El 22 de septiembre de 2009 en el zoológico de Miami, Estados Unidos nació el águila harpía Panamá, que recibió su nombre como homenaje a la nación panameña.

En junio de 2013 llegó al Jardín Botánico Summit, en ciudad de Panamá, donde continúa bajo atención especializada.

La protección legal del águila harpía quedó establecida mediante la Ley No. 18 del 10 de abril de 2002, publicada en la Gaceta Oficial No. 24.530.

El tercer artículo de la norma contempla multas de hasta $5.000 para quienes capturen, trafiquen, dañen o maten águilas harpías adultas, sus crías, huevos o nidos.

La declaración de esta especie como emblema nacional reforzó la necesidad de proteger sus poblaciones silvestres. La sanción abarca tanto a los ejemplares adultos como a las etapas iniciales de reproducción, que resultan necesarias para la continuidad de la especie.

El águila harpía puede pasar inadvertida pese a su tamaño, ya que se caracteriza por ser silenciosa. Los habitantes de las zonas próximas a su distribución tienen mayores posibilidades de encontrarla y aportan información de utilidad para los biólogos.

Isabelle Beuret, veterinaria del Jardín Botánico Summit, explicó a los medios de comunicación que la fecha tiene un significado especial por tratarse del ave nacional panameña.

El águila harpía que vive en el parque se encuentra bajo un régimen de préstamo, debido a la condición amenazada de la especie.

Esa situación exige controles específicos para preservar su bienestar durante la permanencia en el Jardín Botánico Summit.

La historia del ejemplar permite vincular una celebración puntual con la protección de la fauna nativa. El parque pretende que los visitantes conozcan las razones por las que la conservación del águila harpía también involucra a los ambientes donde obtiene alimento y construye sus nidos.

Beuret sostuvo que el ave integra la biodiversidad del país y cumple una tarea dentro de la cadena alimentaria. La veterinaria advirtió que la desaparición de la especie puede afectar el equilibrio de los ecosistemas que habita.

“Ella hace parte del ecosistema, de la biodiversidad de nuestro país”, afirmó, quien añadió que su función como depredadora permite regular poblaciones de otras especies.

La especie habita bosques tropicales húmedos de tierras bajas, por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar, desde el sur de México hasta el norte de Argentina.

En Panamá, aparece en regiones montañosas del Caribe que aún conservan extensiones boscosas. Los registros históricos mencionan presencia de águilas harpías en Almirante, en Bocas del Toro; Boquete, en Chiriquí, y Chilibre, en Panamá. Actualmente, su distribución se limita a áreas boscosas del Parque Nacional Darién, el Parque Nacional Chagres, la comarca de Kuna Yala y el Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro.

Algunos estudios citados sobre la especie indican que puede tolerar transformaciones humanas del paisaje, como las destinadas a agricultura, ganadería y reforestación. Esa capacidad depende de que se mantenga una extensión de bosque cercana que le permita alimentarse y anidar.

Los nidos registrados en la provincia de Darién proceden de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién. En ese sector ya existen comunidades establecidas, lo que refuerza la necesidad de compatibilizar la presencia humana con la preservación del bosque.

El águila harpía alcanza hasta 2,24 metros de envergadura. El macho puede medir hasta 0,96 metros y pesar unos 6,35 kilogramos (14 libras), mientras que la hembra llega a 1,08 metros y a cerca de 8,16 kilogramos (18 libras).

Los pichones pesan aproximadamente 96 gramos. Durante la etapa juvenil, presentan plumaje blanco y, con el crecimiento, adquieren tonalidades grises en la cabeza, el cuello y el pecho.

Después de los cuatro años, los ejemplares comienzan a adoptar el aspecto propio de los adultos. Estos tienen cresta negra con dos puntas, pico negro, cabeza y cuello grises, pecho oscuro, abdomen blanco y patas amarillas.

El cumpleaños de Panamá reunirá esos elementos en una jornada dirigida al público. La actividad buscará celebrar la vida del ejemplar y recordar que la preservación del águila harpía depende de proteger los bosques donde aún sobrevive.

Panamá se prepara para la implementación del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés).

El acuerdo fue adoptado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y su puesta en marcha responde a la voluntad del país de proteger los océanos y fortalecer la gobernanza internacional de la alta mar.

Se explicó que el proceso reunirá a instituciones nacionales, comunidades, pueblos indígenas, sector privado, academia y sociedad civil para construir una hoja de ruta común que garantice el aprovechamiento responsable de los recursos marinos para las generaciones presentes y futuras, en línea con la visión del país de impulsar una economía azul sostenible.

La iniciativa cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) como agencia implementadora a nivel regional y con la Fundación MarViva como socio local para su ejecución en el país.

El Pnuma destacó que la participación de Panamá en esta iniciativa demuestra el liderazgo que ejerce el país en materia de conservación marina. Además, señaló que las actividades habilitantes permitirán fortalecer las capacidades nacionales, ampliar la cooperación regional y generar las condiciones necesarias para una implementación efectiva del Acuerdo BBNJ en beneficio de la biodiversidad marina global.

Katherine Arroyo, directora ejecutiva de la Fundación MarViva, indicó que formar parte de este proceso como socio local reafirma el compromiso de la organización con una gestión responsable de los océanos.

Agregó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la preparación de Panamá en materia de gobernanza oceánica, investigación, desarrollo de marcos legales y coordinación interinstitucional e intersectorial, además de respaldar a los actores involucrados en la toma de decisiones sobre la planificación y el ordenamiento de las actividades en alta mar y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

Al ser Panamá una nación marítima y puente de biodiversidad entre dos océanos, se convirtió en el decimocuarto Estado del mundo en ratificar el Acuerdo BBNJ, mediante la Ley N.° 442 de 30 de septiembre de 2024.

El tratado entró oficialmente en vigor el 17 de enero de 2026, tras alcanzar el mínimo de 60 ratificaciones requerido. A la fecha, más de 90 países han ratificado este instrumento internacional.

El Acuerdo BBNJ representa un hito para la gobernanza internacional de los océanos, ya que cerca de dos terceras partes de la superficie marina se encuentran fuera de la jurisdicción nacional de los Estados y solo una pequeña proporción de estas áreas cuenta con protección efectiva.

Estos espacios albergan una extraordinaria biodiversidad, gran parte aún por descubrir, cuyos ecosistemas enfrentan crecientes amenazas derivadas de las actividades humanas y del cambio climático.

Entre los principales temas que aborda el Acuerdo BBNJ se encuentran el acceso a los recursos genéticos marinos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización; la cooperación internacional, el intercambio de información y la asistencia técnica y financiera entre los países.

De igual manera, trata temas como la transferencia de tecnología marina y la formación de capacidades; el establecimiento de áreas marinas protegidas y otros mecanismos de ordenamiento en zonas de alta mar; así como la evaluación de los impactos ambientales de actividades, obras y proyectos que puedan afectar la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

El proyecto también aportará a la formulación de recomendaciones y propuestas para actualizar el marco normativo e institucional del país de cara a la implementación del Acuerdo, incorporando una perspectiva de género y promoviendo una gestión sostenible de los océanos.

Asimismo, las actividades respaldarán la ampliación de las competencias técnicas de las entidades públicas vinculadas al medio marino, un paso que contribuirá a mantener la participación activa de Panamá en los espacios regionales e internacionales, de cara a la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo BBNJ, prevista para 2027.

Por cuarto mes consecutivo, en abril las transferencias automáticas de fondos de Nación a provincias cayeron. Lo hicieron en un 3,3% respecto de igual mes de 2025. Fue además, la quinta caída de esos envíos de fondos en los últimos siete meses.

Con todo, la pérdida acumulada respecto de 2025 es aún más marcada si se considera el acumulado del primer cuatrimestre. En ese período, los 23 gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perdieron un 5,7% en relación a lo que habían recibido en los primeros cuatro meses del año pasado.

Medida a precios actuales, dice el informe de Politikon Chaco, una consultora especializada en el seguimiento de los recursos del sistema fiscal federal, la pérdida acumulada de los 24 distritos equivale a $1,39 billones de pesos, esto es, equivalente a casi 1.000 millones de dólares.

De hecho, un gráfico del informe muestra que si se toman las transferencias automáticas de Nación a los 24 distritos en los primeros cuatrimestres de cada año, desde 2018 a la actualidad, los datos de 2024, 2025 y 2026, bajo la gestión de Milei, son tres de los cuatro más bajos de los nueve años considerados.

Sólo los $22,34 billones transferidos automáticamente en el primer cuatrimestre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, fueron inferiores a los $24,3 billones distribuidos por la gestión Milei en igual período de 2025.

A su vez, los fondos enviados de modo automático por la actual administración durante 2024 y 2026 ($21,3 y $22,9 billones respectivamente, siempre a valores actuales) fueron los dos montos más bajos para el cuatrimestre desde 2018, reflejo de la fuerte caída de la recaudación coparticipable tanto a principios de 2024, en los inicios de la gestión Milei, cuando se produjo un fuerte ajuste fiscal y una fuerte caída de la actividad económica, y en igual período de este año, ya agotada la recuperación de actividad que se verificó a partir del segundo trimestre de 2024 y se agotó en el segundo trimestre de 2025.

El mes pasado los envíos por coparticipación alcanzaron los $5.1 billones y su caída se debe a la merma de la recaudación del IVA (-3,3% interanual), Ganancias (-2,5%), Impuestos Internos (-20,7%) y otros tributos coparticipados (-42,3%). Los envíos en razón de leyes y regímenes especiales totalizó $239.352 millones, con un aumento del 7,9% interanual, gracias al aumento de recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (+23,5%) y del Monotributo (+77,3%), que más que compensaron las bajas en Bienes Personales (-15,7%), en el IVA de la Seguridad Social ( 3,3%) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-100,0%). Y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal, otro ítem del complejo sistema de distribución federal de recursos, sumaron $ 269.434 millones, 2,7% menos que abril del año anterior.

De datos tan negativos en el mes resultó que las 24 jurisdicciones subnacionales recibieran el mes pasado, siempre descontada la inflación, menos que en abril de 2025, pero con una diferencia muy grande entre los extremos. Tucumán tuvo la variación más leve (-0,7%) y Salta la más grandes (-11,1%), porque en el primer caso la baja de la coparticipación estuvo en parte compensada con un fuerte aumento de los recursos por Compensación del Consenso Fiscal (+50,1% real), ítem que en Salta por el contrario, se encogió un 51,4%, en parte porque en meses anteriores había jugado a favor. “Esto sucede por los convenios que tienen dichas provincias (Salta aplicable hasta marzo 2026 y Tucumán aplicable ahora), que surgen principalmente del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), explica Politikon.

El aspecto tal vez más sorprendente de los datos de envíos automáticos de fondos de Nación a las 23 gobernaciones provinciales y al gobierno porteño es que, más allá del promedio de caída del 5,7% en el primer cuatrimestre, el distrito menos perjudicado fue la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, principal gobernador opositor al gobierno de Javier Milei, para el que la merma real de recursos (siempre en comparación al primer cuatrimestre de 2025) fue del 4,5%, y el más perjudicado fue el gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, que recibió en el período 7,1% menos de recursos que entre enero y abril del año pasado.

A pocos días de que venza el plazo legal para la presentación del proyecto de presupuesto nacional 2026, el Gobierno ha decidido avanzar con una iniciativa que busca modificar de raíz la dinámica legislativa en materia fiscal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que en breve enviarán al Congreso de la Nación un proyecto de ley denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocido en el ámbito parlamentario como Ley Muralla. Esta propuesta, que aún no ha ingresado formalmente al recinto, pretende establecer restricciones severas a la aprobación de presupuestos deficitarios y endurecer las sanciones para los funcionarios que no respeten el equilibrio fiscal.

El anuncio de Adorni se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcado por la pérdida de control del debate parlamentario por parte del oficialismo, atribuida tanto a errores propios como al impacto de las campañas electorales. Según lo expuesto por el vocero, el proyecto —anticipado por el presidente Javier Milei el 11 de agosto en cadena nacional— tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”. En la práctica, la iniciativa funcionaría como un mecanismo de fiscalización de los proyectos de ley, imponiendo requisitos estrictos que el Congreso debería cumplir para aprobar nuevas normas y estableciendo penas en el Código Penal para los legisladores que los incumplan.

De acuerdo con la explicación de Adorni, la norma estipula que “el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Además, quedaría expresamente prohibida la sanción de presupuestos deficitarios y, en caso de prórrogas presupuestarias, se exigiría al menos un resultado equilibrado. Este endurecimiento de las reglas fiscales se produce cuando restan 17 días para que el Ejecutivo deba enviar el proyecto de presupuesto nacional 2026, una ley que históricamente ha sido objeto de intensas negociaciones y modificaciones, especialmente en lo relativo al reparto de fondos entre provincias, obras públicas y programas nacionales.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. Un diputado opositor cuestionó la iniciativa al afirmar: “Lo que buscan es blindar el presupuesto. ¿Cómo vas a mandar una ley que dice que no se puede legislar si no es en línea con lo que quiere el Ejecutivo? Y, además, que si lo haces vas preso. Es una locura que un diputado o un senador vote esto, lo hacen para generar tensión e intentar cambiar la agenda”. Desde este sector, se interpreta que la propuesta tiene escasas posibilidades de prosperar y que su verdadero propósito sería condicionar el debate sobre el presupuesto o incluso encontrar una justificación para no tratarlo. Según la visión de estos legisladores, el oficialismo enviaría primero la Ley Muralla, luego el presupuesto, y ante la falta de consenso, el tratamiento de ambos quedaría paralizado. “Ellos —por los libertarios— van a volver con el cuento de los degenerados fiscales pero hay que entender que es un proyecto de ley y que puede sufrir modificaciones en el debate”, sostuvo otro referente opositor.

En el Congreso de la Nación, el anuncio fue percibido como una maniobra más del oficialismo libertario sin perspectivas de avanzar. Un legislador del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto ironizó: “Lo vamos a tratar junto a la ley hojarasca”, en alusión al megaproyecto del ministro Federico Sturzenegger que nunca llegó a discutirse.

Las críticas de la oposición no se limitan al impacto institucional de la propuesta. Además de advertir sobre el riesgo de convertir al Congreso en una mera escribanía del Ejecutivo y de afectar la calidad democrática y la pluralidad de voces, los opositores señalaron la falta de coherencia en la estrategia oficialista. Recordaron que todos los proyectos con impacto fiscal deben detallar su financiamiento, pero que la única excepción reciente ha sido la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, impulsada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, que cuenta con dictamen desde mayo, pero nunca fue tratada y carece de previsión presupuestaria.

El texto de la Ley Muralla, según lo adelantado por Adorni, contempla la creación de nuevas figuras penales en el Código Penal. En palabras del vocero, “aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal, serán castigados con todo el peso de la ley”. Esta perspectiva fue rechazada por una diputada que en el pasado acompañó algunas iniciativas del oficialismo y que ahora se ubica en la vereda opuesta, quien calificó la propuesta como “humo” y la consideró “ridícula, en su contenido y en la pretensión de que sea tratada”.

Algunos sectores interpretan que el trasfondo de la iniciativa no se limita al debate sobre el presupuesto 2026, sino que apunta también a anticipar un eventual veto presidencial frente al proyecto de los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ya cuenta con media sanción de Diputados, y a los cambios en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según esta visión, la modificación de estos mecanismos impactaría directamente en los ingresos del gobierno nacional, ya que actualmente existe discrecionalidad en el manejo de los ATN y la Nación retiene la totalidad de lo recaudado por el ICL. “El problema es que son fondos de las provincias, no de la Nación, entonces están contabilizando algo que no deberían”, advirtió una fuente parlamentaria.

Hasta el momento, el proyecto no ha sido ingresado formalmente al Congreso de la Nación, aunque desde el entorno de Adorni aseguran que el texto ya está listo.

La relación entre el Gobierno y las provincias está en un momento crítico. La semana pasada, los 24 gobernadores tomaron la infrecuente decisión de ponerse de acuerdo y acordar un proyecto de ley que busca resolver en el Congreso lo que no se pudo en el diálogo con la Nación: incrementar el caudal de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios para que estas partidas pierdan discrecionalidad de la Nación.

El mensaje llegó a la Casa Rosada. En despachos importantes coinciden en que es imperioso lograr algún tipo de acuerdo con las provincias para evitar que los gobernadores se animen y comiencen a imponer sus propias iniciativas en el Congreso: esto implicaría que se configure una mayoría en ambas cámaras que sobrepasaría cualquier freno que pueda poner el oficialismo, comprometiendo la hoja de ruta económica propuesta por el Gobierno.

Este temor tiene varios correlatos. El último viernes a la noche, varios mandatarios (aliados y opositores) compartieron un Zoom con senadores de Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios para avanzar con la iniciativa. “Estamos muy conformes con la respuesta de los gobernadores, vemos que es un reflejo de la cohesión que estamos teniendo”, dicen desde una provincia con la que la Casa Rosada rivaliza seguido. Por primera vez en la gestión de Javier Milei parece haber una sintonía entre los distritos enemigos y los aliados más estrechos del Gobierno.

Aun así, desde la Nación y las provincias parece haber una leve certeza de que existe una última chance antes de que se avance definitivamente con la presentación del proyecto de ley.

Fuentes gubernamentales al tanto de las tratativas confirmaron a Infobae que es inminente la presentación de una contraoferta que pueda ser atractiva para los gobernadores, la cual tendría como objetivo satisfacer varios de los reclamos esgrimidos la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando representantes de 22 provincias se hicieron presentes para conversar con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Aún no se conoce cuáles son las concesiones que está dispuesto a hacer el Gobierno, tampoco si esta resultará satisfactoria para las provincias.

Coincidentemente, el martes por la mañana se reunirán en el marco del CFI los ministros de Economía provinciales con Guberman. Se trata del funcionario del Gobierno que más conoce las concesiones presupuestarias que el Estado nacional está en condiciones de hacer. Se espera un comunicado oficial una vez que termine el encuentro.

En la cumbre de la semana pasada, los funcionarios nacionales les propusieron transferirle parte de los montos que correspondían al ya extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para que estos fueran orientados a la reparación de rutas nacionales. Resultó insuficiente para todos los gobernadores. Luego de esa reunión fue que se dio a conocer el proyecto de ley firmado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nosotros les pedimos aplazar la reunión del lunes y ellos no accedieron, lo cual era lógico porque ya habían coincidido todos para venir acá. Pero necesitábamos más tiempo para formular una respuesta más acabada. Se está preparando algo”, confirmó una fuente gubernamental.

¿Por qué la Nación se opone al proyecto de los gobernadores si, en teoría, no tiene una incidencia en términos fiscales? Las provincias ratifican que la recaudación que se pide distribuir directamente a las provincias está utilizándose para otros asuntos, pero que el Gobierno no puede admitirlo.

Por eso cayó pésimo las declaraciones que Milei hizo el jueves pasado, acusando a las provincias de no haberse ajustado, de ser “la última trinchera de la casta” y de faltarle “el respeto a la sociedad”. Al día siguiente se dio el Zoom multisectorial para acelerar los planes en el Congreso. Muy cerca de él tratan de explicar que “al Presidente nunca le importó si una declaración suya tiene costo político” y que, en rigor, siempre declaró en el mismo sentido.

La preocupación libertaria se da, mayormente, por la alta carga simbólica que tendría una unión entre amplísimos sectores de la oposición en detrimento del oficialismo. ¿Por qué no habría de repetirse en el futuro con otro tipo de demandas y de costo fiscal? Hasta el momento, el Gobierno había logrado armar un escenario político estructurado en el “apoyo o no” para ciertos asuntos relevantes para Milei: el fundamental, el asunto fiscal.

En la Casa Rosada perciben cómo el costo de oponerse al Gobierno no está siendo tan caro como lo fue el año pasado, cuando se logró la sanción de la Ley Bases, que no se insista con el DNU 70/23 y que se ratifique el veto al incremento jubilatorio y de financiamiento universitario. Estos últimos dos asuntos volvieron por estas semanas: el primero -enmarcado en un paquete de iniciativas que consta de 1,8% del PIB- espera a ser sancionado en el Senado y, cuando Milei lo vete, a que se insista nuevamente; mientras que el segundo pretende ser tratado en sesión esta semana en la Cámara baja.

Así las cosas, a los ojos de diversos operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que les cuadre a muchos gobernadores parece ser más barato que el ruido que pueda generarse por la vía del mercado.

“El riesgo país permanece estancado en torno a los 700 puntos y el spread argentino parece mostrar, en parte, las dudas sobre la dinámica de reservas”, marca el último informe semanal de GMA Capital. Tanto el Banco Central como el Tesoro se han hecho de reservas, las cuales, según la consultora bursátil, “los inversores parecen pedir profundizar”. Evitar dudas sobre el programa económico facilitaría que el mercado acepte menores retornos por parte de la deuda soberana. Un buen resultado en las elecciones del oficialismo despejaría dudas, pero por eso la prioridad del Gobierno de mantener la calma por estos meses.

Los interlocutores del Gobierno consideran que varios de los planteos de los gobernadores “son razonables” y que “hay que acordar de alguna manera”. Varias provincias lo saben y los que han sido aliados al Gobierno parecen tener disposición de esperar un poco más para esperar una propuesta. Es por eso que entre los gobernadores más opositores perciben que la postura unánime y dura de los 24 distritos puede ablandarse.

“En la oposición olieron sangre, pero todo esto sucede al mismo tiempo porque estamos en un marco electoral”, afirman en el Gobierno. Muchos creen que, además de haber una propuesta a los gobernadores en el plano económica, deberán existir conversaciones subterráneas con los más aliados vinculadas al armado libertario en sus distritos. “Ambas facetas son importantes”, manifiestan en Casa Rosada, donde creen que más temprano que tarde deberá existir algún acuerdo. En algunas provincias se limitan a esperar expectantes. También lo creen, pero marcan que “la palabra del Gobierno está devaluada”.

Los datos del gasto público de abril del gobierno nacional mostraron una fuerte mejora respecto del primer trimestre del año: el gasto primario cayó 1,2% interanual en términos reales (esto es, descontada la inflación) y el superávit primario aumentó un notable 117% respecto de abril 2024, aunque en el acumulado del cuatrimestre se observa una caída del 28 por ciento.

“Con tales números, en lo que va de 2025 se obtiene un superávit primario equivalente a 0,6% del PIB, versus 0,7% en igual período de 2024. Si sigue la tendencia, no deberían existir problemas para alcanzar la meta de superávit primario de 1,6% del PIB en 2025, versus el 1,8% observado el año pasado”, dice un pasaje de un estudio de Marcelo Capello y Nicolás Campoli, economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Del shock a la normalidad

Los autores destacan que debido al ajuste de shock con que se inició el gobierno de Javier Milei, en 2024 todas las partidas importantes tuvieron caídas reales interanuales en el primer cuatrimestre: las transferencias de capital a provincias se redujeron 98%; la inversión pública nacional directa y las transferencias corrientes a provincias 75%; los subsidios a la energía 37%; las jubilaciones 33%; los subsidios al transporte 28%; las transferencias a universidades 26%; y el gasto en personal 19 por ciento.

Hecho ese ajuste de base, la dinámica del primer cuatrimestre de 2025 es diferente: el ajuste se mantiene en algunas partidas, con caídas reales en del 66% en los subsidios a la energía, del 55% en subsidios, del 14% en transferencias a familias (excluido la Asignación Universal por Hijo, AUH) y del 4% en el gasto en personal (-4%). En cambio, aumentaron fuertemente las transferencias corrientes y de capital a provincias, 127 y 170% respectivamente, las jubilaciones (32%); las transferencias a universidades (11%); la inversión directa (6%); y los subsidios al transporte (4%).

De resultas, mientras que en los primeros cuatro meses de 2024 el ajuste del gasto se explicaba en un 36% por la reducción del gasto en jubilaciones; 11% por la caída en la inversión directa; 9% por los menores subsidios a la energía; 8% por el ajuste en el gasto en personal; y cerca del 7% por la caída de las transferencias a provincias.

La composición al inicio de 2025 es muy diferente: 54% del ajuste es por la baja de subsidios a la energía (y en este caso, más por la caída de los costos, debido a menores importaciones de gas, que por directa reducción de los subsidios al consumo), 37% por la caída en transferencias a familias (no AUH) y 8% por menor gasto en personal. El resto de las partidas se recuperó total o parcialmente.

Las provincias, en otro canal

Las provincias, que en 2024 habían acompañado, en parte forzadas y en parte voluntariamente, el ajuste fiscal de Nación, básicamente recortando el gasto en personal, la inversión y las jubilaciones provinciales, este año en cambio se desmarcaron del ajuste.

“Considerando un grupo de 13 provincias que presentan datos para este año (CABA, Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán), todas las partidas del gasto exhiben aumentos en términos reales, con excepción de “resto de gastos de capital”. Se estima que las erogaciones primarias subieron un 24% real interanual en dichas provincias en el primer trimestre de 2025. Si algo similar ocurriera para el consolidado de las 24 jurisdicciones, se trataría de una tendencia preocupante, por cuanto en 2025 se estaría revirtiendo en buena medida el ajuste fiscal observado en los primeros meses de 2024, disminuyendo las posibilidades de bajar impuestos provinciales a futuro, en un marco de equilibrio fiscal”, dice el trabajo de Capello y Campoli.

Así se observa, por caso, que mientras para el consolidado de las 24 provincias en el primer cuatrimestre de 2024 el gasto en personal bajaba 21% real anual, en igual período de este año sube 17% real interanual en las 13 provincias para las que se tiene registro.

¿Cómo quedan las cosas respecto de 2023, el año pre-ajuste? La proyección de tendencia resultaría en una disminución del gasto en personal de sólo 7% y del 1% en jubilaciones por parte de las provincias, que el único ajuste que sostienen es la inversión pública, con una caída real acumulada del 34% respecto de 2023.

A modo de resumen, el estudio señala que mientras el gasto nacional cayó 32% interanual real en los primeros meses de 2024 y el de provincias lo hacía 25%, en el inicio de 2025 Nación y Provincias ya no van en tándem: mientras Nación aumentó el gasto real 8%, en las provincias observadas el gasto aumentó 24%, más del tiple.

La progresión del conflicto con los médicos residentes en el hospital Garrahan por los escuálidos salarios que les paga el Ministerio de Salud tomó mayor fuerza en los últimos días y se sumó a otros frentes de problemáticas sociales nacionales en las que tiene directamente responsabilidad el Gobierno, que en todos los casos ofrece como respuesta la denuncia por irregularidades en las áreas, el endurecimiento de la postura -a veces con agresiones- y, en ciertos casos, ofertas de resoluciones sobre el límite o a cuentagotas.

El viernes por la noche, en Gobierno estuvieron a punto de recular frente a la insistente protesta de los médicos en formación del hospital pediátrico. Milei había admitido que el problema era “delicado”, para luego vincularlo, exclusivamente, con una cuestión de exceso de empleo público -por “los ñoquis” del hospital- y con la herencia del kirchnerismo. Y en Salud habían dejado trascender que descontarían las horas de paro, los echarían o pondrían en riesgo la aprobación de las residencias, en una suerte de amenaza si no frenaban las medidas de fuerza.

El maltrato pareció terminar hacia la noche, cuando dejaron trascender que la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, había grabado un mensaje para anunciar que les aumentaría el sueldo a los residentes hasta equipararlo con el de sus pares que dependen de la ciudad de Buenos Aires -de $700.000 a $1.300.000-. Efectivamente, en su entorno dejaron saber que lo publicaría esa misma noche, pero al final, el giro no se concretó.

En la cartera no dieron explicaciones sobre el cambio de rumbo, pero aseguraron que el anuncio “va a salir”, sin dar fechas específicas. Según pudo reconstruir Infobae, el replanteamiento oficial fue político. El plan inicial era anunciar el aumento a través de las redes del ministerio, en la voz de Loccisano, vocera política del silencioso ministro Mario Lugones. Pero al final, una orden obligó a recalcular: decidieron que los fondos para compensar el sueldo sean asignados por el propio hospital (hoy, el encargado de hacer esos pagos es el ministerio, no el centro de salud, como ocurre con el resto de los trabajadores sanitarios). El oficialismo quiso evitar que el anuncio saliera por los canales oficiales de la cartera para que no pareciera que el ministerio estaba asignando un presupuesto mayor al que estipula la política paritaria.

Si bien fuentes oficiales confirmaron que la recomposición de ingresos se hará con fondos del Garrahan, aún no está claro el mecanismo jurídico que usarán para implementar el cambio, y si se tratará de una erogación parcial o total.

Los problemas con el servicio de atención de salud de los niños y niñas se suma a a otros frentes sensibles que dependen de la Nación, como la insistente protesta de jubilados frente al Congreso cada miércoles; el conflicto por las pensiones para personas con discapacidad y los fondos para las universidades públicas.

En cada caso, el modus operandi del Gobierno para desactivar los conflictos es enfocarse en las irregularidades de las áreas que reclaman para sepultar ante la opinión pública la legitimidad de las protestas. Aunque esas irregularidades no representen la totalidad de cada situación ni significan que haya un reclamo legítimo paralelo a manejos espúreos, en casi todos los casos la táctica fue efectiva.

En el Garrahan enfatizaron en la cantidad de empleados públicos por cada médico. En el sector universitario denunciaron el mal uso de los fondos asignados y lograron bajarle el nivel de indignación en la sociedad al reclamo, aunque no pudieron evitar dos masivas marchas. Y lograron desactivar la atención sobre el tema de los ingresos de los adultos mayores, e incluso desestimar el reclamo, con acusaciones sobre los infiltrados en las marchas.

Mientras, se multiplican las quejas por el manejo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y esta semana hubo una manifestación para denunciar un empeoramiento de la crisis que viene desde hace años por mala gestión de los distintos gobiernos, que se agravó con recientes ajustes económicos. Pero la respuesta del Gobierno es nula. Y en cada ocasión en que se discute el presupuesto del Andis, alude a las irregularidades que arrastra el organismo.

La opinión pública está harta de “los curros”. En el Gobierno lo saben, y no los preocupa la incidencia de las protestas por temas complejos en la percepción sobre la gestión. “No estábamos preocupados entonces, no lo estamos ahora”, aseguraron.

Mientas siguen las marchas de jubilados y la oposición prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto para financiar a las universidades -que tiene sin cuidado a los libertarios, según dijeron a Infobae-, en el Gobierno se resguardan en todos los casos en acusaciones sobre la politización de cada señalamiento y en las faltas en esas organizaciones. En el Garrahan no fue la excepción, aunque parecería que esta vez darán el brazo a torcer con los apenas 241 médicos en formación que cobran por debajo de la línea de pobreza y reclaman desde el inicio de la gestión aunque sea tener un salario acorde al de sus pares de la Ciudad.

Al menos cinco policías kenianos han muerto y ocho han resultado heridos en un ataque efectuado por las milicias de Al Shabaab en la frontera con Somalia durante una operación para encontrar escondites de la organización yihadista en la porosa línea divisoria entre ambos países.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en la reserva nacional de Boni, en el norte de Kenia y en el sector oriental de la frontera sur de Somalia, cuando los milicianos de Al Shabaab asaltaron a una unidad del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía keniana en la zona de Lehelo.

Según un informe policial recogido por el grupo de medios keniano Nation, un número indeterminado de milicianos de Al Shabaab murieron durante el combate.

Los ocho policías heridos se encuentran en estado crítico y han sido evacuados a hospitales de la capital de Kenia, Nairobi.

Al Shabaab, uno de los grupos terroristas más sanguinarios de África, lleva años enzarzado en una guerra sin cuartel con el Ejército somalí y aprovecha la proximidad de la frontera keniana con sus bastiones del sur de Somalia para escapar al país africano.

Las comisarías y las alcaldías porteñas son un hervidero con unos 2240 detenidos dentro de sus calabozos, que tienen una capacidad máxima de 1270 presos. Con este panorama, lejos de que la crisis marcada por el hacinamiento aminore, en el gobierno de la Ciudad estiman que las fugas continuarán siendo un problema. Por esa razón, requieren medidas urgentes a Nación, en tanto cierran los detalles del plan de transferencia del Servicio Penitenciario, que evalúan como la solución definitiva a la problemática.

“Lo macro está”, aseguran desde el Ejecutivo porteño, al mismo tiempo que ven subir la cantidad de personas que son arrestadas dentro de los límites de CABA.

Y la tensión con Nación aumenta por los cupos en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal. Por su parte, Ciudad presiona con números que fueron difundidos esta semana y la resolución de dos habeas corpus. A raíz de esas presentaciones, la Justicia ordenó, primero, que el SPF se lleve a 140 detenidos por semana; luego, que se traslade a los condenados. Ese último fallo no está firme: fue apelado porque el supuesto causante -el SPF- no estuvo presente en el proceso.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Remarcan, a la vez, que la población en comisarías y alcaidías pasó de 60 a 2008 a 1160 en diciembre de 2023 y que, en el último año, se crearon 700 plazas.

En el gobierno porteño dicen que, de un día para el otro, el SPF dejó de llevarse los 90 detenidos que habían acordado el año pasado y comenzó a llevarse 60, lo que acrecentó el problema. “Queremos que se los lleven. No pueden estar más de 72 horas en comisarías”, reclaman.

La respuesta de Nación

Desde la cartera que dirige Patricia Bullrich, sin embargo, son determinantes: “No se quieren hacer cargo”. Y explicaron: “De las 140 plazas que tiene el SPF, 90 son de la Ciudad y el resto -30- queda para el resto del país”.

Y van más lejos: “El año pasado les recibimos 5.500 presos, cuando la población completa del SPF es de unos 11 mil, por lo que la mitad son de la Ciudad”.

Además, afirman que ofrecieron, por vía judicial, construir 400 plazas -que se podían convertir en 600- dentro de una penitenciaria federal. “No lo aceptaron, prefirieron instalar los contenedores cerca de las casas de los vecinos”, replican.

De acuerdo a las fuentes, Nación también ofreció a Ciudad llevarse a 50 agresores sexuales a la cárcel de Senillosa, en Neuquén. “Nos derivaron solo 3″, aseveran.

“Tienen un problema de inacción. Les dimos un montón de opciones que no toman. No entendemos por qué esta actitud, encarando un proceso de transferencia que está avanzado”, destaca un alto funcionario consultado por este medio que aseguró que las conversaciones continuarán pese a los cuestionamientos.

“Estamos en permanente contacto para llegar a buen puerto”, afirmó en ese sentido.

“Queremos seguir trabajando para que se haga la transferencia y que la Ciudad se haga cargo y, de esta manera, que los ciudadanos de todo el país no sigan pagando los presos de la Ciudad, a causa de una política criminal de ellos”, ampliaron.

En ese sentido, remarcaron que “casi el 50 por ciento de los ingresos son rateros que compiten por un cupo con miembros de la banda de (Esteban) Alvarado (NdR: el capo narco rosarino)”.

Sobre la merma en la cantidad de traslados, las fuentes argumentaron que si bien hay 90 cupos, tal vez no hay lugar en los establecimientos para las características de los detenidos: “Tal vez tenemos 10 cupos en jóvenes adultos, cinco en mujeres y dos para población común. Nosotros queremos ayudar, pero hay un desconocimiento del funcionamiento penitenciario”, advirtieron.

En cuanto a los condenados, detallaron que han realizado ingresos de procesados “con causas más pesadas”.

“No tienen una clasificación interna. Saben que una persona permaneció en comisaría un año con condena, pero no saben qué delito cometió ni si la sentencia está firme”, argumentaron.

En el medio de la discusión, hay un acuerdo sobre un punto: ambas partes creen que la finalización de la obra de la cárcel de Marcos Paz descomprimirá las abarrotadas comisarías porteñas. Pero la demora en la construcción, que se inició durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, provoca resquemor.

“Toda la Argentina ya puso 60 millones de dólares en esa cárcel, mientras que la Ciudad no adelantó ningún pago”, indicaron. El gobierno porteño debía aportar 70 millones más, que serían financiados, en gran parte, mediante la venta del terreno del penal de Devoto, que Macri prometió desocupar.

En tanto, desde el entorno del alcalde aseguran que la construcción se retomó y que queda poco para finalizarla. “En diciembre de este año tiene que estar habilitada”, calculan.

Al mismo tiempo, esta semana se creó la Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios, que estará bajo la órbita del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, al menos, en un primer momento.

En tanto, fuentes cercanas a Bullrich aseguraron que la ministra “no dará ni un paso hasta tanto no se firme la transferencia”.

Esa postura parece ser inamovible, aunque los funcionarios porteños pusieron sobre la mesa de negociaciones una salida momentánea que reparta las cargas políticas: que guardias del Servicio Penitencia Federal custodien los presos en la Ciudad. Una propuesta que será difícil que prospere.