas en zonas de disputa entre el cartel de Sinaloa, la familia Michoacana, Los Viagras, Los Tlacos y el cartel de Jalisco Nueva Generación.

“Es posible que en Colombia estén sacando base de coca, que tiene un precio muy bajo allá. Si llega a un país de tránsito o de consumo, es posible que estén sacando mucha base de coca de Colombia y en México o en otro país de Centroamérica la estén metiendo a un laboratorio y la sacan ya como clorhidrato de cocaína… Es un negocio de cadena de valor que se ubica donde tengan menos perdidas y donde puedan tener más ganancias y menos riesgos de destrucción de laboratorios o de incautación de cocaína”, declaró Tunjano a Infobae México.

Cabe recordar que no es una situación nueva para las autoridades en México, ya que en 2022 una investigación de InsightCrime expuso que los espacios de siembra de coca habían aumentado en el país, lo que fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador

“Ya sabemos que están experimentando con la coca”, declaró López Obrador sobre el descubrimiento de siembras de coca en Atoyac de Álvarez, Guerrero y otros espacios.

Más de 200 personas fueron detenidas en la última semana de mayo en Ecuador como parte de una serie de operativos contra el crimen organizado al estar presuntamente involucrados en delitos de extorsión, secuestro, delincuencia organizada, lavado de activos, asesinato, sicariato, tenencia de armas y microtráfico de drogas.

Entre el lunes 27 de mayo y este viernes 31 de mayo fueron capturadas 207 personas en 84 operativos ejecutados en 11 de las 24 provincias del país, donde participaron alrededor de 300 agentes y se practicaron 65 allanamientos, según reportó este viernes la Policía Nacional de Ecuador.

De acuerdo con la institución policial, con esta serie de operaciones se afectó a una veintena de bandas criminales, catalogadas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales desde que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de año la existencia de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.

En estos operativos se incautaron también cerca de cinco toneladas de drogas, 34 armas de fuego, 544 cartuchos, 31 automóviles, 10 motos, 166 teléfonos móviles y 17.455 dólares en efectivo.

También fueron liberadas ocho personas que se encontraban secuestradas por grupos criminales que exigían rescates a sus familias.

La operación más relevante se llevó a cabo el jueves, donde fueron capturadas 22 personas vinculadas a Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.

Entre los 22 detenidos está Verónica B.Z., la pareja sentimental del prófugo narcotraficante José Adolfó Macías (‘Fito’), el líder de Los Choneros, que se encuentra en paradero desconocido desde que entre finales de 2023 e inicios de 2024 se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

Un juez ordenó el ingreso en prisión para 20 de ellos, según informó este viernes la Fiscalía sobre el operativo contra Los Choneros, ejecutado en las costeras provincias de Manabí y Guayas (cuya capital es Guayaquil), dos de las siete que se encuentran en estado de excepción desde la semana pasada, llamado por Noboa como “la segunda fase de la guerra” contra las bandas criminales.

Entre los procesados hay dos mandos medios de la organización, además de administradores financieros, de seguridad y logística, colaboradores, almacenadores, distribuidores, transportistas y expendedores, que tenían como centro de operaciones el cantón (municipio de El Empalme).

Entre los delitos que la Policía vinculó a estos presuntos integrantes de Los Choneros están sicariato, secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales, extorsión, narcotráfico, testaferrismo, tenencia y porte de armas de fuego y sicariato, entre otros delitos conexos.

A estos grupos de delincuencia organizada, principalmente dedicados al narcotráfico, se les atribuye el auge de la violencia en Ecuador, que en los últimos años ha pasado a figurar entre los países de Latinoamérica con más homicidios, al registrar en 2023 un tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

(Con información de EFE)

De acuerdo con el ente judicial, esto bienes de alias Osito habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes.

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Los bienes embargados son conocidos como Trocadero y Piedras, y están ubicados en la vereda El Obispo, en Supía, Caldas. Según la Fiscalía, las propiedades superan en extensión las 86 hectáreas y están avaluados preliminarmente en más de 4.770 millones de pesos.

Las diligencias fueron realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional, donde se logró constatar que las propiedades estaban conectadas entre sí. Además, se logró precisar que los terrenos contaban con árboles frutales, piscina y algunos lujos.

La Fiscalía afirmó que todos los elementos recaudados dan prueba de que las propiedades eran utilizadas para realizar fiestas y otro tipo de reuniones.

El ente judicial estableció que, desde 1990, los predios pertenecían a Roberto de Jesús Escobar Gaviria, pero fueron registrados a nombre de familiares o empleados. También se acreditó que presuntamente se pagaron en su momento con recursos obtenidos de manera ilegal por Pablo Escobar.

Así las cosas, la Fiscalía informó que los bienes embargados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Este es el segundo golpe que recibe alias Osito en las últimas semanas, debido a que la misma Fiscalía ya había realizado el mismo procedimiento a una propiedad que convirtió en museo en el sector de Las Palmas de la ciudad de Medellín. La propiedad está valorada en 12 mil millones de pesos.

La SAE afirmó que la casa fue originalmente propiedad de Pablo Escobar, pero fuer registrado a nombre de un testaferro con el objetivo de evitar un rastreo por las autoridades judiciales.

Por su parte, la Fiscalía manifestó que escuchó varios testimonios, que indica que Roberto Escobar habría empleado diferentes estrategias para mantener el dominio del inmueble.

Los testimonios indican que el hermano del capo registró la casa a nombre de terceros, sin embargo quedó al descubierto por la falta de recursos económicos que aparecían como propietarios legales de la propiedad.

“El Gobierno sostiene con determinación su compromiso con la recuperación de bienes obtenidos por manos de la mafia, destinando los bienes que antes se utilizaban en economías ilícitas para ser reintegrados al tejido socioeconómico para el beneficio colectivo”, precisó la Sociedad de Activos Especiales.

Meses atrás la SAE confirmó que la Casa Museo de Pablo Escobar en Medellín se convertirá en un centro cultural. De acuerdo con la entidad, la casa, que ahora llevará el nombre de La Otra Historia, será un espacio museográfico y de memoria histórica donde no solo se espera dignificar a las víctimas, sino también promover la transformación del discurso hacia uno de “resignificación y solidaridad”.

“Hacer un proyecto que permita resignificar las historias que lo que antes acá era un museo donde se venía a ver cómo eran las historias de Pablo Escobar. Ahora lo que queremos es cambiar esa historia, lo que queremos es contar todo lo que ha significado para la ciudad de Medellín y para el país la tragedia de narcotráfico”, comentó el director regional occidente de la SAE, Luis Mauricio Urquijo, en diálogo con Blu Radio.

El primer paso para iniciar ese proyecto cultural, según la directora ejecutiva de Fasol, Laura Camila Castillo, fue sembrar un ‘árbol de la esperanza’ como preámbulo a los diferentes encuentros que se llevarán a cabo en la ahora casa ‘La Otra Historia’.

“Fue un espacio muy interesante porque facilitó la apertura a un diálogo constructivo, cuidadoso y receptivo, para ver reflexivamente las diferentes narrativas del narcotráfico y sus impactos, pero también sus potenciales de transformación en la memoria colectiva”, contó la directora de Fasol a RCN Radio.

En aguas del Pacífico fueron rescatados doce náufragos, entre ellos nueve militares ecuatorianos, luego de un operativo conjunto entre Ecuador y Colombia.

Howard Cortés, comandante del Comando Aéreo de Combate No.3, afirmó que desde el aire se logró la ubicación de estas personas que conforman la Fuerza Aeronaval Ecuatoriana. Además, indicó que tres ciudadanos fueron capturados en medio de la operación.

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El coronel explicó que luego de una solicitud de apoyo de las autoridades del vecino país, se desplegó una aeronave del Comando Aéreo de Combate No.3 que voló sobre los 1.500 kilómetros con el objetivo de apoyar la misión para encontrar la embarcación que fue reportada como desaparecida.

Las autoridades manifestaron que se estableció comunicación con el personal. Posteriormente fueron valorados, donde se determinó que ninguno presentaba afectaciones.

El comandante Howard Cortés, aseguró que de esta manera, la Fuerza Aérea Colombiana fortalece los lazos de cooperación y amistad, demostrando la capacidad de interacción con otras naciones. Asimismo, manifestó que la Fuerza Aérea siempre está a disposición para combatir el crimen trasnacional.

El trabajo conjunto entre Colombia y Ecuador se puede realizar a través de las Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y Científica firmado en Colombia el 20 de octubre de 1999.

La Fuerza Aérea Colombiana se encuentra en proceso de cambiar su nombre a Fuerza Aeroespacial, debido a que en el Senado de la República se dio luz verde al proyecto de acto legislativo que propone la modificación del nombre.

Dicha propuesta fue recibida con amplio apoyo, registrando un total de 67 votos a favor frente a una mínima oposición de solo un voto en contra.

El senador José Luis Pérez, perteneciente al partido Cambio Radical, destacó la importancia que Colombia le otorga a la exploración y defensa en los espacios aeroespacial y espacial. Pérez subrayó que el concepto de defensa nacional ha trascendido los tradicionales dominios de tierra, mar y aire, para abarcar ahora también la vasta extensión del espacio aeroespacial, resaltando el compromiso del país en adaptarse y responder a los desafíos que plantea este nuevo ámbito.

La senadora Aida Avella, representante del Pacto Histórico, manifestó su respaldo hacia el proyecto, enfatizando la relevancia que este tiene para la seguridad nacional y la apertura que ofrece para llevar a cabo investigaciones en el espacio.

Por su parte, el senador Manuel Virgüez, perteneciente al Partido Mira, también se pronunció a favor de la iniciativa, aunque expresó ciertas reservas. Virgüez interrogó acerca de los recursos que serían necesarios para materializar de manera efectiva las capacidades a desarrollarse en este renovado escenario aeroespacial.

Los senadores Juan Felipe Lemos, del partido de La U, y Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, señalaron la importancia de llevar a cabo un debate profundo respecto a cómo se asignan y utilizan los recursos dedicados a la defensa nacional. Además, enfatizaron en la necesidad de discutir acerca de la transferencia tecnológica requerida para dotar a la Fuerza Aeroespacial colombiana con equipamiento que cumpla con los estándares internacionales.

Y es que, en su momento el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció a principios de abril que había presentado un proyecto de ley para modificar el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana. El objetivo de dicho proyecto era que la entidad pasara a ser conocida como Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta iniciativa surgió después de que la Corte Constitucional anulara una medida anterior debido a que no se había adoptado mediante una ley ordinaria.

El intento previo de modificar el nombre, el cual fue invalidado por la Corte Constitucional, ocurrió porque los magistrados determinaron que este tipo de cambios estructurales debían ser debatidos y aprobados por el poder legislativo, garantizando de esta manera un proceso democrático y transparente.

Un reporte al servicio de emergencia 911 provocó el despliegue de un importante operativo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano por calles de la colonia Díaz Ordaz, Culiacán; al llegar a la zona los uniformados descubrieron un importante arsenal que los narcotraficantes dejaron atrás mientras escapaban de las autoridades.

De acuerdo con el parte de las autoridades federales, los criminales abandonaron dos camionetas, una de ellas blindada; un paquete con una sustancia similar a la cocaína, tres cascos tácticos, 25 cargadores de diferentes calibres, 60 cartuchos útiles, 6 rifles de asalto y cuatro chalecos tácticos.

En redes sociales circularon imágenes del arsenal del narco abandonado en calles de Culiacán, en ellas de aprecia una camioneta marca Chevrolet (blindada), en cuyo interior se encontraba un rifle de asalto; además de un auto BMW X6, también con una arma larga tirada bajo los asientos.

El operativo ocurrió durante el mediodía del martes 21 de mayo luego de una denuncia ciudadana que alertó a las uniformados sobre la presencia de hombres armados en la vía pública.

Todo lo decomisado quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado (FGJ) abrió una carpeta de investigación por los hechos; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas ni el posible grupo al que podría pertenecer el arsenal.

Decomisan arsenal del Cártel del Golfo en Matamoros

En otro operativo de la Guardia Nacional (pero en Tamaulipas) los agentes decomisaron siete armas largas tipo AR-15, 10 cargadores, dos camionetas y cuatro chalecos antibalas, uno de ellos con las siglas del Cártel del Golfo (CDG) en el cateo a un inmueble entre las calles Plan de Tuxtepec y Texcoco, en el municipio de Matamoros.

El operativo estuvo encabezado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) durante el pasado martes sin que se reportaran personas detenidas.

Horas antes del decomiso del arsenal en Matamoros, agentes de la Guardia Estatal fueron atacados por un comando que abrió fuego contra las instalaciones del hotel en el que se hospedaban en la zona centro de la cabecera municipal de Santander Jiménez.

El reporte de las autoridades contabilizó sólo daños materiales en la fachada del hotel y en algunas patrullas que se encontraban estacionadas en la vía pública; el ataque no dejó lesionados y minutos después, luego de un cerco de seguridad instalado en las inmediaciones del hotel, fue encontrada una camioneta abandonada en cuyo interior los criminales dejaron tres armas largas, cargadores, chalecos tácticos y un bote lleno con ponchallantas.

Le quitan rifle tipo Barret al narco

Uno de los decomisos más grandes del mes se registró en el municipio de Tubutama, Sonora, donde elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno decomisaron tres rifles AK-47, un fusil tipo Barret calibre 50, 124 cargadores de distintos calibres y más de 3 mil cartuchos útiles, según un comunicado difundido por la Mesa Estatal de Seguridad.

Sin embargo no fue el único decomiso de armas en Sonora, pues en una serie de operativos realizados en todo el estado se documentaron al menos 7 eventos que involucraron el aseguramiento de material bélico en los municipios de Nogales, Caborca, Pitiquito y San Luis Río Colorado.

Desde armas calibre 9 mm hasta fusiles de asalto de uso exclusivo del Ejército Mexicano, más de una docena de autos (algunos de ellos blindados), más de un centenar de cartuchos y cargadores y 176 paquetes de cocaína fue el saldo total de una jornada en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, policías municipales y agentes fronterizos del puerto internacional de Nogales.