La Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió denegar la solicitud presentada por el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien buscaba anular, revocar o corregir su sentencia mediante un recurso legal interpuesto bajo el artículo 2255 del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

Con esta decisión, el tribunal deja firme la condena impuesta previamente, cerrando una nueva vía de defensa para el condenado, quien permanece recluido en una penitenciaría federal en el estado de Florida.

Fuentes Ramírez, actuando por cuenta propia, había presentado inicialmente el recurso con el objetivo de cuestionar la legalidad de su condena, la cual incluye cadena perpetua más 30 años de prisión.

Posteriormente, solicitó modificar su petición original, lo que fue permitido por el tribunal bajo la condición de que la versión enmendada sustituyera por completo la anterior.

Esto implicaba que cualquier argumento no incorporado en el nuevo documento sería considerado como abandonado, limitando así el alcance de su reclamo a los puntos expresamente planteados en la reformulación.

Tras un análisis exhaustivo del escrito presentado, el juez P. Kevin Castel concluyó que el solicitante no logró demostrar que su proceso judicial haya estado marcado por una violación sustancial de sus derechos constitucionales.

En consecuencia, resolvió rechazar el recurso en su totalidad, reafirmando la validez de la sentencia dictada en su contra. Asimismo, la corte determinó que no procede la emisión de un certificado de apelación, al considerar que el caso no presenta fundamentos suficientes que justifiquen una revisión por una instancia superior.

En la misma línea, certificó que cualquier intento de apelación no se presentaría de buena fe, lo que implica que el condenado no podrá continuar litigando bajo la figura de indigencia.

Esta decisión refuerza el carácter definitivo del fallo y limita considerablemente las opciones legales de Fuentes Ramírez en el sistema judicial estadounidense.

El tribunal también ordenó el cierre definitivo de los expedientes relacionados con esta solicitud, consolidando así la firmeza de la condena impuesta contra el hondureño.

Con ello, se pone fin a un nuevo intento por revertir una sentencia que ha sido considerada emblemática dentro de los procesos judiciales vinculados al narcotráfico internacional.

La condena contra Fuentes Ramírez fue dictada en enero de 2022, cuando la corte lo sentenció a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión por los delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el uso de este tipo de armamento en el marco de actividades de narcotráfico.

El caso se remonta al 22 de marzo de 2021, fecha en la que Fuentes Ramírez fue declarado culpable tras un juicio que se extendió por dos semanas en Nueva York.

Durante el proceso, la fiscalía presentó una serie de pruebas y testimonios que evidenciaban la participación activa del acusado en operaciones de tráfico de drogas a gran escala, así como su vinculación con estructuras criminales que operaban tanto en Honduras como en otros países de la región.

Entre los testimonios más relevantes figuraron los de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), expertos en historia del narcotráfico y diversos testigos, incluyendo al narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga.

Este último aportó información clave sobre las operaciones ilícitas y las conexiones políticas que, según la acusación, facilitaban el tráfico de drogas.

Durante el juicio también se mencionaron presuntos sobornos a figuras políticas de alto nivel en Honduras, incluyendo a los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo, así como al exmandatario Juan Orlando Hernández.

Estas declaraciones generaron amplia controversia y pusieron nuevamente en evidencia las presuntas conexiones entre el crimen organizado y sectores del poder político en el país centroamericano.

El proceso judicial de Fuentes Ramírez guarda similitudes con otros casos emblemáticos, como el del exdiputado Juan Antonio Hernández, en los que se expusieron detalles sobre la estructura y funcionamiento de redes de narcotráfico, así como la participación de distintos actores, incluyendo empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad y políticos.

Rocío Barrionuevo cumple prisión domiciliaria por venta de drogas y fue detenida por no presentarse en tiempo y forma ante la Justicia luego de reiteradas solicitudes de audiencia. La mujer es la pareja del narco Franco Matías “Milanesa” Almaraz, quien fue condenado a 26 años de prisión por homicidio. Sin embargo, se presume que ambos organizan una red criminal de narcotráfico en la ciudad de Rosario.

Franco Matías “Milanesa” Almaraz se encuentra en prisión desde el 2020 por homicidio y 4 intentos de asesinato. Aunque sigue tras las rejas, como muchos otros condenados, el hombre realizó alianzas con otros delincuentes para vender estupefacientes. Esta situación, provocó una nueva causa que también involucra a su pareja, quien lo ayudaba desde afuera.

Barrionuevo cumple la medida cautelar en su vivienda de barrio Ludueña, ubicada en Bielsa al 6400, la misma que el pasado 26 de marzo fue objeto de un ataque a tiros, episodio que se suma al contexto de violencia asociado a disputas entre bandas de Rosario. La detención de la mujer fue ordenada por el Juzgado Federal N° 4 tras una serie de incumplimientos legales, lo que llevó a la Policía de Investigaciones a arrestarla en el lugar donde cumplía la condena.

La captura de la mujer responde a la acumulación de faltas a las presentaciones judiciales, medida que se formalizó tras nuevas evidencias recogidas previamente por trabajos policiales y judiciales en su domicilio. La causa en la que permanece involucrada sigue abierta e incluye cargos por venta de drogas, junto con el rol jerárquico en la estructura dirigida desde prisión por Milanesa Almaraz y la organización de una red criminal.

El arresto domiciliario en el que se encontraba Rocío, se debe a que es madre de un niño de poco más de dos años. La vivienda fue allanada en varias ocasiones por investigaciones por narcotráfico llevadas a cabo por la policía. Según voceros del gobierno de Santa Fe, fue aprehendida por los reiterados incumplimientos y no por otros delitos.

La organización criminal

En respuesta directa a la situación, el 11 de mayo de 2024, el entonces titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó a doce personas señaladas como presuntos responsables del delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización entre tres o más individuos. De acuerdo con el expediente judicial, las maniobras investigadas eran comandadas a distancia por Franco Matías “Milanesa” Almaraz desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 36 de Coronda, donde cumple una condena unificada a 26 años de prisión.

Además, la estructura de la organización criminal, según la información de los documentos judiciales, ubicaba a Barrionuevo como presunta jefa de una célula operativa centrada justamente en el domicilio de Bielsa al 6400. Mediante intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia, la investigación determinó que mantenía contactos frecuentes con Almaraz, coordinando el abastecimiento y distribución de la droga.

En 2020, Almaraz había sido apartado de las calles tras ser condenado por la Justicia provincial a 20 años de prisión, bajo cargos de homicidio y tentativa de varios asesinatos en el contexto de enfrentamientos entre bandas en Ludueña. Luego, esa pena se unificó con otra sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que dispuso seis años adicionales por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, completando el total de 26 años de reclusión.

Las agresiones que motivaron la condena forman parte de una serie de ataques perpetrados en el contexto de una disputa entre dos bandas rivales, lideradas por Milanesa y por Gastón “El Gordo” M., quienes se enfrentaban por el control de puntos de venta de drogas. Según detalló el fiscal Alejandro Ferlazzo en el juicio, la rivalidad entre estos grupos motivó múltiples tiroteos a lo largo de 2019 y 2020, cuyo saldo incluyó dos personas fallecidas y al menos cuatro heridos, la mayoría ajenos a la disputa.

La muerte de Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México, no solo por la violencia del enfrentamiento en el que perdió la vida, sino porque su caída abrió el camino para la consolidación de los grandes cárteles que dominarían las décadas siguientes.

De acuerdo con crónicas periodísticas de la época, retomadas años después, el 15 de septiembre de 1978 un operativo federal terminó en una intensa balacera que se prolongó por al menos 20 minutos, en la que el capo sinaloense fue abatido junto a varios de sus colaboradores.

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de Tepuche, en el municipio de Culiacán, cuando agentes de la entonces Policía Judicial Federal interceptaron a Avilés y su grupo, quienes viajaban en camionetas por la zona serrana.

El operativo que terminó en balacera

Según la versión oficial difundida en ese momento, los agentes federales marcaron el alto al convoy; sin embargo, los ocupantes respondieron con disparos, lo que desató un intercambio armado de gran intensidad.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arsenal que incluía rifles de distintos calibres, lo que evidenció el poder de fuego con el que operaba la organización.

En el enfrentamiento también murieron otros presuntos integrantes del grupo criminal, varios de ellos con antecedentes por delitos graves como homicidio y asalto armado.

Algunas versiones señalan incluso que uno de los propios hombres cercanos a Avilés habría sido quien le dio el tiro final, en medio del caos del enfrentamiento.

El primer gran capo del narco

Pedro Avilés Pérez es considerado una figura clave en la evolución del narcotráfico en México, al ser uno de los primeros en estructurar redes de producción, transporte y distribución de drogas a gran escala.

Originario de la región serrana entre Sinaloa y Durango, organizó a productores de amapola y consolidó rutas para el tráfico de goma de opio hacia Estados Unidos, sentando las bases de lo que después serían los grandes cárteles.

Además, bajo su mando se formaron personajes que más tarde se convertirían en líderes del narcotráfico, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y Joaquín Guzmán Loera, considerados pilares del crimen organizado en el país.

Su estructura criminal, aunque aún rudimentaria, fue el antecedente directo de organizaciones como el Cártel de Guadalajara y, posteriormente, el Cártel de Sinaloa.

La sucesión tras su muerte

Tras la caída de “El León de la Sierra”, se desató una disputa por el control de la organización. Finalmente, figuras emergentes del narcotráfico tomaron el liderazgo, consolidando redes más complejas y extendidas a nivel nacional e internacional.

Su muerte, lejos de significar el fin del negocio, marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por mayor organización, expansión territorial y violencia, elementos que definirían al narcotráfico en México durante las décadas siguientes.

A más de cuatro décadas de distancia, la figura de Pedro Avilés sigue siendo considerada como el punto de partida del narcotráfico moderno en el país, una historia donde crimen, poder y violencia comenzaron a entrelazarse de manera estructural.

La Policía boliviana incautó bienes valorados en 15 millones de dólares al narcotraficante Sebastián Marset, capturado el pasado viernes en Santa Cruz de la Sierra y expulsado a Estados Unidos.

Según detalló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en los operativos se incautaron cinco viviendas, una decena de vehículos de alta gama, 21 armas de fuego, tres fusiles de guerra AK47, más de 600 municiones, chalecos antibalas, 400 litros de combustible de aviación y los 16 aviones que se presume formaban parte de la estructura de tráfico de drogas.

“Estamos hablando de más o menos un equivalente de unos 15 millones de dólares” en bienes incautados hasta el momento, informó Justiniano en una entrevista con la radio Fides.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron denuncias de robo en las propiedades de Marset e irregularidades en el manejo de los objetos incautados. Algunas denuncias apuntan a que no se reportó dinero en efectivo dentro de sus viviendas ni otros objetos de valor como joyas o relojes.

El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que se están realizando las investigaciones de estas denuncias. Según un reporte presentado a la Fiscalía, uno de los hechos se habría producido tras el precitado de una vivienda en la zona de La Guardia, al suroeste de Santa Cruz de la Sierra, donde al día siguiente “se habría efectuado un saqueo” y se habrían “sustraído algunos objetos y elementos”, señaló Zeballos.

De igual forma, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que ordenó una investigación al comandante de la Policía y dijo que “si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”.

Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

El narcotraficante fue capturado el viernes en una residencia en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra en un operativo que duró cerca de seis horas y en el que se detuvo a otras cuatro personas.

Tras su arresto, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos. Marset compareció este lunes ante un tribunal de Virginia. Si es declarado culpable, enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, señala un comunicado de la fiscalía de ese estado.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión, radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades. En 2023 escapó de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra y luego manifestó a través de un video que lo hizo gracias a que fue alertado por agentes antinarcóticos.

Desde entonces estaba prófugo de la justicia, pero su permanencia en Bolivia era un secreto a voces. El año pasado, uno de sus exsocios lo acusó a través de un video difundido en redes sociales de ordenar un secuestro y afirmó: “Sebastián Marset está en Bolivia, viviendo en la zona del Urubó” y que “estaba bien protegido por el alto mando de la Policía”.

Las investigaciones y operativos vinculados al caso se mantienen en Bolivia a cinco días de la captura, con el objetivo de desarticular la red criminal que operaba en el país.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como “un punto de inflexión” en el combate al crimen organizado en el país. El narcotraficante fue detenido la madrugada de este viernes en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

“Uno de los narcos considerados entre los más grandes del continente ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa. “Resaltar que no hubo ni una baja institucional de nuestra Policía Boliviana, ni un civil, ni un vecino afectado. Fue una acción quirúrgica de la Policía para quitar un mal de la patria”, agregó el mandatario.

La operación de captura inició cerca de las 2:30 de la mañana, hora local. Los agentes policiales de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) realizaron allanamientos en cuatro inmuebles del barrio residencial y lograron la detención del capo y otras cuatro personas, quienes presuntamente serían parte de su equipo de seguridad. En el lugar se decomisó armamento de grueso calibre y municiones.

Posteriormente, Marset fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru y expulsado del país. En imágenes obtenidas a través de fuentes policiales, se observa al narcotraficante en el aeropuerto rodeado de oficiales de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) quienes lo trasladaron hasta Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, descartó la participación de la agencia norteamericana en el operativo. “No hubo participación de la DEA; su participación se limitó al traslado de Marset a Estados Unidos porque hay un proceso judicial y un sello rojo emitido por Interpol; esos han sido los argumentos legales para expulsar al señor Marset”, informó en conferencia de prensa.

Tras darse a conocer la detención del narcotraficante, la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la captura.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia”, dijo esa oficina en sus cuentas de redes sociales.

El mensaje, que acompaña una foto de Marset con el letrero “capturado”, agrega que el uruguayo enfrentará la justicia y afirma que “el Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, en referencia al bloque recientemente conformado por Estados Unidos y 12 países latinoamericanos.

El narcotraficante acusado de liderar una red criminal de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros delitos, es requerido por la justicia de al menos tres países latinoamericanos y agencias policiales internacionales como la DEA, que ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por su captura.

El presidente Paz afirmó que la captura de Marset es el inicio de una serie de acciones para consolidar la lucha contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país. “Bolivia hoy ha ganado. Debemos asumir con grandeza este paso para construir una patria digna y libre de narcotráfico, corrupción e impunidad”, afirmó.

Sebastián Marset era uno de los narcotraficantes más buscados en la región. En los últimos años vivió en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública y llegó a participar en un equipo de fútbol local con otra identidad y a tener operaciones comerciales.

En julio de 2023 logró escapar junto a su familia de un operativo en Santa Cruz y desde entonces se encontraba prófugo de la justicia.

Su intervención en el caso de Lehder, que dejó una huella sobre su figura, provocó controversias, sobre todo por las especulaciones de que su vinculación con el caso indicaría un respaldo a las actividades ilícitas del excapo. No obstante, Macollins fue enfática al señalar que su única motivación fue la defensa de los derechos fundamentales de un ciudadano, sin importar su pasado.

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Carlos Lehder, uno de los exnarcotraficantes más conocidos de la historia del narcotráfico, regresó a Colombia el 28 de marzo de 2025 tras casi 40 años fuera del país; fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá debido a una orden de detención que databa de 1995. Aunque había cumplido una condena de 33 años en Estados Unidos por narcotráfico y por su colaboración en el juicio contra Manuel Antonio Noriega (militar y dictador panameño), él aún enfrentaba una sentencia pendiente en Colombia desde los años 80, relacionada con la fabricación y tráfico de armas.

No obstante, el 31 de marzo, un juzgado de ejecución de penas de Bogotá determinó que la condena de Lehder ya había prescrito debido al paso de más de 25 años desde que la sentencia quedó en firme. Macollins impugnó la orden de captura por el hecho de que no se hubiera notificado oportunamente sobre la invalidez de la sentencia.

Sondra Macollins defendió su papel en el caso de Carlos Lehder

Macollins, que asumió la defensa de Lehder, defendió su actuación como parte de un principio más amplio de respeto a los derechos humanos, bajo el argumento de que no se podía permitir que un ciudadano pagara dos veces por el mismo delito.

“Carlos Lehder, cuando lo extraditaron, yo ni siquiera había terminado el bachillerato, estaba como en segundo bachillerato. Él, cuando lo conocí, ya era un hombre libre, ¿sí? Ya había pagado su pena”, explicó Macollins para Infobae Colombia, al hacer hincapié en que su intervención no fue en apoyo al narcotráfico, sino como un acto de justicia.

A pesar de las críticas que recibió por su rol en el caso, Macollins reafirmó que su única intención fue que se respetaran los derechos constitucionales de Lehder: “Yo realmente lo ayudé en un proceso de segundas oportunidades para vender libros. Realmente sí lo prefiero vendiendo libros que coca”.

El caso es una constante fuente de controversia en el país, especialmente en relación con las acusaciones de que Macollins podría estar relacionada con los círculos criminales que alguna vez lideró Lehder: “Lo único que hice fue activar la vía constitucional presentando un habeas corpus, que a los tres días lo resolvieron y salió de la cárcel. Eso es todo. Eso no me hace parte ni representante del narcotráfico”.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Macollins abordó las comparaciones que se hicieron entre su defensa de Lehder y la de David Murcia, que fue condenado por el escándalo del ‘DMG’. Macollins fue acusada por figuras como el abogado Abelardo de la Espriella de tener vínculos con la defensa de criminales, algo que la candidata presidencial rechazó rotundamente.

“Tampoco podemos asociar a los abogados con las causas que representamos. Como hizo el señor Abelardo de la Espriella, asociándome de manera criminal con David Murcia, porque lo estoy representando en un tema de un non bis in idem (no dos veces por lo mismo) y porque lo apoyé para presentar un indulto”, afirmó Macollins, al defender su posición de que ningún ciudadano debe ser condenado dos veces por los mismos hechos.

La abogada fue clara en que no defiende a cualquier individuo, sino que tiene un criterio ético para elegir sus casos: “Hay cosas que no defiendo, como violadores de niños, nunca lo he hecho. Ni tampoco corrupción del Estado. Políticos corruptos jamás he defendido”.

Macollins destacó que su ética personal y profesional la lleva a hacer una distinción entre los casos que representa. “En el caso de Carlos Lehder, simplemente presenté un habeas corpus, porque el señor ya no tenía penas pendientes de pagar con la justicia”, reiteró, añadiendo que Lehder, a sus 80 años, merecía “venir a Colombia a morir en paz”, y que su intervención se limitó a garantizar que no se le aplicara una doble condena por los mismos hechos.

Macollins también habló de las reacciones que recibió por su defensa de los derechos de Lehder. A pesar de que algunos la han tildado de “abogada del narcotráfico”, la aspirante presidencial expresó que se siente tranquila con su trabajo.

“Eso no me hace parte de una banda criminal, es un tema jurídico. Lo que la gente debe entender es que no podemos asociarnos con las causas que representamos”, afirmó.

El colombiano fue detenido en Cúcuta por solicitud de extradición de Brasil, país que lo requiere por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de activos.

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Más allá del proceso judicial en curso, su prontuario y la magnitud de los bienes que habría acumulado lo ubican como una figura clave dentro de las redes criminales transnacionales que operan entre Sudamérica y Europa.

Según la investigación publicada por el diario El Tiempo, Durán Bautista consolidó una estructura que movía cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, con conexiones logísticas y financieras en España y Países Bajos.

Su red no solo se encargaba de la distribución del estupefaciente, sino también de asegurar el retorno de las ganancias mediante sofisticados esquemas de blanqueo de capitales.

Una fortuna estimada en 100 millones de dólares

Las autoridades brasileñas y colombianas estiman que alias Durán acumuló una fortuna cercana a los 100 millones de dólares. El patrimonio estaría distribuido en propiedades rurales, residencias de lujo, aeronaves privadas, empresas de fachada y activos en distintos países de América del Sur y Europa.

En Brasil, se le atribuye la propiedad de al menos cinco fincas rurales y una residencia en el exclusivo barrio Morumbi, en São Paulo. También habría utilizado aviones y helicópteros privados para movilizarse entre sus propiedades y evadir controles policiales, de acuerdo con Poder360.

En Bolivia, adquirió en 2006 una finca que, según las investigaciones, funcionaba como centro de almacenamiento temporal para cargamentos de cocaína antes de su envío hacia otros destinos.

En Europa, la red financiera incluía compañías de importación y exportación como Eurosouth International BV y South American Fruit BV, señaladas de servir como fachada para recibir envíos contaminados con droga y legalizar recursos ilícitos a través de operaciones comerciales aparentemente legítimas, según el medio colombiano.

Estas empresas habrían permitido infiltrar el dinero del narcotráfico en los mercados legales europeos.

Finca “Valentín” y pista clandestina en Uruguay

Uno de los episodios más relevantes de su historial criminal ocurrió en agosto de 2007. En ese momento, autoridades uruguayas, en coordinación con la Policía Federal de Brasil, la DEA y la policía judicial de Países Bajos, lo capturaron en su finca “Valentín”, un predio de 2.300 hectáreas ubicado en Uruguay.

En esa propiedad había acondicionado una pista de aterrizaje clandestina que operaba vuelos con cocaína de alta pureza con destino a España y Países Bajos.

Durante el operativo, las autoridades incautaron media tonelada de droga y detuvieron a otros cuatro colombianos y dos pilotos brasileños. La cocaína era transportada en aviones privados y posteriormente camuflada en cargamentos de fruta para su exportación a Europa.

Intentos de fuga y controversias judiciales

El prontuario de Durán Bautista también incluye múltiples episodios de intentos de fuga y presuntas maniobras de corrupción judicial. Tras su captura en 2007 fue recluido en la cárcel de Libertad, en Uruguay.

En mayo de 2010, dos hombres que se presentaron como agentes de Interpol intentaron retirarlo del penal con documentación falsa. La irregularidad fue detectada a tiempo por un funcionario que verificó la información con la Dirección Nacional de Cárceles, evitando su liberación fraudulenta.

Pese a que la Fiscalía uruguaya solicitó una condena mínima de 12 años, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay le otorgó la libertad por gracia después de siete años de reclusión, sin que existiera una sentencia de primera instancia en firme. Ese episodio generó controversia en el país y dejó interrogantes sobre la gestión judicial del caso.

En Brasil, también fue protagonista de un escándalo judicial. En 2001 había sido sorprendido con cocaína en una hacienda del nordeste brasileño, pero fue absuelto, de acuerdo con el medio G1.

Años después, en 2016, la jueza Olga Regina de Souza Santiago, del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía, fue sancionada con jubilación obligatoria tras descubrirse pagos irregulares vinculados con esa decisión judicial.

Actualmente, alias Durán permanece bajo custodia en Colombia mientras avanza el trámite de extradición solicitado por Brasil. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad ante el riesgo de fuga, considerando su historial y su capacidad económica.

De manera paralela, los organismos judiciales rastrean posibles inversiones y bienes que el presunto narcotraficante pudiera haber ocultado en territorio colombiano. La prioridad es identificar activos susceptibles de extinción de dominio y evitar que la red financiera que lo respaldaba continúe operando.

El detenido, identificado como alias Gustavo, está acusado de liderar una organización criminal con presencia en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y Europa, especializada en traficar grandes volúmenes de drogas desde Colombia hacia el extranjero.

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Tras su detención, las autoridades colombianas anunciaron que avanzarán en el trámite para su extradición a Brasil, donde deberá responder por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos encargado, sostuvo que este operativo representa más que una captura individual: “Con esta acción contundente cerramos corredores internacionales del narcotráfico, debilitamos las finanzas ilícitas y protegemos la seguridad regional y global. Seguiremos trabajando de forma articulada para que los criminales transnacionales respondan ante la justicia y no encuentren refugio en el territorio colombiano”.

El detenido quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo que gestionará el proceso de extradición solicitado por las autoridades brasileñas.

La operación, ejecutada en el contexto de la estrategia Esmeralda Plus y la operación sostenida Esparta, movilizó esfuerzos coordinados entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que la detención se realizó tras una orden de allanamiento y registro en la ciudad de Cúcuta. Las investigaciones indican que alias Gustavo tenía un papel clave en una red con capacidad para enviar cargamentos de droga desde Colombia a Suramérica, España y los Países Bajos.

Según las autoridades, la organización liderada por el capturado mantenía conexiones que permitían articular envíos regulares hacia varios destinos internacionales, utilizando a Colombia como fuente y punto de salida.

Este tipo de estructura transnacional buscaba consolidar corredores para el tráfico ilícito, lo que representaba una amenaza directa a la seguridad tanto regional como global.

El golpe a la organización criminal repercute en la desarticulación de sus mecanismos logísticos y financieros. El brigadier general Castaño Ramos destacó: “Este resultado operacional representa un golpe contundente a las redes del narcotráfico internacional, debilitando así sus finanzas ilícitas y cerrando corredores criminales que afectaban la seguridad regional y también la seguridad global”.

El proceso que sigue implica que la Fiscalía General de la Nación adelante el trámite correspondiente para, una vez cumplidos los requerimientos judiciales, autorizar el traslado del detenido a territorio brasileño, donde enfrenta cargos graves por tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de dinero.

La Policía Nacional reiteró su empeño en mantener estrategias coordinadas con fuerzas militares y judiciales, además de la cooperación con entidades internacionales, para debilitar las economías ilícitas.

La entidad subrayó la determinación de no permitir que líderes de estructuras narcotraficantes encuentren refugio en el país, enfatizando el deber de responder ante la justicia y salvaguardar la tranquilidad ciudadana.

El general William Rincón Zambrano concluyó que la captura refleja los resultados de una política nacional orientada a cerrar el paso al narcotráfico transnacional, protegiendo la seguridad global y consolidando el compromiso del Estado colombiano con la desarticulación de las redes criminales que operan más allá de sus fronteras.

Policía Nacional capturó a alias Andrés y decomisa cargamento de droga en Putumayo

La Policía Nacional capturó a alias Andrés y decomisó 269,55 kilogramos de pasta base de coca en la vereda Loro Uno, en el municipio Valle del Guamuez, departamento de Putumayo. El valor estimado del cargamento en el mercado ilegal nacional alcanza los $2.957’306.392.

Según las autoridades, el alijo pretendía ser enviado a países europeos, en los que su precio podría alcanzar los $59.146’127.836 (16’173.000 dólares), mientras que en Estados Unidos llegaría hasta los $78.861’503.782 (21’564.000 dólares) en mercados ilegales, lo que representa un duro golpe financiero a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en la región.

La operación fue realizada mediante registro y allanamiento en una vivienda rural y coordinada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Sala de Análisis de Comunicaciones de la Región de Policía No. 2 y la Seccional de Inteligencia Policial, con apoyo del Batallón de Infantería del Ejército Nacional y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación.

Alias Andrés fue identificado como pieza clave en la coordinación de la compra y transporte de estupefacientes para la estructura criminal conocida como “Comandos de Frontera”. De acuerdo con las investigaciones, la droga tendría su origen en el departamento de Nariño.

El comandante de la Policía en Putumayo, coronel Álvaro Correa Gamba, afirmó que esta acción afecta directamente las finanzas de las redes ilícitas: “Con este resultado operacional afectamos de manera directa las finanzas de las estructuras criminales que pretenden consolidar economías ilícitas en el departamento”.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía 183 Local de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de Puerto Asís, para responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Gustavo Petro publicó un duro mensaje para responderle a un contradictor en redes sociales, que criticó las palabras de Petro sobre las medidas sancionatorias impuestas por Estados Unidos al ser ingresado en la lista Clinton.

El usuario, cuyo nombre en la red social X es J. Cob, escribió: “Te veo llorando mucho, cipayo. Por cierto, cómo colombiano no me siento insultado por Trump”.

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Estas palabras fueron una respuesta al mandatario, que en otra reciente publicación escribió que “el presidente de la república representa la unidad nacional ante el extranjero, lo que hizo Trump contra mi y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación“.

En respuesta a la crítica de internauta opositor, Petro contestó: “Lloro porque un 40% de la sociedad colombiana le parece bien que pongan a su presidente como si fuera un narcotraficante, olvidando que es el líder político que más denunció a los narcos que se hicieron al estado colombiano y generaron el genocidio en Colombia, cuando fue el líder político que les mostró quienes en el Congreso, en los ministerios y en la presidencia estaban asociados realmente con el narco para mantenerse en el poder sin importar el asesinato masivo de colombianos”.

Incluso, aseguró que “nadie es profeta en su tierra, dicen; y la suerte del parresiasta cuando no convence al tirano es el ostracismo como dijo Sócrates: el corajudo de la verdad. De resto le aseguro que sabré vivir aún puesto arbitrariamente en la lista de los narcos”.

Petro insiste en que mismos colombianos influenciaron a Trump para que lo incluyeran en la lista Clinton

En el mensaje anterior de Petro, el primer dignatario aseguró, como ha dicho en repetidas ocasiones, que Trump no es quien está detrás de su inclusión en la lista de manera directa, sino que ha sido “aconsejado” por sus detractores, especialmente en Florida, Estados Unidos.

En su reciente texto, comunicó que se trataba especialmente de una aparente aversión que le tendría el secretario de Estado Marco Rubio, a quien asoció con “la mafia de la cocaína”.

Así escribió Petro sobre Trump y su secretario de Estado: “Aconsejado por Rubio y Rubio aconsejado por su equipo en la Florida que recibió a políticos colombianos ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína, ha dejado una huella imborrable, que como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”, dijo.

A estas palabras, el mencionado internauta contestó: “Este no era el que decía que no le importaba estar en Lista Clinton porque “no tenía negocios en Estados Unidos” Te veo llorando mucho, cipayo. Por cierto, cómo colombiano no me siento insultado por Trump, creo que le hizo un favor a la nación dejándote hasta sin Nequi".

Petro se ensañó contra Trump por no asistir a la COP30

La ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la apertura de la COP30 celebrada en Brasil suscitó duras críticas por parte del mandatario colombiano Gustavo Petro, quE cuestionó abiertamente la postura del líder estadounidense ante la crisis climática mundial.

Durante su intervención, Petro afirmó: “Literalmente el señor Trump está en contra de la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo”.

El presidente colombiano consideró que solo dialogará con su homólogo norteamericano si este se compromete con el valor fundamental de la vida. Dijo: “Cuando quiere hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más. (…) El progresismo mundial tiene que definir con claridad que su bandera es llevar la humanidad hacia la vida”.

Petro instó a que el concepto de progreso no se base en prácticas contraproducentes, sino en la defensa de la vida y el respeto a la ciencia.

En su análisis, Petro responsabilizó en parte a Trump por el “colapso climático”, atribuyéndolo a una “conducta personal de negación de la ciencia” que obstaculiza los avances en materia de descarbonización de la economía estadounidense.

El discurso del mandatario colombiano incluyó una advertencia: “La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar, está 100% equivocado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

Petro asoció las fallas en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales al persistente lobby del petróleo, el carbón y el gas, definiéndolo como motivado por “el deseo de ganancia de corto plazo” que, según él, se vuelve “inmoral” e “inhumano”.

La prisión de Singapur ahorcó el miércoles a un narcotraficante malasio, la segunda ejecución en dos semanas y elevando el número de ejecuciones en la ciudad-estado a 12 este año pese a la presión para abolir la pena de muerte.

Kirsten Han, activista singapurense contra la pena de muerte, confirmó que Pannir Selvam Pranthaman, de 38 años, fue ejecutado en la prisión de Changi. Han, quien acompaña a su familia, indicó que han recogido las pertenencias de Pannir en la prisión.

Pannir fue arrestado en 2014 por tener 52 gramos (aproximadamente 1,8 onzas) de heroína y sentenciado a muerte en 2017. Originalmente estaba programado para su ejecución en febrero, pero recibió una suspensión de la ejecución debido a asuntos legales pendientes.

La policía malasia entrevistó a Pannir el 27 de septiembre, cuando, según sus abogados, proporcionó información sobre quienes le habían entregado las drogas. Esto generó esperanzas de que su ejecución se aplazara nuevamente para una nueva investigación. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Malasia declaró el martes que Pannir no proporcionó nuevas pistas para que la policía pudiera realizar más investigaciones.

Su ejecución se produjo después de que el tribunal rechazara su última apelación y no lograra el indulto presidencial. Esta fue la segunda ejecución en dos semanas, tras la de su compatriota malasio Datchinamurthy Kataiah el 25 de septiembre. Pannir fue el cuarto malasio y la duodécima persona ejecutada en lo que va de año en Singapur, la mayoría por delitos relacionados con drogas, según activistas. Esto representa un aumento con respecto a las nueve ejecuciones realizadas en todo 2024.

Más de 40 personas permanecen en el corredor de la muerte en la ciudad-estado.

“Es indefendible que Singapur siga llevando a cabo cruelmente más ejecuciones en nombre del control de drogas”, declaró Chiara Sangiorgio, asesora de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, el miércoles. “Sin embargo, no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único ni de que tenga algún impacto en el consumo y la disponibilidad de drogas”.

Las estrictas leyes antidrogas de Singapur imponen la pena de muerte a quien porte más de 15 gramos de heroína o 500 gramos de cannabis. Los críticos afirman que la ley solo afecta a traficantes y mensajeros de bajo nivel. Sin embargo, el gobierno de Singapur la defiende como vital para la seguridad pública.

La familia de Pannir, sus abogados y diversos grupos de derechos humanos señalaron que el tribunal de Singapur había determinado que era simplemente un mensajero que transportaba la sustancia. Pannir había afirmado no saber que transportaba drogas. Aun así, el tribunal tuvo que dictar la pena de muerte después de que la fiscalía se negara a emitirle a Pannir un certificado de asistencia sustancial que acreditara su colaboración en la investigación, lo que le habría salvado la vida, según afirmaron.

Pannir, el tercero de seis hijos, era hijo de un pastor que trabajaba como camionero para subsistir, según activistas. Amaba la música y tocaba en la banda de la iglesia durante su infancia. En prisión, Pannir escribió cartas, canciones y poemas sobre la angustia de estar en el corredor de la muerte y la esperanza de una segunda oportunidad.

Su familia ha compartido algunas de sus canciones, que fueron cantadas por varios cantantes malasios.

(con información de AP)

Una reunión que mantendrá la Policía de Uruguay con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) entre el 5 y el 6 de noviembre en Lima servirá para conversar de la situación de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de la región, informó el semanario Búsqueda.

Marset está en la lista de los cinco narcotraficantes más buscados por la DEA. Su paradero es una incógnita desde julio de 2023, cuando fue localizado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) escondido con otro nombre en su faceta de jugador de fútbol. La policía lo encontró, pero el delincuente logró escapar. Desde entonces, hubo algunas pistas sobre el lugar en el que podría estar, dio una entrevista televisiva desde un lugar secreto y su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en España y extraditada a Paraguay.

La Policía uruguaya pretende discutir los posibles lugares en los que Marset se esconde. En esa reunión se evaluará también el trabajo en conjunto entre Estados Unidos, Uruguay y el resto de los países sudamericanos que están interesados en la búsqueda del narcotraficante. La reunión será con el jefe de la DEA para la región, Michael D. Cabral.

La DEA ofreció la recompensa por Marset después de que su esposa haya sido extraditada a Paraguay. Estados Unidos anunció una recompensa de hasta USD 2 millones por información sobre el delincuente uruguayo e informó su sospecha de que se esconde en Venezuela.

La DEA informó entonces que lleva adelante “de manera agresiva” su investigación sobre la organización que lidera Marset. “Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre sus actividades, incluyendo el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de la violencia (o amenazas de usarla), o sobre su paradero, a que la comparta”, expresó la agencia estadounidense. También detalla otros nombres falsos que ha utilizado Marset, como el de Luis Amorim Santon –bajo el que jugaba al fútbol en Bolivia– y el de Gabriel de Souza Bemer.

El narcotraficante uruguayo está en el cuarto lugar de la lista de los fugitivos más buscados de la DEA. El primer lugar lo ocupa Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), el narcotraficante mexicano líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Lo siguen Yulan Adonay Archaga Carias, presunto líder de la pandilla hondureña Mara Salvatrucha, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa.

Sebastián Marset está acusado de dirigir una “red delictiva” en Paraguay, que intentó enviar 16 toneladas de cocaína a Europa en abril de 2021, aunque las autoridades del puerto de Amberes, Bélgica, lograron incautar 11 de ellas. Además, está señalado por múltiples casos de “blanqueo de capitales procedentes de la droga, a través de instituciones financieras estadounidenses” y de haber extendido sus operaciones de delincuencia organizada a Bolivia, que le costó otra oferta de recompensa en 2023.

Por otro lado, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mantuvo esta semana su primer encuentro con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. La Embajada no hizo comentarios sobre los temas que se trataron en el primer encuentro.

En un video oficial, Rinaldi contó sobre su vínculo con el país. “Yo me crié en Uruguay. Tuve mi escuela aquí, mi enseñanza. Este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única para poder abrir las puertas y progresar en Estados Unidos. Allí se me abren todas estas puertas hermosas que uno siempre sueña”, dijo el diplomático.

Según expresó la embajada, el trabajo del embajador estará orientado a promover los intereses de su país en tres áreas clave: buscará “fortalecer” los lazos económicos, mejorar la seguridad pública y trabajar en derechos humanos.

El domingo 21 de septiembre comenzó el juicio por la fuga de Juan Lárrison Estupiñán, alias Matamba, que el 18 de marzo de 2022 logró escapar de la cárcel La Picota, en Bogotá, en un hecho que aún mantiene en vilo a las autoridades del país.

En la sala de audiencias del juzgado de Paloquemao, se encuentra como único señalado el antiguo inspector de la cárcel Milton Libardo Jiménez, que es acusado de facilitar la fuga del narcotraficante. No obstante, nuevos elementos presentados en el juicio sugieren que otras personas podrían estar implicadas, específicamente otros guardias que estaban de turno esa noche.

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El caso comenzó con una serie de versiones contradictorias y testimonios que apuntaban directamente a Jiménez. Según la Fiscalía, “Matamba” habría escapado disfrazado de guardia, sorteando la estricta seguridad del Pabellón de Alta Seguridad de La Picota sin ser detectado.

Por lo que Jiménez es acusado de ser el encargado de desactivar los sistemas de seguridad, removido a los guardias de su puesto y dejado las rejas abiertas, lo que permitió que el narcotraficante se trasladara por ocho pisos sin ser detectado hasta llegar a un vehículo que lo esperaba fuera del centro penitenciario.

Sin embargo, en la apertura del juicio, Jiménez reiteró su inocencia, alegando que no estuvo involucrado en la fuga de “Matamba”. Según su versión, se limitó a cumplir con su labor de supervisor en la noche del escape, y no intervino de ninguna manera en los hechos que ocurrieron esa noche.

A pesar de sus declaraciones, las investigaciones periodísticas de Caracol Radio indican que el plan de fuga fue mucho más complejo y que otros guardias podrían haber tenido un papel crucial. Un testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró que en la noche del escape se encontraban trabajando hasta tres compañías de guardia, cada una conformada por entre 60 y 80 personas.

Esto implica que, bajo esta estructura, Jiménez no pudo ser el único responsable de la operación que permitió la fuga de uno de los narcotraficantes más temidos de Colombia.

¿Un guardia mintió sobre su paradero?

De acuerdo con un informe de la Policía Judicial de la Fiscalía, revelado por el medio mencionado apunta a otro guardia clave que, supuestamente, no se encontraba en el turno en el que se alegaba estar. Según las investigaciones, este guardia, identificado como Jeison Andrés Bernal Novoa, que estaba a cargo de la seguridad de la reja principal en la noche de la fuga, habría mentido sobre su estado de salud.

En su declaración inicial, Bernal aseguró que no cumplió con los protocolos de seguridad porque estaba enfermo esa noche. No obstante, informes posteriores de la Policía Judicial indican que Bernal Novoa habría estado en una rumba esa misma noche, lo que pone en duda la veracidad de su testimonio.

“Yo estaba enfermo y no pude cumplir con las labores que me habían asignado”, dijo Bernal Novoa en su primer testimonio ante la Fiscalía. Sin embargo, las pruebas que salieron a la luz parecen contradecir esa afirmación. El medio citado señaló que, en realidad, el guardia estuvo en una fiesta en la zona sur de Bogotá en el mismo periodo en el que se produjo la fuga, lo que pone en evidencia una posible manipulación de la información presentada a las autoridades.

La Fiscalía no ha tardado en reaccionar ante estas revelaciones, por lo que abrió una línea de investigación adicional sobre la veracidad de las declaraciones de Bernal Novoa. En el juicio, el fiscal encargado del caso destaco la importancia de esclarecer estos hechos y de establecer si hubo algún tipo de connivencia entre los guardias durante la fuga de “Matamba”.

Las llaves de la celda y las puertas de seguridad

Un aspecto clave que se está ventilando en las audiencias es el manejo de las llaves de la celda de “Matamba”. Varios testimonios coinciden en que el pabellonero, y no el inspector Jiménez, era el que tenía acceso exclusivo a las llaves de la celda del narcotraficante.

“Solo el pabellonero tenía las llaves, nadie más tenía acceso a ellas, ni los guardias ni los inspectores”, comentó uno de los testigos que ya declaró en el proceso; esto cuestiona la versión que apunta a Jiménez como el único responsable de la fuga.

Además, se presentaron pruebas de que las puertas de seguridad del edificio donde el narcotraficante estuvo recluido fueron abiertas sin ningún tipo de resistencia. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que las puertas se abrieron sin la intervención de una fuerza externa.

El 25 de junio se registró la captura de José Adolfo Macias Villamar, alias Fito, un peligroso criminal ecuatoriano, líder de Los Choneros, que escapó de prisión en enero de 2024 y era señalado por las autoridades en ese país como el responsable del auge de violencia en varios territorios.

“Fito”, que es comparado con Pablo Escobar en Ecuador, fue extraditado a Estados Unidos, y desde entonces se especuló con la posibilidad de que pudiera exponer los secretos del narcotráfico en Latinoamérica en la actualidad.

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El 19 de septiembre se llevó a cabo la segunda audiencia en contra de Macías Villamar, en la que su abogado, Alexei Schacht denunció que en la cárcel en la que está recluido el ecuatoriano no le están permitiendo tomar la medicina que requiere el capo.

En uno de los aspectos más relevantes de la audiencia, “Fito” desmintió haber tenido algún tipo de encuentro con el presidente colombiano Gustavo Petro y se fijó que el tercer encuentro del narcotraficante con el juez Frederick Bloc será el 22 de enero de 2026.

“Fito” ya negocia con la justicia de Estados Unidos

Al salir de la audiencia, el abogado de “Fito” atendió a los medios de comunicación, ante los que reveló que se siente optimista de lograr un acuerdo para su cliente.

“Es posible”, indicó Schacht cuando se le preguntó por la posibilidad de que el ecuatoriano reciba beneficios por su testimonio contra estructuras criminales o figuras públicas que hayan participado en negocios ilegales durante el tiempo que ha sido líder de Los Choneros.

Sin embargo, el jurista aclaró que dos audiencias es poco tiempo para que se consolide un trato con el que su cliente pueda estar completamente satisfecho.

“Sí, yo estoy en contacto con el Gobierno (de Estados Unidos) y obviamente si es posible, trataré de obtener un arreglo bueno para mi cliente, pero todavía es imposible. Necesito unos meses más”, puntualizó el abogado de “Fito”.

El ecuatoriano sigue los pasos de otros capos de la región

La posibilidad de que “Fito” pueda negociar una reducción de su condena a cambio de testificar en contra de personas vinculadas en el narcotráfico ha hecho que se recuerden otros casos similares, comenzando con el de Carlos Lehder.

Después de ser capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, el colombo-alemán, que fue uno de los fundadores del cartel de Medellín, negoció con la justicia norteamericana y logró reducir el castigo recibido, que inicialmente era de 135 años de prisión.

Lehder reconoció que el cartel de Medellín fue ayudado por las dictaduras de Cuba y Panamá para consolidar su negocio ilegal; de la misma forma, reconoció la intervención del ejército sandinista de Nicaragua en hechos de la misma índole.

Lehder fue clave en la exposición sobre la verdad del dictador panameño Manuel Noriega, que a finales de 1990 fue capturado por las autoridades de Estados Unidos.

De la misma forma, Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como “Chupeta”, se convirtió en un soplón después de que fue extraditado a Estados Unidos.

El colombiano se encargó de testificar en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán y terminó siendo condenado a 20 años de prisión tras recibir una reducción de su castigo.

“Chupeta” también fue responsable de evitar un secuestro que hubiera provocado una crisis en Brasil, ya que Folha de São Paulo afirmó que el capo informó a las autoridades que Luiz Fernando da Costa alias Fernandinho Beira Mar, capturado en Colombia en 2001, tenía un plan para secuestrar al hijo del entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el periodista Miller Orlando Rubio Orjuela por el delito de concierto para delinquir. El tribunal determinó que Rubio Orjuela utilizó su posición profesional para favorecer a una red criminal vinculada al narcotráfico, liderada por Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, que fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas.

El proceso judicial contra Rubio Orjuela se inició tras una sentencia en primera instancia dictada por el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá, que lo condenó a 50 meses de prisión. Esta decisión fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá.

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Con el fallo en casación, la Corte Suprema ordenó la ejecución inmediata de la pena, que contempla prisión domiciliaria, y dispuso la emisión de las órdenes de captura correspondientes.

La investigación reveló que el periodista, aprovechando su posición en un noticiero nacional, diseñó y ejecutó una estrategia mediática orientada a beneficiar a la organización criminal de Rincón Castillo.

Entre las acciones atribuidas a Rubio Orjuela, se identificaron la creación de noticias falsas, la invención de fuentes y declaraciones inexistentes, así como la presión ejercida sobre autoridades para favorecer los intereses del grupo ilegal. Estos hechos, según la Corte Suprema, constituyeron una violación grave de los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad que rigen la labor periodística.

El alto tribunal enfatizó que Rubio Orjuela “desbordó los límites de la protección constitucional de su oficio”, al actuar en abierta contradicción con los valores fundamentales del periodismo.

La sentencia subraya que la libertad de prensa y expresión, pilares de cualquier democracia, deben ejercerse bajo criterios de responsabilidad social. En palabras de la Sala de Casación Penal: “Es inestimable, qué duda cabe, el fundamental aporte de la prensa libre en la construcción y defensa de los valores democráticos, todo lo cual se desvirtúa cuando se desdibujan las fronteras del ejercicio profesional libre y autónomo para vincularse con las actividades al margen de la ley”.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia busca reafirmar que la labor periodística, esencial para el funcionamiento democrático, no puede convertirse en un instrumento para encubrir o favorecer intereses criminales. Con este fallo, el tribunal envía un mensaje claro sobre la necesidad de preservar la integridad y la ética en el ejercicio del periodismo, recordando que los derechos fundamentales no son absolutos y deben estar siempre acompañados de un compromiso con la legalidad y la responsabilidad social.

Rubio y su estrategia para defender a Pedro Orejas

El Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá determinó en octubre de 2020 que Rubio, periodista judicial, utilizó su posición para manipular la opinión pública y obstaculizar la labor de las autoridades.

La sentencia, según los registros judiciales, estableció que Rubio no solo difundió información falsa desde CM&, noticiero en el que trabajaba, sino que también coordinó acciones con personas del entorno cercano a “Pedro Orejas”, como Jorge Cómbita y Wilson Peña.

Las pruebas recabadas durante la investigación incluyeron registros de llamadas en las que se impartían instrucciones precisas para fabricar noticias o declaraciones que desviaran la atención de la Fiscalía y el Ejército hacia supuestas amenazas o montajes inexistentes. De este modo, se buscaba desacreditar la acción investigativa de las autoridades y proteger los intereses del esmeraldero.

En ese orden de ideas fallo judicial impuso a Rubio una condena de cuatro años (50 meses) de prisión, que inicialmente se cumplió bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Además, se le prohibió ejercer el periodismo y ocupar cargos públicos durante el mismo lapso. La decisión del Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá subrayó la gravedad de utilizar la función periodística para interferir en procesos judiciales y manipular la percepción pública en beneficio de intereses particulares.

El Gobierno de Ecuador aseguró este sábado que el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, está “bajo estricto resguardo policial y militar” dentro de la cárcel y negó que haya sido trasladado de celda después de que aceptó ser extraditado a Estados Unidos, como denunció la noche del viernes su abogado, Alexei Schacht.

“Alias Fito permanece en el Centro de Privación de Libertad Guayas 3 (La Roca), sin que hasta la fecha se haya ejecutado ningún traslado. Se encuentra bajo estricto resguardo policial y militar, conforme a los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes”, señaló en un comunicado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución que administra las prisiones.

Además, el SNAI indicó que no ha recibido alertas o amenazas en contra del narcotraficante, después de que Schacht asegurara también que estaba “muy preocupado” de que “elementos dentro de Ecuador tengan la intención de matarlo”.

Fito, líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más grandes que opera en el país andino, aceptó este viernes ser extraditado a Estados Unidos donde su Gobierno lo ha acusado de siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EEUU.

De acuerdo a la acusación, Los Choneros, en alianza con el cartel de Sinaloa, operaban una red a gran escala “responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Suramérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares”.

Los Choneros también han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear las cuentas y propiedades vinculadas al grupo o al propio Fito.

El narcotraficante fue recapturado el pasado 25 de junio en un búnker subterráneo construido bajo una lujosa casa en Montecristi, en las cercanías de Manta, la cuna y bastión de Los Choneros, un grupo criminal que mantuvo la hegemonía de la actividad criminal en Ecuador desde los años 90 hasta 2020, cuando otras bandas buscaron mayor protagonismo.

En el momento de su recaptura, Fito llevaba año y medio prófugo y en paradero desconocido desde que a inicios de 2024 se fugase de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de prisión impuesta en 2011 por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

Desde mayo de 2023 lidera en solitario a Los Choneros con la misión de recuperar y recomponer el imperio delictivo creado por esta organización.

Desde el momento en que fue nuevamente detenido, Fito se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, donde denuncia que su vida puede correr riesgos procedentes presuntamente de las bandas criminales que están enfrentadas a Los Choneros.

Los Choneros es una de las bandas criminales a las que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comenzó a denominar como “terroristas”, y a la que declaró la “guerra” a inicios de 2024 para contrarrestar una escalada de la violencia sin precedentes que este año se ha recrudecido con un promedio de más de un asesinato por hora.

(Con información de EFE)

La Policía Nacional ha anunciado este sábado la detención en la localidad madrileña de Las Rozas a un fugitivo que lideró una red de tráfico de drogas junto a una histórica narcotraficante.

El cuerpo policial ha detallado en un comunicado que el hombre se encontraba fugado de prisión desde febrero de este año mientras cumplía condena por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y quebrantamiento de condena.

En el momento del arresto, según los agentes, el fugitivo opuso fuerte resistencia, portaba documentación falsa y trataba de escapar a bordo de una motocicleta sustraída.

La investigación se inició en febrero de este año cuando los agentes tuvieron conocimiento de la emisión de una reclamación judicial sobre una persona que, junto a una histórica narcotraficante, había liderado una trama internacional de tráfico de drogas y se encontraba fugado de prisión tras ser condenado por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y quebrantamiento de condena.

Las pesquisas de los investigadores permitieron obtener una posible ubicación del prófugo, en la localidad madrileña de Las Rozas, donde podría estar residiendo, en tanto que las indagaciones y vigilancias de los agentes pudieron determinar un domicilio donde podría estar ocultándose el fugitivo usando una identidad falsa.

Una vez ubicado el domicilio se estableció un dispositivo de vigilancia para llevar a cabo la detención del fugitivo que, una vez detectado a bordo de una motocicleta de gran cilindrada, trató de darse a la fuga y tras ser alcanzado por los agentes ofreció un fuerte resistencia al arresto.

Tras la detención, los agentes detectaron que el prófugo portaba un documento de identidad que correspondía a otra persona con la que guardaba una gran similitud física y que, la motocicleta que conducía se encontraba sustraída por lo que además se le consideraba presunto responsable de los delitos de hurto, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Un hombre identificado como Santiago Luna Primera, conocido como alias el Negro, fue asesinado a tiros en la tarde del lunes 21 de abril en el barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

Según informó El Heraldo, el ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en la parte externa de un lavadero de carros.

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De acuerdo con el reporte policial citado por el medio, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al lugar y dispararon repetidamente contra Luna Primera.

Los impactos de bala, uno en el mentón y otro en el pecho, resultaron fatales. Aunque vecinos de la zona intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al centro médico Paso Simón Bolívar, los especialistas confirmaron que el hombre ingresó sin signos vitales.

Alias el Negro, de 52 años, tenía un historial vinculado a actividades delictivas. Según detalló el medio citado, fue exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y estuvo relacionado con el asesinato del reconocido presentador de radio Gustavo Rojas Gabalo, conocido como El Gaba.

En abril de 2006, Luna Primera fue capturado como uno de los presuntos autores del crimen, luego de que se le viera merodeando la vivienda del periodista junto a otros dos exparamilitares: Manuel Pérez Jiménez, alias el Pambe, y Ramiro Antonio Berrio, alias el Guajiro. Este caso generó gran conmoción en el país y reveló los nexos entre estructuras paramilitares y crímenes selectivos.

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Barranquilla han iniciado una investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Por ahora, no se han revelado hipótesis oficiales ni se conocen capturas relacionadas con el caso. Se espera que las cámaras de seguridad del sector y los testimonios de los presentes contribuyan al esclarecimiento del crimen.

El asesinato de “El Gaba”

El periodista Gustavo Rojas Gabalo, conocido popularmente como “El Gaba”, falleció en la ciudad de Medellín el 17 de marzo de 2006, semanas después de haber sido víctima de un atentado en Montería, Córdoba.

Según informó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Rojas había sido trasladado a la capital antioqueña tras una recaída en su estado de salud, luego de haber sido dado de alta el 12 de marzo. El ataque, ocurrido el 4 de febrero, dejó al comunicador gravemente herido, con impactos de bala en la cabeza y la clavícula.

El atentado contra Rojas Gabalo ocurrió el 4 de febrero de 2006, cuando el periodista ingresaba a un supermercado en Montería. Según los reportes, un hombre armado se acercó a él y le disparó en dos ocasiones, impactándolo en la cabeza y la clavícula.

El agresor huyó del lugar en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba cerca de la escena.

En el momento del ataque, Rojas regresaba de cubrir las ferias y fiestas de un municipio cercano para la emisora Radio Panzenú. Minutos antes, había tenido un leve accidente de tránsito que derivó en un intercambio de insultos con el otro conductor involucrado.

Una trayectoria marcada por la crítica y la música

Con 56 años, Gustavo Rojas Gabalo era una figura reconocida en Córdoba, no solo por su labor periodística, sino también por su carisma y su conexión con la comunidad. Nacido en el barrio Balboa de Montería, inició su carrera con el programa “Este es Córdoba”, y más tarde se consolidó como una voz influyente a través de “Sinfonía de Acordeones”, que posteriormente se transformó en “El Show del Gaba”.

Este último espacio, que combinaba música y comentarios, estuvo al aire durante 25 años y se caracterizó por incluir críticas a las administraciones locales y a la clase política de la región.

Además de su trabajo en los medios, Rojas era padre de nueve hijos y un animador habitual de eventos populares en el departamento de Córdoba. Su estilo directo y su compromiso con la denuncia de irregularidades lo convirtieron en una figura tanto admirada como polémica en su comunidad.

El 15 de abril de 2025, el ex capo del Cartel del Norte del Valle, Ever Villafañe, llegó deportado desde los Estados Unidos al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

De acuerdo con la información que obtuvo en primicia el medio Semana, después de su liberación, las autoridades migratorias de los Estados Unidos lo detuvieron para evaluar sus condiciones legales en el país norteamericano, y resolvieron deportarlo a su país de origen. Villafañe había cumplido una condena de 20 años en suelo estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

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Así, Villafañe se sumó a la lista de exintegrantes de carteles de narcotráfico que recientemente han regresado a Colombia tras cumplir largas condenas en EE. UU.

No obstante, de acuerdo con la información que suministró W Radio, el ex narcotraficante estaría siendo requerido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Jalisco, México, por presuntos delitos de lavado de activos, delincuencia organizada y porte de arma de uso privativo de las fuerzas armadas. Según consignó el medio, la orden sería quie Villafañe sea enviado a México.

La historia de Ever Villafañe: su fuga inspirada en “El Chapo” Guzmán

Para la primera semana del mes de febrero del 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención en Miami del colombiano.

La captura tuvo lugar el 3 de febrero, apenas un día después de que Villafañe cumpliera una condena de 20 años en una prisión de Florida.

Villafañe Martínez, conocido también por los alias de “Juancho” o “Granito”, fue detenido inicialmente en Colombia a finales de los años 90 durante la llamada “Operación Milenio”, un operativo coordinado por la CIA que buscaba extraditarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, en aquel entonces, logró escapar de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, y frustró temporalmente los esfuerzos de las autoridades estadounidenses y colombianas.

Villafañe Martínez fue señalado como una figura clave dentro del cartel del Norte del Valle, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de Colombia en su momento. El ex capo actuaba como enlace entre el grupo liderado por Alejandro Bernal Madrigal, alias ‘Juvenal’, y otros carteles del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Además, fue identificado como socio de Diego León Montoya Sánchez, conocido como “Don Diego”, otro de los grandes capos de la época.

Tras su fuga de la cárcel de Itagüí, Villafañe permaneció prófugo durante casi siete años. Finalmente, en 2008, fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio que resultó en una condena de 240 meses de prisión, equivalentes a 20 años. Según las fuentes consultadas por el diario mencionado, Villafañe cumplió su sentencia el 2 de febrero de 2025, lo que indica que su detención por parte del ICE ocurrió inmediatamente después de su liberación

En menos de un mes, dos ex capos deportados de Estados Unidos a Colombia

Villafañe es el segundo ex narcotraficante que regresa al país en menos de un mes. A finales del mes de marzo, Carlos Lehder, uno de los miembros más conocidos del cartel de Medellín, también fue deportado a Colombia.

Tras su llegada, Lehder fue detenido por la Policía Nacional, pues existía una orden de captura vigente en su contra. Posteriormente, un juez ordenó su liberación, tras confirmar que no tenía pendientes con la justicia colombiana. En una entrevista, Lehder aseguró: “Yo quiero mucho a los colombianos. Yo no estoy arrepentido de lo que hice porque este caso me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia, pero este caso me lo montaron”.

A lo largo de las últimas décadas, otros narcotraficantes vinculados a carteles como el de Medellín han sido liberados tras cumplir sus sentencias en EE. UU. Fabio Ochoa, otro de los ex capos del cartel de Medellín, también regresó al país en diciembre de 2024, luego de pasar más de 20 años en prisión.

Un ciudadano colombiano se ha convertido en una pieza clave dentro de un caso de narcotráfico internacional que ahora se ventila en una corte federal de Tampa, Florida.

Se trata de Cristian Javier Vente Ocoro, de 39 años, conocido por los alias de Shrek, Happy y Teletubis, quien se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos a través de embarcaciones en aguas bajo jurisdicción estadounidense.

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La admisión de culpabilidad se produjo en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país (DOJ, por sus siglas en inglés), en el que el colombiano reconoció su rol como líder logístico de una organización transnacional dedicada al contrabando de cocaína desde Sudamérica, con tránsito por Centroamérica y México, hasta ingresar a territorio estadounidense por la frontera sur.

Vente Ocoro enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua, aunque la fecha para la lectura de su condena aún no ha sido establecida.

El expediente judicial lo ubica como un actor estratégico dentro de la red criminal: coordinaba la logística de los cargamentos, contrataba y pagaba al personal que operaba las embarcaciones, y financiaba los movimientos marítimos ilegales.

Según las autoridades estadounidenses, la estructura a la que pertenecía Vente Ocoro tenía un alto grado de sofisticación.

Sus operaciones incluían rutas marítimas que conectaban las costas de Colombia con Centroamérica y México, desde donde parte de los cargamentos eran introducidos a Estados Unidos por los puertos fronterizos del suroeste.

El DOJ sostiene que el acusado no solo se encargaba de la planeación operativa, sino también del manejo de los recursos humanos y económicos de la red.

Documentos judiciales revelan que su organización mantenía alianzas con otras estructuras narcotraficantes en Centroamérica, lo que facilitaba el paso seguro de los alijos en distintas etapas del trayecto.

La cocaína era acopiada en zonas costeras de los departamentos colombianos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y luego trasladada en lanchas rápidas hacia aguas internacionales.

Dos cargamentos fallidos, toneladas incautadas

Uno de los puntos más reveladores del caso son los intentos frustrados de contrabando en los que estuvo implicado Vente Ocoro en 2019. El primero ocurrió el 25 de junio de ese año, cuando las autoridades interceptaron una embarcación con 1.090 kilogramos de cocaína. Un mes después, el 31 de julio, un segundo operativo permitió la incautación de otro cargamento aún mayor: 2.125 kilogramos.

Estos decomisos no solo dejaron en evidencia la magnitud de las operaciones, sino que permitieron a los investigadores rastrear y documentar con mayor precisión el funcionamiento interno de la red.

La caída de Vente Ocoro se produjo en septiembre de 2023 en Medellín, en el marco de una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Policía Nacional.

La acción fue parte de un operativo más amplio ejecutado el 12 de octubre del mismo año, con intervenciones en otros puntos estratégicos del Valle del Cauca como Buenaventura y Jamundí.

En total, fueron capturados diez presuntos integrantes de la organización criminal, incluido Eduard Solís Carabalí, alias Guaipon, señalado como responsable del componente marítimo de las operaciones.

Según el expediente colombiano, la red utilizaba embarcaciones rápidas y contaba con apoyo logístico desde instituciones clave: entre los capturados figura un contratista de la Dirección General Marítima (Dimar), cuya identidad no ha sido revelada.

Este individuo, presuntamente, suministraba información estratégica para facilitar los desplazamientos marítimos y evadir controles.

Vente Ocoro fue imputado en Colombia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y enviado a prisión preventiva mientras se tramitaba su extradición.

En 2024 fue entregado oficialmente a las autoridades estadounidenses, que ya lo consideraban un objetivo prioritario en sus investigaciones sobre redes transnacionales de narcotráfico.

Mientras se define la fecha de la sentencia, Cristian Javier Vente Ocoro permanece bajo custodia en territorio estadounidense. La magnitud de los delitos que admitió podría costarle el resto de su vida en una prisión federal.

El 28 de marzo de 2025, Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín, aterrizó en Bogotá en un vuelo comercial procedente de Frankfurt, Alemania. Migración Colombia recibió al hombre de 74 años con una orden de captura por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico.

“Migración Colombia dejó a disposición de la Policía a Carlos Enrique Lehder Rivas, ex cabecilla del cartel de Medellín. Lehder Rivas, quien llegó al país proveniente de Frankfurt, presentaba en nuestros sistemas de información una orden de captura vigente”, señaló Migración en su cuenta en la red social X.

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Tras su captura, Sondra McCollins, abogada del exnarcotraficante, aseguró que antes de viajar a Colombia habían corroborado que el colombo-alemán no tenía ningún tipo de deuda en el país, lo que habría sido confirmado por la Fiscalía General de la Nación.

“Si es cierto que lo tienen retenido, debe estar mostrando la certificación en donde consta que Carlos Enrique Lehder Rivas no aparece en registro de vinculación a procesos penales”, aseguró McCollins a El Tiempo.

A pesar de las alegaciones de la litigante, el 29 de marzo de 2025 el juzgado 02 de garantías legalizó la captura del exnarcotraficante, además ordenaron su detención provisional.

El hombre, de 74 años, será presentado el lunes 31 de marzo ante el Juzgado 18 de Ejecución de Penas para que se aclare su proceso en una condena por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Una vez que se conoció la legalización de su captura, su apoderada aseguró que la familia de Lehder está preocupada por su seguridad y futuro en caso tal de que el proceso legal en su contra se prolongue.

“Supongo que él piensa que no tiene ningún problema de seguridad, porque sino hubiese informado que venía, hubiera tenido un esquema de seguridad y por lo menos hubiera venido acompañado. Pero vino solo con su maleta. Creo que él no piensa que tiene problemas de seguridad. Pero su familia cree que sí tiene y está preocupada por su futuro y seguridad.”, dijo la abogada al medio citado.

¿Quién es Carlos Lehder?

Carlos Enrique Lehder Rivas, oriundo de Armenia, Quindío, además de ser uno de los fundadores del cartel de Medellín en los años ochenta y ser vital en la construcción del imperio del narcotráfico de Pablo Escobar, jugó un rol clave en la creación de las rutas del tráfico de cocaína.

Incluso, fue el responsable de planear la operación que cubría la ruta de exportación de cocaína desde Bolivia y Colombia, específicamente, a su isla Cayo Norman, donde tenía pistas de vuelo en las que despegaban los aviones repletos de droga a Canadá y Estados Unidos.

Asimismo, habría tenido participación en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que abogó por la investigación que rodeaba al cartel de Medellín

“La razón por la cual continué sumergiéndome en el narcotráfico fue, mayormente, una amalgama de situaciones y una falta de moral en mi corazón. No tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, fui un bandido”, dijo durante una entrevista con W Radio.

Carlos Lehder también fue el primer gran capo en ser extraditado, en un momento en el que la reglamentación de este mecanismo le costó a Colombia cientos de víctimas.

El 4 de febrero de 1987, llegó a Estados Unidos donde fue sentenciado a cadena perpetua (137 años). A pesar de la dura condena en su contra, llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, para testificar y entregar información en contra del dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

De esa forma, consiguió rebajar su pena a tres décadas, por lo que el 15 de junio de 2020 recobró su libertad y fue expulsado de territorio norteamericano. Desde ese año está viviendo en Alemania, el país de su padre, un antiguo espía nazi. Sin embargo, le había pedido al expresidente Juan Manuel Santos que le ayudara a ser repatriado. Según una carta que mandó a la Casa de Nariño, “quería morir en Colombia”.

Pero sus publicaciones no solo involucran tips de belleza, también espacios de historia, en los que ha contado a sus seguidores datos sobre su vida personal. En uno de sus más recientes videos, que publicó en TikTok, reveló una grave experiencia que vivió en México, debido a las malas intenciones que tenía un “amigo de infancia” con ella.

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De acuerdo con la influenciadora, el sujeto, de nacionalidad colombiana y cuyo nombre real no reveló, quiso venderla a un narcotraficante. “Yo me fui a vivir a México el 29 de enero de 2022, y esto fue parte de mis momentos más complicados en el país. México es un lugar que amo, aunque ese año no fue el mejor ni la mejor experiencia. Intenté disfrutarlo y ver las cosas positivas”, explicó a manera de introducción.

Un día, cuadró una salida a comer con un amigo mexicano, al que llamó Pepito, y con el colombiano, al que llamó Alberto. Cuando se puso en contacto con este último, le contó que estaba teniendo problemas para conseguir dónde vivir, por lo que se estaba quedando en un hotel. Él se ofreció a ayudarla con los trámites y, al mismo tiempo, la invitó a un viaje a Las Vegas (Estados Unidos). Según indicó, el lugar estaría lleno de creadoras de contenido de México y otras personas, entre ellas, el narcotraficante, al que llamó Yayo.

“Decía como: ‘Oye, vámonos de viaje el fin de semana, Las Vegas, en un jet privado (…). Vamos a ir con Yayo (narcotraficante), que es un amigo mío. Voy a ir yo, va a ir mi novia, van a ir muchas influencers mexicanas”, contó.

Desde un inicio, la influenciadora se negó a ir al viaje, argumentando que no estaba interesada, que apenas se estaba instalando y que no quería viajar con personas desconocidas. Tras dar su respuesta, y confirmar que, en todo caso, iría a comer con él y su amigo mexicano. Cuando llegó la hora de la cena, llegó Alberto a su hotel, acompañado del narcotraficante y sus escoltas. “Estaba Yayo, había dos manes del tamaño de gorilas, o sea, eran unos gorilas con unas pistolas así de grandotas y había dos camionetas gigantes negras. Yo vi eso y yo no supe qué pensar”, precisó.

Entonces, sintió desconfianza, pero quiso demostrar tranquilidad, por lo que se subió a un carro con ellos y empezó a grabar todo en secreto. Al mismo tiempo, envió su ubicación a su padre, que estaba en Colombia y que le había advertido sobre algunos peligros para las mujeres en México.

En el recorrido, Alberto intervino diciendo que iban a divertirse mucho. La creadora de contenido pensó que se refería a la cena, pero en realidad estaba haciendo alusión al viaje a Las Vegas. “En eso, Yayo dice: ‘Menos mal aceptaste ir al viaje, la vamos a pasar en increíble, vamos a estar en un jet privado’”. De inmediato, Stephanie Moreno aseguró que nunca había aceptado esa propuesta. Pero, Yayo afirmó que Alberto le había confirmado su asistencia con unos audios de ella.

Cuando la influenciadora pidió escuchar esas grabaciones, se dio cuenta de que correspondían a la conversación que tuvo con Alberto sobre la comida, y no sobre el viaje. “Se lo estaba mandando como si yo estuviese diciendo: ‘Dale, listo, yo voy’ al viaje a Las Vegas”, detalló.

Entonces, llegaron a un restaurante, comieron, y luego partieron a una casa lujosa de Yayo, puesto que este había dicho que necesitaba cambiarse de ropa. Cuando salieron del lugar, Yayo volvió a insistir en el viaje, buscando soluciones a todos los problemas que Moreno decía tener para evitar ir. Alberto intervino, sumándose a la insistencia y pidiendo reiteradamente a la influenciadora que enviara una foto de su pasaporte. “Mándame la foto de tu pasaporte y compramos los tiquetes de una vez. Vamos, vamos, vamos. Eso no hay ningún problema, eso no tiene ningún lío”, dijo.

Mientras tanto, su amigo Pepito, de nacionalidad mexicana, intentó ayudarla confirmando que tenía compromisos que le impedían viajar. Finalmente, logró mantenerse en su posición y no fue a Las Vegas. Posteriormente, se enteró de que el viaje era en realidad una celebración de cumpleaños para Alberto, pagada por Yayo en su totalidad, en la que no hubo influenciadoras, solo hombres. “Alberto había ido con su novia, regresó sin novia, Dios sabrá dónde Alberto tiene su novia en estos momentos, o su ex”, contó.

Tras vivir esa experiencia, se mudó a otro lugar en México porque temía por su seguridad, teniendo en cuenta que conocían su ubicación y que el narcotraficante estuvo acosándola por redes.

El origen del error comenzó en 2005, cuando un narcotraficante conocido como Homero Tercero Chumbe González usurpó la identidad de Enzo Quispe Chota. Este delincuente utilizó su nombre y documentos personales para realizar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, incluyendo viajes internacionales y el transporte de droga. Quispe Chota, por su parte, no tenía conocimiento de que su identidad estaba siendo utilizada de esta manera.

En 2017, el criminal fue detenido en Brasil, pero no se resolvió la confusión en su totalidad. Mientras tanto, Enzo Chota, el hombre real, continuó con su vida normal en Perú, sin saber que su identidad estaba asociada a un fugitivo de la justicia internacional.

La detención errónea y repercusiones

El 21 de enero de este año, la Interpol de Tacna, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), arrestó a Enzo Quispe Chota tras recibir una alerta de Brasil. El ciudadano peruano fue confundido con el narcotraficante fugitivo, y se le acusó de formar parte de una red de narcotráfico. A pesar de que Quispe Chota negó en todo momento las acusaciones y aseguró no haber salido de Perú, fue detenido y llevado al penal de Pocollay.

La noticia de la detención generó preocupación y angustia entre sus familiares, quienes desde el inicio defendieron la inocencia de Quispe Chota. Su esposa y su entorno cercano no solo enfrentaron la injusticia de la detención, sino también el temor de que pudiera ser víctima de abuso dentro del sistema penitenciario.

El proceso judicial finalmente llegó a una resolución favorable para Enzo Quispe Chota. El último13 de febrero, la Corte Superior de Justicia de Tacna fue informada de que el juez brasileño José Magno Lunhares Moraes había revocado la orden de captura internacional en contra de Quispe Chota. Tras investigar el caso, las autoridades brasileñas concluyeron que no existían coincidencias entre la persona buscada y el detenido. Esta decisión judicial se comunicó a las autoridades peruanas el pasado18 de febrero, lo que permitió iniciar los trámites para la liberación de Quispe Chota.

El abogado defensor de Quispe, Rolando Prado, explicó para el portal Radio Uno que la detención fue producto de un error en la verificación de la identidad, debido a una incongruencia con la fecha de nacimiento en los documentos y la ausencia del DNI de Quispe Chota en los informes oficiales. “Hubo un error en la remisión de los documentos, lo que llevó a una confusión”, comentó el letrado, refiriéndose a los trámites legales que retrasaron un poco más la liberación de su cliente.

Reacciones de la familia y proceso judicial

Tras la noticia de su liberación, Enzo Quispe Chota fue recibido por su esposa y familiares con gran emoción. En un encuentro cargado de sentimientos, Quispe Chota expresó su agradecimiento a su familia, quienes nunca dudaron de su inocencia. “Le agradezco muchísimo a mi esposa y a mis familiares que me han apoyado en todo y siempre han creído en mi inocencia”, expresó para el citado medio.

Durante su tiempo en prisión, Quispe Chota estuvo recluido en un pabellón con reos de poca peligrosidad, medida que fue tomada por las autoridades penitenciarias para garantizar su seguridad. A pesar de las preocupaciones de su familia por las condiciones del penal, especialmente debido a su historial médico de presión alta, el padre de familia pudo acceder al tratamiento necesario durante su tiempo en prisión.

Aunque la orden de captura ha sido revocada, el proceso judicial de Enzo Quispe Chota no ha terminado. Ahora podrá seguir el proceso en libertad, mientras la justicia brasileña toma las decisiones correspondientes en su caso. Las autoridades peruanas han confirmado que, en lo sucesivo, se trabajará en esclarecer completamente la situación para asegurarse de que Quispe Chota quede definitivamente excluido de cualquier vinculación con el narcotráfico.

Una vez que se confirmó que Enzo Quispe Chota no era el narcotraficante buscado, la atención se centró en el verdadero criminal que utilizó su identidad. Se identificó al suplantador como Homero Tercero Chumbe González, un individuo con antecedentes en el narcotráfico. En 2016, Chumbe González estuvo involucrado en un caso de tráfico ilícito de drogas en el que la Policía Nacional y la Fiscalía incautaron más de 100 kilos de cocaína. Se presume que utilizó el DNI de Quispe Chota en sus viajes internacionales, lo que facilitó su escape y complicó aún más la situación para la verdadera víctima.

Durante el juicio oral que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal, soborno y manipulación de testigos, el exmandatario rechazó categóricamente las acusaciones que el senador Iván Cepeda, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico, hizo en su contra, en las que lo vincula con el reconocido ganadero y exnarco Santiago Gallón Henao, señalado de haber financiado grupos paramilitares en Colombia.

Durante la audiencia, Uribe aseguró que las afirmaciones del congresista eran falsas y hacen parte de una estrategia de desprestigio en su contra. “Siempre he dicho la verdad en mi vida pública y mis contrapartes han mentido, como el senador Cepeda ha mentido cuando me ha acusado de amistad y sociedad con Santiago Gallón”, afirmó el expresidente ante la jueza encargada del proceso.

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Iván Cepeda señaló en varias ocasiones que Uribe y su hermano Santiago Uribe tuvieron nexos con estructuras paramilitares, específicamente con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el pasado, el senador mencionó la supuesta relación del exmandatario con Santiago Gallón Henao, que, como se mencionó, fue investigado por su participación en el financiamiento de grupos armados ilegales en Antioquia.

Según Cepeda, los testimonios recopilados indican que Gallón Henao tenía acceso a figuras políticas influyentes y que, dentro de esas relaciones, se encontraba Uribe. No obstante, el expresidente rechazó esta versión de los hechos, asegurando que nunca ha tenido ningún tipo de relación con el exnarcotraficante y que las pruebas presentadas en su contra carecen de fundamento.

El desarrollo del juicio y la estrategia de la defensa

Jaime Granados, abogado de Uribe, insistió en que la Fiscalía no ha presentado pruebas contundentes que vinculen al exmandatario con Santiago Gallón o con alguna actividad ilícita relacionada con grupos paramilitares. Además, la defensa cuestionó la imparcialidad del proceso y argumentó que las acusaciones de Cepeda fueron parte de una persecución política.

En su intervención, Uribe también se refirió a los testigos que han testificado en su contra, asegurando que sus declaraciones fueron manipuladas. “Es muy importante la línea de tiempo. En 2014 me acusaron del caso Andrómeda y del hacker en plena elección presidencial. Luego, en víspera de la elección parlamentaria de 2018, reactivaron este proceso, haciéndome un enorme daño”, afirmó el expresidente.

Uno de los puntos centrales de la defensa de Uribe es demostrar que nunca instruyó a su abogado Diego Cadena para sobornar testigos. Según el expresidente, el abogado solo se limitó a recopilar testimonios que demostrarían la falta de veracidad de las acusaciones en su contra.

Otro aspecto que Uribe y su defensa cuestionaron fue la relación entre Iván Cepeda y el testigo Juan Guillermo Monsalve. “Este proceso no ha podido conocer las comunicaciones completas entre Monsalve y Cepeda”, declaró Uribe, sugiriendo que el senador ha influido en los testimonios de personas que lo han señalado.

Además, el exmandatario destacó que Cepeda estuvo vinculado con organizaciones que defienden a presos políticos y que, según él, esto podría estar relacionado con la obtención de testimonios en su contra: “El senador ha sido aportante de una ONG para la defensa de presos políticos; al primero que debieron haber defendido fue a mí, preso político en este país”.

Negación de vínculos con el paramilitarismo

Uribe también aprovechó su intervención para desmentir nuevamente cualquier relación con líderes paramilitares: “Nunca conocí a Carlos Castaño. Hace 20 años le he dicho al país que al único que distinguía era a Salvatore Mancuso, de quien pude ser amigo porque conocía a su tío”.

El juicio contra el expresidente Uribe continúa en desarrollo y se espera que en las próximas audiencias se presenten más testimonios y pruebas que permitan esclarecer los hechos. Mientras tanto, el caso sigue generando debate en la opinión pública, con posturas encontradas entre quienes apoyan al exmandatario y quienes consideran que debe responder ante la justicia.

¿Quién es Santiago Gallón?

La historia criminal de Santiago Gallón Henao es un reflejo del poder que ejerció en el narcotráfico de Colombia durante las últimas décadas. Su nombre es vinculado a distintos delitos, desde el financiamiento de grupos paramilitares hasta el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994. A pesar de sus condenas y su inclusión en la ‘Lista Clinton’, su influencia continúa latente en diversos sectores del país.

Santiago Gallón no solo es identificado como un narcotraficante, sino que está relacionado con redes de crimen organizado que operan en diversas regiones de Colombia. Desde los 90, su participación en actividades delictivas fue registrada por diferentes organismos de inteligencia. Se le señaló como financiador de grupos paramilitares en Córdoba, una práctica común entre narcotraficantes que buscan protección y control sobre los territorios donde operan.

Según informes de inteligencia militar, Gallón contaba con una red de contactos en las altas esferas del poder, lo que le permitió evadir en múltiples ocasiones la acción de la justicia. En su momento, el fiscal Jesús Albeiro Yepes, que investigó el asesinato de Andrés Escobar, confirmó que este individuo ya era un personaje conocido por el Estado antes del crimen del futbolista.

El 31 de diciembre de 2018, quedó en libertad, un hecho que causó conmoción en la opinión pública. Su excarcelación revivió las críticas sobre la debilidad del sistema judicial colombiano frente a criminales con alto poder económico y político. A pesar de sus antecedentes, su ubicación actual y sus actividades recientes permanecen en gran medida desconocidas.

La Fiscalía de Bolivia confirmó este jueves la extradición del narcotraficante Gualberto Soto Córdova desde Argentina, donde fue capturado en agosto de 2024. Soto, de 51 años, había escapado a tiros de un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la localidad de Challapata, Oruro, el 21 de octubre de 2022 y desde entonces no se tenía registro de su paradero.

Según las investigaciones, Soto forma parte de un clan que traficaba droga entre Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, y cuyos miembros ya se encuentran detenidos en el penal de San Pedro, en La Paz, según explicó a los medios el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Tras arribar al país, Soto fue llevado a la Fiscalía Departamental de Oruro donde se realizará una audiencia cautelar y se le iniciará el proceso judicial que enfrentaron sus cómplices. El Ministerio Público pidió su detención preventiva mientras se desarrolla el proceso.

El extraditado tenía sello rojo de Interpol y fue ubicado el 4 de marzo de 2024 en Argentina. Meses más tarde, el 8 de agosto, fue capturado por la Policía y entregado a las autoridades bolivianas el 21 de enero pasado.

Según la página web de Interpol, hay 123 notificaciones de sello rojo de búsqueda y detención de ciudadanos bolivianos investigados por diferentes delitos.

Lucha contra el narcotráfico en Bolivia

En 2024, el Gobierno de Bolivia duplicó la cantidad de sustancias controladas incautadas con relación al año anterior. Según informó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, la Felcn incautó 66 toneladas de cocaína y 514 toneladas de marihuana.

También se destruyeron laboratorios de droga y se aprehendió a 3.356 personas, de las cuales 1.458 ya tienen sentencia, explicó Del Castillo durante la presentación del informe con los resultados de la lucha antidrogas obtenidos en 2024.

Las 66 toneladas de cocaína superan los decomisos realizados en 2023, cuando llegaron a 32,9 toneladas. El ministro Del Castillo, indicó que ese volumen de droga está valuada en 198 millones de dólares, pero que si esta cantidad hubiera llegado a Europa, su valor habría superado los 1.900 millones de dólares y si hubiera llegado a Asia, valdría 8.500 millones de dólares.

Al igual que la cocaína, la cantidad de marihuana confiscada en 2024 supera el volumen de 2023, cuando fueron decomisadas 372,2 toneladas.

El aumento de incautaciones coincide con la tendencia ascendente de los últimos años en el país andino. Los datos oficiales, publicados en la página web del Ministerio de Gobierno, muestran que en 2022 se incautaron 20,33 toneladas de cocaína, el 2021 fueron 19,72 y en 2019 y 2020 se secuestraron poco más de 15 toneladas cada año.

El aumento exponencial en la lucha contra el narcotráfico podría sugerir un mejor trabajo de la policía. Sin embargo, la criminóloga y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Gabriela Reyes, sostiene que estas cifras son preocupantes porque insinúan que hay una mayor circulación de droga en el país.

“Un dato que se conoce a nivel internacional es el cálculo de que un Estado logra incautar aproximadamente el 10% de lo que está circulando. A mayor cocaína incautada, mayor cocaína hay en el mercado”, explicó en entrevista con Infobae y agregó que no hay un cambio ni modernización en la fuerza antidroga por lo que el aumento en las cifras de lucha contra el narcotráfico no podrían explicarse con un mejor trabajo de la Felcn.

En junio de 2018, la policía en Perú anunció que en un operativo que se registró en el puerto de Paita habían incautado más de 2.000 libras de cocaína que iban a ser enviadas a España en paquetes que tenía etiquetas con fotografías de Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con las autoridades de ese país, las figuras de los narcos representaban la pureza que tenía el narcótico que fue avaluado en más de 45 millones de dólares e iba acompañado de cajas con pescado congelado con el que buscaron camuflar el cargamento delictivo.

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Además de la incautación, el entonces fiscal de Crimen Organizado, Jorge Chavez Cotrina, reveló que habían sido capturados ocho peruanos y cuatro colombianos que pertenecían a una estructura criminal que fue denominada como “Los Empresarios”.

A pesar de que en su momento se anunció este operativo como uno más de la lucha antidrogas en la región, terminó siendo lo que provocó la caída de un narco colombiano que tenía como base de operaciones al vecino país.

Este operativo provocó la caída de un narco colombiano

En abril de 2024 las autoridades en el Valle del Cauca, Colombia, informaron que había sido capturado Alejandro Arzayús Serrano, que tenía una orden de captura por parte de la Interpol y era buscado por la policía en Perú desde hacía más de seis años.

No fue sino durante la investigación, que fue expuesta por Semana, que se conoció que Arzayús era en realidad el cabecilla de la estructura criminal que había perdido el cargamento de 45 millones de dólares en junio de 2018, pero había cambiado su nombre por el de David Fernando para burlar a la justicia.

El medio citado indicó que Arzayús no siempre fue un peligroso criminal, sino que durante años trabajo en Colombia como jornalero, pero un viaje a Perú cambió por completo su vida.

Tras llegar a territorio inca como turista, el vallecaucano buscó a Fernando Andrés Negrón Querzola, un empresario de transporte que aceptó la propuesta que le hizo el colombiano de transportar cocaína en los camiones de su compañía y utilizar otro tipo de negocios como fachada.

A la alianza del colombiano se sumó Rolando Baltodano, que fue señalado por la fiscalía de Perú como el encargado de preparar los cargamentos de droga, aparece en los informes como la persona que transportó el primer envío de cocaína hasta el puerto de Algeciras, España.

Durante varios meses la droga de “Los Empresarios” era reconocida por tener etiquetas con fotografías de Pablo Escobar y “El Chapo” Guzmán y ser la distribuida por Huallaga al norte de Perú

El “negocio” del colombiano, que contrató a varios compatriotas que se encargaba de manejar los vehículos que transportaban la droga, terminó luego de que las autoridades interceptaron la cocaína mencionada inicialmente, puesto que la captura de sus socios provocó que tuviera que salir de Perú.

La ubicación de las haciendas de Nerón Querzola, que era donde guardaban la droga, provocó que la identidad de Arzayús fuera expuesta y con eso comenzará su búsqueda, que concluyó en abril de 2024.

El expediente del colombiano, que fue expuesto por Semana, indica que era coautor del delito de tráfico ilícito de drogas y que en la estructura criminal se le conocía bajo el alias de Alfaro; de la misma forma, hay reportes en su contra por tenencia de armas de fuego y falsificación de documentos públicos.

Cabe mencionar que el narcotraficante permanece en Colombia y se espera que el presidente Gustavo Petro firme su extradición en las próximas semanas, en Perú deberá pagar 25 años de prisión tras ser hallado como culpable en un juicio en ausencia que terminó en 2019; mientras los empresarios mencionados tendrán que permanecer 15 meses en la cárcel tras llegar a un acuerdo con la justicia peruana.

Antes de que se llevara a cabo la ilegítima posesión de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos anunció que la recompensa por información que permita la captura del líder del régimen venezolano aumentaría a 25 millones de dólares, cifra que también se pagará a quien ayude en la captura de Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, esta actualización se registró debido a que Maduro tiene un expediente penal desde marzo de 2020 en el que la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de importar cocaína, posesión ilegal de armas de fuego y de dispositivos destructivos.

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La investigación indica que el dictador hace parte del cartel de los Soles, una estructura criminal que liderada por oficiales corruptos del chavismo y tendría alianzas con las disidencias de las Farc y el ELN.

Recompensa por Maduro es mayor de la que se ofrecía por Pablo Escobar

Debido a que la recompensa por Nicolás Maduro hace que se referencie al dictador como una importante pieza del crimen organizado en la región, esto ha hecho que se compare la cifra que se ofreció en su momento por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Cabe recordar que, en 1993, cuando se registró la baja de Escobar, el Estado colombiano pagó a los miembros del Bloque de Búsqueda 5.000 millones de pesos, lo que en ese momento eran 6.2 millones de dólares (teniendo en cuenta que un dólar equivalía a 803 pesos); es decir, cuatro veces menos de lo que se pagaría en la actualidad por la captura de Nicolás Maduro.

En caso de que la recompensa por el colombiano hubiera sido de 25 millones de dólares, el Bloque de Búsqueda hubiera recibido poco más de 20.000 millones de pesos; mientras con la tasa de cambio de 2025, el valor sería de más de 100.000 millones de pesos.

Las similitudes entre Maduro y Escobar

Gilberto Ramírez Espinoza, historiador y docente de la Universidad Sergio Arboleda, indicó en diálogo con Infobae Colombia que hay varias similitudes entre las recompensas por Nicolás Maduro y Pablo Escobar a pesar de que hay más de 30 años de diferencia entre las épocas.

En primer lugar, recordó que en los 80 también hubo un dictador que tenía vínculos con el narcotráfico; se trató del presidente panameño Manuel Antonio Noriega, que recibió a Escobar en su país luego del asesinato del ministro Lara Bonilla.

“Con cuenta del narcotráfico, tiene un vínculo directo con Colombia, que es donde se produce esta droga, se fabrica y se procesa. Venezuela y Panamá han servido de espacio de tránsito de comercio de esta droga con destino a Estados Unidos, Europa o Asia”, indicó Ramírez Espinoza.

Para el historiador, otro aspecto que se mantiene es la lucha por terminar con el narcotráfico por parte de Estados Unidos que, aunque se ha mantenido al margen de la democracia en Venezuela, observa en este país un caso similar al de Colombia en los 80 y 90.

“Lo que supone ofrecer una recompensa por una persona que funge como jefe de Estado, como Maduro, puede desatar varias cosas, puede desembocar en una crisis interna por alguien que quiera cobrar esa recompensa y lavar ciertas culpas con el gobierno de Estados Unidos, pero principalmente por narcotráfico. El narcotráfico corrompe los actos democráticos, como paso con Pablo Escobar al derogar la extradición o inclusive haciéndose elegir él mismo”.

Por último, Ramírez indicó que no es descabellado pensar que en el futuro Estados Unidos pueda intervenir de alguna forma en Venezuela, recordando que en la caída de Escobar tenía unidades que ayudaban al Bloque de Búsqueda y que años más tarde se conoció que también negociaron con los enemigos del capo a cambio de información.

“Al ofrecer una recompensa, comparándolo con un jefe del crimen organizado, puede desatar una intervención militar como con Noriega o una mezcla con el caso Pablo Escobar que tenía mucho poder para desestabilizar el ejercicio político en Colombia, en una colaboración con la fuerza pública, agencias como la CIA o la DEA”, puntualizó.

Graciela Alfano, reconocida modelo, actriz y vedette argentina, sorprendió al compartir detalles inéditos sobre un episodio de su juventud relacionado con el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar. Durante una entrevista en el programa La divina noche de Dante, conducido por Dante Gebel, estrella confirmó uno de los rumores que circularon por décadas sobre su vida: su encuentro con El Patron en los años setenta, cuando ambos eran jóvenes y desconocidos en sus respectivas trayectorias.

“Lo conocí. No es un mito”, afirmó Alfano al comenzar su relato. La artista situó los hechos en 1972, durante su participación como reina Panamericana de la Belleza, un certamen que la llevó a Colombia. Según explicó, Escobar, entonces un joven de 20 años que aún no se perfilaba como el infame líder del Cartel de Medellín, fue designado como su edecán,; es decir, su acompañante oficial durante el evento.

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La modelo argentina de 71 años, que recientemente se mostró sin ropa en una habitación a través de una historia en su cuenta en la red social Instagram –con una imagen artística donde el reflejo en un espejo y un delicado juego de luces y sombras se combinan para resaltar su esencia, ella reafirmó su estatus de “Ícono Alfano”, como se autodenomina en redes sociales, tras una trayectoria que la consagró como uno de los mayores referentes de sensualidad en el país actualmente preside por Javier Milei– detalló que, en ese entonces, Pablo Escobar era “un chico de Medellín” que mostraba gran fascinación por la belleza.

“Pero Pablo todavía no era el que todos conocen. Tenía 20 años. Le encantaba la belleza. Me acuerdo de que yo tenía 19 años y él se me quedaba mirando todo el tiempo. No hablaba. Era mudo”, recordó. Según sus palabras, el joven colombiano parecía embelesado, lo que llevó a Alfano a decirle en tono de broma: “Pablo, no me mires. ¿Por qué me miras fijo? Me hace mal que me mires fijo”.

A pesar del interés evidente de Escobar, la modelo aseguró que el sentimiento no era mutuo. “Estaba enamoradísimo, pero yo no”, señaló, recordando cómo, años más tarde, reconoció al hombre que alguna vez fue su edecán en las noticias internacionales, cuando Escobar ya se había convertido en una de las figuras más temidas y perseguidas por las autoridades de Estados Unidos y Colombia.

La influencia de su madre en la relación

Este episodio de su vida no fue solo un breve encuentro. Alfano también contó que su madre, que la acompañó durante el viaje a Colombia, quedó encantada con Escobar, describiéndolo como “una criatura muy educada”. Durante otra aparición televisiva en el programa PH, Podemos Hablar, la modelo reveló que su madre incluso llegó a sugerir que se casara con el entonces joven colombiano.

“Mi mamá quería que me case con él porque era muy bueno. En ese momento no se sabía absolutamente nada de sus orígenes ni de lo que iba a hacer”, comentó Alfano, al destacar que en esos años Escobar aún no había mostrado ningún indicio de las actividades ilícitas que marcarían su vida.

Cabe destacar que, el encuentro con el mafioso fue solo uno de los tantos episodios fascinantes en la vida de Graciela Alfano, que reconoció públicamente relaciones y vínculos con diversas figuras mediáticas y políticas. En varias entrevistas, la modelo mencionó nombres como Diego Armando Maradona, Rodrigo Bueno, Mauricio Macri y Carlos Menem, entre otros.

En el caso de Escobar, sin embargo, el vínculo quedó en la anécdota, pero marcó una curiosidad histórica en su biografía. Durante la entrevista, la modelo también recordó cómo este episodio se convirtió en una broma familiar, especialmente por parte de su exesposo, que solía bromear con su madre sobre cómo habría cambiado la vida de Alfano si hubiese seguido el consejo materno.

Erland Ivar García alias “El Colla” está internado en la clínica Foianini de Santa Cruz de la Sierra tras ser herido en una balacera el 1 de septiembre. Según un informe policial, el hombre acusado de ser socio y testaferro del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, despertó del coma inducido durante la jornada del sábado.

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, señaló que esperan que su salud mejore para poder tomarle declaración e informó que se encuentra con resguardo policial, dentro y fuera de la clínica, ante el riesgo de fuga.

Tras conocer que había despertado del coma, el abogado de García, Silvestre Ibáñez, descartó que en los próximos días su defendido brinde declaraciones ante la Fiscalía. “En cuanto no exista un informe de que él está en buen estado de salud, no se podría”, manifestó en declaraciones recogidas por El Deber.

Erland Ivar García fue herido en la localidad La Enconada, del municipio cruceño de Cotoca -distante a 42 kilómetros de Santa Cruz- en una balacera originada por una “disputa y toma de posesión de la organización criminal que en un momento estaba liderada por Sebastián Marset”, según explicó el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera. La autoridad también informó que se identificó a un piloto paraguayo, conocido como “Teddy”, que mandó sicarios desde Beni a Santa Cruz para ejecutar a “El Colla”.

Por este caso hay dos personas detenidas preventivamente, una en la cárcel de Palmasola y otra bajo arresto domiciliario, quienes están acusadas por el delito de asesinato en grado de complicidad. Según el viceministro Aguilera, los detenidos llegaron al lugar del ataque minutos después de que los sicarios, se dieran a la fuga. Ambos habrían auxiliado a las víctimas y sacado objetos del vehículo negro en el que se trasladaban. Según videos grabados por testigos, se presume que se llevaron celulares, tabletas y un bolso.

En medio de la investigación, la Policía también requisó un hangar donde se incautaron nueva avionetas, cuatro vehículos y se encontraron prendas de vestir que pertenecerían a Sebastián Marset, durante su carrera como futbolista de un equipo de segunda división en Bolivia.

“El Colla” había sido liberado por un juez

Erland Ivar García fue detenido en agosto del año pasado acusado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Según el Ministerio de Gobierno, García tendría vinculaciones con el narcotraficante Sebastián Marset, de quien sería socio y testaferro.

Luego de la balacera del 1 de septiembre, el Ministerio de Gobierno responsabilizó a los jueces por su liberación a través de un comunicado e informó que interpuso un recurso de apelación que aún está pendiente.

“El Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez Primo Flores y vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado Erland García, con otorgarle su libertad”, se lee en el documento.

En ese marco, el ministerio encabezado por Eduardo Del Castillo exhortó la intervención de la Magistratura, que se encarga de fiscalizar el trabajo de los operadores de Justicia. “Esperamos que el Consejo de la Magistratura actúe de oficio en este caso. El Ministerio de Gobierno seguirá velando por los asuntos de seguridad del Estado, y en búsqueda de justicia para el pueblo boliviano”, demandó.

El viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, presentó este martes a María Fernanda Rivero García y Josué Rivero Suárez, las dos personas que fueron aprehendidas en medio de las investigaciones de la balacera ocurrida el pasado domingo en la que resultó herido Erland Ivar García, alias “El Colla”, supuesto socio y testaferro de Sebastián Marset en Bolivia.

La Fiscalía pidió 180 días de detención preventiva contra ambos, quienes fueron imputados por el delito de asesinato en grado de complicidad. Sin embargo, la Justicia dictaminó medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario y arraigo, para José Andrés Rivero Suárez porque su abogado desvirtuó los riesgos procesales como de fuga y obstaculización. En el caso de Maria Fernanda Rivero García, fue enviada a la cárcel de Palmasola por el lapso de 60 días, porque las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía dan cuenta que actuó en complicidad con su pareja, un piloto paraguayo que ordenó ejecutar a “El Colla”, según publicación del periódico El Deber.

Según el viceministro, Rivero García y Rivero Suárez llegaron al lugar del ataque minutos después de que los sicarios, que se trasladaban en una camioneta blanca, se dieran a la fuga. Ambos habrían auxiliado a las víctimas y sacado objetos del vehículo negro en el que se trasladaban, se presume que se llevaron celulares, tabletas y un bolso.

En un video grabado por testigos, se observa a Maria Fernanda Rivero entrar al vehículo y revisarlo detenidamente. Luego sale agarrando lo que parece ser un teléfono y una billetera. Ante la consulta de los testigos sobre si es familiar de las víctimas, la mujer responde “lo conozco”.

En medio de la investigación, la Policía también requisó un hangar donde se incautaron nueva avionetas, cuatro vehículos y se encontraron prendas de vestir que pertenecerían a Sebastián Marset, durante su carrera como futbolista de un equipo de segunda división en Bolivia.

La balacera ocurrió el pasado domingo al finalizar la tarde en el municipio de Cotoca, distante a 42 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. En un vehículo negro iban “El Colla”, que recibió cinco impactos de bala, y Pastro Zampiery, conductor del vehículo y que falleció en el ataque.

Según el viceministro Aguilera, la balacera pudo originarse por una “disputa y toma de posesión de la organización criminal que en un momento estaba liderada por Sebastián Marset”.

Liberado por la justicia

Contra Erland García pesan acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Fue detenido en agosto del año pasado y luego beneficiado con medidas sustitutivas. Tras obtener su libertad, habría vuelto a organizar una estructura criminal ligada al narcotráfico, según informa el periódico estatal Ahora El Pueblo.

Tras darse a conocer su identidad luego de la balacera, el Ministerio de Gobierno responsabilizó a los jueces por su liberación a través de un comunicado e informó que interpuso un recurso de apelación que aún está pendiente. “El Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez Primo Flores y vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado Erland García, con otorgarle su libertad”, se lee en el documento.

Actualmente Erland Ivar García se encuentra en una clínica de Santa Cruz recibiendo cuidados intensivos.

Este domingo por la tarde un grupo de sicarios armados mató en la localidad de Cotoca, en el departamento boliviano de Santa Cruz, a una persona e hirió con cinco impactos de bala a Erland Ivar García, alias “El Colla”, quien es señalado como el testaferro y hombre de confianza del sindicado narco uruguayo Sebastián Marset, según información del Ministerio de Gobierno.

García había sido capturado en agosto de 2023 y enviado a prisión con detención preventiva pero fue liberado. El Gobierno responsabilizó al juez Primo Flores y a los vocales de la Justicia por su liberación y pidió la acción del Consejo de la Magistratura para que fiscalice el caso.

En un comunicado público, el Ministerio de Gobierno señaló: “Dentro de la tramitación del presente proceso penal, en fecha 05/08/23, se determinó la detención preventiva de Erland Ivar García, alias “El Colla”, no obstante, el juez de la Causa, Juez Primo Felipe Flores Rodríguez y los vocales de las salas penales de Santa Cruz, a través de diferentes resoluciones, fueron favoreciendo al imputado otorgándole detención domiciliaria”, reseña el comunicado institucional.

“Posteriormente, en fecha 20/06/24 la vocal Gadys Alba de la Sala Penal Primera negó las apelaciones interpuestas por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Publico, y ratificó la decisión del Juez Primo Flores de levantar el escolta policial del imputado”, se añade.

El Ministerio de Gobierno indicó que en fecha 30 de julio de 2024, el juez Primo Flores procedió a levantar la detención domiciliaria de Erland Ivar García, disponiendo su libertad, a pesar de la “oposición fundada” presentada por esa cartera de Estado y la Fiscalía.

Luego, se presentaron los incidentes y recursos de apelación contra la “ilegal determinación que está pendiente se resuelva por la sala penal de turno”.

Según las investigaciones preliminares de lo ocurrido ayer, los sicarios se encontraban en una camioneta de color negro, que interceptó y disparó al vehículo en el que viajaban ‘El Colla’ y otro ocupante, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, falleció. El vehículo en el que viajaban los agresores está siendo buscado en la zona.

Después de la balacera, García fue trasladado a una clínica de Santa Cruz donde recibe cuidados intensivos producto de las cinco balas que recibió mientras se transportaba en un vehículo negro, donde otras personas resultaron heridas y una falleció.

Segundo hombre de Marset

En agosto del año pasado, Erland Ivar García fue presentado por la Policía boliviana y se dio a conocer los vínculos que tiene con el narcotraficante Uruguayo Sebastián Marset. “Estamos hablando del segundo al mando dentro de esta organización criminal (de Marset) y que no sólo está siendo buscado por nuestro país”, señaló aquella vez el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Según Del Castillo, “El Colla” era testaferro de Marset, administraba sus recursos y estaba encargado de lavar el dinero de la organización criminal del uruguayo.

Marset, de 33 años, es uno de los narcotraficantes más buscado de la región e investigado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El año pasado puso en apuros a las autoridades bolivianas cuando se conoció que vivía en ese país con otra identidad y donde tenía un equipo de fútbol de segunda división.

Las fuerzas de seguridad desplegaron varios operativos para capturar al narcotraficante que logró escapar y salir del país.

Un narcotraficante y prestamista de Nueva York (Estados Unidos), quien había sido liberado de una sentencia federal de diez años después de una conmutación en 2021 por el entonces presidente Donald Trump, ha sido arrestado por cargos de asalto, según los registros judiciales. Jonathan Braun enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo atacar a su suegro de 75 años y a su esposa.

De acuerdo con The New York Times, Braun ha sido acusado en documentos judiciales de golpear a su suegro en la cabeza dos veces, quien intentaba proteger a su hija, la esposa del acusado, de un ataque de Braun en su hogar de Long Island. Además, la mujer declaró a las autoridades que él la había agredido dos veces en las últimas cinco semanas.

El hombre fue puesto en libertad sin fianza después de declararse “no culpable” durante su comparecencia ante el tribunal el miércoles, según los registros judiciales. Esta decisión generó controversia, ya que los fiscales habían solicitado que se estableciera una fianza. Las autoridades también acusaron al sospechoso de hurto menor, alegando que no pagó 160 dólares en peajes mientras conducía un Lamborghini y un Ferrari sin placas.

En febrero, el juez federal de Manhattan, Jed Rakoff, impuso una multa de 20 millones de dólares a Braun por prácticas de préstamos usureros. El juez describió al sujeto como un hombre “descarado, que participó personalmente en esta conducta ilegal, y lo hizo con entusiasmo, con poco remordimiento”, citando correos electrónicos donde se jactaba de sus acciones.

Según NBC News, Braun aún se encuentra bajo libertad supervisada por sus condenas anteriores, lo que significa que podría ser regresado a prisión federal si un juez determina que violó sus condiciones de libertad.

El medio también señaló que la conmutación de Braun por Trump interrumpió una investigación en curso en la que los fiscales estaban negociando un acuerdo de cooperación, que habría permitido al acusado salir de prisión a cambio de proporcionar información sobre otros prestamistas. The New York Times detalló que la familia del sospechoso utilizó conexiones con la familia de Jared Kushner para influir en la decisión de clemencia del ex mandatario.

La historia ha continuado acumulando polémica desde su liberación. En mayo, Resorts Casino en Las Vegas pagó para que Braun y su primo volaran desde Nueva York a Nevada en un avión privado para participar de juegos de alto riesgo. Un asistente de vuelo encontró evidencia de uso de narcóticos durante el vuelo, lo que llevó a la policía a confiscar una pequeña bolsa con polvo blanco al aterrizar. Sin embargo, ni Braun ni sus acompañantes fueron arrestados, según el reporte policial difundido por The New York Times.

El caso sigue evolucionando y plantea serias preguntas sobre la efectividad del sistema de indultos y conmutaciones presidenciales. Las recientes acusaciones y los eventos que siguen surgiendo reflejan una compleja red de influencias y decisiones con consecuencias de largo alcance que continúan resonando en el sistema judicial y en la opinión pública.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió un incidente de competencia y definió que la imputación de cargos contra los seis policías señalados de presuntamente haber torturado a Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, estará a cargo del juez Promiscuo de Bolívar (Santander).

Este despacho será el encargado de tramitar la imputación y la medida de aseguramiento contra los uniformados Álvaro Gallardo Aparicio; Jhon Edinson Tejada Pinzón; Jaime Andrés Alarcón Diaz; Luis Albeiro Chavarría Monsalve; Arnobis Estith Hernández Corrales y Diego Alejandro Pardo Bedoya, que enfrentarán cargos por los delitos de homicidio y tortura agravados.

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Cabe recordar que, el 21 de marzo de 2024, la Fiscalía 88 Especializada de Derechos Humanos de Bucaramanga presentó la solicitud de imputación de los involucrados ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Peñón (Santander), pero este expresó impedimento para llevar el caso, argumentando que el proceso era competencia de un juez especializado en Bucaramanga.

Al intervenir en el conflicto de competencias, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinaron que la imputación debe ser llevada a cabo en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, lo que en este caso se refiere a una finca en el municipio de Bolívar (Santander), donde murió alias Matamba.

La decisión de la Corte especifica: “En ese orden de ideas, toda vez que, en dicho municipio tiene jurisdicción el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, es a esta autoridad la que le corresponde conocer las solicitudes radicadas por el delegado fiscal”.

Alias Matamba habría sido torturado y asesinado por la Policía

Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, reconocido como uno de los capos del narcotráfico más peligrosos de Colombia, fue abatido en mayo de 2022 en una zona rural de Antioquia. Las autoridades lo habían desplegado un operativo de recaptura, dos meses después de su fuga de la cárcel La Picota, en Bogotá.

Alias Matamba lideraba la red criminal Cordillera Sur, aliada del Clan del Golfo, y era responsable de la producción y envío de grandes cantidades de estupefacientes a los carteles mexicanos de la droga. Su influencia alcanzaba las altas esferas de las Fuerzas Militares y la Policía, para garantizar el libre tránsito de sus cargamentos.

El 18 de mayo de 2022, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la muerte de Matamba como un logro significativo de las autoridades. “Quiero informarles que en una operación de nuestra Policía, en coordinación con la Fiscalía en Bolívar (Santander), fue neutralizado Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, excabecilla del Clan del Golfo y uno de los criminales más buscados del país”, declaró Duque en sus redes sociales.

Sin embargo, recientes investigaciones revelaron presuntas irregularidades en la operación que resultó en la muerte de alias Matamba. La Fiscalía General de la Nación tuvo en su poder una serie de audios que sugieren una conspiración entre las propias autoridades y socios del exnarco para asesinarlo.

Se ha planteado la hipótesis de que este buscaba entregarse a las autoridades estadounidenses, quienes lo reclamaban en extradición, y entregar información sensible sobre las rutas del narcotráfico y contactos corruptos en la Policía y el Ejército.

Los informes indican que alias Matamba, al intentar colaborar con Estados Unidos, fue víctima de una emboscada en lugar de una resistencia armada, como se declaró originalmente. Es por ello que integrantes de la Policía, quienes participaron en la operación, ahora enfrentan investigaciones por posibles violaciones de derechos humanos y torturas.

¿Qué dicen los audios revelados por la Fiscalía?

En uno de los audios que sirvió como prueba para acusar a los seis policías implicados en la muerte de alias Matamba, testigos que presenciaron el hecho habrían señalado que en el operativo: “Empezaron a sacar de la casa revólveres, pistolas y un fusil que nunca habíamos visto. Tenían un dron, hablaban del avión fantasma y maniataron a los mayordomos a los que les gritaban: ‘cuidanderos de delincuentes’”.

Además, los testigos aseguraron que los policías cortaron algunos árboles de la finca para que aterrizaran helicópteros y llegaran más uniformados, que bajaron fusiles y le pusieron uno a alias Matamba para presentarlo como “baja” en el operativo.

De acuerdo con la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el narcotraficante Aristo Caicedo Segura deberá ser extraditado a Estados Unidos, luego de ser acusado por la Corte Distrital del Sur de la Florida, de su participación en el envío de cocaína colombiana a Norteamérica con escala en Guatemala.

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Según la investigación de las autoridades estadounidenses, desde enero de 2013 hasta marzo de 2021, Aristo Caicedo, presunto líder del grupo criminal Dante, habría dirigido y coordinado el envío de estupefacientes, como lo confirmaron varios testigos.

Es así que los magistrados dejaron en firme que la extradición en contra del presunto narcotraficante ante el material probatorio que recogio la fiscal Ellen D´Angello, donde regitran en detalle las reuniones de Caicedo Segura con “narcos” de Guatemala, México y otros países que ingresaban cargas en territorio estadounidense.

Dentro del expediente se señala que: “CAICEDO SEGURA operó como inversionista de cocaína, revendedor y coordinador de transporte para envíos de cocaína (...) Por ejemplo, un testigo cooperante (CW-1, por sus siglas en inglés) dijo a las autoridades de aplicación de la ley que CW-1 invirtió en aproximadamente cuatro o cinco envíos de cocaína que fueron enviados desde Colombia y recibidos por CAICEDO SEGURA frente a las costas de Guatemala, y cada envío contenía entre 300 y 500 kilogramos de cocaína”.

A pesar de que Aristo Caicedo Segura intentó evadir la extradición presentando un certificado de desmovilizado de las Farc expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los magistrados decidieron que las pruebas permiten inferir que sus actividades delictivas continuaron hasta al menos 2020.

La contundente decisión se basó en los registros migratorios de Caicedo Segura, quien viajó repetidamente a Guatemala y México entre 2013 y 2021, supuestamente para coordinar el envío de drogas a Norteamérica.

Sobre la captura

En abril de 2023, la Policía Nacional, en coordinación con la Agencia Antidrogas DEA, capturó a Aristo Caicedo Segura en Cali, Valle del Cauca. La detención se realizó cuando Caicedo Segura salía de una academia de aviación donde realizaba un curso de piloto comercial.

Según la investigación, Caicedo pertenece a la organización multicrimen ‘Dante’ y se encargaba de coordinar las fuentes de abastecimiento de cocaína en la costa del Pacífico colombiano, razón por la que fue requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida, por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

“Esta persona integraba la organización multicrimen ‘Dante’ era el encargado de coordinar las fuentes de abastecimiento para la adquisición de cocaína en la costa pacífica colombiana; también, responsable de generar los enlaces en Guatemala, como punto de tránsito para recibir las lanchas rápidas que llagaban desde Colombia. Allí, recogía los cargamentos de cocaína que posteriormente transportaban por vía terrestre hacia los Estados Unidos”, confirmaron las autoridades en ese momento.

También se le acusa de establecer enlaces en Guatemala, un punto de tránsito clave para recibir las lanchas rápidas provenientes de Colombia. En Guatemala se recogían los cargamentos de cocaína que luego eran transportados por vía terrestre hacia Estados Unidos.

La investigación revela que, una vez terminados sus estudios como piloto comercial, el plan de Caicedo era usar aviones ultralivianos para transportar la droga desde pistas clandestinas en Colombia hasta Guatemala, acelerando así el envío de la cocaína.

En ese momento, las autoridades celebraron la importante captura del narcotraficante porque era la número 34 con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes, cultivos ilícitos, lavado de activos, tráfico de sustancias químicas y personas que se dediquen a este tipo de actividades ilícitas”, finalizó la policía.