El 90% de las muestras de agua analizadas en ríos y esteros de la provincia amazónica de Napo presenta niveles de toxicidad que evidencian un escenario de contaminación crónica, una de las alertas ambientales más graves registradas en esta región del Ecuador.

El dato se desprende de un estudio académico local y se produce en un contexto de expansión sostenida de la minería legal e ilegal en la cuenca del río Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam determinó que cerca del 90% de las muestras analizadas demostraron toxicidad, lo que indica una exposición continua a contaminantes y no episodios aislados. El informe advierte que metales pesados como cobre, hierro, plomo, aluminio y manganeso superan los límites permitidos para la preservación de la vida acuática, comprometiendo la salud de los ecosistemas fluviales y de las comunidades que dependen directamente de estos ríos.

Un reportaje de Dialogue Earth señala que uno de los indicadores más críticos es la ausencia de macroinvertebrados acuáticos en el 35% de los puntos muestreados. Estos organismos son considerados bioindicadores esenciales para evaluar la calidad del agua. Su desaparición sugiere un deterioro severo del sistema ecológico, con efectos directos sobre la cadena alimenticia y la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana.

La contaminación está estrechamente vinculada a la actividad minera que se ha intensificado en Napo durante la última década. De acuerdo con Dialogue Earth, la superficie dedicada a la minería en la provincia creció más de 200 veces en 24 años, pasando de 2,6 hectáreas en 1996 a más de 550 hectáreas en 2020, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Gran parte de esta actividad es artesanal o semimecanizada, con altos impactos ambientales y escasos controles.

Otro reportaje de GK, publicado a inicios de febrero de 2026, contextualiza este escenario al detallar que el Ministerio de Energía y Ambiente resolvió suspender toda actividad minera en Napo tras reconocer afectaciones ambientales asociadas a la minería ilegal en la cuenca del río Napo. Según GK, la resolución ordena detener la extracción en concesiones cercanas al río y responde a la contaminación visual, la alteración del cauce y la presencia de metales pesados en el agua.

Sin embargo, GK advierte que esta no es la primera vez que se anuncia una suspensión. En 2022, tras denuncias ciudadanas en sectores como Yutzupino, se incautaron cerca de 150 retroexcavadoras utilizadas en minería ilegal. Pese a ello, las promesas de remediación ambiental no se cumplieron y, tres años después, no existen procesos efectivos de restauración ni sentencias judiciales definitivas. Según testimonios recogidos por el medio, la actividad minera no se detuvo, sino que se desplazó hacia otras zonas de la provincia.

El impacto ya es visible en la vida cotidiana de las comunidades indígenas y rurales. De acuerdo con el medio ecuatoriano, pobladores de sectores como Capirona y Ahuano reportan que ríos antes cristalinos se tornaron turbios, dejaron de tener peces y ya no pueden ser utilizados para consumo o higiene. Algunas comunidades dependen actualmente del abastecimiento de agua mediante tanqueros, pese a vivir rodeadas de ríos.

A este deterioro ambiental se suma un componente de inseguridad. Dialogue Earth documenta que la minería ilegal en Napo ha comenzado a operar bajo esquemas de control territorial, con presencia de grupos armados que custodian las zonas de extracción y amenazan a quienes intentan registrar la actividad. Líderes comunitarios y activistas citados por el medio advierten que la minería se ha entrelazado con estructuras del crimen organizado, agravando la violencia en una provincia que concentra cerca del 70% de las áreas protegidas del país.

La región amazónica de la provincia de Napo, en Ecuador, alberga el mayor depósito de ámbar mesozoico conocido en Sudamérica y uno de los más ricos en bioinclusiones del antiguo continente Gondwana. Según un comunicado de la Universitat de Barcelona difundido este jueves, el hallazgo se sitúa en la cantera Genoveva, cerca de la localidad de Tena, y su datación lo remonta al periodo Albiense del Cretácico inferior, hace aproximadamente 112 millones de años. Este yacimiento ha permitido identificar una diversidad notable de insectos y restos de telaraña fosilizados en resina, lo que ofrece una ventana inédita a la biodiversidad de los ecosistemas húmedos tropicaes del Mesozoico en la región.

De acuerdo con el comunicado, el equipo internacional de investigadores que llevó adelante el estudio cuenta con especialistas de la Universitat de Barcelona (UB), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales de Panamá, la Universidad de Rosario de Colombia, la Escuela Politécnica Nacional de Quito y el Museo Senckenberg de Historia Natural de Frankfurt. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista "Communications Earth & Environment", donde se destaca que este depósito de ámbar es el primero de su tipo en Sudamérica que conserva insectos y fragmentos de telaraña del Mesozoico.

La investigación dirigida por Xavier Delclòs, catedrático del Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB, logró recuperar 60 muestras de ámbar. Delclòs afirmó que este yacimiento no solo es el más extenso encontrado en Sudamérica para este periodo, sino también uno de los más abundantes en bioinclusiones de todo Gondwana. Entre el material analizado, los investigadores identificaron 21 bioinclusiones correspondientes a cinco tipos diferentes de insectos como moscas (dípteros), escarabajos (coleópteros), hormigas y avispas (himenópteros), junto con un fragmento de telaraña. Estos hallazgos sugieren la presencia de una comunidad animal diversa al interior de un denso bosque tropical húmedo.

Según reportó la Universitat de Barcelona, los estudios del ámbar revelaron que la resina fue producida probablemente por coníferas pertenecientes al grupo de las araucariáceas. El entorno en el que se formó este depósito corresponde a una zona fluvial-lacustre, rodeada de una densa vegetación. Aunque dentro del ámbar no se han hallado restos vegetales, el análisis de las rocas circundantes permitió identificar fósiles de plantas, incluidas esporas, polen y hojas, lo que corrobora la presencia de un ecosistema altamente diverso y húmedo durante el Cretácico inferior.

El medio universitario detalló que este escenario contrasta marcadamente con yacimientos de la misma época en el resto de Sudamérica, como la formación Crato situada en el margen oriental del continente, donde las condiciones paleoambientales eran más bien áridas. El contraste entre ambos yacimientos subraya la importancia de los hallazgos en Napo para la comprensión de los entornos ecológicos del antiguo supercontinente Gondwana.

Los responsables del estudio señalan que estos resultados abren nuevas oportunidades de investigación sobre la diversidad biológica y las características ambientales de las zonas tropicales del hemisferio austral durante el Mesozoico. Las bioinclusiones identificadas en el ámbar ecuatoriano permiten una reconstrucción más precisa de los organismos que habitaban estos bosques y de las redes ecológicas presentes en ese periodo, según consignó la Universitat de Barcelona en su comunicado de prensa.

El trabajo de campo y análisis de laboratorio llevado a cabo por el consorcio internacional representa un avance significativo en la paleontología regional y global, al proporcionar datos directos sobre ecosistemas que estuvieron dominados por helechos, cicadales y plantas angiospermas. Los hallazgos también subrayan la relevancia de los bosques tropicales húmedos en la historia evolutiva de la biodiversidad sudamericana, reportó la UB.

Por último, según especificó la nota institucional, la investigación multidisciplinar que permitió descubrir y caracterizar este depósito involucra tanto a instituciones académicas como a equipos museísticos de Alemania, España, Ecuador, Panamá y Colombia, poniendo de manifiesto la colaboración internacional en el estudio de los ecosistemas cretácicos y la riqueza paleontológica de Sudamérica.

Así lo informó en un comunicado la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, encargada de operar el Sote, que señaló que el bombeo de crudo se retomó "de inmediato" después de que concluyera con la construcción de un 'bypass' en la zona del río Loco, cuyo caudal registraba un fuerte incremento.

"Esta intervención fue una de las medidas de prevención que tomó la empresa ante el avance de la erosión regresiva provocada por las intensas lluvias y el aumento del caudal de los ríos", mencionó la petrolera.

El nuevo desvío, que tiene una longitud de 988 metros, fue construido "con un enfoque prioritario en garantizar la seguridad operativa y la estabilidad del terreno a mediano plazo", aseguró Petroecuador.

La suspensión del bombeo se registró el pasado 2 de julio y en ese entonces Petroecuador indicó que había tomado esa medida para proteger la infraestructura y el entorno natural mientras personal técnico empezaba a construir el desvío, esencial para retomar el transporte seguro del petróleo.

"Con esta reactivación en las operaciones de transporte se prevé que las exportaciones de crudo se normalicen de forma progresiva, lo que representa un beneficio directo para la economía ecuatoriana", señaló la petrolera.

Petroecuador añadió que seguirán evaluando y monitoreando de manera permanente la zona con el objetivo de evitar posibles afectaciones en el área intervenida.

El pasado miércoles también reactivó sus actividades el Oleoducto de Crudos Pesados de Ecuador (OCP), el otro de los dos grandes oleoductos, después de suspender sus operaciones por precaución en el mismo punto e inició igualmente los trabajos para construir un nuevo desvío.

Con unos 470.000 barriles de crudo producidos al día, el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para la financiación del presupuesto general del Estado. EFE

El Ejército informó este sábado que, como parte de las operaciones que se realizan para fortalecer el control y seguridad en la zona, realizaron un "ataque aéreo", que consistió en el lanzamiento de "armamento aire - tierra" desde aviones de combate para destruir esas maquinarias y el campamento hallados en la zona de Alto Punino, ubicada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo y separada de Colombia por Sucumbíos.

En ese sector fueron emboscados con explosivos, granadas y fusiles once soldados que realizaban precisamente un operativo contra la minería ilegal, un ataque que el Gobierno ecuatoriano atribuyó a los Comandos de la Frontera.

En Alto Punino y sus alrededores los militares también han encontrado en las últimas semanas al menos otros doce campamentos, viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro.

Con esta última operación, las Fuerzas Armadas señalaron que toda la infraestructura y maquinaria utilizada en áreas de extracción ilegal de minerales que han encontrado, y que estaría presuntamente ligada a grupos armados, fueron totalmente destruidas.

Más de 1.500 soldados se han desplazado hasta este sector del noreste del país para realizar operaciones por tierra y aire, apoyados en aviones y helicópteros, lo que les ha permitido tener "una cobertura eficaz en zonas de difícil acceso y de alto riesgo".

Tras el ataque a los once soldados, el presidente Daniel Noboa catalogó a los Comandos de la Frontera como "grupo armado organizado" debido a "su incidencia" dentro del "conflicto armado interno" que declaró en 2024 para luchar contra las bandas ecuatorianas de crimen organizado, principales causantes del aumento de la violencia que el país registra en los últimos años.

Las organizaciones criminales de Ecuador, dedicadas principalmente al narcotráfico, también han incursionado en la minería ilegal, donde buscan controlar ciertos enclaves mineros ilícitos para extraer oro en un momento donde el precio de ese metal registra máximos históricos, lo que han hecho en lugares de la Amazonía ecuatoriana pero también en el municipio andino de Camilo Ponce Enríquez. EFE

El hallazgo se realizó en el sector de La Barquilla, ubicado en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, según informó este jueves el Ejército a través de sus canales oficiales.

De manera simultánea, en el sector de Biguno, equipos especializados de desminado hallaron y destruyeron una vivienda presuntamente utilizada para actividades de minería ilegal, donde se encontraron diversas herramientas y materiales propios de esta práctica.

Estas acciones hacen parte de los operativos emprendidos por las Fuerzas Armadas contra la presencia en territorio ecuatoriano de los Comandos de la Frontera, a los que se les atribuye la emboscada que acabó con la vida de once militares durante un operativo contra la minería ilegal, donde también fallecieron tres de los atacantes.

El hecho ocurrió a inicios de mayo en el sector de la cuenca alta del río Punino, un enclave de minería ilegal aurífera entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, aparentemente controlado por los Comandos de la Frontera en connivencia con la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, según autoridades ecuatorianas.

Producto de este episodio, Noboa incluyó a tres grupos disidentes de las FARC como objetivos a combatir en medio del estado de "conflicto armado interno" que declaró, desde inicios de 2024 en Ecuador, para contrarrestar a las bandas del crimen organizado, a quienes se les atribuyen la escalada de violencia que ha hecho que el país andino figure a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica. EFE

Según informó el Ejército este martes, las operaciones se desarrollan en la jurisdicción de la Brigada de Selva 19 Napo, a la que pertenecían los militares asesinados el pasado viernes, "como parte de una estrategia integral para fortalecer el control y la seguridad en la frontera norte del país".

Desde la madrugada se llevan a cabo patrullajes terrestres y aéreos en puntos estratégicos de la Amazonía, por medio de vehículos blindados, apoyados por un helicóptero Super Puma y dos de combate Fennec del Ejército, además de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

"Esta combinación de fuerzas permite una cobertura eficaz en áreas de difícil acceso y zonas de alto riesgo", señaló la institución en su cuenta de la red social X.

Además del patrullaje terrestre y aéreo, se intensificaron las operaciones en los ríos San Miguel y Putumayo, situados en parte de la frontera con Colombia.

"Estas acciones buscan garantizar el control fluvial y prevenir el uso de estas rutas por parte de grupos irregulares", dijo el Ejército, que señaló que los operativos se mantendrán "de forma sostenida y coordinada con otras instituciones del Estado".

"Esta información nos permite ir identificando lugares hacia donde posiblemente se están desplazando para tratar de salir del sector", dijo el comandante general del Ejército, Henry Delgado, en referencia al grupo criminal que estaría operando en la zona donde está la Brigada de Selva 19 Napo.

Los once soldados fueron asesinados el viernes cuando realizaban un operativo contra la minería ilegal, tras una emboscada que el Ejército ecuatoriano atribuyó a los Comandos de la Frontera, que negó su participación, según un comunicado difundido en Colombia.

El enfrentamiento se registró en el sector llamado Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino donde ha proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro que se encuentran en el límite provincial entre las amazónicas Napo y Orellana, separadas de Colombia por la provincia de Sucumbíos.

Tras la masacre, las Fuerzas Armadas investigan una posible filtración de información de las operaciones en la zona por parte de militares hacia miembros de Comandos de la Frontera y del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos.

El Ministerio de Defensa dijo que hasta el sector se desplazaron más de 1.500 militares de fuerzas especiales, unidades de Inteligencia y unidades contraterroristas para reforzar la brigada, con la misión de "localizar y neutralizar" a los integrantes de este grupo, supuestamente liderado por alias 'Compadre', abatido tras la masacre por las fuerzas de seguridad. EFE

La capilla ardiente se levantó en el colegio Militar Eloy Alfaro de la capital ecuatoriana, hasta donde fueron trasladados los cadáveres vía aérea desde la Amazonía.

Tras lamentar la situación, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adelantó que el Gobierno dará vivienda, educación y salud, a los familiares de las víctimas.

Aseveró que el ataque del viernes no fue contra 11 miembros del Ejército ni contra las Fuerzas Armadas, "fue contra el Ecuador".

En un mensaje difundido por el Ministerio, Loffredo apuntó que el dolor ocasionado debe recordar "que esta guerra (contra el crimen organizado) continúa y que solamente unidos podremos vencer".

Advirtió a los asesinos de que "tienen todo un Gobierno que los está buscando" y que no descansarán "hasta encontrarlos y hacer que paguen por sus actos".

El enfrentamiento se registró en el sector llamado Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino donde han proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro que se encuentran en el límite provincial entre las amazónicas Napo y Orellana, separadas de Colombia por la provincia de Sucumbíos.

A varios puntos de este sector llegaron en helicópteros un total de cuatro equipos de combate conformados por 80 militares de la Brigada de Selva 19 Napo, del Ejército ecuatoriano.

Uno de los equipos fue emboscado con explosivos, granadas y fusiles, lo que dejó a los militares muertos y a uno herido, así como un fallecido del grupo armado, según el Ejército, que señaló específicamente como autores a los Comandos de la Frontera.

Henry Delgado, comandante General de Ejército,  dijo que cuando los militares iban a destruir la maquinaria hallada en la zona de Alto Punino fueron "atacados por los Comandos de Frontera, quiénes tienen alianzas con los grupos armados organizados, denominados 'Los Lobos'.

Entre los fallecidos están dos oficiales y nueve soldados de tropa, dijo, al señalar que ya se ha reforzado el área, con dos unidades militares adicionales.

La Fiscalía abrió una investigación previa por "terrorismo" tras el asesinato de los militares en Ecuador, país que cumple desde este sábado un duelo nacional de tres días, decretado por el presidente, Daniel Noboa, quien declaró, además, héroes nacionales a los 11 soldados fallecidos y apuntó que el crimen "no quedará impune".

En un mensaje divulgado por medios de Colombia, cuya autenticidad no ha sido confirmada, los Comandos de la Frontera aseguraron que no son los responsables de la matanza en Ecuador, país que está bajo un 'conflicto armado interno', declarado en enero de 2024 por Noboa para combatir la violencia atribuida a las bandas criminales.

"La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano", reza el mensaje atribuido a este grupo armado.

"Comandos de la Frontera hace presencia en territorio colombiano y, así como no desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco lo hacen contra las fuerzas militares de los países vecinos", agregó el comunicado donde se sugiere que la masacre pudo haber sido obra de bandas criminales ecuatorianas como 'Los Choneros', 'Los Lobos' o 'Los Tiguerones'. EFE

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La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y se solidarizó con "el pueblo y el Gobierno ecuatoriano", ante el cual manifestó la voluntad "de profundizar la cooperación" en materia de seguridad pública y combate a la violencia.

El ataque se produjo este viernes durante un operativo militar contra la minería ilegal de oro en la cuenca alta del río Punino, un enclave situado entre las amazónicas provincias de Napo y Orellana, donde ha proliferado en los últimos años esta actividad ilícita.

Un grupo de militares que participaba de la operación fue emboscado y atacado con explosivos, granadas y fusiles, en una acción en la que también resultó muerto uno de los miembros del grupo armado, según informó el Ejército ecuatoriano en un comunicado.

El Ejército atribuyó el ataque a presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).EFE

 Los soldados fueron emboscados -según el Ejército- por los Comandos de la Frontera, aunque este grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aparentemente, niega estar detrás de esta matanza.

El duelo nacional declarado por el presidente, Daniel Noboa, se mantendrá hasta el lunes en honor a los soldados "que ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país", indicó la Presidencia en un comunicado.

El jefe de Estado declaró, además, héroes nacionales a los once militares fallecidos y apuntó que el crimen "no quedará impune".

 El enfrentamiento se registró en el sector llamado Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino donde han proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro que se encuentran en el límite provincial entre las amazónicas Napo y Orellana, separadas de Colombia por la provincia de Sucumbíos.

A varios puntos de este sector llegaron en helicópteros un total de cuatro equipos de combate conformados por 80 militares de la Brigada de Selva 19 Napo, del Ejército ecuatoriano.

Uno de los equipos fue emboscado con explosivos, granadas y fusiles, lo que dejó once militares muertos y uno herido, así como un fallecido del grupo armado, según un comunicado del Ejército, que señaló específicamente como autores a los Comandos de la Frontera.

En un mensaje divulgado por medios de Colombia, cuya autenticidad no ha sido confirmada, los Comandos de la Frontera aseguraron que no son los responsables de la matanza en Ecuador, país que está bajo un 'conflicto armado interno', declarado en enero de 2024 por Noboa para combatir la violencia, atribuida a las bandas criminales.

"La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano", reza el mensaje atribuido a este grupo armado.

"Comandos de la Frontera hace presencia en territorio colombiano y, así como no desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco lo hace contra las fuerzas militares de los países vecinos", agregó el comunicado donde se sugiere que la masacre pudo haber sido obra de bandas criminales ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones.

Los Comandos de la Frontera son parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas FARC que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz de 2016.

En febrero del año pasado, otro enfrentamiento similar en la misma zona dejó un muerto y dos detenidos, todos de nacionalidad colombiana, después de que una patrulla militar del Ejército descubriera un campamento de este grupo en el sector de Alto Punino.

Desde 2019, la minería ilegal ha acabado con casi 1.500 hectáreas de bosques selváticos en la zona del río Punino, de acuerdo a un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) difundido en septiembre de 2024.

Las bandas criminales dedicadas tradicionalmente al narcotráfico también se han lanzado a otros negocios ilícitos como el de la extracción ilegal de oro, una actividad muy lucrativa a tenor de los máximos históricos que registra actualmente el precio de este metal.

Así ocurre también en Perú, donde el Gobierno desplegó militares y puso un toque de queda en el distrito de Pataz, en el que a finales de abril fueron secuestrados y asesinados 13 empleados de un minero artesanal que trabajaba para la mina Poderosa. EFE

El enfrentamiento se registró en el sector llamado Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino donde ha proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro que se encuentran en el límite provincial entre las amazónicas Napo y Orellana, fronteriza con Colombia.

A varios puntos de este sector llegaron en helicópteros cuatro equipos de combate conformados por 80 militares de la Brigada de Selva 19 Napo, del Ejército ecuatoriano.

Uno de los equipos fue emboscado con explosivos, granadas y fusiles, lo que dejó once militares muertos y uno herido, así como un fallecido del grupo armado, según señaló en un comunicado la misma institución castrense, que señaló específicamente como autores a los Comandos de la Frontera.

Los Comandos de la Frontera aseguraron que no son los responsables de la matanza, en un mensaje divulgado por medios de Colombia, cuya autenticidad no ha sido confirmada.

"La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano", señaló el mensaje atribuido a este grupo armado.

"Comandos de la Frontera hace presencia en territorio colombiano y, así como no desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco lo hacen contra las fuerzas militares de los países vecinos", agregó el comunicado donde se sugiere que la masacre pudo haber sido obra de bandas criminales ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones.

Los Comandos de la Frontera son parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas FARC que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz de 2016.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró tres días de luto nacional y distinguió a los once militares fallecidos como héroes nacionales por "ofrendar su vida en defensa del bienestar y seguridad del país". "Encontraremos a los responsables y los acabaremos", escribió en redes sociales.

"No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados ante la ley y rindan cuentas de este crimen en contra de valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la patria", manifestó el Ejército ecuatoriano.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó el "brutal ataque perpetrado por las disidencias de las FARC, cartel narcotraficante estructura: Comandos de la Frontera".

El alto funcionario colombiano agregó que "estos hechos enlutan a toda la región y evidencian, una vez más, la amenaza que representan los grupos armados organizados que delinquen en zonas fronterizas, que no conocen de límites ni humanidad".

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador condenó el acto y reiteró su apoyo a Ecuador "en la lucha colectiva contra el crimen organizado".

Otras instituciones estatales también se han sumado a las muestras de dolor por este episodio que ocurre dentro del 'conflicto armado interno' declarado en el país desde 2024 contra el crimen organizado por su presidente, Daniel Noboa, para contrarrestar la escalada de violencia que ha puesto al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

En febrero del año pasado, otro enfrentamiento similar en la misma zona dejó un muerto y dos detenidos, todos de nacionalidad colombiana, después de que una patrulla militar del Ejército descubriera un campamento de este grupo en el sector de Alto Punino.

Desde 2019, la minería ilegal ha acabado con casi 1.500 hectáreas de bosques selváticos en la zona del río Punino, de acuerdo a un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) difundido en septiembre de 2024.

Estas bandas criminales dedicadas tradicionalmente al narcotráfico también se han lanzado a otros negocios ilícitos como el de la extracción ilegal de oro, una actividad muy lucrativa al tenor de los máximos históricos que registra actualmente el precio de este metal.

Así ocurre también en Perú, donde el Gobierno desplegó militares y puso un toque de queda en el distrito de Pataz, en el que a finales de abril fueron secuestrados y asesinados 13 empleados de un minero artesanal que trabajaba para la mina Poderosa. EFE

"La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano, según un comunicado difundido por el Ejército ecuatoriano, con fecha del día 09-05-2025; y que circula por los diferentes medios de comunicación digital", señala ese grupo en un mensaje divulgado por medios locales, cuya autenticidad no ha sido confirmada.

Según el Ejército ecuatoriano, el enfrentamiento ocurrió durante un operativo militar contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana en el sector de Alto Punino, donde han proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro y que se encuentra en el límite entre Napo y Orellana, provincia fronteriza con Colombia. EFE

El ataque se produjo durante un operativo militar contra la minería ilegal de oro en la cuenca alta del río Punino, un enclave situado entre las amazónicas provincias de Napo y Orellana, donde ha proliferado en los últimos años esta actividad ilícita que ahora buscan controlar bandas del crimen organizado.

Un grupo de los militares que participaban en la operación fue emboscado y atacado con explosivos, granadas y fusiles, en una acción donde también resultó muerto uno de los miembros del grupo armado, según informó el Ejército ecuatoriano en un comunicado.

Los militares fallecidos son los tenientes José Luis Iza y Jorge Andrade; el sargento segundo Héctor Mullo; el cabo primero Walter Andrango; los cabos segundos Diego Lomas, Víctor Vera, Anthony González, Danilo Caiza, Jefferson Alvarado y Georvi Vega; además del soldado Marlon Guamushig.

"Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano en este momento de duelo y apoyamos al Ecuador en la lucha colectiva contra el crimen organizado. Que estos valientes soldados ecuatorianos descansen en paz", manifestó en un mensaje en las redes sociales la Embajada estadounidense en Quito.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno de Ecuador manifestó en un comunicado su pesar y consternación por la pérdida de estos once militares y advirtió que "el Estado ecuatoriano no tolerará que grupos vinculados al 'narcoterrorismo' y la minería ilegal sigan atentando contra la institucionalidad y la paz ciudadana".

El Ejecutivo ecuatoriano reiteró que "el sacrificio de estos valientes soldados no será en vano, su legado impulsa a redoblar esfuerzos".

Otras instituciones estatales también se han sumado a las muestras de dolor por este atentado que ocurre en el marco del estado de 'conflicto armado interno' decretado en el país desde 2024 contra el crimen organizado por el presidente, Daniel Noboa, para contrarrestar la escalada de violencia que ha puesto al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Para ello, ha dictado una serie de sucesivos estados de excepción donde ha movilizado a las Fuerzas Armadas para participar con la Policía en operaciones conjuntas contra las estructuras criminales y para que tengan el control de las cárceles, unos de los epicentros de la crisis al estar dominadas por estos grupos, catalogados como terroristas por el Gobierno.

En los últimos años, estas bandas criminales dedicadas tradicionalmente al narcotráfico también han incursionado en otros negocios ilícitos como el de la extracción ilegal de oro, una actividad muy lucrativa al tenor de los máximos históricos que registra actualmente el precio de este metal. EFE

Quito, 9 may (EFE).- Doce muertos, entre ellos once militares, y un herido dejó este viernes en Ecuador un enfrentamiento armado entre el Ejército ecuatoriano y los denominados Comandos de la Frontera, un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según la Fiscalía y el Ejército.

El enfrentamiento se registró durante un operativo militar contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana en el sector de Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino donde ha proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro y que se encuentra en el límite provincial entre Napo y Orellana, provincia fronteriza con Colombia.

Las víctimas pertenecen a la Brigada de Selva 19 Napo, del Ejército ecuatoriano, quienes "habrían sido atacados por el grupo delincuencial organizado Comandos de la Frontera durante una operación reservada de control minero que el Ejército ejecutaba en la zona, según las primeras indagaciones" realizadas por el Ministerio Público.

La Fiscalía dirigió las primeras diligencias enfocadas en el levantamiento de los cadáveres y la fijación de indicios.

El Ejército explicó en un comunicado que en la mañana de este viernes cuatro equipos de combate conformados por 80 militares se desplegaron con helicóptero en varios puntos del sector de Alto Punino para realizar un operación contra la minería ilegal.

Uno de los equipos fue emboscado por los Comandos de la Frontera con explosivos, granadas y fusiles, lo que dejó once militares muertos y uno herido, así como un fallecido del grupo armado, de acuerdo a la misma institución castrense.

"No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados ante la ley y rindan cuentas de este crimen en contra de valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la patria", manifestó el Ejército.

En febrero del año pasado, otro enfrentamiento similar en la misma zona dejó un muerto y dos detenidos, todos de nacionalidad colombiana, después de que una patrulla militar del Ejército descubriera un campamento de este grupo en el sector de Alto Punino.

La minería ilegal ha acabado con casi 1.500 hectáreas de bosques selváticos en la zona del río Punino, uno de los enclaves más afectados por esta actividad de extracción ilícita de oro en la Amazonía de Ecuador, desde que comenzó su monitoreo en 2019.

Así lo reportó en septiembre del año pasado el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa que realiza un seguimiento al avance de la deforestación en la cuenca amazónica a través del análisis y comparación de imágenes satelitales.

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales actividades delictivas de las bandas criminales que operan en Ecuador, donde han buscado hacerse con el control de diversos enclaves de extracción ilícita de oro, además de dedicarse a otras activistas como el narcotráfico, las extorsiones y los secuestros.

Actualmente hay un juicio en marcha en Ecuador contra trece presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera, acusados por la Fiscalía de delincuencia organizada tras haber sido detenidos en septiembre de 2024 en un operativo simultáneo en cinco de las veinticuatro provincias del país.

Según reportó la Policía tras esas detenciones, esta banda estaba detrás del envío de cargamentos de cocaína a México y España, mientras que también contaba con vínculos con la banda criminal Los Lobos, una de las mayores estructuras del crimen organizado en Ecuador.

La minería ilegal afecta también al vecino país de Perú, en donde el Gobierno decretó el pasado 5 de mayo un toque de queda en el distrito de Pataz, donde fueron secuestrados y asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, además de ordenar que las Fuerzas Armadas tomaran el control de la zona. EFE

El sismo de 4,9 ocurrió a las 06:05 hora local (11:05 GMT) a una profundidad de 12 kilómetros y a 35,44 kilómetros de la ciudad de Tena.

El segundo sismo tuvo lugar unos veinte minutos después a una profundidad de 11 kilómetros y a 36,92 kilómetros de Tena.

Ecuador registró el viernes un sismo de magnitud 5,5 y más de 25 réplicas, que dejó paredes con grietas y cristales rotos en Tena, mientras poblaciones cercanas como El Chaco y Quijos también reportaron daños.

Ecuador se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a ambos lados de ese océano y acoge el 85 % de la actividad sísmica mundial, debido a la interacción de distintas placas tectónicas. EFE

Germán Anuar Valencia, conocido como “Napo”, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz, sufrió un ataque a balazos durante el inicio de campañas electorales en la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión contra el político de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Coxquihui (Morena-PVEM) ocurrió previo al comienzo de su campaña en la comunidad del Arenal.

XEU Noticias indicó que el político fue atacado cuando se encontraba con otras personas en un taxi. En el ataque resultaron heridas cinco personas.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se pronunció en sus redes sociales confirmando el asesinato del candidato.

“Lamentamos y condenamos el asesinato de Germán Anuar Valencia, candidato a la Presidencia Municipal de Coxquihui, Veracruz. El Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General de Veracruz ya se encuentran investigando este lamentable hecho”, escribió Luisa María Alcalde en su cuenta X.

Más tarde, la Fiscalía General del estado Veracruz detalló que Germán Anuar Valencia falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego y confirmó que cinco personas más resultaron lesionadas: dos mujeres, un hombre, un adolescente y una menor de edad.

Además, señaló que el candidato de Morena estaría vinculado con los homicidios registrados la semana pasada, en los que fallecieron un hombre y una mujer en los municipios de Coxquihui y Espinal.

A través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan se inició una carpeta de investigación sobre el asesinato del político.

En tanto, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Tras lo sucedido, León Humberto Pérez, El Chulo, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Espinal, anunció que suspendía las actividades del inicio de su campaña.

“Les saluda su amigo León Humberto Pérez El Chulo, candidato del Partido del Trabajo (PT) para decirles que en relación a los hechos que hace unas horas acaban de suceder en el municipio vecino mi equipo de campaña a determinado posponer el inicio de campaña política a la presidencia municipal por nuestro municipio de Espinal, mismo que estaba programado dar inicio a las 15:00 horas con una caminata que iniciaba del Pacífico a la congregación de Entabladero”, escribió el político del PT.

Agregó que “debe de velar por la seguridad de cada uno de nuestros conciudadanos. Por ello hemos acordado no realizar por el momento ningún evento que ponga en riesgo la integridad física de mis amigos y amigas”.

Archidona (Ecuador), 13 dic (EFE).- Las protestas en Ecuador contra una de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca construir, con un modelo que se ha comparado al de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador, continuaron este viernes por undécimo día consecutivo, con bloqueos de carreteras en torno a la población amazónica de Archidona y sus alrededores.

"No queremos esa 'megacárcel'", afirmó a EFE Francisca Cerda, una habitante de la comunidad Atahualpa, situada en la localidad de Puerto Napo, quien participaba en el bloqueo de la carretera en ese lugar, donde se podían apreciar pancartas con el lema de 'No a la cárcel'.

"Estamos luchando para nos oiga el Gobierno y tiene que escuchar nuestras peticiones para que no construya esta 'megacárcel'. Vamos a luchar aquí hasta conseguirlo. Vamos a levantarnos en toda la Amazonía (ecuatoriana) para estar en pie de lucha", añadió la mujer.

Las protestas se incrementaron desde el jueves al sumarse oficialmente el movimiento indígena y otras organizaciones sociales, que en una multitudinaria asamblea decidieron proseguir con las movilizaciones al enterarse que, en medio de esta situación, el Gobierno adjudicó ya la obra.

Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, ya se había advertido a inicios de la semana que se agudizarían las protestas si la Administración de Noboa insistía en llevar adelante las obras sin antes realizar una consulta previa sobre el proyecto con las comunidades de la zona.

"Estamos luchando por el bien de las futuras generaciones de nuestro pueblo. Estamos aquí en pie de lucha día y noche, bajo el sol y bajo el agua", señaló Cerda.

"El Gobierno está actuando mal. No está atendiendo nuestro pedido. No queremos esa 'megacárcel'. Esa 'megacárcel' viene para (traer) más delincuentes y para dañar a los jóvenes", insitió.

En la misma línea protestó Jersy Shiguango, otra manifestante que pidió al Gobierno que se "se sensibilice (con la población de Archidona) y piense bien antes de poner una cárcel de alta seguridad".

"Tiene que pensar que tiene que velar por la gente de la Amazonía, que somos un pueblo que vivimos de la fruta y del turismo. No podemos permitir que traiga la cárcel acá", dijo a EFE Shiguango desde otro punto de bloqueos en esta zona de provincia amazónica de Napo.

La mujer recordó que inicialmente la promesa de campaña de Noboa eran las "cárceles barcaza", donde pretendía recluir a los líderes criminales y a los delincuentes de alta peligrosidad en embarcaciones en alta mar para tenerlos aislados e incomunicados, al menos de manera temporal hasta construir cárceles en tierra firme que garantizasen estas características.

Inicialmente esta cárcel había sido proyectada en la vecina provincia amazónica de Pastaza, pero posteriormente el Gobierno cambió de idea y optó por ubicarla en Archidona.

La otra cárcel de máxima seguridad promovida por Noboa ya está en obras en la costera provincia de Santa Elena, aislada en torno a un bosque seco donde una comunidad cercana ha presentado una acción de protección a la Justicia para que paralice la construcción.

De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, cada una de estas dos cárceles tendrá capacidad para 736 presos, un tamaño mucho menor al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia de Bukele en El Salvador, donde según las cifras oficiales tiene capacidad para 40.000 pandilleros.

Ambas cárceles han sido presupuestadas por cerca de 52 millones de dólares. Las obras de la primera están a cargo de Puentes y Calzadas Infraestructuras, una filial del español Grupo Puentes adquirido en 2020 por la empresa china estatal China Road and Bridge Corporation. Aparentemente fue también la compañía elegida para construir la prisión de Archidona, según documentos oficiales.

Con ello Noboa busca enfrentar el descontrol que en los años previos hubo en el sistema penitenciario de Ecuador, donde las bandas criminales se adueñaron de las prisiones y sus líderes lograron tener muros adentro todo tipo de comodidades y lujos, incluido internet de alta velocidad.

Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales, en una ola de violencia criminal que también se extendió a las calles, hasta hacer de Ecuador el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica en 2023, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes.

Guayaquil (Ecuador), 11 dic (EFE).- El Gobierno de Ecuador adjudicó en medio de protestas la construcción de la segunda de las dos cárceles de máxima seguridad que el presidente Daniel Noboa prometió con un modelo similar al implantado por su homólogo Nayib Bukele en El Salvador, por un valor de 52 millones de dólares.

Esta prisión está proyectada en una zona de la Amazonía ecuatoriana, donde desde hace más de una semana se registran protestas de comunidades y organizaciones indígenas que rechazan la construcción de la cárcel y que ya amenazaron con radicalizar las movilizaciones si el Gobierno insiste con llevar adelante el proyecto sin una consulta previa.

Fue el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la institución del Estado que está a cargo del control y la administración de las prisiones ecuatorianas, Luis Zaldumbide, quien decidió adjudicar el contrato este 10 de diciembre a una empresa cuyo nombre no fue publicado debido a que el proceso de contratación de la obra fue declarado como reservado.

Sin embargo, en documentos de acceso público que constan en el mismo proceso se señala como idónea para asumir la obra a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.

El centro penitenciario, que se prevé construir en Archidona, un sector selvático donde habitan comunidades de la etnia kichwa en la provincia amazónica de Napo, es una de las dos cárceles emprendidas por Noboa para recluir a líderes criminales y presos de alta peligrosidad.

De hecho, Puentes y Calzadas Infraestructuras es la misma empresa a la que el SNAI adjudicó la construcción de la otra cárcel que ya se levanta en la provincia costera de Santa Elena, y que también ha generado rechazo por parte de los habitantes del sector, quienes han pedido a la Justicia que detenga la obra.

El proyecto de la Amazonía tiene un presupuesto de 52 millones de dólares y, al igual que en el caso de la de Santa Elena, se prevé que tenga la capacidad para albergar a unos 800 reos, lejos de los 40.000 pandilleros que según el Gobierno salvadoreño caben en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). También se espera que esté listo en 300 días.

El pasado 20 de agosto, el director del SNAI resolvió calificar como "información reservada" de la institución a toda la información que contenga características y/o especificaciones técnicas del proyecto de construcción de la cárcel.

Una medida similar a la que tomó el 28 de marzo con los documentos relacionados al proceso de contratación pública de la construcción del centro penitenciario de Santa Elena.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) amenazó el pasado lunes con radicalizar las protestas contra la construcción de este centro si el Gobierno insiste en iniciar la obra sin un proceso de consulta a las comunidades afectadas.

Así lo manifestó el líder de la Conaie y candidato presidencial por el movimiento indigenista Pachakutik, Leonidas Iza, en una declaración en la que volvió a rechazar la pretensión del Gobierno de concretar el contrato de la obra, que se llevó a cabo al día siguiente.

La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza en respuesta a la crisis carcelaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen en control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra el crimen organizado.

Uno de los últimos enfrentamientos se produjo el pasado 3 de diciembre, donde once personas resultaron heridas, entre ellos nueve reclusos, un militar y un guardia carcelario, debido a la detonación de tres granadas dentro de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, en Guayaquil. EFE

Quito, 9 dic (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) amenazó este lunes con radicalizar las protestas contra la construcción en la Amazonía de una de las dos cárceles que busca erigir el derechista presidente Daniel Noboa con un diseño y modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador.

La mayor organización indígena de Ecuador avisó con elevar el nivel de las medidas si el Gobierno insiste en iniciar la obra sin un proceso de consulta a las comunidades afectadas, que desde hace una semana mantienen una movilización en la zona amazónica donde se proyecta la prisión.

Así lo manifestó el líder de la Conaie y candidato presidencial por el movimiento indigenista Pachakutik, Leonidas Iza, en una declaración en la que volvió a rechazar la pretensión del Gobierno de concretar en los próximos días el contrato de la obra.

"Cuando los gobernantes de turno no escuchan al pueblo, es necesario que el pueblo no escuchado levante su voz", apostilló Iza al exigir al Gobierno y a las Fuerzas Armadas que cesen la represión contra los manifestantes indígenas en la provincia amazónica de Napo.

Esta cárcel de máxima seguridad, una de las dos que anunció Noboa con un estilo similar a las que ha construido en El Salvador su homólogo Nayib Bukele, se edificaría en la zona de Archidona, un sector selvático donde habitan comunidades de la etnia kichwa y en la que destacan el turismo y la agricultura entre sus actividades más importantes.

Pese a la comparativa con El Salvador, la capacidad que anunció el Gobierno ecuatoriano para ambas cárceles es de 736 reos en cada una de ellas, lejos de los 40.000 pandilleros que el Gobierno de Bukele asegura que pueden ser recluidos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Según Iza, la construcción de la cárcel en Archidona generaría una serie de perjuicios a las comunidades de la zona, a la provincia de Napo y a toda la Amazonía.

El líder indígena, además, aseguró que con esa iniciativa el Gobierno de Noboa no presenta "ninguna solución" al azote del crimen organizado en el país y, más bien, ha traslado ese problema a "los hombros del pueblo".

La presencia de dicha cárcel en una región como Napo podría "acabar con la economía de miles de familias", añadió Iza y dijo que "no se puede seguir pensando que la Amazonía es el basurero del modelo de desarrollo" de la élite económica del país.

Recordó que la selva amazónica, desde hace más de 50 años, ha sido afectada por la industria petrolera, la maderera y actualmente la minera.

Sólo el turismo en la provincia del Napo genera 10.000 plazas de empleo directo y 5.000 de indirecto, con ingresos por unos 20 millones de dólares anuales en alojamiento, alimentación y artesanías, actividades ligadas a la población. "¿Quiere acabar con esto?", le preguntó Iza a Noboa.

Además, rechazó el argumento del Gobierno de que la cárcel dinamizaría la economía local y puso como ejemplo la prisión en la provincia andina de Cotopaxi, una de las más grandes de Ecuador, que no ha supuesto un beneficio para la población, ya que hasta el servicio de comida proviene de otro sector y pertenece a familias pudientes del país.

Iza recomendó a Noboa poner su esfuerzo en controlar las otras cárceles del país, donde bandas criminales se disputan el dominio de los centros que se han convertido en focos de violencia y de los que también ha surgido la gran inseguridad ciudadana que afecta a Ecuador.

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, expresó el respaldo de la organización matriz a las protestas en Archidona, que ya llevan siete días contra la construcción de la cárcel.

Este es un "proyecto inconsulto e ilegítimo" que acarreará "impactos irreversibles" en ámbitos sensibles como el económico, el turístico y el ambiental, añadió.

Yasacama demandó un proceso de consulta previa, libre e informada, como señala la Constitución del país, y dijo que lamenta la "incapacidad del Gobierno" para entender los problemas estructurales que afectan al país.

La vicepresidenta de la Conaie, asimismo, invitó a otras organizaciones sociales a sumarse al proceso de resistencia a la construcción de la cárcel de Noboa en Archidona.

La otra cárcel emprendida por Noboa ya está en construcción en la costera provincia de Santa Elena, donde una comunidad local presentó la pasada semana una acción de protección ante la Justicia para solicitar que se detengan las obras, al alegar que tampoco han sido previamente consultadas sobre este proyecto carcelario. EFE

Quito, 23 oct (EFE).- La justicia ecuatoriana procesa a tres personas que fueron aprehendidas con cerca de 752.000 dólares en dos maletas en la zona amazónica del país andino, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la fuente, los tres aprehendidos presuntamente pertenecen a un grupo de delincuencia organizada denominado 'R' y que antes era conocido como 'R7'.

La justicia procesa por presunto enriquecimiento ilícito a los hombres aprehendidos la tarde del martes en el municipio de Quijos, en la provincia amazónica del Napo.

Los sujetos estaban a bordo de una camioneta en la que portaban dos maletas con 751.900 dólares.

La Fiscalía publicó en su cuenta de X dos fotografías en las que se aprecian las maletas con fajos de billetes.

Desde inicios de año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a los grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

A la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas entonces por estas organizaciones, a las que señala, además, por estar relacionadas con el narcotráfico. EFE