Negarse a identificarse ante un requerimiento de la Policía en Bogotá puede costarle al ciudadano casi un millón de pesos en multa. Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad, que recordó que quienes dificulten, resistan o impidan la labor de las autoridades durante un procedimiento de identificación serán sancionados con una multa tipo 4, cuyo valor actual es de $933.816.

Para el distrito, esta conducta, considerada contraria a la convivencia según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), también implica la obligación de participar en un programa comunitario.

Según la regulación vigente, los procedimientos de comparendo son gestionados en las Inspecciones de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno y en las alcaldías locales. El objetivo es mantener el orden público y fortalecer la relación entre ciudadanos y autoridades, promoviendo el cumplimiento de normas que garantizan la seguridad colectiva en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Seguridad explicó, a través de una Historia de Convivencia, cómo la negativa a identificarse puede convertirse en una infracción costosa. En la vida diaria, algunos ciudadanos creen que el requerimiento de identificación es una acusación de delito, pero en realidad es una medida preventiva y un deber ciudadano. Identificarse facilita la labor policial y ayuda a prevenir delitos o resolver situaciones de seguridad en el espacio público.

En la Ley 1801 de 2016, el artículo 35 describe los comportamientos que afectan la relación entre personas y autoridades. Los numerales 2 y 3 especifican que resistirse a la función policial o dificultar procedimientos —como la identificación— son comportamientos sancionables. El comparendo es el documento, físico o virtual, en el que la Policía deja constancia de la infracción y ordena a la persona comparecer ante la inspección correspondiente para responder por la conducta.

Durante el 2026, 2.533 personas han sido sancionadas en Bogotá por negarse a identificarse ante la Policía y 2.315 por impedir o incumplir una orden legítima de la autoridad. El comparendo puede implicar una medida correctiva inmediata o, según la gravedad, la imposición de una multa.

Los pagos se pueden realizar a través de la plataforma Lico (Liquidador de Comparendos), donde el ciudadano consulta su situación, paga en línea vía PSE o descarga el recibo para presentarlo en bancos autorizados. El comprobante de pago es el soporte legal requerido para acreditar la cancelación de la sanción.

El sistema de multas del Código de Convivencia se divide en cuatro categorías:

• Tipo 1: $116.727 (aproximadamente). Sanciona conductas como no recoger excrementos de mascotas o invadir el espacio público.
• Tipo 2: $233.454 (aproximadamente). Aplica a quienes portan armas blancas, evaden el pago del transporte o participan en riñas.
• Tipo 3: $466.908 (aproximadamente). Sanciona a quienes venden celulares hurtados, generan ruido excesivo o perturban la tranquilidad.
• Tipo 4: $933.816. Corresponde a las infracciones más graves, como resistirse a la identificación, arrojar basura en espacio público, hacer mal uso de la línea 123 o consumir sustancias prohibidas en lugares no autorizados.

El Pisccj (Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia) busca, además, transformar comportamientos a través de programas pedagógicos y comunitarios, promoviendo la corresponsabilidad y el respeto a la autoridad como pilares para una ciudad más segura y ordenada.

Quienes incumplen el Código de Convivencia y reciben un comparendo tipo 4 no solo deben pagar la multa, sino también participar en estas actividades, que buscan retribuir a la ciudad y mejorar la relación entre ciudadanía y entorno.

No cumplir con el pago en los plazos establecidos acarrea intereses moratorios y permite a la administración iniciar procesos de cobro coactivo, según el artículo 182 del Código. Por eso, la recomendación es atender de inmediato los comparendos y cumplir con las obligaciones legales para evitar sanciones mayores.

La Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para ver el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta para fortalecer la convivencia y no solo como un conjunto de obligaciones. Pequeños gestos de respeto y corresponsabilidad, como identificarse ante los requerimientos policiales, contribuyen a una ciudad más segura, donde todos podamos convivir.

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026 con la expectativa de recibir una sanción económica de la FIFA.

La dramática eliminación en el Coloso de Santa Úrsula ante Inglaterra en octavos de final no sólo supuso el fin deportivo, sino que abrió la posibilidad de una multa para la Federación Mexicana de Futbol por las conductas disciplinarias observadas durante el encuentro.

El reglamento disciplinario prevé sanciones automáticas en casos como el del seleccionado mexicano. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha publicado una resolución oficial sobre la penalización exacta para la Federación.

México podría enfrentar una multa por tarjetas

Según el reglamento vigente, la FIFA contempla sanciones económicas por tarjetas amarillas y expulsiones en la Copa Mundial. En el partido ante Inglaterra, la suma de amonestaciones y la expulsión de César Montes contra Sudáfrica deja abierta la posibilidad de una penalización de este tipo:

• Jorge Sánchez y Johan Vásquez recibieron tarjeta amarilla, cada una asociada a una posible sanción de 10 mil dólares.
• César Montes fue expulsado con tarjeta roja directa, lo que podría implicar una multa de 20 mil dólares.
• El monto total que la FMF podría verse obligada a cubrir ascendería a 40 mil dólares.

De esta manera, la notificación oficial y el cobro dependerán de la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aún estaría analizando los informes arbitrales de los partidos.

Ingresos para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Pese a todo, el balance económico del torneo se muestra favorable para México respecto a la posible multa. La Federación recibió:

• 15 millones de dólares por alcanzar los octavos de final.
• 1.5 millones de dólares como apoyo de preparación previo a la competencia.
• El total recibido fue de 16.5 millones de dólares, muy por encima de cualquier sanción disciplinaria potencial.

En caso de haber llegado a cuartos de final, el premio habría ascendido a los 21.5 millones de dólares.

La derrama generada en la Ciudad de México como sede principal también mostró cifras elevadas en turismo y empleos temporales, consolidando el impacto de la sede incluso fuera de la cancha.

Qué podría pasar si México no cubre la multa

El reglamento disciplinario de la FIFA prevé consecuencias si una federación no cumple con el pago de sanciones económicas, en caso de que estas se confirmen:

• Procedimientos disciplinarios adicionales contra la Federación.
• Recargos sobre la deuda pendiente.
• Restricciones administrativas para futuras participaciones internacionales.
• En situaciones graves, la FIFA puede imponer hasta sanciones deportivas.

Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol permanece a la espera de una resolución oficial sobre el monto y el pago. Hasta que la FIFA haga público el fallo, la sanción económica para México sigue siendo una posibilidad.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puso en marcha el registro obligatorio de scooters y bicicletas eléctricas a partir del 1 de julio de 2026.

Los propietarios de vehículos adquiridos antes de esa fecha tienen hasta el 20 de noviembre para regularizarse; quienes compren uno nuevo desde esa fecha deben recibirlo emplacado directamente en el punto de venta.

La regulación distingue dos categorías. Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas con acelerador propio, motor de entre 250 watts y 1 kilowatt, y velocidad superior a 25 km/h. Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) tienen motor menor a 250 watts y no superan esa velocidad. Cada categoría tiene un trámite y una documentación distinta.

Qué vehículos no están obligados a emplacarse

Quedan exentos de portar placas los VEP que no superen los 35 kilogramos ni los 25 km/h, las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts, y los vehículos de propulsión humana como patines y monopatines tradicionales.

Aun así, estos vehículos exentos deben circular con un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Sin ese distintivo, el propietario también puede ser objeto de revisión.

Trámite para VEMEPE: placas, tarjeta y distintivo

Los propietarios de VEMEPE deben iniciar el proceso en línea a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en la plataforma oficial de la SEMOVI. Ahí se selecciona el tipo de vehículo desde un catálogo registrado por los distribuidores y se sube la documentación requerida.

Una vez que la dependencia valida el expediente, envía por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago. Tras liquidarlo, el propietario agenda una cita presencial —por única ocasión— en un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejan los documentos originales y se entregan las placas de matrícula, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Además del registro del vehículo, el conductor de un VEMEPE debe contar con licencia tipo A1 o A2, casco certificado tipo motociclista y una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Trámite para VEP: sin placas, solo el distintivo

El registro de los VEP sigue el mismo proceso en línea, pero el resultado es distinto: no se otorgan placas ni tarjeta de circulación. Al concluir el trámite, el propietario recibe únicamente el Distintivo de Movilidad Eléctrica —dos calcomanías, una vertical y una horizontal— y la constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.

Para esta categoría no se exige licencia de conducir. El distintivo debe colocarse en el vehículo y portarse en todo momento durante la circulación.

Documentos necesarios para ambas categorías

La SEMOVI establece tres documentos base para realizar el trámite, según el tutorial oficial de la dependencia:

• Identificación oficial vigente con fotografía. Los extranjeros pueden presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.
• Comprobante de domicilio en la Ciudad de México con antigüedad máxima de 90 días.
• Comprobante de propiedad del vehículo: factura de primera venta o carta factura vigente.

La dependencia también solicita el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) vinculado a la factura. Si el propietario solo cuenta con un ticket de compra o nota similar, la SEMOVI permite adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, formato que la propia dependencia proporciona.

Durante todo el proceso, el Enlace Móvil de la SEMOVI está disponible para atender dudas. La dependencia lo señala como canal de orientación desde el inicio del registro hasta la entrega de documentos.

Cuánto cuesta el trámite

La placa de circulación tiene un costo de $709 pesos, el mismo que pagan las motocicletas convencionales. La licencia tipo A1 cuesta $572 pesos y la tipo A2, $1,142 pesos. El pago de la línea de captura para el trámite de registro se cobra de forma adicional a estos montos.

Quienes ya cuenten con licencia tipo A vigente deberán actualizarla a la modalidad A1 o A2 a partir del 31 de julio. Los conductores con licencia permanente quedan exceptuados de ese requisito.

Sanciones por no emplacarse: desde septiembre

Las multas no entran en vigor de inmediato. A partir del 1 de septiembre de 2026, los VEMEPE sin placas podrán ser sancionados, con excepción de quienes aún se encuentren dentro del periodo de regularización.

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho detalló la escala de infracciones: 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a aproximadamente $1,130 pesos— por la primera falta; 15 UMA para quien acumule entre tres y cinco infracciones; y 20 UMA (~$2,260 pesos) con más de cinco reincidencias.

Circular sin casco, sin luces o en zonas prohibidas —como banquetas, ciclovías, carriles exclusivos de autobús o vías rápidas con límite superior a 50 km/h— puede sumar multas de hasta 30 UMA (~$3,394 pesos). La reincidencia en esas faltas puede derivar en el depósito del vehículo en el corralón.

El pedido será evaluado en una sesión extraordinaria del concejo municipal convocada con un único punto en agenda: debatir la derogación de disposiciones contenidas en la Ordenanza N.º 531-2022, la cual, según los regidores, habría otorgado facultades que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las autoridades competentes en materia de tránsito. La solicitud también se produce luego de que distintas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) establecieran límites a las competencias de las municipalidades distritales para sancionar infracciones de tránsito.

Regidores cuestionan ordenanza que permitió aplicar multas y remolcar vehículos

La información fue difundida por el periodista Tito Alvites durante el programa La Hora del Volante, donde señaló que nueve regidores de la comuna presentaron un documento solicitando dejar sin efecto los incisos de la ordenanza que autorizan la imposición de papeletas, el uso de grúas y el cobro de sanciones económicas a conductores por presuntas infracciones relacionadas con el estacionamiento.

Según explicó, la iniciativa es encabezada por el regidor Julio César Martín Avanzini, quien sostiene que la normativa municipal contraviene los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que las municipalidades distritales no cuentan con competencia normativa para imponer sanciones autónomas en materia de tránsito terrestre.

De acuerdo con el pedido presentado al concejo, las disposiciones cuestionadas habrían servido de base para iniciar procedimientos administrativos contra miles de conductores, incluyendo el traslado de vehículos a depósitos municipales y la imposición de multas que, en algunos casos, alcanzaron el 25 % o el 50 % de una UIT, montos considerablemente superiores a las sanciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito para este tipo de infracciones.

Los regidores sostienen que la competencia para imponer sanciones por vehículos mal estacionados corresponde a la Policía Nacional del Perú, encargada del control del tránsito, o a las municipalidades provinciales mediante los mecanismos establecidos por ley, pero no a las municipalidades distritales actuando de manera autónoma.

En el documento también se cita que el máximo intérprete de la Constitución ha desarrollado este criterio en diversas sentencias, en las que precisa que los municipios distritales no pueden crear ni aplicar un régimen sancionador propio en materia de tránsito.

La sesión extraordinaria del concejo municipal fue convocada para las 5:00 p.m. y tendrá como único tema el análisis de la propuesta para modificar la ordenanza vigente.

Conductores denuncian embargos y cobros elevados por papeletas emitidas años atrás

Durante la difusión del caso también se expusieron denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por la aplicación de estas sanciones. Uno de los casos mencionados fue el de María Vázquez, quien afirmó que la municipalidad embargó aproximadamente S/ 6.000 de sus cuentas bancarias por dos papeletas relacionadas con presuntas infracciones de estacionamiento.

Según su testimonio, una de las multas fue emitida cuando permanecía dentro de su vehículo esperando a un familiar frente a un establecimiento comercial. Indicó que nunca fue intervenida por un efectivo policial y que solo tiempo después tomó conocimiento de la existencia de la sanción, cuando el procedimiento ya había avanzado hasta el embargo de sus cuentas.

Otro de los episodios expuestos corresponde a una segunda infracción que, según relató, ocurrió mientras buscaba una dirección y detuvo momentáneamente su vehículo con las luces intermitentes encendidas. Meses después recibió la notificación de la multa, que con intereses, costos y gastos administrativos terminó incrementando considerablemente el monto original.

Asimismo, se mencionó el caso de Clelia López, quien enfrenta una deuda cercana a S/ 2.750, equivalente a media UIT, situación que, según explicó, le impide circular con tranquilidad por el distrito debido al riesgo de que su vehículo sea intervenido y trasladado al depósito municipal.

Durante el programa también se recordó que situaciones similares se registraron anteriormente en otros distritos de Lima. Se mencionó el caso de San Miguel, donde fueron anuladas decenas de miles de papeletas tras cuestionamientos a su legalidad, así como procesos similares ocurridos en Magdalena del Mar.

Los conductores afectados sostienen que, además de las multas, el principal problema fue la falta de notificación oportuna, lo que permitió que las deudas aumentaran con intereses y gastos administrativos hasta alcanzar varios miles de soles antes de que los propietarios tomaran conocimiento del procedimiento.

En ese contexto, también se cuestionó el uso de otros mecanismos de inmovilización de vehículos, como los denominados cepos, implementados en algunos distritos en reemplazo de las grúas. Según los cuestionamientos expuestos, estas medidas también obligan al conductor a realizar un pago para recuperar el uso de su vehículo.

La Comunidad de Madrid presume en su página web de que el 100% de la flota de autobuses interurbanos es “accesible”. Es decir, que cualquier persona con movilidad reducida puede viajar en ellos. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso “mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal en el sistema de transporte público, entendiendo que este es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas”, señala la última memoria del Consorcio Regional de Transportes (CRT), que revela que por las carreteras madrileñas se mueven 2.108 buses en 476 líneas que transportaron en el año 2024 a 307 millones de viajeros.

Sin embargo, el número de multas que impone el Consorcio por incumplir la normativa en materia de accesibilidad ha crecido en los últimos cinco años. Si en 2021 se pusieron 248 sanciones, en 2025 se tramitaron 374, un 50% más. Si analizamos la cuantía económica de estas multas, la subida es mucho mayor. Los 51.660 euros que pagaron las empresas concesionarias de las líneas en 2021 pasaron a 669.934 euros en 2025, un incremento del 1.196%. Sumando estos cinco ejercicios, se han puesto 1.490 expedientes sancionadores, que han conllevado aparejadas multas por valor de 1.088.463 euros.

Estos datos han sido obtenidos por la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, que hizo una petición oficial de información a la Comunidad de Madrid. “Estas cifras demuestran que hay problemas de accesibilidad en el transporte de autobuses. No solo para los viajeros de movilidad reducida, también estamos hablando de problemas de locución en los buses para los viajeros con problemas de visión o falta de información escrita para viajeros con problemas de audición”, explica la parlamentaria. Un portavoz del Consorcio explica que estas sanciones responden generalmente a incidentes muy concretos. “El 100% de la flota es accesible, pero un vehículo siempre puede presentar alguna incidencia en un momento determinado. Las sanciones suelen deberse a cuestiones como averías en la rampa de acceso, fallos en los sistemas de accesibilidad u otros incumplimientos puntuales del servicio, no necesariamente a que el autobús no sea accesible”.

Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). “Las multas han aumentado porque hemos presionado al Consorcio para que haya un mayor control en materia de accesibilidad”, explica. Los datos también revelan que este organismo público que gestiona el transporte en Madrid ha incrementado el número de inspecciones que realiza para vigilar, precisamente, que las normas en materia de accesibilidad se cumplen. Si en 2021 solo se realizaron 1.976 inspecciones, en 2025 esta cifra subió a 2.857, un 44% más. A más inspecciones, más sanciones.

Mantenimiento y formación

Font asegura que todavía hay mucho que trabajar en los autobuses interurbanos. “El mantenimiento de estos vehículos es deficitario y la formación de los conductores es mejorable. Estamos pidiendo que, como ahora toca renovar los contratos, es el momento de hacer ajustes. Si las rampas no se arreglan, la empresa tiene que pagar de su propio bolsillo un taxi para el viajero, como lo hace la EMT. Por mucho que el Consorcio diga que el 100% de la flota es accesible, si el mantenimiento no es correcto, no son accesibles”. En estos cinco años, 29 empresas fueron sancionadas, encabezando el listado De Blas y Cía, ahora bautizada como Arriva, que ha acumulado 269 sanciones en cinco años. Le sigue Nex Continental, de Alsa, con 158 expedientes. En tercer lugar aparece La Veloz con 199. En el apartado de cuantía económica, es Avanza la que encabeza este ranking: sus 87 multas han conllevado 227.000 euros. Este diario ha intentado hablar con algunas de ellas, como Arriva y Alsa, sin éxito.

Según los datos del Consorcio, el 28% de las quejas y sugerencias recibidas están relacionadas con temas de accesibilidad. Pero se refiere a las reclamaciones que se reciben en toda la red (Metro, EMT, Cercanías...). No distingue por medio de transporte. Eso sí, de las 57.000 quejas recibidas en 2024, el 24% están relacionadas con los autobuses. Con esa extrapolación, los buses recibieron 14.200 quejas, y de esas, el 28% podrían estar relacionadas con la accesibilidad. El Consorcio está a punto de aprobar el nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos de la región. Se trata del mayor contrato de transporte por carretera de España.

El Consorcio Regional de Transportes ya ha aprobado los 21 anteproyectos que contienen todas las líneas planificadas para mover por carretera a millones de viajeros durante los próximos diez años. Un servicio por el que la Comunidad pagará más de 10.000 millones de euros. La red quedará reorganizada en 472 líneas y alcanzará al 98% de la población. La flota crecerá hasta los 2.470 vehículos para el arranque del servicio, incluyendo unidades de reserva.

Buses no contaminantes

Otro de los objetivos del mapa concesional es renovar el parque móvil para que la flota de autobuses no contamine, es decir, sean vehículos cero emisiones. Las empresas que ganen las concesiones, sobre todo si entran nuevas compañías, tendrán que subrogar a los trabajadores de las líneas de las que se hagan cargo, respetando los acuerdos de empresa vigentes en cada caso. También hay una obligación de renovar la flota de vehículos: estos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Todos estarán adaptados para poder transportar a pasajeros con movilidad reducida, tendrán cámaras de seguridad en su interior y se podrá pagar el billete con tarjeta bancaria.

Las trabajadoras del hogar y los trabajadores comprendidos en este régimen especial tienen derecho a recibir su gratificación por Fiestas Patrias hasta el próximo 15 de julio, incluso si no cuentan con un contrato de trabajo por escrito. Así lo recordó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que precisó que lo determinante para acceder a este beneficio es demostrar que existe un vínculo laboral con el empleador.

La entidad explicó que este derecho está reconocido en la Ley N.° 31047, norma que equiparó las condiciones laborales de este sector con las del régimen privado. Además del pago de gratificaciones, la legislación contempla beneficios como vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), límites en la jornada laboral y mecanismos para denunciar incumplimientos ante las autoridades.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la gratificación por Fiestas Patrias?

De acuerdo con el MTPE, las trabajadoras del hogar tienen derecho a una gratificación equivalente a una remuneración completa por Fiestas Patrias siempre que mantengan un vínculo laboral vigente con su empleador y hayan trabajado, como mínimo, un mes entre enero y junio del presente año.

Uno de los aspectos más importantes es que la existencia de un contrato escrito no es un requisito indispensable para acceder al beneficio. Si puede acreditarse que existe una relación laboral, corresponde el pago de la gratificación conforme a la normativa vigente.

En los casos en que la persona haya laborado menos de seis meses durante el primer semestre del año, el monto se calculará de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Asimismo, la cartera de Trabajo recordó que quienes ya no mantienen una relación laboral al momento del pago también conservan este derecho si cumplieron con haber trabajado al menos un mes durante el semestre. En estos casos corresponde el pago de la denominada gratificación trunca, la cual debe entregarse junto con los demás beneficios sociales dentro de las 48 horas posteriores al cese del vínculo laboral.

El beneficio también se aplica en diciembre. La legislación establece que las personas trabajadoras del hogar deben recibir una segunda gratificación por Navidad, cuyo pago deberá realizarse hasta el 15 de diciembre de cada año. Si la fecha límite coincide con un feriado o día no laborable, el empleador deberá efectuar el depósito el día hábil anterior.

El MTPE exhortó a los empleadores a cumplir con este pago dentro del plazo establecido y recordó la importancia de formalizar la relación laboral mediante el registro correspondiente, lo que permite garantizar el acceso a todos los beneficios laborales y de protección social.

Vacaciones, CTS y multas: los demás derechos de las trabajadoras del hogar

La protección legal para las trabajadoras del hogar no se limita al pago de gratificaciones. Desde la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley N.° 31047, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 009-2021-TR, este sector cuenta con derechos similares a los de cualquier trabajador del régimen privado.

Según explicó anteriormente el juez superior Miguel Ángel Díaz Cañote, de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Lima Este, la normativa se encuentra alineada con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es garantizar condiciones laborales dignas para quienes realizan trabajo doméstico remunerado.

Entre los principales derechos reconocidos se encuentran:

• Dos gratificaciones al año, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad.
• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
• Vacaciones de 30 días calendario luego de cumplir un año continuo de labores.
• Remuneración no menor a la Remuneración Mínima Vital, cuando corresponda.
• Jornada máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales.
• Protección frente a actos de discriminación, violencia y hostigamiento.

La normativa también establece sanciones para los empleadores que incumplan estas obligaciones. Las multas varían según la gravedad de la infracción y se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Las infracciones leves son sancionadas con 0,05 UIT por cada trabajador afectado. En el caso de infracciones graves, la multa asciende a 0,13 UIT, mientras que las muy graves alcanzan 0,25 UIT por cada persona perjudicada. Existen además supuestos específicos considerados muy graves que pueden generar sanciones de hasta 4,50 UIT, conforme al régimen de fiscalización laboral.

Cuando una trabajadora considera que sus derechos no han sido respetados, puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que se inicie una inspección. También tiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial, ya sea mediante un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado, dependiendo de las características del caso.

El MTPE recordó que tanto trabajadores como empleadores pueden acceder gratuitamente a orientación sobre el régimen del trabajo del hogar a través de sus canales oficiales de atención, donde reciben información sobre derechos, obligaciones y procedimientos para formalizar la relación laboral.

Las autoridades de California han puesto en marcha una etapa rigurosa de aplicación de sanciones por estacionar cerca de cruces peatonales, medida que afecta a la totalidad de conductores en el estado, con especial énfasis en el sur de California. El cambio coincide con el final del periodo de educación pública y el inicio de una vigilancia activa bajo la ley conocida como “Daylighting to Save Lives” (Asamblea Bill 413), que prohíbe estacionar en las inmediaciones de pasos peatonales y prevé sanciones para quienes incumplan. Esta nueva fase comenzó en julio de 2026 y representa el cierre de meses de advertencias y campañas educativas.

Según informó Newsweek y confirmaron gobiernos locales, la ley impide estacionar vehículos a menos de 20 pies (6,1 metros) del lado de aproximación de un cruce peatonal, aunque no existan marcas, señales o pintura roja en el bordillo. En aquellos cruces con extensiones de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies (4,6 metros). Esta disposición responde a un esfuerzo integral de seguridad vial estatal, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que ha divulgado información a residentes y conductores desde enero de 2025.

La legislación se inscribe en una política estatal destinada a reducir la mortalidad peatonal en California. De acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras y autoridades estatales, el 36 por ciento de los fallecimientos de peatones se produce en intersecciones donde la visibilidad se ve comprometida por vehículos estacionados. Las autoridades y organizaciones civiles sostienen que mantener despejados los accesos a los cruces peatonales facilita la visibilidad tanto para automovilistas como para peatones.

¿Qué establece la ley “Daylighting to Save Lives” en California?

La Asamblea Bill 413, promulgada en 2025, introdujo una prohibición específica para estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo dentro de los 20 pies previos al cruce peatonal en la aproximación, ya sea que el cruce esté marcado o no. Si el cruce presenta una extensión de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies. Según la ciudad de East Palo Alto y la información difundida por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el cumplimiento de la ley es independiente de la existencia de señales, marcas viales o pintura roja en el cordón.

De acuerdo con la guía oficial, la infracción puede sancionarse aunque no existan marcas visibles ni anuncios específicos, lo que implica un cambio relevante respecto a las prácticas previas en algunas jurisdicciones. Tal como detalló el sitio oficial de la ciudad de East Palo Alto, “es ilegal estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo a menos de 20 pies (6,1 metros) de un cruce peatonal, marcado o no, únicamente en el lado de aproximación de la vía”.

¿Por qué California aprobó la ley Daylighting y qué problema busca resolver?

La aprobación de la ley Daylighting responde a una preocupación creciente por la seguridad peatonal en las ciudades de California. De acuerdo con Newsweek, y con cifras citadas por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, “casi el 36 por ciento de las muertes de peatones ocurre en intersecciones”, donde la visibilidad se ve reducida por vehículos mal estacionados. Los cruces en esquinas y zonas escolares presentan un riesgo superior, según las autoridades locales.

El objetivo declarado de la norma es mejorar la línea de visión tanto de peatones como de conductores, permitiendo que ambos detecten de manera anticipada la presencia del otro. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ha enfatizado que “evitar que los automóviles se estacionen cerca de las esquinas permite que los conductores vean mejor a los peatones y viceversa”, en materiales de divulgación pública.

Organizaciones como Vision Zero y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico han respaldado la ley, señalando la relación directa entre la visibilidad en las esquinas y la reducción de atropellos fatales. La iniciativa cuenta con el apoyo de gobiernos municipales, que buscan alinearse con los objetivos de reducción de accidentes en el marco de programas como Vision Zero.

¿Cuándo entró en vigor la ley y cómo cambió la fiscalización en 2026?

La ley Daylighting entró en vigor el 1 de enero de 2025 en todo el estado de California. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales y agencias de seguridad optaron por una estrategia de educación y advertencias, evitando sanciones económicas inmediatas para dar tiempo a los conductores de adaptarse a la nueva normativa. Según Newsweek, este periodo de instrucción concluyó en marzo de 2025 para la mayoría del estado, aunque en el condado de Los Ángeles se prolongó hasta noviembre de ese año.

A partir de julio de 2026, las autoridades iniciaron una etapa de vigilancia activa y aplicación de sanciones. “El periodo de educación terminó y la ley se hará cumplir en toda su extensión”, afirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones recogidas por Newsweek. Las agencias locales han informado a la población mediante campañas en redes sociales, folletos y anuncios en zonas de alto tránsito.

¿Cuáles son las sanciones y cómo se aplican las multas por estacionar cerca de un cruce peatonal?

El principal efecto para los conductores es la posibilidad de recibir multas de 63 dólares por estacionar dentro de la zona prohibida, según las autoridades y medios como el World Journal. Los funcionarios han advertido que la ausencia de señalización, marcas o pintura roja no es un argumento válido para apelar la sanción. “La ley no requiere marcas ni señales adicionales para su cumplimiento”, señaló el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en los comunicados oficiales.

Las sanciones aplican tanto a vehículos privados como a servicios de reparto y empresas de transporte, lo que ha llevado a empresas y gestores de flotas a modificar sus protocolos de estacionamiento en áreas urbanas. Las multas pueden imponerse incluso en cruces donde no existía restricción previa, lo que ha generado la recomendación de verificar siempre la distancia antes de estacionar.

¿Qué deben hacer los conductores para evitar multas bajo la nueva ley?

Con la aplicación estricta de la ley, los conductores deben modificar sus hábitos y verificar la distancia al estacionar cerca de pasos peatonales, incluso si no hay marcas visibles ni señales específicas. Las autoridades recomiendan dejar al menos 20 pies (6,1 metros) desde la línea de aproximación a cada cruce, o 15 pies (4,6 metros) en el caso de extensiones de banqueta, de acuerdo con la información oficial de la ciudad de East Palo Alto.

Los espacios antes disponibles en esquinas o zonas próximas a cruces pueden ahora estar sujetos a sanción, por lo que se insta a los automovilistas a informarse a través de fuentes oficiales y revisar los canales de comunicación de los municipios. “Quienes incumplan la distancia mínima establecida se exponen a sanciones económicas, sin importar la falta de señalización”, reiteró un vocero del Departamento del Sheriff en declaraciones recogidas por Newsweek.

¿Qué impacto tiene la ley Daylighting para la seguridad vial y qué se puede esperar en el futuro?

La implementación estricta de la ley Daylighting supone un ajuste para los conductores y autoridades locales en la gestión cotidiana del tránsito. Se espera un aumento en la expedición de multas y en la conciencia pública sobre la seguridad peatonal en cruces, según lo reportado por Newsweek y fuentes institucionales. Las municipalidades han comunicado que continuarán con acciones de información y actualización de la infraestructura, tales como pintura de cordones y señalización en zonas de riesgo prioritario, aunque la ley ya es aplicable en todo el estado.

El Departamento del Sheriff y las autoridades municipales han señalado que la medida se mantendrá como una herramienta permanente para reducir accidentes y proteger a los peatones en zonas urbanas. Se prevé que la normativa pudiera servir de referencia para otros estados en el futuro.

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó que esta disposición regirá del 15 al 31 de julio, periodo durante el cual la ciudad deberá lucir los colores rojo y blanco como muestra de respeto a los símbolos nacionales.

Sin embargo, un recorrido realizado por ATV evidenció que el cumplimiento de la medida aún es escaso. Durante varias cuadras del Cercado de Lima, el equipo periodístico encontró apenas una vivienda con la bandera nacional colocada correctamente, mientras que la mayoría de inmuebles todavía no había cumplido con la disposición municipal, pese a que faltan pocos días para el inicio de las sanciones.

La comuna limeña informó que la finalidad de esta obligación consiste en fortalecer el civismo y promover el respeto por los emblemas patrios durante el mes de la independencia. Asimismo, precisó que la insignia debe instalarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta, ya que no está permitido ubicarla en balcones, ventanas o puertas.

Multas por no colocar la bandera

Las autoridades también recordaron que el incumplimiento tendrá consecuencias económicas. En el Centro Histórico de Lima, la sanción por no colocar la bandera alcanzará los S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la penalidad será de S/550. De esta manera, la municipalidad busca garantizar que los inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción participen en esta tradición cívica durante las celebraciones nacionales.

Además, el municipio advirtió que existe una infracción considerada más grave: el uso inadecuado del símbolo patrio. Quienes exhiban una bandera deteriorada, rota, sucia, descolorida o alterada podrán recibir una multa superior a los S/5.500, debido a que esta conducta representa una falta de respeto hacia uno de los principales emblemas del país.

Durante la transmisión de ATV, se explicó que la bandera únicamente debe presentar los colores rojo y blanco, por lo que el escudo nacional no constituye un requisito obligatorio. No obstante, enfatizó que el elemento debe encontrarse en buen estado de conservación y colocarse conforme a las especificaciones establecidas por la autoridad edil.

El recorrido también mostró que algunos residentes recién comenzaban a instalar el pabellón nacional, aunque la mayoría todavía no lo hacía. Frente a ese panorama, el llamado apunta a que los propietarios regularicen la situación antes del 15 de julio, fecha desde la cual los fiscalizadores podrán imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la norma.

La campaña de embanderamiento forma parte de las actividades por el 205.º aniversario de la independencia del Perú, con las que la Municipalidad Metropolitana de Lima busca que calles, viviendas y establecimientos comerciales reflejen el espíritu patriótico propio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no esperar el último momento y colocar la bandera nacional de manera correcta para evitar multas y contribuir al homenaje por el mes patrio.

TransMilenio, como sistema de transporte masivo de Bogotá, moviliza diariamente a millones de personas a través de buses troncales, alimentadores y servicios zonales.

Al ser un medio colectivo, está sujeto a normas que buscan garantizar la convivencia, el orden público y la seguridad de los usuarios.

Una de esas reglas se relaciona con el consumo de bebidas embriagantes dentro de su infraestructura, aspecto regulado por disposiciones oficiales que también contemplan sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, solo durante 2024 se registraron en promedio “4′000.000 de viajes al día” en el sistema, lo que da cuenta de la magnitud de su operación y de la necesidad de contar con regulaciones claras que protejan la experiencia de los pasajeros.

En este contexto, tanto la administración de TransMilenio como la Policía Nacional velan por la aplicación de medidas preventivas orientadas al buen comportamiento en estaciones, portales y buses.

El manual del usuario, en concordancia con el Código Nacional de Policía, establece que está prohibido ingerir “alimentos, bebidas, derivados del tabaco o sustancias prohibidas al interior de los buses o infraestructura del Sistema”.

Esta regla incluye de manera específica el consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual, quien incurra en esa conducta se expone a una sanción de tipo 1. La multa equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que corresponde a 109.447 pesos colombianos para 2025.

El objetivo de esta disposición es prevenir situaciones que puedan alterar la tranquilidad y seguridad de los demás usuarios. La ingesta de alcohol en espacios colectivos suele estar vinculada a conductas que generan incomodidad o riesgo, razón por la cual la normatividad busca anticiparse a posibles conflictos.

No obstante, esta no es la única falta contemplada en la normativa de TransMilenio. El manual recoge diferentes comportamientos que se consideran contrarios a la convivencia y que pueden ser objeto de sanción. Entre ellos se encuentra impedir la entrada o salida prioritaria de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad o pasajeros con niños. También están tipificados actos como empujar, agredir o irrespetar a otros pasajeros durante el uso del servicio.

El documento igualmente prohíbe el ingreso o salida de estaciones por lugares distintos a las puertas autorizadas, la evasión del pago del pasaje y el transporte de mascotas sin cumplir con los requisitos definidos en la reglamentación vigente.

También se sanciona perturbar la tranquilidad con comportamientos considerados molestos, manipular las puertas de los articulados, irrespetar al personal del sistema, dañar los equipos de emergencia o incurrir en actos obscenos.

En cuanto a los derechos de los pasajeros, el manual recuerda que los ciudadanos pueden exigir condiciones de calidad, seguridad y eficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, tienen la facultad de solicitar información para la defensa de sus derechos individuales y colectivos, comunicar a las autoridades cualquier irregularidad y acceder al beneficio del transbordo en los tiempos establecidos por el sistema.

Otro derecho reconocido es el de viajar con animales de compañía bajo parámetros definidos. La Sentencia C-439 de 2011 de la Corte Constitucional y el Código Nacional de Policía respaldan el ingreso de mascotas al sistema, siempre que se cumplan los lineamientos establecidos en materia de transporte responsable y condiciones de seguridad.

Los lineamientos también hacen énfasis en la importancia del trato respetuoso por parte del personal operativo y administrativo hacia los usuarios. De igual manera, se busca que exista reciprocidad, es decir, que los pasajeros también mantengan un comportamiento adecuado hacia los funcionarios y hacia los demás viajeros.

A pesar de que la Argentina logró en mayo un superávit en su balanza energética de USD 1.395 millones, a la vez que es sede de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, el país sigue dependiendo de las importaciones de gas en invierno.

La paradoja tiene una explicación estructural. La Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas, pero la demanda invernal supera los 180 MMm3/d. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales.

Es por eso que el gas natural licuado (GNL) importado opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales —aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares—. Este invierno, ese seguro llegó, pero con un precio que el sector productivo dice no poder pagar.

“Llevo 10 días con la gente parada sin producir y acumulé $100 millones en multas en cinco días. Estoy generando multas sin producir", comentó a Infobae la dueña de una fábrica de ladrillos en la provincia de Buenos Aires. Su horno no puede apagarse: necesita mantener un mínimo técnico para no arruinar la estructura. Pero la distribuidora le ordenó consumo cero. Cada día que produce para sostener ese piloto, le llega una multa de alrededor de $50 millones, con el riesgo adicional de que le corten el suministro por completo. “Claramente esto se va a judicializar”, advirtió.

El caso, no obstante, no es aislado. Alrededor de 130 fábricas en todo el país sufrieron cortes o decidieron frenar la producción ante el salto en el precio del GNL importado, que este invierno el Gobierno decidió trasladar íntegramente a la industria, sin subsidios del Tesoro, como se hacía desde 2008. La razón detrás de esa decisión se alinea con la intención del Gobierno que los usuarios paguen el “precio real de la energía”.

El mayor impacto se concentra en el litoral y el norte del país, donde los cortes e interrupciones alcanzan al 50% de las industrias, según fuentes del sector.

El detonante fue una combinación de factores. El conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio internacional: el GNL pasó de cotizar en torno a los USD 11 por millón de BTU —la unidad de medida térmica inglesa usada en el sector— a valores de entre USD 23 y USD 26. Para las industrias que no participaron de las subastas públicas organizadas en el mercado electrónico de gas (Megsa), el precio final llegó a ser casi diez veces superior al del gas de red local, que ronda los USD 4,5 por millón de BTU.

“Ya llevamos 15 años de crisis energética. Sabemos cómo es el invierno y armamos nuestros planes de producción en base a esa oferta de gas para que no falte en los hogares”, explicaron en el sector industrial.

“Nunca nos pasó que nos mandaran a consumo cero”, dijo la dueña de la empresa de ladrillos. Y continuó: “La Argentina tiene gas pero falta infraestructura; el gas que compró el país lo pagó en medio del conflicto de Medio Oriente y la industria no puede absorber de ninguna manera esos costos. Es un sobrecosto inviable para el sector que encima viene deprimido hace un año y medio”.

El precio que pagan los que no compraron en subasta

Si bien la importación de GNL estaba en manos de Enarsa desde hace casi 20 años, este año el gobierno buscaba que la operación quedara en manos privadas. Y, aunque hubo dos oferentes para hacerse cargo del negocio, finalmente quedó bajo la órbita estatal. Según pudo reconstruir este medio, los plazos de importacion y la necesidad de garantizar el suministro fueron determinantes para acelerar esta decisión.

Como respuesta a esta situación, Enarsa compró los buques, pero también organizó subastas para que las industrias adquirieran GNL de forma directa en el Megsa. Las empresas que no participaron quedaron expuestas a negociar con Trafigura, la comercializadora de materia prima que en una de esas licitaciones adquirió el equivalente a cinco cargamentos de GNL. Fuentes oficiales sostienen que “la industria tuvo acceso al volumen antes que cualquier comercializador” y que las compañías que hoy negocian con el trader “son las que decidieron no tomar ese volumen en las subastas”.

Las distribuidoras reconocen que aplican cortes tanto en contratos interrumpibles —aquellos que ofrecen gas más barato a cambio de no garantizar el suministro— como en contratos firmes con ventanas, que contemplan restricciones parciales por períodos acordados.

En la práctica, los contratos interrumpibles están cortados en su totalidad. Los firmes con ventana, en cambio, permiten a la distribuidora tomar días de corte hasta un máximo de 60 días por año, que pueden aplicarse de forma discontinua según la necesidad operativa. Camuzzi Gas Pampeana, por ejemplo, aplica esa ventana sobre los grandes usuarios del área metropolitana de Buenos Aires. Para las industrias con contrato firme que igualmente reciben cortes, la situación deriva en una discusión jurídica sobre el incumplimiento de acuerdos vigentes. Varias cámaras empresariales ya anticipan acciones legales.

La Cámara Industrial de Cerámica Roja (Cicer) advirtió que “el impacto es especialmente grave en las empresas de menor escala, que constituyen la base del entramado productivo del sector”. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) expresó “profunda preocupación” por la falta de suministro y la escalada de costos. Desde la Unión Industrial de Salta informaron que la falta de gas golpea al polo cerámico, los ingenios azucareros, las empresas citrícolas y tabacaleras, además de distintas economías regionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó por escrito al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, una propuesta para llegar al ministro de Economía, Luis Caputo: dividir en partes iguales la diferencia entre el precio del GNL importado y el valor local, con el Estado absorbiendo la mitad como subsidio. El costo fiscal estimado era de USD 130 millones para el período junio-mediados de agosto. Caputo la rechazó.

El norte, el eslabón más débil

En el norte del país, la situación es estructuralmente más grave que en el centro o el AMBA: las obras de reversión del Gasoducto Norte aún no están terminadas, lo que limita el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia provincias como Salta, Jujuy y Tucumán. El GNL aparece allí como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable: su precio llega a ser seis veces superior al del gas proveniente de la cuenca neuquina.

El impacto no se limita a la industria. Las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) también sufrieron restricciones, con largas filas y piquetes registrados en La Plata. Desde fines de abril, las principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires ordenaron limitar las ventas de GNC al cupo del firme contratado.

El costo de importar en un año de guerra

Este invierno entrarán al país alrededor de 25 cargamentos de GNL con un costo cercano a los USD 1.000 millones, a razón de unos USD 20 por millón de BTU. El ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales proyectó que la factura total podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: antes de la guerra, el GNL cotizaba alrededor de USD 11 por millón de BTU.

El sobrecosto energético tampoco se limita al gas. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) había proyectado en febrero un precio de USD 65 el MWh para mayo, pero terminó pagándose USD 105. En junio, el valor trepó a USD 142, en gran parte por el mayor uso de combustibles líquidos importados para generar electricidad ante la escasez de gas. La industria, que consume energía eléctrica de manera intensiva, paga así más caro tanto el gas como la luz en el momento de menor actividad del año.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno —antes llamado Néstor Kirchner— debería reducir a la mitad la dependencia del GNL importado en 2027. Hoy, la segunda parte del proyecto que permitirá ampliar aún más la capacidad de transporte del ducto, y, una vez finalizada, garantizar el abastecimiento de gas en el interior del país sobre todo durante los meses de invierno, ya está dentro del marco del RIGI.

No votar o no cumplir funciones electorales puede generar una deuda que luego bloquea trámites. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene un sistema digital para revisar sanciones pendientes con solo el DNI. La verificación toma pocos minutos y permite conocer el tipo de falta y el monto antes de iniciar gestiones ante el Estado.

La guía también sirve si la persona fue miembro de mesa y no asistió, o si necesita confirmar que no arrastra infracciones de procesos anteriores. La plataforma oficial funciona en cualquier dispositivo con internet y muestra el detalle de cada registro.

Paso a paso para consultar la multa con tu DNI

1) Ten a la mano tu DNI: solo necesitas el número de Documento Nacional de Identidad para iniciar la verificación.

2) Ingresa al portal oficial del JNE: https://multas.jne.gob.pe/login

3) Completa la consulta: escribe el número de DNI, acepta los términos y condiciones y resuelve el código de verificación (captcha).

4) Revisa el resultado en pantalla: el sistema muestra si tienes multas pendientes, el tipo de infracción y el monto total.

5) Identifica el motivo, si existe deuda: la plataforma detalla si corresponde a omisión al voto, inasistencia a la mesa electoral o negativa a asumir una junta receptora de sufragios.

6) Define el siguiente paso: con esa información, puedes optar por pagar la sanción o solicitar una dispensa o justificación, según corresponda.

7) Hazlo con anticipación: el servicio está disponible las 24 horas y se recomienda revisar antes de iniciar trámites importantes para evitar bloqueos.

Montos y tipos de sanción que aparecen en la consulta

Las multas por no votar varían según la clasificación del distrito que figura en el DNI. En zonas de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50; en distritos de pobreza no extrema, asciende a S/55; y en localidades catalogadas como no pobres, llega a S/ 110.

Para miembros de mesa que no asistieron o se negaron a cumplir la función, la multa es única: S/275. En el sistema, ese registro aparece con el motivo de la infracción y el monto correspondiente.

Consecuencias por no pagar: trámites que pueden bloquearse

El JNE advierte que una multa impaga genera restricciones administrativas. Entre los efectos mencionados figuran límites para tramitar o renovar el DNI, obtener pasaporte en Migraciones y realizar compraventas ante notario. También se reportan bloqueos en gestiones judiciales y administrativas, además de procedimientos vinculados al estado civil, como matrimonios e inscripciones.

El criterio señalado por voceros citados en esas publicaciones es que el trámite se detiene hasta que la persona regularice su situación. Por eso, la consulta previa se vuelve un paso preventivo.

¿Cómo pagar tu multa?

Virtual

• Entra a https://multas.jne.gob.pe/login y revisa si figura alguna sanción electoral.
• Coloca tu número de DNI para ver si existe deuda y el motivo del cobro.
• Elige el canal de cancelación que te resulte más conveniente.
• Si prefieres la modalidad digital, ingresa a Págalo.pe.
• Ubica la categoría “JNE” y selecciona “Multas electorales”.
• Escribe el DNI y sigue las indicaciones del sistema hasta completar el abono.

Presencial

• Si optas por la vía presencial, acude a una agencia del Banco de la Nación con tu DNI y paga en ventanilla.
• También puedes ir a la caja de la sede central del JNE, en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.
• Define si pagarás en efectivo o con tarjeta Visa.
• Finaliza la operación en el canal elegido y solicita tu constancia de pago.
• Considera que no es obligatorio que vaya el titular: otra persona puede efectuar el pago con el número de DNI del sancionado.

Las imágenes de jóvenes viajando sobre las unidades tras el partido entre México y Ecuador reactivan el debate sobre la seguridad en el sistema. Según la Ley de Cultura Cívica, la multa por esta conducta puede superar los 3,500 pesos.

El Metrobús transportó a 34.9 millones de personas en abril de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El martes 30 de junio, la demanda creció en estaciones cercanas a Paseo de la Reforma por la concentración de aficionados al futbol. La saturación y la ausencia de autoridades facilitaron que usuarios subieran al techo de los camiones, lo que representa un riesgo directo para su integridad.

Las multas económicas superan los 3,500 pesos

La infracción por subirte a los techos de los autobuses o de las estaciones del Metrobús se sanciona con montos que van de 1,173 a más de 3,500 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esta cifra corresponde a entre 10 y 30 veces la UMA vigente. La sanción depende de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia.

El reglamento señala que, además de la sanción económica, la persona puede ser arrestada de 25 a 36 horas o cumplir entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario. El arresto se ejecuta si la persona es detenida en flagrancia por un oficial de policía. Las horas de trabajo comunitario se asignan cuando el juez cívico determina que la falta puede ser resarcida con servicio a la comunidad.

El riesgo supera el castigo: techos frágiles, riesgo de muerte

El mayor peligro de esta práctica es el riesgo físico. Los techos de las estaciones, conocidos como parabuses, están diseñados para proteger de la intemperie, no para soportar el peso de una persona. La estructura puede colapsar y causar lesiones graves o la muerte. Viajar en el techo de un autobús también expone a los usuarios a caídas, golpes contra puentes, cables o estructuras aledañas.

El Metrobús es el segundo sistema de transporte público con más usuarios en el Valle de México. Su red conecta puntos clave de la capital y funciona como eje para traslados masivos en eventos como partidos de futbol. El 30 de junio, tras el partido de México contra Ecuador, la estación Nuevo León de la Línea 1 —que va de Indios Verdes al Caminero— registró una saturación inusual.

Sin presencia policial: la autoridad ausente en los disturbios

Videos difundidos en redes muestran cómo los usuarios, ante la falta de unidades disponibles, optan por subir a los techos para continuar su trayecto. En las imágenes, captadas en la estación Nuevo León, no se observa presencia de policías ni personal de seguridad del sistema. La unidad del Metrobús avanza con personas encima sin que se detenga su recorrido ni se les obligue a bajar.

El desbordamiento de usuarios y la ausencia de intervención oficial convierten lo que inició como festejo en un problema de seguridad pública. La autoridad capitalina recuerda que el acceso a zonas no permitidas del transporte público es una conducta sancionada y pone en riesgo a todos los presentes.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre el uso seguro del Metrobús?

El Metrobús recomienda a los usuarios consultar su portal oficial para aclarar inquietudes sobre horarios, rutas y normas de seguridad. El sistema enfatiza que cualquier conducta que comprometa la integridad de las personas será sancionada conforme a la ley.

La saturación en eventos masivos exige una coordinación mayor entre autoridades, operadores y usuarios. Las sanciones económicas, el arresto y el trabajo comunitario no buscan solo castigar, sino disuadir conductas que pueden terminar en tragedia.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

Las autoridades de Costa Rica advierten que utilizar el celular al estar en un alto o esperando la luz verde del semáforo constituye una falta sancionable con una multa de ¢123,000 (USD 271). Según la normativa vigente, la sanción no solo aplica cuando el vehículo está en movimiento, sino también cuando permanece detenido en la vía, siempre que el conductor conserve el control del automóvil y no se haya estacionado correctamente fuera del carril de circulación.

De acuerdo con los datos oficiales, 861 conductores fueron sancionados por esta infracción hasta mayo de 2026, lo que revela la frecuencia con la que los automovilistas continúan recurriendo al teléfono móvil durante la conducción. Las autoridades insisten en que la mayoría de las ocasiones en las que se atiende el celular mientras se conduce corresponde a situaciones que pueden esperar y no justifican el riesgo que representa para la seguridad vial.

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y la Policía de Tránsito recalcan que el uso de dispositivos móviles al volante es una de las principales causas de distracción en carretera. El reglamento es claro: “Si desea usar el celular, debe estacionarse como corresponde, a la orilla de la carretera”, advierte la normativa. El hecho de que el semáforo esté en rojo o que el vehículo permanezca detenido por motivos del tránsito no exime al conductor de la responsabilidad.

La legislación establece que la infracción se configura mientras el vehículo se encuentre en un carril de circulación, independientemente de que esté detenido por un alto, un semáforo o una congestión. Esta interpretación busca cerrar vacíos legales y reforzar la protección de peatones y demás usuarios de la vía ante maniobras inesperadas o demoras en la reacción del conductor.

El impacto de esta conducta se refleja en las estadísticas de accidentes, pues la distracción por uso de celulares se relaciona con un aumento en los incidentes de tráfico. Organizaciones vinculadas a la seguridad vial subrayan el riesgo de perder la atención en el entorno inmediato, lo que puede desencadenar desde simples retrasos en el avance hasta colisiones y atropellos.

El artículo 145 de la Ley de Tránsito tipifica el uso del celular al conducir como una falta grave, equiparando la sanción a otras conductas de alto riesgo. La reincidencia puede acarrear consecuencias adicionales, como la acumulación de puntos en la licencia e incluso la suspensión temporal de la misma en casos de reiteración.

Las campañas de concientización impulsadas por el COSEVI ponen énfasis en el carácter evitable de estos incidentes. Autoridades recomiendan planificar las comunicaciones antes del viaje o, en caso de urgencia, buscar un lugar seguro para detener el vehículo fuera de la vía.

El cumplimiento de la normativa requiere tanto la vigilancia de las autoridades como la colaboración de los propios conductores. Los operativos de control se intensifican en zonas urbanas y puntos identificados como de alto riesgo, especialmente en horarios de mayor congestión. Las cámaras de vigilancia y los patrullajes permiten identificar a infractores y aplicar las sanciones establecidas.

La Policía de Tránsito reitera que la única excepción permitida corresponde a situaciones de emergencia debidamente justificadas, como el reporte de un accidente a los servicios de asistencia. En todos los demás casos, la recomendación es abstenerse por completo de manipular el celular mientras se permanezca en la vía.

El aumento en la cantidad de conductores sancionados evidencia la necesidad de reforzar la educación vial y el cumplimiento de las reglas. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y a priorizar la seguridad sobre cualquier comunicación que no sea esencial.

En Florida, tirar basura en un lugar no autorizado —en un contenedor ajeno, en la vía pública o en una propiedad privada sin permiso— puede derivar en multas e incluso en cargos por invasión de propiedad.

La “Florida Litter Law” (Estatutos de Florida, sección 403.413) prohíbe arrojar desechos en espacios no habilitados, incluidas carreteras y autopistas, vías fluviales y propiedades privadas sin consentimiento del dueño. Condados y ciudades aplican sus propias reglas operativas y regímenes sancionatorios, con diferencias según el tipo, la cantidad y el lugar donde se arrojaron los residuos.

En las zonas no incorporadas del condado Miami-Dade, las sanciones por vertido ilegal van de USD 250 a USD 2.500. En Miami Beach, una primera infracción por desechar basura, restos de poda o desechos de jardinería en un lugar no autorizado puede costar USD 500 y las siguientes, USD 1.000.

Cuando se trata de materiales peligrosos, como pintura, productos químicos o baterías, las multas pueden ubicarse entre USD 2.000 y USD 4.000.

La clave legal y operativa suele ser la misma: no alcanza con “ponerlo en un tacho”. Para que la disposición sea válida, el residuo debe terminar en un sitio permitido y, si se trata de una propiedad privada o de un recipiente asignado a un domicilio o comercio, debe existir autorización para usarlo.

Una conducta que puede derivar en sanciones —como dejar una bolsa pequeña en el contenedor de otra persona— puede abrir discusiones por el uso no consentido del servicio, por molestias a terceros o, directamente, por vertido ilegal si hay volumen, reiteración o materiales prohibidos.

Según el diario El Nuevo Herald, esa prohibición alcanza situaciones muy distintas: desde abandonar un sofá junto al camino hasta dejar una bolsa con excrementos de perro en el contenedor de otra persona.

En Miami-Dade, la legalidad de tirar residuos en un recipiente distinto del propio o de uno público depende de qué se arrojó y en qué cantidad.

Frank Calderón, administrador de proyectos especiales del Departamento de Gestión de Residuos Sólidos del condado, explicó al diario que la normativa local “no prohíbe expresamente depositar una pequeña cantidad de residuos en el contenedor de otro residente”, pero la conducta puede volverse ilegal si involucra gran volumen de basura, materiales peligrosos o genera molestias.

“Que un incidente concreto constituya un vertido ilegal depende de los hechos específicos del caso, incluida la ubicación, el tipo de residuo y la cantidad”, dijo Calderón. “Cada caso es evaluado individualmente por el personal encargado de hacer cumplir la normativa”.

La lectura caso por caso, según la explicación del funcionario, para entender por qué dos situaciones parecidas pueden terminar con resultados distintos. No se analiza solo el acto de depositar un residuo: también pesa el contexto, el volumen, el tipo de material y si existió o no autorización del propietario del recipiente o del terreno.

En esa lógica, las autoridades ponen el foco en el concepto de “lugar autorizado”: debe tratarse del contenedor correcto, asignado y habilitado para recibir ese tipo de desechos.

El problema puede dejar de ser únicamente administrativo. Si para arrojar residuos en un contenedor privado una persona ingresa en un patio, un garaje o cualquier sector de una propiedad ajena, el incidente puede incorporar otra dimensión: la de la invasión de propiedad privada.

En esos casos, además de la sanción por la disposición indebida de residuos, puede haber consecuencias por el acceso no permitido a un terreno.

Los contenedores privados y comerciales: uso restringido y capacidad limitada

Calderón precisó que los contenedores comerciales y los recipientes privados de residuos solo pueden ser utilizados por los propietarios de la parcela a la que están asignados. La razón, indicó, es que “tienen una capacidad limitada”.

“Cuando alguien deposita residuos en el contenedor de otra persona sin permiso, se reduce la capacidad disponible para el cliente que paga por ese servicio”, afirmó el funcionario. Esa restricción se suma a la evaluación caso por caso que realiza el condado cuando analiza si hubo vertido ilegal.

La ciudad de Miami Beach, en su normativa operativa y de saneamiento urbano, también establece reglas sobre residuos voluminosos y restos de jardinería: fija criterios de disposición y advierte sobre sanciones por incumplimientos, además de la posibilidad de facturar costos de remoción cuando el municipio debe retirar residuos dispuestos de manera indebida. Ese esquema convive con el régimen de multas que aplica la ciudad para episodios de vertido ilegal.

En Miami, cada propiedad debe desechar su propia basura

En las ciudades integradas en Miami-Dade, las reglas pueden ser todavía más estrictas. Dale Henderson, director del Departamento de Residuos Sólidos de Miami, señaló que “la basura de una propiedad solo debe desecharse desde la propiedad que la generó”.

Esa regla también alcanza a propietarios con más de una vivienda. Henderson advirtió que, si una persona lleva residuos de una de sus casas y los tira en el contenedor de otra propiedad suya, puede recibir una multa de USD 525.

“Si un propietario tiene varias propiedades, la basura debe sacarse en cada una de ellas, no acumularse para desecharla toda junta”, sostuvo Henderson. También indicó que “compartir contenedores entre propietarios que reciben el servicio de recolección municipal” no está permitido.

En la práctica, este criterio busca evitar que los recipientes se utilicen como un punto de descarga para residuos generados en otro lugar, incluso cuando el responsable sea el mismo dueño de más de un inmueble.

Según la interpretación municipal, el servicio está organizado para atender la generación de residuos asociada a una dirección específica; cuando ese esquema se rompe, pueden aparecer contenedores saturados, bolsas fuera del recipiente y acumulación en el espacio público, con impacto en la recolección.

Qué hacer si alguien usa su contenedor o tira basura en su propiedad

Si alguien presencia a otra persona arrojando basura en su contenedor o dentro de su terreno, Calderón recomendó no enfrentarla. Su consejo es llamar al 911 e informar que se está produciendo un vertido ilegal.

Si el hallazgo ocurre después, cuando los residuos ya fueron dejados en el lugar, el trámite debe hacerse ante el 311. El funcionario indicó que en ese informe conviene adjuntar cualquier fotografía o video que haya podido registrarse.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) endureció las sanciones para quienes se apropian ilegalmente de los espacios reservados para personas con discapacidad. Desde ahora, falsificar o adulterar los carteles de estacionamiento reservado será motivo de multas económicas elevadas, denuncia penal y suspensión de la licencia de conducir.

El anuncio fue realizado oficialmente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, declaró.

La medida responde a una problemática creciente en la ciudad, donde se detectaron permisos falsos, adulterados o vencidos y carteles en nombre de personas fallecidas. Según datos del gobierno porteño, más de 400 carteles irregulares fueron retirados en lo que va del año. El objetivo de la iniciativa es garantizar que los beneficios de accesibilidad lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar la apropiación indebida del espacio público.

La Secretaría de Tránsito de la Ciudad reforzará los controles sobre la cartelería en la vía pública. El nuevo protocolo de actuación establece la remoción inmediata de cualquier señalización irregular y la radicación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de detectarse falsificación o adulteración. Antes de que se inicie una causa penal, las personas involucradas tendrán la posibilidad de presentar un descargo. Además, se instruirá a las áreas competentes para suspender la licencia de conducir del infractor, como medida preventiva.

La normativa incorpora un criterio de responsabilidad económica directa. Quienes sean responsables de la colocación o adulteración de carteles deberán afrontar todos los costos derivados del operativo, incluida la remoción de la señalización y la pintura del cordón. De esta forma, la Ciudad busca desalentar la instalación de carteles falsos y reforzar el respeto a los derechos de personas con discapacidad.

Multas y sanciones económicas El comunicado oficial detalla el esquema de sanciones para quienes infrinjan las nuevas disposiciones:

• Multas de hasta $200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con los requisitos oficiales.
• Multas de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización, modificar o destruir señalización vial.
• Pago de todos los costos operativos derivados de la remoción del cartel y la pintura del cordón.
• Suspensión preventiva de la licencia de conducir del infractor.
• Denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de falsificación o adulteración.
• Inhabilitación temporal para solicitar nuevos permisos de estacionamiento reservado.

El endurecimiento de las sanciones llega tras constatarse reiterados casos de manipulación fraudulenta de señales viales para reservar espacios exclusivos en la vía pública. Esta práctica, además de constituir una infracción, afecta de manera directa a los vecinos con discapacidad que necesitan de estos lugares para movilizarse.

El gobierno porteño también anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar el Código Contravencional y tipificar como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.

Macri enfatizó que la decisión forma parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público: “En lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles para vehículos que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado”. Además, remarcó la importancia de la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana.

El protocolo establece que, ante la detección de una irregularidad, el infractor será notificado y contará con 20 días corridos para regularizar la situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Vencido ese plazo, la Ciudad avanzará con las sanciones administrativas y penales previstas.

Jaime Peral es un alcalde con carácter. Desde 2007 gobierna Navas del Rey, un pequeño municipio madrileño de la sierra oeste de Madrid (a 50 kilómetros de la capital), que no llega a 3.500 habitantes. En 2006 abandonó el PP y dejó la presidencia de los populares en el pueblo tras enfrentarse con el que había sido su partido. Hoy lidera una formación independiente, llamada ‘Caseros Creciendo Juntos’. La oposición municipal, PP y PSOE, coincide en que es una especie de “cacique” que “hace lo que quiere”. En enero de 2020, por ejemplo, se plantó en una finca privada con varios operarios para quitar una puerta que el Banco Santander, dueño de los terrenos, había instalado para impedir el paso.

Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado por un delito de coacciones. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, impone una pena de 19 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total de 3.420 euros, además del pago de las costas procesales. El fallo ha sido recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fallará en pocos días. “Los ricos están quedándose con los caminos vecinales, y nadie hace nada. Nadie defiende a los vecinos. He ido con este tema a la Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y el SEPRONA de la Guardia Civil, y todos han pasado. Porque nadie se quiere enfrentar a los poderosos”, explica a este diario.

La historia tiene su miga. Y todo tipo de protagonistas. La puerta estaba colocada en la Finca El Santo, de unas 1.200 hectáreas. Es tan grande que ocupa superficie de tres términos municipales: Navas del Rey, Chapinería y Aldea del Fresno. Los terrenos pertenecían a Manuel Manrique, presidente de la constructora Sacyr, que en marzo de 2019 los vendió al Banco Santander para cancelar una deuda que tenía de 52 millones de euros. La finca El Santo fue la herencia que el general Martínez Campos (1830-1900), restaurador de la monarquía de Alfonso XII, dejó a sus herederos. Antes de pasar a Manrique, su propietaria era la nieta del militar, Dolores Martínez Campos, marquesa de Viesca de la Sierra.

Cuando el banco se hizo con la finca, puso vallas y puertas para cerrar los caminos que comunicaban los tres municipios. “Hay hasta ocho caminos públicos”, matiza el regidor Peral. El 13 de diciembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Navas acordó por unanimidad de todos los partidos el siguiente acuerdo con un mensaje claro al Santander: “Que atendiendo a la demanda vecinal para la recuperación de los caminos y veredas municipales que se encuentran actualmente cerrados, venimos a requerirles para que procedan a la apertura inmediata de los mismos, y en todo caso, con fecha máxima el 31 de diciembre de 2019, comunicándoles que si en dicha fecha no se ha procedido a la apertura de los mismos para uso público, estas corporaciones locales procederán a su apertura con sus medios, repercutiendo al Banco de Santander el gasto realizado”.

El Santander respondió que no

El Banco respondió que necesita tiempo para analizar si realmente había caminos públicos en su finca y solicitó al Ayuntamiento de Navas la documentación administrativa al respecto. El Santander también pidió una reunión con el Consistorio “para el estudio de alternativas y la adopción de las actuaciones más convenientes”. Dado que la finca es un coto de caza y se encuentra vallada en todo su perímetro, el banco no quería abrir los accesos. Así que Peral se plantó allí en enero de 2020 con varios operarios, un camión pluma, una retroexcavadora y un vehículo de Protección Civil y arrancó la puerta del camino que parte de la finca al embalse de Picadas. Antes había habido una reunión entre ambas partes sin acuerdo.

Altamira Santander Real Estate SA, la filial del Banco Santander que gestiona y comercializa sus activos inmobiliarios, denunció entonces al alcalde, aunque durante el proceso retiró la misma. No obstante, la Fiscalía siguió acusando. Seis años después, la Audiencia Provincial considera que la actuación del regidor constituyó una forma de violencia sobre las cosas (“vis in rebus”) destinada a obligar a la propiedad a permitir el paso por los caminos en disputa. Aunque reconoce que las entidades locales tienen potestades para recuperar bienes de dominio público, subraya que dichas facultades deben ejercerse mediante los procedimientos legalmente establecidos. Según la sentencia, en aquel momento no estaba acreditado de forma suficiente el carácter público del camino afectado, ni se había tramitado el correspondiente expediente administrativo de recuperación. Por ello, los magistrados concluyen que el alcalde recurrió a una “vía de hecho” incompatible con el ordenamiento jurídico.

María José Panadero, portavoz socialista en Navas, asegura que “el alcalde no dice la verdad cuando se excusa diciendo que cumplía órdenes del Pleno. Lo que el Pleno aprobó fue sentarse a hablar y tener reuniones con los dueños de la finca, no ir allí a la fuerza a arrancar una puerta. Además, un alcalde tiene que saber que el Pleno no manda más que la ley. Ningún político puede tomarse la justicia por su mano. Lamentablemente, esta es la manera habitual de actuar del señor alcalde: gobernar a base de impulsos, soberbia y ‘ordeno y mando’, saltándose las normas cuando no le convienen”. La Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una pena de prisión y ha optado por una sanción económica.

Ahora la pregunta que se hacen desde la oposición es: ¿quién va a pagar los platos rotos? María Isabel Romero, portavoz del PP, recuerda que a “Jaime Peral lo han condenado a título personal por coacciones, así que exigimos garantías de que ni un solo euro del dinero de los vecinos de Navas del Rey se va a usar para pagar sus abogados y las costas del juicio. ¿Quién está pagando a sus letrados?“. El regidor asegura que a día de hoy la propiedad de la finca ha vuelto a cerrar los caminos. Preguntado sobre la multa económica, quiere esperar al recurso presentado ante el TSJM. ”Si finalmente me condenan, intentaremos cambiar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras, los poderosos siguen ganando".

El tema adquirió mayor relevancia tras una investigación difundida por Panamericana Televisión, que documentó el funcionamiento cotidiano de este sistema en varias zonas de la capital. El informe también incorporó el análisis de un especialista, quien sostuvo que estas acciones contradicen el marco legal vigente y las competencias establecidas para las municipalidades.

El principal cuestionamiento se centra en la facultad de las municipalidades distritales para fiscalizar infracciones vinculadas al tránsito. Según el especialista consultado por el noticiero esa atribución corresponde únicamente a las municipalidades provinciales con el respaldo de la Policía Nacional.

“Se tiene que recalcar que las municipalidades distritales no tienen competencia en la fiscalización del tránsito. Esta competencia es exclusiva para las municipalidades provinciales con el apoyo de la Policía Nacional. El procedimiento que están haciendo las municipalidades distritales es un procedimiento ilegal que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional”, afirmó.

De acuerdo con esa explicación, las intervenciones ejecutadas por algunas comunas distritales vulneran los criterios fijados por el Tribunal Constitucional, motivo por el cual diversos procedimientos resultan objeto de cuestionamientos.

Investigación registra intervenciones diarias en La Victoria

Las imágenes presentadas por Buenos Días Perú mostraron el desplazamiento permanente de grúas municipales en diferentes puntos del distrito de La Victoria. Durante el seguimiento realizado por el equipo periodístico, varios vehículos estacionados en la vía pública terminaron enganchados y trasladados hacia un depósito.

El informe señaló que esta dinámica se repite durante toda la jornada. Según la investigación, más de diez unidades pueden terminar remolcadas en un solo día mediante un procedimiento que incluye la presencia constante de inspectores municipales.

Las cámaras también registraron la ubicación estratégica de algunas grúas, que permanecían fuera de la vista hasta detectar vehículos susceptibles de intervención. Después de pocos minutos de espera, otra unidad apareció para continuar con el mismo procedimiento observado durante el seguimiento.

Cuestionan el uso de normas sobre ornato público

El especialista entrevistado también sostuvo que algunas municipalidades modifican la naturaleza de las infracciones para justificar el retiro de los vehículos.

“Maquillando una situación de tránsito como si fuera una infracción al ornato público, de tal manera de que en algunos casos le ha cambiado el nombre vehículo por un tema de bien material. Es decir, no se llevan el vehículo, se llevan un bien material”, indicó.

Según esa explicación, el cambio de denominación permitiría sustentar administrativamente el traslado de las unidades, pese a que la controversia original corresponde al ámbito del tránsito.

Recuperar el vehículo implica multas y gastos adicionales

Los propietarios cuyos vehículos terminan en depósitos municipales deben cumplir un procedimiento presencial para obtener la devolución de sus unidades. Durante la investigación, un fiscalizador explicó que el titular necesita presentar su documento de identidad, conocer la infracción registrada y cancelar los montos exigidos por la municipalidad.

Consultado sobre el costo, el funcionario respondió: “El total es mil trescientos setenta. Con el veinticinco por ciento de descuento que le da la municipalidad es setecientos veinte”. También precisó que el beneficio solo aplica para quienes cancelan el mismo día.

Además del importe principal, el fiscalizador indicó que el propietario debe asumir el pago por permanencia en el depósito municipal. Según sus declaraciones, ese concepto representa alrededor de veinte soles diarios, monto que incrementa el costo total mientras el vehículo permanece internado.

Especialista advierte incentivos económicos en los internamientos

El análisis presentado durante el informe también abordó el impacto económico del sistema de internamiento de vehículos. Para el especialista consultado, los conductores reciben presión para aceptar la infracción mediante descuentos ofrecidos para cancelar la multa en el menor plazo posible.

“Presionan al conductor, presionan a aceptar esta infracción. Les ofrecen un descuento para que puedan retirar el vehículo en el mismo día. Simplemente les interesa internar ese vehículo al depósito, porque ese internamiento va a generar no solamente el pago de la infracción, sino el pago diario por el uso del depósito municipal. Esto se ha convertido en un vulgar negocio”, sostuvo.

El especialista también recordó que el Reglamento Nacional de Tránsito contempla medidas preventivas para determinadas infracciones. Según explicó, la acción prevista consiste en la remoción del vehículo y no en su internamiento dentro de un depósito municipal.

“El Reglamento Nacional de Tránsito considera que existen medidas preventivas cuando se cometen algún tipo de infracciones que pueden amenazar o pueden atentar contra un bien jurídico. La medida preventiva que corresponde es la de remoción del vehículo y no es la del internamiento”, señaló.

Durante el Mundial 2026, las multas por consumir o arrojar líquidos en la vía pública en México alcanzan cifras que superan los 3,300 pesos en varias ciudades y pueden derivar en arrestos o trabajo comunitario.

La Ley Seca y las restricciones especiales aplican en zonas de la Ciudad de México durante los partidos, mientras que algunos municipios sede anuncian tolerancia limitada en áreas cercanas a estadios.

Sanciones por beber alcohol en la calle durante el Mundial

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es una falta administrativa en la mayoría de las ciudades de México, incluso durante el ambiente festivo del Mundial 2026. Según reglamentos de justicia cívica, esta infracción es considerada tipo C y puede derivar en sanciones económicas, arrestos o trabajo comunitario.

Las multas varían según el estado y municipio, pero en general oscilan entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, montos aproximados de 1,100 hasta más de 3,300 pesos. En municipios como Ecatepec, Estado de México, la sanción puede superar los 6,000 pesos. En San Luis Potosí, las multas relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública pueden alcanzar más de 27,000 pesos.

En la Ciudad de México, además de la multa económica, las autoridades pueden imponer arrestos de hasta 36 horas o asignar trabajo comunitario si se reincide o hay alteración del orden público.

Ley Seca y restricciones especiales en la capital

Para el partido entre México y Chequia correspondiente al Mundial 2026, autoridades de la Ciudad de México decretaron Ley Seca en colonias del perímetro A del Centro Histórico. La medida se aplica desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del 25 de junio en zonas como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Estas restricciones forman parte de los operativos implementados para evitar altercados y mantener el orden durante la celebración de los partidos, además de sancionar el consumo de alcohol en calles, banquetas y espacios públicos.

Diferencias y criterios en municipios sede

Algunos municipios sede del Mundial 2026 anticipan criterios flexibles para los aficionados extranjeros y nacionales. En Guadalupe, Nuevo León, donde se ubica el Estadio BBVA, el alcalde Héctor García declaró que el reglamento municipal no se modificará, pero se permitirá cierta tolerancia para personas que transiten con bebidas rumbo a eventos oficiales.

En Monterrey, las autoridades mantienen operativos de vigilancia, puntos de hidratación y monitoreo permanente para evitar disturbios. Aunque se prevé mayor flexibilidad en zonas cercanas a estadios y Fan Fest, el consumo de alcohol fuera de las áreas autorizadas sigue prohibido.

El costo real de beber en estadios y Fan Fest

Durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, se autorizó la venta de cerveza dentro del inmueble, con horarios y lineamientos específicos. El costo de la cerveza mexicana de 710 mililitros es de 290 pesos, mientras que la cerveza internacional alcanza los 310 pesos. Los aficionados que soliciten vaso michelado deben pagar 140 pesos adicionales. El consumo por bebida puede superar los 450 pesos.

La venta de alcohol dentro del estadio inicia a las 10:00 horas y concluye 30 minutos antes del final del segundo tiempo. Además de cerveza con alcohol, se ofrecen opciones sin alcohol por 280 pesos, refrescos por 160 y agua embotellada por 80 pesos.

Regulaciones en contraste con Estados Unidos y Canadá

Mientras en México se endurecen restricciones y sanciones, en ciudades como Nueva York la venta de alcohol se amplió hasta las 4:00 horas durante el Mundial, con el objetivo de incentivar la actividad económica y las reuniones de aficionados.

Las diferencias regulatorias entre México, Estados Unidos y Canadá marcan una de las principales características del Mundial 2026. La regulación del consumo de alcohol dentro y fuera de los estadios varía de acuerdo con la ciudad y el país.

Recomendaciones para turistas y aficionados

Autoridades recomiendan consultar los reglamentos locales antes de consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Las sanciones pueden cambiar considerablemente según la ciudad o el país. El desconocimiento de la normativa no exime de las consecuencias legales, que pueden ir desde multas económicas hasta arrestos.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio la causa FSM 23688/2024, donde se acusa a Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, por el presunto lavado de activos agravado con fondos de origen ilícito, según el expediente al que tuvo acceso Infobae.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura del debate oral tras considerar probada, en la instancia procesal correspondiente, la hipótesis de que D’Onofrio y Asensio adquirieron, en conjunto, un vehículo Audi Q8, con recursos supuestamente originados en delitos contra la administración pública provincial.

La investigación sostiene que el 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió a su nombre el automóvil ante una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma declarada de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el rodado estableció una cobertura de $173.800.000, cifra que, según el juzgado, reflejaría su valor real de mercado.

En marzo de este año, D´Onofrio había sido procesado y embargado por $350.000.000. Su consorte en la causa, recibió la misma medida por $300.000.000.

A pesar de la titularidad formal, la justicia indica que el uso, dominio y disposición del vehículo correspondían a D’Onofrio. El expediente cita como fundamentos la emisión de una cédula azul autorizando al exministro a conducir desde la fecha de compra y la registración y pago del Telepase a nombre del imputado.

Para justificar el origen de los fondos, Asensio presentó un contrato de mutuo suscrito el 12 de octubre de 2023 con Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., sociedad integrada por sus padres. El acuerdo preveía la devolución de los $30.000.000 antes del 31 de diciembre de ese año. La resolución destaca que la defensa sostuvo que estos fondos provenían de la venta de un inmueble por parte de la empresa en julio de 2023.

La instrucción señala que los recursos utilizados para la operación estarían vinculados a hechos investigados en el Departamento Judicial de La Plata por supuestos fraudes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por parte de D’Onofrio.

Sucede que el ex funcionario es también investigado por una maniobra irregular con fotomultas y a tráves del sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El auto de mérito del 20 de noviembre de 2025, firmado por Charvay, calificó a ambos como coautores del delito de lavado de activos de origen ilegal, agravado en el caso del exfuncionario por su condición de agente público.

Ambas defensas solicitaron el sobreseimiento y el rechazo al requerimiento fiscal de elevación a juicio. El planteo de D’Onofrio argumentó que no se acreditó la existencia de un delito precedente y señaló que en la justicia provincial se había dispuesto el archivo de una de las causas por falta de prueba suficiente. Por otro lado, Asensio cuestionó la imputación por basarse únicamente en su calidad de titular registral del auto, negando conocimiento del presunto origen ilícito del dinero.

Sin embargo, el juzgado rechazó estos planteos, consideró completa la instrucción respecto de los hechos endilgados y dispuso la elevación a juicio de ambos imputados.

Además, ordenó la extracción de testimonios para continuar investigando posibles maniobras u otras personas eventualmente involucradas.

Por último, fuentes del caso indicaron que el expediente junto con los incidentes de embargo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que corresponda por sorteo.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) se convirtió en una herramienta clave para las operaciones digitales en México. Su objetivo es que cada persona establezca un límite máximo para sus transferencias electrónicas, reduciendo así el riesgo de fraudes y movimientos no autorizados.

En los últimos meses, diversos mensajes en redes sociales y algunos portales aseguraron que quienes no activaran esta función serían castigados con una multa de 12,800 pesos. No obstante, especialistas y medios especializados han aclarado que esa información es incorrecta.

La medida fue impulsada para fortalecer la seguridad de operaciones como SPEI, CoDi, Dimo y otros pagos digitales, permitiendo que cada usuario tenga un mayor control sobre el dinero que mueve a través de aplicaciones bancarias.

¿Existe una multa de 12,800 pesos por no activar el MTU?

La respuesta es no. Aunque la cifra de 12,800 pesos aparece vinculada al MTU, no corresponde a una sanción económica.

Lo que establece la regulación es que las cuentas que no tengan configurado el Monto Transaccional del Usuario quedarán sujetas a un límite automático equivalente a 1,500 UDIS, es decir, alrededor de 12,800 pesos por operación, dependiendo de la actualización de ese valor.

Esto significa que el usuario podrá seguir utilizando su cuenta bancaria, pero enfrentará restricciones para realizar transferencias superiores a ese monto si no modifica la configuración establecida por su institución financiera.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El MTU es el límite que cada cliente define para las operaciones realizadas desde aplicaciones móviles, banca en línea y otros canales electrónicos.

La finalidad principal es combatir el fraude financiero. Si un delincuente obtiene acceso a una cuenta, el monto máximo de transferencia estará restringido por el límite previamente configurado por el usuario.

Además, cuando una operación supera el monto establecido, el banco puede solicitar mecanismos adicionales de autenticación, como códigos de verificación, llamadas de confirmación o validaciones adicionales para garantizar que la transacción sea legítima.

¿Cómo configurar el Monto Transaccional del Usuario?

Cada banco cuenta con procedimientos específicos, aunque en general el proceso puede realizarse desde la aplicación móvil o la banca en línea.

Los pasos suelen incluir:

• Ingresar a la aplicación bancaria.
• Acceder al menú de configuración o ajustes.
• Buscar la sección de límites de operaciones.
• Definir el monto máximo por operación o por día.
• Confirmar los cambios mediante un código de seguridad.

Los usuarios pueden modificar este límite cuando lo consideren necesario, dependiendo de sus hábitos financieros y del volumen de operaciones que realizan regularmente.

¿Quiénes podrían verse más afectados por no activar el MTU?

Aunque no existe una multa, sí podrían presentarse inconvenientes para personas que realizan movimientos frecuentes por montos elevados.

Entre los casos más comunes se encuentran:

• Pago de nóminas.
• Transferencias a proveedores.
• Operaciones empresariales.
• Inversiones.
• Pagos de servicios de alto valor.

Por ello, especialistas recomiendan revisar la configuración del MTU y ajustarla a las necesidades reales de cada usuario para evitar límites automáticos que puedan afectar sus operaciones cotidianas.

Los transportistas formales de Lima y Callao podrán regularizar sus deudas con rebajas en las multas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). A través del Programa de Regularización de Sanciones (PRS), los beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta 95 % del monto total de determinadas infracciones.

El programa apunta a incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los operadores del transporte público y especial, con la posibilidad de ponerse al día con sanciones acumuladas y mejorar su situación ante entidades financieras y registros oficiales. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Según informó Luis Rivera Hidalgo, subdirector de Fiscalización de la ATU, el programa está dirigido exclusivamente a conductores y propietarios de vehículos formales que hayan recibido sanciones administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Hasta junio, la entidad ya había atendido 687 solicitudes de acogimiento al programa.

¿Qué infracciones califican para descuentos de hasta el 95 %?

El Programa de Regularización de Sanciones contempla porcentajes de descuento según la gravedad de la infracción cometida. De acuerdo con la ATU, las infracciones leves reciben una reducción de 90 % sobre el monto de la multa. En el caso de las sanciones graves, el descuento asciende a 92 %, mientras que las muy graves pueden obtener una rebaja de hasta 95 %.

Rivera Hidalgo explicó, en diálogo con Exitosa Noticias, que el beneficio se aplica de acuerdo con el código de infracción registrado en cada expediente. Por ello, un mismo conductor puede acceder a descuentos distintos en función del tipo de faltas acumuladas.

También precisó que el programa permite regularizar sanciones en diferentes etapas del procedimiento, incluso cuando existe una resolución firme o cuando el caso se encuentra en cobranza coactiva. Además, se incluyen descuentos vinculados con costas y gastos procesales derivados de estos procedimientos.

Qué deben hacer los transportistas para obtener el beneficio

Los interesados podrán iniciar el trámite de manera virtual mediante la plataforma de la ATU. El procedimiento comienza con el registro en la pasarela digital de la entidad, donde el usuario revisa las multas pendientes y selecciona aquellas que desea regularizar.

Tras completar la solicitud, la ATU realiza una evaluación del caso y emite una respuesta en un plazo de 72 horas. Una vez aprobado el beneficio, el usuario podrá efectuar el pago correspondiente con el descuento aplicado.

La entidad también habilitó otros canales de atención. Los transportistas podrán realizar consultas y trámites a través de la aplicación vinculada al sistema de pagos de Scotiabank o acudir presencialmente a las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en Ate, Callao y Miraflores. La ATU recordó que el trámite no requiere de intermediarios ni de tramitadores.

El principal requisito es contar con un título habilitante vigente y pertenecer al transporte formal. La ATU precisó que las multas impuestas cuando un vehículo operaba de manera informal no podrán acogerse al programa.

Por esa razón, cada solicitud se revisa de forma individual para verificar que las sanciones correspondan a periodos en los que el conductor o propietario ya se encontraba autorizado para prestar el servicio.

Las categorías de transporte que podrán acceder al beneficio

El PRS está dirigido a una variedad de operadores del transporte formal. Entre ellos figuran los conductores del transporte público urbano, los servicios convencionales y los prestadores de servicios especiales.

La medida también incluye a taxistas independientes y ejecutivos, unidades de transporte escolar, vehículos turísticos y servicios de traslado de personal. En todos los casos, los solicitantes deberán contar con la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente.

La ATU sostuvo que el programa busca apoyar a los transportistas para regularizar su situación administrativa y facilitar el acceso a créditos o financiamientos orientados a la renovación de unidades.

Las multas que sí aplican al beneficio y las que quedan excluidas

Uno de los puntos que genera dudas entre conductores es la diferencia entre las sanciones administrativas de la ATU y las infracciones de tránsito.

La entidad precisó que el Programa de Regularización de Sanciones se aplica únicamente a multas administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Estas no se relacionan con el sistema de puntos de la licencia de conducir ni generan descuentos de puntaje.

Por esa razón, acogerse al programa y cancelar multas pendientes no elimina puntos acumulados en el récord del conductor por infracciones de tránsito. Sin embargo, una vez concluido el procedimiento y efectuado el pago correspondiente, la ATU emite una resolución que da por finalizada la sanción administrativa y permite regularizar la situación ante la entidad.

Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició una campaña de orientación para informar a los conductores sobre el uso correcto de las ciclovías y las obligaciones que deben cumplir quienes manejan motos eléctricas. El objetivo es prevenir accidentes y corregir interpretaciones erróneas que se han difundido sobre estos vehículos.

La medida responde además a preocupaciones relacionadas con la seguridad vial. Según informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado, durante este año ya se han registrado accidentes de tránsito con consecuencias fatales que involucraron vehículos de movilidad personal. Por ello, las autoridades buscan reforzar el cumplimiento de las normas antes de iniciar una etapa de fiscalización y sanciones.

¿Qué vehículos pueden usar las ciclovías y cuáles tienen prohibido circular por ellas?

La PNP remarcó que la ciclovía no es un espacio “libre” para cualquier medio de transporte: su uso está definido por la clasificación del vehículo. En ese marco, el general Alvarado señaló que el scooter tipo monopatín, cuando se ajusta a lo “debidamente reglamentado”, se considera un vehículo de movilidad personal y, por sus características, puede circular por la ciclovía “tal como lo hace la bicicleta”.

Pero el permiso no significa ausencia de obligaciones. Alvarado subrayó que estos vehículos, aunque no superen 25 kilómetros por hora, deben usar equipamiento de seguridad: mencionó de forma directa el casco de seguridad como parte del “equipamiento elemental necesario”.

Asimismo, el general Alvarado resaltó que los scooters de movilidad personal solo pueden ser utilizados por una persona. Llevar a un pasajero, ya sea un familiar, un menor de edad o cualquier acompañante, está prohibido y puede generar la imposición de una papeleta por incumplir las normas de tránsito.

Además, precisó que las motos eléctricas no están autorizadas a circular por las ciclovías. Debido a sus características y capacidad de desplazamiento, estos vehículos pertenecen a una categoría distinta y deben utilizar la pista, al igual que una motocicleta convencional.

Motos eléctricas deberán circular por la pista y contar con placa, SOAT y licencia

El foco de la nueva fiscalización está puesto en vehículos que, por su estructura y desempeño, ya no encajan como movilidad personal. Según la explicación de la PNP, cuando se trata de unidades “ya de acuerdo a lo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito” dentro de la categoría L de los vehículos de dos y tres ruedas, se consideran moto eléctrica y deben circular como una motocicleta a combustión: en la pista, “de manera natural”, y no por la ciclovía.

La diferencia no es solo de vía, sino de formalidad. Alvarado enumeró los documentos exigidos por norma: placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir del conductor. En el mismo reporte se insistió en que la placa es un “procedimiento regular” que se realiza a través de SUNARP, en el Registro Público de Propiedad Vehicular, y que el propietario debe cumplir con requisitos para la inscripción registral.

El procedimiento debe realizarse mediante la inscripción del vehículo en la SUNARP, presentando la documentación de compra y los requisitos establecidos para obtener posteriormente la placa física. Contar con estos documentos no solo permite circular legalmente, sino que también facilita la identificación de responsabilidades en caso de accidentes o infracciones.

Motos eléctricas en ciclovías o sin placa, SOAT y licencia serán sancionadas desde el 2 de agosto

La PNP confirmó que el periodo inicial será de orientación, pero con fecha de término. Alvarado explicó que estas actividades se realizarán hasta por 45 días para dar un tiempo prudencial de regularización, y luego se pasará a la fiscalización: “A partir del mes de agosto ya vamos a proceder con la aplicación de las infracciones que corresponde”.

En el mismo informe, los conductores recibieron una advertencia puntual: las sanciones empezarán a partir del 2 de agosto exactamente. Desde ese día, si una persona conduce una moto eléctrica por una ciclovía —una conducta que la PNP indicó que está prohibida— se expone a una multa, igual que quien circule sin placa, SOAT o licencia.

El general Alvarado también anticipó consecuencias operativas de las intervenciones: las faltas podrían derivar en retención del vehículo y traslado al depósito, especialmente si el propietario no puede acreditar una inscripción adecuada. La autoridad insistió en que la meta es reducir riesgos y evitar tragedias en la vía pública, en un escenario donde —según indicó— ya se detectaron accidentes y conductas peligrosas, como el uso de vías de alta velocidad por parte de vehículos de movilidad personal.

Durante los últimos cuatro meses, la Alcaldía de San Salvador Centro ha impuesto más de 500 multas a personas y empresas por arrojar desechos sólidos en puntos o horarios no permitidos.

Esta cifra refleja la aplicación estricta de la normativa municipal para combatir la disposición inadecuada de basura en la ciudad y busca limitar una práctica que afecta la limpieza urbana y el sistema de drenaje. Melvin Perdomo, subdirector de Ornato Municipal, aseguró: “El que continúa y que persiste con este tema, se va a multar definitivamente”.

La información fue confirmada por Perdomo durante una entrevista en el programa radial El Corre Corre, donde detalló el funcionamiento del sistema de vigilancia y las medidas que se están empleando para persuadir a la ciudadanía y sancionar las reincidencias.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia incluye la instalación de cámaras y bocinas inteligentes ubicadas en puntos estratégicos que advierten a quienes intentan tirar desechos fuera de los horarios o sitios autorizados.

Actualmente, San Salvador Centro cuenta con unas 800 cámaras de monitoreo y se prevé la incorporación de otras 300 en los próximos 6 meses. Estas herramientas están distribuidas en 144 puntos críticos identificados por la municipalidad, donde la acumulación de basura representa un problema frecuente.

El monitoreo se realiza en un centro de control ubicado en el edificio Diego de Holguín sobre el Paseo General Escalón, donde “es un monitoreo permanente, 24/7”, explicó Perdomo.

El subdirector indicó que las sanciones se aplican con base en 2 ordenanzas: la de manejo de residuos sólidos, vigente desde el año 2000, y la de contravenciones municipales, de 2020. Ambas establecen que tirar basura fuera de la hora en la que pasará el camión recolector o en lugares no autorizados constituye una falta.

Según Perdomo, “la multa va en dos vías: depende de la magnitud de la falta que hayan cometido”. Para personas naturales, el rango va de $51 a $900; para personas jurídicas, comercios o instituciones, puede alcanzar los $2,200 si la infracción es grave.

Casos recientes incluyen desde el abandono de bolsas pequeñas fuera del horario de recolección hasta el vertido de materiales de construcción en quebradas o ríos.

Uno de los incidentes más graves registrados por la alcaldía fue el lanzamiento de más de 200 llantas a un cauce, luego de la demolición de un muro de contención hecho con neumáticos. “Es increíble, pero sucede”, relató Perdomo.

Además, la municipalidad ha recogido en 4 meses más de 16,000 toneladas de residuos de tuberías, ríos y quebradas, de las cuales el 90% corresponde a desechos voluminosos como muebles, refrigeradoras y colchones.

La normativa también sanciona otras prácticas, como el uso de espacios públicos para necesidades fisiológicas. Perdomo explicó: “En el centro histórico se ha disparado en el tema de turismo, pero lamentablemente tenemos un promedio de 15 a 24 puntos críticos, no de generación de basura, sino de personas que son transeúntes y que hacen sus necesidades fisiológicas. A esas personas también se les va a aplicar esta sanción”.

El procedimiento para la imposición de multas consiste en la identificación del infractor a través del sistema de cámaras y la emisión de la sanción correspondiente. Si la multa no se paga, la persona o empresa queda impedida de realizar trámites municipales, como la obtención de licencias de funcionamiento o permisos. “Mientras ellos no paguen esa deuda, no va a tener acceso a esos trámites”, advirtió el subdirector.

Perdomo recalcó que el objetivo principal de la campaña no es sancionar, sino cambiar los hábitos ciudadanos y construir una nueva cultura de limpieza compartida.

“El alcalde, la municipalidad en términos generales, no buscamos afectar a las familias, no buscamos multar. Buscamos con estas iniciativas que precisamente esta contaminación que se genera al arrojar la basura ya no se continúe desarrollando”, dijo en la entrevista radial. No obstante, insistió en que quienes insistan en las malas prácticas serán sancionados conforme a la ley.

La municipalidad mantiene habilitado el número 2535-5636 para que la población solicite la recolección de desechos voluminosos y evite sanciones. El funcionario reiteró que este servicio es gratuito para muebles, electrodomésticos y otros residuos grandes, mientras que los desechos de construcción tienen un tratamiento especial y deben gestionarse aparte.

Javier Mejía, subdirector de Saneamiento Ambiental, también participó en la entrevista y sostuvo: “La campaña de los buenos salvadoreños no ensucian es más que un eslogan. Son un montón de acciones articuladas que permiten generar los espacios y las condiciones para la población”.

Añadió que la mayoría de incidentes pueden evitarse si las personas utilizan los basureros instalados en la vía pública o conservan sus residuos hasta encontrar un lugar adecuado para su disposición.

Las acciones de la comuna apunta a reducir la contaminación, liberar el sistema de drenaje y transformar la cultura urbana hacia una convivencia más responsable.

El Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de distribuir los recursos económicos a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar que son implementados por el gobierno de México.

Hasta el momento, la institución cuenta con 3 mil 49 sucursales distribuidas por las 32 entidades de la República Mexicana. De ese total, 2 mil 750 instalaciones corresponden a nuevas edificaciones, destacando su rápido crecimiento desde su fundación en julio de 2019, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo del banco es garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus apoyos económicos de forma sencilla y directa. Y es que cabe mencionar que estos subsidios son entregados de manera mensual o bimestral según el esquema correspondiente.

Banco del Bienestar sufre sanciones por millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por un monto total de 4.1 millones de pesos. Las multas, notificadas el 16 de abril, derivaron de diversas irregularidades en controles internos, procedimientos operativos y registros contables, según documentación oficial. Entre los principales señalamientos destacaron omisiones en la prevención de operaciones de retiro de efectivo que pudieron ser utilizadas para actos ilícitos.

De acuerdo con la CNBV, el Banco del Bienestar omitió implementar medidas para evitar que las operaciones de retiro de efectivo en sucursales fueran utilizadas por terceros o personal interno para la comisión de actos irregulares. La autoridad bancaria señaló que la institución no cumplió con disposiciones clave para la administración de riesgos y el control de la información financiera.

La CNBV también identificó irregularidades en el reconocimiento de gastos vinculados con la expansión de la red de sucursales del banco, un proyecto impulsado durante el sexenio anterior. El Banco del Bienestar no registró de forma adecuada todos los costos asociados a la construcción y puesta en operación de más de 2,500 sucursales en distintas regiones del país. Tras ser notificadas las sanciones, la institución financiera promovió un amparo para evitar la difusión pública de las multas.

¿Peligra el dinero de los beneficiarios del Banco Bienestar?

Luego de ser notificado el 16 de abril, el Banco del Bienestar promovió una demanda de amparo en la que argumentó que la difusión de las sanciones en el portal oficial de la CNBV le causaba un “daño reputacional irreversible”. En el documento presentado ante la autoridad judicial, el banco señaló que la publicación representaba un “acto con efectos infamantes” y tenía como objetivo exhibir a la institución como infractora.

Hasta la fecha, los beneficiarios que reciben transferencias a través del Banco del Bienestar continúan recibiendo sus fondos con normalidad. Las sanciones y la disputa legal iniciada por el banco no han repercutido en la entrega de apoyos sociales ni en la operatividad cotidiana de las cuentas.

El caso ha suscitado preguntas sobre el futuro de los depósitos, pero ningún pago ha sido interrumpido ni se han reportado retrasos o retenciones vinculadas a este proceso legal. Los usuarios pueden seguir utilizando sus cuentas y tarjetas como de costumbre.

La Procuraduría Federal del Consumidor desmiente que sus operativos en Guerrero hayan buscado sancionar negocios por transmitir partidos del Mundial 2026, en respuesta a publicaciones que circularon en medios del estado y provocaron el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco durante los primeros días del torneo.

La dependencia publicó una nota aclaratoria el 13 de junio en la que precisa que carece de atribuciones para supervisar, verificar o sancionar lo relacionado con los derechos de transmisión de partidos en establecimientos mercantiles. Ese ámbito corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Qué ocurrió el 10 de junio en Acapulco

Según el comunicado, la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas realizó el miércoles 10 de junio visitas de vigilancia a dos establecimientos: “Texas Ribs” (Costillas Julieta, S.A. de C.V.) y “La Casa de los Abuelos Puente” (S.A. de C.V.).

El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): que los comercios exhiban precios de forma visible, respeten ofertas y promociones, no exijan propina obligatoria y entreguen comprobante de compra. Nada relacionado con derechos de transmisión.

Lo que Profeco sí hace y lo que no puede hacer

El documento es explícito: “Las facultades de la Profeco se limitan estrictamente a proteger los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes, productos y servicios”, precisa la nota aclaratoria.

La Procuraduría advirtió además que si se detectan acciones de servidores públicos adscritos a la dependencia fuera de sus atribuciones, “se tomarán las medidas pertinentes”.

El impacto de la información errónea en Acapulco

La confusión generó un efecto directo en la economía local. Más de 320 establecimientos en Acapulco bajaron la cortina ante el temor a sanciones que la Profeco nunca tuvo contempladas en el alcance de sus operativos.

De más de 115 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, solo 40 habían adquirido licencia comercial con cableras para la transmisión de los partidos al momento de los cierres.

Los operativos vigentes de Profeco en Guerrero

La ODECO Acapulco-Lázaro Cárdenas detalló en el comunicado las actividades que sí tiene en marcha. Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA —activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor.

Entre las próximas acciones se encuentran el operativo Regreso a Clases, el Programa de Verificación Día del Padre del 19 al 21 de junio, y el programa vacacional y turístico de verano del 15 de julio al 28 de agosto de 2026.

Quién sí puede sancionar y bajo qué condiciones

El IMPI es la autoridad competente en materia de derechos de autor. Su director general, Vidal Llerenas Morales, aclaró que no habrá clausuras ni inspecciones aleatorias: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, afirmó en W Radio.

Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos.

Licencias, multas y riesgo de falsos inspectores

Para transmitir partidos de forma legal, los establecimientos deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos empresas autorizadas para emitir licencias de exhibición pública. Una suscripción doméstica o de plataforma de streaming personal no es suficiente.

Las sanciones por incumplimiento van de 117,310 pesos a 586,550 pesos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pueden alcanzar los 29.3 millones de pesos en los casos de mayor gravedad.

Ante la confusión generada, cámaras de comercio en varios estados alertaron sobre posibles falsos inspectores que podrían aprovechar el clima de incertidumbre para extorsionar a comerciantes. El IMPI recordó que todos sus verificadores portan gafete oficial con fotografía, camisa y chaleco institucional, y que ningún servidor público está facultado para exigir pagos en sitio.

El SAT puede no cobrarte multa si corriges un error fiscal antes de que la autoridad lo detecte, pero la ventana para hacerlo se cierra en cuestión de horas o días.

La figura se llama cumplimiento espontáneo y está prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), aunque la mayoría de los contribuyentes desconoce su existencia.

La regla es simple: quien presenta una declaración omitida, corrige un dato incorrecto o paga una contribución fuera de plazo —sin que el SAT lo haya detectado ni notificado— solo cubre el monto original más actualización y recargos. La multa es cero.

Cuándo se pierde el beneficio

El CFF establece tres situaciones en las que la corrección deja de considerarse espontánea y, por tanto, la multa sí procede.

• La primera: cuando la omisión ya fue descubierta por las autoridades fiscales.
• La segunda: cuando el SAT notificó una orden de visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier otra gestión de comprobación antes de que el contribuyente actuara.
• La tercera: cuando la corrección se presenta más de diez días después de que un contador público registrado entregó el dictamen de estados financieros ante el SAT y la omisión quedó asentada en ese documento.

En la práctica, el umbral más frecuente es el segundo. Si ya hay un aviso en el Buzón Tributario, la espontaneidad se extingue de inmediato.

Cuánto cuesta no actuar a tiempo

La diferencia entre corregir antes o después de una notificación es significativa. Según la tabla de penalizaciones del CFF vigente en 2026, quien declara de forma voluntaria paga $0.00 en multas.

Quien espera a que el SAT lo requiera enfrenta sanciones de entre $1,810 y $44,790 pesos por obligación incumplida, dependiendo del tipo de infracción.

Si el contribuyente corrige durante el ejercicio de facultades de comprobación —es decir, ya iniciada una auditoría—, puede acceder a una multa reducida equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No es lo mismo que espontaneidad, pero representa un ahorro frente a la sanción plena.

Qué obligaciones cubre y cómo actuar

El cumplimiento espontáneo aplica a prácticamente cualquier obligación fiscal: declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) entregados fuera de plazo y correcciones a datos ya declarados.

El proceso no requiere cita ni trámite especial. Todo se tramita en línea desde sat.gob.mx, en la sección “Declaraciones”. Si la obligación nunca fue presentada, el contribuyente selecciona la opción “Normal”; si ya existía una declaración pero con datos incorrectos, elige “Complementaria”. El portal calcula automáticamente los recargos y la actualización, y genera una línea de captura con el total a pagar.

La línea de captura tiene vigencia limitada, generalmente unas horas. Si no se liquida el mismo día, los recargos se recalculan y es necesario generarla de nuevo.

Cuando el monto total no puede cubrirse de inmediato, los especialistas recomiendan presentar la declaración de todas formas antes de pagar: una declaración entregada sin pago genera recargos sobre el impuesto, pero evita la multa por omisión. El contribuyente puede solicitar después un convenio de pago en parcialidades al amparo del artículo 66 del CFF, con un plazo máximo de 36 meses.

Un punto que pocos consideran: las notificaciones enviadas al Buzón Tributario se tienen por legalmente realizadas una vez que transcurren cinco días hábiles desde el envío del aviso, independientemente de si el contribuyente las consultó. Por eso, revisar el buzón antes de iniciar cualquier corrección es el primer paso que los asesores fiscales consideran indispensable.

Las omisiones que el SAT detecta primero

La autoridad fiscal no revisa de forma aleatoria. En 2026, el SAT opera con sistemas de inteligencia de datos que cruzan automáticamente la información de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias antes de emitir cualquier notificación.

La discrepancia fiscal es el detonante más frecuente: ocurre cuando los gastos facturados, los depósitos en cuenta o los pagos con tarjeta no coinciden con los ingresos declarados. El sistema presume ingresos omitidos y abre una revisión sin que el contribuyente lo advierta de inmediato.

Otros patrones que concentran la atención del fisco son las pérdidas fiscales declaradas de forma recurrente sin sustento económico lógico, las retenciones de ISR o IVA no enteradas al SAT, y las tasas efectivas de impuesto significativamente por debajo del promedio del sector. Este último criterio se aplica tanto a personas físicas como a empresas.

En el plano operativo, los errores de facturación también activan revisiones. Datos incorrectos del receptor en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cancelaciones de facturas fuera de plazo y declaraciones en cero cuando existen CFDI de ingresos vigentes son señales que los algoritmos del SAT procesan de forma automática.

Un punto que los especialistas consideran especialmente crítico es e Buzón Tributario inactivo o con datos de contacto desactualizados. Aunque la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026 prorrogó la aplicación de multas económicas —que van de $3,850 a $11,540 pesos— hasta enero de 2027, la obligación de mantenerlo activo es vigente. Un buzón sin medios de contacto válidos habilita al SAT para notificar por estrados y puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital, lo que impide emitir facturas de forma inmediata.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no habrá operativos masivos contra pequeños negocios que transmitan partidos del Mundial 2026, pese a la polémica generada en los últimos días por posibles multas económicas a comercios que usen señales residenciales para exhibir los encuentros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, afirmó que las verificaciones estarán enfocadas principalmente en establecimientos grandes o en negocios cuyo principal atractivo sea la transmisión de eventos deportivos.

“No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, dijo en entrevista en Así las Cosas con Gabriela Warkentin, en W Radio.

La aclaración ocurre luego de que se dieran a conocer las multas millonarias para cualquier comercio que transmitiera partidos sin una licencia comercial.

Reconocen que no hay capacidad

Aunque la Ley Federal del Derecho de Autor sí contempla sanciones por retransmisiones con fines de lucro, el propio instituto reconoció que no tiene capacidad para supervisar de forma generalizada a todos los establecimientos del país.

Al reconocer que existe una “parte gris” en la regulación, Llerenas fue directo al señalar que los establecimientos cuyo giro principal no es la transmisión de eventos deportivos no serán objeto de revisiones: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado, no hay manera de hacerlo. No queremos generar eso, no queremos generar un pánico. Queremos que la gente disfrute el mundial, eso tampoco le va a convenir a nadie”, dijo Llerenas.

¿Quiénes sí serán verificados?

Donde sí habrá presencia del IMPI es en negocios de mayor tamaño, particularmente en aquellos donde la transmisión de eventos es parte habitual de su oferta comercial. “De acuerdo con la petición de quien tiene los derechos, habrá ciertas verificaciones en ciertos lugares, con la capacidad limitada que tenemos, y será enfocada a negocios de mayor tamaño, que es muy probable que ya tengan estos pagos porque de manera regular también transmiten eventos deportivos”, explicó Llerenas en W Radio.

El funcionario subrayó que las acciones del instituto responderán principalmente a solicitudes de los titulares de derechos, no a operativos propios.

“Se hará alguna revisión a petición de partes, se toma nota y en ningún caso hay clausura”, precisó. Añadió: “Nos vamos a enfocar a negocios de buen tamaño por la capacidad y por la propia ética, así ha sido en otros mundiales”.

En México, Televisa (TUDN) y TV Azteca son los titulares de los derechos de transmisión del torneo para televisión abierta, aunque los 104 partidos completos solo están disponibles a través de la plataforma de pago VIX.

La CONCANACO SERVYTUR hizo un llamado a los titulares de derechos para diseñar esquemas de licencias accesibles para micro y pequeñas empresas, al considerar que el evento representa una oportunidad para el comercio local. “La accesibilidad no debe significar informalidad. Debe ser una ruta para que más establecimientos puedan cumplir, transmitir legalmente y permitir que más familias vivan el Mundial”, señaló la Confederación.

Cómo obtener la licencia para transmitir los partidos

Los negocios que quieran cumplir con la legalidad deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos compañías de Televisa autorizadas para emitir licencias de transmisión.

Una vez contratada la licencia, el negocio debe tener el contrato a la mano ante una posible revisión del IMPI. Las sanciones por infringir los derechos de transmisión van de mil a 5,000 días de multa con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que en la fracción más alta puede alcanzar el medio millón de pesos.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) recordó a los automovilistas que la verificación vehicular es un trámite obligatorio y que el plazo para realizarlo durante el primer semestre de 2026 concluirá el próximo 30 de junio, por lo que quienes incumplan podrían recibir multas que, en determinados casos, alcanzan los 9 mil 384 pesos.

La medida aplica especialmente para los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0, cuyos propietarios deben acudir a un verificentro antes de que termine junio para evitar sanciones.

La verificación vehicular es un procedimiento obligatorio que se realiza dos veces al año y tiene como objetivo controlar las emisiones contaminantes de los automóviles que circulan en la capital del país. El programa forma parte de las estrategias ambientales para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo?

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Ciudad de México, los conductores que no realicen la verificación dentro del periodo establecido deberán cubrir una multa por verificación extemporánea, la cual actualmente asciende a 2 mil 346.20 pesos. Sin embargo, el pago de esta sanción no exime de realizar el trámite pendiente.

Además, la normativa establece que si el vehículo continúa sin aprobar la verificación dentro de los plazos posteriores otorgados por la autoridad, las sanciones pueden incrementarse progresivamente hasta alcanzar montos equivalentes a 80 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cifra que ronda los 9 mil 384 pesos.

¿Qué vehículos deben verificar antes del 30 de junio?

Durante mayo y junio corresponde verificar a los automóviles con las siguientes características:

• Engomado azul.
• Terminación de placas 9 o 0.

Los propietarios de estas unidades tienen hasta el último día de junio para cumplir con la obligación ambiental y evitar multas o restricciones administrativas posteriores.

¿Qué pasa si no realizas la verificación vehicular?

Además de las sanciones económicas, los vehículos que no cuenten con una constancia de verificación vigente deben respetar las limitaciones de circulación previstas en programas como Hoy No Circula y las medidas aplicadas durante contingencias ambientales.

La SEDEMA recomienda a los automovilistas no esperar hasta los últimos días de junio para agendar una cita, ya que los verificentros suelen registrar una alta demanda conforme se acerca la fecha límite.

¿Cómo evitar la multa?

Para evitar sanciones, los conductores deben verificar que su vehículo no tenga adeudos pendientes relacionados con tenencia, refrendo o infracciones y posteriormente acudir a un verificentro autorizado dentro del periodo que les corresponde. En caso de cumplir con el trámite antes del 30 de junio, podrán evitar la multa por verificación extemporánea y mantenerse al corriente con sus obligaciones vehiculares.

Los ciudadanos que no participan en la segunda vuelta presidencial hoy 7 de junio deberán pagar una multa económica, cuyo monto variará según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La segunda vuelta definirá al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de que en la primera jornada electoral ningún candidato alcanzara el umbral requerido para evitar un nuevo balotaje. En este escenario, las autoridades electorales insistieron en la importancia de participar en la jornada de votación y cumplir con las obligaciones vinculadas al proceso.

Votar no solo permite elegir a quien conducirá el Poder Ejecutivo durante el próximo periodo, sino que también evita sanciones económicas previstas para quienes no acudan a las urnas o incumplan funciones asignadas por sorteo, como la de miembro de mesa. Las multas se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que este año asciende a S/ 5.500.

Estas son las tres escalas de multa por no votar en la segunda vuelta

El JNE precisó que la multa por no votar se determina de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI. El sistema contempla tres escalas y aplica montos que corresponden a un porcentaje de la UIT vigente (S/ 5.500), por lo que la penalidad no es uniforme para todos los electores.

En la primera escala, correspondiente a distritos catalogados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,50, equivalente al 0,5% de la UIT. En la segunda, aplicada a distritos en pobreza no extrema, el monto asciende a S/ 55,00, que representa el 1% de la UIT.

La tercera escala corresponde a distritos clasificados como no pobres. En ese caso, la multa por no acudir a votar alcanza los S/ 110,00, equivalente al 2% de la UIT. El objetivo de la diferenciación, según el criterio que comunicó el organismo electoral, es aplicar sanciones proporcionales a la clasificación socioeconómica registrada.

Además de la sanción económica, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar determinados trámites, de acuerdo con las reglas que rigen los procedimientos electorales. Por eso, las autoridades recomiendan verificar con anticipación los datos del DNI, conocer el local de votación asignado y planificar el traslado para evitar contratiempos el día de la elección.

Miembros de mesa que no cumplan su función en la segunda vuelta recibirán multa de S/ 275

El JNE también recordó que la obligación no se limita a acudir a votar. Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con asumir su función recibirán una sanción económica adicional. Para la segunda vuelta del 7 de junio, la multa por no ejercer el cargo equivale al 5% de la UIT, es decir, S/ 275.

La sanción se aplica a quienes fueron seleccionados para integrar las mesas de sufragio y no se presenten el día de la elección sin una justificación válida. En términos prácticos, esto significa que el deber de participar en el proceso incluye, para ese grupo, llegar a la hora indicada, instalar la mesa y desempeñar las tareas asignadas durante la jornada.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos que debían cumplir funciones como miembros de mesa tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio. Quienes resultaron elegidos deben volver a cumplir el mismo rol en esta nueva convocatoria.

Las autoridades electorales subrayan que el sistema de miembros de mesa es clave para el desarrollo de la votación y el conteo en cada local. Por eso, recomiendan a los designados revisar si figuran en el listado correspondiente, informarse sobre horarios y obligaciones, y, en caso de impedimento, gestionar con anticipación la documentación que sustente una eventual justificación.

Dónde me toca votar

Para conocer tu local de votación exacto para este domingo 7 de junio, debes ingresar al portal oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En esta plataforma digital, el sistema te solicitará digitar tu número de DNI para mostrarte detalladamente el nombre del establecimiento, su dirección exacta, el número de tu mesa de sufragio y si mantienes el cargo de miembro de mesa. Por regla general, tu centro educativo asignado para esta segunda vuelta electoral será el mismo que utilizaste en la primera jornada del pasado 12 de abril, pero se recomienda realizar la verificación digital previa ante cualquier modificación de última hora en la infraestructura local.

Restricciones esta semana

Para la segunda vuelta presidencial en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) activó desde el 1 de junio un conjunto de restricciones electorales obligatorias destinadas a asegurar un voto informado y neutral. La medida principal estipula la prohibición de publicar encuestas, proyecciones o cualquier sondeo de opinión en los medios de comunicación masivos. Este paquete de restricciones, diseñado para mitigar la interferencia política en los días previos a la votación, incluye de forma progresiva la suspensión de mítines de cierre de campaña, el cese de la propaganda política y la tradicional aplicación de la ley seca, garantizando así el orden público y la transparencia en todo el territorio nacional durante los comicios.

¿Quiénes pueden votar en la segunda vuelta del 7 de junio?

Para participar en la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 es obligatorio estar incluido en el padrón electoral. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el corte se definió por la mayoría de edad: podrán votar quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026; quienes alcanzaron esa edad después no figuran en el padrón.

Reniec precisó que el padrón utilizado en la primera vuelta se mantiene sin cambios para la segunda, por lo que no se suman nuevos electores entre una jornada y otra. Por esa razón, quedan fuera principalmente quienes cumplieron 18 años entre el 13 de abril y el 7 de junio de 2026.

Horario de votación este domingo

Para la Segunda Elección Presidencial de este domingo 7 de junio de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido que las mesas de sufragio a nivel nacional atenderán en el horario continuo de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Cabe señalar que, para asegurar una apertura sin demoras desde el primer minuto de la jornada, los miembros de mesa (tanto titulares como suplentes) han sido citados a las 6:00 a. m. en sus respectivos locales de votación.

Trenes Argentinos, la operadora de trenes del área metropolitana, desplegó patrullas de control para reducir la evasión y cobrar multas a quienes viajen sin validar su pasaje con la tarjeta SUBE.

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”, informaron a Infobae fuentes de la empresa.

En los trenes, la SUBE debe apoyarse en los molinetes al ingresar a la estación de origen y al descender en la de destino, de acuerdo con el procedimiento difundido por la empresa.

En el primer apoyo, el sistema retiene el valor del viaje máximo, de tercera sección, y al apoyar al final valida el cobro del trayecto efectivamente realizado. Si se apoya una sola vez, se cobra la mayor sección.

Cómo funciona el control y cuánto cuesta la multa

Las patrullas suben a la formación y piden la SUBE para verificar con un dispositivo electrónico si el viaje fue abierto. Si el último movimiento de la tarjeta no es compatible con el recorrido que se está realizando, se aplica la multa correspondiente.

La sanción es de $3.500, equivalente a 10 pasajes mínimos, y en mayo se aplicaron casi 16 mil multas, según informaron a Infobae fuentes de la empresa.

El pago se realiza en efectivo o vía QR desde billeteras virtuales o entidades bancarias, con comprobantes numerados que se rinden a diario.

En qué líneas ya opera el sistema

Según indicaron a Infobae fuentes de la empresa, hay 10 patrullas activas en la línea Roca, con cinco integrantes y un supervisor, para los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, Ezeiza, A. Korn y Ezeiza-Cañuelas.

En la línea San Martín funcionan cinco patrullas en horario aleatorio para el ramal Retiro/Pilar-Cabred, y en la línea Belgrano Sur operan dos patrullas en horario aleatorio, con el mismo formato, con la incorporación de otras dos “en los próximos días”, para los ramales Sáenz-González Catán, Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán-Lozano.

La empresa también informó a Infobae que el sistema se implementará en las líneas Mitre y Sarmiento en los próximos días. “No está determinado aún cuándo funcionarán. Están conformándolas”, agregaron.

Cómo cargar la tarjeta SUBE

Las opciones para cargar saldo en la Tarjeta SUBE se han ampliado para facilitar el acceso de los usuarios. Actualmente, es posible acreditar cargas electrónicas mediante la aplicación SUBE, disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Además, se puede utilizar la funcionalidad Carga a Bordo en los colectivos habilitados, así como las Terminales Automáticas distribuidas en estaciones y puntos de alto tránsito.

La acreditación de cargas electrónicas suele ser inmediata, aunque en algunos casos puede demorar hasta veinticuatro horas según la entidad proveedora del servicio. Aquellos usuarios que prefieran el método tradicional pueden realizar cargas presenciales en kioscos, estaciones de tren, subte y locales adheridos.

La SUBE registrada ofrece beneficios adicionales, como el acceso a la Tarifa Social y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo, extravío o rotura de la tarjeta. El registro se puede realizar en línea, a través de la web oficial del sistema SUBE, o en los centros de atención designados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo 7 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Antes de votar, deberán verificar su local porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales reubicó 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana.

El organismo electoral precisó que el padrón vigente es el mismo que se cerró en octubre de 2025, antes de la primera vuelta. Quienes actualizaron su dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil durante el último año deberán sufragar en el local donde lo hicieron en abril, ya que esa modificación solo tendrá efecto en procesos electorales futuros.

La herramienta oficial para verificar el punto de votación asignado es el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde el ciudadano ingresa su número de Documento Nacional de Identidad y obtiene el nombre del local, la dirección exacta, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista. El sistema también indica si el elector fue seleccionado como miembro de mesa.

¿Por qué cambiaron las mesas en Lima?

La ONPE recomendó hacer esta consulta con anticipación, sobre todo a quienes sufragaron el 12 de abril en parques o espacios al aire libre, ya que esos puntos son los que registran cambios para el balotaje.

La reubicación responde a dos motivos. El primero fue una sugerencia de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de seguridad: en la primera vuelta, la ONPE había acondicionado 10 espacios abiertos como locales de votación ante la falta de recintos cerrados disponibles. Para el 7 de junio, esas mesas pasaron a instituciones educativas dentro del mismo distrito, con el criterio de mantenerlas lo más cerca posible de su ubicación original.

El segundo motivo fue la negativa de propietarios privados a ceder sus instalaciones para la jornada del 7 de junio. Por esa razón, ocho locales adicionales en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar también fueron reubicados.

Los nuevos locales en Jesús María, Lince y Miraflores

Los tres distritos con mayor número de cambios son Jesús María, Lince y Miraflores, donde las mesas que funcionaban en parques pasaron a colegios cercanos.

• Jesús María

Parque Cáceres (Av. Cuba, cdra. 6) → IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531-543)

• Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal, cdra. 7) → CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) → IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) → IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) → IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

• Miraflores

Boulevard Tarata (Av. José Larco, cdra. 6) → IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) → IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) → IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

Horario, cédula y atención preferente

La jornada electoral se extenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a.m. para instalar las mesas antes del inicio del sufragio.

La cédula de votación del balotaje presenta dos opciones, una por cada candidato presidencial. Ya no figuran congresistas ni representantes al Parlamento Andino, por lo que el documento es de menor tamaño y con información reducida. La ONPE precisó que el material electoral de esta segunda etapa se imprimirá exclusivamente en papel, sin el registro electrónico que se utilizó en abril.

El único documento válido para sufragar es el DNI. En caso de robo o extravío, el elector debe contar con la denuncia policial correspondiente y gestionar ante el Jurado Nacional de Elecciones la dispensa de multa. Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas tienen atención preferente y acceso prioritario en todos los locales; la ONPE sugirió que estos grupos acudan en los horarios de menor afluencia.

Multas por no votar ni cumplir como miembro de mesa

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos de entre 18 y 69 años. Quienes no acudan a las urnas el 7 de junio enfrentarán sanciones económicas que varían según la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI, calculadas en función de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, fijada en S/ 5.500 para 2026:

• Distritos no pobres: S/ 110 (equivalente al 2% de la UIT)
• Distritos pobres no extremos: S/ 55 (1% de la UIT)
• Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50 (0,5% de la UIT)

Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida recibirán una multa adicional de S/ 275 (5% de la UIT). Si ese mismo ciudadano tampoco emite su voto, las sanciones se acumulan y la deuda total puede alcanzar los S/ 385. La ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir funciones de mesa tanto en la primera como en la segunda vuelta, por lo que quienes fueron seleccionados en abril deben volver a cumplir ese rol el 7 de junio.

Restricciones y cómo regularizar una deuda electoral

El incumplimiento de las obligaciones electorales bloquea una serie de trámites administrativos mientras la deuda persista. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de realizar gestiones notariales, inscribir actos civiles como matrimonio o divorcio, solicitar licencias de conducir o pasaportes, acceder a programas sociales del Estado y postular a cargos públicos. El Jurado Nacional de Elecciones puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva que incluyen el embargo de cuentas bancarias.

Para regularizar el pago, la ONPE habilitó tres vías: la plataforma digital Págalo.pe, las agencias del Banco de la Nación y las oficinas del JNE (Av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima). El estado de la deuda puede consultarse en multas.jne.gob.pe. No es obligatorio que el titular realice el trámite: cualquier persona puede efectuar el pago presentando el número de DNI del afectado.

Cómo justificar la inasistencia

Quienes no puedan votar por razones justificadas —enfermedad grave, discapacidad, viaje al extranjero, labores esenciales, entre otras— pueden solicitar una dispensa ante el JNE desde el día siguiente a la elección.

Los miembros de mesa que tampoco puedan asistir tienen la opción de tramitar una excusa antes de la jornada o una justificación posterior. En ambos casos se requiere documentación probatoria: certificados médicos, constancias laborales, documentos migratorios u otros según la causal invocada.

El trámite puede realizarse de forma virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE o de manera presencial en sus oficinas descentralizadas. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido pueden ser declaradas improcedentes.

Restricciones

Desde el lunes 1 de junio, Perú inició el cronograma de restricciones electorales fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta presidencial, prohibiendo estrictamente la difusión de sondeos de opinión, encuestas o proyecciones de cualquier tipo a través de los medios de comunicación. Esta medida, que busca garantizar un periodo de reflexión limpio y equitativo, abre paso a un calendario progresivo de prohibiciones que continuará con el cese de mítines políticos, la suspensión total de la propaganda electoral y la posterior aplicación de la ley seca. De este modo, los organismos electorales articulan mecanismos de fiscalización a nivel nacional para resguardar la seguridad y asegurar la transparencia del proceso democrático en las urnas.

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso en marcha un amplio despliegue de personal de fiscalización en todo el país con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso electoral. La medida busca reforzar los controles antes, durante y después de la jornada de votación, en un escenario donde entran en vigencia diversas restricciones para organizaciones políticas, medios de comunicación, comercios y ciudadanos.

La institución informó que más de 28 mil fiscalizadores electorales serán distribuidos a nivel nacional para verificar que se respeten las prohibiciones establecidas por la legislación electoral. Entre ellas destacan la difusión de encuestas de intención de voto, la realización de actividades proselitistas dentro de los plazos permitidos y la conocida “ley seca”, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

JNE refuerza controles y advierte sanciones por incumplimiento de normas electorales

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, señaló que el trabajo de supervisión ya comenzó con jornadas de capacitación dirigidas al personal encargado de fiscalizar el proceso en todo el territorio nacional.

Según explicó, los fiscalizadores recibirán formación especializada para fortalecer sus conocimientos en materia electoral y garantizar una adecuada intervención frente a posibles infracciones. El objetivo es que estén preparados para actuar durante cada etapa de la segunda vuelta presidencial.

“Vamos a desplegar a nivel nacional más de 28 mil fiscalizadores para la verificación restrictiva de cualquier tipo de prohibición”, indicó el representante del organismo electoral.

Ramos precisó además que cada entidad que integra el sistema electoral peruano mantiene funciones específicas y delimitadas. En ese contexto, destacó que el JNE decidió fortalecer su capacidad operativa de fiscalización mediante la implementación de mayores procedimientos y mecanismos de control.

El funcionario sostuvo que este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, aseguró que las acciones de fiscalización abarcarán el periodo previo a la votación, la jornada electoral y las etapas posteriores al cierre de mesas.

Principales sanciones

Entre las principales restricciones que ya se encuentran vigentes figura la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales. De acuerdo con el JNE, esta medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio y alcanza a todos los medios de comunicación y plataformas que divulguen estudios de intención de voto relacionados con la segunda vuelta.

Las autoridades recordaron que incumplir esta disposición puede derivar en importantes sanciones económicas. Las multas previstas para quienes vulneren la norma pueden superar el medio millón de soles, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Respecto a las actividades políticas, Ramos señaló que los partidos y movimientos que participan en el balotaje aún podrán realizar mítines y reuniones de campaña, aunque únicamente dentro del plazo establecido por la normativa electoral. Según precisó, estas actividades podrán desarrollarse hasta el jueves previo a la elección.

Otra de las medidas que será supervisada de manera estricta es la denominada ley seca. El expendio de bebidas alcohólicas quedará prohibido desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio y la restricción se mantendrá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

El JNE advirtió que quienes incumplan esta disposición también estarán sujetos a sanciones económicas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la multa por vender bebidas alcohólicas durante el periodo restringido puede alcanzar los S/ 3.690.

Con el despliegue nacional de fiscalizadores, el organismo electoral busca asegurar que todas las restricciones se respeten durante la recta final de las Elecciones 2026, en una jornada considerada clave para la elección del próximo presidente del Perú.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sí tiene facultades constitucionales para imponer multas a gasolineras que entreguen menos litros de gasolina o diésel de los que cobran a sus clientes.

La decisión representa un respaldo legal para las acciones de vigilancia y sanción contra estaciones de servicio que operen con irregularidades en sus bombas despachadoras.

El fallo fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corte y deriva de un caso iniciado en Guanajuato, donde una empresa gasolinera fue sancionada por comercializar combustible mediante un dispensador irregular que entregaba menos producto del pagado.

Suprema Corte valida facultades de Profeco

La resolución de la SCJN confirmó la constitucionalidad de los artículos 24, fracción XXVI, y 134 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, normas que permiten a Profeco aplicar y ejecutar sanciones económicas contra proveedores que incumplan la ley.

El proyecto fue presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo que la Constitución sí otorga a la Procuraduría facultades para imponer multas cuando se detecten prácticas que afecten directamente a los consumidores.

Con esta decisión, la Corte dejó claro que Profeco no solo puede detectar irregularidades en estaciones de servicio, sino también hacer efectivas las sanciones correspondientes mediante procedimientos legales.

El origen del caso en Guanajuato

El conflicto legal comenzó en 2019, cuando Profeco impuso una multa a una gasolinera ubicada en Guanajuato por operar con un dispensador que entregaba menos combustible del registrado en la compra.

De acuerdo con las autoridades, los consumidores pagaban litros completos, pero recibían una cantidad menor debido a fallas o alteraciones en el sistema de despacho.

La empresa buscó anular la sanción mediante un amparo al argumentar que Profeco carecía de facultades constitucionales para imponer multas económicas. Sin embargo, tanto un juez de Distrito como un tribunal colegiado rechazaron ese argumento.

Finalmente, el caso llegó a la Suprema Corte, que ratificó la legalidad de las facultades sancionadoras de la Procuraduría.

Qué significa esta decisión para los consumidores

El fallo fortalece la protección de millones de automovilistas y consumidores que diariamente cargan combustible en México. A partir de este criterio, Profeco podrá continuar realizando verificaciones e imponer sanciones cuando detecte bombas alteradas o dispensadores irregulares.

La decisión también representa una medida de disuasión para estaciones de servicio que incumplan la ley, ya que confirma que las multas son plenamente válidas y ejecutables.

No obstante, la resolución no implica sanciones automáticas para todas las gasolineras del país. Cada caso deberá investigarse individualmente y la autoridad tendrá que comprobar las irregularidades antes de imponer cualquier multa.

Cómo denunciar una gasolinera que no dé litros completos

Profeco recordó que los consumidores pueden presentar denuncias cuando sospechen que una estación entrega menos combustible del pagado. Para ello, se recomienda conservar información como:

• Ticket de compra.
• Fecha y hora de la carga.
• Nombre y ubicación de la gasolinera.
• Número de bomba despachadora.
• Tipo de combustible y monto pagado.

Estos datos pueden ayudar a las autoridades a iniciar verificaciones y detectar posibles irregularidades.

Un fallo con impacto nacional

Aunque el caso surgió en Guanajuato, la resolución de la Suprema Corte tiene alcance nacional, ya que valida disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor aplicables en todo México.

Especialistas consideran que este criterio fortalece las herramientas legales de Profeco para combatir abusos en el sector gasolinero y proteger el derecho de los consumidores a recibir exactamente la cantidad de combustible por la que pagan.

Con este fallo, la Suprema Corte estableció que las estaciones de servicio que manipulen bombas o entreguen litros incompletos podrán enfrentar sanciones económicas, reforzando así la vigilancia sobre uno de los sectores más importantes para la economía cotidiana de millones de mexicanos.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, informó las tarifas oficiales que estarán vigentes durante 2026 para el programa de verificación vehicular, un trámite obligatorio para miles de automovilistas mexiquenses.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los costos varían dependiendo del holograma que obtenga cada vehículo tras la evaluación de emisiones contaminantes.

La verificación vehicular tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación atmosférica y garantizar que las unidades automotoras cumplan con los estándares ambientales establecidos en la entidad.

¿Cuánto costará la verificación vehicular en 2026?

Las tarifas oficiales para el mes de junio quedaron establecidas de la siguiente manera:

• Holograma 00: 1,197 pesos.
• Holograma 0: 610 pesos.
• Hologramas 1 y 2: 469 pesos.
• Exento y D: Gratuito.
• Exento voluntario: 630 pesos.

Las autoridades recordaron que la asignación de cada holograma dependerá de las características del vehículo, su modelo, tecnología y resultados obtenidos durante la prueba de verificación.

Multa por no verificar en el Estado de México

Además de los costos del trámite, la Secretaría del Medio Ambiente precisó que los conductores que incumplan con la obligación de verificar sus vehículos deberán cubrir una multa de 3 mil 519 pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite dentro de los periodos establecidos y evitar sanciones económicas, así como posibles restricciones a la circulación.

El programa de verificación vehicular es una herramienta clave para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras regiones del estado, donde la concentración de vehículos representa uno de los principales desafíos ambientales.

Cómo agendar una cita para verificar

Para realizar la verificación vehicular, los propietarios de automóviles deben programar previamente una cita en el portal oficial del Edomex: citaverificacion.edomex.gob.mx

El proceso permite seleccionar fecha, horario y centro de verificación disponible, con el propósito de agilizar la atención y evitar largas filas.

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación requerida, incluyendo tarjeta de circulación vigente y comprobantes de verificaciones anteriores cuando corresponda.

La verificación vehicular es una medida ambiental que busca controlar las emisiones contaminantes generadas por automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga.

El cumplimiento oportuno de este trámite contribuye a disminuir los niveles de ozono y partículas suspendidas, además de favorecer la movilidad sustentable en una de las regiones más pobladas del país.

Con las nuevas tarifas para 2026 ya definidas, los automovilistas mexiquenses deberán considerar este gasto dentro de su presupuesto anual y mantenerse atentos al calendario oficial que publicará el Gobierno del Estado de México para conocer los periodos de verificación correspondientes a cada terminación de placa.

Las autoridades reiteraron que cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también representa una acción concreta para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire en beneficio de millones de habitantes del Estado de México.

En México, millones de personas compran refrescos, cerveza y otros productos en envases retornables pagando un depósito adicional por la botella o el empaque. Aunque muchas veces este cobro parece parte del precio final del producto, en realidad se trata de una garantía que debe ser reembolsada al consumidor cuando devuelve el envase en buen estado.

La obligación está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), normativa que protege los derechos de los compradores frente a prácticas abusivas de comercios y proveedores.

Sin embargo, todavía existen establecimientos que se niegan a regresar el dinero del depósito o intentan imponer condiciones ilegales para evitar el reembolso.

La ley obliga a devolver íntegro el depósito del envase

El artículo 11 de la LFPC establece que el consumidor tiene derecho a recuperar la suma íntegra entregada como depósito por un envase o empaque retornable. Esto significa que el dinero cobrado por la botella no forma parte del costo del contenido, sino que funciona únicamente como una garantía temporal.

De acuerdo con la legislación, cuando una persona devuelve el envase correspondiente y este se encuentra en condiciones aptas para su reutilización, el comercio está obligado a regresar exactamente la cantidad que recibió por concepto de depósito.

Especialistas en consumo señalan que esta medida busca fomentar la reutilización y el reciclaje de envases, además de evitar abusos contra los consumidores.

Las prácticas ilegales más comunes en tiendas y supermercados

A pesar de que la ley es clara, en algunos negocios todavía se presentan negativas para devolver el dinero del envase. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran frases como:

• “No tengo cambio”.
• “Solo se lo puedo cambiar por otro producto”.
• “Aquí no compramos envases”.
• “Ya venció el tiempo para reclamar”.

Estas acciones son consideradas indebidas porque el consumidor no está vendiendo un envase al establecimiento, sino recuperando una cantidad que previamente entregó en garantía.

La legislación también establece que los proveedores deben informar de manera clara y visible cuánto cuesta el producto y cuál es el monto correspondiente al depósito del envase. Ocultar o confundir esta información puede representar una violación a los derechos del consumidor.

El ticket puede ser clave para reclamar ante Profeco

Otro punto importante de la LFPC se encuentra en el artículo 12, que obliga a los proveedores a entregar un comprobante de compra. Este documento debe incluir información específica de la operación realizada y sirve como respaldo para acreditar pagos o depósitos.

Por ello, especialistas recomiendan conservar tickets o recibos cuando se adquieren productos retornables, especialmente si el consumidor planea recuperar posteriormente el dinero del envase.

Aunque algunos establecimientos aceptan la devolución sin comprobante, contar con el ticket puede facilitar una reclamación formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Qué hacer si una tienda se niega a devolverte el dinero

Si un comercio rechaza el reembolso del depósito, los consumidores pueden seguir varios pasos antes de presentar una denuncia formal.

El primero es solicitar hablar con el encargado del establecimiento y recordar que el depósito es un monto reembolsable respaldado por la ley. En muchos casos, el problema se resuelve después de aclarar la obligación legal.

Si la negativa continúa, la recomendación es presentar una denuncia ante Profeco. Para ello, es importante reunir datos como:

• Nombre del establecimiento.
• Dirección completa.
• Ticket o comprobante de compra.
• Fotografías o evidencia de la negativa, en caso de ser posible.

La autoridad puede iniciar procedimientos de verificación y aplicar sanciones económicas a los negocios que incumplan la legislación.

Las multas que pueden enfrentar los comercios

De acuerdo con criterios aplicados por Profeco y especialistas legales, las sanciones por incumplir las disposiciones relacionadas con depósitos de envases pueden ir desde cientos de pesos hasta superar el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del proveedor.

Además, si el establecimiento desacata instrucciones de la autoridad o reincide en las irregularidades, pueden imponerse multas acumulativas diarias hasta que corrija la falta.

La devolución del depósito únicamente puede rechazarse cuando el envase se encuentra roto, despostillado o tan dañado que ya no pueda ser reutilizado dentro de la cadena de reciclaje o retorno.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó las medidas contra los negocios que engañen a los consumidores mediante promociones falsas, descuentos simulados o precios distintos a los exhibidos, prácticas que suelen incrementarse en temporadas de rebajas y ventas especiales.

La dependencia federal advirtió que los comercios que incumplan las promociones anunciadas o difundan publicidad engañosa podrán enfrentar multas económicas que van desde miles de pesos hasta sanciones acumuladas superiores a los 6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Estas medidas forman parte de la estrategia de vigilancia de Profeco para proteger la economía de los consumidores y frenar prácticas abusivas que afectan directamente el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Profeco pone la lupa en descuentos simulados y precios alterados

Uno de los principales problemas detectados por la autoridad es la simulación de descuentos, una práctica en la que algunos establecimientos incrementan los precios días antes de una campaña comercial para posteriormente anunciar rebajas inexistentes.

A esto se suman irregularidades como exhibir un precio en aparadores o plataformas digitales y cobrar otro más alto al momento de pagar, así como ocultar restricciones importantes de las promociones en letras pequeñas o términos poco visibles.

La Profeco señaló que estas acciones constituyen violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que pueden derivar en procedimientos administrativos y sanciones económicas severas.

De acuerdo con el artículo 128 Bis de la legislación vigente, las penalizaciones por publicidad engañosa o incumplimiento grave de promociones pueden alcanzar montos superiores a los 6.3 millones de pesos.

Las multas pueden aplicarse diariamente

Además de las sanciones principales, Profeco tiene facultades para imponer medidas de apremio cuando un negocio persiste en la conducta irregular después de una advertencia oficial.

En estos casos, las multas pueden acumularse diariamente hasta que el establecimiento corrija la irregularidad detectada.

Actualmente, las sanciones adicionales pueden superar los 8 mil 232 pesos por día, especialmente en situaciones relacionadas con alteración arbitraria de precios, incumplimiento de ofertas o publicidad falsa.

La autoridad también puede aplicar medidas precautorias como:

• Suspensión de la comercialización de productos.
• Colocación de sellos de advertencia.
• Retiro de mercancía del mercado.
• Inmovilización de productos o servicios.

Con estas herramientas, Profeco busca evitar afectaciones colectivas y garantizar que los consumidores reciban información clara y veraz al momento de realizar sus compras.

¿Cómo define Profeco el monto de las sanciones?

El tamaño de la multa depende de diversos factores evaluados por la autoridad. Entre ellos destacan:

• El número de consumidores afectados.
• El beneficio económico obtenido por el negocio.
• La reincidencia del infractor.
• La capacidad financiera de la empresa.
• El impacto de la conducta engañosa en el mercado.

La Procuraduría explicó que las sanciones se ajustan según la gravedad del incumplimiento para evitar que las multas sean consideradas únicamente como un costo operativo por parte de las empresas.

Qué pueden hacer los consumidores ante una promoción engañosa

Profeco recordó que los consumidores tienen derecho a denunciar cualquier irregularidad relacionada con promociones falsas o cobros distintos a los anunciados.

En caso de detectar un precio engañoso, la recomendación es reunir evidencias claras, como fotografías de los anuncios, capturas de pantalla y tickets de compra.

Posteriormente, los afectados pueden presentar su caso mediante el correo oficial asesoria@profeco.gob.mx, iniciar un proceso en la plataforma Concilianet o acudir directamente a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana.

La dependencia reiteró que los comercios están obligados a respetar las promociones y precios exhibidos, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en fuertes sanciones económicas y acciones administrativas conforme a la ley vigente.

A cinco días del choque fatal que se cobró la vida de una familia en San Vicente, el conductor, Leandro Panetta, continúa detenido en la Comisaría Primera de ese distrito tras negarse a declarar ante la Justicia. En las últimas horas salió a la luz que la Amarok que conducía al momento del choque registraba 12 multas de tránsito. La mayoría fueron por exceso de velocidad y semáforos en rojo. La deuda total superaría los cuatro millones de pesos.

Según consta en el sistema de infracciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Amarok registra varias infracciones de tránsito en distintos partidos del conurbano: cinco en La Plata, dos en Presidente Perón, dos más en San Isidro y otras dos en Berazategui.

La mayoría de las multas fueron labradas por exceder los límites reglamentarios de velocidad y por no respetar las luces de semáforo o barreras de pasos a nivel. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el vehículo registra una infracción por evadir el pago del peaje en la autopista.

Consultado por Infobae, el abogado del detenido, Miguel Ángel Molina, aseguró que la camioneta no pertence al acusado sino a su padre. Según explicó el letrado, el vehículo también era utilizado por los hermanos de Panetta y era “muy poco común” que su defendido manejara la Amarok.

El choque ocurrió el sábado pasado en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. Las víctimas fatales fueron cinco integrantes de una familia que viajaba en un Peugeot 207: Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Según las primeras investigaciones, la Amarok circulaba a una velocidad muy elevada antes de embestir desde atrás al Peugeot. El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destruido y las cinco víctimas murieron en el acto.

Panetta fue aprehendido en el lugar y luego indagado por el juez Martín Miguel Rizzo, pero se negó a declarar. Está imputado por homicidio culposo agravado, tipificado por conducción temeraria y exceso de velocidad. La Justicia dispuso que continúe detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

Una testigo clave, Micaela Cramer, relató a Infobae que viajaba junto a su familia cuando la Amarok los sobrepasó “a unos 180 km/h” segundos antes del choque. Tras el impacto, la mujer y su pareja descendieron para asistir a las víctimas y describieron una escena estremecedora. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, recordó sobre la reacción de Panetta después del hecho.

La mujer también aseguró que el conductor nunca se acercó al Peugeot para verificar si había sobrevivientes y permaneció sentado sobre el pasto.

Por su parte, el abogado Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, señaló que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”. Sin embargo, la testigo contradijo, en parte, esa versión: “Puede ser que no esté tan iluminada, pero visibilidad había”, sumó.

El Gobierno de la Ciudad de México prepara una reforma que exigirá placas y licencia obligatoria para los scooters eléctricos y otros vehículos de micromovilidad a partir de julio de 2026.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, confirmó que será necesario modificar el Código Fiscal capitalino para incorporar los cobros y trámites referentes al emplacamiento y la expedición de licencias para estos vehículos eléctricos personales, denominados oficialmente VEMEPE.

La mandataria indicó que se buscará la aprobación de la reforma en un periodo extraordinario del Congreso de la CDMX, ya que las nuevas reglas entrarían en vigor el 1 de julio.

Con estas modificaciones, los scooters eléctricos, bicimotos y bicicletas eléctricas de alta velocidad deberán portar placas, tarjeta de circulación y licencia, además de ajustarse a nuevas normas de tránsito.

¿Qué scooters y bicicletas eléctricas tendrán que emplacarse?

Las autoridades capitalinas puntualizaron que la regulación no aplicará para todos los vehículos eléctricos, sino que estará dirigida principalmente a los scooters y bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora o cuyo peso exceda los 35 kilogramos.

Estos vehículos serán clasificados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Entre las nuevas obligaciones se incluye el uso de casco, la obtención de licencia tipo A1 o A2, y la portación de placas otorgadas por la Secretaría de Movilidad.

Quedará prohibido circular por banquetas, carriles confinados para transporte público y vías de acceso controlado donde el límite de velocidad supere los 50 kilómetros por hora.

Los vehículos nuevos vendidos en la capital deberán salir emplacados desde el punto de venta a partir del 1 de julio.

Para los actuales propietarios de scooters o bicimotos eléctricas, se abrirá un periodo de regularización que abarcará del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026.

Posterior a esa fecha, quienes no hayan realizado el trámite podrán ser sujetos a sanciones económicas y administrativas.

CDMX busca cerrar vacíos legales y reducir accidentes

La regulación se integra a una estrategia más amplia para ordenar la micromovilidad en la ciudad.

Desde 2025, el Congreso local analiza reformas para cerrar vacíos legales en torno a scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos, ante el crecimiento acelerado de estos vehículos en la metrópoli.

Autoridades capitalinas señalaron que las ventas de scooters y vehículos eléctricos personales aumentaron exponencialmente en los últimos años, lo que derivó en un incremento de accidentes y conflictos viales.

El gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y homologar parte de la normativa vigente para las motocicletas.

La Secretaría de Movilidad anticipó campañas de socialización para informar a los usuarios sobre las nuevas obligaciones antes de comenzar con la aplicación de multas en septiembre.

El gobierno capitalino sostiene que la medida no busca una mayor recaudación, sino regular una modalidad de transporte que ya representa parte fundamental de la movilidad cotidiana de miles de personas en la CDMX.

Los propietarios de vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 en la Ciudad de México deben presentar sus autos a la verificación vehicular antes de que finalice junio de 2026.

El trámite es obligatorio y quienes no lo realicen dentro del periodo asignado enfrentarán una multa de 2,346 pesos, calculada en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026.

Este monto está establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Durante mayo y junio de 2026, corresponde exclusivamente a los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 acudir a los verificentros autorizados. El calendario semestral oficial determina que estos vehículos cierran el ciclo del primer semestre, por lo que deberán cumplir con la revisión antes del 30 de junio.

Multa oficial y condiciones para evitarla

La sanción económica por no verificar en el periodo asignado asciende a 20 veces la UMA, equivalente a 2,346 pesos. Si el propietario no obtiene una constancia aprobatoria dentro del plazo, debe cubrir la multa y, a partir del pago, recibe un nuevo periodo de 30 días naturales para completar la verificación.

Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva. El proceso puede repetirse en caso de reincidencia, con la multa incrementándose a 80 UMA (9,384 pesos).

El pago de la multa se realiza a través de la línea de captura obtenida en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o vía Locatel. Presentar este comprobante es requisito indispensable al acudir al verificentro para regularizar el trámite.

Costos y procedimiento de verificación

El costo oficial de la verificación vehicular es de 765 pesos en 2026. Esta tarifa aplica para cualquier holograma asignado (“0”, “1”, “2” o “00”). El pago debe realizarse previo a la cita, la cual se agenda en el portal de verificentros autorizado por la Sedema.

Para realizar el trámite, se solicita la siguiente documentación en original:

1. identificación oficial vigente
2. tarjeta de circulación actualizada
3. comprobante de la última verificación
4. constancia de no tener adeudos de tenencia o infracciones.

Si el vehículo no aprueba en la primera revisión por fallas menores, el propietario dispone de un plazo de 30 días naturales para repetir la verificación sin costo adicional.

Contexto y objetivos del programa

El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México es de carácter semestral y obligatorio para todos los vehículos de combustión interna con placas capitalinas. Su objetivo es controlar las emisiones contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire. Además, el cumplimiento del trámite es necesario para evitar restricciones adicionales como el programa Hoy No Circula o la imposibilidad de circular en días específicos.

El calendario de verificación distribuye la carga entre los distintos grupos de autos a lo largo del semestre, asignando periodos por color de engomado y terminación de placa. En el caso de autos con engomado azul y terminaciones 9 y 0, el periodo asignado corresponde a mayo y junio.

Consecuencias adicionales por incumplimiento

Además de la multa económica, los vehículos que no hayan sido verificados en el periodo correspondiente quedan sujetos a restricciones de circulación. Esto incluye la imposición del programa Hoy No Circula de manera más estricta, así como la necesidad de regularizar el trámite antes de poder circular libremente por la ciudad.

Pagar la multa no sustituye la verificación. Es obligatorio cubrir ambos conceptos para recuperar la regularidad del vehículo. La reincidencia en el incumplimiento genera sanciones acumulativas. Todo el proceso se rige por los lineamientos establecidos en la legislación ambiental y de tránsito de la Ciudad de México.

Fuentes oficiales: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, Reglamento de Tránsito de la CDMX, Unidad de Medida y Actualización 2026 y portales institucionales consultados entre abril y mayo de 2026.

En la Ciudad de México, cámaras y radares instalados en vialidades registran infracciones de tránsito y emiten sanciones sin que intervenga un agente de tránsito.

Cuando detectan una infracción, el sistema genera automáticamente una sanción: puede ser una fotocívica, que descuenta puntos al vehículo y obliga a cumplir cursos o trabajo comunitario, o una fotomulta, que cobra dinero directamente.

La diferencia entre una y otra depende del tipo de vehículo, la placa y la gravedad de la falta. Y en el peor escenario, esa diferencia vale más de 7,000 pesos mexicanos.

Cómo funciona el sistema de puntos para placas de la CDMX

Los automovilistas con placa capitalina parten de un saldo de 10 puntos por cada ciclo de verificación vehicular.

Las infracciones captadas por cámara descuentan entre uno y cinco puntos según la gravedad.

Circular a exceso de velocidad, no respetar el semáforo en rojo, usar el teléfono al conducir o no llevar cinturón de seguridad restan un punto cada una. Rebasar en más de 40% los límites de velocidad resta cinco puntos de forma directa.

Las sanciones por pérdida de puntos escalan en función del total acumulado: ver un video de concientización, tomar cursos en línea, intermedio o avanzado, asistir a un curso presencial de sensibilización, y realizar trabajo comunitario a partir del sexto punto perdido.

Qué infracciones generan siempre una multa económica

No todas las fotomultas derivan en sanción económica. La Secretaría de Movilidad aplica el esquema de fotocívicas —que descuenta puntos al vehículo en lugar de cobrar dinero— únicamente a personas físicas con matrícula de la Ciudad de México. Para el resto, la sanción es siempre monetaria.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México precisa que las infracciones captadas por cámara que generan multa económica sin excepción son: invasión de carril confinado al transporte público, exceso de velocidad superior a 40% del límite permitido, y cualquier infracción cometida por vehículos de transporte público, de carga, taxis o con placas de otra entidad o país.

¿Cuál es la acción que alcanza la fotomulta más alta?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que las fotomultas pueden alcanzar los 7,000 pesos mexicanos cuando invade carriles exclusivos.

Esta multa es la más alta para automovilistas y motociclistas, ya que para transportes de carga, hay multas más elevadas, con montos superiores a 70,000 pesos mexicanos.

La sanción más alta del reglamento vigente para los conductores particulares equivale a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y estos son acreedores de esta multa cuando invadan carriles exclusivos del Metrobús o ciclovías.

El valor de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), lo que arroja una base de 7,038.60 pesos mexicanos para el valor de la multa.

Para esta infracción, los vehículos con placas de la Ciudad de México, de otra entidad o del extranjero reciben la sanción económica directa y completa de 60 UMA desde la primera falta captada, sin derecho a los descuentos tradicionales por pronto pago debido a la gravedad de la falta.

Qué pasa si no se paga la fotomulta

Quien decida no liquidar una fotomulta económica o ignore sus fotocívicas quedará impedido para realizar trámites vehiculares indispensables, principalmente la verificación obligatoria y el cambio de propietario.

Aunque es posible impugnar la sanción ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX mediante un juicio de nulidad, la acumulación de adeudos en el sistema impedirá la circulación regular del coche a mediano plazo, recayendo la responsabilidad de su liberación sobre la matrícula del vehículo registrada ante el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, miles de personas se preparan para salir a la ruta y aprovechar algunos días de descanso. En ese contexto, los controles vehiculares suelen reforzarse en los accesos, autopistas y corredores turísticos de todo el país, con verificaciones que incluyen tanto el estado general del vehículo como la documentación exigida por la normativa vigente.

Antes de iniciar el viaje, una de las principales recomendaciones es revisar que todos los papeles estén vigentes y disponibles para ser presentados ante cualquier control. Aunque en los últimos años se incorporaron herramientas digitales para simplificar algunos trámites, las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito continúan siendo las mismas y el incumplimiento puede derivar en multas, retención de documentación e incluso en la imposibilidad de continuar circulando.

Qué documentación puede exigir un control vial

Uno de los documentos básicos que debe llevar cualquier conductor es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las autoridades pueden solicitarlo para verificar identidad y domicilio, y en la mayoría de los controles se exige el formato físico. Circular sin el DNI actualizado puede generar sanciones y complicaciones durante el viaje.

Junto con el documento personal, también es obligatorio contar con una licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo que se maneja. A diferencia del DNI, la licencia sí puede exhibirse en formato digital mediante la aplicación oficial del Gobierno, siempre que el sistema permita visualizar correctamente su vigencia. Además, debe haber sido emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del conductor.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula de identificación automotor sigue siendo uno de los requisitos centrales para circular. Aunque existe una versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina, muchas jurisdicciones todavía solicitan el documento impreso, por lo que se recomienda viajar con ambas alternativas disponibles.

Si quien conduce no es el titular del vehículo y éste no viaja presente, también puede requerirse una autorización de manejo. Ese permiso puede gestionarse de manera digital y permite habilitar a terceros para utilizar el automóvil.

Otro de los documentos indispensables es el comprobante del seguro automotor vigente. La póliza debe acreditar cobertura activa frente a daños o siniestros y puede ser solicitada en cualquier operativo vial. Si bien suele aceptarse la versión digital, llevar una copia impresa puede resultar útil en zonas con baja conectividad o ante controles donde se solicite respaldo físico.

La VTV y los requisitos del vehículo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda en cada jurisdicción, también forma parte de la documentación exigida para circular. Este certificado acredita que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad establecidas para transitar por la vía pública.

Además del comprobante, la oblea correspondiente debe estar adherida en el parabrisas. Circular con la verificación vencida constituye una infracción y puede derivar tanto en multas como en restricciones para continuar el viaje.

Las chapas patente también deben encontrarse en buen estado, correctamente colocadas y perfectamente legibles. Las autoridades consideran infracción circular con placas deterioradas, alteradas o fuera de término en caso de patentes provisorias.

Aunque no se trata de un requisito obligatorio en todo el país, en algunas provincias también pueden solicitar el comprobante de pago de la patente automotor. Llevar esa constancia puede evitar demoras durante los controles.

Los elementos de seguridad que deben estar dentro del auto

Además de la documentación, los controles suelen incluir una revisión de los elementos de seguridad obligatorios que deben encontrarse dentro del vehículo antes de salir a la ruta.

Entre ellos figura el matafuegos con carga vigente, que debe estar correctamente sujeto y accesible dentro del habitáculo. También se exigen dos balizas triangulares para señalizar el vehículo en caso de emergencia sobre la calzada.

Otro de los elementos requeridos es el chaleco reflectivo, pensado para mejorar la visibilidad del conductor cuando debe descender del vehículo en banquinas o zonas de poca iluminación. A eso se suman las herramientas básicas necesarias para cambiar un neumático, como el gato hidráulico y la llave cruz o llave para retirar bulones. En los autos que utilizan tuercas de seguridad, también es necesario llevar el adaptador correspondiente.

Qué puede pasar si falta documentación

No contar con alguno de los documentos obligatorios puede traer distintas consecuencias según la jurisdicción y el tipo de infracción detectada durante el control.

Las sanciones van desde multas económicas hasta la retención de documentación o la prohibición de continuar circulando hasta regularizar la situación. En algunos casos, incluso puede disponerse la retención preventiva del vehículo.

Los operativos suelen intensificarse especialmente durante vacaciones, feriados y fines de semana largos, cuando aumenta el flujo de vehículos en rutas nacionales y provinciales. Por eso, antes de emprender el viaje, resulta clave verificar que toda la documentación esté vigente y que los elementos de seguridad obligatorios se encuentren dentro del auto.

También es importante tener en cuenta que, si bien la Ley Nacional de Tránsito establece requisitos mínimos para todo el país, cada provincia puede sumar exigencias particulares o solicitar determinados documentos en formato físico. Por ese motivo, muchos conductores optan por llevar tanto las versiones digitales como impresas de la documentación para evitar inconvenientes durante el recorrido.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que la cantidad de llamados con amenazas a los colegios bajó considerablemente desde que se implementó la aplicación de sanciones económicas para los padres de alumnos involucrados.

Así lo afirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes, en conferencia de prensa. “Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas”, señaló y vinculó esta baja directamente a la medida tomada desde la administración de Maximiliano Pullaro, luego del tiroteo en un colegio de San Cristóbal que provocó la muerte de un estudiante.

“De golpe, en algún momento puede aparecer alguna de forma muy aislada, pero ya no es algo regular; esto quiere decir que las políticas adoptadas han sido plenamente efectivas”, añadió la secretaria de Gestión Institucional.

El mecanismo, diseñado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, establece la responsabilidad civil de los adultos a cargo de los menores que realizan las llamadas o envían alertas falsas. La decisión del gobierno respondió a la creciente ola de amenazas de ataques en establecimientos educativos.

“Hicimos 31 notificaciones” explicó la funcionaria -de acuerdo al portal Uno Santa Fe-, y aclaró que, además del pago ya realizado, hay “una decena de consultas” ante el organismo encargado y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de familias que quieren conocer los plazos y el procedimiento para saldar la deuda. En total el gobierno contaba con 39 expedientes abiertos listos para ser enviados y ya había concretado 19 notificaciones.

A su vez aclaró que “no hay registro de que haya casos judicializados desde la familia” y dio como ejemplo uno de los casos que había sido notificado, el cual “sí se pagó lo estipulado”. Coudannes también destacó el trabajo de las fuerzas policiales con quienes trabajan en conjunto. “Siempre con la celeridad que tiene la policía para llegar entre 5 y 6 minutos a cada uno de los casos”.

Pese a la baja de casos en el Gran Santa Fe y Rosario, el Ministerio mantiene un protocolo de alerta activo junto a los operadores del sistema de emergencias y las jefaturas de las Unidades Regionales. “Venimos en alerta, dándole un seguimiento diario, haciendo los cortes analíticos con el 911 respecto de las amenazas e instruyendo los informes correspondientes para la posterior identificación de las líneas telefónicas”, explicó Coudannes.

La vocera argumentó la decisión al remarcar que “tiene que ver con los recursos de los santafesinos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil en el que no solo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino nosotros que, como Estado, pusimos recursos”

Santa Fe fue una de las jurisdicciones más afectadas por el ataque del 30 de marzo, en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristobal al norte de la de la ciudad capital. Ian Cabrera, de 13 años, fue víctima del tiroteo que desató un adolescente de 15 años dentro de la institución. Ese día, el tirador ingresó armado al establecimiento y abrió fuego en el baño. Otros ocho alumnos resultaron heridos.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. Tras la detención del agresor, la abogada defensora indicó que el adolescente enfrenta un proceso depresivo y que, según sus propias palabras, “sentía que no encajaba y quería quitarse la vida desde hacía años”.

“No fue un ataque dirigido hacia una persona. Fue algo más relacionado con algún tipo de reacción psiquiátrica, psicológica”, señaló la letrada. La defensa remarcó que, si bien existían antecedentes de autolesiones y el joven se hallaba bajo tratamiento psicológico, no había signos de violencia hacia terceros.

Confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine e investigan su vínculo con el movimiento Incels.

A partir de enero de 2026, el gobierno de Puebla implementó un nuevo sistema de fotomultas dirigido expresamente a vehículos con placas foráneas.

Las autoridades estatales han confirmado que esta medida busca cerrar la brecha que permitía a automovilistas de otros estados evadir sanciones por exceso de velocidad en vialidades estatales. El objetivo es equiparar la responsabilidad de todos los conductores, sin importar el origen de sus placas, y reducir la incidencia de accidentes graves en la entidad.

Según declaraciones de Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), la decisión responde a una tendencia al alza en accidentes viales protagonizados por autos de otros estados.

La funcionaria detalló que, entre junio y noviembre de 2025, se registraron más de cinco millones de vehículos que excedieron los límites de velocidad, de los cuales aproximadamente 71% portaban placas foráneas.

Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Veracruz encabezan la lista de entidades cuyos vehículos acumulan más reportes por exceso de velocidad en Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta respaldó la iniciativa al señalar que el reglamento de tránsito se aplicará sin excepciones, incluso a quienes utilizan matrículas foráneas para eludir sanciones locales.

El mandatario estatal subrayó que la impunidad vial no tendrá cabida en Puebla y que los operativos también buscarán erradicar prácticas como los llamados “arrancones” en vías de alta circulación, donde predominan vehículos de otras entidades.

Aplicación de la fotomulta y operativos en calles de Puebla

La Secretaría de Seguridad y la SMT, en coordinación con los ayuntamientos de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, desplegarán el operativo “Velocidad Segura” en avenidas como la Vía Atlixcáyotl, la Recta Cholula y el Periférico Ecológico. Estas vialidades han sido identificadas como puntos críticos con mayor número de infracciones y accidentes vinculados a exceso de velocidad.

El procedimiento contempla la utilización de cámaras y el sistema Monitor Vial, que será actualizado para identificar y registrar infracciones cometidas por vehículos con placas de otros estados.

Además, agentes de proximidad vial podrán detener a conductores que sean sorprendidos sobrepasando los límites de velocidad. En estos casos, se procederá al retiro de una de las placas como garantía para el pago de la multa, una práctica que ya se aplica a vehículos emplacados en Puebla.

La sanción se generará de manera automática vía fotomulta o a través de la intervención directa de agentes de tránsito. El cobro de la multa se notificará por canales oficiales y el pago corresponderá realizarlo en territorio poblano. Las autoridades han señalado que no se sancionará a los vehículos únicamente por tener placas foráneas: la infracción solo aplica en caso de documentarse una violación al reglamento.

Procedimiento para pagar una fotomulta en Puebla si tienes placas de otro estado

Quienes reciban una fotomulta en Puebla con placas de otra entidad deben seguir el proceso oficial definido por las autoridades estatales.

El trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir personalmente, y el pago se reconoce en todo el estado. El procedimiento oficial es el siguiente:

1. Ingresar al portal de fotomultas Puebla: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/
2. Escribir el número de placa del vehículo (sin espacios ni guiones).
3. Completar el captcha de seguridad e iniciar la consulta.
4. Revisar si existen multas pendientes, el motivo, la fecha y el monto.
5. Seleccionar la infracción a pagar y elegir la opción de pago.
6. Elegir entre las formas de pago disponibles:
7. Pago en línea con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard).
8. Para constancia de no adeudo, ingresar al sitio de constancia de no infracción dos días después del pago e imprimir el comprobante.
9. El plazo para realizar el pago es de 20 días hábiles a partir de la notificación de la multa.

Este procedimiento permite a los automovilistas de otros estados, como Ciudad de México, regularizar su situación sin desplazarse a Puebla. El pago oportuno evita recargos y posibles complicaciones legales en caso de reincidencia.

Justificación oficial y contexto estadístico de la medida

El gobierno estatal ha fundamentado la medida en datos que muestran un alto porcentaje de infracciones cometidas por vehículos de otras entidades. Entre junio y noviembre de 2025, el sistema Monitor Vial detectó más de cuatro millones de vehículos foráneos circulando a exceso de velocidad en Puebla.

La titular de la SMT informó que, por ejemplo, un solo automóvil con placas de Tlaxcala acumuló 830 infracciones en cinco meses.

Los vehículos de Tlaxcala registraron un millón 84 mil 726 incidentes por exceso de velocidad, seguidos por los del Estado de México con 818 mil 326, Morelos con 590 mil 543, Ciudad de México con 248 mil 424 y Veracruz con 219 mil 717.

Las autoridades reconocen que en muchos casos los conductores residentes en Puebla tramitan placas en otros estados para evitar el pago de multas y fotoinfracciones, por lo que la nueva medida busca erradicar esta práctica.

Recursos tecnológicos, operativos y coordinación institucional

Para la implementación de la medida, el sistema Monitor Vial será actualizado y se reforzarán los operativos con la participación de 300 agentes de Proximidad Vial.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) mantiene mesas de trabajo con la empresa Autotraffic, responsable de la operación del sistema de fotomultas, para afinar los mecanismos de notificación y cobro.

Las autoridades estatales han asegurado que la infraestructura tecnológica y humana existente es suficiente para aplicar la medida, por lo que no serán necesarias reformas legales adicionales ni la intervención del Congreso local. El sistema permite crear una base de datos para identificar a los infractores y aplicar sanciones, incluso si el vehículo proviene de otra entidad.

Alcance, expectativas y reacción social ante la iniciativa

La medida no prohíbe la circulación de automóviles con placas de otros estados ni limita el tránsito de visitantes o turistas. El enfoque está dirigido a sancionar únicamente a quienes violen el reglamento vial, especialmente por exceso de velocidad. Las autoridades descartan afectaciones al turismo y aseguran que la mayoría de los autos multados son propiedad de residentes locales que buscaban evadir las fotomultas.

Se espera que en los próximos meses se publiquen detalles adicionales sobre el proceso de notificación y cobro de las multas a domicilios fuera de Puebla. El mensaje oficial es que la procedencia de las placas dejará de ser un escudo para la evasión de sanciones y que todos los conductores deberán respetar por igual las normas de tránsito en el estado.

A partir de la reforma publicada el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, México ha iniciado la transición para reducir la jornada laboral máxima a 40 horas semanales para el año 2030.

Esta transformación legal implica un nuevo marco de obligaciones y sanciones para los empleadores que no respeten la normativa, abarcando tanto el tiempo de trabajo como la protección de los derechos de los trabajadores.

Multas por incumplimiento de la jornada laboral de 40 horas

La Ley Federal del Trabajo (LFT), reformada en 2026, establece sanciones económicas para los patrones que no adopten la jornada de 40 horas o vulneren sus reglas.

El artículo 994, fracción IV Bis, fija multas de 250 a 5.000 UMA por cada trabajador afectado. Para 2026, el valor de la UMA es de 117,31 pesos, lo que representa multas desde $29.327,50 hasta $586.550.

El incumplimiento incluye no ajustar la jornada conforme al nuevo límite semanal, exigir horas extra fuera de los topes legales, no respetar los descansos obligatorios, reducir salarios o prestaciones como consecuencia de la reforma, o cualquier otra violación a la nueva jornada. En caso de reincidencia, la sanción se duplica, según el artículo 992 de la LFT.

El texto legal señala: “De 250 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización, a la persona empleadora obligada que incumpla con lo dispuesto por la fracción XXXIV del artículo 132 de esta Ley”.

Sanciones por falta de registro electrónico

La reforma también exige la implementación de un registro electrónico confiable para documentar las entradas y salidas diarias de los trabajadores. No contar con este sistema, o no proporcionar la información cuando la autoridad lo requiera, constituye una infracción sancionable con las mismas multas de 250 a 5.000 UMA por trabajador.

El registro electrónico será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá imponer sanciones de inmediato cuando detecte la omisión. El objetivo es asegurar la transparencia y el control efectivo del tiempo laborado.

Pago de horas extraordinarias y límites legales

La LFT establece que la prolongación del tiempo extraordinario debe ser excepcional y limitada. El artículo 66 indica que el tiempo extra no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana. Si se rebasa este tope, el patrón debe pagar el tiempo excedente al triple del salario ordinario.

El artículo 68 prohíbe que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria supere 12 horas diarias. Cualquier exceso constituye infracción grave. El pago de horas extra, dentro de los límites, es del 100% adicional al salario ordinario; fuera de los límites, el pago es del 200% adicional.

Trabajadores menores de 18 años no pueden laborar tiempo extraordinario bajo ninguna circunstancia.

Sanciones penales y agravantes

La legislación también contempla consecuencias penales para conductas de explotación laboral. Si un empleador obliga a trabajar más de 40 horas semanales, o excede los límites de horas extra sin el pago correspondiente, incurre en explotación laboral conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Las penas van de tres a diez años de prisión y multas de 5.000 a 50.000 UMA ($586.550 a $5.865.500).

Si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, la sanción puede aumentar a cuatro a doce años de prisión y multas de 7.000 a 70.000 UMA ($820.170 a $8.211.700).

Otras obligaciones patronales y sanciones relacionadas

Reducir salarios, eliminar prestaciones o modificar condiciones laborales en perjuicio del trabajador como resultado de la reducción de la jornada está prohibido. Cualquier disminución injustificada puede ser sancionada con las mismas multas generales de 250 a 5.000 UMA por persona afectada.

El descanso semanal y la prima dominical deben respetarse obligatoriamente. La ley considera la falta de otorgamiento de estos derechos como infracción sancionable.

Tabla de sanciones y multas (convertidas a pesos 2026)

Contexto de la legislación

El decreto fue publicado el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y modifica los artículos 59, 61, 66, 68, 69, 71, 132 y 994 de la LFT. El periodo de transición permite que las empresas ajusten sus procesos internos antes de la vigilancia estricta que comenzará el 1 de enero de 2027.

La reforma busca garantizar el derecho de los trabajadores a un descanso adecuado y a la desconexión digital, reforzando la protección frente a prácticas de explotación.

El tránsito en la Ciudad de México enfrenta cambios relevantes a partir de la incorporación de nuevas reglas para la movilidad eléctrica.

Un sector en pleno crecimiento, los vehículos motorizados eléctricos personales, ahora se encuentra bajo una regulación que busca mejorar la seguridad vial y la convivencia en las calles.

La medida responde al incremento en el uso de scooters, motos ligeras y otros medios eléctricos de transporte, que exigen nuevas reglas para su integración ordenada.

La Secretaría de Movilidad, responsable de diseñar estas disposiciones, ha señalado que el objetivo es equilibrar la innovación tecnológica con la protección de peatones y ciclistas.

El gobierno de la ciudad implementará nuevas condiciones para quienes utilicen estos vehículos, con el propósito de prevenir incidentes y delimitar claramente las responsabilidades de los conductores en el espacio público.

Además, pondrá en marcha un sistema de multas dirigido a quienes transiten sin la placa correspondiente.

Fechas clave y aplicación escalonada de sanciones

El esquema de sanciones se implementará en dos etapas. A partir del 1 de septiembre de 2026, los agentes de tránsito podrán multar a los propietarios de scooters y vehículos eléctricos personales adquiridos desde el 1 de julio de este año, pues las tiendas tienen la responsabilidad legal de entregarlos ya emplacados al momento de la compra.

Para quienes adquirieron su vehículo antes de esa fecha, las sanciones económicas y administrativas por no contar con placa comenzarán a aplicarse a partir del 20 de noviembre de 2026.

De este modo, la autoridad establece un periodo de transición que permite a los usuarios previos regularizar su situación antes de la entrada en vigor definitiva de las multas.

Las autoridades capitalinas remarcan que la meta es ordenar la circulación de estos vehículos y garantizar que todos los conductores cuenten con licencia de conducir vigente y tarjeta de circulación válida.

Requisitos para evitar multas

Para transitar de manera legal en la Ciudad de México, los usuarios de scooters eléctricos y otros vehículos eléctricos personales motorizados deberán:

• Tramitar la placa correspondiente antes del 20 de noviembre de 2026, si el vehículo fue adquirido antes de mayo de ese año.
• Realizar el registro obligatorio desde el 1 de julio de 2026, si el vehículo se adquiere a partir de esa fecha.
• Portar licencia de conducir vigente.
• Cumplir con los parámetros técnicos de velocidad y potencia establecidos para ser considerado VEMEPE.

Además, quienes utilicen vehículos que no superen los límites de velocidad y potencia señalados deberán portar un distintivo de movilidad, aunque estarán sujetos a normativas diferentes.

Tipos de vehículo y diferenciación de matrículas

La normativa vigente establece una distinción clara entre dos categorías de vehículos eléctricos personales según sus características técnicas.

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) - Tipo A son aquellos que cuentan con un motor de menos de 250 W y no superan los 25 km/h; para estos, no es necesario tramitar placas ni licencia, pero sí deben portar el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME) y pueden circular por ciclovías bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) - Tipo B incluyen a los que tienen motores entre 250 W y 1 kWh, alcanzan velocidades superiores a 25 km/h o pesan entre 35 kg y 350 kg. En este caso, es obligatorio registrar el vehículo ante la autoridad, portar matrícula y contar con licencia de conducir Tipo A1 o A2.

Estos vehículos no pueden circular por ciclovías ni banquetas, debiendo transitar únicamente por el arroyo vehicular conforme a las reglas de las motocicletas.

Esta regulación aplica tanto a scooters eléctricos como a motocicletas ligeras y otros modelos motorizados que cumplan con los parámetros de velocidad, potencia y peso definidos oficialmente.

La ausencia de matrícula o de los documentos exigidos en los vehículos Tipo B será motivo de sanción a partir del inicio del periodo de multas.

Objetivo de la medida y expectativas

La regulación busca reducir riesgos, clarificar derechos y obligaciones, y evitar la circulación de unidades no registradas.

Al establecer un calendario claro y sanciones graduales, las autoridades esperan que la transición hacia una movilidad eléctrica regulada sea ordenada y segura para todos los ciudadanos.

El Tribunal Fiscal ha determinado que las resoluciones enviadas al buzón SOL mantienen plena validez, incluso si el contribuyente no recibe alertas en el correo electrónico o teléfono celular registrados ante la SUNAT.

Esta decisión quedó establecida en la Resolución N° 6424-10-2025, generando impactos significativos en la forma en que los contribuyentes deben gestionar sus comunicaciones electrónicas con la administración tributaria.

¿El Buzón SOL como único canal formal de notificación tributaria?

El sistema del buzón SOL es utilizado por la SUNAT para notificar actos como esquelas de citación, cartas inductivas, requerimientos, resoluciones de multa, órdenes de pago y resoluciones de determinación.

La ausencia de alertas puede llevar al desconocimiento de comunicaciones relevantes, lo que puede derivar en pérdida de plazos, sanciones y dificultades para ejercer el derecho de defensa.

De acuerdo con Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF), el Tribunal Fiscal concluyó que basta con que la SUNAT acredite el depósito de la resolución en el buzón SOL para considerar válida la notificación, incluso si no se enviaron alertas previas a los canales electrónicos registrados del contribuyente.

En el caso concreto analizado, la infracción correspondía al numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, relacionado con la no presentación de información requerida por la administración.

El Tribunal Fiscal sostuvo que, conforme al artículo 104 del Código Tributario, los contribuyentes tienen la obligación de revisar periódicamente su buzón SOL, ya que este constituye el canal oficial de notificación de la SUNAT.

Por tanto, la falta de alertas no exime a los contribuyentes de las consecuencias derivadas del desconocimiento de los actos notificados por este medio.

El derecho de defensa en juego: criterio del Tribunal Constitucional

No obstante, el criterio del Tribunal Fiscal no es absoluto. Según explicó Chirinos, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 975/2025, precisó que la notificación de actos administrativos a través del buzón SOL no basta por sí sola para garantizar el conocimiento efectivo de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional señaló la necesidad de que la administración asegure que el contribuyente pueda tomar conocimiento real de los actos notificados y ejercer su derecho de defensa.

El fallo del Tribunal Constitucional establece que, en caso de presentarse problemas con los canales electrónicos del contribuyente, la SUNAT debe recurrir a mecanismos adicionales, como el domicilio fiscal o procesal, para asegurar la debida notificación.

Por tanto, la administración tributaria no debería limitarse únicamente al cumplimiento formal del artículo 104 del Código Tributario, sino que debe adoptar medidas complementarias que permitan garantizar el conocimiento efectivo y oportuno de los procedimientos notificables.

Recomendaciones para evitar el castigo fiscal

Frente a este contexto, la abogada de EEF recomendó que el envío de alertas a los canales electrónicos registrados debería convertirse en una obligación y no en una opción complementaria, ya que esto contribuiría a disminuir los riesgos de pérdida de plazos y eventuales contingencias tributarias.

Mientras no exista un criterio definitivo sobre la obligatoriedad de las alertas, se recomienda a los contribuyentes revisar periódicamente el buzón SOL, actualizar sus datos de contacto y verificar el funcionamiento de los canales de comunicación proporcionados a la SUNAT.

El uso de mecanismos concurrentes de alerta se alinea con el respeto al derecho de defensa y al debido procedimiento, brindando mayores garantías a los administrados ante eventuales actuaciones de fiscalización o sanción por parte de la autoridad tributaria.

A solo 20 días de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio, miles de peruanos buscan resolver una de las dudas más frecuentes tras la culminación oficial del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de las Elecciones Generales 2026: ¿qué ocurre si no voy a votar y cuánto tendré que pagar de multa?

La ONPE finalizó este 15 de mayo el conteo oficial al 100% de la primera vuelta electoral, proceso marcado por denuncias de irregularidades, tensiones políticas y acusaciones de fraude después de los resultados ajustados que determinaron a los candidatos que se enfrentarán en el balotaje.

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE recalcaron que el voto en Perú sigue siendo obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 69 años. No acudir a votar genera sanciones económicas y restricciones administrativas.

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta presidencial 2026?

El monto de la multa electoral depende del nivel de pobreza del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del ciudadano.

Según la escala oficial vigente del JNE, las sanciones son las siguientes:

• S/110 para ciudadanos que viven en distritos considerados “no pobres”.
• S/55 para quienes residen en distritos catalogados como pobres.
• S/27.50 para personas domiciliadas en zonas de pobreza extrema.

La clasificación se realiza tomando como referencia el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La multa se aplica automáticamente a quienes no emitan su voto durante la segunda vuelta del 7 de junio y no presenten posteriormente una dispensa válida ante las autoridades electorales.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que mantener una multa electoral pendiente puede generar diversas restricciones en trámites y gestiones oficiales.

Entre las principales consecuencias figuran:

• impedimentos para realizar algunos procedimientos administrativos,
• dificultades para efectuar trámites notariales,
• restricciones en ciertas operaciones bancarias o comerciales,
• problemas para realizar gestiones en entidades públicas,
• limitaciones en procesos judiciales y administrativos.

La deuda electoral permanece registrada hasta que sea cancelada o regularizada mediante una dispensa aprobada.

¿Puedo votar en la segunda vuelta si no pagué la multa de la primera?

Tener una multa pendiente por no haber votado en la primera vuelta no impide participar en la segunda vuelta presidencial. El JNE aclaró que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el ciudadano aún no cancela sanciones electorales anteriores.

Esto significa que quienes faltaron a votar en abril todavía podrán acudir normalmente a las urnas el próximo 7 de junio. Sin embargo, la deuda económica seguirá acumulándose hasta ser pagada o justificada.

¿Qué pasa si además fui miembro de mesa y no asistí?

Las sanciones aumentan considerablemente para quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplieron con esta obligación. La multa por no ejercer como miembro de mesa asciende a S/275.

Además, si la persona tampoco acudió a votar, deberá asumir ambas sanciones acumuladas:

• multa por omisión al sufragio,
• multa por inasistencia como miembro de mesa.

Las autoridades electorales también recordaron que los miembros de mesa elegidos para la primera vuelta continuarán desempeñando esa función en la segunda vuelta presidencial, ya que no se realiza un nuevo sorteo.

¿Cómo puedo evitar la multa por no votar?

Los ciudadanos que no puedan acudir a sufragar pueden solicitar una dispensa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Entre los motivos válidos aceptados por las autoridades figuran:

• enfermedad o emergencia médica,
• viaje al extranjero,
• robo o pérdida del DNI,
• desastres naturales,
• discapacidad o impedimentos físicos,
• fallecimiento de familiares directos,
• situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas.

Cada caso debe sustentarse con documentos oficiales para que la solicitud sea aprobada.

¿Dónde consultar si tengo multas electorales y cómo pagarlas?

Los ciudadanos pueden consultar si mantienen multas electorales pendientes a través de la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para ello, deberán ingresar a https://multas.jne.gob.pe/login y colocar su número de DNI.

En el sistema podrán verificar:

• si registran alguna deuda electoral,
• el motivo de la sanción,
• el monto pendiente,
• y el estado actualizado de la multa.

Una vez realizada la consulta, el ciudadano podrá elegir el medio de pago que prefiera para cancelar la deuda.

Si opta por la vía digital, deberá ingresar a la plataforma Págalo.pe y seguir estos pasos:

• buscar la opción “JNE”,
• seleccionar “Multas electorales”,
• ingresar el número de DNI,
• y completar el procedimiento indicado por el sistema para finalizar el pago.

¿Si vivo en el extranjero estoy obligado a pagar la multa por no votar?

La respuesta depende de un dato clave: el domicilio registrado en tu DNI, no el país donde te encuentres físicamente. Según el Jurado Nacional de Elecciones, para efectos electorales lo determinante es el domicilio declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Si tu DNI registra una dirección en Perú, el sistema electoral te considera residente en territorio nacional, aunque lleves meses o años viviendo fuera del país.

En ese caso, la obligación de votar aplica y, si no sufragar en la segunda vuelta del 7 de junio, podrías recibir una multa por omisión al sufragio, cuyo monto varía entre S/ 27,50 y S/ 110 según el nivel de pobreza del distrito donde figura tu domicilio.

Si, en cambio, tu DNI registra una dirección fuera del territorio nacional, el JNE te clasifica como residente en el extranjero y la situación cambia por completo: los ciudadanos residentes en el extranjero no están sancionados por no sufragar, según la normativa electoral vigente. La condición de residente en el exterior no se acredita con un pasaje, un contrato de trabajo ni ningún otro documento: solo cuenta lo que figura en el reverso de tu DNI.

Si tu documento aún registra una dirección peruana y deseas actualizar tu domicilio al extranjero, debes realizar el trámite correspondiente ante el Reniec antes de la jornada electoral.

¿Por qué la segunda vuelta 2026 llega en medio de tanta polémica?

La segunda vuelta presidencial enfrentará a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en un escenario político marcado por la polémica tras una primera jornada electoral atípica. El proceso estuvo acompañado de denuncias de irregularidades por demoras en la instalación de mesas de sufragio debido a la falta de material electoral, situación que inicialmente dejó sin votar a más de 60 mil ciudadanos en Lima Metropolitana.

Antes del cierre oficial del conteo al 100% realizado por la ONPE, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga —quien semanas atrás había sido desplazado del segundo al tercer puesto por Roberto Sánchez— impulsó una campaña para denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral y exigió la anulación de los comicios, además de otras medidas que finalmente no prosperaron ante los organismos electorales.

Cada vez más conductores en Colombia deciden polarizar los vidrios de sus vehículos para reducir el calor, protegerse de los rayos UV o mejorar la seguridad, pero exceder los límites permitidos por la ley puede terminar en una costosa multa.

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones específicas para quienes conduzcan con vidrios excesivamente oscuros o sin portar la autorización correspondiente.

Según la reglamentación vigente conocida por Revista Semana, la infracción B10 aplica para los conductores que circulen con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos sin cumplir las condiciones técnicas exigidas por las autoridades de tránsito.

La infracción B10 sanciona irregularidades con los vidrios polarizados.

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que los conductores pueden recibir un comparendo tipo B10 cuando manejen vehículos con vidrios polarizados sin el permiso respectivo o incumpliendo la reglamentación vigente.

La norma señala que esta conducta puede generar una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esa sanción alcanza un valor aproximado de 466.904 pesos, aunque el monto puede variar dependiendo de ajustes oficiales y actualizaciones económicas.

El polarizado sí está permitido en Colombia, pero tiene límites.

Muchos ciudadanos optan por instalar películas oscuras en los vidrios de sus carros para disminuir el impacto del sol y aumentar la privacidad dentro del vehículo.

Sin embargo, las autoridades exigen que el nivel de oscurecimiento permita mantener condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad vial.

Por esa razón, existen porcentajes mínimos de transmisión luminosa que deben respetarse en cada vidrio del automóvil.

Las autoridades deben hacer mediciones técnicas antes de imponer la multa.

La Corte Constitucional ha señalado que las sanciones de tránsito relacionadas con polarización deben sustentarse mediante pruebas técnicas verificables.

Eso significa que los agentes no pueden imponer comparendos únicamente por apreciación visual.

Para determinar si un vehículo incumple la norma, las autoridades deben utilizar herramientas especializadas como fotómetros o luxómetros.

Estos dispositivos permiten medir técnicamente la cantidad de luz que atraviesa los vidrios del automóvil.

La ley fija porcentajes específicos para cada vidrio del vehículo.

La Resolución 3777 de 2003 establece los niveles mínimos de transmisión luminosa autorizados en Colombia.

En el caso del parabrisas, la transmisión de luz debe ser igual o superior al 70 %.

Ese mismo porcentaje aplica para los vidrios laterales delanteros.

Mientras tanto, los vidrios laterales traseros y el vidrio posterior deben permitir una transmisión luminosa mínima del 55 %.

En algunos casos específicos, como camionetas blindadas, ciertos vidrios pueden tener niveles inferiores autorizados por la reglamentación.

Los conductores deben portar certificados si el polarizado fue instalado legalmente.

Cuando el vehículo sale del concesionario con vidrios polarizados o películas autorizadas, el propietario debe contar con documentación expedida por el distribuidor.

Ese certificado sirve para demostrar que los niveles de oscurecimiento cumplen con los requisitos establecidos por la ley colombiana.

En caso de un control de tránsito, ese documento puede ser solicitado por las autoridades.

El incumplimiento puede generar problemas económicos y sanciones adicionales.

Además del comparendo económico, un conductor podría enfrentar otras complicaciones si las autoridades consideran que el vehículo representa riesgos para la seguridad vial.

Las restricciones buscan garantizar que el conductor mantenga buena visibilidad y que otros actores viales puedan identificar adecuadamente el interior del vehículo en determinadas circunstancias.

Por eso, las autoridades recomiendan verificar previamente que las películas instaladas cumplan con los porcentajes autorizados.

La instalación excesiva de polarizados sigue siendo común en Colombia.

Aunque la regulación lleva varios años vigente, muchos conductores desconocen los límites permitidos o creen erróneamente que cualquier tipo de polarización está autorizada.

Las autoridades recuerdan que la finalidad de la norma no es prohibir completamente el uso de películas oscuras, sino controlar los niveles de opacidad que puedan afectar la seguridad en carretera.

Por ello, antes de modificar los vidrios de un vehículo, expertos recomiendan consultar talleres certificados y verificar que el material cumpla con la reglamentación colombiana vigente.

La Policía de Tránsito endureció durante el primer cuatrimestre del 2026 los operativos contra conductores que irrespetan las normas de estacionamiento en Costa Rica.

Entre enero y abril de este año, las autoridades contabilizaron 10,238 multas por estacionamiento indebido, una cifra que refleja un incremento respecto al mismo periodo del 2025 y que equivale, en promedio, a una sanción cada 17 minutos.

Cada infracción implica una multa de ¢61,000 (USD 115) y responde a una estrategia impulsada por la Dirección General de la Policía de Tránsito para combatir uno de los problemas que más afecta la movilidad en las ciudades: el caos vial provocado por vehículos estacionados en sitios prohibidos.

Las autoridades insistieron en que estas conductas no deben verse únicamente como una falta menor o un simple descuido del conductor.

Según explicó Tránsito, estacionarse de forma incorrecta tiene consecuencias directas sobre la seguridad vial, la fluidez vehicular y la protección de los usuarios más vulnerables de las calles.

Uno de los principales problemas ocurre cuando los vehículos son estacionados a menos de 10 metros de una intersección. Esta práctica reduce la visibilidad de quienes intentan incorporarse o cruzar una vía, obligando incluso a otros conductores a invadir carriles contrarios para poder observar si vienen automóviles.

El riesgo también aumenta para los peatones. Cuando un vehículo bloquea la visibilidad en una esquina o cerca de un paso peatonal, las personas deben exponerse más sobre la carretera para verificar si pueden cruzar con seguridad.

Las autoridades señalaron que otra de las conductas más recurrentes es el estacionamiento sobre aceras. Aunque muchos conductores lo justifican alegando falta de espacio, la práctica obliga a peatones a caminar sobre la calle, exponiéndolos directamente al tránsito vehicular.

La situación resulta todavía más complicada para adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos que utilizan muletas o sillas de ruedas, mujeres embarazadas o padres que trasladan niños en coche.

“Cuando un conductor invade una acera, prácticamente expulsa al peatón de su espacio seguro”, señalaron autoridades de Tránsito al defender el incremento de operativos durante este año.

Los ciclistas tampoco escapan de las consecuencias. Aunque Costa Rica cuenta con pocas ciclovías en comparación con otros países, la invasión de estos espacios por vehículos estacionados obliga a quienes viajan en bicicleta a desplazarse hacia los carriles vehiculares, aumentando el riesgo de accidentes.

Otro de los puntos críticos identificados por la Policía de Tránsito es el estacionamiento a menos de cinco metros de rampas peatonales o de pasos peatonales. Esta conducta dificulta que quienes caminan puedan tener visibilidad suficiente antes de cruzar la calle y afecta especialmente a personas con movilidad reducida.

Las autoridades reconocen que el aumento en las sanciones responde también a una necesidad urgente de mejorar la fluidez vehicular en zonas urbanas, donde el congestionamiento se ha convertido en uno de los principales problemas diarios para miles de costarricenses.

“Muchas presas se agravan porque hay vehículos estacionados donde no corresponde, reduciendo carriles o afectando el tránsito normal”, explicaron desde la Policía de Tránsito.

Pero el endurecimiento de controles no se limitó al estacionamiento indebido. Durante el mismo periodo, las autoridades también reportaron un incremento en las acciones contra conductores en aparente estado de ebriedad.

Entre enero y abril del 2026 fueron remitidos a la Fiscalía 591 conductores sospechosos de manejar bajo los efectos del alcohol. En total, se realizaron 5,833 pruebas de alcoholemia, de las cuales un 14% resultó positivo.

Las cifras preocupan especialmente porque reflejan que cientos de personas continúan conduciendo pese a las campañas de concientización y las severas sanciones existentes en el país.

La legislación costarricense contempla fuertes multas, suspensión de licencias e incluso procesos penales para quienes conduzcan bajo efectos del alcohol y representen un peligro para terceros.

Las autoridades reiteraron que tanto el estacionamiento indebido como la conducción temeraria son conductas que terminan afectando a toda la sociedad y recordaron que los operativos continuarán intensificándose durante el resto del año.

Mientras tanto, las estadísticas dejan en evidencia un problema cotidiano que se repite en prácticamente todas las ciudades del país: conductores que, por comodidad o imprudencia, terminan poniendo en riesgo la seguridad y la movilidad de los demás.

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las infracciones más graves y peligrosas en Colombia, razón por la cual las autoridades mantienen fuertes sanciones económicas y administrativas contra quienes incumplan la norma. En 2026, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden superar los 42 millones de pesos y, en algunos casos, implicar la pérdida de la licencia de conducción.

Según información publicada por Revista Semana, las sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que endurecieron las penas para los conductores que superen los niveles permitidos de alcohol en la sangre.

Además de las multas económicas, las personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez también pueden enfrentar inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y trabajos comunitarios obligatorios.

La legislación colombiana establece cuatro niveles de alcoholemia que determinan la gravedad de las sanciones aplicadas a cada conductor. Las autoridades utilizan estas categorías para definir el tipo de comparendo y las medidas administrativas correspondientes.

El grado cero corresponde a quienes presentan entre 20 y 39 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

El primer grado aplica cuando el nivel de alcohol está entre 40 y 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

En el segundo grado se ubican los conductores que registran entre 100 y 149 miligramos de etanol, mientras que el tercer grado corresponde a quienes superan los 150 miligramos. Entre más alto sea el nivel de alcohol detectado, más severa será la sanción impuesta por las autoridades de tránsito.

Las multas económicas establecidas para este año oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo del grado de embriaguez y de si el conductor es reincidente.

Esto significa que las sanciones económicas pueden ir aproximadamente desde los 5,2 millones hasta los 42 millones de pesos en 2026.

La suspensión de la licencia de conducción también hace parte de las consecuencias para quienes sean sorprendidos manejando bajo efectos del alcohol. Según la gravedad de la infracción, esta medida puede extenderse desde uno hasta diez años.

A esto se suma la inmovilización del vehículo, procedimiento que puede mantenerse entre uno y diez días hábiles, dependiendo de la decisión de las autoridades competentes.

Las normas colombianas también contemplan la obligación de realizar acciones comunitarias o actividades pedagógicas relacionadas con seguridad vial para las personas sancionadas.

Uno de los puntos más estrictos de la legislación tiene que ver con la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En Colombia, rechazar este procedimiento es considerado una infracción grave y puede generar sanciones incluso más altas que algunas aplicadas por conducir en estado de embriaguez.

De acuerdo con la Ley 1696 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, los conductores no pueden negarse a practicar la prueba solicitada por las autoridades.

En caso de hacerlo, los agentes de tránsito podrán imponer una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esta sanción puede acercarse a los 84 millones de pesos, convirtiéndose en una de las multas más altas contempladas en la normativa de tránsito colombiana.

Las autoridades han insistido en que este tipo de controles busca reducir los accidentes asociados al consumo de alcohol y prevenir tragedias en las vías del país.

La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en Colombia, especialmente durante fines de semana, festividades y temporadas de alta movilidad.

Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden alterar la capacidad de reacción, afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar completamente el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir y utilizar alternativas como transporte público, taxis o plataformas digitales en caso de haber ingerido licor.

Mientras tanto, los operativos de control y las pruebas de alcoholemia continúan realizándose en distintas ciudades y carreteras del país como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad.

Tapar, alterar o dificultar la visibilidad de la placa de un vehículo en Colombia puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del automotor durante 2026. Las autoridades de tránsito mantienen controles sobre esta práctica, considerada una infracción dentro del Código Nacional de Tránsito por impedir la correcta identificación de carros y motocicletas en las vías del país.

Según información divulgada por Revista Semana, la normativa colombiana establece que las placas deben permanecer visibles y en óptimas condiciones mientras el vehículo circule por calles y carreteras.

La ley prohíbe modificar, cubrir o alterar las placas de vehículos bajo cualquier circunstancia.

La restricción aplica tanto para motocicletas como para carros particulares, vehículos de carga y automotores de servicio público.

El objetivo de la norma es permitir que las autoridades puedan identificar correctamente cada vehículo registrado dentro de las bases de datos oficiales del país.

Además, las placas son fundamentales para procesos relacionados con controles de tránsito, seguridad vial, comparendos electrónicos e investigaciones judiciales.

La infracción está contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito y puede ser aplicada incluso cuando la placa esté parcialmente cubierta o manipulada.

La Ley 769 de 2002 establece que la identificación del vehículo no puede ocultarse mediante cintas, plásticos, accesorios, objetos o cualquier otro elemento que dificulte su lectura.

También puede ser sancionado un conductor que ensucie deliberadamente la placa con barro, pintura o residuos para evitar que sea reconocida por cámaras o agentes de tránsito.

Las autoridades consideran estas prácticas como una falta que afecta la identificación plena del automotor.

Ocultar la placa está relacionado con la infracción B03 del Código Nacional de Tránsito colombiano.

Esa conducta permite que los agentes de tránsito impongan comparendos a los conductores que incumplan la obligación de mantener visible la identificación del vehículo.

El control sobre esta práctica ha tomado relevancia debido al aumento de casos en los que algunos conductores intentan evadir sanciones, cámaras de fotomultas o controles de movilidad alterando las placas.

Según las autoridades, cualquier modificación que impida la lectura correcta de números o letras puede derivar en sanciones inmediatas.

Las multas por ocultar o alterar la placa pueden oscilar entre 330.000 y 350.000 pesos durante 2026.

La sanción económica equivale aproximadamente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, aunque el valor puede variar dependiendo de actualizaciones salariales o ajustes aplicados en cada ciudad.

Además del comparendo, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización inmediata del vehículo.

En esos casos, el automotor es trasladado a patios oficiales mientras se adelantan los procedimientos administrativos correspondientes.

La inmovilización del vehículo puede aumentar considerablemente los costos para el conductor.

A la multa inicial se suman gastos relacionados con el servicio de grúa y los cobros diarios de parqueadero en los patios autorizados.

Eso significa que el valor final de la sanción puede terminar siendo mucho mayor al comparendo inicial impuesto por las autoridades.

Las autoridades de tránsito han insistido en que los conductores deben verificar constantemente el estado físico de las placas para evitar sanciones.

También recuerdan que las placas deterioradas, dobladas o ilegibles pueden generar inconvenientes similares durante operativos de control vial.

El Código Nacional de Tránsito exige que la placa permanezca completamente visible y en buen estado mientras el vehículo esté circulando.

La medida busca fortalecer los mecanismos de identificación de automotores y facilitar las labores de vigilancia y control en las carreteras y ciudades del país.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar cualquier elemento decorativo o accesorio que pueda tapar parcial o totalmente la identificación del vehículo.

En medio de los operativos de tránsito que se realizan en diferentes regiones de Colombia, este tipo de infracciones continúa siendo una de las conductas más vigiladas por los agentes encargados de la movilidad.

Un conductor ha sido sancionado con 200 euros tras ser interceptado en un control de tráfico por no disponer de un sistema para reparar un pinchazo, a pesar de llevar en el vehículo la baliza V-16 de emergencia, según lo han recogido medios como Regió7, la COPE o El Periódico.

Y es que como cualquier conductor sabe, hay mundo más allá de la baliza V-16 y el simple hecho de llevarla no puede eximir de cumplir el resto de obligaciones que marcan las leyes de seguridad vial. Según estos medios, el caso se enmarca en controles rutinarios de la Guardia Civil en los que se verifica no solo la señalización de emergencia, sino también el equipamiento obligatorio para afrontar averías básicas.

En este supuesto, el conductor sí contaba con la baliza V-16, el dispositivo luminoso que ha sustituido a los triángulos de emergencia, pero no disponía de rueda de repuesto ni de kit antipinchazos, lo que habría motivado la sanción administrativa.

El kit antipinchazos

La obligación de contar con un sistema para reparar un pinchazo, ya sea una rueda de repuesto o un kit antipinchazos, viene recogida normativa española de tráfico. En concreto, el Reglamento General de Vehículos establece en su anexo XII que los turismos deben disponer de “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”.

Este punto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja claro que no existe una única solución obligatoria, pero sí la exigencia de contar con algún medio efectivo para garantizar la movilidad del vehículo en caso de pinchazo.

La razón de esta exigencia es garantizar que un vehículo no quede inmovilizado en una vía pública sin posibilidad de desplazarse de forma segura tras una avería en los neumáticos. El propio reglamento contempla que este sistema puede ser una rueda de repuesto tradicional, una rueda de uso temporal o un kit de reparación que permita una solución provisional suficiente para continuar la marcha hasta un taller.

En los últimos años, muchos fabricantes han dejado de incluir rueda de repuesto en los vehículos nuevos, justificando por motivos de espacio, reducción de peso y mejora de la eficiencia del consumo. Como consecuencia, el kit antipinchazos, que suele incluir un líquido sellador y un compresor, se ha convertido en la alternativa más habitual. Este sistema permite una reparación temporal del neumático, suficiente para circular hasta un taller cercano.

La baliza V-16

En cuanto a la baliza V-16, se trata de un dispositivo de señalización de emergencia que a partir del inicio de este año ha pasado a ser obligatorio en España como sustituto de los triángulos tradicionales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este sistema será el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada.

Esta obligatoriedad está recogida en el Reglamento General de Vehículos, desarrollado mediante reales decretos que regulan los servicios de auxilio en vías públicas. Según esta normativa, desde su entrada en vigor en 2026, todos los turismos, furgonetas, autobuses y vehículos de transporte deberán llevar un dispositivo V-16 homologado y conectado.

El dispositivo debe cumplir además requisitos técnicos específicos: emitir una señal luminosa visible a 360 grados, funcionar durante un tiempo mínimo determinado y estar certificado por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE. La normativa también establece el modo de uso: en caso de avería o accidente, el conductor debe activar la baliza y colocarla en la parte más alta del vehículo, preferiblemente en el techo, sin necesidad de abandonar la calzada durante largos periodos.

El aumento de los fraudes digitales en la Ciudad de México ha provocado que miles de ciudadanos reciban mensajes engañosos sobre supuestas multas de tránsito.

Autoridades locales, modus operandi y advertencias se han convertido en temas recurrentes desde que la modalidad comenzó a circular entre conductores y motociclistas de la capital.

A través de mensajes SMS, los usuarios reciben alertas como “Infracción de tráfico registrada” o “Secretaría de Finanzas CDMX informa multa pendiente”, acompañadas de enlaces web.

Los remitentes solicitan datos bancarios y el pago inmediato, lo que configura un esquema de fraude que va más allá de simples notificaciones falsas.

Nueva modalidad de fraude: mensajes sobre multas de tránsito

Esta estrategia fraudulenta se suma a otras prácticas como carreras deportivas inexistentes, sorteos fraudulentos y compras no reconocidas.

Los estafadores aprovechan la existencia real de descuentos ofrecidos por el gobierno de la Ciudad de México para multas viales, lo que incrementa la confusión entre los ciudadanos.

Los mensajes no provienen de ninguna autoridad oficial ni de la Secretaría de Finanzas local. Las autoridades han reiterado que la dependencia no utiliza mensajes de texto para notificar multas.

Por el contrario, el canal legítimo para consultar o pagar sanciones es el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Quienes deseen verificar adeudos deben ingresar directamente al sitio web oficial, con su cuenta Llave CDMX y contraseña. Solo allí pueden consultar y saldar sus multas de forma segura, ya sea en línea o mediante un formato de pago múltiple.

Recomendaciones de seguridad ante fraudes digitales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de trampas.

Entre las sugerencias principales se encuentran: no abrir enlaces desconocidos, ignorar mensajes sospechosos y nunca proporcionar información bancaria en portales que no sean oficiales.

Si un ciudadano recibe alguno de estos mensajes, la SSC aconseja no responder y establecer contacto inmediato con las autoridades, ya sea a través del número de emergencia 911 o mediante la aplicación Mi Policía.

Estas medidas buscan frenar la propagación de fraudes y proteger los datos personales de la población.

Para quienes se preguntan cómo identificar un mensaje fraudulento sobre multas de tránsito, la clave está en desconfiar de cualquier aviso que solicite pagos directos o datos bancarios mediante enlaces de origen dudoso.

El gobierno capitalino nunca envía notificaciones de este tipo por SMS.

La proliferación de fraudes digitales relacionados con multas de tránsito exige mayor precaución por parte de los habitantes de la Ciudad de México.

Consultar únicamente canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades resulta fundamental para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal.

Las multas por manejar scooters eléctricos sin casco, elementos reflectantes o en vías prohibidas en CDMX a partir de septiembre de 2026

Desde el 1 de julio de 2026, la Ciudad de México exige nuevas reglas para quienes utilizan scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de alta potencia. Las reformas buscan reforzar la seguridad vial y el control de estos vehículos en la capital.

Las sanciones económicas aplicarán para quienes no cumplan con las normas de uso de casco, elementos reflectantes, luces y por circular en vías restringidas. La autoridad responsable es la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Motivos de multa: casco, reflectantes y vías prohibidas

A partir de septiembre de 2026, no usar casco tipo motociclista, carecer de elementos reflectantes o transitar fuera de zonas autorizadas se sancionará con multas de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a aproximadamente $1,130 a $2,260.

La obligación de portar casco incluye que esté debidamente abrochado y en buen estado. Es indispensable también que el vehículo o el conductor lleven elementos reflectantes y luces delanteras y traseras, especialmente para circular en condiciones de baja visibilidad.

Está prohibido conducir estos vehículos por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos para autobuses y vías rápidas donde el límite de velocidad supere los 50 km/h. Si se infringe esta disposición, la multa puede incrementarse hasta 30 UMAs ($3,394) y el vehículo puede ser remitido al corralón.

Las autoridades buscan reducir los accidentes y ordenar la movilidad eléctrica, asegurando que los conductores sean visibles y respeten los espacios permitidos.

Inicio de la regulación y alcance

Las reformas aprobadas por el Congreso local establecen que desde el 1 de julio de 2026 será obligatorio emplacar y contar con licencia para scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de más de 250 watts o que superen los 25 km/h.

Desde el 1 de septiembre, las multas comenzarán a aplicarse. La fecha límite para regularizar vehículos existentes será el 20 de noviembre del mismo año. Todos los vehículos nuevos deberán salir emplacados desde las tiendas, siendo las empresas comercializadoras responsables del registro previo a la entrega.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará campañas informativas y habilitará una plataforma digital para facilitar trámites.

Multas y sanciones por incumplimiento

Las sanciones económicas por incumplir cualquiera de las obligaciones pueden ser:

• Circular sin placas o licencia: 10 UMAs (alrededor de $1,130).
• Reincidencia o faltas en zonas restringidas: hasta 30 UMAs ($3,394).
• No usar casco, luces o elementos reflectantes: entre 10 y 20 UMAs ($1,130 a $2,260).
• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: inmovilización inmediata del vehículo.

Si el conductor reincide en las infracciones, la multa será mayor y el vehículo podría ser remitido a un depósito.

Requisitos para emplacamiento y licencia

Para obtener placas y tarjeta de circulación, el usuario debe presentar ante la Semovi:

• Identificación oficial vigente
• Factura o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas es de $709)
• Licencia tipo A1 o A2

Las licencias cuestan $572 (tipo A1) y $1,142 (tipo A2), las mismas requeridas para motocicletas.

La nueva categoría legal es Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Exenciones y casos especiales

Quedan exentas de emplacamiento y licencia las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h, y los vehículos eléctricos personales (VEP) que no superen los 35 kg de peso ni los 25 km/h.

Para circular, estos vehículos deberán portar un holograma oficial expedido por la Semovi.

Principales reglas para conductores

Las disposiciones obligatorias para quienes manejen scooters eléctricos o bicicletas eléctricas de alta potencia incluyen:

• Solo personas mayores de edad pueden conducir estos vehículos.
• Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas está prohibido.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.

Las reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Bases legales y consulta de información oficial

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se publicaron en la Gaceta Oficial y pueden consultarse en los canales institucionales de la Semovi y el Congreso local. Los lineamientos detallados del proceso estarán disponibles en el portal oficial y en oficinas de atención ciudadana.

Al final la multa económica se ha rebajado notablemente. El Ayuntamiento madrileño de Coslada, gobernado por PSOE y Podemos-IU (Más Madrid abandonó el Gobierno local en marzo), ha decidido imponer una sanción de 2.274.975 euros a la empresa que gestiona el contrato de limpieza viaria del municipio, una UTE formada por las empresas FCC y Acciona, dos de los gigantes del sector servicios. La Junta de Gobierno local aprobó esta semana la sanción tras tener en cuenta las alegaciones presentadas por las empresas, ya que la cuantía inicial era de 9,3 millones de euros.

La UTE Coslada (FCC y Acciona) ganó en enero de 2022 el contrato para limpiar las calles del municipio por un periodo de cinco años. A cambio, el Consistorio le debe pagar 28,4 millones de euros. Dos años y medio después, en junio de 2024, el Gobierno local se dio cuenta de que la UTE no estaba cumpliendo con lo firmado y emitió un informe con todos esos incumplimientos, que desembocó en abril de 2025 con un expediente de incoación de sanciones. Una penalización que empezó en 9,3 millones y que en julio de 2025 se concretó en 7.020.190 euros. Cifra que fue variando según los técnicos municipales fueron afinando sus informes. En diciembre de 2025, por ejemplo, la multa subió a 8.378.421 euros.

El Ayuntamiento había detectado 9 incumplimientos por parte de Acciona y FCC. Lo más llamativo es la diferencia de jornadas de trabajo que tenían que realizar los operarios de la Unión Temporal de Empresas con las finalmente ejecutadas. El Consistorio recuerda que el “adjudicatario ofertó 2.000 jornadas de trabajo anuales” y que en enero de 2024 se detectaron que 726 jornadas no se habían trabajado. Trabajar menos horas de las previstas no es el único incumplimiento. La UTE se comprometió a aportar a la plantilla de vehículos un camión portacontenedores y a llevar a cabo un sistema de control de absentismo.

La documentación oficial de la sanción revela que la UTE aun tiene pendiente de facturar al Ayuntamiento 4,7 de los 28,4 millones del contrato y que cuando el Ayuntamiento finalizó el expediente sancionador, Acciona y FCC ya habían subsanado cuatro incumplimientos porque, “aunque tarde, ya están adscritos al servicio el camión portacontenedores, las instalaciones auxiliares, el sistema de control de calidad, y el sistema de control de absentismo”, irregularidades que sumaban 5.514.664 euros en penalizaciones.

“Si la imposición de penalidades es utilizada en la contratación administrativa solo como un medio coercitivo o de presión al contratista, que se aplica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; entonces la acción de la Administración precluirá tan pronto como desaparezca el incumplimiento del contratista”, explican desde el Consistorio. Dicho de otro modo: “como el contratista ya subsanado cuatro incumplimientos, y por ellos ya no se le podrá penalizar”, entonces a la sanción inicial de 7.311.125 euros habría que restarle la cantidad de 5.514.664 euros, resultando un importe de 1.796.460 euros.

No cumplieron pero cobraron

“Esto podría parecer razonable si no fuera por el hecho de que la UTE Coslada, conformada por FCC y Acciona, empresas de reconocido prestigio internacional, que están sobradamente capacitadas para prestar este servicio al Ayuntamiento de Coslada con unos estándares de calidad máximos, por las razones que fueren, durante largos periodos de la ejecución del contrato, no cumplieron con sus obligaciones y, sin embargo, cobraron por sus servicios íntegra y puntualmente; lo que nos lleva a explorar la naturaleza de finalidad resarcitoria que también la imposición de penalidades tiene", matizan desde el Ayuntamiento.

Es decir, que desde el Gobierno local entieden que no se debe imponer la sanción más alta “como si la UTE nada hubiera subsanado”, pero que “se ha de encontrar una fórmula para que se actúe con proporcionalidad, no se ponga en peligro la ejecución de lo que resta del contrato (enero del 2027), no se comprometa el valor reputacional de las sociedades integrantes de la UTE y se resarza al municipio de Coslada de los efectivos incumplimientos que en este contrato se han producido”. Una decisión que ha elevado la sanción definitiva a 2.274.975 euros, el 20% de lo que el Ayuntamiento pagó la UTE en los años 2023 y 2024.

La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, donde están todos los grupos municipales, aprobó el pasado 30 de abril de 2026 esta multa de 2,2 millones de euros. La sanción se acordó con 23 votos a favor, y dos abstenciones. Tras pasar por la Comisión, la Junta de Gobierno la ratificó este 5 de mayo. Paco Becerra, portavoz del PP, señala que están de acuerdo con la imposición de penalidades propuesta “tras examinar los informes técnicos, que coincide con la percepción que hay en la ciudad sobre la eficacia del servicio. la UTE ha incumplido desde el inicio del contrato y esos incumplimientos han conllevado un déficit en el servicio que deben prestar”. Paz Garretas, de Más Madrid, recalca que “como partido ahora en la oposición hemos revisado y analizado todos los informes técnicos que acompañan ese expediente de penalización. Son solventes y acordes a ley, por lo que los cálculos de los importes de penalizaciones por incumplimiento de contrato que definitivamente se han impuesto son correctos”.

A partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México (CDMX) hará obligatorio el emplacamiento y la obtención de licencia para quienes circulen en scooters, bicicletas eléctricas y otras variantes de micromovilidad eléctrica que superen los 250 watts de potencia o alcancen más de 25 km/h.

La medida responde a reformas aprobadas por el Congreso local y busca reforzar la seguridad vial y la certeza jurídica para este tipo de transporte.

Las multas comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026.

• Circular sin placas o sin la licencia adecuada implicará una sanción de 10 UMAs aproximadamente $1,130 según el valor vigente de la UMA.
• En casos de reincidencia o si las faltas se cometen en zonas restringidas, las multas podrán elevarse hasta 30 UMAs ($3,394).
• También habrá multas de 10 a 20 UMAs por no cumplir con el uso de casco, luces o elementos reflectantes.

La fecha límite para regularizar vehículos existentes es el 20 de noviembre de 2026.

Todos los vehículos nuevos deben salir emplacados desde las tiendas, siendo responsabilidad de las empresas comercializadoras procesar el registro previo a la entrega.

Requisitos y proceso de emplacamiento

La reforma establece la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa a scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Para obtener las placas y la tarjeta de circulación, los usuarios deberán presentar ante la SEMOVI:

• Identificación oficial vigente
• Factura original o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas ronda los $709)
• Licencia de conducir tipo A1 o A2 (las mismas exigidas para motocicletas)

Costos de licencias para VEMEPE

Las licencias tendrán un precio de $572 para la tipo A1 y $1,142 para la tipo A2.

La SEMOVI ha evaluado más de 120 modelos distintos para definir los criterios técnicos y mantiene mesas de trabajo con empresas comercializadoras para establecer las condiciones finales de registro y venta.

Restricciones y obligaciones para usuarios

Los VEMEPE tendrán prohibido circular por banquetas, ciclovías, carriles de bus y vías rápidas donde la velocidad máxima sea superior a 50 km/h.

Además, el uso de casco tipo motociclista, luces encendidas y elementos reflectantes será obligatorio.

Los conductores deberán portar siempre la licencia y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Cualquier incumplimiento puede derivar en la inmovilización del vehículo.

El registro es obligatorio incluso si el scooter o bicicleta eléctrica cuenta con placas de otra entidad federativa, con el fin de integrar un padrón confiable en la capital.

La SEMOVI anunció que publicará lineamientos complementarios y habilitará una plataforma digital para facilitar los trámites, en coordinación con campañas informativas.

Lineamientos institucionales y fuentes oficiales

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México fueron publicadas en la Gaceta Oficial y pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de SEMOVI y el Congreso de la Ciudad de México.

El proceso de registro y los requisitos detallados estarán disponibles en el portal institucional y en oficinas de atención ciudadana.

Los lineamientos aplican únicamente a vehículos eléctricos personales que cumplan con los criterios de potencia y velocidad.

Las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h quedan exentas del emplacamiento y la licencia.

Principales reglas para la circulación de scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

Las nuevas disposiciones establecen las siguientes reglas obligatorias para usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia en la Ciudad de México:

• Solo mayores de edad pueden conducir estos vehículos.Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Se sanciona conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.
• Reincidir en infracciones eleva el monto de las multas y puede derivar en la inmovilización del vehículo.
• Estas reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Exención de holograma para VEP

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) incluyen bicicletas eléctricas y vehículos con motor asistido que no superan los 25 km/h ni los 35 kg de peso.

Estas unidades estarán exentas de emplacamiento y licencia, pero deberán portar un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para poder circular y compartir ciclovías.

Más de 140 quejas y sanciones por $17 mil se han impuesto en Panamá durante el primer trimestre de este año contra de los comercios que incumplen con los beneficios que por ley deben recibir los jubilados.

Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con la tasa de interés, que encabeza la lista con 55 denuncias, seguida del incumplimiento del descuento del 25% en restaurantes, unos 24 casos, y la falta en 21 casos de letreros informativos obligatorios.

También se reportaron 17 casos donde no se otorgó el descuento correspondiente, dejando en evidencias fallas directas en la aplicación de derechos claramente establecidos por ley, afirma la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Anomalías en préstamos personales y comerciales, descuentos no aplicados en transporte aéreo, consumo en franquicias de comida rápida, transporte público, farmacias, así como en servicios médicos privados y técnicos, son otros de los incumplimientos detectados.

Al desglosar las faltas y sus sanciones, la entidad informó que se impusieron 13 sanciones en primera instancia, que suman $17,800.00.

Las multas más significativas están vinculadas a la tasa de interés, $11,200.00, y a irregularidades en préstamos personales y comerciales, que totalizan $5,600.00, lo que refleja que las infracciones no solo afectan beneficios básicos, sino también compromisos financieros más complejos.

La entidad gubernamental indicó que las recaudaciones totales por estas multas son depositadas a la cuenta del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados.

Aunque las sanciones representan un avance en la fiscalización, para la institución las cifras de denuncias sugieren que el problema persiste y que aún existen debilidades en el cumplimiento voluntario por parte de algunos agentes económicos.

En Panamá los jubilados tienen derecho a descuentos obligatorios por ley de 50% en cines, teatros, conciertos y eventos deportivos, 30% en autobuses interurbanos, trenes y transporte marítimo, 25% en pasajes aéreos nacionales e internacionales, igualmente tienen beneficios de 50% de lunes a jueves y de 30% en fines de semana en hoteles, moteles y pensiones.

Los descuentos se extienden a 25% en restaurantes y 15% en comida rápida, así como 20% en consultas médicas y honorarios profesionales, además de 15% en servicios odontológicos, optometría y hospitalización, entre otros.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia también reiteró a la ciudadanía sobre el reclamo de vicios ocultos en los productos, que no son visibles al momento de adquirir un bien, pero que con el tiempo afectan su uso, valor o funcionalidad.

Rolando Murgas, defensor de la Acodeco, detalló que estos casos no aplican cuando el daño ha sido previamente informado al consumidor y el producto se ofrece a un menor precio o con descuento.

“En estos casos, al ser aceptada la condición por el consumidor, no estamos ante un vicio oculto reclamable”, precisó.

Explicó que los vicios ocultos suelen presentarse en bienes inmuebles, como viviendas o apartamentos.

Entre los ejemplos más comunes mencionó fallas estructurales en cielorrasos de PVC o gypsum, que por una mala instalación pueden deformarse o colapsar con el tiempo. “A veces, por abaratar costos, no se respetan las distancias adecuadas en la estructura, lo que provoca que el material se pandee o ceda posteriormente”, indicó.

Otro caso frecuente ocurre cuando las dimensiones reales de una propiedad no coinciden con lo ofertado. “Si usted compra un terreno de 200 metros cuadrados y al medirlo resulta que tiene 180, está perdiendo una cantidad importante de dinero. Lo mismo sucede con apartamentos o viviendas donde cada metro cuadrado tiene un alto valor”, advirtió el funcionario de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Desde mayo de 2026, entra en vigor un endurecimiento en las normas de tránsito relacionadas con el uso de vidrios polarizados en distintas entidades del país. La medida establece una prohibición general de películas que reduzcan la visibilidad en más de un 20 por ciento en ventanas laterales y traseras, lo que impacta directamente a miles de automovilistas que utilizan este tipo de modificaciones.

El objetivo central de esta regulación es mejorar las condiciones de seguridad pública, facilitar la identificación de ocupantes dentro de los vehículos y reducir riesgos asociados a la conducción en condiciones de baja visibilidad, como durante la noche o en lluvia intensa.

Multas de hasta 13 mil pesos y aplicación inmediata

Las sanciones por incumplir esta normativa pueden alcanzar hasta 110 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, cerca de 13 mil pesos. Estas multas podrán ser aplicadas directamente por elementos de tránsito y policías municipales durante operativos viales.

En el estado de Hidalgo, reglamentos similares ya se aplican desde abril de 2026, con sanciones que van desde los 350 hasta los 13 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tipo de alteración detectada en los cristales del vehículo.

Excepciones: solo con justificación médica

A pesar de la prohibición general, la normativa contempla excepciones estrictas para personas con condiciones médicas que requieren protección adicional contra la luz solar.

Entre los casos considerados están enfermedades como el lupus eritematoso sistémico o el xeroderma pigmentoso, así como padecimientos que generen sensibilidad extrema a la luz.

Para obtener el permiso, los conductores deberán tramitar una autorización ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México —en el caso de la Ciudad de México— o ante autoridades equivalentes en otros estados.

Requisitos principales:

• Certificado médico que justifique el uso
• Documentación oficial del vehículo
• Identificación del solicitante
• Pago de derechos administrativos

Operativos, riesgos y recomendaciones

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, se prevé un incremento en los operativos de revisión vehicular. Las autoridades buscarán verificar el cumplimiento del nivel de transparencia permitido en los cristales.

Especialistas advierten que muchos polarizados disponibles en talleres no cumplen con la normativa vigente, lo que podría derivar en sanciones inmediatas para los conductores que los utilicen sin verificar sus especificaciones.

Además, el impacto económico de estas multas es significativo. Una sanción máxima de 13 mil pesos representa más de dos meses del apoyo otorgado por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que evidencia la severidad de la medida.

Lo que debes tener en cuenta

• El uso de vidrios polarizados queda restringido si excede el 20 por ciento de opacidad.
• Las multas pueden llegar hasta los 13 mil pesos.
• Solo se permite el polarizado con autorización médica oficial.
• Los operativos serán más frecuentes desde mayo de 2026.

La regulación marca un cambio importante en las políticas de movilidad y seguridad vial en México. Para los automovilistas, el mensaje es claro: verificar el estado de sus vehículos y cumplir con la normativa será clave para evitar sanciones elevadas en los próximos meses.

Los vehículos autónomos en California ya no estarán exentos de la responsabilidad directa ante infracciones de tránsito.

Las nuevas regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) establecen un marco legal que permite a las autoridades emitir multas y sanciones a los fabricantes de autos autónomos por las infracciones cometidas por sus vehículos en circulación, equiparando su tratamiento al de los conductores humanos.

El cambio se produce tras la aprobación, el 28 de abril de 2026, de la normativa más extensa de Estados Unidos sobre vehículos autónomos (AV, por sus siglas en inglés).

Estas reglas actualizan de manera integral los requisitos de seguridad, supervisión y cumplimiento para todos los AV, abarcando desde sedanes ligeros hasta camiones pesados y autobuses de tránsito.

A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, las fuerzas de seguridad podrán emitir Notificaciones de Incumplimiento de AV a los fabricantes cada vez que un vehículo autónomo infrinja el reglamento de tránsito.

Esto marca un precedente: por primera vez, los sistemas automáticos serán sujetos a un régimen sancionador similar al de las personas.

La medida busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las compañías tecnológicas, en línea con un crecimiento sostenido de la industria en California.

Cómo funcionan las nuevas sanciones para vehículos autónomos

El proceso de sanción para los autos sin conductor humano establece que, si un AV comete una violación de tránsito—como saltar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o no respetar una señal de alto—la policía puede emitir una notificación formal al fabricante responsable.

Este documento, denominado Notice of AV Noncompliance, obliga a la empresa a responder y, en su caso, asumir las consecuencias que hasta ahora solo recaían sobre conductores humanos.

Además de las multas, las nuevas regulaciones habilitan a la DMV para imponer restricciones operativas personalizadas, como limitar el tamaño de la flota, definir zonas y horarios de operación, e incluso suspender permisos en caso de faltas reiteradas.

Según Steve Gordon, director de la DMV, “estas actualizaciones refuerzan la seguridad pública y la transparencia, al tiempo que incorporan nuevos niveles de responsabilidad para los fabricantes de AV”.

La normativa también exige que los fabricantes mantengan actualizados sus planes de interacción con los cuerpos de emergencia y que sus sistemas permitan la intervención manual inmediata, garantizando comunicaciones bidireccionales con tiempos de respuesta inferiores a 30 segundos.

Emergencias y zonas restringidas: el control ante situaciones críticas

Las nuevas reglas contemplan escenarios de emergencia, otorgando a las autoridades locales la facultad de emitir directivas electrónicas de geoperimetraje (“geofencing”).

En caso de incidentes que comprometan la seguridad pública—como incendios, accidentes graves o evacuaciones—los funcionarios podrán declarar zonas restringidas a las que ningún vehículo autónomo podrá acceder mientras dure la emergencia.

Si un AV se encuentra dentro del área, deberá salir de inmediato, y cualquier incumplimiento puede conllevar la suspensión del permiso de operación.

Esta medida responde a la preocupación de que los vehículos sin conductor puedan interferir en operaciones de rescate o dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.

De la prueba a la sanción: estrictos requisitos para operar

Para poder desplegar vehículos autónomos en modo comercial, las empresas deberán completar fases rigurosas de prueba. El reglamento exige un mínimo de 50.000 millas recorridas con un conductor de seguridad a bordo en el caso de vehículos ligeros, y hasta 500.000 millas para camiones y autobuses pesados.

Solo tras superar estas etapas y documentar un caso estructurado de seguridad—que incluye hardware, software y procedimientos operativos—la DMV autoriza la transición al servicio sin conductor.

En paralelo, los operadores remotos (quienes supervisan y pueden intervenir los AV a distancia) deberán cumplir estándares de capacitación y certificación, homologables a los que se exigen a los conductores tradicionales.

Las denuncias por presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior comenzaron a multiplicarse en distintos sectores industriales y ya derivaron en investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas impulsadas por ARCA.

Mientras, una cámara empresaria del sector de electrodomésticos denunció una combinación de subfacturación, comercialización sin certificaciones y falsificación documental, el organismo aduanero avanzó con expedientes vinculados a importaciones de calzado e indumentaria provenientes de China.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales. En algunos expedientes, además, aparecieron observaciones sobre documentación presuntamente adulterada.

Denuncias y multas de ARCA

Según pudo confirmar Infobae, ARCA avanzó con investigaciones sobre operaciones de importación de indumentaria y calzado, entre otras.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales

Fuentes del sector textil confirmaron que el organismo recaudador y aduanero tiene nutridos expedientes y denuncias contra al menos dos grandes importadores y que ya las sancionó con multas millonarias.

Consultadas fuentes de ARCA, confirmaron los hechos pero no mencionaron el nombre de las empresas ni dieron detalles de los expedientes.

De todos modos, las fuentes empresarias aportaron datos y dijeron que se trata de Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., firma vinculada con las licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.

Según documentación que aportaron fuentes del sector textil, en el primer caso, la empresa declaró valores extremadamente bajos para la importación de remeras sintéticas. Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274. El valor total declarado ascendió a USD 1,06 por kilo y esos montos son ostensiblemente inferiores a los valores usuales de mercadería similar. Los antecedentes de valor aprobados para prendas comparables oscilaron entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.

Las fuentes sectoriales afirmaron que según estimaciones técnicas oficiales sobre costo internacional de producción de las remeras, teniendo en cuenta costos de materia prima, confección, estampado e insumos adicionales, producir una remera básica en Asia implicó un costo estimado de entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad. El valor declarado por la firma se ubicó incluso por debajo del costo estimado de la materia prima.

Para el caso de Latin Shoes SA, se analizaron más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China realizados entre fines 2021 y 2025. La investigación se originó a partir de operaciones en las que la empresa declaró valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.

Esos valores coincidieron con el umbral fijado para evitar el pago de derechos antidumping sobre importaciones de calzado. En este caso se detectaron distintas inconsistencias vinculadas con permisos de salida y facturas comerciales, como textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos y ausencia de códigos QR o códigos de barras.

También hubo diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. En relación con las facturas comerciales, algunas no incluyeron origen de mercadería y que aparecieron diferencias en las formas de pago.

Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274

Sobre este caso, ARCA habría encuadrado el expediente en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Siempre según datos del sector, las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas superaran los USD 70 millones.

Las denuncias empresarias y los expedientes abiertos por ARCA aparecieron en medio de un escenario de crecimiento de importaciones -aunque en los últimos meses el crecimiento se frenó debido a elevados stocks y una demanda planchada- y mayor presencia de productos provenientes de China en distintos segmentos del mercado local.

Competencia desleal

Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines (Cafavep) difundió un comunicado en el que denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con la comercialización de pequeños electrodomésticos en plataformas digitales. Según la entidad, una investigación realizada sobre datos de importación declarados ante la Aduana reveló que distintos operadores comercializaron productos mediante una combinación de prácticas ilegales que incluyó subfacturación de importaciones, venta de productos sin certificación y falsificación de certificados de seguridad.

“La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines hace pública una denuncia formal sobre una situación de competencia desleal que está destruyendo a la industria nacional de electrodomésticos y poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores argentinos”, indicó el comunicado.

La entidad empresaria sostuvo que detectó valores FOB extremadamente bajos en distintas categorías de productos. Uno de los casos mencionados correspondió a ventiladores de techo retráctiles. Cafavep aseguró que el precio FOB mínimo de mercado para ese tipo de producto rondó los USD 15 por unidad. Sin embargo, la cámara relevó importaciones declaradas a valores de entre 5,12 y 9,50 dólares.

La entidad también señaló que una empresa importó más de 13.000 unidades de ventiladores de techo declarando un valor FOB de USD 7,20 por unidad.

En el comunicado aparecieron además otros ejemplos de productos ingresados con valores considerablemente inferiores a los habituales de mercado.

Según la cámara, algunas air fryers de 1600 watts ingresaron con valores declarados de USD 4,86, mientras que cafeteras espresso figuraron con precios de USD 2,69 y mixers de 500 watts con valores de 2,07 dólares. Según la entidad, esos montos implicaron niveles de subfacturación de entre el 50% y el 85% respecto de los valores reales estimados. “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”, afirmó la entidad.

Productos sin certificación

El comunicado también incluyó advertencias sobre la comercialización de productos eléctricos sin certificaciones de seguridad. “Estimamos que un alto porcentaje de los pequeños electrodomésticos comercializados actualmente en plataformas digitales en Argentina no cuenta con la certificación correspondiente”, señaló la cámara.

La entidad agregó que “el certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.

En otro tramo del documento, Cafavep sostuvo que las empresas formales del sector enfrentaron una fuerte desventaja competitiva frente a operadores que incumplieron normas tributarias y técnicas. Según la cámara, las compañías que importaron correctamente, realizaron ensayos y certificaciones y pagaron impuestos afrontaron una diferencia de costos de entre el 30% y el 60% sobre el precio final. “Esta situación está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleos formales y el desmantelamiento de una industria que ha tardado décadas en construirse”, indicó el comunicado.

La entidad informó además que presentó una denuncia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que remitió documentación a ARCA y a la Secretaría de Comercio. El comunicado también reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales que comercializan productos eléctricos.

En mayo de 2026, los Verificentros de la Ciudad de México interrumpen su actividad el viernes 1 debido al Día del Trabajo, lo que modifica la prestación del servicio y obliga a los conductores a planear con antelación sus trámites para evitar sanciones económicas y afectaciones sobre la circulación, según la información de la Secretaría del Medio Ambiente. La suspensión incide en quienes buscan verificar durante la última etapa del primer semestre del año, cuando coinciden vehículos con diferentes engomados y terminaciones de placa, y el incumplimiento puede generar multas superiores a los $3.000 o restricciones severas como la aplicación del Hoy No Circula.

La Sedema advierte que los Verificentros detienen operaciones únicamente el 1 de mayo. El sábado 2 de mayo reanudan el servicio en su horario normal, de 8:00 a 20:00 horas. Además, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes permanecen cerradas tanto el 1 como el 5 de mayo; la primera retoma el trámite el lunes 4, y la segunda el miércoles 6, ambas con horario habitual de 9:00 a 14:00. La autoridad pide a los propietarios de automóviles con placas de la capital prever los tiempos y documentaciones, dado que la suspensión puede saturar la agenda de los siguientes días y afectar el cumplimiento oportuno del trámite.

Calendario oficial de verificación y costo de la multa

Durante mayo, la verificación vehicular sigue activa en la Ciudad de México y el Estado de México, con doble carga para los Verificentros: deben atender tanto a vehículos con engomado verde —terminaciones 1 y 2— que finalizan su periodo, como a coches con engomado azul —terminaciones 9 y 0— que apenas inician el plazo. La regulación exige verificar entre enero y junio a todos los autos de combustión interna registrados en ambas entidades, además de unidades foráneas que deciden verificar en la capital.

No completar el trámite dentro del periodo asignado implica dos efectos inmediatos: el pago de una multa superior a $3.000 y la imposición de restricciones de circulación que incluyen el programa Hoy No Circula. Después se debe cubrir la verificación extemporánea para regularizar la situación y poder regresar a la circulación libre.

Las tarifas oficiales se mantienen sin cambio para 2026 y varían según el holograma obtenido. En el Estado de México, el costo va de poco más de $400 hasta casi $1.200 para el holograma doble cero. El esquema organizado por color de engomado y último dígito de placa distribuye la carga de verificaciones y permite mantener el control sobre las emisiones contaminantes en el semestre, de acuerdo con el calendario difundido por las autoridades.

El Metro y los trámites administrativos también modifican su servicio

El Metro de la Ciudad de México operará el 1 de mayo bajo horario de día festivo, es decir, de 7:00 a 24:00 horas, confirmó el propio organismo en sus redes sociales. Esta modalidad busca atender la demanda de usuarios durante el día feriado sin interrumpir la movilidad en la capital.

La Sedema aclara que toda la estructura administrativa vinculada a la verificación, incluidas la recepción de documentos y la atención en ventanilla, permanece inactiva los días marcados como inhábiles. Solo las áreas presenciales asignadas reanudan atención el lunes 4 de mayo, mientras que la Oficialía de Partes lo hace hasta el miércoles 6. Los horarios y fechas concretas se mantienen sin variación respecto al calendario anual.

La saturación en Verificentros durante mayo responde tanto al cierre temporal como al arranque y cierre de periodos para diferentes engomados. El doble flujo de vehículos en verificación complica la obtención de citas y puede extender los tiempos de espera, por lo que los funcionarios recomiendan a los conductores cumplir con todos los requisitos y anticipar su cita para completar el proceso.

La Secretaría del Medio Ambiente exhorta a quienes requieren verificar, especialmente durante días cercanos a puentes o fechas límite, a tomar todas las previsiones para evitar sanciones, gastos adicionales y restricciones de circulación asociadas al incumplimiento o al rezago en el trámite.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México advirtió este miércoles sobre una nueva modalidad de extorsiones digitales en el pago de multas de tránsito, donde los ciberdelincuentes diseñan páginas web que simulan ser portales oficiales y logran engañar a miles de conductores.

De acuerdo con la Policía Cibernética, estos sitios falsos aparecen entre los primeros resultados de búsqueda, a través de estrategias de posicionamiento pagado y publicidad engañosa para atraer a las víctimas.

La mayoría de los afectados llega a estos portales al buscar frases como “pago de multas de tránsito” o “consultar infracciones” en internet. Al ingresar, los usuarios encuentran formularios que solicitan datos personales, contraseñas y, en ocasiones, información bancaria.

Los responsables de estos sitios fraudulentos recopilan la información suministrada por los usuarios, para luego realizar suplantaciones de identidad y cometer fraudes financieros.

Para evitar estas prácticas, la SSC-CDMX compartió las siguientes datos:

¿Cómo operan los fraudes digitales en multas?

Según los reportes, la apariencia profesional de los portales engañosos genera confianza entre los conductores. Sin embargo, ninguna de estas páginas está conectada con dependencias de gobierno ni con sistemas oficiales.

En muchos casos, las víctimas descubren el fraude cuando los pagos no se reflejan en el sistema de la autoridad correspondiente. Otros advierten la situación al detectar cargos no reconocidos en sus cuentas bancarias.

A raíz de este problema, la SSC recomendó a los usuarios verificar siempre que el sitio tenga dominio .gob.mx y cuente con certificado de seguridad https. Ejemplos de portales oficiales para consultas y pagos son https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos y https://infracciones.cdmx.gob.mx/busqueda/.

Con ello, la SSC-CDMX aconsejó evitar los primeros resultados de los buscadores si no se confirma su autenticidad. También pidió desconfiar de portales que prometen descuentos especiales, trámites urgentes o gestiones privadas.

Medidas de prevención y contacto con autoridades

Para reducir riesgos, la dependencia solicitó no ingresar datos personales ni bancarios en páginas no oficiales. Bajo esta medida, los conductores deben realizar sus trámites solo en canales autorizados o acudir directamente a las autoridades de Tránsito.

Las autoridades también señalaron la importancia de no acceder a enlaces enviados a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Este tipo de links suele ser una vía común para redirigir a los usuarios a portales fraudulentos.

En caso de sospecha o intento de fraude, la ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. El número habilitado es 55 5242 5110, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, la SSC invitó a los habitantes de la capital a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales @SSCCDMX y @UGSGCDMX. La prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de delitos.

La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible este martes un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa por lavado de activos vinculada a una red transnacional que, según la investigación, canalizaba fondos ilícitos atribuidos al grupo criminal brasileño Comando Vermelho. La decisión fue adoptada en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, de la Sala IV, y dejó firme las condenas impuestas en un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral Federal N°7 porteño.

El planteo había sido presentado por el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern, quien cuestionó que el organismo no hubiera tenido intervención en este tramo del expediente que terminó con sentencias condenatorias, pese a haber solicitado ser tenido como querellante durante la instrucción.

El fallo, al que tuvo acceso Infobae, se inscribe en una investigación iniciada en 2022 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de la remisión de un informe de inteligencia elaborado de la propia UIF. El caso quedó inicialmente radicado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro y luego derivó, por cuestiones de competencia, hacia la justicia federal porteña.

La pesquisa fue dividida en distintos tramos por la cantidad de imputados y la complejidad de las maniobras. Uno de ellos se concentró en la estructura atribuida a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, ambos prófugos, señalados como responsables de canalizar activos ilícitos vinculados al Comando Vermelho. Según la investigación, el esquema incluyó operaciones con criptoactivos, sociedades instrumentales y adquisición de bienes registrables, como inmuebles y vehículos de alta gama.

El Comando Vermelho, en rigor, es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil. Surgió a fines de la década de 1970 en el sistema penitenciario de Río de Janeiro, en un contexto de convivencia forzada entre presos políticos y delincuentes comunes durante la dictadura militar. Con el tiempo, evolucionó hacia una estructura criminal descentralizada dedicada principalmente al narcotráfico, con fuerte presencia en las favelas y expansión a distintas regiones del país y de la región, donde también diversificó sus actividades ilícitas.

Otro segmento de las investigaciones que se labraron sobre el caso abordó maniobras independientes de transferencias informales de divisas en la región, realizadas entre 2022 y 2023, que involucraban a otros imputados.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 validó un juicio abreviado y condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalvez, Eliamar Das Dores de Melo, Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, Thiago Cardoso de Oliveira y Selma de Lima Muniz Barbosa como partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Las penas fueron de tres años de prisión en suspenso, con multas de entre 180 y 720 millones de pesos. El tribunal de juicio, a su vez, dispuso la inmediata libertad de los condenados siempre que no registraran otra orden restrictiva en su contra.

La UIF impugnó esa resolución. Galpern sostuvo que el organismo de información financiera no había sido notificado ni incorporado al proceso, pese a haber pedido su intervención bajo el rol de querellante. También cuestionó la calificación legal, el monto de las multas y el control judicial del acuerdo abreviado. Según el recurso, la adecuación jurídica realizada había sido “notoriamente más benigna” que la que surgiría de los hechos, que describían una “actuación prolongada en el tiempo (años 2015 al 2023), con pluralidad de operaciones” y bajo la dirección de una “organización criminal trasnacional liderada por Alves de Souza y Wang”.

La entidad también objetó que, al homologar el acuerdo, el tribunal oral hubiera indicado que “no podía discutir con el fiscal y la defensa la calificación legal y/o pena acordada por las partes”. Para el organismo, el juez debía ejercer un control de legalidad más estricto.

El juez Hornos rechazó el planteo en la etapa de admisibilidad. Para eso sostuvo que la UIF carecía de legitimación para apelar porque no había sido parte en el tramo del proceso en el que se dictó la sentencia. En particular, remarcó que fue el propio organismo el que había limitado su pedido de querella “únicamente contra Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, quienes se encuentran prófugos en la investigación suscitada en el marco de este expediente”.

Según ponderó el camarista, “fue la propia Unidad de Información Financiera la que limitó expresamente su pretensión acusatoria a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang que se encontraban prófugos en un proceso que tramitaba ante el juzgado instructor”. Luego agregó que la UIF conocía que los tramos identificados como “TO1” y “TO2” ya habían sido elevados a juicio y, pese a ello, “no instó su intervención en esa etapa y ni formuló presentación alguna ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7”.

“Por ese motivo -concluyó el juez de la Sala 4-, en el caso carece de legitimación para interponer un recurso de casación, en tanto dicha vía exige la intervención en el proceso en el que recayó la decisión impugnada, como presupuesto ineludible”.

Hornos también descartó que la UIF hubiera demostrado un agravio propio, concreto y actual que la diferenciara del Ministerio Público Fiscal. En ese punto, destacó que la persecución penal estuvo a cargo de la PROCELAC, órgano especializado en temáticas de criminalidad económica.

“El interés público sobre el juzgamiento de conductas vinculadas al lavado de activos, el pago de las multas impuestas y el decomiso de bienes, se encuentra debidamente representado por el titular de esa procuraduría especializada”, indicó.

Por otro lado, el camarista también delimitó el rol institucional de la UIF en este tipo de pesquisas, en tanto advirtió que el organismo tiene asignado “un rol principalmente vinculado a la producción, análisis e intercambio de información financiera” y que actúa como “un auxiliar técnico en las investigaciones penales, especialmente en materia de delitos económicos complejos, como es el lavado de activos”.

Con esos fundamentos, Hornos declaró inadmisible el recurso de casación de la unidad estatal. Mientras tanto, otros tramos de la investigación continúan abiertos respecto de los prófugos y de los bienes atribuidos a la estructura criminal.

Hay situaciones en las que dar marcha atrás con el coche sería la opción más cómoda y rápida. ¿No resultaría conveniente, al pasarse una salida en la autopista, poder parar en seco y retroceder hasta tener la salida de nuevo por delante? Así se evitaría el tener que recorrer varios kilómetros y luego regresar para retomar la dirección original. Solo describirlo ya resulta tedioso. Para quien se sienta tentado, sin embargo: más allá de la seguridad vial, hacer algo así, por mucho que acelerase el viaje, podría suponer la pérdida de puntos o una multa. O las dos cosas.

Hasta 500 euros de multa y retirada de puntos del carnet

La normativa española es clara respecto a la marcha atrás y no deja mucho margen para la interpretación. El artículo 80 del Reglamento General de Circulación recoge que está prohibido circular marcha atrás (en general), salvo en situaciones muy concretas.

Existen también limitaciones específicas. Cuando la marcha atrás se hace como parte de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, la distancia máxima permitida es de 15 metros y está prohibido invadir un cruce de vías. Esto afecta a cualquier situación, sea buscar sitio para aparcar o salir de un estacionamiento.

En autopistas y autovías, la prohibición es aún más estricta. La normativa establece que en estas vías la maniobra de marcha atrás está totalmente prohibida para conductores particulares. La alta velocidad y el riesgo de accidentes justifican esta restricción. Solo los vehículos prioritarios, como los de la policía, Guardia Civil, bomberos, ambulancias o Protección Civil, pueden realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías, y únicamente en servicios urgentes y siempre que no pongan en peligro la seguridad.

Las sanciones por incumplir las normas de la marcha atrás pueden ser importantes. El propio artículo 80 del Reglamento General de Circulación lo recoge: “Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración de muy graves, conforme se prevé en el artículo 77.f) del texto refundido”.

Circular marcha atrás sin justificación, exceder los 15 metros permitidos, invadir un cruce, realizar la maniobra en autopistas o autovías, o no señalizar adecuadamente son las infracciones más habituales. Las multas pueden ir desde los 80 euros para infracciones leves hasta los 500 euros en casos muy graves, con la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

El artículo 32 de la Ley de Tráfico también aborda situaciones específicas, como lo que ocurre en las autopistas de peaje. Dar marcha atrás para cambiar de cabina, tras entrar por error en una de telepeaje o al comprobar que no se lleva efectivo, se considera sancionable. La normativa indica que, en estos casos, el conductor debe esperar a que el personal de la autopista resuelva la situación. Las maniobras de cambio de sentido o marcha atrás realizadas sin autorización o con la intención de evitar el pago del peaje también pueden ser motivo de denuncia.

La ley solo permite la maniobra de marcha atrás cuando no sea posible avanzar, cuando no se pueda cambiar de dirección o sentido de marcha, o si se trata de una maniobra complementaria de otra que lo exija. En todos estos casos, la marcha atrás debe hacerse con “el recorrido mínimo indispensable para efectuarla”. Es decir, la distancia recorrida marcha atrás tiene que ser la estrictamente necesaria.

A partir del 30 de abril, entra en vigencia una nueva ley en Costa Rica que establece sanciones económicas para las personas que sean detectadas ingresando a los parques nacionales por puntos no habilitados. La medida busca aumentar la protección de las áreas silvestres y prevenir daños provocados por la actividad humana en ecosistemas sensibles. Las multas pueden alcanzar hasta los 4.6 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 9,000 dólares.

La reforma legal fue aprobada por el Congreso de Costa Rica a mediados de febrero, y endurece las sanciones tanto para personas individuales como para empresas y operadores turísticos que faciliten el acceso ilegal a las zonas protegidas. El objetivo central es disuadir el ingreso no autorizado, promover el uso responsable del patrimonio natural y salvaguardar la integridad de los visitantes y de la biodiversidad.

Las autoridades señalaron que quienes ingresen o permanezcan en áreas no autorizadas dentro de los parques nacionales enfrentarán una multa base de 1.38 millones de colones, equivalente a 2,200 dólares. Este monto puede aumentar en función de la gravedad de la infracción y de las circunstancias en que se detecte la violación. Para operadores turísticos, las sanciones superan los 3 millones de colones y pueden llegar a 4.6 millones de colones cuando se trata de accesos a zonas catalogadas como de alto riesgo, como cráteres volcánicos.

La ley también contempla sanciones para quienes promuevan actividades turísticas no autorizadas dentro de los parques nacionales. Las autoridades señalan que el acceso ilegal no solo pone en riesgo la vida de los visitantes por la falta de condiciones de seguridad y atención ante emergencias, sino que además genera impactos ambientales irreversibles, altera hábitats frágiles y expone a especies de flora y fauna a mayores amenazas.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha señalado que la aplicación de multas actúa como un método de disuasión para que las personas respeten las normativas vigentes y eviten situaciones peligrosas tanto para ellas como para el entorno natural. La jefa del Departamento de Control y Protección del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC), Yeimy Cedeño, explicó que el ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales, alteran hábitats y ponen en riesgo especies que pueden estar amenazadas o ser endémicas.

El dinero recaudado a través de las multas se destinará al fortalecimiento de labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres protegidas. Así se busca garantizar la sostenibilidad de estos espacios y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevas infracciones.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el SINAC detectó a 408 personas ingresando por puntos no autorizados a zonas protegidas. El volcán Irazú registró el mayor número de casos con 200 ingresos ilegales, seguido por la isla San Lucas con 88 registros, y los volcanes Arenal, Poás y Turrialba. Estos datos reflejan la necesidad de un mayor control y la importancia de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

Pasarse un semáforo en rojo puede terminar costando mucho más que una multa, y en 2026 la sanción económica por esta infracción quedó en $1.266.222, con riesgos adicionales como inmovilización del vehículo, gastos extra y hasta suspensión de la licencia en casos de reincidencia.

La conducta está clasificada en Colombia como infracción D04 y es una de las faltas que mayores consecuencias puede traer para conductores, no solo por el valor del comparendo, sino por las cargas administrativas y operativas que puede activar.

El dato que más impacta es que un solo cruce indebido en rojo puede llevar el carro directo a patios, sumando costos de grúa, parqueadero y restricciones para hacer trámites posteriores si la sanción queda pendiente en el sistema.

La norma establece que no detenerse ante luz roja, amarilla, señal de pare o semáforo intermitente en rojo faculta a las autoridades para imponer la sanción e incluso proceder con inmovilización inmediata del vehículo.

Aunque muchos conductores solo ven el monto del comparendo, especialistas advierten que el costo real puede ser mucho mayor cuando se agregan gastos ocultos derivados del procedimiento.

Entre ellos aparecen los cobros por grúa, tarifas de patios por día o fracción y otros costos asociados a la recuperación del vehículo. Ahí es donde una infracción de tránsito puede convertirse en un golpe mucho más alto para el bolsillo.

La sanción económica, además, tiene un mecanismo para reducirse. Quienes realicen curso pedagógico y paguen dentro de los primeros once días hábiles pueden acceder a un descuento del 50 %. Entre los días 12 y 26 el beneficio baja al 25 %.

Ese alivio, sin embargo, no elimina otras consecuencias que pueden surgir cuando hay reincidencia o agravantes. El sistema castiga con mayor severidad cuando la conducta se repite en un lapso de seis meses.

En esos casos puede haber suspensión de la licencia por seis meses e incluso escenarios más severos si la autoridad determina repetición grave de la conducta.

Uno de los mayores riesgos está en la reincidencia, porque la multa deja de ser solo económica y empieza a afectar directamente el derecho a conducir. Ese es uno de los puntos que más suelen desconocer los conductores.

El panorama se agrava si la infracción ocurre bajo efectos del alcohol. Allí las sanciones pueden escalar drásticamente, con multas millonarias e inmovilizaciones prolongadas, además de otras consecuencias legales.

Otro frente crítico es el llamado bloqueo administrativo. Mientras el comparendo permanezca pendiente en el SIMIT, el conductor puede encontrar restricciones para renovar licencia, hacer traspasos, tramitar SOAT o avanzar en otros procesos vehiculares.

Ese efecto es el que convierte esta falta en una de las más costosas, incluso cuando el comparendo inicial parece “pagable”. Lo que empieza con una luz roja ignorada puede terminar afectando varios trámites y generando nuevas cargas económicas.

Además del impacto financiero, las autoridades suelen insistir en que esta es una de las infracciones con mayor riesgo vial, por la relación que tiene con siniestros graves en intersecciones urbanas.

Por eso el mensaje institucional suele ir más allá del comparendo. Pasarse un semáforo en rojo no solo cuesta $1.266.222: puede llevar a patios, bloquear trámites y poner en riesgo la licencia. Esa combinación explica por qué es una de las sanciones más severas del sistema.

En 2026, con el valor actualizado y los efectos asociados, la recomendación sigue siendo la misma: evitar una imprudencia que puede salir mucho más cara de lo que parece.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

Frutas Diego Martínez, una empresa con sede en Barcelona y raíces en Lleida, ha sido sancionada con 8.002 euros tras detectar las autoridades el intento de vender varias toneladas de melocotones importados de Turquía como si fueran productos originarios del Bajo Cinca o Valdejalón. La empresa ha abonado ya la cuantía de la sanción, según ha informado Segre.

La infracción fue descubierta durante una inspección de la consellería de Agricultura de la Generalitat en Mercabarna realizada en agosto de 2024 tras una denuncia presentada por las organizaciones agrarias Uaga (Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón) y Unió de Pagesos. Las entidades alertaron sobre la comercialización de un lote de melocotón rojo etiquetado como procedente de Aragón, cuando en realidad su verdadero origen era turco.

El informe de la inspección señala tres irregularidades principales. En primer lugar, la empresa no pudo acreditar la trazabilidad del producto. En segundo lugar, el etiquetado presentaba datos falsos sobre el origen y la variedad de fruta, además de omitir la dirección de la empresa expedidora. Por último, la documentación comercial presentada estaba incompleta, tanto en lo referente al origen como al destino de la mercancía.

Las cajas llevaban melocotones turcos, pero llegaban desde Aragón, según la empresa

A lo largo del proceso, la compañía Frutas Diego Martínez admitió que las cajas contenían fruta procedente de Turquía, si bien al mismo tiempo aseguró que el melocotón había llegado de Aragón. Según la empresa, los melocotones se habían recibido en cajas de cartón que no podían utilizar al no ser aptas para la distribución de la fruta contenida en ellas, si bien el deterioro del recipiente no había afectado al género.

Frutas Diego Martínez e Hijos opera desde 1988 y cuenta con un capital social de 1,06 millones de euros. Su volumen de negocio ronda los cien millones de euros anuales, situándose entre los principales mayoristas de frutas y verduras de Mercabarna. La firma es propiedad del Grupo DM Inversiones, la family office de la familia Martínez, fundada en 2003 en Torres de Segre y actualmente con sede en Cambrils, que suma un capital de 3,27 millones de euros.

La imposición de la sanción se enmarca en una mayor presión por parte de las organizaciones agrarias para proteger a los agricultores y explotaciones familiares de la zona frutícola de Huesca. Uaga, especialmente activa en el territorio, ha intensificado su actuación frente a los abusos detectados en los últimos años, entre los que se encuentran impagos y sucesivas vulneraciones de la normativa comercial de productos agropecuarios.

En las últimas semanas, fruticultores del Bajo Cinca han interpuesto más de treinta denuncias contra almacenes e industrias, señalando incumplimientos de plazos de pago, falta de contratos y, cuando se firman, ausencia de cálculos para evitar la venta a pérdidas. Estas reclamaciones afectan a explotaciones de cereza, ciruela, melocotón, pera, manzana y almendra. La inspección subrayó cómo la falta de documentación precisa y las deficiencias en el etiquetado dificultan garantizar que los consumidores reciban información veraz sobre el origen de los productos.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú aún no concluyen, ya que para definir a la próxima presidencia se requiere que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos válidos. Ante ello, se prepara la segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 7 de junio en medio del caos que se registró en la última jornada. Este evento marca una nueva etapa política para el país y genera interrogantes en la ciudadanía, especialmente sobre el régimen de multas electorales.

¿Es necesario pagar la multa antes de la segunda vuelta?

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la participación en los comicios es obligatoria. La institución ha señalado que el derecho al voto no puede verse restringido por deudas económicas previas.

Por lo tanto, quienes no asistieron a votar en la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, mantienen tanto la facultad como la obligación de votar en la segunda vuelta, sin importar si ya abonaron o no la multa correspondiente. La sanción económica derivada de la omisión constituye una deuda administrativa, pero no limita el ejercicio del derecho político de elegir autoridades.

Recuerda que no pagar la multa mantiene activa una deuda administrativa en el sistema. Esta situación genera restricciones civiles, como la imposibilidad de realizar trámites notariales, renovar el DNI o efectuar gestiones bancarias. Por ello, aunque la deuda no limita el derecho al voto, sí puede afectar otros aspectos de la vida civil.

¿A cuánto equivale la multa por no votar?

Si un ciudadano no participó en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 12 de abril, se le impone una multa electoral. Los montos varían según el nivel de pobreza del distrito:

• Distritos no pobres: S/ 110
• Distritos pobres: S/ 55
• Distritos de pobreza extrema: S/ 27,50

Además, la multa por omisión a la instalación de mesas de sufragio para miembros de mesa es de S/ 275. Asimismo, puedes presentar tu dispensa.

¿Volveré a ser miembro de mesa para la segunda vuelta?

Si fuiste sorteado como miembro de mesa titular o suplente para la primera vuelta, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones establecen que debes cumplir el mismo rol en la segunda vuelta electoral. No se realiza un nuevo sorteo ni se modifica la lista de miembros de mesa entre ambas jornadas. La designación se mantiene vigente durante todo el proceso, por lo que la obligación es automática para quienes ya participaron en la primera jornada como titulares o suplentes. La asistencia vuelve a ser obligatoria y el incumplimiento, salvo justificación válida, genera la multa correspondiente para cada vuelta.

Respecto a los voluntarios, la situación es diferente. Si actuaste como miembro de mesa por voluntad propia, es decir, porque los titulares y suplentes oficiales no se presentaron el día de la elección y asumiste el cargo como elector de la fila, no existe obligación legal de presentarte voluntariamente en la segunda vuelta. Solo estarán obligados nuevamente quienes hayan sido sorteados oficialmente y figuren en la lista de miembros de mesa publicada por la ONPE.

La llegada de la función de avisos de radares de velocidad a Google Maps será una herramienta clave para quienes conducen por las rutas y accesos de las grandes ciudades de Argentina.

La aplicación ahora suma una herramienta que promete mayor previsibilidad y tranquilidad al volante: la posibilidad de recibir alertas en tiempo real sobre controles de velocidad fijos y móviles, sin instalar aplicaciones adicionales.

Cómo funciona el sistema de radares en Google Maps

La función de avisos de radares de velocidad, detallada por Google, se apoya en dos pilares: la visualización de cámaras en el mapa y las alertas de voz que se activan al acercarse a un control. Cuando la aplicación detecta un radar fijo, muestra un pequeño icono de cámara al costado de la ruta seleccionada. Al aproximarse, el usuario recibe una advertencia sonora y una tarjeta en pantalla, lo que permite anticipar el control y ajustar la velocidad.

Esta funcionalidad está disponible en todas las plataformas, siempre que la aplicación esté actualizada a la última versión desde la tienda oficial del dispositivo. No requiere complementos ni descargas adicionales, lo que facilita su acceso para cualquier conductor.

Además, la pantalla de navegación sigue mostrando el límite de velocidad permitido y el velocímetro en tiempo real, dos indicadores clave para mantener el control durante el viaje.

Google Maps también ofrece la posibilidad de alertar al usuario si excede la velocidad máxima permitida. En ese caso, el velocímetro cambia de color y la señal de alerta se vuelve más notoria, ayudando a evitar multas por infracción.

Para qué sirve la función de radares

El principal objetivo de la inclusión de radares en Google Maps es prevenir sanciones por exceso de velocidad y mejorar la experiencia de conducción. Al informar con anticipación sobre la presencia de cámaras fijas y controles móviles, la aplicación permite que los automovilistas reduzcan la velocidad y circulen de acuerdo a las normas.

Esta función resulta especialmente útil en rutas nacionales y accesos a grandes ciudades, donde los controles suelen sorprender a conductores poco habituados a la zona. Además, la herramienta contribuye a disminuir el estrés de la conducción, al ofrecer mayor previsibilidad y control sobre el entorno.

Google Maps no solo advierte sobre radares fijos, sino que también incorpora reportes de controles móviles, conocidos como “foto multas”. En este caso, los avisos se nutren de la información aportada por la comunidad de usuarios, quienes pueden reportar la ubicación de nuevos controles en tiempo real.

Cómo activar los avisos de radares y controles de velocidad

Para utilizar la función de radares en Google Maps, es necesario seguir algunos pasos sencillos. Primero, se debe actualizar la aplicación desde la tienda correspondiente (Play Store o App Store) a la última versión disponible. Luego, al ingresar en la app, el usuario debe tocar su foto de perfil y acceder a Ajustes, para después seleccionar Configuración de navegación.

Dentro de este menú, hay que activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro”. Así, se habilita la visualización de datos en tiempo real durante la navegación. Si los avisos no aparecen de inmediato, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la aplicación o cambiar el idioma a Español (Argentina).

El despliegue de la función es progresivo y puede depender de la zona o del perfil de usuario, teniendo en cuenta que según la Ley de Transito del país es de máximo es 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas, en zonas urbanas. Mientras que en rutas el límite es 110 km/h y en autopistas es 130 km/h para automóviles.

En caso de que la función aún no se encuentre disponible, algunos usuarios sugieren verificar la configuración regional de la cuenta, reiniciar el equipo y esperar unos días. Muchas veces, la función se habilita de manera automática, sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

La función de radares en Google Maps proporciona varios tipos de información relevante para el conductor. Por un lado, los radares fijos aparecen como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el sistema emite un aviso de voz breve y muestra una tarjeta de advertencia en la pantalla.

El incumplimiento de medidas básicas de seguridad vial continúa siendo una de las principales preocupaciones en las carreteras de Costa Rica. Durante el primer trimestre del año, miles de conductores y acompañantes fueron sancionados por no utilizar correctamente el casco o el cinturón de seguridad, dos elementos que, según las autoridades, siguen siendo determinantes para reducir la mortalidad en accidentes de tránsito.

Datos oficiales de la Policía de Tránsito revelan que, en promedio, 1,016 motociclistas fueron multados por no portar casco o utilizarlo de manera incorrecta. A esta cifra se suman otros 542 casos en los que la sanción recayó sobre el acompañante por la misma falta.

Las autoridades advierten que estas cifras reflejan una conducta reiterada que pone en riesgo no solo a los conductores, sino también a quienes viajan con ellos. En el caso de las motocicletas, el casco es considerado el principal elemento de protección ante un accidente, ya que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en la cabeza.

La situación no es distinta en los vehículos particulares. Durante el mismo periodo, se registraron 801 sanciones a conductores por no utilizar el cinturón de seguridad, mientras que 414 acompañantes también fueron multados por esta infracción.

Para la Policía de Tránsito, estos números evidencian que aún existe una falta de conciencia sobre la importancia de los dispositivos de seguridad, pese a las constantes campañas de prevención.

“El uso del casco y del cinturón no es opcional, es una medida que salva vidas”, han reiterado las autoridades, quienes insisten en que la mayoría de estas sanciones podrían evitarse con hábitos básicos de responsabilidad al conducir.

Más allá de la multa económica, que asciende a 123,000 colones (USD 250) en ambos casos, el principal llamado de las autoridades es a la prevención. Según explican, en muchos accidentes de tránsito las consecuencias más graves están directamente relacionadas con la ausencia de estos dispositivos.

En el caso de los motociclistas, no usar casco o llevarlo mal ajustado puede significar la diferencia entre sufrir una lesión leve o un trauma severo. Por su parte, el cinturón de seguridad en vehículos reduce considerablemente el riesgo de salir expulsado en caso de colisión, así como el impacto contra el volante, el tablero o el parabrisas.

Las autoridades también señalan que estas conductas no solo afectan a quienes incumplen la norma, sino que tienen un impacto en el sistema de salud y en la seguridad vial en general, al aumentar la gravedad de los accidentes.

A pesar de los operativos y controles en carretera, la reincidencia en este tipo de infracciones sigue siendo un desafío. Por ello, la Policía de Tránsito mantiene su llamado a la ciudadanía a adoptar una cultura de prevención y respeto por las normas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, es el mensaje con el que las autoridades buscan generar conciencia entre los conductores, recordando que pequeños hábitos pueden tener un impacto significativo en la seguridad personal y colectiva.

El uso correcto del casco y del cinturón de seguridad continúa siendo una de las formas más efectivas y sencillas de reducir riesgos en carretera, en un contexto donde las cifras siguen reflejando la necesidad de reforzar la educación vial en el país.

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
• Nombre o razón social
• Código postal del domicilio fiscal
• Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
• Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
• Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
• Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
• Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
• Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que se logró una recaudación de 6 mil 037 millones de pesos en materia de control vehicular, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las finanzas públicas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Este resultado refleja el avance en la modernización administrativa y el impulso de políticas públicas con enfoque social, que buscan beneficiar directamente a millones de contribuyentes en la entidad.

Como parte de estas acciones, se concretó el reemplacamiento de 218 mil unidades, lo que contribuye a mantener actualizado el padrón vehicular del Estado de México. Este proceso es clave para mejorar la seguridad jurídica de los propietarios, así como para contar con un registro confiable que permita a las autoridades tener mayor control sobre los vehículos en circulación.

El reemplacamiento también se ha convertido en una herramienta fundamental para incentivar la regularización de automovilistas que presentan adeudos, al ofrecer beneficios fiscales atractivos.

Subsidio a la tenencia impulsa cumplimiento masivo

Uno de los pilares de estos resultados es el subsidio a la tenencia vehicular, el cual permitió que más de 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el pago del refrendo 2026. Esta cifra consolida una política fiscal con sentido social, al reducir significativamente la carga económica para las familias mexiquenses.

Gracias a este esquema de apoyo, la Secretaría de Finanzas estima que se generó un ahorro total de 7 mil 094 millones de pesos, lo que representa un alivio importante para la economía de los hogares.

Este tipo de incentivos no solo favorece el bolsillo de la ciudadanía, sino que también fomentan una mayor cultura de cumplimiento voluntario.

Simplificación de trámites y digitalización, claves del éxito

Las autoridades destacaron que estos logros son resultado de una estrategia integral basada en la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la plataforma digital y una atención más cercana a la ciudadanía.

La digitalización de servicios ha permitido que los contribuyentes puedan realizar sus pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de trasladarse largas distancias, lo que ha incrementado la participación y el cumplimiento oportuno.

Asimismo, la mejora en los procesos administrativos ha reducido tiempos de espera y ha hecho más accesibles los servicios relacionados con el control vehicular.

Invitan a aprovechar descuentos y evitar multas

La Secretaría de Finanzas hizo un llamado a quienes aún no han realizado el pago de la tenencia o refrendo 2026, a hacerlo a la brevedad a través del Portal de Servicios al Contribuyente o en centros autorizados.

Además, recordó que continúan vigentes reducciones de hasta el 100 por ciento en tenencia y refrendo de ejercicios anteriores a 2024, siempre y cuando se realice el reemplacamiento.

Este programa representa una oportunidad para que los propietarios de vehículos regularicen su situación fiscal sin enfrentar cargas económicas adicionales.

Las autoridades subrayaron que cumplir en tiempo y forma permite evitar multas, recargos y posibles sanciones administrativas.

El gobierno estatal busca consolidar su política fiscal eficiente, moderna y orientada a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses, al tiempo de fortalece la confianza en las instituciones públicas.

En el mismo pronunciamiento, indicó que el material restante llegaría a las 8:00 a.m.; sin embargo, dos horas después, diversos usuarios reportaban que sus mesas aún no habían sido instaladas en distritos como Santiago de Surco y San Juan de Miraflores.

La normativa electoral establece que las mesas solo pueden instalarse hasta el mediodía. En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué ocurre si se cumple el plazo y una mesa de votación no logra instalarse?

La vocera de la ONPE, Carla Cueva, señaló que existe un procedimiento para estos casos: se debe llenar un acta en presencia del personal del Jurado Nacional de Elecciones. “Ahora, si es que pasara que por A o B no se instala a las 12:00, tenemos un acta específicamente de esa incidencia que tiene que ser llenada también con presencia del Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

Pese a que la funcionaria reiteró que el problema logístico se concentra en Lima Metropolitana y que Surco y San Juan de Lurigancho son las zonas más afectadas, hay locales donde los electores no pueden ingresar, como la Institución Educativa 7087, en Santiago de Surco.

¿Debo pagar multa si no se instaló mi mesa de votación?

Aún falta poco más de una hora para que se cumpla el plazo oficial de instalación de mesas. En varios locales, los miembros de mesa y electores llegaron a tiempo; sin embargo, por problemas en la organización de los entes electorales, hasta el momento muchos ciudadanos no pueden ejercer su voto.

En estos casos, el Jurado Nacional de Elecciones contempla una dispensa de la multa electoral, la cual debe ser tramitada y no tiene costo. Esto aplica cuando el ciudadano no puede votar por fallas atribuibles a las entidades del sistema electoral, como ocurre con los retrasos en la entrega de material o en la instalación de mesas.

No obstante, si la mesa no se instaló por ausencia de los miembros de mesa, sí corresponde el pago de la sanción. La diferencia radica en que la ley obliga a los ciudadanos en la fila a asumir ese rol para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Incluso, se puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para conminar a los electores a cumplir esta función.

En un escenario extremo, si nadie acepta asumir el cargo y la mesa no llega a instalarse, todos los electores asignados a esa mesa deberán pagar la multa correspondiente.

Tabla de multas por distrito

• Si vives en distritos considerados extrema pobreza (0,5% de la UIT): 27,50 soles de multa
• Si vives en distritos considerados pobres (1% de la UIT): 55 soles de multa
• Si vives en distritos considerados no pobres (2% de la UIT): 110 soles de multa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado a la ciudadanía que desde el lunes 6 de abril empezaron a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del domingo 12 de abril.

Pero una de las restricciones más famosas es la de la llamada ‘Ley seca’, que es una forma que se usa para referirse al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, que ha sido actualizada a fines de 2025. Esta no prohíbe consumir bebidas alcohólicas, sino solo se enfoca en limitar su venta desde las 8:00 horas del sábado hasta las 8:00 horas del lunes.

Así, el artículo 390 señala que aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y multa no menor a S/3.390 (diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa).

Qué dice la norma de la ‘Ley seca’

“Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación (11 de abril), hasta las 8:00 horas del día siguiente de las elecciones (lunes 13 de abril), no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos , o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”, señala el artículo 351.

Es decir que desde el sábado 11 a las 8 de la mañana hasta el lunes 13 a las 8 de la mañana no se podrá vender bebidas alcohólicas; sin embargo, esto no detiene a ciudadanos de consumir las que tengan en ya compradas.

Asimismo, de acuerdo con el inciso a) del Art. 390° de la LOE, el incumpimiento de esta medida se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/3.390). Sin embargo, esta multa se detalla para “aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólica”.

Otras restricciones

En ese contexto, desde las 00:00 horas del lunes 6 quedará prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). En caso de incumplimiento, precisa dicha norma, se sancionará al infractor con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que este año equivale a entre 55 mil y 550 mil soles.

“El Artículo 190 de la LOE, en tanto, precisa que desde dos días antes del día señalado para las elecciones (es decir, desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril) no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Su vulneración, conforme al artículo 388 de la misma ley, se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años”, señala el Jurado Nacional de Elecciones.

También, desde 24 horas antes de la elección (00:00 horas del sábado 11) se suspende toda clase de propaganda política. Su incumplimiento acarreará una pena de prisión no menor de dos años. Tampoco durante las horas en que se realizan las elecciones se podrán realizar espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna clase (artículo 349 de la LOE).

Finalmente, el mismo domingo 12 de abril, día de la elección, entre las 07:00 y 17:00 horas no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

Silencio electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que, desde las 00:00 horas de este viernes 10 de abril hasta las 5:00 p.m. del domingo 12, queda prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político en todo el país. Esta restricción marca el inicio del periodo conocido como silencio electoral, que busca garantizar una jornada de reflexión y evitar cualquier intento de influir en el voto de los ciudadanos durante los comicios del 12 de abril.

Cabe recordar que esta normativa coincide con el cierre oficial de campaña de los candidatos a nivel nacional y la prohibición de difundir encuestas electorales, vigente desde el lunes 6 de abril.

Además, a partir de las 00:00 horas del sábado 11, se suspende toda propaganda política, incluyendo la exhibición de banderolas, afiches, spots y cualquier tipo de publicidad alusiva a las Elecciones 2026. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones severas, incluyendo penas de prisión no menores a dos años. Por ello, las autoridades han advertido sobre la importancia de respetar el silencio electoral y el retiro de toda publicidad política hasta el cierre de las mesas de votación.

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha una serie de acciones administrativas tras detectar incumplimientos de normas municipales durante actividades vinculadas al cierre de campaña electoral en el centro de la capital. Las intervenciones se concentraron en espacios considerados sensibles por su valor histórico y por las restricciones vigentes sobre su uso.

Las medidas se ejecutaron luego de que equipos de fiscalización identificaran conductas que contravienen disposiciones específicas sobre el uso del espacio público. Estas acciones incluyeron la verificación de daños potenciales al entorno urbano, así como la evaluación del impacto de concentraciones políticas en zonas con protección especial.

El despliegue municipal no solo se limitó a la imposición de sanciones económicas, sino que también incluyó operativos de limpieza y refuerzo de vigilancia. Las autoridades locales señalaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas en áreas de alta concurrencia y valor patrimonial.

Sanciones por uso indebido del espacio público

Entre las organizaciones políticas sancionadas figura el partido Cívico Obras, que recibió una multa de 24 mil 750 soles. La sanción responde a la colocación de elementos en la vía pública, la generación de obstáculos para el tránsito y la falta de limpieza posterior a una actividad realizada en la Plaza San Martín.

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, estas infracciones afectan directamente la circulación y el orden en espacios urbanos de alta afluencia. La acumulación de residuos y la ocupación no autorizada de áreas públicas constituyen faltas contempladas en la normativa municipal vigente.

Actividades sin autorización y obstrucción del tránsito

El partido Juntos por el Perú también recibió una sanción, en este caso por un monto de 34 mil 375 soles. La infracción se relaciona con la realización de una actividad sin autorización en la Plaza Dos de Mayo, así como con el estacionamiento de vehículos que impidieron el libre tránsito.

La Municipalidad de Lima precisó que el incumplimiento incluyó la falta de acciones de limpieza tras el evento. Este tipo de omisiones genera costos adicionales para la administración local, que debe intervenir con personal propio para restituir las condiciones del espacio público.

Tras los hechos registrados, la comuna intensificó los operativos de control en el Cercado de Lima. Las acciones incluyen vigilancia permanente en plazas y calles principales, con el objetivo de prevenir nuevas infracciones y asegurar el respeto de las disposiciones municipales.

Equipos de limpieza también fueron desplegados en las zonas afectadas para retirar residuos y restablecer el orden. Estas labores forman parte de una estrategia integral que combina sanción, control y mantenimiento del espacio urbano.

Normativa sobre la intangibilidad del Centro Histórico

El Centro Histórico de Lima cuenta con un régimen especial que restringe actividades que puedan alterar su conservación. La normativa prohíbe marchas, concentraciones y cualquier intervención que comprometa la seguridad, el orden público o el patrimonio.

Estas disposiciones se sustentan en el Acuerdo de Concejo n.° 026-2023 y el Decreto Supremo n.° 003-2021-IN. Ambas normas establecen límites claros sobre el uso del espacio público en zonas declaradas patrimonio.

Desde la Municipalidad de Lima se reiteró el llamado a las organizaciones políticas para respetar estas reglas. La entidad recordó que el Centro Histórico constituye un espacio reconocido como Patrimonio de la Humanidad, lo que implica obligaciones específicas para su protección y conservación.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una extensa red de dispositivos electrónicos que transformaron la fiscalización vial en los últimos años. Actualmente, existen actualmente 224 cámaras fijas de fotomultas activas, según información del gobierno porteño.

El sistema, resaltaron, apunta a controlar infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo y la invasión de sendas peatonales, además de otras faltas que suelen observarse en las principales arterias y accesos a autopistas.

La expansión de esta red responde a una política de seguridad vial implementada a medida que se multiplicaron los corredores críticos y las zonas escolares. Se reforzó la presencia de cámaras en avenidas con alto flujo vehicular y accesos estratégicos. Los dispositivos incorporan analítica de video y control automático, lo que permite detectar varias infracciones en tiempo real, sin intervención directa de agentes de tránsito.

Las cámaras no solo registran imágenes. El sistema procesa datos y genera actas automáticas que luego llegan a los domicilios o correos electrónicos de los titulares de los vehículos, una modalidad que ganó terreno con la digitalización de los trámites y los servicios de notificación electrónica.

Una por una, donde están las cámaras fijas

Las cámaras fijas de fotomultas en CABA se distribuyen en puntos estratégicos. A continuación, algunos de los cruces y tramos más representativos:

• Av. Juan B. Alberdi 890 y Centenera
• Av. Juan B. Justo 3969 y Av. San Martín
• Av. Rivadavia 4987 y Acoyte
• Bernardo de Irigoyen 1026 y Carlos Calvo
• Av. Córdoba 6287 y Jorge Newbery
• Av. Rivadavia 10524 y Miralla
• Rosario 21 y Av. La Plata
• Av. Córdoba 4570 y Scalabrini Ortiz
• Av. Córdoba 4471 y Araoz
• Av. Avellaneda 1825 y Donato Álvarez
• Av. Mosconi 3000 y Argerich
• Av. Paseo Colón 753 e Independencia
• Av. Caseros 3020 y La Rioja
• Av. Cabildo 1716 y J. Hernández
• Av. Gaona 2300 y Donato Álvarez
• Av. Francisco Beiró 2875 y Av. Nazca
• Av. Corrientes 3022 y Ecuador
• Lima 281 y Moreno
• Av. Roca 5870 y Soldado de la Frontera
• Av. Avellaneda 2924 y Nazca
• Av. Independencia 1784 y Av. Entre Ríos
• Av. Corrientes 2813 y Pueyrredón
• Av. Álvarez Thomas 1294 y Av. Elcano
• Av. San Juan 1119 y Lima
• Av. Santa Fe 4650 y Bullrich
• Av. Alem 518 y Lavalle
• Lima 1524 Oeste y Pavón
• Av. Corrientes 6210 y Dorrego
• Av. Ramos Mejía 1304 y Av. Del Libertador
• Av. Corrientes 5220 y Scalabrini Ortiz
• Av. Cabildo 4718 y Deheza
• Av. Rivadavia 7420 y Nazca
• Av. Las Heras 2289 y Pueyrredón
• Av. Santa Fe 2622 y Ecuador
• Av. Belgrano 3218 y 24 de Noviembre
• Av. Independencia 2086 y Rincón
• Av. Rivadavia 2775 y Av. Jujuy
• Av. Rabanal 1323 y Del Barco Centenera
• Belgrano 324 y Balcarce
• Virrey Vértiz 2010 y Echeverría
• Av. Paseo Colón 400 y Belgrano
• Av. Sáenz 1230 y Beazley
• Vuelta de Obligado 2179 y Mendoza
• Av. Olivera 187 y Rafaela
• Av. Entre Ríos 1818 y Brasil
• Vedia 3438 y Superí
• Av. Garay 1769 y Entre Ríos
• Av. Lisandro de la Torre 663 y Tonelero
• Av. Montes de Oca 1685 y California
• Av. Rivadavia 6626 y Granaderos
• Av. Rivadavia 9618 y Manzoni
• Av. Juan B. Justo 4781 y Andrés Lamas
• Av. Del Libertador 5722 y La Pampa
• Av. Varela 2779 y Fernández de la Cruz
• Av. San Martín 1844 y Tres Arroyos
• Montevideo 300 entre Perón y Sarmiento
• Av. Córdoba 3907 entre Gascón y Figueroa
• Av. Corrientes 2676 y Castelli
• Gorriti 5300 entre Godoy Cruz y Uriarte
• Av. Corrientes 5694 entre Serrano y Thames
• Superí 1803 y La Pampa
• Billinghurst 301 entre Perón y Sarmiento
• Bonifacio 2501 entre Culpina y Varela
• Pola 1205 entre Av. Alberdi y Bragado
• 33 Orientales 903 entre Carlos Calvo y EEUU
• César Díaz 2898 entre Nazca y Terrada
• Carlos Calvo 2195 y Pasco
• La Pampa 4704 entre Álvarez Thomas y Combatientes de Malvinas
• Ceretti 2997 y Av. Congreso
• Amenábar 2209 y Av. Olazábal
• AU 25 de Mayo km 2.7 sentido provincia
• AU 25 de Mayo km 1.26 sentido provincia
• AU Perito Moreno km 3.9 sentido centro
• AU Perito Moreno km 0.7 sentido provincia
• AU 25 de Mayo km 6.3 sentido centro
• Av. Callao 858 y Paraguay
• Lima Este y Juan de Garay
• Av. Pueyrredón 214 y Perón
• Lima 1365 y Constitución
• Av. Córdoba 1980 y Ayacucho
• Av. Entre Ríos 326 y Moreno
• Av. Rivadavia 5353 y Barco Centenera
• Av. Rivadavia 7218 y Culpina
• Suárez 1635 y Isabel la Católica
• Av. Lacroze 4199 y Corrientes
• Av. Forest 634 y Lacroze
• Av. Lacroze 2462 y Zapata
• Perón 2687 y Castelli
• Larrea 477 y Lavalle
• Av. Pueyrredón 1418 y Santa Fe
• Av. Callao 1588 y Vicente López
• Nazca 479 y Avellaneda
• Av. Boedo 965 y San Juan
• Av. Scalabrini Ortiz 1385 y Gorriti
• Av. Triunvirato 4520 y Olazábal
• Av. José María Moreno 1657
• AU Dellepiane km 1.15
• AU 25 de Mayo km 8.4
• AU Arturo Frondizi km 0.5
• AU Arturo Frondizi km 2.0
• Av. Figueroa Alcorta 6184
• AU Cantilo km 8.7
• AU Dellepiane km 2.3
• Av. Estado de Israel 4488
• Av. Juan de Garay 2046
• Av. Eva Perón 1825
• Av. Emilio Castro 6281
• AU Lugones km 8.7
• AU Lugones km 7.6
• Av. Bruix 4495
• Av. Directorio 4155
• Calle Irigoyen 1761
• Calle Galván 3640
• Av. 27 de Febrero 10500
• AU Illia km 1.2
• AU Illia km 3.9
• AU Perito Moreno km 4.5
• Av. Figueroa Alcorta 4740
• Av. Rivadavia 10741
• Av. Del Libertador 5275
• Av. Mosconi 3043
• Av. Sarmiento 4290
• Av. San Juan 2507
• Av. Independencia 2660
• Av. Triunvirato 6300
• Av. San Juan 2735
• Av. Belgrano 3349
• Av. Figueroa Alcorta 6180
• AU Perito Moreno km 4.8
• AU Perito Moreno km 2.9
• Av. Estado de Israel 4496
• Av. Juan de Garay 2030
• Av. San Pedrito 418
• Av. Jujuy 1794
• Av. Elcano 4430
• Av. 27 de Febrero 8375
• Av. Directorio 3078
• Crisólogo Larralde 6037
• AU Lugones km 4.9
• Crisólogo Larralde 5295
• AU Frondizi km 2.6
• AU Perito Moreno km 0.3
• Av. Del Libertador 7725
• Av. De los Constituyentes 3264
• Av. Rafael Obligado 4845
• Av. Figueroa Alcorta 2210
• Av. Del Libertador 5666
• Av. Gaona 1852
• Av. Sarmiento 3480
• Av. Dorrego 3370
• Av. Brasil 2085
• Av. Donado 3660
• Av. San Juan 730
• AU Cantilo km 7.55
• AU Frondizi km 1.3
• AU Cantilo km 9.86
• AU Lugones km 9.8
• Av. De los Constituyentes 5880
• AU AU1–AU6 ramal transición km 0.1
• Av. Dorrego 3700
• Av. Ricardo Balbín 4640
• Av. Cabildo 4740
• Av. Córdoba 3762
• Av. Juan B. Alberdi 1260
• AU 25 de Mayo km 4.1
• AU 25 de Mayo km 7.2
• AU General Paz km 4.3
• AU General Paz km 10.0
• AU General Paz km 17.5
• AU General Paz km 22.5
• AU General Paz km 13.1
• AU 25 de Mayo km 5.3
• AU 25 de Mayo km 7.0
• Av. Independencia 1668
• Av. Juan B. Justo 2650
• Av. Figueroa Alcorta 4750
• Av. Eva Perón 7280
• Av. Díaz Vélez 3420
• Paseo del Bajo km 1.5
• Paseo del Bajo km 6.0
• Av. de Mayo 930
• Holmberg 3015
• Av. Jorge Newbery 4733
• Av. Chiclana 3474
• Av. Honorio Pueyrredón 1815
• Av. Pedro Goyena 805
• Av. Elcano 4510

Cuánto cuestan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

El valor de las multas de tránsito en CABA se actualizó el 3 de marzo de este año y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre.

El parámetro de referencia es la Unidad Fija (UF), que asciende a $949,99 tras un incremento del 19 % respecto del período anterior. Este ajuste semestral está vinculado con el precio de la nafta premium, como establece la normativa local.

• Mal estacionamiento: $94.999
• Obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997
• Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus: $142.498,50
• Exceso de velocidad (hasta 20 km/h en calles/avenidas, hasta 40 km/h en vías rápidas): $66.499,30
• Exceso de velocidad grave: hasta $3.799.960, según el grado de la falta
• Uso del celular al volante: $94.999 (llamadas) y $189.998 (mensajes de texto)
• Cruzar semáforo en rojo: desde $284.997 y hasta $1.424.985, dependiendo de los antecedentes y la reincidencia
• Conducir sin licencia o con vidrios polarizados: $47.499,50
• No usar cinturón de seguridad: $94.999
• VTV vencida: $94.999
• No realizar grabado de autopartes: $142.498,50
• Adulterar o tapar la patente: $949.990

El sistema no solo penaliza las conductas de mayor riesgo, sino que también incorpora tecnología para la detección automática de faltas como el uso del celular al volante, mediante cámaras con software especializado.

Cómo consultar si tengo multas de tránsito en CABA

La consulta de multas de tránsito por patente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza a través del portal oficial del Gobierno porteño. Basta con ingresar el dominio del vehículo en el sitio web de infracciones para acceder al historial completo de actas, tanto en etapa administrativa como judicializada. El sistema permite descargar comprobantes de pago y abonar las multas con diferentes medios habilitados.

El mismo portal habilita la recepción de notificaciones electrónicas, una herramienta que facilita el seguimiento de nuevas infracciones y evita demoras en la regularización de deudas. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de presentar descargos o solicitar revisiones ante eventuales inconsistencias en los registros. Para trámites como la transferencia de vehículos, la obtención del libre deuda de infracciones es requisito indispensable, tal como lo exige la normativa vigente.

El proceso se realiza íntegramente en línea, sin necesidad de acudir a dependencias presenciales, lo que agiliza la gestión y permite que los propietarios de vehículos regularicen su situación rápidamente.

La Semana Santa en Costa Rica dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial: más de 7,300 conductores fueron sancionados por la Policía de Tránsito durante el operativo especial desplegado en todo el país.

En total, las autoridades confeccionaron 7,371 boletas, lo que equivale a una multa cada 90 segundos en promedio, reflejando el alto nivel de incumplimiento de las normas de tránsito durante uno de los periodos de mayor movilidad en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días también se atendieron 1,523 accidentes de tránsito, lo que representa un incidente cada 7,5 minutos, evidenciando la presión que enfrentan los cuerpos de emergencia y las autoridades viales en estas fechas.

Alcohol y velocidad: las principales faltas

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la cantidad de conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

En total, 69 personas dieron positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas en carretera. De ese grupo, 40 casos fueron remitidos a la Fiscalía, al tratarse de niveles que constituyen un delito penal, lo que podría acarrear sanciones más severas, incluyendo penas de cárcel.

El exceso de velocidad también destacó como una de las infracciones más recurrentes. Según el reporte, 474 conductores fueron sancionados por irrespetar los límites establecidos, una conducta que incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves o fatales.

Las autoridades han insistido en que tanto el consumo de alcohol al volante como la conducción a alta velocidad son factores determinantes en la mayoría de los siniestros de tránsito, especialmente en temporadas donde aumenta el flujo vehicular hacia destinos turísticos.

Alta movilidad, mayor riesgo

Semana Santa es tradicionalmente uno de los periodos del año con mayor desplazamiento de personas hacia playas, montañas y zonas rurales. Este incremento en la circulación vehicular suele ir acompañado de un aumento en las infracciones y los accidentes.

El promedio registrado este año, una multa cada minuto y medio y un accidente cada pocos minutos, evidencia no solo la intensidad del tránsito, sino también la persistencia de conductas imprudentes por parte de los conductores.

A pesar de los operativos preventivos, controles en carretera y campañas de concientización, las cifras reflejan que aún existe una resistencia significativa a respetar las normas básicas de seguridad vial.

Presión sobre autoridades y servicios de emergencia

El volumen de accidentes atendidos también pone en evidencia la carga operativa que enfrentan instituciones como la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y otros cuerpos de respuesta.

Cada incidente implica movilización de recursos, atención médica, regulación del tránsito y, en muchos casos, procesos judiciales posteriores. Esto no solo genera un impacto en las instituciones, sino también en la calidad del servicio para otros eventos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a la responsabilidad al volante, subrayando que la mayoría de los accidentes son prevenibles si se respetan las normas básicas como no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la carretera.

De cara a futuros periodos vacacionales, las autoridades insisten en reforzar tanto la fiscalización como la educación vial, con el objetivo de disminuir la cantidad de sanciones, pero sobre todo, de evitar accidentes y salvar vidas.

La Defensoría del Consumidor de El Salvador impuso más de $900 mil en multas durante el primer trimestre del año, resultado de un control reforzado sobre irregularidades detectadas en la cadena de suministros, principalmente en comercios que distribuyen productos de la canasta básica.

Durante las últimas semanas la institución desplegó una estrategia intensiva de inspección orientada a identificar prácticas abusivas y proteger el poder adquisitivo de la población salvadoreña.

La cifra marca un umbral relevante: de enero a marzo, la Defensoría ya roza el millón de dólares en sanciones, situándose en un ritmo que, de mantenerse, podría superar los registros de ejercicios anteriores. El año pasado, las multas impuestas alcanzaron más de $3 millones, superando en un millón al año precedente, según explicó Ricardo Salazar en entrevista matutina.

El funcionario señaló que “prácticamente estamos cerrando el primer trimestre del año con esta cifra, de más de $900 mil en multas. Estamos ya cercanos al millón de dólares”.

Las sanciones respondieron a resultados de más de 6,600 verificaciones a lo largo del país, concentradas en sectores estratégicos de la canasta básica como granos, lácteos, verduras y carnes. La vigilancia parte del mandato de evitar incrementos injustificados de precios y se extiende a toda la cadena, desde importadores hasta procesadores y comerciantes minoristas.

Salazar detalló que el propósito es “garantizar una canasta básica accesible a nuestra población”, por lo que el monitoreo es constante en productos fundamentales, incluidos el arroz, frijol, maíz, azúcar y productos perecederos.

Las prácticas sancionadas: desde productos vencidos hasta información insuficiente

Un bloque significativo de multas se derivó de la identificación de productos vencidos en comercios principalmente detectados en restaurantes. Durante la Semana Santa, durante este período la Defensoría detectó 543 productos con fecha de caducidad sobrepasada en 555 inspecciones realizadas a nivel nacional.

Destacó que el 85% de estos artículos estaban almacenados en áreas de cocina, lo cual agudiza el riesgo para el consumidor, quien no tiene acceso visual a los ingredientes utilizados en su comida.

Salazar subrayó la gravedad de este hallazgo: “Un producto vencido representa un alto riesgo a la salud de los consumidores”. Enfatizó que la Defensoría levanta medidas cautelares inmediatas, que comprenden la destrucción de estos productos y la apertura automática de un procedimiento sancionatorio.

El índice de cumplimiento en restaurantes y comercios inspeccionados fue del 68%, uno de cada tres establecimientos presentó algún nivel de infracción. Las peores prácticas incluyeron también la falta de mecanismos de atención al consumidor, con 126 casos detectados, principalmente en la zona central y la ausencia de precios a la vista en 13 comercios, lo que afectó a más de 491 productos.

La ley exige que todo comercio proporcione un mecanismo claro para recibir y gestionar reclamos, así como la entrega de un número de gestión para garantizar el seguimiento de la denuncia.

Semana Santa: 555 verificaciones y enfoque multidimensional

Durante la reciente temporada de Semana Santa, la Defensoría del Consumidor activó su Plan Verano 2026, concentrando recursos en hoteles, restaurantes, puntos turísticos y comercios de alta circulación. Más de 120 personas participaron en el operativo, dedicadas a fiscalizar no solo alimentos, sino también prácticas comerciales relacionadas con la contratación de servicios, etiquetado y promociones.

Dentro de la vigilancia, la institución atendió también denuncias sobre diferencias de precios al pagar con tarjeta, detectando cuatro casos de sobrecargos indebidos. Se identificaron cinco incumplimientos en materia de promociones y ofertas no claras, principalmente en la zona central y oriental.

La Defensoría estableció puntos de atención temporales en los principales atractivos turísticos, donde recibió consultas y denuncias directas de la ciudadanía. “Aunque usted se retire de nuestro país, su caso continúa siendo atendido. Le mantendremos informado para brindarle una atención oportuna”, explicó Salazar en la entrevista.

El proceso de sanción: de la detección a la ejecución

Las multas impuestas responden a infracciones tipificadas por la Ley de Protección al Consumidor como leves, graves o muy graves. En el caso de los alimentos vencidos o cobros indebidos, la sanción puede alcanzar hasta 500 salarios mínimos. La falta de información sobre promociones y precios visibles se castiga con multas de hasta 200 salarios mínimos.

El procedimiento sancionatorio inicia con la presentación del acta de inspección ante el tribunal de la Defensoría, donde el proveedor tiene derecho a defensa y a presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia si lo considera conveniente.

Según Salazar, “alrededor de dos terceras partes de todas las multas que estamos imponiendo son pagadas por parte de los proveedores”. El resto pasa a instancias judiciales para su cobro, a través de gestiones de la Fiscalía General de la República.

La reincidencia en infracciones puede elevar la cuantía de la multa y activar la intervención de otras entidades del Estado en materia de permisos de funcionamiento y medidas higiénicas.

Un conflicto por la custodia y visitas de una mascota en el condado de San Diego derivó en una advertencia judicial sobre los riesgos de confiar en la inteligencia artificial (IA, sistemas algorítmicos generativos aplicados al procesamiento de documentos legales) para fundamentar decisiones legales.

Tras un proceso de apelación, la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito emitió una nota al pie una semana después de la decisión unánime publicada el 5 de marzo, alertando sobre la multiplicación de casos en los que aparecen citas jurídicas inexistentes, generadas como alucinaciones por herramientas de IA, y donde ni el juez ni los abogados percibieron el error en la fase inicial del litigio, lo que revela la magnitud de los desafíos ante el avance de estos sistemas, según informó el medio The San Diego Union-Tribune.

La corte puntualizó: “Como ilustra este caso, es igualmente importante que los funcionarios judiciales y el personal de los tribunales que no utilizan IA generativa verifiquen las citas contenidas en las órdenes propuestas por los abogados”, según recogió el medio The San Diego Union-Tribune.

La controversia entre la propietaria del perro Kyra y su expareja llevó a que la jueza se inclinara por la mujer, basando parte de su fallo en dos precedentes jurídicos citados por la abogada Roxanne Chung Bonar.

Ya en el curso de la apelación, el abogado del exnovio, David Beavans, descubrió que ambos casos presentados como fundamento no existían o eran irrelevantes para la causa: uno era una referencia a un proceso penal ajeno a temas de custodia de animales, el otro correspondía a manutención entre cónyuges y no abordaba bienestar emocional ni estabilidad, conceptos centrales en el litigio.

Según la opinión del tribunal, “no hay dificultad en concluir que es un abuso de discreción por parte de un tribunal basarse materialmente en autoridades ficticias para emitir una decisión u orden”. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió no revocar la resolución original, argumentando que los abogados debieron detectar el error antes y que el resultado podría haber sido idéntico incluso sin las citas falsas.

El uso creciente de inteligencia artificial en la justicia y sus peligros evidenciados

El número de incidentes en los que la IA introduce datos ficticios en documentos judiciales genera advertencias de las autoridades.

Según The San Diego Union-Tribune, este fenómeno es objeto de seguimiento por organizaciones y ya provocó que la Barra Estatal de California, el colegio profesional de abogados del estado, impusiera su primera sanción disciplinaria a un abogado implicado por el uso indebido de IA.

El año pasado, el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, interrogó a jueces federales sobre la aparición de estos errores en sus órdenes. Ambos magistrados informaron que sus equipos habían recurrido a IA generativa durante la redacción de resoluciones.

El mes pasado, la empresa Learned Hand anunció el suministro de su tecnología de IA a un grupo selecto de jueces del Tribunal Superior de Los Ángeles, máxima instancia de justicia ordinaria en la región metropolitana, para labores de análisis, investigación y síntesis de información. Un estudio reciente de la Universidad Northwestern reveló que el 60% de los jueces federales encuestados utiliza al menos una herramienta de IA en su trabajo.

La profesora de Derecho de la Universidad de San Diego Judith Lihosit, experta en investigación jurídica y tecnologías de IA, comentó a The San Diego Union-Tribune que la sentencia intentó establecer un equilibrio al subrayar la responsabilidad de los juzgados y de quienes presentan los expedientes.

Lihosit afirmó: “Es responsabilidad del tribunal verificar y comprobar todas estas cosas. Al añadir esa nota, la corte quiso dejar en claro que los jueces deben comprobar no solo su propio uso de IA, sino validar cualquier material presentado ante ellos”.

Sanciones y reconocimiento de fallas en el proceso

Durante la apelación, Bonar defendió la legitimidad de los precedentes citados, aunque luego admitió que recurrió a recursos en línea y herramientas de IA por no disponer de una suscripción de pago a servicios convencionales de investigación legal.

Además, mencionó que recibió el nombre de un supuesto caso a través de un artículo difundido en Reddit. La corte resolvió imponerle una sanción de USD 5.000, señalando que persistió en su error cuando fue confrontada.

En sus declaraciones recogidas por The San Diego Union-Tribune, Beavans sostuvo: “Nunca antes hemos visto casos inventados desde cero” por IA, y advirtió que la habilidad de estas herramientas para fabricar argumentos persuasivos puede engañar incluso a profesionales experimentados.

Limitaciones humanas y tecnológicas en la verificación judicial

Funcionarios del Tribunal Superior de San Diego declararon al medio que tanto abogados como litigantes tienen “una obligación clara y afirmativa” de asegurar la veracidad de sus escritos.

Aun así, admitieron que los tribunales mantienen una “responsabilidad real y continua” para revisar la documentación presentada y tomar medidas razonables que garanticen su exactitud. Reconocen que, en la práctica, dada la enorme cantidad de expedientes diarios, frecuentemente dependen de la corrección de los materiales remitidos por las partes.

El tribunal señaló: “Mientras que la revisión del tribunal es una capa importante de protección y disponemos de herramientas manuales para comprobar citas, por necesidad, salvo advertencia o impugnación, el órgano suele confiar en la exactitud de los materiales presentados”.

Los juzgados californianos exploran herramientas tecnológicas para prevenir este tipo de problemas, aunque el factor costo constituye una limitación considerable. Como subrayó la corte, “ningún sistema —humano o tecnológico— es infalible”.

El gobierno de Huixquilucan lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua durante las celebraciones de Semana Santa, especialmente en el tradicional Sábado de Gloria.

El desperdicio de este recurso podría derivar en sanciones económicas de más de 4 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en el Bando Municipal 2026.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, exhortó a la población a evitar prácticas que impliquen el uso indebido del agua, como mojarse en la vía pública o desperdiciarla en juegos, ya que estas acciones no solo afectan el suministro del líquido, sino que también contribuyen a agravar los efectos de la temporada de estiaje que impacta al Valle de México.

“Es fundamental que todos asumamos la responsabilidad de cuidar el agua. Nuestro objetivo es garantizar que llegue de manera equitativa a todas las zonas de Huixquilucan, ya sean tradicionales, populares o residenciales. Se trata de un recurso vital para nuestras actividades diarias y debemos ser solidarios en su uso”, destacó la alcaldesa.

¿Cuánto es la multa por desperdiciar agua?

De acuerdo con el Artículo 196, fracción XI del Bando Municipal de Huixquilucan 2026, las personas que sean sorprendidas desperdiciando agua de forma ostensible podrán recibir sanciones que van de 20 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en multas económicas que pueden superar los 4 mil 600 pesos. Además, se contempla arresto de 12 a 18 horas o la conmutación de la sanción por trabajo comunitario de seis a 12 horas.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se intensificarán los operativos de vigilancia en todo el municipio. Elementos de seguridad realizarán rondines permanentes las 24 horas del día con el objetivo de prevenir el desperdicio del agua y garantizar el cumplimiento de la normativa.

El funcionario detalló que, en caso de detectar a personas haciendo mal uso del recurso, estas serán remitidas ante el juez calificador correspondiente, quien determinará la sanción aplicable conforme a la ley vigente.

Recomendaciiones para el cuidado del agua

Asimismo, el gobierno municipal emitió una serie de recomendaciones para fomentar el ahorro de agua en los hogares durante esta temporada.

Entre ellas destacan:

1. Tomar duchas cortas
2. Cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo o se cepillan los dientes
3. Utilizar cubetas en lugar de mangueras para lavar autos o patios
4. Reutilizar el agua de la lavadora para limpieza
5. Evitar regar jardines durante las horas de mayor calor

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por Aguas de Huixquilucan, que recientemente puso en marcha la campaña #estaesnuestracultura, la cual busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de adoptar hábitos responsables en el consumo del agua.

El llamado de las autoridades cobra mayor relevancia ante las condiciones de sequía que afectan diversas regiones del país, donde el cuidado del agua se ha convertido en una prioridad para garantizar el bienestar de la población.

En el marco de las celebraciones de la Semana Santa, autoridades de la Ciudad de México han reforzado las medidas para evitar el desperdicio de agua, especialmente durante el tradicional Sábado de Gloria, una fecha en la que históricamente se acostumbra arrojar agua en calles y espacios públicos.

Sin embargo, debido a la crisis hídrica que enfrenta la capital en los últimos años, esta práctica ha sido considerada como un uso irresponsable del recurso. Por ello, tanto la Ley de Aguas de la Ciudad de México como la Ley de Cultura Cívica establecen sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en este tipo de conductas.

De acuerdo con la normativa vigente, desperdiciar agua, ya sea en la vía pública o dentro del ámbito doméstico, constituye una falta administrativa. Esto incluye acciones como mojar a otras personas, utilizar mangueras sin control o arrojar cubetas de agua sin justificación.

En el caso de los hogares, las multas oscilan entre las 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, esto equivale aproximadamente a montos que van de 11 mil 731 a 35 mil 193 pesos. Estas sanciones aplican a usuarios domésticos que hagan un uso indebido del agua, incluso dentro de sus viviendas si el desperdicio es evidente.

Por otro lado, las sanciones son considerablemente más altas para establecimientos comerciales, oficinas o empresas. En estos casos, las multas van de mil a 3 mil UMAs, lo que representa cantidades que pueden alcanzar entre 117 mil 310 y hasta 351 mil 930 pesos. Las autoridades justifican estas cifras debido al impacto que el desperdicio a gran escala puede tener en el suministro del recurso.

Además de las sanciones económicas, la Ley de Cultura Cívica contempla otras medidas. El artículo correspondiente señala que desperdiciar agua puede derivar en arrestos administrativos de entre 20 y 36 horas, así como en la obligación de realizar trabajo comunitario de 10 a 18 horas. Estas disposiciones buscan generar conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

Las autoridades capitalinas han hecho un llamado a la población para evitar estas prácticas durante el Sábado de Gloria y en cualquier otro momento del año. También han exhortado a los ciudadanos a denunciar el desperdicio de agua, con el fin de proteger este recurso vital.

Aunque mojarse en estas fechas es una tradición arraigada, el contexto actual de escasez obliga a replantear estas costumbres. El objetivo principal de las sanciones no es solo castigar, sino fomentar una cultura de uso responsable del agua en la ciudad.

En conclusión, participar en actividades que impliquen el desperdicio de agua durante Semana Santa en la Ciudad de México puede resultar costoso, tanto en términos económicos como legales. Por ello, es importante que la ciudadanía esté informada y opte por celebrar de manera responsable.

El Buzón Tributario es una herramienta digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que funciona como un canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de este sistema, el SAT envía notificaciones, requerimientos, avisos importantes e incluso mensajes relacionados con devoluciones o auditorías.

Activarlo no es opcional: es un requisito fiscal vigente en México. De hecho, no habilitarlo o no mantener actualizados tus medios de contacto puede salir caro, con multas que superan los 10 mil pesos.

¿Por qué el Buzón Tributario es obligatorio?

El SAT establece la obligatoriedad del Buzón Tributario para garantizar que los contribuyentes estén enterados de cualquier acto administrativo o fiscal en tiempo real. Esto incluye desde simples recordatorios hasta notificaciones formales con efectos legales.

Si la autoridad intenta notificarte y no tienes el buzón activo o actualizado, puedes enfrentar consecuencias importantes:

• Multas económicas que pueden rebasar los 10 mil pesos
• Ser considerado como “no localizado” ante el SAT
• Cancelación de tus sellos digitales, lo que te impediría emitir facturas

Este último punto es especialmente grave para personas físicas con actividad empresarial o empresas, ya que prácticamente detiene su operación fiscal.

Beneficios de habilitar el Buzón Tributario

Activar el Buzón Tributario no solo evita sanciones, también ofrece ventajas prácticas para los contribuyentes:

• Recibes notificaciones oficiales de forma inmediata
• Puedes dar seguimiento a trámites fiscales sin acudir a oficinas
• Facilita la comunicación directa con el SAT
• Permite estar al tanto de devoluciones, avisos y obligaciones pendientes
• Reduce el riesgo de perder plazos importantes

En pocas palabras, es una herramienta que simplifica el cumplimiento fiscal y te mantiene informado.

¿Cómo evito la multa?

Para evitar sanciones, es fundamental habilitar y mantener actualizado tu Buzón Tributario. El proceso es sencillo y se realiza en línea:

1. Ingresa al portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma
2. Accede a la sección de Buzón Tributario
3. Registra al menos un correo electrónico y un número de celular
4. Confirma los medios de contacto mediante los códigos que recibirás

El SAT recomienda verificar periódicamente que tus datos sigan vigentes, ya que cualquier cambio sin actualizar podría dejarte fuera de notificaciones importantes.

No ignores los correos o avisos relacionados con este tema. Mantener activo tu Buzón Tributario no solo es una obligación, sino una forma de evitar problemas fiscales que podrían afectar directamente tu bolsillo y tu actividad económica.

Viajar por las rutas argentinas durante el fin de semana extra largo de Semana Santa requiere que los conductores cumplan una serie de requisitos formales para poder circular sin inconvenientes. La normativa vigente, establecida en la Ley Nacional de Tránsito, determina qué documentación es indispensable exhibir ante cualquier control vehicular, especialmente en épocas de mayor tránsito. Si bien en los últimos años se implementaron alternativas digitales para facilitar el acceso y la presentación de los papeles, las obligaciones básicas no han cambiado y siguen plenamente vigentes.

No portar la documentación obligatoria puede generar sanciones económicas, la retención de documentos y, en situaciones más graves, la interrupción del viaje hasta que la situación se regularice. Por ese motivo, antes de salir, conviene revisar que todos los papeles estén en regla y disponibles para ser mostrados ante una inspección.

La documentación obligatoria

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el primer requisito, y debe estar actualizado y en formato físico, ya que en la mayor parte de los controles no se acepta únicamente la versión digital. El DNI acredita tanto la identidad como el domicilio del conductor. Su ausencia puede derivar en una multa o incluso en la retención del vehículo o de la licencia de conducir, según la falta.

Junto al DNI, es obligatorio portar la Licencia Nacional de Conducir habilitante. En este caso, la versión digital disponible en la aplicación oficial del Gobierno tiene la misma validez que la física, siempre que esté vigente y visible correctamente. Es importante que la licencia haya sido emitida en la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor; de lo contrario, las autoridades pueden considerar la habilitación inválida y sancionar la infracción.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula verde es el documento principal y debe estar al día. Aunque en algunas provincias se admite la versión digital, muchas aún exigen el formato impreso, por lo que es recomendable viajar con ambas opciones. Si quien conduce no es el titular, y este no está presente, es imprescindible contar con una autorización de manejo, que puede tramitarse digitalmente. El titular puede habilitar o revocar esta autorización cuando lo considere necesario.

El seguro automotor vigente es otro requisito esencial. La póliza debe demostrar cobertura ante siniestros o daños a terceros y su vigencia debe poder comprobarse en cualquier control. Si bien en la mayoría de los casos se acepta la versión digital, llevar impresa la constancia de pago puede evitar complicaciones en lugares con baja conectividad o en provincias donde los controles son más estrictos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es el certificado que acredita que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular. Este documento debe estar en el vehículo y la correspondiente oblea debe estar adherida al parabrisas. Circular con la verificación vencida puede dar lugar a multas o incluso impedir que el auto continúe su trayecto, dependiendo de la jurisdicción.

Aunque el comprobante de pago de la patente automotor no es obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en los controles, por lo que llevarlo puede evitar demoras y complicaciones innecesarias. Además, es fundamental que las chapas patente estén bien colocadas, legibles y en su lugar original. Circular con placas provisorias vencidas o deterioradas también constituye una infracción.

Elementos y documentación

Más allá de lo mecánico, se debe verificar que en el auto esté el kit completo de emergencia obligatorio:

• matafuegos de 1 kg con su carga vigente
• dos balizas triangulares
• un chaleco reflectivo
• elementos para cambiar un neumático: un gato hidráulico y una llave para retirar los bulones.

En caso de tener tuercas de seguridad, también el adaptador que permite extraer el neumático en esa condición.

La documentación exigible que puede solicitar cualquier control de las autoridades en la ruta y que no solo implica multas en caso de no tenerlos sino incluso impedir que se continúe el viaje.

• licencia de conducir al día
• cédula de identidad del vehículo
• autorización de manejo para casos de conductores que no son los titulares del auto (en MiArgentina se gestiona en pocos minutos)
• seguro automotor vigente
• VTV o RTO vigente
• último recibo de patente también al día

Consideraciones a tener en cuenta

Cada provincia puede sumar requisitos propios o pedir documentación adicional, por lo que siempre es útil consultar la normativa local antes de emprender un viaje. En los períodos de mayor circulación, como las vacaciones de verano o fines de semana largos, los controles se intensifican, verificando no solo la documentación sino también el estado general del vehículo.

Las consecuencias por no cumplir con estos requisitos pueden ser diversas: desde multas económicas hasta la retención de documentos o la imposibilidad de seguir viaje hasta resolver la falta. Por eso, revisar toda la documentación y llevar tanto versiones digitales como físicas, cuando sea posible, es la mejor forma de evitar contratiempos y asegurar un viaje tranquilo por las rutas argentinas.

El Gobierno del Estado de México anunció una prórroga para el pago del refrendo vehicular 2026, lo que permitirá a miles de automovilistas acceder al subsidio de la tenencia y evitar el pago total del impuesto.

La nueva fecha límite se fijó para el 6 de abril de 2026, unos días después del plazo tradicional que vencía el 31 de marzo.

La medida busca dar mayor margen a los contribuyentes que no alcanzaron a cumplir en tiempo, así como incentivar la regularización vehicular en la entidad.

Autoridades estatales reiteraron que el beneficio aplica únicamente para quienes cumplan con todos los requisitos establecidos.

Requisitos para obtener el subsidio

Con esta ampliación, los propietarios de vehículos podrán pagar únicamente el refrendo y acceder al subsidio del 100% en la tenencia, siempre que cumplan con las condiciones vigentes.

El refrendo vehicular en 2026 mantiene un costo aproximado de 865 pesos, aunque puede variar según el tipo de vehículo.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben cumplir con lo siguiente:

• Estar al corriente en pagos de tenencia de años anteriores
• Contar con tarjeta de circulación vigente
• El valor del vehículo no debe exceder el límite establecido por el programa
• Realizar el pago antes del 6 de abril de 2026

¿Qué pasa si no pagas antes de la fecha límite?

Quienes no aprovechen la prórroga perderán el subsidio y deberán cubrir el costo total de la tenencia, lo que representa un gasto mucho mayor.

Además, pueden enfrentar otras consecuencias:

• Recargos y actualizaciones en el adeudo
• Multas por falta de pago
• Dificultades para realizar trámites como verificación o cambio de propietario

El pago puntual evita sanciones y mantiene en regla la documentación del vehículo.

¿Cómo pagar el refrendo en Edomex?

El trámite se puede realizar de forma sencilla tanto en línea como de manera presencial.

Opciones de pago disponibles

• En línea a través del portal oficial del gobierno estatal
• En bancos autorizados
• En tiendas de autoservicio y conveniencia
• En módulos de atención al contribuyente

Para pagar en línea, solo se necesita la placa del vehículo y una tarjeta bancaria, primero debes entrar a https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/A06E1A88B8A6ED4B#/

El subsidio a la tenencia representa un apoyo importante para la economía familiar. Además, el cumplimiento del pago garantiza tranquilidad jurídica para los automovilistas.

Entre los principales beneficios destacan:

• Ahorro significativo al evitar el pago completo de la tenencia
• Vehículo en regla ante autoridades estatales
• Facilidad para realizar trámites vehiculares
• Evitar sanciones y recargos

Llamado a contribuyentes

Las autoridades exhortaron a la población a no dejar el trámite para el último momento, ya que la demanda en plataformas y centros de pago puede aumentar conforme se acerca la fecha límite.

El gobierno del Edomex subrayó que esta prórroga representa una oportunidad adicional para regularizar la situación fiscal vehicular sin afectar la economía de las familias.

La prórroga para el pago del refrendo vehicular en el Estado de México amplía el plazo hasta el 6 de abril de 2026, lo que permite conservar el subsidio del 100% en la tenencia. Cumplir con este trámite a tiempo evita gastos mayores y mantiene en regla la situación del vehículo.

Los automovilistas aún tienen oportunidad de aprovechar este beneficio, pero el tiempo es limitado.

Los propietarios de vehículos en la capital del país tienen este martes como fecha límite para aprovechar el subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular, un beneficio fiscal que permite a miles de automovilistas pagar únicamente el refrendo y evitar cargos adicionales.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, quienes no realicen el pago hoy perderán automáticamente el descuento y deberán cubrir el monto total de la tenencia, lo que puede representar un gasto significativamente mayor.

El costo del refrendo vehicular en 2026 es de aproximadamente 760 pesos, monto que deben cubrir los contribuyentes para acceder al subsidio. Este beneficio aplica únicamente para automóviles cuyo valor no exceda los 638 mil pesos (IVA incluido) y motocicletas con un valor máximo de 250 mil pesos.

Además, como parte de las facilidades de pago, el gobierno capitalino mantiene opciones de meses sin intereses para quienes decidan realizar el trámite con tarjetas de crédito, lo que busca incentivar el cumplimiento puntual de esta obligación fiscal.

¿Habrá prórroga para el pago de la tenencia en la CDMX?

Las autoridades han reiterado que este 31 de marzo es la fecha definitiva para obtener el subsidio, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar contratiempos y realizar el pago a la brevedad.

El cumplimiento de esta obligación no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza que los vehículos puedan circular sin restricciones y cumplir con otros trámites indispensables.

En este contexto, los automovilistas deben considerar que el retraso en el pago puede implicar un impacto directo en su economía, además de complicaciones administrativas que podrían afectar su movilidad diaria.

¿Dónde pagar la tenencia en CDMX?

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera presencial en diversos puntos habilitados en toda la ciudad, entre los que destacan:

• Instituciones financieras
• Tiendas de autoservicio y departamentales
• Farmacias
• Tiendas de conveniencia
• Oficinas de servicio (martes de 09:00 a 21:00 horas)
• Kioscos de la Tesorería (martes 09:00 a 20:00 horas)
• Tesomóvil (con ubicación itinerante)

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento del pago en el último día, especialmente para quienes no pudieron realizar el trámite en línea o prefieren hacerlo de manera presencial.

Consecuencias de no pagar la tenencia

No cumplir con el pago del refrendo y la tenencia puede generar diversas complicaciones para los automovilistas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

• Imposibilidad de verificar el vehículo
• Restricciones para cambiar placas
• Dificultad para liberar el automóvil en caso de ser enviado al corralón

Asimismo, circular con placas vencidas o sin placas puede derivar en sanciones económicas. Para 2026, la multa por esta infracción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Considerando que el valor de la UMA este año es de 117.31 pesos, la sanción económica puede oscilar entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la falta cometida.

Con múltiples opciones de pago disponibles y facilidades como meses sin intereses, las autoridades capitalinas buscan que ningún contribuyente se quede sin cumplir con este trámite clave antes de que concluya el plazo.

Los propietarios de vehículos en el Edomex tienen que aprovechar los subsidios y facilidades que ofrece el gobierno estatal para regularizar el pago de la tenencia vehicular.

Se trata de una oportunidad clave para evitar cargos adicionales, quienes no hayan cumplido con este trámite deberán pagar el monto total del impuesto, además del refrendo correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el subsidio del 100% en la tenencia es uno de los principales beneficios fiscales disponibles durante el primer trimestre del año, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos establecidos y realicen el pago en tiempo y forma.

El programa busca incentivar la regularización vehicular, reducir la cartera vencida y apoyar la economía familiar de millones de automovilistas mexiquenses. Sin embargo, el plazo está por concluir, por lo que autoridades exhortan a no dejar el trámite para el último momento.

¿Cómo obtener el subsidio del 100% en la tenencia?

Para acceder a este beneficio, los propietarios de vehículos deben realizar el pago del refrendo vehicular antes de la nueva prórroga que se dio, que es el 6 de abril a través del Portal de Servicios al Contribuyente, o bien, acudir directamente a los centros autorizados.

El trámite puede efectuarse en línea mediante el sitio oficial del gobierno del Edomex que es: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales y Módulos Integrales de Recaudación distribuidos en la entidad.

Además, la dependencia estatal destacó que cuenta con personal capacitado para brindar orientación durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar una atención clara, transparente y segura.

Canales de atención y asesoría

Para resolver dudas o recibir acompañamiento durante el trámite, los contribuyentes pueden comunicarse a los números telefónicos habilitados por la autoridad:

• 800 696 96 96
• 800 715 43 50

También se encuentra disponible el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, donde se brinda atención personalizada.

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal y evitar contratiempos, especialmente en los últimos días del plazo, cuando suele incrementarse la demanda.

Si los propietarios de vehículos no realizan el pago antes de la fecha límite, perderán automáticamente el subsidio del 100% en la tenencia. Esto implicará un gasto mayor, ya que deberán cubrir tanto el refrendo como el costo total del impuesto, además de posibles recargos y actualizaciones.

El incumplimiento también puede generar restricciones en trámites vehiculares futuros, como verificaciones, cambios de propietario o bajas administrativas.

Importancia de cumplir con la obligación fiscal

El pago de la tenencia vehicular es una contribución que permite financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales en el Estado de México. Por ello, autoridades insisten en la importancia de cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

A pocas horas de que concluya el programa de subsidios, la recomendación es clara: realizar el trámite cuanto antes para evitar filas, saturación en el sistema o contratiempos técnicos.

El representante estadounidense ante la Unión Europea, Andrew Puzder, señaló que la continuidad de las sanciones y el incremento del nivel regulatorio por parte de los gobiernos europeos podría perjudicar la capacidad del continente para mantenerse a la vanguardia en la economía digital basada en inteligencia artificial. De acuerdo con lo publicado por CNBC, Puzder manifestó que la posibilidad de que Europa acceda, construya y mantenga una infraestructura tecnológica de alto nivel depende, en gran parte, de la colaboración con empresas estadounidenses, especialmente en la provisión de centros de datos y hardware especializado.

Según informó la cadena CNBC, el embajador estadounidense hizo un llamado directo a las autoridades europeas para que reconsideren la política de aplicación de multas y el endurecimiento de las regulaciones sobre las grandes compañías tecnológicas, sugiriendo que estas medidas podrían ahuyentar la inversión extranjera y dificultar el desarrollo del sector de inteligencia artificial en la región. Puzder afirmó que, ante la emergencia de una economía impulsada por la inteligencia artificial, resulta fundamental que la Unión Europea no restrinja el acceso a servicios e infraestructura de empresas estadounidenses por medio de sanciones y normativas restrictivas.

Durante su intervención, Puzder argumentó que la construcción de centros de datos y el acceso a datos e infraestructura de hardware estadounidense representan elementos esenciales para que Europa pueda insertarse de manera competitiva en la economía de inteligencia artificial. El embajador sostuvo que, si la Unión Europea aspira a tener un papel relevante en esta nueva etapa tecnológica global, resulta indispensable evitar un entorno regulatorio adverso que podría derivar en que las compañías tecnológicas decidan retirarse o limitar sus operaciones en el continente.

De acuerdo con CNBC, el embajador enfatizó: "Si la Unión Europea va a participar en la economía de la IA va a necesitar centros de datos, datos y acceso a la infraestructura de hardware de IA de Estados Unidos, y no se puede regular en exceso, cambiar las reglas del juego y multar a las empresas con enormes sumas de dinero". Estas declaraciones se dan en un contexto en el que la Unión Europea ha intensificado la vigilancia y sanción a grandes empresas del sector digital por infracciones a las normativas comunitarias.

En el actual marco regulatorio europeo, varias compañías estadounidenses han enfrentado multas significativas. Según reportó CNBC, la Comisión Europea impuso una sanción de 120 millones de euros a la red social X, de Elon Musk, por no cumplir con la Ley de Servicios Digitales. Además, empresas como Meta y Apple recibieron multas de 200 millones y 500 millones de euros, respectivamente, vinculadas a incumplimientos de la Ley de Mercados Digitales.

Puzder instó a un análisis detallado por parte de los dirigentes europeos sobre las consecuencias de sus políticas regulatorias. En sus declaraciones, el representante estadounidense indicó que resulta fundamental que tanto las autoridades europeas como las empresas tecnológicas consideren sus estrategias de cara al futuro de sus actividades en la Unión Europea.

Según reportó CNBC, la postura del embajador de Estados Unidos subraya la preocupación estadounidense acerca de la posibilidad de que la aplicación continua de sanciones y regulaciones estrictas lleve a una desventaja competitiva para Europa en el desarrollo de inteligencia artificial. En la misma línea, Puzder puntualizó que excluir a las compañías tecnológicas estadounidenses del mercado europeo afectaría negativamente las capacidades tecnológicas del continente y el acceso a recursos clave para impulsar la IA.

En contraste, las autoridades europeas han expresado que pretenden salvaguardar los derechos de los consumidores y asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con los estándares legislativos comunitarios. CNBC recordó que Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, reiteró en declaraciones previas que podrían imponerse nuevas multas a las empresas que no acaten la regulación europea vigente.

El debate sobre el equilibrio entre un entorno regulatorio exigente y la necesidad de incentivar la inversión en innovación tecnológica continúa vigente. Según publicó CNBC, la preocupación por no quedar retrasados en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial ha motivado al representante estadounidense a advertir que la política de multas excesivas y sobre-regulación podría poner en riesgo la oportunidad de Europa de desempeñar un papel relevante en esta nueva economía.

Las plataformas de venta ‘online’ como Shein y Temu estarán obligadas a garantizar que los productos que comercializan en la Unión Europea cumplen con la normativa comunitaria, según el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo para reformar la política aduanera común. El nuevo régimen, que pretende reforzar las obligaciones de responsabilidad de estos gigantes del comercio digital sobre los consumidores, prevé multas para quienes reincidan en incumplimientos.

La reforma tiene como objetivo simplificar los trámites en las aduanas, pero también endurecer la vigilancia sobre las operaciones de plataformas extranjeras en el mercado común. Entre las medidas, se destaca la creación de una plataforma central de gestión de datos y una coordinación reforzada liderada por la Autoridad Aduanera europea (EUCA), cuya sede estará en Lille, Francia.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, calificó el pacto como un “paso transformador hacia un sistema más unificado y moderno”. La propuesta, pendiente aún de la aprobación formal de los Estados miembro y la Eurocámara, busca adaptar la regulación europea a la realidad del comercio electrónico y fortalecer la protección de los consumidores.

El centro europeo de datos aduaneros comenzará a operar para el comercio en línea en 2028 y estar plenamente funcional para todas las empresas en 2031. El objetivo es que, para 2034, este centro se convierta en el único punto de entrada aduanero de la Unión, lo que permitirá simplificar los trámites y reducir costes tanto para las autoridades de control como para las propias compañías.

Tasas aduaneras para paquetes pequeños

Como parte de la transición, la UE ya había adelantado que aplicará desde julio un arancel de 3 euros a cada paquete de bajo valor, es decir, aquellos que cuesten menos de 150 euros. Además, antes de noviembre de 2026, sumará una tasa de gestión destinada a compensar la sobrecarga que supone el auge de las compras ‘online’. Este recargo tendrá que ser asumido por las plataformas o los operadores responsables del paquete, nunca por el consumidor final, y su cuantía será fijada y revisada por la Comisión Europea teniendo en cuenta los costes administrativos y de control.

Las plataformas de venta digital como Shein, Temu y Amazon quedarán sujetas a nuevas obligaciones bajo este marco. Deberán informar al centro aduanero de datos sobre cada transacción en cuanto se realice, permitiendo así que las autoridades actúen incluso antes de que los productos lleguen a la frontera comunitaria. Además, estas empresas tendrán la responsabilidad de garantizar que los artículos cumplen con toda la legislación europea, tanto fiscal como de seguridad. Las plataformas que no respeten de forma reiterada la normativa podrán enfrentarse a multas de entre el 1% y el 6% del valor total de sus importaciones en los 12 meses previos. También podrán perder el estatus de operador de confianza y pasar a ser catalogadas como operadores de alto riesgo, lo que implica mayores controles y restricciones.

“El fin de la impunidad” para las empresas infractoras

La Comisión Europea estima que, solo en 2025 entraron al mercado común 5.900 millones de productos de bajo valor, de los cuales el 90% procedía de China. Esta avalancha de paquetes ha puesto a prueba los sistemas de control y ha elevado el riesgo de que productos peligrosos o ilegales lleguen a los consumidores europeos.

Por primera vez, las plataformas deberán estar establecidas en la Unión Europea o representadas por entidades con sede en el bloque, lo que busca impedir el uso de empresas fantasma para eludir la responsabilidad legal. La Organización Europea de Consumidores ha celebrado la reforma, señalando que representa “el fin de la impunidad” para quienes ignoraban las normas de seguridad y competencia en la región.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha profundizado su apuesta por la fiscalización digital del tránsito con el despliegue de Lima Reporta, una aplicación que permite a inspectores municipales capturar y enviar en tiempo real pruebas audiovisuales de infracciones, facilitando así la imposición de multas a conductores en la capital.

Según El Comercio, la activación de Lima Reporta ha generado tanto el reconocimiento de su capacidad para detectar infracciones como cuestionamientos sobre la señalización de las zonas fiscalizadas y la recepción oportuna de las notificaciones.

El caso de San Miguel, donde la municipalidad suspendió temporalmente el uso de la app tras numerosas quejas, puso en primer plano las diversas posiciones que acompañan la implementación de este sistema. La gestión local aclaró que su prioridad está en la legalidad y la protección de la economía familiar, no en un fin recaudatorio.

¿Cómo funciona Lima Repora?

De acuerdo con la información oficial de la MML, los inspectores utilizan la aplicación para grabar videos cortos y tomar fotografías que documentan situaciones consideradas infracciones bajo el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Estas evidencias se suben a la plataforma digital, donde técnicos de la Gerencia de Movilidad Urbana validan y procesan los casos antes de que se notifique la sanción al conductor. Cada papeleta cuenta con un código QR que permite consultar el material probatorio.

Dicho medio informó que Lima Reporta comenzó a operar tras la firma de convenios entre la MML y 18 municipios distritales a partir de 2023. El aplicativo fue diseñado para intervenir en avenidas con alto flujo vehicular, como Javier Prado, Benavides, Arequipa y Abancay, donde la infracción de normas incide en la circulación y la seguridad vial.

Antes de la entrada en funcionamiento, los inspectores municipales reciben capacitación teórica y práctica. Se ejecuta una etapa de “marcha blanca” para probar la calidad de la evidencia recopilada. Solo tras aprobar este proceso, los funcionarios pueden registrar infracciones de manera oficial mediante la app. La MML enfatizó que el sistema requiere registrar la placa del vehículo, la conducta sancionada y el entorno, y que solo personal autorizado puede operar la herramienta tecnológica durante su jornada laboral y dentro de su jurisdicción.

La revisión y validación técnica de cada evidencia corresponde a la Gerencia de Movilidad Urbana, que sostiene que las sanciones aplicadas no constituyen nuevas infracciones ni se definen de manera discrecional, sino que se ajustan a normas ya vigentes en el RNT.

¿En qué distritos opera Lima Reporta?

La extensión territorial de Lima Reporta alcanza a Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac. Dicho medio explicó que la elección de los distritos responde a convenios interinstitucionales para reforzar la fiscalización y reducir conductas de riesgo en puntos críticos del tráfico limeño.

En el distrito de Surquillo, los inspectores comenzaron a utilizar la app luego de una campaña de sensibilización y una “marcha blanca” que introdujo a los conductores a las nuevas dinámicas de control. La aplicación opera plenamente en la zona, como parte del acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde el 15 de enero de 2026.

La MML ha señalado que la selección de vías y zonas se basa en criterios técnicos: volumen vehicular, seguridad y frecuencia de incidentes. El propósito es mejorar el ordenamiento y la seguridad vial.

Reclamos y cuestionamientos: ¿qué dicen los conductores?

Desde su despliegue, Lima Reporta enfrenta cuestionamientos provenientes de conductores y especialistas en tránsito. Muchos manifestaron a dicho medio que la señalización de las zonas fiscalizadas resulta insuficiente y que la notificación de sanciones no siempre se realiza de manera ágil. Esta insatisfacción llevó a que municipios como San Miguel y Magdalena instalen mesas técnicas e, incluso, suspendan temporalmente el registro de nuevas infracciones mediante la app.

El abogado Abel Balbín Ludeña advirtió que la fiscalización electrónica requiere que las zonas estén debidamente señalizadas y que las fotopapeletas sean notificadas por medios válidos, como la casilla electrónica, para no incurrir en arbitrariedades. Balbín Ludeña sostuvo: “Deben informar a los conductores que están siendo fiscalizados y notificar de manera válida al administrado a través de la casilla electrónica, ya que estarían haciendo actos arbitrarios y lo que estarían buscando sería recaudar antes que prevenir un accidente”.

Por su parte, el especialista Franklin Barreto indicó que la fiscalización del estacionamiento solo es válida si existe señal vertical y línea amarilla en la vía, tal como exige el Reglamento Nacional de Tránsito. Barreto puntualizó que la iniciativa podría ampliarse a otros distritos siempre que vaya acompañada de campañas de sensibilización sobre las normas. “Si un inspector municipal va a detectar una infracción por mal estacionamiento se requiere que la vía se encuentre con la señalización que determina el Reglamento Nacional de Tránsito”, sostuvo el experto.

Según cifras citadas por el medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, entidad recaudadora municipal, ha recibido 2.718 descargos de papeletas generadas por la plataforma, que continúan en proceso de evaluación. La MML subraya que toda la operación de Lima Reporta es supervisada y auditada por el órgano de Control Institucional de la Contraloría.

En Colombia no existe una multa específica por comer mientras se conduce un vehículo particular. Así lo establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) y su Manual de Infracciones, actualizado mediante la Resolución 3027 de 2010, que no contemplan de manera explícita sanciones por ingerir alimentos o bebidas no alcohólicas al volante.

El marco legal colombiano se rige por el principio de tipicidad en materia sancionatoria. Esto implica que una conducta solo puede ser sancionada si está descrita de forma expresa en la norma. En ese sentido, un comparendo impuesto exclusivamente por “ir comiendo mientras conduce” sería apelable, debido a que dicha infracción no figura en la lista oficial.

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Sin embargo, el hecho de que no exista una sanción directa no significa que la conducta esté exenta de consecuencias legales. El Código sí establece obligaciones claras sobre el comportamiento del conductor. El artículo 61 exige mantener el pleno dominio del vehículo en movimiento, lo que introduce un margen de interpretación frente a situaciones que comprometan la atención.

A diferencia de otras distracciones, como el uso del celular —prohibido expresamente en la infracción C.38 salvo con dispositivos manos libres—, la norma no menciona alimentos o bebidas. Este vacío ha generado confusión entre conductores, en especial por la circulación de contenidos internacionales en redes sociales donde sí se sanciona esta conducta.

En la práctica, las autoridades de tránsito no multan por el acto de comer, sino por las infracciones que puedan derivarse de esa distracción. Por ejemplo, si un conductor pierde el control del vehículo al manipular alimentos, puede ser sancionado por invadir carril, realizar maniobras peligrosas o no respetar la señalización.

Entre las conductas que sí generan comparendos está el incumplimiento de señales de tránsito. Pasarse un semáforo en rojo, tipificado como infracción D.04, puede implicar una multa cercana a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Este tipo de situaciones puede originarse por distracciones visuales momentáneas, como mirar un alimento o buscar una servilleta.

En caso de accidentes, la situación puede escalar. Si un conductor choca por falta de atención mientras comía, el hecho se convierte en un siniestro de tránsito donde su conducta puede ser considerada un agravante. Además, las aseguradoras analizan las causas del accidente y podrían negar la cobertura si se determina que hubo distracción.

La diferencia con otros países radica en la interpretación normativa. En lugares como España, las autoridades cuentan con herramientas legales más amplias para sancionar conductas que afecten la “libertad de movimientos” o el “campo de visión”. En Colombia, esa flexibilidad no existe, lo que limita la imposición directa de multas por este comportamiento.

No obstante, la situación cambia en el transporte público. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), en su artículo 146, establece que consumir alimentos dentro de sistemas de transporte masivo es una conducta contraria a la convivencia. Esto aplica tanto para pasajeros como en entornos como estaciones y buses, donde se puede imponer una multa tipo 1 y exigir el retiro del usuario.

Más allá del aspecto legal, entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial han advertido sobre los riesgos asociados a esta práctica. Comer mientras se conduce implica tres tipos de distracción simultánea visual, manual y cognitiva.

En términos visuales, apartar la mirada del camino por dos segundos a una velocidad de 60 kilómetros por hora equivale a recorrer más de 33 metros sin observar la vía. Desde el punto de vista manual, utilizar una mano para sostener alimentos reduce en un 50% la capacidad de reacción mecánica ante imprevistos. A nivel cognitivo, dividir la atención entre conducir y comer incrementa el tiempo de respuesta frente a situaciones de riesgo.

Aunque la ley no prohíbe de forma literal comer al volante, las autoridades insisten en que se trata de una conducta que puede derivar en sanciones indirectas y aumentar la probabilidad de accidentes. La recomendación general es evitar este hábito, planificar los tiempos de comida o detenerse en lugares autorizados antes de ingerir alimentos.

Desde ayer, comercios, restaurantes y supermercados en todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo por parte de sus clientes, según una nueva ley estatal diseñada para garantizar el acceso a bienes esenciales y evitar la exclusión de personas no bancarizadas.

La legislación, en vigor desde el sábado 21 de marzo, impide que los establecimientos nieguen la venta de productos o servicios a quienes opten por el efectivo y establece multas de hasta USD 1.000 a quienes incumplan la disposición, confirmaron Newsday y la fiscal general Letitia James en un comunicado de prensa.

La normativa prohíbe que los negocios impongan sobreprecios a quienes deciden pagar en efectivo y extiende la obligación de aceptación incluso a bares y restaurantes.

Los reincidentes enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción adicional, según la Office of the New York State Attorney General. Este marco legal se inspira en una medida similar de la ciudad de Nueva York desde 2020, pero ahora se aplica en todo el estado.

Los comercios tampoco pueden exigir que los consumidores usen solo tarjetas de crédito u otros métodos de pago electrónico. Además, tienen prohibido cobrar un monto adicional a quienes prefieran utilizar efectivo, informó NBC New York.

Un aspecto clave de la ley es la protección a los sectores con menor acceso a servicios bancarios, problema que se profundizó con la digitalización.

En palabras de la fiscal James en ABC7 New York: “Los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicio sin importar cómo elijan pagar. Los comercios no pueden negar el acceso a necesidades básicas como comida y ropa al rechazar efectivo o cobrar más por ese motivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo nuestro estado”.

Detalles, restricciones y excepciones de la normativa

La legislación presenta restricciones claras: los comercios pueden negar billetes de más de USD 20 y la obligación de aceptar efectivo se limita a transacciones presenciales, confirmaron Newsday y la oficina de la fiscal general.

Si los locales ofrecen conversión de efectivo a tarjetas prepagas, no pueden cobrar comisiones por ese servicio ni obligar al cliente a cargar en la tarjeta más de un dólar, precisó Newsday.

Las sanciones alcanzan los USD 1.000 en una primera infracción y suben a USD 1.500 para reincidentes, según lo previsto en el texto legal y reiterado por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.

Representantes del sector, como Dylan Jeon, director de relaciones gubernamentales de la National Retail Federation, explicaron a Newsday que la mayoría de los comercios minoristas ya están acostumbrados a las operaciones en efectivo, considerándolo generalmente el método de pago de menor costo para los negocios.

Advirtieron, sin embargo, que para algunas empresas, el manejo de grandes volúmenes de efectivo puede incrementar los riesgos de seguridad.

También existen factores técnicos con impacto inmediato: la reciente escasez nacional de centavos por el cese de su producción federal en noviembre pasado. El abogado Christopher Phillips explicó a Newsday que este escenario crea desafíos de redondeo en las operaciones. Los comercios deberán decidir si ajustan el total a la baja o al alza cuando no se pueda pagar el importe exacto en efectivo, lo cual podría afectar los márgenes de tiendas pequeñas muy dependientes de ventas en metálico.

“Protección ante la exclusión” y vías de denuncia para los consumidores

La ley responde a la búsqueda de “la equidad y la oportunidad” para quienes no tienen acceso a servicios financieros, según Phillips en Newsday.

Diversos especialistas señalan que el avance de los pagos digitales tras la pandemia había dejado a miles de consumidores fuera del sistema bancario tradicional.

Quienes detecten incumplimientos pueden denunciar a los comercios ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York mediante un formulario online o llamando al 800-771-7755, informó NBC New York.

El mal estacionamiento continúa como una de las principales conductas sancionadas en Costa Rica y generando impacto directo en la movilidad vial del país. Solo en el primer bimestre del 2026, un total de 5,057 conductores fueron multados por estacionar de forma indebida, una cifra que posiciona esta infracción como la segunda más sancionada en ese periodo.

De acuerdo con los datos disponibles, esta conducta se mantiene de forma constante entre las tres más castigadas año tras año, lo que evidencia no solo su frecuencia, sino también su incidencia en los problemas de tránsito que enfrentan a diario miles de conductores.

La multa por esta infracción asciende a ₡61.000, unos USD 120, pero más allá de la sanción económica, las autoridades insisten en que el estacionamiento indebido es uno de los factores que contribuyen directamente a los congestionamientos viales, especialmente en zonas urbanas de alta circulación.

“Aunque muchos conductores se quejan del congestionamiento vial, lo cierto es que este tipo de prácticas lo generan”, señalan desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), donde además se advierte que, en la mayoría de los casos, las infracciones no responden al desconocimiento de la normativa, sino a decisiones tomadas por conveniencia.

Este comportamiento, agregan, resulta igualmente reprochable independientemente de su causa, ya que afecta la fluidez del tránsito, limita la visibilidad en puntos críticos y pone en riesgo tanto a peatones como a otros conductores.

Entre las principales prohibiciones que establece la normativa se encuentra la restricción de estacionar a menos de cinco metros de una zona peatonal, donde la visibilidad es clave para prevenir atropellos. De igual forma, está prohibido detenerse a menos de cinco metros de un hidrante, una medida fundamental para garantizar el acceso rápido de los cuerpos de emergencia en caso de incendio.

Además, la legislación también establece que los vehículos no pueden estacionarse a menos de diez metros de una intersección en vías urbanas, ni a menos de cinco metros de rampas destinadas para personas con discapacidad. Estas disposiciones buscan no solo ordenar el tránsito, sino también garantizar la accesibilidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Pese a que estas reglas son ampliamente conocidas, su incumplimiento sigue siendo recurrente. En muchos casos, los conductores optan por estacionar en lugares prohibidos para ahorrar tiempo o evitar buscar espacios adecuados, sin considerar las consecuencias que esto genera en el entorno.

Especialistas en movilidad han advertido que el mal estacionamiento puede reducir la capacidad de las vías, provocar cuellos de botella y dificultar la circulación de vehículos de emergencia, lo que agrava aún más los problemas de tránsito en horas pico.

Asimismo, este tipo de conductas puede generar situaciones de riesgo en zonas sensibles, como pasos peatonales o áreas cercanas a centros educativos, donde la visibilidad reducida puede derivar en accidentes.

Las autoridades reiteran el llamado a respetar la normativa vigente y a tomar conciencia sobre el impacto colectivo de estas acciones. Insisten en que el cumplimiento de las reglas de estacionamiento no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye de manera directa a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida en las ciudades.

Mientras tanto, las cifras continúan reflejando un comportamiento que, lejos de disminuir, se mantiene como una constante en las carreteras del país, evidenciando la necesidad de reforzar tanto la fiscalización como la educación vial entre los conductores.

Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la entidad, detalló, durante una entrevista en el programa Contra el tráfico de Exitosa, los montos y condiciones de las sanciones para quienes incumplan con sus responsabilidades cívicas en la próxima jornada.

Quienes residen en distritos no pobres deberán abonar una multa de 110 soles; en distritos pobres no extremos, el monto es de 55 soles; y en distritos considerados pobres extremos, la multa asciende a 27.50 soles, según lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. Los miembros de mesa que no concurran serán sancionados con 275 soles, sin distinción por distrito.

Condiciones y montos de las multas

Durante la entrevista, Cledy Gutiérrez precisó que la clasificación socioeconómica utilizada para determinar el monto de las sanciones corresponde a categorías vigentes en la legislación electoral peruana.

Por ejemplo, los vecinos de barrios como La Molina o San Isidro, por encontrarse dentro de Lima Metropolitana y no estar clasificados como zonas pobres o pobres extremos, deberán pagar la multa más alta si no acuden a votar. En cambio, en distritos de pobreza moderada o extrema, las sanciones corresponden al 1 % y 0,5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), respectivamente.

La especialista explicó que para los miembros de mesa, la multa es única y asciende a 275 soles, independientemente del distrito de residencia. Esta sanción aplica tanto para titulares como suplentes que no se presenten a las 6 de la mañana, hora en la que deben llegar al local de votación para la instalación de mesas, prevista a las 7. Si un titular no se presenta a tiempo y un suplente asume su lugar, el titular pierde el derecho a conducir la mesa, pero conserva su derecho a votar y debe abonar la multa correspondiente.

Consecuencias por no pagar la multa electoral

Gutiérrez advirtió que las personas con multas pendientes enfrentarán restricciones para realizar trámites notariales, renovar el documento nacional de identidad (DNI) o efectuar gestiones públicas.

El sistema impide avanzar en cualquier procedimiento oficial hasta regularizar la deuda. Por tanto, la especialista recomendó cumplir con la obligación electoral o, en caso de sanción, efectuar el pago para evitar complicaciones futuras.

Incentivos para los miembros de mesa

El proceso electoral de este año introduce novedades respecto a los incentivos para quienes cumplen el rol de miembros de mesa. Aquellos que asumen la conducción de la mesa durante toda la jornada recibirán un pago de 165 soles, conforme a la normativa vigente.

Este incentivo se otorga únicamente a quienes, sean titulares o suplentes, permanezcan hasta el cierre del escrutinio. En situaciones excepcionales, si faltan titulares y suplentes, los electores que se encuentren en la fila pueden ser designados para conducir la mesa y también recibirán el incentivo económico.

Además, quienes hayan sido sorteados como miembros de mesa y asistan a la capacitación oficial recibirán un día de descanso compensatorio, beneficio que no aplica para los ciudadanos asumidos de la fila. La capacitación es obligatoria tanto para titulares como suplentes, ya que el proceso incluye una cédula de votación de gran tamaño y procedimientos complejos, especialmente durante el escrutinio.

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitieron este miércoles una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen tirzepatida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la alerta se refiere a productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, que se ofertan en presentaciones como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

La Cofepris advirtió que estos productos "carecen de registro sanitario para su distribución en territorio nacional", por lo que su venta es ilegal.

La tirzepatida es un medicamento inyectable semanal utilizado principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y para la pérdida de peso significativa en adultos con obesidad o sobrepeso.

La autoridad sanitaria explicó que la tirzepatida es un medicamento que debe utilizarse únicamente bajo prescripción médica, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, y advirtió que su uso sin supervisión especializada puede provocar afectaciones e incluso un fallo de órganos.

"Su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos", avisó.

Ante el riesgo, la Cofepris recomendó no adquirir ni utilizar estos productos y denunciar su posible comercialización irregular ante la autoridad sanitaria.

Asimismo, pidió a quienes los estén utilizando suspender de inmediato su consumo y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica.

En caso de presentar reacciones adversas, las personas pueden reportarlas a través del sistema de farmacovigilancia de Cofepris o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Las llamadas de las empresas telefónicas que operan en Panamá, Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. (Tigo), para aumentar las tarifas de los planes de telefonía celular, fueron respondidas de manera negativa por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

La entidad ordenó suspender desde este jueves y hasta segunda orden cualquier aumento que intenten aplicar estas empresas a los consumidores de los servicios de telefonía celular prepago y pospago implementados y vigentes durante el año en curso, mientras se define una posterior demanda en los tribunales competentes.

Muchas eran las quejas de los consumidores sobre los aumentos escalados, sin previo aviso, que venían aplicando ambas operadoras telefónicas.

La medida se tomó con base en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009, normas que permiten frenar acciones que puedan afectar la libre competencia, manifestó Abraham Abadi Balid, administrador general de la ACODECO.

“En caso de que se realice el cobro de dicha medida a partir de la fecha, se le advierte a la población que puede acudir a la ACODECO para presentar la denuncia y para que nosotros hagamos valer sus derechos”, agregó el funcionario.

La entidad ha habilitado una línea telefónica, así como correos electrónicos oficiales para que los consumidores que estimen que se continúa afectándolos puedan hacer cualquier reclamo.

De comprobarse la irregularidad, la misma representará una sanción por desacato para la empresa responsable, anunció la institución en un comunicado de prensa.

Se estima que en el país el 96% de los panameños tiene acceso a un teléfono celular, y hay aproximadamente 6.1 millones de líneas móviles activas, cifra que representa una penetración de 142.8% de la población.

Hace unos días la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) conminó a la ACODECO a iniciar una investigación exhaustiva de los aumentos recurrentes de precios de los planes que ofrecen las telefónicas a los panameños.

La ASEP asegura que se han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

Consultado sobre esta situación, el presidente José Raúl Mulino fue enfático al señalar en su habitual conversatorio de los jueves que “esas son empresas privadas, el Estado panameño no tiene nada que ver en fijación de precios para una cosa o para la otra”.

Diseñado bajo un esquema de libre competencia, en el mercado de telecomunicaciones panameño las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector, pero esto no les da carta abierta para aumentar precios de manera recurrente.

En inspecciones realizadas por la ASEP a ambas telefónicas se encuentran la falta de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como la necesidad de mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de solicitudes.

La entidad reguladora de los servicios públicos advirtió que, de persistir estas anomalías, se procederá con la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la ley.

Hasta altas horas de la noche ambas empresas no se habían pronunciado sobre la medida adoptada por la ACODECO.

Desde la salida de la telefónica Digicel en marzo de 2024, en Panamá operan las empresas TIGO (Millicom Tigo Panamá S.A.) y Más Móvil (Cable & Wireless Panamá, CWP, subsidiaria de Liberty Latin America), situación que según expertos mantiene el mercado cautivo, por lo que se requiere de un tercer operador para equilibrar la competencia, para beneficio de la población.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a pagar 27.500 euros a una empresa transportista por no pagar la mercancía de pescado entregada. El tribunal ha rechazado el recurso de apelación de Florencio, quien aseguraba no tener relación comercial con la empresa demandante y decía ser víctima de una suplantación de identidad.

La reclamación se basó en tres facturas emitidas en julio de 2014, por importes de 544,50 euros, 16.431,64 euros y 15.236,40 euros, correspondientes a entregas de mercancía de pescado en Huelva e Isla Cristina.

El fallo ha destacado el valor probatorio de las facturas, la documentación aportada por las empresas transportistas Transpeco y Transfrío, y un informe de detective privado que identificó a Florencio como pescadero en la Plaza de Abastos del Carmen de Huelva. El tribunal ha concluido que la deuda ha quedado suficientemente acreditada y ha rechazado los argumentos del demandado sobre una supuesta estafa porque en ningún momento presentó pruebas materiales ni denuncia formal por suplantación de identidad.

Dijo que nunca había estado en Huelva, pero era pescadero allí

La historia comenzó hace más de una década, en julio de 2014, cuando una empresa emitió tres facturas a nombre de un cliente por la compra y entrega de pescado en Huelva e Isla Cristina por una valor de 32.212,14 euros. Según la empresa, los pedidos se hicieron por teléfono y el cliente dio sus datos, que luego aparecieron en las facturas. Las empresas de transporte TRANSPECO y TRANSFRIO confirmaron que la mercancía se entregó en los lugares indicados.

El problema surgió cuando Florencio negó cualquier relación con la compra, afirmó que nunca estuvo en Huelva y dijo que todo era parte de una estafa de terceros porque no figuraba su firma en la factura. En 2015 hubo un primer intento de juicio en Ayamonte, pero se archivó porque no encontraron al demandado. La empresa contrató entonces a una detective privada, cuyo informe situó a Florencio en San Roque y acreditó su anterior actividad como pescadero en la Plaza de Abastos del Carmen de Huelva.

Con esos datos, la demanda civil se reactivó en San Roque en 2018. El proceso quedó suspendido durante un tiempo por la alegación de prejudicialidad penal ante una posible usurpación de identidad, pero nunca se aportó denuncia ni se inició causa penal.

La sentencia de la Audiencia Provincial confirma la valoración de la prueba efectuada en primera instancia y subraya que, tras más de diez años desde la emisión de las facturas, la deuda permanece pendiente y la responsabilidad recae sobre el demandado. Contra esta resolución cabe recurso extraordinario, aunque no consta que se haya presentado.

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge Alberto D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires implicado en maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Además, el Tribunal de Apelaciones ratificó el embargo por $350.000.000 resuelto por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán confirmaron además el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y el embargo de sus bienes por $300.000.000.

“El fallo impugnado cumple con la manda de motivación que prescribe la norma, pues contiene una explicación de la conclusión a la que arriba el señor juez, a quo que aparece como el resultado de un análisis racional de los elementos obrantes en el legajo y su aplicación al caso concreto”, concluyeron los camaristas en la resolución a la que accedió Infobae.

Lo resuelto por el juez de primera instancia partió de “una conclusión fundada en una valoración integral, lógica” y acorde a las pruebas del caso, agregaron.

La causa judicial

La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que aseguraba que D´Onofrio lideraba, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo “una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas”.

La presentación señalaba la adquisición de una camioneta Audi Q8, que fue registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por un valor declarado de $30.000.000, aunque la cobertura de seguro del vehículo alcanzaba los $173.800.000 en ese momento.

De acuerdo con la investigación, el uso, dominio y disposición del rodado correspondían en realidad a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducir desde la adquisición y abonaba el servicio de Telepase vinculado al vehículo.

El expediente señala que la operación incluyó la suscripción de un contrato entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. por la suma de $30.000.000. La sociedad, cuyos accionistas son los padres de Asensio, no registra actividad económica verificada ni domicilio operativo.

Al procesarlos, el juez de instrucción indicó que la diferencia entre el valor asegurado y el precio declarado, junto con la utilización de un contrato de mutuo sin respaldo económico comprobado, constituyen indicios de una maniobra destinada a disimular la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos empleados para su compra.

El vehículo fue transferido posteriormente a un tercero, Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió la competencia del tribunal para intervenir en la causa.

Al declarar, el ex ministro negó haber sido propietario del vehículo y sostuvo que solo lo condujo en una oportunidad. “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”, aseguró.

Luego, admitió que Asensio le otorgó la cédula azul de su vehículo. “Fueron momentos convulsionados donde había una campaña política, donde yo tomaba un ministerio que iniciaba de cero y simplemente quisieron tener el gesto para conmigo de ofrecerme si necesitaba alguno de los vehículos, pero realmente no hizo falta tampoco”, argumentó.

Sobre el pago del servicio de peaje del vehículo, explicó: “Como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pasé yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo”.

Por su lado, Asensio afirmó haber adquirido la camioneta con fondos provenientes de la venta de un terreno por parte de la sociedad familiar y reconoció haberle otorgado a D’Onofrio una cédula azul para conducir el rodado.

El juez consideró inconsistentes las versiones de ambos imputados, que además no se condicen con la prueba reunida, y concluyó que Asensio actuó como interpuesto registral, es decir, testaferro, ocultando la verdadera titularidad del vehículo, “configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, según se desprende de la resolución.

La renuncia de D’Onofrio

D’Onofrio presentó la renuncia a su cargo en Transporte el 30 de diciembre pasado “por motivos personales” y tras semanas de desgaste y el avance de las causas por lavado de dinero en manos de González Charvay y de otra por corrupción con las fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta.

En ese expediente, D’Onofrio fue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.

El sector de telecomunicaciones en Perú atraviesa una etapa crítica por la crisis de sostenibilidad financiera, la presión para desplegar redes 5G y el desafío de cerrar la brecha digital.

De acuerdo con el informe “Agenda Regulatoria 2026+” de DN Consultores, el mercado nacional muestra ingresos anuales estancados desde 2021, márgenes financieros mínimos y una estructura regulatoria que limita la inversión y la innovación.

¿Ya no es tan rentable ofrecer internet y telefonía en el Perú?

Los ingresos anuales entre 2021 y 2024 se han mantenido entre 18.000 y 19.000 millones de soles, con un margen de utilidad operativa después de impuestos del 2% y un retorno sobre el capital invertido (ROIC) de solo 1%.

Los precios unitarios de internet móvil y fijo en Perú están entre los más bajos de Sudamérica, lo que intensifica la competencia y reduce los márgenes para los operadores.

Según el reporte, el flujo de caja operativo representa 23% de los ingresos, pero las exigencias de inversión para 5G elevan el riesgo de insostenibilidad.

Un factor adicional de presión es el aumento en el monto de las multas regulatorias: entre 2021 y 2025 promedian 154 millones de soles anuales, seis veces más que el promedio de 2015 a 2019. El monto equivale al 1% de los ingresos anuales y es comparable al aporte al Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (FITEL).

El canon por conectividad en telecomunicaciones pasó de 10% a 60%

El marco regulatorio actual aplicado por el Osiptel también representa un obstáculo, según el informe. Las sanciones y la penalización del plazo de renovación de concesiones generan incertidumbre y desalientan la inversión.

DN Consultores refiere que Países como España y Brasil han eliminado estos castigos, mientras Perú mantiene un enfoque centrado en procedimientos formales, con sanciones incluso sin daño al usuario.

En materia de financiamiento, los mecanismos regulatorios han evolucionado para liberar recursos y facilitar la expansión de redes. El canon por conectividad, que pasó de 10% en 2018 a 60% en 2023, permitió inversiones de 492 millones de soles entre 2018 y 2024 y amplió la cobertura 4G.

Para 2025, la extensión de este mecanismo podría generar hasta 450 millones de soles anuales si el umbral de uso sube a 70%, lo que permitiría conectar hasta 1.000 localidades rurales adicionales. Parte de estos fondos puede destinarse a entidades públicas y zonas urbanas para la expansión 5G.

¿Quién detiene el avance de las OTT?

El documento subraya que las plataformas OTT, como Netflix, Disney+, Spotify y YouTube, capturan cada vez más valor digital. Entre 2019 y 2023, los ingresos de las seis OTT globales con mayor tráfico aumentaron 79%, frente a 12% en el sector telecomunicaciones.

Según DN Consultores, estas plataformas, responsables del 70% del tráfico global, no tienen concesiones ni obligaciones regulatorias, a diferencia de los operadores tradicionales.

El número de usuarios de aplicaciones OTT de telefonía y mensajería casi se duplicó entre 2021 y 2024 en Perú. en tanto, el tráfico de internet en América Latina se multiplicó por 14 entre 2016 y 2023, y el consumo de video alcanzó el 68% del total en 2023.

Para la reconfiguración normativa, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la OCDE recomiendan regulaciones basadas en resultados. Perú ha iniciado medidas de simplificación —como la diferenciación de zonas de cobertura y la reducción de fiscalización en calidad de servicio—, pero el alcance es todavía limitado.

DN Consultores recomienda homologar aportes regulatorios y duplicar los plazos de concesión en Perú

El informe propone tres ejes para la modernización: financiamiento sostenible, operaciones sostenibles y regulación sostenible. El primero sugiere homologar aportes regulatorios para liberar recursos e incentivar inversiones directas en infraestructura 5G y cobertura 4G.

El segundo recomienda ampliar los plazos de renovación de concesiones de 20 a 40 años y eliminar la doble penalización por sanciones, así como facilitar la compartición activa de infraestructura en áreas urbanas y rurales.

El tercer eje de regulación sostenible plantea racionalizar sanciones y avanzar hacia un marco normativo flexible que incentive la inversión y la innovación desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según DN Consultores.

La Agenda Regulatoria 2026+ concluye que Perú necesita migrar a un modelo sectorial que promueva inversiones de largo plazo y eficiencia operativa para la expansión de 5G y el cierre de brechas. El objetivo es asegurar un entorno que facilite la transformación del sector y garantice la conectividad para los usuarios en el horizonte 2026-2032.

El dato

• El impacto sobre la cobertura y la inversión en Perú se refleja en las cifras: en 2025, los compromisos obligatorios de inversión 5G en la banda de 3,5 GHz suman 500 millones de dólares en cuatro años.
• La meta en 2025 fue cubrir 170 establecimientos de salud, 88 universidades públicas, más de 1.300 instituciones educativas, cerca de 2.000 centros poblados y más de 2.200 kilómetros de redes viales.
• La participación de fondos de inversión como principales accionistas de operadores llega al 33% de los ingresos, mientras la fibra óptica al hogar supera el 80 % de las conexiones residenciales.
• La población cubierta con servicios 4G creció de 25,8 a 27,4 millones de habitantes entre 2019 y 2023, aunque solo 27% de los centros poblados rurales tenía cobertura en 2022.