Emma Coronel aclaró los rumores sobre una supuesta invitación para entrar a La Mansión VIP después de que un video generara especulaciones sobre su posible ingreso al reality de HotSpanish, cuya segunda temporada arranca este domingo 8 de noviembre.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró seguidora de la primera temporada, por lo que los fans especularon que podría ser una de las participantes de la nueva edición. Un supuesto video filtrado habría encendido las especulaciones.

La modelo y creadora de contenido de 37 años ha retomado su vida en el ojo público tras la conclusión de su supervisión judicial en Estados Unidos, por lo que los fans especularon que podría entrar al reality en internet.

Emma Coronel responde si será participante de La Mansión VIP 2

Emma Coronel se pronunció mediante una transmisión en vivo en TikTok, plataforma en la que retomó actividad recientemente. “Hasta ahorita no he recibido ninguna invitación para ‘La Mansión’ ni ninguna nada”, dijo la modelo.

El estreno de la nueva temporada está programado para las 20:00 horas del tiempo del centro de México. Entre los confirmados hasta el momento figura la madre de Poncho De Nigris, Leticia Guajardo, conocida como “Doña Alegría”, séptima habitante anunciada por la producción.

El video que disparó las especulaciones de Emma Coronel como participante

El rumor surgió tras la circulación de un clip promocional en el que se observa de espaldas a una mujer de cabello largo y oscuro, a quien le colocan una corona sobre la cabeza. El video no muestra el rostro de la persona, pero el detalle de la corona se relacionó de inmediato con el apellido de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La creadora de contenido de espectáculos Lizeth Reyna abordó el tema y explicó el origen del material. “Me enviaron este video, asegurándome que salió de las historias de ‘HotSpanish’ y lo creí porque tiene el mismo formato con el que están presentando a los participantes”, dijo Reyna.

Reyna precisó que el clip no se encuentra en el perfil oficial de HotSpanish, lo que abrió dudas sobre su autenticidad. “Algunas personas aseguran que el video fue creado con Inteligencia Artificial”, señaló, aunque reconoció que otros usuarios lo consideran un promocional real vinculado con Coronel.

La respuesta de Emma Coronel en redes

Emma Coronel siguió de cerca la primera temporada de “La Mansión VIP” antes de este episodio. La modelo aprovechó la transmisión en vivo para cerrar la discusión sobre su posible participación en la edición que debuta este domingo.

La aclaración se dio en un contexto en el que Emma Coronel mantiene actividad pública en redes sociales, luego de haber reactivado su cuenta de TikTok. El momento coincide con la expectativa generada por el arranque de la segunda temporada del reality, que ya suma siete habitantes confirmados.

Lo que viene con el estreno

La producción de HotSpanish no se ha pronunciado públicamente sobre el video que generó la confusión ni sobre su autenticidad. Tampoco existe, hasta el momento, confirmación oficial sobre la lista completa de participantes para el estreno del próximo domingo.

El episodio se suma a la expectativa mediática que rodea a Coronel desde su salida de prisión en Estados Unidos, donde permaneció detenida por delitos relacionados con narcotráfico. Su reaparición en plataformas digitales ha generado atención constante entre usuarios de redes sociales, lo que facilitó la propagación del video sin verificar antes de su desmentido.

¿Dónde está Emma Coronel actualmente?

Emma Coronel reside actualmente en California, Estados Unidos, donde cumplió su condena y recientemente su libertad condicional. Mantiene actividad constante en Instagram (con un millón de seguidores), TikTok (donde reactivó su cuenta) y Kick, plataforma donde hace transmisiones en vivo de varias horas. El 21 de octubre, por ejemplo, anunció desde una transmisión en Kick el fin anticipado de su libertad condicional.

Qué hizo Emma Coronel por El Chapo Guzmán

Coronel se declaró culpable en 2021 de cargos relacionados con narcotráfico internacional, lavado de dinero y conspiración para ayudar a Guzmán Loera a escapar de prisión en 2015. Cumplió tres años de prisión y, tras su salida, continuó bajo supervisión judicial.

La libertad condicional, que debía concluir en septiembre de 2027, terminó de manera anticipada. Esto elimina el principal obstáculo que su defensa había señalado para gestionar comunicación con El Chapo.

La abogada Mariel Colón, quien representa tanto a Guzmán Loera como a Coronel, planea solicitar formalmente que la pareja retome comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas. Esta petición se vuelve viable ahora que terminó la probatoria de Coronel, condición que la defensa había puesto como requisito previo.

Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria en su juventud cuando la contrató para cantar frente a 100 personas, sin que ella supiera quién era el hombre que la había invitado. La cantante relató que llegó al lugar y, poco antes de presentarse, su madre, Marta, le reveló que el anfitrión era el temido narco.

Méndez contó que su madre reaccionó con rapidez y decidió manejar la situación con cautela. Mientras la artista se preparaba para cantar, Marta le señaló a Escobar entre los asistentes: era un hombre de baja estatura, de complexión robusta y vestido con un traje Armani, dijo Méndez en el programa de radio de Maxine Woodside.

La cantante dijo que quedó petrificada al reconocerlo y que se sintió muy nerviosa durante la presentación. Después del espectáculo dejó de cantar, se retiró y le pidió a su madre que ambas abandonaran el lugar.

Cuando recogían sus pertenencias, una persona llamó a la puerta y avisó que Escobar quería saludarlas. Méndez recordó que sintió una fuerte descarga de adrenalina y que permaneció en silencio, mientras su madre comenzó a platicar con el narcotraficante.

“Tenía un traje Armani hermoso, olía muy rico, era muy educado, era paisa, osea que hablaba con la s marcada. Muy atractivo, en ese momento no importaba que fuera lo que era, dije ‘qué atractivo es este hombre’. Si yo me lo hubiera encontrado en una fiesta y no sé qué es él yo creo que sí me liga porque tenía una gran caballerosidad”, relató Lucía Méndez.

La conversación entre Marta y Pablo Escobar

La cantante describió a Escobar como un hombre bien vestido, perfumado, educado y caballeroso. También relató que le pareció atractivo, aunque aseguró que el miedo dominaba el encuentro porque conocía su identidad y las actividades criminales con las que se le relacionaba.

Marta habló con Escobar sobre su vida y le pidió que se acercara a Dios. Según el relato de Méndez, el narcotraficante se conmovió, se le llenaron los ojos de lágrimas y escuchó con atención a la madre de la cantante.

Méndez afirmó que Escobar le dijo a Marta que había llegado enamorado de su hija, pero que después de conocerla había quedado impresionado por ella. También le ofreció su amistad y le entregó un número telefónico para que lo llamara si necesitaba ayuda para protegerse o atender algún problema de sus hijos.

La cantante señaló que su madre logró establecer una conexión con Escobar y que la conversación evitó que el encuentro terminara de otra manera. Después, Marta acudió al baño, sufrió una crisis y comenzó a llorar porque pensó que su hija podía ser llevada por el narcotraficante.

Al día siguiente, Escobar mandó a dos escoltas con flores para ambas. Méndez recibió flores rojas, mientras que su madre recibió flores blancas.

La cantante recordó que ella y Marta subieron temblando al avión para regresar. Aseguró que Escobar nunca volvió a molestarla y atribuyó esa protección a Dios.

• Lucía Méndez acudió a cantar ante 100 personas sin saber que el anfitrión era Pablo Escobar.
• Su madre Marta habló con el narcotraficante y consiguió que le ofreciera ayuda y protección.
• Al día siguiente, Escobar mandó a dos escoltas con flores para la cantante y su madre.

Previamente había contado un poco de esa reunión

Lucía Méndez relató que conoció a Pablo Escobar durante un concierto privado en Medellín, Colombia, y afirmó que el narcotraficante le entregó un teléfono para que pudiera pedirle ayuda si alguien molestaba a ella o a su familia. La actriz recordó el episodio en Siempre Reinas, producción de Netflix que siguió su vida junto con Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel.

La intérprete contó que asistió al compromiso sin saber quién la había contratado. Su madre fue quien le advirtió que el hombre sentado frente a ellas era Escobar: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”.

Méndez explicó que la revelación la aterrorizó, aunque decidió continuar con la presentación. “A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar”, dijo al recordar la reacción de su madre antes del concierto.

Después del show, ambas se dirigieron al camerino para cambiarse y retirarse del lugar. La actriz de Colorina señaló que recibió entonces el aviso de que Escobar quería saludarlas.

Escobar le habría ofrecido ayuda para ella y su familia

La actriz describió el encuentro como uno de los momentos de mayor miedo en su carrera. “Fue cuando estaba en su momento, cuando era Pablísimo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado”, relató en el programa.

De acuerdo con su testimonio, el narcotraficante le habría dicho: “El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”.

Méndez aseguró que el ofrecimiento la dejó sin palabras por la tensión del momento. “Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda”, expresó sobre la conversación que sostuvo con el entonces jefe del narcotráfico colombiano.

El episodio surgió mientras la cantante buscaba un atuendo para usar en la primera entrega de Siempre Reinas. La producción reunió a las cuatro actrices y presentó conversaciones sobre aspectos de sus trayectorias personales y profesionales.

La actriz negó vínculos con integrantes del narcotráfico

En 2021, tras la publicación de Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, algunos medios cuestionaron a Méndez sobre su experiencia con personajes vinculados al narcotráfico. El libro mencionó a figuras del espectáculo como Galilea Montijo, Issabela Camil y Alicia Machado por presunto contacto con integrantes de ese ámbito.

La cantante sostuvo que se había mantenido al margen de esas relaciones. “No, me he mantenido alejada, es una línea muy delgada, no me pasó eso, nada de eso, para nada”, respondió durante un encuentro con la prensa.

También negó haber participado en las llamadas narcofiestas. “A mí no me pasó y definitivamente le agradezco a la vida que no me haya pasado nada de eso, la verdad”, declaró.

En 2020, Méndez ya había hecho referencia a una presentación en Medellín, aunque entonces evitó identificar a Escobar. “Alguna vez en Medellín, era lógico, había muchos narcos ahí”, comentó ante medios de comunicación.

En aquella ocasión explicó que había cantado para un evento privado donde percibió un ambiente inusual. “Canté para un privado y estaba como muy raro. Pues no sé, pero ese día yo creo que sí había narcos o algo porque estaba muy raro”, afirmó.

La actriz rechazó que se le atribuyeran nombres de narcotraficantes que habrían asistido a ese compromiso. “No sé nada. Ya me están inventando nombres de los narcotraficantes asistentes. No creo que haya sido ni Fernando Mondragón, ni nada”, advirtió.

Méndez, Zapata, Herrera y Pasquel se estrenaron como figuras de reality el domingo 2 de octubre en Netflix, con historias y controversias que las actrices presentaron por primera vez ante sus seguidores.

La presencia militar desplegada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en Sinaloa no logró detener la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa que se enfrentan desde septiembre de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos.

Un despliegue que llegó a sumar más de 11 mil soldados y agentes de la Guardia Nacional no impidió que la violencia continuara durante dos años y se desplazara hacia Mazatlán y la frontera con Nayarit, según documentó un equipo de InsightCrime que viajó a Culiacán.

El sitio especializado en crimen organizado envió a la analista Victoria Dittmar y al codirector Steven Dudley a recorrer la capital sinaloense. Ambos constataron que los retenes militares y la vigilancia constante coexisten con ataques que ocurren a plena luz del día en zonas céntricas de la ciudad.

El tiroteo que InsightCrime presenció bajo vigilancia militar en Culiacán

Durante su visita, el equipo de InsightCrime presenció un tiroteo en un restaurante cercano a su hotel, un jueves por la noche. El objetivo era un cantante de narcorap cuyas letras hacían referencia a Los Chapitos, según relató Dittmar.

El ataque ocurrió en un horario en que el local estaba lleno de familias y grupos de amigos. Dittmar explicó que ese tipo de agresiones contra integrantes o simpatizantes de la facción rival sigue siendo frecuente pese al operativo militar en marcha.

Ese episodio sintetiza el primer motivo del fracaso de la estrategia: la violencia cambió de forma, pero no se detuvo. Dudley señaló que esos hechos ocurren “bajo las narices” de una presencia militar sin precedentes en la zona.

Los signos visibles del crimen organizado, en cambio, sí disminuyeron. Los llamados “punteros”, jóvenes vigías con radios que antes custodiaban distintas zonas de la ciudad, ya no se observan en el espacio público.

La parafernalia narco y los narcocorridos dejaron de reproducirse de forma abierta. Esa retracción simbólica generó dudas entre los propios investigadores sobre si refleja una pérdida real de poder o simplemente miedo de la población a exhibir cualquier vínculo con los grupos armados.

El despliegue militar bajo Sedena y su efecto limitado en Culiacán

La respuesta estatal recayó casi por completo en fuerzas federales bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen retenes en los accesos a Culiacán y una vigilancia constante dentro de la ciudad, según documentó el trabajo de campo de InsightCrime.

Un estudio de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point ofrece una explicación concreta del límite de esa estrategia. El análisis, elaborado por Sandra Pellegrini, responsable regional de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), identificó que los cárteles modificaron sus operaciones para reducir su exposición ante las fuerzas de seguridad.

La investigación detectó un uso creciente de drones explosivos, minas terrestres improvisadas y desapariciones forzadas como forma de ejercer control territorial con menor visibilidad. Solo en 2026, ACLED documentó al menos 54 ataques con drones por parte de organizaciones criminales, concentrados principalmente en Sinaloa y Michoacán.

Por qué la presencia militar no logró detener la guerra del Cártel de Sinaloa tiene una respuesta directa: el Ejército concentró sus operativos en Culiacán, mientras las facciones trasladaron sus disputas hacia otros municipios y adoptaron tácticas menos visibles, como ataques selectivos y desapariciones. El resultado fue una reducción de la violencia en la capital sinaloense, pero un recrudecimiento del conflicto en el sur del estado.

Mazatlán y Escuinapa, los municipios donde la violencia se multiplicó

El estudio de West Point confirmó esa dinámica con cifras concretas. Los incidentes violentos se duplicaron en Mazatlán y se multiplicaron por cinco en Escuinapa respecto de 2025, mientras la violencia disminuía en Culiacán.

La propia investigación advirtió que la concentración de operaciones en la capital pudo contribuir a ese desplazamiento del conflicto hacia otras regiones. Las organizaciones mantuvieron sus enfrentamientos por el control territorial y las economías criminales, solo que en escenarios donde la presencia militar era menor.

Dudley explicó que los combates se trasladaron hacia el puerto de Mazatlán y hacia municipios fronterizos con el estado de Nayarit. Esas rutas, según el codirector de InsightCrime, adquirieron un valor estratégico creciente para las facciones en disputa.

A nivel nacional, el mismo estudio reconoció una disminución del 19% en los eventos violentos protagonizados por grupos armados no estatales durante los primeros ocho meses de 2026. Esa cifra, sin embargo, convive con el recrudecimiento de la violencia en municipios específicos de Sinaloa, lo que evidencia un patrón de desplazamiento más que de contención real.

Las desapariciones y la corrupción que erosionaron el operativo militar

Las desapariciones forzadas se consolidaron como un fenómeno que no había caracterizado a los conflictos previos en Sinaloa. Ese patrón de violencia menos visible se sumó a ataques selectivos contra laboratorios clandestinos y viviendas vinculadas a la facción rival.

El despliegue militar, además, coincidió con un escándalo que afectó al gobierno local. Autoridades de Estados Unidos imputaron a principios de este año a figuras del gobierno estatal, incluido quien ocupaba entonces la gubernatura de Sinaloa, por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Esos vínculos habrían incluido protección a cargamentos de droga y alertas previas sobre operativos de seguridad. La denuncia introdujo una variable adicional al fracaso de la estrategia militar: la sospecha de que parte del aparato estatal operaba en sentido contrario al despliegue federal.

Las operaciones federales sí derivaron en arrestos de operadores financieros y logísticos de ambas facciones. Esos golpes puntuales, no obstante, no alteraron la dinámica general del conflicto ni impidieron su extensión territorial.

El gobierno de Sheinbaum reforzó el operativo tras un ataque armado contra dos legisladores estatales. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.600 soldados adicionales, entre ellos 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, trasladados en cuatro aviones de transporte de la Fuerza Aérea.

Ese refuerzo llegó menos de una semana después de que cientos de personas protestaran en Culiacán por la muerte de un civil durante un operativo militar fallido. Un hombre de 24 años murió baleado mientras conducía, en lo que las autoridades describieron como un caso de identidad equivocada.

El saldo de dos años de confrontación superó las 3 mil muertes, según cifras citadas durante las movilizaciones de septiembre en Culiacán. Más de 5 mil negocios cerraron y la economía estatal perdió miles de empleos, de acuerdo con el testimonio del dirigente empresarial Sergio Esquer.

El propio Ejército informó en octubre que había matado a 19 presuntos integrantes de los cárteles y detenido a un líder local, en lo que calificó como sus enfrentamientos más violentos en años contra el narcotráfico. Ese dato ilustra la intensidad de la confrontación militar sin que ello haya significado el fin del conflicto.

Steven Dudley planteó que el eventual ganador de la guerra podría ser Fausto Isidro Meza, conocido como “Chapo Isidro”, una figura que permaneció fuera de la escena pública durante años. Su posible ascenso ocurre, según el codirector de InsightCrime, pese al despliegue militar más grande que haya enfrentado el estado de Sinaloa en su historia reciente.

Dos años después de que Joaquín Guzmán López entregara a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos, la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza sigue activa en Sinaloa. Un equipo de InsightCrime, integrado por la analista Victoria Dittmar y el codirector Steven Dudley, viajó a Culiacán y documentó que la violencia continúa pese a un despliegue militar sin precedentes.

Según relató Dittmar, durante la visita del equipo hubo un tiroteo en un restaurante cercano a su hotel. El objetivo era un cantante de narcorap cuyas letras hacían referencia a Los Chapitos.

El tiroteo que InsightCrime presenció en Culiacán durante su visita

El ataque ocurrió un jueves por la noche, en un horario en que el local estaba lleno de familias y grupos de amigos. Dittmar explicó que ese tipo de agresiones contra integrantes o simpatizantes de la facción rival sigue siendo frecuente en la ciudad.

El episodio confirma que los asesinatos selectivos, dirigidos contra personas vinculadas o percibidas como afines a un bando, reemplazaron en buena medida a los enfrentamientos abiertos de la primera fase de la guerra. Dittmar señaló que esto ocurre “bajo las narices” de una presencia militar sin precedentes en la zona.

¿Por qué la presencia militar no logró frenar la guerra en Sinaloa? Porque los operativos redujeron la visibilidad del crimen organizado en Culiacán, como los puntos de vigilancia callejeros y la parafernalia narco, pero no impidieron el traslado del conflicto hacia otros municipios ni los ataques selectivos. El despliegue militar coincidió con un desplazamiento geográfico de la disputa hacia Mazatlán y la frontera con Nayarit.

Los signos visibles del narcotráfico desaparecieron, pero la violencia no

Antes del conflicto, era habitual ver en Culiacán a los llamados “punteros”: jóvenes vigías con radios apostados en distintos puntos de la ciudad. Dittmar confirmó que esa figura ya no es visible en el espacio público.

La parafernalia asociada al narcotráfico, como gorras y camisetas con símbolos de los cárteles, también dejó de observarse con la frecuencia de años anteriores. Los narcocorridos, canciones que hacen referencia directa a organizaciones criminales, ya no se reproducen de forma abierta en bares y espacios públicos.

Pese a esa disminución de la presencia simbólica, Dittmar fue categórica: la violencia sigue sin mostrar señales de que la guerra esté por terminar. Steven Dudley planteó que todavía es difícil medir si esa retracción de símbolos responde a una erosión real de la legitimidad de los grupos criminales o simplemente al miedo de la población.

Dudley recordó que la facción de Los Chapitos llegó a sentirse dueña de Culiacán, con libertad de movimiento y gasto visible en clubes y restaurantes de alta gama. Esa sensación de impunidad territorial contrasta con la disminución actual de signos públicos de pertenencia narco.

La vida cotidiana de los residentes bajo un cálculo de seguridad constante

Para los habitantes de Culiacán, salir de casa implica evaluar a diario si vale la pena ir a determinado lugar y en qué horario. Dittmar describió que los vecinos comparten ubicaciones entre sí y consultan grupos de WhatsApp para verificar si es seguro moverse por la ciudad.

Esa información compartida entre residentes no siempre está confirmada, lo que alimenta una sensación colectiva de incertidumbre. Según Dittmar, la percepción dominante entre los entrevistados es que “algo puede pasar en cualquier momento”, ya sea en un mercado, un centro comercial, un restaurante o la calle.

Aunque en ciertas semanas la intensidad de los enfrentamientos disminuye, esa sensación de riesgo permanente no desaparece. Dittmar explicó a InsightCrime que incluso cuando la violencia parece ceder, los residentes no bajan la guardia porque consideran que un hecho violento puede ocurrir en cualquier punto de la ciudad.

El impacto económico ha sido severo desde el inicio del conflicto. Algunos economistas estimaron que el golpe a la economía de Culiacán fue incluso mayor que el ocasionado por la pandemia de covid-19.

Dittmar confirmó que, en la actualidad, muchos comercios siguen cerrados y los hoteles operan con baja ocupación. Restaurantes que antes permanecían abiertos hasta tarde ahora cierran sus puertas más temprano de lo habitual.

El empresario Sergio Esquer, dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, informó que más de 5 mil negocios cerraron desde el inicio de la disputa entre facciones. Esa cifra forma parte del deterioro económico que atraviesa una entidad de tres millones de habitantes.

Tres guerras en menos de veinte años dentro del Cártel de Sinaloa

Steven Dudley aportó una perspectiva histórica al señalar que el conflicto actual es la tercera gran fractura interna del Cártel de Sinaloa en años recientes. La primera ocurrió en 2008, cuando la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán rompió su alianza con los hermanos Beltrán Leyva.

Dudley explicó que aquella ruptura derivó en acusaciones cruzadas de traición entre ambos bandos y en un nivel de violencia que, en términos de homicidios, superó incluso al del conflicto actual. La segunda fractura se produjo alrededor de 2017, impulsada por una facción local encabezada por un operador identificado como Minilik.

Esa segunda guerra generó violencia, aunque de menor magnitud que la primera. El conflicto actual, que estalló en septiembre de 2024 tras la entrega de “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, representa entonces el tercer gran quiebre interno de la organización en menos de dos décadas.

Dudley sugirió que esta repetición cíclica podría generar entre los habitantes de Sinaloa cierta familiaridad con los ciclos de violencia. Al mismo tiempo, reconoció que la fatiga acumulada tras tres guerras sucesivas plantea la pregunta de si existe un límite para la tolerancia social frente a estos episodios.

La respuesta estatal ante el conflicto recayó en fuerzas federales bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen retenes en los accesos a Culiacán y una vigilancia constante dentro de la ciudad, según documentó el trabajo de campo de InsightCrime.

Esa presencia militar coincidió con un escándalo político: autoridades de Estados Unidos imputaron a inicios de este año a figuras del gobierno estatal, incluido quien era entonces el gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con Los Chapitos. Las operaciones federales derivaron en arrestos de operadores financieros y logísticos de ambas facciones, aunque sin frenar el conflicto de fondo.

Dudley planteó durante la visita que existe un posible ganador dentro de esta guerra prolongada: Fausto Isidro Meza, conocido como “Chapo Isidro”. Según el codirector de InsightCrime, esta figura permaneció fuera de la escena pública durante años y podría emerger ahora como el actor con mayor proyección del conflicto.

Los combates, inicialmente concentrados en Culiacán, se desplazaron hacia el puerto de Mazatlán y hacia municipios fronterizos con el estado de Nayarit. Ese desplazamiento geográfico sugiere que las rutas del sur del estado adquirieron un valor estratégico creciente para las facciones en disputa.

El equipo de InsightCrime concluyó que el Cártel de Sinaloa no está desarticulado, sino en proceso de reconfiguración de su estructura de mando. Según su análisis, esta es la tercera guerra interna de la organización en veinte años, y las fuentes locales consultadas coinciden en que la estructura criminal más amplia permanece intacta pese al desgaste de dos años de enfrentamientos.

Un operativo con más de 350 efectivos desplegados en simultáneo permitió desarticular dos organizaciones dedicadas a la venta de drogas que operaban en distintas localidades del departamento Río Cuarto. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 32 allanamientos que derivaron en 28 personas detenidas, entre ellas 19 hombres y nueve mujeres, todas mayores de edad.

El despliegue alcanzó a cinco localidades cordobesas: Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina. El operativo fue producto de intensas tareas investigativas y buscó golpear de manera simultánea las dos estructuras delictivas identificadas por las autoridades.

De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado de los procedimientos dejó un saldo económico que supera los 117 millones de pesos entre dinero en efectivo, droga, vehículos y armas secuestradas, un dato que ilustra la escala del entramado económico que sostenían ambas bandas en la región.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 2.950 dosis de cocaína y 701 dosis de marihuana, además de 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa que indicarían actividad de cultivo propio por parte de alguna de las organizaciones. El hallazgo de plantines sugiere una producción paralela a la comercialización de sustancias ya fraccionadas.

En materia económica, los investigadores secuestraron 15.452.100 pesos en efectivo y 10.071 dólares estadounidenses, montos que se suman al valor de las drogas decomisadas para completar el total general informado de 117.943.430 pesos.

El operativo también incluyó el secuestro de cuatro vehículos y cuatro armas de fuego, junto con otros elementos considerados de interés para la causa judicial, cuya naturaleza específica no fue detallada por las fuentes oficiales.

Un dato relevante de la investigación es que las dos bandas desmanteladas no mantenían conexión operativa entre ellas. Según se estableció durante la causa, cada organización operaba de manera independiente, con una dinámica de funcionamiento propia, sin que existiera vinculación entre ambas estructuras delictivas pese a actuar en el mismo departamento.

Ambas redes se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en las ciudades mencionadas del departamento Río Cuarto, de acuerdo con lo establecido por la pesquisa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la causa, ordenó la remisión de todos los elementos incautados durante los procedimientos y dispuso el traslado de los 28 aprehendidos a sede judicial. Los detenidos deberán responder por el delito de Comercialización Agravada de Estupefacientes.

Un par de días atrás, tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

La intervención abarcó tres domicilios situados en dos localidades del departamento Marcos Juárez. Según la información oficial, los registros permitieron el secuestro de dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros objetos considerados relevantes para el avance de la causa.

La actuación judicial mantiene relación con un operativo anterior, concretado el 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. En ese caso, la FPA informó que fueron desarticulados tres puntos de venta de drogas y detenidas tres personas.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

La FPA intervino en los tres domicilios como parte de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados.

Durante las medidas ordenadas por la Justicia se incautaron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa. También fueron secuestrados elementos que quedaron incorporados a la investigación, aunque no se informó públicamente el detalle de esos objetos ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

Los elementos incautados serán analizados dentro del expediente judicial. La información disponible no señala, por el momento, qué imputaciones podrían corresponderles a los aprehendidos ni si se solicitarán nuevas medidas en el marco de la causa.

Un hombre identificado como Uriel ‘N’, alias ‘El Cangreburguer’, se convirtió en el centro de una investigación que vincula al crimen organizado con el sur de la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina lo señalara como presunto colaborador de ‘El Seven’, líder de una facción de La Familia Michoacana.

La detención del sujeto no fue un hecho aislado. Un operativo de la Policía de Investigación (PDI) lo capturó semanas atrás en una de las alcaldías donde opera la organización criminal.

El caso avanzó con rapidez en los tribunales capitalinos. Una audiencia reciente determinó el rumbo legal que enfrentará el detenido en los próximos meses.

Detrás del apodo y la vinculación a proceso hay una historia de extorsión, armas y disputas territoriales. A continuación, un perfil de quién es ‘El Cangreburguer’ y por qué su captura resulta relevante para las autoridades.

Milpa Alta y Tláhuac, los puntos de operación de ‘El Cangreburguer’

De acuerdo con las investigaciones, Uriel ‘N’ desarrolla actividades criminales en al menos dos alcaldías de la Ciudad de México: Tláhuac y Milpa Alta. Ambas demarcaciones se ubican en el sur y sureste de la capital del país.

Los reportes oficiales lo vinculan con extorsión, despojo, homicidio y venta de drogas. Hasta el momento, se desconocen datos personales básicos sobre su identidad.

La denuncia por extorsión a un comercio permitió a las autoridades establecer la identidad de ‘El Cangreburguer’. A partir de esa pesquisa, también se determinó su presencia en el Estado de México.

Durante el operativo de detención, los agentes aseguraron un arma de fuego, cartuchos y diversas cantidades de narcóticos. Estos objetos forman parte de las pruebas que sustentan la causa penal.

La captura se concretó en flagrancia dentro de la alcaldía Milpa Alta. La FGJ capitalina difundió el hecho a través de su cuenta oficial en la red social X.

‘El Seven’ y La Familia Michoacana controlan el sur de la Ciudad de México

Juan ‘N’, conocido como ‘El Seven’, encabeza una facción de La Familia Michoacana con presencia en tres alcaldías capitalinas. La organización opera en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

El grupo criminal también mantiene actividad en municipios colindantes del Estado de México y Morelos. Esta expansión territorial facilita el desplazamiento de miembros entre distintas entidades.

Uriel ‘N’ es señalado como presunto colaborador directo de ‘El Seven’ dentro de esa estructura. La Fiscalía capitalina estableció este vínculo como parte de la investigación que derivó en la detención.

La Familia Michoacana es una organización delictiva con presencia histórica en el occidente del país. En años recientes, extendió su influencia hacia zonas del sur de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas continúan las investigaciones contra la facción liderada por ‘El Seven’. El objetivo de las pesquisas es identificar a otros posibles colaboradores dentro de la estructura criminal.

La causa penal contra Uriel ‘N’ se mantiene abierta en dos frentes judiciales distintos. El avance del proceso dependerá de las resoluciones que emitan tanto la Fiscalía capitalina como la FGR en los próximos meses.

La Fiscalía General de Justicia vinculó a proceso a Uriel ‘N’ el 7 de octubre

La audiencia del 7 de octubre determinó que Uriel ‘N’ enfrentará un proceso por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez separó la causa en dos vías según la competencia de cada autoridad.

El delito de portación de arma quedó bajo jurisdicción federal. Por esta razón, el caso se turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su integración.

Los delitos contra la salud y el cohecho permanecen bajo competencia de la Fiscalía capitalina. Ambas instancias continuarán sus investigaciones de manera independiente.

Uriel ‘N’ quedó a disposición de un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes. El imputado permanecerá en prisión preventiva durante los próximos meses.

La vinculación a proceso representa una etapa intermedia del sistema penal mexicano. En ella, un juez determina si existen indicios suficientes para continuar una investigación formal contra un acusado.

La modelo se sorprendió al ver el tamaño del regalo del creador de contenido, y en el intercambio ambos dejaron en claro que la relación que sostienen es por amistad, luego de que ambos coincidieran en un live, en el que el influencer se sorprendió al enterarse de quién era Emma Coronel.

Así fue la reacción de Emma Coronel ante el regalo de Davis Flow

Davis Obed Silva Antúnez, nombre real de Davis Flow, de 28 años, entregó el arreglo floral a Coronel, de 37 años, quien no pudo ocultar la sorpresa. “¿Por qué está tan grande?” y “¿sabías que no es necesario?”, le preguntó la modelo al recibir el ramo.

El influencer admitió que el tamaño del arreglo obligó a colocarlo con cuidado porque “sí pesa”. Flow dedicó unas palabras a Coronel: “Usted se merece muchas más, obviamente. Muy buena persona, muy buena amiga, se ha compartido muy linda conmigo”.

“Con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho respeto. Sabe que le he agarrado cariño de tantos lives que hemos hecho, tantas cosas que hemos compartido”, agregó el creador de contenido.

¿Cuál es la relación de Emma Coronel y Davis Flow?

Davis Flow y Emma Coronel se conocieron a través de una transmisión en vivo en TikTok. En ese momento, el influencer desconocía la identidad de la mujer con la que interactuaba, es decir, que se trataba de la esposa de “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

El momento se hizo viral, ya que el influencer hondureño aseguró que “tenía novio” y “le gustaban los hombres”, luego de que en el chat le advirtieran de la relación de Coronel con el narcotraficante.

Desde entonces, ambos han compartido varios encuentros documentados en redes sociales. Davis Flow, acompañado por la también creadora de contenido Carolina Flow, realizó una visita formal al domicilio de Coronel en la que le entregó el ramo de rosas rojas.

Cocina, baile y transmisiones en Kick; la convivencia de Emma Coronel con Davis Flow

Tras la entrega del ramo, ambos compartieron una jornada de convivencia que incluyó momentos en la cocina. En otros videos difundidos en redes sociales aparecen bailando música regional y el hondureño le entrega una rosa adicional a Coronel.

La pareja también protagonizó bloques extensos de conversación transmitidos a través de la plataforma de streaming Kick. El gesto se suma a una serie de encuentros que ya habían comenzado a viralizarse en semanas previas.

Emma Coronel niega intenciones románticas

La modelo mexicana aseguró que no existe ninguna mala intención de su parte en la relación con Flow. Coronel recordó que, tras cumplir sus procesos legales, goza de plena libertad para socializar públicamente.

Durante el momento de la entrega, Davis Flow explicó que las rosas eran un agradecimiento por la amistad que mantiene con Coronel. El artista destacó que ella se había mostrado “amable, humilde, cariñosa y respetuosa” con él.

¿Quién es Davis Flow, el influencer que le regaló rosas a Emma Coronel?

Davis Flow, cuyo nombre real es Davis Obed Silva Antúnez, es un influencer, rapero y creador de contenido originario de Honduras.

Comenzó a publicar videos de freestyle en YouTube alrededor de 2014 y desde entonces desarrolló actividad constante en TikTok, Instagram y YouTube. En su carrera musical destacan temas como “Rip Menor Menor”, “Volver el Tiempo” y “Ganga”, además de “Chingoteo” junto a La Gigi, que suma 1.9 millones de reproducciones en YouTube. Para agosto de 2025, su cuenta de Instagram reunía cerca de 501,000 seguidores.

En 2026 firmó con Platense FC, equipo de la Liga Nacional de Honduras, lo que generó rumores sobre un posible debut como profesional tras realizar pretemporada con el club. También formó parte de un partido de creadores de contenido de Honduras contra El Salvador, en el que anotó un gol.

Participó y ganó la primera temporada de El Juego del Hambre, reality digital producido por Termómetro Show con temática de supervivencia entre creadores de contenido, con un premio de 10,000 dólares.

¿Dónde está Emma Coronel actualmente?

Emma Coronel Aispuro vive actualmente en California, Estados Unidos, bajo libertad condicional tras su liberación de prisión el 13 de septiembre de 2023, luego de haber sido detenida el 22 de febrero de 2021. Coronel se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos. Tras cumplir su condena, quedó sujeta a un periodo de libertad condicional de 48 meses.

Reside junto a sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel, quienes cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto. No existe reporte de divorcio entre ella y Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque su relación conyugal se mantiene condicionada por el encarcelamiento del capo.

Daniel Mateo Bommer (25), miembro de una organización narco de Rosario, fue condenado a 11 años de prisión como partícipe secundario del salvaje homicidio del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, ejecutado a balazos el 1º de febrero de 2023 frente a la cancha del club Newell’s Old Boys.

La pena de 11 años incluye una condena de un año y seis meses que Bommer firmó tiempo atrás en la Justicia Federal por la tenencia simple de drogas, según indicó el medio Rosario 3. La condena fue acordada tras un juicio abreviado, en el que se pusieron de acuerdo los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, junto con el defensor público Iván Russo. La sentencia recibió la homologación del juez Fernando Sosa.

Bommer, de 25 años, quedó condenado por colaborar con el grupo que asesinó a Altamirano y por integrar la estructura del capo narco Pablo Nicolás Camino, preso en el penal de Rawson, en Chubut.

La condena a Bommer se basó en las comunicaciones telefónicas, registros de antenas y declaraciones que lo relacionaron con los preparativos del homicidio de “Jimi” Altamirano, aunque esas pruebas no alcanzaron para atribuirle la autoría material. Por eso fue considerado partícipe secundario del asesinato y recibió una pena de 11 años de prisión.

Según la Fiscalía, el día del crimen Bommer se comunicó con Alexis “Tato” Romero y con Camino en reiteradas oportunidades. El Ministerio Público afirmó: “Estas comunicaciones sirvieron para coordinar el homicidio entre quienes lo ordenaron y quienes lo cometieron”.

Altamirano, músico punk y sin antecedentes penales, fue secuestrado el 1º de febrero de 2023 en la intersección de 27 de Febrero e Iriondo. Cinco minutos después de las 23, fue asesinado.

El cuerpo fue abandonado en las inmediaciones del estadio de Newell’s Old Boys, en un hecho que, según la acusación, buscaba enviar un mensaje a referentes de la barra brava vinculados con la banda Los Monos, otra de las organizaciones narco más salvajes de Rosario.

Junto al cadáver hallaron una nota que decía: “Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez, dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario”.

La Fiscalía atribuyó a Camino la instigación del homicidio. También imputó como presuntos autores materiales a Romero, Axel Daniel Ramírez y Uriel Enrique. A Romero y Ramírez les adjudicaron el robo del Renault Sandero utilizado para cometer el crimen, sustraído el 30 de enero de 2023 en Chacabuco y Cochabamba.

La caída de Bommer

En julio de 2023, la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe, junto con la DDI de San Martín, detuvieron a Bommer en el centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos de drogas “Marcando la diferencia”, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Bosch.

El joven, por entonces de 21 años, estuvo prófugo durante algunos meses, mientras que los agentes de inteligencia tenían el dato de que su familia lo había mandado a rehabilitarse a Buenos Aires.

El acusado tenía domicilio en el barrio San Francisquito, en la zona donde fue el secuestro de “Jimi”. Incluso, tres días después del crimen, fue baleado en Iriondo y Dean Funes, a 150 metros de su casa. Por ese ataque, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue asistido por heridas en el tórax, en la pierna derecha, en la espalda y en el brazo derecho.

En su ley murió la tarde de este martes Héctor Aladino Cárdenas Venegas, más conocido como “El Poroto”, conocido narco de la populosa población José María Caro en Santiago, quien a principios de este año ofreció nada menos que $100 millones (USD 104 mil) por la cabeza de la alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, Javiera Reyes.

“El Poroto” fue acribillado arriba de su automóvil por sujetos que lo interceptaron cuando volvía a su casa y descargaron una verdadera andanada de balas, varias de las cuáles quedaron marcadas en el parabrisas.

Familiares lo llevaron rápidamente al centro de salud más cercano, sin embargo, Cárdenas presentaba “múltiples impactos balísticos, tenía al menos 8 en su cuerpo, motivo por el cual fallece”, informó el fiscal ECOH, Ernesto González.

La policía ya entrevistó a testigos del hecho y a varios de los familiares del “Poroto”, y por ahora se encuentran periciando las cámaras de vigilancia del lugar para dar con la identidad y el paradero de los responsables.

La amenaza a la alcaldesa

Héctor Cárdenas era un conocido traficante de la zona sur capitalina y su nombre saltó a la palestra en 2024, cuando un reportaje de T13 reveló que una exconcejala de la comuna, Carolina Mena, le arrendaba “de palabra” una vivienda a su pareja.

En febrero de este año, luego de que ordenara demoler la sede del Club Deportivo Juventud Varsovia -la que era usada para traficar drogas-, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), aseguró que gente de su entorno le había transmitido que “le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes $100 millones de pesos por mi cabeza”.

El líder de una de esas bandas era precisamente “El Poroto”, quien tenía varias investigaciones en curso, sin embargo, “en este momento es víctima, así que estamos investigando el homicidio propiamente tal”, aseguró el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Robert Briones.

Funeral de alto riesgo

Como era de esperar, su funeral fue catalogado como de “alto riesgo”, razón por la cual el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó esta jornada que habrá un importante despliegue policial.

“He tenido contacto con la alcaldesa de la comuna y con Carabineros. Se están tomando todos los resguardos como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población”, explicó la autoridad.

Así, el cortejo fúnebre será custodiado por la policía y no se permitirán detenciones en domicilios ni sedes sociales y además, se instalarán tres perímetros de seguridad en sectores críticos de la comuna, a fin de evitar los llamados “velorios simbólicos” y otras manifestaciones que puedan poner en peligro a los vecinos.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca directamente al arresto de Trung Duc Lu, ciudadano vietnamita de 46 años acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La agencia incorporó a Lu en su lista de Los diez fugitivos más buscados el 11 de marzo de 2026, casi siete años después de que un tribunal federal de Pensilvania emitiera una orden de arresto en su contra.

Según la ficha oficial del FBI, Lu es la última persona prófuga vinculada a esos crímenes y debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga internacional. Las autoridades creen que huyó a Vietnam poco después de los hechos y que permanece allí desde entonces.

Quién es Trung Duc Lu, el técnico de uñas en la lista de los más buscados del FBI

Trung Duc Lu nació en Vietnam y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se estableció en el barrio de Queens, Nueva York, donde trabajaba como técnico de uñas.

El FBI lo identifica como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, conocida también como BTK o Canal Boys. Habla inglés y vietnamita, y las autoridades registran los siguientes alias:

• Trung D. Lu
• Tuan Hoang
• Phong Le / Phong Van Le
• Brendan Lu / Calvin Lu
• Duc Trung / Duc L. Trung / Lu Trung
• “B”

Las autoridades sostienen que Lu fue enviado a Filadelfia por esa organización para cobrar una deuda de USD 100.000 relacionada con el tráfico de drogas, según informó 6abc Philadelphia.

Qué delitos se le atribuyen por los hechos de agosto de 2014 en Filadelfia

Según la investigación federal, Lu participó en la tortura, el secuestro y el asesinato de dos hermanos vietnamitas. Sus cuerpos fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. Una tercera víctima sobrevivió al ataque y colaboró con las autoridades.

La orden de arresto federal fue emitida el 10 de julio de 2019 en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. Los cargos en su contra son:

• Conspiración para cometer secuestro.
• Secuestro (tres cargos).
• Viaje interestatal para facilitar actividades ilícitas.
• Conspiración para cobrar una deuda por medios extorsivos.
• Cobro de una deuda por medios extorsivos.
• Conspiración para distribuir marihuana.
• Complicidad.

“Agregar a Trung Lu a la lista de los diez más buscados del FBI refleja la gravedad de sus presuntos crímenes y nuestro compromiso inquebrantable de llevarlo ante la justicia”, afirmó Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Las señas particulares que identifican al fugitivo

Lu mide aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa cerca de 64 kilogramos (140 libras), tiene cabello negro y ojos marrones. Su rasgo más distintivo es un conjunto de tatuajes: un dragón en el centro de la espalda con la inscripción “Asian Pride” en letras grandes, otro tatuaje sobre el pectoral izquierdo, y ambos brazos cubiertos con diseños de dragones, garras y un tigre.

El FBI confirmó que Lu fue visto por última vez en Vietnam, aunque mantiene vínculos en Estados Unidos, incluidos hijos que residen en el país. Lu es residente permanente estadounidense y nunca solicitó la ciudadanía.

Cómo aportar información al FBI para dar con el paradero del prófugo

La recompensa anunciada por el FBI busca incentivar la colaboración ciudadana a escala global y aplica exclusivamente para información que conduzca de forma directa a la captura de Lu. Quien disponga de datos sobre su paradero o sus actividades puede comunicarse por estos canales:

• Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
• Formulario en línea: tips.fbi.gov.
• Oficina local del FBI más cercana.
• Embajada o Consulado estadounidense en cualquier país.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, respaldó el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y sostuvo que el ataque con coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, debe ser reconocido como un acto “terrorista”.

Moreno afirmó que el uso de explosivos por parte de grupos del crimen organizado para atacar instalaciones policiales, intimidar a la población y generar miedo rebasó un hecho aislado de violencia. Planteó que el Estado mexicano debía reconocer la dimensión de la amenaza y responder con todos sus recursos.

El atentado ocurrió entre el 30 y 31 de agosto frente a la comandancia de Ojocaliente. El vehículo habría llevado al menos 200 kilogramos de explosivos y la detonación dejó 11 personas heridas, además de daños en 63 viviendas y 15 vehículos de la zona.

El dirigente del PRI pidió llamar terrorismo al uso de explosivos

El priista coincidió con Johnson, quien describió el atentado como un recordatorio de la violencia que las organizaciones terroristas estarían dispuestas a ejercer contra las comunidades. El diplomático estadounidense expresó solidaridad con las personas lesionadas y con las familias afectadas.

Por su parte, Moreno retomó ese mensaje y señaló que México no debía minimizar el uso de coches bomba ni de artefactos explosivos por parte de los cárteles. “Debe llamarse por su nombre”, escribió al referirse al ataque contra la corporación municipal.

El dirigente partidista sostuvo que los grupos criminales habían empleado explosivos para atacar, intimidar y sembrar terror. Bajo esa lógica, afirmó que el atentado en Ojocaliente debía ser considerado terrorismo, aunque las investigaciones oficiales continuaban en curso.

Las autoridades habían señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable del ataque. La indagatoria también ubicó el hecho dentro de una disputa entre células de esa organización y el Cártel de Sinaloa por rutas relacionadas con el narcotráfico.

La investigación derivó en la detención de tres hombres. Uno de ellos, identificado como Juan Pedro “N”, habría estado relacionado con la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Los otros dos detenidos presuntamente realizaron labores de vigilancia para facilitar el atentado.

Moreno planteó reforzar la cooperación con Estados Unidos

Alito Moreno consideró indispensable la cooperación, coordinación y el trabajo conjunto con Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales. Sostuvo que el intercambio de inteligencia, tecnología e información permitiría anticipar ataques y golpear las estructuras financieras de los cárteles.

También planteó que la colaboración bilateral ayudaría a cortar el flujo de armas y dinero, además de ubicar a los responsables de atentados como el registrado en Zacatecas. “Los cárteles operan en ambos lados de la frontera y enfrentarlos exige sumar capacidades”, señaló.

El dirigente nacional del PRI pidió una respuesta con firmeza frente a las organizaciones criminales. Dijo que las autoridades debían actuar para detener a quienes ordenaran, financiaran o ejecutaran hechos violentos, y llevarlos ante la justicia.

Moreno también lanzó críticas contra los gobiernos de Morena. Afirmó que habían sido incapaces de garantizar seguridad y acusó que el país vivió un “baño de sangre” por la expansión de la violencia en distintas regiones.

El priista sostuvo que diversas familias habían quedado a merced del crimen organizado y que varias comunidades vivieron bajo amenazas. En ese sentido, demandó investigar cualquier posible protección política a personas vinculadas con cárteles.

El priista exigió investigar a posibles narcopolíticos

Moreno afirmó que los “narcopolíticos” debían enfrentar a la justicia sin protección partidista ni impunidad. Exigió que las autoridades investigaran los posibles pactos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.

El dirigente del PRI sostuvo que no cabían “egos ni cálculos políticos” ante el nivel de violencia. Señaló que el objetivo central debía ser proteger la vida de las familias mexicanas y concentrar la capacidad del Estado en esa tarea.

En su mensaje, Alito Moreno afirmó que los integrantes de grupos criminales solo tendrían dos destinos: “la cárcel o el cementerio”. El pronunciamiento se dio después de que el embajador estadounidense colocó el ataque en Ojocaliente dentro de la conversación sobre organizaciones terroristas y cooperación con México.

La corredora inmobiliaria Mariana Ortigala recibió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por su participación en una secuencia de extorsiones contra el dueño de una cadena de agencias de lotería y por una maniobra para quedarse con un chalet de Funes. El acuerdo abreviado fue homologado el viernes por el juez penal Lisandro Artacho, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El expediente vuelve a colocar bajo examen el entramado de relaciones que rodeó a la mujer, quien había declarado como testigo relevante en el juicio que concluyó con la condena a prisión perpetua de Esteban Lindor Alvarado, histórico rival de la banda Los Monos.

La condena reúne hechos investigados en la justicia provincial y fija una multa de 10.000 pesos. Ortigala permanece detenida desde el 11 de septiembre de 2023, cuando fue arrestada en Funes por orden de la Fiscalía. Aun con esta resolución, mantiene causas pendientes en el fuero federal por presunto lavado de activos y por el subalquiler de un departamento que fue vinculado a la actividad de narcotráfico.

Uno de los hechos centrales del acuerdo judicial corresponde a las intimidaciones contra Cristian Quinteros, propietario de la cadena de agencias de lotería El Califa. De acuerdo con la acusación, Ortigala y quien era su pareja, Sebastián Felipe, intervinieron en la primera secuencia de amenazas dirigida contra el empresario entre 2021 y 2022.

La pesquisa sostuvo que el objetivo era obtener 1,5 millones de dólares bajo el argumento de brindar “protección” a la firma. Según publicó Rosario3, los fiscales atribuyeron las directivas a Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, quien se encontraba alojado en el penal federal de Marcos Paz y ya había acordado una pena de siete años en esta causa.

El Ministerio Público de la Acusación situó a Cantero como organizador de las comunicaciones desde prisión. La investigación señaló que usaba un teléfono fijo asignado a su nombre en el pabellón 7 y que mantenía contactos frecuentes con Ortigala. También se incorporaron registros de visitas al penal.

En marzo de 2021, Felipe habría abordado a Quinteros en el gimnasio La Estación, de Fisherton, para transmitirle el pedido de dinero. La negativa del empresario fue seguida por ataques contra locales de El Califa, entre ellos balaceras y hechos con bombas molotov, según el expediente. En el caso de Ortigala y Felipe, el reproche por esta trama quedó calificado como extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, además de otros episodios extorsivos y tenencia ilegal de armas.

El otro crimen de Mariana Ortigala

El segundo tramo relevante de la sentencia se relaciona con un chalet ubicado en Alberdi al 1400, en Funes. La Fiscalía acusó a Ortigala de apropiarse del inmueble mediante una defraudación contra Marcelo “Tati” Rodríguez, dueño de la casa, quien atravesaba problemas de salud y murió en noviembre de 2021.

Según la acusación, Ortigala conocía a Rodríguez por vínculos familiares y comenzó a visitarlo con frecuencia, primero en su domicilio y luego en el geriátrico Edad Dorada, de Roldán. Para los investigadores, esa cercanía le permitió obtener documentación con la que se presentó una supuesta compraventa de la propiedad.

El expediente consignó que se dejó asentado el pago en efectivo de 2,2 millones de pesos, una suma que, de acuerdo con la pesquisa, no habría sido entregada. La operación también habría incluido el empleo de documentos falsos para inscribir el chalet a nombre de Ortigala.

Por esa maniobra, la corredora fue condenada como autora de estafa, falsedad ideológica de documento público y privado, y uso de documento privado y público falso.

La trayectoria judicial de Ortigala había adquirido notoriedad antes de su detención. En 2020 sobrevivió a una emboscada atribuida a sicarios ligados a Esteban Alvarado y, después, declaró en el proceso que terminó con la condena a prisión perpetua del narcotraficante. Ese papel la convirtió en una testigo relevante para la acusación contra uno de los principales adversarios de Los Monos.

Entre 2021 y 2022, la Justicia comenzó a investigar su presunta participación en las extorsiones contra el empresario Cristian Quinteros y sus vínculos con el entorno de Ariel “Guille” Cantero. Ortigala fue detenida en Funes el 11 de septiembre de 2023, en el marco de ese expediente, que también examinó comunicaciones atribuidas a la organización desde el penal federal de Marcos Paz.

Pocos días después de esa detención, Ortigala fue indagada en una causa federal por facilitar una propiedad presuntamente utilizada para la venta de estupefacientes. La investigación se enfocó en un departamento de avenida Francia, en Rosario, donde en agosto de 2021 había sido detenido Alan Gabriel Coronel, luego procesado por narcotráfico.

Esa causa federal continúa abierta y deberá definir la situación procesal de Ortigala ante las sospechas de lavado de activos y por el alquiler o subalquiler de inmuebles vinculados con personas investigadas por narcotráfico. La condena homologada esta semana abarca únicamente los hechos tramitados en la Justicia provincial.

En el frente judicial, un juez federal vinculó a proceso a Fausto Corrales Rodríguez, exasistente del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por encubrimiento y falsedad de declaraciones en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde Estados Unidos, la DEA y el embajador Ronald Johnson protagonizan dos frentes distintos: Johnson aplaudió el megaoperativo mexicano contra el CJNG en Hidalgo, Jalisco y Michoacán —20 detenidos y bienes decomisados que incluyen fauna exótica—, mientras que un gran jurado en Carolina del Sur acusó formalmente a 31 personas por traficar droga de cárteles mexicanos hasta esa entidad.

En Morelos, la síndica municipal de Yautepec, Karla Herrera Castañeda, quedó en prisión preventiva tras ser vinculada a proceso como probable autora intelectual del ataque armado del 30 de junio durante un Fanfest del partido México-Ecuador, que dejó tres muertos y nueve heridos. En ese mismo estado, fue asesinado Víctor Manuel Amado de León, excandidato a la alcaldía de Coatlán del Río.

También se reportaron esta jornada el arresto en Utah de Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del deporte de Guasave, con más de 11 kilogramos de fentanilo; la detención de 15 presuntos despojadores en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México; y una investigación de la FGR por el transporte ilegal de mercurio tras detectarse un derrame en un envío de paquetería en esa misma alcaldía.

A continuación, las noticias de este martes.

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Decomiso en Ciudad Victoria: armas, drogas y vehículos

Durante patrullajes de vigilancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 19 de agosto de 2026, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron un arsenal junto con estupefacientes y vehículos en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La operación contó con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Armada y la Guardia Estatal. Los bienes decomisados fueron los siguientes:

• 7 armas largas
• 103 cartuchos
• 18 cargadores
• 2 vehículos
• 590 dosis de una hierba seca con características similares a la mariguana
• 50 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina
• Equipo táctico diverso

Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Ciudad Victoria para la continuación de las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes.

Las comandancias de la IV Región Militar y la 48/a. Zona Militar precisaron que las actividades se llevaron a cabo con estricto apego al estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos.

Los resultados se suman al balance acumulado desde el inicio de la administración actual, en el que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional registran el aseguramiento de 25.747 armas de fuego, más de 4,6 millones de cartuchos, 114.417 cargadores y 47.652 vehículos, entre otros materiales que debilitan las estructuras criminales en el país.

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Jorge Godoy López, expolicía judicial de Jalisco y testigo protegido de la DEA, pasó más de dos décadas sin poder regresar a México. Su silencio no fue voluntario.

El caso del agente Enrique “Kiki” Camarena Salazar lo mantuvo fuera del país desde finales de los años noventa. Más de veinte años después pudo aparecer en público y señalar, por nombre, al hombre que habría apretado el gatillo contra Francisco “Paco” Stanley el 7 de junio de 1999: Carlos Acevedo, alias “El Pato”.

El caso del asesinato de Stanley —ocurrido frente al restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México— cumple 27 años sin una sentencia condenatoria. La carpeta de investigación permanece abierta.

La condición de testigo protegido bloqueó su regreso a México por más de 20 años

Godoy López se convirtió en informante de la DEA después de pasar 28 meses en prisión. Antes había trabajado como guardaespaldas de narcotraficantes dentro del Cártel de Guadalajara, bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. Esa trayectoria lo colocó en el centro de uno de los casos más sensibles para las autoridades estadounidenses: el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar en 1985.

Su condición de testigo en ese expediente le imponía restricciones de movimiento. No podía pisar territorio mexicano. Según declaró su abogada Estefanía Ávila, el temor también jugó un papel concreto: “El señor no podía viajar a México, duró más de 20 años sin tocar su patria. Teme por su vida y temió por su vida”.

Cuando Godoy López supo del asesinato de Stanley en 1999, reportó la información a sus superiores en Estados Unidos. Las autoridades archivaron el caso sin darle seguimiento.

“El Azul” habría dado la orden desde adentro de un penal

Según el testimonio de Godoy López, la orden de ejecutar a Stanley provino de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y figura central del Cártel de Sinaloa. La instrucción habría sido impartida desde el interior de un penal.

El móvil, según su versión, fue una deuda de 4,000,000 de dólares. Ese dinero habría sido entregado a Stanley para que lo lavara. El conductor nunca completó la operación ni devolvió el dinero. “Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”, declaró Godoy López en conferencia de prensa.

Carlos Acevedo, “El Pato”, habría sido exagente de la Dirección Federal de Seguridad. Nunca fue detenido. El productor Juan Carlos Uribe, responsable de la docuserie donde aparece el testimonio de Godoy López, señaló que tampoco existe fotografía conocida de él.

La docuserie que rompió el silencio

La aparición pública de Godoy López ocurre en paralelo al estreno de Testigos: la verdad tiene voz, una docuserie producida por Juan Carlos Uribe y disponible en la plataforma Rellee TV. La producción incluye el testimonio de tres testigos del caso; Godoy López es el único que viajó a México y habló ante la prensa.

El exinformante también aclaró que sus declaraciones no buscan implicar a Mario Bezares ni a Paola Durante, quienes fueron señalados públicamente como posibles autores intelectuales del crimen en su momento. Según Godoy López, ninguno de los dos fue mencionado cuando se dio la instrucción de ejecutar a Stanley.

Godoy López afirmó que se presentará ante la Fiscalía para poner su testimonio a disposición de las autoridades. Hasta este 22 de agosto de 2026, la justicia mexicana no ha emitido pronunciamiento alguno sobre sus declaraciones.

Héctor Kotsifakis habló con la psicóloga de Joaquín Guzmán Loera para preparar su papel en La Captura, el thriller de Netflix que reconstruye la detención definitiva del capo del Cártel de Sinaloa el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Lo que la terapeuta le reveló contradice la imagen más extendida del narcotraficante: no encontró elementos clínicos para diagnosticarlo como psicópata.

“Lo que me decía su psicóloga es que tuvo que hacer un perfil y no tenía elementos para llamarlo un psicópata, porque sí es un ser humano con sentimientos”, declaró Kotsifakis en la alfombra roja del estreno. La película llegó a la plataforma el 21 de agosto.

La psicóloga del penal hizo un perfil clínico y descartó la psicopatía

Kotsifakis, nacido en Coahuila en 1971, accedió a información que no circula en los registros públicos sobre Guzmán Loera: conversaciones con la psicóloga que atendió al capo durante su reclusión en penales de máxima seguridad, con su maestro de teatro y con otras personas que lo trataron de cerca. A partir de ese material construyó un personaje que se aleja del cliché del narco despiadado.

La psicóloga le contó que Guzmán Loera se autopercibía como “buena gente”.

“Con todo lo que estudié, lo entendí como una persona generosa, como alguien muy inteligente que se cuidaba mucho de lo que decía, difícil de leer y cauteloso”, dijo el actor, quien también escuchó numerosas llamadas telefónicas en las que Guzmán Loera operaba como negociador.

Lo que hacía El Chapo para pasar la pena de estar en prisión

Entre las anécdotas que Kotsifakis recogió de su investigación, una le llamó especialmente la atención: el capo pedía clases de teatro en el penal para “salir un poco del calabozo” donde lo tenían en aislamiento. El maestro y él sostuvieron una relación larga. En esas sesiones, Guzmán Loera llevaba siempre en el bolsillo dulces de envoltura amarilla sabor mantequilla que terminaba compartiendo con su profesor.

El actor también señaló que, según quienes lo conocieron, el capo buscaba ser lo menos violento posible dentro de su organización y repartía las ganancias con su equipo. Esa misma lógica, dijo Kotsifakis, es la que Guzmán Loera aplicó durante las horas en el Motel Doux de Los Mochis: primero ofreció dinero, luego amenazó.

La Captura narra las dos horas que un policía pasó a solas con el Chapo

La película, dirigida por Chava Cartas y escrita por Bernardo Esquinca, está basada en dos crónicas del periodista Héctor de Mauleón publicadas en El Universal. El eje dramático son los policías federales que interceptaron a Guzmán Loera por accidente al detener un Ford Focus rojo con reporte de robo activo. Dentro iban el capo y su jefe de seguridad, Jorge Iván “El Cholo” Gastélum.

Alfonso Herrera encarna al agente ficticio Arturo Carmona, quien estuvo aproximadamente dos horas solo con Guzmán Loera en una habitación del motel antes de que llegaran los refuerzos, mientras recibía amenazas de muerte y ofertas de soborno que, según registros y declaraciones, llegaron a los 50,000,000 de dólares. Noé Hernández interpreta al otro agente, Héctor Rosales.

En la realidad, fueron cuatro agentes quienes interceptaron el vehículo y custodiaron al capo, no dos. Sus identidades permanecen protegidas hasta hoy. El entonces director estatal de la Policía Federal, Nicolás González Perrín, confirmó que resistieron tanto el soborno como las amenazas.

La cinta busca cambiar el ángulo sobre las instituciones mexicanas

Kotsifakis subrayó que La Captura “no es una apología al crimen”, sino un intento de corregir la tendencia de producciones anteriores que recargan los aspectos negativos de la policía y las instituciones. “Ahora estamos pagando el precio”, lamentó el actor. Herrera, por su parte, la describió como una oportunidad para mirar “con objetividad” la historia de dos héroes reales y anónimos.

Guzmán Loera fue trasladado al penal del Altiplano tras su detención y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. En febrero de 2019 fue declarado culpable de los diez cargos en su contra y condenado a cadena perpetua. Desde prisión ha enviado cartas escritas a mano solicitando su extradición a México.

La Captura, el thriller mexicano protagonizado por Alfonso “Poncho” Herrera que se estrena hoy en Netflix, reconstruye la última detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán a partir de un hecho tan documentado como improbable: dos policías federales anónimos lo interceptaron por accidente durante una patrulla de rutina en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.

La película llega a la plataforma bajo el título internacional Facing El Chapo y fue dirigida por Chava Cartas. Herrera y Noé Hernández encarnan a los agentes ficticios Arturo Carmona y Héctor Rosales, mientras que Héctor Kotsifakis interpreta al líder del Cártel de Sinaloa.

La Operación Cisne Negro y la fuga por el drenaje

La madrugada de ese 8 de enero, 17 marines con apoyo del Ejército y la Policía Federal asaltaron una vivienda en Los Mochis donde Guzmán había sido localizado tras un mes de vigilancia. Las comunicaciones interceptadas indicaban que el lugar se preparaba para la llegada de “la abuela”, clave usada para referirse al capo.

El operativo dejó cinco sicarios muertos, pero Guzmán escapó. Junto a su jefe de seguridad, Jorge Iván “El Cholo” Gastélum, huyó por un túnel secreto que lo sacó a 1,5 kilómetros de distancia. Desde ahí, robaron dos vehículos a punta de pistola: primero un Jetta blanco y después un Ford Focus rojo.

Ese segundo auto tenía reporte de robo activo. Cuando pasó frente a una patrulla federal, los agentes iniciaron la persecución sin saber quién iba adentro.

El encuentro que nadie planeó

Al detener el vehículo, Gastélum descendió e intentó negociar la liberación de “su patrón”. Fue en ese momento cuando los policías comprendieron que habían detenido al hombre más buscado de México, seis meses después de su fuga del penal del Altiplano.

Según relató el entonces director estatal de la Policía Federal, Nicolás González Perrín, en una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, los agentes procedieron a la aprehensión y tomaron una de las primeras fotografías del arresto: Guzmán con la ropa llena de lodo y una expresión reflexiva. La imagen dio la vuelta al mundo.

Los policías enviaron las fotografías a sus superiores, quienes recibieron de inmediato informes sobre la movilización de unos 40 sicarios hacia el lugar.

El soborno rechazado y la noche en el motel

Para evitar el contraataque del cártel, se ordenó trasladar a los detenidos al Hotel & Suites Doux, en las afueras de Los Mochis, donde esperarían refuerzos. Ahí se tomó una segunda fotografía: El Chapo sentado al borde de la cama, esposado.

Durante esas horas, Guzmán intentó sobornar a los agentes. Las cifras que circularon en registros y declaraciones hablan de hasta 50 millones de dólares, además de propiedades y empleos. Ante la negativa, el capo les advirtió: “Todos van a morir”.

González Perrín confirmó que los oficiales resistieron tanto el soborno como las amenazas. Sus identidades permanecen protegidas hasta hoy; en la ficción, la película los rebautizó como Carmona y Rosales.

Qué respetó la película y qué modificó

La captura se basa en las crónicas que el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal sobre el operativo. El director Cartas explicó que el largometraje mantiene como base los momentos documentados —la intercepción del auto, el motel, la ropa sucia del capo— y construye dramáticamente los espacios que no quedaron en ningún registro.

“Tenemos una columna vertebral muy clara. Hay un punto A, un punto B y un punto C que respetamos porque ocurrieron. Entre esos puntos construimos la película. No es un documental; es una ficción basada en hechos reales”, afirmó Cartas.

Una diferencia notable con los hechos documentados: en la realidad, fueron cuatro agentes quienes interceptaron el vehículo y custodiaron a Guzmán, no dos como presenta la cinta.

El foco en los policías, no en el capo

El productor Francisco González Compeán señaló que la pregunta que impulsó el proyecto fue por qué nadie había contado la historia desde el lado de los agentes. “Empiezas a investigar y te encuentras que hay un par de policías federales, de lo que era la policía de caminos casi, casi, que se encuentran con el criminal más grande del mundo”, dijo.

La decisión de alejar la cámara del narcotraficante para ponerla sobre quienes lo detuvieron marca la diferencia con otras producciones del género. El dilema central —aceptar el soborno o cumplir con el deber a riesgo de la propia vida— es el motor dramático de la cinta.

El destino de los protagonistas reales

Joaquín Guzmán Loera fue presentado ante la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México y trasladado en helicóptero de la Armada al mismo penal del Altiplano del que se había fugado. En febrero de 2019, un jurado estadounidense lo declaró culpable de los diez cargos en su contra, entre ellos dirigir una organización criminal. Ese mismo año fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“El Cholo” Gastélum permaneció detenido en México durante años, peleó contra su extradición y finalmente fue enviado a Estados Unidos en abril de 2023, donde enfrenta cargos de narcotráfico y un delito relacionado con armas de fuego. No existe condena publicada en su contra.

Los dos policías que aquella madrugada no dejaron ir al hombre más buscado del mundo no volvieron a aparecer en ningún registro público.

La captura de Calep “N”, 54 años, presunto líder de Los Rojos en la Mixteca poblana, ocurrió en un operativo federal y estatal que buscó golpear a un objetivo prioritario señalado por su presunta participación en la violencia de esa región. La intervención se concentró en una zona donde esa organización criminal mantenía operaciones activas en municipios de Puebla y donde las autoridades aseguraron droga, municiones, efectivo y un vehículo.

El despliegue fue resultado de labores coordinadas de inteligencia e investigación de la Semar, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla. De acuerdo con la información disponible, el detenido fue identificado como uno de los presuntos mandos del grupo criminal.

La operación se realizó en la región de la Mixteca poblana. Ahí, las autoridades ubicaron a Calep “N” como un generador de violencia y lo colocaron entre sus objetivos prioritarios.

Durante la intervención, fuerzas federales y estatales aseguraron sustancias ilícitas, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dinero en efectivo y un automóvil. Entre los objetos decomisados destacó la presencia de municiones reservadas para uso militar, además de dinero en efectivo y un vehículo presuntamente ligado a las actividades del detenido.

Los Rojos mantuvieron presencia en cuatro municipios de Puebla

La estructura criminal con la que se vinculó a Calep “N” operaba en Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla y Tehuitzingo. Esos municipios poblanos formaban parte del radio de acción atribuido a Los Rojos dentro de la Mixteca.

La detención tomó relevancia por el peso regional de esa célula. Los Rojos figuraron entre las agrupaciones criminales que surgieron o se fortalecieron tras la fragmentación interna del cártel de los Beltrán Leyva.

Esa ruptura se produjo cuando la cúpula de esa organización fue desarticulada. A partir de entonces, distintos grupos internos buscaron apropiarse del mando y del prestigio criminal que antes concentraba esa estructura, lo que abrió pugnas por control territorial y multiplicó las disidencias.

Las autoridades federales detectaron al menos siete células criminales ligadas a los Beltrán Leyva. Entre ellas sobresalieron Los Rojos, una banda que extendió su presencia en entidades del centro del país y que sostuvo disputas con organizaciones nacidas del mismo tronco criminal.

La banda surgió del círculo de Arturo Beltrán Leyva

El fundador de Los Rojos fue identificado como Jesús Nava Romero, conocido como “El Rojo”. De ese apodo nació el nombre de la organización.

Nava Romero fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”. Su zona de control abarcó desde Chilpancingo, en Guerrero, hasta Cuernavaca, en Morelos, un corredor considerado estratégico para la producción y el trasiego de drogas.

“El Rojo” murió en 2009 junto con “El Barbas” durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Morelos. Tras esas muertes, la familia de Nava Romero quedó al frente de la organización y consolidó su asentamiento principalmente en Morelos y Guerrero.

Dentro de esa reconfiguración, “El Chaparro”, sobrino de “El Rojo”, quedó al frente de la banda en Guerrero. En Morelos, el mando recayó en “El Carrete”, quien antes había sido jefe de sicarios de esa célula.

La organización no solo fue vinculada con narcotráfico. También incursionó en secuestro, extorsión y cohecho, delitos con los que amplió sus fuentes de ingresos y su capacidad de presión en las zonas bajo su influencia.

Entre sus adversarios se mencionaron grupos de origen Beltrán Leyva como Los Granados, Los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco y Guerreros Unidos. A esa lista se sumaron disputas por territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación y con La Familia Michoacana.

La captura de Calep “N” se insertó en ese mapa criminal marcado por la fragmentación de viejas estructuras, la competencia entre células y la disputa por corredores locales en Puebla, Morelos y Guerrero.

• Calep “N”, de 54 años, fue detenido en la Mixteca poblana como presunto líder de Los Rojos y objetivo prioritario por violencia en la región.

• En el operativo participaron Semar, la SSP y la Fiscalía de Puebla; se aseguraron sustancias ilícitas, cartuchos, efectivo y un vehículo.

• Los Rojos surgieron de la ruptura del cártel de los Beltrán Leyva y fueron vinculados con narcotráfico, secuestro, extorsión y cohecho.

Ocho grupos criminales con nexos en el CJNG y la Familia Michoacana controlaron durante años el robo a transporte de carga en el Estado de México mediante una red de espías, “cachimbas”, empresas de monitoreo satelital infiltradas y cómplices dentro de los propios sindicatos de transportistas

De acuerdo con el cuarto informe de gestión de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, la Operación “Senda”, desplegada del 9 al 12 de diciembre de 2025 en 47 municipios de la entidad, desmanteló esa estructura con 102 detenidos —entre ellos dos policías municipales y 26 objetivos prioritarios—, el aseguramiento de 132 inmuebles y 174 vehículos.

¿Cómo los grupos del CJNG y la Familia Michoacana robaban camiones en el Edomex?

El primer eslabón de la cadena delictiva era la inteligencia. Empleados de una empresa de monitoreo satelital con sede en Naucalpan enviaban en tiempo real la ubicación de los vehículos seleccionados a integrantes de las células criminales.

Con esa información, los grupos operaban de al menos cinco formas distintas. La más frecuente ocurría en los accesos a los centros de distribución (CEDIS) y parques industriales: mientras los operadores esperaban turno para entregar mercancía, individuos irrumpían en sus unidades, los privaban de la libertad y los abandonaban en zonas despobladas.

Las unidades robadas eran trasladadas de inmediato a otro punto, donde la mercancía se descargaba en cajas secas sin reporte de robo. El tractocamión y los remolques eran vandalizados para dificultar su identificación.

Un segundo método consistía en interceptar los camiones en las cercanías de los CEDIS con vehículos particulares. Los sujetos sometían al conductor, lo privaban de la libertad a bordo del propio transporte o lo obligaban a subir a otra unidad.

Un tercer método era el bloqueo de carreteras con vehículos, rocas o troncos, o el lanzamiento de objetos desde puentes para dañar las unidades. Los implicados usaban armas de fuego y disparaban contra los automotores y sus conductores para detenerlos.

La cuarta modalidad era la simulación de autoridad. Los delincuentes utilizaban uniformes e insignias apócrifas, así como vehículos con apariencia oficial, para montar falsos “retenes” o “alcances” a los transportistas. También provocaban o simulaban ponchadura de llantas, forzaban chapas de unidades estacionadas o las impactaban en circulación mediante la táctica conocida como “montachoques”.

Las “cachimbas” y la infiltración en sindicatos

La quinta modalidad era la más elaborada. En restaurantes y establecimientos informales —conocidos como “cachimbas”— que ofrecen comida, descanso y entretenimiento a los choferes de carga, trabajadoras sexuales al servicio de las células delictivas obtenían de los conductores datos sobre su carga y su ruta para planificar el asalto posterior.

Esos mismos lugares funcionaban como puntos de venta de estimulantes y sustancias psicotrópicas para inhibir el sueño de los operadores, y como sitios de reunión y planeación de ilícitos. La FGJEM aseguró 22 “cachimbas” durante la operación.

La red de complicidades se extendía a empleados de las propias empresas transportistas y a agrupaciones gremiales. Vehículos con calcomanías y rótulos de organizaciones con apariencia sindical —identificadas como “ACME”, “USON”, “IZGASA”, “AMOTAC” y “Sindicatos Unidos Transformando México”— eran utilizados al parecer para el traspaleo y traslado de cargamentos robados.

Los ocho grupos, los detenidos y el balance del operativo

Los tres grupos vinculados a la Familia Michoacana se autodenominaban “Toño Tenis”, “Ángel Axel” y “El Kevin”. Los cinco relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban bajo los nombres “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam” y “La Empresa”.

La fiscal Central de Atención Especializada de la FGJEM, Sandy Karen Orihuela, confirmó en conferencia de prensa los nexos de esos grupos con ambas organizaciones. Entre los detenidos figuró Brandon “N”, alias “Becker”, presunto participante en un robo sobre la autopista México-Pachuca en julio de 2024 que causó la muerte de un adolescente de 17 años y que fue difundido en redes sociales.

El operativo aseguró 132 inmuebles: 57 bodegas, 23 encierros o pensiones, 21 casas de seguridad, 3 deshuesaderos, 3 restaurantes, 2 comercios de venta irregular, 1 empresa de monitoreo satelital y 22 “cachimbas”. En los deshuesaderos se localizaron partes de tractocamiones con medios de identificación alterados o con reporte de robo.

El saldo material incluyó también 49 armas de fuego, cartuchos y cargadores; 61.294 cajas con mercancías diversas; 533.000 pesos en moneda nacional, yenes y euros; 29 motores; toneladas de autopartes; placas de circulación con reporte de robo; equipos de monitoreo satelital e inhibidores de señal, y narcóticos.

El Estado de México, primer lugar nacional en este delito

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican al Estado de México en el primer lugar nacional en robo a transporte de carga. No obstante, la entidad registra una tendencia a la baja en la comisión de ese delito entre 2020 y 2025.

La Operación “Senda” fue posible gracias a información de gabinete aportada por la Guardia Nacional, a declaraciones de víctimas y a actos de investigación de la Fiscalía. El Poder Judicial del Estado de México otorgó las órdenes de aprehensión y de cateo que permitieron el despliegue simultáneo en los 47 municipios, con participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

De los 102 detenidos, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 aguardan resolución de su situación jurídica y 38 tienen fecha de audiencia de formulación de imputación. Uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) por la naturaleza federal de los delitos que se le atribuyen.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a cuatro personas por el secuestro de 31 migrantes en el estado de Sinaloa, entre cuyas víctimas había un menor de edad. Los imputados, identificados como Tomás, José, Milagros y Yadira, enfrentan cargos por secuestro agravado y delincuencia organizada. Un juez de control les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria.

La investigación arrancó en junio de 2024, cuando una persona llamó para denunciar que su hijo menor de edad y otros cuatro migrantes de nacionalidad extranjera habían sido privados de su libertad por cuatro sujetos armados. Los hechos ocurrieron mientras las víctimas viajaban en un autobús por Escuinapa, Sinaloa. Los captores contactaron a los familiares para exigirles dinero a cambio de la liberación de los secuestrados.

Cateo en Villa Galaxia y rescate de 31 víctimas

Días después de la denuncia, autoridades ejecutaron una orden de cateo autorizada judicialmente en un inmueble de la colonia Villa Galaxia, en la misma ciudad de Escuinapa. En ese operativo rescataron a las cinco víctimas referidas en la denuncia original y a otras 26 personas de diversas nacionalidades que también se encontraban privadas de su libertad, para un total de 31 personas rescatadas.

El hallazgo amplió el alcance de la indagatoria. Las víctimas provenían de distintos países, aunque la FGR no precisó las nacionalidades.

Detenciones en Mazatlán, Culiacán y El Castillo

Tras el rescate, el Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo una orden de cateo para seis inmuebles ubicados en los municipios de Mazatlán y Culiacán. En esos operativos fueron detenidos Milagros, Yadira y José. El cuarto imputado, Tomás, ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en Mazatlán, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión.

El secuestro masivo con fines de extorsión opera como un negocio de alto volumen: rescates relativamente bajos, víctimas que raramente denuncian.

Las pruebas que presentó la FEMDO ante el juez

En la audiencia inicial, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso.

Entre los elementos aportados figuran el análisis de movimientos bancarios de los cuatro imputados y un dictamen pericial en materia de identificación de voz. Este tipo de prueba es frecuente en casos de extorsión telefónica, donde la voz de los captores queda registrada en las llamadas de negociación con los familiares de las víctimas.

Prisión preventiva y destino de los imputados

El juez de control resolvió imponer prisión preventiva oficiosa a los cuatro acusados, medida cautelar que aplica de forma automática para delitos como el secuestro y la delincuencia organizada conforme a la legislación mexicana.

Tras la vinculación a proceso, José quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 8 “Nor-poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa. Milagros, Yadira y Tomás permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, durante los tres meses que el juez concedió al MPF para concluir la investigación complementaria.

Sinaloa, corredor de secuestro de migrantes

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, Culiacán encabezó la lista nacional de municipios con mayor número de secuestros: 790 casos registrados, según el informe anual de la organización civil Alto al Secuestro. Mazatlán ocupó el quinto lugar con 24 casos. A nivel estatal, Sinaloa concentró 855 casos en ese periodo, más del doble que Veracruz, el segundo estado con mayor incidencia.

Los migrantes que transitan en autobús por esta ruta son especialmente vulnerables a las redes de intercepción.

Los migrantes, blanco específico

En enero de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Alto al Secuestro registraron ocho secuestros de migrantes con 110 víctimas en todo el país. Sinaloa figuró entre los estados de mayor incidencia. Una investigación de ProPublica basada en entrevistas con más de 70 migrantes documentó que el secuestro masivo con fines de extorsión opera como un negocio de alto volumen: rescates relativamente bajos, víctimas que raramente denuncian y estructuras que interceptan autobuses en carretera, el mismo modus operandi del caso de Escuinapa.

Escuinapa se ubica en el sur de Sinaloa, sobre la carretera federal México 15, que conecta el centro del país con la frontera norte. Esta vía forma parte de la llamada “Ruta del Pacífico”, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Esta vía forma parte de la llamada ‘Ruta del Pacífico’, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa”.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana que se está investigando la muerte de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac y sus posibles vínculos con células delictivas, después de que el edil fuera atacado a balazos dentro de la Presidencia Municipal y muriera por la agresión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hizo el anuncio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí expresó solidaridad con la familia del alcalde, con sus seres queridos y con los habitantes de ese municipio de Morelos.

Dijo que como parte de la investigación se han acercado a autoridades locales de la presidencia municipal de Temoac para establecer indicios y determinar las líneas de investigación. Paralelamente las instituciones federales y estatales continúan realizando diligencias de investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y detener a cada uno de los responsables.T

“También es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como Los Aparicio y Los Huazulcos, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintas regiones de Morelos", reveló García Hafuch.

Además informó la detención de su suegra Andrea “N”, alias “La Patrona”, por ser tesorera municipal, identificada por la fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras delictivas con diversos señalamientos públicos que los relacionaban con incidentes violentos en la zona.

“Esto será parte de las investigaciones. También su suegro fue detenido, él ya había recibido una agresión en enero del presente año y se encontraba bajo investigación. Las acciones para investigar este hecho se desarrollan sin detener las operaciones permanentes para combatir a los generadores de violencia en la entidad como resultado de este trabajo coordinado entre el gobierno de México y el gobierno de Morelos", señaló el Secretario de seguridad nacional.

Omar García Harfuch declaró además que el alcalde de Temoac era investigado por los homicidios Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores. Además se le investiga por el asesinato al excandidato a alcalde de Temoac por el PRI, Félix Oviel Ocampo, tras ser agredido a balazos en la comunidad de Huazulco.

Samir Floresfue un defensor de los pueblos indígenas, quien se opuso a la construcción de unaplanta termoeléctricainternacional en Morelos, misma que tuvo un gran impacto negativo en el medio ambiente.

Sandra Rosa Camacho, activista de Temoac denunciaba en 2025 la inseguridad en su localidad y señaló directamente al alcalde, Valentín Lavín Romero y a allegados. El 27 de marzo, Sandra Rosa, al igual que Samir, fue acribillada.

También dijo que las instituciones del gabinete de seguridad establecieron comunicación estrecha con la fiscalía estatal para esclarecer el crimen y detener a los responsables. Agregó que, como parte de la investigación, autoridades locales realizaron diligencias dentro de la presidencia municipal de Temoac para buscar indicios que permitieran definir las líneas del caso.

El ataque ocurrió dentro de la Presidencia Municipal de Temoac

Valentín Lavín Romero fue asesinado por un grupo de hombres armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles. El ataque ocurrió cuando el alcalde se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal, ubicado en la zona centro.

De acuerdo con los reportes, los agresores lo interceptaron y le dispararon antes de escapar. El edil quedó herido tras la agresión y elementos de emergencia acudieron de inmediato para brindarle atención médica.

La Fiscalía de Morelos confirmó después su fallecimiento derivado de “hechos delictivos”. Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales fue desplegado en el lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo, que quedó dentro del inmueble oficial.

Fue la segunda agresión contra el alcalde en 2025

El asesinato de Lavín Romero fue la segunda agresión en su contra en el año. El primer ataque ocurrió el 31 de enero sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Ese día, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas. Testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro, y cuando los policías llegaron confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac.

Versiones sobre ese atentado señalaron que el ataque fue cometido por sujetos que se desplazaban en motocicleta. Lavín Romero sufrió un disparo en la cadera y fue atendido por paramédicos antes de ser trasladado a un hospital.

La lesión no ponía en riesgo su vida. Después de esa agresión, el alcalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica y retomó sus actividades cerca de un mes después, una vez que fue dado de alta.

A ese antecedente se sumaron ataques armados registrados en marzo contra negocios que serían de su propiedad. Entre ellos estuvo una ferretería llamada “El Gallo”, donde solo se reportaron daños materiales.

La violencia contra Lavín Romero venía desde 2018

La presión violenta alrededor de Valentín Lavín Romero no comenzó en 2025. El político había asumido la alcaldía de Temoac en enero de 2025, pero ya había ocupado ese cargo entre 2019 y 2021.

Antes de esa primera administración, cuando era alcalde electo en 2018 por el PVEM, tres de sus familiares fueron asesinados. Ese antecedente colocó la violencia en su entorno desde antes de que iniciara funciones por primera vez.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de ese año, cuando un grupo armado irrumpió en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre, en el poblado de Huazulco. Ahí fueron asesinadas a balazos su suegra, una cuñada y una sobrina del entonces edil electo.

Las víctimas fueron identificadas como Isabel “N”, de 89 años; Eva “N”, de 58 años; y una menor de edad de iniciales L.Y.C.R., de 7 años. Con ese antecedente, el asesinato del alcalde se inscribió en una cadena de agresiones que se extendió por varios años.

García Harfuch sostuvo que, de manera paralela a las diligencias hechas en la presidencia municipal, instituciones federales y estatales continuaban las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y capturar a cada uno de los responsables.

• García Harfuch informó que el homicidio del alcalde de Temoac era investigado junto con posibles vínculos con células delictivas.
• Valentín Lavín Romero fue asesinado a balazos dentro de la Presidencia Municipal cuando iba a abordar su vehículo.
• El crimen fue la segunda agresión en su contra en 2025, después de un atentado sufrido el 31 de enero en la carretera México-Oaxaca.

La producción, disponible en la plataforma bajo el título internacional Facing El Chapo, se aleja del enfoque habitual centrado en la figura del narcotraficante para poner el foco en los agentes que participaron en el operativo y en los dilemas que enfrentaron

La película llegará a la plataforma el día 21 de agosto de 2026.

Dos policías, una decisión que lo cambia todo

La historia sigue a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías federales que realizan un patrullaje de rutina en Los Mochis, Sinaloa, cuando interceptan un vehículo con reporte de robo.

Lo que comienza como una revisión ordinaria se convierte en un momento decisivo: entre los ocupantes del vehículo se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado entonces uno de los criminales más buscados de México.

A partir de ese instante, ambos agentes enfrentan una disyuntiva que definirá su futuro: cumplir con su deber y poner al detenido a disposición de las autoridades, o aceptar un soborno capaz de cambiar sus vidas, con todas las consecuencias que cualquiera de las dos opciones implica.

La corrupción como eje del relato

La captura explora el costo personal de ejercer la función policial en un contexto donde la violencia y la corrupción condicionan cada decisión. La película no construye su narrativa en torno a la figura del narcotraficante, sino en torno a los servidores públicos que deben actuar bajo la presión del crimen organizado.

El guion, a cargo de Bernardo Esquinca, plantea los dilemas éticos de quienes integran las instituciones de seguridad cuando las reglas del sistema y las del crimen organizado colisionan.

Dirección, elenco y producción

La cinta fue dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films, con Francisco González Compeán y Sebastián Jurado al frente de la producción.

El reparto lo encabezan Alfonso Herrera en el papel de Arturo Carmona y Noé Hernández como Héctor Rosales. Héctor Kotsifakis interpreta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras que Paola Fernández da vida a Isaura Carmona y Juan Pablo Cruz García aparece como “El Cholo”.

La captura se suma al catálogo de Netflix el 21 de agosto, dentro de una programación de agosto que también incluye el regreso de Outer Banks con su quinta temporada y el estreno del thriller The Whisper Man, con Robert De Niro.

El hecho real: la Operación Cisne Negro

La película se basa en uno de los operativos más complejos de la historia reciente de México. El 8 de enero de 2016, a las 4:00 de la madrugada, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal irrumpieron en una vivienda del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, donde se presumía que se ocultaba Guzmán Loera.

Los agentes fueron recibidos con disparos de armas de alto calibre, granadas y lanzacohetes. En el enfrentamiento murieron cinco integrantes del grupo criminal y seis más fueron detenidos. El propio Guzmán logró escapar junto a su lugarteniente, Jorge Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, a través del sistema de drenaje pluvial de la zona.

La fuga fue breve. Las lluvias elevaron el nivel del drenaje y los obligaron a salir a la superficie. Robaron un vehículo, pero la unidad fue interceptada por un agente de la Policía Federal tras el reporte de robo. Detenidos en la carretera Los Mochis-Navojoa, ambos fueron trasladados a un motel cercano mientras llegaban los refuerzos. El operativo, denominado Cisne Negro, estuvo a cargo de Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), y duró aproximadamente seis horas.

Según informó entonces la procuradora Arely Gómez, un factor determinante para localizar al capo fue su intención de filmar una película biográfica, lo que lo llevó a establecer contacto con actrices y productores. Meses después, en enero de 2017, el gobierno mexicano concretó su extradición a Estados Unidos, donde fue condenado por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El director: de la comedia al thriller de acción

Chava Cartas —nombre artístico de Salvador Cartas Martínez, nacido el 15 de septiembre de 1971 en Guadalajara, Jalisco— es uno de los realizadores más prolíficos del cine comercial mexicano.

Estudió fotografía en el Hospicio Cabañas de Guadalajara y cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Inició su carrera como director de fotografía en telenovelas de Argos a mediados de los años 90, antes de dar el salto a la dirección.

Su nombre se asoció durante años a la comedia popular: Mirreyes contra Godínez (2019), producida por Draco Films, recaudó 238.6 millones de pesos en taquilla con un presupuesto de 28 millones, lo que la posicionó como la segunda película mexicana más taquillera de ese año. El éxito derivó en dos secuelas y un especial navideño.

El giro hacia la acción llegó con Contraataque (2025), también producida por Draco Films y distribuida por Netflix, donde exploró el género bélico con coreografías de combate y asesoría técnica especializada. La captura es su siguiente paso en esa dirección, esta vez con un material basado en hechos reales.

Alfonso Herrera: del pop al thriller de narcotráfico

Alfonso Herrera Rodríguez, nacido el 28 de agosto de 1983 en Ciudad de México, lleva más de dos décadas en la industria audiovisual. Alcanzó reconocimiento masivo con la telenovela Rebelde (2004-2006) y el grupo RBD, que vendió más de 15 millones de álbumes en todo el mundo y recibió dos nominaciones al Grammy Latino.

Desde que anunció su retiro de la música en 2009, Herrera construyó una carrera cinematográfica y televisiva de alcance internacional. Entre sus trabajos más reconocidos figuran la serie Sense8 (Netflix, 2015-2018), The Exorcist (Fox, 2016-2017), la cuarta temporada de Ozark (Netflix, 2022) y El baile de los 41 (2020), por la que obtuvo el Premio Ariel al Mejor Actor.

La captura llega en un momento de alta actividad para el actor: en 2026 también protagoniza la serie documental Encuentros sin fronteras en Disney+ y participa en La casa de los espíritus, la adaptación de la novela de Isabel Allende presentada en la sección Berlinale Special. Además, firmó un acuerdo con Sony Pictures Television para desarrollar, dirigir y producir nuevas series.

Mediante un operativo encubierto en el que los efectivos fingieron ser trabajadores de una aplicación de delivery, aprovecharon el aumento del tránsito de motocicletas de reparto habitual en el horario del juego para dar el golpe a la organización. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, detuvieron a tres hombres luego de allanar el domicilio desde el cual vendían la droga.

Los policías, disfrazados y movilizándose en motos con cajas de delivery, lograron ingresar al pasillo donde funcionaba el punto de venta y simularon la entrega de un pedido. Una vez cerca de la vivienda, irrumpieron de sorpresa y evitaron que los sospechosos escaparan o descartaran la droga.

La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Sin embargo, con el correr de los meses, los investigadores detectaron que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

Durante el allanamiento, Kenzo, el perro K9 de la Sección Canes, detectó más estupefacientes ocultos en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo. En la requisa personal a uno de los detenidos, se encontraron varios envoltorios de cocaína en los bolsillos y una riñonera con dinero, presuntamente utilizada en la venta de drogas.

También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios teléfonos celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron además que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

Como resultado del operativo, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

“El procedimiento contó con la colaboración de la Sección Canes de la PDI y de un grupo de irrupción de la Unidad Regional II. Como resultado del operativo fueron trasladados Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54″, comunicó oficialmente el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Por disposición de la fiscal interviniente, los tres hombres fueron trasladados a sede de la Policía de Investigaciones, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó a disposición de la causa.

“Se secuestraron 44 envoltorios de cocaína con un peso total de 17,64 gramos; $ 721.600 en efectivo y 13 dólares estadounidenses; tres teléfonos celulares; un cartón con anotaciones de interés para la causa y una bolsa con vestigios de material estupefaciente”, agregó el comunicado oficial.

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes 10 de julio que las agencias de Estados Unidos solo podían operar en México con permiso del gabinete de seguridad y bajo la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y advirtió que cualquier actuación fuera de ese esquema implicaba una falta de la embajada estadounidense o de alguna autoridad mexicana, como ocurrió en Chihuahua.

“Nosotros tenemos una política distinta a la que tenía Calderón. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento por la Secretaría de Marina durante ese sexenio y por la Secretaría de Seguridad Pública que su titular era García Luna”, señaló Sheinbaum.

La mandataria explicó que el gobierno tenía un registro de las personas dedicadas a labores de distintas agencias estadounidenses en el país. Detalló que esos perfiles eran puestos a consideración por la embajada ante un comité del gabinete de seguridad, que definía si era factible autorizar su trabajo en territorio nacional.

Añadió que el permiso estaba condicionado a que esas personas actuaran dentro del marco constitucional y legal mexicano. También dijo que existía un “número importante” de autorizaciones vigentes y que los agentes debían entregar un informe mensual, como lo establecía la ley federal.

Las operaciones de inteligencia quedaron reservadas a instituciones mexicanas

Sheinbaum marcó una diferencia con el sexenio de Felipe Calderón. Sostuvo que en ese periodo se abrieron las puertas a las agencias estadounidenses para realizar operaciones de inteligencia, planeación y ejecución dentro de México.

Precisó que esa apertura ocurrió en particular a través de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada entonces por Genaro García Luna. Frente a ese antecedente, afirmó que su gobierno mantuvo una política distinta en la relación con las autoridades de Estados Unidos.

La presidenta sostuvo que las operaciones de inteligencia en el país solo podían ser realizadas por instituciones mexicanas. Aseguró que no podía haber participación de agentes o personal de agencias del gobierno estadounidense en operativos dentro del territorio nacional, porque eso implicaba una cesión de soberanía.

En su explicación, Sheinbaum defendió que el modelo actual se basó en colaboración y coordinación, no en subordinación. Dijo que bajo ese esquema se obtenían mejores resultados y pidió comparar esa etapa con lo ocurrido durante la administración calderonista.

Sheinbaum citó Rápido y Furioso como ejemplo del modelo anterior

Como ejemplo de los riesgos de esa apertura, la mandataria recordó el operativo Rápido y Furioso. Describió que en esa acción entraron armas desde Estados Unidos con un chip geolocalizador, con la intención de rastrear su destino una vez que fueran entregadas a grupos delictivos.

Según su versión, los delincuentes retiraron el chip y se quedaron con más de 2,000 armas de alto calibre que llegaron de manera gratuita a sus manos. Calificó esa intervención como una operación “muy irresponsable”.

Sheinbaum agregó que ese episodio terminó con la vida de mexicanos y estadounidenses a manos de la delincuencia organizada. En ese contexto, presentó la política actual como una forma de evitar que se repitieran esquemas de cooperación que, a su juicio, permitieron injerencia extranjera y operaciones fuera del control de las autoridades nacionales.

La mandataria sostuvo que la diferencia central estuvo en quién ejecutó las operaciones y bajo qué marco legal. Dijo que las labores de inteligencia en territorio nacional solo podían realizarlas instituciones mexicanas y que permitir la actuación directa de agencias de Estados Unidos implicaba una cesión de soberanía.

Sheinbaum afirmó que, entre 2006 y 2012, los homicidios dolosos pasaron de 28.6 al día a 70.9, casi tres veces más que al inicio del sexenio calderonista. Añadió que, con Enrique Peña Nieto, hubo una reducción inicial, pero después la cifra volvió a crecer hasta casi 100 asesinatos diarios al final de ese gobierno.

La presidenta vinculó la “guerra contra el narco” con un régimen fuera del marco legal

En su explicación, la presidenta dijo que la llamada guerra contra el narco operó como un régimen de excepción. Señaló que en ese periodo el Ejército y la Marina participaron en tareas de seguridad pública sin una base legal específica, porque la legislación de entonces solo contemplaba su intervención en seguridad nacional y seguridad interior.

También afirmó que hubo operaciones al margen de la ley, con instrucciones para disparar contra presuntos delincuentes sin juicio previo y fuera de supuestos de defensa propia. Distinguió ese esquema de los casos de enfrentamiento, en los que la ley sobre uso de la fuerza sí permite repeler una agresión para proteger la vida de los elementos de seguridad.

Sheinbaum mencionó además el operativo Rápido y Furioso como ejemplo de esa apertura hacia agencias estadounidenses. Recordó que en esa operación entraron al país más de 2,000 armas de alto calibre con dispositivos de geolocalización, pero los grupos delictivos retiraron los chips y se quedaron con el armamento.

Afirmó que esa maniobra terminó con la vida de mexicanos y estadounidenses a manos de la delincuencia organizada. También citó un caso en Morelos en el que, según su relato, un narcotraficante fue ejecutado y la DEA reconoció la operación como propia.

La presidenta sostuvo que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero ya con cambios legales y constitucionales para dar sustento a esas tareas. Según su versión, ahí cambió la lógica de la estrategia: detener a los delincuentes y llevarlos ante la fiscalía y el Poder Judicial, salvo en casos de enfrentamiento.

Sheinbaum dijo que Calderón protegió al Cártel de Sinaloa de otros cárteles

Al referirse a la detención de Ismael Zambada García y a los hechos posteriores en Sinaloa, la mandataria dijo que la evidencia circunstancial apuntaba a una ruptura dentro del propio Cártel de Sinaloa. Según planteó, un miembro de ese grupo habría traicionado a otro con una presunta injerencia extranjera que no fue informada al gobierno mexicano.

Aseguró que esa acción provocó una división interna que derivó en violencia en Sinaloa y en otras partes del país. Su argumento fue que, si las autoridades mexicanas hubieran recibido la información sobre el paradero de los involucrados, el resultado habría sido distinto porque el Estado mexicano habría ejecutado la detención.

Sheinbaum dijo que existía al menos una contradicción entre versiones sobre el traslado de esos dos delincuentes a Estados Unidos. Por un lado, mencionó una versión según la cual ambos llegaron de casualidad a la frontera; por otro, señaló que el FBI presentó la avioneta como parte de su propia operación, lo que a su juicio sugería participación directa.

Subrayó que correspondería a la FGR determinar si esos hechos derivaban en alguna denuncia penal. Aclaró que su gobierno no defendería a ningún narcotraficante y sostuvo que, si había pruebas suficientes, debían ser detenidos El Mayo, Joaquín Guzmán López y otros involucrados.

La presidenta afirmó que el actual gobierno no pactó con grupos criminales y que el gabinete de seguridad, junto con la fiscalía, actuó contra cualquier integrante de la delincuencia organizada sin importar el grupo o la entidad donde operara. Dijo que ese criterio se aplicó en coordinación con gobiernos estatales de los 32 estados, sin importar su partido.

El gobierno reportó más de 50,000 detenciones y una baja en homicidios

Sheinbaum informó que, en casi dos años de su administración, se detuvo a más de 50,000 personas, entre ellas presuntos delincuentes de alto perfil y coordinadores de grupos criminales. Aseguró que ese trabajo contribuyó a reducir los homicidios a 50.4 diarios y anticipó que el martes siguiente presentaría una nueva actualización con una disminución adicional.

Explicó que la estrategia incluyó atención a las causas, programas para jóvenes, becas, trabajo territorial casa por casa, ferias de servicios y acciones para acercar empleo y resolver problemas familiares. A eso sumó el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano.

En la relación con Estados Unidos, dijo que su gobierno rechazó la posibilidad de que fuerzas federales de ese país actuaran en territorio mexicano. Sostuvo que la coordinación funcionó mejor cuando Washington compartió información y México ejecutó los operativos dentro de su propio marco legal.

Disminuyó 70% la entrada de fentanilo a EEUU

Añadió que, bajo ese esquema, la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos disminuyó 70%. También señaló que autoridades estadounidenses realizaron decomisos de armas a petición de México, en un esfuerzo conjunto dentro de cada territorio.

La mandataria insistió en que la cooperación bilateral debía mantenerse en el marco del Estado de derecho de ambos países y con respeto a la soberanía mexicana. Dijo que actuar de manera unilateral, o aliarse con un grupo criminal contra otro, solo generó más violencia, como a su juicio ocurrió durante el sexenio de Calderón y volvió a reflejarse en Sinaloa tras el traslado de los dos capos a territorio estadounidense.

• Sheinbaum dijo que las agencias de Estados Unidos solo podían trabajar en México con autorización del gabinete de seguridad y bajo la Constitución.
• Afirmó que las labores de inteligencia y los operativos dentro del país quedaron exclusivamente en manos de instituciones mexicanas.
• Señaló que durante el sexenio de Calderón hubo apertura a agencias estadounidenses y puso como ejemplo a Rápido y Furioso, con más de 2,000 armas entregadas a grupos delictivos.

La menor de 14 años caminaba junto a su abuela cuando, en plena vía pública y a plena luz del día, quedó en medio de una balacera entre un sicario y su objetivo.

“Justicia por Cande, una niña, un angelito con toda una vida por delante. Fuerzas a toda la familia”, lamentó un usuario en un posteo de Facebook, acompañado por una imagen de la víctima, quien se preparaba para su fiesta de 15.

Otra publicación en la misma red social añadió: “Mi morocha hermosa. Nos dejaste con el alma destrozada. No hay consuelo con este gran dolor. ¿Por qué justo a vos? Si solo tenías 14 añitos, a meses de tus 15 años y estos te arrebataron la vida".

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo a los familiares y seres queridos de la adolescente, así como los reclamos contra los responsables del hecho. Durante el enfrentamiento, la abuela de la víctima también recibió un disparo en la espalda y permanece internada.

“Que caigan esos malparidos. Mataron a una criatura inocente. Justicia por Cande. Nos adherimos a su familia en este triste momento”, reza otro desgarrador mensaje en redes.

Y otro suma: “Mataron a una nena solo por ver quién manda en el barrio, tranzas hijos de p*ta. Una nena que estaba feliz organizando su fiesta de 15. ¿Se dan cuenta de lo mi*rdas que son? No les importa más que su mi*rda que venden. Una familia destruida por culpa de esos hijos de p*ta. ¡Una abuela luchando por su vida!“.

El fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios, que investiga el caso, ordenó una ola de más de 15 allanamientos. Para la Justicia, el móvil es, netamente, un conflicto por la venta de drogas en el territorio. Un triple crimen ocurrió la semana pasada en la jurisdicción, motivado también por el negocio dealer.

Candela Urquiza fue baleada en la cabeza mientras caminaba por la esquina de Dupuy y Atalaya, en la zona de Villa Dorrego, ubicada en Virrey del Pino. Su abuela, Blanca, de 50 años, recibió un tiro en la espalda. Una cámara de seguridad ubicada en el barrio captó el momento del crimen; el video ilustra esta nota.

La noticia llegó a la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense cuando las víctimas ingresaron al Hospital Simplemente Evita. Allí, un familiar de las Urquiza aseguró a los investigadores que una camioneta blanca llegó al lugar para dispararle a un hombre que caminaba por el barrio. El golpe falló; el sicario, en cambio, le disparó a nieta y abuela. Candela ingresó al centro médico ya sin vida. Su abuela fue operada de urgencia.

De inmediato, el fiscal Fornaro se trasladó a Villa Dorrego para ordenar el operativo. La Policía Bonaerense encontró la camioneta empleada en el hecho. También, descubrió la historia. El blanco del sicario, apodado “Neko”, regresó los disparos al ser baleado desde la camioneta, una Volkswagen Suran.

El enojo de los vecinos no se hizo esperar. La casa de “Neko” fue incendiada poco después. La sospecha es que el blanco original del ataque, que escapó de la zona y es intensamente buscado, es un transa del barrio. El fiscal Fornaro, precisamente, lo busca como sospechoso, ya que no es una víctima, sino un posible tirador y la causa del asesinato de Candela Urquiza: la acusación de homicidio agravado será para todos los involucrados.

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Tres mil familias sinaloenses permanecen en situación de desplazamiento forzado, tras 21 meses de que la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa provocó la peor crisis de seguridad que ha vivido el estado en décadas.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde confirmó la cifra y explicó que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), el Sistema DIF y los programas estatales mantienen contacto y seguimiento constante con cada familia registrada en el padrón oficial.

¿Qué municipios concentran el desplazamiento?

El fenómeno no se distribuye de forma homogénea en el territorio sinaloense. Las zonas serranas de Badiraguato, las comunidades rurales de Culiacán y el municipio de San Ignacio figuran entre los puntos con mayor registro de familias que abandonaron sus hogares.

Asimismo, el sur del estado presenta una situación más aguda. En Escuinapa, la violencia escaló desde mediados de diciembre de 2025 con ataques con explosivos a inmuebles del ayuntamiento y enfrentamientos continuos.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, advirtió que la magnitud del desplazamiento en Escuinapa aún no ha sido cuantificada por completo. Sin embargo, precisó que también se han identificado familias desplazadas en Rosario y Concordia, aunque la emergencia principal sigue localizada en Escuinapa.

Retornos en algunas comunidades

Frente a este panorama, la mandataria estatal dio a conocer una señal parcialmente alentadora: en varios municipios las condiciones de seguridad permitieron el retorno voluntario de familias que habían abandonado sus localidades. “Hay desplazados que ya están regresando a sus domicilios, a sus casas”, afirmó Bonilla Valverde. En San Ignacio, personas que permanecían en la cabecera municipal decidieron volver por cuenta propia al considerar que el entorno era viable para hacerlo.

La gobernadora subrayó que la atención no se interrumpirá mientras persistan las condiciones que originaron la movilidad forzada. El compromiso gubernamental apunta a sostener el padrón actualizado y ampliar la cobertura de programas conforme se identifiquen nuevos casos.

La brecha de información sobre Escuinapa

Uno de los puntos más delicados de la conferencia fue la pregunta sobre Escuinapa, donde habitantes denunciaron la salida masiva de familias hacia otras entidades, incluida Tepic, Nayarit. La gobernadora Bonilla Valverde reconoció que no dispone de datos actualizados sobre ese municipio en particular y remitió a Sebides como la instancia responsable de concentrar y validar esa información.

La CEDH abrió una investigación de oficio y acumula tres quejas formales vinculadas a la situación en el sur del estado. El seguimiento se realiza desde la oficina regional del organismo en Mazatlán. Loza Ochoa descartó que sea el momento de emitir una recomendación formal: “Es muy pronto para una recomendación”, respondió al precisar que la institución aún se encuentra en etapa de recopilación de información.

El contexto que explica la crisis

La disputa que sostienen las dos facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 constituye el origen directo de esta emergencia humanitaria. Ese conflicto interno cobró una dimensión especialmente visible en Escuinapa en marzo de 2026, cuando fue asesinado el subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariego, mientras circulaba en una unidad oficial.

La visita de Bonilla Valverde a Escuinapa el 9 de junio quedó marcada por la explosión de un vehículo en la carretera federal México 15 durante las primeras horas de la madrugada, aunque el incidente no dejó personas heridas. La mandataria encabezó en ese municipio la instalación de la Mesa de Construcción de Paz y se reunió con el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien días antes había reconocido públicamente que la violencia rebasó la capacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de los habitantes.

Diana Toro Díaz vivió durante años en Montreal con sus hijos, inscriptos en un colegio privado de alto perfil, en una zona acomodada frecuentada por familias latinoamericanas. Esa vida de apariencia ordinaria terminó cuando la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá la detuvo en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau al intentar ingresar al país con documentos falsos.

La colombiana de 44 años, nacida el 27 de marzo de 1982 en Cali, no era una desconocida para las autoridades. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la tenía en la mira desde 2010 como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, la organización que durante años encabezaron Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, según registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) citados por Infobae.

Su primer registro ante las autoridades data de 2006, cuando fue encarcelada en México tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen. En 2007 recuperó la libertad después de que no se acreditaron pruebas suficientes en su contra.

Su papel dentro de la estructura criminal

La OFAC la identifica como parte de la red financiera de su esposo, Alejandro Flores Cacho, a quien el Departamento del Tesoro describe como “un piloto que controla una red multinacional de transporte de drogas” en coordinación con “El Chapo” y “El Mayo” Zambada, de acuerdo con Infobae.

Toro Díaz administraba, junto con el hermano de su esposo, Javier Flores Cacho, diversas empresas fachada en Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México y Cuernavaca. Esos negocios incluían un restaurante, un rancho ganadero, una empresa agrícola, una fábrica, un club de gestión deportiva, una empresa de electrónicos y una tienda de artículos de oficina, según la OFAC.

Entre las compañías señaladas por las autoridades estadounidenses figuran Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos SA de CV; Capacitación Aeronáutica Profesional SC, identificada como escuela de vuelo en Cuernavaca; y Aero Express Intercontinental SA de CV, empresa de carga aérea con sede en la Ciudad de México, según reporta Infobae.

La red de lavado de dinero

La estructura financiera presuntamente dirigida por Toro Díaz y Flores Cacho canalizaba recursos del tráfico de cocaína entre Sudamérica, México y Estados Unidos. Las empresas de la red operaban como fachadas para lavar el dinero del cártel, de acuerdo con datos oficiales de la OFAC citados por Infobae.

El Departamento del Tesoro vinculó a Toro Díaz con al menos siete domicilios en México: uno en Hacienda de Las Palmas, municipio de Huixquilucan; uno en la Privada Ruiz Cortines, en Atizapán de Zaragoza; uno en Cuernavaca; y cuatro en la Ciudad de México, en las colonias Polanco, Juárez y Renacimiento, según la OFAC.

Las sanciones bajo la Ley Kingpin

En octubre de 2010, la OFAC incluyó a Toro Díaz en su lista de personas sancionadas bajo la Ley Kingpin, legislación federal estadounidense aprobada en 1999 que permite congelar activos y bloquear operaciones financieras de organizaciones del narcotráfico. La designación alcanzó también a Flores Cacho, a 12 empresas y a otros 16 miembros de su red en México y Colombia, de acuerdo con Infobae.

Ese mismo año, el Departamento del Tesoro documentó que “la red de colaboradores financieros de Flores Cacho incluye a su esposa, Diana Lorena Toro Díaz, y a su hermano, Javier Flores Cacho”, según el informe oficial citado por Infobae.

Los antecedentes de su esposo

Alejandro Flores Cacho construyó una red de pilotos dedicada al traslado de cargamentos de droga y dinero desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos desde la década de los 2000. En 2008, un tribunal federal en Houston lo acusó formalmente por narcotráfico y lavado de dinero, y desde entonces permanece prófugo, según Infobae.

La OFAC lo identifica como coordinador de una red de narcopilotos que operó bajo las órdenes directas de los líderes del Cártel de Sinaloa. Su hermano Javier también administraba varias de las compañías utilizadas para costear las operaciones del cártel, de acuerdo con los registros de la misma agencia.

La vida clandestina en Montreal

Toro Díaz llevaba varios años viviendo en Montreal bajo una identidad falsa, según reportaron los medios canadienses TVA Nouvelles y The Suburban, citados por Infobae. Sus hijos asistían a un colegio privado de alto perfil y la familia residía en una zona acomodada frecuentada por familias mexicanas y latinoamericanas.

Las autoridades canadienses determinaron que la mujer había ingresado al país en repetidas ocasiones con documentos apócrifos. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá mantiene abierta la investigación sobre los métodos de ocultamiento y las identidades falsas que utilizó durante ese periodo, de acuerdo con Infobae.

La detención en el aeropuerto Montréal-Trudeau

La captura ocurrió entre finales de abril y principios de mayo de 2026, cuando Toro Díaz intentó ingresar a Canadá con un pasaporte falso en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau. Una alerta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que la mantenía en la lista de personas buscadas por narcotráfico y lavado de dinero, facilitó su detención, según Infobae.

Tras la captura, las autoridades canadienses la trasladaron al Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, donde permanece bajo custodia mientras la Junta de Inmigración y Refugiados define su situación migratoria. No se han confirmado fechas para las audiencias ni si enfrentará cargos adicionales en territorio canadiense, de acuerdo con la misma fuente.

La posible extradición a Estados Unidos

La Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá analiza si Toro Díaz será extraditada a Estados Unidos, país que la investiga desde hace años por su presunta participación en redes de narcotráfico y lavado de dinero. De autorizarse el proceso, la mujer enfrentaría procedimientos relacionados con las sanciones impuestas bajo la Ley Kingpin.

El gobierno canadiense no ha emitido un pronunciamiento oficial con más detalles sobre el arresto. Alejandro Flores Cacho y varios de sus presuntos colaboradores continúan prófugos, de acuerdo con la misma fuente.

La Policía de Misiones capturó a un narcotraficante, identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años, que era buscado por un ataque armado que dejó dos heridos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron más de 12 kilos de droga valuados en casi 100 mil dólares, armas de fuego, ocho teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo, realizado este jueves por distintas divisiones de la Unidad Regional V en el barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú, permitió desarticular una importante estructura dedicada al narcomenudeo.

La investigación comenzó el miércoles, cuando dos jóvenes, Javier A. (27) y Marcelo P. (21), ingresaron al Hospital Samic de Iguazú con heridas de arma de fuego. Fuentes policiales indicaron que ambos se encontraban frente a un comercio en avenida 9 de Julio y calle Caña Fístola, cuando un motociclista llegó al lugar y disparó varias veces sin mediar palabra.

Por un lado, el hombre de 27 años sufrió heridas en el abdomen y la espalda, y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven de 21 sufrió heridas en una de sus piernas. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia, la Policía identificó al presunto autor del ataque, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento que derivó en su detención y el secuestro del cargamento de drogas y armas.

En tanto, le incautaron un revólver calibre .32 con municiones, ocho teléfonos celulares, chapas patentes de motos y autos, una balanza de gran porte, tres balanzas de precisión, cientos de bolsas tipo ziploc, bandas elásticas y dinero en efectivo. A su vez, secuestraron objetos utilizados para el estiramiento, fraccionamiento y distribución de drogas.

Entre las sustancias incautadas se contabilizaron 5,1 kilos de clorhidrato de cocaína, 7,1 kilos de cannabis sativa, 605 gramos de hachís y bolsas con tusi, una droga sintética cuya circulación viene en aumento en el mercado ilegal argentino.

Parte de la droga ya estaba fraccionada en más de 300 dosis listas para ser comercializadas. De acuerdo a estimaciones oficiales, el valor de la cocaína incautada supera los 60 mil dólares, mientras que la marihuana y el hachís rondan los 35 mil dólares, lo que representa un golpe económico de casi 100 mil dólares para el narcotráfico.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque armado y de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.

Este caso se suma a otro operativo antidroga realizado en la provincia. El pasado 30 de abril, un narco brasileño fue detenido en la zona norte de Misiones con más de 110 kilos de marihuana. El hombre, de 28 años, intentó huir de un control policial en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, pero fue capturado tras una persecución y un operativo de rastrillaje en la zona rural.

La droga que estaba oculta en el baúl de un Fiat Uno con patente brasileña fue descubierta luego de que el conductor abandonara el vehículo al despistar y quedar atrapado en una alcantarilla. El cargamento fue secuestrado y el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este martes ante el Senado de su país en medio de una agenda cargada: guerra con Irán, poderes de guerra en disputa con el Congreso y, de paso, México. Durante la audiencia, Rubio afirmó que los cárteles mexicanos podrían usar sus drones contra objetivos estadounidenses: “Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”.

La comparecencia fue la primera de Rubio ante el Congreso desde el inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero. El funcionario encuadró la amenaza como parte de un desafío global: “Es un problema generalizado. Está ocurriendo cada día en todo el mundo”.

La advertencia sobre los drones no es nueva ni exclusiva de Rubio, y el uso de esa tecnología por parte de grupos criminales en México es un hecho documentado. Lo que sí resulta significativo es el momento en que se pronuncia y el tablero político sobre el que cae.

Una coalición hemisférica que deja fuera a México

En esa misma comparecencia, Rubio también se refirió al continente. “Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en las cuestiones de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica”, declaró el secretario de Estado.

La referencia apunta directamente al Escudo de las Américas, la iniciativa regional lanzada en marzo pasado. La coalición busca coordinar esfuerzos militares y de inteligencia entre las naciones participantes para combatir las organizaciones criminales transnacionales, en particular los cárteles de la droga que operan en el continente. Entre los países alineados con la iniciativa figuran gobiernos de derecha afines a Trump, como los de Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. México, de nueva cuenta, no está en la lista.

El contexto que hace menos casual el discurso de Rubio

Las declaraciones del secretario de Estado no ocurren en el vacío. En las últimas semanas, la relación entre Washington y Ciudad de México ha acumulado tensiones en varios frentes simultáneos:

• El caso CIA en Chihuahua. En abril, un operativo en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio derivó en un accidente donde murieron dos agentes de la CIA y dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua. La FGR investiga posibles violaciones a la soberanía nacional, ya que el gobierno mexicano asegura no haber tenido conocimiento previo de la presencia de personal extranjero en territorio nacional.
• La solicitud de extradición de 10 funcionarios. El Departamento de Justicia estadounidense presentó con carácter urgente una solicitud de detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un alcalde y un senador en funciones, sin ofrecer públicamente las pruebas que sustentaron dicha petición. La FGR respondió que “no hay pruebas suficientes” para sostener las solicitudes.
• La revisión del T-MEC. El tratado comercial entre ambos países enfrenta una revisión obligatoria este mes de junio, lo que añade otra variable de presión en la negociación bilateral.

¿Por qué el discurso de soberanía de Sheinbaum no es fortuito?

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un acto en el Monumento a la Revolución donde colocó la defensa de la soberanía nacional en el centro de su mensaje. El lunes, el embajador Ronald Johnson respondió en redes sociales pidiendo que la lucha antinarcóticos no se convirtiera en una “discusión política”. Hoy martes, Sheinbaum le marcó límites desde la mañanera: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.”

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar un promocional del Partido Acción Nacional (PAN) en el que se acusaba a Morena de haberse aliado con el crimen organizado para llegar al poder. Sin embargo, un proyecto que será discutido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila revocar la medida al considerar que el mensaje forma parte del debate político y no constituye calumnia.

La controversia gira en torno al spot denominado “Ellos nos traicionaron”, difundido por el PAN en radio y televisión, donde se afirma que Morena “se alió con el crimen para ganar poder” y que es un partido que “entrega el gobierno al crimen”. Estas expresiones fueron denunciadas por el partido oficialista ante las autoridades electorales.

¿Por qué el INE ordenó retirar el spot del PAN?

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que las frases incluidas en el promocional podrían constituir calumnia, ya que atribuían a Morena hechos o conductas delictivas sin aportar elementos mínimos que respaldaran tales afirmaciones.

Por ello, el organismo electoral ordenó el retiro inmediato del material de radio y televisión mientras se resolvía el fondo del asunto. La autoridad consideró que las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado no estaban sustentadas con pruebas verificables dentro del mensaje difundido.

El spot mostraba imágenes relacionadas con la violencia, desapariciones y extorsiones en México, mientras una voz en off responsabilizaba al partido gobernante de la situación de inseguridad que enfrenta el país.

TEPJF perfila revocar la sanción contra el PAN

No obstante, un proyecto elaborado por uno de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF propone revocar la medida cautelar dictada por el INE.

De acuerdo con el proyecto, las expresiones utilizadas por el PAN forman parte de la crítica política y del debate público entre fuerzas partidistas. El magistrado ponente considera que las frases cuestionadas constituyen opiniones y posicionamientos políticos, por lo que no necesariamente representan la imputación directa de un delito a Morena.

Bajo esta interpretación, el mensaje estaría protegido por la libertad de expresión que rige durante las campañas y los procesos electorales, especialmente cuando se trata de confrontaciones entre partidos políticos.

¿Qué es la calumnia electoral?

La legislación electoral mexicana establece que existe calumnia cuando se imputa falsamente a una persona o partido político la comisión de un delito.

Las autoridades electorales suelen analizar si los mensajes contienen afirmaciones concretas sobre hechos delictivos o si se trata de opiniones, críticas o juicios de valor protegidos por la libertad de expresión.

Por esa razón, el caso ha generado un debate jurídico sobre los límites de la propaganda política y el alcance de las críticas que los partidos pueden dirigir contra sus adversarios durante los procesos electorales.

La decisión final aún está pendiente

El proyecto será discutido y votado por la Sala Superior del TEPJF. Si la mayoría de los magistrados respalda la propuesta, el PAN podría recuperar la posibilidad de difundir el promocional, pese a la determinación inicial del INE.

La resolución será relevante porque podría sentar un criterio sobre los límites entre la crítica política y la calumnia electoral en México, en un contexto de creciente confrontación entre oposición y oficialismo.

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Rescatan a 9 personas atrapadas en elevador de la Torre Latinoamericana: tres sufren crisis nerviosa

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescató a nueve personas que quedaron atrapadas en un elevador en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Tres de los rescatados fueron atendidos por crisis nerviosa y ninguno presentó lesiones físicas.

El incidente concluyó sin mayores complicaciones. Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos y conocido operativamente como Jefe Vulcano Cova, informó el desenlace a través de su cuenta en X con la etiqueta #ServicioConcluido.

No es la primera vez que el edificio registró un incidente de este tipo. El 17 de mayo de 2026, el mismo Jefe Vulcano Cova reportó el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador de la misma torre, también sin lesionados.

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Humo en la terminal 2 del AICM fue debido a un restaurante

El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atendió este sábado 30 de mayo la presencia de humo en la zona de las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, provocada por un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en esa área, informó la cuenta oficial del aeropuerto.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

La administración aeroportuaria informó que elementos del cuerpo de emergencias respondieron en apego a los protocolos establecidos y controlaron la contingencia sin que se registrara afectación a los vuelos o a los pasajeros en las salas de abordaje de la terminal.

El incidente ocurrió el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera fase de remodelación del AICM, obra con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos en recursos autogenerados del propio aeropuerto, de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

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A mitad de 2026, México enfrenta una transformación silenciosa pero profundamente peligrosa del crimen organizado: la convergencia acelerada entre narcotráfico y cibercrimen. Lo que durante años fue visto como una amenaza futura hoy se ha convertido en una realidad operativa que exhibe no sólo la capacidad de adaptación tecnológica de los cárteles, sino también las graves limitaciones del Estado mexicano para contenerlos.

El país ya no enfrenta únicamente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y la violencia territorial; enfrenta estructuras criminales híbridas que combinan poder armado, inteligencia digital, manipulación informativa, operaciones financieras clandestinas y capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas. Y el balance de mitad de año deja una conclusión incómoda: el gobierno mexicano sigue reaccionando tarde frente a una amenaza que evoluciona más rápido que sus instituciones.

Los acontecimientos ocurridos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero pasado marcaron un punto de inflexión. Además de los narcobloqueos, enfrentamientos y episodios de violencia que sacudieron varias regiones del país, se desplegó una campaña digital masiva de desinformación que evidenció el nuevo rostro del crimen organizado mexicano. Redes automatizadas, bots, cuentas coordinadas, videos manipulados y contenido generado mediante inteligencia artificial inundaron plataformas como X, TikTok y Telegram para amplificar rumores, sembrar miedo y proyectar una imagen de ingobernabilidad nacional. Lo alarmante no fue únicamente la capacidad técnica demostrada, sino la ausencia de una respuesta institucional sólida frente a operaciones de influencia digital que ya forman parte del repertorio criminal de los cárteles.

La evolución es evidente. Los grupos criminales dejaron de depender exclusivamente de sicarios, halcones y operadores financieros tradicionales. Ahora incorporan especialistas en blockchain, hackers, operadores de ransomware, expertos en lavado digital y perfiles con conocimientos avanzados en inteligencia artificial y automatización. La lógica criminal cambió: el cártel que controle información, infraestructura digital y capacidades tecnológicas tendrá ventajas operativas equivalentes —o superiores— al control territorial. Mientras tanto, el discurso gubernamental continúa anclado en narrativas de seguridad pública tradicionales que parecen incapaces de comprender la dimensión tecnológica del problema.

El panorama resulta todavía más preocupante cuando se observa el crecimiento del ransomware, las filtraciones masivas de datos y los mercados clandestinos de acceso a sistemas mexicanos. Durante los primeros meses de 2026 aumentaron las evidencias de que información robada a empresas, gobiernos locales y dependencias federales termina circulando en ecosistemas criminales que pueden ser aprovechados por organizaciones narcotraficantes para extorsión, corrupción, espionaje o infiltración institucional. México se convirtió en uno de los objetivos más vulnerables de América Latina debido a una combinación explosiva: sistemas obsoletos, corrupción, débil inversión en ciberseguridad y ausencia de coordinación efectiva entre autoridades civiles, militares y tecnológicas.

El problema no es únicamente técnico; es político. El gobierno federal ha mostrado una preocupante incapacidad para construir una estrategia nacional coherente frente a la convergencia entre crimen organizado y ciberdelincuencia. Mientras otros países discuten ciberdefensa, protección de infraestructura crítica y operaciones híbridas, México continúa atrapado en disputas burocráticas, militarización improvisada y políticas reactivas. No existe claridad pública sobre protocolos de respuesta ante campañas de desinformación criminal, protección de sistemas estratégicos o mecanismos reales para combatir el lavado mediante criptomonedas. Peor aún: la opacidad institucional impide conocer el verdadero alcance de las vulneraciones sufridas por dependencias gubernamentales durante los últimos años.

La segunda mitad de 2026 podría agravar significativamente este escenario. La cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad extraordinaria para redes criminales dedicadas al fraude digital, phishing, falsificación de boletos, robo de identidad y ataques financieros masivos. Expertos en seguridad advierten que el evento deportivo podría convertirse en el mayor catalizador de cibercrimen en la historia reciente del país, particularmente en un entorno donde los grupos criminales ya demostraron capacidad para operar campañas coordinadas en línea y explotar infraestructuras vulnerables. La combinación entre alto flujo económico, turismo internacional y debilidad institucional crea un entorno ideal para operaciones criminales híbridas.

A ello se suma la creciente presión de Estados Unidos sobre México. Washington ha endurecido su narrativa respecto a la relación entre narcotráfico, corrupción y amenazas transnacionales, incrementando el interés de agencias estadounidenses en los vínculos entre cárteles mexicanos, criptomonedas, lavado digital y operaciones cibernéticas. La posibilidad de que organizaciones criminales mexicanas sean tratadas cada vez más bajo esquemas de combate al terrorismo introduce riesgos diplomáticos, económicos y de soberanía que podrían escalar durante el resto del año.

El balance de mitad de 2026 deja una advertencia clara: el crimen organizado mexicano está evolucionando hacia un modelo tecnológicamente integrado mientras el Estado permanece rezagado. Los cárteles entendieron antes que el gobierno que el control del entorno digital ya es parte central del poder criminal. Y si la tendencia actual continúa, México podría cerrar el año no solo con mayores niveles de violencia e infiltración criminal, sino también con una capacidad institucional cada vez más debilitada frente a organizaciones que ya operan simultáneamente en las calles, las redes y los sistemas digitales del país.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

Figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada o Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han concentrado la atención en el mundo criminal debido a una popularidad característica que formaron a través de los años al tener presencia mediática o por mantener un bajo perfil.

Aunque resuenan en su mayoría nombres de figuras masculinas, en el narcotráfico también han participado mujeres como cabecillas de organizaciones que han trabajado codo a codo con líderes; sin embargo, sus historias no han sido contadas debido a que muchas manejaron un bajo perfil que las llevó a perderse en archivos o acusaciones en los Estados Unidos.

Deborah Bonello, editora general de la agencia InSight Crime, explicó en entrevista con Infobae México que fue la falta de conocimientos sobre mujeres en el narco lo que la llevó a escribir su libro Narcas: El ascenso al poder de las jefas secretas del crimen organizado, con el objetivo de contar las historias de quienes colaboraron en el ascenso del Cártel de Sinaloa.

Durante su estadía en México en 2006 y mientras cubría temas de crimen organizado, Bonello identificó que la cobertura de las mujeres dentro de los cárteles se daba a través de su vida romántica y no en función de sus actividades delictivas, lo que la llevó a investigar sus roles con una mirada distinta.

“Sentí que había demasiado enfoque en lo que son las novias y la figura de la buchona y toda esa cultura, pero toda la cobertura se enfocaba en con quién estaba casada, con quién se estaba acostando (o estaba) enamorada, con toda esa narrativa del romance y el sexo”, señaló.

Aprovechan los estereotipos, aunque también funciona como manto para ocultarse

Bonello explicó que fueron alrededor de dos años los que pasó documentando las historias de mujeres que participaron activamente en el narco en Honduras, Guatemala y México, y quienes contaban con alianzas con el Cártel de Sinaloa.

Durante su investigación, pudo recopilar testimonios y casos que evidencian el liderazgo de diversas mujeres en el crimen organizado, quienes participaban en funciones clave como el tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones logísticas.

Bonello detalló que los estereotipos son un punto clave en el estudio de los roles de las mujeres en el crimen, ya que han provocado que permanezcan en las sombras al subestimarse sus capacidades, además de que puede ser aprovechado por ellas para mantener un bajo perfil.

Los liderazgos actuales de Enedina Arellano Félix (Cártel de Tijuana) y de Rosalinda González Valencia (Cártel Jalisco Nueva Generación) son una muestra del bajo perfil que suelen mantener las mujeres, ya que, a pesar de su poderío e influencia, poco se conoce de su entorno.

“Yo he hecho mucha fuerza para que documentáramos más a la Rosalinda. Pero realmente, cuando ves su fama y la cantidad de tiempo que ella tiene en el narcotráfico, comparado con su marido, es noche y día. Ella hasta que tiene muchos más años en el narcotráfico, más poder por parte de su familia (…) Yo siento (que esa invisibilidad es porque) en general, la gente que está documentando y escribiendo sobre el crimen organizado, históricamente fueron los hombres. Y los hombres en general no esperan que las mujeres tengan un poder, nos sobreestiman, lo cual sirve para las mujeres“, aseguró.

Las buchonas, ¿tienen un nuevo rol o siempre lo llevaron a cabo?

La autora refirió que los roles de las mujeres dentro de los cárteles van más allá de su apariencia física, esto luego de que algunos expertos en seguridad pública han afirmado que aquellas identificadas como “buchonas” comienzan a tener papeles activos en las organizaciones.

“Puedo decir que las apariencias mienten y que ellas aparecen en muchas formas, sea buchona o abuela, todo es posible”, señaló.

En su libro, Deborah Bonello señala que las historias de mujeres han sido poco estudiadas debido a que su nivel de violencia ha sido usado como el prisma para medir el liderazgo y poder que tendrían dentro de los grupos criminales; sin embargo, la mayoría de ellas ha mantenido un bajo perfil desde los años cuarenta.

A través de mujeres como Digna Valle ( Honduras); María Dolores Estévez Zuleta, “La Chata”, (México); Ignacia Jasso, “La Nacha”, (México); Emma Coronel (México); Luz Irene Fajardo Campos, entre otras, la autora abre una puerta para mostrar que su poderío iba más allá de los hombres que las rodeaban o de la violencia que ejercían.

“El punto del libro es tratar de quitarnos un poquito estos lentes (de los estereotipos) para ver con un poquito más de claridad lo que está pasando, porque también las mujeres usan estereotipos para esconderse”, señaló.

Narcas cuenta la historia de un grupo de mujeres que lideraron sus propias organizaciones criminales. Todas tienen contextos y orígenes distintos, pero comparten sus nexos con el Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia México.

La acción, encabezada por la Prefectura Naval Argentina, se desplegó tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos sospechosos en un sector ribereño del río Paraná y permitió, en pocas horas, el secuestro de una importante cantidad de droga, un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento se desencadenó cuando la línea de emergencias náuticas 106 recibió un llamado que informaba la presencia de personas descargando bultos en la costa, a la altura del kilómetro 1.462 del cauce, en la zona conocida como “Chancharía”. A partir de este aviso, las fuerzas de seguridad organizaron un despliegue terrestre que permitió interceptar a los sospechosos en plena maniobra de carga.

Los efectivos observaron cómo tres hombres y una mujer acarreaban paquetes hacia una camioneta. Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron escapar, dando inicio a una persecución que concluyó sobre la Ruta Nacional N° 120, en el tramo denominado “Loro Cuarto”, a la altura del kilómetro 1.458.

Tras interceptar el vehículo, la Prefectura Naval Argentina procedió a identificar a los ocupantes y a revisar el contenido del baúl, donde hallaron 335 envoltorios conteniendo una sustancia vegetal compatible con marihuana. El pesaje posterior confirmó que el cargamento superaba los 91 kilogramos de cogollos de cannabis.

El operativo también resultó en el secuestro de la camioneta utilizada para el traslado, así como de tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. El valor estimado de los elementos incautados ascendía a casi 339 millones de pesos, según informaron autoridades de la fuerza.

Esta intervención se realizó en coordinación con la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell y con la participación del fiscal auxiliar Dr. Juan Martín García, quienes instruyeron las actuaciones y dispusieron la detención de los cuatro implicados.

La acción fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que mediante un llamado anónimo a la línea 106 permitió activar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

El decomiso de más de 91 kilogramos de marihuana representa uno de los golpes más recientes al tráfico de estupefacientes en la región, donde la utilización de rutas fluviales y terrestres para el traslado ilícito de sustancias es una problemática recurrente. En esta oportunidad, la intervención policial logró frustrar una operación que, según la valuación oficial, habría tenido un impacto económico relevante en el circuito ilegal.

Intentaron pasar 900 kilos de marihuana en Misiones

A fines del mes de febrero de este año, en un operativo realizado por la Prefectura Naval se secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la localidad de Montecarlo, Misiones, tras detectar dos embarcaciones que cruzaban desde Paraguay.

El cargamento, compuesto por 1.200 panes prensados, estaba valuado en más de 3.183 millones de pesos, de acuerdo a las fuentes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos en la frontera, precisó la fuerza federal en un comunicado.

El personal, apostado en un puesto de vigilancia, utilizó un monocular de visión nocturna para advertir la presencia de dos botes a remos que ingresaban desde territorio paraguayo hacia la costa argentina.

Luego de desplegar recursos terrestres y fluviales, los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación, detallaron. No había rastros de las personas que lo trasladaban. Luego de ser descubiertos, los panes rectangulares prensados, fueron trasladados a la base de Prefectura, donde fueron pesados.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Eldorado, encabezada por la fiscal Liliam Edith Delgado, quien dispuso el secuestro de la droga y la intervención judicial correspondiente.

El líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que empresas mineras operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a los trabajadores. Durante la 44 Convención Nacional del sindicato, celebrada ayer, el dirigente advierte que las acciones de estas empresas representan “una violación total no sólo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral”. Gómez Urrutia señala que estas prácticas afectan a yacimientos en varios estados y solicita la cancelación de concesiones y registros sindicales para proteger a los empleados y sus familias de riesgos graves, como amenazas de muerte.

A las denuncias en la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas y operada por la firma Orla Mining, se agrega el involucramiento de otros consorcios del sector que habrían replicado este modelo. Gómez Urrutia afirma que al menos tres empresas de capital canadiense —Plata Panamericana en Zacatecas, Américas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold en Guerrero— operan con impunidad y recurren de manera sistemática a grupos armados. Estos grupos, indica, fuerzan la intervención en asambleas y condicionan las votaciones sindicales, forzando la deserción de los trabajadores del Sindicato Nacional Minero.

El dirigente expresa la gravedad del fenómeno, resaltando que Canadá concentra cerca de 70% de la inversión extranjera en la minería mexicana. Subraya que existe una tendencia al uso de “sindicatos blancos, hechos casi narcosindicatos”, los cuales, según describe, son operados o protegidos por organizaciones criminales para debilitar la representación auténtica de los sindicatos. Gómez Urrutia advierte que hay al menos tres empresas más involucradas que actúan “totalmente en la impunidad”.

En la convención nacional del gremio minero, Gómez Urrutia señala que el sindicato solicita formalmente a la Secretaría del Trabajo retirar la concesión minera a Orla Mining debido a las presuntas violaciones laborales y a su negativa de permitir a los trabajadores el ejercicio de sus derechos de libertad y democracia sindical. También exige el retiro del registro del sindicato patronal relacionado con esta operación, al considerar que los mecanismos de presión y amenazas constituyen un riesgo para la seguridad y vida de los empleados.

El diputado federal con licencia sostiene que dejar impune esta estrategia sentaría “un precedente muy negativo” e incentiva que otras empresas mineras recurran igualmente a la delincuencia organizada y sindicatos afines a las patronales para mantener el control laboral. El gremio pide que sean canceladas las concesiones y retirados los registros a estos grupos para detener la intromisión criminal y devolver a los trabajadores las garantías laborales establecidas en la ley.

Durante el encuentro, Gómez Urrutia reitera que el sindicato documenta más casos de agresiones, intromisiones en la vida sindical y “deserción forzada” impulsada por presión directa de la delincuencia organizada, a pedido o con la tolerancia de los consorcios mineros. Los trabajadores, asegura, han recibido amenazas de muerte y otros tipos de intimidaciones para obligarlos a votar en contra del sindicato independiente.

El dirigente indica que la presión creciente sobre el personal busca expulsar al Sindicato Nacional de Mineros de las minas más rentables del país y sustituirlo por agrupaciones sindicales controladas por los empleadores, a fin de debilitar la negociación colectiva y los derechos laborales. Gómez Urrutia reafirma que se busca intervención directa de la autoridad federal para frenar la escalada de violencia y devolver la normalidad a la vida sindical en el sector.

El sindicato prioriza, según dijo, la seguridad de los trabajadores y la restitución del marco legal, señalando que la presencia de organizaciones criminales en las operaciones mineras representa un peligro latente, no solo para el gremio sino también para las comunidades de las zonas de extracción. El líder minero sostiene que las autoridades laborales deben responder con la cancelación de concesiones y la expulsión de sindicatos patronales como única forma de garantizar la integridad y derechos del personal minero en el país.

• Denuncian empresas mineras que operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a trabajadores.
• Solicitan cancelar concesiones y retirar registros sindicales a compañías implicadas, como Orla Mining, Plata Panamericana, Américas Gold and Silver y Torex Gold.
• Afirman que Canadá controla cerca de 70% de la inversión minera extranjera en México y que la intimidación incluye amenazas de muerte al personal.

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Confirman hallazgo de tres cuerpos en fosas clandestinas de Los Cabos

En las inmediaciones de la presa San Lázaro, en Los Cabos, autoridades estatales localizaron tres cuerpos en fosas clandestinas tras un aviso recibido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y colectivos de familiares.

El hallazgo ocurrió luego de que especialistas de la Dirección de Servicios Periciales procesaron dos inhumaciones clandestinas en la zona. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para iniciar los protocolos de identificación correspondientes.

Peritos anunciaron que se realizarán pruebas genéticas y análisis científicos para lograr una identificación plena de las víctimas. El objetivo es dar certeza a las familias en el proceso de investigación.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con colectivos y autoridades para avanzar en las indagatorias y garantizar certidumbre a quienes buscan a sus familiares.

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Tras riña, detienen en a hombre con rifle exclusivo de las fuerzas armadas en Nezahualcóyotl

En la colonia Impulsora del municipio de Nezahualcóyotl, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la policía municipal detuvieron a un hombre por su posible participación en delitos vinculados con la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Durante acciones de patrullaje, los oficiales detectaron una riña y al intervenir observaron que un individuo abordó un vehículo para retirarse del lugar.

La intervención derivó en la inspección del vehículo, donde los policías estatales localizaron un arma larga tipo AR-15 y cargadores abastecidos con cartuchos calibre .223 milímetros debajo del asiento del copiloto.

En el sitio, las autoridades aseguraron también otro vehículo aparentemente relacionado con los hechos.

El detenido, identificado como Brayan “N”, de 30 años, fue informado de sus derechos conforme a la ley. Junto con el arma asegurada y los vehículos, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Texcoco.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido y esclarecer la relación de los indicios asegurados con los hechos reportados en Nezahualcóyotl.

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La acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa en el sistema judicial de Estados Unidos, refuerza el extenso historial de mandatarios estatales mexicanos implicados por corrupción y narcotráfico.

Los casos de los mandatarios del más alto nivel evidencian un patrón donde el poder político en varias entidades ha servido como vía directa para el crimen organizado, provocando extradiciones, sentencias y procesos abiertos tanto en México como en el extranjero.

Genaro García Luna: 38 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos

El caso más reciente y emblemático es el de Genaro García Luna, quien entre 2006 y 2012 encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal. En febrero de 2023, un jurado en Brooklyn lo encontró culpable de cinco cargos, incluyendo empresa criminal continua, conspiración para distribuir toneladas de cocaína y mentir a autoridades migratorias al solicitar la nacionalidad estadounidense. La evidencia presentada en su contra demostró que, siendo director de la Policía Federal y de la AFI, aceptó millones de dólares del Cártel de Sinaloa para garantizar impunidad a cambio de protección y filtración de información.

El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan le impuso 38 años y 8 meses de prisión (460 meses), junto con una multa de USD 2 millones. Lo definió como funcionario que “llevó una doble vida”. Ahora cumple condena en la prisión federal ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde están reclusos personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó frenar su apelación. Su posible liberación solo podría ocurrir el 20 de mayo de 2052. En México todavía enfrenta causas abiertas, aunque no puede regresar por su comprobada relación con el crimen organizado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca: orden de captura vigente y residencia en Estados Unidos

La presunta relación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con el crimen organizado y el financiamiento político ilícito lo ha colocado bajo el escrutinio de autoridades federales mexicanas y agencias extranjeras. En 2007, un memorandum diplomático estadounidense, citado por el político Alejandro Rojas Díaz Durán, alertaba que Cabeza de Vaca, siendo alcalde de Reynosa, habría financiado la campaña presidencial de Felipe Calderón con recursos del Cártel del Golfo y posiblemente de Joaquín Guzmán Loera. El documento además sugiere una investigación abierta en Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

La FGR lo acusa formalmente de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene que desvió recursos públicos y facilitó la introducción ilegal de combustibles en lo que se conoce como “huachicol fiscal”.

El 24 de febrero de 2026, la SCJN revocó un amparo previamente concedido, reactivando la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que consolidó su condición de prófugo. Aunque reside en Estados Unidos desde 2022, donde no ha sido detenido, México ha emitido solicitud de extradición, sin que hasta mayo de 2026 se concrete el procedimiento. El exgobernador y el PAN denuncian persecución política, acusando represalias del gobierno federal, mientras se mantiene como prófugo de la justicia mexicana.

Tamaulipas: epicentro de gobernadores con vínculos criminales

Tamaulipas sobresale como entidad donde tres exgobernadores enfrentaron procesos relacionados con el narcotráfico:

Tomás Yarrington, gobernador entre 1999 y 2005, fue detenido en Italia en 2017, extraditado a Estados Unidos y condenado a nueve años de cárcel por lavado de dinero. De acuerdo con el testimonio de un miembro del Cártel del Golfo, Yarrington facilitó el tráfico de drogas a través del estado y recibió sobornos millonarios. En abril de 2025, tras cumplir parte de su sentencia en Estados Unidos, fue deportado a México e ingresado al penal del Altiplano, donde enfrenta cargos adicionales por delitos contra la salud.

El sucesor de Yarrington, Eugenio Hernández Flores, también fue investigado por agencias estadounidenses, señalamientos que lo vinculan con sobornos otorgados por Los Zetas para operar sin restricciones en Tamaulipas. En diciembre de 2025, obtuvo un amparo para frenar de manera inmediata su extradición, aunque continúan vigentes acusaciones en México por peculado, lavado de dinero y fraude bancario adjudicado a empresas ficticias.

Mario Villanueva: primer gobernador sentenciado en Estados Unidos por lavado ligado al narco

La trayectoria del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, ilustra el uso del aparato estatal para blindar rutas ilícitas. En los noventa autoriza el flujo de armas y droga procedente de Colombia al consolidar la entidad como corredor clave para operaciones trasnacionales. Tras cumplir una condena en el penal de Almoloya, en 2013 una corte en Estados Unidos lo condena a 17 años de prisión culpable de lavado de dinero, estableciendo un precedente sobre la capacidad del poder estatal para brindar protección institucional a redes del narco.

Jorge Torres López: contratos públicos y sobornos en Coahuila

En el norte del país, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, admitió ante cortes estadounidenses haber realizado transacciones ilícitas para ocultar sobornos —vinculados a contratos de obra pública, principalmente en construcción de carreteras—. Fue identificado como uno de los fugitivos más buscados por la DEA hasta su captura en 2019. Posteriormente, fue condenado en Texas por el delito de lavado de dinero relacionado con recursos públicos desviados.

Édgar Veytia: el “Diablo” de Nayarit, entre cárceles de Estados Unidos y litigios civiles

La historia de Édgar Veytia, conocido como “El Diablo”, muestra la colusión directa entre fiscalías estatales y el tráfico de drogas. Durante su periodo al frente de la fiscalía de Nayarit (2012-2017), usó su cargo para proteger al Cártel de los Beltrán Leyva, específicamente al ala del “Cártel H-2”. De acuerdo con procesos judiciales abiertos en Nueva York, aceptaba sobornos mensuales cercanos a 2 millones de pesos a cambio de brindar protección y obstruir investigaciones en contra de los criminales.

Detenido en marzo de 2017 en San Diego, fue sentenciado en 2019 a 20 años de prisión por conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, así como proteger al crimen organizado y liberar a integrantes clave de su grupo aliado.

La situación de Veytia cambió en 2023 cuando decidió colaborar con autoridades estadounidenses. Durante el juicio contra García Luna, testificó en su contra revelando que altos mandos federales en México protegían a Guzmán Loera, mientras él lo hacía con agrupaciones enemigas. Gracias a esta colaboración, su sentencia fue reducida a 10 años, con liberación original para octubre de 2025.

Sin embargo, desde febrero de 2025, la información del Buró Federal de Prisiones muestra que abandonó la custodia federal. Esto sugiere su liberación anticipada o inclusión en el programa de protección a testigos. Al mismo tiempo, en marzo de 2025, cinco familias nayaritas lo demandaron civilmente en una corte federal estadounidense, acusándolo de tortura en el periodo conocido como “El terror de Nayarit”. En México existen órdenes de extradición vigentes por secuestro y extorsión, pero la FGR no ha concretado su entrega.

El sistema político como vía al narco: una radiografía a mayo de 2026

El patrón que se observa hasta mayo de 2026 revela un ciclo donde exgobernadores y altos funcionarios en México operan en la frontera difusa entre el Estado y el crimen organizado. De García Luna en una prisión federal estadounidense a Cabeza de Vaca en condición de prófugo y los juicios abiertos a Yarrington, Hernández, Villanueva, Torres López y Veytia, la narcopolítica mexicana ha dejado una secuela de extradiciones, sentencias y procesos que cruzan jurisdicciones nacionales.

Destaca que, además de los procesos penales y las condenas, varios de los exmandatarios mencionados han buscado refugio legal y político en Estados Unidos, donde solo algunos han enfrentado la justicia. El presente inmediato para la justicia mexicana está marcado por la imposibilidad, hasta ahora, de lograr la extradición de prófugos con amplios recursos legales y políticos a su alcance.

• Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrenta acusación judicial en Estados Unidos por supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa, en una constante de mandatarios implicados en narcotráfico.
• Genaro García Luna cumple una condena de 38 años y 8 meses en una prisión de máxima seguridad en Colorado por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.
• A mayo de 2026, varios exgobernadores —incluidos Yarrington, Hernández, Villanueva y Veytia— han sido sentenciados o continúan enfrentando procesos judiciales en México y Estados Unidos por delitos vinculados al crimen organizado.

La acusación presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos, ha sacudido el panorama político y de seguridad en México. Aunque el documento judicial se centra en delitos tradicionales de narcotráfico —conspiración para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, protección de cargamentos y filtración de información confidencial—, su verdadero alcance va mucho más allá de lo que está explícitamente escrito.

La acusación apunta al presunto vínculo entre autoridades estatales y el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, pero también revela, de forma indirecta, una transformación más profunda: la consolidación de un modelo de crimen organizado híbrido que combina narcotráfico, corrupción política y capacidades digitales avanzadas.

En apariencia, no hay rastro de ciberdelito en la acusación. No se mencionan hackeos, ransomware, phishing ni criptomonedas. Sin embargo, esa omisión no implica que estos elementos sean irrelevantes, sino que evidencia una brecha entre lo que puede probarse jurídicamente y lo que ya ocurre en la práctica criminal contemporánea. El narcotráfico del siglo XXI ha dejado de ser exclusivamente territorial y físico; hoy opera también en redes digitales, sistemas financieros descentralizados y plataformas clandestinas en línea.

Diversos informes de inteligencia y análisis de ciberseguridad coinciden en que organizaciones como el Cártel de Sinaloa han evolucionado hacia estructuras híbridas. Estas integran herramientas tecnológicas para ampliar su alcance y reducir riesgos. El uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero o Tether permite lavar ganancias de manera más eficiente y transfronteriza, mientras que la dark web se ha convertido en un canal para la venta directa de drogas. A esto se suma la contratación de hackers para tareas de vigilancia, espionaje y contrainteligencia, así como la colaboración con redes internacionales de ransomware y fraude digital. No se trata de actividades aisladas, sino de una estrategia de diversificación y sofisticación criminal.

Uno de los ejemplos más reveladores de esta evolución es el caso documentado en el que el Cártel de Sinaloa contrató a un hacker para acceder a registros telefónicos y sistemas de videovigilancia en la Ciudad de México. A través de esta intrusión, la organización logró rastrear a un funcionario del FBI, identificar a sus contactos y, en algunos casos, eliminar a posibles informantes. Este episodio ilustra cómo la inteligencia cibernética se ha convertido en un arma tan eficaz como la violencia física, permitiendo anticipar operativos, neutralizar amenazas y mantener el control territorial con mayor precisión.

En este contexto, la acusación contra Rocha Moya adquiere una dimensión más compleja. Si, como sostiene el DOJ, existió una red de protección institucional que facilitó las operaciones del cártel mediante filtración de información y uso de estructuras estatales, entonces no solo se habría permitido el narcotráfico tradicional, sino también la expansión de estas capacidades digitales. Un entorno de impunidad y debilidad institucional reduce significativamente la capacidad del Estado para investigar delitos cibernéticos, rastrear flujos financieros en criptomonedas o responder a ataques digitales que benefician a organizaciones criminales.

El uso de criptomonedas, en particular, representa una herramienta clave para sostener redes de corrupción a gran escala. A diferencia del efectivo, que implica riesgos logísticos y de detección, los activos digitales permiten transferencias rápidas, discretas y difíciles de rastrear sin capacidades técnicas especializadas. En este esquema, los sobornos pueden circular a través de wallets digitales, intermediarios o plataformas descentralizadas, reduciendo la exposición de los involucrados y facilitando la continuidad del sistema corrupto. Aunque la acusación menciona “sobornos cuantiosos”, no detalla los mecanismos utilizados, pero el contexto actual sugiere que las herramientas digitales podrían haber jugado un papel relevante.

La convergencia entre narcotráfico y cibercrimen también se refleja en las tendencias nacionales. México se ha posicionado como uno de los países más afectados por ransomware en América Latina, con ataques dirigidos a instituciones gubernamentales, hospitales y empresas privadas. Paralelamente, han aumentado los fraudes digitales, el phishing avanzado y las filtraciones de datos sensibles. Estos fenómenos no son ajenos al crimen organizado; por el contrario, en muchos casos forman parte de su estrategia de diversificación, generación de ingresos y obtención de inteligencia.

La posible captura institucional en estados clave como Sinaloa no solo compromete la lucha contra el narcotráfico, sino que debilita la capacidad del país para enfrentar amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. En un entorno donde las autoridades pueden estar cooptadas o presionadas, la investigación de delitos digitales se vuelve secundaria o inexistente, permitiendo que el crimen híbrido opere con mayor libertad.

El caso de Rocha Moya, por tanto, no debe analizarse únicamente como un episodio de corrupción o narcotráfico. Es un síntoma de una transformación estructural en la que el poder criminal se adapta, evoluciona y se infiltra en las instituciones utilizando tanto la violencia tradicional como herramientas tecnológicas de última generación. Si futuras investigaciones incorporan evidencia relacionada con criptomonedas, comunicaciones cifradas o intrusiones digitales, el caso podría escalar hacia un modelo más amplio de delincuencia organizada con implicaciones aún más graves.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la responsabilidad de un funcionario, sino la capacidad del Estado mexicano para enfrentar una amenaza que ya no distingue entre lo físico y lo digital. La línea entre gobierno y crimen, entre autoridad y complicidad, se vuelve cada vez más difusa en un escenario donde el narco no solo controla territorios, sino también datos, redes y sistemas. En ese terreno, la impunidad no solo se mide en toneladas de droga que cruzan la frontera, sino en la información que nunca se investiga y en los delitos que nunca llegan a ser nombrados.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

Un narco que era buscado por la Justicia Federal de Corrientes fue detenido este martes a la noche luego de que lo identificaran en un control vehicular por la Policía del Chaco.

Todo ocurrió el martes cerca de las 19:00 horas, cuando el hombre, de 30 años, se autoidentificó con el apellido Espíndola al ser interceptado por un control policial en la intersección de las avenidas Mañanez y San Martín, en la localidad chaqueña de General San Martín.

En el momento en que los efectivos policiales buscaron su identidad en el sistema de datos, descubrieron que se trataba de una persona que era buscada por la Justicia Federal de Corrientes. Asimismo, indicaron que estaba involucrado en una causa por narcotráfico.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, el sospechoso fue detenido inmediatamente en el lugar y se informó que permanecería incomunicado. Además, confirmaron el secuestro del teléfono personal de Espíndola.

Buscan a “La Marcia”, una líder narco acusada de dirigir una banda criminal

Marcia Daniela Giovanetone, de 37 años, permanece prófuga y es señalada por la Justicia Federal como líder de una organización narco con operaciones en los partidos bonaerenses de Luján y General Rodríguez. La investigación asegura que, durante una década, la acusada habría recaudado millones de pesos, lo que le permitió adquirir tres inmuebles valuados en USD 280.000 y seis vehículos, algunos de alta gama, por un total de USD 150.000.

A pesar del presunto crecimiento patrimonial, entre 2015 y 2022, se confirmó que Giovanetone accedió a planes sociales. En 2015 obtuvo un beneficio del Banco Nación, desde 2016 hasta 2022 recibió el Plan Progresar y la Asignación Universal por Hijo; además, en 2022 fue beneficiaria del refuerzo de ingresos y del Programa Hogar (Garrafa). Según la Justicia Federal, ni ella ni su entorno registraron actividad comercial alguna en los registros de ARCA.

“La Marcia”, como es conocida en el barrio Ameghino de Luján, no tiene residencia fija desde 2016, año en que fue detenida por primera vez por venta de drogas. De acuerdo con una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, habría involucrado a toda su familia en el negocio.

El grupo se consolidó en una vivienda ubicada en la calle Darwin, donde residía con su pareja, Carlos Alberto “El Rubio” Salas. La propiedad fue allanada reiteradamente y funcionaba como base operativa del clan. Allí, una pared con un agujero conectaba la casa principal con el principal bunker de venta de cocaína, donde se comercializaban dosis fraccionadas a consumidores de bajos recursos.

La organización fue ampliando su alcance mediante la incorporación de nuevos vendedores y transportistas, quienes distribuían la droga en barrios y ciudades cercanas. Los puntos de venta estaban protegidos por sistemas de cámaras de circuito cerrado, monitoreados remotamente por Giovanetone desde televisores, tablets y celulares.

La acusada es investigada, además, por lavado de activos y amenazas a vecinos y policías, así como por el abuso de armas. Pese a haber sido detenida en varias ocasiones, siempre recuperó la libertad. Su última fuga ocurrió el 30 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a su mano derecha, Horacio Eduardo Arroyo, en Villa Soldati.

En tanto, su pareja fue capturada el 8 de marzo tras una pelea vecinal en la que se utilizaron armas de fuego. El arresto se concretó durante un allanamiento, donde se lo imputó por abuso de arma de fuego y tenencia de droga con fines de comercialización.

Durante la última semana, tras 12 allanamientos realizados por la Policía bonaerense, fue apresado Tomás “Tomy” Hernández, identificado como el hijo mayor de “La Marcia” y presunto administrador de puntos de venta.

También resultaron detenidos Diego Salas y Macarena Peralta, encargados de la distribución de cocaína y recaudación del dinero, junto a Facundo Santillán, señalado como responsable de proveer vehículos para el traslado de líderes y recaudadores. Todos los apresados, junto a otros vendedores, quedaron a disposición del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

Una semana después de que dos jóvenes de la localidad de Xalpatlahuac fueran privados de la libertad, familiares hallaron sus cuerpos sin vida en una fosa clandestina a las afueras de la comunidad, en las inmediaciones de instalaciones usadas por el crimen organizado. El hecho se suma a la reciente desaparición de siete hombres en la región Norte de Guerrero, donde la violencia y la ausencia de respuesta oficial profundizan la incertidumbre para familiares de víctimas.

Encuentran sin vida a Ruth Valle y Oswaldo Antonio, desaparecidos en Tecoanapa

El domingo 19 de abril, familiares de Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18, localizaron sus cuerpos en el paraje conocido como Las Antenas, cerca de campamentos improvisados de grupos criminales. La identificación ocurrió esa misma noche, tras una semana de búsqueda en caminos de terracería que conectan Xalpatlahuac y Chautipa. Ambos jóvenes fueron privados de la libertad el 12 de abril al desplazarse en motocicleta rumbo a una huerta de la zona.

Las condiciones en que fueron hallados los jóvenes dan cuenta del deterioro de seguridad en esta región de la Costa Chica, plagada por desapariciones, enfrentamientos e impunidad. Los cuerpos se encontraban en estado de descomposición. De acuerdo con familiares, ni el Servicio Médico Forense ni las autoridades estatales realizaron el levantamiento oficial de los cadáveres.

A 24 horas del hallazgo, las autoridades encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) no habían desactivado las fichas de búsqueda ni emitido posicionamiento público sobre el caso.

Campamentos criminales y hallazgo en zona de conflicto

El lugar donde familiares localizaron los cuerpos se encuentra a escasos 50 metros de un campamento clandestino. Elementos de la Policía Estatal y del Ejército aseguraron ese campamento el mismo domingo antes del hallazgo, localizando armas, drogas, indumentaria táctica y evidencia de actividad criminal en al menos tres sitios similares en la zona.

Las instalaciones, levantadas con ramas y bolsas de plástico, contenían chalecos tácticos, cargadores, cartuchos y otros objetos asociados a células armadas. No se reportaron detenciones.

Vecinos y familiares de las víctimas iniciaron rastreos en el área tras el aseguramiento de los campamentos, avanzando por horas entre caminos rurales y sembradíos antes de dar con la fosa. El procedimiento de recuperación de los restos quedó en manos de los propios familiares; hasta el cierre de esta nota, la intervención oficial seguía pendiente.

Más desapariciones en la región: siete hombres sin localizar en Atenango del Río

En paralelo al hallazgo de los jóvenes en Tecoanapa, otra desaparición colectiva sacude el estado. Siete hombres de tres familias desaparecieron la tarde del sábado 18 de abril en el municipio de Atenango del Río, cuando regresaban a sus domicilios tras la jornada de trabajo. Las víctimas salieron a las 17:30 y no volvieron.

Entre los desaparecidos se encuentran los hermanos Mario y Asunción Bello Escamilla —de 54 y 41 años— y los hijos de uno de ellos: Diego y Valente Bello Agustín, de 19 y 18 años. También faltan Sebastián Riquelme, Heriberto y Cristobal Pineda. Las familias presentaron denuncias ante la FGE, que emitió las fichas de búsqueda correspondientes.

La exigencia de los familiares hacia las autoridades estatales y federales es que empleen todos los recursos disponibles para la búsqueda y localización con vida de sus seres queridos. La zona permanece bajo clima de violencia, mientras crecen los reportes de desapariciones y la afectación a comunidades enteras.

Familiares asumen tareas de búsqueda y denuncian omisión institucional

El patrón que se repite en ambos casos es la participación directa de familiares y vecinos en las búsquedas ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades. En el caso de Ruth Valle Cruz y Oswaldo Antonio García, la no actuación del personal pericial y forense refuerza la percepción de abandono institucional en el acceso a la justicia y el derecho a recibir trato digno a sus víctimas.

En las comunidades de la Costa Chica y la región Norte de Guerrero, organizaciones civiles y familiares han reclamado mayor coordinación, recursos y presencia estatal para frenar la escalada de desapariciones.

En la zona operan células narco de Los Ardillos.

• Hallan los cuerpos de Ruth Valle Cruz y Oswaldo Antonio García en una fosa cerca de campamentos del crimen organizado en Xalpatlahuac, tras una semana desaparecidos.
• Siete hombres, miembros de tres familias de Atenango del Río, desaparecen el 18 de abril; hasta ahora siguen sin ser localizados ni se conocen avances en su búsqueda.
• La actuación de familiares en tareas de rastreo y levantamiento de cuerpos evidencia la omisión y lenta respuesta de autoridades estatales y forenses.

En un operativo realizado en la colonia Xamaipak, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades estatales y municipales repelieron una agresión armada al llegar a un inmueble señalado como casa de seguridad, lo que dejó como saldo dos personas muertas, dos lesionadas y el aseguramiento de armamento y vehículos.

El despliegue se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia en los que participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, quienes ubicaron el inmueble presuntamente utilizado por un grupo delictivo.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al punto, los elementos fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en el lugar. Tras el enfrentamiento, dos de los agresores fueron abatidos y dos más resultaron heridos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Pueblo de Chiapas, las dos personas lesionadas reciben atención médica bajo custodia, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar su posible relación con los hechos.

En el sitio fueron aseguradas seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos, los cuales presuntamente están vinculados con la célula criminal que operaba en la zona.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.

(Información en proceso)

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Detienen a 7 personas tras cateos por delitos contra la salud y homicidio en Guanajuato

Siete personas fueron detenidas en León tras operativos realizados la madrugada del este sábado 18 de abril en cuatro puntos de la ciudad, según informes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Las acciones, coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ejército Mexicano, derivaron de denuncias anónimas y se concentraron en las colonias Flores Magón, Villa Esmeralda, Brisas del Campestre y San José de la Joya.

Estas detenciones no estarían relacionadas ente sí.

En los cateos, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, básculas grameras, dinero en efectivo, once celulares, un vehículo y una motocicleta con alteraciones. Además, se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio.

La Fiscalía señaló que la participación ciudadana permitió dirigir los cateos y lograr la detención de los presuntos responsables, así como el decomiso de narcóticos y objetos relacionados con actividades delictivas en la ciudad.

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Vinculan a proceso a un hombre detenido con 700 mil pastillas de fentanilo en Baja California

Un juez vinculó a proceso a un hombre identificado como José “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras haber sido detenido en Mexicali con 700 mil pastillas de fentanilo y más de 10 kilos de la sustancia en polvo.

La Fiscalía General de la República reportó que la detención ocurrió cuando el imputado intentaba abordar una camioneta con compartimiento oculto, donde se halló la droga.

El aseguramiento se realizó en el cruce de Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas.

Elementos de la Policía Municipal pusieron a disposición al detenido tras recibir un Informe Policial Homologado que permitió la intervención de autoridades federales.

Según la FGR, la camioneta trasladaba cinco costales de tela obscura con el estupefaciente.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California presentó los datos de prueba que sustentaron la medida cautelar de prisión preventiva y el plazo de tres meses para investigación complementaria.

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SSP Chiapas niega detención arbitraria tras señalamientos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo negó la detención arbitraria de un hombre en Siltepec, después de que circularan señalamientos en redes sociales sobre el caso. La dependencia estatal señaló que el pasado 8 de abril, durante patrullajes, una persona pidió auxilio tras ser despojada de 5 mil pesos en efectivo.

Elementos estatales implementaron un operativo y detuvieron en flagrancia a Elías “N”. En el aseguramiento, los agentes decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador con 7 cartuchos útiles y la cantidad de dinero reportada.

La SSP afirmó a través de un comunicado que puso a disposición de las autoridades los objetos asegurados y al detenido, y reiteró su compromiso de actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, con respeto a los derechos humanos.

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Detuvieron en Quintana Roo a un ciudadano húngaro de 48 años de edad que era considerado uno de los delincuentes más buscados de Europa.

János Balla, alias“ Dániel Takács”, cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, así como ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol.

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Una mujer fue asesinada en Azcapotzalco

Una movilización Policiaca se vivió en la Colonia San Sebastián en la Alcaldía de Azcapotzalco tras el reporte de una mujer asesinada con disparos de arma de fuego en la Cerrada 5 de Mayo y Privada Acálotenco.

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó esta mañana en su cuenta de X que derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Detalló que el detenido cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol. Esta detención fue una operación coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, así como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

János Balla, alias “Dániel Takács”, es un ciudadano húngaro de 48 años, que fue detenido en un operativo en Quintana Roo. Las autoridades mexicanas actuaron con base en una orden de arresto por tráfico de estupefacientes vigente en Hungría. Además, Balla figura en una ficha roja de Interpol y registra una orden de arresto europea de Europol. Es identificado entre los 10 objetivos más buscados de Europa.

A partir del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la zona de movilidad de János “N” en el municipio de Benito Juárez, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención en la avenida Politécnico.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa.

Cabe señalar que el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, así como ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol; además, es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de fortalecer la coordinación con autoridades locales e internacionales, en el marco del respeto a la soberanía y el Estado de derecho, para detener a personas requeridas por la justicia en otros países.

Reiteró la cooperación entre instituciones para lograr la efectiva detención debiddo a la coordinación entre la SSPC, la FGR, la Semar, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el INM y la SSC de Quintana Roo permitió la captura tras un intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría. Los trabajos de inteligencia localizaron sus desplazamientos en el municipio de Benito Juárez, lo que llevó a un operativo en la avenida Politécnico para concretar la detención.

La persona detenida fue informada de sus derechos y transferida al Instituto Nacional de Migración, que determinará su trámite migratorio y coordinará el proceso de deportación controlada a Europa.

Según las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad, la acción es resultado de los mecanismos de cooperación internacional y se mantendrá la colaboración con autoridades locales e internacionales para detener a individuos buscados por la justicia en otras naciones.

• János Balla, alias “Dániel Takács”, figura entre los 10 objetivos más buscados en Europa por tráfico de estupefacientes y fue detenido en Quintana Roo.
• En la captura participaron la SSPC, FGR, Semar, Defensa Nacional, Guardia Nacional, INM y SSC estatal, con apoyo de agencias de seguridad húngaras.
• El procedimiento incluyó la puesta a disposición del INM para gestionar la deportación controlada del detenido hacia Europa.

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Secretaría de Marina y otras autoridades detienen a 16 personas en CDMX, Edomex y Morelos

En el marco de las operaciones de seguridad y vigilancia desarrolladas en la Región Naval Central, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo diversas acciones operativas en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, logrando en un solo día la detención de 16 personas, por su probable participación en diversos delitos.

Como resultado de estas acciones, se aseguraron aproximadamente 349 dosis de presunta cocaína, 205 dosis de presunta metanfetamina, 140 dosis de presunta marihuana, además de un frasco y cinco bolsas con características similares a esta droga, así como ocho bolsas con características similares a la metanfetamina. De igual forma, se aseguraron seis vehículos y una motocicleta presuntamente relacionados con hechos delictivos, dos armas de fuego, un cargador y seis cartuchos útiles.

Las acciones operativas incluyeron la ejecución de órdenes de cateo en coordinación con autoridades ministeriales, la atención a denuncias ciudadanas, recorridos de patrullaje terrestre y la implementación de dispositivos de seguridad perimetral durante operativos interinstitucionales, fortaleciendo la presencia y capacidad de respuesta en zonas prioritarias.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que permitirá la realización de ciertas transferencias de fondos a CIBanco S.A. para finalizar su proceso de liquidación luego de que fue sancionado el 25 de junio de 2025 por presunto lavado de dinero para el narcotráfico.

Dicha medida la notificó este miércoles, con la que enmendó la orden impuesta desde el año pasado para cortar el acceso del banco al sistema financiero de Estados Unidos al acusarlo de facilitar el blanqueamiento de ganancias ilícitas de la venta de drogas a los cárteles.

Entre las organizaciones criminales a las que señaló les habría brindado facilidades se encuentran el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con esto se podrán realizar ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios y que el Gobierno de México finalice la liquidación al banco.

Acusación deterioró su capacidad operativa: CIBanco

Luego de la acusación, y de ampliarse el plazo en varias ocasiones para la aplicación de las sanciones por parte del Departamento del Tesoro, en octubre del año pasado CIBanco informó su liquidación debido a los efectos que desencadenó en sus operaciones.

Tenedora CI, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de CIBanco, informó que la medida provocó efectos inmediatos graves tanto en la operación, patrimonio y viabilidad de la institución bancaria, por lo que se solicitó la revocación voluntaria del permiso de operación como banca múltiple.

Aunque calificaron la decisión como “difícil pero necesaria”, afirmaron que tenía como propósito principal “proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional”.

También destacaron que durante el periodo de intervención y administración, tanto los accionistas como los funcionarios del banco mantuvieron colaboración plena con las autoridades financieras mexicanas, facilitando toda la información y documentación requerida.

Sin embargo, fue la falta de liquidez que presentó la institución bancaria tras la sanción por la que se consideró liquidar al banco para garantizar una ordenada conclusión de operaciones.

Orden de EEUU señaló que los bancos “facilitaban” transferencias de dinero en nombre de cárteles

Además de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron sancionados por el Departamento del Tesoro al ser señalados por presuntamente facilitar transferencias en nombre de los cárteles.

De acuerdo con la orden de CIBanco, la preocupación principal fue en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de drogas debido a su patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros.

Estados Unidos también acusó al banco de haber facilitado la adquisición de precursores químicos de China para fines ilícitos.

Fue en diciembre del año pasado que una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) confirmó la ausencia de obstáculos legales para la integración entre Grupo Financiero Multiva y la división fiduciaria de CIBanco, luego de que finalizó sus operaciones.

Un hombre de 32 años con pedido de captura vigente por venta de drogas fue arrestado en las últimas horas en Villa Mugueta, un pequeño pueblo del departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La detención sorprendió a la comunidad local, ya que el sospechoso, identificado como Axel Iván G. y conocido en el ambiente delictivo como “Gordo Axel”, trabajaba como preparador físico en un club deportivo de la zona. Su aprehensión, realizada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), desnudó una compleja trama de ocultamiento y vínculos con una de las bandas narco más activas de la zona.

La escena se desarrolló el pasado miércoles, en plenas inmediaciones de las instalaciones del Club Atlético Eduardo Hertz. Allí, mientras se disputaba un encuentro de liga, los agentes desplegaron un operativo cerrojo.

Según fuentes oficiales, el hombre intentó evadir la identificación policial, ocultando su rostro y dirigiéndose hacia los vestuarios, pero fue interceptado a pocos metros por personal de civil. En un primer momento, aportó información falsa e incluso exhibió documentación a nombre de un tercero, pero finalmente fue correctamente identificado y quedó detenido.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Rosario, la investigación que condujo a la captura del “Gordo Axel” se remonta a noviembre de 2024 y está a cargo del fiscal Pablo Socca, integrante de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación. El expediente lo vincula directamente con maniobras de microtráfico en la zona norte de Rosario. Según indicaron los voceros, el ahora detenido es familiar de Marcelo “Frentudo” Fernández, un reconocido hampón de la ciudad que actualmente se encuentra en prisión por delitos vinculados al narcomenudeo.

Según fuentes de la PDI, su actividad como entrenador le permitía modificar sus rutinas y dificultar su localización, ya que alternaba horarios y se movía bajo una fachada de normalidad. El operativo se ejecutó con discreción durante una jornada deportiva, logrando la detención sin incidentes mayores.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un teléfono celular, documentación apócrifa, dinero en efectivo y distintos efectos personales. Todo ese material fue incorporado a la causa que tramita en la sede de la PDI Rosario, donde fue trasladado el detenido tras su identificación plena.

El núcleo de la investigación apunta a la banda liderada por Marcelo “Frentudo” Fernández, quien fue uno de los siete detenidos en noviembre de 2024 en operativos simultáneos realizados en los barrios Parque Casas de Rosario y en la ciudad de Capitán Bermúdez.

En ese despliegue policial, según se informó, se secuestraron cuatro vehículos, dos motocicletas, dosis fraccionadas de cocaína, sesenta teléfonos celulares y más de 3 millones de pesos en efectivo.

Las medidas estuvieron a cargo de los fiscales provinciales Lisandro Artacho y Pablo Socca, quienes imputaron a los detenidos por comercialización de estupefacientes. El expediente describe una red de distribución con capacidad logística y puntos de venta en distintos barrios, operando bajo un esquema de microtráfico de drogas.

El prontuario de Fernández incluye antecedentes de gravedad. El 14 de mayo de 2017, durante el cortejo fúnebre de Alexis Berti —un hombre de 30 años fallecido en un enfrentamiento a tiros con la policía—, el “Frentudo” participó en un serio incidente en el que un grupo de personas amenazó y agredió a agentes de la seccional 30ª. El saldo de ese episodio fue de 5 detenidos y 7 policías lesionados. Por entonces, Fernández logró escapar, pero fue capturado dos meses después por efectivos de la Policía de Investigaciones.

La investigación dirigida por el fiscal Socca reveló que, tras los allanamientos de 2024, parte de la banda narco buscó replegarse y dispersarse en localidades cercanas a Rosario. El caso de “Gordo Axel” ilustra este patrón, ya que logró permanecer oculto en Villa Mugueta cambiando de entorno y desempeñándose en funciones ajenas al circuito criminal.

El avance de la causa dependerá de las pericias sobre los elementos secuestrados y de la declaración del detenido, quien permanece a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación entre fiscalía, policía y clubes locales para evitar que personas vinculadas al narcotráfico utilicen ámbitos deportivos como refugio o pantalla.

El detenido será indagado en los próximos días, mientras continúan las actuaciones para identificar posibles colaboradores y determinar si existieron hechos delictivos relacionados durante su estadía en Villa Mugueta. La investigación se mantiene bajo reserva para preservar nuevas medidas en curso.

Un operativo conjunto de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones permitió la detención de Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, señalado como presunto líder de una célula criminal independiente en el área metropolitana de Monterrey.

El arresto se produjo en el cruce de Zapopan y Chopo, colonia Valle de los Cedros, donde los agentes interceptaron un Chrysler Stratus verde con placas visibles y, tras una maniobra táctica, aseguraron al sospechoso, que portaba un chaleco balístico sin insignias oficiales. Al momento de su captura, “El Amaro”, de 33 años, estaba acompañado por Linda Jaquelinne “N”, de 21.

La incautación tras la detención incluyó un arsenal compuesto por tres armas de fuego cortas, cargadores con cartuchos útiles, dos básculas digitales y 5,000 pesos en efectivo, además de sustancias ilícitas: 21 dosis de “criko”, marihuana y piedra presuntamente cocaína. Este paquete de pruebas será integrado a la carpeta de investigación vinculada con homicidios recientes en Monterrey y San Nicolás, según testimonios y videos en poder de las autoridades.

El historial delictivo atribuido a Abraham Alan “N” incluye su presunta participación como generador de violencia en la zona metropolitana. La Fiscalía afirma que el detenido era un objetivo prioritario debido a una orden de aprehensión vigente y a su vinculación con casos recientes de homicidio. Los hechos permanecen en análisis, mientras se revisan registros y evidencias recabadas durante su captura.

La caída de esta célula independiente representa un golpe de relevancia contra el panorama criminal de la región, aunque las autoridades reconocen que la violencia ligada a estos grupos persiste como desafío constante para la seguridad pública. Los objetos incautados refuerzan la línea de investigación sobre la posible distribución de drogas y armas, así como la operación sostenida de células criminales en Monterrey y áreas conurbadas.

Durante el operativo de detención, las autoridades observaron que el sujeto portaba un chaleco balístico y fue necesario utilizar maniobras tácticas para lograr la captura sin registrar enfrentamientos armados. Según información oficial, en el vehículo donde viajaban los detenidos se hallaron armas cortas, cargadores, cartuchos y sustancias señaladas como estupefacientes.

El vehículo, las armas y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica tanto de Abraham Alan “N” como de Linda Jaquelinne “N”, cuya relación en los hechos ahora forma parte de la carpeta de investigación. La orden de aprehensión vigente sobre el líder detenido y su supuesto control de una célula independiente lo ubicaban como pieza central en la estructura criminal de la zona.

No se reportaron heridos durante el operativo, ni resistencia armada significativa. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo para su análisis y, en su caso, presentación ante la autoridad ministerial competente. La captura se enmarca dentro de las acciones de inteligencia focalizadas en combatir la violencia y neutralizar células delictivas que actúan en la metrópoli de Monterrey y municipios aledaños.

• Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, considerado líder criminal independiente, fue detenido en Monterrey con armas, drogas y dinero en efectivo.
• El operativo conjunto se realizó en Valle de los Cedros, donde el arrestado tenía una orden de aprehensión vigente y era vinculado a homicidios recientes.
• La captura representa un golpe a grupos delictivos en el área metropolitana, aunque la violencia criminal sigue representando un desafío para las autoridades.

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, al señalar que en un periodo de seis meses se lograron evitar más de 90 mil intentos de este delito y se detuvo a 721 personas.

De acuerdo con la dependencia, entre las acciones ejecutadas se encuentra la instalación de inhibidores de señal, así como operativos para asegurar teléfonos celulares y tarjetas SIM al interior de los reclusorios, con el objetivo de reducir la operación de redes de extorsión desde estos lugares.

SSPC también reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través del número 089, como parte del esquema de atención y respuesta ante reportes de este delito.

En contraste con los resultados oficiales, especialistas en seguridad pública han señalado que la extorsión continúa como un fenómeno presente (y creciente) en diversos sectores productivos del país, especialmente en aquellos con operación en regiones rurales o con limitada presencia institucional.

En una entrevista para Infobae México, el investigador y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, señaló que actividades como la agricultura, la ganadería y la minería se encuentran entre las más expuestas, debido a que suelen desarrollarse en zonas con menor vigilancia, lo que facilita la intervención de grupos delictivos.

En ese contexto, se han documentado casos recientes que reflejan la incidencia del delito en distintas regiones del país, incluyendo hechos violentos contra trabajadores en zonas mineras y desapariciones de empleados en varias entidades.

Extorsión, muy rentable porque no requiere inversión

De acuerdo con el especialista, la extorsión se ha consolidado como una de las actividades ilícitas más rentables para organizaciones criminales, debido a que no requiere inversión significativa y permite ingresos constantes. Este patrón, explicó, se ha observado desde inicios de los años 2000 en sectores como la minería.

El transporte de carga también figura entre los principales blancos, al tratarse de un sector donde los productos trasladados tienen alta demanda en mercados ilegales. Esta dinámica ha derivado en esquemas de cobro a operadores para permitir el tránsito de mercancías en determinadas regiones.

La presión de estos grupos delictivos impacta tanto a grandes empresas como a cadenas logísticas de alimentos y productos básicos, generando costos adicionales y afectaciones operativas en distintas zonas del país.

En este escenario, mientras las autoridades reportan avances en la contención del delito, especialistas advierten que su persistencia en regiones estratégicas mantiene un entorno de riesgo para trabajadores, empresas y comunidades en diversas partes del territorio nacional.

El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026, publicado el 6 de marzo, identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las dos principales amenazas del crimen organizado transnacional, capaces de infiltrar bancos, empresas de remesas, casas de cambio y hasta firmas de abogados para reciclar los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico.

Remesas y camionetas blindadas: el flujo del dinero sucio

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió el 7 de marzo una Orden de Identificación Geográfica ampliada, que obliga a empresas de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y compañías de traslado de valores— a reportar transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, todos en la franja fronteriza.

El mecanismo funciona así, según el informe del Tesoro: las organizaciones criminales contrabandean dinero ilícito a México, lo introducen de regreso a Estados Unidos en vehículos blindados y lo declaran como ingresos legítimos de empresas mexicanas. En algunos casos, ese dinero se usa para comprar armas en suelo estadounidense, exportarlas ilegalmente a México y, en palabras del propio Tesoro, “promover campañas de terror”.

El informe cita la multa de 37 millones de dólares impuesta en febrero de 2025 a Brink’s —la multinacional de traslado de valores— por violar normas antilavado vinculadas al transporte masivo de efectivo.

Fentanilo: los cárteles mexicanos, epicentro de la crisis de sobredosis en EU

Según el documento, en laboratorios clandestinos diseminados por el territorio mexicano, el Cártel de Sinaloa y el CJNG fabrican el fentanilo que está matando a decenas de miles de estadounidenses al año. La droga —hasta 50 veces más potente que la heroína— se prensa en pastillas que imitan medicamentos de prescripción y se trafica hacia Estados Unidos principalmente en vehículos de pasajeros a través de los puertos de entrada fronterizos. Para producirla, los cárteles importan químicos precursores principalmente de China e India, aunque el procesamiento, la distribución y el control del negocio están firmemente en manos mexicanas.

De igual manera se resalta un operativo que se llevó a cabo en septiembre de 2025, en donde EEUU confiscó 300,000 kilogramos de precursores de metanfetamina enviados desde China al Cártel de Sinaloa —el mayor decomiso de este tipo en la historia— con valor de mercado de hasta 569 millones de dólares.

Criptomonedas, mulas de dinero y redes chinas de lavado

Para reciclar las ganancias, los grandes cárteles recurren cada vez más a lavadores profesionales y redes de lavado chino-mexicanas (CMLN, por sus siglas en inglés), que mueven grandes sumas de efectivo usando empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y activos virtuales. El uso de criptomonedas, indica el informe, acelera el proceso porque los lavadores liberan de inmediato un equivalente en activos digitales tan pronto reciben el efectivo físico.

Las “mulas de dinero” son otro engranaje clave: personas que recorren Estados Unidos recolectando el efectivo del narcomenudeo, lo depositan en cuentas llamadas “funnel accounts” o lo convierten en criptomonedas a través de operadores del mercado negro, para después reconvertirlo en efectivo ya en México o Colombia y entregarlo a los líderes del cártel.

Un caso citado en el informe: en junio de 2024, las autoridades acusaron a asociados del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles de lavar ganancias del narcotráfico comprando artículos de lujo y automóviles para exportarlos a China, emitiendo cheques de caja y fragmentando depósitos en pequeñas cantidades para evadir la detección bancaria.

El Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló la banda narco de “Los hermanos González”, una organización dedicada a la venta de droga al menudeo en las localidad de San Martín y José C. Paz.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la banda cayó tras una serie de tres allanamientos en ambas localidades.

La investigación, a cargo de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ)Nº16, se originó en enero, cuando agentes de la Policía recibieron información sobre la existencia de tres viviendas utilizadas como búnker para la venta de droga, relacionadas la organización narco de los "Los hermanos González".

A partir de tareas de vigilancia y análisis de inteligencia, se determinó la modalidad -narcomenudeo- utilizada por la banda, así como la identidad y el rol de los principales implicados y de los vendedores que operaban en la zona.

Fue así que en la madrugada de este jueves, las fuerzas policiales llevaron adelante el allanamiento, avalado por el Juzgado de Garantías Nº5, en los domicilios de San Martín y José C. Paz.

El despliegue permitió la detención de cinco personas consideradas con un rol importante dentro de la organización.

Según las fuentes consultadas por este medio, se trata de Germán González (37), Facundo Scardanza (27), Kevin Cesar Ramón (24), Loana Valdez (23) y Tiago González Cao (19).

Además, se procedió al arresto de tres presuntos vendedores: Soraya Zapata (24), Andrea González (33) y Matías Sánchez (28), quienes fueron sorprendidos en el interior de las viviendas allanadas.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron 420 dosis de cocaína (213 gramos), listas para su venta, junto con$3.580.000 en efectivo, presuntamente producto de la comercialización de estupefacientes.

Se halló también un arsenal compuesto por un revólver Smith & Wesson calibre 38, una escopeta Scort Magnun, una carabina Brenta calibre .22, una escopeta sin marca ni numeración visible y una ametralladora con silenciador, además dedos Kit Roni marca Lycan para modificar armas cortas.

El secuestro incluyó 22 teléfonos celulares, una balanza de precisión,59 municiones calibre 9 mm, 24 municiones calibre 38 mm, 46 cartuchos 12/70, una muslera plástica tipo táctica y un cinto de transporte de cartuchería completo para escopeta.

La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo y contaba con una estructura jerárquica en la que los líderes coordinaban la distribución, los puntos de venta y la logística de armas y dinero.

Los domicilios intervenidos funcionaban como centros de acopio y comercialización, además de resguardar el armamento con el que la banda se protegía y aseguraba el control territorial, precisaron las fuentes. Todo el material incautado quedó bajo custodia judicial y fue incorporado como prueba en la causa.

Antecedente

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultáneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

Un operativo adelantado por la Policía Nacional culminó con la captura de Adrián Nolberto Caicedo Villareal, más conocido como alias El Obispo, un ciudadano colombiano de 50 años, requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por su supuesta participación en envíos de cocaína hacia el estado de Texas.

La detención se materializó en un resguardo indígena de Cuaspud, en el departamento de Nariño, una región históricamente considerada inaccesible para las autoridades debido a la protección legal que cobijan los territorios indígenas.

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La acusación formal contra Caicedo Villareal, emitida por la Corte del Distrito de Texas, describe una red que habría utilizado lanchas rápidas para el tráfico de cocaína entre Nariño, México y Estados Unidos desde el año 2016. Según el expediente citado por El Tiempo, el grupo aprovecha el amparo de resguardos indígenas y su origen étnico para encubrir operaciones criminales y dificultar la acción policial. ‘El Obispo’ figura junto a otros cinco implicados, entre ellos José Imbacuan Chung Ana, alias El Indio, señalado de coordinar rutas y ocultar la droga en zonas protegidas de Cauca y Nariño.

En noviembre de 2023, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ya habían detenido a Caicedo Villareal, pero fue puesto en libertad por exigencia de la autoridad tradicional del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama, que lo requería para que cumpliera una sanción de 12 años y cinco meses de condena por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alias El Obispo cumplía prisión domiciliaria, bajo la jurisdicción de la cárcel de Ipiales, y era supervisado por las autoridades carcelarias mientras cumplía dicha sentencia en su territorio de origen.

Fuentes de la Policía de Nariño informaron al medio citado que “salió de la zona donde estaba pagando condena, del resguardo indígena, y en medio de los controles en Carlosama se encuentra que tiene antecedentes con fines de extradición”. Frente a la situación, las autoridades investigan si una propiedad que Caicedo Villareal posee en Ipiales habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico.

Una estructura criminal que usaba territorios indígenas y operaba a nivel internacional

El expediente judicial revela que la organización de la que Caicedo Villareal formaba parte operó al menos desde 2016 y empleaba mecanismos sofisticados para eludir la vigilancia estatal. Además de ‘El Indio’, la Corte de Texas identificó como integrantes a José Bayardo Rosero (alias Bayardo), Adriana Carmenza Cuastumal-Yama (alias La Mayor) y José Daniel Mendigaño Moreno (alias Tía), todos ellos igualmente requeridos en extradición por Estados Unidos. La cabeza de la estructura, según la investigación, era José Edier Rativa Rodríguez, conocido como ‘Chepe’, que fue capturado en Palmira, Valle, en 2023.

Rativa Rodríguez tenía una circular roja de Interpol por narcotráfico y era solicitado por las autoridades judiciales de España, donde fue arrestado previamente en 2017 tras distribuir cocaína en la provincia de Toledo. De acuerdo con datos aportados en el momento de su detención, ‘Chepe’ mantenía operaciones de préstamos y cobros informales, conocidos como ‘gota a gota’, y poseía un patrimonio vehicular valorado en más de $500.000.000.

Alias El Obispo permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos.

Mientras el capturado es enviado a tierras norteamericanas, las autoridades trabajan para evitar que más criminales utilicen los beneficios jurídicos que otorgan los resguardos indígenas de cumplir condena en un centro carcelario y, en consecuencia, continuar con sus actividades delictivas.

La bala que puso fin a la trayectoria criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en la sierra de Tapalpa, Jalisco, este domingo 22 de febrero, no mató solo a un hombre. Con él cae también la arquitectura de mando que sostuvo durante más de una década al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que la DEA califica como una de las más violentas y poderosas del hemisferio. La pregunta que se instala de inmediato en los despachos de inteligencia de México y Estados Unidos es una sola: ¿quién ocupa el vacío?

La respuesta no es sencilla. A diferencia de lo ocurrido en el Cártel de Sinaloa tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde sus hijos —los llamados Chapitos— tomaron el mando con relativa fluidez, el CJNG carece de un sucesor consolidado.

El primogénito de Oseguera Cervantes, Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Ese vacío dinástico es el que ahora disputan al menos cinco figuras de la cúpula criminal.

El 03: el heredero de sangre

El nombre que con mayor insistencia aparece en los expedientes judiciales y los reportes de inteligencia es el de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, “El R3” o “El Plumas”. Hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia —conocida dentro de la organización como “La Jefa” y figura clave del entramado financiero del clan—, Valencia González ocupa desde hace años el tercer escalón en el organigrama del cártel, una posición que su propio alias numérico delata.

Su poder no se apoya únicamente en el linaje. A “El 03” se le atribuye la creación y conducción del Grupo Élite, el brazo armado más táctico del CJNG, responsable de ejecuciones selectivas, incursiones en territorios rivales y control de plazas en disputa. Documentos filtrados por el hackeo conocido como Guacamaya Leaks y consultados por medios mexicanos ubican a Valencia González al frente de la región sureste de Jalisco, con influencia extendida hasta Colima.

En 2019 fue formalmente acusado en un tribunal de Washington por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrece cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Su perfil reúne dos condiciones que pocos rivales pueden igualar: legitimidad familiar dentro de una organización que funciona con lógica clan, y capacidad operativa demostrada en el terreno. Para varios analistas, es el candidato más probable a asumir el mando.

El Sapo: el sucesor que anticipa la Fiscalía

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, es el nombre que la Fiscalía General de la República (FGR) coloca con mayor énfasis en sus reportes sobre la sucesión. Según información oficial difundida por la FGR, Mendoza Gaytán cuenta con el respaldo explícito de familiares de “El Mencho” para encabezar las operaciones del cártel, lo que le otorga una legitimidad interna que va más allá de su peso territorial.

Su relevancia quedó evidenciada hace poco más de un mes, cuando la detención de cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit permitió a las autoridades confirmar que operaban bajo sus órdenes directas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como un alto mando especializado en estrategias de reclutamiento.

En ese marco, las autoridades estadounidenses vincularon su nombre al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron prendas de ropa, calzado y restos óseos humanos. Según el Tesoro, Mendoza Gaytán ordenó a sus subordinados entrenar a nuevos reclutas y ejecutar a quienes desobedecieran.

A diferencia de “El 03”, su ascenso no pasa por el parentesco sino por la estructura militar del cártel. Esa base de apoyo lo hace viable, aunque también más vulnerable a disputas internas con la rama familiar de los Oseguera y los Valencia.

El Jardinero: el señor de las regiones

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, representa el perfil del jefe regional que ha construido poder desde las operaciones cotidianas. Controla zonas clave en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y ha supervisado la expansión del cártel en Zacatecas, uno de los territorios más disputados del país en años recientes.

Según el analista Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, Flores Silva es el líder más poderoso dentro del CJNG que no pertenece a la familia Oseguera ni a la familia Valencia, lo que lo convierte en una figura bisagra con capacidad de inclinar alianzas.

Su perfil es el de un administrador territorial más que un líder carismático. Esa característica lo hace indispensable para la operación diaria, pero plantea interrogantes sobre su capacidad para unificar a todas las facciones bajo un mando único.

El Doble R: el dueño de Guadalajara

Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” o “El R2”, opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el epicentro histórico del CJNG. Algunos reportes de inteligencia lo ubican como el segundo hombre más relevante de la organización, por encima incluso de “El 03” en términos de poder efectivo.

Documentos lo señalan como una de las figuras con mayor control sobre la infraestructura urbana del cártel. Su dominio sobre la capital jalisciense —punto neurálgico para las finanzas, la logística y la protección política de la organización— lo convierte en un actor con peso específico en cualquier disputa sucesoria.

El Tío Lako: el hombre del huachicol y Michoacán

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”, cierra el quinteto de posibles sucesores. Según el analista Sánchez, Guerrero Martínez coordina junto a su familia dos esquemas de robo de combustible —el huachicol tradicional y el denominado “técnico”— además de controlar zonas estratégicas en Michoacán.

Su peso es más regional que nacional, pero su control sobre fuentes de financiamiento alternativas al narcotráfico lo convierte en una pieza valiosa dentro de la economía criminal del grupo.

Fragmentación o reestructuración

Frente a ese abanico de candidatos, la historia del crimen organizado en México ofrece dos precedentes posibles: la reestructuración ordenada bajo un nuevo mando único, o la fragmentación violenta en facciones que disputan el territorio palmo a palmo. El CJNG, a diferencia del Cártel de Sinaloa, no construyó una dinastía clara ni dejó un mecanismo de sucesión visible.

Esa ausencia es, en sí misma, una invitación al caos. Los narcobloqueos que este domingo paralizaron cuatro estados del occidente mexicano, con vehículos incendiados y aeropuertos cerrados, no fueron una despedida: fueron una advertencia de lo que viene.

Cientos de personas se manifestaron este lunes en Culiacán para exigir justicia tras la muerte de Fernando Alan Arce, ocurrida cuando quedó atrapado en el fuego cruzado de militares el pasado 13 de enero. Durante la protesta, familiares y ciudadanos extendieron su reclamo al gobernador Rubén Rocha Moya y demandaron acciones ante los asesinatos que han tenido lugar en la capital y en todo el estado de Sinaloa.

La jornada de movilizaciones incluyó una segunda marcha en la zona de La Lomita, protagonizada por madres de jóvenes desaparecidos. Este grupo solicitó la renuncia de la comisionada de Búsqueda de Personas, señalando que, en repetidas ocasiones, deben financiar por cuenta propia las búsquedas de sus familiares y acusaron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas permanece inactiva.

A partir de las 9:00, unas 200 personas marcharon desde Catedral hasta La Lomita por la avenida Álvaro Obregón, coreando consignas como “Justicia Para Fernando” y “No era un criminal”. Este acto colectivo se suma al recuerdo del asesinato, hace un año, de Gael y Alexander, así como su padre, un caso que ya había motivado marchas masivas en la ciudad.

Bryan Humberto Arce, padre de Fernando Alan, expresó su gratitud hacia quienes se han sumado a las movilizaciones y hacia las autoridades por su disposición durante el proceso judicial. “Aunque pasen años, no vamos a descansar hasta que tengamos justicia por mi hijo Fernando Alan”, afirmó.

El día del asesinato

Fernando estudiaba derecho, estaba por concluir su servicio social en el Tribunal; le restaban enero y febrero. Después quería estudiar Ciencias Políticas y trabajar en el Congreso. En el Tribunal, jueces y compañeros hablaban bien de él.

El joven de 23 años de edad perdió la vida luego de que elementos de la Defensa Nacional dispararon sus armas de fuego al confundirlo con un presunto delincuente.

La víctima iba a bordo de una camioneta junto con Rosa Guadalupe “N”, quien quedó gravemente herida el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca. Se dirigían a un gimnasio donde acudirían a hacer rutinas de ejercicio. Tras el ataque, el joven falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada con heridas de gravedad.

La narrativa oficial preliminar indica que elementos de la Guardia Nacional perseguían a civiles armados que viajaban a bordo de un Honda Accord color blanco. Durante el trayecto, los sujetos habrían arrojado artefactos “ponchallantas” para frenar a las autoridades.

El desenlace fatal ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón. En ese punto, Fernando Alan presuntamente circulaba a bordo de su vehículo, un Mazda 6 también de color blanco, acompañado de su novia, Rosa Guadalupe. Las similitudes entre los vehículos habrían derivado en una confusión, dejando al estudiante y a su pareja en medio del fuego.

“Fernando Alan perdió la vida de manera injusta, y ningún ‘error’ puede justificar la pérdida de una vida inocente”, escribió el padre, explicando que no busca confrontación, sino el esclarecimiento total de los hechos para que la memoria del estudiante no sea manchada por la desinformación.

Secretario de Defensa reconoció su asesinato por error y asegura que no habrá impunidad

Luego de un intercambio de disparos en el estado de Sinaloa, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que se trabaja conforme al derecho y que para solucionar estas situaciones se garantiza la cercanía con los familiares.

Respecto a lo ocurrido, el titular de la Defensa recordó que “este hecho ocurrió cuando personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, los habían agredido. Van atrás de estos delincuentes, estos jóvenes se trasladaban en un vehículo, y al parecer en el intercambio de los disparos es donde fallece uno de estos jóvenes".

Agregó que se están realizando las investigaciones correspondientes y recordó la postura de la Defensa Nacional para garantizar que no quede impune este acto.

“Cómo se va a garantizar, pues con la postura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional de que se investigue, se apoye y se proceda conforme al derecho”, aseguró Trejo.

El caso se conoció en las últimas horas, cuando las autoridades porteñas lograron detener al acusado y dictar su prisión preventiva por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal a un menor de 13 años” y “producción y tenencia” de pornografía infantil.

La investigación comenzó el pasado 9 de enero y estuvo a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal porteño recibió a principios de este año una serie de informes del National Center of Missing and Exploited Children, una organización con sede en Estados Unidos que combate la explotación sexual infantil.

Los reportes daban cuenta de unas 200 cargas de archivos de abuso sexual de menores a la red. Entre ellos, había uno de “producción casera”, según explicaron fuentes allegadas al caso a Infobae.

Así, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) y la Policía de la Ciudad desplegaron una investigación que permitió identificar a un sospechoso oriundo de la villa 1-11-14, ubicada en la Comuna 7.

Las autoridades determinaron que el hombre de 27 años ya tenía condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico, con una pena de tres años en suspenso. En paralelo, la madre de la víctima logró reconocer de inmediato a su hijo y al agresor, así como el lugar donde ocurrió el abuso. El detenido tendría tatuajes distintivos en su cuerpo.

Este martes 20, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, se allanó el domicilio del acusado. En el procedimiento, las autoridades lograron detenerlo y secuestraron un teléfono celular y una computadora. Un análisis preliminar del material permitió constatar la producción de material de explotación sexual infantil y confirmar el abuso.

Además, el titular del Juzgado del Fuero N°2 en lo Penal, Contravencional y de Faltas ordenó este jueves la prisión preventiva del acusado, tras el requerimiento de la fiscal Dupuy. El imputado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 13 años, delito que contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión.

También se lo acusa de la producción de material de abuso sexual de un menor de 13 años, un delito que prevé penas de entre cuatro y ocho años de prisión. El tercer cargo que enfrenta es la tenencia de material de abuso sexual infantil de menores.

Días atrás, las autoridades ordenaron la detención de un joven de 23 años, a partir de una alerta sobre la posible producción, tenencia y distribución de contenido ilegal sobre abuso infantil en la ciudad de General Güemes, Salta.

La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia imputó de manera provisional al acusado de poner a disposición de terceros dichos registros y por el delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, conforme a lo establecido en el Código Penal.

El caso se activó debido a una serie de informes en los que se advertía sobre la existencia de archivos digitales que contenían imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Según información recopilada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el implicado, cuya identidad no fue revelada, habría subido a la plataforma Google un número significativo de archivos con contenido de explotación sexual, en los que se identificaron principalmente registros fílmicos que involucraban a niñas y niños que no superaban los 13 años. Estos materiales, de acuerdo con los datos de la investigación, habrían sido puestos a disposición de terceras personas a través de los servicios digitales de la red.

Tras la recepción y análisis de los reportes, los investigadores realizaron las gestiones correspondientes y solicitaron la intervención judicial. El Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, en feria, autorizó la realización de un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento, llevado a cabo en la ciudad de General Güemes, se procedió a la detención del acusado y al secuestro de dispositivos como computadoras, teléfonos y soportes de almacenamiento. Todos estos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la actividad ilícita y la posible existencia de otras víctimas o responsables.

En la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. Ante la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos investigados, la fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido bajo prisión preventiva, argumentando riesgo procesal y la necesidad de garantizar el avance de la investigación sin interferencias.

La décima temporada del ‘El señor de los cielos’ está confirmada, así lo dio a conocer el protagonista de la serie, Rafael Amaya, el 22 de enero a través de sus redes sociales.

El actor oriundo de Hermosillo, Sonora, no compartió información sobre los temas que se abordarán en la nueva entrega ni cuándo podría llegar a la pantalla chica, pero aseguró que será muy pronto.

“Soy Rafael Amaya y les traigo una noticia muy importante. El Señor de los Cielos, la décima temporada está confirmada. Y quería que saliera de mi boca, porque ahora sí es oficial. Así que nos vemos muy pronto”, dijo.

Fans agradecen el regreso de “Aurelio Casillas”

El anuncio causó sensación en redes sociales, pues los fanáticos de la serie esperaban con ansias no solo la continuación de la historia, también el regreso del actor como el personaje principal.

• “Sin palabras, lo que todos queríamos escuchar.”
• “Permítanme, pero voy a llorar, me desmayo de la emoción.”
• “Regresa el papá de los pollitos. Esto era lo que había esperado.”
• “Desde la 1 temporada sigo la serie y es una de las mejores de las décadas.”

Cabe recordar que el primer capítulo de la telenovela se estrenó en 2013, mientras que se transmitió en 2024. Durante todo ese tiempo, el proyecto se ha mantenido en el gusto del público.

“Siento mucha alegría, mucha satisfacción porque cada temporada fue un reto, un aprendizaje y hay cosas que uno quiere recordar, otras que todavía las asimilar o no te acuerdas. Hay emociones encontradas, pero bueno, el pasado es para aprender y el presente es para aplicar lo que has aprendido”, comentó el artista en ‘Hoy Día’.

¿Cómo se veía Rafael Amaya cuando se estrenó la telenovela?

Fue en abril de 2013 cuando la telenovela se estrenó en la pantalla chica a través de Telemundo. En aquel entonces, el actor tenía 36 años y ya había participado en proyectos como ‘Salomé’, ’Alguien te mira’, ‘Las vías del amor’, ‘Amar otra vez’ y ‘Las dos caras de Ana’.

Actualmente, tiene 48 años de edad y no solo encarnará al famoso narcotraficante de ficción, también participará como productor.

Cabe recordar que durante el rodaje atravesó una fuerte adicción a sustancias.

“No fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Aurelio... me dejé llevar por muchas cosas, como la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse... era no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mis amigos, con nada, no me importaban muchas cosas, se me vinieron encima muchas cosas”, contó en 2020 en entrevista para ‘Hoy Día’.

En un inesperado cambio de roles, Juan José “Pepillo” Origel se convirtió en la celebridad buscada por la prensa rosa. El romance de su sobrino Luis Carlos Origel con Andrea Legarreta y recientes acusaciones de lavar dinero para organizaciones criminales mantienen los reflectores sobre el periodista.

Durante una reciente participación en el pódcast El Dibujo del Caos, “Pepillo” aclaró que las versiones surgieron mientras él se encontraba de viaje en Madrid, donde celebró su cumpleaños junto a su familia.

Al regresar a México, Origel se encontró con publicaciones que lo señalaban por supuestamente estar relacionado con el abogado Rodolfo Reus Medina, acusado de fraude, lavado de dinero y huachicol fiscal.

Sobre el impacto que le causó el rumor, el conductor explicó: “Ahora que llegué de España fue una cosa impresionante: llego de un viaje muy bonito que hice con todos mis hermanos y cuando regreso veo que está anunciado que Pepillo Origel es acusado de lavado de dinero”.

La respuesta directa de Pepillo se dio en una entrevista para el canal de YouTube El dibujo del caos, donde rechazó de forma tajante cualquier acusación. Con su estilo irónico, afirmó: “¿Tú crees que yo me voy a poner a lavar? Ni lavadora tengo”.

La versión sobre la mansión en San Miguel de Allende

Uno de los puntos que alimentó las especulaciones fue la supuesta compra de una casa valuada en 11 millones de pesos en San Miguel de Allende. “Pepillo” Origel aclaró que esa información es falsa y que no es propietario del inmueble que habita en esa ciudad.

“En uno de esos programas se dijo que yo estaba lavando dinero y que tenía esto y lo otro y que compré una casa en San Miguel de Allende, donde vivo, de 11 millones de pesos”, relató.

De inmediato, desmintió la versión y ofreció su explicación: “Yo te invito a mi casa, es una casa que rento, ¡la rento! Entonces, ¿dónde están los 11 millones?”

El conductor también compartió su postura sobre el origen de este tipo de señalamientos, sugiriendo que obedecen más a ataques personales que a hechos comprobables. “Yo creo que es que esa gente quiere ser como tú, yo siento que es envidia; esa gente que habla de ti es que quiere ser como tú… pero pobrecitos”, comentó.

Hasta el momento, “Pepillo” Origel no enfrenta ninguna acusación formal por autoridades, y su respuesta pública se ha centrado en desmentir versiones difundidas en plataformas digitales, defendiendo su trayectoria y su situación patrimonial con declaraciones claras y directas.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el narco se encontraba prófugo de la Justicia en el marco de una causa por narcotráfico, impulsada por la Justicia Federal de Rosario. La captura ocurrió en inmediaciones de la avenida Amancio Alcorta al 2900, en la zona del Barrio 21-24 conocido como villa Zavaleta.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, quienes localizaron al sospechoso en la vía pública. El hombre era buscado por su presunta vinculación con la organización y cayó tras una orden del Tribunal Federal de Juicio N°3 de Rosario, a cargo del juez Eugenio Martínez Ferrero.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la banda narco del “Patrón del Norte” es una estructura criminal integrada, además, por personas de nacionalidad colombiana y peruana, acusada de suministrar y distribuir cocaína de alta pureza.

En septiembre pasado, la banda sufrió un golpe en Santiago del Estero, donde hallaron entre bananas y papayas un cargamento de cocaína con su marca, valuado en $360 millones. El chofer del camión donde iba la droga alegó que llevaba fruta al mercado central.

Pero, los papeles no eran convincentes y la requisa dio positivo: 85 kilos de cocaína con el sello del Delfín.

Todo sucedió en la localidad santiagueña de Taboada, en un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional. Los policías de la PFA hallaron el cargamento de droga valuado en unos 360 millones de pesos (en Bolivia se consigue a USD 3000 el kilo -al cambio de $1400-) oculto entre cajones de frutas.

El procedimiento se concretó en el kilómetro 668 de la Ruta Nacional N° 34, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Allí, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santiago del Estero realizó un operativo cerrojo tras varias jornadas de vigilancia.

El vehículo investigado era un camión Scania modelo G380 color naranja, con semirremolque Randon color blanco y carpa azul, sin inscripción de empresa.

Al momento de la detención, el rodado era conducido por Ramón E.B., ciudadano argentino de 55 años, domiciliado en la localidad jujeña de Perico. El chofer manifestó que transportaba cajones de bananas y papayas con destino al Mercado Central de Buenos Aires. No obstante, los uniformados advirtieron inconsistencias en la hoja de ruta y en la documentación presentada, lo que motivó una revisión exhaustiva.

Durante la inspección se utilizó al can detector “Yana” (D123), que marcó la posible presencia de estupefacientes en uno de los cajones. En ese momento se extrajeron nueve ladrillos compactos, que fueron sometidos a prueba de campo en presencia de testigos, dando resultado positivo para cocaína.

La droga tenía el sello del delfín, uno de los nombres con los que se vincula ese tipo de cargamentos, que es el mismo sello de la organización que lidera Delfín Castedo, apodado “El Patrón del Norte”, actualmente preso y condenado por narcotráfico y por homicidio.

Inmediatamente, fue notificado el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Molinari, y se dispuso la detención del chofer y el traslado del camión a la sede policial para continuar con la revisión.

Ya en dependencias de la DUOF Santiago del Estero, se procedió a una inspección completa del vehículo, donde se hallaron otros 61 ladrillos de cocaína ocultos entre las frutas. En total, se contabilizaron 70 paquetes compactos, envueltos en nailon amarillo con franjas verdes y con un peso de 85 kilos.

La causa quedó a disposición del juez Molinari y de la secretaría de Marcelino Ferreiro. El chofer fue imputado por infracción a la Ley 23.737 de drogas bajo la modalidad de contrabando y quedó detenido.

Las investigaciones continúan abiertas con el fin de determinar el destino final de la droga y establecer vínculos con eventuales redes de comercialización.

No es la primera vez

En abril pasado, también en una causa que intervino el juez federal Molinari, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo se produjo el hallazgo de 152 kilos de cocaína ocultos en un camión que transportaba bananas.

El operativo se desarrolló en la ruta N°34 y la intervención de la Policía Federal comenzó la noche previa y se extendió hasta la madrugada, cuando los agentes detuvieron un camión que había partido de San Ramón de la Nueva Orán, en la frontera de Salta con Bolivia.

El vehículo tenía como destino final las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Al ser interrogado en el retén policial, el conductor correntino declaró que transportaba frutas. Sin embargo, la inspección más minuciosa del vehículo determinó otra cosa.

La droga se encontraba cuidadosamente camuflada debajo de las bananas. En total, hallaron 150 “ladrillos” distribuidos en 13 cajones. Estaban envueltos en materiales diversos, como nailon amarillo, papel gris metalizado y cinta color madera. Algunos de estos “ladrillos” presentaban en su exterior la inscripción “GN” o etiquetas con la imagen de un lobo, mientras que varios mostraban en bajorrelieve la figura de un delfín.

La agrupación de regional mexicano Banda Gota de Oro confirmó el deceso de su vocalista Giovanni “Gio” Vera. El cantante fue identificado como una de las cinco víctimas mortales que dejó un ataque armado en la colonia Los Presidentes, en Irapuato.

La confirmación se da un día después del incidente, ocurrido la noche del 28 de diciembre.

Un sentido adiós: “Gracias por todo lo que dejaste”

Mediante una publicación que fue replicada en las plataformas digitales de la agrupación, sus compañeros dedicaron conmovedoras palabras a Gio Vera.

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón. Y como siempre lo dijiste: ¡Qué suene La Gotera!“

Incidente fue un ataque directo

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el número de fallecidos se elevó a cinco, tras el deceso de dos hombres en un hospital a causa de heridas de bala.

La dependencia indicó que tres sujetos murieron en el lugar de los hechos, mientras una mujer que resultó gravemente herida continúa hospitalizada.

Testimonios de sobrevivientes que fueron recabados por las autoridades detallan que la noche del domingo, hombres armados ingresaron a un inmueble ubicado en las calles Abelardo R. Rodríguez y Adolfo López Mateos y abrieron fuego contra un grupo de personas que convivían con la puerta principal abierta.

Última publicación de Gio Vera

En medio de la zozobra han surgido innumerables muestras de cariño hacia familiares de Gio Vera e integrantes de Banda Gota de Oro.

En X —antes Twitter—, seguidores de la agrupación han dejado palabras de cariño en respuesta a la última publicación del intérprete.

“¿Algún norteño libre para el 10 de enero de 7 pm a 11 pm?”, escribió el cantante en una publicación que dejaba de manifiesto que estaba enfocado en extender la proyección musical de Banda Gota de Oro.

Siete masacres en el estado

La balacera en la colonia Los Presidentes representó el séptimo ataque armado en Guanajuato en lo que va de diciembre. Hasta el momento, la Fiscalía no ha compartido detalles sobre la línea de investigación del caso.

Sin embargo, el incidente ha sido asociado extraoficialmente a la ola de violencia que ha generado la disputa de territorios entre las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La lucha libre mexicana no solo se ha forjado entre cuerdas y reflectores, también en escenarios donde la seguridad queda en segundo plano.

En ese contexto, Penta Zero Miedo reveló recientemente una de las experiencias más inquietantes de su trayectoria, una función improvisada que, más allá de la anécdota, dejó entrever la cercanía de ciertos eventos con entornos dominados por el crimen organizado.

Durante su participación en el podcast conducido por ‘Capi’ Pérez, el luchador originario de Ecatepec recordó una presentación que rompió con cualquier estándar profesional. Lejos de una arena o un ring, la función se llevó a cabo en un lugar aislado, bajo condiciones que encendieron alertas entre los gladiadores desde el primer momento.

“Éramos una cuadrilla de luchadores a los que nos dijeron que teníamos función en Querétaro, pero yo no conocía ese Querétaro, porque cuando llegamos, todavía fuimos más para arriba, tardamos como ocho horas en llegar. El ring nunca llegó, porque nos dijeron que se había ponchado la llanta del camión o algo así, pero el anfitrión era una persona ‘diferente’, desde que llegamos y vimos la gente nos dimos cuenta”, relató el actual luchador de WWE.

La ausencia del ring no fue lo más preocupante. Según la narración de Penta, el ambiente, la gente presente y la actitud del organizador generaron un clima de tensión constante. La improvisación fue la única salida, ante el riesgo de negarse a cumplir con la función.

“Cuando nos dijeron que no iba a llegar el ring, esta persona entró con su ‘adorable’ equipo de trabajo y nos dijo ‘mi hijo quiere ver luchas, así que luchas va a tener, ahí está el pasto y una alberca’, hasta nos aventamos ahí”, terminó el mexicano su anécdota con un poco de sarcasmo junto a los conductores del podcast.

El testimonio abrió la conversación sobre las condiciones extremas que algunos luchadores han enfrentado en eventos privados, muchas veces vinculados a personajes influyentes fuera de la ley, donde decir “no” simplemente no es opción.

Actualmente, Penta atraviesa un momento distinto en su carrera. Aunque estaba anunciado para el evento Guerra de Titanes de Lucha Libre AAA el próximo 20 de diciembre, una lesión en el hombro sufrida en Monday Night Raw, durante un combate ante Solo Sikoa en el torneo para definir al último rival de John Cena, lo dejó fuera de la función.

En su lugar, AAA confirmó que Rey Mysterio tomará su sitio, formando equipo por primera vez con Rey Fénix para enfrentar a Los Gringos Locos 2.0. La función marcará el cierre de actividades de la empresa en 2025, previo a su nueva etapa televisiva en Fox a partir de 2026.

Después de seis meses de investigación, la Justicia federal desarmó la estructura de un grupo de narcomenudeo que usaba a menores para vender drogas, especialmente bolsitas de cocaína, en Rosario. Eran conocidos como “La Banda del Playón” y tendrían, según sospechan, un vínculo comercial y territorial con “Los Monos” para poder operar sin riesgos.

El operativo, llevado a cabo por la Policía Federal, terminó con 28 allanamientos y una decena de detenciones, además del inicio de una nueva etapa en la investigación que, tal vez, le permita a la Justicia saber por dónde sigue el hilo en la cadena productiva narco.

Aunque el secuestro de sustancias fue módico, los investigadores se encontraron con casi 7 millones de pesos, la réplica de un arma y teléfonos celulares que podrán peritar en busca de pruebas y nuevos indicios.

De momento hay nueve personas detenidas. La banda del Playón es así conocida porque operan en la zona de Bielsa y Magallanes, justamente en un lugar identificado como “el playón”. Los policías encontraron una módica suma de dosis de cocaína y un manojo de plantas de cannabis en estado vegetativo (lo que indica que no estaban en su período de producción de flores, que son las que se comercializan porque contienen la molécula THC, que es la que genera los efectos psicoactivos).

“Si bien los allanamientos del otro día, en cuanto a secuestro de drogas y demás, no fueron muy fuertes, sí nos permitieron encontrar básicamente a estos actores que estaban operando afuera y que eran básicamente quienes estaban regenteando a los menores”, contó el fiscal Diego Giro de la Unidad Especial de Microtráfico, del Ministerio Público de la Acusación santafesino, que trabajó en equipo con la Justicia Federal dado que la “Banda del Playón” se cruzaba en sus respectivas investigaciones.

Durante los procedimientos, los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) también identificaron a otros treinta y cinco individuos, quienes fueron notificados de la causa pero no procesados. Según el parte oficial difundido por la fuerza, “se confiscaron 51 teléfonos celulares, 730 dólares, 25 euros, una réplica de revólver, un DVR, dieciocho cajas de papel para el armado de cigarrillos y documentación" presuntamente relevante.

Parte de los domicilios allanados ya habían sido objeto de investigaciones previas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe. La investigación se inició en febrero, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario detectó distintos puntos de venta de drogas ilegalizadas al menudeo, es decir, en pequeñas dosis.

“Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación encabezada por el Dr. Franco Carbone del Ministerio Público de la Acusación Rosario, los efectivos determinaron que estos lugares de expendio correspondían a las bandas mencionadas, que mantienen una disputa activa por el dominio de la ciudad", explicaron fuentes oficiales.

La banda del Playón estaba manejada por Oscar Lezcano, quien regenteaba desde la cárcel, a donde fue a parar en junio pasado igual que su esposa por estas mismas investigaciones. Sin embargo, uno de sus hijos manejaba el negocio familiar fuera de prisión bajo las órdenes de su padre y con la ayuda de dos colaboradores, Sergio Borda y Axel Duarte.

Entre todos manejaban a sus soldaditos, chicos de entre 14 y 18 años. Duro explicó que hay sobradas pruebas e incluso testimonios de algunos de los menores involucrados. De hecho, los chicos tienen abiertos otros procesos judiciales por tenencia de armas o de drogas ilegalizadas, por lo cual los expedientes se cruzan permanentemente.

“Nosotros tenemos la hipótesis de que respondían a una célula de Los Monos”, comentó el fiscal de Microtráfico y no descartó que el clan de Lezcano esté en el medio de una disputa mayor entre las dos bandas de narcomenudeo más pesadas de Rosario, Los Monos y Los Menores.

Los fiscales trabajaron infiltrados en el campo, se ordenaron seguimientos, hubo puestos de observación e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, lo que permitió identificar a los integrantes de las organizaciones y el rol que cada uno desempeñaba.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, el Colegio de Jueces ordenó la ejecución de estos veintiocho allanamientos que explotaron en cadena el jueves en calles como Bielsa, Esquiu, Gorriti, De La Salle, Juan Vucetich, Francia, Calle 1323, Riobamba, Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell, Casilla y Schweitzer.

El 2 de diciembre de 1993, cuando las balas todavía humeaban en el caserío de Medellín y un helicóptero vibraba sobre los techos como un presagio inevitable, el mito de Pablo Emilio Escobar Gaviria llegaba a su final. No era ya el patrón todopoderoso, el que había ordenado decenas de bombas y miles de asesinatos, el que manejó a Colombia como si fuera una finca privada. Era un hombre perturbado, aterrado, enloquecido, disfrazado con peluca y gorrita, viviendo a saltos, prófugo de todos, totalmente alterado y traicionado por su propia mente.

Después de la fuga de La Catedral en julio del 92, aquella cárcel diseñada a medida donde había mandado construir hasta una cancha de fútbol y supo jugar con ídolos de la talla de Francisco Pancho Maturana, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo, Víctor Aristízabal y el arquero René Higuita, Escobar se deshilachó como un animal acorralado. Sus enemigos de siempre —el Estado, los cárteles rivales, los paramilitares de Los Pepes— y hasta los que antes se le arrodillaban, lo buscaban para borrarlo del mapa. Él lo sabía. Pero lo que más lo atormentaba no era la muerte: como buen bandido mafioso, era la posibilidad de que masacraran a su esposa, a sus hijos, a cualquiera que llevara su sangre.

Al huir, atrás quedó de un plumazo su calabozo vip en suite, cómodo, de varios metros cuadrados y con vista a la ciudad, donde su mujer, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos podían visitarlo y quedarse con él el tiempo que quisiera sin ningún tipo de restricciones. Allí todo estaba inspirado y ambientado por su esposa, para quien el arte se había vuelto una pasión irrefrenable a través de los años, lo que la llevó a convertirse en una experta que llegó a contar con obras de autores excelsos como Claudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero, Olga de Amaral, Rodrigo Arenas Betancourt, Édgar Negret, Darío Morales, Enrique Grau, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Igor Mitoraj y Auguste Rodin.

Curiosamente, junto a una especie de despacho que Pablo tenía en la cárcel, adonde también llegaban lo que él llamaba “visitas especiales” —mujeres contratadas para satisfacer sus deseos sexuales y los de sus secuaces— aparecía imponente hasta un retrato de Ernesto Che Guevara. Pero al decidir y concretar su fuga, ya fuera de la prisión, Pablo Escobar se había convertido en un hombre perdido, sin rumbo y él lo sabía.

Las noches en las que el capo narco pedía ayuda

Aunque cuesta imaginarlo, hubo noches en las que el hombre que manejó un ejército de sicarios debió tocar una puerta como un niño asustado. Fue en octubre de 1992 cuando llegó, disfrazado y tembloroso, a la casa de su prima Luz, en el barrio La Paz de Envigado, donde él mismo se había formado como mafioso.

Luz quedó paralizada al verlo: ya no era el familiar ostentoso que llegaba rodeado de guardaespaldas, sino una sombra con una peluca desteñida, lentes espejados y una voz que apenas salía del cuerpo. “Necesito que me cuides, prima”, le dijo, casi suplicando. Y Luz aceptó sin dudar, aunque sabía que alojarlo era como firmar su sentencia de muerte.

Los Pepes —“Perseguidos por Pablo Escobar”— ya recorrían la zona como depredadores. Reventaban puertas, señalaban casas, interrogaban vecinos. Pablo entraba y salía de allí con la certeza de que cada movimiento podía delatarlo. Pero no tenía más opciones. Había perdido sicarios, socios, escondites, casi todo. Solo le quedaba la familia, y justamente por eso no podía acercarse a ella.

La casa que iba a salvarlo… y lo enterró

Por pedido suyo, Luz compró meses después una casa en el barrio Los Olivos de Medellín: dos plantas, living grande, tres dormitorios, cocina sencilla, dos baños, garage y un techo de salida fácil, detalle que a Escobar le pareció casi un signo de destino. Esa vivienda sería su último refugio.

Juan Pablo Escobar reconstruyó todo con precisión quirúrgica en su libro Pablo Escobar In Fraganti de Editorial Planeta: su padre y Luz se habían visto durante un año entero planeando ese escondite. Pero el lugar que había sido pensado para devolverle seguridad los albergó apenas diez días.

Pablo llegó allí ya desquiciado. Caminaba sin descanso, murmuraba estrategias, se angustiaba por la suerte de su esposa Victoria Eugenia y de sus hijos, Manuela y Juan Pablo, quienes estaban intentando exiliarse mientras él perdía la cordura.

Cuando supo que Alemania los había rechazado y devuelto en el mismo avión, algo en su cabeza hizo un ruido irreversible. “Si a mí no me encuentran, van por ellos”, repetía. Todo se le venía encima.

El capo que intentó volver al delito para no morir

La desesperación lo empujó a un plan absurdo: volver a generar dinero secuestrando millonarios en diciembre, aprovechando la relajación navideña de las fiestas de fin de año. Aseguraba que tenía un ejército listo para acompañarlo, “decenas de jóvenes armados hasta los dientes”, aunque la mayoría ya estaba muerto, preso o había desertado. Era una fantasía, una manera torpe de no admitir que estaba acabado.

El 1 de diciembre cumplió 44 años. Luz le llevó una torta de chocolate y una botella de champagne. Brindaron, pero el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Pablo comió poco, habló menos y se fue a recostar. La fiesta era una parodia: él ya no vivía en la realidad, conectado, sino en un estado perpetuo de alarma.

El teléfono que nunca debió sonar

El mediodía siguiente se despertó tarde, como siempre, y volvió a hacer llamadas. Su prima lo había advertido mil veces: “No llame, que lo rastrean”. Pero él insistió. Hizo contacto con “El Gordo”, con personajes irrelevantes, llamó incluso a un celular que le había hecho llegar a su suegra, Nora, un número que solo debía usarse en emergencias extremas.

Cuando Nora descolgó, alguien más atendió. En ese mismo instante un helicóptero retumbó sobre el techo de Los Olivos. Nora cortó. Pablo comprendió, pero era demasiado tarde. Luz, que debía regresar temprano con almuerzo, no logró llegar a tiempo. Auxilió a alguien en la calle, se retrasó unos minutos y cuando se aproximó al barrio percibió algo que no olvidó jamás: patrullas, gritos, puertas violadas, soldados trepando techos. Supo que no debía seguir. Dio media vuelta y huyó. Minutos después, la noticia sacudió Medellín: “Cayó Pablo Escobar”.

¿Suicidio o ejecución?

La versión del hijo fue tajante: su padre se quitó la vida. “Tuvo que elegir entre su vida o la nuestra”, escribió Juan Pablo. “Y eligió permitirnos seguir viviendo”. Era la idea que siempre los había protegido de la brutalidad exterior. Su esposa también creyó en esa posibilidad durante un tiempo.

Pero cuando el clima político lo permitió, ella buscó a Carlos Castaño, líder de Los Pepes, y quiso saber la verdad. Castaño no demoró en responderle. Le contó que aquel 2 de diciembre estuvieron a punto de abortar toda la operación para atraparlo: habían neutralizado a casi toda la red de Escobar, pero él seguía escabulléndose. A los jefes policiales les advirtieron que si no aparecía de inmediato, todo quedaba cancelado y debían abandonar la búsqueda.

Todo cambió cuando alguien lo vio asomarse por una ventana del segundo piso. Entonces no dudaron y entraron. A mazazos derribaron la puerta de la vivienda. Escobar, descalzo y desorientado, corrió hacia la planta alta mientras disparaba su Sig Sauer a ciegas. Entretanto, los hombres de Castaño aprovecharon para liquidar a Limón, su último ladero. Pablo alcanzó a saltar hacia el techo de la casa contigua. Pero no llegó lejos. Castaño aseguró que recibió dos disparos: uno detrás del hombro, otro en la pierna. Suficientes para derribarlo y acabar con el mito.

El hombre que sembró terror, llorado por su familia

La paradoja final surge en la voz de su propio hijo, quien en su investigación acepta la contradicción: “Mi padre fue un bandido. Pero para nosotros fue un padre amoroso que se perdió los mejores momentos de su vida: vernos crecer, conocer a sus nietos, envejecer con mi madre”, definió.

Pablo Escobar murió acorralado, delirante, disfrazado, sin ejército, sin fortuna, sin país. Y sin más testigos que un puñado de enemigos que habían jurado destruirlo. Fue un final crudo y feroz para un hombre que durante años había decidido el destino de miles con la misma frialdad con que otros eligen una camisa. Un desenlace inevitable para quien construyó su propio laberinto de muerte.

Luego de una polémica edición 74 de Miss Universo y de que Fátima Bosch se convirtiera en la primera tabasqueña en obtener la corona, la controversia no suelta al importante certamen de belleza. Se reveló que Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra por supuesta delincuencia organizada, tráfico de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Esta información fue dada a conocer por Carlos Loret de Mola a través de un tuit en su red social X. Después, el diario Reforma confirmó los dichos y publicó su investigación. Según el conductor de Latinus, Raúl Rocha “huachicoleó combustible desde Guatemala y suministró armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y las Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS), serían las organizaciones relacionadas con el empresario, según lo publicado por Reforma.

Raúl Rocha compró Miss Universo a una empresa en bancarrota; la copropietaria es prófuga de la justicia

JKN Global Group Public Company Limited, empresa con operaciones de Tailandia, fue quien vendió el 50% de las acciones de JKN Legacy Inc, compañía que a su vez es dueña de Miss Universo. El comprador fue Raúl Rocha a través de Legacy Holding Group, por la cantidad de 16 millones de pesos.

El 50% restante de Miss Universo pertenece a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria que, de hecho, también está en medio de un problema legal pues un tribunal de Bangkok emitió una orden de aprehensión luego de que no se presentara a su audiencia de sentencia por los delitos de fraude.

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip está acusada por autoridades tailandesas de haber ocultado el estado financiero de JKN a un inversionista llamado Raweewat Maschmadol, quien compró bonos valorados en millones de dólares.

Lupita Jones, la primera mexicana ganadora del certamen Miss Universo y antigua colaboradora de la compañía, asegura que la empresaria tailandesa se oculta en México.

Claudia Sheinbaum reacciona a la polémica de Raúl Rocha y defiende a Fátima Bosch

Durante la conferencia matutina del 26 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a las acusaciones contra Raúl Rocha y a las afectaciones que ha tenido el triunfo de Fátima Bosch desde que se filtró la información.

La mandataria aseguró que “eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Entonces quieren quitarle el mérito”. En su momento, la Presidenta había felicitado a Fátima Bosch por su triunfo.

Sobre la controversia en torno a Raúl Rocha Cantó, la mandataria afirmó que firmó que “si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”.

La llegada del abogado y empresario Abelardo de la Espriella a la contienda presidencial en Colombia ha generado gran revuelo tanto en los sectores políticos como sociales del país.

Su posicionamiento en las encuestas, así como sus eventos en el territorio colombiano, han ocasionado que varios dirigentes políticos lancen cuestionamientos frente a su candidatura.

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Uno de ellos fue el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en la que se refirió a una de las vallas publicitarias del empresario donde exhibe su eslogan de campaña denominado ‘Firmes por la Patria’ y que había sido instalada en varias ciudades de Colombia.

En su cuenta de X, el exmandatario antioqueño volvió a cuestionar a De la Espriella, al considerar que tendría supuestos vínculos con grupos narcotraficantes, a lo que recurrió a calificarlo de esa manera.

“El Narco es Abelardo”, fue la frase mencionada por Daniel Quintero. Por el momento, Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado al respecto.

Candidato de los narcos, según Quintero

Esta no es la primera vez que el exalcalde de Medellín menciona al precandidato presidencial de esta forma.

El 16 de noviembre, en su cuenta de X, Daniel Quintero también se refirió a la propuesta de Abelardo de la Espriella para que se realice una encuesta abierta en diciembre de 2025 para elegir al candidato único de la derecha colombiana en las elecciones presidenciales de 2026, iniciativa que fue respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien la calificó como “generosa”

Para el exmandatario paisa, la postura del exmandatario nacional refuerza su idea de que el empresario será quien defienda las banderas del uribismo en la contienda electoral del año entrante.

“El uribismo ya escogió al Narco para hacer la tarea”, declaró Quintero en su post de X.

En su publicación, el exalcalde de Medellín también denunció obstáculos administrativos en el proceso electoral, señalando: “La Registraduría bloquea mi inscripción y el CNE la de (Iván) Cepeda”, lo que, según él, evidencia maniobras institucionales para impedir la participación de candidatos afines al petrismo en los comicios de 2026.

Quintero sostuvo que el contexto político actual favorece a los grupos tradicionales y limita la democracia, afirmando que “las élites se han enroscado contra el cambio y abren la puerta a una nueva era de exterminio”. Además, estableció un paralelismo entre la coyuntura presente y el periodo de violencia que sufrió la Unión Patriótica (UP), advirtiendo sobre el riesgo de que se repitan episodios de persecución política.

Legalizar dinero de narcos: propuesta de De la Espriella

Adicional a ello, Daniel Quintero también se mostró en desacuerdo ante una propuesta manifestada por Abelardo de la Espriella en la que pretendería la legalización parcial de capitales ilícitos en Colombia.

En una entrevista concedida a Semana, el abogado y precandidato presidencial planteó que, de llegar a la presidencia en 2026, permitiría la legalización del diez por ciento de los bienes provenientes de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. De la Espriella argumentó que “ahí tendríamos una gran fuente de ingresos para hacer esa transformación social que requiere Colombia”.

“Le vamos a legalizar el 10%, usted entrega el 90% de su patrimonio, me paga tres años de cárcel, yo no lo extradito”, explicó el empresario, añadiendo que este incentivo busca evitar que los beneficiarios “pasen hambre”, ya que “deben tener un incentivo”.

Ante ello, el exalcalde de la capital antioqueña señaló que dicha iniciativa confirmaría, lo que para él sería, sus presuntos vínculos con grupos ilegales dedicados al narcotráfico y que, según Quintero, estarían detrás de su campaña presidencial.

“Esta es la propuesta, la primera propuesta de Abelardo de la Espriella. Definitivamente, él no es el abogado de los narcos, es el candidato de los narcos”, afirmó.

Además, subrayó la diferencia entre su postura y la del precandidato, al afirmar que mientras desde otros sectores se promueve un combate decidido contra el narcotráfico y la corrupción, De la Espriella favorece a quienes están involucrados en estos delitos. “Mientras nosotros hablamos de un reseteo total contra el narco y los corruptos, él propone que los narcos de este país no aguanten hambre cuando tenemos seis millones de colombianos que se van a dormir sin comer”, puntualizó.

Durante años creímos que el voto era un escudo frente a la barbarie, una muralla civilizatoria contra la violencia. Pero hoy, en buena parte de Hispanoamérica, ese muro se ha derrumbado. El crimen organizado no solo convive con la política: la penetra, la financia, la intimida y, en muchos casos, la dirige. Ya no basta decir que corrompe las instituciones: el crimen organizado participa activamente en la política. Vota, impone y gobierna.

En Colombia, las recientes elecciones internas del partido oficialista mostraron una realidad inquietante: en municipios bajo control de grupos armados ilegales la participación electoral se disparó de forma inusual, hasta un 30 % de los habilitados. En zonas donde el abstencionismo era norma, el voto se multiplicó más de cien veces. No fue coincidencia. Son territorios dominados por el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales que reemplazan al Estado y deciden quién puede o no puede participar. Allí, votar es obedecer: se elige bajo amenaza, con dinero oscuro y silencio impuesto.

México vive un drama paralelo. El Instituto Nacional Electoral ha identificado más de 14.000 zonas de riesgo donde la violencia del narcotráfico impide garantizar elecciones seguras. En los comicios recientes, cerca del 30 % de los circuitos estuvo comprometido. Ya no se trata de interferencias puntuales, sino de la captura sistemática del poder por organizaciones que actúan como Estados paralelos. En algunas regiones, incluso la justicia ha sido secuestrada: se eligen jueces en consultas populares donde vota apenas una minoría, y los candidatos del crimen terminan dictando sentencia.

Cuando la intimidación no basta, llega el asesinato. En Ecuador, el magnicidio de Fernando Villavicencio —tras denunciar vínculos entre políticos y mafias— mostró hasta qué punto el crimen define las reglas del juego. En México, decenas de candidatos locales han sido asesinados en los últimos años. El mensaje es brutal: quien no se somete, desaparece.

Este modelo de poder ha alcanzado su forma más perfeccionada en Venezuela, donde el Estado fue absorbido por redes de corrupción, narcotráfico y alianzas criminales internacionales. Allí, el régimen no es solo autoritario: es una corporación del crimen transnacional con fachada política. En otras palabras, el sueño de Pablo Escobar llevado a nuestros días. Exporta no solo migración y propaganda, sino métodos: captura institucional, manipulación electoral, represión y control territorial a través de mafias y grupos armados.

El problema ya no se limita a las fronteras. Las redes del crimen latinoamericano operan hoy en Europa, Estados Unidos y Canadá, moviendo dinero, drogas, armas y personas. Lo que ocurre en Culiacán, Tumaco o Maracaibo tiene consecuencias globales. El crimen vota allí, pero sus efectos se sienten en todo el planeta.

Las víctimas son los pueblos de la región: millones de desplazados y migrantes que huyen no solo del hambre o la dictadura, sino del poder armado que domina sus territorios. Pierden no solo el derecho al voto, sino algo más esencial: el derecho a vivir con dignidad y sin miedo.

No estamos ante simples “democracias fallidas”, sino frente a una nueva forma de autoritarismo criminal, donde las urnas encubren la violencia y las instituciones son rehenes del delito. Mientras las democracias del mundo guardan silencio, el crimen sigue votando, ganando y gobernando. Y es hora de reconocerlo: el crimen organizado no es solo un problema de seguridad; es el desafío político, moral y civilizatorio más urgente que enfrenta Hispanoamérica.

Un tribunal declaró culpable a Federico Norberto Abello, conocido como “El Gordo Fede”, por el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, en el barrio Villa Ceferino de Neuquén. La pena se conocerá la semana próxima.

El proceso judicial que terminó con la declaración de responsabilidad sobre Abello comenzó el viernes pasado y culminó a principios de esta semana, con la presentación de los alegatos de ambas partes.

La fiscal Lucrecia Sola, a cargo de la acusación, sostuvo ante el tribunal la hipótesis de homicidio agravado, descartando la existencia de legítima defensa y atribuyendo la muerte de Basualdo Millacán a una reacción desproporcional tras una discusión vinculada a la compraventa de estupefacientes.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la fiscalía, el 12 de enero de 2025, Basualdo Millacán llegó al domicilio de Abello, con la intención de realizar una transacción por drogas. Dentro de la vivienda se generó una discusión que se trasladó al exterior de la vivienda, donde la situación escaló hasta derivar en el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según el relato judicial citado por LM de Neuquén, Abello accionó el arma en tres oportunidades: el primer disparo no salió, el segundo no hirió a la víctima y el tercer tiro impactó en el tórax del hombre, causándole la muerte de manera instantánea. Luego del hecho, el ahora condenado volvió a su domicilio y, más tarde, se retiró de la escena junto a su pareja a bordo de un automóvil.

Sin embargo, no permaneció mucho tiempo prófugo, puesto que se entregó en la Comisaría Tercera a menos de 24 horas del crimen, ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad y el paradero incierto de su círculo de confianza.

Las pericias criminalísticas, presentadas ante el tribunal, confirmaron el trayecto del proyectil y la compatibilidad de la herida con el arma secuestrada en la investigación. La calificación legal fijada fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal Argentino.

Durante el juicio, la defensa de Abello alegó que el acusado actuó en legítima defensa y postuló la absolución por el cargo de tenencia indebida de arma de fuego, un hecho ocurrido el año anterior en el mismo domicilio. Sin embargo, los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo avalaron la posición de la Fiscalía y declararon la responsabilidad penal del imputado en ambos hechos.

La fiscal Sola subrayó ante el tribunal que el accionar de Abello fue intencionado y no una reacción defensiva.

De igual forma, la investigación continuó su curso y puso el foco en las bandas narcocriminales que operan en la zona.

En marzo de este año, ante la seguidilla de ataques, la Brigada policial concretó allanamientos y logró identificar a nuevos sospechosos e incautar material vinculado al narcotráfico.

En los domicilios revisados se encontraron armas de fabricación casera (“tumberas”), pistolas, cartuchos, municiones, una camioneta Toyota Hilux, envoltorios con drogas, una balanza digital y una huerta con 44 plantas de Cannabis sativa, según el parte oficial.

El despliegue policial fue considerado “positivo y necesario para evitar la consolidación de nuevas facciones criminales”, de acuerdo a declaraciones de la fuerza recogidas por medios locales.

Abello llegó al debate privado de libertad en el marco de la prisión preventiva dictada tras el crimen. La medida seguirá vigente hasta la próxima audiencia, donde el tribunal definirá la extensión de la pena aplicable por los delitos probados.

La reacción social ante el asesinato de Carlos Manzo ha puesto en evidencia una profunda indignación ciudadana frente a la violencia y la impunidad en México. En conversación con Javier Oliva Posada, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesor en temas de seguridad nacional, se analizan los factores estructurales que perpetúan la crisis de seguridad, así como la responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

Oliva Posada explicó que la indignación pública tras crímenes como el de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre frente a cientos de personas, suele ir acompañada de promesas oficiales de justicia, pero la reiteración de estos hechos ha generado escepticismo. Y es que tras cada crimen queda la promesa que no quedarán impunes, sin embargo todos nos preguntamos qué habría de pasar para prevenirlos, ya que en reiteradas ocasiones el edil advirtió que estaba amenazado de muerte.

La respuesta política se ha centrado en la resolución de los casos una vez ocurridos, en lugar de priorizar la prevención. Al referirse a la movilización de fuerzas federales a Michoacán, Oliva Posada señaló que, aunque se enviaron efectivos, no todos estuvieron activos y la presencia fue temporal, lo que limita el impacto de estas acciones.

El profesor contextualizó la situación mexicana a partir de los Protocolos de Palermo, firmados en el año 2000 y ratificados por México en diciembre de 2003. Estos protocolos, impulsados por la ONU, establecen que el crimen organizado solo puede operar cuando se cumplen al menos una de tres condiciones: inacción de las autoridades locales por miedo, omisión o complicidad. Oliva Posada afirmó que, en el caso de Michoacán, el principal fallo recae en el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y que las protestas de productores en varios municipios reflejan la gravedad del problema. Recordó que tragedias similares han motivado respuestas reactivas, como ocurrió con los jóvenes de Salvárcar o el movimiento “Todos Somos Juárez”, pero subrayó que en Michoacán ya se han implementado al menos cuatro programas de seguridad, sin lograr resultados sostenibles.

Al analizar la situación en otros estados, Oliva Posada mencionó que entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Colima enfrentan desafíos similares, con Colima ostentando la ciudad más violenta del mundo de manera constante. El académico sostuvo que la incapacidad para contener la violencia es consecuencia de la falta de esfuerzos efectivos y de la repetición de estrategias que no han dado resultados.

En cuanto a las posibles soluciones, Oliva Posada destacó la importancia además del compromiso social. Valoró la decisión de la alcaldesa de Guadalajara de cancelar un concierto de Junior H, argumentando que la asistencia masiva a espectáculos de artistas que glorifican actividades delictivas contribuye a normalizar la violencia. “Si sesenta mil personas van a ver a un artista como Peso Pluma, luego no se quejen de lo que están reproduciendo”, afirmó Oliva Posada. Añadió que en Morelos ya se han prohibido este tipo de eventos y que la sociedad debe asumir su parte de responsabilidad, ya sea al consumir productos pirata o al participar en economías ilegales. “El consorcio criminal es tal que hasta el agua están robando”, enfatizó.

El profesor relató casos de extorsión en pequeños pueblos del Estado de México, donde comerciantes son obligados a vender mercancía robada bajo amenazas, y señaló que la presencia de cámaras de seguridad no ha sido suficiente para frenar estas prácticas. Oliva Posada advirtió que el fenómeno no es reciente, sino que responde a décadas de vacío de poder y sometimiento de las autoridades locales ante el crimen.

Al abordar la evolución del crimen organizado, Oliva Posada compartió que México ha pasado de tener siete grandes estructuras criminales a miles de bandas en la actualidad. Esta fragmentación, según el académico, es resultado de la estrategia de capturar a los líderes de los cárteles, lo que ha generado una proliferación de grupos más pequeños y difíciles de controlar. “Eso no funciona porque lo que tienes que hacer son procesos como los maxiprocesos en Estados Unidos o Italia, donde se detiene a cientos de personas, incluidos contadores, abogados y despachos de arquitectos”, explicó Oliva Posada, quien subrayó la necesidad de atacar las finanzas del crimen organizado y fortalecer el poder político local.

Respecto a la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, Oliva Posada indicó que la seguridad es una obligación compartida. Mencionó que el presupuesto federal para seguridad municipal sigue en discusión en el Senado, y que la falta de recursos para capacitar y equipar a las policías locales dificulta su capacidad de respuesta. “Si no les dan dinero para capacitarse, armarse y tener instalaciones adecuadas, difícilmente van a poder enfrentar el desafío del crimen organizado”, sostuvo.

El académico reconoció la complejidad de la situación, ya que los policías municipales suelen ser vulnerables a amenazas directas contra ellos y sus familias, lo que limita su margen de acción. Finalmente, Oliva Posada cuestionó la eficacia de la Guardia Nacional y de los planes de seguridad implementados, señalando que se han recurrido a fórmulas ya probadas sin resultados satisfactorios.

Cuatro sujetos colombianos, quienes se encontraban en el país de manera ilegal, quedaron en prisión preventiva este miércoles acusados del asesinato y posterior desmembramiento de un miembro de su misma banda, un ciudadano dominicano de 48 años, cuyo cuerpo apareció repartido en dos maletas en un sector rural de la comuna santiaguina de Pudahuel.

Según explicó el fiscal ECOH Milibor Bugueño, “la víctima, integrante de esta organización, fue citada bajo engaño a un domicilio en la comuna de Quinta Normal. Una vez en el lugar, fue asesinada y posteriormente descuartizada en un lapso de aproximadamente dos horas. Luego, dos de los imputados trasladaron las maletas con los restos hasta Pudahuel”.

Carabineros encontró el cuerpo de la víctima el pasado 1 de octubre, luego de recibir un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la presencia de dos maletas abandonadas en un canal de regadío.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la víctima debía trasladar 500 kilos de marihuana desde el norte hasta Santiago. Sin embargo, en el camino fue objeto de un robo de esa droga, asunto que sus cuatro socios colombianos no creyeron, asumiendo que se había quedado con el cargamento.

“La víctima temía por su vida, incluso comparte su ubicación con su familia que está fuera del país, por si le llegaba a pasar algo”, detalló el persecutor, quien agregó que el homicidio fue cometido con alevosía y que la víctima fue asfixiada antes de ser descuartizada.

En la misma línea, el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), complementó que en este caso también “existe una premeditación, una planificación”, puesto que los asesinos compraron previamente las maletas donde intentaron hacer desaparecer a su exsocio.

“El domicilio donde se perpetraron los hechos se ubica en la comuna de Quinta Normal, y las maletas utilizadas fueron adquiridas por esta organización criminal”, remató el detective.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

Las autoridades de Costa Rica llevan a cabo este martes la que consideran la mayor operación en la historia del país contra un grupo narcotraficante que enviaba cocaína a Europa y Norteamérica, al que han bautizado como el ‘Cartel del caribe sur’ y cuyos líderes ya se encontraban detenidos con anterioridad con fines de extradición a EEUU.

“Esta es quizás la operación más grande de la historia criminal del país. Hemos denominado a nivel policial a este grupo como el ‘Cartel del caribe sur’, tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de toda la cocaína y la marihuana que se distribuía en el país”, declaró el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Según el funcionario, este grupo criminal contaba con un brazo armado y divisiones de logística terrestre, marítima, de legitimación de capitales, de asuntos jurídicos, de tecnología y de seguridad.

La investigación comenzó en el 2021 y determinó que el grupo captaba cargamentos de droga para venderlos a otros en el país y que además enviaba cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

En la operación de este martes participan 1.200 agentes del OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y policías municipales, en 64 allanamientos a propiedades en la provincia de Limón (Caribe), Puntarenas (Pacífico), en el centro del país en Cartago, San José y Alajuela, donde hasta el momento se han detenido a 33 sospechosos.

En lo que va de este martes, los agentes han decomisado 97 millones de colones en efectivo (unos 190.000 dólares) y 200 millones de colones (unos 400.000 dólares) en cuentas bancarias, además de propiedades y 16 vehículos.

El objetivo es detener a 57 personas y decomisar artículos y bienes inmuebles valorados en aproximadamente 2.000 millones de colones (unos 4 millones de dólares), entre estos 7 casas en condominios de lujo, 40 propiedades y 73 vehículos y embarcaciones, informó el OIJ.

Los líderes de esta organización han sido identificados como los hermanos costarricenses Luis Manuel Picado, alias Shock, y Jordie Picado, alias Noni, quienes se encuentran detenidos desde hace algunos meses con fines de extradición a Estados Unidos.

Alias Shock fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en Londres, Inglaterra, luego de una orden de captura internacional emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos; mientras que alias Noni fue detenido el pasado 27 de agosto en San José.

La investigación inició en 2021 y desde entonces se han decomisado 13,7 toneladas de droga, principalmente cocaína y marihuana tanto en Costa Rica como en Estados Unidos y Europa; así como 68 armas de fuego, entre estas AR-15.

En este caso Costa Rica ha contado con la colaboración de autoridades de Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha visto un crecimiento fuerte en la cantidad de homicidios, lo cual es atribuido por las autoridades en un 70 % a las rencillas entre grupos narcotraficantes.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022.

Para 2024 la cifra fue de 880 homicidios, la segunda cifra más alta de la historia del país, y para 2025 las autoridades prevén que el número ronde los 900.

(Con información de EFE)

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital confirmó la prisión preventiva de Hugo “Huguichi” Hermosa Vacaflor (55), un narco de origen boliviano -detenido en noviembre de 2024- que usaba una pinturería como fachada para su negocio ilegal y ocultaba la droga en baldes de pintura. El traficante también era conocido como “Manitos blancas” debido a una enfermedad degenerativa de la piel.

La resolución también recayó en su presunta mano derecha, un hombre de origen peruano identificado como Antony Amadeus “Tomás” Delki Antezana (34). Según comunicó el Ministerio Público Fiscal hace casi un año cuando desmanteló la organización, los agentes de Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron 66,5 kilos de cocaína, dinero en diferentes monedas por un valor cercano a los 200.000 dólares, así como elementos logísticos presuntamente empleados por la organización.

En aquel momento, detuvieron a ocho personas (siete hombres y una mujer), luego de una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en los barrios Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Norte, de la capital cordobesa, así como en la Comuna San Roque y en la localidad de Malvinas Argentinas, en una fábrica perteneciente a un investigado.

La investigación comenzó en el marco de un expediente iniciado por la provincial por tráfico de estupefacientes, en el cual se incautaron varios teléfonos celulares. Según datos del diario La Voz del Interior, al chequear sus agendas, los investigadores detectaron la presencia reiterada de los contactos “Inge 890” e “Inge”, apodos cuya pista resultó determinante para avanzar hacia una operación de mayor envergadura.

La colaboración de un imputado “arrepentido” —un ex comprador de droga— fue clave: según explicó ante los fiscales, el principal responsable de la banda era Hermosa Vacaflor, quien figuraba como dueño de una pinturería en la Córdoba.

En su declaración, este colaborador ofreció detalles sobre las operaciones internas del grupo. Indicó que la pinturería funcionaba principalmente como fachada y que “Manitos blancas” organizaba allí las maniobras. “Se dedica a la venta de cocaína. No tiene ningún cartel de pinturería... Mientras que aquellos donde oculta la cocaína son baldes especiales de color blanco”, detalló el informante.

Los investigadores federales, bajo la dirección del fiscal federal N°3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, pudieron confirmar que Hermosa Vacaflor viajaba de forma regular a Bolivia, desde donde organizaba el ingreso de estupefacientes a territorio argentino.

Según los testimonios y registros, la droga era transportada en vehículos, oculta entre los neumáticos y llantas, y posteriormente descargada en propiedades del propio líder narco. Una de las mecánicas detectadas consistía en ocultar la llave de la camioneta utilizada en una de sus ruedas tras estacionarla en un sector preestablecido, para facilitar la recolección de la droga sin llamar la atención de terceros.

Varios inmuebles fueron identificados como escenarios de las maniobras: la vivienda de Hermosa Vacaflor en Aaron Castellanos al 1800, barrio Ameghino Norte, al oeste de Córdoba capital, fue vigilada tras interceptaciones telefónicas legales ordenadas por el juez Federal Nº2 Alejandro Sánchez Freytes, quien fue el que ordenó la detención posterior de los acusados.

Allí se observó el ingreso y salida de vehículos, lo que para el fiscal resultaba un indicio de los movimientos relacionados con el retiro o almacenamiento de estupefacientes. Conductas similares fueron advertidas en un dúplex alquilado a nombre del narco boliviano en Miguel Rivera al 6200, barrio Argüello, donde los efectivos constataron el traslado sistemático de cubiertas de gran tamaño desde una Traffic hasta el interior de la propiedad y luego hacia la vivienda principal.

El papel de los presuntos cómplices fue registrado en diferentes instancias de la investigación. Delki Antezana, supuesto subordinado de Hermosa Vacaflor, fue identificado mientras ingresaba mochilas a los domicilios vigilados, presumiblemente conteniendo droga o dinero.

Por otro lado, Yohana Villarreal, pareja de Delki, fue grabada en una secuencia en la que arrastraba una valija grande desde la residencia compartida en Necuñan al 4700, barrio Villa Martínez, hasta un vehículo Ford Focus.

Ambos transportaban el equipaje al departamento alquilado por Villarreal en el edificio La Recova, ubicado en Figueroa Alcorta 285, barrio Centro, donde según la investigación la cocaína era almacenada y fraccionada para su posterior venta mediante la modalidad delivery y al menudeo.

Las conversaciones de WhatsApp intervenidas permitieron reconstruir la operatoria: los puntos de entrega, la hora y el tipo de moneda eran pactados por Delki y Villarreal, repartiéndose el producto y, en ocasiones, desplazándose juntos acompañados por un tal Sosa, señalado en el expediente.

El esquema delictivo habría contado además con la colaboración de Osvaldo Miguel “Chino” Cejas (30), quien tras ser despedido de su empleo formal, habría utilizado su vivienda familiar en Villa Martínez como “búnker” para resguardar los cargamentos y vender la sustancia. También fueron involucrados Gustavo Fernando “el Pili” Cabello (35) y Brian Daniel Palacio (32), quienes presuntamente custodiaban la droga en su domicilio y se encargaban de su comercialización a toda hora.

La estructura del grupo —señalaron el juez y el fiscal— permitía que tras cada día de ventas, Delki y Villarreal rindieran cuentas y entregaran la recaudación a Hermosa Vacaflor.

Las intervenciones telefónicas documentaron la existencia de un complejo código: términos como “pescado”, “rabas”, “paredes”, “medias”, “pan duro”, “tacho de pintura” y otras variantes eran utilizados para referirse a la cocaína y las cantidades solicitadas.

Una conversación referida en el expediente incluye una solicitud explícita de “50 gramos de cocaína” disfrazada en el diálogo con Villarreal. Otras comunicaciones registraron el pedido de “2 de 50 litros” y “100 litros por separado”, que para el fiscal constituye una referencia directa a las cantidades de drogas pedidas por los clientes.

La existencia de eventuales filtraciones policiales también quedó bajo sospecha, tras una advertencia recibida por Villarreal respecto a posibles allanamientos en el barrio que habitaba.

A partir del análisis de todos estos elementos, el juez Sánchez Freytes concluyó que Hermosa Vacaflor habría actuado como jefe, dirigió las operaciones del grupo, asignó tareas, controló la recaudación y organizó la logística necesaria para el acondicionamiento y distribución de la droga.

Sostuvo que “prueba de ello son las conversaciones en las cuales daba instrucciones sobre la entrega de la droga, el dinero que le debían rendir por la venta de la sustancia y pormenores respecto de su distribución, que eran acatadas por los demás miembros”.

El resto de los imputados —concluyó el magistrado— operaba “con un sentido de pertenencia al grupo”, manteniendo la comunicación entre sí para garantizar el traslado, la venta y la cobranza del dinero producto del tráfico.

El resultado de los allanamientos fue la incautación de un botín multimillonario: en total, se secuestraron 66,5 kilos de cocaína, tasados en aproximadamente USD665.000, numerosas sumas de dinero en diferentes monedas (incluyendo más de USD153.000, unos 15 millones de pesos, 8.760 euros y 20.000 bolivianos), una contadora de billetes, documentación y otros elementos posiblemente vinculados a la actividad ilícita.

En el domicilio de Hermosa Vacaflor se hallaron USD48.900 y $340.000; en la vivienda de su expareja, los $9.130.500, USD33.850, 8.760 euros y los 20.000 bolivianos.

Por otro lado, Delki y Villarreal ocultaban en su residencia $308.170 y USD70.540, además de encontrarse en el departamento del centro cordobés $6.554.200 y otros USD250.

El origen de semejantes montos de dinero no pudo ser justificada por los acusados, quienes carecían de actividades laborales formales o emprendimientos legales, a excepción de la pinturería propiedad de Hermosa Vacaflor, sindicada como pantalla para las maniobras de narcotráfico.

Ante este cúmulo de pruebas, el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva de los principales imputados por organización para el comercio y distribución de estupefacientes, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A pesar de los recursos de apelación presentados, la Cámara Federal declaró desistida tácitamente la apelación de Delki y confirmó la prisión preventiva de Hermosa Vacaflor, identificado como el presunto jefe de la estructura criminal.

Durante 2024, México atravesó una de las etapas más violentas de la última década. Los tiroteos masivos, los secuestros, las extorsiones y las disputas territoriales cobraron cientos de vidas en distintos estados.

De acuerdo con reportes de ACLED, Reuters, BBC y The New York Times, organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (SRL) llevaron a cabo operaciones con una sincronización alarmante.

Nada parecía explicar con claridad cómo estos grupos lograban anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora.

Un informe académico titulado “Don’t Look Up: There Are Sensitive Internal Links in the Clear on GEO Satellites” —que analiza el periodo de mayo a diciembre de 2024— apunta hacia una hipótesis perturbadora: los cárteles pudieron haber aprovechado enlaces satelitales GEO no encriptados para interceptar información del gobierno mexicano.

Entre los datos expuestos se encontrarían coordenadas militares, rastreos de activos y reportes de inteligencia sobre narcóticos.

“Los sistemas satelitales de varias agencias mexicanas transmitían información sensible sin cifrado, lo que permitió que actores no autorizados la recibieran y descifraran con equipos de bajo costo”, advierte el informe.

De Chiapas a Michoacán: la violencia que siguió el mapa

El estallido comenzó en mayo. El 14, en Chicomuselo, Chiapas —una ruta crítica para el tráfico de drogas hacia Guatemala—, un tiroteo dejó once muertos, entre ellos varios civiles. El enfrentamiento, atribuido a una guerra territorial entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, mostró una precisión táctica que desconcertó a las autoridades.

Investigadores citados en el documento sostienen que los atacantes habrían accedido a datos de radar y sistemas LIDAR que el gobierno transmitía sin protección, lo que les permitió anticipar patrullajes y rutas de despliegue militar.

Solo un día después, el 15 de mayo, otro enfrentamiento en Nuevo Morelia y aldeas cercanas derivó en la quema de viviendas y en el desplazamiento de decenas de familias. Las tácticas usadas sugieren que los grupos armados contaban con telemetría en tiempo real sobre las fuerzas de seguridad, posiblemente extraída de enlaces no cifrados. Las operaciones fueron tan precisas que parecían guiadas por datos internos.

La violencia se desplazó hacia el centro del país. El 17 de mayo, un tiroteo en Huitzilac, Morelos —a pocos kilómetros de la capital— dejó ocho muertos. El 28, en Apatzingán, Michoacán, un grupo criminal incendió vehículos para interrumpir un mitin político, obligando a una intervención militar.

La política bajo fuego

Entre enero y noviembre, ACLED documentó casi 500 ataques contra figuras políticas. El proceso electoral de 2024 fue el más violento de la historia reciente.

Candidatos y funcionarios locales fueron cooptados o asesinados en emboscadas planeadas con precisión milimétrica.

Los investigadores del informe “Don’t Look Up” sugieren que los cárteles habrían obtenido listados de personal gubernamental y registros de eventos políticos a través de transmisiones satelitales expuestas, lo que les permitió planificar ataques con antelación.

El 25 de julio, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Texas desató una guerra interna entre Los Chapitos y Los Mayitos, dos facciones del Cártel de Sinaloa. De julio a diciembre, cientos de personas murieron en enfrentamientos en Sinaloa, Chihuahua y Sonora.

El documento académico indica que los grupos rivales accedieron a geolocalizaciones de vehículos blindados y aeronaves militares, lo que les permitió anticipar operativos y lanzar ataques sorpresa.

Tecnología al servicio del crimen

El uso de drones, explosivos y tácticas coordinadas se volvió habitual en al menos 14 estados del país.

Entre septiembre y diciembre, las disputas por el robo de combustible en Guanajuato y Querétaro escalaron en intensidad. El 7 de noviembre, un ataque en un bar de Querétaro dejó diez muertos.

En paralelo, en Chiapas y Tabasco, las batallas por las rutas migratorias intensificaron los secuestros y homicidios.

El informe señala que los cárteles habrían utilizado datos de infraestructura eléctrica y zonas militares filtradas desde transponders de la CFE, lo que facilitó la evasión de controles y retenes.

Uno de los episodios más sangrientos ocurrió el 14 de noviembre en Culiacán, Sinaloa: catorce cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad, pese al despliegue de miles de soldados.

A finales de año, los decomisos de fentanilo superaron la tonelada, y aunque las fuerzas federales realizaron múltiples capturas, los grupos criminales conservaron una ventaja operativa sostenida.

Guanajuato cerró el año con 2,597 homicidios, seguido por Sinaloa como epicentro de la violencia. ACLED reportó un incremento del 18% en la letalidad de los choques armados respecto a 2023.

Un nuevo desafío para el Estado mexicano

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024 no redujo la violencia. A pesar del envío de tropas y refuerzos federales, los enfrentamientos continuaron.

En abril de 2025, el CERT-MX recibió reportes que confirmaban brechas críticas en sistemas satelitales de agencias gubernamentales, incluyendo Banjército.

El informe “Don’t Look Up” revela que algunos enlaces transmitían credenciales de autenticación y datos de rastreo sin cifrado, lo que habría sido aprovechado para manipular operaciones financieras y facilitar la liberación de miembros del crimen organizado. El narcotráfico ha evolucionado. Ya no se trata solo de armas o territorio, sino de inteligencia tecnológica.

Una advertencia para el futuro

La cronología de 2024 expone un patrón alarmante: el narcotráfico ya no sólo depende de la violencia física o del control territorial, sino también de la explotación de vulnerabilidades tecnológicas. La intersección entre crimen organizado y ciberseguridad plantea un desafío sin precedentes para México y la región.

A medida que se refuerzan los protocolos de defensa en infraestructuras satelitales y redes críticas, 2024 se consolida como un punto de inflexión: la seguridad nacional ya no se define solo en tierra o en el ciberespacio, sino también en la órbita donde convergen tecnología, geopolítica y vulnerabilidades digitales.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP.

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La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado, según informó el portal El Doce.tv.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Cayó en Córdoba un veterinario que lideraba una banda narco y le regalaba drogas a menores

Un veterinario de 61 años fue detenido en Villa Cerro Azul, provincia de Córdoba, a fines de agosto, tras haber sido señalado por liderar una banda dedicada al narcomenudeo y de regalar estupefacientes a menores de edad. El operativo, realizado por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló en una vivienda de la calle Mendoza, sin número, en el departamento Colón.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, 30 semillas de cannabis sativa, una motocicleta y diferentes elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas. El profesional fue arrestado tras una investigación coordinada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, cuyo objetivo principal era establecer los movimientos de venta y la distribución de la droga en la región.

Las investigaciones revelaron que el veterinario complementaba su labor durante el día con el suministro ilegal de drogas por la noche. La investigación cobró gravedad adicional al comprobarse que entregaba estupefacientes sin costo a adolescentes vecinos, una práctica que agrava los cargos en su contra. Por este motivo, la sede judicial de Jesús María continúa trabajando para identificar el alcance de la red de compradores y determinar la existencia de cómplices o nexos que hayan facilitado la operatoria.

De acuerdo con el portal El Doce.tv, la noticia sorprendió a los habitantes de Villa Cerro Azul, debido a que se trataba de una persona conocida en la zona. El caso quedó a disposición de la justicia provincial, desde donde se profundizan los análisis sobre el material secuestrado.

Desde su origen, el feroz crimen de Candela Sol Rodríguez, de tan solo once años, ocurrido en 2011 en Hurlingham estuvo impregnado de sospechas que vinculaban su muerte con la narcocriminalidad, la corrupción policial, siempre tan presente en casos de este tipo, el poder, la política. Y hasta se especuló, y luego se plasmó en el fallo que terminó condenando a los culpables, con un ajuste de cuentas contra el padre, Alfredo “Juancho” Rodríguez, quien por entonces purgaba una condena por piratería del asfalto.

Su muerte provocó una conmoción en el país, en especial en la provincia de Buenos Aires, gobernada entonces por Daniel Scioli. La investigación del caso siempre estuvo teñida por sospechas de improvisación, desmanejo y corrupción a todo nivel.

Lo cierto es que hoy, transcurridos ya catorce años de su aparición sin vida, las dudas e intrigas persisten respecto a que no se llegó a saber toda la verdad. Principalmente continúan en la mente y el corazón de su madre, Carola Labrador, quien así lo hizo saber siempre, en especial un par de meses antes de que saliera el fallo del segundo juicio realizado en la Justicia de Morón. En marzo de 2024, en pleno desarrollo del debate oral, la mamá de Candela no aguantó más y redactó una carta muy sentida en la que decidió renunciar a la querella, que fue acompañada y firmada al pie por sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

El texto describía la situación que la atormentaba: “Durante todo este calvario hemos tenido que soportar, como si fuera un peso extra a la cruz que cargamos, la actitud de los fiscales, que lejos de darnos esperanzas de hallar justicia, lo único que han hecho es sumirnos en la oscuridad y producirnos todavía aún más dolor, dirigiendo sus embates contra nuestra familia. Su actitud inquisidora, sus elucubraciones, su voluntad para echar sospechas sobre una familia desgarrada y devastada por el dolor, han sido en todo este proceso actos verdaderamente canallescos que solo hemos soportado para no demorar el proceso de Justicia y castigo con los asesinos de Candela. Este accionar denigrante se repite nuevamente en este debate, tal como en el anterior, donde del mismo modo que aquí, han ensuciado a mi familia. No encontramos razones valederas para sostener esta conducta. Por más que busquemos entre los sentimientos más viles que puedan inspirar este accionar, no hay forma de hallarlos”.

Su crítica y su profundo y angustiante dolor estaba apuntado a los fiscales intervinientes en el curso del expediente, Marcelo Tavolaro y Mario Ferrario: “Presentaron pruebas contaminadas. Militaron la causa de la sospecha sobre nuestra familia para encubrir su accionar negligente, plagado de irregularidades e ilegalidades durante todo el proceso que llevaron al fatal desenlace por haber desviado la investigación. El resultado fue no haber podido hallar a tiempo y con vida a mi hija”. Así Carola Labrador renunciaba a la querella en el segundo juicio que se estaba sustanciando para determinar más culpables del salvaje asesinato de Candela.

Los hechos, incontrastables, le daban la razón en lo que respecta a la demora en encontrar a la niña. Es que Candela fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 a metros de la casa donde vivía, en la calle Coraceros, en Hurlingham. Y recién apareció, asesinada, nueve días más tarde, el 31 de dicho mes, en una bolsa negra. Fue hallada por una mujer que recolectaba cartones en la colectora de la Autopista del Oeste, junto a un vehículo, a unas treinta cuadras del hogar familiar.

La investigación continuó siempre plagada de sospechas, mientras la madre de la niña no se cansaba de repetir: “La Justicia argentina es una vergüenza”. Recién en 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 sentenció a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y a Leonardo Jara por los delitos de “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte”, y a cuatro años a Fabián Gómez como “partícipe secundario”.

En 2024, mientras se sustanciaba el segundo juicio fue citado a declarar como testigo Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, archiconocido capo narco de San Martín que llegó a ser candidato a intendente de dicho partido, y que curiosamente había sido detenido once días antes del secuestro de Candela. Mameluco aseguró que el crimen de la niña fue un secuestro extorsivo vinculado a dinero del narcotráfico, en el que a los captores “se les fue la mano” y la mataron. El fiscal Mario Ferrario lo acusó de haber formado parte del hecho delictivo como “partícipe necesario” junto al expolicía bonaerense Sergio Chazarreta, dueño de la camioneta negra que se dijo que se usó para trasladar a Candela, un presunto “informante o buche” de la policía llamado Héctor “El Topo” Moreyra, y un carpintero del barrio, Néstor Altamirano, a quien se señaló como responsable de haber cuidado a la niña en su cautiverio.

En mayo de 2024 salió el fallo de dicho segundo juicio en el que la Justicia de Morón absolvió a los cuatro: Villalba, Chazarreta, Moreyra y Altamirano. Mameluco siguió el debate oral por zoom desde su lugar de detención porque había sido condenado en otra causa por narcotráfico a 22 años de prisión.

Respecto a los dos que fueron condenados a prisión perpetua en 2017, Jara y Bermúdez, Carola Labrador fue contundente: “Faltaron más. Porque Jara la secuestró con otras dos personas que nunca fueron identificadas. Les pregunto todavía a los fiscales quiénes eran y dónde están. Ellos fueron los que se la entregaron a Bermúdez, que además de matarla la abusó. Sé que lo negaron y se proclamaron inocentes, pero no les creo nada. Por algo los condenaron”.

En mayo de 2019 entrevisté a Hugo Elbio Bermúdez en la Unidad 25 Lisandro Olmos, quien se encontraba en el pabellón para mayores de 60 años, y esto dijo: “Entiendo el dolor de la madre, pero la verdad es que no tuve nada que ver. Buscaron perejiles en el barrio y nos condenaron a mí, a Jara (Leonardo, sentenciado a prisión perpetua como coautor del secuestro y homicidio, en ese momento preso en la Unidad de General Alvear) y a Gómez (Gabriel, cuatro años de prisión como partícipe secundario). Ni siquiera encontraron cruces telefónicos entre nosotros. Sólo espero que se investigue a fondo: esto tiene tufillo narco.

—¿Usted se dedicaba a vender drogas?

—Para nada. Quisieron ensuciarme con cualquier cosa. No vendía, tampoco consumía. Yo tengo mi teoría: esto es algo mafioso. Sólo los narcos se meten con la familia. Cualquier delincuente que se dedica a otra cosa nunca involucra a los hijos en las diferencias, salvo cuando hay falopa de por medio.

La charla continuó acerca de pormenores de la causa porque se lo sindicaba como pirata del asfalto, cosa que Bermúdez negó, aunque admitió que tenía su propio camión para transportar cargas. Nunca se hizo cargo del crimen, menos de la violación, pero hoy sigue preso, ya lleva catorce años tras las rejas.

Carola Labrador jamás le creyó: “Siempre mintió, pero no fue el único. Lo peor es que muchos zafaron y tampoco se los buscó demasiado, la Justicia, mejor dicho, los fiscales miraron para otro lado, como ya mencioné —expresó indignada— Moreyra y Chazarreta fueron parte. Pero se perdió mucha prueba y aparte como ellos trabajaban para la policía en ese momento, la misma policía los protegió, digamos que los taparon. Como también lo hicieron con Juan Carlos Paggi, Hugo Matzkin y Roberto Castronuovo, los tres jefes principales de la Bonaerense cuando mataron a Cande. Un escándalo".

—¿Mameluco Villalba no tuvo nada que ver en el secuestro?

—Lo metieron para hacer ruido y prensa, si ya estaba preso por otra causa hacía como dos años y condenado por más de veinte. Aparte el tipo vendía droga, no secuestraba chicas. Lo incluyeron por su prontuario. Los fiscales no sabían qué hacer para que sus medidas tuvieran repercusión en los medios y aprovecharon sus antecedentes para simular que estaban activos tomando medidas. Insistían con que mi marido había marcado narcos para dejarlo expuesto y quedó comprobado que no fue así. Él estaba preso por otra causa que nada que ver (N del R: por piratería del asfalto, es decir, asaltar camiones). Además no pudieron comprobar nada, solo fueron teorías que crearon sin fundamento. Siempre que puedo lo digo, una vergüenza la Justicia de Morón y la Justicia argentina. Y decí que yo tenía atrás, cuidándome, al doctor Fernando Burlando y su equipo, si no hubiese sido peor. A los fiscales no les importó nada la vida de mi hija. Ellos no sintieron la angustia y el sufrimiento que yo padecí cuando tuve que reconocer su cuerpo. Nunca me voy a olvidar de que el fiscal Tavolaro quería meterme presa. Me dijo en la cara que mi hija era una atorranta y que yo la prostituía. Y en la difusión de los inventos que decían que yo vendía droga también tuvo que ver. Esa persona estuvo a cargo de la investigación, con eso está todo dicho".

Alexis Mauro Rial, identificado como reclutador de sicarios y ejecutor de ataques armados para la organización liderada por Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, fue condenado a 14 años de prisión en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La decisión judicial, homologada por el juez Mariano Aliau, responde a una serie de delitos cometidos en 2022, que incluyen atentados con armas de fuego, lesiones a varias personas y portación ilegal, en el marco de la operación de un grupo con ramificaciones en el sur santafesino y derivaciones penales a nivel nacional.

La pena se alcanzó tras un juicio abreviado, gracias a un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Rial, según informó el portal del diario La Capital.

El acusado, conocido como “Maurito” o “Rafa”, se encontraba sindicado como uno de los referentes claves de la banda encabezada por Rodríguez Granthon, condenado a perpetua y considerado uno de los principales proveedores de droga en la región.

Según planteó Socca en la audiencia del miércoles, la estructura liderada por Rodríguez Granthon consolidó su control territorial por medio de maniobras violentas entre enero y diciembre de 2022, desplazando a rivales e imponiendo sus reglas en barrios conflictivos del norte y oeste rosarino.

Además, parte de la red operaba desde establecimientos penitenciarios, donde se gestaron también órdenes para ejecutar balaceras y operaciones de narcotráfico a gran escala.

El fallo clarifica que Rial ocupó un lugar determinante en la cadena de mando. A órdenes de Brian Emanuel Villalba, considerado jefe de sicarios, y del propio “Peruano”, tenía a su cargo la selección y reclutamiento de tiratiros, la distribución de tareas, armas y vehículos, así como la logística necesaria para materializar actos delictivos.

En la sentencia, el tribunal enumeró casos de extorsión y ataques armados —apuntados a resolver deudas vinculadas al tráfico de drogas según la acusación— entre los que se destaca el registrado el 23 de enero de 2022.

Aquel día, a las 20.30, Rial y otros dos jóvenes circulaban en una motocicleta Honda Wave roja y dispararon trece veces contra una vivienda de Doctor Riva al 5600. Investigadores atribuyeron estos ataques al intento de cobrarse 150 mil dólares en concepto de deuda.

Los ataques se repitieron en febrero y abril del mismo año, bajo una modalidad de incremento de la presión y la amenaza. Tras el despliegue policial y las pesquisas, se estableció que los autores ejecutaban directivas provenientes desde el penal de Ezeiza.

Otro hecho de gravedad atribuido a Rial ocurrió el 29 de mayo de 2022 a las 14.50 en Lamadrid y Balcarce, frente a un carrito de comida del barrio Municipal. Dos motos tipo Tornado blancas arribaron al lugar y sus ocupantes efectuaron quince disparos que alcanzaron a dos hombres, provocando fracturas y heridas de consideración.

Según los antecedentes mencionados por la justicia, uno de los heridos había sido amenazado anteriormente vía Facebook y fue víctima de un nuevo ataque el 20 de julio de ese año bajo la escalera de su propia casa, donde resultó herido en abdomen, cadera y una pierna.

La condena también abarca el delito de encubrimiento por la adquisición y circulación de una moto Honda Twister de 250 cc robada y adulterada, recuperada en un control vial en julio de 2022, así como el uso de un Volkswagen Gol Trend robado y la tenencia de una pistola Bersa 9 mm sin numeración, recuperada por personal de la ex Agencia de Investigación Criminal.

El líder de la banda, el propio Rodríguez Granthon, piloto civil preso en Ezeiza y señalado como socio principal de Los Monos, fue condenado a perpetua en 2024 por liderar desde prisión el robo del auto utilizado en el asesinato del pastor y ex concejal rosarino Eduardo Trasante. En mayo de este año, ocho de sus sicarios recibieron diferentes penas por formar parte de su organización.

El estado de Baja California se encuentra bajo la mira luego de que este domingo, 24 de agosto, un par de narcomantas fueron expuestas en diversas zonas del municipio de Ensenada. El mensaje, apropiado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue directamente en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila por supuestas extorsiones al sector pesquero.

La primera fue encontrada alrededor de las 06:12 horas en el área del nodo vial, cerca del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, indicó el semanario Zeta Tijuana. En el lugar fue posible observar una manta de aproximadamente 2 x 2 metros y fue ubicada estratégicamente en el letrero de bienvenida a la ciudad, uno de los puntos más visibles de la demarcación.

Encuentran segunda narcomanta

Entre las movilizaciones de la Secretaría de Seguridad local, uniformados lograron hallar un segundo mensaje muy parecido al primero. En esta ocasión se encontró la manta entre las calles Reforma y Manuel Ávila Camacho, colonia El Ciprés, sobre la carretera Transpeninsular.

Infobae México tuvo acceso a reportes policiales locales en donde se detalla que la narcomanta fue reportada por transeúntes quienes se comunicaron al 911 para denunciar que en el puente, localizado justo en frente del edificio del Gobierno del estado se encontraba el mensaje destacando las siglas ‘CJNG’, esta situación generó una pronta movilización por parte de las autoridades locales quienes arribaron al lugar confirmando que dirigía a la mandataria

Ante el hallazgo, los elementos de seguridad solicitaron el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California y del CM5, esto con el objetivo de revisar las cámaras de videovigilancia para observar a dos sujetos vestidos de negro, quienes se encontraban merodeando el área alrededor de las 05:35 de la mañana, señalados de ser los presuntos responsables de colocar las narcomantas.

En esta manta se puede observar que se le acusa a Ávila Olmeda sobre presuntas facilidades para dejar pasar extorsiones en contra del sector pesquero y sus trabajadores, específicamente señalan a Arturo Alejandro Hernández Medina, mejor conocido como ‘El Tury’, quien estaría vinculado a ‘Los Aquiles’ del Cártel de Sinaloa.

“Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. No nos extraña que les des las espalda al pueblo de Ensenada. Desde que llegaste al poder haz permitido que Arturo Alejandro Hernández Medina, alias ‘El Tury’ extorsione a todo el sector pesquero de este municipio. Este mugroso, apoyado por las lacras de ‘Los Aquiles’ del CDS, le estaba haciendo un daño irreparable a viento de familia y a la economía de este estado. Vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, si la gobernadora influencer no toma carta en el asunto pues hágalo usted o seguirá corriendo sangre. ATTE. 646 CJNG”, se ve escrito.

Comerciantes aseguran que la extorsión es real

La ola de violencia por la que atraviesa el estado de Baja California ha pegado también a productores y vendedores locales, principalmente en el municipio de Ensenada. Un caso que se hizo viral en redes sociales fue el de Moisés Muñiz quien indicó que se vio obligado a cerrar su restaurante de mariscos ‘El Compa Moy’ tras una serie de amenazas.

De acuerdo con el emprendedor, quien compartió esta decisión a través de sus redes sociales, el clima de inseguridad, las amenazas y el cobro de piso lo hicieron replantearse si su sueño de tener un negocio valía su vida, motivo por el cual decidió cerrar de manera definitiva.

“Mi gente a partir de hoy mariscos ‘El Compa Moy’ cierra sus puertas permanente por motivos de inseguridad en el municipio. Cuando me encuentre en un lugar seguro con mi familia les hago un comunicado con más detalles”, detalló.

Además de narrar cómo lo difícil que fue abrir su restaurante y, sobre todo, tener que cerrarlo a cuatro años de su inauguración, arremetió en contra de las autoridades locales a quienes califica de ineficientes y pasar sobre las necesidades de los ciudadanos que buscan ganar su sustento de manera legal: “Fui amenazado en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, pero ya llegó el límite, llegó el límite en donde yo no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes”.

Agregó que no es el primero ni el único comerciante que se ha tenido que desplazar, expuso que el pasado 18 de agosto un atentado contra una pescadería en Ensenada dejó a una persona muerta y tres más heridas, pero hasta el momento no se ha dado con los responsables: “Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto al gobierno estatal como al federal y por ende pues los municipios, entonces ¿con quién buscamos ayuda?”.

¿Qué dicen las autoridades al respecto?

Luego de que se hiciera viral la denuncia de Moisés Muñiz, la Fiscalía General del Estado lanzó un comunicado en donde aseguran que ya tuvieron un primer contacto con la persona afectada, pero éste no habría realizado aún una denuncia formal por lo que se le instó a actuar.

Asimismo, la fiscal María Elena Andrade extendió su apoyo al comerciante para que acudiera a rendir declaración, le proporcionó protección para mantenerlo a salvo y aseguró que se iniciaron las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables.

Lo anterior corresponde, indicó la institución, a la Estrategia Nacional contra la Extorsión que se implementó en la entidad y con la que han logrado desmantelar a siete grupos delictivos, se han logrado detener a 21 personas en municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito.

Pese a lo anterior, ni la gobernadora Ávila ni la Fiscalía del Estado han emitido postura alguna sobre las narcomantas que aparecieron el pasado fin de semana.

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de un amplio operativo antidrogas encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que se llevaron adelante cinco allanamientos simultáneos que permitieron detener a tres hombres y una mujer.

El despliegue incluyó la incautación de más de 1.300 dosis de estupefacientes, cuatro vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo en varias monedas y dispositivos electrónicos, consolidando uno de los procedimientos antidrogas más relevantes de los últimos meses en la región.

La acción policial se concretó tras una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Mar del Plata y la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio, bajo la supervisión del fiscal Santiago Eyherabide y su colaborador, el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

Según informó el portal 0223, la orden judicial fue emitida por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que regula y sanciona todas las etapas vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes.

El megaoperativo se desplegó durante la madrugada en distintos sectores periféricos de Mar del Plata, donde personal de Prefectura irrumpió con órdenes de allanamiento en cinco puntos específicos.

Allí, como resultado, fueron aprehendidos cuatro adultos, todos de nacionalidad argentina, quienes permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades informaron que los procedimientos permitieron secuestrar 106,7 gramos de cocaína (equivalentes a 320 dosis) y 339,7 gramos de marihuana (alrededor de 1.019 dosis) además de 534 plantines y 40 semillas de cannabis. Entre los elementos decomisados se hallaron dos camionetas, dos automóviles, una arma larga de fuego con municiones calibre 14, teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos y dólares.

La valoración preliminar del material secuestrado arrojó un monto superior a los 127 millones de pesos ($127.703.184,00). Los dispositivos telefónicos y electrónicos secuestrados serán analizados para robustecer la evidencia en la causa federal.

Uno de los puntos allanados funcionaba como bar y local de comidas, donde se hallaron estupefacientes listos para su comercialización. Este establecimiento fue clausurado por personal del Departamento de Bromatología de la Municipalidad de General Pueyrredón, tras la intervención del juzgado de turno. También busca determinar la posible utilización del comercio como fachada para la distribución de drogas.

Otro golpe al narcotráfico en Mar del Plata

A mediados del mes de junio pasado, en otra serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata y dentro de la propia Unidad Penal XV de Batán, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló a una organización criminal conocida como el “Clan Costa”, dedicada al tráfico de estupefacientes.

La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, reveló que el líder de la banda dirigía las operaciones desde una celda del pabellón 13 de ese penal bonaerense.

El operativo derivó en la detención de seis sospechosos —tres hombres y tres mujeres— y en el secuestro de más de nueve kilogramos de marihuana, dosis de cocaína, 11 pastillas de éxtasis, cuatro plantas de cannabis sativa, 394.160 pesos en efectivo, cartuchos de pistola calibre 40 milímetros, una tobillera electrónica, siete teléfonos celulares y documentación vinculada a la causa.

Todo comenzó tras una serie de tareas investigativas realizadas por la División Antidrogas de la PFA en Mar del Plata, donde se detectaron maniobras de tráfico de drogas con origen y destino en esa ciudad. Con aval de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, encabezada por el fiscal federal Santiago Eyherabide y con colaboración del ayudante fiscal Hércules Giffi, los uniformados desplegaron un trabajo de campo que incluyó seguimientos discretos, vigilancias prolongadas y la intervención judicial de 30 líneas telefónicas.

A partir del entrecruzamiento de datos, los agentes lograron reconstruir el funcionamiento de la estructura, identificar a sus miembros y localizar siete domicilios en Mar del Plata vinculados a la banda. También determinaron que las órdenes operativas partían desde el penal de Batán, donde el líder del grupo —un interno condenado— coordinaba las acciones delictivas con el resto de los integrantes.

Con la información reunida, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó ocho allanamientos simultáneos, incluyendo uno dentro del establecimiento penitenciario.

El 6 de agosto, las autoridades en Colombia informaron sobre la captura de Ignacio Alexander Arends Villarueth, más conocido como “Chande”, requerido por la justicia de Estados Unidos al ser vinculado con varias estructuras del narcotráfico.

De acuerdo al informe preliminar que expuso la Policía Nacional, Arends fue capturado en Bahía Hondita, en La Guajira, en un operativo del que participó la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Ejército Nacional.

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El capo se escondía en un hotel campestre y de acuerdo con las autoridades, había logrado escapar gracias a una red de informantes que le informaban sobre la presencia de la policía para que pudiera moverse entre refugios indígenas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el Gobierno nacional firmará la extradición de “Chande”, que es requerido por la Corte Distrital Sur de la Florida, en Estados Unidos.

“La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando continuamente para combatir el crimen organizado en todos los niveles”, declaró tras el operativo el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos.

Los secretos de la captura

Mientras “Chande” sigue en territorio colombiano, fuentes de Infobae Colombia revelaron detalles de cómo se registró la captura del capo, que era conocido en la región por sus vínculos directos con el Clan del Golfo.

La captura de Arends Villarueth no fue sorpresiva, ya que las autoridades tenían claridad de que tenía su centro de operaciones en el hotel campestre en el que fue sorprendido por los uniformados.

De la misma forma, habían identificado las camionetas de alta gama, la mayoría con placas extranjeras, en las que se trasladaba entre Riohacha y Maicao para estar cerca a la frontera con Venezuela.

Hasta el momento, “Chande” ha sido imputado por los cargos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y se podrían sumar otros cargos por su presunta conexión con narcos de la región y cabecillas del clan Puchaina.

Las autoridades estiman que “Chande” lograba enviar más de dos toneladas de cocaína semanales a través de rutas de conexión con Puerto Rico y República Dominicana, para que la droga terminará en Estados Unidos.

Se cree que las islas del Caribe eran utilizadas para cargar combustible, puesto que los cargamentos eran enviados en lanchas rápidas que no tienen capacidad para llegar directamente a Norteamérica.

Algo que llamó la atención durante la investigación es que el narco se presentaba en la región como un trabajador del sector de la pesca, lo que era verídico, ya que mientras enviaba droga al exterior, también manejaba una empresa de distribución de productos de comida de mar en Santa Marta, lo que era una de sus fachadas para engañar a las autoridades y a las poblaciones civiles.

De hecho, se confirmó que utilizaba resguardos indígenas para guardar mercancía y narcóticos, mientras que pagaba a terceros para conocer si había operativos policiales en la región para mover estos objetos de ubicación.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la captura del capo, que sigue recluido mientras se determina si será avalada su extradición a Estados Unidos o su proceso judicial se llevará a cabo en Colombia.

Esta no es la primera vez que las autoridades identifican a narcotraficantes en estas zonas, puesto que la frontera con Venezuela se ha convertido en un lugar predilecto de estos criminales para intentar esconderse de los operativos policiales, teniendo en el conocimiento de la región un plus que permite tener claridad sobre las rutas de escape más favorables.

Autoridades municipales de San Francisco de los Romo, El Llano y Rincón de Romos, en Aguascalientes, emitieron recomendaciones a la población para que permanezca en sus hogares y evite salir, salvo por motivos estrictamente necesarios, con la intención de evitar altercados tras la jornada violenta que se desató en toda la entidad.

La advertencia surge tras una serie de actos violentos ocurridos este sábado 26 de julio, luego del desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, ubicada en Rincón de Romos.

El laboratorio fue desarticulado durante un operativo coordinado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Posteriormente, presuntos integrantes de grupos delictivos respondieron con bloqueos en varias vialidades de la región.

Utilizaron camiones y vehículos robados, los cuales fueron incendiados para obstaculizar la circulación.

Además, se reportaron ataques a tiendas de conveniencia y otros establecimientos comerciales mediante el uso de bombas molotov.

Las autoridades utilizaron las redes sociales para comunicar a la ciudadanía la recomendación de mantener resguardo domiciliario, mientras persistían los operativos de seguridad y las labores de control de los disturbios provocados por los grupos criminales.

¿Qué consecuencias ha tenido la jornada violenta en Aguascalientes?

Como consecuencia de la violencia, en San Francisco de los Romo se canceló un concierto de música de los años 80, que estaba previsto para este fin de semana en la Hacienda de Luis de Letras.

El evento fue reprogramado para el 1 de agosto, en atención a la situación de incertidumbre y para salvaguardar la seguridad de asistentes y organizadores.

La fiscalía del estado informó que, tras el “exitoso operativo” de desmantelamiento del narcolaboratorio, se registraron diversos altercados.

El fiscal general, Manuel Alonso García, aseguró que gracias a la oportuna coordinación entre cuerpos de seguridad se logró responder de inmediato ante los hechos de violencia y neutralizar los principales focos de riesgo para la población.

Por otra parte, se reportó la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con la operación del laboratorio y con las acciones violentas posteriores. Las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos en los diferentes incidentes y para identificar a otros posibles responsables.

La jornada violenta expuso la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, pero también la vulnerabilidad de las comunidades ante las represalias de las organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen operativo el despliegue de seguridad en la región y exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y evitar exponerse innecesariamente.

El Cártel de los Soles es una organización criminal, señalada el viernes por autoridades estadounidenses como una red de narcotráfico, integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Según las investigaciones, su estructura se apoya en el aparato militar, la participación de redes civiles y el respaldo institucional del régimen chavista, lo que le permite controlar rutas internacionales de drogas, ejecutar operaciones de lavado de dinero y mantener alianzas con otras organizaciones criminales en América Latina.

El nombre “Cártel de los Soles” proviene de las insignias doradas en forma de sol que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus uniformes. La expresión fue utilizada por primera vez en 1993, cuando los generales Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas fueron investigados por tráfico de drogas.

En sus primeras etapas, la implicación de oficiales militares consistía en aceptar sobornos a cambio de permitir el paso de cargamentos. Con el tiempo, esta participación se profundizó hasta convertirse en un involucramiento directo en el transporte, almacenamiento y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cártel utiliza infraestructura estatal venezolana, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y convoyes oficiales, para movilizar cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, África Occidental y Europa.

Estas operaciones son coordinadas por oficiales de alto rango y, según las autoridades estadounidenses, cuentan con respaldo institucional del régimen venezolano que facilita la logística, reduce los controles fronterizos y garantiza impunidad.

En su más reciente decisión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasificó al Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional, e incorporó a sus integrantes a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que permite imponer sanciones económicas y restricciones internacionales.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado declaró que Estados Unidos empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

No se trata de una acusación reciente. En 2008, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había sancionado a tres altos funcionarios venezolanos: Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar; Henry de Jesús Rangel Silva, ex ministro de Defensa; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior, por colaborar con la guerrilla colombiana de las FARC en operaciones de narcotráfico.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen chavista, acusándolos de liderar el Cártel de los Soles. Según los fiscales federales, el grupo opera al menos desde 1999 y habría utilizado el poder político y militar para desarrollar un sistema de narcotráfico de alcance internacional.

Diosdado Cabello figura en los informes como una pieza clave en la estructura del cártel. Se lo acusa de facilitar rutas de narcotráfico y de usar su posición de poder para blindar legalmente las operaciones y afianzar su influencia política.

Otro nombre mencionado en las investigaciones es el de Tareck El Aissami, ex ministro del Petróleo y ex vicepresidente. Fue detenido en 2024 y acusado por la Fiscalía chavista de liderar una red de corrupción ligada a la estatal PDVSA, cuya estructura habría sido utilizada para financiar operaciones vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses describen al Cártel de los Soles como una red que se sostiene sobre tres elementos fundamentales: el control territorial ejercido por los cuerpos armados, la protección institucional desde el Ejecutivo venezolano y la utilización de empresas públicas y privadas para el blanqueo de capitales.

En marzo de 2025, un portavoz del FBI declaró que las investigaciones en curso buscan desmantelar totalmente la estructura financiera y operativa del grupo, y que están bajo análisis los vínculos comerciales, empresariales y políticos que sostienen el sistema delictivo.

Relaciones operativas con otros cárteles

Estados Unidos también ha documentado relaciones operativas entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estos vínculos incluyen colaboración logística, protección cruzada y participación conjunta en la distribución de drogas. Tanto el Tren de Aragua como el Cártel de Sinaloa han sido designados por Washington como organizaciones terroristas internacionales.

El Tren de Aragua, surgido en Venezuela, ha extendido su actividad a más de una docena de estados de EEUU y a diversos países latinoamericanos. Se lo vincula con extorsión, tráfico de personas, narcotráfico, robos y violencia armada.

Durante una audiencia en el Senado, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que estas estructuras criminales representan el lado oculto de otros delitos como el tráfico de personas y el terrorismo. Añadió que la prioridad de la administración estadounidense es intensificar la persecución internacional de estas redes mediante acciones judiciales, cooperación con gobiernos aliados y sanciones financieras.

Ni el Ministerio de Comunicación del régimen chavista ni el propio Nicolás Maduro respondieron a las solicitudes de comentarios. En declaraciones anteriores, Maduro rechazó las acusaciones, las calificó como parte de una campaña de desprestigio y pidió a Estados Unidos que enfoque sus esfuerzos en controlar el consumo interno de drogas en lugar de responsabilizar a Venezuela.

Uno de los presuntos organizadores de una pesada banda narco de Rosario fue detenido este lunes en el Showcase de Belgrano, en inmediaciones de Arribeños y Monroe, en un operativo que llevó a cabo la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe luego de varios días de vigilancia.

Se trata de Pablo Javier Raynaud, que estaba prófugo desde octubre de 2023, cuando la División Antidrogas de la Gendarmería encabezó el operativo “Cosecha blanca”, dirigido a la banda que, según el legajo, es liderada por el rosarino Brian Walter “Barba” Bilbao, que permanece evadido de la Justicia federal.

Para la captura de Raynaud, la fuerza de seguridad santafesina recibió colaboración de personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, de acuerdo con la información que envió el Ministerio de Seguridad provincial.

En las próximas horas comenzarán los trámites para trasladar al sospechoso a un penal, donde quedará alojado a la espera de la imputación que le formularán los fiscales federales de la Procunar Matías Scilabra y Diego Iglesias.

Como ya publicó Infobae en varias oportunidades, el operativo “Cosecha blanca” cobró impulso sobre finales de octubre de 2023 e inicios de noviembre de ese año, cuando Gendarmería detuvo a 13 personas –entre ellas, a cinco colombianos que eran pilotos, ingenieros aeronáuticos o mecánicos de aeronaves– y secuestró 39 mil dólares, 6 millones de pesos, cinco armas de fuego y tres aviones que eran de la propia estructura delictiva bajo investigación. En el avance del legajo se presentaron distintas personas, que se pusieron a disposición, y ya rindieron cuentas ante la Justicia federal.

Por los indicios recolectados en la causa, la presunta banda liderada por Brian Bilbao operaba con dos aeronaves Beechcraft Baron que fueron secuestradas en el aeródromo privado de Campo Timbó “Club de campo y golf”, en la localidad de Oliveros, y un Cessna 210, que fue incautado en un hangar de una zona rural de la comuna de Carrizales.

Se presume que los tres eran usados para hacer fletes aéreos, para traer cocaína desde el norte de Bolivia hasta el sur de Santa Fe, desde donde después se hacía la distribución en la provincia y en Buenos Aires.

Debajo del presunto jefe Brian Bilbao, según la investigación, está su círculo familiar: su hermano Waldo Alexis Bilbao, su pareja Paola Vanesa Acuña y su hijastro Yoel Denis Aragón. En lo alto de la estructura también fueron ubicados Pablo Raynaud y Mariano Zuviría —chofer del presunto líder—.

Raynaud, hoy detenido, estaba señalado en la investigación como uno de los propietarios de los campos donde aterrizaban las aeronaves cargadas con cocaína.

En el legajo federal se hizo hincapié sobre las maniobras que realizaban los sospechosos con el dinero obtenido de las operaciones narco.

Por caso, se indicó que adquirieron mediante testaferros dos franquicias de un medio de comunicación, dos empresas de taxi, una agencia de autos, una compañía de armado y colocación de pantallas LED, dos bares, una firma de reparación de maquinaria agrícola, una empresa de distribución de agroquímicos, varios negocios en el rubro inmobiliario y en la construcción, y en la fabricación biodiésel y aceite hidráulico.

A Brian Bilbao también lo mencionó una nota de Infobae de enero pasado, cuando su nombre apareció en notas intimidatorias que fueron arrojadas en tres atentados a tiros contra comercios ubicados en distintos puntos de Rosario. Ninguno de los negocios baleados –un minimarket, una distribuidora y una pollería– tenía relación alguna con el presunto capo narco, por lo que se supone que fueron escogidos al azar para enviar el mensaje mafioso.

Durante la conferencia matutina de este lunes, 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró serena ante los presuntos vínculos que han generado los medios sobre el caso de Julio César Chávez Jr., el Cártel de Sinaloa y la gestión morenista.

Ante ello, destacó que no se trata de algo que desconozca e incluso respaldó las medidas tomadas por las autoridades mexicanas en pro de la legitimidad del estado, de sus investigaciones y del legítimo proceso que se debe tener para poder detener a una persona, aunque recalcó que aún no se ha señalado a nadie de ningún delito.

“No es nuevo, no tiene cabida. Cuando hay una acusación, tiene que demostrarse y, particularmente, si es penal, tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión. Yo creo que es importante decirlo: nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia”, puntualizó.

¿Hay favoritismo con el Jr.?

De acuerdo con el reportero Juan Bautista, del medio Voces del Periodista, existen programas y publicaciones que hablan de supuestos vínculos entre el narcotráfico que aqueja al país y la Cuarta Transformación, una narrativa que se ha puesto sobre la mesa en los últimos 6 años.

En ese sentido, la mandataria reiteró que si bien no se trata de una acusación nueva, en casos como el que está sucediendo actualmente, son las autoridades las que deben exponer cuáles son los datos por los que se le hizo un llamado a la detención y extradición de JC Chávez Jr. sin importar el nombre del sujeto.

“Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas. Si vienen de una agencia donde participa la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, tienen que presentarse las pruebas siempre. En México todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando hay una orden de aprehensión hay pruebas que sustente”, agregó.

Fiscalía pide a EEUU revisión del caso

Tras hacerse pública la aprehensión del pugilista, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, adelantó que fue esta instancia quien, durante año y medio, se comunicó con sus similares en Estados Unidos para que los apoyaran en la investigación abierta en 2019 donde se vincula al Jr. con delitos como drogas, crimen organizado y tráfico de armas y de personas que, a su vez, habrían estado ligadas al Cártel de Sinaloa.

“(...) Hemos hecho, durante un año y medio, una serie de solicitudes y de notificaciones al gobierno (norteamericano), y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo”, sostuvo.

“Actuaba libre y absolutamente en territorio norteamericano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo, desde esa fecha hasta el día de hoy, el requerimiento para que nos los entreguen (...). Vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes (norte) americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión (...)”, agregó.

Triste, preocupado y en medio de un llanto ahogado, el exboxeador Julio César Chávez visitó el foro de Venga la Alegría para participar en algunas de las dinámicas del programa. Sin embargo, la situación por la que atraviesa su hijo, JC Chávez Jr. lo ha afectado de gran manera haciendo que en una de ellas llegara al punto de soltar algunas lágrimas.

Dentro de este segmento, su hija Nicole, realizó un ejercicio junto a su padre en donde cada uno le preguntaría al otro qué es lo primero que pensaban al leer una palabra. Al inicio, la conversación entre ambos mostró el gran ambiente que viven en familia, pero conforme pasaban las preguntas el ‘César del boxeo’ comenzó a conmoverse.

Gran parte de la dinámica se centró en la relación que tiene con Nicky y la admiración de ésta por él y su madre, la señora Myriam Escobar, y cuáles han sido las más grandes dificultades que don Julio ha tenido en su vida, enmarcando la oscura etapa de sus adicciones.

El dolor de un padre por su hijo

Una de las palabras que tocó el corazón de JC fue, sin duda, Dios. Es bien sabido que el exatleta mexicano es un ferviente creyente de la fe cristiana y católica, a tal grado que incluso parte de la clínica de rehabilitación incluye el acercamiento a la religión.

“Dios significa todo para mí. Creo mucho en Dios. Creo que, a veces, los tiempos de Dios son perfectos, a veces nos desesperamos, a veces queremos todo que se resuelva, sobre todo cuando hay problemas. Y yo espero en Dios que tu hermano (JC Chávez Jr.) esté bien y todo se arregle primeramente Dios”, fueron las palabras del ‘César’ ante las cámaras.

¿De qué se le acusa al Jr.?

Julio César Chávez Jr. enfrenta múltiples acusaciones derivadas de investigaciones en Estados Unidos y México, según comunicados oficiales. Esto ha llevado a que autoridades mexicanas y estadounidenses deban coordinarse para esclarecer los hechos. Aquí te decimos los señalamientos:

1. Ingreso ilegal y fraude migratorios

Fue arrestado el 2 de julio de 2025 en Los Ángeles por agentes de ICE, tras confirmar que permanecía en Estados Unidos con una visa de turista B2 vencida desde febrero de 2024. Su solicitud presentada en abril de 2024 para obtener residencia permanente, basada en un matrimonio con ciudadana estadounidense, fue considerada fraudulenta por las autoridades migratorias.

La DHS lo clasificó como un “peligro público grave” y activó la deportación acelerada (“expedited removal”), que no contempla audiencia judicial normal.

2. Vínculos con el Cártel de Sinaloa y crimen organizado

DHS afirmó que Chávez Jr. mantiene presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al que en febrero de 2025 EE. UU. incluyó en su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”.

Señalan que la esposa del boxeador, Frida Muñoz, estuvo relacionada anteriormente con miembros del cartel, así como con Edgar Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

3. Orden de aprehensión en México: armas y crimen organizado

En marzo de 2023, la Fiscalía General de la República emitió una orden de captura en su contra por presunto delincuencia organizada y tráfico de armas.

Se le atribuye tráfico de armamento, municiones y explosivos, delitos que están siendo procesados en México y que motivan su extradición.

4. Historial criminal previo en Estados Unidos

En 2012 fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en California, con una sentencia de 13 días de cárcel y 3 años de libertad condicional.

En enero de 2024, fue arrestado por posesión ilegal de armas de asalto y fabricación de rifles cortos en Los Ángeles (rifles “fantasma” o ghost guns) y liberado bajo fianza ($50 000) condicionada a tratamiento de rehabilitación.

5. Procedimiento de deportación y extradición

EE. UU. inició un proceso de deportación acelerada. El gobierno mexicano solicitó su extradición inmediata para enfrentar los cargos nacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que espera que Chávez Jr. sea enviado a México para cumplir con sentencias por tráfico de armas y delincuencia organizada.

Información en desarrollo...

A plena luz del día fue abandonada una camioneta que contenía restos humanos en su interior, en el Municipio de Cerro Azul, en Veracruz. La camioneta de la marca Chrysler fue dejada en plena vía pública con la cajuela y puertas traseras abiertas, por lo que los peatones de la zona pudieron ver las bolsas que contenían los cuerpos, además en el pavimento se colocaron tres cabezas humanas, situación que provocó shock y crisis nerviosas para los testigos de la escena.

Rápidamente los vecinos de la zona alertaron a las autoridades locales, lo que provocó movilización inmediata de parte de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, además integrantes de la Fiscalía General del Estado asistieron al lugar para comenzar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes de los elementos policiacos, las cabezas que yacían en el pavimento correspondían a tres hombres y se presume que sus cuerpos, aparentemente segmentados, eran los que estaban dentro de la camioneta. Al interior del vehículo también encontraron equipamiento táctico, presuntamente relacionado a una organización delictiva y un narcomensaje que hacía referencia a que fue un ajuste de cuentas, debido a que mencionaban la ocupación de la plaza.

Cámara captó el momento en que abandonaron restos humanos

Una cámara de seguridad particular captó el momento en que los restos fueron abandonados en la colonia Valle, del municipio de Cerro Azul.

De acuerdo con el video, un par de hombres circulaban a bordo de la camioneta Chrysler y al llegar a la colonia Valle, descendieron para abrir cajuela y puertas del vehículo, mientras uno extendió la lona que contenía el narcomensaje, el otro colocó las bolsas con los restos en la parte trasera, además de situar las cabezas en el pavimento, concluido el acto, abordaron a un vehículo que los esperaba unos metros adelante.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación en busca de esclarecer los hechos, además, peritos forenses realizaron el levantamiento de los restos para su análisis e identificación.

Hallan restos humanos en antigua carretera a Minatitlán

En el municipio de Cosoleacaque fueron encontrados restos humanos dentro de una caja de huevo y dentro de una maleta, en la antigua carretera Minatitlán - Coatzacoalcos a la altura del puente Calzadas.

Automovilistas que circulaban en la zona se percataron de la presencia de ambos alijos y advirtieron a elementos de seguridad estatal, quienes desplegaron un operativo sobre la vialidad para retirar y asegurar los restos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz no se ha pronunciado, sin embargo, las primeras diligencias apuntan a que los restos correspondían a una mujer y un hombre, ambos mayores de 50 años. Los servicios forenses ya realizan análisis correspondientes para identificar ambos cuerpos.

Este par de sucesos se unen a otros siete casos de hallazgo de restos humanos con evidentes signos de violencia, en el estado de Veracruz, durante el mes de Junio.

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto de los términos sobre narco

Tanto cartel (con pronunciación aguda y sin tilde) como cártel (llana y con tilde) son grafías adecuadas para referirse a un tipo de organización ilegal o a cierto acuerdo entre empresas, pero se recomienda utilizar cartel.

Sin embargo, en los medios de comunicación abundan frases como las siguientes: «México lanza una macrooperación contra el Cártel de Sinaloa», «Estados Unidos estrecha el cerco financiero a los cárteles de la droga en la frontera con México» o «Bruselas multa a 15 fabricantes de coches por un cártel en el reciclaje de automóviles».

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas , para aludir a la ‘organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas’ y al ‘convenio entre empresas para evitar la competencia’ son igualmente válidas las formas cartel (plural carteles ), que tiene la pronunciación aguda etimológica (del alemán Kartell ) y cártel (plural cárteles ), con pronunciación llana y, por tanto, con tilde. No obstante, señala que cartel es la opción mayoritaria en el ámbito hispánico y es la que aconseja .

Se recuerda que se trata de un sustantivo común, por lo que lo apropiado es escribirlo con minúscula : el cartel de Sinaloa , el cartel de Cali .

De este modo, aunque los ejemplos iniciales son adecuados con la grafía cártel , habría sido preferible emplear la voz aguda y en minúscula: «México lanza una macrooperación contra el cartel de Sinaloa», «Estados Unidos estrecha el cerco financiero a los carteles de la droga en la frontera con México» y «Bruselas multa a 15 fabricantes de coches por un cartel en el reciclaje de automóviles».

¿Cuál es la función de la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

El presidente municipal de Santo Domingo, Filiberto Rodríguez Alvarado, ha alertado sobre una crisis de inseguridad que afecta gravemente a su municipio, ubicada en el estado de San Luis Potosí, donde integrantes de la delincuencia organizada han provocado el desplazamiento forzado de al menos 15 familias, despojándolas de sus viviendas, vehículos y pertenencias.

En rueda de prensa, el edil explicó que la situación que atraviesa su municipio, señalando que los hechos delictivos no solo se limitan a robos, sino que incluyen secuestros virtuales, extorsiones y el despojo directo de viviendas.

Según sus declaraciones, los grupos criminales llegan a las comunidades, se apoderan de las casas y obligan a los habitantes a abandonar el lugar, llevándose consigo sus pertenencias y camionetas.

“En Santo Domingo sí pasan cosas y yo puedo informar todo lo que está ocurriendo, hay robo de ganado, hay secuestros virtuales, extorsiones e incluso el despojo de viviendas, más de 15 familias han sido desplazadas… llegan y se apoderan de sus casas y pues la gente se tiene que ir, son gente del crimen organizado, sacan a la gente, les quitan sus cosas, sus camionetas, etcétera”, relató el alcalde.

La magnitud del problema se agrava por las características geográficas del municipio. Santo Domingo es el municipio más extenso de San Luis Potosí, abarcando el 8 % del territorio estatal, mismo que dificulta la cobertura y vigilancia en materia de seguridad, ya que las distancias entre comunidades y caminos rurales representan un reto logístico considerable.

El propio Rodríguez Alvarado ha subrayado que las células criminales ingresan “por todos lados” y cruzan el municipio impunemente a través de brechas y caminos secundarios.

La ubicación geográfica de Santo Domingo añade un elemento de complejidad a la crisis. El municipio colinda con el estado de Zacatecas, lo que facilita el ingreso y la salida de los grupos delictivos.

El alcalde ha reconocido que esta vecindad “nos complica la existencia”, ya que los criminales aprovechan la cercanía para operar con mayor libertad. “Es un tema delicado y no nos espanta, suceden en todo el país”, expresó Rodríguez Alvarado, aludiendo a la dimensión nacional del fenómeno de la inseguridad.

Ante la gravedad de la situación, el presidente municipal ha buscado el apoyo de las autoridades estatales. Ha establecido contacto directo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, lo que ha permitido que actualmente se realicen patrullajes diarios de la Guardia Civil Estatal en la zona.

En un operativo coordinado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una organización dedicada al narcotráfico que actuaba en distintas zonas de la provincia de Córdoba.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno y permitió imputar a seis personas por el delito de comercialización de estupefacientes. El grupo contaba con antecedentes federales y manejaba una estructura con roles definidos y conexiones en varios barrios cordobeses.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el operativo se desarrolló en el marco de un trabajo de seguimiento y vigilancia sobre la organización, cuyos miembros lograron mantener una intensa actividad ilegal en los últimos años, ncluso después de ser investigados por la Justicia Federal.

Entre los seis detenidos figuran cuatro hombres de 59, 33, 28 y 34 años y dos mujeres de 46 y 50 años, todos vinculados por lazos familiares.

El liderazgo de la banda correspondía al hombre de 59 años, quien, junto con tres de sus hijos, articulaba la red de comercialización en distintos sectores de la ciudad y áreas periféricas.

Tanto el jefe de la banda como uno de sus hijos ya habían sido involucrados en una causa federal de 2019, lo que resalta la reincidencia y el entramado consolidado dentro de la familia. Sus antecedentes por narcotráfico no impidieron que retomaran y expandieran la actividad clandestina.

La FPA desplegó el operativo en ocho domicilios distribuidos en Río Ceballos, Río Segundo y varios barrios de la capital, entre ellos Villa Revol, Talleres Oeste, José Ignacio Díaz 4ª Sección, Cárcano de Horizonte y Villa Ciudad Evita. En esta última zona se desarticularon dos puntos de venta situados en un sector que, según la fuerza, es considerado de alta peligrosidad debido al nivel de conflictividad y movimiento narco.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron 140 dosis de cocaína, 19 dosis de marihuana, un arma de fuego, cuatro vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo: $64.821.500 y 107.484 dólares. También se secuestraron diversos elementos utilizados tanto para el fraccionamiento como para la comercialización, incluyendo bolsitas, balanzas digitales y teléfonos celulares.

La investigación de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno reveló que, además de los puntos de venta fijos, la organización distribuía drogas a través de la modalidad de delivery. De esta manera, los integrantes de la banda lograban abastecer a consumidores y revendedores en diferentes partes de Córdoba sin quedar expuestos durante los intercambios en espacios públicos.

El sistema delivery implicaba el traslado en vehículos particulares y la coordinación telefónica con clientes, lo que dificultaba tanto la detección como la interrupción de las transacciones.

Tras el procedimiento, las seis personas adultas quedaron a disposición de la Justicia provincial y acusadas por comercialización de estupefacientes, en una causa que continúa bajo análisis para determinar la posible participación de otros integrantes y la ruta del dinero decomisado.

Cayó otra banda narco familiar en Córdoba

Más de 12 kilos de cocaína fueron incautados en un operativo reciente en Villa Nueva, donde la FPA logró desarticular una banda de tráfico de drogas familiar. De acuerdo con información publicada por las autoridades, la acción fue el resultado de denuncias anónimas y dos meses de investigación por parte de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María.

Tal como pudo saber el medio local ElDoce.TV, el allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la calle Intendente Paviotti sin número, sorprendiendo a los acusados en su centro de operaciones que funcionaba también como un punto de venta y consumo para clientes habituales. La intervención culminó con la detención de tres integrantes de una familia, acusados de dirigir el negocio ilícito.

Según confirmó la FPA, los detenidos eran dos hombres de 43 y 38 años y una mujer de 47, quienes tenían roles específicos dentro de la organización. La estructura de la banda consistía en una pareja acompañada por el hermano de la mujer, cuya participación fue crucial en la comercialización de estupefacientes.

El carfentanilo, un opioide sintético de extrema potencia, ha emergido como una de las sustancias más letales en la actual crisis de opioides, según reportes recientes de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Esta droga, diseñada originalmente para uso veterinario en animales grandes como elefantes, es 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo, lo que la convierte en una amenaza significativa para la salud pública.

Las muertes relacionadas con carfentanilo se incrementaron drásticamente, pasando de 29 casos entre enero y junio de 2023 a 238 en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citada por la agencia anti-drogas de Estados Unidos.

Esta droga, que se presenta como un polvo blanco similar al fentanilo o la cocaína, ha sido identificado en 37 estados de EEUU, según datos de la DEA. En 2024, los laboratorios de la agencia federal analizaron más de 100 kilogramos de esta sustancia mezclada con fentanilo y otras drogas, superando las incautaciones de los tres años anteriores combinados, que totalizaron 87 kilogramos.

Crecen las alarmas por riesgo de sobredosis con carfentanilo

Dicho aumento en la disponibilidad de carfentanilo ha coincidido con un cambio preocupante en su presentación: ahora se encuentra principalmente en forma de pastillas o tabletas que imitan medicamentos recetados, lo que incrementa el riesgo de consumo involuntario.

El uso de carfentanilo en el mercado ilícito responde a su capacidad para aumentar la potencia de otras drogas y, en consecuencia, las ganancias de los traficantes. Sin embargo, esta práctica ha provocado un aumento en las sobredosis, especialmente entre usuarios que desconocen que están consumiendo una sustancia tan peligrosa. Incluso una cantidad microscópica de carfentanilo, equivalente a 0.02 miligramos, puede ser mortal, lo que subraya la gravedad de su impacto en la salud pública.

Tratar las sobredosis por esta nueva droga presenta desafíos significativos. Aunque la naloxona, un antídoto comúnmente utilizado para revertir los efectos de los opioides, puede ser eficaz en algunos casos, las dosis normales suelen ser insuficientes frente a la potencia extrema del carfentanilo.

En muchos casos, se requieren múltiples dosis altas de naloxona, y aun así, no siempre se logra revertir la sobredosis de manera efectiva. Los síntomas de intoxicación incluyen depresión respiratoria, somnolencia, desorientación, pupilas contraídas y piel fría y húmeda, que pueden manifestarse en cuestión de minutos tras la exposición.

Esfuerzos a nivel federal por anular el riesgo de este potente opioide

La DEA y los CDC han advertido sobre la necesidad de aumentar la concienciación pública para prevenir sobredosis e intoxicaciones relacionadas con opioides sintéticos como el carfentanilo. Recomiendan evitar el consumo de drogas ilícitas y pastillas no recetadas, ya que estas pueden contener carfentanilo sin el conocimiento del usuario. Además, instan a las personas a buscar ayuda inmediata si sospechan que alguien ha estado expuesto a esta sustancia, administrando naloxona si está disponible y contactando a los servicios de emergencia.

El impacto del carfentanilo en la crisis de opioides no es un fenómeno aislado. Según la DEA, este opioide sintético ya había mostrado picos de prevalencia en 2016-2017 y entre 2019 y 2020, pero el aumento actual en su disponibilidad y las muertes asociadas subraya la evolución constante de esta epidemia. La aparición del narcótico en formas más accesibles y engañosas, como pastillas que imitan medicamentos recetados, representa un nuevo nivel de amenaza, especialmente para aquellos que no son conscientes de los riesgos.

La educación y la prevención son herramientas clave para combatir esta crisis. Las autoridades enfatizan la importancia de mantenerse informado sobre los peligros del carfentanilo y de educar a familiares y amigos sobre los riesgos asociados con los opioides sintéticos. “Una pastilla puede matar”, advierten, destacando la necesidad de evitar el consumo de sustancias no recetadas y de estar preparados para actuar en caso de una sobredosis.

Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra “Los Chapitos”, una facción del Cartel de Sinaloa en México, por su papel en el tráfico y producción ilícitos de fentanilo.

La organización es responsable de introducir esta droga en píldoras falsificadas que son traficadas hacia Estados Unidos. Además, se les vincula con el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets, ocurrido el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México, según el comunicado oficial compartido con Infobae.

Los líderes de esta facción, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, han sido designados como objetivos prioritarios.

Cuántos millones de dólares ofrecen por “Los Chapitos”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Ambos hermanos permanecen fugitivos en México, mientras que otros dos hijos de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, ya se encuentran bajo custodia estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que Los Chapitos son una facción “hiperviolenta” del Cartel de Sinaloa, liderando el tráfico de fentanilo hacia EEUU. Según Bessent, estas sanciones forman parte del mandato presidencial para combatir a los cárteles de la droga y enfrentar a líderes violentos como los hijos de “El Chapo”. La acción de la OFAC también incluye sanciones contra una red de asociados y negocios vinculados a Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, que operan en actividades como tráfico de drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero.

El Cartel de Sinaloa, identificado como una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México, ha sido señalado por su papel en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos. En febrero de 2025, el DOS designó al cartel como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Desde 2009, esta organización ha sido clasificada como un importante traficante de narcóticos extranjero bajo la Ley Kingpin.

La peligrosa facción que desató una ola de violencia en México

La facción de Los Chapitos ha consolidado su control sobre el Cartel de Sinaloa, destacándose por su capacidad para adquirir precursores químicos y operar laboratorios clandestinos en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, las disputas territoriales entre Los Chapitos y grupos rivales han provocado la muerte de aproximadamente 600 personas en el estado mexicano de Sinaloa.

Según la OFAC, el liderazgo de Iván Guzmán ha generado una alarmante ola de violencia tanto en México como en Estados Unidos, mientras que Alfredo Guzmán ha estado involucrado en actos de tortura contra rivales para obtener información sobre infiltraciones en su territorio.

En Mazatlán, las sanciones también alcanzaron a Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza de Los Chapitos, y a José Raúl Núñez Ríos, un empresario que presuntamente financia las actividades criminales del grupo.

Núñez habría utilizado su riqueza para adquirir propiedades y establecer empresas en sectores como el desarrollo inmobiliario, la construcción y la hotelería, con el objetivo de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, la esposa de Núñez, Sheila Paola Urías Vázquez, ha sido señalada como propietaria nominal de múltiples negocios que forman parte de esta red de lavado de dinero.

La OFAC también sancionó a diez empresas vinculadas a Núñez, entre ellas Beach Y Marina, S.A. de C.V., Club Playa Real, S.A. de C.V., y Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V.. Estas compañías están acusadas de operar como fachadas para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el financiamiento de la guerra territorial de Los Chapitos en Mazatlán.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue fruto de una investigación iniciada en enero, que permitió no solo la captura del principal sospechoso, sino el decomiso de estupefacientes, un arma de fuego y un equipo de comunicación usado para inhibir señales.

El allanamiento fue realizado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte en una propiedad ubicada en el pasaje Doctor David Peña al 4100, tras una orden emitida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 21, cuya titular es la jueza Paula Virginia Núñez Gelvez, con participación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (UFEIDE).

En el lugar se identificaron a tres personas más. Además, confiscaron 15 envoltorios y una bolsa con cocaína, sumando un peso total de 40,9 gramos, una pistola Bersa de 9 mm con municiones, y un equipo de comunicación Baofeng usado como inhibidor de señal. También se incautaron $154.600 en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, y otras herramientas de valor para la causa.

Según las fuentes consultadas por este medio, los detectives encontraron un rifle de aire comprimido y prendas similares a uniformes policiales. En ese sentido, explicaron que la réplica del lanzacohetes era utilizado presuntamente con fines intimidatorios.

El caso fue investigado por la Unidad Investigativa N°7, que logró reconstruir el circuito de comercialización y distribución de estupefacientes en la zona, así como detectar maniobras para obstaculizar el accionar policial.

El detenido fue puesto a disposición judicial bajo cargos de violación de la Ley de Drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Detenidos en Constitución

En el barrio porteño de Constitución, en una oficina ubicada sobre Pedro Echagüe al 1200, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cuatro sospechosos acusados de intentar robar una oficina y tratar de escapar por los techos.

Según indicaron fuentes del caso, el alerta llegó a través de una comunicación telefónica que advertía sobre un robo en curso dentro de una empresa. Del otro lado de la línea, la información era precisa: había al menos tres sospechosos adentro del edificio y los empleados estaban atados.

Cuando los policías llegaron al lugar, se encontraron con el primero de los sospechosos apostado en la puerta. Estaba de “campana” y fue el primero en ser detenido.

Apenas unos pasos más adentro, dentro de las oficinas, un segundo delincuente también fue capturado sin oponer resistencia.

Mientras tanto, el resto de la banda intentaba escapar. Es que los otros dos implicados, al advertir la presencia de los uniformados, no lo dudaron y salieron huyendo por los techos. No contaban, sin embargo, con el Centro de Monitoreo Urbano, que no perdió de vista sus movimientos.

Los operadores del CMU guiaron al personal en tierra y minutos después los dos prófugos fueron localizados y aprehendidos mediante un operativo cerrojo.

Durante las detenciones, uno de los sospechosos fue requisado y se le encontró en su poder un revólver calibre .38, que fue secuestrado por orden judicial. El arma quedó bajo custodia mientras se esperan los peritajes de rigor.

Dentro del lugar, los cuatro empleados que habían sido reducidos por los agresores —dos hombres y dos mujeres— fueron liberados: no presentaban lesiones físicas. No obstante, uno de ellos debió recibir atención médica por parte del SAME debido a una crisis nerviosa. La intervención del servicio de emergencias se concretó en el sitio, sin necesidad de traslado hospitalario.

El magistrado interventor dispuso la detención de los cuatro involucrados por los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad. Además, se ordenaron las pericias sobre el arma incautada y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia completa del hecho.

En la escena trabajó también personal de investigaciones de la Policía de la Ciudad, que levantó huellas y relevó posibles elementos de interés para la causa. Entre ellos, se encuentran las ataduras utilizadas contra las víctimas, herramientas presuntamente empleadas para forzar los accesos y el teléfono celular de uno de los detenidos.

Matías Carlos Herrera (39) es un personaje singular del narcotráfico en Rosario. Su nombre está asociado a una causa judicial por la que fue condenado por integrar una banda que traía droga –principalmente marihuana– a la ciudad, y también a distintos comercios que, casualmente, fueron noticias por haber sido atacados entre 2019 y 2023, ya sea con disparos como con bombas molotov. Lo último que se supo de él es que logró mantenerse prófugo de la Justicia federal desde julio del año pasado, cuando quedó firme la sentencia en su contra, hasta semanas atrás, cuando fue arrestado mientras estaba por ingresar a una fiesta electrónica.

Herrera comenzó a tener mención mediática en marzo de 2016 con la “Operación Guaraní” por la que se hicieron múltiples allanamientos en el Gran Rosario destinados a la estructura que lideraba desde la cárcel de Piñero Facundo “Macaco” Muñoz, sindicado como uno de los homicidas del líder de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero en 2013, aunque luego resultó absuelto en el juicio por ese crimen junto con Milton Damario y Luis “Pollo” Bassi.

En el legajo, la Justicia federal estableció que a través de Muñoz funcionaba una organización que traía droga a Rosario para abastecer los búnkeres que en ese entonces le hacían competencia a Los Monos. La marihuana, de acuerdo a las intervenciones telefónicas y los seguimientos hechos por la División Antidrogas de la Policía Federal, era comprada y transportada desde Corrientes.

En Rosario, siempre según la investigación, se utilizaban distintos lugares para “bajar” la droga. Uno de ellos era una cancha de fútbol 5 en la que tenía vínculo comercial Matías Herrera.

Por la “Operación Guaraní” hubo una docena de imputados. Herrera, entre ellos, pasó ocho meses en prisión preventiva efectiva, según indicaron investigadores judiciales a Infobae. Rápidamente volvió al ruedo, por lo menos comercial y en diferentes rubros, pero no volvió a tener investigación en su contra por comercio de estupefacientes.

En abril de 2019 su nombre volvió a figurar en las crónicas policiales. El bar del que era responsable comercial, situado en el barrio Pichincha, uno de los más turísticos de Rosario, fue atacado de doce tiros desde un auto. No hubo heridos porque el local estaba cerrado por reformas, pero el mensaje fue claro.

Cinco meses después de esa balacera, Herrera fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario por comercio de estupefacientes. El fiscal del juicio Federico Reynares Solari pidió allí que se lo investigue por lavado de activos, hecho que al día de hoy no se conoce si efectivamente ocurrió.

Como la condena no estaba firme, el joven continuó en libertad. Fue recién en julio del año pasado que la Cámara Federal de Casación ratificó la resolución, por la que debió presentarse ante la Justicia para quedar detenido, algo que no ocurrió. Por ese motivo, la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario le hizo seguimiento y lo arrestó en mayo, diez meses después del fallo.

Sin embargo, entre la condena y su reciente detención, Herrera y su familia fueron objeto de extorsiones y balaceras de parte de Los Monos a comercios que tenían en su poder. En una causa de alta complejidad, los fiscales provinciales Federico Rébola y Franco Carbone imputaron a Vanesa Barrios –esposa del jefe de la banda Ariel Máximo “Guille” Cantero– y a la presunta testaferro de la organización Mariana Ortigala, entre otras personas, por haber estado detrás de ataques contra un gimnasio ubicado en Fisherton y un inmueble de barrio Azcuénaga.

Según expusieron los fiscales, Herrera presentó a Vanesa Barrios a un abogado bonaerense y a un agente inorgánico de la SIDE, quienes ofrecieron conseguirle prisión domiciliaria a la esposa de “Guille” Cantero a cambio de 160 mil dólares. Los Monos pagaron esa suma, pero el beneficio prometido no llegó. Es por eso que la banda responsabilizó a Herrera por lo sucedido y empezó a balear o prender fuego sus negocios familiares para que absorba la pérdida generada.

Las intimidaciones del clan Cantero escalaron en julio de 2021, cuando dispararon contra un inmueble de la familia Herrera que estaba alquilado en barrio Azcuénaga. Dicha situación se repitió en enero del año siguiente, aunque en esa segunda oportunidad arrojaron una molotov y dejaron una nota. En enero de 2022 también le dieron una ráfaga de disparos al gimnasio en el que supo estar relacionado el joven condenado.

En carácter de víctima de las extorsiones, nunca hizo una denuncia, pero la Justicia provincial actuó de oficio y lo citó en varias oportunidades a declarar.

De acuerdo a la investigación provincial, Herrera le dio a Los Monos una camioneta y el inmueble de barrio Azcuénaga que había sido baleado y prendido fuego, como forma de compensar el robo que había sufrido la esposa de “Guille” Cantero.

Las investigaciones sobre la desaparición de los integrantes de Grupo Fugitivo, en Reynosa, Tamaulipas, derivarían en una carpeta de investigación por homicidio.

El miércoles por la noche, medios locales y fuentes de información enfocadas en temas de narcotráfico, reportaron en X —antes Twitter—, la localización de cinco cuerpos calcinados en un paraje en la ciudad de Reynosa. Información que fue confirmada esta mañana por la Fiscalía de Tamaulipas.

Fiscalía confirma hallazgo de cuerpos

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó en X los cuerpos localizados “pudieran corresponder a las personas no localizadas”.

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas.

Las investigaciones están corriendo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en las próximas horas dará un comunicado al respecto", informó la dependencia.

Un caso que conmocionó a Tamaulipas

Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Livan Edyberto Solís de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales Martínez, desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo y desde entonces eran buscados por sus familiares, quienes públicamente cuestionaron el manejo que la Fiscalía dio al caso.

Las críticas se intensificaron el pasado 27 de mayo, cuando diversos medios reportaron que los músicos habían sido localizados con vida y estaban bajo resguardo gubernamental. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los familiares, quienes aclararon que uno de los vocalistas de la agrupación estaba sano y salvo.

Durante una vigilia en la Concatedral de Reynosa, la noche del 28 de mayo, Telediario Reynosa consignó declaraciones de una persona que se identificó como familiar de uno de los integrantes, quien aseguró que un músico estaba a salvo: “Se ha dicho que todos están desaparecidos, pero uno de los vocalistas está a salvo. Son cinco las personas que realmente están desaparecidas: cuatro músicos y su representante”.

Sony Bernal, exesposa de uno de los integrantes del grupo, cuestionó el proceder de la fiscalía. En entrevista con Azucena Uresti, criticó a varios funcionarios locales por el manejo irresponsable que han hecho de la información en torno al caso: “Reprochamos la información dada por el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), donde dice que se encontraron los muchachos... Totalmente falso; así como reprochamos el audio que envió el secretario (de Seguridad del estado) que decía que los muchachos ya iban rumbo a la fiscalía”, indicó.

En su comunicado de este jueves, la Fiscalía de Tamaulipas subrayó que las investigaciones seguían su curso. El martes, se confirmó que varios familiares fueron sometidos a pruebas de ADN para un posible reconocimiento, tras el hallazgo de rastros de sangre en la camioneta en la que grupo Fugitivo se traslada por el estado.

Cinco integrantes de Grupo Fugitivo, proyecto musical que alcanzó una incipiente popularidad en el circuito local del regional mexicano del norte del país, habrían sido asesinados horas después de haber sido secuestrados en Reynosa, Tamaulipas.

El homicidio de Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Livan Edyberto Solís de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales Martínez, músicos, un fotógrafo y mánager de la agrupación, ocurre en un contexto marcado por restricciones del Estado hacia los corridos tumbados y los narcocorridos, subgéneros del regional mexicano señalados por promover la narcocultura.

Cronología del caso

El lunes, familiares confirmaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas que dejaron de tener contacto con los músicos la noche del domingo 25 de mayo, cuando arribaron a Riberas de Rancho Grande, localidad de Reynosa, para ofrecer un concierto.

Un día después, en medio de diversas manifestaciones que exigían a las autoridades de Tamaulipas agilizar la búsqueda, la Suburban en la que los músicos se trasladaban a sus presentaciones fue encontrada en la colonia La Cañada.

Sony Bernal, exesposa de uno de los integrantes, confirmó a la periodista Azucena Uresti que peritos de la fiscalía detectaron rastros de sangre. Como parte de las investigaciones en curso, dijo, las autoridades han tomado muestras de ADN de algunos familiares directos.

En diálogo con Uresti, Sony Bernal arremetió contra autoridades locales por afirmar que los músicos habían sido encontrados con vida. “Reprochamos la información dada por el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), donde dice que se encontraron los muchachos... Totalmente falso; así como reprochamos el audio que envió el secretario (de Seguridad del estado) que decía que los muchachos ya iban rumbo a la fiscalía”.

Bernal señaló la indolencia del gobernador Villarreal Anaya, quien pidió a los familiares “estar tranquilos y no exagerar con el tema”.

En medio de la crisis personal que atraviesan, Bernal afirmó que el caso refleja la crisis de seguridad en Tamaulipas, ocasionada por las disputas entre organizaciones criminales por dominar el trasiego de drogas en la frontera.

Este jueves, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el peor escenario del caso. Mediante un breve comunicado difundido en X, la dependencia confirmó el hallazgo de cinco cuerpos cuyas características se asemejan a las características físicas de los desaparecidos:

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas.

Las investigaciones están corriendo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en las próximas horas dará un comunicado al respecto", informó la dependencia.

¿Qué grupos criminales operan en Reynosa, Tamaulipas?

En noviembre de 2024, la organización México Evalúa presentó un mapa actualizado de la geografía del narco en el país. En su reporte, un balance sobre la violencia homicida, Tamaulipas presenta una tasa inferior al promedio nacional.

Sin embargo, la desaparición forzada de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo refleja una realidad que mantiene en la zozobra a los habitantes de varias localidades de Tamaulipas, entidad donde el Cártel del Noreste disputa el control con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC.

Cártel del Noreste: expansión criminal tras la caída de Los Zetas

El Cártel del Noreste (CDN) se consolidó como una de las organizaciones criminales más peligrosas de México tras escindirse de Los Zetas, luego de la captura de su último líder, Omar Treviño Morales. Desde entonces, ha extendido su dominio en actividades ilícitas y ganado presencia internacional.

Designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, el CDN opera principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad que mantiene bajo control total. Desde esa base, coordina operaciones relacionadas con secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero y prostitución.

Su estructura violenta y su capacidad logística le han permitido establecer presencia operativa en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Colombia. En este último país, se presume que tomó el control del negocio de compra de cocaína que antes manejaban Los Zetas.

La organización destaca por su capacidad de intimidación y su dominio sobre actividades ilícitas locales, lo que dificulta la actuación de las autoridades. El CDN representa una amenaza creciente para la seguridad nacional e internacional, debido a su nivel de organización, armamento y red de operaciones transfronterizas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 17 años de prisión a Nahuel Federico Moyano, de 27 años, por su intervención en una balacera ocurrida en febrero de 2023 en el barrio porteño de “Padre Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), que provocó la muerte de Nayla Naomi Torrilla, una menor de cuatro años. A su vez, el joven fue hallado culpable del homicidio de un hombre ocurrido dos años antes en la misma zona.

La resolución responsabilizó a Moyano por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Cristian Ezequiel Escobedo, ocurrido en enero de 2021, así como de homicidio agravado en grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades, en relación al ataque en el que murió Nayla y resultaron heridos otros dos hombres, según informó este lunes en su portal el Ministerio Público Fiscal.

En el juicio intervino la Fiscalía General Nº 30, a cargo de María Luz Castany, quien en su alegato de cierre había requerido una pena de 19 años de cárcel. En tanto, los jueces Juan Giudice Bravo, Pablo Vega y Julio López Casariego coincidieron en que la conducta del acusado estuvo corroborada a partir de una serie de testimonios, peritajes balísticos y otros elementos recabados durante la etapa de instrucción y el debate oral.

El trágico episodio que acabó con la vida de la víctima ocurrió el 7 de febrero de 2023, alrededor de las 21:30. En ese momento, Moyano y al menos tres personas más comenzaron a disparar contra dos hombres con los que mantenían un conflicto previo ligado a un presunto negocio territorial del narco en el barrio de emergencia del Bajo Flores, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La balacera tuvo lugar en la intersección de Calle 10 y Bonorino, mientras en la cuadra se celebraba un cumpleaños infantil. En total, se registraron al menos 32 disparos con diferentes armas de fuego.

Como consecuencia de la pelea en el asentamiento, Nayla fue alcanzada por un proyectil en el tórax y falleció una hora más tarde en el Hospital Piñero. Otros dos hombres también sufrieron heridas en sus piernas, aunque sobrevivieron.

En el marco del debate oral, un testigo directo identificó al acusado como uno de los partícipes del ataque. Además, declaró una alférez perteneciente a la Gendarmería Nacional, que patrullaba la zona en aquel momento y afirmó haber escuchado la ráfaga de disparos. Según se recabó en las actuaciones, los análisis balísticos y los rastrillajes posteriores dieron cuenta de las 32 vainas servidas de calibre 9 milímetros -entre otros- en el lugar de los hechos.

El juez Giudice Bravo sostuvo que Moyano actuó con "dolo eventual“, es decir, que proyectó la posibilidad de una consecuencia negativa y aún así decidió continuar con su conducta. Según expresó en su voto, al que luego se adhirieron sus colegas, el joven ”tuvo que representarse la probabilidad de alcanzar alguna de esas personas y quitarle la vida, por la cual obró con dolo eventual de homicidio, agravado por el empleo e un arma de fuego, en grado de tentativa al no haberse acreditado, (...) que ha sido él quien con sus disparos alcanzó el cuerpo de la niña".

Por otra parte, el tribunal también lo condenó por el asesinato de Cristian Escobedo, ocurrido el 12 de enero de 2021 en la misma barriada. Según el fallo, Escobedo circulaba en moto con un acompañante cuando cruzó a Moyano, a quien saludó. En respuesta, el agresor le recriminó el gesto, lo tiró del vehículo y le disparó en la cabeza. El testigo sobreviviente relató haber recibido amenazas para no declarar en contra del acusado y, en ese contexto, pidió que le brinden medidas de protección.

El ahora condenado cayó detenido en marzo de 2023 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino luego de permanecer prófugo durante más de dos años.

En la labor de interpretar al capo, el actor más destacado ha sido Andrés Parra, que en 2012 se encargó de protagonizar la serie producida por Caracol Televisión, que llegó a ser emitida en varios países y en la actualidad sigue liderando listados de la plataforma de streaming Netflix.

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La popularidad de la producción provocó que Parra terminará consolidándose en varios proyectos internacionales, con los que se trazó el objetivo de alejarse de Pablo Escobar, personaje que prometió no volver a interpretar.

13 años después, Parra se ha alejado momentáneamente de la actuación, realizando una gira por el continente con un show de comedia y charlas sobre superación personal; sin embargo, su trabajo como Escobar sigue siendo un tema mencionado en las entrevistas.

En una entrevista que se hizo viral en redes sociales, Parra reconoció que en ningún momento recibió amenazas por su papel como Escobar; sin embargo, reveló que sí fue llamado por un trabajador del capo.

“Me llamó ”Popeye" de la cárcel, por ejemplo. A saludarme, a que le hablara (como Pablo Escobar), entonces yo le hable y él solo me decía: «Lo quiero mucho patroncito amado»“, recordó el actor.

Aclarando que no buscara hablar positivamente del fundado del cartel de Medellín, Parra indicó que su conversación con “Popeye” le hizo entender que en realidad si tenía varios aspectos acordes a como era en realidad el capo.

“Solo decía: «Mi patroncito amado, mi patroncito amado», (sobre su personaje), es porque quedó lindo, quedó bonito".

Al hablar de cómo era su vida antes de aceptar el papel, Parra indicó que en ningún momento pensó en la crítica, puesto que pensaba que las personas no iban a ver la serie y esta terminaría siendo cancelada.

“Para mí eso a los tres días iba a dejar de salir al aire, del fracaso que iba a ser. Yo pensé que íbamos a durar dos noches, esto iba a ser el fracaso absoluto. Yo no daba un peso (por el proyecto), yo no tenía preocupación porque eso no iba a durar una semana”.

El actor reveló que él creía que no iba a terminar de grabar la serie porque Colombia iba a rechazar todo lo relacionado con el capo; sin embargo, al final terminó siendo una de las producciones más vistas de la historia de la televisión cafetera.

“Yo les decía a todos, «No estudiemos del capítulo cinco para allá, eso no va a durar, nos van a cancelar, se va a quebrar todo». Se estrenó esa vaina y el batacazo".

Parra recordó que tras rechazar interpretar a Pablo Escobar en otras producciones, recibió más ofertas de trabajo que lo hicieron seguir vigente en el continente.

“Nunca, porque se abrió el espectro, termine en Chile, después llegó Chávez. Seguramente tendría mucha más plata hoy, pero yo ya tengo la suficiente para vivir”.

Por último, el actor indicó que no aceptaría volver a trabajar como Pablo Escobar, principalmente porque la serie se enfocó en todos los aspectos de la vida del capo y ya no habría nada relevante que mostrar.

“No, es que, ya que más vamos a hacer. Sería como Escobar Zombi, sería muy raro eso. (otros proyectos), es que hay unos con los que me he divertido más, como Chávez, porque yo estoy alejado de eso”, puntualizó el actor al respecto.

“Es falsa. Esa fotografía que sale en primera plana de (periódico) La Jornada. No corresponde a ninguna operación en México”, señaló la mandataria durante su conferencia diaria.

La gobernante mexicana se refirió así a una imagen publicada el jueves por la embajada de Estados Unidos en México en su cuenta de X, en donde cita otro posteo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) que relata el desmantelamiento de tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa, oeste de México.

De acuerdo con la publicación, la operación fue dirigida por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, certificado por la ICE y con apoyo de las Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar).

“El ICE HSI ha colaborado estrechamente con la FGR-AIC, DEFENSA y MARINA para identificar envíos de precursores de drogas procedentes de China y acabar con los laboratorios de producción de drogas operados por los cárteles en México”, señaló la publicación de la embajada estadounidense.

Asimismo, dijo que la colaboración entre ICE-HSI y el Gobierno de México ayuda a detener la producción de narcóticos desde su origen, evitando que drogas sean introducidas de contrabando a través de las fronteras.

Al respecto, Sheinbaum señaló que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se legisló para que ningún extranjero pudiera participar en algún operativo en territorio mexicano.

Asimismo, pidió aclarar de dónde salió la fotografía que publicó la embajada, al reiterar que “no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación”.

Insistió que con el gobierno de Estados Unidos hay “colaboración” y “cooperación” en el marco del respeto a la soberanía mexicana.

“No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo”, zanjó.

Señaló que en el caso del decomiso que publicó la Embajada, ocurrió por una denuncia que hizo la misma representación estadounidense en México.

“A partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado (en Estados Unidos)”, apuntó.

El tráfico de drogas ha sido un tema crítico entre México y Estados Unidos desde la llegada de Trump a su segundo mandato, pues el gobernante estadounidense ha aumentado la presión sobre México, al asegurar que no hace lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, especialmente fentanilo.

Asimismo, Washington incluyó en la lista oficial de terrorismo a seis grupos del narcotráfico de México: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos. EFE

(foto)(video)

Iván Archivaldo Guzmán escapó por un túnel en Culiacán durante un operativo federal a inicios de 2025, dejando atrás celulares, fotos familiares y armas. El líder de Los Chapitos sigue eludiendo a las autoridades mexicanas, pese a una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza.

Un armario en el baño reveló el secreto. Detrás de él, fuerzas especiales mexicanas encontraron la boca de un túnel que se extendía por tres cuadras hasta una casa deshabitada, según reveló el Wall Street Journal.

El hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actual líder del brazo más poderoso del Cártel de Sinaloa, se fugó a pocos instantes de que las tropas entraran a la vivienda, según reveló un funcionario mexicano involucrado en el operativo, también citado por el medio estadounidense.

Un escape que recordó a las técnicas de su padre

La operación comenzó tras la detención de tres miembros cercanos al círculo de Guzmán: uno de los pilotos de mayor confianza y dos tenientes de su equipo de seguridad. Fueron ellos quienes llevaron a las autoridades a la casa en Culiacán. La vivienda parecía normal, pero ocultaba blindajes de acero y pasadizos que recuerdan los métodos de su padre.

Cuando los 15 miembros de las fuerzas especiales llegaron a la entrada, el ariete no logró romper la puerta: estaba compuesta por capas de acero reforzado. Fue necesaria una embestida con un vehículo blindado para derribarla. En el interior, encontraron teléfonos desechables, computadoras portátiles, fotos de familia y artículos deportivos, según reveló el funcionario al WSJ.

Más adentro, una segunda puerta blindada protegía una habitación con armamento de grado militar. Y luego, el baño. Allí, detrás del gabinete, se abría el túnel. La estructura, lo suficiente alta como para caminar erguido, se extendía por tres manzanas hasta una vivienda deshabitada, según confirmó el funcionario al periódico estadounidense.

Guzmán, de 41 años, desapareció entre las sombras de la ciudad apenas unos minutos antes de que los agentes ingresaran.

Su persecución, una tarea complicada

El episodio recuerda los métodos usados por su padre. En 2015, El Chapo escapó del penal del Altiplano a través de un túnel con rieles y una motocicleta adaptada. En 2016, durante su captura final en Los Mochis, huyó por un pasadizo detrás de un espejo hasta salir por un desagüe. Ahora, su hijo repite el patrón, con la misma efectividad.

Esta fuga no solo fue producto de infraestructura. Culiacán es territorio blindado para Guzmán, donde, lo que el medio describió como “una legión de sicarios”, ayuda a la existencia de círculos de seguridad.

Según funcionarios mexicanos, su estructura de seguridad incluye escoltas y una red de informantes civiles como vendedores ambulantes.

Para eludir la inteligencia, Guzmán no realiza llamadas telefónicas y evita reunirse con su familia inmediata, según declaró un oficial mexicano. Este nivel de precaución ha permitido que el narcotraficante continúe operando, a pesar de que el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) lo considera uno de los principales traficantes de fentanilo en el mundo.

En 2019, fue él quien coordinó una movilización armada que obligó al ejército mexicano a liberar a su hermano Ovidio Guzmán, tras una captura fallida en Culiacán. En esa ocasión, decenas de sicarios sitiaron la ciudad.

Ovidio fue capturado de nuevo en 2023 tras un enfrentamiento que dejó más de 150 sicarios y 10 soldados muertos, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se espera que alcance un acuerdo judicial.

La persecución del heredero del imperio de Sinaloa ha demostrado ser una tarea complicada. En su bastión, Iván Archivaldo cuenta con una protección excepcional, tanto logística como comunitaria, tejida con lealtades que trascienden generaciones.

En un esfuerzo por combatir las operaciones financieras ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el Gobierno de México ha iniciado al menos 17 juicios de extinción de dominio en los últimos cinco años.

Estos procesos, llevados a cabo en Juzgados de Distrito especializados en la Ciudad de México, están relacionados con bienes muebles e inmuebles en Baja California que presuntamente están vinculados a actividades delictivas, como el lavado de dinero.

En algunos casos, las autoridades han logrado adjudicarse los bienes, mientras que en otros los litigios continúan o han sido declarados improcedentes debido a errores en los procedimientos legales.

Las acciones tomadas por el gobierno

Los bienes que el Estado mexicano busca confiscar ascienden a más de 1.5 millones de dólares estadounidenses y más de 2.2 millones de pesos mexicanos. Estos montos corresponden a recursos que, según las investigaciones, provendrían de actividades ilícitas o estarían destinados a facilitar dichas operaciones.

La cifra se desprende de un análisis realizado por ZETA Tijuana, que cruzó datos de los Juzgados federales en materia de extinción de dominio y la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la publicación de edictos que emplazan a posibles reclamantes de estos recursos.

Uno de los casos más destacados en este contexto es el de Rodolfo Juan Yépez Ortiz, conocido como “El Rodo” o “El Rudo”, hermano de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Según detalló la misma fuente, las autoridades lograron confiscar 50 mil dólares estadounidenses y 41 mil pesos mexicanos en efectivo durante la detención de Yépez Ortiz en un retén ubicado en Mexicali, Baja California. Este numerario ya ha sido adjudicado al Gobierno tras vencer en el juicio de extinción de dominio correspondiente.

El caso de “El Rodo” no sólo destaca por su conexión con uno de los cárteles más notorios del país, sino también por ser un ejemplo de cómo las autoridades están utilizando los procesos legales para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

La extinción de dominio permite al Estado apropiarse de bienes vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de compensar a los propietarios, siempre y cuando se demuestre su relación con el delito.

Otro caso relevante involucra a una pareja de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, quienes presuntamente resguardaban cerca de 2 millones de pesos mexicanos en su domicilio.

El alcance de los juicios de extinción de dominio en México

Los juicios de extinción de dominio se han convertido en una herramienta clave para el Gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Según explicó ZETA Tijuana, estos procesos permiten al Estado confiscar bienes que se presumen relacionados con actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la corrupción.

Sin embargo, no todos los casos han resultado exitosos. En algunos, los procedimientos han sido declarados improcedentes debido a errores en los señalamientos o en el actuar de las autoridades ministeriales.

Además, la publicación destacó que los bienes sujetos a extinción de dominio no se limitan a dinero en efectivo, sino que también incluyen propiedades inmuebles, vehículos y otros activos que podrían haber sido utilizados para facilitar actividades delictivas. La complejidad de estos casos radica en la necesidad de demostrar la conexión entre los bienes y las actividades ilícitas, un proceso que puede prolongarse durante años en los tribunales.

La recuperación de bienes vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas representa un golpe significativo para las finanzas de las organizaciones criminales. Los errores en los señalamientos o en la actuación de los ministerios públicos pueden resultar en la pérdida de casos clave, lo que subraya la importancia de fortalecer las capacidades institucionales en esta área.

En el caso de Baja California, una región históricamente afectada por la presencia del crimen organizado, los juicios de extinción de dominio representan una oportunidad para debilitar las estructuras financieras de los cárteles y otros grupos delictivos. No obstante, el camino hacia la recuperación de estos recursos sigue siendo complejo.

El pasado 19 de abril se anunció la captura de Iván Fernando Zepeda, conocido como "El 4-40″, quien fue arrestado en el municipio de Hermosillo, Sonora, en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Zepeda era considerado un elemento de alto perfil dentro de una célula criminal asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en los municipios de Nogales e Ímuris, en el estado de Sonora.

El operativo se realizó en Bahía de Kino, una localidad costera de Hermosillo en la que “El 4-40 vivía con su pareja y cuatro menores de edad.

Quién es el 4-40

Aunque no existe mucha información respecto a su vida criminal, Harfuch mencionó durante la mañanera del pueblo que entre los avances de la estrategia nacional de seguridad han sido detenidas 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto entre los que figura Iván Fernando Zepeda.

Infobae México documentó que Iván Fernando Zepeda, además de ser considerado como sujeto de alto perfil en los municipios de Nogales y Ímuris, también estaba bajo el mando de un líder criminal actualmente recluido.

Del cinco de febrero al 20 de abril, en el norte del país se han detenido a 2 mil 582 personas en el marco del operativo Frontera Norte, en el que también se incautaron armas de fuego y drogas.

El estado de Sonora es un territorio disputado por varias organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Caborca y, más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta región ha sido escenario de enfrentamientos y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos.

Otro factor clave detrás de la violencia en Sonora son las divisiones internas dentro del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Las luchas por el control de territorios y rutas de tráfico han intensificado los enfrentamientos entre facciones rivales del cártel, lo que ha contribuido al aumento de los homicidios en el estado.

La violencia desatada en Sonora

El Cártel de Sinaloa, que históricamente ha dominado el narcotráfico en la región, enfrenta una fragmentación interna que ha debilitado su estructura y generado conflictos entre sus líderes. Estas disputas no solo afectan a los miembros del cártel, sino que también tienen un impacto devastador en las comunidades locales, que quedan atrapadas en medio de la violencia.

El tercer frente criminal que agrava la situación en Sonora es la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su agresividad y su capacidad para desafiar a otros grupos criminales.

De acuerdo con InSight Crime, el CJNG ha lanzado una ofensiva en el estado con el objetivo de ganar terreno y controlar rutas estratégicas para el tráfico de drogas.

La llegada del CJNG a Sonora ha intensificado los enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa y otros grupos locales, lo que ha contribuido al aumento de la violencia. Este cártel, que opera en varias regiones de México, busca consolidar su presencia en el noroeste del país, una zona clave para el narcotráfico debido a su proximidad con la frontera estadounidense.

La violencia en Sonora no sólo se refleja en las cifras de homicidios, sino también en la creciente crisis de desapariciones forzadas.

Las familias de las víctimas, como las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, enfrentan una lucha constante por encontrar a sus seres queridos y obtener justicia.

En este contexto, el llamado de Cecilia Patricia Flores Armenta a los líderes criminales destaca la desesperación de las comunidades afectadas.

En febrero de este año, una narcomanta firmada por el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) apareció en una preparatoria de Hermosillo, anunciando una “limpia” en la región. El hecho evidenció la creciente presencia de grupos criminales en el estado y la lucha por el control territorial.

El pasado sábado 19 de abril, un hecho de violencia irrumpió en el Estadio Nemesio Diez, durante el partido entre Toluca y Cruz Azul, cuando un aficionado fue captado en video amenazando de muerte a otros asistentes, asegurando tener vínculos con grupos delictivos.

El sujeto fue identificado como Rolando “N”, quien se ostenta como médico cirujano, y fue detenido días después por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los hechos ocurrieron en las gradas del estadio cuando Rolando “N” y un acompañante iniciaron una confrontación verbal con otros aficionados. El hombre, visiblemente alterado, presumía vínculos con la Familia Michoacana mientras lanzaba amenazas. En el video difundido ampliamente en redes sociales, se escucha cuando dice: “Te voy a enviar a todo el puto narco de Michoacán”.

Las imágenes generaron indignación entre los usuarios de redes, quienes exigieron a las autoridades actuar de inmediato. La respuesta llegó este martes, cuando la Fiscalía del Edomex confirmó la detención de Rolando “N” a través de un comunicado oficial.

“Elementos de la Fiscalía del Edoméx detuvieron a Rolando ‘N’, quien se ostenta como médico cirujano y es investigado por diversos hechos posiblemente constitutivos de delito, entre ellos los registrados el pasado fin de semana en el estadio Nemesio Diez durante el partido de fútbol entre los equipos de Toluca y Cruz Azul”, informó la dependencia.

Una denuncia ciudadana detalló cómo ocurrieron los hechos dentro del estadio: “Fuimos amenazados públicamente en el partido de fútbol Toluca-Cruz Azul en la Bombonera en Toluca por este sujeto. Todo marchaba bien hasta que empezó a agredir al staff, a los aficionados ya adolescentes, gritando que les mandaría al cártel de la Familia Michoacana. Iba alcoholizado, acompañado de su hermano y con actitud agresiva”.

El video muestra que, al ser retirado del estadio, Rolando “N” se dirige directamente a la persona que grababa y lanza la amenaza que luego generaría su localización. A través de redes sociales, algunos usuarios lo identifican como un neurocirujano de Toluca, reconociéndolo por fotografías previas en Facebook.

A raíz de esta información ciudadana, la FGJEM logró su ubicación y captura tres días después. Además, la dependencia informó que el detenido enfrenta otras investigaciones por su presunta participación en actos ilícitos, aunque no se han revelado detalles sobre los mismos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si permanecerán en prisión preventiva o enfrentarán cargos en libertad. La investigación continúa para aclarar su posible relación.

El 8 de septiembre de 1931 se grabó el primer registro de un narcocorrido, fue compuesto y cantado por José Rosales y hablaba de la muerte de Pablo González “El Pablote”, un capo que dirigía el tráfico de sustancias ilícitas a Estados Unidos desde Ciudad Juárez. Para trazar la red delictiva actuó con ayuda de Ignacia Jasso, apodada “La Nacha”.

El corrido titulado El Pablote cuenta cómo él y su cómplice, al hostigar a un policía, mató al violento e irascible capo. La última estrofa dice:

“El domingo por la tarde

lo llevaron a enterrar

y la Nacha, ante el cadáver,

cómo lo había de dejar."

Con esta última parte la canción de El Pablote no es sólo el primer registro de un corrido dedicado a un narcotraficante, también es la primera mención de una mujer en los narcocorridos.

Años después, en 1935, se compuso otro narcocorrido llamado El corrido del hampa, esta es una canción larga de muchas estrofas en honor a delincuentes, muchos cuyo nombre ha quedado perdido en las investigaciones.

El corrido del hampa empieza hablando del contexto de crimen y prostitución que había en Ciudad Juárez y el destino de varios que han intentado dedicarse al bajo mundo y fracasado con huidas o muerte. Posteriormente menciona varios nombres, como el de Enrique Fernández, y otros que no se pueden identificar con facilidad pero, por los actos violentos comentados en los que se encuentran implicados y el contexto de la canción, es presumible que son delincuentes.

La oda aprovecha para comentar el dolor de los habitantes por la muerte de un capo que construyó escuelas y también critica la corrupción de las autoridades. Luego menciona a Ignacia Jasso:

“También La Nacha mentada,

que ha sido una hembra muy fina,

la ley no la ha desterrado,

siempre en Juárez se ha quedado

traficando la morfina."

El corrido prosigue diciendo que, si la ley se aplicara debidamente y las autoridades rechazaran los sobornos, la cárcel estaría llena. La última estrofa menciona que, para acabar con los criminales, Ciudad Juárez necesita de hombres entregados a combatir el vicio como el Mayor Dosamantes. Ignacio Dosamantes fue un miembro de las fuerzas públicas comisionado en junio de 1928 para acabar con las mafias pero fue asesinado en El Paso en noviembre del mismo año presuntamente por Fernández.

¿Quién fue “La Nacha” Jasso?

Ignacia “La Nacha” Jasso fue una de las primeras figuras destacadas del tráfico de drogas en México. De origen duranguense, operó en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez durante las décadas de 1930 y 1940. Es reconocida como una de las pioneras en la organización y estructura del narcotráfico en el país. Muchas de las tácticas que ella implementó se siguen usando por los cárteles actuales. Murió el 10 de enero de 1982.