El miércoles 24 de abril de 2013, alrededor de tres mil operarios ingresaron al edificio Rana Plaza, un complejo de ocho pisos ubicado en Savar, una localidad del conurbano de Daca, la capital de Bangladesh. Dentro del inmueble funcionaban varios talleres textiles como Phantom Apparels, New Wave Bottom Apparels y EtherTex Garment, dedicados a la confección de prendas para marcas internacionales, entre las que figuraban Prada, Gucci, Versace, Zara, Benetton y Walmart.

La industria de la indumentaria representaba más del 80% de los ingresos brutos por exportaciones del país, base del crecimiento económico apoyado en la oferta de mano de obra barata. Ese día, la jornada laboral comenzó bajo presión y amenazas, ya que el día anterior se habían detectado grietas profundas en la construcción. Ante las evidentes fallas estructurales, las autoridades de control exigieron al dueño del complejo, Sohel Rana, proceder a la evacuación inmediata del predio fabril. Sin embargo, el empresario minimizó el problema y obligó a los empleados a regresar a sus puestos, advirtiendo que serían despedidos y perderían el sueldo del mes si se negaban a ingresar.

A las 8:57, la estructura colapsó por completo en solo dos minutos. Investigaciones posteriores determinaron que la tragedia se desató por irregularidades graves: el uso de materiales de baja calidad, la construcción sobre un terreno inadecuado para estructuras pesadas, sobornos a funcionarios y la edificación clandestina de cuatro pisos adicionales sin habilitación municipal. A eso se sumaron vibraciones intensas de cuatro generadores industriales en los pisos superiores.

El derrumbe sepultó a cientos de personas bajo toneladas de concreto y acero, cubriendo la zona con una densa nube de polvo. Los equipos de emergencia constataron, al llegar, que una masa de escombros había reducido el edificio al nivel del suelo. Entre los restos, los gritos de las personas atrapadas indicaban el inicio de una de las operaciones de rescate más complejas de la historia moderna.

El saldo oficial fue de 1.134 víctimas fatales confirmadas y más de 2.500 heridos rescatados. La magnitud de la catástrofe la convirtió en el derrumbe accidental más mortífero de los tiempos modernos, solo superado por la caída—producto de un atentado terrorista― de las Torres Gemelas en Nueva York y muy por encima del colapso de las tiendas Sampoong en Seúl, donde murieron 502 personas en 1995.

Debido al avanzado estado de descomposición de muchos cuerpos y a la cantidad de víctimas, los forenses recurrieron a la búsqueda de tarjetas de identificación laboral en la ropa y a revisar los celulares encontrados bajo los escombros para identificar a las personas. De modo paralelo, las autoridades sanitarias comenzaron a extraer muestras de ADN a restos humanos no reclamados para conformar un banco genético, útil para futuros reclamos de los familiares que permanecían en carpas alrededor del lugar a la espera de novedades.

Entre quienes quedaron atrapados, las situaciones de desesperación extrema fueron documentadas por la prensa. Una operaria, con el brazo atascado bajo un cadáver y un bloque de cemento, pidió a los rescatistas una herramienta para amputarse la extremidad. Al recibir un cuchillo y no poder cortar por falta de fuerza, esperó la llegada de los bomberos que lograron liberarla. El caso de Nilufa Begum, de 40 años y trabajadora en Phantom Apparels, muestra el nivel de daño ocasionado: sepultada nueve horas, sufrió lesiones graves por la caída de una viga. A raíz de eso, fue sometida a once cirugías reconstructivas, perdió la movilidad de la pierna derecha y le fue indicada la amputación por necrosis; además, tras el derrumbe, su marido la abandonó y su madre falleció por un accidente cerebrovascular. Otro caso: Baby Akhter perdió la vida tras haber ingresado a trabajar en EtherTex Garment, solo 16 días antes del desastre.

Diecisiete días después del desplome, los equipos de rescate encontraron con vida a Resham Begum, una joven de 19 años y la última sobreviviente extraída del sitio. Rubi Akhter, de 55 años, esperó durante igual cantidad de tiempo para recuperar el cuerpo de su hija, Morjina.

Mientras continuaban las tareas de remoción, se desataron manifestaciones en Daca exigiendo justicia por los hechos. Los trabajadores protestaron y reclamaron la pena de muerte para Sohel Rana, señalando que los supervisores los obligaron a ingresar al edificio a pesar de las advertencias sobre el estado crítico de la construcción. Como respuesta al aumento de protestas y ante la preocupación internacional, el gobierno ordenó el cierre de 18 fábricas textiles que no cumplían parámetros de seguridad.

Sohel Rana fue detenido de inmediato. El 1 de junio de 2015, la policía bangladeshi presentó cargos formales contra 42 personas por su participación en las muertes, incluyendo dueños y funcionarios, entre ellos cuatro inspectores estatales acusados de asesinato en masa por autorizar la habilitación irregular del edificio. Para que los empleados públicos pudieran ser juzgados, la legislación exigía la firma de ministros del Poder Ejecutivo. El magistrado Mohammad Shadinur Rahman dictaminó el 8 de julio de 2015 que el gobierno debía permitir el avance de la causa, fijando como plazo el 18 de agosto para retomar las acusaciones formales. Aunque procesado por homicidio y bajo investigación, Rana pidió la excarcelación bajo fianza y la consiguió en 2023. El caso no ha avanzado.

El desastre impulsó cambios en el sector textil. Se crearon dos marcos regulatorios clave: el Acuerdo sobre la seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh, rubricado por marcas internacionales y minoristas, y la Alianza para la seguridad de los trabajadores, con respaldo de empresas que no integraron el primer acuerdo. Mediante estos dos sistemas, se inspeccionaron alrededor de 2.500 instalaciones para medir riesgos de derrumbe, revisar conexiones eléctricas defectuosas y examinar sistemas contra incendios. Las auditorías externas motivaron el cierre definitivo de plantas consideradas inseguras y la mejora estructural en los principales proveedores. Al concluir cinco años, la Alianza transfirió su gestión a la Nirapon (organización local sin fines de lucro de seguridad laboral), mientras que el Acuerdo fue reemplazado en 2020 por el Consejo de Sostenibilidad del Sector de Prendas de Vestir (RSC). Hoy, 194 marcas forman parte de la estructura que regula el funcionamiento de 2,4 millones de trabajadores. Los sindicatos han criticado este nuevo directorio por falta de equilibrio en su composición: seis empresarios, seis representantes de marcas y seis gremialistas.

Una parte significativa de la industria manufacturera escapó al control formal. Estos talleres secundarios, contratados por los fabricantes principales para etapas específicas como costura y ensamblado, no reportan ni a la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir (BGMEA) ni a la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Tejidos (BKMEA), la principal cámara empresarial local. Las cámaras aseguran requerir a sus asociados certificaciones de cumplimiento antes de autorizar subcontrataciones, así como el aval de clientes internacionales. Pero las organizaciones civiles sostienen que la supervisión debe ser y mantenerse periódica: visitas trimestrales o semestrales en todas las ramas. Desde abril de 2013 se contabilizaron colapsos estructurales en 109 edificios de la geografía fabril, matando a 27 operarios más. Antes del desastre principal, otros episodios graves ya marcaban el historial: la caída de una fábrica en abril de 2005 con 79 víctimas, otro derrumbe en 2006 con 18 muertos y el incendio de Tazreen Fashion en noviembre de 2012, que terminó con 112 trabajadores asfixiados por la falta de salidas de emergencia.

Respecto a la compensación económica para los sobrevivientes, se creó una iniciativa transitoria conocida como “Resolución del Rana Plaza”. Un consorcio de marcas occidentales constituyó un fondo de USD 30 millones administrado por la Organización Internacional del Trabajo (agencia de Naciones Unidas para el trabajo) y organismos estatales. Esa suma se distribuyó entre 5.500 víctimas reconocidas, aunque las asociaciones de damnificados sostienen que los montos no cumplen con el estándar legal de indemnización correspondiente a accidentes laborales. Las demandas exigen alcanzar una liquidación de 4,8 millones de takas, lo que equivale a USD 45.660 por persona, en concepto de resarcimiento vitalicio. El pedido está respaldado en cifras como el hecho de que el 55% de los lesionados continúa desempleado, y muchos dependen de ayuda para sobrevivir. Recién a mediados de 2022 el Estado puso en marcha un esquema experimental de reparación enfocado en accidentes laborales que abarca a 150.000 trabajadores formales de 150 fábricas respaldado por Alemania, Países Bajos, H&M y Primark.

El salario y la organización sindical expresan las contradicciones centrales del sector. La última actualización oficial de la tarifa mínima data de 2018, fijando el pago mensual base de un trabajador ingresante en 8.000 takas, una cifra equivalente a 75 dólares. Los sindicatos luchan por elevar ese ingreso congelado a 23.000 takas (215 dólares) para mitigar los efectos de la inflación. Las demoras en los pagos obligan a los empleados a soportar jornadas prolongadas bajo la amenaza de suspensiones o despidos. Un caso ilustrativo es el de Swan Garment Private Limited, donde la plantilla se movilizó tras pasar tres meses sin cobrar. Quienes promueven la afiliación sindical o protestan enfrentan desde sanciones administrativas hasta represión policial. En Pioneer Casual Wear Limited, del partido de Ashulia, los dueños despidieron a 64 trabajadoras por solicitar la inscripción legal de un sindicato. El organismo estatal encargado bloqueó la gestión tras los 55 días reglamentarios, anuló la habilitación y entregó la lista de empleadas a registros patronales. Procedimientos de este tipo se sostienen en la impunidad verificada en casos previos como el secuestro y asesinato de Aminul Islam, dirigente sindical hallado muerto el 5 de abril de 2012.

Las condiciones impuestas a los proveedores locales para mantener precios bajos de exportación se agravaron con la pandemia de COVID-19. Las multinacionales de la moda rescindieron contratos y cancelaron pedidos por valores superiores a USD 3.000 millones, impactando de lleno en toda la cadena. Esto provocó la pérdida de 357.000 puestos laborales directos solo en los primeros nueve meses de 2020. Pese a los apoyos económicos gestionados por la Organización Internacional del Trabajo y las líneas estatales para denunciar cesantías, una gran parte de los trabajadores desempleados no accedió a los fondos de emergencia por el bajo nivel de liquidez disponible. La presión de los inversores internacionales sobre la rentabilidad operativa de la red comercial mantiene vigente una dinámica productiva basada en la reducción extrema de costos para satisfacer el mercado textil occidental.

En su mensaje transmitido tras los resultados electorales, la dirigente de Podemos, Ione Belarra, subrayó que uno de los principales retos actuales para su formación radica en la consolidación del bloque PP-Vox, fenómeno que, según explicó mediante un comunicado recogido por diversos medios, refuerza una tendencia política percibida ya anteriormente en otras comunidades autónomas. De acuerdo con los datos difundidos por el propio partido y recogidos por la agencia Europa Press, la formación morada perdió la representación parlamentaria en Aragón tras las elecciones más recientes, lo que deja a sus integrantes fuera del órgano legislativo autonómico y extiende la lista de territorios donde Podemos opera fuera del parlamento regional.

Según informó Europa Press, Belarra transmitió su reflexión a través de la red social X, donde sostuvo que la desaparición de su partido del parlamento aragonés coincide con el crecimiento de fuerzas calificadas como ultraderechistas, poniendo el foco sobre el incremento de apoyo a Vox y la consolidación del bloque del Partido Popular con esa formación política. Para Belarra, ese avance de las posiciones conservadoras representa una amenaza para los intereses populares y, en sus palabras, se inscribe en una estrategia que entrega la gestión de recursos y servicios públicos a grandes compañías multinacionales.

En su publicación, la secretaria general de Podemos comparó la situación de Aragón con lo ocurrido en los comicios recientes de Extremadura, donde también se evidenció una consolidación del espectro político de derecha. El medio recogió el mensaje en el que Belarra advirtió sobre el fortalecimiento del bloque político integrado por PP y Vox, señalando que estos partidos promueven políticas que, según su valoración, acentúan la pérdida de derechos sociales y fortalecen a intereses empresariales internacionales.

Belarra reafirmó la postura de continuidad de la formación a pesar del revés electoral, enfatizando que la meta de Podemos consiste en recuperar la fuerza de la izquierda y movilizar al electorado progresista. “No vamos a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie, lo único que puede pararles”, afirmó la líder de la formación, según recogió Europa Press. En ese mismo mensaje, Belarra se dirigió a la militancia mediante una felicitación expresa a la candidata de Podemos en Aragón, Maria Goikoetxea, reconociendo el esfuerzo desplegado durante la campaña.

La pérdida del escaño en Aragón supone para Podemos la extensión de su condición extraparlamentaria en otra comunidad autónoma, lo que representa un desafío organizativo y de proyección política en un escenario donde la competencia entre fuerzas progresistas y conservadoras marca la orientación de los discursos y las prioridades en la agenda pública. Europa Press indicó que esta situación obliga a la formación a reconsiderar sus estrategias de comunicación y presencia territorial para aspirar a recuperar la representación institucional en próximos procesos electorales.

El análisis de Ione Belarra sobre los resultados en Aragón incluye el reconocimiento de aspectos estructurales que, según publicó Europa Press, dificultan la consolidación de propuestas políticas alternativas a las mayoritarias. La dirigente asoció el crecimiento de la derecha con el “abandono” de políticas que, en su criterio, defienden los servicios públicos y los intereses de las mayorías sociales frente a los grandes poderes económicos. De acuerdo con sus declaraciones, ese contexto refuerza el compromiso de su partido con la movilización de la izquierda y la defensa de las políticas progresistas.

El escenario descrito por Belarra, según difundió Europa Press, plantea para Podemos el reto de encontrar fórmulas que reactiven su espacio político, tras haber quedado fuera de varios parlamentos autonómicos en un contexto de polarización y reconfiguración interna de la izquierda española. La secretaria general insistió en que su formación continuará participando en la vida política nacional y local, articulando propuestas y generando espacios de debate, mientras sostiene que solo la reorganización y el impulso de la izquierda permitirán frenar el avance de las fuerzas conservadoras que, según su criterio, dominan la coyuntura actual.

El mensaje de Belarra, reportado por Europa Press, ha sido interpretado dentro y fuera de su partido como un llamamiento a la resistencia política y a la reorganización de las bases, en un momento caracterizado por cambios en la representación institucional y la búsqueda de nuevas estrategias para conectar con la ciudadanía. La formación morada, fundada hace una década, enfrenta así una nueva etapa en su evolución política, con el reto de redefinir su papel e influencia en el tablero político nacional y regional frente a la consolidación del bloque PP-Vox y la fragmentación del espacio progresista.

Más de 20 compañías multinacionales, entre ellas gigantes como Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems, reiteraron su interés en ampliar y concretar nuevas inversiones en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado esta semana por CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— en la capital panameña.

El anuncio se produjo durante una reunión sostenida por el presidente José Raúl Mulino con altos ejecutivos de estas empresas, agremiados en el Americas Society Council of the Americas (AS/COA), una organización empresarial con sede en Nueva York que promueve el desarrollo económico, la apertura de mercados y el fortalecimiento institucional en el hemisferio occidental.

En el encuentro, el mandatario destacó que su administración ha logrado generar un clima de inversión estable tras ordenar las finanzas públicas y fortalecer la disciplina fiscal.

Según Mulino, este proceso ha permitido recuperar la confianza de los inversionistas internacionales y sentar bases más sólidas para el crecimiento económico.

“El país ha comenzado a caminar por buen rumbo y con orden”, afirmó el presidente, al referirse a las reformas impulsadas en materia administrativa, financiera y de transparencia.

Durante la reunión, Mulino compartió su visión de gobierno enfocada en la eficiencia del gasto público, la reducción del aparato estatal y el fortalecimiento institucional.

También expresó optimismo sobre el impacto del plan de inversión pública que se ejecutará este año, orientado principalmente a infraestructura vial, salud y acceso a servicios básicos como el agua potable.

Entre los temas abordados figuraron la estabilización del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, el fortalecimiento de la plataforma logística y de conectividad, y la apuesta por una reforma educativa para mejorar la competitividad laboral y garantizar mayores oportunidades de empleo.

El presidente también destacó las inversiones impulsadas por la Autoridad del Canal de Panamá en proyectos como nuevos puertos, un gasoducto y un embalse, orientados a mejorar la eficiencia operativa de la vía interoceánica y reforzar el papel del país como centro logístico regional.

En materia tecnológica, Mulino subrayó que Panamá busca posicionarse como un hub de innovación, incorporando el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y desarrollos vinculados a los semiconductores dentro de su estrategia de formación y desarrollo productivo.

A la reunión asistieron representantes de empresas como Coca-Cola, Cisco Systems, Google, PepsiCo, Pfizer, Salesforce, Siemens Energy, The AES Corporation, InterEnergy, International Air Transport Association, Grupo Cox Energy, Enfragen y Macquarie Capital, entre otras.

Los empresarios agradecieron el espacio de diálogo y valoraron la organización del foro regional, señalando que Panamá se consolida como un punto de encuentro para la discusión económica y empresarial en América Latina.

Panamá cerró el año 2025 con un total de 188 empresas establecidas bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), consolidándose como uno de los principales polos corporativos de la región para la gestión de operaciones regionales y globales.

A esta cifra se suman dos compañías registradas bajo el régimen de Empresas Multinacionales para la Manufactura (EMMA), orientado a actividades productivas con valor agregado.

El régimen SEM está diseñado para atraer casas matrices, centros de servicios compartidos, sedes administrativas, financieras y logísticas de compañías multinacionales, mediante incentivos fiscales, migratorios y laborales.

Estas empresas centralizan desde Panamá funciones como planificación regional, soporte tecnológico, tesorería, compras, mercadeo y gestión de talento para sus operaciones en América Latina y otros mercados.

Por su parte, el régimen EMMA busca impulsar la instalación de plantas de manufactura avanzada y procesos industriales especializados, permitiendo a las multinacionales producir, ensamblar o transformar bienes en territorio panameño para su exportación.

Ambos esquemas forman parte de la estrategia del país para diversificar su economía, generar empleo calificado y fortalecer su posición como plataforma de servicios y producción en la región.

De concretarse las nuevas inversiones, el país podría captar más capital extranjero en un momento en que la Inversión Extranjera Directa (IED) sigue lejos de los mejores niveles registrados antes de la pandemia. Actualmente, República Dominicana y Costa Rica figuran entre los principales receptores de IED en la región, mientras que Panamá ha caído a la cuarta posición, lejos del primer lugar que ocupaba años atrás.

Encuentro con FONPLATA

En paralelo al diálogo con el sector empresarial, Mulino sostuvo una reunión con directivos de FONPLATA – Banco de Desarrollo, quienes manifestaron su interés en financiar proyectos sociales y de infraestructura en Panamá.

La delegación estuvo encabezada por la presidenta ejecutiva de la entidad, Luciana Botafogo, acompañada por la vicepresidenta de Desarrollo Estratégico, Viviana González; el jefe de la División de Alianzas Estratégicas, Leonardo Chagas; y el asesor Carlos Melo.

FONPLATA es una institución financiera multilateral integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo mandato es financiar proyectos de mediana y pequeña escala orientados a promover el desarrollo, la integración física y la reducción de la desigualdad en la región.

Durante el encuentro, Botafogo explicó que el banco puede respaldar obras sociales como carreteras de producción, puentes, centros de salud, escuelas y viviendas dirigidas a familias de bajos ingresos, especialmente en zonas con rezagos históricos en infraestructura.

Mulino señaló que una de las prioridades de su gobierno es atender las necesidades de las comarcas indígenas, donde persisten brechas importantes en servicios básicos, conectividad y acceso a infraestructura crítica.

Asimismo, enfatizó que el Estado mantiene una deuda pendiente en materia de acceso sostenido al agua potable, por lo que se están impulsando proyectos como el Reservorio Multipropósito de Río Indio, bajo la coordinación de la Administración del Canal de Panamá.

Indicó que estas iniciativas pueden ser complementadas con obras desarrolladas a través del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), las cuales también requerirán financiamiento externo.

Contexto regional

Ambos encuentros se desarrollaron en el contexto del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, que reunió en Panamá a jefes de Estado, ministros, empresarios y representantes de organismos multilaterales.

El evento sirvió como plataforma para promover inversiones, debatir sobre integración regional, financiamiento para el desarrollo, transición energética, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional.

Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida en Asturias, advirtió que si el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entra en vigor, aquellos consumidores con menos recursos no podrán acceder a productos de calidad, ya que la mayoría de los alimentos de excelencia solo estarían al alcance de quienes cuenten con un alto poder adquisitivo. Según publicó el medio que difunde las declaraciones, Zapico presentó esta postura durante una rueda de prensa celebrada en Oviedo, en el marco de un encuentro con el sindicato agrario COAG, y expuso las razones por las que el partido rechaza la alianza entre el bloque europeo y varios países sudamericanos.

Tal como informó el medio, Zapico sostuvo que se trata de “un tratado pensado para las multinacionales” y que “no está pensado para el campo asturiano”. Según el dirigente, el acuerdo favorece a un “modelo de ganadería intensivo”, lo que dejaría en desventaja a quienes apuestan por esquemas productivos tradicionales, sostenibles y extensivos, como los que predominan en muchas zonas rurales de Asturias. A su juicio, la apertura comercial propiciaría la llegada masiva de alimentos de baja calidad a los puntos de venta del Principado, tanto en supermercados como en tiendas y carnicerías.

De acuerdo con lo reportado, Zapico expresó dudas sobre la coherencia de la política agraria y medioambiental del Gobierno central, argumentando que mientras se pide a los productores asturianos avanzar hacia una ganadería más sostenible y compatible con la lucha contra el cambio climático, desde el Ejecutivo se respalda una apertura comercial que implicaría una huella de carbono global considerable debido al transporte internacional de mercancías. En su valoración, la firma del acuerdo contradice los propios compromisos ambientales asumidos tanto por las instituciones como por los actores del campo.

El líder regional de Izquierda Unida solicitó directamente a los eurodiputados y parlamentarios tanto asturianos como españoles, específicamente del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, que rechacen el tratado. Reiteró que, bajo su perspectiva, el pacto entre la UE y el Mercosur resulta perjudicial para el tejido social mayoritario, los trabajadores agrarios y la soberanía alimentaria del país. “No entiendo cómo España se puede adherir a este tratado, porque va en contra de los intereses de la mayoría social, de los trabajadores del campo y de nuestra soberanía alimentaria”, aseguró Zapico, según consignó el medio.

La manifestación de rechazo al acuerdo cuenta con el respaldo de diversas organizaciones del sector primario, y Zapico confirmó que participará en la movilización convocada en Oviedo. La acción busca expresar el desacuerdo traído por el pacto, en el que temen que la introducción de productos agroalimentarios provenientes de países con menores estándares sanitarios y medioambientales pueda aumentar la competencia desleal y comprometer tanto la rentabilidad de las explotaciones locales como la seguridad y calidad alimentaria de los consumidores asturianos.

Respecto a la postura del Gobierno central, el dirigente de IU señaló que le resulta incomprensible el apoyo de España al acuerdo con Mercosur. Según detalló el medio, considera que la decisión se opone a lo que definen como un interés general de los trabajadores del campo y de aquellos que abogan por un modelo agroganadero sostenible.

Finalmente, durante la rueda de prensa, Zapico insistió en que la principal consecuencia de la implementación del acuerdo sería la mayor dificultad para el acceso de la población menos favorecida a alimentos de calidad, lo que, en su visión, contribuiría a ahondar las desigualdades y a debilitar el modelo agrícola y ganadero tradicional.

Según publicó EFECOM, la nueva normativa internacional, respaldada por más de 145 países y jurisdicciones, busca contener la competencia fiscal desleal y frenar la evasión facilitada por paraísos fiscales. El objetivo central, de acuerdo con la OCDE, no reside en incrementar la recaudación, sino en eliminar distorsiones derivadas de decisiones empresariales motivadas por la ubicación fiscal. Manal Corwin recalcó que la finalidad política de la medida es impedir que las multinacionales eludan imposiciones fiscales moviendo sus sedes, lo que otorga ventajas competitivas injustas frente a otras compañías.

El marco aprobado establece que las grandes corporaciones con una facturación anual superior a 750 millones de euros estarán sometidas a un tipo impositivo mínimo del 15 % en todos los países adheridos, sin importar dónde tengan su residencia o dónde realicen sus operaciones principales. El medio EFECOM señaló que el diseño de las reglas apunta a evitar el traslado de sedes corporativas a jurisdicciones con baja tributación como mecanismo de optimización fiscal, conducta que había generado tensiones y distorsiones en los mercados internacionales.

La exención conseguida por Estados Unidos surgió como resultado de negociaciones complejas, condicionadas por la resistencia estadounidense a la primera versión del acuerdo global alcanzado en 2021. Durante el mandato de Donald Trump, la administración estadounidense expresó un rechazo al pacto, considerándolo perjudicial para sus empresas. Según reseñó EFECOM, Trump incluso hizo pública la posibilidad de apartarse del proceso e imponer impuestos adicionales o "de revancha" a corporaciones o individuos que, desde el extranjero, generaran ingresos en Estados Unidos y provinieran de países que, bajo su criterio, establecieran políticas fiscales discriminatorias hacia las firmas estadounidenses.

A finales de junio de 2025, ante el riesgo de una ruptura total en la cooperación internacional, los países del G7 llegaron a un entendimiento para que Estados Unidos pudiera gestionar los beneficios obtenidos en el extranjero por sus multinacionales conforme a su legislación interna, aunque esto no coincidiera exactamente con el enfoque del Pilar 2 de la OCDE. Algunos países, como España, manifestaron críticas al acuerdo, considerando que podría limitar el alcance y la efectividad del impuesto mínimo.

El contexto en el que se alcanzó el compromiso definitivo incluyó la proliferación de nuevas legislaciones nacionales que avanzaban hacia la adopción del impuesto mínimo mundial. Según informó EFECOM, más de 65 jurisdicciones ya habían aprobado leyes alineadas con las directrices establecidas en el marco de la OCDE, lo que aumentó la presión para conseguir una solución de consenso global antes de que surgieran conflictos normativos más profundos.

Manal Corwin, responsable de fiscalidad del organismo internacional, valoró que el texto final consigue un "equilibrio justo" entre los múltiples intereses en juego, en un escenario donde se intensificaban las desavenencias entre actores. Según enfatizó, lo que estaba en juego superaba el alcance de la recaudación directa, poniendo de relieve la necesidad de crear condiciones que no distorsionaran las decisiones de inversión y no alimentaran la competencia desleal entre países por la atracción artificial de grandes corporaciones mediante reducciones fiscales extremas.

De acuerdo con el análisis publicado por EFECOM, aunque el acuerdo permite a otras jurisdicciones reclamar una exención similar a la estadounidense, el proceso para demostrar la equivalencia de sus sistemas tributarios presenta varias dificultades técnicas y legales. Para acogerse a esa excepción sería necesario probar, a inicios de 2026, la existencia de un régimen fiscal equivalente al estadounidense, una condición complicada de cumplir para la mayoría de los países.

El acuerdo anunciado la semana pasada, concluyó EFECOM, refleja tanto la urgencia de armonizar las reglas fiscales para evitar nuevos espacios de competencia desleal, como la dificultad de integrar intereses nacionales diversos bajo un único marco normativo, en especial cuando se trata de grandes potencias económicas.

En su planteamiento, UPA Castilla y León sostiene que la reciente concreción de un acuerdo entre la Unión Europea y los países que integran el Mercosur representa una amenaza directa al modelo productivo agrícola y ganadero español. La agrupación recuerda que tanto la producción de cereales, maíz, vacuno de carne, apicultura y avicultura de Castilla y León resultan especialmente sensibles ante la competencia que podría surgir de la flexibilización arancelaria y la introducción de productos procedentes de explotaciones latinoamericanas.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la preocupación de la organización reside en los efectos negativos que tendría la entrada masiva de importaciones a través de grandes multinacionales y fondos de inversión del continente americano. UPA subraya que, a diferencia del contexto español y europeo, donde predominan las explotaciones familiares bajo controles regulatorios exigentes, en los países miembros de Mercosur la producción descansa en manos de conglomerados empresariales con estructuras industriales y mecanismos de control menos estrictos para los estándares europeos.

UPA Castilla y León ha insistido en que el nuevo marco comercial podría llevar a una reducción significativa de la soberanía alimentaria europea al depender del abastecimiento externo para satisfacer la demanda interna, especialmente en carnes. Según la entidad, la competencia desleal derivada de la diferencia de exigencias regulatorias y el mayor peso de los grandes consorcios internacionales afecta la sostenibilidad de miles de agricultores y ganaderos españoles, quienes ya soportan elevados costos de producción y estrictas normativas medioambientales, sanitarias y laborales.

El comunicado publicado por Europa Press reseña que la organización advierte sobre un retroceso en la accesibilidad de las familias a productos originarios del entorno rural español, con riesgos para la viabilidad de muchos productores. UPA aclara que los controles aplicados bajo la reglamentación comunitaria europea resultan más estrictos que los exigidos a los socios del Mercosur, a quienes no se les exigiría el mismo nivel de certificaciones, lo que, según el grupo, puede favorecer a las grandes corporaciones extranjeras en detrimento de los intereses locales.

En su posicionamiento, UPA exige que los eurodiputados actúen de manera independiente de su afiliación política y prioricen la defensa del modelo productivo de calidad presente en España. En palabras de la organización, esta votación resulta fundamental para demostrar el respaldo al sector agrícola y ganadero de la Comunidad y proteger a sus productores frente a la competencia global. Según el comunicado recogido por Europa Press, el acuerdo, cuya firma se prevé en breve, sería perjudicial y afectaría negativamente a diversos sectores que ya se encuentran sometidos a presiones por parte del mercado internacional.

La agrupación finalmente cuestiona la equidad y reciprocidad del acuerdo, sugiriendo que, en caso de implementarse, dejaría al consumidor español, especialmente al de menos recursos, en desventaja frente a un mercado con estándares dispares. UPA remarca que la protección del sistema productivo nacional engloba tanto la seguridad y calidad alimentaria como la defensa de los intereses de los productores y consumidores españoles en el marco de los debates actuales sobre la política comercial europea, según lo reportado por Europa Press.

Según las declaraciones de Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y diputado nacional del grupo Sumar, las condiciones para activar las denominadas cláusulas de salvaguarda dentro del pacto entre la Unión Europea y Mercosur presentan numerosas dificultades prácticas, al exigir pruebas de un “perjuicio grave”, concepto que el propio Valero consideró impreciso y cuya exigencia convierte en poco viable abrir un proceso investigativo. De acuerdo con las afirmaciones de Valero recogidas por el medio, este criterio jurídico impone un umbral tan elevado que las organizaciones agrarias europeas ven en estas cláusulas un simple maquillaje, sin capacidad real para proteger a los trabajadores agrícolas y ganaderos afectados.

El medio detalló que Valero cuestionó abiertamente el acuerdo de libre comercio sellado entre la Unión Europea y los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—. Según informó la plataforma, Valero sostiene que la estructura del tratado está enfocada hacia el interés de grandes multinacionales, lo que relega a un segundo plano a quienes viven de la agricultura y la ganadería vinculadas al territorio, así como a la soberanía alimentaria. El dirigente expuso que las cláusulas de protección que los embajadores europeos apoyan quedan lejos de ser una solución efectiva; desde su perspectiva, representan “una estafa”, ya que son débiles, llegan de forma tardía y rara vez resultan de aplicación en la práctica real.

Valero insistió en que estas salvaguardas no aportan verdaderas garantías a quienes trabajan en el campo europeo. En sus palabras, la activación de dichas cláusulas exige “demostrar que el daño al sector agrario se debe exclusivamente al acuerdo con Mercosur”, mientras que los factores que afectan el campo europeo —por ejemplo, los costes de producción, la especulación y la evolución de la demanda— se entrelazan y complican cualquier atribución directa. El medio informó que, de acuerdo con Valero, esta condición hace prácticamente inviable proceder cuando se observa un deterioro en la situación agrícola.

La información publicada por el medio también recoge la crítica de Valero en torno a la limitación temporal de las medidas previstas. Señaló que los mecanismos contemplados tienen carácter provisional y limitado: solo pueden entrar en vigor durante un lapso máximo de doce años, y por cada producto determinado su duración no puede exceder los cuatro años. El líder andaluz de IU argumentó que estas restricciones temporales impiden dar respuesta a problemas estructurales que enfrenta el sector rural ligado a la agricultura social y profesional, especialmente los derivados de la competencia desleal y de las diferencias profundas en las exigencias ambientales y laborales entre los socios comerciales.

Según detalló el medio, Valero agregó otro aspecto relevante: los umbrales anunciados para poner en marcha estas medidas son de carácter no obligatorio y suelen servir solo como argumento para evitar intervenciones efectivas. Además, advirtió que, en última instancia, los propios Estados miembros de la Unión Europea pueden bloquear la aplicación de estas actuaciones, transformando lo que podría ser un mecanismo ágil en una herramienta política de difícil uso. Para Valero, esto demuestra que no se ha dotado al acuerdo de un mecanismo preventivo, sino simplemente de remedios tardíos incapaces de enfrentar la raíz de los problemas, según consignó el medio.

Asimismo, el dirigente de IU Andalucía denunció que se pretende presentar como compensación el uso de fondos de la Política Agraria Común (PAC) para justificar el nuevo escenario de apertura con el Mercosur. Valero teme que esta estrategia permita a fuerzas políticas como la ultraderecha defender el acuerdo argumentando la existencia de compensaciones, aunque en la práctica no haya protección suficiente para los pequeños y medianos productores europeos. Según publicó la fuente, hizo referencia explícita al posible papel de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para inclinar la decisión europea hacia el tratado.

En su valoración, Valero concluyó que el enfoque central del pacto beneficia a grandes corporaciones, relegando los intereses de agricultores y ganaderos que dependen de las actividades vinculadas al territorio. A su juicio, la actual versión del acuerdo no integra herramientas eficaces para combatir las diferencias normativas en materia ambiental y laboral, ni ofrece soluciones ante la crisis de rentabilidad que atraviesa la agricultura profesional y social. El medio relató que las organizaciones agrarias europeas manifiestan coincidencias en este diagnóstico, considerando insuficientes las garantías planteadas en favor del sector primario.

El acuerdo, que recibió luz verde de los veintisiete países miembros de la Unión Europea, se presenta según Valero como un modelo que puede acentuar los desequilibrios existentes en la cadena alimentaria y productiva regional. Ante las críticas aludidas, el portavoz de IU Andalucía reiteró la necesidad de repensar la estrategia comercial europea en coordinación con organizaciones agrarias, impulsando mecanismos más ágiles y justos que aseguren rentabilidad, empleo y soberanía alimentaria para los territorios afectados. En este sentido, defendió la elaboración de políticas que privilegien el mantenimiento y desarrollo del tejido rural frente a los intereses del capital multinacional, tal como remarcó en el mensaje remitido a los medios y reportado por la fuente.

La decisión de crear una solución alternativa para multinacionales estadounidenses, que entrará en vigor a partir de 2026 y estará disponible en todas las jurisdicciones desde 2027, da respuesta a preocupaciones expresadas desde Washington y busca evitar una fuga masiva de la base fiscal estadounidense. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 147 países y jurisdicciones que participan en el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) han alcanzado un acuerdo sobre los componentes fundamentales para aplicar de forma coordinada un impuesto mínimo global. El pacto, anunciado tras varios meses de negociaciones, introduce un régimen paralelo con el objetivo de equilibrar los intereses fiscales internacionales y las exigencias estadounidenses.

De acuerdo con el informe divulgado este lunes por la OCDE, el acuerdo incorpora cinco componentes esenciales, entre los que se incluyen medidas para simplificar los procesos y reducir la carga administrativa tanto para las multinacionales como para las autoridades fiscales en la determinación y declaración del impuesto mínimo global. También se establecen nuevas garantías fiscales específicas, dirigidas a armonizar la aplicación de incentivos fiscales a nivel mundial y evitar distorsiones entre jurisdicciones. Además, el paquete ofrece salvaguardias adicionales para multinacionales cuya matriz se encuentra en países que cumplen los requisitos mínimos y han implementado su propio régimen tributario mínimo.

Mediante la implementación de estos mecanismos, la OCDE señala que el acuerdo refuerza la protección de las bases fiscales locales, con especial atención a los países en desarrollo. El documento oficial precisa que el marco acordado prevé un proceso regular basado en la revisión de evidencias para asegurar que todos los miembros del Marco Inclusivo cuenten con las mismas condiciones a la hora de aplicar las nuevas reglas. Así, se busca alcanzar estabilidad y certidumbre en el sistema fiscal internacional, según detalló el organismo.

La solución acordada se produce después de que Estados Unidos manifestara su rechazo al acuerdo global alcanzado en 2021 para establecer una tributación mínima efectiva del 15% sobre los beneficios empresariales. Tras el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y la amenaza de adoptar "impuestos de venganza" contra pesos pesados de la industria norteamericana en el caso de aplicarse la reforma tributaria internacional, las negociaciones se intensificaron. Como resultado, según publicó la OCDE, el Marco Inclusivo desarrolló un sistema paralelo para cubrir las inquietudes de Washington sin desmantelar los avances alcanzados en la agenda global de fiscalidad corporativa.

El acuerdo condiciona la utilización de una salvaguardia paralela para aquellos grupos multinacionales cuya sede matriz esté establecida en una jurisdicción que cumpla los requisitos y haya implementado dicho régimen. En ese caso, las nuevas reglas se aplicarán tanto a operaciones domésticas como internacionales controladas por el grupo. Además, el documento subraya que la salvaguardia se activará para grupos multinacionales en todas las jurisdicciones a partir del inicio de 2027, o antes –en 2026– si se cumplen determinadas condiciones.

El Gobierno de Irlanda, país donde muchas grandes tecnológicas estadounidenses tienen su base europea, comunicó que el nuevo acuerdo se ajusta a lo establecido por el G7 y el G20, quienes habían pedido desarrollar una fórmula que hiciera compatible el impuesto mínimo global con el régimen fiscal estadounidense. Según un comunicado oficial citado por la OCDE, "el paquete busca un equilibrio que resuelva las preocupaciones de EE UU con respecto al Impuesto Mínimo Global, preservando al mismo tiempo los objetivos originales". La nota agrega que está programada una revisión de este sistema paralelo en 2029, para valorar y atender posibles riesgos económicos o cuestiones de competitividad que puedan emerger.

Simon Harris, ministro de Finanzas irlandés, explicó que Irlanda aceptó un consenso internacional con el modelo ‘Side-by-Side’, que reconoce tanto la fortaleza del sistema tributario estadounidense como el objetivo de lograr una tributación mínima global. Harris apuntó también que la negociación respondió a peticiones expresas de Estados Unidos y a los mandatos emitidos por los foros del G7 y G20.

En junio del año anterior, Washington confirmó la retirada de la llamada ‘Sección 899’ o “impuesto de venganza” de su proyecto presupuestario, en respuesta al acuerdo alcanzado dentro del G7 para eximir temporalmente a las firmas estadounidenses de la implementación inmediata del tipo mínimo global de sociedades. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, citado por la OCDE, estimó que esta decisión permitirá evitar la pérdida de más de 100.000 millones de dólares (85.325 millones de euros) de la base impositiva nacional.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, calificó el consenso actual como un avance sustancial en materia de cooperación fiscal y técnica. Cormann sostuvo que el paquete fortalece la seguridad jurídica, atenúa la complejidad y contribuye a preservar la base impositiva de los países signatarios. Por su parte, Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, evaluó que la decisión establece un entorno más equitativo y competitivo para todas las empresas, además de simplificar los procedimientos fiscales globales.

El texto publicado por la OCDE resalta que el Marco Inclusivo aspira a que un sistema coordinado de impuesto mínimo global sea el principal mecanismo para lograr una tributación mínima efectiva. No obstante, se reconoce que ciertos países ya disponen de normativas fiscales nacionales en vigor que cumplen con el estándar mínimo internacional tanto sobre rentas locales como extranjeras. Cuando las multinacionales elijan acogerse al régimen paralelo en sus jurisdicciones de origen que cumplan los requisitos, las nuevas reglas también quedarán aplicadas sobre sus operaciones globales.

La introducción de este paquete, indica la OCDE, busca evitar discrepancias entre los sistemas impositivos nacionales y el marco global, particularmente en relación con los incentivos fiscales y la protección de las bases tributarias, fundamentalmente en naciones en desarrollo. El proceso de revisión incluido en el paquete permitirá a las partes interesadas supervisar y ajustar los mecanismos a medida que se implementen, identificando a tiempo desajustes o problemas derivados de su aplicación.

El acuerdo consolidado por la OCDE y los países del Marco Inclusivo representa la culminación de intensas negociaciones y aborda uno de los desafíos que surgieron tras el rechazo estadounidense a una parte significativa del pacto firmado hace tres años. Busca proteger los ingresos fiscales y la competitividad geoeconómica, ofreciendo vías diferenciadas para que distintos sistemas tributarios nacionales coexistan bajo una regulación común orientada al objetivo de una tributación justa sobre los grandes grupos multinacionales.

La próxima edición del Foro Económico Mundial en Davos ha confirmado la asistencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien se suma a una cita que en su edición número 56 convocará a personalidades del sector empresarial, gubernamental, sociedad civil, además de figuras científicas y culturales. Según informaron los organizadores del evento, la reunión anual se realizará en la localidad suiza de Davos-Klosters entre el 19 y el 23 de enero de 2026, y Sánchez tiene previsto acudir los días 20 y 21 de ese mes. El foro de este año reunirá a los diferentes actores bajo el lema “Un Espíritu de Diálogo”.

De acuerdo con lo publicado por los organizadores y recogido por diversos medios, el encuentro de Davos 2026 buscará abordar algunos de los principales desafíos globales actuales, a través de cinco ejes temáticos: la cooperación en un contexto internacional disputado, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento económico, la priorización de la inversión en las personas, la puesta en marcha responsable de la innovación tecnológica y el impulso de la prosperidad en el marco de los límites medioambientales. Los responsables del foro subrayaron en sus comunicaciones que la promoción del diálogo adquiere una relevancia especial en el actual contexto global, el cual se caracteriza por transformaciones geopolíticas, económicas y sociales.

Tal como consignó la organización del Foro Económico Mundial, los asistentes prevén debatir sobre estrategias orientadas a responder a la fragmentación de los escenarios políticos y económicos internacionales, la diversificación de la economía global y los retos derivados de las transiciones digitales y energéticas. La agenda incluye diversos paneles, mesas de trabajo y espacios de networking, en los que se espera la participación de influyentes ejecutivos, autoridades gubernamentales, representantes del tercer sector y expertos que abordarán propuestas de cooperación multilateral.

El presidente Pedro Sánchez, de acuerdo con lo informado por el Foro Económico Mundial y medios españoles, vuelve a participar en esta cumbre tras sus anteriores intervenciones como orador en ediciones recientes. En anteriores ocasiones, Sánchez ha utilizado su presencia en Davos para mantener encuentros tanto con representantes de multinacionales e inversores internacionales como con directivos de compañías españolas con actividad relevante en mercados globales.

Los organizadores del foro detallaron que, bajo el lema de esta edición, buscan fomentar un espacio en el que se amplíen perspectivas y se profundice en el ejercicio de la escucha mutua, así como en la revisión de los propios puntos de vista frente a los desafíos comunes. Con ello, los líderes asistentes intentarán configurar vías de cooperación que se ajusten a escenarios marcados por la incertidumbre y la aceleración del cambio tecnológico y social.

Durante los días de reunión en Davos-Klosters, se prevé la presencia de reconocidas figuras internacionales del sector público, privado y del ámbito académico-cultural, todos ellos involucrados en debates centrados en el crecimiento económico sostenible, la reducción de desigualdades y la capacidad de innovación responsable. Según explicó la organización, uno de los focos centrales será la mitigación de riesgos económicos y medioambientales, así como las estrategias para maximizar el impacto social positivo de la tecnología emergente en la vida de las personas.

Finalmente, según reportó el Foro Económico Mundial, la convocatoria de 2026 se inscribe en la línea de los intentos previos del evento por posicionarse como plataforma de encuentro para discutir respuestas globales ante la inestabilidad política y la demanda de modelos económicos y sociales razonables frente a las restricciones planetarias.

Por primera vez desde 2003, la inversión extranjera directa (IED) en la Argentina muestra un saldo acumulado negativo. La serie mensual preparada por el Banco Central (BCRA) y basada en datos constantes da cuenta de una salida neta de fondos por USD 1.521 millones entre enero y noviembre de 2025. El comportamiento contrasta con los promedios positivos que ​caracterizaron a los años previos en la región y marca un hito estadístico para el país: ninguna otra medición de la serie presentada registró un rojo como el actual. El resultado se confirma en un contexto de desinversión empresaria visible, que se refleja en varios sectores clave y cuya explicación encuentra múltiples razones, desde cambios estratégicos globales de las casas matrices hasta particularidades del entorno local.

La confirmación del cierre de la venta de Profertil, una de las principales productoras de fertilizantes del país, destaca el proceso vigente de transferencias de control de compañías con capital extranjero. La operación, que involucró el traspaso del 50% de la empresa —hasta ahora en manos de la canadiense Nutrien— a compradores locales, constituye un caso más en una larga lista de movimientos societarios.

La infografía elaborada a partir del informe del mercado cambiario del BCRA grafica el nuevo escenario: mientras el promedio anual de IED para 2016-2019 permaneció en USD 3.235 millones, el correspondiente a 2020-2023 arrojó USD 953 millones. En el tramo más reciente, que abarca los primeros once meses de 2025, la curva invirtió su tendencia y descendió a USD -1.521 millones. El periodo analizado no sólo exhibe una variación nominal negativa, sino que deja en evidencia un cambio estructural en la dinámica de capitales corporativos.

El saldo negativo en la cuenta de inversión extranjera directa surge por la prevalencia de ventas de activos y de compañías que estuvieron controladas por capital foráneo. Según voceros del BCRA, la salida de divisas de empresas propiedad de no residentes que transfirieron sus operaciones locales explica el fenómeno registrado en la estadística. La señal aparece nítida cuando se observa el detalle de las transacciones más recientes, que afectan a sectores tan diversos como energía, banca y consumo masivo.

El economista Pedro Martínez de la consultora PxQ se refirió al récord estadístico que exhiben los registros y a las causas técnicas detrás de la cifra: “No es un dato que vaya a pesar a futuro en términos cambiarios, que produzca una salida que ponga en riesgo el balance cambiario sino más bien un fenómeno que se da por la relajación del cepo”. El especialista consideró que las magnitudes negativas no reflejan necesariamente una presión extra sobre la plaza local en materia de dólares financieros, y remarcó que el saldo es consecuencia directa de la cantidad y magnitud de operaciones de desinversión.

Los números negativos no se distribuyen de forma aislada por sector, sino que muestran un patrón transversal que recorre áreas estratégicas. En energía, la tendencia arrancó a fines del año pasado, cuando petroleras como ExxonMobil de Estados Unidos y la malaya Petronas dieron inicio a procesos de venta de activos dentro de la formación de Vaca Muerta. ExxonMobil cedió la totalidad de sus intereses en la región a Pluspetrol en una operación estimada en USD 1.700 millones. Petronas, por su parte, analizó la posibilidad de retirarse del bloque La Amarga Chica, operado en conjunto con YPF, y ya había definido abandonar el proyecto de GNL que compartía con la petrolera estatal.

La francesa TotalEnergies también avanzó en procesos similares. La firma estudió la transferencia de sus concesiones en el norte de Neuquén, con Jefferies explorando ofertas por los bloques La Escalonada y Rincón de la Ceniza. Mientras tanto, la noruega Equinor recurrió al Bank of America como asesor para encontrar un comprador para sus activos en Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte. Las compañías fundamentaron las decisiones en cambios de estrategia internacional, búsqueda de eficiencia y la readecuación de la exposición a nuevos entornos regulatorios.

El relevamiento de PxQ identifica patrones similares en sectores como banca y consumo masivo. Entre las compañías de consumo que manifestaron ya su decisión de desinvertir figura la filial local de Procter & Gamble (P&G). El grupo argentino Newsan notificó la compra de la operación de P&G, por lo cual el conglomerado estadounidense concretó la salida de su división argentina, incluidos activos y marcas registradas.

El caso de la cadena francesa Carrefour representa una situación intermedia: la decisión de abandonar el país existe, pero no se completó el proceso de venta. La compañía procura encontrar un comprador que se haga cargo de su red en la Argentina, opción que también evalúan otras multinacionales.

En el segmento de telecomunicaciones, la española Telefónica concretó durante 2025 la venta de su unidad argentina a Telecom Argentina, en una operación valuada en aproximadamente USD 1.245 millones y que implicó el traspaso de la mayoría de los activos del grupo ibérico en el país. El foco de los nuevos titulares estuvo en el traslado de control a un grupo local, marcando dentro del proceso un patrón que se viene repitiendo.

El caso de Paramount, firma estadounidense de medios, corresponde a la categoría de empresas en etapa de salida. En 2025, el conglomerado inició el proceso destinado a transferir el canal Telefe y otras señales operativas a nivel local. El avance del proceso depende de variables contractuales y de mercado, aunque sigue la lógica común al resto de sus pares: repliegue en América Latina, desinversión de activos no estratégicos y optimización financiera.

El documento de PxQ indica que el fenómeno abarca a la totalidad de los sectores con mayor presencia de capital externo, y que obedece tanto a la presión operativa de las casas matrices como a las condiciones del contexto nacional. Entre los factores internos figuran el alto nivel de incertidumbre, las restricciones cambiarias vigentes y las dificultades para girar utilidades. Los relatos empresariales suman, además, un malestar con las reglas de juego y el funcionamiento del marco institucional. Fuentes consultadas por PxQ resumen el clima de malestar: muchas compañías se fueron porque “se cansaron de la Argentina y del maltrato”.

El gobierno encabezado por Javier Milei avanzó en la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El programa apunta a restablecer la confianza y estimular el ingreso de grandes proyectos de capital, concentrando los incentivos en las zonas con mayor potencial para captar flujo internacional. De acuerdo al relevamiento de PxQ, la medida logró desacelerar la ola de partidas, aunque no se revirtió la tendencia de ventas a manos de capitales nacionales. En el primer semestre de 2025, el 42% de las fusiones y adquisiciones del mercado argentino tuvo como protagonistas a compradores internacionales, pero la mayoría de los activos vendidos por las multinacionales pasaron a manos de grupos de control local.

Los registros del BCRA respaldan el diagnóstico. El saldo negativo de la IED registrado en 2025 representa la primera variación de este signo en veintidós años. El sector privado redujo su exposición, y la estadística incorpora el resultado de firmas que cedieron posición o se retiraron del mercado. La información consolidada mes a mes refuerza la sensación de que el nuevo ciclo terminó por consolidar un escenario en el que los capitales que aún permanecen consideran la opción de desinvertir parte de su portafolio o vender activos completos.

En lo inmediato, la magnitud de la IED negativa se vincula con este proceso. Así lo explicaron desde el Banco Central: la salida de divisas que generaron las ventas de empresas por parte de grupos extranjeros condujo al desplome del saldo anual. Según el informe, la ecuación responde a la acumulación de múltiples operaciones de envergadura.

El repaso por nombres y sectores deja, más allá de los montos, una confirmación: la inversión extranjera directa pasó de motor de entrada de divisas a canal de salida neta de recursos al exterior. El dato refleja el alcance del cambio en la estructura empresaria argentina y en el flujo de capitales globales hacia el país.

A pesar de la ausencia casi permanente de clientes, ciertas tiendas situadas en el centro de las grandes urbes de nuestro país mantienen sus puertas abiertas durante años y no entran en bancarrota. Este fenómeno, lejos de ser casual, responde a estrategias empresariales deliberadas e incluso, en algunos casos, a tramas mucho más oscuras. Así lo explica Juan Carlos Galindo, investigador y perito judicial, en un vídeo publicado en TikTok desde su cuenta @jcgalindo_, donde aclara las razones que mantienen con vida a estos comercios “fantasma”.

“La pregunta de cómo es posible que tengan una tienda en el centro de Valencia, en el centro de Madrid y en Barcelona y no hay gente nunca o casi nunca hay gente” es algo habitual, admite el experto. Según Galindo, la situación no se limita solo a tiendas, sino que también afecta a restaurantes y establecimientos especializados, como aquellos que venden accesorios para teléfonos móviles o juguetes de figuras fantásticas. “Pasas un día, otra semana, otro mes y sigue abierta. No han cerrado”, asegura, antes de añadir que este patrón resulta llamativo para cualquier viandante.

Estrategias empresariales: pérdidas a propósito y balances controlados

Contrario a la percepción general de que todo negocio vacío está abocado al cierre, el investigador destaca que en muchas ocasiones se trata de una “tienda de conveniencia de pérdidas”. Explica que “al grupo empresarial le interesa que esa tienda tenga mucho gasto y no tenga ingresos para cuadrar su balance y no pagar impuestos”.

En otras palabras, se trata de una fórmula utilizada especialmente por grandes multinacionales para generar pérdidas artificiales en determinados locales y así minimizar la base imponible de su grupo empresarial. “Esto de la tienda de pérdidas es históricamente muy famoso y se sigue usando”, subraya Galindo en la publicación.

Estas tiendas cumplen así una función fiscal: son una pieza dentro de un engranaje financiero mayor, donde perder dinero de forma controlada se convierte en una forma de optimizar el balance de toda la compañía. Se trata de un método perfectamente legal cuando se ajusta a la normativa, aunque genera inquietud en el tejido comercial tradicional y entre los expertos.

Posibles casos de actividades ilícitas

Galindo no esquiva el tema más delicado y subraya que, más allá de los intereses fiscales, existe una segunda explicación posible: la utilización de estos establecimientos como tapadera para actividades fraudulentas. “Pueden ser tiendas donde la caja sea ficticia y sea utilizada de dinero ilícito”, advierte el perito judicial. De este modo, el flujo financiero aparente permite blanquear capitales procedentes de actividades ilegales, escondidos tras la fachada de un comercio aparentemente inofensivo y de escasa clientela.

Este mecanismo, según recalca Galindo, es algo que “todos estamos pensando”, sugiriendo que la sospecha social suele ir más allá de las meras sospechas fiscales y apunta también hacia la economía sumergida. “Pueden ser dos cosas, fíjate qué curioso”, insiste el perito, dejando claro que ni todos los negocios sin clientes están operando obligatoriamente al margen de la ley, ni todas las historias tienen una única explicación.

El presidente de la república Gustavo Petro expresó una crítica directa a la Federación Nacional de Cafeteros, señalando la distancia que mantiene con este gremio y cuestionando el modelo de comercialización del café colombiano.

Desde Manizales, durante el lanzamiento de la licitación del aeropuerto del Café (Aerocafé) que operará en el municipio de Palestina (Caldas), el mandatario nacional sostuvo que dichas diferencias con el gremio obedecen a supuestos actos que, según el jefe de Estado, benefician a funcionarios y a contrataciones con multinacionales que a los productores nacionales.

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“Lo que busco, en primerísimo lugar, es abrirle perspectivas a la región (…) ojalá no fuera coyuntural. La manera para que la reactivación del café no sea coyuntural es que podamos industrializar y no vender exclusivamente el grano verde”, expresó Petro.

Posteriormente, el presidente reveló los motivos por los que tiene serias diferencias con la organización.

“Ese hecho, que se da desde hace tiempo, promovido, incluso, por la Federación Nacional de Cafeteros, con la que tengo una fuerte distancia, es un trabajo muy fácil. Se ganan un billetal, tenían hasta diplomáticos en el exterior viviendo muy bien”, afirmó.

Destacó que estos representantes se encontraban en ciudades como New York, donde, según su apreciación, disfrutaban de condiciones privilegiadas.

“Hacían una contratación con las multinacionales que usan el café, que no son muchas —General Foods, Nestlé, alguna otra— de una manera que es fácil para el funcionario de la Federación Nacional de Cafeteros, pero perverso para el país”, sostuvo.

El presidente criticó que, pese a estos beneficios, la Federación realizaba contratos con multinacionales que comercializan café, lo que, a su juicio, afecta la identidad del producto colombiano.

“Esto hace que en realidad casi ningún consumidor del mundo que no sea especialista sepa cuál es el sabor del café colombiano”, mencionó el presidente, en la que realizó una comparación con otros países de la región.

“Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo, nos han ganado en eso; Brasil también”, agregó Petro.

El presidente también abordó la coyuntura actual del sector, destacando una reactivación económica que, en su opinión, solo podrá sostenerse si se avanza hacia la industrialización del café en Colombia.

Petro indicó que la clave para evitar que este repunte sea pasajero radica en transformar el producto dentro del país y comercializarlo tras su procesamiento, utilizando exclusivamente el grano cultivado localmente.

Otras críticas de Petro al gremio cafetero

Esta no ha sido la única crítica realizada por el presidente Gustavo Petro hacia la Federación Nacional de Cafeteros.

En abril de 2025, el mandatario había cuestionado la ausencia del gremio cafetero en las reuniones del Punto de Mando Unificado (PMU) como respuesta al incremento de casos de fiebre amarilla en el país, especialmente en el Eje Cafetero.

En su momento, el presidente subrayó la importancia de involucrar a los actores locales en la estrategia sanitaria, haciendo un llamado explícito a la Federación Nacional de Cafeteros. En palabras del jefe de Estado, “La Federación de Cafeteros no ha asistido a los PMU, y es la zona cafetera la primera víctima”.

Además, solicitó la colaboración de las organizaciones de base: “Le pido a las acciones comunales y las cooperativas cafeteras estar ya listas para ayudar en este esfuerzo de movilización nacional por la vida”.

Sin embargo, desde la organización cafetera aclaró que ha estado activa en el tema de la fiebre amarilla, pero que no ha sido invitada oficialmente a participar en el PMU. La organización enfatizó que no ha recibido ninguna convocatoria formal del Gobierno nacional, desmarcándose así de las críticas presidenciales.

“En el marco de esas invitaciones y como es nuestra costumbre, hemos apoyado a los gobiernos seccionales y locales en la atención de esta materia de salud pública. De parte del Gobierno Nacional no hemos recibido convocatoria alguna y estamos dispuestos a prestar la colaboración que corresponda”, explicaron en un comunicado.

En el mismo comunicado, la FNC citó datos del Ministerio de Salud que reflejan la gravedad de la situación. Entre 2024 y los primeros meses de 2025, se han confirmado 70 casos de fiebre amarilla, de los cuales 33 resultaron fatales. Solo en lo que va de 2025, se han documentado 47 casos, con el 87% concentrado en el departamento del Tolima, que ahora se considera un nuevo foco activo de la enfermedad.

La presencia de directores ejecutivos indios en empresas de Estados Unidos se ha intensificado, consolidando la adaptación y la perseverancia como herramientas de liderazgo efectivas en el siglo XXI. India se posiciona hoy como uno de los mayores exportadores de talento empresarial, transformando la composición de las juntas directivas en corporaciones multinacionales.

Satya Nadella en Microsoft, Sundar Pichai en Google, Leena Nair en Chanel y Raj Subramaniam en FedEx ilustran esta tendencia. Hasta 2023, Laxman Narasimhan encabezó Starbucks. Según Newsweek, la última lista Fortune 500 incluye once compañías con CEOs de origen indio, quienes gestionan una capitalización bursátil conjunta que supera los USD 6,5 billones. Este avance responde a cambios históricos que han colocado a India en el centro de la economía mundial.

Un estudio conjunto de Newsweek y la consultora ghSMART, basado en la evaluación de 30.000 altos ejecutivos, identifica rasgos distintivos en el liderazgo indio. Los líderes indios son cinco veces más proclives a asumir riesgos calculados y casi seis veces más propensos a afrontar retos en comparación con sus pares internacionales. También destacan por su resiliencia, orientación a procesos y extraordinaria capacidad de adaptación proactiva, considerada como uno de los mejores predictores de éxito en la alta gestión. La evolución de este liderazgo se articula en cuatro etapas definidas.

Primera ola: excelencia técnica y migración

La primera ola surgió tras la independencia india en 1947, con la excelencia técnica como vehículo de movilidad social. El Indian Institute of Technology (IIT) se estableció como un semillero de ingenieros y científicos. La apertura migratoria en Estados Unidos en 1965 ofreció nuevas opciones para estos talentos. Raj Gupta, egresado de IIT Bombay y Cornell, llegó al país en 1969 con ocho dólares y una sólida formación. La tasa de admisión en IIT, entre 0,5 % y 2 %, superaba la selectividad de la Ivy League. Gupta desempeñó trece cargos en tres continentes y tuvo diecisiete jefes directos antes de alcanzar la dirección ejecutiva de Rohm and Haas en 1999.

El sistema educativo indio, caracterizado por una competencia intensa y una fuerte orientación hacia ingeniería y medicina, creó una auténtica cantera de talento. Raghu Raghuram, ex CEO de VMware, lo expresó así: “Eras ingeniero, médico o nadie. El sistema no estaba diseñado para todos”. Escuelas como Hyderabad Public School formaron figuras como Nadella, Shantanu Narayen (Adobe), Ajay Banga (Banco Mundial) y Prem Watsa. Incluso quienes no ingresaron al IIT, como Nadella, demostraron que el éxito global depende de la capacidad para reinventarse y aprovechar oportunidades más allá de los exámenes.

Segunda ola: disrupción tecnológica y adaptación

Coincidiendo con la revolución tecnológica de los años 90, la agilidad, la innovación y la transformación sustituyeron la antigua estabilidad corporativa. Los ejecutivos indios, procedentes de un país con más de 1.400 millones de habitantes y mil seiscientas lenguas y dialectos, se especializaron en entornos de incertidumbre. Ravi Kumar, CEO de Cognizant, afirmó: “Si conduces un coche en la India, puedes conducir en cualquier parte del mundo”. La improvisación—llamada jugaad—se convirtió en ventaja estratégica. Según ghSMART, estos líderes presentan casi seis veces más probabilidades de sobresalir en aceptación de desafíos y un 43% más de fortaleza relativa en adaptabilidad.

El perfil de Jay Chaudhry, fundador de Zscaler, simboliza esta etapa. Tras servir en la Fuerza Aérea india, fundó varias empresas millonarias en Silicon Valley hasta consolidar una compañía valorada en USD 45.000 millones. La transición de funciones técnicas a la dirección estratégica se observa también en Nadella y Pichai, hoy responsables de la transformación de Microsoft y Google. Según ghSMART, estos líderes sobresalen un 15% más en toma de decisiones rápidas y contundentes, atributo clave en contextos de alta volatilidad.

Tercera ola: liderazgo en marcas globales

La tercera etapa se consolida cuando las multinacionales buscan líderes preparados para gestionar contextos culturales complejos. Leena Nair, tras tres décadas en Unilever, asumió en 2022 la dirección de Chanel. “Si alguien me hubiera dicho que haría lo que hago hoy, no lo habría creído”, relató Nair a The Wall Street Journal. Su paso de los bienes de consumo masivo a una firma de lujo demuestra la capacidad de adaptar una gestión analítica y narrativa a espacios donde la imagen y la colaboración son esenciales.

La gestión de la diversidad y la construcción de alianzas se convirtieron en competencias diferenciales. Para Raghuram: “En la carrera humana, solo logras que un gran grupo haga algo si cuentas una historia. Es una habilidad adquirida, no enseñada en las escuelas”. Según ghSMART, los CEOs indios demuestran un 1,4 veces más orientación al cliente, aplicando análisis sistemático en lugar de confiar únicamente en la intuición cultural. Equilibrar los intereses de juntas, empleados, clientes y comunidades se volvió fundamental, desplazando la figura del líder carismático solitario.

Cuarta ola: creación de riqueza en la India

En la cuarta ola, el talento indio invirtió en construir riqueza en su país. Tras la liberalización económica de 1991 y el final del “License Raj”, el capital de riesgo pasó de casi inexistente en el año 2000 a USD 38.500 millones en 2021. Sridhar Vembu, doctor en ingeniería eléctrica por Princeton, prefirió fundar Zoho Corporation en una aldea de Tamil Nadu antes que aceptar ofertas de Wall Street o Silicon Valley; la empresa está valorada actualmente en USD 5.850 millones. Sachin y Binny Bansal renunciaron a Amazon en Seattle para fundar Flipkart con USD 10.000 y la vendieron a Walmart por USD 16.000 millones. Harshil Mathur y Shashank Kumar, de Razorpay, alcanzaron los USD 1.000 millones de patrimonio antes de cumplir 33 años.

Estos empresarios poseen credenciales internacionales, detectan problemas locales como oportunidades de negocio y entienden el ascenso de la India. Implementaron modelos como el pago contra entrega de Flipkart y la integración bancaria de Razorpay, atendiendo realidades culturales ajenas a los manuales occidentales. Adaptación, visión y respuesta a las necesidades locales explican su éxito.

Un nuevo paradigma en el liderazgo empresarial

El impacto de los líderes indios ha redefinido la percepción y la praxis del liderazgo corporativo. Eric Garcetti, ex embajador estadounidense en la India, ironizó: “Antes se decía que no podías ser CEO en Estados Unidos si eras indio; ahora el chiste es que no puedes ser CEO en Estados Unidos si no eres indio”. Más allá de la broma, esta transformación marca un cambio profundo: la excelencia operativa, la construcción paciente de consensos y la asignación estratégica de recursos han sustituido la gestión carismática y el enfoque cortoplacista. La próxima generación tiene el desafío de mantener la ventaja global y reproducir las condiciones que originaron este fenómeno.

“La salida de multinacionales continúan, pero en menor medida”, es una de las definiciones que dejó el último reporte de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) de PwC, correspondiente al primer semestre del 2025.

Durante el período de vigencia hubo más de 4 transacciones en las que un grupo multinacional vendió toda o una parte de su operación en Argentina, 12 en 2024 y son más de 80 desde 2020, según la consultora.

La continuidad de ese proceso puede parecer un contrasentido en el marco de un gobierno como el de Javier Milei en el que se impulsaron reformas puramente pro-mercado y, si bien queda mucho camino por desandar para las empresas, hubo una flexibilización del cepo para acceder a divisas. Quedan pendientes la posibilidad de girar dividendos acumulados hasta el ejercicio 2024 y terminar de ordenar el salto que tuvo la deuda comercial durante la presidencia anterior.

Quedan pendientes la posibilidad de girar dividendos acumulados hasta el ejercicio 2024 y terminar de ordenar el salto que tuvo la deuda comercial durante la presidencia anterior

Los últimos antecedentes de multinacionales que vendieron operaciones son ExxonMobil, Petronas, Falabella, Walmart, HSBC, Telefónica y la lista sigue.

Exceso de regulaciones desde el inicio de la década

La salida de empresas de los últimos cinco años no tiene solo una explicación. En muchos casos responden a decisiones que las casas matrices habían tomado años atrás o en las que se aprovechó un techo en los precios de los activos para desinvertir y financiar iniciativas en otros países.

Algunas simplemente no soportaron la dificultad de operar con altos niveles de regulación, con cambios de una semana a la otra, y un entorno de inestabilidad macroeconómica antes del cambio de gobierno.

El Ejecutivo impulsó en el Congreso la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios tributarios y cambiarios, para estimular la llegada de iniciativas a la economía real. Hasta el momento hubo 15 proyectos que presentaron la solicitud para ingresar al RIGI y fueron aprobados seis, por un total de USD 12.800 millones, según informó en la semana el ministro de Economía, Luis Caputo.

La primera solicitud rechazada fue la de la iniciativa de litio “Mariana” presentada por la empresa china Ganfeng, una de las principales mineras a nivel global, por no cumplir con los requisitos. La noticia se conoció después de que Peter Lamelas, futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para defender su nominación y, entre otras cosas, habló sobre la necesidad de limitar la expansión de inversiones chinas en el país.

Las iniciativas aprobadas hasta el momento son: Guacamalayo (minería de litio en Salta), Vaca Muerta Oil Sur (oleoducto entre Neuquén y Río Negro), PAE - Golar (Río Negro), Parque Solar El Quemado (energía eléctrica en Mendoza), Sidersa (San Nicolás, Buenos Aires) y Salar del Hombre Muerto (Catamarca).

Quince provincias adoptaron hasta el momento el RIGI mediante leyes locales. Las jurisdicciones adheridas son: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

La normativa local habilitó el tratamiento preferencial tanto en el plano tributario como en cuestiones cambiarias y de reinversión.

Generación de puestos de trabajo

En materia de empleo, el Gobierno proyectó un impacto de más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el pico de contrataciones a partir de las seis iniciativas aprobadas. Las empresas comprometieron la utilización de proveedores locales por encima del 20% del total invertido, tal como establece el RIGI.

Las empresas comprometieron la utilización de proveedores locales por encima del 20% del total invertido

El flujo neto de inversión extranjera directa (IED) -ingresos y egresos- presentó en lo que va del año un saldo neto negativo de USD 1.679 millones y, de finalizar el 2025 así, sería el peor resultado desde que hay registro, según datos del Banco Central. El antecedente más bajo fue 2024, con un neto positivo de USD 89 millones.

Las operaciones quedan cada vez más concentradas en jugadores locales como en el caso de la venta de los activos de Exxon a Pluspetrol ola reciente operación entre la malasia Petronas y Vista. El gobierno de Milei apuesta al RIGI, desregulaciones, estabilidad macroeconómica y una señal de continuidad del proceso político con el resultado que espera en las próximas elecciones para revertir esa tendencia de la IED.

El análisis prevé que, sin aranceles, el PIB irlandés, que incluye la actividad de las multinacionales, crecerá el 4,1 % durante 2025 y el 3,4 % al siguiente.

En ese mismo escenario, la Demanda Doméstica Modificada (MDD, en inglés), un indicador más fiable para la economía interna porque elude las distorsiones que crean las compañías extranjeras sobre el PIB, avanzaría el 2,5 y el 2,8 %, respectivamente.

Sin embargo, el Ministerio irlandés de Finanzas aludió en el citado informe, remitido a la Comisión Europea (CE), a las consecuencias de "gran alcance" que tendría para este país la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump.

La ausencia de un acuerdo entre Washington y Bruselas sobre unos aranceles del 10 %, apuntó el documento, rebajaría la MDD hasta el 2 % durante este año y al 1,75 % en 2026.

La guerra comercial entre los dos bloques también afectaría al crecimiento del mercado laboral irlandés, que caería en torno al 0,5 %, lo que equivale a unos 25.000 puestos de trabajo menos a finales del próximo año.

Sin tener en cuenta el impacto de los aranceles, el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, ya ha previsto asimismo que la recaudación del impuesto de sociedades se reducirá este año en 2.000 millones de euros, desde los 29.000 millones pronosticados, debido a la caída de los beneficios de las multinacionales.

A este respecto, el Ministerio de Finanzas ha excluido de sus proyecciones los hipotéticos aranceles sobre las farmacéuticas, que representan más del 50 % de las exportaciones irlandesas, ya que Trump aún no ha anunciado qué porcentaje les aplicará.

El pasado febrero, por ejemplo, el valor de las exportaciones irlandesas a EE.UU. aumentó el 210 % debido a que las multinacionales hicieron acopio de productos farmacéuticos en previsión de una escalada de la guerra comercial. EFE

Madrid, 29 ene (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respondido este martes al presidente de Ryanair, que le llamó "ministro loco comunista" por la sanciones a la compañía, que ningún insulto le hará cesar en su empeño de "defender a la gente frente a los poderosos".

"Ningún chantaje y desde luego ningún insulto va a hacerme cesar en el empeño de defender a la gente frente a los poderosos", ha dicho el ministro en contestación al empresario irlandés Michael O’Leary, presidente de esa aerolínea.

O’Leary pidió ayuda en Bruselas a la Comisión Europea "para frenar a los gobiernos nacionales que intentan regular el tráfico aéreo" y se refirió al "ministro loco comunista de España" que "se inventa paquetes de multas" por cobrar el equipaje de mano.

Bustinduy ha lamentado la estrategia de Ryanair, que a su juicio "pasa por el chantaje, la presión y también el insulto para perseguir sus objetivos y multiplicar sus beneficios", tras intervenir en la sede de su ministerio en una jornada sobre la prestación universal de crianza.

"Cada cual que haga lo que quiera. Yo soy el ministro de Consumo del Gobierno de España y mi obligación es defender los derechos de las personas consumidoras en este país por encima de los intereses de cualquier multinacional o de cualquier magnate millonario, por poderoso que sea", ha aseverado.

El responsable de la cartera Consumo se ha mostrado dispuesto a seguir defiendo los intereses y los derechos de la ciudadanía española "donde haga falta y ante quien haga falta".

"Ninguna presión, ningún chantaje y desde luego ningún insulto va a hacerme cesar en ese empeño de defender a la gente frente a los poderosos", ha dicho.

Respecto a la reunión en Madrid de líderes de extrema derecha europeos en febrero, el ministro ha dicho que "no van a vencer porque vamos a seguir avanzando" en derechos. EFE

El sindicato de técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) ha alertado de las "graves amenazas arancelarias" que podría tener la decisión del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a su país del acuerdo impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que fija para las multinacionales un gravamen que garantice una tributación mínima del 15% a nivel mundial.

A juicio de Gestha, esta decisión "frustra completamente" el trabajo realizado desde 2008 para alcanzar un gran consenso global, que queda diluido en apenas 24 horas con la amenaza del Gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a quienes apliquen esta tributación a las firmas estadounidenses.

En opinión de Gestha, puede ser indicativo de esta decisión que buena parte de los dueños de las multinacionales afectadas rodeaban a Trump ayer durante su investidura.

La medida va a afectar negativamente al recién aprobado impuesto complementario en España para los ejercicios fiscales que vencieran a final de 2024 (el llamado Pilar 2), como también a todos los países de la UE que incorporaron la directiva a sus legislaciones internas, así como al resto de países, 145 en total, del marco inclusivo de la OCDE que igualmente aplican este impuesto.

En este sentido, la imposición mínima del 15% podría aportar hasta 3.600 millones al año en España; sin ir más lejos, una cuarta parte de las multinacionales españolas tributan por debajo del 3% de sus beneficios a nivel mundial.

Además, Gestha opina que la decisión de EEUU echa por tierra también los avances conseguidos para implementar el Pilar 1 de esta tributación mínima global, un pilar que debería reasignar los derechos de imposición de la parte de beneficios de las multinacionales más rentables del mundo a las jurisdicciones de mercado en las que se generan los beneficios en función de la ubicación de los clientes o usuarios. Esta parte había demorado su aprobación en espera de alcanzar un mayor consenso, que se esperaba alcanzar en 2025.

Por todo ello, Gestha considera que los 27 países de la UE, junto con los otros 117 países y jurisdicciones que con los europeos forman el Marco inclusivo de la OCDE deberían mantener el compromiso de la imposición mínima global alcanzada, de forma que se minimicen las amenazas de la Administración Trump o ésta reconsidere su Memorando.

París, 21 ene (EFE).- El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, subrayó su voluntad de seguir trabajando con Estados Unidos y con todos los otros países implicados en la fiscalidad de las multinacionales, después del anuncio de Donald Trump de que se retira del acuerdo para un impuesto mínimo mundial.

"Seguiremos trabajando con Estados Unidos y con todos los países de la mesa para apoyar una cooperación internacional que ofrezca certidumbre, evite la doble imposición y proteja la base imponible", señaló Cormann en una primera reacción al revés que supone la salida del acuerdo de la primera potencia mundial comunicada por el nuevo presidente estadounidense.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció que los representantes estadounidenses les habían planteado "preocupaciones sobre diferentes aspectos" de ese compromiso. EFE

Bilbao, 27 dic (EFECOM).- Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en sesión plenaria nuevas medidas tributarias para 2025, entre ellas un impuesto complementario con un mínimo de tributación del 15 % para multinacionales y empresas nacionales de gran magnitud, incorporado a última hora mediante una enmienda apoyada por todos los grupos.

Este nuevo impuesto fue aprobado la pasada semana en el Congreso de los Diputados y transpone una directiva europea por la que se garantiza que todas las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades.

Tras el pleno en el que han quedado aprobados los presupuestos de Bizkaia para 2025, con el voto a favor de PNV y PSE-EE y la abstención de EH Bildu, la Cámara vizcaína ha celebrado en Gernika la última sesión plenaria del año, en la que ha dado luz verde a la norma foral de medidas tributarias que aprobó el Consejo de Gobierno de la Diputación el pasado 17 de octubre, han informado las Juntas Generales.

Con los votos a favor de PNV y PSE-EE, partidos que integran el gobierno foral, y los votos contrarios de la oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin Bizkaia-, la Cámara ha aprobado las nuevas medidas fiscales, entre ellas la prórroga de la deducción de 200 euros en el IRPF para ingresos inferiores a 35.000 euros.

EFE

cc/may

Bangkok, 27 dic (EFE).- El Ministerio de Finanzas tailandés anunció este viernes que empezará a aplicar el 1 de enero de 2025 el impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales, de acuerdo con las normas del la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En un comunicado, el Ministerio indicó que el nuevo impuesto deberá ser abonado por aquellas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros (781 millones de dólares) al año, independientemente del origen geográfico.

El director general del Departamento de Hacienda tailandés, Pinsai Suraswadi, afirmó que la implementación del impuesto busca garantizar la "sostenibilidad presupuestaria" de Tailandia ante otros países que ya aplican la tasa del 15 %.

Así, el Ministerio tailandés precisó que la medida ya ha sido implementada por 28 países desde 2024, incluidos Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Turquía, Nueva Zelanda, España, Reino Unido, Italia y Vietnam, entre otros, mientras que otras naciones y regiones como Malasia, Singapur, Indonesia y Hong Kong se espera que lo hagan el año que viene.

Un total de 136 países y jurisdicciones con una representación del 90 % del producto interior bruto mundial, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el G20 (grupo de los países más desarrollados y los más emergentes), acordaron en octubre de 2021 aplicar un impuesto mínimo de sociedades del 15 %.

Este acuerdo, dirigido especialmente a las empresas del sector digital que evaden el pago de impuestos al situar sus sedes fiscales en países con baja carga fiscal, se aplica a multinacionales que facturen al menos 750 millones de dólares al año.

Bangkok, 27 dic (EFE).- El Ministerio de Finanzas tailandés anunció este viernes que empezará a aplicar el 1 de enero de 2025 el impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales, de acuerdo con las normas del la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En un comunicado, el Ministerio indicó que el nuevo impuesto deberá ser abonado por aquellas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros (781 millones de dólares) al año, independientemente del origen geográfico.

El director general del Departamento de Hacienda tailandés, Pinsai Suraswadi, afirmó que la implementación del impuesto busca garantizar la "sostenibilidad presupuestaria" de Tailandia ante otros países que ya aplican la tasa del 15 %.

Así, el Ministerio tailandés precisó que la medida ya ha sido implementada por 28 países desde 2024, incluidos Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Turquía, Nueva Zelanda, España, Reino Unido, Italia y Vietnam, entre otros, mientras que otras naciones y regiones como Malasia, Singapur, Indonesia y Hong Kong se espera que lo hagan el año que viene.

Un total de 136 países y jurisdicciones con una representación del 90 % del producto interior bruto mundial, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el G20 (grupo de los países más desarrollados y los más emergentes), acordaron en octubre de 2021 aplicar un impuesto mínimo de sociedades del 15 %.

Este acuerdo, dirigido especialmente a las empresas del sector digital que evaden el pago de impuestos al situar sus sedes fiscales en países con baja carga fiscal, se aplica a multinacionales que facturen al menos 750 millones de dólares al año. EFE

El auge de Vaca Muerta representa una oportunidad para que las empresas locales amplíen sus inversiones en el shale oil y shale gas en la Argentina. Para algunas compañías extranjeras este contexto también supone una ocasión para vender activos a valores competitivos, en el marco de un proceso generalizado de revisión en las operaciones en la región.

La dinámica puede resultar una especie de contrasentido en medio del crecimiento del sector, la desregulación que impulsó el Gobierno de Javier Milei, la promesa de eliminar el cepo cambiario este año y los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El sostenimiento de los estrictos controles de cambio es uno de los principales puntos señalados por los privados como tope para el crecimiento de los negocios en el país.

En la industria hidrocarburífera señalan de todos modos que es normal que las multinacionales reformulen sus operaciones para consolidar las más rentables, más allá del sustancial cambio en la política económica que se dio durante el último año y medio. La venta de activos, igualmente, abre oportunidad a las firmas locales de crecer en importancia.

“La venta de activos tiene que ver con decisiones que, en muchos casos, fueron tomadas desde hace tiempo por la casa matriz. Ese tipo de planes se realizan mirando el mediano y largo plazo. El potencial de la Argentina es enorme, pero la verdad es que por ahora no es un jugador relevante y no resulta tan competitivo como Estados Unidos, Israel o Guayana”, comentó una fuente con amplia experiencia en el sector.

“La misma oferta que recibió uno de nuestros colegas nos resultaría suficiente para desinvertir nuestra licencia de producción de shale oil en Argentina”, declaró la semana pasada Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, en diálogo con Bloomberg durante la CERAWeek en Houston, Estados Unidos, la conferencia más importante del sector energético a nivel mundial. Las palabras de Pouyanné hacen referencia a la posibilidad de vender las áreas concesionadas por la petrolera francesa en el norte de la provincia de Neuquén, La Escalonada y Rincón de la Ceniza, donde actualmente produce petróleo.

Según fuentes del mercado, TotalEnergies buscaría valores similares a los obtenidos recientemente por ExxonMobil, que concretó la venta de sus activos en el país en el marco de su plan para centrarse en la explotación offshore en Guyana. En este proceso, el banco Jefferies se encargará de sondear el mercado y en las próximas semanas comenzará a recibir las primeras propuestas económicas por los activos de la empresa francesa.

A pesar de esta posible desinversión, TotalEnergies continuará operando en Argentina, ya que el 90% de su producción corresponde a gas natural, posicionándose como el segundo mayor productor del país en este segmento.

El antecedente más reciente de venta en Vaca Muerta fue el de ExxonMobil, que en 2024 concretó su salida de Argentina mediante dos operaciones que sumaron aproximadamente USD 2.000 millones, según datos de PwC. La primera transacción incluyó las concesiones en Bajo del Choque-La Invernada, Los Toldos (I Sur y II Oeste) y Pampa de las Yeguas, vendidas a Pluspetrol por unos USD 1.700 millones. La segunda operación fue la venta a YPF del 54,45% del área Sierra Chata, en la que también participaba Qatar Energy, por USD 300 millones. Actualmente, el operador de esta área es Pampa Energía, que mantiene la participación restante.

Por su parte, la petrolera noruega Equinor también evalúa su salida de Vaca Muerta y contrató al Bank of America para gestionar la venta de sus activos en la formación, según adelantó EconoJournal. La compañía busca desprenderse de su participación en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte, que comparte con YPF. En estos casos, la petrolera estatal argentina tiene prioridad de compra.

Otra compañía que podría sumarse al retiro de empresas extranjeras es Petronas, que actualmente analiza la venta de su participación del 50% en el bloque La Amarga Chica, cuya otra mitad pertenece a YPF, según adelantó Bloomberg. A nivel de producción, la firma malaya se posiciona como la quinta mayor productora de petróleo no convencional en Argentina. Este análisis de desinversión se suma a la decisión que tomó Petronas el año pasado de retirarse del proyecto de GNL, que iba a desarrollar junto a YPF para la exportación de gas natural licuado con fluido de Vaca Muerta.

Las decisiones de negocios se dan en un contexto global complejo. El recrudecimiento de la guerra comercial, el temor a una recesión en Estados Unidos y las políticas impulsadas por Donald Trump, entre otros factores, precipitaron una caída en el precio internacional del petróleo, llevándolo a tocar a sus niveles más bajos en los últimos tres años. Esta dinámica puede ser un arma de doble filo para la Argentina.

Los valores más bajos del crudo pueden reducir la presión sobre los combustibles locales y, en consecuencia, ayudar al gobierno de Javier Milei a apuntalar la desaceleración de la inflación. Sin embargo, una profundización de la tendencia bajista podría poner en riesgo los ingresos fiscales y de divisas previstos para los próximos años, además de complicar el desarrollo de algunos proyectos en Vaca Muerta.

En el sector esperan que las áreas de las que se desprenderán las multinacionales sean absorbidas por empresas locales; en muchos casos pueden ser adquiridas por YPF. La petrolera de mayoría estatal busca que para 2026 todas sus inversiones estén destinadas al Shale de Vaca Muerta.

La consultora Aleph Energy destacó en su último informe que las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en la Argentina totalizaron en 2024 unos USD 11.360 millones. El 70% de ese monto, unos USD 8.569 millones, fueron desembolsados en Vaca Muerta. En 2025 llegarán grandes inversiones en infraestructura que permitirán dar un salto en las exportaciones de hidrocarburos de la Argentina, especialmente en petróleo.

El Gobierno aprobó este viernes la solicitud de ingreso al RIGI del mega proyecto Vaca Muerta Oil Sur (Vmos), con el que los principales jugadores de la industria local construirán un oleoducto de 430 kilómetros entre Neuquén y Río Negro, más obras complementarias, con el que la Argentina podría alcanzar un salto sustancial en sus exportaciones de petróleo de los próximos años.

La iniciativa demandará una inversión de hasta USD 2.900 millones por parte del consorcio de empresas lideradas por YPF junto a PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron y Shell. La obra permitiría al país vender al mundo más de USD 15.000 millones anuales gracias a una mayor producción y capacidad de evacuación de shale oil. Si la Argentina consigue avanzar en sus proyectos para producir GNL las exportaciones pueden saltar a USD 30.000 millones anuales desde 2030, según las previsiones del sector y del Gobierno.

Ginebra, 20 dic (EFE).- La décima ronda de negociaciones para un tratado que responsabilice a las empresas multinacionales de violaciones de derechos humanos, especialmente frecuentes en países en desarrollo, concluyó este viernes en Ginebra con escasos avances, aunque con esperanzas en que a medio plazo se logren resultados.

"Si me preguntan si habrá texto en un año, pues probablemente no, pero tampoco creo que vayamos a tardar diez años más", resumió a EFE la experta jurídica Andressa Soares, de Campaña Global, plataforma de sociedades civiles que sigue de cerca estas negociaciones desde su inicio en 2014.

Aunque la urgencia crece "porque las violaciones aumentan con el paso del tiempo", se corre el riesgo de intentar acelerar las negociaciones con un acuerdo final débil, advirtió la experta, quien subrayó que en el sur global la presión de la sociedad civil por conseguir resultados es cada vez mayor.

"Mi apuesta es que, debido a esa confluencia de fuerzas, en los próximos dos años vamos a tener importantes negociaciones y avances", aseguró.

Las negociaciones de esta semana estuvieron marcadas, según Campaña Global, por nuevas amenazas de las compañías transnacionales.

"Han llegado al extremo de amenazar a los Estados del sur global con no invertir si se materializa ese instrumento jurídicamente vinculante: eso es comprar impunidad diciendo que si no hacen lo que quieren no invertirán", subrayó a EFE el abogado y activista Pablo Fajardo, de Amigos de la Tierra Ecuador.

Fajardo, que durante 30 años ha participado en el litigio contra Texaco/Chevron por perjuicios ambientales a comunidades indígenas en Ecuador, aseguró que ese emblemático caso es ejemplo del "vacío jurídico global por la falta de un instrumento jurídico que permita juzgar a una empresa que vulnera los derechos humanos".

El abogado ecuatoriano subrayó que no solo son las firmas de combustibles fósiles y otros recursos naturales las principales transnacionales que deben ser sometidas a un futuro tratado, sino también otras grandes empresas como los bancos, con fuertes inversiones en esos sectores.

Soares explicó por su parte que los países más desarrollados todavía tienen en las negociaciones una perspectiva de "protección" de sus empresas multinacionales, mientras que en las naciones en desarrollo hay cierta tensión de fuerzas en la que sin embargo se está avanzando a favor de un tratado.

Economías con grandes firmas de recursos naturales como Australia o Canadá no participan siquiera en las negociaciones, mientras que "China tiene una perspectiva un poco más dicotómica", detalló la experta.

La Unión Europea ha cambiado su perspectiva con la promulgación de directivas europeas a favor de que las empresas respondan en mayor medida de los abusos, mientras que Estados Unidos podría ser un escollo por su tradicional negativa a ratificar todo tipo de tratados internacionales, indicó. EFE

(vídeo)

Madrid, 19 dic (EFE).- El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, de manera definitiva, la ley que regula un tipo mínimo para las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno, a la que se han incorporado propuestas de diferentes partidos.

Estas son las principales medidas incluidas en la ley.

- Transposición de la directiva que regula un impuesto complementario para que las multinacionales paguen, al menos, un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15 % de su resultado contable ajustado.

- Creación de un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, con tipos de entre el 1 % y el 7 %; y dos importantes deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de pérdida de rentabilidad.

- Derogación del gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas, que ha estado en vigor desde 2022.

- Subir dos puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, de manera que el tramo pasaría del 18 % al 20 %.

- Gravar los vapeadores y subir la fiscalidad del tabaco.

- Bajar el IVA de los productos de leche fermentada, como el yogur, al tipo superreducido (4 %).

- Modificar el impuesto de sociedades para compensar la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del PP. Esto implica limitar la compensación de bases imponibles y deducciones por doble imposición, revertir deterioros de valor y extender la limitación de la compensación de las pérdidas de las filiales.

- Cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.

- Bajar progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros.

- Eximir de tributación las ayudas que algunos empleadores han entregado a trabajadores afectados por la dana.

- Impulsar la modificación de la directiva europea del IVA para que se pueda gravar a los pisos turísticos.

- Regulación de la incompatibilidad entre la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez y un trabajo que suponga darse de alta en la Seguridad Social, en cuyo caso se suspendería el pago de la pensión hasta que se produzca el cese en el trabajo.

- Exoneración del pago de las cuotas de la Seguridad Social de los entrenadores de clubes deportivos no profesionales. EFE

Brasilia, 17 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un impuesto mínimo del 15 % sobre los beneficios de las multinacionales en línea con la propuesta global impulsada por la OCDE, y el proyecto ahora tendrá que ser discutido en el Senado.

La medida, apoyada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afectará a las empresas que facturen más de 750 millones de euros al año en por lo menos dos de los cuatro últimos años fiscales y que en la actualidad paguen menos del 15 %.

"Varias naciones ya adoptaron o están en proceso de adoptar reglas semejantes, lo que refuerza la importancia de la adhesión de Brasil a ese movimiento global", afirmó durante el debate el responsable del proyecto de ley, el diputado Joaquim Passarinho.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, 957 grupos empresariales instalados en el país serán alcanzados por el nuevo impuesto, con el que se espera recaudar 3.400 millones de reales en 2026 (unos 550 millones de dólares al cambio de hoy) y otros 7.300 millones en 2027 en un incremento gradual.

Aunque la mayoría de las empresas en Brasil tiene una carga tributaria superior al 20 %, hay una minoría que paga mucho menos debido a incentivos fiscales y desgravaciones, de acuerdo con Hacienda.

El acuerdo impulsado por la OCDE y firmado ya por 140 países fue anunciado en 2021 con el objetivo de combatir la evasión fiscal y complicar las estrategias de las multinacionales para sortear legislaciones nacionales.

Más allá del tributo a las grandes empresas, el Gobierno de Lula ha colocado sobre la mesa la necesidad de establecer también un impuesto mínimo global para los multimillonarios, aunque ese proyecto por ahora no ha salido del papel. EFE

Ciudad del Vaticano, 16 dic (EFE).- El papa Francisco criticó este lunes que hay "multinacionales que trasladan actividades a lugares donde es más fácil explotar el trabajo, poniendo en dificultades a familias y comunidades y cancelando habilidades laborales construidas durante décadas".

Francisco realizó estas declaraciones al recibir en audiencia a dirigentes de varias entidades bancarias ante quienes también lamentó que "hay un tipo de financiación que corre el riesgo de utilizar criterios usureros, cuando favorece a quienes ya están garantizados y excluye a quienes están en dificultades y necesitarían apoyo crediticio".

El pontífice argentino continuó sus críticas explicando que existe "una financiación que capta fondos en un lugar y mueve esos recursos a otras zonas con el único fin de incrementar sus intereses. Entonces la gente se siente abandonada y explotada".

"Cuando las finanzas pisotean a las personas, fomentan las desigualdades y se distancian de la vida local, traicionan su propósito. Se convierte en una economía incivilizada", añadió.

Y subrayó que "las finanzas sanas no degeneran en actitudes usureras, pura especulación e inversiones que dañan el medio ambiente y fomentan las guerras".

"Las instituciones bancarias tienen grandes responsabilidades para fomentar lógicas inclusivas y apoyar una economía de paz", agregó el papa que aprovechó la ocasión para volver a pedir que "el Jubileo que se acerca nos recuerda la necesidad de perdonar las deudas".

Francisco instó a los banqueros a ser "portadores de esperanza para muchos que recurren a vosotros para intentar levantarse de períodos difíciles o relanzar su actividad empresarial". EFE

Madrid, 11 nov (EFE).- El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha denunciado que el paquete fiscal que se vota esta semana en el Congreso contiene una veintena de subidas de impuestos que son un "atraco directo a los españoles".

En una rueda de prensa, Fúster ha criticado que la izquierda "hable de impuestos a las grandes multinacionales y a las grandes fortunas", cuando "lo que quieren aprobar esta semana trae impuestos al tabaco, los cigarrillos electrónicos, eliminación de exenciones en la educación privada y en los seguros de salud, incluso un impuesto a los billetes de avión".

El dirigente de Vox ha criticado también la subida del impuesto del gasóleo, que a su juicio encarecerá la producción de los agricultores valencianos que usan tractores diésel y que afrontan pérdidas por encima de los 1.000 millones de euros como consecuencia de la dana.

El paquete fiscal, que el Gobierno ha introducido como enmiendas en el proyecto de ley de transposición europea que permitirá que las multinacionales tributen en España a un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto sobre sociedades, se votará este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso y el jueves en el pleno.

El PSOE, que pactó esas enmiendas con el PNV y Junts, no cuenta por el momento con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu y BNG para sacarlas adelante, ya que estos exigen que no se elimine el impuesto a las grandes energéticas.EFE

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, en línea con la propuesta global impulsada por la OCDE, y el proyecto ahora tendrá que ser discutido en el Senado.

La medida, apoyada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afectará a las empresas que facturen más de 750 millones de euros al año en por lo menos dos de los cuatro últimos años fiscales y que en la actualidad paguen menos del 15%.

“Varias naciones ya adoptaron o están en proceso de adoptar reglas semejantes, lo que refuerza la importancia de la adhesión de Brasil a ese movimiento global”, afirmó durante el debate el responsable del proyecto de ley, el diputado Joaquim Passarinho.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, 957 grupos empresariales instalados en el país serán alcanzados por el nuevo impuesto, con el que se espera recaudar 3.400 millones de reales en 2026 (unos 550 millones de dólares al cambio de hoy) y otros 7.300 millones en 2027 en un incremento gradual.

Aunque la mayoría de las empresas en Brasil tiene una carga tributaria superior al 20%, hay una minoría que paga mucho menos debido a incentivos fiscales y desgravaciones, de acuerdo con Hacienda.

El acuerdo impulsado por la OCDE y firmado ya por 140 países, fue anunciado en 2021 con el objetivo de combatir la evasión fiscal y complicar las estrategias de las multinacionales para sortear legislaciones nacionales.

Más allá del tributo a las grandes empresas, el Gobierno de Lula ha colocado sobre la mesa la necesidad de establecer también un impuesto mínimo global para los multimillonarios, aunque ese proyecto por ahora no ha salido del papel.

Una reforma fiscal que simplifica tributos

En otro orden, los diputados también aprobaron el principal reglamento de una reforma constitucional en materia fiscal que ya fue promulgada hace un año y que busca simplificar el complejo entramado tributario del país.

El texto, aprobado por amplia mayoría, ahora tiene que ser sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo Gobierno ha impulsado la reforma para fomentar el crecimiento económico.

La norma regula tres nuevos impuestos sobre el consumo de carácter federal, regional y municipal, creados para sustituir los cinco tributos actuales, y establece una tasa de referencia de 26,5%.

Uno de ellos es el llamado Impuesto Selectivo, que tiene por objeto gravar más altos productos considerados perjudiciales para la salud como el alcohol y las bebidas azucaradas, que los diputados decidieron incluir después de que el Senado las hubiese retirado.

Las armas de fuego no fueron incluidas en la lista de mercancías perjudiciales ante la presión de la ultraderecha bolsonarista.

Por otra parte, estarán completamente exentos de impuestos sobre el consumo ciertos medicamentos y otros productos considerados básicos para las familias como la carne, un reclamo del poderoso sector agropecuario.

El ministro de Comunicación del Gobierno, Paulo Pimenta, celebró la votación “histórica”, celebrada después de más de 30 años de discusiones.

“Brasil tendrá un sistema tributario eficiente que va a ayudar al crecimiento de nuestra industria y facilitar la llegada de inversiones al país”, señaló Pimenta en redes sociales.

La medida, que obtuvo el respaldo de la izquierda y del centro, fue criticada por una parte de la ultraderecha debido a un nivel de carga tributaria que consideran excesivo.

(Con información de EFE)

El PSOE quiere que los clubes deportivos sin ánimo de lucro puedan contratar entrenadores para menores de 18 años sin tener que pagar las cotizaciones sociales que conlleva formalizar una relación laboral.

La propuesta se recoge en una de las enmiendas que el PSOE ha registrado en el Congreso al proyecto de ley para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales, a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, se pretende añadir una nueva disposición adicional para establecer que "tendrán derecho a una bonificación del cien por cien de las cotizaciones sociales por contingencias comunes los trabajadores que actúen como entrenadores o monitores dedicados a la formación, preparación o entrenamiento de personas menores de dieciocho años al servicio de clubes, asociaciones o entidades deportivas sin ánimo de lucro".

Aunque la enmienda sólo lleva la firma del PSOE, desde Junts aseguran que esta medida es una de las que han pactado con los socialistas en el marco de la tramitación de la trasposición del impuesto a las multinacionales.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central de concertación del impuesto a banca y multinacionales "beneficia a toda la ciudadanía vasca". "No era sencillo de conseguir, pero finalmente vamos a poder llevar adelante", ha celebrado.

Esteban se ha mostrado "muy satisfecho" por haber logrado un acuerdo "complicado" con el Gobierno central en el Impuesto de los grupos multinacionales para que sea concertado y se convierta en parte del concierto económico vasco y, de esta manera, "asegura su futuro, porque ese va a ser el gran eje de la fiscalidad europea en los próximos años".

"Además de eso, también hemos conseguido que el impuesto a la banca forme también parte del Concierto económico, sea concertado y podamos tener también, como en el otro impuesto anterior, capacidad normativa propia", ha resaltado.

Madrid, 30 oct (EFE).- PSOE ha registrado este miércoles enmiendas en la ley que fija un tipo mínimo para las multinacionales por las que, de salir adelante, el gravamen sobre la banca se convertirá en un impuesto y se gravará el líquido de los vapeadores.

De acuerdo a las enmiendas del grupo socialista, a las que ha tenido acceso EFE, el nuevo impuesto bancario seguirá gravando el margen de intereses y comisiones, aunque se permite una deducción del 25 % en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de umbral. EFE