A pocos días de que venza el plazo legal para la presentación del proyecto de presupuesto nacional 2026, el Gobierno ha decidido avanzar con una iniciativa que busca modificar de raíz la dinámica legislativa en materia fiscal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que en breve enviarán al Congreso de la Nación un proyecto de ley denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocido en el ámbito parlamentario como Ley Muralla. Esta propuesta, que aún no ha ingresado formalmente al recinto, pretende establecer restricciones severas a la aprobación de presupuestos deficitarios y endurecer las sanciones para los funcionarios que no respeten el equilibrio fiscal.

El anuncio de Adorni se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcado por la pérdida de control del debate parlamentario por parte del oficialismo, atribuida tanto a errores propios como al impacto de las campañas electorales. Según lo expuesto por el vocero, el proyecto —anticipado por el presidente Javier Milei el 11 de agosto en cadena nacional— tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”. En la práctica, la iniciativa funcionaría como un mecanismo de fiscalización de los proyectos de ley, imponiendo requisitos estrictos que el Congreso debería cumplir para aprobar nuevas normas y estableciendo penas en el Código Penal para los legisladores que los incumplan.

De acuerdo con la explicación de Adorni, la norma estipula que “el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Además, quedaría expresamente prohibida la sanción de presupuestos deficitarios y, en caso de prórrogas presupuestarias, se exigiría al menos un resultado equilibrado. Este endurecimiento de las reglas fiscales se produce cuando restan 17 días para que el Ejecutivo deba enviar el proyecto de presupuesto nacional 2026, una ley que históricamente ha sido objeto de intensas negociaciones y modificaciones, especialmente en lo relativo al reparto de fondos entre provincias, obras públicas y programas nacionales.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. Un diputado opositor cuestionó la iniciativa al afirmar: “Lo que buscan es blindar el presupuesto. ¿Cómo vas a mandar una ley que dice que no se puede legislar si no es en línea con lo que quiere el Ejecutivo? Y, además, que si lo haces vas preso. Es una locura que un diputado o un senador vote esto, lo hacen para generar tensión e intentar cambiar la agenda”. Desde este sector, se interpreta que la propuesta tiene escasas posibilidades de prosperar y que su verdadero propósito sería condicionar el debate sobre el presupuesto o incluso encontrar una justificación para no tratarlo. Según la visión de estos legisladores, el oficialismo enviaría primero la Ley Muralla, luego el presupuesto, y ante la falta de consenso, el tratamiento de ambos quedaría paralizado. “Ellos —por los libertarios— van a volver con el cuento de los degenerados fiscales pero hay que entender que es un proyecto de ley y que puede sufrir modificaciones en el debate”, sostuvo otro referente opositor.

En el Congreso de la Nación, el anuncio fue percibido como una maniobra más del oficialismo libertario sin perspectivas de avanzar. Un legislador del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto ironizó: “Lo vamos a tratar junto a la ley hojarasca”, en alusión al megaproyecto del ministro Federico Sturzenegger que nunca llegó a discutirse.

Las críticas de la oposición no se limitan al impacto institucional de la propuesta. Además de advertir sobre el riesgo de convertir al Congreso en una mera escribanía del Ejecutivo y de afectar la calidad democrática y la pluralidad de voces, los opositores señalaron la falta de coherencia en la estrategia oficialista. Recordaron que todos los proyectos con impacto fiscal deben detallar su financiamiento, pero que la única excepción reciente ha sido la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, impulsada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, que cuenta con dictamen desde mayo, pero nunca fue tratada y carece de previsión presupuestaria.

El texto de la Ley Muralla, según lo adelantado por Adorni, contempla la creación de nuevas figuras penales en el Código Penal. En palabras del vocero, “aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal, serán castigados con todo el peso de la ley”. Esta perspectiva fue rechazada por una diputada que en el pasado acompañó algunas iniciativas del oficialismo y que ahora se ubica en la vereda opuesta, quien calificó la propuesta como “humo” y la consideró “ridícula, en su contenido y en la pretensión de que sea tratada”.

Algunos sectores interpretan que el trasfondo de la iniciativa no se limita al debate sobre el presupuesto 2026, sino que apunta también a anticipar un eventual veto presidencial frente al proyecto de los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ya cuenta con media sanción de Diputados, y a los cambios en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según esta visión, la modificación de estos mecanismos impactaría directamente en los ingresos del gobierno nacional, ya que actualmente existe discrecionalidad en el manejo de los ATN y la Nación retiene la totalidad de lo recaudado por el ICL. “El problema es que son fondos de las provincias, no de la Nación, entonces están contabilizando algo que no deberían”, advirtió una fuente parlamentaria.

Hasta el momento, el proyecto no ha sido ingresado formalmente al Congreso de la Nación, aunque desde el entorno de Adorni aseguran que el texto ya está listo.

La relación entre el Gobierno y las provincias está en un momento crítico. La semana pasada, los 24 gobernadores tomaron la infrecuente decisión de ponerse de acuerdo y acordar un proyecto de ley que busca resolver en el Congreso lo que no se pudo en el diálogo con la Nación: incrementar el caudal de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios para que estas partidas pierdan discrecionalidad de la Nación.

El mensaje llegó a la Casa Rosada. En despachos importantes coinciden en que es imperioso lograr algún tipo de acuerdo con las provincias para evitar que los gobernadores se animen y comiencen a imponer sus propias iniciativas en el Congreso: esto implicaría que se configure una mayoría en ambas cámaras que sobrepasaría cualquier freno que pueda poner el oficialismo, comprometiendo la hoja de ruta económica propuesta por el Gobierno.

Este temor tiene varios correlatos. El último viernes a la noche, varios mandatarios (aliados y opositores) compartieron un Zoom con senadores de Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios para avanzar con la iniciativa. “Estamos muy conformes con la respuesta de los gobernadores, vemos que es un reflejo de la cohesión que estamos teniendo”, dicen desde una provincia con la que la Casa Rosada rivaliza seguido. Por primera vez en la gestión de Javier Milei parece haber una sintonía entre los distritos enemigos y los aliados más estrechos del Gobierno.

Aun así, desde la Nación y las provincias parece haber una leve certeza de que existe una última chance antes de que se avance definitivamente con la presentación del proyecto de ley.

Fuentes gubernamentales al tanto de las tratativas confirmaron a Infobae que es inminente la presentación de una contraoferta que pueda ser atractiva para los gobernadores, la cual tendría como objetivo satisfacer varios de los reclamos esgrimidos la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando representantes de 22 provincias se hicieron presentes para conversar con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Aún no se conoce cuáles son las concesiones que está dispuesto a hacer el Gobierno, tampoco si esta resultará satisfactoria para las provincias.

Coincidentemente, el martes por la mañana se reunirán en el marco del CFI los ministros de Economía provinciales con Guberman. Se trata del funcionario del Gobierno que más conoce las concesiones presupuestarias que el Estado nacional está en condiciones de hacer. Se espera un comunicado oficial una vez que termine el encuentro.

En la cumbre de la semana pasada, los funcionarios nacionales les propusieron transferirle parte de los montos que correspondían al ya extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para que estos fueran orientados a la reparación de rutas nacionales. Resultó insuficiente para todos los gobernadores. Luego de esa reunión fue que se dio a conocer el proyecto de ley firmado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nosotros les pedimos aplazar la reunión del lunes y ellos no accedieron, lo cual era lógico porque ya habían coincidido todos para venir acá. Pero necesitábamos más tiempo para formular una respuesta más acabada. Se está preparando algo”, confirmó una fuente gubernamental.

¿Por qué la Nación se opone al proyecto de los gobernadores si, en teoría, no tiene una incidencia en términos fiscales? Las provincias ratifican que la recaudación que se pide distribuir directamente a las provincias está utilizándose para otros asuntos, pero que el Gobierno no puede admitirlo.

Por eso cayó pésimo las declaraciones que Milei hizo el jueves pasado, acusando a las provincias de no haberse ajustado, de ser “la última trinchera de la casta” y de faltarle “el respeto a la sociedad”. Al día siguiente se dio el Zoom multisectorial para acelerar los planes en el Congreso. Muy cerca de él tratan de explicar que “al Presidente nunca le importó si una declaración suya tiene costo político” y que, en rigor, siempre declaró en el mismo sentido.

La preocupación libertaria se da, mayormente, por la alta carga simbólica que tendría una unión entre amplísimos sectores de la oposición en detrimento del oficialismo. ¿Por qué no habría de repetirse en el futuro con otro tipo de demandas y de costo fiscal? Hasta el momento, el Gobierno había logrado armar un escenario político estructurado en el “apoyo o no” para ciertos asuntos relevantes para Milei: el fundamental, el asunto fiscal.

En la Casa Rosada perciben cómo el costo de oponerse al Gobierno no está siendo tan caro como lo fue el año pasado, cuando se logró la sanción de la Ley Bases, que no se insista con el DNU 70/23 y que se ratifique el veto al incremento jubilatorio y de financiamiento universitario. Estos últimos dos asuntos volvieron por estas semanas: el primero -enmarcado en un paquete de iniciativas que consta de 1,8% del PIB- espera a ser sancionado en el Senado y, cuando Milei lo vete, a que se insista nuevamente; mientras que el segundo pretende ser tratado en sesión esta semana en la Cámara baja.

Así las cosas, a los ojos de diversos operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que les cuadre a muchos gobernadores parece ser más barato que el ruido que pueda generarse por la vía del mercado.

“El riesgo país permanece estancado en torno a los 700 puntos y el spread argentino parece mostrar, en parte, las dudas sobre la dinámica de reservas”, marca el último informe semanal de GMA Capital. Tanto el Banco Central como el Tesoro se han hecho de reservas, las cuales, según la consultora bursátil, “los inversores parecen pedir profundizar”. Evitar dudas sobre el programa económico facilitaría que el mercado acepte menores retornos por parte de la deuda soberana. Un buen resultado en las elecciones del oficialismo despejaría dudas, pero por eso la prioridad del Gobierno de mantener la calma por estos meses.

Los interlocutores del Gobierno consideran que varios de los planteos de los gobernadores “son razonables” y que “hay que acordar de alguna manera”. Varias provincias lo saben y los que han sido aliados al Gobierno parecen tener disposición de esperar un poco más para esperar una propuesta. Es por eso que entre los gobernadores más opositores perciben que la postura unánime y dura de los 24 distritos puede ablandarse.

“En la oposición olieron sangre, pero todo esto sucede al mismo tiempo porque estamos en un marco electoral”, afirman en el Gobierno. Muchos creen que, además de haber una propuesta a los gobernadores en el plano económica, deberán existir conversaciones subterráneas con los más aliados vinculadas al armado libertario en sus distritos. “Ambas facetas son importantes”, manifiestan en Casa Rosada, donde creen que más temprano que tarde deberá existir algún acuerdo. En algunas provincias se limitan a esperar expectantes. También lo creen, pero marcan que “la palabra del Gobierno está devaluada”.

Los datos del gasto público de abril del gobierno nacional mostraron una fuerte mejora respecto del primer trimestre del año: el gasto primario cayó 1,2% interanual en términos reales (esto es, descontada la inflación) y el superávit primario aumentó un notable 117% respecto de abril 2024, aunque en el acumulado del cuatrimestre se observa una caída del 28 por ciento.

“Con tales números, en lo que va de 2025 se obtiene un superávit primario equivalente a 0,6% del PIB, versus 0,7% en igual período de 2024. Si sigue la tendencia, no deberían existir problemas para alcanzar la meta de superávit primario de 1,6% del PIB en 2025, versus el 1,8% observado el año pasado”, dice un pasaje de un estudio de Marcelo Capello y Nicolás Campoli, economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Del shock a la normalidad

Los autores destacan que debido al ajuste de shock con que se inició el gobierno de Javier Milei, en 2024 todas las partidas importantes tuvieron caídas reales interanuales en el primer cuatrimestre: las transferencias de capital a provincias se redujeron 98%; la inversión pública nacional directa y las transferencias corrientes a provincias 75%; los subsidios a la energía 37%; las jubilaciones 33%; los subsidios al transporte 28%; las transferencias a universidades 26%; y el gasto en personal 19 por ciento.

Hecho ese ajuste de base, la dinámica del primer cuatrimestre de 2025 es diferente: el ajuste se mantiene en algunas partidas, con caídas reales en del 66% en los subsidios a la energía, del 55% en subsidios, del 14% en transferencias a familias (excluido la Asignación Universal por Hijo, AUH) y del 4% en el gasto en personal (-4%). En cambio, aumentaron fuertemente las transferencias corrientes y de capital a provincias, 127 y 170% respectivamente, las jubilaciones (32%); las transferencias a universidades (11%); la inversión directa (6%); y los subsidios al transporte (4%).

De resultas, mientras que en los primeros cuatro meses de 2024 el ajuste del gasto se explicaba en un 36% por la reducción del gasto en jubilaciones; 11% por la caída en la inversión directa; 9% por los menores subsidios a la energía; 8% por el ajuste en el gasto en personal; y cerca del 7% por la caída de las transferencias a provincias.

La composición al inicio de 2025 es muy diferente: 54% del ajuste es por la baja de subsidios a la energía (y en este caso, más por la caída de los costos, debido a menores importaciones de gas, que por directa reducción de los subsidios al consumo), 37% por la caída en transferencias a familias (no AUH) y 8% por menor gasto en personal. El resto de las partidas se recuperó total o parcialmente.

Las provincias, en otro canal

Las provincias, que en 2024 habían acompañado, en parte forzadas y en parte voluntariamente, el ajuste fiscal de Nación, básicamente recortando el gasto en personal, la inversión y las jubilaciones provinciales, este año en cambio se desmarcaron del ajuste.

“Considerando un grupo de 13 provincias que presentan datos para este año (CABA, Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán), todas las partidas del gasto exhiben aumentos en términos reales, con excepción de “resto de gastos de capital”. Se estima que las erogaciones primarias subieron un 24% real interanual en dichas provincias en el primer trimestre de 2025. Si algo similar ocurriera para el consolidado de las 24 jurisdicciones, se trataría de una tendencia preocupante, por cuanto en 2025 se estaría revirtiendo en buena medida el ajuste fiscal observado en los primeros meses de 2024, disminuyendo las posibilidades de bajar impuestos provinciales a futuro, en un marco de equilibrio fiscal”, dice el trabajo de Capello y Campoli.

Así se observa, por caso, que mientras para el consolidado de las 24 provincias en el primer cuatrimestre de 2024 el gasto en personal bajaba 21% real anual, en igual período de este año sube 17% real interanual en las 13 provincias para las que se tiene registro.

¿Cómo quedan las cosas respecto de 2023, el año pre-ajuste? La proyección de tendencia resultaría en una disminución del gasto en personal de sólo 7% y del 1% en jubilaciones por parte de las provincias, que el único ajuste que sostienen es la inversión pública, con una caída real acumulada del 34% respecto de 2023.

A modo de resumen, el estudio señala que mientras el gasto nacional cayó 32% interanual real en los primeros meses de 2024 y el de provincias lo hacía 25%, en el inicio de 2025 Nación y Provincias ya no van en tándem: mientras Nación aumentó el gasto real 8%, en las provincias observadas el gasto aumentó 24%, más del tiple.

La progresión del conflicto con los médicos residentes en el hospital Garrahan por los escuálidos salarios que les paga el Ministerio de Salud tomó mayor fuerza en los últimos días y se sumó a otros frentes de problemáticas sociales nacionales en las que tiene directamente responsabilidad el Gobierno, que en todos los casos ofrece como respuesta la denuncia por irregularidades en las áreas, el endurecimiento de la postura -a veces con agresiones- y, en ciertos casos, ofertas de resoluciones sobre el límite o a cuentagotas.

El viernes por la noche, en Gobierno estuvieron a punto de recular frente a la insistente protesta de los médicos en formación del hospital pediátrico. Milei había admitido que el problema era “delicado”, para luego vincularlo, exclusivamente, con una cuestión de exceso de empleo público -por “los ñoquis” del hospital- y con la herencia del kirchnerismo. Y en Salud habían dejado trascender que descontarían las horas de paro, los echarían o pondrían en riesgo la aprobación de las residencias, en una suerte de amenaza si no frenaban las medidas de fuerza.

El maltrato pareció terminar hacia la noche, cuando dejaron trascender que la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, había grabado un mensaje para anunciar que les aumentaría el sueldo a los residentes hasta equipararlo con el de sus pares que dependen de la ciudad de Buenos Aires -de $700.000 a $1.300.000-. Efectivamente, en su entorno dejaron saber que lo publicaría esa misma noche, pero al final, el giro no se concretó.

En la cartera no dieron explicaciones sobre el cambio de rumbo, pero aseguraron que el anuncio “va a salir”, sin dar fechas específicas. Según pudo reconstruir Infobae, el replanteamiento oficial fue político. El plan inicial era anunciar el aumento a través de las redes del ministerio, en la voz de Loccisano, vocera política del silencioso ministro Mario Lugones. Pero al final, una orden obligó a recalcular: decidieron que los fondos para compensar el sueldo sean asignados por el propio hospital (hoy, el encargado de hacer esos pagos es el ministerio, no el centro de salud, como ocurre con el resto de los trabajadores sanitarios). El oficialismo quiso evitar que el anuncio saliera por los canales oficiales de la cartera para que no pareciera que el ministerio estaba asignando un presupuesto mayor al que estipula la política paritaria.

Si bien fuentes oficiales confirmaron que la recomposición de ingresos se hará con fondos del Garrahan, aún no está claro el mecanismo jurídico que usarán para implementar el cambio, y si se tratará de una erogación parcial o total.

Los problemas con el servicio de atención de salud de los niños y niñas se suma a a otros frentes sensibles que dependen de la Nación, como la insistente protesta de jubilados frente al Congreso cada miércoles; el conflicto por las pensiones para personas con discapacidad y los fondos para las universidades públicas.

En cada caso, el modus operandi del Gobierno para desactivar los conflictos es enfocarse en las irregularidades de las áreas que reclaman para sepultar ante la opinión pública la legitimidad de las protestas. Aunque esas irregularidades no representen la totalidad de cada situación ni significan que haya un reclamo legítimo paralelo a manejos espúreos, en casi todos los casos la táctica fue efectiva.

En el Garrahan enfatizaron en la cantidad de empleados públicos por cada médico. En el sector universitario denunciaron el mal uso de los fondos asignados y lograron bajarle el nivel de indignación en la sociedad al reclamo, aunque no pudieron evitar dos masivas marchas. Y lograron desactivar la atención sobre el tema de los ingresos de los adultos mayores, e incluso desestimar el reclamo, con acusaciones sobre los infiltrados en las marchas.

Mientras, se multiplican las quejas por el manejo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y esta semana hubo una manifestación para denunciar un empeoramiento de la crisis que viene desde hace años por mala gestión de los distintos gobiernos, que se agravó con recientes ajustes económicos. Pero la respuesta del Gobierno es nula. Y en cada ocasión en que se discute el presupuesto del Andis, alude a las irregularidades que arrastra el organismo.

La opinión pública está harta de “los curros”. En el Gobierno lo saben, y no los preocupa la incidencia de las protestas por temas complejos en la percepción sobre la gestión. “No estábamos preocupados entonces, no lo estamos ahora”, aseguraron.

Mientas siguen las marchas de jubilados y la oposición prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto para financiar a las universidades -que tiene sin cuidado a los libertarios, según dijeron a Infobae-, en el Gobierno se resguardan en todos los casos en acusaciones sobre la politización de cada señalamiento y en las faltas en esas organizaciones. En el Garrahan no fue la excepción, aunque parecería que esta vez darán el brazo a torcer con los apenas 241 médicos en formación que cobran por debajo de la línea de pobreza y reclaman desde el inicio de la gestión aunque sea tener un salario acorde al de sus pares de la Ciudad.

Al menos cinco policías kenianos han muerto y ocho han resultado heridos en un ataque efectuado por las milicias de Al Shabaab en la frontera con Somalia durante una operación para encontrar escondites de la organización yihadista en la porosa línea divisoria entre ambos países.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en la reserva nacional de Boni, en el norte de Kenia y en el sector oriental de la frontera sur de Somalia, cuando los milicianos de Al Shabaab asaltaron a una unidad del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía keniana en la zona de Lehelo.

Según un informe policial recogido por el grupo de medios keniano Nation, un número indeterminado de milicianos de Al Shabaab murieron durante el combate.

Los ocho policías heridos se encuentran en estado crítico y han sido evacuados a hospitales de la capital de Kenia, Nairobi.

Al Shabaab, uno de los grupos terroristas más sanguinarios de África, lleva años enzarzado en una guerra sin cuartel con el Ejército somalí y aprovecha la proximidad de la frontera keniana con sus bastiones del sur de Somalia para escapar al país africano.

Las comisarías y las alcaldías porteñas son un hervidero con unos 2240 detenidos dentro de sus calabozos, que tienen una capacidad máxima de 1270 presos. Con este panorama, lejos de que la crisis marcada por el hacinamiento aminore, en el gobierno de la Ciudad estiman que las fugas continuarán siendo un problema. Por esa razón, requieren medidas urgentes a Nación, en tanto cierran los detalles del plan de transferencia del Servicio Penitenciario, que evalúan como la solución definitiva a la problemática.

“Lo macro está”, aseguran desde el Ejecutivo porteño, al mismo tiempo que ven subir la cantidad de personas que son arrestadas dentro de los límites de CABA.

Y la tensión con Nación aumenta por los cupos en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal. Por su parte, Ciudad presiona con números que fueron difundidos esta semana y la resolución de dos habeas corpus. A raíz de esas presentaciones, la Justicia ordenó, primero, que el SPF se lleve a 140 detenidos por semana; luego, que se traslade a los condenados. Ese último fallo no está firme: fue apelado porque el supuesto causante -el SPF- no estuvo presente en el proceso.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Remarcan, a la vez, que la población en comisarías y alcaidías pasó de 60 a 2008 a 1160 en diciembre de 2023 y que, en el último año, se crearon 700 plazas.

En el gobierno porteño dicen que, de un día para el otro, el SPF dejó de llevarse los 90 detenidos que habían acordado el año pasado y comenzó a llevarse 60, lo que acrecentó el problema. “Queremos que se los lleven. No pueden estar más de 72 horas en comisarías”, reclaman.

La respuesta de Nación

Desde la cartera que dirige Patricia Bullrich, sin embargo, son determinantes: “No se quieren hacer cargo”. Y explicaron: “De las 140 plazas que tiene el SPF, 90 son de la Ciudad y el resto -30- queda para el resto del país”.

Y van más lejos: “El año pasado les recibimos 5.500 presos, cuando la población completa del SPF es de unos 11 mil, por lo que la mitad son de la Ciudad”.

Además, afirman que ofrecieron, por vía judicial, construir 400 plazas -que se podían convertir en 600- dentro de una penitenciaria federal. “No lo aceptaron, prefirieron instalar los contenedores cerca de las casas de los vecinos”, replican.

De acuerdo a las fuentes, Nación también ofreció a Ciudad llevarse a 50 agresores sexuales a la cárcel de Senillosa, en Neuquén. “Nos derivaron solo 3″, aseveran.

“Tienen un problema de inacción. Les dimos un montón de opciones que no toman. No entendemos por qué esta actitud, encarando un proceso de transferencia que está avanzado”, destaca un alto funcionario consultado por este medio que aseguró que las conversaciones continuarán pese a los cuestionamientos.

“Estamos en permanente contacto para llegar a buen puerto”, afirmó en ese sentido.

“Queremos seguir trabajando para que se haga la transferencia y que la Ciudad se haga cargo y, de esta manera, que los ciudadanos de todo el país no sigan pagando los presos de la Ciudad, a causa de una política criminal de ellos”, ampliaron.

En ese sentido, remarcaron que “casi el 50 por ciento de los ingresos son rateros que compiten por un cupo con miembros de la banda de (Esteban) Alvarado (NdR: el capo narco rosarino)”.

Sobre la merma en la cantidad de traslados, las fuentes argumentaron que si bien hay 90 cupos, tal vez no hay lugar en los establecimientos para las características de los detenidos: “Tal vez tenemos 10 cupos en jóvenes adultos, cinco en mujeres y dos para población común. Nosotros queremos ayudar, pero hay un desconocimiento del funcionamiento penitenciario”, advirtieron.

En cuanto a los condenados, detallaron que han realizado ingresos de procesados “con causas más pesadas”.

“No tienen una clasificación interna. Saben que una persona permaneció en comisaría un año con condena, pero no saben qué delito cometió ni si la sentencia está firme”, argumentaron.

En el medio de la discusión, hay un acuerdo sobre un punto: ambas partes creen que la finalización de la obra de la cárcel de Marcos Paz descomprimirá las abarrotadas comisarías porteñas. Pero la demora en la construcción, que se inició durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, provoca resquemor.

“Toda la Argentina ya puso 60 millones de dólares en esa cárcel, mientras que la Ciudad no adelantó ningún pago”, indicaron. El gobierno porteño debía aportar 70 millones más, que serían financiados, en gran parte, mediante la venta del terreno del penal de Devoto, que Macri prometió desocupar.

En tanto, desde el entorno del alcalde aseguran que la construcción se retomó y que queda poco para finalizarla. “En diciembre de este año tiene que estar habilitada”, calculan.

Al mismo tiempo, esta semana se creó la Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios, que estará bajo la órbita del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, al menos, en un primer momento.

En tanto, fuentes cercanas a Bullrich aseguraron que la ministra “no dará ni un paso hasta tanto no se firme la transferencia”.

Esa postura parece ser inamovible, aunque los funcionarios porteños pusieron sobre la mesa de negociaciones una salida momentánea que reparta las cargas políticas: que guardias del Servicio Penitencia Federal custodien los presos en la Ciudad. Una propuesta que será difícil que prospere.

La Corte Suprema de Justicia convocó para el miércoles de la semana próxima a una nueva audiencia entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con vistas a generar un acuerdo en el marco de la causa por el conflicto de coparticipación entre Ciudad y Nación que nació en el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, las aguas siguen divididas.

Según la documentación, a la que accedió Infobae, la administración porteña se queja de que la transferencia de fondos no es diaria y se está incumpliendo la orden dada por el máximo tribunal en diciembre del 2022. En cambio, el designado de Javier Milei subraya que ya se le entregó desde agosto unos 100 mil millones de pesos pese a “la ruinosa situación económica-financiera heredada”. También pidió que la Corte Suprema revoque el porcentaje que le ordenó pagar por “infundado y excesivo”.

Por instrucciones de los jueces de la Corte, el responsable de la secretaría de Juicios Originarios Alejandro Rodríguez citó “al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al señor Ministro de Economía de la Nación, a la audiencia que se fija para el día miércoles 18 de septiembre de 2024, a la hora 11″, dice la notificación. Se trata de una nueva audiencia en el marco de este conflicto, luego de un encuentro sin avances que tuvo lugar el 22 de agosto pasado.

Todo se enmarca en la demanda que inició el gobierno porteño -encabezado por Horacio Rodríguez Larreta- en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández por tachar de inconstitucional el decreto 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.

La Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

La Corte Suprema no resolvió el fondo de la cuestión, pero a fines del 2022 los jueces hicieron lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. En medio de un juicio político contra los ministros del máximo tribunal, el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió ese fallo y planteó al tribunal una “revocatoria” de su fallo.

Qué dijo el Gobierno

La novedad, según se desprende de la causa, es que el gobierno de Javier Milei mantiene el pedido de esa revocatoria solicitada por la administración anterior. De acuerdo al escrito incorporado este martes a la causa, los abogados Alejandro Lannegrasse y Carlos Pistarini, en representación del Estado Nacional –Ministerio de Economía hicieron saber que mantenían el pedido de revocatoria, “en especial en lo que atañe al porcentaje dispuesto” por la Corte de 2,95%, que “esta parte considera infundado y excesivo en el marco de las pretensiones expuestas por ambas partes”.

Tal como lo planteó la administración de Alberto Fernández, el gobierno nacional sostuvo que ese porcentual “no encuentra sustento en razonamiento alguno; no existe informe documentado en las presentes actuaciones, ni pericia producida –en esta etapa preliminar- que justifique la concesión de tal coeficiente” y se señaló que al disponer esa medida se “ha incurrido en un exceso jurisdiccional”, afirma el documento al que accedió Infobae.

No obstante, el Estado Nacional afirmó que “a partir de agosto de 2024 el Estado Nacional comenzó a realizar transferencias presupuestarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en concepto de pagos a los fines de completar el 1,55% adicional establecido por la Medida Cautelar” y destacó que esas transferencias “permiten completar la diferencia entre el 1,4% transferido diariamente de manera automática por el Banco de la Nación Argentina con arreglo al coeficiente de coparticipación de impuestos por la ley 23.548 y el 2,95% establecido en la medida cautelar”. Describió que “el procedimiento consiste en adelantar en cuotas partes semanales automáticas, todos los últimos días hábiles de cada semana”.

Así, señaló, durante agosto 2024, la estimación inicial del 1,55% había arrojado un número del orden de $85.643.000.000. “En función de las estimaciones de recursos, todos los viernes de agosto se transfirió a la CABA $20.000 millones semanales, totalizando un monto mensual de $100.000 millones. El monto resultante del cálculo del 1,55% por recursos efectivamente transferidos por Coparticipación Federal, para todo el mes de agosto ascendió a $89.560.597.699,16. Esto representó un ingreso adicional y por adelantado para la CABA, por las transferencias automáticas enviadas por el Estado Nacional durante el citado mes de agosto de $10.439.402.300,84″.

La presentación afirmó que “en posteriores meses, seguirán haciéndose pagos semanales de $20.000 millones que será ajustado mensualmente en base a las diferencias que surjan entre el cálculo del 1,55% de la masa coparticipable y los pagos efectivamente realizados durante el último mes cerrado”.

“Hoy y sin perjuicio de la ruinosa situación económica-financiera heredada, el gobierno nacional implementa políticas económicas a efectos de poder cumplir con los compromisos y evitar una situación disruptiva siguiendo un camino de fortalecimiento de la recuperación y recomposición de las cuentas públicas. En virtud de ello y sin perjuicio de la revocatoria pendiente de resolución, esta parte entiende que corresponde modificar el punto II de la parte resolutiva de la sentencia cautelar dictada el 21-12-2022. La carga de deuda heredada es insostenible”, aseguró.

Y agregó: “Para tomar dimensión de la crítica situación financiera, el Estado Nacional no puede comprometer más recursos de los que corresponden por los servicios de seguridad transferidos a la CABA. Lo responsable es llegar a un acuerdo que sea sustentable. Cumplir la medida cautelar en la forma que fue dictada sería un verdadero ajuste para nuestro país que implicaría hoy, por ejemplo, reducir asignaciones, programas sociales y partidas asociadas a la Salud y Educación, Justicia y Seguridad; implicaría lisa y llanamente reducir el presupuesto anual como así también todo tipo de transferencias corrientes a Provincias y Universidades”.

Qué dijo la Ciudad de Buenos Aires

Pero la gestión de Jorge Macri también hizo su planteo ante la Corte Suprema. Y advirtió que al día de hoy “se mantiene el incumplimiento del Estado Nacional a la medida cautelar” dispuesta por ese tribunal en diciembre del 2022. En su escrito, al que accedió Infobae, la Ciudad sostuvo que “las transferencias efectuadas han continuado siendo por un monto en peso equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en la artículo 2 de la ley 23548 y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”. A ello le sumó que “el Estado Nacional ha efectuado durante el mes de agosto del 2024 cinco depósitos parciales” por un total 100.000 millones de pesos “en forma en inconsulta y sin consenso alguno”.

En su presentación, los abogados de la Procuración General de la Ciudad afirmaron que la suma nominal entregada desde el dictado de la cautelar asciende a $976.119.385316,96. “Es decir que aún con el pago discrecional efectuado el Estado Nacional la adeudaría al GCBA la su nominal de $876.199.385.316,96, ello sin perjuicio de reiterar que los pagos efectos serán imputados en nuestra calidad de acreedores a los intereses generados en la deuda existente desde el dictado de la medida cautelar”.

“No requiere demasiado esfuerzo advertir que el Estado Nacional continúa incumpliendo deliberadamente la medida cautelar ordenada en la causa”, afirmó. Y sostuvo que la administración central, desde que la Corte Suprema se pronunció, “hizo una interpretación sesgada” del fallo. Así, advirtió que no se puede “tolerar esta incumplimiento y el mecanismo arbitrario someter a CABA a la decisión unilateral de la Nación respecto de recursos que legítimamente le corresponden”.

La Ciudad afirmó así que “la actitud renuente del Estado Nacional provoca serios y graves perjuicios a la finanzas” de CABA, subrayó que de “acumular una deuda del orden de los 5 billones de pesos aproximadamente no es el único perjuicio” y señaló que “las transferencias discrecionales en lugar de automáticas de acuerdo con la ley generan varios perjuicios” que provocan “incertidumbre financiera”, “dependencia política”, “inequidad y falta de transparencia”, “impacto en servicios públicos” y “desigualdad regional”, además de afectar la capacidad de endeudamiento de la ciudad. Por eso reclamó que tenga por acreditado el incumplimiento y se intime al Banco Nacional a que dé “operatividad al punto 2 de la sentencia para que cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo” fijado.

La tregua duró poco. Jorge Macri y Javier Milei habían llegado a un acuerdo el martes por el traspaso de la competencia para administrar 31 líneas de colectivo que circulan en territorio porteño. Hicieron una foto con sus pulgares hacia arriba y las tensiones se aliviaron. Pero ese era la primera de dos grandes discusiones; la segunda era el litigio sobre la coparticipación que la Nación debe pagarle a la Ciudad para cumplir con una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Tras una audiencia de partes, el Jefe de Gobierno envió anoche a última hora un escrito al máximo tribunal en el que señaló que “persiste el incumplimiento” de la Casa Rosada, exigió la intimación al Banco Nación para acatar el fallo y habló de “conducta contradictoria” por parte del Estado.

El documento que presentó el GCBA ante el Máximo Tribunal, al que accedió Infobae, tuvo lugar luego de la audiencia informativa del 22 de agosto a la que el tribunal citó a las partes para tantear la situación. Es que Jorge Macri exigía desde principios de año que el Gobierno cumpla el fallo que los cortesanos emitieron el 21 de diciembre de 2022, en el que establecieron que la Nación debe pagarle un 2,95% de coparticipación a los porteños en forma “diaria y automática” por transferencias del Banco Nación.

Pese a la molestia por el litigio sobre la coparticipación, Macri busca no dinamitar los puentes de diálogo con Balcarce 50. Hoy estuvo nuevamente en la Casa Rosada, reunido con Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete. Acompañado por Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, para avanzar en un acuerdo con Nación para expulsar de Argentina a los extranjeros que cometan delitos de la Ciudad. El convenio agiliza el intercambio de datos migratorios entre ambas jurisdicciones.

A finales de julio, Macri se reunió con Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación que comanda las negociaciones en nombre de Milei, y llegaron a un principio de acuerdo. El funcionario prometió que empezarían a pagar. Lo hicieron. Pero mediante transferencias discrecionales de $20 mil millones por semana, todos los viernes. La Ciudad, entonces, recogió el guante e insistió con el reclamo. El alcalde porteño considera que la forma de pago “incumple” con lo ordenado por la Corte Suprema.

Durante la última audiencia en la Corte hubo una discusión en duros términos entre Jorge Macri y los representantes del Gobierno. Caputo no pudo asistir y envió a Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación. Al finalizar, el máximo tribunal les dio a las partes 10 días hábiles para enviar un escrito informativo argumentando sus posiciones. El plazo final para esa presentación es este jueves. Infobae contactó a fuentes del Poder Ejecutivo y aún no confirmaron si el escrito está listo y presentado.

De todos modos, la Nación mantiene la misma postura. Caputo alega que están pagando -con las transferencias de los viernes-, asegura que el monto corresponde a la cifra indicado. Sin embargo, cuestionan el 2,95% que dispuso la Corte Suprema. Estiman que ese porcentaje surge de un cálculo arbitrario. Lo particular, analizan en Uspallata, es que los fallos del máximo tribunal se pueden opinar, pero se deben cumplir.

El Gobierno nacional señala que está cumpliendo el fallo. “Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es la que la Nación paga semanalmente en lugar de por goteo diario”, explican en el equipo de Caputo. La Casa Rosada no está de acuerdo con el cálculo del 2,95%. Milei y Caputo estiman que ese porcentaje debería ser “sustancialmente menor” y evalúan que el guarismo está hecho en base a ecuaciones “arbitrarias”. En relación con el dinero que le envían a Uspallata cada viernes, aclaran que “los pagos son cancelatorios de la cautelar”

La respuesta de la Ciudad la elaboró el equipo jurídico con aval político de Jorge Macri. Trabajaron en el tema Martín Ocampo, procurador General de CABA, y los abogados Adriana Boskovich, Fernando Ocampo, Antonio María Hernández y Germán Krivocapich.

En el escrito, la Ciudad exige que “se cumpla en el porcentaje, forma y tiempo”, reitera que “persiste el incumplimiento” y ordena la ejecución “inmediata” mediante embargo. Según los cálculos del equipo de Jorge Macri, el Gobierno está pagando una cifra que equivale al 1,4% de coparticipación y no al 2,95% que establecieron los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, y Carlos Maqueda.

Respecto a los cinco pagos que Nación hizo desde agosto, la Ciudad sostiene que fue “en forma inconsulta y sin consenso alguno por parte” del gobierno porteño. Y acusa de “indudable flagrancia en el incumplimiento”. Además, considera que la Casa Rosada aplicó una “decisión unilateral” y que “el Estado hizo una interpretación sesgada” de la cautelar de la Corte.

En ese sentido, en el escrito de CABA se enumeran una serie de “serios y graves perjuicios” a las finanzas porteñas por el “incumplimiento” del fallo. Señala que las consecuencias generan “incertidumbre financiera, dependencia política, inquietud y falta de transparencia, impacto en servicios públicos y desigualdad regional”. Jorge Macri le insiste a Caputo en que la deuda contraída, y la falta de automaticidad en los pagos, le “afecta la capacidad de endeudamiento”.

Cabe recordar que en el fallo de 2022, la Corte resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Kicillof.

La deuda acumulada de aproximadamente 4.000 millones de dólares por la falta de pago de los fondos de coparticipación es el punto crítico en la disputa entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Este conflicto, que tomó un nuevo giro tras la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, sigue elevando las tensiones entre ambas administraciones.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la situación y señaló la importancia de cumplir con la devolución de los fondos recortados durante la gestión de Alberto Fernández. El mandatario destacó que hace 47 meses que no se reciben pagos de coparticipación, problema iniciado con Fernández y que aún persiste.

Jorge Macri explicó que, aunque el gobierno de Javier Milei comenzó a abonar los fondos en agosto, la modalidad de pago no respeta el fallo de la Corte Suprema, resultando en un esfuerzo insuficiente por parte del Gobierno Nacional. El líder porteño expresó la necesidad de recibir los pagos de manera diaria para garantizar la certeza y cumplimiento del fallo judicial, condiciones esenciales para la estabilidad económica de la Ciudad.

“Con un cambio importante, este es un gobierno que siempre dijo que teníamos derecho al reclamo y que iban a tratar de pagar. A partir de agosto empezaron a pagar, pero con una modalidad que no respeta el fallo de la Corte. Con lo cual, también reconozco que empieza a haber un esfuerzo del Gobierno Nacional pero todavía hay un incumplimiento del fallo”, detalló Macri en declaración a LN+.

Además, el jefe de gobierno porteño detalló los impactos de esta deuda en la administración local, enfatizando la importancia de estos recursos para las obras y servicios públicos que benefician tanto a los residentes de la Ciudad como a los argentinos que la visitan. Señaló que la modalidad de pago propuesta por el Gobierno Nacional no aborda correctamente la magnitud de la deuda acumulada, la cual asciende a miles de millones de dólares, ya que se calculan entre 60 y 100 millones de dólares mensuales más las respectivas actualizaciones.

“Estamos hablando de un monto descomunal, pero ese es un capítulo aparte que ya hemos hablado con el Gobierno nacional que nos sentaremos a buscar un acuerdo o la Corte fallará”, agregó Macri.

En la audiencia mantenida la semana pasada en el Palacio de Tribunales, Macri resaltó que el Gobierno Nacional argumentará la irrelevancia de la forma de pago, mientras que la Ciudad defenderá la importancia de seguir lo dictado por la Corte Suprema. Además, destacó que la falta de cumplimiento del fallo judicial menoscaba las certezas económicas y desincentiva la inversión en el país.

Finalmente, el jefe de Gobierno porteño señaló que, sin llegar a un acuerdo, se confiaba en que la Corte Suprema determinaría la resolución final para dirimir este conflicto. Macri subrayó la necesidad de un ingreso mensual previsible para mantener los proyectos y servicios de la Ciudad, afirmando que la responsabilidad compartida de los porteños y del gobierno local debe ser respaldada económicamente para asegurar su continuidad y desarrollo óptimo.

La Ciudad le reclama a la Nación que le pague por goteo diario un 2,95% de coparticipación federal. Se basan en la acción cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión de Alberto Fernández, el expresidente, cuando en plena pandemia le detrajo fondos a los porteños para financiar parte de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un gesto hacia Axel Kicillof.

Macri y Caputo se reunieron por última vez en julio. Según fuentes de ambas partes, los dirigentes acordaron cumplir los parámetros de la acción cautelar de la Corte. Sin embargo, la Ciudad se quejó luego porque el Gobierno se apartó de su palabra. En vez de comenzar en agosto con el goteo diario del 2,95% por coparticipación, el Ministerio de Economía, a través del Banco Nación, le giró a Uspallata $20 mil millones por semana. De forma discrecional, Nación le envía cada viernes a Jorge Macri una transferencia por ese monto.

Jorge Macri se reunirá hoy cara a cara con Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, para dirimir el litigio por la coparticipación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado central. Será en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una medición a la que el máximo tribunal citó a las partes para buscar un puente que destrabe el conflicto. El encuentro tendrá lugar en medio de la tensión entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei. No obstante, ambos bandos coinciden en que el problema no es político sino jurídico y financiero.

De todos modos, el escenario político en el que se produce la reunión es insoslayable. La Ciudad le reclama a la Nación que le pague por goteo diario un 2,95% de coparticipación federal. Se basan en la acción cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión de Alberto Fernández, el ex Presidente, cuando en plena pandemia le detrajo fondos a los porteños para financiar parte de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un gesto a Axel Kicillof.

Macri y CCaputo se reunieron por última vez en julio. Según fuentes de ambas partes, los dirigentes acordaron cumplir los parámetros de la acción cautelar de la Corte. Sin embargo, la Ciudad se quejó luego porque el Gobierno se apartó de su palabra. En vez de comenzar en agosto con el goteo diario del 2,95% por coparticipación, el Ministerio de Economía, a través del Banco Nación, le giró a Uspallata $$20 mil millones por semana. De forma discrecional, Nación le envía cada viernes a Jorge Macri una transferencia por ese monto.

El equipo económico y jurídico de Jorge Macri cuestionó a Caputo y envió una notificación para quejarse ante la Corte Suprema. Si bien Nación envía esa suma todos los viernes, la Ciudad rechaza el mecanismo de pago. Exige que las transferencias no sean discrecionales, sino por goteo diario, con el guarismo que estableció el fallo del máximo tribunal.

Nación alega que tienen voluntad de pago y que hacen envíos semanales porque el fallo “no fue taxativo” respecto al mecanismo. Jorge Macri, en cambio, discrepa con ese planteo. Insiste en aplicar el concepto de goteo diario. No sólo eso, sino que la estrategia de la Ciudad es tomar los fondos semanales que envía la Nación en concepto de pago a cuenta de la deuda.

Es que desde diciembre de 2022 hasta ahora, por incumplir el fallo, el Estado central acumula una deuda mil millonaria. Según los cálculos del Gabinete de Jorge Macri, esa suma alcanza los 4 mil millones de dólares. Es, a todas luces, imposible de pagar de una vez para Milei. Por eso, el Jefe de Gobierno porteño pretende que se retome el pago del goteo diario, conforme indicó la Corte, y se avance en una conversación -con menos premura- para negociar el modo de saldar el monto en mora.

Jorge Macri reunió ayer a las 14 en Uspallata a su mesa chica para analizar la situación y diseñar la estrategia que presentarán hoy ante la Corte. En tanto que Caputo siguió de cerca el tema a través de Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Valeria Sánchez, subsecretaria de Relaciones con las Provincias, los funcionarios de su equipo que instruyó como negociadores y revisores técnicos del litigio.

Jorge Macri se llegará hoy a la Corte acompañado por Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, jefe de Gabinete porteño, y Martín Ocampo, Procurador de la Ciudad, que oficiará de patrocinador del Jefe de Gobierno. Se espera que Caputo arribe junto a Guberman y Sánchez.

En tanto que por la Corte no estarán los jueces, sino el secretario Alejandro Rodríguez, quien será el encargado de llevar adelante la audiencia y enviar, luego, un informe a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y los cortesanos Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Cabe recordar que en el fallo de 2022, la Corte resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Kicillof.

En cualquier escenario, Uspallata sostendrá su planteo de fondo para recuperar el 3,4% de fondos coparticipables que percibían antes de la medida de Alberto Fernández en pandemia.

La Corte Suprema de Justicia convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para participar de una audiencia el próximo 22 de agosto en el marco de la causa por el conflicto de coparticipación entre Ciudad y Nación que nació en el gobierno de Alberto Fernández, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Según pudo confirmar Infobae, la reunión, de la que no participarán los jueces del máximo tribunal, será encabezada por el secretario de Originarios de la Corte Suprema Alejandro Rodríguez. Fue fijada para el próximo 22 de agosto de 2024, a las 11.

Todo se enmarca en la demanda que inició el gobierno porteño en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.

Puntualmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

A fines del 2022, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548, que le fuera reducida primero por un Decreto del Presidente Alberto Fernández, y luego por ley sancionada en el Congreso de la Nación. A inicios del 2023, el Gobierno Nacional impulsó un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y el fallo no fue acatado.

Con la gestión de Javier Milei, el gobierno de Jorge Macri esperó avances en las negociaciones. Recién hubo novedades el 19 de julio pasado cuando tanto Caputo y Jorge Macri mantuvieron una reunión en la sede del Palacio de Hacienda. “A partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”, dijo Macri en la puerta del ministerio, tras el encuentro con la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, por el gobierno nacional, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.

Sin embargo, ese compromiso se cumplió de una manera que el gobierno porteño no estaba de acuerdo. Según señalaron desde ése área, hay tres puntos clave. En primer lugar, Nación decidió que la diferencia entre ambos porcentaje se pagará de manera semanal y no por “goteo” diario, como lo dispuso la sentencia de la Corte Suprema que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner incumplió. Es un esquema con el que CABA no está de acuerdo, porque considera que debe respetarse el sistema vigente para todos los distritos, es decir mediante transferencias diarias. La administración central quiere, además, transferir el monto extra no como parte del volumen total de la coparticipación, sino como una trasferencia aparte que de manera discrecional se asigna a las arcas porteñas. Y porque todavía no se presentó ningún borrador para devolver unos USD 4.000 millones que fueron retenidos por la Presidencia anterior.

Lo cierto es que el jueves pasado la Procuración porteña le mandó una nota a la Corte Suprema en la que se plantea que la Nación persiste en el incumplimiento y también se reitera el urgente pedido de efectivización de la medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional cumplir con el “goteo” automático del 2,95% de los fondos coparticipables, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. El último viernes, Nación volvió a transferir “de manera discrecional, unilateral e inconsulta” otros 20 mil millones de pesos, trascendió.

En ese contexto, llega la convocatoria de la Corte Suprema, vía la secretaría de asuntos originarios, para que las partes se encuentren en un ámbito de mediación. Así como sucedió durante las audiencias que tuvieron lugar cuando se inició la causa, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta, los jueces de la Corte Suprema -que resuelven sobre el fondo de la cuestión sin no hay acuerdos- no estarán presentes en esas disertaciones.

“A principios de año, Toto fue muy claro: dijo que nos iba a paga. No entiendo qué pasó”. Toto es Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Y la frase pertenece a un dirigente que frecuenta a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. El contexto es la disputa entre la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Nación por los fondos de la coparticipación a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de Uspallata. Pero esta semana surgió un capítulo más que escaló la tensión entre el alcalde y el Presidente de la Nación, Javier Milei: la Casa Rosada anunció que le quitarán los subsidios a los colectivos que circulan por CABA.

Son discusiones de gestión que serían algo de paso si se ignora los roces entre el PRO y el Gobierno de los últimos días. El relanzamiento político que encabezó Mauricio Macri fue con críticas al “entorno” y el “equipo” de Milei. El Gabinete lo recibió mal y en el macrismo conocen que puede haber réplicas. No leen, no obstante, de forma linean la disputa por el litigio de la coparticipación y los subsidios al transporte. Sólo que no pueden desconocer el contexto en el que esos asuntos tienen lugar. Es un momento de tensión entre el partido amarillo y los libertarios. Cada pinchazo nuevo sólo aumenta esos roces.

A principios de año, Caputo recibió a Jorge Macri en su despacho del quinto piso del Palacio de Hacienda. Fue el 4 de enero. El ministro se comprometió a cumplir con la decisión de la Corte Suprema el 22 de diciembre de 2022, a través de una acción cautelar. El máximo tribunal resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Axel Kicillof.

Durante la reunión con Macri, Caputo aseguró que el Gobierno cumpliría el fallo, pero pidió tiempo. La Ciudad lo dio. Pero pasaron ocho meses y aún esperan el dinero. En el último conclave que ambos tuvieron, el 2 de agosto pasado, el ministro de Economía se comprometió a acatar la sentencia y retomar el goteo diario de 2,95% de coparticipación para la Ciudad. En paralelo, quedaba discutir un acuerdo sobre qué hacer con la deuda acumulada a lo largo de estos meses: En esa cifra alcanzó los 4.600.000 millones de dólares.

Sin embargo, Nación no cumplió lo acordado. Pasó una semana y sólo le transfirió a la Ciudad $20.000.000 el último viernes. Jorge Macri tomó ese dinero a cuenta de la deuda acumulada desde diciembre de 2022. Porque el goteo del 2,95% debe ser diario y no es un número redondo.

Milei no está dispuesto a sacrificar la meta fiscal. Es el eje que sostiene su programa económico. Caputo analizó los números con su equipo y estimó que afrontar el goteo diario de la coparticipación de la Ciudad no altera ese horizonte. El problema habilita un artilugio más jurídico que económico. Los asesores legales de Jorge Macri leen entre líneas que el Gobierno busca seguir discutiendo el guarismo a coparticipar a los porteños. Si en vez de hacer un pago semanal realizan el goteo diario, sería asumir el 2,95% dispuesto por la Corte. En cualquier escenario, Uspallata sostendrá su planteo de fondo para recuperar el 3,4% de fondos coparticipables que percibían antes de la medida de Alberto Fernández en pandemia.

Mientras tanto, ambas partes diseñaron una mesa técnica para seguir el tema y buscar una solución. La integran Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de la Ciudad, y Valeria Sánchez, subsecretaría de Relaciones con las Provincias.

En el macrismo hay enojo con la Casa Rosada por esta situación, pero de momento no lo relacionan directamente con el choque entre Macri y el entorno presidencial. Santiago Caputo, asesor y estratega de Milei, y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, son las personas más poderosas del Gobierno, casi a la par del propio Presidente. Tienen enorme incidencia en todos los temas y decisiones. Así y todo, Jorge Macri no cree se trate de una presión de Balcarce 50 a la Ciudad como represalia a los dichos del ex Presidente.

La nueva disputa: colectivos

Como si esto fuera poco, esta semana se sumó el anuncio de Nación de quitarle el subsidio a los 31 colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Lo comunicó Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, ligado al cordobesismo de Juan Schiaretti. El funcionario puja para que todas las provincias equiparen la tarifa de colectivo.

Durante una exposición en la Cámara de Diputados de la Nación, Mogetta anunció el martes que la Ciudad debía hacerse cargo del 100% de los subsidios de la tarifa de los 31 colectivos que circulan en el perímetro porteño. Y al día siguiente envió una notificación formal a Uspallata.

Jorge Macri recibió con fastidio la noticia. Instruyó a Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de quien depende el área de Transporte, a que elabore una respuesta. Mientras que el equipo de legales de la Ciudad contribuyó como soporte jurídico. “Corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, sostuvo el Gobierno porteño en la nota que remitió a Caputo y Mogetta.

El argumento de Jorge Macri es que el servicio de colectivos de pasajeros que circula en la ciudad depende exclusivamente de Nación. Que se solventa mediante un fideicomiso a través del cual financian a las empresas que ejecutan el servicio. La Ciudad alega, en ese sentido, que al Estado central le corresponde determinar el régimen tarifario y el mantenimiento de todo lo que hace al funcionamiento de ese medio de transporte público.

De fondo, la idea de Jorge Macri es exigir que la Nación realice un traspaso de competencia a la Ciudad para afrontar la quita de los subsidios. No obstante, rechazan hacerlo de manera aislada e intempestiva. El PRO coincide, desde hace años, en presionar para que el Gobierno federal avance con el traspaso de competencias en varias áreas y materias. Es, de fondo, una disputa por la autonomía de la Ciudad, que quedó trunca en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional. El macrismo pretende el traspaso de la justicia laboral, el puerto, la Terminal de Retiro, además del servicio de colectivos, entre otros temas.

Como contaron Mariano Boettner y Agustín Maza en Infobae, actualmente el financiamiento es mixto: el 55% desde CABA y el 45% del Tesoro nacional. Pasado a números: el costo que Transporte nacional quiere dejar de cubrir son los $7.000 millones que destina a subsidiar ese 45% que le toca a la Nación. Las líneas que atraviesan la avenida General Paz y que además de la Ciudad recorren municipios del Conurbano bonaerense, tienen subsidios cubiertos enteramente por la Nación.

Por ahora, el boleto de colectivo en la Ciudad cuesta en torno a $300, según la distancia del recorrido de cada pasajero. Si se quitasen los subsidios, la tarifa escalaría a, por lo menos, $850. Se trata de un monto similar al que se abona en el resto del país.

Uspallata considera que es “injusta” la posición de “tirarles por la cabeza” el federalismo. Ahí surge, de nuevo, las tensiones políticas existentes entre el PRO y el Gobierno. En caso de no encontrar un punto común, Jorge Macri instruyó al radical Martín Ocampo, Procurador General de la Ciudad, para avanzar con presentaciones judiciales en ambos frentes: tanto sobre la coparticipación como en el tema subsidios a los colectivos.

Esta semana, Ocampo anticipó a través de su cuenta de X que la Ciudad presentaría el martes ante la Corte Suprema un nuevo reclamo por la coparticipación. “El Gobierno debe cumplir con su palabra de aceptar el fallo y transferir el porcentaje de coparticipación federal que corresponde, no el que se le antoje”, lanzó el abogado cercano a Daniel Angelici. Minutos después, el tuit fue borrado. Jorge Macri apeló a la templanza para evitar que la disputa escale.

En el gobierno porteño hubo sorpresa y preocupación en las últimas horas. Es que agosto llegó con menos recursos de la coparticipación de los que se esperaban. El ministro de Economía, Luis Caputo, se había comprometido a empezar a pagar este mes el 2,95% de estos fondos federales que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, solo se transfirió el 1,4% que venía liquidando el gobierno de Alberto Fernández.

“Quiero creer que es solamente un tema de implementación. Pero hoy sí, primero de agosto, debería haber estado ya el 2,95 como índice de transferencia”, dijo ayer el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Debería haber empezado el goteo, no ocurrió, se armó un gran revuelo con eso pero confío en la palabra de Caputo y el Presidente”, agregó en una entrevista en el canal de noticias TN.

El pasado 19 de julio, hubo una reunión en la que Jorge Macri y Luis Caputo acordaron de palabra que la cuestión empezaría a resolverse. Se trata de un conflicto que se remonta desde la gestión del Frente de Todos, cuando Alberto Fernández resolvió en septiembre de 2020 bajar los recursos de la coparticipación de CABA del 2,95 a 1,4 por ciento. Redirigió esos fondos a la provincia de Buenos Aires, al argumentar que existía un reparto perjudicial hacia aquella jurisdicción. En ese momento, el gobernador Axel Kicillof enfrentaba una airada protesta de la Policía Bonaerense.

El gobierno anterior nunca cumplió el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 22 de diciembre de 2022. Y si bien hubo momentos de tensión y “difíciles” con el gobierno de Javier Milei por este tema -incluido un reproche del propio Mauricio Macri- en las últimas semanas se empezó a avanzar en un esquema de resolución.

Tanto desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del ministerio de Economía confirmaron a Infobae que hoy habrá una reunión entre el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien reporta a Caputo; y el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo. Desde las dos partes aseguran que hay voluntad política para destrabar el asunto.

“El compromiso se va a cumplir”, deslizaron desde la cartera nacional.

Lo cierto es que había causado sorpresa en las filas del jefe de Gobierno porteño que hayan ingresado menos recursos de los prometidos. El contexto político era sugerente. Todo ocurrió después de la reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei, que se extendió por cuatro horas en la Quinta de Olivos, y antes del relanzamiento del PRO que hizo el ex mandatario en La Boca, donde expresó algunas diferencias con la marcha de la gestión libertaria.

Con la quita de la coparticipación federal, la Ciudad dejó de percibir más de 4,8 billones de pesos. Es una caja que representaba el 25% del total de los ingresos del distrito, y que según los cálculos actuales porteños, son alrededor de 90 millones de dólares por mes.

Tras el último principio de entendimiento, Jorge Macri reconoció que Caputo y Milei recibieron un problema “heredado” y confía que junto a Nación presentarán un acuerdo formal de pago ante la Corte Suprema. “En definitiva es lo que nos va a dar la tranquilidad a todos”, sostuvo el alcalde porteño.

La caída de la coparticipación federal

Los recursos coparticipables es un problema de arquitectura jurídica y financiera estructural que atravesaron a todos los gobiernos de los últimos años, pero que suma una dificultad adicional en la era Milei. En la campaña de 2023, el libertario incluso prometió eliminar estas erogaciones.

La coparticipación federal de impuestos finalmente no se eliminó, pero sí tuvo una fuerte baja ante la recesión y la caída de la actividad económica. En términos reales bajó 8,8% en todas las provincias, según el análisis realizado sobre el primer semestre la Oficina del Presupuesto del Congreso. Al analizar el conjunto de las transferencias automáticas desde Nación, la baja se redujo un 12,2% considerando hasta el mes de junio.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que, en julio, la disminución en términos reales de la coparticipación llegó al 16,6 por ciento. Según el último informe al respecto, la recaudación por IVA cayó 11,6% en términos reales, mientras que el Impuesto a las Ganancias se redujo 23,9%.

Las provincias más afectadas de acuerdo a este centro es Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, que se situaron a la cabeza del este retroceso con una pérdida del 19,2%. El promedio de los distritos se ubicó en torno al 17,4%.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri contó que la administración financiera se complicó cuando el Gobierno quitó las Leliqs del mercado. Es que se había implementado un impuesto para esas operaciones, en reemplazo a la eliminación del tributo a las tarjetas de crédito, la principal vía de recaudación que compensó la caída de los fondos coparticipación durante la gestión anterior.

Ante esa dificultad, el jefe de Gobierno le insistió a Caputo semanas atrás que comience a implementar el fallo de la Corte. “Le dije: ´Mirá, hasta acá aguantamos nosotros, ahora pedile a otros´. La Ciudad no puede seguir haciendo este esfuerzo”, retrató Jorge Macri el tenor de esas conversaciones.