El líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que empresas mineras operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a los trabajadores. Durante la 44 Convención Nacional del sindicato, celebrada ayer, el dirigente advierte que las acciones de estas empresas representan “una violación total no sólo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral”. Gómez Urrutia señala que estas prácticas afectan a yacimientos en varios estados y solicita la cancelación de concesiones y registros sindicales para proteger a los empleados y sus familias de riesgos graves, como amenazas de muerte.

A las denuncias en la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas y operada por la firma Orla Mining, se agrega el involucramiento de otros consorcios del sector que habrían replicado este modelo. Gómez Urrutia afirma que al menos tres empresas de capital canadiense —Plata Panamericana en Zacatecas, Américas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold en Guerrero— operan con impunidad y recurren de manera sistemática a grupos armados. Estos grupos, indica, fuerzan la intervención en asambleas y condicionan las votaciones sindicales, forzando la deserción de los trabajadores del Sindicato Nacional Minero.

El dirigente expresa la gravedad del fenómeno, resaltando que Canadá concentra cerca de 70% de la inversión extranjera en la minería mexicana. Subraya que existe una tendencia al uso de “sindicatos blancos, hechos casi narcosindicatos”, los cuales, según describe, son operados o protegidos por organizaciones criminales para debilitar la representación auténtica de los sindicatos. Gómez Urrutia advierte que hay al menos tres empresas más involucradas que actúan “totalmente en la impunidad”.

En la convención nacional del gremio minero, Gómez Urrutia señala que el sindicato solicita formalmente a la Secretaría del Trabajo retirar la concesión minera a Orla Mining debido a las presuntas violaciones laborales y a su negativa de permitir a los trabajadores el ejercicio de sus derechos de libertad y democracia sindical. También exige el retiro del registro del sindicato patronal relacionado con esta operación, al considerar que los mecanismos de presión y amenazas constituyen un riesgo para la seguridad y vida de los empleados.

El diputado federal con licencia sostiene que dejar impune esta estrategia sentaría “un precedente muy negativo” e incentiva que otras empresas mineras recurran igualmente a la delincuencia organizada y sindicatos afines a las patronales para mantener el control laboral. El gremio pide que sean canceladas las concesiones y retirados los registros a estos grupos para detener la intromisión criminal y devolver a los trabajadores las garantías laborales establecidas en la ley.

Durante el encuentro, Gómez Urrutia reitera que el sindicato documenta más casos de agresiones, intromisiones en la vida sindical y “deserción forzada” impulsada por presión directa de la delincuencia organizada, a pedido o con la tolerancia de los consorcios mineros. Los trabajadores, asegura, han recibido amenazas de muerte y otros tipos de intimidaciones para obligarlos a votar en contra del sindicato independiente.

El dirigente indica que la presión creciente sobre el personal busca expulsar al Sindicato Nacional de Mineros de las minas más rentables del país y sustituirlo por agrupaciones sindicales controladas por los empleadores, a fin de debilitar la negociación colectiva y los derechos laborales. Gómez Urrutia reafirma que se busca intervención directa de la autoridad federal para frenar la escalada de violencia y devolver la normalidad a la vida sindical en el sector.

El sindicato prioriza, según dijo, la seguridad de los trabajadores y la restitución del marco legal, señalando que la presencia de organizaciones criminales en las operaciones mineras representa un peligro latente, no solo para el gremio sino también para las comunidades de las zonas de extracción. El líder minero sostiene que las autoridades laborales deben responder con la cancelación de concesiones y la expulsión de sindicatos patronales como única forma de garantizar la integridad y derechos del personal minero en el país.

• Denuncian empresas mineras que operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a trabajadores.
• Solicitan cancelar concesiones y retirar registros sindicales a compañías implicadas, como Orla Mining, Plata Panamericana, Américas Gold and Silver y Torex Gold.
• Afirman que Canadá controla cerca de 70% de la inversión minera extranjera en México y que la intimidación incluye amenazas de muerte al personal.

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Confirman hallazgo de tres cuerpos en fosas clandestinas de Los Cabos

En las inmediaciones de la presa San Lázaro, en Los Cabos, autoridades estatales localizaron tres cuerpos en fosas clandestinas tras un aviso recibido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y colectivos de familiares.

El hallazgo ocurrió luego de que especialistas de la Dirección de Servicios Periciales procesaron dos inhumaciones clandestinas en la zona. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para iniciar los protocolos de identificación correspondientes.

Peritos anunciaron que se realizarán pruebas genéticas y análisis científicos para lograr una identificación plena de las víctimas. El objetivo es dar certeza a las familias en el proceso de investigación.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con colectivos y autoridades para avanzar en las indagatorias y garantizar certidumbre a quienes buscan a sus familiares.

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Tras riña, detienen en a hombre con rifle exclusivo de las fuerzas armadas en Nezahualcóyotl

En la colonia Impulsora del municipio de Nezahualcóyotl, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la policía municipal detuvieron a un hombre por su posible participación en delitos vinculados con la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Durante acciones de patrullaje, los oficiales detectaron una riña y al intervenir observaron que un individuo abordó un vehículo para retirarse del lugar.

La intervención derivó en la inspección del vehículo, donde los policías estatales localizaron un arma larga tipo AR-15 y cargadores abastecidos con cartuchos calibre .223 milímetros debajo del asiento del copiloto.

En el sitio, las autoridades aseguraron también otro vehículo aparentemente relacionado con los hechos.

El detenido, identificado como Brayan “N”, de 30 años, fue informado de sus derechos conforme a la ley. Junto con el arma asegurada y los vehículos, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Texcoco.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido y esclarecer la relación de los indicios asegurados con los hechos reportados en Nezahualcóyotl.

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La acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa en el sistema judicial de Estados Unidos, refuerza el extenso historial de mandatarios estatales mexicanos implicados por corrupción y narcotráfico.

Los casos de los mandatarios del más alto nivel evidencian un patrón donde el poder político en varias entidades ha servido como vía directa para el crimen organizado, provocando extradiciones, sentencias y procesos abiertos tanto en México como en el extranjero.

Genaro García Luna: 38 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos

El caso más reciente y emblemático es el de Genaro García Luna, quien entre 2006 y 2012 encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal. En febrero de 2023, un jurado en Brooklyn lo encontró culpable de cinco cargos, incluyendo empresa criminal continua, conspiración para distribuir toneladas de cocaína y mentir a autoridades migratorias al solicitar la nacionalidad estadounidense. La evidencia presentada en su contra demostró que, siendo director de la Policía Federal y de la AFI, aceptó millones de dólares del Cártel de Sinaloa para garantizar impunidad a cambio de protección y filtración de información.

El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan le impuso 38 años y 8 meses de prisión (460 meses), junto con una multa de USD 2 millones. Lo definió como funcionario que “llevó una doble vida”. Ahora cumple condena en la prisión federal ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde están reclusos personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó frenar su apelación. Su posible liberación solo podría ocurrir el 20 de mayo de 2052. En México todavía enfrenta causas abiertas, aunque no puede regresar por su comprobada relación con el crimen organizado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca: orden de captura vigente y residencia en Estados Unidos

La presunta relación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con el crimen organizado y el financiamiento político ilícito lo ha colocado bajo el escrutinio de autoridades federales mexicanas y agencias extranjeras. En 2007, un memorandum diplomático estadounidense, citado por el político Alejandro Rojas Díaz Durán, alertaba que Cabeza de Vaca, siendo alcalde de Reynosa, habría financiado la campaña presidencial de Felipe Calderón con recursos del Cártel del Golfo y posiblemente de Joaquín Guzmán Loera. El documento además sugiere una investigación abierta en Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

La FGR lo acusa formalmente de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene que desvió recursos públicos y facilitó la introducción ilegal de combustibles en lo que se conoce como “huachicol fiscal”.

El 24 de febrero de 2026, la SCJN revocó un amparo previamente concedido, reactivando la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que consolidó su condición de prófugo. Aunque reside en Estados Unidos desde 2022, donde no ha sido detenido, México ha emitido solicitud de extradición, sin que hasta mayo de 2026 se concrete el procedimiento. El exgobernador y el PAN denuncian persecución política, acusando represalias del gobierno federal, mientras se mantiene como prófugo de la justicia mexicana.

Tamaulipas: epicentro de gobernadores con vínculos criminales

Tamaulipas sobresale como entidad donde tres exgobernadores enfrentaron procesos relacionados con el narcotráfico:

Tomás Yarrington, gobernador entre 1999 y 2005, fue detenido en Italia en 2017, extraditado a Estados Unidos y condenado a nueve años de cárcel por lavado de dinero. De acuerdo con el testimonio de un miembro del Cártel del Golfo, Yarrington facilitó el tráfico de drogas a través del estado y recibió sobornos millonarios. En abril de 2025, tras cumplir parte de su sentencia en Estados Unidos, fue deportado a México e ingresado al penal del Altiplano, donde enfrenta cargos adicionales por delitos contra la salud.

El sucesor de Yarrington, Eugenio Hernández Flores, también fue investigado por agencias estadounidenses, señalamientos que lo vinculan con sobornos otorgados por Los Zetas para operar sin restricciones en Tamaulipas. En diciembre de 2025, obtuvo un amparo para frenar de manera inmediata su extradición, aunque continúan vigentes acusaciones en México por peculado, lavado de dinero y fraude bancario adjudicado a empresas ficticias.

Mario Villanueva: primer gobernador sentenciado en Estados Unidos por lavado ligado al narco

La trayectoria del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, ilustra el uso del aparato estatal para blindar rutas ilícitas. En los noventa autoriza el flujo de armas y droga procedente de Colombia al consolidar la entidad como corredor clave para operaciones trasnacionales. Tras cumplir una condena en el penal de Almoloya, en 2013 una corte en Estados Unidos lo condena a 17 años de prisión culpable de lavado de dinero, estableciendo un precedente sobre la capacidad del poder estatal para brindar protección institucional a redes del narco.

Jorge Torres López: contratos públicos y sobornos en Coahuila

En el norte del país, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, admitió ante cortes estadounidenses haber realizado transacciones ilícitas para ocultar sobornos —vinculados a contratos de obra pública, principalmente en construcción de carreteras—. Fue identificado como uno de los fugitivos más buscados por la DEA hasta su captura en 2019. Posteriormente, fue condenado en Texas por el delito de lavado de dinero relacionado con recursos públicos desviados.

Édgar Veytia: el “Diablo” de Nayarit, entre cárceles de Estados Unidos y litigios civiles

La historia de Édgar Veytia, conocido como “El Diablo”, muestra la colusión directa entre fiscalías estatales y el tráfico de drogas. Durante su periodo al frente de la fiscalía de Nayarit (2012-2017), usó su cargo para proteger al Cártel de los Beltrán Leyva, específicamente al ala del “Cártel H-2”. De acuerdo con procesos judiciales abiertos en Nueva York, aceptaba sobornos mensuales cercanos a 2 millones de pesos a cambio de brindar protección y obstruir investigaciones en contra de los criminales.

Detenido en marzo de 2017 en San Diego, fue sentenciado en 2019 a 20 años de prisión por conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, así como proteger al crimen organizado y liberar a integrantes clave de su grupo aliado.

La situación de Veytia cambió en 2023 cuando decidió colaborar con autoridades estadounidenses. Durante el juicio contra García Luna, testificó en su contra revelando que altos mandos federales en México protegían a Guzmán Loera, mientras él lo hacía con agrupaciones enemigas. Gracias a esta colaboración, su sentencia fue reducida a 10 años, con liberación original para octubre de 2025.

Sin embargo, desde febrero de 2025, la información del Buró Federal de Prisiones muestra que abandonó la custodia federal. Esto sugiere su liberación anticipada o inclusión en el programa de protección a testigos. Al mismo tiempo, en marzo de 2025, cinco familias nayaritas lo demandaron civilmente en una corte federal estadounidense, acusándolo de tortura en el periodo conocido como “El terror de Nayarit”. En México existen órdenes de extradición vigentes por secuestro y extorsión, pero la FGR no ha concretado su entrega.

El sistema político como vía al narco: una radiografía a mayo de 2026

El patrón que se observa hasta mayo de 2026 revela un ciclo donde exgobernadores y altos funcionarios en México operan en la frontera difusa entre el Estado y el crimen organizado. De García Luna en una prisión federal estadounidense a Cabeza de Vaca en condición de prófugo y los juicios abiertos a Yarrington, Hernández, Villanueva, Torres López y Veytia, la narcopolítica mexicana ha dejado una secuela de extradiciones, sentencias y procesos que cruzan jurisdicciones nacionales.

Destaca que, además de los procesos penales y las condenas, varios de los exmandatarios mencionados han buscado refugio legal y político en Estados Unidos, donde solo algunos han enfrentado la justicia. El presente inmediato para la justicia mexicana está marcado por la imposibilidad, hasta ahora, de lograr la extradición de prófugos con amplios recursos legales y políticos a su alcance.

• Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrenta acusación judicial en Estados Unidos por supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa, en una constante de mandatarios implicados en narcotráfico.
• Genaro García Luna cumple una condena de 38 años y 8 meses en una prisión de máxima seguridad en Colorado por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.
• A mayo de 2026, varios exgobernadores —incluidos Yarrington, Hernández, Villanueva y Veytia— han sido sentenciados o continúan enfrentando procesos judiciales en México y Estados Unidos por delitos vinculados al crimen organizado.

La acusación presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos, ha sacudido el panorama político y de seguridad en México. Aunque el documento judicial se centra en delitos tradicionales de narcotráfico —conspiración para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, protección de cargamentos y filtración de información confidencial—, su verdadero alcance va mucho más allá de lo que está explícitamente escrito.

La acusación apunta al presunto vínculo entre autoridades estatales y el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, pero también revela, de forma indirecta, una transformación más profunda: la consolidación de un modelo de crimen organizado híbrido que combina narcotráfico, corrupción política y capacidades digitales avanzadas.

En apariencia, no hay rastro de ciberdelito en la acusación. No se mencionan hackeos, ransomware, phishing ni criptomonedas. Sin embargo, esa omisión no implica que estos elementos sean irrelevantes, sino que evidencia una brecha entre lo que puede probarse jurídicamente y lo que ya ocurre en la práctica criminal contemporánea. El narcotráfico del siglo XXI ha dejado de ser exclusivamente territorial y físico; hoy opera también en redes digitales, sistemas financieros descentralizados y plataformas clandestinas en línea.

Diversos informes de inteligencia y análisis de ciberseguridad coinciden en que organizaciones como el Cártel de Sinaloa han evolucionado hacia estructuras híbridas. Estas integran herramientas tecnológicas para ampliar su alcance y reducir riesgos. El uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero o Tether permite lavar ganancias de manera más eficiente y transfronteriza, mientras que la dark web se ha convertido en un canal para la venta directa de drogas. A esto se suma la contratación de hackers para tareas de vigilancia, espionaje y contrainteligencia, así como la colaboración con redes internacionales de ransomware y fraude digital. No se trata de actividades aisladas, sino de una estrategia de diversificación y sofisticación criminal.

Uno de los ejemplos más reveladores de esta evolución es el caso documentado en el que el Cártel de Sinaloa contrató a un hacker para acceder a registros telefónicos y sistemas de videovigilancia en la Ciudad de México. A través de esta intrusión, la organización logró rastrear a un funcionario del FBI, identificar a sus contactos y, en algunos casos, eliminar a posibles informantes. Este episodio ilustra cómo la inteligencia cibernética se ha convertido en un arma tan eficaz como la violencia física, permitiendo anticipar operativos, neutralizar amenazas y mantener el control territorial con mayor precisión.

En este contexto, la acusación contra Rocha Moya adquiere una dimensión más compleja. Si, como sostiene el DOJ, existió una red de protección institucional que facilitó las operaciones del cártel mediante filtración de información y uso de estructuras estatales, entonces no solo se habría permitido el narcotráfico tradicional, sino también la expansión de estas capacidades digitales. Un entorno de impunidad y debilidad institucional reduce significativamente la capacidad del Estado para investigar delitos cibernéticos, rastrear flujos financieros en criptomonedas o responder a ataques digitales que benefician a organizaciones criminales.

El uso de criptomonedas, en particular, representa una herramienta clave para sostener redes de corrupción a gran escala. A diferencia del efectivo, que implica riesgos logísticos y de detección, los activos digitales permiten transferencias rápidas, discretas y difíciles de rastrear sin capacidades técnicas especializadas. En este esquema, los sobornos pueden circular a través de wallets digitales, intermediarios o plataformas descentralizadas, reduciendo la exposición de los involucrados y facilitando la continuidad del sistema corrupto. Aunque la acusación menciona “sobornos cuantiosos”, no detalla los mecanismos utilizados, pero el contexto actual sugiere que las herramientas digitales podrían haber jugado un papel relevante.

La convergencia entre narcotráfico y cibercrimen también se refleja en las tendencias nacionales. México se ha posicionado como uno de los países más afectados por ransomware en América Latina, con ataques dirigidos a instituciones gubernamentales, hospitales y empresas privadas. Paralelamente, han aumentado los fraudes digitales, el phishing avanzado y las filtraciones de datos sensibles. Estos fenómenos no son ajenos al crimen organizado; por el contrario, en muchos casos forman parte de su estrategia de diversificación, generación de ingresos y obtención de inteligencia.

La posible captura institucional en estados clave como Sinaloa no solo compromete la lucha contra el narcotráfico, sino que debilita la capacidad del país para enfrentar amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. En un entorno donde las autoridades pueden estar cooptadas o presionadas, la investigación de delitos digitales se vuelve secundaria o inexistente, permitiendo que el crimen híbrido opere con mayor libertad.

El caso de Rocha Moya, por tanto, no debe analizarse únicamente como un episodio de corrupción o narcotráfico. Es un síntoma de una transformación estructural en la que el poder criminal se adapta, evoluciona y se infiltra en las instituciones utilizando tanto la violencia tradicional como herramientas tecnológicas de última generación. Si futuras investigaciones incorporan evidencia relacionada con criptomonedas, comunicaciones cifradas o intrusiones digitales, el caso podría escalar hacia un modelo más amplio de delincuencia organizada con implicaciones aún más graves.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la responsabilidad de un funcionario, sino la capacidad del Estado mexicano para enfrentar una amenaza que ya no distingue entre lo físico y lo digital. La línea entre gobierno y crimen, entre autoridad y complicidad, se vuelve cada vez más difusa en un escenario donde el narco no solo controla territorios, sino también datos, redes y sistemas. En ese terreno, la impunidad no solo se mide en toneladas de droga que cruzan la frontera, sino en la información que nunca se investiga y en los delitos que nunca llegan a ser nombrados.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

Un narco que era buscado por la Justicia Federal de Corrientes fue detenido este martes a la noche luego de que lo identificaran en un control vehicular por la Policía del Chaco.

Todo ocurrió el martes cerca de las 19:00 horas, cuando el hombre, de 30 años, se autoidentificó con el apellido Espíndola al ser interceptado por un control policial en la intersección de las avenidas Mañanez y San Martín, en la localidad chaqueña de General San Martín.

En el momento en que los efectivos policiales buscaron su identidad en el sistema de datos, descubrieron que se trataba de una persona que era buscada por la Justicia Federal de Corrientes. Asimismo, indicaron que estaba involucrado en una causa por narcotráfico.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, el sospechoso fue detenido inmediatamente en el lugar y se informó que permanecería incomunicado. Además, confirmaron el secuestro del teléfono personal de Espíndola.

Buscan a “La Marcia”, una líder narco acusada de dirigir una banda criminal

Marcia Daniela Giovanetone, de 37 años, permanece prófuga y es señalada por la Justicia Federal como líder de una organización narco con operaciones en los partidos bonaerenses de Luján y General Rodríguez. La investigación asegura que, durante una década, la acusada habría recaudado millones de pesos, lo que le permitió adquirir tres inmuebles valuados en USD 280.000 y seis vehículos, algunos de alta gama, por un total de USD 150.000.

A pesar del presunto crecimiento patrimonial, entre 2015 y 2022, se confirmó que Giovanetone accedió a planes sociales. En 2015 obtuvo un beneficio del Banco Nación, desde 2016 hasta 2022 recibió el Plan Progresar y la Asignación Universal por Hijo; además, en 2022 fue beneficiaria del refuerzo de ingresos y del Programa Hogar (Garrafa). Según la Justicia Federal, ni ella ni su entorno registraron actividad comercial alguna en los registros de ARCA.

“La Marcia”, como es conocida en el barrio Ameghino de Luján, no tiene residencia fija desde 2016, año en que fue detenida por primera vez por venta de drogas. De acuerdo con una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, habría involucrado a toda su familia en el negocio.

El grupo se consolidó en una vivienda ubicada en la calle Darwin, donde residía con su pareja, Carlos Alberto “El Rubio” Salas. La propiedad fue allanada reiteradamente y funcionaba como base operativa del clan. Allí, una pared con un agujero conectaba la casa principal con el principal bunker de venta de cocaína, donde se comercializaban dosis fraccionadas a consumidores de bajos recursos.

La organización fue ampliando su alcance mediante la incorporación de nuevos vendedores y transportistas, quienes distribuían la droga en barrios y ciudades cercanas. Los puntos de venta estaban protegidos por sistemas de cámaras de circuito cerrado, monitoreados remotamente por Giovanetone desde televisores, tablets y celulares.

La acusada es investigada, además, por lavado de activos y amenazas a vecinos y policías, así como por el abuso de armas. Pese a haber sido detenida en varias ocasiones, siempre recuperó la libertad. Su última fuga ocurrió el 30 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a su mano derecha, Horacio Eduardo Arroyo, en Villa Soldati.

En tanto, su pareja fue capturada el 8 de marzo tras una pelea vecinal en la que se utilizaron armas de fuego. El arresto se concretó durante un allanamiento, donde se lo imputó por abuso de arma de fuego y tenencia de droga con fines de comercialización.

Durante la última semana, tras 12 allanamientos realizados por la Policía bonaerense, fue apresado Tomás “Tomy” Hernández, identificado como el hijo mayor de “La Marcia” y presunto administrador de puntos de venta.

También resultaron detenidos Diego Salas y Macarena Peralta, encargados de la distribución de cocaína y recaudación del dinero, junto a Facundo Santillán, señalado como responsable de proveer vehículos para el traslado de líderes y recaudadores. Todos los apresados, junto a otros vendedores, quedaron a disposición del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

Una semana después de que dos jóvenes de la localidad de Xalpatlahuac fueran privados de la libertad, familiares hallaron sus cuerpos sin vida en una fosa clandestina a las afueras de la comunidad, en las inmediaciones de instalaciones usadas por el crimen organizado. El hecho se suma a la reciente desaparición de siete hombres en la región Norte de Guerrero, donde la violencia y la ausencia de respuesta oficial profundizan la incertidumbre para familiares de víctimas.

Encuentran sin vida a Ruth Valle y Oswaldo Antonio, desaparecidos en Tecoanapa

El domingo 19 de abril, familiares de Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18, localizaron sus cuerpos en el paraje conocido como Las Antenas, cerca de campamentos improvisados de grupos criminales. La identificación ocurrió esa misma noche, tras una semana de búsqueda en caminos de terracería que conectan Xalpatlahuac y Chautipa. Ambos jóvenes fueron privados de la libertad el 12 de abril al desplazarse en motocicleta rumbo a una huerta de la zona.

Las condiciones en que fueron hallados los jóvenes dan cuenta del deterioro de seguridad en esta región de la Costa Chica, plagada por desapariciones, enfrentamientos e impunidad. Los cuerpos se encontraban en estado de descomposición. De acuerdo con familiares, ni el Servicio Médico Forense ni las autoridades estatales realizaron el levantamiento oficial de los cadáveres.

A 24 horas del hallazgo, las autoridades encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) no habían desactivado las fichas de búsqueda ni emitido posicionamiento público sobre el caso.

Campamentos criminales y hallazgo en zona de conflicto

El lugar donde familiares localizaron los cuerpos se encuentra a escasos 50 metros de un campamento clandestino. Elementos de la Policía Estatal y del Ejército aseguraron ese campamento el mismo domingo antes del hallazgo, localizando armas, drogas, indumentaria táctica y evidencia de actividad criminal en al menos tres sitios similares en la zona.

Las instalaciones, levantadas con ramas y bolsas de plástico, contenían chalecos tácticos, cargadores, cartuchos y otros objetos asociados a células armadas. No se reportaron detenciones.

Vecinos y familiares de las víctimas iniciaron rastreos en el área tras el aseguramiento de los campamentos, avanzando por horas entre caminos rurales y sembradíos antes de dar con la fosa. El procedimiento de recuperación de los restos quedó en manos de los propios familiares; hasta el cierre de esta nota, la intervención oficial seguía pendiente.

Más desapariciones en la región: siete hombres sin localizar en Atenango del Río

En paralelo al hallazgo de los jóvenes en Tecoanapa, otra desaparición colectiva sacude el estado. Siete hombres de tres familias desaparecieron la tarde del sábado 18 de abril en el municipio de Atenango del Río, cuando regresaban a sus domicilios tras la jornada de trabajo. Las víctimas salieron a las 17:30 y no volvieron.

Entre los desaparecidos se encuentran los hermanos Mario y Asunción Bello Escamilla —de 54 y 41 años— y los hijos de uno de ellos: Diego y Valente Bello Agustín, de 19 y 18 años. También faltan Sebastián Riquelme, Heriberto y Cristobal Pineda. Las familias presentaron denuncias ante la FGE, que emitió las fichas de búsqueda correspondientes.

La exigencia de los familiares hacia las autoridades estatales y federales es que empleen todos los recursos disponibles para la búsqueda y localización con vida de sus seres queridos. La zona permanece bajo clima de violencia, mientras crecen los reportes de desapariciones y la afectación a comunidades enteras.

Familiares asumen tareas de búsqueda y denuncian omisión institucional

El patrón que se repite en ambos casos es la participación directa de familiares y vecinos en las búsquedas ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades. En el caso de Ruth Valle Cruz y Oswaldo Antonio García, la no actuación del personal pericial y forense refuerza la percepción de abandono institucional en el acceso a la justicia y el derecho a recibir trato digno a sus víctimas.

En las comunidades de la Costa Chica y la región Norte de Guerrero, organizaciones civiles y familiares han reclamado mayor coordinación, recursos y presencia estatal para frenar la escalada de desapariciones.

En la zona operan células narco de Los Ardillos.

• Hallan los cuerpos de Ruth Valle Cruz y Oswaldo Antonio García en una fosa cerca de campamentos del crimen organizado en Xalpatlahuac, tras una semana desaparecidos.
• Siete hombres, miembros de tres familias de Atenango del Río, desaparecen el 18 de abril; hasta ahora siguen sin ser localizados ni se conocen avances en su búsqueda.
• La actuación de familiares en tareas de rastreo y levantamiento de cuerpos evidencia la omisión y lenta respuesta de autoridades estatales y forenses.

En un operativo realizado en la colonia Xamaipak, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades estatales y municipales repelieron una agresión armada al llegar a un inmueble señalado como casa de seguridad, lo que dejó como saldo dos personas muertas, dos lesionadas y el aseguramiento de armamento y vehículos.

El despliegue se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia en los que participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, quienes ubicaron el inmueble presuntamente utilizado por un grupo delictivo.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al punto, los elementos fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en el lugar. Tras el enfrentamiento, dos de los agresores fueron abatidos y dos más resultaron heridos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Pueblo de Chiapas, las dos personas lesionadas reciben atención médica bajo custodia, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar su posible relación con los hechos.

En el sitio fueron aseguradas seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos, los cuales presuntamente están vinculados con la célula criminal que operaba en la zona.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.

(Información en proceso)

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Detienen a 7 personas tras cateos por delitos contra la salud y homicidio en Guanajuato

Siete personas fueron detenidas en León tras operativos realizados la madrugada del este sábado 18 de abril en cuatro puntos de la ciudad, según informes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Las acciones, coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ejército Mexicano, derivaron de denuncias anónimas y se concentraron en las colonias Flores Magón, Villa Esmeralda, Brisas del Campestre y San José de la Joya.

Estas detenciones no estarían relacionadas ente sí.

En los cateos, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, básculas grameras, dinero en efectivo, once celulares, un vehículo y una motocicleta con alteraciones. Además, se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio.

La Fiscalía señaló que la participación ciudadana permitió dirigir los cateos y lograr la detención de los presuntos responsables, así como el decomiso de narcóticos y objetos relacionados con actividades delictivas en la ciudad.

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Vinculan a proceso a un hombre detenido con 700 mil pastillas de fentanilo en Baja California

Un juez vinculó a proceso a un hombre identificado como José “N” por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras haber sido detenido en Mexicali con 700 mil pastillas de fentanilo y más de 10 kilos de la sustancia en polvo.

La Fiscalía General de la República reportó que la detención ocurrió cuando el imputado intentaba abordar una camioneta con compartimiento oculto, donde se halló la droga.

El aseguramiento se realizó en el cruce de Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas.

Elementos de la Policía Municipal pusieron a disposición al detenido tras recibir un Informe Policial Homologado que permitió la intervención de autoridades federales.

Según la FGR, la camioneta trasladaba cinco costales de tela obscura con el estupefaciente.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California presentó los datos de prueba que sustentaron la medida cautelar de prisión preventiva y el plazo de tres meses para investigación complementaria.

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SSP Chiapas niega detención arbitraria tras señalamientos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo negó la detención arbitraria de un hombre en Siltepec, después de que circularan señalamientos en redes sociales sobre el caso. La dependencia estatal señaló que el pasado 8 de abril, durante patrullajes, una persona pidió auxilio tras ser despojada de 5 mil pesos en efectivo.

Elementos estatales implementaron un operativo y detuvieron en flagrancia a Elías “N”. En el aseguramiento, los agentes decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador con 7 cartuchos útiles y la cantidad de dinero reportada.

La SSP afirmó a través de un comunicado que puso a disposición de las autoridades los objetos asegurados y al detenido, y reiteró su compromiso de actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, con respeto a los derechos humanos.

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Detuvieron en Quintana Roo a un ciudadano húngaro de 48 años de edad que era considerado uno de los delincuentes más buscados de Europa.

János Balla, alias“ Dániel Takács”, cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, así como ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol.

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Una mujer fue asesinada en Azcapotzalco

Una movilización Policiaca se vivió en la Colonia San Sebastián en la Alcaldía de Azcapotzalco tras el reporte de una mujer asesinada con disparos de arma de fuego en la Cerrada 5 de Mayo y Privada Acálotenco.

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó esta mañana en su cuenta de X que derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Detalló que el detenido cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol. Esta detención fue una operación coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, así como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

János Balla, alias “Dániel Takács”, es un ciudadano húngaro de 48 años, que fue detenido en un operativo en Quintana Roo. Las autoridades mexicanas actuaron con base en una orden de arresto por tráfico de estupefacientes vigente en Hungría. Además, Balla figura en una ficha roja de Interpol y registra una orden de arresto europea de Europol. Es identificado entre los 10 objetivos más buscados de Europa.

A partir del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la zona de movilidad de János “N” en el municipio de Benito Juárez, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención en la avenida Politécnico.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa.

Cabe señalar que el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, así como ficha roja de Interpol y orden de arresto europea emitida por Europol; además, es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de fortalecer la coordinación con autoridades locales e internacionales, en el marco del respeto a la soberanía y el Estado de derecho, para detener a personas requeridas por la justicia en otros países.

Reiteró la cooperación entre instituciones para lograr la efectiva detención debiddo a la coordinación entre la SSPC, la FGR, la Semar, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el INM y la SSC de Quintana Roo permitió la captura tras un intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría. Los trabajos de inteligencia localizaron sus desplazamientos en el municipio de Benito Juárez, lo que llevó a un operativo en la avenida Politécnico para concretar la detención.

La persona detenida fue informada de sus derechos y transferida al Instituto Nacional de Migración, que determinará su trámite migratorio y coordinará el proceso de deportación controlada a Europa.

Según las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad, la acción es resultado de los mecanismos de cooperación internacional y se mantendrá la colaboración con autoridades locales e internacionales para detener a individuos buscados por la justicia en otras naciones.

• János Balla, alias “Dániel Takács”, figura entre los 10 objetivos más buscados en Europa por tráfico de estupefacientes y fue detenido en Quintana Roo.
• En la captura participaron la SSPC, FGR, Semar, Defensa Nacional, Guardia Nacional, INM y SSC estatal, con apoyo de agencias de seguridad húngaras.
• El procedimiento incluyó la puesta a disposición del INM para gestionar la deportación controlada del detenido hacia Europa.

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Secretaría de Marina y otras autoridades detienen a 16 personas en CDMX, Edomex y Morelos

En el marco de las operaciones de seguridad y vigilancia desarrolladas en la Región Naval Central, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo diversas acciones operativas en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, logrando en un solo día la detención de 16 personas, por su probable participación en diversos delitos.

Como resultado de estas acciones, se aseguraron aproximadamente 349 dosis de presunta cocaína, 205 dosis de presunta metanfetamina, 140 dosis de presunta marihuana, además de un frasco y cinco bolsas con características similares a esta droga, así como ocho bolsas con características similares a la metanfetamina. De igual forma, se aseguraron seis vehículos y una motocicleta presuntamente relacionados con hechos delictivos, dos armas de fuego, un cargador y seis cartuchos útiles.

Las acciones operativas incluyeron la ejecución de órdenes de cateo en coordinación con autoridades ministeriales, la atención a denuncias ciudadanas, recorridos de patrullaje terrestre y la implementación de dispositivos de seguridad perimetral durante operativos interinstitucionales, fortaleciendo la presencia y capacidad de respuesta en zonas prioritarias.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que permitirá la realización de ciertas transferencias de fondos a CIBanco S.A. para finalizar su proceso de liquidación luego de que fue sancionado el 25 de junio de 2025 por presunto lavado de dinero para el narcotráfico.

Dicha medida la notificó este miércoles, con la que enmendó la orden impuesta desde el año pasado para cortar el acceso del banco al sistema financiero de Estados Unidos al acusarlo de facilitar el blanqueamiento de ganancias ilícitas de la venta de drogas a los cárteles.

Entre las organizaciones criminales a las que señaló les habría brindado facilidades se encuentran el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con esto se podrán realizar ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios y que el Gobierno de México finalice la liquidación al banco.

Acusación deterioró su capacidad operativa: CIBanco

Luego de la acusación, y de ampliarse el plazo en varias ocasiones para la aplicación de las sanciones por parte del Departamento del Tesoro, en octubre del año pasado CIBanco informó su liquidación debido a los efectos que desencadenó en sus operaciones.

Tenedora CI, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de CIBanco, informó que la medida provocó efectos inmediatos graves tanto en la operación, patrimonio y viabilidad de la institución bancaria, por lo que se solicitó la revocación voluntaria del permiso de operación como banca múltiple.

Aunque calificaron la decisión como “difícil pero necesaria”, afirmaron que tenía como propósito principal “proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional”.

También destacaron que durante el periodo de intervención y administración, tanto los accionistas como los funcionarios del banco mantuvieron colaboración plena con las autoridades financieras mexicanas, facilitando toda la información y documentación requerida.

Sin embargo, fue la falta de liquidez que presentó la institución bancaria tras la sanción por la que se consideró liquidar al banco para garantizar una ordenada conclusión de operaciones.

Orden de EEUU señaló que los bancos “facilitaban” transferencias de dinero en nombre de cárteles

Además de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron sancionados por el Departamento del Tesoro al ser señalados por presuntamente facilitar transferencias en nombre de los cárteles.

De acuerdo con la orden de CIBanco, la preocupación principal fue en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de drogas debido a su patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros.

Estados Unidos también acusó al banco de haber facilitado la adquisición de precursores químicos de China para fines ilícitos.

Fue en diciembre del año pasado que una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) confirmó la ausencia de obstáculos legales para la integración entre Grupo Financiero Multiva y la división fiduciaria de CIBanco, luego de que finalizó sus operaciones.

Un hombre de 32 años con pedido de captura vigente por venta de drogas fue arrestado en las últimas horas en Villa Mugueta, un pequeño pueblo del departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La detención sorprendió a la comunidad local, ya que el sospechoso, identificado como Axel Iván G. y conocido en el ambiente delictivo como “Gordo Axel”, trabajaba como preparador físico en un club deportivo de la zona. Su aprehensión, realizada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), desnudó una compleja trama de ocultamiento y vínculos con una de las bandas narco más activas de la zona.

La escena se desarrolló el pasado miércoles, en plenas inmediaciones de las instalaciones del Club Atlético Eduardo Hertz. Allí, mientras se disputaba un encuentro de liga, los agentes desplegaron un operativo cerrojo.

Según fuentes oficiales, el hombre intentó evadir la identificación policial, ocultando su rostro y dirigiéndose hacia los vestuarios, pero fue interceptado a pocos metros por personal de civil. En un primer momento, aportó información falsa e incluso exhibió documentación a nombre de un tercero, pero finalmente fue correctamente identificado y quedó detenido.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Rosario, la investigación que condujo a la captura del “Gordo Axel” se remonta a noviembre de 2024 y está a cargo del fiscal Pablo Socca, integrante de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación. El expediente lo vincula directamente con maniobras de microtráfico en la zona norte de Rosario. Según indicaron los voceros, el ahora detenido es familiar de Marcelo “Frentudo” Fernández, un reconocido hampón de la ciudad que actualmente se encuentra en prisión por delitos vinculados al narcomenudeo.

Según fuentes de la PDI, su actividad como entrenador le permitía modificar sus rutinas y dificultar su localización, ya que alternaba horarios y se movía bajo una fachada de normalidad. El operativo se ejecutó con discreción durante una jornada deportiva, logrando la detención sin incidentes mayores.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un teléfono celular, documentación apócrifa, dinero en efectivo y distintos efectos personales. Todo ese material fue incorporado a la causa que tramita en la sede de la PDI Rosario, donde fue trasladado el detenido tras su identificación plena.

El núcleo de la investigación apunta a la banda liderada por Marcelo “Frentudo” Fernández, quien fue uno de los siete detenidos en noviembre de 2024 en operativos simultáneos realizados en los barrios Parque Casas de Rosario y en la ciudad de Capitán Bermúdez.

En ese despliegue policial, según se informó, se secuestraron cuatro vehículos, dos motocicletas, dosis fraccionadas de cocaína, sesenta teléfonos celulares y más de 3 millones de pesos en efectivo.

Las medidas estuvieron a cargo de los fiscales provinciales Lisandro Artacho y Pablo Socca, quienes imputaron a los detenidos por comercialización de estupefacientes. El expediente describe una red de distribución con capacidad logística y puntos de venta en distintos barrios, operando bajo un esquema de microtráfico de drogas.

El prontuario de Fernández incluye antecedentes de gravedad. El 14 de mayo de 2017, durante el cortejo fúnebre de Alexis Berti —un hombre de 30 años fallecido en un enfrentamiento a tiros con la policía—, el “Frentudo” participó en un serio incidente en el que un grupo de personas amenazó y agredió a agentes de la seccional 30ª. El saldo de ese episodio fue de 5 detenidos y 7 policías lesionados. Por entonces, Fernández logró escapar, pero fue capturado dos meses después por efectivos de la Policía de Investigaciones.

La investigación dirigida por el fiscal Socca reveló que, tras los allanamientos de 2024, parte de la banda narco buscó replegarse y dispersarse en localidades cercanas a Rosario. El caso de “Gordo Axel” ilustra este patrón, ya que logró permanecer oculto en Villa Mugueta cambiando de entorno y desempeñándose en funciones ajenas al circuito criminal.

El avance de la causa dependerá de las pericias sobre los elementos secuestrados y de la declaración del detenido, quien permanece a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación entre fiscalía, policía y clubes locales para evitar que personas vinculadas al narcotráfico utilicen ámbitos deportivos como refugio o pantalla.

El detenido será indagado en los próximos días, mientras continúan las actuaciones para identificar posibles colaboradores y determinar si existieron hechos delictivos relacionados durante su estadía en Villa Mugueta. La investigación se mantiene bajo reserva para preservar nuevas medidas en curso.

Un operativo conjunto de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones permitió la detención de Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, señalado como presunto líder de una célula criminal independiente en el área metropolitana de Monterrey.

El arresto se produjo en el cruce de Zapopan y Chopo, colonia Valle de los Cedros, donde los agentes interceptaron un Chrysler Stratus verde con placas visibles y, tras una maniobra táctica, aseguraron al sospechoso, que portaba un chaleco balístico sin insignias oficiales. Al momento de su captura, “El Amaro”, de 33 años, estaba acompañado por Linda Jaquelinne “N”, de 21.

La incautación tras la detención incluyó un arsenal compuesto por tres armas de fuego cortas, cargadores con cartuchos útiles, dos básculas digitales y 5,000 pesos en efectivo, además de sustancias ilícitas: 21 dosis de “criko”, marihuana y piedra presuntamente cocaína. Este paquete de pruebas será integrado a la carpeta de investigación vinculada con homicidios recientes en Monterrey y San Nicolás, según testimonios y videos en poder de las autoridades.

El historial delictivo atribuido a Abraham Alan “N” incluye su presunta participación como generador de violencia en la zona metropolitana. La Fiscalía afirma que el detenido era un objetivo prioritario debido a una orden de aprehensión vigente y a su vinculación con casos recientes de homicidio. Los hechos permanecen en análisis, mientras se revisan registros y evidencias recabadas durante su captura.

La caída de esta célula independiente representa un golpe de relevancia contra el panorama criminal de la región, aunque las autoridades reconocen que la violencia ligada a estos grupos persiste como desafío constante para la seguridad pública. Los objetos incautados refuerzan la línea de investigación sobre la posible distribución de drogas y armas, así como la operación sostenida de células criminales en Monterrey y áreas conurbadas.

Durante el operativo de detención, las autoridades observaron que el sujeto portaba un chaleco balístico y fue necesario utilizar maniobras tácticas para lograr la captura sin registrar enfrentamientos armados. Según información oficial, en el vehículo donde viajaban los detenidos se hallaron armas cortas, cargadores, cartuchos y sustancias señaladas como estupefacientes.

El vehículo, las armas y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica tanto de Abraham Alan “N” como de Linda Jaquelinne “N”, cuya relación en los hechos ahora forma parte de la carpeta de investigación. La orden de aprehensión vigente sobre el líder detenido y su supuesto control de una célula independiente lo ubicaban como pieza central en la estructura criminal de la zona.

No se reportaron heridos durante el operativo, ni resistencia armada significativa. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo para su análisis y, en su caso, presentación ante la autoridad ministerial competente. La captura se enmarca dentro de las acciones de inteligencia focalizadas en combatir la violencia y neutralizar células delictivas que actúan en la metrópoli de Monterrey y municipios aledaños.

• Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, considerado líder criminal independiente, fue detenido en Monterrey con armas, drogas y dinero en efectivo.
• El operativo conjunto se realizó en Valle de los Cedros, donde el arrestado tenía una orden de aprehensión vigente y era vinculado a homicidios recientes.
• La captura representa un golpe a grupos delictivos en el área metropolitana, aunque la violencia criminal sigue representando un desafío para las autoridades.

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, al señalar que en un periodo de seis meses se lograron evitar más de 90 mil intentos de este delito y se detuvo a 721 personas.

De acuerdo con la dependencia, entre las acciones ejecutadas se encuentra la instalación de inhibidores de señal, así como operativos para asegurar teléfonos celulares y tarjetas SIM al interior de los reclusorios, con el objetivo de reducir la operación de redes de extorsión desde estos lugares.

SSPC también reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través del número 089, como parte del esquema de atención y respuesta ante reportes de este delito.

En contraste con los resultados oficiales, especialistas en seguridad pública han señalado que la extorsión continúa como un fenómeno presente (y creciente) en diversos sectores productivos del país, especialmente en aquellos con operación en regiones rurales o con limitada presencia institucional.

En una entrevista para Infobae México, el investigador y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, señaló que actividades como la agricultura, la ganadería y la minería se encuentran entre las más expuestas, debido a que suelen desarrollarse en zonas con menor vigilancia, lo que facilita la intervención de grupos delictivos.

En ese contexto, se han documentado casos recientes que reflejan la incidencia del delito en distintas regiones del país, incluyendo hechos violentos contra trabajadores en zonas mineras y desapariciones de empleados en varias entidades.

Extorsión, muy rentable porque no requiere inversión

De acuerdo con el especialista, la extorsión se ha consolidado como una de las actividades ilícitas más rentables para organizaciones criminales, debido a que no requiere inversión significativa y permite ingresos constantes. Este patrón, explicó, se ha observado desde inicios de los años 2000 en sectores como la minería.

El transporte de carga también figura entre los principales blancos, al tratarse de un sector donde los productos trasladados tienen alta demanda en mercados ilegales. Esta dinámica ha derivado en esquemas de cobro a operadores para permitir el tránsito de mercancías en determinadas regiones.

La presión de estos grupos delictivos impacta tanto a grandes empresas como a cadenas logísticas de alimentos y productos básicos, generando costos adicionales y afectaciones operativas en distintas zonas del país.

En este escenario, mientras las autoridades reportan avances en la contención del delito, especialistas advierten que su persistencia en regiones estratégicas mantiene un entorno de riesgo para trabajadores, empresas y comunidades en diversas partes del territorio nacional.

El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026, publicado el 6 de marzo, identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las dos principales amenazas del crimen organizado transnacional, capaces de infiltrar bancos, empresas de remesas, casas de cambio y hasta firmas de abogados para reciclar los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico.

Remesas y camionetas blindadas: el flujo del dinero sucio

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió el 7 de marzo una Orden de Identificación Geográfica ampliada, que obliga a empresas de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y compañías de traslado de valores— a reportar transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, todos en la franja fronteriza.

El mecanismo funciona así, según el informe del Tesoro: las organizaciones criminales contrabandean dinero ilícito a México, lo introducen de regreso a Estados Unidos en vehículos blindados y lo declaran como ingresos legítimos de empresas mexicanas. En algunos casos, ese dinero se usa para comprar armas en suelo estadounidense, exportarlas ilegalmente a México y, en palabras del propio Tesoro, “promover campañas de terror”.

El informe cita la multa de 37 millones de dólares impuesta en febrero de 2025 a Brink’s —la multinacional de traslado de valores— por violar normas antilavado vinculadas al transporte masivo de efectivo.

Fentanilo: los cárteles mexicanos, epicentro de la crisis de sobredosis en EU

Según el documento, en laboratorios clandestinos diseminados por el territorio mexicano, el Cártel de Sinaloa y el CJNG fabrican el fentanilo que está matando a decenas de miles de estadounidenses al año. La droga —hasta 50 veces más potente que la heroína— se prensa en pastillas que imitan medicamentos de prescripción y se trafica hacia Estados Unidos principalmente en vehículos de pasajeros a través de los puertos de entrada fronterizos. Para producirla, los cárteles importan químicos precursores principalmente de China e India, aunque el procesamiento, la distribución y el control del negocio están firmemente en manos mexicanas.

De igual manera se resalta un operativo que se llevó a cabo en septiembre de 2025, en donde EEUU confiscó 300,000 kilogramos de precursores de metanfetamina enviados desde China al Cártel de Sinaloa —el mayor decomiso de este tipo en la historia— con valor de mercado de hasta 569 millones de dólares.

Criptomonedas, mulas de dinero y redes chinas de lavado

Para reciclar las ganancias, los grandes cárteles recurren cada vez más a lavadores profesionales y redes de lavado chino-mexicanas (CMLN, por sus siglas en inglés), que mueven grandes sumas de efectivo usando empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y activos virtuales. El uso de criptomonedas, indica el informe, acelera el proceso porque los lavadores liberan de inmediato un equivalente en activos digitales tan pronto reciben el efectivo físico.

Las “mulas de dinero” son otro engranaje clave: personas que recorren Estados Unidos recolectando el efectivo del narcomenudeo, lo depositan en cuentas llamadas “funnel accounts” o lo convierten en criptomonedas a través de operadores del mercado negro, para después reconvertirlo en efectivo ya en México o Colombia y entregarlo a los líderes del cártel.

Un caso citado en el informe: en junio de 2024, las autoridades acusaron a asociados del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles de lavar ganancias del narcotráfico comprando artículos de lujo y automóviles para exportarlos a China, emitiendo cheques de caja y fragmentando depósitos en pequeñas cantidades para evadir la detección bancaria.

El Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló la banda narco de “Los hermanos González”, una organización dedicada a la venta de droga al menudeo en las localidad de San Martín y José C. Paz.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la banda cayó tras una serie de tres allanamientos en ambas localidades.

La investigación, a cargo de Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ)Nº16, se originó en enero, cuando agentes de la Policía recibieron información sobre la existencia de tres viviendas utilizadas como búnker para la venta de droga, relacionadas la organización narco de los "Los hermanos González".

A partir de tareas de vigilancia y análisis de inteligencia, se determinó la modalidad -narcomenudeo- utilizada por la banda, así como la identidad y el rol de los principales implicados y de los vendedores que operaban en la zona.

Fue así que en la madrugada de este jueves, las fuerzas policiales llevaron adelante el allanamiento, avalado por el Juzgado de Garantías Nº5, en los domicilios de San Martín y José C. Paz.

El despliegue permitió la detención de cinco personas consideradas con un rol importante dentro de la organización.

Según las fuentes consultadas por este medio, se trata de Germán González (37), Facundo Scardanza (27), Kevin Cesar Ramón (24), Loana Valdez (23) y Tiago González Cao (19).

Además, se procedió al arresto de tres presuntos vendedores: Soraya Zapata (24), Andrea González (33) y Matías Sánchez (28), quienes fueron sorprendidos en el interior de las viviendas allanadas.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron 420 dosis de cocaína (213 gramos), listas para su venta, junto con$3.580.000 en efectivo, presuntamente producto de la comercialización de estupefacientes.

Se halló también un arsenal compuesto por un revólver Smith & Wesson calibre 38, una escopeta Scort Magnun, una carabina Brenta calibre .22, una escopeta sin marca ni numeración visible y una ametralladora con silenciador, además dedos Kit Roni marca Lycan para modificar armas cortas.

El secuestro incluyó 22 teléfonos celulares, una balanza de precisión,59 municiones calibre 9 mm, 24 municiones calibre 38 mm, 46 cartuchos 12/70, una muslera plástica tipo táctica y un cinto de transporte de cartuchería completo para escopeta.

La pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo y contaba con una estructura jerárquica en la que los líderes coordinaban la distribución, los puntos de venta y la logística de armas y dinero.

Los domicilios intervenidos funcionaban como centros de acopio y comercialización, además de resguardar el armamento con el que la banda se protegía y aseguraba el control territorial, precisaron las fuentes. Todo el material incautado quedó bajo custodia judicial y fue incorporado como prueba en la causa.

Antecedente

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultáneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

Un operativo adelantado por la Policía Nacional culminó con la captura de Adrián Nolberto Caicedo Villareal, más conocido como alias El Obispo, un ciudadano colombiano de 50 años, requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por su supuesta participación en envíos de cocaína hacia el estado de Texas.

La detención se materializó en un resguardo indígena de Cuaspud, en el departamento de Nariño, una región históricamente considerada inaccesible para las autoridades debido a la protección legal que cobijan los territorios indígenas.

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La acusación formal contra Caicedo Villareal, emitida por la Corte del Distrito de Texas, describe una red que habría utilizado lanchas rápidas para el tráfico de cocaína entre Nariño, México y Estados Unidos desde el año 2016. Según el expediente citado por El Tiempo, el grupo aprovecha el amparo de resguardos indígenas y su origen étnico para encubrir operaciones criminales y dificultar la acción policial. ‘El Obispo’ figura junto a otros cinco implicados, entre ellos José Imbacuan Chung Ana, alias El Indio, señalado de coordinar rutas y ocultar la droga en zonas protegidas de Cauca y Nariño.

En noviembre de 2023, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ya habían detenido a Caicedo Villareal, pero fue puesto en libertad por exigencia de la autoridad tradicional del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama, que lo requería para que cumpliera una sanción de 12 años y cinco meses de condena por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alias El Obispo cumplía prisión domiciliaria, bajo la jurisdicción de la cárcel de Ipiales, y era supervisado por las autoridades carcelarias mientras cumplía dicha sentencia en su territorio de origen.

Fuentes de la Policía de Nariño informaron al medio citado que “salió de la zona donde estaba pagando condena, del resguardo indígena, y en medio de los controles en Carlosama se encuentra que tiene antecedentes con fines de extradición”. Frente a la situación, las autoridades investigan si una propiedad que Caicedo Villareal posee en Ipiales habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico.

Una estructura criminal que usaba territorios indígenas y operaba a nivel internacional

El expediente judicial revela que la organización de la que Caicedo Villareal formaba parte operó al menos desde 2016 y empleaba mecanismos sofisticados para eludir la vigilancia estatal. Además de ‘El Indio’, la Corte de Texas identificó como integrantes a José Bayardo Rosero (alias Bayardo), Adriana Carmenza Cuastumal-Yama (alias La Mayor) y José Daniel Mendigaño Moreno (alias Tía), todos ellos igualmente requeridos en extradición por Estados Unidos. La cabeza de la estructura, según la investigación, era José Edier Rativa Rodríguez, conocido como ‘Chepe’, que fue capturado en Palmira, Valle, en 2023.

Rativa Rodríguez tenía una circular roja de Interpol por narcotráfico y era solicitado por las autoridades judiciales de España, donde fue arrestado previamente en 2017 tras distribuir cocaína en la provincia de Toledo. De acuerdo con datos aportados en el momento de su detención, ‘Chepe’ mantenía operaciones de préstamos y cobros informales, conocidos como ‘gota a gota’, y poseía un patrimonio vehicular valorado en más de $500.000.000.

Alias El Obispo permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos.

Mientras el capturado es enviado a tierras norteamericanas, las autoridades trabajan para evitar que más criminales utilicen los beneficios jurídicos que otorgan los resguardos indígenas de cumplir condena en un centro carcelario y, en consecuencia, continuar con sus actividades delictivas.

La bala que puso fin a la trayectoria criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en la sierra de Tapalpa, Jalisco, este domingo 22 de febrero, no mató solo a un hombre. Con él cae también la arquitectura de mando que sostuvo durante más de una década al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que la DEA califica como una de las más violentas y poderosas del hemisferio. La pregunta que se instala de inmediato en los despachos de inteligencia de México y Estados Unidos es una sola: ¿quién ocupa el vacío?

La respuesta no es sencilla. A diferencia de lo ocurrido en el Cártel de Sinaloa tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde sus hijos —los llamados Chapitos— tomaron el mando con relativa fluidez, el CJNG carece de un sucesor consolidado.

El primogénito de Oseguera Cervantes, Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Ese vacío dinástico es el que ahora disputan al menos cinco figuras de la cúpula criminal.

El 03: el heredero de sangre

El nombre que con mayor insistencia aparece en los expedientes judiciales y los reportes de inteligencia es el de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, “El R3” o “El Plumas”. Hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia —conocida dentro de la organización como “La Jefa” y figura clave del entramado financiero del clan—, Valencia González ocupa desde hace años el tercer escalón en el organigrama del cártel, una posición que su propio alias numérico delata.

Su poder no se apoya únicamente en el linaje. A “El 03” se le atribuye la creación y conducción del Grupo Élite, el brazo armado más táctico del CJNG, responsable de ejecuciones selectivas, incursiones en territorios rivales y control de plazas en disputa. Documentos filtrados por el hackeo conocido como Guacamaya Leaks y consultados por medios mexicanos ubican a Valencia González al frente de la región sureste de Jalisco, con influencia extendida hasta Colima.

En 2019 fue formalmente acusado en un tribunal de Washington por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrece cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Su perfil reúne dos condiciones que pocos rivales pueden igualar: legitimidad familiar dentro de una organización que funciona con lógica clan, y capacidad operativa demostrada en el terreno. Para varios analistas, es el candidato más probable a asumir el mando.

El Sapo: el sucesor que anticipa la Fiscalía

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, es el nombre que la Fiscalía General de la República (FGR) coloca con mayor énfasis en sus reportes sobre la sucesión. Según información oficial difundida por la FGR, Mendoza Gaytán cuenta con el respaldo explícito de familiares de “El Mencho” para encabezar las operaciones del cártel, lo que le otorga una legitimidad interna que va más allá de su peso territorial.

Su relevancia quedó evidenciada hace poco más de un mes, cuando la detención de cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit permitió a las autoridades confirmar que operaban bajo sus órdenes directas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como un alto mando especializado en estrategias de reclutamiento.

En ese marco, las autoridades estadounidenses vincularon su nombre al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron prendas de ropa, calzado y restos óseos humanos. Según el Tesoro, Mendoza Gaytán ordenó a sus subordinados entrenar a nuevos reclutas y ejecutar a quienes desobedecieran.

A diferencia de “El 03”, su ascenso no pasa por el parentesco sino por la estructura militar del cártel. Esa base de apoyo lo hace viable, aunque también más vulnerable a disputas internas con la rama familiar de los Oseguera y los Valencia.

El Jardinero: el señor de las regiones

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, representa el perfil del jefe regional que ha construido poder desde las operaciones cotidianas. Controla zonas clave en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y ha supervisado la expansión del cártel en Zacatecas, uno de los territorios más disputados del país en años recientes.

Según el analista Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, Flores Silva es el líder más poderoso dentro del CJNG que no pertenece a la familia Oseguera ni a la familia Valencia, lo que lo convierte en una figura bisagra con capacidad de inclinar alianzas.

Su perfil es el de un administrador territorial más que un líder carismático. Esa característica lo hace indispensable para la operación diaria, pero plantea interrogantes sobre su capacidad para unificar a todas las facciones bajo un mando único.

El Doble R: el dueño de Guadalajara

Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” o “El R2”, opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el epicentro histórico del CJNG. Algunos reportes de inteligencia lo ubican como el segundo hombre más relevante de la organización, por encima incluso de “El 03” en términos de poder efectivo.

Documentos lo señalan como una de las figuras con mayor control sobre la infraestructura urbana del cártel. Su dominio sobre la capital jalisciense —punto neurálgico para las finanzas, la logística y la protección política de la organización— lo convierte en un actor con peso específico en cualquier disputa sucesoria.

El Tío Lako: el hombre del huachicol y Michoacán

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”, cierra el quinteto de posibles sucesores. Según el analista Sánchez, Guerrero Martínez coordina junto a su familia dos esquemas de robo de combustible —el huachicol tradicional y el denominado “técnico”— además de controlar zonas estratégicas en Michoacán.

Su peso es más regional que nacional, pero su control sobre fuentes de financiamiento alternativas al narcotráfico lo convierte en una pieza valiosa dentro de la economía criminal del grupo.

Fragmentación o reestructuración

Frente a ese abanico de candidatos, la historia del crimen organizado en México ofrece dos precedentes posibles: la reestructuración ordenada bajo un nuevo mando único, o la fragmentación violenta en facciones que disputan el territorio palmo a palmo. El CJNG, a diferencia del Cártel de Sinaloa, no construyó una dinastía clara ni dejó un mecanismo de sucesión visible.

Esa ausencia es, en sí misma, una invitación al caos. Los narcobloqueos que este domingo paralizaron cuatro estados del occidente mexicano, con vehículos incendiados y aeropuertos cerrados, no fueron una despedida: fueron una advertencia de lo que viene.

Cientos de personas se manifestaron este lunes en Culiacán para exigir justicia tras la muerte de Fernando Alan Arce, ocurrida cuando quedó atrapado en el fuego cruzado de militares el pasado 13 de enero. Durante la protesta, familiares y ciudadanos extendieron su reclamo al gobernador Rubén Rocha Moya y demandaron acciones ante los asesinatos que han tenido lugar en la capital y en todo el estado de Sinaloa.

La jornada de movilizaciones incluyó una segunda marcha en la zona de La Lomita, protagonizada por madres de jóvenes desaparecidos. Este grupo solicitó la renuncia de la comisionada de Búsqueda de Personas, señalando que, en repetidas ocasiones, deben financiar por cuenta propia las búsquedas de sus familiares y acusaron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas permanece inactiva.

A partir de las 9:00, unas 200 personas marcharon desde Catedral hasta La Lomita por la avenida Álvaro Obregón, coreando consignas como “Justicia Para Fernando” y “No era un criminal”. Este acto colectivo se suma al recuerdo del asesinato, hace un año, de Gael y Alexander, así como su padre, un caso que ya había motivado marchas masivas en la ciudad.

Bryan Humberto Arce, padre de Fernando Alan, expresó su gratitud hacia quienes se han sumado a las movilizaciones y hacia las autoridades por su disposición durante el proceso judicial. “Aunque pasen años, no vamos a descansar hasta que tengamos justicia por mi hijo Fernando Alan”, afirmó.

El día del asesinato

Fernando estudiaba derecho, estaba por concluir su servicio social en el Tribunal; le restaban enero y febrero. Después quería estudiar Ciencias Políticas y trabajar en el Congreso. En el Tribunal, jueces y compañeros hablaban bien de él.

El joven de 23 años de edad perdió la vida luego de que elementos de la Defensa Nacional dispararon sus armas de fuego al confundirlo con un presunto delincuente.

La víctima iba a bordo de una camioneta junto con Rosa Guadalupe “N”, quien quedó gravemente herida el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca. Se dirigían a un gimnasio donde acudirían a hacer rutinas de ejercicio. Tras el ataque, el joven falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada con heridas de gravedad.

La narrativa oficial preliminar indica que elementos de la Guardia Nacional perseguían a civiles armados que viajaban a bordo de un Honda Accord color blanco. Durante el trayecto, los sujetos habrían arrojado artefactos “ponchallantas” para frenar a las autoridades.

El desenlace fatal ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón. En ese punto, Fernando Alan presuntamente circulaba a bordo de su vehículo, un Mazda 6 también de color blanco, acompañado de su novia, Rosa Guadalupe. Las similitudes entre los vehículos habrían derivado en una confusión, dejando al estudiante y a su pareja en medio del fuego.

“Fernando Alan perdió la vida de manera injusta, y ningún ‘error’ puede justificar la pérdida de una vida inocente”, escribió el padre, explicando que no busca confrontación, sino el esclarecimiento total de los hechos para que la memoria del estudiante no sea manchada por la desinformación.

Secretario de Defensa reconoció su asesinato por error y asegura que no habrá impunidad

Luego de un intercambio de disparos en el estado de Sinaloa, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que se trabaja conforme al derecho y que para solucionar estas situaciones se garantiza la cercanía con los familiares.

Respecto a lo ocurrido, el titular de la Defensa recordó que “este hecho ocurrió cuando personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, los habían agredido. Van atrás de estos delincuentes, estos jóvenes se trasladaban en un vehículo, y al parecer en el intercambio de los disparos es donde fallece uno de estos jóvenes".

Agregó que se están realizando las investigaciones correspondientes y recordó la postura de la Defensa Nacional para garantizar que no quede impune este acto.

“Cómo se va a garantizar, pues con la postura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional de que se investigue, se apoye y se proceda conforme al derecho”, aseguró Trejo.

El caso se conoció en las últimas horas, cuando las autoridades porteñas lograron detener al acusado y dictar su prisión preventiva por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal a un menor de 13 años” y “producción y tenencia” de pornografía infantil.

La investigación comenzó el pasado 9 de enero y estuvo a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal porteño recibió a principios de este año una serie de informes del National Center of Missing and Exploited Children, una organización con sede en Estados Unidos que combate la explotación sexual infantil.

Los reportes daban cuenta de unas 200 cargas de archivos de abuso sexual de menores a la red. Entre ellos, había uno de “producción casera”, según explicaron fuentes allegadas al caso a Infobae.

Así, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) y la Policía de la Ciudad desplegaron una investigación que permitió identificar a un sospechoso oriundo de la villa 1-11-14, ubicada en la Comuna 7.

Las autoridades determinaron que el hombre de 27 años ya tenía condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico, con una pena de tres años en suspenso. En paralelo, la madre de la víctima logró reconocer de inmediato a su hijo y al agresor, así como el lugar donde ocurrió el abuso. El detenido tendría tatuajes distintivos en su cuerpo.

Este martes 20, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, se allanó el domicilio del acusado. En el procedimiento, las autoridades lograron detenerlo y secuestraron un teléfono celular y una computadora. Un análisis preliminar del material permitió constatar la producción de material de explotación sexual infantil y confirmar el abuso.

Además, el titular del Juzgado del Fuero N°2 en lo Penal, Contravencional y de Faltas ordenó este jueves la prisión preventiva del acusado, tras el requerimiento de la fiscal Dupuy. El imputado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 13 años, delito que contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión.

También se lo acusa de la producción de material de abuso sexual de un menor de 13 años, un delito que prevé penas de entre cuatro y ocho años de prisión. El tercer cargo que enfrenta es la tenencia de material de abuso sexual infantil de menores.

Días atrás, las autoridades ordenaron la detención de un joven de 23 años, a partir de una alerta sobre la posible producción, tenencia y distribución de contenido ilegal sobre abuso infantil en la ciudad de General Güemes, Salta.

La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia imputó de manera provisional al acusado de poner a disposición de terceros dichos registros y por el delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, conforme a lo establecido en el Código Penal.

El caso se activó debido a una serie de informes en los que se advertía sobre la existencia de archivos digitales que contenían imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Según información recopilada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el implicado, cuya identidad no fue revelada, habría subido a la plataforma Google un número significativo de archivos con contenido de explotación sexual, en los que se identificaron principalmente registros fílmicos que involucraban a niñas y niños que no superaban los 13 años. Estos materiales, de acuerdo con los datos de la investigación, habrían sido puestos a disposición de terceras personas a través de los servicios digitales de la red.

Tras la recepción y análisis de los reportes, los investigadores realizaron las gestiones correspondientes y solicitaron la intervención judicial. El Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, en feria, autorizó la realización de un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento, llevado a cabo en la ciudad de General Güemes, se procedió a la detención del acusado y al secuestro de dispositivos como computadoras, teléfonos y soportes de almacenamiento. Todos estos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la actividad ilícita y la posible existencia de otras víctimas o responsables.

En la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. Ante la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos investigados, la fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido bajo prisión preventiva, argumentando riesgo procesal y la necesidad de garantizar el avance de la investigación sin interferencias.

La décima temporada del ‘El señor de los cielos’ está confirmada, así lo dio a conocer el protagonista de la serie, Rafael Amaya, el 22 de enero a través de sus redes sociales.

El actor oriundo de Hermosillo, Sonora, no compartió información sobre los temas que se abordarán en la nueva entrega ni cuándo podría llegar a la pantalla chica, pero aseguró que será muy pronto.

“Soy Rafael Amaya y les traigo una noticia muy importante. El Señor de los Cielos, la décima temporada está confirmada. Y quería que saliera de mi boca, porque ahora sí es oficial. Así que nos vemos muy pronto”, dijo.

Fans agradecen el regreso de “Aurelio Casillas”

El anuncio causó sensación en redes sociales, pues los fanáticos de la serie esperaban con ansias no solo la continuación de la historia, también el regreso del actor como el personaje principal.

• “Sin palabras, lo que todos queríamos escuchar.”
• “Permítanme, pero voy a llorar, me desmayo de la emoción.”
• “Regresa el papá de los pollitos. Esto era lo que había esperado.”
• “Desde la 1 temporada sigo la serie y es una de las mejores de las décadas.”

Cabe recordar que el primer capítulo de la telenovela se estrenó en 2013, mientras que se transmitió en 2024. Durante todo ese tiempo, el proyecto se ha mantenido en el gusto del público.

“Siento mucha alegría, mucha satisfacción porque cada temporada fue un reto, un aprendizaje y hay cosas que uno quiere recordar, otras que todavía las asimilar o no te acuerdas. Hay emociones encontradas, pero bueno, el pasado es para aprender y el presente es para aplicar lo que has aprendido”, comentó el artista en ‘Hoy Día’.

¿Cómo se veía Rafael Amaya cuando se estrenó la telenovela?

Fue en abril de 2013 cuando la telenovela se estrenó en la pantalla chica a través de Telemundo. En aquel entonces, el actor tenía 36 años y ya había participado en proyectos como ‘Salomé’, ’Alguien te mira’, ‘Las vías del amor’, ‘Amar otra vez’ y ‘Las dos caras de Ana’.

Actualmente, tiene 48 años de edad y no solo encarnará al famoso narcotraficante de ficción, también participará como productor.

Cabe recordar que durante el rodaje atravesó una fuerte adicción a sustancias.

“No fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Aurelio... me dejé llevar por muchas cosas, como la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse... era no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mis amigos, con nada, no me importaban muchas cosas, se me vinieron encima muchas cosas”, contó en 2020 en entrevista para ‘Hoy Día’.

En un inesperado cambio de roles, Juan José “Pepillo” Origel se convirtió en la celebridad buscada por la prensa rosa. El romance de su sobrino Luis Carlos Origel con Andrea Legarreta y recientes acusaciones de lavar dinero para organizaciones criminales mantienen los reflectores sobre el periodista.

Durante una reciente participación en el pódcast El Dibujo del Caos, “Pepillo” aclaró que las versiones surgieron mientras él se encontraba de viaje en Madrid, donde celebró su cumpleaños junto a su familia.

Al regresar a México, Origel se encontró con publicaciones que lo señalaban por supuestamente estar relacionado con el abogado Rodolfo Reus Medina, acusado de fraude, lavado de dinero y huachicol fiscal.

Sobre el impacto que le causó el rumor, el conductor explicó: “Ahora que llegué de España fue una cosa impresionante: llego de un viaje muy bonito que hice con todos mis hermanos y cuando regreso veo que está anunciado que Pepillo Origel es acusado de lavado de dinero”.

La respuesta directa de Pepillo se dio en una entrevista para el canal de YouTube El dibujo del caos, donde rechazó de forma tajante cualquier acusación. Con su estilo irónico, afirmó: “¿Tú crees que yo me voy a poner a lavar? Ni lavadora tengo”.

La versión sobre la mansión en San Miguel de Allende

Uno de los puntos que alimentó las especulaciones fue la supuesta compra de una casa valuada en 11 millones de pesos en San Miguel de Allende. “Pepillo” Origel aclaró que esa información es falsa y que no es propietario del inmueble que habita en esa ciudad.

“En uno de esos programas se dijo que yo estaba lavando dinero y que tenía esto y lo otro y que compré una casa en San Miguel de Allende, donde vivo, de 11 millones de pesos”, relató.

De inmediato, desmintió la versión y ofreció su explicación: “Yo te invito a mi casa, es una casa que rento, ¡la rento! Entonces, ¿dónde están los 11 millones?”

El conductor también compartió su postura sobre el origen de este tipo de señalamientos, sugiriendo que obedecen más a ataques personales que a hechos comprobables. “Yo creo que es que esa gente quiere ser como tú, yo siento que es envidia; esa gente que habla de ti es que quiere ser como tú… pero pobrecitos”, comentó.

Hasta el momento, “Pepillo” Origel no enfrenta ninguna acusación formal por autoridades, y su respuesta pública se ha centrado en desmentir versiones difundidas en plataformas digitales, defendiendo su trayectoria y su situación patrimonial con declaraciones claras y directas.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el narco se encontraba prófugo de la Justicia en el marco de una causa por narcotráfico, impulsada por la Justicia Federal de Rosario. La captura ocurrió en inmediaciones de la avenida Amancio Alcorta al 2900, en la zona del Barrio 21-24 conocido como villa Zavaleta.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, quienes localizaron al sospechoso en la vía pública. El hombre era buscado por su presunta vinculación con la organización y cayó tras una orden del Tribunal Federal de Juicio N°3 de Rosario, a cargo del juez Eugenio Martínez Ferrero.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la banda narco del “Patrón del Norte” es una estructura criminal integrada, además, por personas de nacionalidad colombiana y peruana, acusada de suministrar y distribuir cocaína de alta pureza.

En septiembre pasado, la banda sufrió un golpe en Santiago del Estero, donde hallaron entre bananas y papayas un cargamento de cocaína con su marca, valuado en $360 millones. El chofer del camión donde iba la droga alegó que llevaba fruta al mercado central.

Pero, los papeles no eran convincentes y la requisa dio positivo: 85 kilos de cocaína con el sello del Delfín.

Todo sucedió en la localidad santiagueña de Taboada, en un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional. Los policías de la PFA hallaron el cargamento de droga valuado en unos 360 millones de pesos (en Bolivia se consigue a USD 3000 el kilo -al cambio de $1400-) oculto entre cajones de frutas.

El procedimiento se concretó en el kilómetro 668 de la Ruta Nacional N° 34, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Allí, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santiago del Estero realizó un operativo cerrojo tras varias jornadas de vigilancia.

El vehículo investigado era un camión Scania modelo G380 color naranja, con semirremolque Randon color blanco y carpa azul, sin inscripción de empresa.

Al momento de la detención, el rodado era conducido por Ramón E.B., ciudadano argentino de 55 años, domiciliado en la localidad jujeña de Perico. El chofer manifestó que transportaba cajones de bananas y papayas con destino al Mercado Central de Buenos Aires. No obstante, los uniformados advirtieron inconsistencias en la hoja de ruta y en la documentación presentada, lo que motivó una revisión exhaustiva.

Durante la inspección se utilizó al can detector “Yana” (D123), que marcó la posible presencia de estupefacientes en uno de los cajones. En ese momento se extrajeron nueve ladrillos compactos, que fueron sometidos a prueba de campo en presencia de testigos, dando resultado positivo para cocaína.

La droga tenía el sello del delfín, uno de los nombres con los que se vincula ese tipo de cargamentos, que es el mismo sello de la organización que lidera Delfín Castedo, apodado “El Patrón del Norte”, actualmente preso y condenado por narcotráfico y por homicidio.

Inmediatamente, fue notificado el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Molinari, y se dispuso la detención del chofer y el traslado del camión a la sede policial para continuar con la revisión.

Ya en dependencias de la DUOF Santiago del Estero, se procedió a una inspección completa del vehículo, donde se hallaron otros 61 ladrillos de cocaína ocultos entre las frutas. En total, se contabilizaron 70 paquetes compactos, envueltos en nailon amarillo con franjas verdes y con un peso de 85 kilos.

La causa quedó a disposición del juez Molinari y de la secretaría de Marcelino Ferreiro. El chofer fue imputado por infracción a la Ley 23.737 de drogas bajo la modalidad de contrabando y quedó detenido.

Las investigaciones continúan abiertas con el fin de determinar el destino final de la droga y establecer vínculos con eventuales redes de comercialización.

No es la primera vez

En abril pasado, también en una causa que intervino el juez federal Molinari, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo se produjo el hallazgo de 152 kilos de cocaína ocultos en un camión que transportaba bananas.

El operativo se desarrolló en la ruta N°34 y la intervención de la Policía Federal comenzó la noche previa y se extendió hasta la madrugada, cuando los agentes detuvieron un camión que había partido de San Ramón de la Nueva Orán, en la frontera de Salta con Bolivia.

El vehículo tenía como destino final las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Al ser interrogado en el retén policial, el conductor correntino declaró que transportaba frutas. Sin embargo, la inspección más minuciosa del vehículo determinó otra cosa.

La droga se encontraba cuidadosamente camuflada debajo de las bananas. En total, hallaron 150 “ladrillos” distribuidos en 13 cajones. Estaban envueltos en materiales diversos, como nailon amarillo, papel gris metalizado y cinta color madera. Algunos de estos “ladrillos” presentaban en su exterior la inscripción “GN” o etiquetas con la imagen de un lobo, mientras que varios mostraban en bajorrelieve la figura de un delfín.

La agrupación de regional mexicano Banda Gota de Oro confirmó el deceso de su vocalista Giovanni “Gio” Vera. El cantante fue identificado como una de las cinco víctimas mortales que dejó un ataque armado en la colonia Los Presidentes, en Irapuato.

La confirmación se da un día después del incidente, ocurrido la noche del 28 de diciembre.

Un sentido adiós: “Gracias por todo lo que dejaste”

Mediante una publicación que fue replicada en las plataformas digitales de la agrupación, sus compañeros dedicaron conmovedoras palabras a Gio Vera.

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón. Y como siempre lo dijiste: ¡Qué suene La Gotera!“

Incidente fue un ataque directo

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el número de fallecidos se elevó a cinco, tras el deceso de dos hombres en un hospital a causa de heridas de bala.

La dependencia indicó que tres sujetos murieron en el lugar de los hechos, mientras una mujer que resultó gravemente herida continúa hospitalizada.

Testimonios de sobrevivientes que fueron recabados por las autoridades detallan que la noche del domingo, hombres armados ingresaron a un inmueble ubicado en las calles Abelardo R. Rodríguez y Adolfo López Mateos y abrieron fuego contra un grupo de personas que convivían con la puerta principal abierta.

Última publicación de Gio Vera

En medio de la zozobra han surgido innumerables muestras de cariño hacia familiares de Gio Vera e integrantes de Banda Gota de Oro.

En X —antes Twitter—, seguidores de la agrupación han dejado palabras de cariño en respuesta a la última publicación del intérprete.

“¿Algún norteño libre para el 10 de enero de 7 pm a 11 pm?”, escribió el cantante en una publicación que dejaba de manifiesto que estaba enfocado en extender la proyección musical de Banda Gota de Oro.

Siete masacres en el estado

La balacera en la colonia Los Presidentes representó el séptimo ataque armado en Guanajuato en lo que va de diciembre. Hasta el momento, la Fiscalía no ha compartido detalles sobre la línea de investigación del caso.

Sin embargo, el incidente ha sido asociado extraoficialmente a la ola de violencia que ha generado la disputa de territorios entre las organizaciones criminales Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La lucha libre mexicana no solo se ha forjado entre cuerdas y reflectores, también en escenarios donde la seguridad queda en segundo plano.

En ese contexto, Penta Zero Miedo reveló recientemente una de las experiencias más inquietantes de su trayectoria, una función improvisada que, más allá de la anécdota, dejó entrever la cercanía de ciertos eventos con entornos dominados por el crimen organizado.

Durante su participación en el podcast conducido por ‘Capi’ Pérez, el luchador originario de Ecatepec recordó una presentación que rompió con cualquier estándar profesional. Lejos de una arena o un ring, la función se llevó a cabo en un lugar aislado, bajo condiciones que encendieron alertas entre los gladiadores desde el primer momento.

“Éramos una cuadrilla de luchadores a los que nos dijeron que teníamos función en Querétaro, pero yo no conocía ese Querétaro, porque cuando llegamos, todavía fuimos más para arriba, tardamos como ocho horas en llegar. El ring nunca llegó, porque nos dijeron que se había ponchado la llanta del camión o algo así, pero el anfitrión era una persona ‘diferente’, desde que llegamos y vimos la gente nos dimos cuenta”, relató el actual luchador de WWE.

La ausencia del ring no fue lo más preocupante. Según la narración de Penta, el ambiente, la gente presente y la actitud del organizador generaron un clima de tensión constante. La improvisación fue la única salida, ante el riesgo de negarse a cumplir con la función.

“Cuando nos dijeron que no iba a llegar el ring, esta persona entró con su ‘adorable’ equipo de trabajo y nos dijo ‘mi hijo quiere ver luchas, así que luchas va a tener, ahí está el pasto y una alberca’, hasta nos aventamos ahí”, terminó el mexicano su anécdota con un poco de sarcasmo junto a los conductores del podcast.

El testimonio abrió la conversación sobre las condiciones extremas que algunos luchadores han enfrentado en eventos privados, muchas veces vinculados a personajes influyentes fuera de la ley, donde decir “no” simplemente no es opción.

Actualmente, Penta atraviesa un momento distinto en su carrera. Aunque estaba anunciado para el evento Guerra de Titanes de Lucha Libre AAA el próximo 20 de diciembre, una lesión en el hombro sufrida en Monday Night Raw, durante un combate ante Solo Sikoa en el torneo para definir al último rival de John Cena, lo dejó fuera de la función.

En su lugar, AAA confirmó que Rey Mysterio tomará su sitio, formando equipo por primera vez con Rey Fénix para enfrentar a Los Gringos Locos 2.0. La función marcará el cierre de actividades de la empresa en 2025, previo a su nueva etapa televisiva en Fox a partir de 2026.

Después de seis meses de investigación, la Justicia federal desarmó la estructura de un grupo de narcomenudeo que usaba a menores para vender drogas, especialmente bolsitas de cocaína, en Rosario. Eran conocidos como “La Banda del Playón” y tendrían, según sospechan, un vínculo comercial y territorial con “Los Monos” para poder operar sin riesgos.

El operativo, llevado a cabo por la Policía Federal, terminó con 28 allanamientos y una decena de detenciones, además del inicio de una nueva etapa en la investigación que, tal vez, le permita a la Justicia saber por dónde sigue el hilo en la cadena productiva narco.

Aunque el secuestro de sustancias fue módico, los investigadores se encontraron con casi 7 millones de pesos, la réplica de un arma y teléfonos celulares que podrán peritar en busca de pruebas y nuevos indicios.

De momento hay nueve personas detenidas. La banda del Playón es así conocida porque operan en la zona de Bielsa y Magallanes, justamente en un lugar identificado como “el playón”. Los policías encontraron una módica suma de dosis de cocaína y un manojo de plantas de cannabis en estado vegetativo (lo que indica que no estaban en su período de producción de flores, que son las que se comercializan porque contienen la molécula THC, que es la que genera los efectos psicoactivos).

“Si bien los allanamientos del otro día, en cuanto a secuestro de drogas y demás, no fueron muy fuertes, sí nos permitieron encontrar básicamente a estos actores que estaban operando afuera y que eran básicamente quienes estaban regenteando a los menores”, contó el fiscal Diego Giro de la Unidad Especial de Microtráfico, del Ministerio Público de la Acusación santafesino, que trabajó en equipo con la Justicia Federal dado que la “Banda del Playón” se cruzaba en sus respectivas investigaciones.

Durante los procedimientos, los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) también identificaron a otros treinta y cinco individuos, quienes fueron notificados de la causa pero no procesados. Según el parte oficial difundido por la fuerza, “se confiscaron 51 teléfonos celulares, 730 dólares, 25 euros, una réplica de revólver, un DVR, dieciocho cajas de papel para el armado de cigarrillos y documentación" presuntamente relevante.

Parte de los domicilios allanados ya habían sido objeto de investigaciones previas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe. La investigación se inició en febrero, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario detectó distintos puntos de venta de drogas ilegalizadas al menudeo, es decir, en pequeñas dosis.

“Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación encabezada por el Dr. Franco Carbone del Ministerio Público de la Acusación Rosario, los efectivos determinaron que estos lugares de expendio correspondían a las bandas mencionadas, que mantienen una disputa activa por el dominio de la ciudad", explicaron fuentes oficiales.

La banda del Playón estaba manejada por Oscar Lezcano, quien regenteaba desde la cárcel, a donde fue a parar en junio pasado igual que su esposa por estas mismas investigaciones. Sin embargo, uno de sus hijos manejaba el negocio familiar fuera de prisión bajo las órdenes de su padre y con la ayuda de dos colaboradores, Sergio Borda y Axel Duarte.

Entre todos manejaban a sus soldaditos, chicos de entre 14 y 18 años. Duro explicó que hay sobradas pruebas e incluso testimonios de algunos de los menores involucrados. De hecho, los chicos tienen abiertos otros procesos judiciales por tenencia de armas o de drogas ilegalizadas, por lo cual los expedientes se cruzan permanentemente.

“Nosotros tenemos la hipótesis de que respondían a una célula de Los Monos”, comentó el fiscal de Microtráfico y no descartó que el clan de Lezcano esté en el medio de una disputa mayor entre las dos bandas de narcomenudeo más pesadas de Rosario, Los Monos y Los Menores.

Los fiscales trabajaron infiltrados en el campo, se ordenaron seguimientos, hubo puestos de observación e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, lo que permitió identificar a los integrantes de las organizaciones y el rol que cada uno desempeñaba.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, el Colegio de Jueces ordenó la ejecución de estos veintiocho allanamientos que explotaron en cadena el jueves en calles como Bielsa, Esquiu, Gorriti, De La Salle, Juan Vucetich, Francia, Calle 1323, Riobamba, Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell, Casilla y Schweitzer.

El 2 de diciembre de 1993, cuando las balas todavía humeaban en el caserío de Medellín y un helicóptero vibraba sobre los techos como un presagio inevitable, el mito de Pablo Emilio Escobar Gaviria llegaba a su final. No era ya el patrón todopoderoso, el que había ordenado decenas de bombas y miles de asesinatos, el que manejó a Colombia como si fuera una finca privada. Era un hombre perturbado, aterrado, enloquecido, disfrazado con peluca y gorrita, viviendo a saltos, prófugo de todos, totalmente alterado y traicionado por su propia mente.

Después de la fuga de La Catedral en julio del 92, aquella cárcel diseñada a medida donde había mandado construir hasta una cancha de fútbol y supo jugar con ídolos de la talla de Francisco Pancho Maturana, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo, Víctor Aristízabal y el arquero René Higuita, Escobar se deshilachó como un animal acorralado. Sus enemigos de siempre —el Estado, los cárteles rivales, los paramilitares de Los Pepes— y hasta los que antes se le arrodillaban, lo buscaban para borrarlo del mapa. Él lo sabía. Pero lo que más lo atormentaba no era la muerte: como buen bandido mafioso, era la posibilidad de que masacraran a su esposa, a sus hijos, a cualquiera que llevara su sangre.

Al huir, atrás quedó de un plumazo su calabozo vip en suite, cómodo, de varios metros cuadrados y con vista a la ciudad, donde su mujer, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos podían visitarlo y quedarse con él el tiempo que quisiera sin ningún tipo de restricciones. Allí todo estaba inspirado y ambientado por su esposa, para quien el arte se había vuelto una pasión irrefrenable a través de los años, lo que la llevó a convertirse en una experta que llegó a contar con obras de autores excelsos como Claudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero, Olga de Amaral, Rodrigo Arenas Betancourt, Édgar Negret, Darío Morales, Enrique Grau, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Igor Mitoraj y Auguste Rodin.

Curiosamente, junto a una especie de despacho que Pablo tenía en la cárcel, adonde también llegaban lo que él llamaba “visitas especiales” —mujeres contratadas para satisfacer sus deseos sexuales y los de sus secuaces— aparecía imponente hasta un retrato de Ernesto Che Guevara. Pero al decidir y concretar su fuga, ya fuera de la prisión, Pablo Escobar se había convertido en un hombre perdido, sin rumbo y él lo sabía.

Las noches en las que el capo narco pedía ayuda

Aunque cuesta imaginarlo, hubo noches en las que el hombre que manejó un ejército de sicarios debió tocar una puerta como un niño asustado. Fue en octubre de 1992 cuando llegó, disfrazado y tembloroso, a la casa de su prima Luz, en el barrio La Paz de Envigado, donde él mismo se había formado como mafioso.

Luz quedó paralizada al verlo: ya no era el familiar ostentoso que llegaba rodeado de guardaespaldas, sino una sombra con una peluca desteñida, lentes espejados y una voz que apenas salía del cuerpo. “Necesito que me cuides, prima”, le dijo, casi suplicando. Y Luz aceptó sin dudar, aunque sabía que alojarlo era como firmar su sentencia de muerte.

Los Pepes —“Perseguidos por Pablo Escobar”— ya recorrían la zona como depredadores. Reventaban puertas, señalaban casas, interrogaban vecinos. Pablo entraba y salía de allí con la certeza de que cada movimiento podía delatarlo. Pero no tenía más opciones. Había perdido sicarios, socios, escondites, casi todo. Solo le quedaba la familia, y justamente por eso no podía acercarse a ella.

La casa que iba a salvarlo… y lo enterró

Por pedido suyo, Luz compró meses después una casa en el barrio Los Olivos de Medellín: dos plantas, living grande, tres dormitorios, cocina sencilla, dos baños, garage y un techo de salida fácil, detalle que a Escobar le pareció casi un signo de destino. Esa vivienda sería su último refugio.

Juan Pablo Escobar reconstruyó todo con precisión quirúrgica en su libro Pablo Escobar In Fraganti de Editorial Planeta: su padre y Luz se habían visto durante un año entero planeando ese escondite. Pero el lugar que había sido pensado para devolverle seguridad los albergó apenas diez días.

Pablo llegó allí ya desquiciado. Caminaba sin descanso, murmuraba estrategias, se angustiaba por la suerte de su esposa Victoria Eugenia y de sus hijos, Manuela y Juan Pablo, quienes estaban intentando exiliarse mientras él perdía la cordura.

Cuando supo que Alemania los había rechazado y devuelto en el mismo avión, algo en su cabeza hizo un ruido irreversible. “Si a mí no me encuentran, van por ellos”, repetía. Todo se le venía encima.

El capo que intentó volver al delito para no morir

La desesperación lo empujó a un plan absurdo: volver a generar dinero secuestrando millonarios en diciembre, aprovechando la relajación navideña de las fiestas de fin de año. Aseguraba que tenía un ejército listo para acompañarlo, “decenas de jóvenes armados hasta los dientes”, aunque la mayoría ya estaba muerto, preso o había desertado. Era una fantasía, una manera torpe de no admitir que estaba acabado.

El 1 de diciembre cumplió 44 años. Luz le llevó una torta de chocolate y una botella de champagne. Brindaron, pero el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Pablo comió poco, habló menos y se fue a recostar. La fiesta era una parodia: él ya no vivía en la realidad, conectado, sino en un estado perpetuo de alarma.

El teléfono que nunca debió sonar

El mediodía siguiente se despertó tarde, como siempre, y volvió a hacer llamadas. Su prima lo había advertido mil veces: “No llame, que lo rastrean”. Pero él insistió. Hizo contacto con “El Gordo”, con personajes irrelevantes, llamó incluso a un celular que le había hecho llegar a su suegra, Nora, un número que solo debía usarse en emergencias extremas.

Cuando Nora descolgó, alguien más atendió. En ese mismo instante un helicóptero retumbó sobre el techo de Los Olivos. Nora cortó. Pablo comprendió, pero era demasiado tarde. Luz, que debía regresar temprano con almuerzo, no logró llegar a tiempo. Auxilió a alguien en la calle, se retrasó unos minutos y cuando se aproximó al barrio percibió algo que no olvidó jamás: patrullas, gritos, puertas violadas, soldados trepando techos. Supo que no debía seguir. Dio media vuelta y huyó. Minutos después, la noticia sacudió Medellín: “Cayó Pablo Escobar”.

¿Suicidio o ejecución?

La versión del hijo fue tajante: su padre se quitó la vida. “Tuvo que elegir entre su vida o la nuestra”, escribió Juan Pablo. “Y eligió permitirnos seguir viviendo”. Era la idea que siempre los había protegido de la brutalidad exterior. Su esposa también creyó en esa posibilidad durante un tiempo.

Pero cuando el clima político lo permitió, ella buscó a Carlos Castaño, líder de Los Pepes, y quiso saber la verdad. Castaño no demoró en responderle. Le contó que aquel 2 de diciembre estuvieron a punto de abortar toda la operación para atraparlo: habían neutralizado a casi toda la red de Escobar, pero él seguía escabulléndose. A los jefes policiales les advirtieron que si no aparecía de inmediato, todo quedaba cancelado y debían abandonar la búsqueda.

Todo cambió cuando alguien lo vio asomarse por una ventana del segundo piso. Entonces no dudaron y entraron. A mazazos derribaron la puerta de la vivienda. Escobar, descalzo y desorientado, corrió hacia la planta alta mientras disparaba su Sig Sauer a ciegas. Entretanto, los hombres de Castaño aprovecharon para liquidar a Limón, su último ladero. Pablo alcanzó a saltar hacia el techo de la casa contigua. Pero no llegó lejos. Castaño aseguró que recibió dos disparos: uno detrás del hombro, otro en la pierna. Suficientes para derribarlo y acabar con el mito.

El hombre que sembró terror, llorado por su familia

La paradoja final surge en la voz de su propio hijo, quien en su investigación acepta la contradicción: “Mi padre fue un bandido. Pero para nosotros fue un padre amoroso que se perdió los mejores momentos de su vida: vernos crecer, conocer a sus nietos, envejecer con mi madre”, definió.

Pablo Escobar murió acorralado, delirante, disfrazado, sin ejército, sin fortuna, sin país. Y sin más testigos que un puñado de enemigos que habían jurado destruirlo. Fue un final crudo y feroz para un hombre que durante años había decidido el destino de miles con la misma frialdad con que otros eligen una camisa. Un desenlace inevitable para quien construyó su propio laberinto de muerte.

Luego de una polémica edición 74 de Miss Universo y de que Fátima Bosch se convirtiera en la primera tabasqueña en obtener la corona, la controversia no suelta al importante certamen de belleza. Se reveló que Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra por supuesta delincuencia organizada, tráfico de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Esta información fue dada a conocer por Carlos Loret de Mola a través de un tuit en su red social X. Después, el diario Reforma confirmó los dichos y publicó su investigación. Según el conductor de Latinus, Raúl Rocha “huachicoleó combustible desde Guatemala y suministró armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y las Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS), serían las organizaciones relacionadas con el empresario, según lo publicado por Reforma.

Raúl Rocha compró Miss Universo a una empresa en bancarrota; la copropietaria es prófuga de la justicia

JKN Global Group Public Company Limited, empresa con operaciones de Tailandia, fue quien vendió el 50% de las acciones de JKN Legacy Inc, compañía que a su vez es dueña de Miss Universo. El comprador fue Raúl Rocha a través de Legacy Holding Group, por la cantidad de 16 millones de pesos.

El 50% restante de Miss Universo pertenece a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria que, de hecho, también está en medio de un problema legal pues un tribunal de Bangkok emitió una orden de aprehensión luego de que no se presentara a su audiencia de sentencia por los delitos de fraude.

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip está acusada por autoridades tailandesas de haber ocultado el estado financiero de JKN a un inversionista llamado Raweewat Maschmadol, quien compró bonos valorados en millones de dólares.

Lupita Jones, la primera mexicana ganadora del certamen Miss Universo y antigua colaboradora de la compañía, asegura que la empresaria tailandesa se oculta en México.

Claudia Sheinbaum reacciona a la polémica de Raúl Rocha y defiende a Fátima Bosch

Durante la conferencia matutina del 26 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a las acusaciones contra Raúl Rocha y a las afectaciones que ha tenido el triunfo de Fátima Bosch desde que se filtró la información.

La mandataria aseguró que “eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Entonces quieren quitarle el mérito”. En su momento, la Presidenta había felicitado a Fátima Bosch por su triunfo.

Sobre la controversia en torno a Raúl Rocha Cantó, la mandataria afirmó que firmó que “si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”.

La llegada del abogado y empresario Abelardo de la Espriella a la contienda presidencial en Colombia ha generado gran revuelo tanto en los sectores políticos como sociales del país.

Su posicionamiento en las encuestas, así como sus eventos en el territorio colombiano, han ocasionado que varios dirigentes políticos lancen cuestionamientos frente a su candidatura.

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Uno de ellos fue el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en la que se refirió a una de las vallas publicitarias del empresario donde exhibe su eslogan de campaña denominado ‘Firmes por la Patria’ y que había sido instalada en varias ciudades de Colombia.

En su cuenta de X, el exmandatario antioqueño volvió a cuestionar a De la Espriella, al considerar que tendría supuestos vínculos con grupos narcotraficantes, a lo que recurrió a calificarlo de esa manera.

“El Narco es Abelardo”, fue la frase mencionada por Daniel Quintero. Por el momento, Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado al respecto.

Candidato de los narcos, según Quintero

Esta no es la primera vez que el exalcalde de Medellín menciona al precandidato presidencial de esta forma.

El 16 de noviembre, en su cuenta de X, Daniel Quintero también se refirió a la propuesta de Abelardo de la Espriella para que se realice una encuesta abierta en diciembre de 2025 para elegir al candidato único de la derecha colombiana en las elecciones presidenciales de 2026, iniciativa que fue respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien la calificó como “generosa”

Para el exmandatario paisa, la postura del exmandatario nacional refuerza su idea de que el empresario será quien defienda las banderas del uribismo en la contienda electoral del año entrante.

“El uribismo ya escogió al Narco para hacer la tarea”, declaró Quintero en su post de X.

En su publicación, el exalcalde de Medellín también denunció obstáculos administrativos en el proceso electoral, señalando: “La Registraduría bloquea mi inscripción y el CNE la de (Iván) Cepeda”, lo que, según él, evidencia maniobras institucionales para impedir la participación de candidatos afines al petrismo en los comicios de 2026.

Quintero sostuvo que el contexto político actual favorece a los grupos tradicionales y limita la democracia, afirmando que “las élites se han enroscado contra el cambio y abren la puerta a una nueva era de exterminio”. Además, estableció un paralelismo entre la coyuntura presente y el periodo de violencia que sufrió la Unión Patriótica (UP), advirtiendo sobre el riesgo de que se repitan episodios de persecución política.

Legalizar dinero de narcos: propuesta de De la Espriella

Adicional a ello, Daniel Quintero también se mostró en desacuerdo ante una propuesta manifestada por Abelardo de la Espriella en la que pretendería la legalización parcial de capitales ilícitos en Colombia.

En una entrevista concedida a Semana, el abogado y precandidato presidencial planteó que, de llegar a la presidencia en 2026, permitiría la legalización del diez por ciento de los bienes provenientes de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. De la Espriella argumentó que “ahí tendríamos una gran fuente de ingresos para hacer esa transformación social que requiere Colombia”.

“Le vamos a legalizar el 10%, usted entrega el 90% de su patrimonio, me paga tres años de cárcel, yo no lo extradito”, explicó el empresario, añadiendo que este incentivo busca evitar que los beneficiarios “pasen hambre”, ya que “deben tener un incentivo”.

Ante ello, el exalcalde de la capital antioqueña señaló que dicha iniciativa confirmaría, lo que para él sería, sus presuntos vínculos con grupos ilegales dedicados al narcotráfico y que, según Quintero, estarían detrás de su campaña presidencial.

“Esta es la propuesta, la primera propuesta de Abelardo de la Espriella. Definitivamente, él no es el abogado de los narcos, es el candidato de los narcos”, afirmó.

Además, subrayó la diferencia entre su postura y la del precandidato, al afirmar que mientras desde otros sectores se promueve un combate decidido contra el narcotráfico y la corrupción, De la Espriella favorece a quienes están involucrados en estos delitos. “Mientras nosotros hablamos de un reseteo total contra el narco y los corruptos, él propone que los narcos de este país no aguanten hambre cuando tenemos seis millones de colombianos que se van a dormir sin comer”, puntualizó.

Durante años creímos que el voto era un escudo frente a la barbarie, una muralla civilizatoria contra la violencia. Pero hoy, en buena parte de Hispanoamérica, ese muro se ha derrumbado. El crimen organizado no solo convive con la política: la penetra, la financia, la intimida y, en muchos casos, la dirige. Ya no basta decir que corrompe las instituciones: el crimen organizado participa activamente en la política. Vota, impone y gobierna.

En Colombia, las recientes elecciones internas del partido oficialista mostraron una realidad inquietante: en municipios bajo control de grupos armados ilegales la participación electoral se disparó de forma inusual, hasta un 30 % de los habilitados. En zonas donde el abstencionismo era norma, el voto se multiplicó más de cien veces. No fue coincidencia. Son territorios dominados por el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales que reemplazan al Estado y deciden quién puede o no puede participar. Allí, votar es obedecer: se elige bajo amenaza, con dinero oscuro y silencio impuesto.

México vive un drama paralelo. El Instituto Nacional Electoral ha identificado más de 14.000 zonas de riesgo donde la violencia del narcotráfico impide garantizar elecciones seguras. En los comicios recientes, cerca del 30 % de los circuitos estuvo comprometido. Ya no se trata de interferencias puntuales, sino de la captura sistemática del poder por organizaciones que actúan como Estados paralelos. En algunas regiones, incluso la justicia ha sido secuestrada: se eligen jueces en consultas populares donde vota apenas una minoría, y los candidatos del crimen terminan dictando sentencia.

Cuando la intimidación no basta, llega el asesinato. En Ecuador, el magnicidio de Fernando Villavicencio —tras denunciar vínculos entre políticos y mafias— mostró hasta qué punto el crimen define las reglas del juego. En México, decenas de candidatos locales han sido asesinados en los últimos años. El mensaje es brutal: quien no se somete, desaparece.

Este modelo de poder ha alcanzado su forma más perfeccionada en Venezuela, donde el Estado fue absorbido por redes de corrupción, narcotráfico y alianzas criminales internacionales. Allí, el régimen no es solo autoritario: es una corporación del crimen transnacional con fachada política. En otras palabras, el sueño de Pablo Escobar llevado a nuestros días. Exporta no solo migración y propaganda, sino métodos: captura institucional, manipulación electoral, represión y control territorial a través de mafias y grupos armados.

El problema ya no se limita a las fronteras. Las redes del crimen latinoamericano operan hoy en Europa, Estados Unidos y Canadá, moviendo dinero, drogas, armas y personas. Lo que ocurre en Culiacán, Tumaco o Maracaibo tiene consecuencias globales. El crimen vota allí, pero sus efectos se sienten en todo el planeta.

Las víctimas son los pueblos de la región: millones de desplazados y migrantes que huyen no solo del hambre o la dictadura, sino del poder armado que domina sus territorios. Pierden no solo el derecho al voto, sino algo más esencial: el derecho a vivir con dignidad y sin miedo.

No estamos ante simples “democracias fallidas”, sino frente a una nueva forma de autoritarismo criminal, donde las urnas encubren la violencia y las instituciones son rehenes del delito. Mientras las democracias del mundo guardan silencio, el crimen sigue votando, ganando y gobernando. Y es hora de reconocerlo: el crimen organizado no es solo un problema de seguridad; es el desafío político, moral y civilizatorio más urgente que enfrenta Hispanoamérica.

Un tribunal declaró culpable a Federico Norberto Abello, conocido como “El Gordo Fede”, por el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, en el barrio Villa Ceferino de Neuquén. La pena se conocerá la semana próxima.

El proceso judicial que terminó con la declaración de responsabilidad sobre Abello comenzó el viernes pasado y culminó a principios de esta semana, con la presentación de los alegatos de ambas partes.

La fiscal Lucrecia Sola, a cargo de la acusación, sostuvo ante el tribunal la hipótesis de homicidio agravado, descartando la existencia de legítima defensa y atribuyendo la muerte de Basualdo Millacán a una reacción desproporcional tras una discusión vinculada a la compraventa de estupefacientes.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la fiscalía, el 12 de enero de 2025, Basualdo Millacán llegó al domicilio de Abello, con la intención de realizar una transacción por drogas. Dentro de la vivienda se generó una discusión que se trasladó al exterior de la vivienda, donde la situación escaló hasta derivar en el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según el relato judicial citado por LM de Neuquén, Abello accionó el arma en tres oportunidades: el primer disparo no salió, el segundo no hirió a la víctima y el tercer tiro impactó en el tórax del hombre, causándole la muerte de manera instantánea. Luego del hecho, el ahora condenado volvió a su domicilio y, más tarde, se retiró de la escena junto a su pareja a bordo de un automóvil.

Sin embargo, no permaneció mucho tiempo prófugo, puesto que se entregó en la Comisaría Tercera a menos de 24 horas del crimen, ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad y el paradero incierto de su círculo de confianza.

Las pericias criminalísticas, presentadas ante el tribunal, confirmaron el trayecto del proyectil y la compatibilidad de la herida con el arma secuestrada en la investigación. La calificación legal fijada fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal Argentino.

Durante el juicio, la defensa de Abello alegó que el acusado actuó en legítima defensa y postuló la absolución por el cargo de tenencia indebida de arma de fuego, un hecho ocurrido el año anterior en el mismo domicilio. Sin embargo, los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo avalaron la posición de la Fiscalía y declararon la responsabilidad penal del imputado en ambos hechos.

La fiscal Sola subrayó ante el tribunal que el accionar de Abello fue intencionado y no una reacción defensiva.

De igual forma, la investigación continuó su curso y puso el foco en las bandas narcocriminales que operan en la zona.

En marzo de este año, ante la seguidilla de ataques, la Brigada policial concretó allanamientos y logró identificar a nuevos sospechosos e incautar material vinculado al narcotráfico.

En los domicilios revisados se encontraron armas de fabricación casera (“tumberas”), pistolas, cartuchos, municiones, una camioneta Toyota Hilux, envoltorios con drogas, una balanza digital y una huerta con 44 plantas de Cannabis sativa, según el parte oficial.

El despliegue policial fue considerado “positivo y necesario para evitar la consolidación de nuevas facciones criminales”, de acuerdo a declaraciones de la fuerza recogidas por medios locales.

Abello llegó al debate privado de libertad en el marco de la prisión preventiva dictada tras el crimen. La medida seguirá vigente hasta la próxima audiencia, donde el tribunal definirá la extensión de la pena aplicable por los delitos probados.

La reacción social ante el asesinato de Carlos Manzo ha puesto en evidencia una profunda indignación ciudadana frente a la violencia y la impunidad en México. En conversación con Javier Oliva Posada, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesor en temas de seguridad nacional, se analizan los factores estructurales que perpetúan la crisis de seguridad, así como la responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

Oliva Posada explicó que la indignación pública tras crímenes como el de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre frente a cientos de personas, suele ir acompañada de promesas oficiales de justicia, pero la reiteración de estos hechos ha generado escepticismo. Y es que tras cada crimen queda la promesa que no quedarán impunes, sin embargo todos nos preguntamos qué habría de pasar para prevenirlos, ya que en reiteradas ocasiones el edil advirtió que estaba amenazado de muerte.

La respuesta política se ha centrado en la resolución de los casos una vez ocurridos, en lugar de priorizar la prevención. Al referirse a la movilización de fuerzas federales a Michoacán, Oliva Posada señaló que, aunque se enviaron efectivos, no todos estuvieron activos y la presencia fue temporal, lo que limita el impacto de estas acciones.

El profesor contextualizó la situación mexicana a partir de los Protocolos de Palermo, firmados en el año 2000 y ratificados por México en diciembre de 2003. Estos protocolos, impulsados por la ONU, establecen que el crimen organizado solo puede operar cuando se cumplen al menos una de tres condiciones: inacción de las autoridades locales por miedo, omisión o complicidad. Oliva Posada afirmó que, en el caso de Michoacán, el principal fallo recae en el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y que las protestas de productores en varios municipios reflejan la gravedad del problema. Recordó que tragedias similares han motivado respuestas reactivas, como ocurrió con los jóvenes de Salvárcar o el movimiento “Todos Somos Juárez”, pero subrayó que en Michoacán ya se han implementado al menos cuatro programas de seguridad, sin lograr resultados sostenibles.

Al analizar la situación en otros estados, Oliva Posada mencionó que entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Colima enfrentan desafíos similares, con Colima ostentando la ciudad más violenta del mundo de manera constante. El académico sostuvo que la incapacidad para contener la violencia es consecuencia de la falta de esfuerzos efectivos y de la repetición de estrategias que no han dado resultados.

En cuanto a las posibles soluciones, Oliva Posada destacó la importancia además del compromiso social. Valoró la decisión de la alcaldesa de Guadalajara de cancelar un concierto de Junior H, argumentando que la asistencia masiva a espectáculos de artistas que glorifican actividades delictivas contribuye a normalizar la violencia. “Si sesenta mil personas van a ver a un artista como Peso Pluma, luego no se quejen de lo que están reproduciendo”, afirmó Oliva Posada. Añadió que en Morelos ya se han prohibido este tipo de eventos y que la sociedad debe asumir su parte de responsabilidad, ya sea al consumir productos pirata o al participar en economías ilegales. “El consorcio criminal es tal que hasta el agua están robando”, enfatizó.

El profesor relató casos de extorsión en pequeños pueblos del Estado de México, donde comerciantes son obligados a vender mercancía robada bajo amenazas, y señaló que la presencia de cámaras de seguridad no ha sido suficiente para frenar estas prácticas. Oliva Posada advirtió que el fenómeno no es reciente, sino que responde a décadas de vacío de poder y sometimiento de las autoridades locales ante el crimen.

Al abordar la evolución del crimen organizado, Oliva Posada compartió que México ha pasado de tener siete grandes estructuras criminales a miles de bandas en la actualidad. Esta fragmentación, según el académico, es resultado de la estrategia de capturar a los líderes de los cárteles, lo que ha generado una proliferación de grupos más pequeños y difíciles de controlar. “Eso no funciona porque lo que tienes que hacer son procesos como los maxiprocesos en Estados Unidos o Italia, donde se detiene a cientos de personas, incluidos contadores, abogados y despachos de arquitectos”, explicó Oliva Posada, quien subrayó la necesidad de atacar las finanzas del crimen organizado y fortalecer el poder político local.

Respecto a la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, Oliva Posada indicó que la seguridad es una obligación compartida. Mencionó que el presupuesto federal para seguridad municipal sigue en discusión en el Senado, y que la falta de recursos para capacitar y equipar a las policías locales dificulta su capacidad de respuesta. “Si no les dan dinero para capacitarse, armarse y tener instalaciones adecuadas, difícilmente van a poder enfrentar el desafío del crimen organizado”, sostuvo.

El académico reconoció la complejidad de la situación, ya que los policías municipales suelen ser vulnerables a amenazas directas contra ellos y sus familias, lo que limita su margen de acción. Finalmente, Oliva Posada cuestionó la eficacia de la Guardia Nacional y de los planes de seguridad implementados, señalando que se han recurrido a fórmulas ya probadas sin resultados satisfactorios.

Cuatro sujetos colombianos, quienes se encontraban en el país de manera ilegal, quedaron en prisión preventiva este miércoles acusados del asesinato y posterior desmembramiento de un miembro de su misma banda, un ciudadano dominicano de 48 años, cuyo cuerpo apareció repartido en dos maletas en un sector rural de la comuna santiaguina de Pudahuel.

Según explicó el fiscal ECOH Milibor Bugueño, “la víctima, integrante de esta organización, fue citada bajo engaño a un domicilio en la comuna de Quinta Normal. Una vez en el lugar, fue asesinada y posteriormente descuartizada en un lapso de aproximadamente dos horas. Luego, dos de los imputados trasladaron las maletas con los restos hasta Pudahuel”.

Carabineros encontró el cuerpo de la víctima el pasado 1 de octubre, luego de recibir un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la presencia de dos maletas abandonadas en un canal de regadío.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la víctima debía trasladar 500 kilos de marihuana desde el norte hasta Santiago. Sin embargo, en el camino fue objeto de un robo de esa droga, asunto que sus cuatro socios colombianos no creyeron, asumiendo que se había quedado con el cargamento.

“La víctima temía por su vida, incluso comparte su ubicación con su familia que está fuera del país, por si le llegaba a pasar algo”, detalló el persecutor, quien agregó que el homicidio fue cometido con alevosía y que la víctima fue asfixiada antes de ser descuartizada.

En la misma línea, el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), complementó que en este caso también “existe una premeditación, una planificación”, puesto que los asesinos compraron previamente las maletas donde intentaron hacer desaparecer a su exsocio.

“El domicilio donde se perpetraron los hechos se ubica en la comuna de Quinta Normal, y las maletas utilizadas fueron adquiridas por esta organización criminal”, remató el detective.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

Las autoridades de Costa Rica llevan a cabo este martes la que consideran la mayor operación en la historia del país contra un grupo narcotraficante que enviaba cocaína a Europa y Norteamérica, al que han bautizado como el ‘Cartel del caribe sur’ y cuyos líderes ya se encontraban detenidos con anterioridad con fines de extradición a EEUU.

“Esta es quizás la operación más grande de la historia criminal del país. Hemos denominado a nivel policial a este grupo como el ‘Cartel del caribe sur’, tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de toda la cocaína y la marihuana que se distribuía en el país”, declaró el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Según el funcionario, este grupo criminal contaba con un brazo armado y divisiones de logística terrestre, marítima, de legitimación de capitales, de asuntos jurídicos, de tecnología y de seguridad.

La investigación comenzó en el 2021 y determinó que el grupo captaba cargamentos de droga para venderlos a otros en el país y que además enviaba cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

En la operación de este martes participan 1.200 agentes del OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y policías municipales, en 64 allanamientos a propiedades en la provincia de Limón (Caribe), Puntarenas (Pacífico), en el centro del país en Cartago, San José y Alajuela, donde hasta el momento se han detenido a 33 sospechosos.

En lo que va de este martes, los agentes han decomisado 97 millones de colones en efectivo (unos 190.000 dólares) y 200 millones de colones (unos 400.000 dólares) en cuentas bancarias, además de propiedades y 16 vehículos.

El objetivo es detener a 57 personas y decomisar artículos y bienes inmuebles valorados en aproximadamente 2.000 millones de colones (unos 4 millones de dólares), entre estos 7 casas en condominios de lujo, 40 propiedades y 73 vehículos y embarcaciones, informó el OIJ.

Los líderes de esta organización han sido identificados como los hermanos costarricenses Luis Manuel Picado, alias Shock, y Jordie Picado, alias Noni, quienes se encuentran detenidos desde hace algunos meses con fines de extradición a Estados Unidos.

Alias Shock fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en Londres, Inglaterra, luego de una orden de captura internacional emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos; mientras que alias Noni fue detenido el pasado 27 de agosto en San José.

La investigación inició en 2021 y desde entonces se han decomisado 13,7 toneladas de droga, principalmente cocaína y marihuana tanto en Costa Rica como en Estados Unidos y Europa; así como 68 armas de fuego, entre estas AR-15.

En este caso Costa Rica ha contado con la colaboración de autoridades de Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha visto un crecimiento fuerte en la cantidad de homicidios, lo cual es atribuido por las autoridades en un 70 % a las rencillas entre grupos narcotraficantes.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022.

Para 2024 la cifra fue de 880 homicidios, la segunda cifra más alta de la historia del país, y para 2025 las autoridades prevén que el número ronde los 900.

(Con información de EFE)

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital confirmó la prisión preventiva de Hugo “Huguichi” Hermosa Vacaflor (55), un narco de origen boliviano -detenido en noviembre de 2024- que usaba una pinturería como fachada para su negocio ilegal y ocultaba la droga en baldes de pintura. El traficante también era conocido como “Manitos blancas” debido a una enfermedad degenerativa de la piel.

La resolución también recayó en su presunta mano derecha, un hombre de origen peruano identificado como Antony Amadeus “Tomás” Delki Antezana (34). Según comunicó el Ministerio Público Fiscal hace casi un año cuando desmanteló la organización, los agentes de Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron 66,5 kilos de cocaína, dinero en diferentes monedas por un valor cercano a los 200.000 dólares, así como elementos logísticos presuntamente empleados por la organización.

En aquel momento, detuvieron a ocho personas (siete hombres y una mujer), luego de una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en los barrios Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Norte, de la capital cordobesa, así como en la Comuna San Roque y en la localidad de Malvinas Argentinas, en una fábrica perteneciente a un investigado.

La investigación comenzó en el marco de un expediente iniciado por la provincial por tráfico de estupefacientes, en el cual se incautaron varios teléfonos celulares. Según datos del diario La Voz del Interior, al chequear sus agendas, los investigadores detectaron la presencia reiterada de los contactos “Inge 890” e “Inge”, apodos cuya pista resultó determinante para avanzar hacia una operación de mayor envergadura.

La colaboración de un imputado “arrepentido” —un ex comprador de droga— fue clave: según explicó ante los fiscales, el principal responsable de la banda era Hermosa Vacaflor, quien figuraba como dueño de una pinturería en la Córdoba.

En su declaración, este colaborador ofreció detalles sobre las operaciones internas del grupo. Indicó que la pinturería funcionaba principalmente como fachada y que “Manitos blancas” organizaba allí las maniobras. “Se dedica a la venta de cocaína. No tiene ningún cartel de pinturería... Mientras que aquellos donde oculta la cocaína son baldes especiales de color blanco”, detalló el informante.

Los investigadores federales, bajo la dirección del fiscal federal N°3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, pudieron confirmar que Hermosa Vacaflor viajaba de forma regular a Bolivia, desde donde organizaba el ingreso de estupefacientes a territorio argentino.

Según los testimonios y registros, la droga era transportada en vehículos, oculta entre los neumáticos y llantas, y posteriormente descargada en propiedades del propio líder narco. Una de las mecánicas detectadas consistía en ocultar la llave de la camioneta utilizada en una de sus ruedas tras estacionarla en un sector preestablecido, para facilitar la recolección de la droga sin llamar la atención de terceros.

Varios inmuebles fueron identificados como escenarios de las maniobras: la vivienda de Hermosa Vacaflor en Aaron Castellanos al 1800, barrio Ameghino Norte, al oeste de Córdoba capital, fue vigilada tras interceptaciones telefónicas legales ordenadas por el juez Federal Nº2 Alejandro Sánchez Freytes, quien fue el que ordenó la detención posterior de los acusados.

Allí se observó el ingreso y salida de vehículos, lo que para el fiscal resultaba un indicio de los movimientos relacionados con el retiro o almacenamiento de estupefacientes. Conductas similares fueron advertidas en un dúplex alquilado a nombre del narco boliviano en Miguel Rivera al 6200, barrio Argüello, donde los efectivos constataron el traslado sistemático de cubiertas de gran tamaño desde una Traffic hasta el interior de la propiedad y luego hacia la vivienda principal.

El papel de los presuntos cómplices fue registrado en diferentes instancias de la investigación. Delki Antezana, supuesto subordinado de Hermosa Vacaflor, fue identificado mientras ingresaba mochilas a los domicilios vigilados, presumiblemente conteniendo droga o dinero.

Por otro lado, Yohana Villarreal, pareja de Delki, fue grabada en una secuencia en la que arrastraba una valija grande desde la residencia compartida en Necuñan al 4700, barrio Villa Martínez, hasta un vehículo Ford Focus.

Ambos transportaban el equipaje al departamento alquilado por Villarreal en el edificio La Recova, ubicado en Figueroa Alcorta 285, barrio Centro, donde según la investigación la cocaína era almacenada y fraccionada para su posterior venta mediante la modalidad delivery y al menudeo.

Las conversaciones de WhatsApp intervenidas permitieron reconstruir la operatoria: los puntos de entrega, la hora y el tipo de moneda eran pactados por Delki y Villarreal, repartiéndose el producto y, en ocasiones, desplazándose juntos acompañados por un tal Sosa, señalado en el expediente.

El esquema delictivo habría contado además con la colaboración de Osvaldo Miguel “Chino” Cejas (30), quien tras ser despedido de su empleo formal, habría utilizado su vivienda familiar en Villa Martínez como “búnker” para resguardar los cargamentos y vender la sustancia. También fueron involucrados Gustavo Fernando “el Pili” Cabello (35) y Brian Daniel Palacio (32), quienes presuntamente custodiaban la droga en su domicilio y se encargaban de su comercialización a toda hora.

La estructura del grupo —señalaron el juez y el fiscal— permitía que tras cada día de ventas, Delki y Villarreal rindieran cuentas y entregaran la recaudación a Hermosa Vacaflor.

Las intervenciones telefónicas documentaron la existencia de un complejo código: términos como “pescado”, “rabas”, “paredes”, “medias”, “pan duro”, “tacho de pintura” y otras variantes eran utilizados para referirse a la cocaína y las cantidades solicitadas.

Una conversación referida en el expediente incluye una solicitud explícita de “50 gramos de cocaína” disfrazada en el diálogo con Villarreal. Otras comunicaciones registraron el pedido de “2 de 50 litros” y “100 litros por separado”, que para el fiscal constituye una referencia directa a las cantidades de drogas pedidas por los clientes.

La existencia de eventuales filtraciones policiales también quedó bajo sospecha, tras una advertencia recibida por Villarreal respecto a posibles allanamientos en el barrio que habitaba.

A partir del análisis de todos estos elementos, el juez Sánchez Freytes concluyó que Hermosa Vacaflor habría actuado como jefe, dirigió las operaciones del grupo, asignó tareas, controló la recaudación y organizó la logística necesaria para el acondicionamiento y distribución de la droga.

Sostuvo que “prueba de ello son las conversaciones en las cuales daba instrucciones sobre la entrega de la droga, el dinero que le debían rendir por la venta de la sustancia y pormenores respecto de su distribución, que eran acatadas por los demás miembros”.

El resto de los imputados —concluyó el magistrado— operaba “con un sentido de pertenencia al grupo”, manteniendo la comunicación entre sí para garantizar el traslado, la venta y la cobranza del dinero producto del tráfico.

El resultado de los allanamientos fue la incautación de un botín multimillonario: en total, se secuestraron 66,5 kilos de cocaína, tasados en aproximadamente USD665.000, numerosas sumas de dinero en diferentes monedas (incluyendo más de USD153.000, unos 15 millones de pesos, 8.760 euros y 20.000 bolivianos), una contadora de billetes, documentación y otros elementos posiblemente vinculados a la actividad ilícita.

En el domicilio de Hermosa Vacaflor se hallaron USD48.900 y $340.000; en la vivienda de su expareja, los $9.130.500, USD33.850, 8.760 euros y los 20.000 bolivianos.

Por otro lado, Delki y Villarreal ocultaban en su residencia $308.170 y USD70.540, además de encontrarse en el departamento del centro cordobés $6.554.200 y otros USD250.

El origen de semejantes montos de dinero no pudo ser justificada por los acusados, quienes carecían de actividades laborales formales o emprendimientos legales, a excepción de la pinturería propiedad de Hermosa Vacaflor, sindicada como pantalla para las maniobras de narcotráfico.

Ante este cúmulo de pruebas, el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva de los principales imputados por organización para el comercio y distribución de estupefacientes, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A pesar de los recursos de apelación presentados, la Cámara Federal declaró desistida tácitamente la apelación de Delki y confirmó la prisión preventiva de Hermosa Vacaflor, identificado como el presunto jefe de la estructura criminal.

Durante 2024, México atravesó una de las etapas más violentas de la última década. Los tiroteos masivos, los secuestros, las extorsiones y las disputas territoriales cobraron cientos de vidas en distintos estados.

De acuerdo con reportes de ACLED, Reuters, BBC y The New York Times, organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (SRL) llevaron a cabo operaciones con una sincronización alarmante.

Nada parecía explicar con claridad cómo estos grupos lograban anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora.

Un informe académico titulado “Don’t Look Up: There Are Sensitive Internal Links in the Clear on GEO Satellites” —que analiza el periodo de mayo a diciembre de 2024— apunta hacia una hipótesis perturbadora: los cárteles pudieron haber aprovechado enlaces satelitales GEO no encriptados para interceptar información del gobierno mexicano.

Entre los datos expuestos se encontrarían coordenadas militares, rastreos de activos y reportes de inteligencia sobre narcóticos.

“Los sistemas satelitales de varias agencias mexicanas transmitían información sensible sin cifrado, lo que permitió que actores no autorizados la recibieran y descifraran con equipos de bajo costo”, advierte el informe.

De Chiapas a Michoacán: la violencia que siguió el mapa

El estallido comenzó en mayo. El 14, en Chicomuselo, Chiapas —una ruta crítica para el tráfico de drogas hacia Guatemala—, un tiroteo dejó once muertos, entre ellos varios civiles. El enfrentamiento, atribuido a una guerra territorial entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, mostró una precisión táctica que desconcertó a las autoridades.

Investigadores citados en el documento sostienen que los atacantes habrían accedido a datos de radar y sistemas LIDAR que el gobierno transmitía sin protección, lo que les permitió anticipar patrullajes y rutas de despliegue militar.

Solo un día después, el 15 de mayo, otro enfrentamiento en Nuevo Morelia y aldeas cercanas derivó en la quema de viviendas y en el desplazamiento de decenas de familias. Las tácticas usadas sugieren que los grupos armados contaban con telemetría en tiempo real sobre las fuerzas de seguridad, posiblemente extraída de enlaces no cifrados. Las operaciones fueron tan precisas que parecían guiadas por datos internos.

La violencia se desplazó hacia el centro del país. El 17 de mayo, un tiroteo en Huitzilac, Morelos —a pocos kilómetros de la capital— dejó ocho muertos. El 28, en Apatzingán, Michoacán, un grupo criminal incendió vehículos para interrumpir un mitin político, obligando a una intervención militar.

La política bajo fuego

Entre enero y noviembre, ACLED documentó casi 500 ataques contra figuras políticas. El proceso electoral de 2024 fue el más violento de la historia reciente.

Candidatos y funcionarios locales fueron cooptados o asesinados en emboscadas planeadas con precisión milimétrica.

Los investigadores del informe “Don’t Look Up” sugieren que los cárteles habrían obtenido listados de personal gubernamental y registros de eventos políticos a través de transmisiones satelitales expuestas, lo que les permitió planificar ataques con antelación.

El 25 de julio, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Texas desató una guerra interna entre Los Chapitos y Los Mayitos, dos facciones del Cártel de Sinaloa. De julio a diciembre, cientos de personas murieron en enfrentamientos en Sinaloa, Chihuahua y Sonora.

El documento académico indica que los grupos rivales accedieron a geolocalizaciones de vehículos blindados y aeronaves militares, lo que les permitió anticipar operativos y lanzar ataques sorpresa.

Tecnología al servicio del crimen

El uso de drones, explosivos y tácticas coordinadas se volvió habitual en al menos 14 estados del país.

Entre septiembre y diciembre, las disputas por el robo de combustible en Guanajuato y Querétaro escalaron en intensidad. El 7 de noviembre, un ataque en un bar de Querétaro dejó diez muertos.

En paralelo, en Chiapas y Tabasco, las batallas por las rutas migratorias intensificaron los secuestros y homicidios.

El informe señala que los cárteles habrían utilizado datos de infraestructura eléctrica y zonas militares filtradas desde transponders de la CFE, lo que facilitó la evasión de controles y retenes.

Uno de los episodios más sangrientos ocurrió el 14 de noviembre en Culiacán, Sinaloa: catorce cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad, pese al despliegue de miles de soldados.

A finales de año, los decomisos de fentanilo superaron la tonelada, y aunque las fuerzas federales realizaron múltiples capturas, los grupos criminales conservaron una ventaja operativa sostenida.

Guanajuato cerró el año con 2,597 homicidios, seguido por Sinaloa como epicentro de la violencia. ACLED reportó un incremento del 18% en la letalidad de los choques armados respecto a 2023.

Un nuevo desafío para el Estado mexicano

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024 no redujo la violencia. A pesar del envío de tropas y refuerzos federales, los enfrentamientos continuaron.

En abril de 2025, el CERT-MX recibió reportes que confirmaban brechas críticas en sistemas satelitales de agencias gubernamentales, incluyendo Banjército.

El informe “Don’t Look Up” revela que algunos enlaces transmitían credenciales de autenticación y datos de rastreo sin cifrado, lo que habría sido aprovechado para manipular operaciones financieras y facilitar la liberación de miembros del crimen organizado. El narcotráfico ha evolucionado. Ya no se trata solo de armas o territorio, sino de inteligencia tecnológica.

Una advertencia para el futuro

La cronología de 2024 expone un patrón alarmante: el narcotráfico ya no sólo depende de la violencia física o del control territorial, sino también de la explotación de vulnerabilidades tecnológicas. La intersección entre crimen organizado y ciberseguridad plantea un desafío sin precedentes para México y la región.

A medida que se refuerzan los protocolos de defensa en infraestructuras satelitales y redes críticas, 2024 se consolida como un punto de inflexión: la seguridad nacional ya no se define solo en tierra o en el ciberespacio, sino también en la órbita donde convergen tecnología, geopolítica y vulnerabilidades digitales.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP.

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La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado, según informó el portal El Doce.tv.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Cayó en Córdoba un veterinario que lideraba una banda narco y le regalaba drogas a menores

Un veterinario de 61 años fue detenido en Villa Cerro Azul, provincia de Córdoba, a fines de agosto, tras haber sido señalado por liderar una banda dedicada al narcomenudeo y de regalar estupefacientes a menores de edad. El operativo, realizado por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló en una vivienda de la calle Mendoza, sin número, en el departamento Colón.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, 30 semillas de cannabis sativa, una motocicleta y diferentes elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas. El profesional fue arrestado tras una investigación coordinada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, cuyo objetivo principal era establecer los movimientos de venta y la distribución de la droga en la región.

Las investigaciones revelaron que el veterinario complementaba su labor durante el día con el suministro ilegal de drogas por la noche. La investigación cobró gravedad adicional al comprobarse que entregaba estupefacientes sin costo a adolescentes vecinos, una práctica que agrava los cargos en su contra. Por este motivo, la sede judicial de Jesús María continúa trabajando para identificar el alcance de la red de compradores y determinar la existencia de cómplices o nexos que hayan facilitado la operatoria.

De acuerdo con el portal El Doce.tv, la noticia sorprendió a los habitantes de Villa Cerro Azul, debido a que se trataba de una persona conocida en la zona. El caso quedó a disposición de la justicia provincial, desde donde se profundizan los análisis sobre el material secuestrado.

Desde su origen, el feroz crimen de Candela Sol Rodríguez, de tan solo once años, ocurrido en 2011 en Hurlingham estuvo impregnado de sospechas que vinculaban su muerte con la narcocriminalidad, la corrupción policial, siempre tan presente en casos de este tipo, el poder, la política. Y hasta se especuló, y luego se plasmó en el fallo que terminó condenando a los culpables, con un ajuste de cuentas contra el padre, Alfredo “Juancho” Rodríguez, quien por entonces purgaba una condena por piratería del asfalto.

Su muerte provocó una conmoción en el país, en especial en la provincia de Buenos Aires, gobernada entonces por Daniel Scioli. La investigación del caso siempre estuvo teñida por sospechas de improvisación, desmanejo y corrupción a todo nivel.

Lo cierto es que hoy, transcurridos ya catorce años de su aparición sin vida, las dudas e intrigas persisten respecto a que no se llegó a saber toda la verdad. Principalmente continúan en la mente y el corazón de su madre, Carola Labrador, quien así lo hizo saber siempre, en especial un par de meses antes de que saliera el fallo del segundo juicio realizado en la Justicia de Morón. En marzo de 2024, en pleno desarrollo del debate oral, la mamá de Candela no aguantó más y redactó una carta muy sentida en la que decidió renunciar a la querella, que fue acompañada y firmada al pie por sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

El texto describía la situación que la atormentaba: “Durante todo este calvario hemos tenido que soportar, como si fuera un peso extra a la cruz que cargamos, la actitud de los fiscales, que lejos de darnos esperanzas de hallar justicia, lo único que han hecho es sumirnos en la oscuridad y producirnos todavía aún más dolor, dirigiendo sus embates contra nuestra familia. Su actitud inquisidora, sus elucubraciones, su voluntad para echar sospechas sobre una familia desgarrada y devastada por el dolor, han sido en todo este proceso actos verdaderamente canallescos que solo hemos soportado para no demorar el proceso de Justicia y castigo con los asesinos de Candela. Este accionar denigrante se repite nuevamente en este debate, tal como en el anterior, donde del mismo modo que aquí, han ensuciado a mi familia. No encontramos razones valederas para sostener esta conducta. Por más que busquemos entre los sentimientos más viles que puedan inspirar este accionar, no hay forma de hallarlos”.

Su crítica y su profundo y angustiante dolor estaba apuntado a los fiscales intervinientes en el curso del expediente, Marcelo Tavolaro y Mario Ferrario: “Presentaron pruebas contaminadas. Militaron la causa de la sospecha sobre nuestra familia para encubrir su accionar negligente, plagado de irregularidades e ilegalidades durante todo el proceso que llevaron al fatal desenlace por haber desviado la investigación. El resultado fue no haber podido hallar a tiempo y con vida a mi hija”. Así Carola Labrador renunciaba a la querella en el segundo juicio que se estaba sustanciando para determinar más culpables del salvaje asesinato de Candela.

Los hechos, incontrastables, le daban la razón en lo que respecta a la demora en encontrar a la niña. Es que Candela fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 a metros de la casa donde vivía, en la calle Coraceros, en Hurlingham. Y recién apareció, asesinada, nueve días más tarde, el 31 de dicho mes, en una bolsa negra. Fue hallada por una mujer que recolectaba cartones en la colectora de la Autopista del Oeste, junto a un vehículo, a unas treinta cuadras del hogar familiar.

La investigación continuó siempre plagada de sospechas, mientras la madre de la niña no se cansaba de repetir: “La Justicia argentina es una vergüenza”. Recién en 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 sentenció a prisión perpetua a Hugo Bermúdez y a Leonardo Jara por los delitos de “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte”, y a cuatro años a Fabián Gómez como “partícipe secundario”.

En 2024, mientras se sustanciaba el segundo juicio fue citado a declarar como testigo Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, archiconocido capo narco de San Martín que llegó a ser candidato a intendente de dicho partido, y que curiosamente había sido detenido once días antes del secuestro de Candela. Mameluco aseguró que el crimen de la niña fue un secuestro extorsivo vinculado a dinero del narcotráfico, en el que a los captores “se les fue la mano” y la mataron. El fiscal Mario Ferrario lo acusó de haber formado parte del hecho delictivo como “partícipe necesario” junto al expolicía bonaerense Sergio Chazarreta, dueño de la camioneta negra que se dijo que se usó para trasladar a Candela, un presunto “informante o buche” de la policía llamado Héctor “El Topo” Moreyra, y un carpintero del barrio, Néstor Altamirano, a quien se señaló como responsable de haber cuidado a la niña en su cautiverio.

En mayo de 2024 salió el fallo de dicho segundo juicio en el que la Justicia de Morón absolvió a los cuatro: Villalba, Chazarreta, Moreyra y Altamirano. Mameluco siguió el debate oral por zoom desde su lugar de detención porque había sido condenado en otra causa por narcotráfico a 22 años de prisión.

Respecto a los dos que fueron condenados a prisión perpetua en 2017, Jara y Bermúdez, Carola Labrador fue contundente: “Faltaron más. Porque Jara la secuestró con otras dos personas que nunca fueron identificadas. Les pregunto todavía a los fiscales quiénes eran y dónde están. Ellos fueron los que se la entregaron a Bermúdez, que además de matarla la abusó. Sé que lo negaron y se proclamaron inocentes, pero no les creo nada. Por algo los condenaron”.

En mayo de 2019 entrevisté a Hugo Elbio Bermúdez en la Unidad 25 Lisandro Olmos, quien se encontraba en el pabellón para mayores de 60 años, y esto dijo: “Entiendo el dolor de la madre, pero la verdad es que no tuve nada que ver. Buscaron perejiles en el barrio y nos condenaron a mí, a Jara (Leonardo, sentenciado a prisión perpetua como coautor del secuestro y homicidio, en ese momento preso en la Unidad de General Alvear) y a Gómez (Gabriel, cuatro años de prisión como partícipe secundario). Ni siquiera encontraron cruces telefónicos entre nosotros. Sólo espero que se investigue a fondo: esto tiene tufillo narco.

—¿Usted se dedicaba a vender drogas?

—Para nada. Quisieron ensuciarme con cualquier cosa. No vendía, tampoco consumía. Yo tengo mi teoría: esto es algo mafioso. Sólo los narcos se meten con la familia. Cualquier delincuente que se dedica a otra cosa nunca involucra a los hijos en las diferencias, salvo cuando hay falopa de por medio.

La charla continuó acerca de pormenores de la causa porque se lo sindicaba como pirata del asfalto, cosa que Bermúdez negó, aunque admitió que tenía su propio camión para transportar cargas. Nunca se hizo cargo del crimen, menos de la violación, pero hoy sigue preso, ya lleva catorce años tras las rejas.

Carola Labrador jamás le creyó: “Siempre mintió, pero no fue el único. Lo peor es que muchos zafaron y tampoco se los buscó demasiado, la Justicia, mejor dicho, los fiscales miraron para otro lado, como ya mencioné —expresó indignada— Moreyra y Chazarreta fueron parte. Pero se perdió mucha prueba y aparte como ellos trabajaban para la policía en ese momento, la misma policía los protegió, digamos que los taparon. Como también lo hicieron con Juan Carlos Paggi, Hugo Matzkin y Roberto Castronuovo, los tres jefes principales de la Bonaerense cuando mataron a Cande. Un escándalo".

—¿Mameluco Villalba no tuvo nada que ver en el secuestro?

—Lo metieron para hacer ruido y prensa, si ya estaba preso por otra causa hacía como dos años y condenado por más de veinte. Aparte el tipo vendía droga, no secuestraba chicas. Lo incluyeron por su prontuario. Los fiscales no sabían qué hacer para que sus medidas tuvieran repercusión en los medios y aprovecharon sus antecedentes para simular que estaban activos tomando medidas. Insistían con que mi marido había marcado narcos para dejarlo expuesto y quedó comprobado que no fue así. Él estaba preso por otra causa que nada que ver (N del R: por piratería del asfalto, es decir, asaltar camiones). Además no pudieron comprobar nada, solo fueron teorías que crearon sin fundamento. Siempre que puedo lo digo, una vergüenza la Justicia de Morón y la Justicia argentina. Y decí que yo tenía atrás, cuidándome, al doctor Fernando Burlando y su equipo, si no hubiese sido peor. A los fiscales no les importó nada la vida de mi hija. Ellos no sintieron la angustia y el sufrimiento que yo padecí cuando tuve que reconocer su cuerpo. Nunca me voy a olvidar de que el fiscal Tavolaro quería meterme presa. Me dijo en la cara que mi hija era una atorranta y que yo la prostituía. Y en la difusión de los inventos que decían que yo vendía droga también tuvo que ver. Esa persona estuvo a cargo de la investigación, con eso está todo dicho".

Alexis Mauro Rial, identificado como reclutador de sicarios y ejecutor de ataques armados para la organización liderada por Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, fue condenado a 14 años de prisión en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La decisión judicial, homologada por el juez Mariano Aliau, responde a una serie de delitos cometidos en 2022, que incluyen atentados con armas de fuego, lesiones a varias personas y portación ilegal, en el marco de la operación de un grupo con ramificaciones en el sur santafesino y derivaciones penales a nivel nacional.

La pena se alcanzó tras un juicio abreviado, gracias a un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Rial, según informó el portal del diario La Capital.

El acusado, conocido como “Maurito” o “Rafa”, se encontraba sindicado como uno de los referentes claves de la banda encabezada por Rodríguez Granthon, condenado a perpetua y considerado uno de los principales proveedores de droga en la región.

Según planteó Socca en la audiencia del miércoles, la estructura liderada por Rodríguez Granthon consolidó su control territorial por medio de maniobras violentas entre enero y diciembre de 2022, desplazando a rivales e imponiendo sus reglas en barrios conflictivos del norte y oeste rosarino.

Además, parte de la red operaba desde establecimientos penitenciarios, donde se gestaron también órdenes para ejecutar balaceras y operaciones de narcotráfico a gran escala.

El fallo clarifica que Rial ocupó un lugar determinante en la cadena de mando. A órdenes de Brian Emanuel Villalba, considerado jefe de sicarios, y del propio “Peruano”, tenía a su cargo la selección y reclutamiento de tiratiros, la distribución de tareas, armas y vehículos, así como la logística necesaria para materializar actos delictivos.

En la sentencia, el tribunal enumeró casos de extorsión y ataques armados —apuntados a resolver deudas vinculadas al tráfico de drogas según la acusación— entre los que se destaca el registrado el 23 de enero de 2022.

Aquel día, a las 20.30, Rial y otros dos jóvenes circulaban en una motocicleta Honda Wave roja y dispararon trece veces contra una vivienda de Doctor Riva al 5600. Investigadores atribuyeron estos ataques al intento de cobrarse 150 mil dólares en concepto de deuda.

Los ataques se repitieron en febrero y abril del mismo año, bajo una modalidad de incremento de la presión y la amenaza. Tras el despliegue policial y las pesquisas, se estableció que los autores ejecutaban directivas provenientes desde el penal de Ezeiza.

Otro hecho de gravedad atribuido a Rial ocurrió el 29 de mayo de 2022 a las 14.50 en Lamadrid y Balcarce, frente a un carrito de comida del barrio Municipal. Dos motos tipo Tornado blancas arribaron al lugar y sus ocupantes efectuaron quince disparos que alcanzaron a dos hombres, provocando fracturas y heridas de consideración.

Según los antecedentes mencionados por la justicia, uno de los heridos había sido amenazado anteriormente vía Facebook y fue víctima de un nuevo ataque el 20 de julio de ese año bajo la escalera de su propia casa, donde resultó herido en abdomen, cadera y una pierna.

La condena también abarca el delito de encubrimiento por la adquisición y circulación de una moto Honda Twister de 250 cc robada y adulterada, recuperada en un control vial en julio de 2022, así como el uso de un Volkswagen Gol Trend robado y la tenencia de una pistola Bersa 9 mm sin numeración, recuperada por personal de la ex Agencia de Investigación Criminal.

El líder de la banda, el propio Rodríguez Granthon, piloto civil preso en Ezeiza y señalado como socio principal de Los Monos, fue condenado a perpetua en 2024 por liderar desde prisión el robo del auto utilizado en el asesinato del pastor y ex concejal rosarino Eduardo Trasante. En mayo de este año, ocho de sus sicarios recibieron diferentes penas por formar parte de su organización.

El estado de Baja California se encuentra bajo la mira luego de que este domingo, 24 de agosto, un par de narcomantas fueron expuestas en diversas zonas del municipio de Ensenada. El mensaje, apropiado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue directamente en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila por supuestas extorsiones al sector pesquero.

La primera fue encontrada alrededor de las 06:12 horas en el área del nodo vial, cerca del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, indicó el semanario Zeta Tijuana. En el lugar fue posible observar una manta de aproximadamente 2 x 2 metros y fue ubicada estratégicamente en el letrero de bienvenida a la ciudad, uno de los puntos más visibles de la demarcación.

Encuentran segunda narcomanta

Entre las movilizaciones de la Secretaría de Seguridad local, uniformados lograron hallar un segundo mensaje muy parecido al primero. En esta ocasión se encontró la manta entre las calles Reforma y Manuel Ávila Camacho, colonia El Ciprés, sobre la carretera Transpeninsular.

Infobae México tuvo acceso a reportes policiales locales en donde se detalla que la narcomanta fue reportada por transeúntes quienes se comunicaron al 911 para denunciar que en el puente, localizado justo en frente del edificio del Gobierno del estado se encontraba el mensaje destacando las siglas ‘CJNG’, esta situación generó una pronta movilización por parte de las autoridades locales quienes arribaron al lugar confirmando que dirigía a la mandataria

Ante el hallazgo, los elementos de seguridad solicitaron el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California y del CM5, esto con el objetivo de revisar las cámaras de videovigilancia para observar a dos sujetos vestidos de negro, quienes se encontraban merodeando el área alrededor de las 05:35 de la mañana, señalados de ser los presuntos responsables de colocar las narcomantas.

En esta manta se puede observar que se le acusa a Ávila Olmeda sobre presuntas facilidades para dejar pasar extorsiones en contra del sector pesquero y sus trabajadores, específicamente señalan a Arturo Alejandro Hernández Medina, mejor conocido como ‘El Tury’, quien estaría vinculado a ‘Los Aquiles’ del Cártel de Sinaloa.

“Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. No nos extraña que les des las espalda al pueblo de Ensenada. Desde que llegaste al poder haz permitido que Arturo Alejandro Hernández Medina, alias ‘El Tury’ extorsione a todo el sector pesquero de este municipio. Este mugroso, apoyado por las lacras de ‘Los Aquiles’ del CDS, le estaba haciendo un daño irreparable a viento de familia y a la economía de este estado. Vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, si la gobernadora influencer no toma carta en el asunto pues hágalo usted o seguirá corriendo sangre. ATTE. 646 CJNG”, se ve escrito.

Comerciantes aseguran que la extorsión es real

La ola de violencia por la que atraviesa el estado de Baja California ha pegado también a productores y vendedores locales, principalmente en el municipio de Ensenada. Un caso que se hizo viral en redes sociales fue el de Moisés Muñiz quien indicó que se vio obligado a cerrar su restaurante de mariscos ‘El Compa Moy’ tras una serie de amenazas.

De acuerdo con el emprendedor, quien compartió esta decisión a través de sus redes sociales, el clima de inseguridad, las amenazas y el cobro de piso lo hicieron replantearse si su sueño de tener un negocio valía su vida, motivo por el cual decidió cerrar de manera definitiva.

“Mi gente a partir de hoy mariscos ‘El Compa Moy’ cierra sus puertas permanente por motivos de inseguridad en el municipio. Cuando me encuentre en un lugar seguro con mi familia les hago un comunicado con más detalles”, detalló.

Además de narrar cómo lo difícil que fue abrir su restaurante y, sobre todo, tener que cerrarlo a cuatro años de su inauguración, arremetió en contra de las autoridades locales a quienes califica de ineficientes y pasar sobre las necesidades de los ciudadanos que buscan ganar su sustento de manera legal: “Fui amenazado en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, pero ya llegó el límite, llegó el límite en donde yo no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes”.

Agregó que no es el primero ni el único comerciante que se ha tenido que desplazar, expuso que el pasado 18 de agosto un atentado contra una pescadería en Ensenada dejó a una persona muerta y tres más heridas, pero hasta el momento no se ha dado con los responsables: “Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto al gobierno estatal como al federal y por ende pues los municipios, entonces ¿con quién buscamos ayuda?”.

¿Qué dicen las autoridades al respecto?

Luego de que se hiciera viral la denuncia de Moisés Muñiz, la Fiscalía General del Estado lanzó un comunicado en donde aseguran que ya tuvieron un primer contacto con la persona afectada, pero éste no habría realizado aún una denuncia formal por lo que se le instó a actuar.

Asimismo, la fiscal María Elena Andrade extendió su apoyo al comerciante para que acudiera a rendir declaración, le proporcionó protección para mantenerlo a salvo y aseguró que se iniciaron las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables.

Lo anterior corresponde, indicó la institución, a la Estrategia Nacional contra la Extorsión que se implementó en la entidad y con la que han logrado desmantelar a siete grupos delictivos, se han logrado detener a 21 personas en municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito.

Pese a lo anterior, ni la gobernadora Ávila ni la Fiscalía del Estado han emitido postura alguna sobre las narcomantas que aparecieron el pasado fin de semana.

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de un amplio operativo antidrogas encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que se llevaron adelante cinco allanamientos simultáneos que permitieron detener a tres hombres y una mujer.

El despliegue incluyó la incautación de más de 1.300 dosis de estupefacientes, cuatro vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo en varias monedas y dispositivos electrónicos, consolidando uno de los procedimientos antidrogas más relevantes de los últimos meses en la región.

La acción policial se concretó tras una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Mar del Plata y la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio, bajo la supervisión del fiscal Santiago Eyherabide y su colaborador, el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

Según informó el portal 0223, la orden judicial fue emitida por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que regula y sanciona todas las etapas vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes.

El megaoperativo se desplegó durante la madrugada en distintos sectores periféricos de Mar del Plata, donde personal de Prefectura irrumpió con órdenes de allanamiento en cinco puntos específicos.

Allí, como resultado, fueron aprehendidos cuatro adultos, todos de nacionalidad argentina, quienes permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades informaron que los procedimientos permitieron secuestrar 106,7 gramos de cocaína (equivalentes a 320 dosis) y 339,7 gramos de marihuana (alrededor de 1.019 dosis) además de 534 plantines y 40 semillas de cannabis. Entre los elementos decomisados se hallaron dos camionetas, dos automóviles, una arma larga de fuego con municiones calibre 14, teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos y dólares.

La valoración preliminar del material secuestrado arrojó un monto superior a los 127 millones de pesos ($127.703.184,00). Los dispositivos telefónicos y electrónicos secuestrados serán analizados para robustecer la evidencia en la causa federal.

Uno de los puntos allanados funcionaba como bar y local de comidas, donde se hallaron estupefacientes listos para su comercialización. Este establecimiento fue clausurado por personal del Departamento de Bromatología de la Municipalidad de General Pueyrredón, tras la intervención del juzgado de turno. También busca determinar la posible utilización del comercio como fachada para la distribución de drogas.

Otro golpe al narcotráfico en Mar del Plata

A mediados del mes de junio pasado, en otra serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata y dentro de la propia Unidad Penal XV de Batán, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló a una organización criminal conocida como el “Clan Costa”, dedicada al tráfico de estupefacientes.

La investigación, supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, reveló que el líder de la banda dirigía las operaciones desde una celda del pabellón 13 de ese penal bonaerense.

El operativo derivó en la detención de seis sospechosos —tres hombres y tres mujeres— y en el secuestro de más de nueve kilogramos de marihuana, dosis de cocaína, 11 pastillas de éxtasis, cuatro plantas de cannabis sativa, 394.160 pesos en efectivo, cartuchos de pistola calibre 40 milímetros, una tobillera electrónica, siete teléfonos celulares y documentación vinculada a la causa.

Todo comenzó tras una serie de tareas investigativas realizadas por la División Antidrogas de la PFA en Mar del Plata, donde se detectaron maniobras de tráfico de drogas con origen y destino en esa ciudad. Con aval de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, encabezada por el fiscal federal Santiago Eyherabide y con colaboración del ayudante fiscal Hércules Giffi, los uniformados desplegaron un trabajo de campo que incluyó seguimientos discretos, vigilancias prolongadas y la intervención judicial de 30 líneas telefónicas.

A partir del entrecruzamiento de datos, los agentes lograron reconstruir el funcionamiento de la estructura, identificar a sus miembros y localizar siete domicilios en Mar del Plata vinculados a la banda. También determinaron que las órdenes operativas partían desde el penal de Batán, donde el líder del grupo —un interno condenado— coordinaba las acciones delictivas con el resto de los integrantes.

Con la información reunida, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó ocho allanamientos simultáneos, incluyendo uno dentro del establecimiento penitenciario.

El 6 de agosto, las autoridades en Colombia informaron sobre la captura de Ignacio Alexander Arends Villarueth, más conocido como “Chande”, requerido por la justicia de Estados Unidos al ser vinculado con varias estructuras del narcotráfico.

De acuerdo al informe preliminar que expuso la Policía Nacional, Arends fue capturado en Bahía Hondita, en La Guajira, en un operativo del que participó la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Ejército Nacional.

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El capo se escondía en un hotel campestre y de acuerdo con las autoridades, había logrado escapar gracias a una red de informantes que le informaban sobre la presencia de la policía para que pudiera moverse entre refugios indígenas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el Gobierno nacional firmará la extradición de “Chande”, que es requerido por la Corte Distrital Sur de la Florida, en Estados Unidos.

“La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando continuamente para combatir el crimen organizado en todos los niveles”, declaró tras el operativo el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos.

Los secretos de la captura

Mientras “Chande” sigue en territorio colombiano, fuentes de Infobae Colombia revelaron detalles de cómo se registró la captura del capo, que era conocido en la región por sus vínculos directos con el Clan del Golfo.

La captura de Arends Villarueth no fue sorpresiva, ya que las autoridades tenían claridad de que tenía su centro de operaciones en el hotel campestre en el que fue sorprendido por los uniformados.

De la misma forma, habían identificado las camionetas de alta gama, la mayoría con placas extranjeras, en las que se trasladaba entre Riohacha y Maicao para estar cerca a la frontera con Venezuela.

Hasta el momento, “Chande” ha sido imputado por los cargos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y se podrían sumar otros cargos por su presunta conexión con narcos de la región y cabecillas del clan Puchaina.

Las autoridades estiman que “Chande” lograba enviar más de dos toneladas de cocaína semanales a través de rutas de conexión con Puerto Rico y República Dominicana, para que la droga terminará en Estados Unidos.

Se cree que las islas del Caribe eran utilizadas para cargar combustible, puesto que los cargamentos eran enviados en lanchas rápidas que no tienen capacidad para llegar directamente a Norteamérica.

Algo que llamó la atención durante la investigación es que el narco se presentaba en la región como un trabajador del sector de la pesca, lo que era verídico, ya que mientras enviaba droga al exterior, también manejaba una empresa de distribución de productos de comida de mar en Santa Marta, lo que era una de sus fachadas para engañar a las autoridades y a las poblaciones civiles.

De hecho, se confirmó que utilizaba resguardos indígenas para guardar mercancía y narcóticos, mientras que pagaba a terceros para conocer si había operativos policiales en la región para mover estos objetos de ubicación.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la captura del capo, que sigue recluido mientras se determina si será avalada su extradición a Estados Unidos o su proceso judicial se llevará a cabo en Colombia.

Esta no es la primera vez que las autoridades identifican a narcotraficantes en estas zonas, puesto que la frontera con Venezuela se ha convertido en un lugar predilecto de estos criminales para intentar esconderse de los operativos policiales, teniendo en el conocimiento de la región un plus que permite tener claridad sobre las rutas de escape más favorables.

Autoridades municipales de San Francisco de los Romo, El Llano y Rincón de Romos, en Aguascalientes, emitieron recomendaciones a la población para que permanezca en sus hogares y evite salir, salvo por motivos estrictamente necesarios, con la intención de evitar altercados tras la jornada violenta que se desató en toda la entidad.

La advertencia surge tras una serie de actos violentos ocurridos este sábado 26 de julio, luego del desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, ubicada en Rincón de Romos.

El laboratorio fue desarticulado durante un operativo coordinado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Posteriormente, presuntos integrantes de grupos delictivos respondieron con bloqueos en varias vialidades de la región.

Utilizaron camiones y vehículos robados, los cuales fueron incendiados para obstaculizar la circulación.

Además, se reportaron ataques a tiendas de conveniencia y otros establecimientos comerciales mediante el uso de bombas molotov.

Las autoridades utilizaron las redes sociales para comunicar a la ciudadanía la recomendación de mantener resguardo domiciliario, mientras persistían los operativos de seguridad y las labores de control de los disturbios provocados por los grupos criminales.

¿Qué consecuencias ha tenido la jornada violenta en Aguascalientes?

Como consecuencia de la violencia, en San Francisco de los Romo se canceló un concierto de música de los años 80, que estaba previsto para este fin de semana en la Hacienda de Luis de Letras.

El evento fue reprogramado para el 1 de agosto, en atención a la situación de incertidumbre y para salvaguardar la seguridad de asistentes y organizadores.

La fiscalía del estado informó que, tras el “exitoso operativo” de desmantelamiento del narcolaboratorio, se registraron diversos altercados.

El fiscal general, Manuel Alonso García, aseguró que gracias a la oportuna coordinación entre cuerpos de seguridad se logró responder de inmediato ante los hechos de violencia y neutralizar los principales focos de riesgo para la población.

Por otra parte, se reportó la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con la operación del laboratorio y con las acciones violentas posteriores. Las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos en los diferentes incidentes y para identificar a otros posibles responsables.

La jornada violenta expuso la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, pero también la vulnerabilidad de las comunidades ante las represalias de las organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen operativo el despliegue de seguridad en la región y exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y evitar exponerse innecesariamente.

El Cártel de los Soles es una organización criminal, señalada el viernes por autoridades estadounidenses como una red de narcotráfico, integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Según las investigaciones, su estructura se apoya en el aparato militar, la participación de redes civiles y el respaldo institucional del régimen chavista, lo que le permite controlar rutas internacionales de drogas, ejecutar operaciones de lavado de dinero y mantener alianzas con otras organizaciones criminales en América Latina.

El nombre “Cártel de los Soles” proviene de las insignias doradas en forma de sol que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus uniformes. La expresión fue utilizada por primera vez en 1993, cuando los generales Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas fueron investigados por tráfico de drogas.

En sus primeras etapas, la implicación de oficiales militares consistía en aceptar sobornos a cambio de permitir el paso de cargamentos. Con el tiempo, esta participación se profundizó hasta convertirse en un involucramiento directo en el transporte, almacenamiento y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cártel utiliza infraestructura estatal venezolana, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y convoyes oficiales, para movilizar cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, África Occidental y Europa.

Estas operaciones son coordinadas por oficiales de alto rango y, según las autoridades estadounidenses, cuentan con respaldo institucional del régimen venezolano que facilita la logística, reduce los controles fronterizos y garantiza impunidad.

En su más reciente decisión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasificó al Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional, e incorporó a sus integrantes a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que permite imponer sanciones económicas y restricciones internacionales.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado declaró que Estados Unidos empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

No se trata de una acusación reciente. En 2008, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había sancionado a tres altos funcionarios venezolanos: Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar; Henry de Jesús Rangel Silva, ex ministro de Defensa; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior, por colaborar con la guerrilla colombiana de las FARC en operaciones de narcotráfico.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen chavista, acusándolos de liderar el Cártel de los Soles. Según los fiscales federales, el grupo opera al menos desde 1999 y habría utilizado el poder político y militar para desarrollar un sistema de narcotráfico de alcance internacional.

Diosdado Cabello figura en los informes como una pieza clave en la estructura del cártel. Se lo acusa de facilitar rutas de narcotráfico y de usar su posición de poder para blindar legalmente las operaciones y afianzar su influencia política.

Otro nombre mencionado en las investigaciones es el de Tareck El Aissami, ex ministro del Petróleo y ex vicepresidente. Fue detenido en 2024 y acusado por la Fiscalía chavista de liderar una red de corrupción ligada a la estatal PDVSA, cuya estructura habría sido utilizada para financiar operaciones vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses describen al Cártel de los Soles como una red que se sostiene sobre tres elementos fundamentales: el control territorial ejercido por los cuerpos armados, la protección institucional desde el Ejecutivo venezolano y la utilización de empresas públicas y privadas para el blanqueo de capitales.

En marzo de 2025, un portavoz del FBI declaró que las investigaciones en curso buscan desmantelar totalmente la estructura financiera y operativa del grupo, y que están bajo análisis los vínculos comerciales, empresariales y políticos que sostienen el sistema delictivo.

Relaciones operativas con otros cárteles

Estados Unidos también ha documentado relaciones operativas entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estos vínculos incluyen colaboración logística, protección cruzada y participación conjunta en la distribución de drogas. Tanto el Tren de Aragua como el Cártel de Sinaloa han sido designados por Washington como organizaciones terroristas internacionales.

El Tren de Aragua, surgido en Venezuela, ha extendido su actividad a más de una docena de estados de EEUU y a diversos países latinoamericanos. Se lo vincula con extorsión, tráfico de personas, narcotráfico, robos y violencia armada.

Durante una audiencia en el Senado, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que estas estructuras criminales representan el lado oculto de otros delitos como el tráfico de personas y el terrorismo. Añadió que la prioridad de la administración estadounidense es intensificar la persecución internacional de estas redes mediante acciones judiciales, cooperación con gobiernos aliados y sanciones financieras.

Ni el Ministerio de Comunicación del régimen chavista ni el propio Nicolás Maduro respondieron a las solicitudes de comentarios. En declaraciones anteriores, Maduro rechazó las acusaciones, las calificó como parte de una campaña de desprestigio y pidió a Estados Unidos que enfoque sus esfuerzos en controlar el consumo interno de drogas en lugar de responsabilizar a Venezuela.

Uno de los presuntos organizadores de una pesada banda narco de Rosario fue detenido este lunes en el Showcase de Belgrano, en inmediaciones de Arribeños y Monroe, en un operativo que llevó a cabo la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe luego de varios días de vigilancia.

Se trata de Pablo Javier Raynaud, que estaba prófugo desde octubre de 2023, cuando la División Antidrogas de la Gendarmería encabezó el operativo “Cosecha blanca”, dirigido a la banda que, según el legajo, es liderada por el rosarino Brian Walter “Barba” Bilbao, que permanece evadido de la Justicia federal.

Para la captura de Raynaud, la fuerza de seguridad santafesina recibió colaboración de personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, de acuerdo con la información que envió el Ministerio de Seguridad provincial.

En las próximas horas comenzarán los trámites para trasladar al sospechoso a un penal, donde quedará alojado a la espera de la imputación que le formularán los fiscales federales de la Procunar Matías Scilabra y Diego Iglesias.

Como ya publicó Infobae en varias oportunidades, el operativo “Cosecha blanca” cobró impulso sobre finales de octubre de 2023 e inicios de noviembre de ese año, cuando Gendarmería detuvo a 13 personas –entre ellas, a cinco colombianos que eran pilotos, ingenieros aeronáuticos o mecánicos de aeronaves– y secuestró 39 mil dólares, 6 millones de pesos, cinco armas de fuego y tres aviones que eran de la propia estructura delictiva bajo investigación. En el avance del legajo se presentaron distintas personas, que se pusieron a disposición, y ya rindieron cuentas ante la Justicia federal.

Por los indicios recolectados en la causa, la presunta banda liderada por Brian Bilbao operaba con dos aeronaves Beechcraft Baron que fueron secuestradas en el aeródromo privado de Campo Timbó “Club de campo y golf”, en la localidad de Oliveros, y un Cessna 210, que fue incautado en un hangar de una zona rural de la comuna de Carrizales.

Se presume que los tres eran usados para hacer fletes aéreos, para traer cocaína desde el norte de Bolivia hasta el sur de Santa Fe, desde donde después se hacía la distribución en la provincia y en Buenos Aires.

Debajo del presunto jefe Brian Bilbao, según la investigación, está su círculo familiar: su hermano Waldo Alexis Bilbao, su pareja Paola Vanesa Acuña y su hijastro Yoel Denis Aragón. En lo alto de la estructura también fueron ubicados Pablo Raynaud y Mariano Zuviría —chofer del presunto líder—.

Raynaud, hoy detenido, estaba señalado en la investigación como uno de los propietarios de los campos donde aterrizaban las aeronaves cargadas con cocaína.

En el legajo federal se hizo hincapié sobre las maniobras que realizaban los sospechosos con el dinero obtenido de las operaciones narco.

Por caso, se indicó que adquirieron mediante testaferros dos franquicias de un medio de comunicación, dos empresas de taxi, una agencia de autos, una compañía de armado y colocación de pantallas LED, dos bares, una firma de reparación de maquinaria agrícola, una empresa de distribución de agroquímicos, varios negocios en el rubro inmobiliario y en la construcción, y en la fabricación biodiésel y aceite hidráulico.

A Brian Bilbao también lo mencionó una nota de Infobae de enero pasado, cuando su nombre apareció en notas intimidatorias que fueron arrojadas en tres atentados a tiros contra comercios ubicados en distintos puntos de Rosario. Ninguno de los negocios baleados –un minimarket, una distribuidora y una pollería– tenía relación alguna con el presunto capo narco, por lo que se supone que fueron escogidos al azar para enviar el mensaje mafioso.

Durante la conferencia matutina de este lunes, 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró serena ante los presuntos vínculos que han generado los medios sobre el caso de Julio César Chávez Jr., el Cártel de Sinaloa y la gestión morenista.

Ante ello, destacó que no se trata de algo que desconozca e incluso respaldó las medidas tomadas por las autoridades mexicanas en pro de la legitimidad del estado, de sus investigaciones y del legítimo proceso que se debe tener para poder detener a una persona, aunque recalcó que aún no se ha señalado a nadie de ningún delito.

“No es nuevo, no tiene cabida. Cuando hay una acusación, tiene que demostrarse y, particularmente, si es penal, tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión. Yo creo que es importante decirlo: nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia”, puntualizó.

¿Hay favoritismo con el Jr.?

De acuerdo con el reportero Juan Bautista, del medio Voces del Periodista, existen programas y publicaciones que hablan de supuestos vínculos entre el narcotráfico que aqueja al país y la Cuarta Transformación, una narrativa que se ha puesto sobre la mesa en los últimos 6 años.

En ese sentido, la mandataria reiteró que si bien no se trata de una acusación nueva, en casos como el que está sucediendo actualmente, son las autoridades las que deben exponer cuáles son los datos por los que se le hizo un llamado a la detención y extradición de JC Chávez Jr. sin importar el nombre del sujeto.

“Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas. Si vienen de una agencia donde participa la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, tienen que presentarse las pruebas siempre. En México todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando hay una orden de aprehensión hay pruebas que sustente”, agregó.

Fiscalía pide a EEUU revisión del caso

Tras hacerse pública la aprehensión del pugilista, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, adelantó que fue esta instancia quien, durante año y medio, se comunicó con sus similares en Estados Unidos para que los apoyaran en la investigación abierta en 2019 donde se vincula al Jr. con delitos como drogas, crimen organizado y tráfico de armas y de personas que, a su vez, habrían estado ligadas al Cártel de Sinaloa.

“(...) Hemos hecho, durante un año y medio, una serie de solicitudes y de notificaciones al gobierno (norteamericano), y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo”, sostuvo.

“Actuaba libre y absolutamente en territorio norteamericano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo, desde esa fecha hasta el día de hoy, el requerimiento para que nos los entreguen (...). Vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes (norte) americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión (...)”, agregó.

Triste, preocupado y en medio de un llanto ahogado, el exboxeador Julio César Chávez visitó el foro de Venga la Alegría para participar en algunas de las dinámicas del programa. Sin embargo, la situación por la que atraviesa su hijo, JC Chávez Jr. lo ha afectado de gran manera haciendo que en una de ellas llegara al punto de soltar algunas lágrimas.

Dentro de este segmento, su hija Nicole, realizó un ejercicio junto a su padre en donde cada uno le preguntaría al otro qué es lo primero que pensaban al leer una palabra. Al inicio, la conversación entre ambos mostró el gran ambiente que viven en familia, pero conforme pasaban las preguntas el ‘César del boxeo’ comenzó a conmoverse.

Gran parte de la dinámica se centró en la relación que tiene con Nicky y la admiración de ésta por él y su madre, la señora Myriam Escobar, y cuáles han sido las más grandes dificultades que don Julio ha tenido en su vida, enmarcando la oscura etapa de sus adicciones.

El dolor de un padre por su hijo

Una de las palabras que tocó el corazón de JC fue, sin duda, Dios. Es bien sabido que el exatleta mexicano es un ferviente creyente de la fe cristiana y católica, a tal grado que incluso parte de la clínica de rehabilitación incluye el acercamiento a la religión.

“Dios significa todo para mí. Creo mucho en Dios. Creo que, a veces, los tiempos de Dios son perfectos, a veces nos desesperamos, a veces queremos todo que se resuelva, sobre todo cuando hay problemas. Y yo espero en Dios que tu hermano (JC Chávez Jr.) esté bien y todo se arregle primeramente Dios”, fueron las palabras del ‘César’ ante las cámaras.

¿De qué se le acusa al Jr.?

Julio César Chávez Jr. enfrenta múltiples acusaciones derivadas de investigaciones en Estados Unidos y México, según comunicados oficiales. Esto ha llevado a que autoridades mexicanas y estadounidenses deban coordinarse para esclarecer los hechos. Aquí te decimos los señalamientos:

1. Ingreso ilegal y fraude migratorios

Fue arrestado el 2 de julio de 2025 en Los Ángeles por agentes de ICE, tras confirmar que permanecía en Estados Unidos con una visa de turista B2 vencida desde febrero de 2024. Su solicitud presentada en abril de 2024 para obtener residencia permanente, basada en un matrimonio con ciudadana estadounidense, fue considerada fraudulenta por las autoridades migratorias.

La DHS lo clasificó como un “peligro público grave” y activó la deportación acelerada (“expedited removal”), que no contempla audiencia judicial normal.

2. Vínculos con el Cártel de Sinaloa y crimen organizado

DHS afirmó que Chávez Jr. mantiene presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al que en febrero de 2025 EE. UU. incluyó en su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”.

Señalan que la esposa del boxeador, Frida Muñoz, estuvo relacionada anteriormente con miembros del cartel, así como con Edgar Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

3. Orden de aprehensión en México: armas y crimen organizado

En marzo de 2023, la Fiscalía General de la República emitió una orden de captura en su contra por presunto delincuencia organizada y tráfico de armas.

Se le atribuye tráfico de armamento, municiones y explosivos, delitos que están siendo procesados en México y que motivan su extradición.

4. Historial criminal previo en Estados Unidos

En 2012 fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en California, con una sentencia de 13 días de cárcel y 3 años de libertad condicional.

En enero de 2024, fue arrestado por posesión ilegal de armas de asalto y fabricación de rifles cortos en Los Ángeles (rifles “fantasma” o ghost guns) y liberado bajo fianza ($50 000) condicionada a tratamiento de rehabilitación.

5. Procedimiento de deportación y extradición

EE. UU. inició un proceso de deportación acelerada. El gobierno mexicano solicitó su extradición inmediata para enfrentar los cargos nacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que espera que Chávez Jr. sea enviado a México para cumplir con sentencias por tráfico de armas y delincuencia organizada.

Información en desarrollo...

A plena luz del día fue abandonada una camioneta que contenía restos humanos en su interior, en el Municipio de Cerro Azul, en Veracruz. La camioneta de la marca Chrysler fue dejada en plena vía pública con la cajuela y puertas traseras abiertas, por lo que los peatones de la zona pudieron ver las bolsas que contenían los cuerpos, además en el pavimento se colocaron tres cabezas humanas, situación que provocó shock y crisis nerviosas para los testigos de la escena.

Rápidamente los vecinos de la zona alertaron a las autoridades locales, lo que provocó movilización inmediata de parte de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, además integrantes de la Fiscalía General del Estado asistieron al lugar para comenzar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes de los elementos policiacos, las cabezas que yacían en el pavimento correspondían a tres hombres y se presume que sus cuerpos, aparentemente segmentados, eran los que estaban dentro de la camioneta. Al interior del vehículo también encontraron equipamiento táctico, presuntamente relacionado a una organización delictiva y un narcomensaje que hacía referencia a que fue un ajuste de cuentas, debido a que mencionaban la ocupación de la plaza.

Cámara captó el momento en que abandonaron restos humanos

Una cámara de seguridad particular captó el momento en que los restos fueron abandonados en la colonia Valle, del municipio de Cerro Azul.

De acuerdo con el video, un par de hombres circulaban a bordo de la camioneta Chrysler y al llegar a la colonia Valle, descendieron para abrir cajuela y puertas del vehículo, mientras uno extendió la lona que contenía el narcomensaje, el otro colocó las bolsas con los restos en la parte trasera, además de situar las cabezas en el pavimento, concluido el acto, abordaron a un vehículo que los esperaba unos metros adelante.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación en busca de esclarecer los hechos, además, peritos forenses realizaron el levantamiento de los restos para su análisis e identificación.

Hallan restos humanos en antigua carretera a Minatitlán

En el municipio de Cosoleacaque fueron encontrados restos humanos dentro de una caja de huevo y dentro de una maleta, en la antigua carretera Minatitlán - Coatzacoalcos a la altura del puente Calzadas.

Automovilistas que circulaban en la zona se percataron de la presencia de ambos alijos y advirtieron a elementos de seguridad estatal, quienes desplegaron un operativo sobre la vialidad para retirar y asegurar los restos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz no se ha pronunciado, sin embargo, las primeras diligencias apuntan a que los restos correspondían a una mujer y un hombre, ambos mayores de 50 años. Los servicios forenses ya realizan análisis correspondientes para identificar ambos cuerpos.

Este par de sucesos se unen a otros siete casos de hallazgo de restos humanos con evidentes signos de violencia, en el estado de Veracruz, durante el mes de Junio.

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto de los términos sobre narco

Tanto cartel (con pronunciación aguda y sin tilde) como cártel (llana y con tilde) son grafías adecuadas para referirse a un tipo de organización ilegal o a cierto acuerdo entre empresas, pero se recomienda utilizar cartel.

Sin embargo, en los medios de comunicación abundan frases como las siguientes: «México lanza una macrooperación contra el Cártel de Sinaloa», «Estados Unidos estrecha el cerco financiero a los cárteles de la droga en la frontera con México» o «Bruselas multa a 15 fabricantes de coches por un cártel en el reciclaje de automóviles».

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas , para aludir a la ‘organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas’ y al ‘convenio entre empresas para evitar la competencia’ son igualmente válidas las formas cartel (plural carteles ), que tiene la pronunciación aguda etimológica (del alemán Kartell ) y cártel (plural cárteles ), con pronunciación llana y, por tanto, con tilde. No obstante, señala que cartel es la opción mayoritaria en el ámbito hispánico y es la que aconseja .

Se recuerda que se trata de un sustantivo común, por lo que lo apropiado es escribirlo con minúscula : el cartel de Sinaloa , el cartel de Cali .

De este modo, aunque los ejemplos iniciales son adecuados con la grafía cártel , habría sido preferible emplear la voz aguda y en minúscula: «México lanza una macrooperación contra el cartel de Sinaloa», «Estados Unidos estrecha el cerco financiero a los carteles de la droga en la frontera con México» y «Bruselas multa a 15 fabricantes de coches por un cartel en el reciclaje de automóviles».

¿Cuál es la función de la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

El presidente municipal de Santo Domingo, Filiberto Rodríguez Alvarado, ha alertado sobre una crisis de inseguridad que afecta gravemente a su municipio, ubicada en el estado de San Luis Potosí, donde integrantes de la delincuencia organizada han provocado el desplazamiento forzado de al menos 15 familias, despojándolas de sus viviendas, vehículos y pertenencias.

En rueda de prensa, el edil explicó que la situación que atraviesa su municipio, señalando que los hechos delictivos no solo se limitan a robos, sino que incluyen secuestros virtuales, extorsiones y el despojo directo de viviendas.

Según sus declaraciones, los grupos criminales llegan a las comunidades, se apoderan de las casas y obligan a los habitantes a abandonar el lugar, llevándose consigo sus pertenencias y camionetas.

“En Santo Domingo sí pasan cosas y yo puedo informar todo lo que está ocurriendo, hay robo de ganado, hay secuestros virtuales, extorsiones e incluso el despojo de viviendas, más de 15 familias han sido desplazadas… llegan y se apoderan de sus casas y pues la gente se tiene que ir, son gente del crimen organizado, sacan a la gente, les quitan sus cosas, sus camionetas, etcétera”, relató el alcalde.

La magnitud del problema se agrava por las características geográficas del municipio. Santo Domingo es el municipio más extenso de San Luis Potosí, abarcando el 8 % del territorio estatal, mismo que dificulta la cobertura y vigilancia en materia de seguridad, ya que las distancias entre comunidades y caminos rurales representan un reto logístico considerable.

El propio Rodríguez Alvarado ha subrayado que las células criminales ingresan “por todos lados” y cruzan el municipio impunemente a través de brechas y caminos secundarios.

La ubicación geográfica de Santo Domingo añade un elemento de complejidad a la crisis. El municipio colinda con el estado de Zacatecas, lo que facilita el ingreso y la salida de los grupos delictivos.

El alcalde ha reconocido que esta vecindad “nos complica la existencia”, ya que los criminales aprovechan la cercanía para operar con mayor libertad. “Es un tema delicado y no nos espanta, suceden en todo el país”, expresó Rodríguez Alvarado, aludiendo a la dimensión nacional del fenómeno de la inseguridad.

Ante la gravedad de la situación, el presidente municipal ha buscado el apoyo de las autoridades estatales. Ha establecido contacto directo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, lo que ha permitido que actualmente se realicen patrullajes diarios de la Guardia Civil Estatal en la zona.

En un operativo coordinado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una organización dedicada al narcotráfico que actuaba en distintas zonas de la provincia de Córdoba.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno y permitió imputar a seis personas por el delito de comercialización de estupefacientes. El grupo contaba con antecedentes federales y manejaba una estructura con roles definidos y conexiones en varios barrios cordobeses.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el operativo se desarrolló en el marco de un trabajo de seguimiento y vigilancia sobre la organización, cuyos miembros lograron mantener una intensa actividad ilegal en los últimos años, ncluso después de ser investigados por la Justicia Federal.

Entre los seis detenidos figuran cuatro hombres de 59, 33, 28 y 34 años y dos mujeres de 46 y 50 años, todos vinculados por lazos familiares.

El liderazgo de la banda correspondía al hombre de 59 años, quien, junto con tres de sus hijos, articulaba la red de comercialización en distintos sectores de la ciudad y áreas periféricas.

Tanto el jefe de la banda como uno de sus hijos ya habían sido involucrados en una causa federal de 2019, lo que resalta la reincidencia y el entramado consolidado dentro de la familia. Sus antecedentes por narcotráfico no impidieron que retomaran y expandieran la actividad clandestina.

La FPA desplegó el operativo en ocho domicilios distribuidos en Río Ceballos, Río Segundo y varios barrios de la capital, entre ellos Villa Revol, Talleres Oeste, José Ignacio Díaz 4ª Sección, Cárcano de Horizonte y Villa Ciudad Evita. En esta última zona se desarticularon dos puntos de venta situados en un sector que, según la fuerza, es considerado de alta peligrosidad debido al nivel de conflictividad y movimiento narco.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron 140 dosis de cocaína, 19 dosis de marihuana, un arma de fuego, cuatro vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo: $64.821.500 y 107.484 dólares. También se secuestraron diversos elementos utilizados tanto para el fraccionamiento como para la comercialización, incluyendo bolsitas, balanzas digitales y teléfonos celulares.

La investigación de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno reveló que, además de los puntos de venta fijos, la organización distribuía drogas a través de la modalidad de delivery. De esta manera, los integrantes de la banda lograban abastecer a consumidores y revendedores en diferentes partes de Córdoba sin quedar expuestos durante los intercambios en espacios públicos.

El sistema delivery implicaba el traslado en vehículos particulares y la coordinación telefónica con clientes, lo que dificultaba tanto la detección como la interrupción de las transacciones.

Tras el procedimiento, las seis personas adultas quedaron a disposición de la Justicia provincial y acusadas por comercialización de estupefacientes, en una causa que continúa bajo análisis para determinar la posible participación de otros integrantes y la ruta del dinero decomisado.

Cayó otra banda narco familiar en Córdoba

Más de 12 kilos de cocaína fueron incautados en un operativo reciente en Villa Nueva, donde la FPA logró desarticular una banda de tráfico de drogas familiar. De acuerdo con información publicada por las autoridades, la acción fue el resultado de denuncias anónimas y dos meses de investigación por parte de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María.

Tal como pudo saber el medio local ElDoce.TV, el allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la calle Intendente Paviotti sin número, sorprendiendo a los acusados en su centro de operaciones que funcionaba también como un punto de venta y consumo para clientes habituales. La intervención culminó con la detención de tres integrantes de una familia, acusados de dirigir el negocio ilícito.

Según confirmó la FPA, los detenidos eran dos hombres de 43 y 38 años y una mujer de 47, quienes tenían roles específicos dentro de la organización. La estructura de la banda consistía en una pareja acompañada por el hermano de la mujer, cuya participación fue crucial en la comercialización de estupefacientes.

El carfentanilo, un opioide sintético de extrema potencia, ha emergido como una de las sustancias más letales en la actual crisis de opioides, según reportes recientes de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Esta droga, diseñada originalmente para uso veterinario en animales grandes como elefantes, es 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo, lo que la convierte en una amenaza significativa para la salud pública.

Las muertes relacionadas con carfentanilo se incrementaron drásticamente, pasando de 29 casos entre enero y junio de 2023 a 238 en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citada por la agencia anti-drogas de Estados Unidos.

Esta droga, que se presenta como un polvo blanco similar al fentanilo o la cocaína, ha sido identificado en 37 estados de EEUU, según datos de la DEA. En 2024, los laboratorios de la agencia federal analizaron más de 100 kilogramos de esta sustancia mezclada con fentanilo y otras drogas, superando las incautaciones de los tres años anteriores combinados, que totalizaron 87 kilogramos.

Crecen las alarmas por riesgo de sobredosis con carfentanilo

Dicho aumento en la disponibilidad de carfentanilo ha coincidido con un cambio preocupante en su presentación: ahora se encuentra principalmente en forma de pastillas o tabletas que imitan medicamentos recetados, lo que incrementa el riesgo de consumo involuntario.

El uso de carfentanilo en el mercado ilícito responde a su capacidad para aumentar la potencia de otras drogas y, en consecuencia, las ganancias de los traficantes. Sin embargo, esta práctica ha provocado un aumento en las sobredosis, especialmente entre usuarios que desconocen que están consumiendo una sustancia tan peligrosa. Incluso una cantidad microscópica de carfentanilo, equivalente a 0.02 miligramos, puede ser mortal, lo que subraya la gravedad de su impacto en la salud pública.

Tratar las sobredosis por esta nueva droga presenta desafíos significativos. Aunque la naloxona, un antídoto comúnmente utilizado para revertir los efectos de los opioides, puede ser eficaz en algunos casos, las dosis normales suelen ser insuficientes frente a la potencia extrema del carfentanilo.

En muchos casos, se requieren múltiples dosis altas de naloxona, y aun así, no siempre se logra revertir la sobredosis de manera efectiva. Los síntomas de intoxicación incluyen depresión respiratoria, somnolencia, desorientación, pupilas contraídas y piel fría y húmeda, que pueden manifestarse en cuestión de minutos tras la exposición.

Esfuerzos a nivel federal por anular el riesgo de este potente opioide

La DEA y los CDC han advertido sobre la necesidad de aumentar la concienciación pública para prevenir sobredosis e intoxicaciones relacionadas con opioides sintéticos como el carfentanilo. Recomiendan evitar el consumo de drogas ilícitas y pastillas no recetadas, ya que estas pueden contener carfentanilo sin el conocimiento del usuario. Además, instan a las personas a buscar ayuda inmediata si sospechan que alguien ha estado expuesto a esta sustancia, administrando naloxona si está disponible y contactando a los servicios de emergencia.

El impacto del carfentanilo en la crisis de opioides no es un fenómeno aislado. Según la DEA, este opioide sintético ya había mostrado picos de prevalencia en 2016-2017 y entre 2019 y 2020, pero el aumento actual en su disponibilidad y las muertes asociadas subraya la evolución constante de esta epidemia. La aparición del narcótico en formas más accesibles y engañosas, como pastillas que imitan medicamentos recetados, representa un nuevo nivel de amenaza, especialmente para aquellos que no son conscientes de los riesgos.

La educación y la prevención son herramientas clave para combatir esta crisis. Las autoridades enfatizan la importancia de mantenerse informado sobre los peligros del carfentanilo y de educar a familiares y amigos sobre los riesgos asociados con los opioides sintéticos. “Una pastilla puede matar”, advierten, destacando la necesidad de evitar el consumo de sustancias no recetadas y de estar preparados para actuar en caso de una sobredosis.

Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra “Los Chapitos”, una facción del Cartel de Sinaloa en México, por su papel en el tráfico y producción ilícitos de fentanilo.

La organización es responsable de introducir esta droga en píldoras falsificadas que son traficadas hacia Estados Unidos. Además, se les vincula con el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets, ocurrido el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México, según el comunicado oficial compartido con Infobae.

Los líderes de esta facción, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, han sido designados como objetivos prioritarios.

Cuántos millones de dólares ofrecen por “Los Chapitos”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Ambos hermanos permanecen fugitivos en México, mientras que otros dos hijos de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, ya se encuentran bajo custodia estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que Los Chapitos son una facción “hiperviolenta” del Cartel de Sinaloa, liderando el tráfico de fentanilo hacia EEUU. Según Bessent, estas sanciones forman parte del mandato presidencial para combatir a los cárteles de la droga y enfrentar a líderes violentos como los hijos de “El Chapo”. La acción de la OFAC también incluye sanciones contra una red de asociados y negocios vinculados a Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, que operan en actividades como tráfico de drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero.

El Cartel de Sinaloa, identificado como una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México, ha sido señalado por su papel en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos. En febrero de 2025, el DOS designó al cartel como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Desde 2009, esta organización ha sido clasificada como un importante traficante de narcóticos extranjero bajo la Ley Kingpin.

La peligrosa facción que desató una ola de violencia en México

La facción de Los Chapitos ha consolidado su control sobre el Cartel de Sinaloa, destacándose por su capacidad para adquirir precursores químicos y operar laboratorios clandestinos en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, las disputas territoriales entre Los Chapitos y grupos rivales han provocado la muerte de aproximadamente 600 personas en el estado mexicano de Sinaloa.

Según la OFAC, el liderazgo de Iván Guzmán ha generado una alarmante ola de violencia tanto en México como en Estados Unidos, mientras que Alfredo Guzmán ha estado involucrado en actos de tortura contra rivales para obtener información sobre infiltraciones en su territorio.

En Mazatlán, las sanciones también alcanzaron a Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza de Los Chapitos, y a José Raúl Núñez Ríos, un empresario que presuntamente financia las actividades criminales del grupo.

Núñez habría utilizado su riqueza para adquirir propiedades y establecer empresas en sectores como el desarrollo inmobiliario, la construcción y la hotelería, con el objetivo de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, la esposa de Núñez, Sheila Paola Urías Vázquez, ha sido señalada como propietaria nominal de múltiples negocios que forman parte de esta red de lavado de dinero.

La OFAC también sancionó a diez empresas vinculadas a Núñez, entre ellas Beach Y Marina, S.A. de C.V., Club Playa Real, S.A. de C.V., y Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V.. Estas compañías están acusadas de operar como fachadas para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el financiamiento de la guerra territorial de Los Chapitos en Mazatlán.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el procedimiento fue fruto de una investigación iniciada en enero, que permitió no solo la captura del principal sospechoso, sino el decomiso de estupefacientes, un arma de fuego y un equipo de comunicación usado para inhibir señales.

El allanamiento fue realizado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte en una propiedad ubicada en el pasaje Doctor David Peña al 4100, tras una orden emitida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 21, cuya titular es la jueza Paula Virginia Núñez Gelvez, con participación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (UFEIDE).

En el lugar se identificaron a tres personas más. Además, confiscaron 15 envoltorios y una bolsa con cocaína, sumando un peso total de 40,9 gramos, una pistola Bersa de 9 mm con municiones, y un equipo de comunicación Baofeng usado como inhibidor de señal. También se incautaron $154.600 en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, y otras herramientas de valor para la causa.

Según las fuentes consultadas por este medio, los detectives encontraron un rifle de aire comprimido y prendas similares a uniformes policiales. En ese sentido, explicaron que la réplica del lanzacohetes era utilizado presuntamente con fines intimidatorios.

El caso fue investigado por la Unidad Investigativa N°7, que logró reconstruir el circuito de comercialización y distribución de estupefacientes en la zona, así como detectar maniobras para obstaculizar el accionar policial.

El detenido fue puesto a disposición judicial bajo cargos de violación de la Ley de Drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Detenidos en Constitución

En el barrio porteño de Constitución, en una oficina ubicada sobre Pedro Echagüe al 1200, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cuatro sospechosos acusados de intentar robar una oficina y tratar de escapar por los techos.

Según indicaron fuentes del caso, el alerta llegó a través de una comunicación telefónica que advertía sobre un robo en curso dentro de una empresa. Del otro lado de la línea, la información era precisa: había al menos tres sospechosos adentro del edificio y los empleados estaban atados.

Cuando los policías llegaron al lugar, se encontraron con el primero de los sospechosos apostado en la puerta. Estaba de “campana” y fue el primero en ser detenido.

Apenas unos pasos más adentro, dentro de las oficinas, un segundo delincuente también fue capturado sin oponer resistencia.

Mientras tanto, el resto de la banda intentaba escapar. Es que los otros dos implicados, al advertir la presencia de los uniformados, no lo dudaron y salieron huyendo por los techos. No contaban, sin embargo, con el Centro de Monitoreo Urbano, que no perdió de vista sus movimientos.

Los operadores del CMU guiaron al personal en tierra y minutos después los dos prófugos fueron localizados y aprehendidos mediante un operativo cerrojo.

Durante las detenciones, uno de los sospechosos fue requisado y se le encontró en su poder un revólver calibre .38, que fue secuestrado por orden judicial. El arma quedó bajo custodia mientras se esperan los peritajes de rigor.

Dentro del lugar, los cuatro empleados que habían sido reducidos por los agresores —dos hombres y dos mujeres— fueron liberados: no presentaban lesiones físicas. No obstante, uno de ellos debió recibir atención médica por parte del SAME debido a una crisis nerviosa. La intervención del servicio de emergencias se concretó en el sitio, sin necesidad de traslado hospitalario.

El magistrado interventor dispuso la detención de los cuatro involucrados por los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad. Además, se ordenaron las pericias sobre el arma incautada y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia completa del hecho.

En la escena trabajó también personal de investigaciones de la Policía de la Ciudad, que levantó huellas y relevó posibles elementos de interés para la causa. Entre ellos, se encuentran las ataduras utilizadas contra las víctimas, herramientas presuntamente empleadas para forzar los accesos y el teléfono celular de uno de los detenidos.

Matías Carlos Herrera (39) es un personaje singular del narcotráfico en Rosario. Su nombre está asociado a una causa judicial por la que fue condenado por integrar una banda que traía droga –principalmente marihuana– a la ciudad, y también a distintos comercios que, casualmente, fueron noticias por haber sido atacados entre 2019 y 2023, ya sea con disparos como con bombas molotov. Lo último que se supo de él es que logró mantenerse prófugo de la Justicia federal desde julio del año pasado, cuando quedó firme la sentencia en su contra, hasta semanas atrás, cuando fue arrestado mientras estaba por ingresar a una fiesta electrónica.

Herrera comenzó a tener mención mediática en marzo de 2016 con la “Operación Guaraní” por la que se hicieron múltiples allanamientos en el Gran Rosario destinados a la estructura que lideraba desde la cárcel de Piñero Facundo “Macaco” Muñoz, sindicado como uno de los homicidas del líder de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero en 2013, aunque luego resultó absuelto en el juicio por ese crimen junto con Milton Damario y Luis “Pollo” Bassi.

En el legajo, la Justicia federal estableció que a través de Muñoz funcionaba una organización que traía droga a Rosario para abastecer los búnkeres que en ese entonces le hacían competencia a Los Monos. La marihuana, de acuerdo a las intervenciones telefónicas y los seguimientos hechos por la División Antidrogas de la Policía Federal, era comprada y transportada desde Corrientes.

En Rosario, siempre según la investigación, se utilizaban distintos lugares para “bajar” la droga. Uno de ellos era una cancha de fútbol 5 en la que tenía vínculo comercial Matías Herrera.

Por la “Operación Guaraní” hubo una docena de imputados. Herrera, entre ellos, pasó ocho meses en prisión preventiva efectiva, según indicaron investigadores judiciales a Infobae. Rápidamente volvió al ruedo, por lo menos comercial y en diferentes rubros, pero no volvió a tener investigación en su contra por comercio de estupefacientes.

En abril de 2019 su nombre volvió a figurar en las crónicas policiales. El bar del que era responsable comercial, situado en el barrio Pichincha, uno de los más turísticos de Rosario, fue atacado de doce tiros desde un auto. No hubo heridos porque el local estaba cerrado por reformas, pero el mensaje fue claro.

Cinco meses después de esa balacera, Herrera fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario por comercio de estupefacientes. El fiscal del juicio Federico Reynares Solari pidió allí que se lo investigue por lavado de activos, hecho que al día de hoy no se conoce si efectivamente ocurrió.

Como la condena no estaba firme, el joven continuó en libertad. Fue recién en julio del año pasado que la Cámara Federal de Casación ratificó la resolución, por la que debió presentarse ante la Justicia para quedar detenido, algo que no ocurrió. Por ese motivo, la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario le hizo seguimiento y lo arrestó en mayo, diez meses después del fallo.

Sin embargo, entre la condena y su reciente detención, Herrera y su familia fueron objeto de extorsiones y balaceras de parte de Los Monos a comercios que tenían en su poder. En una causa de alta complejidad, los fiscales provinciales Federico Rébola y Franco Carbone imputaron a Vanesa Barrios –esposa del jefe de la banda Ariel Máximo “Guille” Cantero– y a la presunta testaferro de la organización Mariana Ortigala, entre otras personas, por haber estado detrás de ataques contra un gimnasio ubicado en Fisherton y un inmueble de barrio Azcuénaga.

Según expusieron los fiscales, Herrera presentó a Vanesa Barrios a un abogado bonaerense y a un agente inorgánico de la SIDE, quienes ofrecieron conseguirle prisión domiciliaria a la esposa de “Guille” Cantero a cambio de 160 mil dólares. Los Monos pagaron esa suma, pero el beneficio prometido no llegó. Es por eso que la banda responsabilizó a Herrera por lo sucedido y empezó a balear o prender fuego sus negocios familiares para que absorba la pérdida generada.

Las intimidaciones del clan Cantero escalaron en julio de 2021, cuando dispararon contra un inmueble de la familia Herrera que estaba alquilado en barrio Azcuénaga. Dicha situación se repitió en enero del año siguiente, aunque en esa segunda oportunidad arrojaron una molotov y dejaron una nota. En enero de 2022 también le dieron una ráfaga de disparos al gimnasio en el que supo estar relacionado el joven condenado.

En carácter de víctima de las extorsiones, nunca hizo una denuncia, pero la Justicia provincial actuó de oficio y lo citó en varias oportunidades a declarar.

De acuerdo a la investigación provincial, Herrera le dio a Los Monos una camioneta y el inmueble de barrio Azcuénaga que había sido baleado y prendido fuego, como forma de compensar el robo que había sufrido la esposa de “Guille” Cantero.

Las investigaciones sobre la desaparición de los integrantes de Grupo Fugitivo, en Reynosa, Tamaulipas, derivarían en una carpeta de investigación por homicidio.

El miércoles por la noche, medios locales y fuentes de información enfocadas en temas de narcotráfico, reportaron en X —antes Twitter—, la localización de cinco cuerpos calcinados en un paraje en la ciudad de Reynosa. Información que fue confirmada esta mañana por la Fiscalía de Tamaulipas.

Fiscalía confirma hallazgo de cuerpos

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó en X los cuerpos localizados “pudieran corresponder a las personas no localizadas”.

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas.

Las investigaciones están corriendo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en las próximas horas dará un comunicado al respecto", informó la dependencia.

Un caso que conmocionó a Tamaulipas

Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Livan Edyberto Solís de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales Martínez, desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo y desde entonces eran buscados por sus familiares, quienes públicamente cuestionaron el manejo que la Fiscalía dio al caso.

Las críticas se intensificaron el pasado 27 de mayo, cuando diversos medios reportaron que los músicos habían sido localizados con vida y estaban bajo resguardo gubernamental. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los familiares, quienes aclararon que uno de los vocalistas de la agrupación estaba sano y salvo.

Durante una vigilia en la Concatedral de Reynosa, la noche del 28 de mayo, Telediario Reynosa consignó declaraciones de una persona que se identificó como familiar de uno de los integrantes, quien aseguró que un músico estaba a salvo: “Se ha dicho que todos están desaparecidos, pero uno de los vocalistas está a salvo. Son cinco las personas que realmente están desaparecidas: cuatro músicos y su representante”.

Sony Bernal, exesposa de uno de los integrantes del grupo, cuestionó el proceder de la fiscalía. En entrevista con Azucena Uresti, criticó a varios funcionarios locales por el manejo irresponsable que han hecho de la información en torno al caso: “Reprochamos la información dada por el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), donde dice que se encontraron los muchachos... Totalmente falso; así como reprochamos el audio que envió el secretario (de Seguridad del estado) que decía que los muchachos ya iban rumbo a la fiscalía”, indicó.

En su comunicado de este jueves, la Fiscalía de Tamaulipas subrayó que las investigaciones seguían su curso. El martes, se confirmó que varios familiares fueron sometidos a pruebas de ADN para un posible reconocimiento, tras el hallazgo de rastros de sangre en la camioneta en la que grupo Fugitivo se traslada por el estado.

Cinco integrantes de Grupo Fugitivo, proyecto musical que alcanzó una incipiente popularidad en el circuito local del regional mexicano del norte del país, habrían sido asesinados horas después de haber sido secuestrados en Reynosa, Tamaulipas.

El homicidio de Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Livan Edyberto Solís de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales Martínez, músicos, un fotógrafo y mánager de la agrupación, ocurre en un contexto marcado por restricciones del Estado hacia los corridos tumbados y los narcocorridos, subgéneros del regional mexicano señalados por promover la narcocultura.

Cronología del caso

El lunes, familiares confirmaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas que dejaron de tener contacto con los músicos la noche del domingo 25 de mayo, cuando arribaron a Riberas de Rancho Grande, localidad de Reynosa, para ofrecer un concierto.

Un día después, en medio de diversas manifestaciones que exigían a las autoridades de Tamaulipas agilizar la búsqueda, la Suburban en la que los músicos se trasladaban a sus presentaciones fue encontrada en la colonia La Cañada.

Sony Bernal, exesposa de uno de los integrantes, confirmó a la periodista Azucena Uresti que peritos de la fiscalía detectaron rastros de sangre. Como parte de las investigaciones en curso, dijo, las autoridades han tomado muestras de ADN de algunos familiares directos.

En diálogo con Uresti, Sony Bernal arremetió contra autoridades locales por afirmar que los músicos habían sido encontrados con vida. “Reprochamos la información dada por el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), donde dice que se encontraron los muchachos... Totalmente falso; así como reprochamos el audio que envió el secretario (de Seguridad del estado) que decía que los muchachos ya iban rumbo a la fiscalía”.

Bernal señaló la indolencia del gobernador Villarreal Anaya, quien pidió a los familiares “estar tranquilos y no exagerar con el tema”.

En medio de la crisis personal que atraviesan, Bernal afirmó que el caso refleja la crisis de seguridad en Tamaulipas, ocasionada por las disputas entre organizaciones criminales por dominar el trasiego de drogas en la frontera.

Este jueves, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el peor escenario del caso. Mediante un breve comunicado difundido en X, la dependencia confirmó el hallazgo de cinco cuerpos cuyas características se asemejan a las características físicas de los desaparecidos:

“Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas.

Las investigaciones están corriendo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en las próximas horas dará un comunicado al respecto", informó la dependencia.

¿Qué grupos criminales operan en Reynosa, Tamaulipas?

En noviembre de 2024, la organización México Evalúa presentó un mapa actualizado de la geografía del narco en el país. En su reporte, un balance sobre la violencia homicida, Tamaulipas presenta una tasa inferior al promedio nacional.

Sin embargo, la desaparición forzada de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo refleja una realidad que mantiene en la zozobra a los habitantes de varias localidades de Tamaulipas, entidad donde el Cártel del Noreste disputa el control con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC.

Cártel del Noreste: expansión criminal tras la caída de Los Zetas

El Cártel del Noreste (CDN) se consolidó como una de las organizaciones criminales más peligrosas de México tras escindirse de Los Zetas, luego de la captura de su último líder, Omar Treviño Morales. Desde entonces, ha extendido su dominio en actividades ilícitas y ganado presencia internacional.

Designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, el CDN opera principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad que mantiene bajo control total. Desde esa base, coordina operaciones relacionadas con secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero y prostitución.

Su estructura violenta y su capacidad logística le han permitido establecer presencia operativa en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Colombia. En este último país, se presume que tomó el control del negocio de compra de cocaína que antes manejaban Los Zetas.

La organización destaca por su capacidad de intimidación y su dominio sobre actividades ilícitas locales, lo que dificulta la actuación de las autoridades. El CDN representa una amenaza creciente para la seguridad nacional e internacional, debido a su nivel de organización, armamento y red de operaciones transfronterizas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 17 años de prisión a Nahuel Federico Moyano, de 27 años, por su intervención en una balacera ocurrida en febrero de 2023 en el barrio porteño de “Padre Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), que provocó la muerte de Nayla Naomi Torrilla, una menor de cuatro años. A su vez, el joven fue hallado culpable del homicidio de un hombre ocurrido dos años antes en la misma zona.

La resolución responsabilizó a Moyano por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Cristian Ezequiel Escobedo, ocurrido en enero de 2021, así como de homicidio agravado en grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades, en relación al ataque en el que murió Nayla y resultaron heridos otros dos hombres, según informó este lunes en su portal el Ministerio Público Fiscal.

En el juicio intervino la Fiscalía General Nº 30, a cargo de María Luz Castany, quien en su alegato de cierre había requerido una pena de 19 años de cárcel. En tanto, los jueces Juan Giudice Bravo, Pablo Vega y Julio López Casariego coincidieron en que la conducta del acusado estuvo corroborada a partir de una serie de testimonios, peritajes balísticos y otros elementos recabados durante la etapa de instrucción y el debate oral.

El trágico episodio que acabó con la vida de la víctima ocurrió el 7 de febrero de 2023, alrededor de las 21:30. En ese momento, Moyano y al menos tres personas más comenzaron a disparar contra dos hombres con los que mantenían un conflicto previo ligado a un presunto negocio territorial del narco en el barrio de emergencia del Bajo Flores, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La balacera tuvo lugar en la intersección de Calle 10 y Bonorino, mientras en la cuadra se celebraba un cumpleaños infantil. En total, se registraron al menos 32 disparos con diferentes armas de fuego.

Como consecuencia de la pelea en el asentamiento, Nayla fue alcanzada por un proyectil en el tórax y falleció una hora más tarde en el Hospital Piñero. Otros dos hombres también sufrieron heridas en sus piernas, aunque sobrevivieron.

En el marco del debate oral, un testigo directo identificó al acusado como uno de los partícipes del ataque. Además, declaró una alférez perteneciente a la Gendarmería Nacional, que patrullaba la zona en aquel momento y afirmó haber escuchado la ráfaga de disparos. Según se recabó en las actuaciones, los análisis balísticos y los rastrillajes posteriores dieron cuenta de las 32 vainas servidas de calibre 9 milímetros -entre otros- en el lugar de los hechos.

El juez Giudice Bravo sostuvo que Moyano actuó con "dolo eventual“, es decir, que proyectó la posibilidad de una consecuencia negativa y aún así decidió continuar con su conducta. Según expresó en su voto, al que luego se adhirieron sus colegas, el joven ”tuvo que representarse la probabilidad de alcanzar alguna de esas personas y quitarle la vida, por la cual obró con dolo eventual de homicidio, agravado por el empleo e un arma de fuego, en grado de tentativa al no haberse acreditado, (...) que ha sido él quien con sus disparos alcanzó el cuerpo de la niña".

Por otra parte, el tribunal también lo condenó por el asesinato de Cristian Escobedo, ocurrido el 12 de enero de 2021 en la misma barriada. Según el fallo, Escobedo circulaba en moto con un acompañante cuando cruzó a Moyano, a quien saludó. En respuesta, el agresor le recriminó el gesto, lo tiró del vehículo y le disparó en la cabeza. El testigo sobreviviente relató haber recibido amenazas para no declarar en contra del acusado y, en ese contexto, pidió que le brinden medidas de protección.

El ahora condenado cayó detenido en marzo de 2023 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino luego de permanecer prófugo durante más de dos años.

En la labor de interpretar al capo, el actor más destacado ha sido Andrés Parra, que en 2012 se encargó de protagonizar la serie producida por Caracol Televisión, que llegó a ser emitida en varios países y en la actualidad sigue liderando listados de la plataforma de streaming Netflix.

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La popularidad de la producción provocó que Parra terminará consolidándose en varios proyectos internacionales, con los que se trazó el objetivo de alejarse de Pablo Escobar, personaje que prometió no volver a interpretar.

13 años después, Parra se ha alejado momentáneamente de la actuación, realizando una gira por el continente con un show de comedia y charlas sobre superación personal; sin embargo, su trabajo como Escobar sigue siendo un tema mencionado en las entrevistas.

En una entrevista que se hizo viral en redes sociales, Parra reconoció que en ningún momento recibió amenazas por su papel como Escobar; sin embargo, reveló que sí fue llamado por un trabajador del capo.

“Me llamó ”Popeye" de la cárcel, por ejemplo. A saludarme, a que le hablara (como Pablo Escobar), entonces yo le hable y él solo me decía: «Lo quiero mucho patroncito amado»“, recordó el actor.

Aclarando que no buscara hablar positivamente del fundado del cartel de Medellín, Parra indicó que su conversación con “Popeye” le hizo entender que en realidad si tenía varios aspectos acordes a como era en realidad el capo.

“Solo decía: «Mi patroncito amado, mi patroncito amado», (sobre su personaje), es porque quedó lindo, quedó bonito".

Al hablar de cómo era su vida antes de aceptar el papel, Parra indicó que en ningún momento pensó en la crítica, puesto que pensaba que las personas no iban a ver la serie y esta terminaría siendo cancelada.

“Para mí eso a los tres días iba a dejar de salir al aire, del fracaso que iba a ser. Yo pensé que íbamos a durar dos noches, esto iba a ser el fracaso absoluto. Yo no daba un peso (por el proyecto), yo no tenía preocupación porque eso no iba a durar una semana”.

El actor reveló que él creía que no iba a terminar de grabar la serie porque Colombia iba a rechazar todo lo relacionado con el capo; sin embargo, al final terminó siendo una de las producciones más vistas de la historia de la televisión cafetera.

“Yo les decía a todos, «No estudiemos del capítulo cinco para allá, eso no va a durar, nos van a cancelar, se va a quebrar todo». Se estrenó esa vaina y el batacazo".

Parra recordó que tras rechazar interpretar a Pablo Escobar en otras producciones, recibió más ofertas de trabajo que lo hicieron seguir vigente en el continente.

“Nunca, porque se abrió el espectro, termine en Chile, después llegó Chávez. Seguramente tendría mucha más plata hoy, pero yo ya tengo la suficiente para vivir”.

Por último, el actor indicó que no aceptaría volver a trabajar como Pablo Escobar, principalmente porque la serie se enfocó en todos los aspectos de la vida del capo y ya no habría nada relevante que mostrar.

“No, es que, ya que más vamos a hacer. Sería como Escobar Zombi, sería muy raro eso. (otros proyectos), es que hay unos con los que me he divertido más, como Chávez, porque yo estoy alejado de eso”, puntualizó el actor al respecto.

“Es falsa. Esa fotografía que sale en primera plana de (periódico) La Jornada. No corresponde a ninguna operación en México”, señaló la mandataria durante su conferencia diaria.

La gobernante mexicana se refirió así a una imagen publicada el jueves por la embajada de Estados Unidos en México en su cuenta de X, en donde cita otro posteo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) que relata el desmantelamiento de tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa, oeste de México.

De acuerdo con la publicación, la operación fue dirigida por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, certificado por la ICE y con apoyo de las Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar).

“El ICE HSI ha colaborado estrechamente con la FGR-AIC, DEFENSA y MARINA para identificar envíos de precursores de drogas procedentes de China y acabar con los laboratorios de producción de drogas operados por los cárteles en México”, señaló la publicación de la embajada estadounidense.

Asimismo, dijo que la colaboración entre ICE-HSI y el Gobierno de México ayuda a detener la producción de narcóticos desde su origen, evitando que drogas sean introducidas de contrabando a través de las fronteras.

Al respecto, Sheinbaum señaló que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se legisló para que ningún extranjero pudiera participar en algún operativo en territorio mexicano.

Asimismo, pidió aclarar de dónde salió la fotografía que publicó la embajada, al reiterar que “no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación”.

Insistió que con el gobierno de Estados Unidos hay “colaboración” y “cooperación” en el marco del respeto a la soberanía mexicana.

“No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo”, zanjó.

Señaló que en el caso del decomiso que publicó la Embajada, ocurrió por una denuncia que hizo la misma representación estadounidense en México.

“A partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado (en Estados Unidos)”, apuntó.

El tráfico de drogas ha sido un tema crítico entre México y Estados Unidos desde la llegada de Trump a su segundo mandato, pues el gobernante estadounidense ha aumentado la presión sobre México, al asegurar que no hace lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, especialmente fentanilo.

Asimismo, Washington incluyó en la lista oficial de terrorismo a seis grupos del narcotráfico de México: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos. EFE

(foto)(video)

Iván Archivaldo Guzmán escapó por un túnel en Culiacán durante un operativo federal a inicios de 2025, dejando atrás celulares, fotos familiares y armas. El líder de Los Chapitos sigue eludiendo a las autoridades mexicanas, pese a una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza.

Un armario en el baño reveló el secreto. Detrás de él, fuerzas especiales mexicanas encontraron la boca de un túnel que se extendía por tres cuadras hasta una casa deshabitada, según reveló el Wall Street Journal.

El hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actual líder del brazo más poderoso del Cártel de Sinaloa, se fugó a pocos instantes de que las tropas entraran a la vivienda, según reveló un funcionario mexicano involucrado en el operativo, también citado por el medio estadounidense.

Un escape que recordó a las técnicas de su padre

La operación comenzó tras la detención de tres miembros cercanos al círculo de Guzmán: uno de los pilotos de mayor confianza y dos tenientes de su equipo de seguridad. Fueron ellos quienes llevaron a las autoridades a la casa en Culiacán. La vivienda parecía normal, pero ocultaba blindajes de acero y pasadizos que recuerdan los métodos de su padre.

Cuando los 15 miembros de las fuerzas especiales llegaron a la entrada, el ariete no logró romper la puerta: estaba compuesta por capas de acero reforzado. Fue necesaria una embestida con un vehículo blindado para derribarla. En el interior, encontraron teléfonos desechables, computadoras portátiles, fotos de familia y artículos deportivos, según reveló el funcionario al WSJ.

Más adentro, una segunda puerta blindada protegía una habitación con armamento de grado militar. Y luego, el baño. Allí, detrás del gabinete, se abría el túnel. La estructura, lo suficiente alta como para caminar erguido, se extendía por tres manzanas hasta una vivienda deshabitada, según confirmó el funcionario al periódico estadounidense.

Guzmán, de 41 años, desapareció entre las sombras de la ciudad apenas unos minutos antes de que los agentes ingresaran.

Su persecución, una tarea complicada

El episodio recuerda los métodos usados por su padre. En 2015, El Chapo escapó del penal del Altiplano a través de un túnel con rieles y una motocicleta adaptada. En 2016, durante su captura final en Los Mochis, huyó por un pasadizo detrás de un espejo hasta salir por un desagüe. Ahora, su hijo repite el patrón, con la misma efectividad.

Esta fuga no solo fue producto de infraestructura. Culiacán es territorio blindado para Guzmán, donde, lo que el medio describió como “una legión de sicarios”, ayuda a la existencia de círculos de seguridad.

Según funcionarios mexicanos, su estructura de seguridad incluye escoltas y una red de informantes civiles como vendedores ambulantes.

Para eludir la inteligencia, Guzmán no realiza llamadas telefónicas y evita reunirse con su familia inmediata, según declaró un oficial mexicano. Este nivel de precaución ha permitido que el narcotraficante continúe operando, a pesar de que el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) lo considera uno de los principales traficantes de fentanilo en el mundo.

En 2019, fue él quien coordinó una movilización armada que obligó al ejército mexicano a liberar a su hermano Ovidio Guzmán, tras una captura fallida en Culiacán. En esa ocasión, decenas de sicarios sitiaron la ciudad.

Ovidio fue capturado de nuevo en 2023 tras un enfrentamiento que dejó más de 150 sicarios y 10 soldados muertos, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se espera que alcance un acuerdo judicial.

La persecución del heredero del imperio de Sinaloa ha demostrado ser una tarea complicada. En su bastión, Iván Archivaldo cuenta con una protección excepcional, tanto logística como comunitaria, tejida con lealtades que trascienden generaciones.

En un esfuerzo por combatir las operaciones financieras ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el Gobierno de México ha iniciado al menos 17 juicios de extinción de dominio en los últimos cinco años.

Estos procesos, llevados a cabo en Juzgados de Distrito especializados en la Ciudad de México, están relacionados con bienes muebles e inmuebles en Baja California que presuntamente están vinculados a actividades delictivas, como el lavado de dinero.

En algunos casos, las autoridades han logrado adjudicarse los bienes, mientras que en otros los litigios continúan o han sido declarados improcedentes debido a errores en los procedimientos legales.

Las acciones tomadas por el gobierno

Los bienes que el Estado mexicano busca confiscar ascienden a más de 1.5 millones de dólares estadounidenses y más de 2.2 millones de pesos mexicanos. Estos montos corresponden a recursos que, según las investigaciones, provendrían de actividades ilícitas o estarían destinados a facilitar dichas operaciones.

La cifra se desprende de un análisis realizado por ZETA Tijuana, que cruzó datos de los Juzgados federales en materia de extinción de dominio y la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la publicación de edictos que emplazan a posibles reclamantes de estos recursos.

Uno de los casos más destacados en este contexto es el de Rodolfo Juan Yépez Ortiz, conocido como “El Rodo” o “El Rudo”, hermano de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Según detalló la misma fuente, las autoridades lograron confiscar 50 mil dólares estadounidenses y 41 mil pesos mexicanos en efectivo durante la detención de Yépez Ortiz en un retén ubicado en Mexicali, Baja California. Este numerario ya ha sido adjudicado al Gobierno tras vencer en el juicio de extinción de dominio correspondiente.

El caso de “El Rodo” no sólo destaca por su conexión con uno de los cárteles más notorios del país, sino también por ser un ejemplo de cómo las autoridades están utilizando los procesos legales para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

La extinción de dominio permite al Estado apropiarse de bienes vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de compensar a los propietarios, siempre y cuando se demuestre su relación con el delito.

Otro caso relevante involucra a una pareja de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, quienes presuntamente resguardaban cerca de 2 millones de pesos mexicanos en su domicilio.

El alcance de los juicios de extinción de dominio en México

Los juicios de extinción de dominio se han convertido en una herramienta clave para el Gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Según explicó ZETA Tijuana, estos procesos permiten al Estado confiscar bienes que se presumen relacionados con actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la corrupción.

Sin embargo, no todos los casos han resultado exitosos. En algunos, los procedimientos han sido declarados improcedentes debido a errores en los señalamientos o en el actuar de las autoridades ministeriales.

Además, la publicación destacó que los bienes sujetos a extinción de dominio no se limitan a dinero en efectivo, sino que también incluyen propiedades inmuebles, vehículos y otros activos que podrían haber sido utilizados para facilitar actividades delictivas. La complejidad de estos casos radica en la necesidad de demostrar la conexión entre los bienes y las actividades ilícitas, un proceso que puede prolongarse durante años en los tribunales.

La recuperación de bienes vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas representa un golpe significativo para las finanzas de las organizaciones criminales. Los errores en los señalamientos o en la actuación de los ministerios públicos pueden resultar en la pérdida de casos clave, lo que subraya la importancia de fortalecer las capacidades institucionales en esta área.

En el caso de Baja California, una región históricamente afectada por la presencia del crimen organizado, los juicios de extinción de dominio representan una oportunidad para debilitar las estructuras financieras de los cárteles y otros grupos delictivos. No obstante, el camino hacia la recuperación de estos recursos sigue siendo complejo.

El pasado 19 de abril se anunció la captura de Iván Fernando Zepeda, conocido como "El 4-40″, quien fue arrestado en el municipio de Hermosillo, Sonora, en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Zepeda era considerado un elemento de alto perfil dentro de una célula criminal asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en los municipios de Nogales e Ímuris, en el estado de Sonora.

El operativo se realizó en Bahía de Kino, una localidad costera de Hermosillo en la que “El 4-40 vivía con su pareja y cuatro menores de edad.

Quién es el 4-40

Aunque no existe mucha información respecto a su vida criminal, Harfuch mencionó durante la mañanera del pueblo que entre los avances de la estrategia nacional de seguridad han sido detenidas 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto entre los que figura Iván Fernando Zepeda.

Infobae México documentó que Iván Fernando Zepeda, además de ser considerado como sujeto de alto perfil en los municipios de Nogales y Ímuris, también estaba bajo el mando de un líder criminal actualmente recluido.

Del cinco de febrero al 20 de abril, en el norte del país se han detenido a 2 mil 582 personas en el marco del operativo Frontera Norte, en el que también se incautaron armas de fuego y drogas.

El estado de Sonora es un territorio disputado por varias organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Caborca y, más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta región ha sido escenario de enfrentamientos y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos.

Otro factor clave detrás de la violencia en Sonora son las divisiones internas dentro del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Las luchas por el control de territorios y rutas de tráfico han intensificado los enfrentamientos entre facciones rivales del cártel, lo que ha contribuido al aumento de los homicidios en el estado.

La violencia desatada en Sonora

El Cártel de Sinaloa, que históricamente ha dominado el narcotráfico en la región, enfrenta una fragmentación interna que ha debilitado su estructura y generado conflictos entre sus líderes. Estas disputas no solo afectan a los miembros del cártel, sino que también tienen un impacto devastador en las comunidades locales, que quedan atrapadas en medio de la violencia.

El tercer frente criminal que agrava la situación en Sonora es la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su agresividad y su capacidad para desafiar a otros grupos criminales.

De acuerdo con InSight Crime, el CJNG ha lanzado una ofensiva en el estado con el objetivo de ganar terreno y controlar rutas estratégicas para el tráfico de drogas.

La llegada del CJNG a Sonora ha intensificado los enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa y otros grupos locales, lo que ha contribuido al aumento de la violencia. Este cártel, que opera en varias regiones de México, busca consolidar su presencia en el noroeste del país, una zona clave para el narcotráfico debido a su proximidad con la frontera estadounidense.

La violencia en Sonora no sólo se refleja en las cifras de homicidios, sino también en la creciente crisis de desapariciones forzadas.

Las familias de las víctimas, como las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, enfrentan una lucha constante por encontrar a sus seres queridos y obtener justicia.

En este contexto, el llamado de Cecilia Patricia Flores Armenta a los líderes criminales destaca la desesperación de las comunidades afectadas.

En febrero de este año, una narcomanta firmada por el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) apareció en una preparatoria de Hermosillo, anunciando una “limpia” en la región. El hecho evidenció la creciente presencia de grupos criminales en el estado y la lucha por el control territorial.

El pasado sábado 19 de abril, un hecho de violencia irrumpió en el Estadio Nemesio Diez, durante el partido entre Toluca y Cruz Azul, cuando un aficionado fue captado en video amenazando de muerte a otros asistentes, asegurando tener vínculos con grupos delictivos.

El sujeto fue identificado como Rolando “N”, quien se ostenta como médico cirujano, y fue detenido días después por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los hechos ocurrieron en las gradas del estadio cuando Rolando “N” y un acompañante iniciaron una confrontación verbal con otros aficionados. El hombre, visiblemente alterado, presumía vínculos con la Familia Michoacana mientras lanzaba amenazas. En el video difundido ampliamente en redes sociales, se escucha cuando dice: “Te voy a enviar a todo el puto narco de Michoacán”.

Las imágenes generaron indignación entre los usuarios de redes, quienes exigieron a las autoridades actuar de inmediato. La respuesta llegó este martes, cuando la Fiscalía del Edomex confirmó la detención de Rolando “N” a través de un comunicado oficial.

“Elementos de la Fiscalía del Edoméx detuvieron a Rolando ‘N’, quien se ostenta como médico cirujano y es investigado por diversos hechos posiblemente constitutivos de delito, entre ellos los registrados el pasado fin de semana en el estadio Nemesio Diez durante el partido de fútbol entre los equipos de Toluca y Cruz Azul”, informó la dependencia.

Una denuncia ciudadana detalló cómo ocurrieron los hechos dentro del estadio: “Fuimos amenazados públicamente en el partido de fútbol Toluca-Cruz Azul en la Bombonera en Toluca por este sujeto. Todo marchaba bien hasta que empezó a agredir al staff, a los aficionados ya adolescentes, gritando que les mandaría al cártel de la Familia Michoacana. Iba alcoholizado, acompañado de su hermano y con actitud agresiva”.

El video muestra que, al ser retirado del estadio, Rolando “N” se dirige directamente a la persona que grababa y lanza la amenaza que luego generaría su localización. A través de redes sociales, algunos usuarios lo identifican como un neurocirujano de Toluca, reconociéndolo por fotografías previas en Facebook.

A raíz de esta información ciudadana, la FGJEM logró su ubicación y captura tres días después. Además, la dependencia informó que el detenido enfrenta otras investigaciones por su presunta participación en actos ilícitos, aunque no se han revelado detalles sobre los mismos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si permanecerán en prisión preventiva o enfrentarán cargos en libertad. La investigación continúa para aclarar su posible relación.

El 8 de septiembre de 1931 se grabó el primer registro de un narcocorrido, fue compuesto y cantado por José Rosales y hablaba de la muerte de Pablo González “El Pablote”, un capo que dirigía el tráfico de sustancias ilícitas a Estados Unidos desde Ciudad Juárez. Para trazar la red delictiva actuó con ayuda de Ignacia Jasso, apodada “La Nacha”.

El corrido titulado El Pablote cuenta cómo él y su cómplice, al hostigar a un policía, mató al violento e irascible capo. La última estrofa dice:

“El domingo por la tarde

lo llevaron a enterrar

y la Nacha, ante el cadáver,

cómo lo había de dejar."

Con esta última parte la canción de El Pablote no es sólo el primer registro de un corrido dedicado a un narcotraficante, también es la primera mención de una mujer en los narcocorridos.

Años después, en 1935, se compuso otro narcocorrido llamado El corrido del hampa, esta es una canción larga de muchas estrofas en honor a delincuentes, muchos cuyo nombre ha quedado perdido en las investigaciones.

El corrido del hampa empieza hablando del contexto de crimen y prostitución que había en Ciudad Juárez y el destino de varios que han intentado dedicarse al bajo mundo y fracasado con huidas o muerte. Posteriormente menciona varios nombres, como el de Enrique Fernández, y otros que no se pueden identificar con facilidad pero, por los actos violentos comentados en los que se encuentran implicados y el contexto de la canción, es presumible que son delincuentes.

La oda aprovecha para comentar el dolor de los habitantes por la muerte de un capo que construyó escuelas y también critica la corrupción de las autoridades. Luego menciona a Ignacia Jasso:

“También La Nacha mentada,

que ha sido una hembra muy fina,

la ley no la ha desterrado,

siempre en Juárez se ha quedado

traficando la morfina."

El corrido prosigue diciendo que, si la ley se aplicara debidamente y las autoridades rechazaran los sobornos, la cárcel estaría llena. La última estrofa menciona que, para acabar con los criminales, Ciudad Juárez necesita de hombres entregados a combatir el vicio como el Mayor Dosamantes. Ignacio Dosamantes fue un miembro de las fuerzas públicas comisionado en junio de 1928 para acabar con las mafias pero fue asesinado en El Paso en noviembre del mismo año presuntamente por Fernández.

¿Quién fue “La Nacha” Jasso?

Ignacia “La Nacha” Jasso fue una de las primeras figuras destacadas del tráfico de drogas en México. De origen duranguense, operó en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez durante las décadas de 1930 y 1940. Es reconocida como una de las pioneras en la organización y estructura del narcotráfico en el país. Muchas de las tácticas que ella implementó se siguen usando por los cárteles actuales. Murió el 10 de enero de 1982.

El antecedente de los narcocorridos se encuentra en el norte de México a mediados del siglo XIX con los corridos. La Revolución Mexicana tuvo un gran impacto en el género musical, las canciones dedicadas a varios de los grandes caudillos como Francisco Villa o Emiliano Zapata y sus hazañas no solamente popularizaron el género, también lo consolidaron y le dieron un carácter épico a las letras.

El primer registro que se tiene de un corrido dedicado a un miembro dedicado a traficar drogas data del 8 de septiembre de 1931 en un pequeño estudio discográfico ubicado en El Paso, localidad fronteriza vecina de Ciudad Juárez. Se sabe que fue escrito antes pero hasta entonces fue grabado.

El corrido fue escrito y cantado por José Rosales y hablaba de Pablo González, mejor conocido como “El Pablote”, quien, con ayuda de su pareja Ignacia Jasso “La Nacha”, se encargaban de introducir de manera clandestina marihuana y opio.

¿Qué historia cuenta el primer narcocorrido?

El corrido de José Rosales titulado simplemente como El Pablote habla de la muerte del narcotraficante, quien, según la letra del corrido, mataron el 11 de octubre de 1930 en el “Salón Popular”. A la letra dice:

“El Pablote era temido

en todita la frontera

y quién lo habría de decir

que de ese modo muriera"

Posteriormente el corrido menciona a un hombre apodado “El Veracruz”, él y “El Pablote” se encontraban maltratando a un policía, entonces se escuchó un disparo, Pablo González se agarró la cara y cayó muerto por una bala en el pecho.

La canción termina con el entierro de “El Pablote” y la despedida de su pareja y cómplice “La Nacha”.

¿Quién era Pablo González, apodado “El rey de la morfina”?

Pablo González nació en Chihuahua y principalmente residía en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos. En la década de los veinte fue un importante narcotraficante pero era opacado por Enrique Fernández, el capo más importante de la época.

En 1926 González fue arrestado por las autoridades pero a mediados de dos años siguientes ya se encontraba en libertad y continuó con sus crímenes, además del tráfico también se le asociaba con robo. Fue hecho preso nuevamente pero fue liberado bajo fianza.

“Pablote”, con la ayuda de su esposa Ignacia Jasso, organizó una red de envíos de droga a Estados Unidos, una de sus acciones fue la matanza de 11 inmigrantes chinos dedicados a la venta de sustancias ilícitas. La fama de González fue la de un hombre irascible y violento, al momento de morir él “La Nacha” continuó con el negocio y se lo heredó a sus hijos.

Una anécdota escalofriante resurgió tras la reciente liberación de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, cofundador del Cártel de Guadalajara. El capo de 95 años abandonó la prisión el pasado sábado 5 de abril, luego de haber cumplido una condena de 40 años por el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Con su libertad, vuelven a cobrar fuerza los episodios más oscuros de su historia, entre ellos, una fiesta que casi le cuesta la vida a Juan Gabriel.

De acuerdo con el expolicía Ramón Lira, citado en el libro Emma y las otras señoras del narco de la periodista Anabel Hernández, Don Neto solía organizar fiestas en el rancho La Herradura, ubicado en el poblado de Atequiza, Jalisco. A estas reuniones asistían figuras clave del narcotráfico, funcionarios de alto nivel y celebridades de la farándula. Una noche, en pleno apogeo de su carrera, el Divo de Juárez animó una de estas celebraciones.

Entre los asistentes se encontraba Pablo Escobar, el temido narcotraficante colombiano. Según Lira, un acompañante de Escobar propuso una peligrosa “broma” durante la fiesta: ofreció un millón de dólares a Juan Gabriel si se atrevía a besar en los labios al líder del Cártel de Medellín.

“El cantante, seguramente más por intimidación que por dinero, fue y sorpresivamente le plantó un beso en los labios a Escobar”, relató Lira.

El beso que casi le cuesta la vida a Juan Gabriel

Lo que vino después fue un instante de máxima tensión. Escobar, irritado, desenfundó una pistola. Don Neto hizo lo mismo. Por unos segundos, el ambiente se volvió irrespirable. La vida de Juan Gabriel, ícono de la música mexicana, pendía de un hilo. Solo la intervención del autor de la broma, quien explicó que todo era una “ocurrencia”, evitó una tragedia. Don Neto rompió en carcajadas. Escobar, aunque molesto, terminó por calmarse. Mientras tanto, Juan Gabriel desapareció discretamente del lugar, temeroso de una reacción posterior del capo colombiano.

Esta historia revela el nivel de impunidad y poder con el que operaban los líderes del narcotráfico en los años ochenta. También expone la manera en la que artistas fueron arrastrados a un entorno dominado por el crimen, muchas veces sin poder rechazar invitaciones ni imponer condiciones.

Detención de Don Neto

Don Neto fue detenido días después, el 7 de abril de 1985, en Puerto Vallarta, Jalisco. Pasó más de tres décadas en prisión, primero en penales de alta seguridad y, desde 2016, bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud. A su lado cayeron otros líderes del Cártel de Guadalajara como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, todos implicados en el asesinato de ‘Kiki’ Camarena.

Hoy, Don Neto vuelve a estar en libertad. Aunque su edad y estado de salud lo alejan de la vida criminal activa, las huellas de su pasado siguen marcadas en los relatos que conectan a los capos con las figuras públicas de la época. La fiesta que casi termina en tragedia para Juan Gabriel es apenas una de las muchas historias que aún permanecen en la penumbra del narcotráfico mexicano.

La violencia armada continúa afectando gravemente a los ciudadanos en el estado de Sinaloa. En esta ocasión, un ciclista quedó atrapado en medio de una balacera registrada en la comunidad de El Sauz, en el municipio de Culiacán, y grabó el momento exacto en que tuvo que tirarse al suelo para resguardarse.

El video, que comenzó una circular en redes sociales, muestra al joven —hasta el momento no identificado— acostado boca abajo sobre el pavimento, visiblemente nervioso y frustrado por la situación que enfrenta. Mientras el sonido de las ráfagas de arma de fuego se escucha de fondo, el ciclista comenta: “Irá dónde dejé a la poderosa”, en referencia a su bicicleta, la cual tuvo que abandonar abruptamente ante el peligro inminente.

El tiroteo ocurrió durante un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos civiles armados en la zona de El Sauz. Aunque las autoridades no han emitido una parte oficial sobre posibles víctimas o detenidos tras el intercambio de disparos, el incidente pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrenta la población civil en regiones afectadas por la violencia organizada.

En el video, el ciclista se muestra cauteloso, temeroso de ser alcanzado por una bala perdida, y con resignación menciona: “Vuelvo a salir a ver… a rodar”, dejando entrever la incertidumbre que se vive en Sinaloa al realizar actividades cotidianas.

La grabación ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresan tanto su preocupación como solidaridad con el joven. Comentarios como “Esto no debería ser normal”, “Qué impotencia vivir así” y “Solo estaba paseando en bicicleta y casi no la cuenta” reflejan la indignación colectiva por los constantes hechos violentos que se registran en la región.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa ha registrado un repunte en los delitos relacionados con armas de fuego en los últimos meses. Culiacán, la capital del estado, es una de las zonas más afectadas, siendo escenario recurrente de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados.

El uso de redes sociales para documentar este tipo de hechos se ha vuelto cada vez más común, especialmente en estados con altos niveles de violencia. Aunque muchos de estos videos sirven para evidenciar la gravedad de los acontecimientos, también reflejan el nivel de exposición y vulnerabilidad de la ciudadanía.

Este nuevo episodio no solo reaviva el debate sobre la seguridad en Sinaloa, sino que también pone en primer plano la necesidad urgente de garantizar condiciones mínimas de tranquilidad para quienes, como este ciclista, solo desean ejercer su derecho a la movilidad sin verso amenazados por el fuego cruzado.

El joven sobrevivió al tiroteo, pero su testimonio gráfico es una muestra clara de cómo la violencia continúa interrumpiendo la vida diaria en muchas partes del país.

La administración del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado más de 800 visas en un periodo de dos meses y medio. Entre los afectados se encuentran estudiantes internacionales, extranjeros de ciertos países y, más recientemente, artistas que promueven o glorifican actividades relacionadas con el narcotráfico.

Este último grupo incluye a los intérpretes de los llamados narcocorridos, un género musical que narra historias de la vida criminal y que, en algunos casos, ha sido vinculado con la exaltación de figuras delictivas.

El periodista Arturo Ángel, para el medio Milenio, aseguró que la administración estadounidense ha puesto bajo escrutinio a todos aquellos que, a través de su trabajo, difundan o respalden las actividades de grupos criminales o terroristas. Este enfoque ha llevado a la revocación de visas de artistas como la banda Los Alegres del Barranco, quienes enfrentaron esta medida tras exhibir imágenes de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en Jalisco, México. Las autoridades estadounidenses consideran que este tipo de acciones representan un apoyo indirecto a organizaciones criminales.

“Visas como privilegio, no como derecho”: mexicanos que canten corridos tumbados podrían perder su ingreso legal en EEUU

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado en diversas ocasiones que las visas para ingresar a los Estados Unidos no son un derecho, sino un privilegio que puede ser negado o revocado en cualquier momento. Rubio enfatizó que el gobierno tiene plena autoridad para decidir quién puede visitar, estudiar o trabajar temporalmente en el país. Esta postura ha sido respaldada por el subsecretario Cristopher Landau, quien subrayó que la libertad de expresión no exime a las personas de enfrentar consecuencias legales o administrativas.

Landau, al anunciar la revocación de visas a Alegres del Barranco, declaró: “En la administración Trump nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”. Estas palabras reflejan la postura firme del gobierno estadounidense frente a cualquier forma de apoyo, directo o indirecto, a actividades ilícitas.

Intérpretes de ‘narcocorridos’ en gran riesgo: lista de estrellas bajo lupa de Donald Trump

El género de los ‘narcocorridos’ ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente en México y entre comunidades latinas en Estados Unidos. Sin embargo, su contenido ha generado polémica debido a las narrativas que glorifican la vida criminal, describen hazañas delictivas y detallan el estilo de vida de figuras del narcotráfico.

Según el periodista Arturo Ángel, para el medio Milenio, artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Firme, Edgardo Núñez, Jr. Salazar y La Barranqueña de Mazatlán se encuentran entre los exponentes más destacados de este género, y podrían estar en riesgo de perder sus visas si las autoridades consideran que sus canciones promueven actividades ilegales.

Un caso emblemático que ilustra la conexión entre los ‘narcocorridos’ y el crimen organizado es el uso de estas canciones por parte de las áreas de inteligencia del gobierno mexicano. En algunos casos, las letras de los corridos han proporcionado información clave para la captura de criminales.

Un ejemplo reciente es la detención de Mario Alexander “N”, conocido como El Piyi, antiguo jefe de sicarios de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En una canción del popular cantante Luis R. Conríquez, en colaboración con Tito Doble P, se mencionan detalles que coinciden con las actividades de El Piyi, lo que permitió a las autoridades rastrear su paradero.

Miles de casos bajo análisis: cantantes de narcocorridos son amenazas potenciales para EEUU

Además de las visas ya revocadas, el gobierno de Trump mantiene bajo revisión miles de casos adicionales, tanto de personas dentro como fuera de los Estados Unidos. Esta política forma parte de una estrategia más amplia para limitar el acceso al país de individuos que puedan representar una amenaza a la seguridad nacional o que estén vinculados, directa o indirectamente, con actividades criminales.

El impacto de estas medidas no solo afecta a los artistas, sino también a la industria musical en general, que depende en gran medida de las giras y presentaciones en Estados Unidos. Para los intérpretes de ‘narcocorridos’, la pérdida de la visa significa no solo la imposibilidad de realizar conciertos en territorio estadounidense, sino también un golpe significativo a sus ingresos y proyección internacional.

El debate sobre la libertad de expresión

La decisión de revocar visas a artistas de ‘narcocorridos’ ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Mientras que algunos argumentan que las canciones son una forma de arte que refleja la realidad social, otros consideran que glorificar a criminales y sus actividades contribuye a normalizar la violencia y el crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses han dejado claro que no tolerarán ninguna forma de apoyo, explícito o implícito, a organizaciones criminales, incluso si este apoyo se manifiesta a través de expresiones artísticas.

En este contexto, la administración Trump ha adoptado una postura contundente, enviando un mensaje claro a los artistas y a la comunidad internacional: cualquier vínculo con actividades ilícitas, ya sea real o percibido, puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida del acceso a Estados Unidos.

En un operativo llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, una pareja de narcotraficantes fue detenida tras el allanamiento de una vivienda situada en el cruce de las calles Julio Roca y Gran Chaco.

El procedimiento, que tuvo lugar ayer por la tarde, culminó con el secuestro de importantes cantidades de drogas, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

El operativo se desarrolló de forma planificada y estuvo dirigido por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno, con el objetivo de desarticular una red de tráfico de drogas que operaba en la localidad.

La pareja arrestada, compuesta por un hombre de 44 años y una mujer de 39, era conocida por su involucramiento en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Los detenidos fueron identificados como un hombre apodado “El Rosarino” y su pareja, quienes operaban desde un local comercial ubicado en la misma zona.

El operativo tuvo lugar luego de una serie de investigaciones que permitieron rastrear la actividad de la pareja, quienes, según indicaron fuentes oficiales, usaban un kiosco como pantalla para su negocio de venta de estupefacientes. El local no solo servía como punto de venta, sino también como un lugar donde el detenido aceptaba objetos robados para intercambiarlos por drogas, lo que profundiza la conexión entre el crimen organizado y la delincuencia común en la región.

Durante el allanamiento, los efectivos de la FPA hallaron un total de 242 dosis de cocaína y 119 dosis de marihuana, además de una planta de cannabis sativa que se encontraba en proceso de cultivo. Estos hallazgos, sumados a los más de 115.000 pesos encontrados en la propiedad, evidencian la magnitud de la operación narco que la pareja había establecido en la zona.

En el lugar también se encontraron una balanza digital y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de las sustancias ilícitas según informó el portal El Doce.tv.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el perfil del detenido, apodado “El Rosarino”. Según fuentes cercanas a la investigación, este hombre era conocido por intimidar a los residentes de la zona para evitar que denunciara su actividad delictiva.

El acusado, además de su comercio de estupefacientes, utilizaba su kiosco para establecer una red de intercambio, donde aceptaba objetos robados.

Luego del operativo, los detenidos fueron trasladados a la sede judicial, donde la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso que fueran procesados por la infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Otra pareja detenida por droga

Ocurrió a principios del mes de noviembre del año pasado cuando un hombre y una mujer fue apresada en Salta luego de que los efectivos de la Gendarmería Nacional les pidieran que se detuvieran en un puesto de control, en donde fueron sometidos a una requisa. En medio del procedimiento, las autoridades descubrieron que había más de 50 kilos de cocaína escondidos en los neumáticos de auxilio que llevaban en la camioneta.

El hecho ocurrió cuando los agentes de la Sección “Las Lajitas” del Escuadrón 45 realizaban un control vial sobre la Ruta Provincial N° 5. En ese momento, detuvieron a un hombre y una mujer mayores de edad que circulaban en un vehículo marca Hyundai. Una vez que comenzaron con la inspección del vehículo, los gendarmes observaron que los cuatro neumáticos presentaban irregularidades.

A partir de las sospechas que surgieron producto de los indicios de que los neumáticos habían sido manipulados, durante una inspección exhaustiva el personal detectó que había diferencias en la calibración de aire en las ruedas. En presencia de testigos, los agentes desarmaron los neumáticos y hallaron paquetes de cocaína en su interior, ocultos dentro de una estructura de hierro en forma de semicírculo adherida a las llantas.

Luego de que el contenido de los paquetes fuera sometido a un Narcotest, los resultados confirmaron que se trataba de cocaína y precisaron que se trataban de 58 kilos y 179 gramos de sustancia. Producto de la confirmación, la Fiscalía Federal de Salta ordenó la incautación de la droga, el decomiso del vehículo y los teléfonos móviles de los detenidos.

La pareja fue acusada de infringir la Ley 23.737 sobre Tenencia y tráfico de estupefacientes, por lo que permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial bajo el sistema Procesal Penal Acusatorio.

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- El libro 'Vivir con el narco. Crónicas y retratos de un país en guerra' es "un grito de rabia y desesperación de las víctimas, ante una sociedad mexicana que, por lo mismo de la violencia, está cada vez está más anestesiada", compartió a EFE su autor, el español Manu Ureste.

Mediante 17 crónicas y un epílogo, Ureste (Murcia, 1982) abarca los últimos 12 años de la llamada "guerra contra el narco", declarada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), "con el afán de mostrar dos cosas", que "pueden ser un poco contradictorias", apuntó.

"El crimen organizado en México ha cambiado, ha evolucionado, pero muchas de las prácticas siguen siendo idénticas hace ya prácticamente tres sexenios", expuso el periodista, en referencia a los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Por ejemplo, la crónica 'El precio de La Bestia', que narra "el puto infierno de los migrantes", en palabras de uno de ellos, se publicó en 2012, pero actualmente pasa "exactamente lo mismo", afirmó el autor.

Asimismo, destacó el papel protagónico de las madres buscadoras de desaparecidos en el libro, al encarnar una de las más graves crisis humanitarias en México: las desapariciones y las fosas clandestinas.

"El tema de los cementerios del crimen organizado y de cómo el crimen organizado, además de desaparecer, agrede, amenaza, asesina a las madres que buscan a sus seres queridos", explicó.

Esto se muestra en relatos como 'La trituradora de jóvenes' sobre "un recorrido por un basurero terrible en Zapopan", en el estado occidental de Jalisco, "que es de la zona donde más desapariciones hay, especialmente de jóvenes, según indican las cifras oficiales".

Otro ejemplo es el capítulo 'Rancho Cali: de regreso al infierno de Los Zetas', donde un grupo de madres volvió en 2023 a un sitio en Veracruz, previamente inspeccionado en 2017 con el hallazgo de ocho fosas, pero reutilizado después por el cartel para hacer sus "pachangas" donde violaban a jóvenes desaparecidas.

"Para ellas, fue terrible volver a ese rancho con la expectativa de que quizá algunas de sus hijas pudieran estar ahí encerradas, en un lugar donde se torturaba, donde se desmembraba personas. Como dice una de las víctimas, era lo más parecido que habían visto en la vida real a la película 'La masacre de Texas'", narró Ureste.

Las pesadillas de los reporteros 

Uno de los pluses del libro, además de una galería fotográfica, es que incluye un epílogo titulado '¿Qué sueñan los reporteros?', donde el autor comparte una de sus pesadillas recurrentes: hundirse en una fosa mientras es perseguido.

"Creo que es muy buen enganche para hablar de la salud mental, porque yo a partir de esas pesadillas empecé a darme cuenta de que realmente había un tema también de estrés postraumático", compartió el periodista, al reflexionar sobre el tabú que persiste sobre mostrar vulnerabilidad en esta profesión.

En esas páginas, Ureste explica desde el proceso de "no querer pedir ayuda, el decir 'yo puedo con todo, yo soy periodista, yo soy un intrépido que me meto a no sé dónde", compartió.

"Y estallas un día y entonces(…) hay que pedir ayuda. No solamente se vale, sino que es necesario pedir ayuda y máxime cuando también estamos sometidos a un gran estrés", agregó.

No obstante, Ureste subrayó que su propósito en el libro es fungir como observador que documenta y narra la realidad con testimonios y cifras, pero sobre todo, le da voz a las víctimas.

Entre las fotografías, en la portada destaca un niño de apenas 8 años posando con una pistola, con la que jugaba a perseguir policías imaginando que eran "los malos", en una comunidad indígena que creó su propia policía comunitaria para defenderse de la represión del Estado, otro de los temas recurrentes en el libro, agregó el periodista.

‘Vivir con el narco. Crónicas y retratos de un país en guerra’, editado por Grijalbo, con textos publicados por Ureste en el medio Animal Político, es el cuarto libro del autor, después de 'La estafa maestra: La historia del desfalco' (2018 y 2022), 'El caso Viuda Negra' (2022) y 'Narcopandemia' (2022). EFE

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Un nuevo golpe al narcotráfico en la provincia de Mendoza tuvo lugar ayer miércoles, cuando la Policía, a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, desmanteló una red dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en el departamento de Luján de Cuyo.

La operación, que incluyó diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de la zona, culminó con la detención de dos mujeres, madre e hija, quienes encabezaban la organización.

El operativo, coordinado con el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal Mendoza, se originó a raíz de un secuestro clave realizado a finales de enero de este año.

La operación de ayer, que involucró un despliegue de fuerza en los barrios Nueva Vida, Renacer del Plata y Mirador del Río, se gestó luego de un significativo secuestro realizado el 24 de enero pasado. En esa fecha, se incautaron 12 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 37 plantas de cannabis sativa, 2.776 kilogramos de marihuana compactada y 375 gramos de flores de cannabis. En el marco de ese operativo, fue detenida una mujer, quien lideraba el grupo narcotraficante.

A partir de esa detención, las autoridades comenzaron a desentrañar la estructura de la organización y a seguir su rastro, lo que les permitió identificar varios domicilios utilizados para traficar y vender estupefacientes. Esto dio lugar a la realización de diez allanamientos simultáneos en Luján de Cuyo, con la participación de diversos cuerpos de seguridad, como el Cuerpo de Infantería y la División de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), que realizaron tareas de monitoreo aéreo durante todo el operativo.

El objetivo era dar con los responsables de esta red, y las investigaciones permitieron concretar la detención de dos mujeres que eran claves en la organización: una de 51 años, madre de la otra, de 33 años, quienes, según las autoridades, estaban a cargo de la logística del tráfico y la comercialización de las sustancias ilícitas según informó el portal MDZ.

En los operativos realizados, se logró incautar 30 dosis de clorhidrato de cocaína, 712,2 gramos de marihuana, 422.650 pesos en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados y que ahora formarán parte de la investigación en curso. Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el dinero encontrado podría estar relacionado con las ganancias obtenidas por la organización narcotraficante.

El despliegue de fuerzas no solo se limitó a los allanamientos, sino que también involucró a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que proporcionó información clave para la investigación, especialmente en lo que respecta al análisis financiero de los involucrados en la red. Además, se contó con la colaboración del Juzgado Federal de Garantías de Mendoza, bajo la supervisión del juez Marcelo Garnica, quien autorizó los operativos y las detenciones.

Y en otra intervención policial anti narco a mediados del mes de febrero pasado, la División de Investigaciones Antidrogas de la Policía de la Ciudad desbarató un clan narco que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en el barrio porteño de Flores. La banda estaba siendo rastreada por las autoridades desde octubre de 2024, cuando se inició una investigación para identificar a sus integrantes y determinar cómo era su modus operandi.

Los involucrados eran tres personas que formaban parte del mismo grupo familiar y todos quedaron detenidos en el marco de un allanamiento realizado en una habitación ubicada en la avenida Nazca 930, donde funcionaba el centro de acopio y fraccionamiento de las sustancias ilícitas.

El lugar fue localizado a partir de un intenso trabajo investigativo liderado por la Brigada N.º 5, el cual incluyó métodos de vigilancia discretos y tecnología avanzada que permitieron corroborar que ese búnker era utilizado como punto de venta de drogas al menudeo.

El operativo se llevó a cabo en el momento en que el principal sospechoso, un hombre de nacionalidad peruana y de 49 años, se encontraba en el lugar, acompañado de su pareja e hija, que también formaban parte del negocio.

Una vez confirmada su presencia, las autoridades irrumpieron en el domicilio marcado y procedieron intercepción tanto del líder del clan como de las otras dos integrantes del grupo familiar.

Junto a los agentes también ingresó la División de Perros con el can Simón, cuya intervención fue fundamental para encontrar los estupefacientes que luego fueron decomisados: en la habitación había 14 envoltorios de cocaína, equivalente a 14,29 gramos. Según las estimaciones oficiales, el valor de las sustancias incautadas es de aproximadamente 140.000 pesos.

Además, también se secuestraron elementos utilizados para el corte de las sustancias, 14 equipos de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y dinero en efectivo. En total, había 1.837 millones de pesos argentinos y 1.700 dólares. También había otros 100 dólares que, para los investigadores, era dinero falsificado.

Tras el procedimiento, el personal de la brigada se contactó con el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°10, a cargo del juez Pablo Cruz Casas. En este contexto, se ordenó la detención de los tres implicados y se dispuso que realizar las medidas procesales correspondientes.

Entre los criminales que tuvieron presencia en el rentado deportivo se destacaron los hermanos Rodríguez Orejuela, que a través de empresas fachada, se volvieron en propietarios del América de Cali, llegando al punto de contratar a figuras extranjeras como Julio Cesar Falcioni y Ricardo Gareca.

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Con un equipo plagado de figuras, América llegó en varias ocasiones a la final de la Copa Libertadores, pero siempre quedó a puertas de la gloria, siendo la de 1986 una de las más recordadas en Colombia y Argentina, en donde los hinchas de River Plate festejaron el título continental.

El encuentro entre Ruggeri y Miguel Rodríguez Orejuela

Después de superar a Bolívar de Bolivia y Olimpia de Paraguay en la fase dos, América de Cali recibió a River Plate en el partido de ida de la final, que se disputó el 22 de octubre de 1986 en el estadio Pascual Guerrero; sin embargo, una noche antes del partido, Óscar Ruggeri, defensor del club argentino, recibió una peculiar invitación.

En el programa F90, el hoy panelista y analista deportivo recordó que fue llamado por los hombres de Miguel Rodríguez Orejuela para encontrarse con el capo en uno de los pisos superiores del hotel en el que se estaban hospedando los jugadores de River Plate.

“Cuando fui a jugar la final, llegó al hotel y me meto en la habitación, me llaman al teléfono «señor Ruggeri, el señor Miguel dice que suba que lo quiere conocer»”.

Debido a la amistad que tenía con Ricardo Gareca, Ruggeri tenía claro que se iba a encontrar con uno de los capos más peligrosos del continente, por lo que afirmó que sintió miedo antes de subir a hablar con el colombiano.

“Miguel Rodríguez Orejuela, con el hermano, estaban en el hotel, eran los dueños del club. Me quería conocer y yo sabía quién era, yo sabía por el “Flaco” Gareca”, recordó Ruggeri.

El argentino indicó que llamó a tres jugadores más de River para que lo acompañaran a charlar con Rodríguez Orejuela, al que describió como una persona idéntica a Francisco Denis, actor que interpretó al capo en la tercera temporada de Narcos.

“El tipo me dio la mano y era el mismo de la serie, cuando la vi dije «Nancy (su esposa), mira, es el tipo que me llamó al hotel, era igual el tipo”.

Al final, Miguel Rodríguez Orejuela solo era seguidor del fútbol mundial, y debido a que Óscar Ruggeri había sido campeón del mundial de México 1986, junto a Diego Armando Maradona, el narco colombiano quería conocer en persona al defensor.

“Me saludo y me dijo «solo lo quería conocer», un gusto y después me fui, la saqué barata, y más que después le ganamos”, puntualizó Ruggeri, que fue titular en la victoria 2-1 de River Plate sobre América en Colombia.

El 29 de octubre, el partido de vuelta se registró en el estadio Monumental de Núñez, en donde el club argentino derrotó 1-0 a La Mechita con gol de Juan Gilberto Funes, lo que terminó con la coronación del club Millonario y un nuevo subcampeonato más para América.

Cabe mencionar que, Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado el 6 de agosto de 1996 por las autoridades colombianas, actualmente sigue en prisión, en Estados Unidos; mientras que su hermano, Gilberto, falleció el 31 de mayo de 2022.

Dayana Naomi Robles Flores, una aspirante de quinto año de la Infantería de Marina y que tiene sus alas de paracaidista, compartió en una entrevista con Infobae México sus vivencias, preparación y las razones que la llevaron a formar parte de la Heroica Escuela Naval Militar.

La cadete reveló no solo las exigencias de la formación militar, sino también el orgullo y sentido de responsabilidad que implica ser parte de la Marina Armada de México.

Desde temprana edad, Robles Flores se sintió atraída por las operaciones que realiza la Secretaría de Marina, observando la interacción entre las unidades de superficie, la Ingeniería Aeronaval y las maniobras de la Infantería de Marina.

“Cuando estaba cursando la secundaria, yo observaba las operaciones que tenían en conjunto”, mencionó, destacando que estas experiencias influyeron en su decisión de estudiar Ingeniería en Hidrografía, área que asegura le permite “apoyar a la población civil” en desastres naturales y contribuir a la seguridad interna del país.

El proceso de formación en la Infantería de Marina sigue un enfoque integral que combina adiestramiento físico y académico.

Los cadetes de cualquiera de las carreras impartidas en la Heroica Escuela Naval Militar, como Ingeniería en Sistemas Navales (Cuerpo General); Ingeniería en Hidrografía (Infantería de Marina); y Ingeniería en Aeronaval, reciben hospedaje, alimentación, ropa y una formación académica acorde a su carrera.

Cabe mencionar que el adiestramiento físico es exigente como parte de su adiestramiento de marinos.

Robles Flores explicó que en el primer año, los cadetes reciben un “adiestramiento básico”, lo que ella describe como un “tronco común”.

Sin embargo, a partir del segundo año, comienzan a especializarse en áreas específicas de acuerdo con su carrera, lo que incluye un acercamiento mayor hacia el resto del personal y el uso del uniforme de camuflaje.

“Ser infante de marina es un honor”, afirmó. Este compromiso lo definió como ser “un combatiente disciplinado, con excelente moral, inteligencia, automotivación, gran condición física” y capacidades tanto técnicas como tácticas.

La aspirante también destacó las oportunidades únicas que ofrece el plantel en términos de cursos y especializaciones. Durante la entrevista, la joven compartió con orgullo su experiencia en el Curso de Fusileros Paracaidistas, que calificó como un desafío significativo durante su etapa de estudiante.

Este curso incluye una fase inicial en tierra, de tres semanas, seguida por la fase donde los cadetes realizan saltos desde aeronaves, obteniendo finalmente las “alas” que certifican esta habilidad especializada.

“Es ahí en donde obtenemos nuestras alas para ser fusileros paracaidistas”, explicó la cadete quien indicó que, como un gesto de gratitud, dedicó este logro a sus padres.

Sobre las percepciones y dudas que algunas personas podrían tener sobre integrar la Infantería de Marina, particularmente en torno a su relación con operaciones contra el crimen organizado. Robles Flores enfatizó que, además de estas tareas, los infantes están profundamente comprometidos con apoyar a la población civil en distintos contextos, desde desastres naturales hasta la protección de las costas nacionales. “Nosotros estamos presentes en todo momento”, afirmó, subrayando la gran responsabilidad que implica esta carrera.

Contó que su participación en la Infantería de Marina no solo ha moldeado su desarrollo personal, sino también su compromiso con las misiones que la institución cumple.

La Infantería de Marina tiene dos roles principales: apoyar a la población civil durante desastres naturales y colaborar en garantizar la seguridad interna del país.

Por su parte, el teniente de navío del Cuerpo de Infantería de Marina Paracaidista, Roberto Omar Hernández Montiel, jefe de la Sección Académica de Materias Militares en la Heroica Escuela Naval Militar, indicó que el programa combina formación militar y capacitación científica, con materias que van desde operaciones tácticas hasta oceanografía y meteorología, para garantizar que los cadetes estén preparados para los desafíos en terrenos, tanto marítimos como terrestres.

En el marco de la carrera de Ingeniería en Hidrografía, los cadetes reciben instrucción integral en tácticas operativas y materias científicas. Hernández Montiel detalló que dentro de la enseñanza militar se incluyen disciplinas como “táctica terrestre, táctica de patrullas, táctica de convoy y operaciones helitransportadas”.

Estas técnicas son esenciales para los futuros infantes, quienes deben manejar con pericia situaciones de combate y logística en entornos complejos.

Además, la formación incorpora conocimientos de ingeniería que abarcan campos como “oceanografía, física, meteorología e hidrología”.

Estas asignaturas técnicas permiten a los cadetes analizar y comprender las dinámicas del terreno y las condiciones climáticas en los escenarios donde llevarán a cabo sus operaciones.

Entre las prácticas destacadas, Hernández Montiel señaló que “se capacita al personal de cadetes en tácticas y técnicas de combate en agua, en un ambiente anfibio, como la natación de combate. Esto tiene el fin de proyectar una fuerza terrestre a través de un medio acuático como el mar”.

Este tipo de entrenamiento es fundamental para las operaciones anfibias, como lo sería una toma de cabeza de playa, una maniobra que forma parte de su currículo práctico.

El teniente subrayó que además de las competencias técnicas, un infante de marina debe poseer una sólida formación ética. “Un infante de marina debe ser una persona con alto valor moral, dispuesto a sacrificarse por el prójimo, y actuar con valentía, orgullo y disciplina,” afirmó.

Este perfil no solo asegura la capacidad operativa de los oficiales, sino también su alineación con la misión.

Para ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar, los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos básicos, como tener el bachillerato terminado y un perfil idóneo que permita su desarrollo táctico y académico.

En los últimos años, la Marina Armada de México ha asumido nuevas responsabilidades que incluyen la vigilancia de aeropuertos y aduanas, además de sus tareas habituales de defensa y seguridad exterior. Para equipar a los cadetes con las habilidades necesarias frente a estas nuevas demandas, la institución ha implementado cambios en el currículum formativo.

Hernández Montiel explicó que se han introducido materias específicas relacionadas con la protección portuaria y aeroportuaria, así como con las funciones propias de una Guardia Costera. Estas modificaciones buscan preparar a los oficiales “para desempeñarse en el ámbito donde lo requiere el país”.

“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y con la Infantería de Marina, es una fuerza militar diseñada para la guerra. Pero, además, forma a los cadetes en el ámbito de protección a los derechos humanos y en el apoyo a la población civil,” mencionó Hernández Montiel.

Medios de Nuevo León reportaron la liberación de la celebridad de televisión Gisselle Sampayo, un día después de ser detenida junto a su pareja, Christian Adrián ‘N’, alias ‘El Meka’, luego de tener un incidente doméstico en un departamento del complejo residencial Torres Acacia, en la colonia Haciendas de la Sierra, San Pedro Garza García.

Según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSSC), Christian Adrián ‘N’ es señalado como presunto cabecilla de una célula criminal en la zona norte de Monterrey y los municipios de San Nicolás y Apodaca.

¿Por qué se detuvo a Gisselle Sampayo?

Fuentes citadas por el periódico El Zócalo y otros medios de la región, indican que Gisselle Sampayo fue detenida por policías municipales exclusivamente por el incidente doméstico. Hasta el momento, no existe un línea de investigación que la vincule a las actividades de su pareja, quien tiene antecedentes por narcomenudeo.

La presentadora, quien hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente, fue liberada la tarde del 19 de febrero.

¿Quién es Gisselle Sampayo?

Gisselle Sampayo nació en Monterrey, Nuevo León. Alcanzó popularidad en 2011 con su participación en Pura Gente Bien, programa conducido por Poncho de Nigris. Ese mismo año, su paso por el reality Mitad y Mitad la convirtió en una de las figuras más polémicas del show.

A lo largo de su carrera, consolidó su presencia en medios y redes sociales, pero su vida personal ha estado marcada por episodios difíciles, como el secuestro y fallecimiento de su exnovio José Luis. La historia resurgió tras su reciente detención junto a un presunto líder criminal de Nuevo León.

En una entrevista con el creador de contenido Suriel, Sampayo recordó el impacto de la desaparición de su expareja. “Fue muy doloroso para mí porque le dio a mi vida un cambio que yo no me esperaba. Estás un día antes con la persona, durmiendo superbién, y te levantas y de repente ya no está”, expresó.

Sampayo relató que, tras una discusión, decidió no dormir en casa, y horas después, José Luis fue secuestrado. Su familia intentó reunir el dinero del rescate, pero finalmente, él no regresó.

La detención y posterior liberación de Gisselle Sampayo ha generado especulaciones en redes sociales. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Nuevo León emita un comunicado oficial sobre el hecho y aclare el panorama legal de la presentadora de televisión.

El presunto autor del homicidio de Matías López, un conocido narcotraficante de Neuquén, fue detenido en un operativo realizado en el barrio San Lorenzo, en el sector oeste de la capital provincial.

Según se informó, el hombre, de 31 años, era buscado intensamente tanto por las autoridades como por allegados a la víctima, quienes habían iniciado una violenta cacería en su contra.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) y se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos.

De acuerdo con señalado por el portal LMN, el crimen de López, ocurrido el pasado 12 de febrero, desató una serie de ataques incendiarios y con armas de fuego en la ciudad, generando preocupación por la posibilidad de que personas inocentes resultaran afectadas.

La captura del sospechoso, quien presuntamente compartía negocios de drogas con la víctima, fue el resultado de un meticuloso trabajo de investigación llevado a cabo por la División Homicidios de la Policía neuquina.

El homicidio de López, de 34 años, se produjo en un contexto de tensiones dentro del mundo del narcotráfico y según las investigaciones, López habría retenido medio kilo de cocaína, un cargamento valuado en aproximadamente 5.000 dólares, lo que habría desencadenado el conflicto con su socio.

Fue entonces que en la noche del 12 de febrero, en las calles Casimiro Gómez y Diego Pizarro, en el barrio Gran Neuquén Sur, el socio enfrentó a López y le planteó la disyuntiva: “¿Plata o plomo?”. Al no recibir el dinero adeudado, el hombre disparó a quemarropa, dejando el cuerpo de López en la vía pública con un impacto de bala en la cabeza.

El mismo medio detalló que la familia de la víctima identificó rápidamente al autor del crimen, lo que dio inicio a una doble persecución: por un lado, la investigación oficial liderada por la Policía y la Fiscalía de Homicidios, y por otro, una serie de represalias por parte de los allegados a López.

En este último caso, se reportó que al menos tres viviendas precarias en el oeste de la ciudad fueron incendiadas, ya que se sospechaba que el prófugo se refugiaba en ellas.

Matías López no era ajeno a las actividades ilícitas. Según consignó LMN, el hombre tenía un extenso prontuario y estaba vinculado a la comercialización de drogas, utilizando como fachada un merendero ubicado en la toma Altos del Neuquén. Este lugar, que en apariencia ofrecía asistencia a niños de los barrios Itatí y 7 de Mayo, funcionaba como un punto de venta de cocaína al menudeo. Las sospechas sobre el merendero surgieron cuando el lugar fue atacado a tiros en varias ocasiones, lo que llevó a los investigadores de la Comisaría Tercera a realizar averiguaciones.

Cabe recordar que en abril de 2024, el merendero fue allanado y se confirmó que operaba como un centro de distribución de drogas. Tras este golpe, López trasladó sus operaciones a otra barriada, demostrando la capacidad de adaptación de las redes de narcotráfico.

Y en otro caso relacionado con el negocio narco, tres sospechosos fueron detenidos por el crimen de dos hombres en el barrio La Catalina de la localidad de Trujui del partido de Moreno, en un hecho que las autoridades atribuyeron a una disputa territorial por la venta de drogas.

Los asesinatos ocurrieron durante una balacera y mientras vecinos de la zona protestaban exigiendo mayor seguridad tras el homicidio de Lucas Nahuel Aguilar.

El doble homicidio ocurrió el 31 de enero, cuando efectivos policiales recibieron llamados anónimos al 911 alertando sobre un tiroteo en la intersección de Portugal y Cochabamba. Al arribar al lugar, los agentes de la Comisaría 2ª de Moreno encontraron los cuerpos de las víctimas a pocos metros de distancia entre sí.

Una de las víctimas fue identificada como Franco Ismael Miltos, de 20 años y con antecedentes por robo agravado, resistencia a la autoridad y lesiones. Presentaba dos disparos en el tórax. La otra víctima, de 40 años, era conocida en la zona como "Cachete“, pero se llamaba Rito Alberto Giménez y tenía cuatro heridas de bala en el cráneo, la oreja y el brazo.

Los primeros indicios apuntaban a un enfrentamiento entre bandas que disputaban el territorio para la comercialización de drogas. Los testimonios recabados permitieron a los investigadores profundizar en la hipótesis de un ajuste de cuentas o un intento de “mejicaneo” dentro de una red de narcomenudeo.

Y la investigación quedó a cargo de la UFI N°4 de Moreno-General Rodríguez, encabezada por el fiscal Federico Soñora. De acuerdo con fuentes del caso, la disputa no solo involucraba a la banda conocida como “Los Turros”, sino también a una vivienda ubicada frente a su territorio, donde una pareja había comenzado a vender drogas hace aproximadamente un año. Esta situación habría generado tensiones que derivaron en el ataque fatal contra Miltos y Giménez.

Las tareas investigativas de la DDI Moreno-General Rodríguez permitieron identificar a tres sospechosos: se trata de A.P. (28), su esposa, M.A.P. (32), y E. D. (31), alias “Pikilo”, todos de nacionalidad paraguaya.

El 29 de enero, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena de cuatro años contra Nelson Velásquez, artista colombiano que fue demandado por los directivos de Los inquietos del vallenato, un grupo musical al que perteneció hasta 2004.

Nunca niegues que te amo, Quiero saber de ti o Buscare otro amor son algunas de las canciones que Velásquez interpretó en múltiples presentaciones, a pesar de no tener el aval del grupo musical, lo que hizo que entre 2014 y 2018 el empresario Jair López demandara al oriundo de Juan Cruz del Cesar en La Guajira.

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Después de varios meses de proceso judicial, el juez encargado del caso indicó que el material probatorio en contra de Velásquez era contundente, por lo que en agosto de 2024 Velásquez conoció el tiempo que deberá purgar en prisión, pero luego de varios meses de apelaciones, en enero de 2025 fue ratificado el castigo.

Velásquez ya había sido protagonista de hecho asociado con autoridades

El caso contra Velásquez hizo que se recordara que no es la primera vez que el artista es asociado a un tema legal, puesto que en mayo de 2024 las autoridades en Ecuador indicaron que el colombiano se encontraba en una fiesta privada que terminó luego de que la Dirección Nacional de Antinarcóticos ingresara al lugar para arrestar a varios criminales.

El principal objetivo de las autoridades era Celso Moreira, un narco conocido como “El Patucho”, que tenía múltiples cargos por robo, asesinato, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas; además, había sido identificado como un miembro importante de una estructura criminal luego de que su nombre terminará asociado al envío de múltiples bloques de base de coca en un barco que tenía como destino llegar a Estados Unidos.

Sobre la fiesta, la Policía ecuatoriana informó que habría costado medio millón de dólares, que se estaba desarrollando en una finca a 37 kilómetros de Guayaquil, siendo Moreira el homenajeado por su cumpleaños número 41, por lo que varios narcos ligados a “El Patucho” también estaban en el lugar, pero lograron escapar debido a que se registró un cruce de disparos y habrían terminado camuflándose entre los meseros.

En el operativo se logró la captura de integrantes de las bandas delincuenciales Los Choneros, Los Fatales y Las Águilas; además, se registró la incautación de 200.000 dólares en efectivo, más de mil cartuchos de armamento, 34 pistolas, 14 radios de comunicación, cuatro fusiles y tres carabinas

Otro aspecto que sorprendió a la opinión pública en Ecuador es que en la fiesta se encontraba Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de este país Abdalá Bucaram, que después de ser notificado sobre el arresto de su primogénito, afirmó que él solo había sido invitado a una fiesta sin saber qué otros invitados estarían en el sitio.

“Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta”, indicó el exmandatario. Finalmente, luego de varios meses de proceso, Jacobo Bucaram recibió el beneficio de prisión domiciliaría mientras continúa la investigación en su contra, en la que fue imputado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Además de Nelson Velásquez, se conoció que la cantante Dayanara Peralta también hizo parte de la lista de artistas que se presentaron en la celebración; de la misma forma, se sospechó de la presencia del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, pero en realidad se trataba de un imitador del salsero que días más tarde tuvo que aclarar la situación.

“Estoy en Ecuador y esta madrugada me estuve presentando en una fiesta privada, la cual fue objeto de allanamiento por parte de la Policía del país. Me encuentro aclarando que el artista Gilberto Santa Rosa no estaba en la fiesta. En esa fiesta estaba este servidor”, aclaró Luis Adolfo Lecuna, imitador de Santa Rosa.

Por su parte, Velásquez no desmintió que hubiera estado en Guayaquil en la misma fecha que se registró el operativo y decidió guardar silencio al respecto en sus diferentes redes sociales.

A finales de los años 70 y comienzo de los 80, Pablo Escobar era referenciado como un empresario que estaba tomando importancia en Antioquia por las labores benéficas que había llevado a cabo en varios sectores de Medellín, lo que provocó que Jairo Ortega Ramírez le propusiera involucrarse en la política.

Durante varios meses, Escobar logró pasar desapercibido en contextos empresariales, llegando al punto de que varias figuras públicas visitaron la Hacienda Nápoles antes de que se conociera este lugar como la base estratégica del cartel de Medellín; también acompañó en comitivas internacionales de partidos políticos.

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Entre los viajes que realizó Escobar en esa época se destaca uno a España, en el que se relacionó con varias personalidades importantes del país europeo, incluyendo al empresario Enrique Cerezo, que en la actualidad es presidente del club Atlético de Madrid.

Cabe mencionar que dicho equipo es considerado el tercer equipo más relevante de España y ha tenido en sus filas a colombianos como Radamel Falcao García, Amaranto Perea y Jackson Martínez.

En diálogo con El Chiringuito, Cerezo recordó que en los años 80 conoció a Pablo Escobar sin saber que se trataba de un criminal que años más tarde fue considerado como la persona más buscada del mundo. De acuerdo con el empresario, su encuentro con el colombiano se registró cuando este ya era representante suplente de la Cámara en Colombia.

“A este hombre le conocí yo en su día. Era Pablo Escobar, el famoso del cartel de Medellín; era diputado de la asamblea en Colombia, lo conocí en un hotel, me lo presentaron″, declaró Cerezo.

Debido a que el periodista pidió que le contara más detalles sobre el vínculo que había tenido con el criminal, Enrique Cerezo aseguró que solo saludó al capo, pero que en ningún momento pensó que estaba relacionándose con un criminal.

“Hola, ¿cómo estás? Y fuera. Me dijeron que era un señor de apellido Escobar, que era diputado y era un invitado, no recuerdo bien”, fueron las palabras del europeo.

Buscando desligarse por completo de la figura del antioqueño, Cerezo indicó que su trabajo hace que conozca a muchas personas sin saber a fondo de quién se trata en realidad. “El cine y mi profesión con el fútbol hacen que yo venga a hacer amigos, no para hacer enemigos”, puntualizó.

No es la primera vez que se habla sobre las visitas de Escobar a Europa, puesto que luego del triunfo de Felipe González en las elecciones presidenciales de España en 1982, el capo acompañó al exministro de Justicia Alberto Santofimio —que años más tarde terminó vinculado al cartel de Medellín— como parte de una comitiva de invitados de PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

La celebración por el triunfo de González se llevó a cabo en el Hotel Palace de Madrid. Se afirma que Pablo Escobar compartió mesa con el torero Luis Miguel Dominquín, el empresario Enrique Sarasola y otras figuras que desconocían del negocio ilícito que comandaba el colombiano en su país.

“Se le veía contento, con mi madre preparó la maleta con la misma ropa de siempre, pero incluyó algo distinto: unos zapatos que le habían traído de Nueva York que tenían un talón oculto y le hacían parecer más alto”, escribió Juan Pablo Escobar en el libro Pablo Escobar, mi padre, sobre el encuentro del capo con las figuras políticas españolas.

De la misma forma, el periodista Gonzalo Guillén, que estuvo presente en el evento, afirmó que Escobar lo había ayudado a entrevistar a Felipe González. “Doctor, le presento a un ilustre periodista”, habrían sido las palabras del narco, lo que en el país europeo fue tomado como una prueba de que el capo había conocido previamente al entonces electo presidente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ‘reprobó’ que la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, solicitará autorización para otorgar armamento de mayor calibre a las Fuerzas Estatales y que estos respondan a los grupos criminales que cuentan con armas de alto calibre y con lo que han sido atacados elementos de la policía.

En la conferencia de prensa, la mandataria federal insistió en que es necesario implementar una estrategia de seguridad que combata las causas, además de preparar a los elementos de seguridad, otorgarles el equipo necesario y fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia de modo en que las investigaciones y detenciones lleven a una sentencia de los presuntos delincuentes.

“No por tener calibres mayores se va a responder el problema de la violencia de Guanajuato, el tema en efecto coincido es la atención a las causas y la cero impunidad y la cero impunidad tiene que ver con la Fiscalía, la presencia de la policía es muy importante y la detención en flagrancia y la investigación y la inteligencia, pero si los fiscales no hacen carpetas de investigación y los llevan a un juez que sea una persona proba también, pues no va haber una detención”, dijo en la conferencia de prensa de este lunes.

Aunque a decir por Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, la gobernadora guanajuatense consiguió el permiso de las autoridades federales para que se adquieran armas de mayor calibre y que lo utilicen las fuerzas del orden en su combate contra los grupos criminales.

Insistió en que se “acabaron los abrazos”, ello en referencia a la estrategia para el combate de la delincuencia de la administración del expresidente López Obrador, y que a su parecer se deben de dar las herramientas necesarias para que tengan capacidad de respuesta en un posible enfrentamiento.

“La fuerza del Estado se tiene que aplicar y si vemos que nuestros compañeros están en situación de riesgo que se tienen que defender y vamos a estar respaldando a nuestros compañeros, ya la gobernadora logró la autorización de las fuerzas federales para incrementar los calibres de las armas en el estado y vamos a seguir trabajando hay que responder con la fuerza del estado”, dijo en entrevista con los medios de comunicación.

Sobre el tipo de armas que se comprarán y se les proporcionará a los elementos de seguridad dijo: “lo más alto que nos pueda autorizar la Sedena (Secretaría de la Defensa de la Nación)”.

La organización Causa en Común presentó un reporte del total de elementos de la policía que fueron asesinados durante 2024, y fue Guanajuato, con 61 homicidios, el primer estado con más casos.

La semana pasada, las autoridades estatales informaron sobre el enfrentamiento entre las fuerzas armadas y un grupo de civiles armados, supuestamente pertenecientes a un grupo delictivo, en Yuriria, Guanajuato.

Se confirmó la baja de 7 presuntos delincuentes y hubo tres policías lesionados.

Ocho personas migrantes fueron rescatadas este viernes 3 de enero, gracias a un operativo por parte de autoridades federales y estatales en la zona de Frontera Comalapa, Chiapas. Además, estos trabajos de seguridad en los límites con Guatemala lograron la detención de tres presuntos integrantes de organizaciones criminales.

El gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer la noticia en redes sociales, donde detalló que se trató de un operativo sorpresa por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en conjunto con elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército mexicano, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De igual manera, Ramírez Aguilar detalló que se catearon casas de seguridad, ranchos y una bodega, la cual era utilizada por las células criminales de la región para la construcción y resguardo de vehículos blindados, mejor conocidos como “coches monstruo”.

“Como resultado del operativo, se logró el rescate de ocho personas de origen extranjero que permanecían privadas de su libertad y la detención de tres presuntos miembros de células criminales; el aseguramiento de 15 vehículos ligeros, cuatro vehículos pesados y cinco vehículos monstruos; además, la recuperación de semovientes”, así lo dio a conocer el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento no se han brindado nuevos informes ni del estado de salud, ni de la nacionalidad de este grupo de personas extranjeras rescatadas.

La presencia del crimen organizado en municipios fronterizos

En la frontera sur de México, los desplazamientos forzados y el control territorial por parte de grupos criminales han aumentado en los últimos años. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pandillas locales compiten por el dominio de rutas estratégicas, utilizadas para el tráfico de drogas, personas o armas, lo que intensifica la violencia en esta regiones.

Municipios como Frontera Comalapa y Motozintla han sido testigos de enfrentamientos armados, bloqueos y extorsiones, lo que ha obligado a cientos de familias a buscar un nuevo hogar para vivir en el país vecino.

Igualmente, ha paralizado actividades económicas y educativas. Esto impacta directamente en las condiciones de pobreza de una de las regiones más marginadas del país.

En ese sentido, el flujo migratorio hacia Estados Unidos también ha sido aprovechado por las organizaciones delictivas, al cobrar “cuotas” a migrantes y permitir el tráfico de menores de edad. Todo esto ha hecho que la crisis humanitaria y de seguridad sea aún más grave entre Chiapas y Guatemala.

Fuentes policiales y judiciales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió anoche en la calle Santa Catalina al 800, casi en la esquina con Humahuaca.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación y las filmaciones del crimen, la víctima habría sido asesinada por un hombre identificado como Patricio C., quien había entrado minutos antes a otro domicilio de la misma cuadra a patadas mientras disparaba tiros al aire.

Poco después, al salir de la casa y sin mediar ningún tipo de palabra, observó del otro lado de la calle a Franco y le disparó varias veces. Uno de los tiros impactó en la cabeza de la víctima y la mató.

En el video se observa cómo el sospechoso sale de una casa y ejecuta al joven. Luego, el sospechoso escapó del lugar con total tranquilidad y a esta hora es buscado por la Policía.

Según lo que trascendió, el asesino llegó al barrio por una presunta disputa narco. El inmueble al que entró es conocido por los vecinos del barrio como un punto de venta de droga. Sin embargo, por lo pronto, Franco solo llegaba a su casa en la zona y no tendría relación con el bunker. La pista narco es investigada por la fiscal Valeria Courtade, de la UFI Nº3 de Morón.

Poco después del asesinato, los vecinos del barrio se acercaron hasta el supuesto búnker de drogas y lo prendieron fuego. El Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense allanó el lugar.

No sólo reclamaron justicia por el joven muerto sino porque la ausencia de la Policía antes las denuncias que se hicieron por la venta de droga en el barrio. Pese a eso, anoche la situación fue controlada por las autoridades.

Sin embargo, la tensión nuevamente se incrementó esta mañana. Lo vecinos otra vez se acercaron hasta el lugar señalado como punto de venta de drogas y comenzaron a arrojar piedras.

El reclamo por el crimen de Franco se hizo sentir. “No más pibes muertos ni transas”, reclamaron. ¿Por qué no vinieron antes?“, cuestionaron los vecinos.

En el lugar se encontraba un grupo de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes trataron de repeler el ataque y efectuaron disparos con balas de goma.

La situación fue contenida poco después, aunque la tensión se mantiene.

Relatos sobre la víctima

“Franco era muy compañero. Era brillo, diversión. Era una luz. Que lo maten así como si nada. Ellos decían `el que pase le tiramos`. Todos los días tiros, en año nuevo lo mismo. El barrio es una mierda. Franco no se merecía esto. Era divertido, siempre hacía chistes. Nos quedó pendiente juntarnos. Que se haga justicia por Franco porque se lo merece”, dijo Flor, una amiga de la víctima, en diálogo con C5N.

“Él salió a comprar, vino de trabajar. Primero empezaron los tiros acá enfrente, en el bunker ese que tienen de tráfico de droga. Cuando él viene lo agarra a traición. Se da vuelta, un chabón cruza y le pone un tiro en la cabeza. Y él cae muerto ahí”, dijo a su turno, Daniel, tío de Franco, en diálogo con distintos medios.

“No hubo intercambio de tiros, era uno solo que estaba ahí tirando. O sea, el que venía la ligaba. Y justo pasó mi sobrino y la ligó. Le tocó el destino a él. Y lo agarraron ahí y le dieron el balazo en la cabeza”, agregó.

Sobre la casa sospechada de ser un búnker de venta de drogas, contó que “ya varias veces hubo disparos. Montón de denuncias hicimos, pero nadie venía. Siempre tocando la alarma de la policía, pero no aparecían. Estamos cansados, con miedo. Llegás a tu casa y no sabés si te atacan por atrás”.

Entre enero y octubre de 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recoge 21 mil 524 carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio doloso en el país; más de la mitad de las víctimas fueron asesinadas en 7 estados del país, donde los grupos del narco se enfrentan por el control de las plazas y rutas para el trasiego de drogas, entre otras actividades criminales.

Según datos del SESNSP los estados con más asesinatos son: Guanajuato (2 mil 119), Baja California (mil 788), Estado de México (mil 689), Chihuahua (mil 421), Nuevo León (mil 368), Jalisco (mil 224), Guerrero (mil 219) y Morelos (mil 125) y Michoacán (mil 78).

A parte de Sinaloa, con 556 homicidios dolosos, donde las principales figuras del narco (Iván Archivaldo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos) están enfrentados en una guerra civil por el control del Cártel de Sinaloa, estos son los narcos que mantienen la ola de violencia en los 9 estados más peligrosos del país.

Karem Elizabeth Yépez Ortiz: La apodan La Señora, es hermana de José Antonio Yépez Ortiz (El Marro) y considerada como la líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), responsable de extorsiones, robo a transportistas, huachicoleo y señalado como el grupo detrás de las masacres de Salvatierra y del bar Los Cantaritos (Querétaro).

La guerra por Baja California

Baja California es una entidad codiciada por todos los cárteles debido a su cercanía con California -el principal centro de consumo de Estados Unidos- por lo que se tiene presencia de Los Chapitos, La Mayiza, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de los Arellano Félix (CAF):

• Algunos líderes del CAF que han sido identificados son Pablo Edwin Huerta Niño (El Flakito) y Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano Félix, la Narcomami, hermana de Ramón y Benjamín y considerada como la verdadera jefa del CAF.
• Jesús Alexander Sánchez Félix (El Ruso) es el líder del grupo criminal conocido como Los Rusos, brazo aliado a La Mayiza y principal enemigo de Los Chapitos por el control del Valle de Mexicali.
• Óscar Federico Soberanes Ramiro es considerado el líder de Los Gorilas, un grupo vinculado con Los Chapitos con operaciones en el Golfo de Santa Clara. Lo liberaron en junio pasado después de pasar unos días en la cárcel tras arrestarlo con un fuerte arsenal de armas largas.
• El grupo criminal de Los Salazar está bajo el mando de Crispín Salazar Zamorano (El Tío Pin) y opera en Sonora, Chihuahua y Baja California, siendo sus líderes en este último estado los hermanos René y Alfonso Arzate García (La Rana y El Aquiles).
• En busca de fortalecer su presencia en Tijuana, el CJNG envió a Javier Adrián Beltrán Cabrera (El Javi o El Puma) a negociar una alianza con el CAF, según una investigación del Semanario Zeta Tijuana.

Edomex, Chihuahua y Nuevo León

Uno de los grupos con mayor presencia en el Estado de México es La Nueva Familia Michoacana, la organización criminal comandada por los hermanos José Alfredo (El Fresa) y Johnny (El Pez) Hurtado Olascoaga. En las últimas horas Los Tucanes de Tijuana lanzaron su narcocorrido “El Fresa”, en el que se atribuye a El Fresa el liderazgo del grupo criminal.

Jorge Adrián Ortega Gallegos (El Naranjas) es señalado por Estados Unidos como el líder de La Línea, el grupo criminal que tiene sus orígenes en el Cártel de Juárez que alguna vez lideró Amado Carrillo Fuentes.

El último líder conocido del Cártel del Noreste es Carlos Alberto Monsiváis Treviño (El Comandante Bola o Bola Treviño), sobrino de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (Z-40 y Z-42), a quien capturaron en septiembre pasado en Nuevo Laredo Tamaulipas, sin embargo sus operaciones y violencia la expandió hasta la zona metropolitana de Monterrey y Coahuila.

Guerrero, Morelos y Michoacán

Al igual que Baja California, Guerrero está en guerra por varios grupos criminales -muchos de ellos escisiones de Los Beltrán Leyva- que pelean en la costa, sierra y tierra caliente: Los Tlacos (Onésimo Marquina Chapa), Los Ardillos (Celso Ortega Jiménez), La Nueva Familia Michoacana, CJNG, Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos (Carlos Alberto Navarrete Soriano).

Las autoridades federales sólo reconocen la presencia de tres grandes cárteles en Morelos: CJNG, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noreste, siendo El Pez, La Fresa y Nemesio Oseguera Cervantes los principales líderes criminales que pretenden conquistar el estado.

Respecto a Michoacán, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ubicó como un objetivo prioritario por las extorsiones que sufren los productores de aguacate y limón a manos de Los Viagras, Los Blancos de Troya, Cártel de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios, cuyos principales líderes son: Nicolas Sierra Santana (El Gordo), César Arellano Sepúlveda (El Botox), Juan José Farías Álvarez y Homero González Silva (El Gallito) sobrino de Nazario Moreno, fundador y exlíder de Los Caballeros Templarios.

La justicia misionera investiga el asesinato del Cabo 1° Mauricio Miñerro, que fue ejecutado con un tiro a corta distancia en la cabeza en la División de Infantería de la Unidad Regional III, ubicado la localidad de Eldorado, en la calle Andrujovich km 11. Además robaron dos fusiles FAL y dos escopetas 12-70.

El hecho se produjo aproximadamente a las 7.30 de la mañana del 30 de diciembre. Según pudo saber este medio de fuentes del Ministerio de Gobierno de esa provincia, a cargo de Marcelo Pérez, existen varias hipótesis abiertas: una de ellas es la participación de integrantes de una banda narco, con vínculos en Paraguay -país fronterizo-. El hecho es abonado no sólo por la forma en que mataron al suboficial, sino también porque los criminales “habrían intentado llevarse una avioneta” que se encontraba en la pista, pero no lograron ponerla en marcha. Hasta el momento, el gobernador Hugo Passalacqua no realizó declaraciones.

El Fusil Automático Ligero (FAL) no es un arma de guerra que suelen utilizar los delincuentes comunes. Sí, en cambio lo emplean organizaciones narcos como el Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal brasileño, que domina la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, y que ya fue descubierto operando en Misiones y traficando marihuana y cocaína a través de aviones de pequeño porte “bombardeando” fincas con la carga y que después son trasportadas en camiones hacia distintos puntos de la Argentina, como el conurbano bonaerense y Rosario.

El hecho podría estar relacionado con un “grupo comando” que vecinos de Iguazú observaron el 20 de diciembre ingresando armados por un paso clandestino a territorio argentino. El hecho también coincide con un alerta emitido el 15 del mismo mes por la Comisión de Coordinación y Evaluación para la Frontera Norte (CIDECOFRON) con la Comisaría 4ta de la Policía de Misiones en el que se afirma que: “Se tomó conocimiento que en la fecha, siendo aproximadamente las 18.15 hs, ingresaron desde paraguaya esta localidad -Iguazú- , por un paso no habilitado,”. El cable refiere que se trataba de “siete (7) masculinos portando armas largas, todos de nacionalidad paraguaya, siendo su cabecilla Rodrigo Leonel Centurión (a) ‘Chela´” y destacaba que “la banda se moviliza en una pick up ford ranger, color negro, sin dominios colocados, con la cual se retiraron del lugar desconociéndose su destino”.

Si bien la novedad no evolucionó en ese momento, la CIDECOFRON) requirió “alertar a los puestos de control emplazados en las diferentes rutas, y a los pasos internacionales”. El texto también sostenía que: “Las fuentes afirman que se trata de integrantes de un grupo tipo comando, que se dedica al robo de bancos, con la utilización de fusiles de guerra y explosivos”. Por esa razón, terminaba la comunicación: “Se requiere alerta en los puestos de control emplazados en las diferentes rutas y a los pasos internacionales”. Después del incidente de esta mañana, el interés de los pesquisas volvieron sobre el alerta emitido hace diez días. A pesar de esto, el ministro de Gobierno de Misiones insiste en que se trata de “un delito doméstico”.

Al momento del robo, Miñerro no se encontraba vestido con su uniforme y no portaba el arma reglamentaria. Estaba con una remera y pantalón corto. No fue lo único que llamó la atención de los pesquisas: debía estar acompañado por otros dos efectivos.

Las autoridades del Ministerio de Gobierno provincial ya abrieron un sumario para establecer con rigurosidad dónde estaban los otros dos policías: o realizando controles (la primera versión que hicieron circular), o en un festejo ante la proximidad de fin de año.

Al cierre de esta nota, la Dirección General Policía Científica se encontraba en el lugar realizando los peritajes: “Recolectaban pruebas y avanzaban en las tareas investigativas para identificar al autor del crimen y determinar los motivos del hecho”.

“La Policía de Misiones lamenta la pérdida de uno de sus miembros, envía sus condolencias a la familia y amigos, y reitera su compromiso con el esclarecimiento de este lamentable episodio, empleando todos los recursos necesarios para llevar tranquilidad a la comunidad”, finaliza el comunicado que no avanza sobre las hipótesis en danza.

Desde el gobierno provincial intentaron bajarle el perfil al violento hecho que conmociona a Misiones y aventuran la posibilidad que sólo se trate de “delincuentes comunes que vieron la oportunidad” de robar la División de Infantería de la Unidad Regional III, para después “vender el armamento en el mercado negro”.

De inmediato se cortaron los principales accesos de salida de la zona y se destinaron móviles para recorrer los lugares aledaños, en un intento para cercar o impedir que los presuntos asesinos escapen. Sin embargo, hasta el momento no hay pistas.

El primero en dar testimonio fue el suboficial que llegó al lugar para relevar a Miñerro. Fue él quien se encontró con la escena del crimen y corroboró que su colega estaba solo al momento del robo. La información -no oficial- sostiene que el cabo 1° estaba maniatado con precintos.

La versión no confirmada desde el Ministerio de Gobierno indica que “el grupo comando que irrumpió en una base de Infantería ubicada en el Aeroclub de Eldorado, Misiones, donde ingresaron desde Paraguay por uno de los tantos pasos clandestinos”.

Las fuentes oficiales consultadas por este medio recordaron que en el lugar violentado “existe un hangar con varias avionetas guardadas” y que “a veinte metros hay una base de infantería”. Según las primeras averiguaciones con vecinos de la zona nadie vio ni escuchó nada. “Ni ruido de vehículos, ni personas, ni perros”. También informaron que “se trabaja con la división de cibercrimen a los fines de obtener imágenes”. En el lugar de la ejecución “no hay señales de enfrentamiento alguno”. Las fuerzas de seguridad consultadas trabajan en la hipótesis de que los delincuentes cruzaron la frontera de vuelta hacia el país vecino después del robo y asesinato.

De confirmarse la hipótesis del grupo comando paraguayo quedaría expuesto las fallas en la cobertura del destacamento y reavivó el debate sobre los controles en las fronteras y la falta de recursos en zonas sensibles de la provincia.

Cuatro sujetos a bordo de motocicletas atacaron a balazos a una persona en calles del municipio de Chicoloapan, Estado de México; cuando la policía los alcanzó -después de una intensa persecución- se percató que eran menores de edad y originarios -según sus declaraciones- del estado de Puebla: llevaban consigo tres pistolas tipo escuadra, calibre .9mm y dijeron tener 16 años de edad.

La agresión ocurrió en los primeros días del mes de noviembre; aún se desconocen los motivos del ataque; tampoco se sabe si los jóvenes están involucrados con uno de los grupos criminales con presencia en la entidad; sin embargo, se presumió que pudo tratarse de un “ajuste de cuentas”.

El reclutamiento -forzado y “voluntario”- de jóvenes para incorporarlos al crimen organizado en el país no es un tema nuevo; suelen ser utilizados como sicarios, halcones, punteros, narcomenudistas o vigilantes de casas de seguridad, entre otros. Según un artículo publicado en la Gaceta de la UNAM, la cifra real de menores de edad reclutados por el narco en el país es incierta; sin embargo, -dependiendo del artículo que se cite- las víctimas oscilan entre los 35 mil y los 460 mil casos.

Información obtenida, vía transparencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) refiere la detención de 2 mil 424 menores de edad por posesión de armas de fuego del 1 de enero de 2018 al 22 de septiembre de 2024: 244 eran mujeres y 2 mil 180 hombres.

Guanajuato, líder en violencia y en niños asediados por el narco

En julio de 2021 un menor de edad al que apodaban El Mudo se acercó a la camioneta en la que viajaban madre e hija y les disparó hasta asesinarlas; sus cómplices huyeron del lugar al ver a la policía y el joven -de 15 años- abandonado intentó escapar a pie pero fue detenido. Un año después un juez lo liberó, pero en septiembre de 2022 lo volvieron a capturar, ahora con 226 dosis de metanfetamina y más de 5 mil pesos en efectivo: lo acusaron de narcomenudista.

Según los datos obtenidos de la Defensa, Guanajuato es el estado donde se han detenido a más menores de edad por portación de armas de fuego: 365 jóvenes en el periodo de tiempo antes referido; las siguientes entidades en la lista es Sonora (228), Michoacán (227), Colima (225) y Guerrero (172).

El reporte de la Defensa también revela que la mayoría de los jóvenes detenidos tenían entre 15 y 17 años.

Otra cifra alarmante es la referente a los niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el narco. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) estiman -con cifras de 2023- que 133 mil 297 infantes de cada entidad podrían caer en manos del crimen organizado.

Sicarios y muertos

En redes sociales abundan perfiles con imágenes de menores de edad que presumen ser integrantes de células delictivas ligadas a la Unión Tepito; los jóvenes suelen aparecer empuñando armas cortas y largas que suelen acompañar con amenazas y mensajes alusivos a la guerra que se disputan grupos criminales que operan en el primer cuadro de la capital mexicana.

Conviene recordar que apenas el pasado jueves fue liberado un joven de 17 años a quien detuvieron en octubre pasado y se le identificó como el presunto líder de un grupo de sicarios adolescentes de la Unión Tepito: se hacían llamar U-J40, dedicado a homicidios y extorsiones.

Además de la cárcel, el otro escenario al que se enfrentan los jóvenes reclutados por el narco es la muerte. La Redim reveló que en enero de 2024 se contabilizaron 162 personas de entre 0 y 17 años fueron asesinadas en todo el país.

Al expandir el estudio hasta el corte del mes de octubre, el número de menores de edad víctimas de homicidio doloso en 2024 es de 2 mil 49: Guanajuato, el estado más violento con 210 asesinatos; seguido de Michoacán (187), Estado de México (163), Oaxaca (138), Puebla (117) y Jalisco (115).

A nivel global, México ocupa el tercer sitio con más infantes asesinados en 2024, sólo detrás de Gaza y Siria, dos naciones con conflictos bélicos.

Tras una larga investigación liderada por la fiscal Cecilia Martha Amil Martín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un megaoperativo contra la venta de droga en el barrio Zavaleta, en la zona de Barracas, que arrojó como resultado la detención de 31 personas y varios elementos de importancia para la causa.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el procedimiento se realizó en las últimas horas, en el marco del programa de política criminal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad denominado Intervención en el Mercado de Droga (IMD). Se trata de un plan que se enfoca en la comercialización abierta de estupefacientes. “Se delimita la zona, que puede ser un barrio, una manzana o un sector específico”, explica el MPF.

Fue en ese marco que durante más de tres meses se realizaron tareas de campo con agentes encubiertos, cuyo resultado fue el pedido de 34 allanamientos en distintos domicilios dentro del barrio. Fueron en total 20 hombres y 11 mujeres los arrestados, quienes ahora deberán ser indagados por la fiscal Amil. En la investigación también intervino el Ricardo Félix Baldomar, juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18.

Durante el operativo, los efectivos de la fuerza de seguridad porteña incautaron 1929 envoltorios de cocaína y pasta base, con un peso de 1,7 kilos, y otros cinco de marihuana distribuidos en 221 envoltorios. De igual manera hallaron 13 balanzas que eran usadas para pesar la droga.

Según las fuentes consultadas por este medio, la Policía de la Ciudad secuestró poco menos de cuatro millones de pesos, USD 314, seis armas de distinto calibre y 150 municiones. Además, hallaron un chaleco antibalas y gas lacrimógeno. “Es un resultado muy positivo”, graficaron las fuentes consultadas por Infobae. Este sábado van a ser indagados todos los detenidos.

“El programa ‘Intervención en el Mercado de Drogas’ (IMD por sus siglas en inglés) ofrece una solución innovadora para combatir la venta al menudeo de estupefacientes, especialmente en los mercados abiertos, que generan mayor violencia y desorden. A través de una estrategia que combina control del delito y mensajes institucionales disuasorios, busca reducir el impacto del microtráfico y frenar la criminalidad asociada a estas redes”, explicó el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

Y agregó: “Este programa de intervención penal se enfoca en comunicar de manera personalizada y directa a los vendedores de drogas el riesgo de sanción antes de que cometan el delito, creando un marco disuasorio eficaz. Este enfoque, respaldado por investigaciones, permite una persecución rápida de los más violentos, mientras ofrece una segunda oportunidad a aquellos más vulnerables, reduciendo la venta de estupefacientes y la violencia asociada”.

Otro gran operativo antinarco en la Ciudad

En julio pasado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó más de 20 allanamientos en el barrio porteño de Constitución y hay al menos 12 delincuentes detenidos en el marco de un operativo contra el narcomenudeo.

Personal de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la fuerza de seguridad de la Capital Federal encabezó los procedimientos en una serie de conventillos, un supermercado y un kiosco que funcionaban como búnkeres para la venta de estupefacientes.

Según el último parte policial, se detuvieron a 12 delincuentes: 8 hombres y 4 mujeres; y se secuestraron drogas, materiales para su corte y fraccionamiento y elementos de interés para la investigación. Los allanamientos fueron solicitados por UFEIDE), a cargo de la fiscal Amil Martín.

Fuentes policiales informaron a Infobae que este “operativo integral” comenzó a planificarse en el mes de abril entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y la UFEIDE, y es parte de un programa contra las drogas que se creó en la Fiscalía General porteña.

En este marco, detallaron que la investigación incluyó el trabajo de agentes reveladores e informantes tendientes a llegar al verdadero organizador de la comercialización de drogas, “y no solamente al eslabón más débil de la cadena”.

El Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires firmaron en octubre de 2021 un Convenio Específico de Colaboración e Intercambio de Información. Este convenio tiene por objetivo coordinar una política criminal común para abordar el narcomenudeo con la finalidad de disminuir los niveles de violencia en los barrios afectados y así reforzar la seguridad de los vecinos, se explicó en un comunicado.

A mediados de los años 80, Pablo Escobar, el célebre narcotraficante y líder del Cártel de Medellín, era conocido por operar el imperio criminal más grande del mundo. Las cifras revelan una realidad escalofriante: desde Colombia, su Cártel traficaba diariamente hasta 15 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, consolidando una red de narcotráfico nunca antes vista. Con esta capacidad, se estima que Escobar llegó a controlar el 80% del mercado mundial de esa droga, con un flujo de ganancias de aproximadamente 400 millones de dólares semanales.

Para el narco colombiano ingresar todas esas toneladas en Estados Unidos fue un desafío que exigió sofisticación y recursos logísticos extraordinarios. Florida se convirtió en uno de los destinos más importantes para su red de distribución en los años 80, y allí el Cártel de Medellín estableció múltiples rutas y métodos que desbordaron la capacidad de control de las autoridades estadounidenses.

A través de aviones privados, embarcaciones rápidas y hasta submarinos caseros, el narcotraficante forjó una ruta blindada hacia el mercado norteamericano. Con el estado de Florida como epicentro, la cocaína de Escobar fue inundando progresivamente las calles de Miami, transformándola en la capital de las drogas en el continente.

Uno de los principales métodos que utilizó Escobar para transportar su producto a Florida fue su flota de aviones privados, conocida como “la aerolínea del Cártel de Medellín”. Según datos de la DEA, Escobar llegó a contar con más de 15 avionetas y jets privados con los que realizaba vuelos regulares entre Colombia y varias pistas clandestinas en el sur de la Florida. Estos aviones, muchas veces monomotores, se cargaban con hasta 500 kilos de cocaína y seguían rutas cuidadosas para evitar la detección de radares y patrullas aéreas estadounidenses.

Aterrizar en el país era solo la primera parte del viaje. Al tocar tierra en pistas remotas o incluso en cayos de Florida, la droga era trasladada rápidamente en vehículos y ocultada en escondites improvisados, listos para su distribución. Según agentes de la DEA, estos aviones estaban equipados para volar en condiciones extremas, y algunos pilotos incluso lanzaban los cargamentos desde el aire para que fueran recogidos por cómplices en alta mar o en áreas rurales de los Everglades.

Lanchas rápidas

Para maximizar el flujo de cocaína hacia el mercado estadounidense, el Cártel de Medellín también utilizaba lanchas rápidas, embarcaciones de gran velocidad y maniobrabilidad que permitían transportar enormes cargamentos a través de las aguas del Mar Caribe.

Conocidas como “go-fast boats”, estas lanchas podían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, superando fácilmente a las patrullas de la Guardia Costera de Estados Unidos. Equipadas con motores de alto rendimiento, las lanchas partían desde puertos clandestinos en Colombia y Panamá y eran dirigidas hacia la costa de Florida, donde cargamentos de varias toneladas eran entregados en cuestión de horas.

La mayoría de estas embarcaciones contaban con equipos de comunicación para coordinar la entrega con redes locales de distribución en Miami y sus alrededores. Los pilotos marítimos del Cártel de Medellín eran figuras experimentadas y con un conocimiento preciso de las rutas del Caribe, capaces de esquivar controles y moverse bajo el amparo de la oscuridad o a plena luz del día, aprovechando los intervalos entre las patrullas costeras.

Submarinos caseros

El ingenio de Escobar para eludir a las autoridades fue aún más lejos. Ante el aumento de la vigilancia en el Caribe, el Cártel de Medellín implementó el uso de submarinos caseros, construidos en talleres clandestinos en la selva colombiana.

Aunque rudimentarios, estos sumergibles podían transportar hasta dos toneladas de cocaína y eran tripulados por operarios altamente entrenados que seguían rutas subacuáticas para burlar los radares de la Guardia Costera. Los submarinos se dirigían hacia puntos seguros cerca de Florida, donde se hundían temporalmente para evitar la detección, antes de emerger en zonas previamente acordadas con socios estadounidenses.

Estos dispositivos, a pesar de sus limitaciones técnicas, fueron pioneros en el tráfico subacuático y revolucionaron la forma en que los narcotraficantes enviaban la droga. Algunos de los sumergibles tenían hasta un 60% de su estructura sumergida, permitiendo que pasaran desapercibidos y se convirtieran en uno de los métodos favoritos del Cártel durante sus años de máxima operación.

Además de estos métodos sofisticados, el Cártel de Medellín utilizaba cayucos y pequeñas embarcaciones pesqueras para transferir los cargamentos a puntos de recolección en alta mar. Desde Colombia, los cayucos partían con cargamentos menores, que luego eran depositados en plataformas flotantes o directamente en el mar en contenedores sumergibles.

Estos puntos de recolección eran coordinados con embarcaciones estadounidenses, que posteriormente llevaban la cocaína a tierra firme en la Florida. En este proceso, los narcos contrataban pescadores locales y personas con experiencia en navegación para realizar la operación de traslado de forma ágil y efectiva.

Con estos mecanismos, el Cártel de Medellín inundó Florida de cocaína, transformando el estado en el centro neurálgico de la droga en Estados Unidos y desatando una ola de violencia y crimen en Miami. La DEA y el FBI intentaron diversas estrategias para frenar el tráfico, pero los métodos de Escobar siempre encontraban nuevas formas de burlar los controles.

Impacto de la cocaína en Estados Unidos

El mercado estadounidense de los años 80 estaba en el punto de ebullición para el consumo de drogas, y la cocaína de Escobar se convirtió en el principal catalizador de una epidemia de abuso que impactó severamente la salud pública y la seguridad nacional.

En ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York, la disponibilidad y el consumo de cocaína crecieron exponencialmente, con un marcado aumento de la violencia y el crimen organizado asociado al negocio de la droga. La DEA atribuyó a Escobar el desencadenamiento de una crisis social que, con el tiempo, alimentó también la epidemia del crack en las zonas más desfavorecidas.

El volumen de cocaína que ingresaba a Estados Unidos bajo la red de Escobar generó una respuesta contundente por parte del gobierno estadounidense. Con el mandato de Ronald Reagan a la cabeza, la DEA, junto con otras agencias federales, intensificó las operaciones de control y erradicación en la región.

Estas medidas no sólo incrementaron la presión sobre el Cártel de Medellín, sino que también fomentaron la colaboración con el gobierno colombiano para perseguir a Escobar y sus colaboradores. Finalmente, la “guerra contra las drogas” se volvió una prioridad política y militar que perduraría hasta la caída de Escobar en 1993.

Washington D.C., 1981. La fría capital estadounidense no presentía la ironía que estaba a punto de ocurrir frente a uno de sus lugares más emblemáticos. Un hombre, de contextura robusta, bigote oscuro y expresión tranquila, se detenía junto a su esposa y su pequeño hijo en el Pórtico Norte de la Casa Blanca.

Vestido de manera informal, el hombre sonríe a la cámara, ajeno al mundo que, en unos años, llegaría a conocerlo como uno de los criminales más despiadados del siglo XX. Su esposa, María Victoria Henao, es quien captura el instante que muchos años después se convertiría en una de las imágenes más icónicas de la historia criminal. Ese hombre era Pablo Escobar, y en esos momentos Estados Unidos aún no lo consideraba su enemigo público número uno.

Cinco años antes, Escobar había formado el Cártel de Medellín y, a través de su maquinaria criminal, ya controlaba el flujo de cocaína hacia Norteamérica. Para 1981, los ingresos del cartel ascendían a 400 millones de dólares semanales, y desde su organización se enviaban diariamente hasta 15 toneladas de cocaína al suelo estadounidense.

Sin embargo, en ese momento, la DEA apenas comenzaba a entender el alcance de la red de narcotráfico que ya tejía Escobar, y ni el FBI ni la CIA veían en él al enemigo que más tarde desataría una guerra entre su cartel y el estado colombiano. ¿Cómo logró Escobar posar frente a la residencia del presidente de los Estados Unidos, sin levantar sospechas?

La respuesta parecería tan simple como paradójica: en ese momento, Escobar era aún un “fantasma” para el sistema estadounidense. Pese a las operaciones que la DEA iniciaba contra el narcotráfico, los principales círculos de seguridad del país no tenían motivos para reconocer su rostro.

Su hijo, Juan Pablo Escobar, quien ahora usa el nombre de Sebastián Marroquín, años después contaría la historia de esta imagen y cómo, en sus palabras, su padre ingresaba al país “sin ocultarse”. “Él llegaba a la aduana, enseñaba su pasaporte y le daban la bienvenida”, relató en una entrevista para el documental de HBO, “Pecados de mi Padre”, dejando en claro el abismo que separaba la realidad estadounidense de la amenaza que representaba su padre. De hecho, ese mismo día, la familia Escobar aprovechó para hacer un recorrido turístico por el edificio del FBI, contó Marroquín.

Esa foto en el corazón del poder norteamericano no sería la única “burla” del narco hacia los Estados Unidos. Para Escobar, este viaje a Washington fue un símbolo de su inmunidad temporal y de la arrogancia con la que operaba incluso en suelo estadounidense.

Desde su publicación en 2010 en el documental “Pecados de mi Padre”, la imagen ha avivado numerosas teorías: algunos aseguran que su presencia en Washington podría haber sido parte de un encuentro secreto con la CIA para ofrecerse como informante. Sin embargo, Escobar no era alguien que buscara acuerdos con sus enemigos; prefería aniquilarlos. La simple posibilidad de que hubiese intentado colaborar con el sistema va en contra de todo lo que representaba el líder del Cartel de Medellín. Pero, entonces, ¿qué hacía allí?

La única explicación, según su hijo, fue la propia necesidad del narco de demostrar su poder, de enviar un mensaje contundente: “No temo a nadie”. En sus palabras, Escobar se deslizaba por el sistema con una “impunidad” que la historia posteriormente demostraría brutal y sangrienta.

Para Ronald Reagan, quien había asumido la presidencia en enero de 1981, la guerra contra las drogas sería una prioridad. Pero Escobar, en el momento en que posaba frente a la Casa Blanca, aún era un nombre insignificante para los ciudadanos y las autoridades estadounidenses. Nadie lo reconocía en la calle, y aquellos que se cruzaban con él solo veían a un turista más.

¿Cuánto tardaría el sistema en comprender la amenaza que acechaba en su propia capital? La realidad es que la persecución de Escobar se intensificaría mucho después, cuando su organización escalara los niveles de violencia en Colombia y su figura se convirtiera en el enemigo público número uno de los Estados Unidos, justo en la época en que estallaba la epidemia del crack en los barrios de su nación.

Para Escobar, aquel viaje y esa foto serían la prueba de que, en ese momento, podía desafiar al imperio sin miedo.

El narco colombiano

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el líder del Cartel de Medellín, organización que llegó a dominar gran parte del tráfico mundial de cocaína entre los años 1980 y principios de 1990. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Rionegro, Colombia, Escobar comenzó su carrera en el crimen en su juventud, ascendiendo rápidamente en el mundo del narcotráfico hasta convertirse en una figura clave en la producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos.

Escobar acumuló una enorme riqueza, llegando a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Su fortuna estaba acompañada de una brutalidad sin precedentes, ya que utilizaba la violencia extrema y los sobornos para garantizar el control de sus operaciones. Con el lema “plata o plomo”, su organización ejecutaba a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyendo funcionarios del gobierno, policías, periodistas y civiles.

La lucha de Pablo Escobar contra la extradición

Uno de los temas más polémicos en la vida de Escobar fue su rechazo a la extradición. La Constitución colombiana permitía la extradición de ciudadanos a Estados Unidos, lo cual representaba una amenaza directa para Escobar, que temía terminar en una prisión estadounidense de máxima seguridad.

En su lucha contra la extradición, el narco desató una campaña de terror en Colombia, financiando actos de violencia y creando grupos paramilitares para ejecutar secuestros, atentados y asesinatos dirigidos a jueces, políticos y figuras que apoyaban esta medida.

En un intento por evitar su extradición, Escobar negoció un acuerdo con el gobierno colombiano en 1991, en el cual aceptaba entregarse a cambio de garantías de no ser extraditado. Fue entonces cuando fue recluido en su propia cárcel, “La Catedral,” una prisión construida a su medida, donde disfrutó de lujos y continuó dirigiendo sus operaciones. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión convencional, Escobar se fugó, lo que dio inicio a una intensa cacería para capturarlo.

Tras una extensa persecución por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, apoyadas por Estados Unidos, Escobar fue localizado en Medellín el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años. Durante un enfrentamiento con las fuerzas especiales colombianas en un tejado de un barrio de la ciudad, Escobar fue abatido. Su muerte marcó el inicio del declive del cartel de Medellín y se considera un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico en Colombia.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el viernes de la semana pasada en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Bolivia y Hudson. Hasta allí se había dirigido Hernán Ezequiel Santillán, un joven de 18 años, vecino del barrio, con la intención de comprar droga. Fue acompañado por un amigo.

De repente y por motivos que todavía no fueron esclarecidos, mientras se realizaba la venta, el cómplice de Cámara -identificado como Gabriel Fernando Ramírez (22)- disparó varias veces dentro del lugar. Luego, bajo la orden directa de “La Gorda Mariela” de matar a sus clientes, el colaborador les disparó a quemarropa. Santillán quedó gravemente herido mientras que su amigo apenas sufrió el roce de un proyectil en una de sus piernas. Los asesinos escaparon.

El joven de 18 años fue llevado al hospital por su madre pero los médicos no pudieron salvarlo. Hernán llegó muerto. La mujer le relató al personal de la UFI Nº10 lo que había pasado. Fue a partir de ahí que comenzó una intensa investigación para tratar de dar con “La Gorda Mariela” y su lugarteniente, un joven de origen paraguayo.

La recolección de testimonios por parte de los investigadores permitió identificar a Cámara y Ramírez como los presuntos responsables del crimen. La Fiscalía de inmediato ordenó la detención de la pareja narco por el delito de homicidio. Con los datos de los sospechosos, lograron además marcar varios domicilios en los que podrían haberse encontrado, pero los resultados fueron negativos. Salvo en uno.

Fue en la casa de una amiga de Cámara donde obtuvieron el dato de que la presunta narcotraficante había estado allí para pedir que la dejaran quedar. Sin embargo, la mujer se negó y “La Gorda Mariela” tuvo que buscar refugio en otro lugar.

De acuerdo a la investigación, la jefa dealer pidió entonces un remise para continuar con la huida. La asesina le pidió al chofer que la llevara hasta el shopping Nine, un reconocido centro comercial de Moreno. Fue en ese punto que la investigación se tornó algo compleja, ya que luego de revisar las cámaras de seguridad, los detectives no lograron determinar con precisión qué camino había tomado. La perdieron de vista.

Pese a eso, el análisis de las comunicaciones de Cámara y los datos que aportó la amiga a la que había pedido ayuda fueron clave para destrabar la investigación y finalmente lograron ubicar a la sospechosa. Estaba escondida en una vivienda ubicada en la calle Tablada al 7700, en el partido de Moreno. Agentes de la DDI y de la Comisaría 2º de Las Malvinas la detuvieron. Durante su arresto, se le secuestró un teléfono Samsung azul.

El procedimiento no fue sencillo. Tras su arribo a la sede de la DDI y mientras era llevada a los calabozos, Cámara le dio un golpe de puño en la cara a una de las policías que la trasladaban y le rompió el labio. Ante la violencia de la sospechosa, más efectivos tuvieron que reducirla.

Cámara fue imputada del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras el ataque a la oficial en la entrada al calabozo, se le agregó al expediente la acusación de resistencia a la autoridad. El sicario que ejecutó a Santillán todavía está prófugo.

Lo esencial. Una avioneta fue encontrada el miércoles en la provincia de Santa Fe, Argentina, con 480 kilos de cocaína. Según informó Gendarmería, la aeronave -con matrícula de Bolivia- había sido detectada por radares en el norte provincial y seguida hasta su aterrizaje en un área rural, donde fue hallada abandonada. Se sospecha que el operativo está vinculado a una banda narco de Rosario, con líderes prófugos desde el operativo “Cosecha blanca” en 2022, que organizaba vuelos de droga desde Bolivia. La organización narco blanqueaba ganancias en varios negocios de Rosario y el sur de Santa Fe.

Una aeronave fue encontrada cerca de Rosario con casi media tonelada de cocaína en la tarde del miércoles 30 de octubre, entre las localidades santafesinas de Luis Palacios y Andino, ubicadas en el departamento San Lorenzo. Se trata de una avioneta con matrícula de Bolivia (CP-3350) que fue seguida por la Sección de Investigaciones Antidroga de Gendarmería y que fue hallada sin ocupantes y con los bultos con droga en el interior.

Una de las hipótesis es que detrás del vuelo está una presunta banda narco de Rosario con mucha experiencia en este tipo de operaciones, y que tiene a sus principales cabecillas prófugos desde octubre del año pasado.

Según las tareas investigativas que llevaban adelante desde Gendarmería, la aeronave fue detectada por un radar situado en el norte de Santa Fe, cerca de la ciudad de Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio. Con el dato, se proyectó su trayecto y se monitoreó con “cazas interceptores” que lo hicieron bajar en el sur de la provincia.

“Específicamente, a una unidad de Gendarmería que recibe información sobre tráfico aéreo irregular le llegó el dato. Se siguió y se logró encontrar la aeronave sin ocupantes. Ahí se llamó a los peritos para que puedan ir al procedimiento”, explicó un investigador a Infobae.

Si bien las fuentes del operativo sugirieron que en la avioneta habría entre 400 y 500 kilos de cocaína, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich precisó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que había 480 kilos.

Por las tareas de seguimiento, desde la fuerza y desde la Justicia federales sospechan que la droga fue traída desde Bolivia, posiblemente de la zona de la Amazonía. Por varios indicios recolectados por investigadores judiciales se presume que el fallido vuelo habría sido gestionado por una presunta estructura narco cuyos líderes son de Rosario y están prófugos desde el operativo “Cosecha blanca”. En esa investigación se pudo establecer que la presunta organización tenía tres aeronaves propias (un Cessna 210 y dos Beechcraft Baron) y traía cocaína desde el norte de Bolivia hasta la zona rural de Carrizales (Santa Fe). Además, guardaba algunas avionetas en un hangar privado del country de Campo Timbó, en jurisdicción de la localidad de Oliveros.

Por ese legajo que fue encabezado por la Procunar y la Fiscalía Federal N° 3 fueron detenidos los eslabones intermedios y quienes pilotaban las aeronaves y las arreglaban, que eran cinco colombianos. Sin embargo, el supuesto líder y todo su círculo íntimo, como su hermano, su pareja y su hijastro, quienes tenían un alto poder de influencia en las operaciones, lograron sortear las decenas de allanamientos que Gendarmería hizo en Rosario y Santa Fe.

En esa causa, la Justicia federal también obtuvo información sobre cómo la presunta banda trabajó el dinero para blanquearlo tanto en Rosario como en el sur santafesino. Por caso, compraron flotas de taxi, dos franquicias de un medio de comunicación, una agencia de autos, una compañía de afiches, cartelería y sonido, maquinaria agrícola, tres bares, establecimientos rurales, agroquímicos, cocheras para autos que fueron puestas en alquiler, una firma dedicada a materiales de la construcción, y negocios inmobiliarios.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que “Achote” fue arrestado en la ciudad de Hartford, capital del estado de Connecticut. En horas de la tarde de ayer, el individuo fue trasladado a Perú donde se coordinó con Interpol y la Policía Nacional de ese país para continuar su traslado hacia Argentina. Al llegar a Buenos Aires, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, cuyo titular es el juez Ariel Lijo.

Rivera Zamora comenzó a ser rastreado después de que efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur” de la GNA recibieron un oficio judicial de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que ordenaba que se continuarán con las tareas de inteligencia criminal sobre el “Clan Estrada”, tras la detención de 15 de sus miembros. La unidad le solicitó a Gendarmería tareas de vigilancia sobre locales comerciales en la villa.

A través de la observación meticulosa de sus actividades en redes sociales, los investigadores infirieron que Rivera Zamora posiblemente residió en Lima, antes de su partida hacia México en agosto de 2022 y eventualmente a Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, como primera medida, la Unidad de Investigaciones de la GNA realizó un minucioso chequeo de redes sociales, que incluyó alrededor 65 cuentas, lo que permitió en una primera parte, obtener cuál pertenecía a Rivera Zamora.

Fue gracias a un like de su hermano Christian a una foto suya en Facebook lo que permitió confirmar que se trataba del integrante del clan Estrada. Al hacer el seguimiento de la cuenta del familiar, se pudo además establecer que este último residía en Hartford, junto a su padre y que la probabilidad de que el narco pudiera estar allí era muy alta.

A partir de esa información, se profundizó la investigación y descubrieron que “Achote” salió de Perú con destino a México en 2022, donde se encontró con su hermano. Allí, planificaron el ingreso del sospechoso a través de la frontera a Estados Unidos. El punto débil del sospechoso fueron las actividades del hermano en las redes sociales, que dejó observar a los detectives que residía en el estado de Connecticut.

El 25 de marzo pasado se solicitó a las autoridades de Estados Unidos colaboración a través de Interpol y finalmente, el 8 de mayo de 2024, se emitió una “Circular Roja” en contra de “Achote”. El 25 de julio pasado, la HSI recibió la confirmación de que el narco estaba en Hartford.

A partir de ahí, comenzaron todo el procedimiento que culminó con la detención del narco y su posterior extradición a Perú. Desde allí, viajó a la Argentina para responder por los delitos que se le imputan. Para la Justicia argentina Rivera Zamora “es un eslabón importante en una banda narco criminal dedicada a la distribución de estupefacientes, con conexiones en otros países”.

En ese sentido, las fuentes destacaron que a la fecha son 16 los narcos capturados en el marco de la causa: 12 fueron arrestados en el país y cuatro en Perú. Se destaca que “todas fueron producto del trabajo investigativo y operativo realizado por personal de esta unidad de investigaciones”, añadieron.

En junio pasado, antes de Rivera Zamora, otros tres hombres que tenían pedido de captura nacional e internacional, acusados de custodiar el dinero de la recaudación de la banda del narco peruano del Bajo Flores, fueron detenidos tras una investigación de tres años de Gendarmería.

Entre el 8 y 9 de junio pasado, la policía peruana logró ubicar y detener a los dos ciudadanos, Jorge Enrique Andía Arnao (62), alias “Monillo”, y Ronald Jilmer Huertas (35), alias “Jota”, que figuraban en alerta roja de Interpol, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

La Casa de los Famosos México 2 está siendo todo un éxito y los participantes ya están bien colocados en sus respectivos equipos. Mariana Echeverría, ex conductora de Se Vale, forma parte del cuarto Tierra, y aunque es una de las habitantes más populares no ha tenido tanta suerte a la hora de generar empatía en los espectadores.

Recientemente, los fans del reality show resucitaron una vieja anécdota donde la presentadora de televisión confesó a Yordi Rosado que, durante su paso por Guerra de Chistes (uno de los shows más exitosos de Telehit) fue contratada por narcotraficantes.

“Nos contrataron muchos narcos, estuvo muy pesado. Nos habrían portafolios con dólares y con coca. Aprendí muchas cosas de la vida que no me hubiera imaginado”.

La comediante compartió a Yordi su experiencia durante una noche en particular, donde las personas que los contrataron los llevaron a un hotel y luego los condujeron a bordo de una camioneta blindada a un lugar que nunca ubicó. Cuando llegaron les ofrecieron de todo, drogas incluídas.

Fue una fiesta llena de familias y de niños, recuerda Mariana: “Nos subieron al escenario, estaba el confeti, llegaban los niños, se subían, te lo echaba. Un grupito por allá, otro por acá. Nadie nos hizo caso, contamos chistes a lo güey (...) Al fina, tú estás haciendo tu chamba”.

Les pagaron con fajos de billetes en efectivo y les ofrecieron cocaína. Echeverría aclaró que nunca probó nada, y que en realidad jamás lo ha hecho: “Yo nunca me he drogado, hasta la fecha, nunca he probado ninguna droga y no me arrepiento”.

Sobre lo que significó aquel momento en su vida, Mariana explicó: “La verdad es que vi esas cosas y me asustaba, no era normal para mí. Yo venía de casa, de escuela para niñas. Ese mundo era muy difícil para mí, pero lo supe llevar muy bien. Nunca perdí el piso, lo pude haber perdido ahí. Era mucha fiesta, mucha droga, mucho todo, pero me mantuve”.

La carrera de Mariana Echeverría

A lo largo de su carrera, Mariana ha participado en numerosos programas de televisión y proyectos que han consolidado su imagen en la industria. Uno de sus primeros grandes éxitos fue como conductora en el programa de comedia Guerra de Chistes, donde se destacó por su sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia.

Mariana también participó en este popular programa de comedia Me caigo de risa, donde su participación le permitió ganar más experiencia y notoriedad. De igual forma participó en Reto 4 Elementos y en Las Estrellas bailan en Hoy, donde de hecho ganó junto a su pareja de baile Lambda García.

Echeverría también ha sabido aprovechar las plataformas digitales para interactuar con sus seguidores, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional en redes sociales como Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Mariana está casada con el futbolista Oscar Jiménez. Su vida familiar también ha sido parte de su presencia en redes sociales, mostrando un equilibrio entre su carrera profesional y su faceta como madre y esposa.

Mariana Echeverría sigue siendo una figura destacada en la televisión mexicana, continuando su carrera con nuevos proyectos y desafíos que la mantienen en el ojo público.

Se trata de Edwin Arley Osorio Taborda, que fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se encontraba en una zona que conecta a Danlí —ciudad hondureña del departamento de El Paraíso— y Pasaquina, que es un municipio de El Salvador.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades de El Salvador, el sujeto, de nacionalidad colombiana, era requerido por la Interpol debido a que tiene una condena pendiente en su país por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.

De la misma forma, destacaron que durante varios meses había logrado burlar a las autoridades, pero tras su detención será extraditado a Colombia para que “pague por sus delitos”.

En el comunicado de la Policía Nacional Civil, destacaron que este tipo de delincuentes son cruciales en algunos aspectos para la movilización de la droga que sale de Colombia por Centroamérica y luego es distribuida a Estados Unidos, por lo que afirmaron que “Nuestro país no será refugio de delincuentes”.

Sobre su procedencia y los antecedentes de Osorio Taborda, destacaron que tiene 38 años, que es oriundo del municipio de Medellín, Antioquia y que su captura en Colombia se registró en diciembre de 2019, en una operación en la que también se registró el arresto de otro delincuente.

Debido a circunstancias que no han sido expuestas, fue dejado en libertad por vencimientos de términos, lo que aprovechó para seguir delinquiendo y también para escapar de Colombia, por lo que hasta la fecha no se tenía conocimiento de su paradero.

A pesar de ello, con las pruebas que había en su contra, en Colombia fue condenado en mayo de 2023 a 23 años de prisión por un juzgado de Medellín, que es el tiempo que deberá comenzar a cumplir cuando se registre su regreso al país.

“Las autoridades de la Interpol de Honduras han informado a sus contrapartes en Colombia sobre la expulsión del detenido en situación irregular”, indicó la Policía de Honduras sobre el proceso que permitirá que el delincuente vuelva al país sudamericano para cumplir con la condena que hay en su contra.

Este no es el único colombiano que ha sido capturado en uno de estos países centroamericanos, puesto que el 16 de julio el secretario de Seguridad de Honduras, José Zelaya, anunció la captura de tres colombianos que estaban intentando ingresar a su nación con 500 kilogramos de cocaína avaluada en seis millones de dólares.

Mientras que el 26 de junio se conoció que un colombiano había sido capturado pro las autoridades en El Salvador cuando se movilizaba en una lancha con dos toneladas de esta misma sustancia, motivo por el que podría pagar entre cinco y quince años de prisión, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 153 que especifica estas sanciones.

En lo corrido de 2024, en Honduras han sido incautados 6.700 kilos de cocaína; esto se debe a que estos países centroamericanos a lo largo de la historia han sido uno de los sitios de paso de los cargamentos que las estructuras colombianas y mexicanas han utilizado para transportar drogas.

De la misma forma, implementando las estrategias de seguridad con las que Nayib Bukele busca terminar con la presencia criminal en su país, en El Salvador, entre mayo y junio se registró la incautación de cuatro cargamentos de droga, lo que ha generado perdidas de hasta $140 millones de dólares a las estructuras delictivas.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona de la fuerza porteña advirtieron durante la madrugada que el taxista en cuestión -ubicado en la intersección de la avenida Córdoba y Humboldt- realizaba un típico pasamanos con un peatón a través de la ventanilla de su Fiat Siena.

Tras interceptar el vehículo, notaron que el conductor, de nacionalidad peruana, estaba acompañado por la niña de 2 años. Así, le pidieron descender del auto y lo registraron. Le encontraron 37 envoltorios de cocaína ocultos en la botonera del levanta vidrios delantero, dos celulares y 28 mil pesos en efectivo.

La Unidad Flagrancia Norte, que interviene en la causa, dispuso el secuestro de los elementos y del Fiat Siena. Así, el chofer, identificado como E.D.D, registrado en los rubros de transporte de la AFIP, que trabajó en el pasado para varias empresas del rubro según registros previsionales, terminó detenido.

La niña fue resguardada por miembros del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad hasta que se presentó la madre para retirarla.

Otro caso de venta de drogas con chicos

Dos semanas atrás, la Policía de la Ciudad llevó adelante una redada contra una banda familiar que también utilizaba a un bebé como fachada para vender droga en la plazoleta Lola Mora, en Constitución. Tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes de la fiscal Cecilia Amil Martín, fueron imputadas cinco personas, quienes admitieron su culpa en un juicio abreviado.

Tras un reporte policial que advirtió la situación, la UFEIDE -a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín- ordenó tareas en la zona. Así, se vio que frecuentemente se acercaban personas a un banco de la plaza, en donde esperaba un grupo de hombres y mujeres.

Tras hacer un pasamanos, se alejaban.

De esta forma, la fiscal solicitó una orden de allanamiento a los domicilios de los implicados, así como requisas personales a personas investigadas por el delito. Fueron secuestrados 19 envoltorios de cocaína, más de 1,3 kilos de marihuana, balanzas de precisión, teléfonos y dinero en efectivo.

Tres hombres y dos mujeres que formaban parte de la banda fueron imputados. En el juicio abreviado, se solicitó la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva para uno de los imputados y de 2 años efectivos para una de las mujeres.

Otros dos implicados recibieron un año en suspenso por “tenencia simple de estupefacientes”, y el quinto integrante enfrenta medidas cautelares restrictivas.

Decir que México es un narcogobierno no es suficiente para dimensionar el poder que tiene el crimen organizado. La definición precisa sería -según Edgardo Buscaglia- un mafiogobierno: un cáncer que hizo metástasis y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada para frenarlo.

Infobae México platicó con Edgardo Buscaglia, investigador académico en derecho y economía por la Universidad de Columbia en Estados Unidos y director del International Law and Economic Development Center, sobre la actualidad de los cárteles mexicanos justo en la recto final del “primer piso” de la llamada Cuarta Transformación.

Para el experto en delincuencia organizada “México es una mafiocracia consumada” y madura desde la presidencia de Felipe Calderón, que permitió a un secretario de estado (Genaro García Luna) coludido con el Cártel de Sinaloa y la muerte sospechosa de un exfiscal antidrogas (José Luis Santiago Vasconcelos) amenazado por el mismo grupo criminal.

Para Edgardo Buscaglia, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puede traducirse es seis años “no sólo perdidos, sino en donde fuimos de mal en peor debido a esa metástasis. Más muertes, más desapariciones forzadas y más demagogia y más charlatanería”, de parte de AMLO y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

No es suficiente un presidente honesto

Es falso, no hay pruebas y no consta que AMLO se haya aliado con la delincuencia organizada -señala el doctor Buscaglia-; sin embargo, enfatiza que para combatir al “pulpo” en el que se convirtieron los cárteles mexicanos “no basta con tener un presidente o presidenta honesta”.

Y es que los cárteles mexicanos -que un su inicio se dedicaban sólo al trasiego de drogas- han expandido sus negocios criminales a más de 80 países alrededor del mundo; sólo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen presencia en 47 y 40 países, respectivamente, según datos del informe de Evaluación Nacional de la amenaza de las Drogas 2024, elaborado por la Agencia para el Control de Drogas (DEA).

Además de su expansión, los cárteles mexicanos -detalla Buscaglia- diversificaron sus actividades criminales a 35 mercados legales y al menos 23 ilegales: tráfico de autos y armas, falsificación de monedas, adulteración de medicinas, construcción, tráfico de personas, fraude fiscal, extorsión y secuestros, entre la larga lista.

Edgardo Buscaglia habla de las 45 instituciones antimafia recomendadas para el desarrollo de una democracia con estado de derecho, de las cuáles México sólo está aplicando dos y “mal aplicadas”, una condición que provoca que las organizaciones criminales se comporten mucho más violentas que en aquellas donde sí se aplican estas acciones.

El doctor Buscaglia enfatiza que llamar al caso mexicano un narcogobierno sería “simplificar” la delincuencia organizada que existe en el país y que ha provocado la muerte de más de 190 mil personas y más de 5 mil mujeres asesinadas por razón de género (datos sólo del sexenio de AMLO); los cárteles de la droga señalados como responsables de más de 200 mil muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos; el crimen organizado que extorsiona lo mismo a productores de aguacate que a polleros y transportistas; el que secuestra migrantes y llenó de fosas clandestinas al país. “No, México es una mafiocracia consumada”.

Agustín De la Encina, un bróker de seguros, fue identificado este miércoles por la Fiscalía Federal de Rosario como uno de los responsables de un cargamento de cocaína valuado en 250.000 dólares, que tenía como destino Rosario y que fue incautado por la Policía Federal hace 10 días en San Pedro.

El joven, quien se encuentra detenido en la cárcel de Coronda en la provincia de Santa Fe desde hace casi tres años por una causa de drogas de menor envergadura. Allí, vio su perfil criminal crecer exponencialmente desde su encarcelamiento y a lo que antes, se dedicaba a la asesoría de seguros, ahora está involucrado en actividades mucho más peligrosas.

Y en el marco del operativo Jackpot de la División Antidrogas de la Policía Federal, su celda fue allanada por aquellos días. Este operativo debe su nombre al número 777, que apareció en los envoltorios y sellos de los 30 kilos de droga incautados el 1º de julio en territorio bonaerense.

Es de destacar que según un diccionario de jerga de la DEA, este número 777 se refiere a la cocaína, de manera similar a como el número 420 se asocia con la marihuana y este hallazgo ha sido clave para la investigación en curso.

Cabe recordar que a mediados del año 2023, De la Encina estaba procesado por una causa menor de tráfico de drogas y en aquella investigación, fue detenido a finales de 2021 con 700 gramos de cocaína en un departamento ubicado en la intersección de Pellegrini y Laprida, frente a la Plaza López en la ciudad de Rosario.

Según escuchas judiciales, “pagaba para obtener privilegios dentro del penal”, donde actualmente estudia Derecho, una situación evidencia la corrupción y los problemas internos en las cárceles.

Sin embargo, y según informó el portal Rosario3, en octubre de 2023, la situación de De la Encina se complicó aún más cuando una investigación del fiscal de Homicidios de Rosario, Gastón Ávila, lo señaló como instigador de un intento de asesinato en marzo de ese año.

La víctima, Maia, recibió cuatro disparos y sobrevivió, pero su testimonio y el de otros testigos implicaron a De la Encina en una trama de venta de drogas que involucra a actores de la clase media acomodada.

De la Encina fue acusado de haber contratado a dos sicarios desde prisión para que mataran a Maia y el pasado 6 de octubre, la jueza Verónica Lamas González dictó prisión preventiva sin plazo, complicando aún más su situación legal y frustrando cualquier posibilidad de libertad en el corto plazo.

Recientemente, su nombre volvió a aparecer en un expediente federal relacionado con la cocaína incautada en San Pedro. La investigación se había iniciado con el secuestro de 10 kilos de cocaína en diciembre, transportada en un taxi por dos personas de bajos recursos que solo actuaban como transportistas. Este incidente puso en marcha una serie de investigaciones que revelaron una red más amplia de tráfico de drogas.

Las autoridades vinculan a De la Encina con Ayelén Alarcón, presunta encargada de sus negocios extramuros, y con los hermanos Misael y Fernando R., ambos empleados del sector del transporte. Los hermanos fueron detenidos con el cargamento de cocaína en un bar en San Pedro el 1º de julio y este caso destaca la complejidad y el alcance de las operaciones de narcotráfico en la región.

El incremento en la cantidad de droga manejada por De la Encina y su red, así como la violencia asociada, subraya la necesidad urgente de estrategias más efectivas para combatir el narcotráfico en Argentina. Las autoridades continúan investigando para desmantelar esta red y prevenir futuros incidentes similares.

A mediados de octubre de 2023, las alarmas se activaron en el penal de Devoto al haber detectado que el jefe sicario Mauricio Jesús Laferrara, alias “El Caníbal”, se había fugado de su celda ubicada en el Pabellón N° 11. Medio año más tarde, el comando de Inteligencia Criminal creado para dar con su paradero logró recapturarlo en una pequeña localidad de Santa Fe.

“Fueron seis meses de un trabajo sigiloso y en conjunto que hoy da sus frutos”, aseguraron las fuentes oficiales a Infobae luego de que la detención del fugitivo fuera exitosa. Como producto de varias tareas de inteligencia y cotejo de información, los agentes provinciales y nacionales rastrearon al sicario más peligroso de la banda narco de Esteban Alvarado hasta Andino, un pueblo ubicado al norte de Rosario.

De esta manera, organizaron un operativo para detenerlo durante la jornada de este viernes. El procedimiento en el que se logró recapturar al prófugo contó con la participación de la tropa de operaciones especiales y la PFA. Asimismo, detuvieron a un hombre y una mujer —no identificados— que se encontraban en el domicilio en el que se escondía el criminal de alto perfil.

La fuga de Laferrara se concretó el pasado 21 de octubre y fue denunciada por los agentes penitenciarios que descubrieron que no se encontraba en su celda cuando realizaban un recuento de los presos del onceavo pabellón. Por este motivo, iniciaron un operativo de revisión en todo el predio y, así, determinaron que la ausencia del delincuente era compatible con una huida.

Horas después de que concretara el escape, las autoridades plantearon que el sicario habría evadido los controles de seguridad al mejor estilo “Hollywood”, ya que todo indicaba que se habría camuflado con la basura de la cárcel. Desde ese momento, la investigación recayó en manos del Tribunal Federal N°2 de Rosario, quien libró una orden especial para recapturarlo.

Al mismo tiempo, se abrió una discusión sobre por qué Laferrara había sido trasladado a Devoto, a pesar de que se trata de uno de los miembros más altos de la organización criminal de Alvarado. “El tipo no debería haber estado nunca en Devoto por sus características. Devoto no es una cárcel de máxima seguridad. Delincuentes así van a Ezeiza o Marcos Paz”, explicó, por ese entonces, una fuente oficial a este medio. Incluso, se puso bajo la lupa la posibilidad de que alguno de los servicios penitenciarios hubieran colaborado en el escape, pero no hay ningún acusado por el hecho.

Quién es Mauricio “El Caníbal” Laferrara

Mauricio Laferrara fue condenado por la Justicia a cumplir dos prisiones perpetuas por haber cometido, al menos, seis homicidios, un secuestro y por haber cumplido el rol de “jefe de los sicarios” de la organización narcocriminal liderada por el rosarino Esteban Alvarado.

Según fiscales provinciales e investigadores policiales, era el sicario preferido de Alvarado y quien coordinaba los ataques a tiros contra la organización rival a Los Monos. Después de haber sido buscado en múltiples procedimientos en Rosario, Laferrara cayó el 18 de octubre de 2019 en una casa del barrio Echesortu, en un allanamiento hecho por la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe, que por entonces lideraba el propio Bertolotti. En ese operativo se incautaron 435 gramos de cocaína, 6.000 dólares y 1.400.000 pesos.

La primera sentencia fue por la irrupción de un grupo de gatilleros, ocurrida el 7 de septiembre de 2019, en una distribuidora de gaseosas ubicada en el barrio Plata de la zona sudoeste de Rosario, donde Laferrara asesinó a Cristian Beliz (27) e hirió al dueño Oscar César García y a otro hombre que estaba en el lugar.

Según figura en la investigación, el propietario del lugar, conocido como “El manco” o “El gitano”, había tenido relación con Los Monos y usaba ese local como “pantalla para otros negocios”. García ya era conocido en el radar policial y judicial, puesto que en mayo de 2019 recibió una condena a 3 años de prisión condicional por asociación ilícita, estafa, defraudación, usurpación y lesiones calificadas.

La otra causa que afrontó el sicario fue impulsada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery contra la organización liderada por el capo narco Esteban Lindor Alvarado, en la que Laferrara fue imputado por asesinar a cinco personas.

El último de los crímenes que le endilgaron a “Caníbal” fue el secuestro, tortura y ejecución del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido el 11 de noviembre de 2018. El cadáver de la víctima fue encontrado dos días después en la zona de Circunvalación y Oroño, donde nace la autopista Rosario-Buenos Aires, con un cartel entre su ropa que decía “Con la mafia no se jode”. Luego, los fiscales Edery y Schiappa Pietra explicaron en el juicio que Alvarado utilizó ese sello característico de Los Monos para atribuirle a su enemigo delitos que en realidad había cometido su banda.

“El narco quiere dinero y los gobernadores o políticos también quieren dinero, pero el narco también quiere protección: es entonces una mancuerna que está bien tejida”. Son palabras del periodista José Reveles en entrevista para Infobae México de cara al papel que el crimen organizado podría tener en las próximas elecciones del 2 de junio.

En dos domingos cerca de 95 millones de mexicanos y mexicanas elegirán al próximo presidente o presidenta de México, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de la renovación de los ayuntamientos, congresos locales, juntas municipales y alcaldías: más de 19 mil cargos estarán en juego y podrían convertirse en botines para el narco.

El periodista, autor de libros como “El Cártel Incómodo”, “El Chapo: entrega y traición” y “Levantones, narcofosas y falsos positivos”, resalta que es en los territorios municipales donde son más perceptibles los nexos entre el narco y los políticos, “donde incluso llegan a poner regidores o candidatos”.

José Reveles advierte que el narco comenzó a adquirir más poder y aprovechó los nexos que tejió con gobernantes locales para después expandir sus ‘plazas’ e infiltrar niveles de gobierno más altos; aunque resalta que, sin duda, son más fuertes en el ámbito local.

“El narco ya se metió a las elecciones”

Datos de la organización civil Causa en Común dan cuenta de 45 actores políticos asesinados durante el actual proceso electoral, de ellos 32 eran aspirantes o candidatos a puestos de representación popular y el resto funcionarios públicos activos, dirigentes y colaboradores partidistas.

Guerrero (10 casos), Michoacán (6) y Chiapas (5) encabezan la lista negra con más políticos asesinados; en tanto, Morena (17), PAN (7) y PRI (6) son los partidos con más militantes entre las víctimas.

“No se van a meter, ya se metieron desde 2018″, reconoce José Reveles en relación al papel del narco en los procesos electorales; agrega que no será fácil echarlos para atrás porque es justamente a nivel municipal donde no les ha podido arrebatar el poder que tienen de corromper a las autoridades.

¿El narco dejará de existir? - “Al contrario, cada día tienen más poder y están presentes en ámbitos donde antes no figuraban: el tema electoral es sólo un ejemplo”.

El periodista recuerda para este medio los peligros de “normalizar” la presencia del crimen organizado en materia electoral, especialmente cuando una de las candidatas a la presidencia (Claudia Sheinbaum) fue retenida por hombres armados en una carretera de Chiapas, algo que ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador calificaron como un “montaje”, pero que podría reflejar claramente el poder del narco y sus intereses por incursionar en las decisiones políticas.

Conviene recordar que en los últimos años se han señalado a grupos del crimen organizado por presuntamente financiar campañas electorales e incluso salir durante los comicios a generar destrozos y caos o amenazar a los ciudadanos para coaccionar su voto, señalamientos que han apuntado a todos los partidos políticos de diferentes estados, desde Tamaulipas a Chiapas y de Quintana Roo a Baja California, desde regidores municipales hasta presidentes de la República.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó la detención de un odontólogo de 43 años que era investigado por vender drogas en la localidad de Sampacho, ubicada a más de 260 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba. La investigación fue promovida por la Fiscalía especializada en la lucha contra el narcotráfico de la jurisdicción de Río Cuarto.

El especialista fue arrestado luego de que los efectivos policiales realizaran dos allanamientos en su domicilio particular y en su consultorio, en donde hallaron unas 554 dosis de cocaína que estaban escondidas. Como resultado de los procedimientos, los agentes secuestraron otras 17 dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos que estarían relacionados al negocio ilícito.

A pesar de que las fuentes judiciales no revelaron por cuánto tiempo el acusado estuvo bajo investigación, detallaron que la casa del acusado funcionaba como punto de venta, depósito y lugar en el que se fraccionarían las cantidades. Sin embargo, apuntaron que entre los servicios que ofrecía, el hombre realizaba delivery en su auto particular.

De acuerdo con la información publicada por ElDoce.tv, el odontólogo utilizaba su vehículo Peugeot 308 para cumplir con esta modalidad. Por este motivo, los investigadores se concentraron en tomar muestras en el interior del rodado, lo que les permitió recopilar partículas compatibles con las sustancias que comercializaba.

Las autoridades provinciales y nacionales reforzaron los operativos para combatir a las redes de narcotráfico, producto de las amenazas y ataques que las bandas ligadas al crimen organizado realizaron en Rosario durante las últimas semanas. Bajo este objetivo, la Policía de Córdoba logró detener a un hombre que transportaba 48 kilos de cocaína de máxima pureza en una camioneta Toyota Hilux.

La aprehensión ocurrió el pasado 24 de abril, cuando el conductor intentó escaparse de un control policial que estaba ubicado la intersección de Río Negro y Baigorria del barrio Ferrer de la Ciudad de Córdoba. En ese momento, los policías iniciaron una persecución que terminó en la calle Pizzurno al 2800, del barrio Ampliación Rosedal.

“Aparentemente bajó en una vivienda, hubo una resistencia a la autoridad y por eso lo llevaron a la comisaría”, explicó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al revelar que el cargamento fue encontrado cuando revisaron el interior del vehículo. Asimismo, señaló que los panes de cocaína secuestrados estaban valuados en unos 1.200 millones de pesos aproximadamente.

Frente a esto, el titular de la cartera apuntó que “esta droga que iba a envenenar a nuestros jóvenes acá está, secuestrada”. Incluso, el ministro confirmó haberse comunicado con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien lo felicitó a él y a su gente por el trabajo realizado. “Bien por el Ministerio de Seguridad y Policía de Córdoba, aportando fuerte a la lucha contra el narcotráfico”, escribiría más tarde la funcionaria pública en su perfil de X.

En paralelo, los oficiales confirmaron que dentro del automóvil también había un teléfono celular, un posnet, 500 dólares junto a una suma no especificada en pesos. De la misma manera, indicaron que el vehículo del acusado contaba con una patente apócrifa, es decir, una chapa identificatoria falsificada, alterada o con parte de la numeración borrada para evitar ser reconocido.

Por otro lado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, remarcó que la incautación de los estupefacientes era una demostración de que no darían un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico. “Es una decisión de hacer de Córdoba territorio hostil para el narcotráfico”, sentenció al agregar que “estos operativos son una muestra del compromiso y el trabajo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico para desbaratar a estas bandas que tanto daño provocan a nuestra sociedad”.