Ante un nuevo fin de semana largo, aumenta el movimiento en las rutas por los viajes de descanso. En ese escenario, suelen reforzarse los operativos en accesos, autopistas y destinos turísticos. Los agentes controlan las condiciones del vehículo, los papeles obligatorios y los elementos de seguridad requeridos para circular.

Antes de partir, conviene comprobar que la documentación esté al día y disponible ante una eventual inspección. Las aplicaciones oficiales incorporaron credenciales digitales, aunque las obligaciones previstas en la Ley Nacional de Tránsito se mantienen. La falta de algún requisito puede derivar en multas, retención de papeles o impedimentos para seguir el viaje.

Qué documentación puede exigir un control vial

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los papeles que puede requerir un agente durante un control. Sirve para acreditar la identidad y el domicilio del conductor. En numerosos operativos se pide la credencial física, por lo que es conveniente llevarla durante el viaje. No contar con un DNI vigente puede ocasionar sanciones.

También se debe disponer de una licencia de conducir válida para la categoría del vehículo utilizado. Esta credencial puede mostrarse desde la aplicación oficial del Gobierno, siempre que la información pueda visualizarse y verificarse. La licencia, además, debe corresponder a la jurisdicción consignada en el domicilio del titular.

La cédula de identificación automotor es otro de los documentos necesarios. Si bien Mi Argentina ofrece una versión digital, algunas autoridades aún requieren el comprobante en papel. Por ese motivo, puede resultar útil contar con ambas versiones.

Cuando la persona al volante no es propietaria del automóvil y el titular no viaja a bordo, las autoridades pueden pedir una autorización para conducir. Ese permiso permite que un tercero utilice el vehículo y puede tramitarse por medios digitales.

El seguro obligatorio también debe estar vigente. La constancia debe demostrar que el auto tiene cobertura ante daños y accidentes. Aunque los controles suelen aceptar la póliza digital, una copia impresa puede evitar dificultades en lugares sin señal de internet o cuando se exige respaldo físico.

La VTV y los requisitos del vehículo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), de acuerdo con la provincia, acredita que el vehículo reúne las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para transitar.

Además del certificado, la oblea de la revisión debe permanecer colocada en el parabrisas. Circular con el control técnico vencido constituye una infracción y puede implicar multas o la imposibilidad de continuar el recorrido.

Las placas de dominio deben estar colocadas en los lugares previstos, sin daños que dificulten su lectura. Las patentes alteradas, deterioradas o vencidas —en el caso de las provisorias— pueden motivar sanciones.

En algunas provincias, los inspectores también pueden requerir la constancia de pago del impuesto a la patente. No es una exigencia uniforme en todo el territorio, pero llevarla puede agilizar el control.

Los elementos de seguridad que deben estar dentro del auto

Los operativos no se limitan a los documentos. También pueden incluir la verificación de los elementos de seguridad que deben acompañar al vehículo.

El matafuegos debe tener la carga vigente, permanecer sujeto de forma adecuada y estar al alcance de los ocupantes. A su vez, el auto debe contar con dos balizas triangulares para advertir a otros conductores ante una detención de emergencia.

El chaleco reflectivo es otro elemento requerido, ya que permite que el conductor sea visible si necesita bajar del auto en una banquina o en sectores con escasa iluminación. También deben llevarse las herramientas necesarias para reemplazar una rueda: gato, llave cruz o llave para bulones. Los vehículos con tuercas de seguridad requieren, además, el adaptador correspondiente.

Qué puede pasar si falta documentación

Las consecuencias por circular sin la documentación exigida dependen de la provincia y de la falta detectada en el operativo.

Las medidas pueden incluir multas, retención de documentos y la prohibición de seguir circulando hasta subsanar la irregularidad. En determinadas situaciones, las autoridades pueden disponer el secuestro preventivo del vehículo.

Los controles se incrementan en períodos de mayor circulación, como vacaciones, feriados y fines de semana largos. Antes de salir, es recomendable revisar tanto la vigencia de los papeles como la presencia de todos los elementos de seguridad dentro del vehículo.

Aunque la Ley Nacional de Tránsito fija requisitos básicos para circular en el país, cada jurisdicción puede establecer exigencias adicionales o requerir documentos en formato físico. Por eso, llevar las credenciales digitales y sus copias impresas puede reducir inconvenientes durante el trayecto.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2026, un esquema que permite reducir hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución a contribuyentes con adeudos fiscales.

El beneficio no es indefinido. Existen dos fechas límite dentro de octubre que determinan qué tipo de facilidad de pago puede obtener cada contribuyente antes de que el esquema concluya.

Plazos clave para octubre y noviembre

El 15 de octubre es la fecha límite para que los contribuyentes con créditos fiscales firmes soliciten el pago en dos parcialidades. Quienes dejen pasar esa fecha todavía pueden acceder al programa, pero sin esa opción de fraccionamiento reducido.

El plazo general para presentar la solicitud de condonación sobre créditos fiscales ya determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) vence el 31 de octubre de 2026. Después de esa fecha no se aceptan nuevas solicitudes bajo este supuesto.

Existe un tercer plazo para quienes buscan autocorregirse de forma voluntaria, sin que la autoridad haya determinado aún su adeudo: el 31 de diciembre de 2026. Este esquema aplica para contribuciones omitidas que se declaran por iniciativa propia.

En todos los casos en que se autorice el pago en parcialidades, la última exhibición debe quedar liquidada a más tardar el 30 de noviembre de 2026, respetando la fecha de vencimiento señalada en cada línea de captura.

Qué es el programa y en qué ley se sustenta

El Programa de Regularización Fiscal 2026 no es un anuncio aislado del SAT: está previsto en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026. El SAT definió sus reglas operativas en el Capítulo 9.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, con las reglas 9.2.1 a 9.2.13, y detalló el procedimiento mediante el Comunicado 05/2026, publicado el 22 de enero de ese año.

Quienes se preguntan en qué consiste el beneficio y hasta cuándo pueden pedirlo encontrarán la respuesta en estos términos: el programa permite eliminar hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución sobre adeudos de 2024 o años anteriores, mediante solicitud ante el SAT antes del 31 de octubre si el crédito ya fue determinado por la autoridad, o antes del 31 de diciembre si el contribuyente se autocorrige de forma voluntaria.

El esquema no condona el impuesto principal. Lo que elimina son los accesorios que se acumulan sobre una deuda: las sanciones, los recargos por mora y los gastos de ejecución que el SAT genera cuando inicia un procedimiento de cobro.

El administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores, explicó que el estímulo busca que pequeños y medianos contribuyentes eliminen al 100% esos cargos accesorios generados por adeudos fiscales pendientes de pago.

Quiénes pueden solicitar el beneficio

El programa está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos. Ese tope corresponde al cálculo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Los requisitos para acceder son:

Tener ingresos totales en 2024 de hasta 300 millones de pesos

Contar con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias todavía no determinadas por la autoridad

Estar sujeto a facultades de comprobación, es decir, bajo revisión activa del SAT

Tener créditos fiscales firmes ya establecidos por el SAT o la ANAM

Que los adeudos correspondan al ejercicio 2024 o a años anteriores

Entre los conceptos que entran en la regularización están las contribuciones propias, retenidas o trasladadas, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, los recargos y gastos de ejecución, así como multas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, incluidas las multas con agravantes.

Contribuyentes excluidos del esquema

No todos los adeudos ni todos los perfiles califican. Quedan fuera del programa:

Contribuyentes publicados de forma definitiva en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del Código Fiscal de la Federación, es decir, empresas señaladas por emitir facturas de operaciones simuladas

Quienes cuenten con sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal

Contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT

Quienes ya recibieron condonaciones bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019

Quienes ya utilizaron el estímulo equivalente previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025

Partidos y asociaciones políticas, entidades federativas, municipios y organismos obligados a entregar su remanente de operación al gobierno federal

Entes ejecutores de gasto conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Montos de condonación y forma de pago

El porcentaje de reducción varía según el tipo de adeudo. La condonación llega a 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando estos se determinan junto con contribuciones federales, aprovechamientos o cuotas compensatorias omitidas.

El descuento baja a 90% cuando se trata de créditos fiscales firmes constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, siempre que el contribuyente cumpla con la obligación que originó la sanción.

El pago puede cubrirse en una sola exhibición o fraccionarse hasta en seis parcialidades. Al presentar la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución queda suspendido de forma automática, sin necesidad de garantizar el interés fiscal ante la autoridad.

Pasos para tramitarlo

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial, y no requiere e.firma. Para hacerlo por internet, los pasos son:

Ingresar a sat.gob.mx

Acceder a la sección Mi Portal con RFC y contraseña

Enviar un escrito libre o presentar la solicitud en Servicios por Internet, bajo la opción “Estímulo Fiscal LIF 2026”

Esperar la respuesta de la autoridad

Realizar el pago dentro de los 15 días naturales siguientes a que el SAT emita el formato o línea de captura

Quienes prefieran el trámite presencial pueden acudir a cualquier oficina desconcentrada del SAT correspondiente a su domicilio fiscal, donde recibirán orientación directa sobre el procedimiento y los documentos necesarios para completar la solicitud antes de que venza el plazo correspondiente a su situación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas de entre $4,480 y $13,430 pesos a los contribuyentes que no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o que lo hagan fuera del plazo establecido. Así lo advirtió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La sanción alcanza también a quienes omiten notificar cambios en su situación fiscal, un trámite que suele pasar desapercibido entre quienes cambian de domicilio, de régimen o de actividad económica.

Quiénes están obligados a tramitar el RFC

Toda persona que genera ingresos por una actividad económica o que debe expedir facturas tiene la obligación de inscribirse en el RFC. Esta es la regla general que marca el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Desde 2022, el CFF incorporó una obligación adicional: los jóvenes que cumplen 18 años también deben registrarse ante el SAT, aunque no perciban ingresos ni tengan empleo.

Yanin Ortiz, subdelegada de Prodecon Tabasco, explicó que esta inscripción no implica obligaciones fiscales inmediatas. “La obligación de inscribirse a los 18 años no quiere decir que ya van a tener obligaciones fiscales que cumplir o van a tener que presentar declaraciones, solo es obtener su registro ante el SAT”, señaló.

La mayoría de los jóvenes en esa edad aún cursa estudios y no genera ingresos. En ese escenario, deben darse de alta como persona física sin obligaciones fiscales, una condición que no genera sanciones por incumplimiento.

Montos de las multas y a quién aplican

Quienes no son acreedores a una sanción económica son los jóvenes de 18 años que incumplen con la inscripción como persona física sin obligaciones fiscales, precisó Ortiz.

La situación cambia para el resto de los contribuyentes. Las personas que generan ingresos y no solicitan su inscripción al RFC, o lo hacen de manera extemporánea, enfrentan una multa de entre $4,480 y $13,430 pesos, de acuerdo con la Prodecon.

Existe una segunda sanción, distinta a la anterior: quienes no presentan los avisos de actualización de información al RFC, o lo hacen fuera de tiempo cuando la autoridad lo solicita, pueden recibir una multa de entre $5,400 y $10,780 pesos.

En resumen, el SAT contempla dos tipos de multas vinculadas al RFC: una por no inscribirse o hacerlo tarde (de $4,480 a $13,430 pesos) y otra por no avisar cambios en la información fiscal cuando la autoridad lo requiere (de $5,400 a $10,780 pesos). Ambas sanciones buscan que el contribuyente mantenga sus datos vigentes ante el fisco.

Los errores más frecuentes de los contribuyentes

Ortiz detalló, con base en su experiencia en Prodecon, los casos donde más se presenta este tipo de incumplimiento.

Uno de los más comunes ocurre cuando una persona cambia de domicilio y actualiza esa información únicamente en su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pero deja sin modificar la dirección fiscal registrada en el RFC.

“Esto puede traer consecuencias a largo plazo, ya que si la autoridad tiene la necesidad de notificar en el domicilio fiscal declarado en el RFC, no va a localizar al contribuyente, porque este no tuvo la precaución de actualizar su información”, explicó la funcionaria.

Otro escenario frecuente se da cuando el contribuyente no actualiza su régimen fiscal. Por ejemplo, una persona dada de alta bajo el esquema de sueldos y salarios que decide emprender un negocio propio debe informar al SAT sobre esta nueva actividad para que se realicen los cambios correspondientes en su registro.

Trámite y plazos para actualizar el RFC

El artículo 27 del CFF establece que cualquier cambio en la situación fiscal de un contribuyente debe notificarse al SAT dentro de los 10 días hábiles posteriores al evento que lo origina. El trámite es gratuito y puede completarse en línea.

Los casos más habituales que requieren un aviso de actualización son:

Cambio de domicilio fiscal

Modificación de la actividad económica

Cambio de régimen fiscal

Reanudación de actividades tras una suspensión

Nuevas obligaciones fiscales por cuenta propia o de terceros

Para completar la mayoría de estas actualizaciones en el portal del SAT, el contribuyente necesita:

Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente

e.firma activa, o en su defecto, contraseña del SAT

Correo electrónico y número de teléfono actualizados

Domicilio fiscal completo

Selección de la actividad económica correspondiente, de acuerdo con el catálogo del SAT

Si la e.firma del contribuyente está vencida, el trámite de actualización no puede completarse hasta renovarla. Esa renovación puede hacerse en línea a través de SAT ID cuando el vencimiento es menor a un año; si supera ese plazo, se requiere una cita presencial en las oficinas del SAT.

Una vez presentado el aviso, el sistema genera un acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, documento que incluye el número de folio, la fecha de emisión y los datos actualizados del contribuyente. Se recomienda generar una nueva constancia de situación fiscal después de cada cambio para verificar que el SAT registró correctamente la modificación.

Consecuencias de no mantener el RFC actualizado

Más allá de las multas, no actualizar el RFC puede derivar en problemas prácticos para el contribuyente.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran:

Rechazo de facturas por inconsistencia entre el domicilio fiscal registrado y el código postal utilizado en la facturación

Retenciones de impuestos calculadas de forma incorrecta cuando el régimen fiscal no corresponde a la actividad real

Pérdida del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) si el contribuyente no cumple con requisitos como mantener activo el buzón tributario

Dificultad del SAT para notificar al contribuyente cuando el domicilio fiscal no coincide con su ubicación real

El RFC también funciona como requisito para otros trámites. Para obtener la firma electrónica, necesaria por ejemplo para descargar la cédula profesional, es indispensable estar dado de alta ante la autoridad tributaria, según explicó Juvenal Lobato, catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un juzgado civil y comercial de General Rodríguez declaró nulas dos multas aplicadas a una familia de un club de campo por supuestos daños causados por sus tres gatos. La sentencia ordenó a la entidad administradora eliminar de las expensas cualquier deuda, recargo, interés o gasto legal originado en esas sanciones.

El conflicto comenzó en abril de 2021, cuando uno de los propietarios recibió un correo electrónico de la administración. El mensaje informaba que vecinos habían denunciado a los tres gatos de la familia por daños en su propiedad y adjuntaba fotos de los animales, junto con otras imágenes del perjuicio denunciado. Los vecinos sostuvieron que las mascotas ingresaban de forma reiterada a su lote y que hasta habían lastimado a su perro.

Los demandantes sostuvieron que las fotografías no permitían relacionar a los gatos con los daños atribuidos. También señalaron que en el barrio privado circulaban distintos animales, entre ellos perros, gatos, zorros, liebres, iguanas y zarigüeyas.

Según la demanda, los propietarios intentaron comunicarse con la administración para obtener precisiones sobre la acusación. Sin embargo, afirmaron que no recibieron explicaciones suficientes ni lograron una reunión con las autoridades del predio.

En noviembre de 2021, la administración notificó por WhatsApp una multa de $10.400, que luego apareció incorporada a las expensas bajo el concepto de “otros gastos”. La sanción equivalía, según el reglamento interno, al valor de 100 litros de nafta especial.

Los demandantes cuestionaron que la multa se hubiera aplicado sin una notificación formal previa, sin traslado de los cargos y sin la posibilidad de presentar descargo o pruebas. Más tarde también se agregaron montos por servicios legales, que llegaron a $75.897, de acuerdo con el reclamo.

La familia envió cartas documento a la administración y a los vecinos que habían realizado las denuncias. Pidieron que se revocaran las sanciones, que se rectificaran las imputaciones y que se respetara su derecho de defensa. También denunciaron que recibieron un llamado de atención por estacionar un tráiler junto al alambrado perimetral.

Los reclamantes afirmaron que el conflicto alteró su rutina cotidiana. Sostuvieron que temían que sus mascotas sufrieran algún daño y que, por esa razón, se organizaban para evitar que la vivienda quedara sola. También reclamaron indemnizaciones por daño psicológico, tratamiento psiquiátrico y daño moral.

La administración del club de campo rechazó la demanda. Afirmó que había comunicado las denuncias mediante correos electrónicos, mensajes y notificaciones posteriores, y sostuvo que uno de los propietarios había reconocido que sus gatos causaron daños y había ofrecido repararlos.

La entidad también indicó que las sanciones se aplicaron de acuerdo con el reglamento interno. Según su postura, los demandantes no utilizaron dentro de plazo los mecanismos previstos para pedir la revocación ante el directorio o apelar ante la asamblea de propietarios.

Los vecinos denunciantes plantearon que no debían responder en el juicio porque no aplicaron las multas ni participaron de la liquidación de expensas. Explicaron que se limitaron a informar a la administración que los gatos ingresaban en su lote, donde, según afirmaron, causaban daños en bicicletas, parrillas, muebles y un automóvil.

El juzgado analizó el reglamento del club de campo y señaló que la entidad tenía facultades para sancionar a los socios que incumplieran las reglas internas. Sin embargo, el juez remarcó que ese poder disciplinario debía ejercerse con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.

La primera multa, comunicada por WhatsApp el 16 de noviembre de 2021, fue declarada nula. El magistrado sostuvo que un mensaje informal enviado por una empleada administrativa no cumplía con la exigencia reglamentaria de una notificación fehaciente y, por lo tanto, no podía iniciar el plazo para que los propietarios impugnaran la sanción.

La sentencia también indicó que, antes de imponer una multa, el directorio debía abrir un procedimiento interno. Ese trámite debía informar los cargos, permitir un descargo y habilitar la presentación de pruebas. Para el juez, incorporar directamente una penalidad en las expensas desvirtuó el procedimiento previsto.

La segunda sanción, notificada en febrero de 2022 por correo electrónico, también fue anulada. La familia había remitido una carta documento 11 días después para pedir que el directorio revisara la medida, pero la administración no respondió ese planteo ni dictó una decisión fundada.

El fallo concluyó que la omisión de resolver el reclamo interno impidió a los propietarios recurrir ante la asamblea. Por ese motivo, consideró que no podía exigírseles agotar una vía reglamentaria que había quedado bloqueada por la falta de respuesta de la propia administración.

Aunque declaró la nulidad de las multas, el juzgado rechazó el pedido de reintegro de $75.897. La resolución señaló que los demandantes no acreditaron haber pagado efectivamente esas sumas, pese a que fueron intimados durante el proceso a presentar los comprobantes correspondientes.

La sentencia ordenó a la entidad administradora emitir una liquidación de expensas libre de toda multa, interés, recargo o gasto legal vinculado con las dos sanciones anuladas. En caso de incumplimiento, podrá imponerse una multa diaria para forzar el acatamiento de la orden judicial.

El juez también rechazó los reclamos por daño psicológico y tratamiento terapéutico. La pericia psicológica realizada en el expediente descartó que los demandantes presentaran un perjuicio de esa naturaleza causado por el conflicto.

El pedido de daño moral tampoco prosperó. El magistrado consideró que no se demostró una afectación profunda de la vida personal o de la tranquilidad de los demandantes que superara las contrariedades propias de una disputa vecinal y administrativa.

La resolución destacó, además, que los gatos de la familia ingresaban habitualmente al lote de los vecinos. Ese dato surgió, según el fallo, de una pericia social que constató la instalación de un cerco vivo y divisiones para intentar impedir que las mascotas continuaran saliendo de la parcela.

Finalmente, el juzgado admitió la excepción planteada por los dos vecinos denunciantes y los desvinculó del reclamo. Consideró que no tenían facultades para aplicar multas ni intervenían en la facturación de expensas, por lo que las irregularidades del procedimiento disciplinario solo podían atribuirse a la entidad administradora. Las costas principales quedaron a cargo de esta última, mientras que la familia deberá afrontar las correspondientes a la intervención de los vecinos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará a partir del 1 de enero de 2027 multas a los contribuyentes que no hayan habilitado el Buzón Tributario o que mantengan desactualizados su correo electrónico y su número de celular como medios de contacto. La sanción puede ubicarse entre 3,850 y 11,540 pesos.

La medida no es nueva: forma parte de las disposiciones fiscales vigentes desde hace años, pero su aplicación efectiva había quedado en pausa. Ahora el plazo de gracia está por terminar.

Origen de la sanción y montos aplicables

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, establece que la sanción prevista en el artículo 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF) será aplicable a partir del 1 de enero de 2027. El texto señala textualmente que, para los efectos de los artículos 17-K y 86-C del CFF, los contribuyentes que no hayan habilitado el Buzón Tributario, o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 86-D a partir de esa fecha.

El monto de la infracción va de 3,850 a 11,540 pesos, de acuerdo con las cantidades actualizadas del Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal. El documento precisa que a quien cometa la infracción relacionada con la no habilitación del Buzón Tributario, o el no registro o actualización de los medios de contacto, se le impondrá una multa dentro de ese rango.

Para sanciones que se impongan ya iniciado 2027, deberá consultarse el monto vigente en ese ejercicio, ya que las cantidades se actualizan de forma periódica en los anexos de la propia resolución.

El plazo real: por qué no es en octubre

En días recientes circuló la versión de que existía una fecha límite durante octubre para activar el Buzón Tributario. Sin embargo, el artículo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 no establece ningún vencimiento en ese mes: únicamente fija el inicio de las sanciones para el 1 de enero de 2027.

En otras palabras, quien no tenga el Buzón Tributario habilitado ni sus datos de contacto actualizados cuenta con tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar el trámite sin recibir una multa. A partir del 1 de enero de 2027 comenzará a aplicarse la sanción de entre 3,850 y 11,540 pesos a quienes incumplan.

La prórroga corresponde únicamente a la aplicación de las multas, no a la obligación en sí. El Buzón Tributario ya es obligatorio desde 2020 para los contribuyentes comprendidos en los supuestos establecidos, por lo que el aplazamiento de las sanciones no debe interpretarse como una eliminación temporal del requisito.

Quiénes deben habilitarlo y quiénes están exentos

De acuerdo con la información del SAT, deben habilitar el Buzón Tributario los contribuyentes que hayan emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o recibido CFDI de nómina durante los últimos 12 meses. Esto incluye a personas con actividades económicas activas y a quienes han tenido operaciones fiscales recientes.

En contraste, la habilitación es opcional para:

Personas físicas sin obligaciones fiscales.

Personas físicas sin actividad económica registrada.

Contribuyentes con actividades suspendidas ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Personas morales con suspensión de actividades ante el RFC.

El SAT recomienda que, antes de preocuparse por una posible multa, cada contribuyente verifique si se encuentra dentro de los supuestos obligatorios y revise que los medios de contacto registrados sean correctos y estén vigentes.

Paso a paso para habilitar o actualizar el Buzón Tributario

El trámite se realiza en línea, directamente en el portal del SAT. Los pasos establecidos son los siguientes:

Ingresar al portal del SAT y seleccionar el apartado “Buzón Tributario”.

Acceder con el RFC y la contraseña, o bien con la e.firma vigente.

Entrar a la sección de “Configuración”.

Registrar los medios de contacto: al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular.

Confirmar el correo electrónico mediante el vínculo que envía la autoridad a esa cuenta.

Validar el número de celular con el código recibido por mensaje de texto (SMS).

Completar ambas confirmaciones dentro de las 72 horas posteriores al registro.

Descargar el acuse una vez validados los datos.

La guía oficial advierte que registrar los datos no completa la habilitación por sí solo: es necesario confirmar tanto el correo como el celular dentro del plazo señalado. Si el procedimiento no se concluye en esas 72 horas, el sistema cancela la solicitud y el trámite debe realizarse nuevamente desde el inicio.

Consecuencias de no mantener los datos actualizados

No habilitar el Buzón Tributario, o señalar datos de contacto erróneos o inexistentes, puede considerarse una forma de oposición a la notificación por parte del contribuyente. En esos casos, el SAT está facultado para notificar actos administrativos o resoluciones mediante estrados, conforme al artículo 134 del Código Fiscal de la Federación.

Esto significa que, además de la multa económica, un contribuyente con datos desactualizados podría enterarse de una notificación fiscal relevante fuera de los canales digitales directos, lo que complica el seguimiento oportuno de sus obligaciones.

Cuándo es necesario repetir el trámite

La habilitación del Buzón Tributario no se renueva cada año. Si el buzón ya está activo y los medios de contacto —correo y celular— no han cambiado, no es necesario repetir el procedimiento.

La actualización solo procede cuando cambia alguna de esas direcciones de contacto, por ejemplo si el contribuyente cambió de número celular o dejó de usar la cuenta de correo registrada previamente. Mantener esos datos vigentes permite recibir los avisos de que existe información pendiente de consultar en el buzón, evitando así quedar fuera de las comunicaciones oficiales de la autoridad fiscal.

Los ciudadanos volverán a acudir a las urnas el domingo 4 de octubre para las Elecciones Regionales y Municipales, una jornada que no solo define autoridades subnacionales, sino que también activa obligaciones concretas para el electorado y para quienes fueron designados como miembros de mesa.

Las sanciones económicas por incumplir estas obligaciones no son iguales para todos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica una escala basada en la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI y calcula los montos según la unidad impositiva tributaria (UIT), fijada este año en S/5.500. A la par, existen plataformas para consultar la deuda y canales presenciales o digitales para cancelarla.

Tabla de multas por no votar según la clasificación del distrito

La multa por omisión al sufragio se determina según el distrito registrado en el documento de identidad. El esquema contempla tres niveles, vinculados a porcentajes de la UIT (S/5.500), por lo que el importe final depende de la condición asignada a la jurisdicción.

En distritos catalogados en pobreza extrema, la sanción es de S/27,50, equivalente al 0,5 % de la UIT. Para las zonas clasificadas como pobres (pobreza no extrema), el monto sube a S/55, que representa el 1 % de la UIT. En los distritos considerados no pobres, la penalidad llega a S/110, equivalente al 2 % de la UIT.

Este cálculo, basado en la escala del JNE, busca que el cobro sea proporcional a la clasificación socioeconómica consignada. Por eso, antes de pagar conviene verificar el registro que aparece asociado al DNI y confirmar el importe exacto que figura en el sistema.

¿Cuánto es la multa de la ONPE por no asistir como miembro de mesa titular o suplente?

La obligación electoral no se limita al acto de votar. La normativa también contempla una sanción para quienes fueron sorteados como miembros de mesa y no asuman el rol asignado el día de la elección.

El JNE informó que la multa por no ejercer el cargo de integrante de mesa equivale al 5% de la UIT vigente; con una UIT de S/5.500, esa penalidad asciende a S/275. La medida alcanza a titulares y suplentes.

La sanción se aplica, entre otros supuestos, a quienes no firman la hoja de asistencia, abandonan el local antes del cierre del proceso, llegan fuera del horario fijado o no cumplen las tareas como presidente, secretario, vocal o alterno. En la misma línea, se ha recordado que los integrantes de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. el día de la jornada electoral.

¿Cómo consultar si tienes multas electorales pendientes con tu DNI?

La consulta puede realizarse con el número de DNI a través de la plataforma habilitada por el JNE para verificar si existe una deuda y cuál fue el motivo de la sanción. El acceso se hace desde el portal de multas del organismo: multas.jne.gob.pe/login.

Una vez dentro, el sistema permite revisar el estado del registro y elegir la vía de pago. El procedimiento está diseñado para atender tanto penalidades recientes como obligaciones acumuladas de procesos electorales anteriores.

Otro punto relevante es que el pago no requiere que el titular acuda personalmente. Según la guía difundida por el JNE, cualquier tercero puede efectuar la cancelación presentando únicamente el número de DNI de la persona sancionada.

Métodos de pago de multas electorales a través del Banco de la Nación y Pagalo.pe

El abono se puede realizar por dos canales principales: presencial o virtual. En la modalidad presencial, el ciudadano (o un representante) puede acudir a una agencia del Banco de la Nación y pagar en ventanilla presentando el DNI.

Para la vía digital, el trámite se completa en Pagalo.pe. Dentro de la plataforma se debe buscar la opción “JNE”, seleccionar “Multas electorales”, ingresar el número de documento y seguir los pasos indicados hasta finalizar la operación.

Además, el JNE informó que también existe atención en caja en su oficina central, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima, con alternativas de pago en efectivo o con tarjeta Visa.

¿Las multas electorales de la ONPE impiden realizar trámites en bancos o el Estado?

El JNE precisó que mantener una multa sin regularizar no impide votar en comicios futuros, pero sí puede generar restricciones para distintos trámites. Entre las consecuencias mencionadas figuran limitaciones para realizar gestiones notariales y firmar contratos, registrar actos civiles (como matrimonio, divorcio o viudez) y participar en procedimientos judiciales y administrativos.

También se señala el impedimento para acceder a programas sociales, solicitar licencias de conducir o postularse a cargos públicos. A ello se suma el riesgo de un proceso de cobranza coactiva, que puede incluir el embargo de cuentas bancarias u otros bienes.

En cuanto a las etapas del cobro, el procedimiento contempla el envío de una notificación al domicilio registrado en el DNI y un plazo de 15 días hábiles para pagar o presentar recursos administrativos. Si no hay respuesta, se emite una segunda comunicación bajo modalidad coactiva y se otorgan siete días hábiles adicionales para cancelar la deuda.

Consecuencias de no pagar una multa

Tener una deuda o multa electoral en Perú por no votar o ausentarte como miembro de mesa genera severas restricciones civiles, administrativas y financieras. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) restringe la realización de trámites notariales clave, impidiendo la compraventa de inmuebles, transferencias vehiculares y la firma de escrituras públicas. Asimismo, limita trámites de identidad indispensables como la renovación del DNI, la emisión del pasaporte peruano y el otorgamiento de licencias de conducir.

En el ámbito económico y laboral, contar con multas electorales pendientes bloquea el cobro de cheques en ventanilla, el acceso a bonos del Estado y la contratación o nombramiento en cargos públicos. Además, el JNE puede iniciar procesos de cobranza coactiva que derivan en el embargo de cuentas bancarias, afectando directamente tu estabilidad financiera y la disponibilidad de tus ingresos.

Para regularizar tu situación y evitar estas sanciones, debes ingresar a la plataforma de Multas Electorales del JNE para consultar tu estado con tu número de DNI. El pago de la multa por no votar se efectúa de manera rápida en el Banco de la Nación o mediante la plataforma digital Pagos en Línea del JNE, permitiéndote reanudar tus gestiones legales y administrativas sin contratiempos.

El caso fue difundido por el creador de contenido conocido como ‘Somos más los buenos’, perfil administrado por un policía de tránsito que suele compartir en TikTok intervenciones relacionadas con el cumplimiento del reglamento vial en la capital.

La cuenta, reconocida por utilizar como imagen un chihuahua vestido de policía, publicó un nuevo episodio que rápidamente llamó la atención de los usuarios debido a la cantidad de infracciones que aparecieron asociadas al automóvil de la conductora.

La conductora fue detenida por circular en el carril del Metrobús

Todo comenzó cuando los agentes detectaron a la mujer desplazándose por un espacio destinado exclusivamente al Metrobús, una práctica que está prohibida para los automovilistas particulares.

El policía se acercó al vehículo para solicitarle la documentación correspondiente y explicarle el motivo de la intervención.

“Viene circulando en el carril del metrobús, se viene pasando los altos, se le va a levantar su infracción. ¿Puede permitir tarjeta y licencia, por favor?”, le dice el policia y tiktoker, a lo que la conductora responde: “Porque tengo prisa. Porque muchos coches lo hacen”.

La explicación de la automovilista no evitó que los agentes continuaran con el procedimiento. El elemento de tránsito también hizo énfasis en que conducir un automóvil implica cumplir con determinadas obligaciones y asumir las consecuencias cuando se infringen las normas.

“El tener un vehículo es una responsabilidad. Si es tu culpa, es tu responsabilidad”; aseveró el policia.

El momento tomó otro rumbo cuando la conductora aparentemente intentó abandonar el lugar para evitar que continuara la intervención de los oficiales. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito y fue detenida por los agentes.

Más de 200 multas y una deuda de medio millón de pesos

La sorpresa llegó cuando los policías revisaron la situación administrativa del vehículo. Según lo expuesto en la grabación, el automóvil acumulaba más de 200 infracciones, una cifra que generó todo tipo de reacciones entre quienes observaron el contenido.

El adeudo, de acuerdo con lo mostrado en el video, ascendería aproximadamente a medio millón de pesos, cantidad que la propietaria tendría que cubrir para poder recuperar el automóvil.

Tras la intervención, el vehículo fue trasladado a un depósito vehicular. La situación provocó que los usuarios cuestionaran cómo un automóvil puede continuar circulando durante tanto tiempo mientras acumula una cantidad tan elevada de infracciones.

El caso también abrió conversación sobre la forma en que se detectan y acumulan las multas, así como sobre las consecuencias que enfrentan los conductores cuando mantienen pendientes sus obligaciones relacionadas con el reglamento de tránsito.

El video supera los dos millones de reproducciones

La publicación rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales y alcanzó más de dos millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos que más comentarios generó dentro del perfil.

Los usuarios no tardaron en reaccionar ante la cantidad de infracciones que presuntamente tenía acumuladas la conductora. Algunos tomaron el caso con humor, mientras otros cuestionaron cómo fue posible que el automóvil continuara circulando.

“200 infracciones 😳 es un nuevo récord y como trae escoltas piensa que ya la libro”.

“Sale más barato pagar las 200 infracciones o comprarme otro coche?”

“Pregunta seria; cómo logran verificar si deben 200 infracciones?”

“Como un carro puede tener tantas y circular tanto tiempo”.

La grabación volvió a poner bajo los reflectores el trabajo de los policías de tránsito que documentan sus intervenciones en redes sociales. En este caso, el dato que más sorprendió a los usuarios no fue solamente la infracción cometida en el carril del Metrobús, sino el historial que apareció después de revisar la situación del automóvil.

Hasta ahora, el episodio continúa generando conversación entre los usuarios de redes sociales, particularmente por la cantidad de multas y por el monto que tendría que cubrir la propietaria para poder recuperar su vehículo del depósito.

Hoy jueves, 1 de octubre, comienza a aplicarse en España una reforma del Reglamento General de Circulación que modifica las normas para motoristas, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos. El cambio normativo, contenido en el Real Decreto 518/2026, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado hace tres meses y ya ha entrado en vigor de manera oficial.

Entre las principales novedades figuran la obligatoriedad del casco para los ciclistas en carretera, el uso de guantes y calzado cerrado para quienes circulan en moto, una edad mínima para los patinetes eléctricos y la creación de un carril reservado para los servicios de emergencia cuando se producen atascos en autopistas y autovías. La Dirección General de Tráfico (DGT) detalló el alcance de estas disposiciones, que buscan ampliar la protección de los colectivos considerados más expuestos en la vía pública.

El Real Decreto 518/2026 no incluye un cuadro de multas propio: fija las obligaciones, mientras que las sanciones se calculan según la Ley de Tráfico, de acuerdo con la calificación de cada infracción. Las leves llegan hasta 100 euros, las graves se sitúan en 200 euros y las muy graves alcanzan los 500 euros.

Guantes y calzado cerrado, requisitos para circular en moto

Quienes conduzcan una motocicleta, así como sus acompañantes, deberán utilizar guantes de protección al circular por carreteras fuera del casco urbano. A esta exigencia se suma la obligación de llevar calzado que cubra por completo el pie, una condición que regirá tanto en ciudad como en vías interurbanas.

La norma deja fuera de la legalidad desplazarse en moto con sandalias abiertas o cualquier tipo de calzado que deje el pie al descubierto. No respetar esta obligación constituye una infracción grave, con una sanción económica de 200 euros, según precisó la DGT.

Además, la reforma permite de forma excepcional que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando los carriles de la vía estén detenidos por congestión, siempre que el tramo haya sido previamente habilitado y señalizado mediante marcas viales y señalización vertical fija. En esos casos, los motoristas deberán circular en columna de uno en uno, sin adelantamientos entre ellos y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, además de abandonar el arcén si fuera necesario para no poner en riesgo a otros vehículos autorizados a circular por él.

El casco pasa a ser obligatorio para todos los ciclistas en carretera

La reforma suprime las excepciones que hasta ahora permitían a determinados ciclistas prescindir del casco en vías interurbanas, como ocurría en tramos con pendientes pronunciadas o en jornadas de calor extremo. A partir de ahora, la protección craneal será exigible sin excepciones fuera de las ciudades, bajo infracción grave sancionada con 200 euros.

En el entorno urbano, la obligación continúa limitada a los menores de 16 años. Existe, no obstante, un colectivo adicional alcanzado por la norma: los profesionales que realizan su actividad laboral en bicicleta tendrán que llevar casco también dentro de las ciudades y en las travesías. El incumplimiento de ambas obligaciones por parte de los ciclistas profesionales se considera infracción grave y conlleva una multa de 200 euros.

Respecto a la circulación por espacios peatonales, las bicicletas mantienen la prohibición de transitar por las aceras. Los ayuntamientos conservan la potestad de autorizar una excepción puntual para menores de hasta 12 años, siempre que vayan acompañados de un adulto a pie. En otras zonas destinadas a peatones, la circulación en bicicleta quedará sujeta a lo que determine cada ordenanza municipal, con la prioridad del peatón como condición ineludible.

Las maniobras de adelantamiento a ciclistas incorporan límites de velocidad y distancia

El nuevo reglamento fija condiciones concretas para adelantar a un ciclista en carretera. El vehículo que realice la maniobra deberá circular, mientras dure el adelantamiento, a una velocidad inferior en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite establecido para esa vía.

A esa reducción se añade la exigencia de mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros respecto al ciclista. En las vías con dos o más carriles por sentido, el adelantamiento deberá hacerse ocupando por completo el carril contiguo, sin invadir parcialmente el espacio del ciclista. El incumplimiento de estas condiciones se considera infracción grave y se sanciona con 200 euros, y puede suponer además la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

Los patinetes eléctricos tendrán edad mínima y requisitos de visibilidad

La normativa fija en 15 años la edad mínima para circular en patinete eléctrico u otros vehículos de movilidad personal. Sus usuarios, además, deberán llevar casco correctamente sujeto mientras circulan. No hacerlo constituye infracción grave sancionada con 200 euros.

En condiciones de poca luz o visibilidad reducida, será necesario portar elementos luminosos o reflectantes que permitan que el usuario sea detectado a una distancia de al menos 150 metros. Esta exigencia se suma a la obligación, ya prevista para repartidores que trabajan en moto, ciclomotor, bicicleta o patinete, de utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad en cualquier tipo de vía, también sancionada con 200 euros en caso de incumplimiento.

Las retenciones en autopistas obligarán a liberar un carril para emergencias

Uno de los cambios con mayor incidencia en la conducción diaria afecta a las situaciones de retención en autopistas y autovías. Cuando el tráfico quede detenido o avance a paso de persona, los vehículos tendrán que desplazarse para abrir un carril de emergencia que permita el paso de ambulancias, policía, bomberos y otros servicios prioritarios. No hacerlo se considera infracción grave, con una multa de 200 euros.

La forma de liberar ese espacio dependerá del número de carriles disponibles. En las vías con dos carriles por sentido, el hueco deberá abrirse entre ambos carriles. Si existen tres o más carriles, los vehículos situados en el carril izquierdo se desplazarán hacia ese lado, mientras que el resto lo hará hacia la derecha.

La reforma incluye también disposiciones específicas para episodios de nieve en autopistas y autovías. En esas circunstancias quedará prohibido adelantar y será obligatorio mantener libres determinados carriles, de forma que puedan circular sin obstáculos los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

Los peatones ganan prioridad en las calles de plataforma única

La protección del peatón como usuario vulnerable se refuerza en los tramos urbanos conocidos como de plataforma única, en los que calzada y acera comparten el mismo nivel y espacio. En esas calles, el peatón tendrá prioridad de paso en cualquier punto de la vía.

Fuera de ese tipo de espacios, se mantienen los criterios de prioridad ya existentes: los pasos de peatones señalizados y los casos en los que un conductor gira para incorporarse a otra calle mientras una persona está cruzando.

Buzón Tributario: el trámite urgente antes de la nueva sanción El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomienda a los contribuyentes mexicanos revisar y actualizar tres trámites gratuitos antes de que cierre 2026. La medida busca evitar contratiempos fiscales de cara al nuevo año.

El aviso llega en un momento clave: a partir del 1 de enero de 2027, no tener habilitado el Buzón Tributario cuando exista la obligación de hacerlo se considerará una infracción que puede generar una multa, según informó el organismo.

Por ello, la autoridad recomienda revisar con anticipación tres herramientas antes de que termine el año: el Buzón Tributario, la e.firma y la Constancia de Situación Fiscal.

¿Qué es el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario es el canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, tanto personas físicas como morales. Para habilitarlo correctamente, es necesario cumplir con estos requisitos: Contar con Contraseña, e.firma o e.firma portable vigente (las personas morales deben usar obligatoriamente e.firma).

Registrar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular como medios de contacto. Es posible registrar hasta cinco direcciones de correo electrónico, pero solo un número de teléfono móvil.

Confirmar ambos medios de contacto dentro de las 72 horas posteriores al registro; de lo contrario, el sistema cancela la solicitud.

El procedimiento para habilitarlo incluye estos pasos:

Ingresar al portal del SAT y ubicar la opción “Buzón Tributario”.

Iniciar sesión con Contraseña o e.firma.

Capturar el o los correos electrónicos y el número celular en el formulario correspondiente. Presionar “Continuar” y aceptar el aviso del sistema.

Imprimir o guardar el acuse de registro con folio, fecha y hora. Confirmar el correo mediante el enlace que llega al correo electrónico. Confirmar el teléfono capturando el código recibido por SMS dentro del propio Buzón.

Quienes ya tienen habilitado el servicio deben verificar que sus datos de contacto sigan siendo correctos, sobre todo si cambiaron de correo o de número celular en los últimos meses.

Renovación de la e.firma: requisitos según el estado del certificado

El segundo trámite que el SAT recomienda revisar es la e.firma, indispensable para presentar declaraciones, realizar trámites electrónicos y acreditar identidad ante distintas plataformas del organismo. La vigencia del certificado es de cuatro años y el procedimiento de renovación cambia según el tiempo transcurrido desde su vencimiento.

Si el certificado sigue vigente, la renovación es completamente en línea y requiere:

Descargar el programa Certifica desde el portal del SAT.

Cargar el archivo .key e ingresar la contraseña de la llave privada. Generar el archivo .ren de solicitud de renovación.

Ingresar a CertiSAT Web con la e.firma vigente y subir el archivo .ren. Descargar los nuevos archivos .cer y .key, con vigencia de cuatro años adicionales.

Si el certificado venció hace menos de 12 meses, el trámite puede completarse sin cita mediante la aplicación SAT ID, para lo cual se necesita:

Ingresar el RFC en la app.

Subir una fotografía de identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Grabar un video breve repitiendo una frase que indica el sistema, como prueba de vida.

Firmar la solicitud en pantalla y conservar el número de folio. Esperar la respuesta del SAT, que llega al correo registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Existen tres situaciones en las que la renovación presencial resulta obligatoria: que el certificado haya vencido hace más de 12 meses, que el usuario no cuente con los archivos .cer y .key de la firma anterior, o que se haya olvidado la contraseña de la clave privada. En estos casos se requieren los mismos documentos que para la obtención por primera vez: Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP certificada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Correo electrónico activo.

Memoria USB con al menos 1 GB de espacio libre.

Para personas morales: acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal.

Las citas para este servicio se agendan exclusivamente a través del portal citas.sat.gob.mx, y conviene reservarlas con anticipación, ya que en temporada de declaración anual la disponibilidad suele agotarse con rapidez.

Constancia de Situación Fiscal: canales y documentos necesarios

El tercer punto que la autoridad recomienda revisar es la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que acredita la inscripción del contribuyente en el RFC y muestra su régimen fiscal, actividades económicas y domicilio registrado. El SAT precisó que este trámite es gratuito y puede obtenerse por distintos canales, cada uno con requisitos propios.

A través del portal del SAT, personas físicas y morales necesitan: RFC vigente. Contraseña del portal SAT o e.firma (archivos .cer y .key más la contraseña de la llave privada). Navegador actualizado con conexión a internet.

Mediante la aplicación SAT Móvil, disponible solo para personas físicas, se requiere: RFC a 13 posiciones.

Contraseña activa del portal SAT. Ingresar al apartado “Mi RFC” y seleccionar la opción “Constancia”. Para quienes no cuentan con Contraseña ni e.firma, el canal SAT ID permite obtener el documento sin acudir a una oficina, con estos requisitos: Ser persona física mayor de edad y de nacionalidad mexicana.

RFC de 13 dígitos, correo electrónico y número de celular.

Credencial para votar del INE vigente, fotografiada por ambos lados.

Un video breve de validación de identidad, leyendo la frase que indica la aplicación. Firma de la solicitud en pantalla.

Por esta vía, el documento llega al correo electrónico en un plazo de hasta cinco días hábiles, según indicó el organismo. También es posible tramitarlo de manera presencial en cualquier oficina del SAT, sin necesidad de cita, presentando una identificación oficial vigente; si el contribuyente cuenta con e.firma, puede omitir la identificación y acreditar su identidad solo con la validación de huella dactilar.

La CSF no tiene una fecha de vencimiento formal, por lo que no requiere renovación periódica obligatoria. Sin embargo, el SAT recomienda generar una nueva versión cuando el contribuyente registre cambios en su domicilio fiscal, régimen fiscal, actividades económicas o en su CURP, para que el documento refleje la información actualizada ante cualquier trámite administrativo o bancario que la solicite.

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, pidió a un tribunal europeo que anule la multa de 120 millones de euros (137 millones de dólares) que la Comisión Europea le impuso a X, la red social propiedad de Elon Musk.

La sanción, aplicada en diciembre de 2026, fue la primera multa impuesta bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), la norma con la que la Unión Europea regula el contenido y la transparencia de las plataformas tecnológicas. Llegó después de una investigación de dos años.

Según determinaron los reguladores europeos, las marcas de verificación azules de X incurrían en “prácticas de diseño engañosas” porque hacían pasar por “cuentas verificadas” a usuarios que simplemente habían pagado por ese estatus, lo que podía exponerlos a estafas y manipulación.

La Comisión Europea también objetó que el repositorio de publicidad de la plataforma fuera inaccesible e incompleto y que X no permitiera a los investigadores acceder a datos públicos para estudiar los riesgos del servicio.

El caso ahora queda en manos del Tribunal General de la Unión Europea, que deberá resolver si confirma o anula la multa contra X. La Comisión Europea no fijó una fecha para la próxima instancia del proceso.

Qué dijo Estados Unidos sobre la multa impuesta a X

El asistente del fiscal general a cargo de la división civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, dijo en un comunicado que la Comisión Europea “intentó indebidamente expandir su autoridad regulatoria para alcanzar a empresas estadounidenses que no están presentes ni operan dentro de su jurisdicción”.

“No toleraremos que la Comisión Europea incurra en un exceso regulatorio” para intentar controlar los motores estadounidenses de innovación y crecimiento económico, agregó Shumate, según reprodujo la agencia AP.

El propio Departamento de Justicia advirtió que la multa, si se confirma, podría tener implicaciones significativas para otras plataformas digitales estadounidenses que operan en la Unión Europea.

Musk y X ya habían apelado la sanción por separado en febrero de 2026. Argumentaron entonces que la investigación europea había sido “incompleta y superficial” y que la interpretación de las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) fue “torturada”, además de sostener que no se les habían garantizado plenamente los derechos de defensa.

Qué respondió la Comisión Europea

La Comisión Europea ya respondió a la solicitud estadounidense. Su vocero, Thomas Regnier, sostuvo que redactar legislación para proteger a los ciudadanos del bloque es un “derecho soberano” de la Unión Europea.

“Estamos aplicando nuestra legislación de manera objetiva, transparente y con un caso sólido”, dijo Regnier.

“Estamos listos para defender nuestra posición en la corte. Tenemos mucha evidencia a disposición y será la corte la que decida, como siempre”.

Consultado sobre si el Departamento de Justicia había avisado a la Comisión de su intención de respaldar a Musk, el vocero fue tajante: “No necesitamos que nos informen de nada”.

Regnier añadió que Bruselas no espera que el litigio afecte la relación más amplia entre ambos bloques, ni las negociaciones en curso para atenuar el impacto de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

La disputa por la DSA ya venía como un punto de fricción entre Washington y Bruselas antes de esta intervención.

Funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance, habían criticado antes la ley europea por considerarla una forma de censura online, según la agencia AP.

La norma exige a las plataformas tecnológicas depurar sus servicios bajo amenaza de sanciones económicas severas y alcanza a otras empresas estadounidenses además de X.

Segunda intervención que se realiza por una empresa de Musk

La reciente solicitud es la segunda vez en tres meses de 2026 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interviene para respaldar a una compañía de Musk frente a un proceso legal.

En julio del mismo año, la agencia había presentado una moción para sumarse a una demanda de derechos civiles que acusa a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, de operar sin permiso decenas de turbinas de gas natural para alimentar un centro de datos de 20.000 millones de dólares en Mississippi.

En ese caso, la organización Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y otros grupos sostienen que la instalación, ubicada cerca de viviendas, escuelas e iglesias, genera riesgos para la salud de las familias de Memphis y el norte de Mississippi, en violación de la ley federal de aire limpio.

Banda El Recodo suspendió una presentación callejera cerca del Tower Bridge en Londres el pasado martes 22 de septiembre de 2026, después de que un agente les pidió retirarse del lugar.

El hecho generó dudas entre seguidores sobre posibles multas, aunque hasta ahora no hay evidencia pública de que la agrupación recibiera una sanción.

La regulación británica permite ciertos actos musicales sin amplificación, pero los consejos locales y la policía pueden intervenir si detectan obstrucción peatonal, ruido que cause molestias o incumplimiento de normas en el espacio público.

El grupo sinaloense se presentó el domingo 20 de septiembre en KOKO, recinto de Camden, como parte de su gira europea. Dos días después circularon videos de los músicos con trompetas, clarinetes y tambora frente a turistas en las inmediaciones del puente.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el agente pidió a los integrantes detener la música y retirarse. Los músicos atendieron la solicitud y guardaron sus instrumentos, sin que se reportara una confrontación ni una detención.

La policía pidió a Banda El Recodo retirarse del área

Las grabaciones muestran que la actuación reunió a personas que se detuvieron para escuchar y grabar. Ese punto es central para entender la intervención: una presentación callejera no se regula únicamente por los instrumentos o el volumen, también por el espacio que ocupa y por el flujo de peatones que puede generar.

Los músicos abandonaron el sitio tras la indicación de los agentes. El medio precisó que no existe información pública para establecer que la agrupación hubiera cometido una infracción concreta o que careciera de un permiso exigible para ese punto.

Las publicaciones en redes sociales describieron el hecho como que la Banda El Recodo fue “corrida” de Londres. Esa versión exagera lo que muestran los videos y los reportes disponibles. La instrucción fue dejar de tocar y retirarse de esa zona, no una expulsión de la ciudad ni del Reino Unido.

La agrupación continuó con su gira por Europa después del episodio. Su itinerario contempla fechas en ciudades como Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich, según la información difundida alrededor de la gira.

La Ley de Licencias de 2003 no prohíbe toda música callejera

La legislación nacional británica no establece que toda interpretación musical en la calle requiera una licencia. La guía oficial del gobierno del Reino Unido sobre la Ley de Licencias de 2003 señala que una actuación pública de música en vivo sin amplificación, realizada entre las 08:00 y las 23:00 horas, no requiere licencia bajo esa norma.

El mismo documento define el busking como la práctica de actuar en espacios públicos a cambio de dinero. Aclara que esta actividad suele quedar fuera de los requisitos de licencia, porque ocurre en sitios que no están destinados formalmente al entretenimiento y porque, en muchos casos, la música acompaña actividades como el turismo o las compras.

La excepción está en las reglas específicas de cada autoridad local. La guía del gobierno británico advierte que los consejos municipales pueden imponer códigos de conducta, sistemas de permisos, ordenanzas o medidas particulares para regular las presentaciones callejeras.

Esto significa que tocar instrumentos acústicos no equivale, por sí solo, a una autorización ilimitada. Las condiciones cambian según el sitio exacto, la propiedad del terreno, el horario, la cantidad de participantes y los efectos de la actuación sobre el tránsito de personas.

Tower Bridge conecta zonas con autoridades distintas

El Tower Bridge cruza el río Támesis entre áreas administradas por distintos boroughs de Londres. Del lado norte se encuentra Tower Hamlets y del lado sur está Southwark. A esto se suman las condiciones de los accesos, banquetas, áreas turísticas y espacios que podrían tener administración propia.

Por esa razón, no basta con afirmar que “en Londres” se puede o no se puede tocar música en la calle. La regla aplicable depende de la ubicación exacta donde se instala una agrupación y del tipo de presentación que realiza.

En el caso de Banda El Recodo, los videos no permiten confirmar el punto jurídico preciso de la actuación ni identificar una ordenanza que los agentes hubieran citado al intervenir. Tampoco hay un comunicado de la Policía Metropolitana o de los consejos locales que detalle el motivo administrativo de la solicitud.

El dato disponible es que el grupo usó instrumentos de viento y percusión, reunió a personas en una zona de alta afluencia turística y acató la orden de retirarse. Esa combinación puede ser suficiente para que una autoridad priorice el paso peatonal, aun cuando no se acredite una multa.

El volumen, las aglomeraciones y la venta de mercancía pueden activar sanciones

Las presentaciones con bocinas, micrófonos o equipos de sonido tienen un nivel distinto de revisión frente a los actos acústicos. La guía británica establece que la música en vivo amplificada puede requerir autorización en determinadas circunstancias, sobre todo si no se desarrolla en un recinto habilitado o si rebasa los límites previstos para eventos con público.

El ruido no es el único elemento que puede provocar una intervención. Las autoridades locales pueden actuar si una actuación impide el libre tránsito, provoca una concentración que afecta la circulación o genera molestias para residentes, comercios y visitantes.

La venta de discos, playeras u otros productos también puede requerir una licencia de comercio callejero. Recibir propinas voluntarias no es necesariamente lo mismo que vender mercancía, pero esa diferencia depende de la norma local y de las condiciones del espacio ocupado.

Los seguidores de Banda El Recodo no tienen elementos para afirmar que el grupo recibió una multa. Los reportes disponibles describen una advertencia y el retiro voluntario de los músicos. La consecuencia económica dependería de que la autoridad documentara una infracción y decidiera iniciar un procedimiento conforme a la regulación del área donde ocurrió la presentación.

En una devolución que cerró una demora de más de un siglo, la Biblioteca Pública de Concord recibió un ejemplar de septiembre de 1894 de The Century Illustrated Monthly Magazine. La revista había permanecido fuera de la institución durante 132 años, un período que equivale a 48.220 días de atraso.

El responsable de devolverla fue John Hanson, un vecino de 84 años de Barrington, en el estado de New Hampshire. La entrega ocurrió pocos días después de que la biblioteca anunciara una suspensión de multas por material vencido. Esa medida permitió que Hanson no tuviera que abonar los USD 12.055 que habría acumulado el ejemplar bajo las reglas vigentes hasta entonces.

La historia fue difundida por la biblioteca y recogida por People, la BBC y CBS Boston. La institución explicó que la publicación no regresará al circuito habitual de préstamos y que evalúa conservarla para exhibirla.

La revista acumulaba 48.220 días de atraso

El ejemplar correspondía a la edición de septiembre de 1894 de The Century Illustrated Monthly Magazine, una publicación estadounidense que circuló entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. La revista había sido retirada de la Biblioteca Pública de Concord y nunca volvió en la fecha prevista.

Hanson contó que la publicación llevaba “décadas” en su casa, de acuerdo con CBS Boston. El hombre aseguró que no sabe con certeza cómo había llegado a su poder ni quién la había retirado originalmente de la biblioteca.

La situación cambió cuando leyó sobre la nueva política de multas. Tras conocer la medida, decidió devolver el número antiguo a la institución. “Por suerte, no tendrá que pagar la multa de USD 12.055 por los 48.220 días de atraso”, afirmó la biblioteca en un mensaje citado por People.

El monto surge de aplicar la tarifa que correspondía a los préstamos demorados antes de la suspensión. No obstante, la institución aclaró que el cálculo tiene un carácter ilustrativo, ya que la medida vigente impide cobrar esa deuda.

La biblioteca congeló las multas durante un año

La devolución coincidió con el inicio de un programa denominado fine freeze, una congelación de multas que comenzó el 1 de septiembre y se extenderá durante un año. Durante ese período, las sanciones económicas por devoluciones tardías quedan suspendidas y los usuarios no acumularán nuevos cargos por demoras.

La Biblioteca Pública de Concord informó que utilizará esos doce meses para analizar los efectos de operar como una institución sin multas. El objetivo es determinar si este modelo facilita que los lectores devuelvan el material sin temor a las sanciones acumuladas.

La amnistía no elimina todas las consecuencias para los usuarios. La biblioteca señaló que podrá intervenir si una persona conserva más de cinco materiales vencidos o si un artículo se pierde o sufre daños. Sin embargo, la devolución del número de 1894 quedó incluida en la nueva política.

La BBC indicó que el caso se convirtió en el ejemplo más llamativo de la iniciativa. La revista volvió a la institución luego de más de 13 décadas, justo cuando el nuevo sistema entraba en vigor.

El ejemplar podría ser preservado y exhibido

La biblioteca informó que el número de The Century Illustrated Monthly Magazine no volverá a ser prestado al público. En lugar de regresar a los estantes de circulación, la institución planea evaluar su preservación y una posible exhibición en la sala dedicada a la historia local de Concord.

La decisión responde tanto a la antigüedad del material como a su estado y valor documental. La publicación podría sumarse a los objetos históricos que la biblioteca conserva para consulta o muestra, en lugar de ser manipulada mediante préstamos convencionales.

El retorno del ejemplar permitió recuperar un material que había quedado fuera del catálogo durante generaciones. A la vez, la política de biblioteca sin multas quedó en el centro de la conversación local, cuando la institución inicia un año de prueba para medir sus resultados.

Moverse por una ciudad ya no significa solamente convivir con autos, colectivos y peatones. En una misma calle circulan motos de reparto, bicicletas, monopatines eléctricos, vehículos con sistemas de asistencia a la conducción, aplicaciones que organizan viajes y cámaras capaces de registrar buena parte de lo que sucede. La movilidad cambió. Y cuando ocurre un accidente, esa complejidad viaja casi completa al expediente judicial: hay que reconstruir el hecho, establecer responsabilidades, determinar lesiones, analizar seguros, cuantificar daños, discutir intereses y, finalmente, conseguir que una eventual sentencia se cumpla.

La pregunta, entonces, no parece extravagante: ¿tendría sentido contar con una Justicia especializada en tránsito? ¿En un ecosistema judicial propio, lejos de otros temas muy distintos e incluso —como los más ambiciosos proyectan— con un procedimiento autónomo?

La idea fue planteada recientemente por el juez Aldo M. Di Vito en un muy interesante artículo titulado “El fuero especial del tránsito”, publicado por la editorial Rubinzal. Su propuesta parte de un diagnóstico reconocible: el tránsito urbano se transformó y, al mismo tiempo, los procesos por accidentes viales concentran cuestiones técnicas cada vez más complejas. No se trata solamente de decidir quién pasó primero en una esquina. En un mismo juicio pueden discutirse la mecánica del choque, lesiones físicas y psicológicas, incapacidades, límites de cobertura de una aseguradora, intereses, honorarios y la posterior ejecución de la sentencia.

La propuesta de Di Vito no consiste en crear simplemente otra ventanilla judicial con un cartel distinto. Sugiere un fuero especial construido sobre cinco pilares: competencia exclusiva en materia de accidentes de tránsito; un cuerpo pericial único y permanente; un proceso predominantemente oral; un mecanismo de “pronto pago” para evitar ejecuciones interminables; y una base sistemática de datos sobre los siniestros, con posibilidad de utilizar inteligencia artificial para detectar patrones y producir información útil para las políticas de seguridad vial.

Para quien sufrió un accidente, la diferencia podría ser muy concreta. Hoy, una parte decisiva de estos juicios depende de pericias médicas, psicológicas, accidentológicas y, en ocasiones, contables. El artículo señala un problema que conocen quienes litigan en daños: peritos distintos pueden asignar porcentajes de incapacidad muy diferentes frente a lesiones semejantes.

Un cuerpo permanente y especializado no convertiría la valoración de una lesión en una cuenta automática —el juez seguiría teniendo que analizar cada caso—, pero podría aportar criterios técnicos más homogéneos, reducir tiempos y evitar que cada expediente empiece a construir desde cero su propio pequeño universo científico.

La especialización también podría servir para algo menos visible, pero igual de importante: que el expediente deje de ser solamente el lugar donde se discute un conflicto pasado y se convierta, además, en una fuente para prevenir el próximo. Registrar de manera compatible dónde ocurren los siniestros, qué vehículos intervienen, qué lesiones se repiten, qué problemas aparecen en determinadas intersecciones o cuánto tardan determinados trámites permitiría construir mapas y detectar fallas de infraestructura. Una sentencia repara —cuando llega a tiempo— un daño ya ocurrido. La información acumulada, bien utilizada y respetando la protección de los datos personales, puede ayudar a evitar otros.

Ahora bien, hablar de una “Justicia de tránsito” obliga a hacer una primera aclaración. En la Argentina, el tránsito está atravesado por el federalismo. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 rige directamente en jurisdicción federal y prevé la adhesión de provincias y municipios. Además, reconoce como autoridades de aplicación a los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones. El procedimiento para aplicar ese régimen tampoco es uno solo: el artículo 69 establece que cada jurisdicción fija el procedimiento correspondiente. Por eso, pensar en un único tribunal nacional que absorba todos los conflictos de tránsito del país sería desconocer cómo está distribuida la competencia.

“Ya hay fiscalías especializadas en accidentes de tránsito a nivel provincial”, comenta Pedro Scarpinelli, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consultor en Transporte y Seguridad Vial y especialista en movilidad sostenible, que fue consultado especialmente para este Tip Jurídico. Mendoza, por ejemplo, cuenta con una Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Más allá de si “fuero sí o fuero no”, Scarpinelli apunta a un problema global, no solo por la crecida en los siniestros, también por el reclamo de las víctimas, que muchas veces no encuentran el debido reparo. En este sentido, el ex número uno de la Agencia de Seguridad Vial menciona que hay iniciativas que hoy están en el Congreso de la Nación y que están orientadas a cambiar la manera en que se tratan los hechos de tránsito.

¿Qué ocurriría con las multas? Aquí conviene bajar una expectativa. Crear un fuero especializado en accidentes no significaría, automáticamente, que una persona pudiera discutir o pagar en un único lugar todas las infracciones cometidas en distintas ciudades o provincias. Ese problema pertenece principalmente al sistema administrativo de infracciones. Un fuero Nacional o centralizado podría venir también con la idea de unificar el registro de faltas, lo que sería un paso adelante en este aspecto (todos aquellos que conducen y aceleraron un poco de más en una vía provincial o local, saben de las dificultades de saldar ciertas multas e ir incluso hasta el lugar para resolver la infracción).

No existe un único modelo de “Justicia de tránsito” y algunos países ya han implementado alternativas. En Argentina, todavía es un asunto que mantiene distancia prudencial, aunque podría dar un giro inesperado en cualquier momento.

El Segundo Simulacro Nacional 2026, que se llevó a cabo hoy 19 de septiembre, puso nuevamente a prueba la capacidad de respuesta de empresas y centros de trabajo en México. Sin embargo, evacuar un inmueble durante el ejercicio no es suficiente: las organizaciones deben asegurarse de que sus empleados y brigadas sepan cómo actuar ante una emergencia real.

La NOM-002-STPS-2010 establece disposiciones relacionadas con la prevención y protección contra incendios en los centros laborales, entre ellas obligaciones de capacitación. Por ello, las empresas necesitan preparar al personal para responder antes, durante y después de una contingencia, así como mantener evidencia que permita demostrar que dicha preparación se llevó a cabo.

Los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral pueden derivar en sanciones económicas. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa de capacitación hackü, las multas previstas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden ubicarse entre 250 y 5 mil veces el valor de referencia aplicable, dependiendo de la obligación incumplida.

Con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2026 fijada en 117.31 pesos diarios, el rango señalado equivale aproximadamente a entre 29 mil 328 y 586 mil 550 pesos.

Participar en el simulacro no sustituye la capacitación

El objetivo de un simulacro es evaluar protocolos, rutas de evacuación, puntos de reunión y tiempos de respuesta. No obstante, la preparación también exige que cada integrante de la plantilla conozca sus responsabilidades y pueda actuar adecuadamente cuando se presente una situación de riesgo.

Este desafío aumenta en empresas con cientos o miles de trabajadores, diferentes turnos, alta rotación o personal distribuido en plantas y puntos operativos. También puede complicarse entre colaboradores que no utilizan computadora o correo electrónico corporativo durante su jornada.

Juan Simón Salazar Arboleda, CEO y cofundador de hackü, explicó que el reto principal no consiste únicamente en organizar el ejercicio, sino en lograr que cada persona sepa cómo responder ante una emergencia real.

Como alternativa para reforzar esos conocimientos, la compañía propone microcapacitaciones mediante chat enviadas directamente al celular. Según la empresa, un esquema de 16 contenidos de 90 segundos permitiría completar 24 minutos de capacitación con información breve y evaluaciones.

Esta modalidad busca facilitar el acceso de los trabajadores y mantener el aprendizaje de manera continua, aunque su aplicación debe integrarse a las obligaciones y protocolos correspondientes de cada centro laboral.

¿Qué evidencia de capacitación deben conservar las empresas?

La preparación del personal también debe quedar documentada. La NOM-002 contempla materiales y registros que pueden utilizarse como evidencia, como programas de capacitación, certificados, constancias de habilidades, reconocimientos, diplomas, fotografías y videos.

A estos elementos se suman las constancias que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puede solicitar durante una verificación. En consecuencia, las organizaciones deben mantener la documentación ordenada y disponible para acreditar que el personal recibió la formación correspondiente.

Para Salazar Arboleda, la evidencia debe formar parte de la estrategia preventiva. La tecnología, señaló, puede ayudar a distribuir información, evaluar el nivel de comprensión y registrar el avance de trabajadores ubicados en distintos turnos o instalaciones.

Segundo Simulacro Nacional 2026 contempla cinco hipótesis de sismo

El ejercicio nacional del 19 de septiembre considerará cinco hipótesis de sismo, definidas de acuerdo con las diferentes regiones del país. Por esa razón, cada centro laboral deberá tomar en cuenta los riesgos identificados en su inmueble y revisar los aspectos de su preparación que aún presenten deficiencias.

El simulacro representa una oportunidad para comprobar si los protocolos funcionan en la práctica, detectar fallas y evaluar si brigadistas y trabajadores cuentan con conocimientos suficientes.

El propósito es evitar las llamadas “brigadas de papel”: equipos que existen en documentos, pero que no necesariamente están preparados para responder ante una situación crítica.

Mantener una capacitación continua, realizar simulacros y conservar evidencia del proceso permite reducir la distancia entre lo establecido en los protocolos y la capacidad real de reacción. Además de contribuir al cumplimiento de la normativa laboral, esta preparación puede ser determinante para proteger la integridad de los trabajadores durante una emergencia.

Las sanciones por invasión ilegal de carril aumentaron un 34% en Costa Rica durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Entre enero y agosto de este año, la Policía de Tránsito contabilizó 1,513 multas por esta conducta, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían registrado 1,132 sanciones.

La diferencia representa 381 multas adicionales en comparación con el año anterior y confirma un aumento importante en una de las conductas que las autoridades consideran más peligrosas en carretera.

La infracción se produce cuando un conductor invade el carril contrario pese a existir una línea de barrera continua, una señalización que prohíbe realizar adelantamientos debido a las condiciones de la vía y al riesgo de una colisión frontal.

Además del riesgo para la seguridad vial, la conducta tiene una consecuencia económica considerable.

Según informó el MOPT, la multa asciende a ₡363,000 (USD 792) y el conductor acumula seis puntos en su licencia, debido a la gravedad de la infracción.

La acumulación de esos puntos también tiene efectos sobre la renovación del permiso para conducir.

“Con esos puntos acumulados, la persona deberá llevar un curso de reeducación vial, y ganarlo, si desea renovar la licencia de conducir”, indicó el Ministerio.

El aumento de sanciones se produce en momentos en que la invasión de carril figura entre las principales causas de fallecimientos en las carreteras costarricenses.

Segunda causa de muerte en carretera

De acuerdo con las cifras difundidas por el MOPT, la invasión de carril acumula 81 muertes, lo que la convierte en la segunda causa de fallecimientos en carretera dentro de los datos citados por la institución.

Únicamente es superada por el abuso de velocidad, conducta a la que se atribuyen 146 decesos.

La diferencia entre ambas causas es de 65 muertes, pero las cifras colocan a la invasión de carril como uno de los principales riesgos asociados con la conducción en el país.

El peligro de esta maniobra radica especialmente en que puede provocar choques frontales, accidentes que suelen ocurrir a velocidades combinadas elevadas y que dejan poco margen de reacción a los conductores involucrados.

Una línea continua en la calzada indica precisamente que no debe cruzarse para efectuar un adelantamiento, generalmente porque existen curvas, cambios de rasante, visibilidad reducida u otras condiciones que hacen riesgoso circular temporalmente en el sentido contrario.

Pese a ello, los registros de la Policía de Tránsito muestran que más de 1.500 conductores fueron sancionados en apenas ocho meses por incumplir esta restricción.

Si se distribuyen las 1,513 multas entre enero y agosto, el promedio supera las seis sanciones diarias por invasión ilegal de carril.

El Ministerio cerró su mensaje con un llamado directo a los conductores para respetar las reglas de circulación y evitar decisiones que pongan en riesgo su vida y la de otras personas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, expresó la institución quien ha reiterado el llamado en varias ocasiones a los conductores para evitar accidentes en carreteras.

En México circula una versión falsa sobre restricciones para conducir que el Gobierno federal salió a desmentir. Un mensaje difundido por WhatsApp el 3 de septiembre atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum una supuesta iniciativa para prohibir que las personas mayores de 40 años usen celular y manejen al mismo tiempo en el país.

La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República calificó la versión como falsa. No existe registro de ninguna iniciativa de este tipo en el Sistema de Información Legislativa, ni en las gacetas del Senado o de la Cámara de Diputados durante 2026.

Tampoco existe en México una edad límite para tramitar o renovar una licencia de conducir. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial solo exige acreditar la aptitud del conductor mediante las evaluaciones que determine la autoridad correspondiente, sin importar la edad del solicitante.

Lo que sí existe, y afecta a cualquier automovilista sin importar edad, son las causas de suspensión y cancelación previstas en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. La normativa distingue entre faltas que suspenden el documento de forma temporal y otras que lo cancelan de manera definitiva, según la gravedad y la reincidencia del infractor.

Cuándo cancela la licencia la Semovi

El artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los supuestos de cancelación definitiva de la licencia o permiso para conducir, que aplica la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Procede cuando el titular es sancionado por segunda vez en un año por conducir en estado de ebriedad, o por tercera ocasión en un periodo de tres años o más. También aplica si comete alguna infracción bajo el efecto de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas.

La ley contempla además la cancelación cuando el conductor acumula dos suspensiones previas de su licencia, o cuando se comprueba que la información o los documentos presentados para tramitarla fueron falsificados o alterados. En ese último caso, la Secretaría da vista a la autoridad competente.

El sexto supuesto es la negligencia comprobada: si por impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad el titular causa lesiones que ponen en peligro la seguridad o la vida de terceros, procede la cancelación definitiva. Quien pierde así su licencia queda impedido para conducir en la Ciudad de México, aunque presente un documento vigente de otra entidad o país.

Los casos de suspensión temporal

El artículo 68 de la misma ley regula la suspensión temporal, que va de seis meses a tres años según la falta cometida.

Se aplica cuando el conductor acumula tres infracciones a la ley o sus reglamentos en el transcurso de un año, o cuando causa daños a terceros o a sus bienes sin resarcirlos. También procede ante la primera sanción por conducir en estado de ebriedad, con una suspensión de un año y la obligación de someterse, a su costa, a un tratamiento contra las adicciones en una institución especializada.

Si se trata de la segunda sanción por la misma causa, ocurrida en un periodo menor a tres años desde la primera, la suspensión se extiende a tres años, con el mismo requisito de tratamiento de rehabilitación.

Qué pasa si se conduce con la licencia suspendida o cancelada

Conducir con la licencia cancelada o suspendida en la Ciudad de México tiene consecuencias económicas y administrativas directas. La ley prevé una multa equivalente a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y el envío del vehículo al corralón, además de que el documento no puede reexpedirse mientras dure la sanción.

El artículo 69 de la Ley de Movilidad establece que a ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia si este se encuentra suspendido o cancelado, si presentó documentación falsa, si le fue revocado un permiso por causas imputables a su persona, o si así lo ordena una autoridad judicial o administrativa.

Cómo verificar si la licencia tiene alguna sanción

Antes de iniciar cualquier trámite, conviene confirmar el estatus del documento. La Semovi habilita una herramienta de validación en línea para este fin.

1. Ingresar al portal oficial: app.semovi.cdmx.gob.mx.

2. Buscar la opción de validación de licencias y tarjetas de circulación.

3. Capturar el número de licencia y los datos que solicite el sistema.

4. Revisar el resultado, que indica si el documento está vigente, suspendido o cancelado.

5. En caso de sanción, acudir al módulo correspondiente para conocer el motivo y el plazo restante.

Pasos para reponer o renovar una licencia

Cuando la licencia venció, se extravió o fue robada, el trámite de reposición o renovación se realiza ante la Semovi. Los requisitos varían según el tipo de licencia, pero el procedimiento general sigue esta secuencia:

1. Generar una cuenta en la plataforma Llave CDMX, requisito indispensable para agendar citas y trámites en línea.

2. Reunir identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla de servicio militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

3. En caso de robo o extravío, levantar el acta correspondiente ante el Ministerio Público o un Juez Cívico.

4. Obtener la línea de captura y realizar el pago de derechos en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o en bancos autorizados.

5. Agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular y Licencias a través de app.semovi.cdmx.gob.mx/citas.

6. Acudir el día señalado con toda la documentación en original y copia para que sea revisada y cotejada.

7. Para licencias tipo B, C, D y E, presentar además las constancias de evaluación médica, capacitación y pericia emitidas por el Centro de Formación de Servidores Públicos (Cenfes).

8. Firmar el documento de aceptación una vez validados los datos; la licencia se entrega el mismo día.

Para quienes buscan recuperar una licencia tras cumplir una suspensión, un requisito adicional es no contar con sanciones activas del programa Conduce sin Alcohol ni sentencias relacionadas con hechos de tránsito, condición que la propia Semovi verifica antes de autorizar el trámite en línea.

¿Quién controla realmente el mercado del alquiler en la Comunidad de Madrid? Una de las respuestas más fiables la ofrece la Agencia de Vivienda Social (AVS), el organismo público que depende del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. La ley obliga a que la fianza que el inquilino entrega al arrendador sea depositada en la AVS. Según los últimos datos (diciembre de 2025), el número real de fianzas gestionadas por la AVS era de 488.515. De estas, 2.490 (es decir, el 0,5%) acumulaban el 82% del dinero total de esas fianzas, 632,4 millones de euros de los 771,5 millones totales.

Estos datos aparecen en varias preguntas parlamentarias tramitadas por Más Madrid a las que ha tenido que responder el Ejecutivo económico. “El número total de las fianzas depositadas en régimen general en el año 2025 ascendió a 486.026; en régimen especial concertado, el número total de conciertos ascendió a un total de 2.489”, señala la AVS. Traducido. Las fianzas de régimen general se refieren a fianzas cuyos contratos de alquiler están vigentes entre particulares, entre arrendador y arrendatario. Las fianzas en régimen especial concertado son un mecanismo que permite a grandes arrendadores (principalmente empresas, fondos de inversión e incluso Administraciones con un elevado número de contratos de arrendamiento) gestionar el depósito de sus fianzas de forma simplificada y periódica, en lugar de hacerlo contrato a contrato.

En lugar de depositar la fianza de cada contrato de alquiler individualmente ante el organismo autonómico competente (en Madrid es la Agencia de Vivienda Social), el arrendador acogido al régimen concertado puede agrupar todos los depósitos de un período determinado (mensual, trimestral) y hacer un único ingreso global. Esto simplifica enormemente la gestión administrativa cuando se manejan cientos o miles de contratos simultáneamente. Para apuntarse a este sistema, el arrendador tiene que tener cinco o más contratos cuya suma de las fianzas sea igual o superior a 6.000 euros.

Los datos revelan que estos ‘propietarios concertados’ cada vez gestionan más dinero en fianzas. Si en 2020 había 2.274 de estos propietarios que habían depositado en la AVS un total de 542,7 millones de euros en fianzas, 2025 cerró con 2.490 propietarios concertados que gestionaban 632,4 millones de euros, es decir, un 16,5% más de dinero. Los datos (ver tabla) revelan que estos ‘propietarios concertados’, empresas y fondos que han entrado con fuerza en el mercado del alquiler madrileño, manejan cada vez más contratos y que el alza de los precios mejora sus cuentas de resultado.

No hay datos de pisos

No es posible conocer, sin embargo, los números de pisos que manejan estos propietarios. “No es posible ofrecer el desglose de los importes totales de los depósitos de fianzas según la naturaleza del arrendador, dado que no son datos que recopila el Área de Fianzas de Arrendamientos cuya actividad se limita a actuar como depósito de garantía de las fianzas de arrendamiento en la Comunidad de Madrid”, explican desde la AVS. En cambio, las fianzas depositadas por particulares que alquilan no han subido en la misma proporción. Más bien lo contrario. Si en 2020 estos arrendadores particulares ingresaron en la AVS fianzas por valor de 142,6 millones de euros, en 2025 esa cantidad había bajado a 139 millones de euros.

La fianza es una garantía que el inquilino entrega al arrendador para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. El depósito de esta fianza es obligatorio y gratuito. Y debe hacerlo el arrendador. Con el Real Decreto que aprobó el Gobierno central en diciembre de 2018, la fianza queda limitada a una mensualidad en el caso de las viviendas (dos si es mediante avales) y a dos mensualidades cuando se trate de un arrendamiento para otros usos, como un local comercial. El arrendador, no obstante, podrá exigir una garantía adicional de otras dos mensualidades. Es decir, el inquilino podría tener que desembolsar hasta tres meses para poder acceder a un alquiler.

Por ejemplo, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei), patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid, alerta de que el mercado del alquiler en la región continúa en niveles de máxima tensión, con un precio medio que ya alcanza los 1.550 euros mensuales. La fianza podría ser de 4.650 euros. Eso sí, el depósito no es revisable durante los primeros cinco años. El depósito de la fianza de cualquier alquiler en la Comunidad de Madrid se debe realizar en la AVS. El plazo para depositarla, por parte del arrendador, es de 30 días hábiles desde la celebración del contrato. El depósito fuera de ese plazo soporta un recargo del 2% del importe de la misma. Mientras gestiona ese dinero, la administración debe destinarlo a la promoción pública de viviendas y a obras de rehabilitación y remodelación de las zonas más desprotegidas.

Desde la AVS recuerdan que cualquier inquilino puede solicitarles la acreditación de que su arrendador ha efectuado el depósito de la fianza que le ha entregado. Cuando la agencia verifica que no se ha hecho, se genera un expediente denominado INFA, actuación previa a una inspección, que consiste en enviar una carta recordando al arrendador que debe depositar la fianza, así como las consecuencias de su incumplimiento. Si a pesar de esa comunicación previa, persiste la irregularidad, se inicia entonces un procedimiento de inspección.

Menos inspecciones

Los datos facilitados a Más Madrid revelan, además, que cada vez se hacen menos inspecciones. Los inspectores de la agencia realizaron 426 en 2025, cifra que era de 550 en 2024 y de 874 en 2023. El incumplimiento de esta obligación puede suponer una sanción que puede llegar a los 90.000 euros. No estaríamos ante contratos irregulares, simplemente ante una falta administrativa, la de no depositar la fianza. La obligación de depositar la fianza también incluye a los contratos de arrendamiento verbal. El Gobierno de Ayuso acaba de presentar precisamente un proyecto de ley para modificar una ley de 1997 que regula precisamente las actuaciones inspectoras y la potestad sancionadora en materia de depósitos de fianzas.

Más Madrid va a presentar alegaciones. “Ahora van a modificar una ley por lectura única para que la oposición no pueda opinar 29 años después. Se trata de una simple actualización de las sanciones sin tener en cuenta las nuevas realidades del mercado del alquiler, como la llegada de los fondos de inversión como grandes tenedores, los alquileres turísticos, los alquileres de habitaciones. Este viernes registramos nuestras enmiendas”, explica Eduardo Gutiérrez, coordinador de Economía de Más Madrid. Gutiérrez recuerda que entre 1997 y ahora el IPC ha subido un 99%. ¿Y cómo se quieren actualizar las sanciones?

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid propone incrementar el límite máximo en caso de sanción por infracción leve a 12.000 euros (actualmente es de 6.000 euros), es decir, duplicarlo. La Agencia de Vivienda Social reconoce que, tras analizar las sanciones impuestas en los últimos cinco años, el importe de las mismas se hubiera incrementado un 4,35% en caso de haber estado ese tope ya de 12.000 euros en las infracciones leves. Las infracciones graves se mantienen, eso sí, con un tope de 90.151,80 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las nuevas normas de circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT). El nuevo texto parte de una idea: la movilidad ha cambiado y las reglas deben adaptarse a esa realidad.

Uno de los apartados que incorpora cambios afecta a las bicicletas y a la convivencia en carretera entre ciclistas, conductores y peatones. La normativa introduce medidas para regular la circulación de los ciclistas tanto en vías interurbanas como dentro de las ciudades.

Cómo cambia la circulación de bicicletas

Las medidas entrarán en vigor en dos semanas, el 1 de octubre. En las vías interurbanas, los conductores deberán adelantar a los ciclistas a una velocidad al menos 20 kilómetros por hora inferior al límite establecido en el tramo. Esta reducción se suma a otras condiciones que ya regulan la maniobra.

Además, el adelantamiento deberá respetar una separación lateral de un mínimo de 1,5 metros y, cuando la carretera tenga más de un carril por sentido, el vehículo tendrá que ocupar por completo el carril contiguo para rebasar al ciclista. La norma impide realizar adelantamientos ajustados dentro del mismo carril.

La regulación también establece que, ante la diferencia de velocidad entre una bicicleta y un vehículo a motor, el conductor tiene la obligación de “reducir la velocidad y no aumentarla”. La medida se aplica cuando las circunstancias obliguen a extremar la precaución durante la aproximación o el adelantamiento.

En las ciudades, la normativa fija una distancia de seguridad de cinco metros entre un vehículo y la bicicleta que circule delante. La previsión afecta a los conductores que sigan a un ciclista por la calzada y obliga a mantener margen suficiente antes de efectuar cualquier maniobra.

Los ciclistas podrán rebasar a los vehículos a motor tanto por la derecha como por la izquierda. Esta posibilidad se incorpora a las normas urbanas, donde las diferencias de velocidad y las retenciones hacen habitual que bicicletas y coches compartan espacio en calles con tráfico denso.

También habrá cambios en las calles de un único carril que tengan un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora o inferior. En esos casos, las bicicletas podrán circular en ambos sentidos, aunque la calle esté regulada para que los vehículos a motor solo lo hagan en una dirección.

La prioridad de paso de los ciclistas queda recogida en varios supuestos. Tendrán preferencia cuando circulen por un carril bici, un paso para ciclistas o un arcén señalizado. También la tendrán cuando un coche o un ciclomotor vaya a girar para incorporarse a otra vía y haya un ciclista cerca. La misma prioridad se aplicará a los grupos de ciclistas. Si el primero de ellos ya ha iniciado el cruce o ha entrado en una glorieta, el resto del grupo podrá continuar la maniobra.

Además, las bicicletas podrán circular por la calzada cuando no exista un carril bici o una vía específica. No podrán hacerlo por las aceras, salvo los menores de 12 años. Sí podrán acceder al resto de zonas peatonales, aunque deberán respetar la prioridad y la seguridad de los peatones, además de las restricciones que establezca cada ayuntamiento.

Como norma general, los ciclistas deberán circular preferentemente por el centro del carril cuando su seguridad lo permita. En las vías con dos o más carriles por sentido, deberán utilizar el de la derecha, excepto si necesitan cambiar de dirección.

En materia de sanciones, el reglamento ya establece que los ciclistas y los peatones tienen prioridad de paso frente a los vehículos a motor cuando circulen, respectivamente, por un carril bici, un paso para ciclistas o un arcén debidamente señalizado. La misma prioridad se aplica a los peatones que crucen por un paso habilitado. El incumplimiento de estas normas puede suponer para el conductor una multa de 200 euros y la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir.

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informó que a partir de hoy los usuarios que evadan el pago del peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata podrán ser sancionados con multas de hasta $684.000. La empresa tiene controles en las estaciones de cobro mediante un sistema de cámaras que permite registrar los vehículos que atraviesan las cabinas sin pagar.

La medida se implementa en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad, mediante el cual AUBASA fue facultada para constatar y sancionar infracciones vinculadas a la evasión de peaje y al exceso de carga de vehículos pesados.

La falta de pago del peaje constituye una infracción de tránsito sancionada con una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF). El valor de la UF se ubica en la actualidad en $2.281 y se actualiza periódicamente. Por ello, el monto expresado en pesos dependerá del valor de la UF vigente al momento de la infracción. A septiembre de 2026, las multas oscilarán entre $228.100 y $684.300. De todos modos, es importante mencionar que la provincia suele aplicar el cobro de 100 UF.

De todos modos, la determinación del monto concreto de la multa se realizará en el marco del procedimiento provincial de infracciones de tránsito, de acuerdo con las normas y autoridades competentes.

“El objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial que diariamente utilizan miles de personas. La evasión de peaje no solo constituye una infracción, sino que también genera maniobras riesgosas que ponen en peligro a los usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro”, dijeron desde AUBASA.

Para detectar estas infracciones, cuentan con un sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje que registra de manera automática la fecha, hora y lugar del hecho, además de la imagen del vehículo involucrado. Con esos datos, se genera el acta de infracción correspondiente.

Antes de que se aplique la sanción, el titular del vehículo tendrá un plazo de 30 días corridos para regularizar la situación. Para ello, deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal pagopatente.com.ar.

Si vencido ese período no se concreta la regularización, el acta será remitida a la autoridad competente, que estará a cargo de emitir la multa y notificarla posteriormente al titular registral del vehículo.

En caso de considerar que la infracción fue emitida de manera incorrecta, el titular del vehículo podrá ejercer su derecho de defensa mediante la presentación de un descargo ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial competente.

Por otra parte, quienes cuenten con TelePase y hayan tenido un inconveniente o un error al momento del paso por el peaje podrán comunicarse dentro de los 30 días de ocurrido el hecho con el Call Center, al 0800-666-8353, o con AUBOT, al 11 3931-2406. Un operador analizará el caso y verificará lo ocurrido.

Cuánto cuestan los peajes

Los cuadros tarifarios de la Autopista Buenos Aires-La Plata muestran que los vehículos de dos ejes pueden pagar entre $1.300 y $6.000 por pasada manual, según la estación de peaje, el sentido de circulación y la franja horaria. Para las motos, los valores oscilan entre $700 y $3.000.

En sentido desde la Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata, el mayor valor corresponde a los peajes de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez. Las motos abonan $1.200 fuera de hora pico y $1.500 en hora pico mediante pago manual. Con TelePASE, las tarifas son de $1.197,52 y $1.496,90, respectivamente.

Para los vehículos de dos ejes, el pago manual en esas estaciones es de $2.400 fuera de hora pico y $3.000 en hora pico. El sistema electrónico reduce el importe a $2.395,04 y $2.993,80.

En los peajes de Bernal, Quilmes y Berazategui, las motos pagan $900 fuera de hora pico y $1.100 en hora pico si utilizan cabinas manuales. Con TelePASE, los importes son de $838,26 y $1.047,82.

Los automóviles de dos ejes abonan $1.700 fuera de hora pico y $2.100 en los horarios de mayor demanda. Las tarifas electrónicas alcanzan los $1.676,53 y $2.095,66.

En Villa Elisa, el peaje manual para motos cuesta $700 fuera de hora pico y $800 en hora pico. Con TelePASE, los valores bajan a $627,27 y $784,09.

Para los vehículos de dos ejes, Villa Elisa aplica $1.300 fuera de hora pico y $1.600 en hora pico en modalidad manual. El pago con TelePASE tiene tarifas de $1.254,55 y $1.568,18.

En sentido desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires, el peaje de Hudson fija una tarifa manual de $2.400 para motos fuera de hora pico y de $3.000 en hora pico. Con TelePASE, los montos son de $2.395,04 y $2.993,80.

Los autos de dos ejes pagan $4.800 fuera de hora pico y $6.000 en hora pico en las cabinas manuales de Hudson. Mediante TelePASE, el costo es de $4.790,06 y $5.987,57.

En los peajes de Dock Sud, Acceso Sudeste y Gutiérrez, en el mismo sentido, las motos abonan entre $1.197,52 y $1.500, mientras que los vehículos de dos ejes pagan entre $2.395,04 y $3.000, de acuerdo con el medio de pago y la franja horaria.

Los automovilistas que planean trasladarse durante este martes 15 de septiembre deberán revisar las placas y el holograma de verificación de su vehículo antes de salir, ya que el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y los municipios correspondientes del Estado de México.

La celebración del Grito de Independencia no implica por sí misma la suspensión de las restricciones. Por ello, algunos vehículos tendrán que permanecer fuera de circulación entre las 05:00 y las 22:00 horas, pese a los eventos y conciertos programados por las Fiestas Patrias.

Las autoridades recomiendan anticipar los desplazamientos, especialmente en zonas donde se instalarán escenarios, habrá cierres viales o se espera una alta concentración de personas durante la noche del 15 de septiembre.

¿Qué autos no circulan hoy martes 15 de septiembre?

De acuerdo con el calendario habitual del programa, este martes deberán descansar los vehículos que cumplan con las siguientes características:

• Engomado rosa
• Terminación de placa 7 y 8
• Holograma de verificación 1 o 2
• Horario de restricción: de 05:00 a 22:00 horas

Para determinar si un automóvil está sujeto al programa se considera el último dígito numérico de la placa. En el caso de matrículas que no tengan números, la restricción puede establecerse con base en las disposiciones aplicables a permisos y placas especiales.

El Hoy No Circula del 15 de septiembre se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses donde opera el programa metropolitano.

¿Se suspende el Hoy No Circula por el Grito de Independencia?

No. Hasta el momento, las autoridades ambientales no han anunciado una suspensión especial del programa por las celebraciones del 15 de septiembre. Esto significa que los vehículos con engomado rosa, placas terminadas en 7 u 8 y hologramas 1 y 2 deberán respetar las restricciones.

El programa tampoco se suspende automáticamente durante días festivos o celebraciones nacionales. Cualquier modificación extraordinaria debe ser comunicada oficialmente por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) o por las autoridades del Estado de México.

Además del Hoy No Circula, los conductores deben considerar que durante la tarde y noche podrían implementarse cortes a la circulación alrededor de plazas públicas, explanadas municipales y zonas donde se desarrollarán las ceremonias del Grito.

¿Qué vehículos pueden circular este 15 de septiembre?

Las principales excepciones contempladas por el programa permiten circular a los automóviles con tecnologías menos contaminantes y a determinadas unidades que prestan servicios esenciales.

Entre los vehículos que pueden circular se encuentran:

• Automóviles con holograma 00 o 0
• Vehículos eléctricos
• Vehículos híbridos que cuenten con la constancia correspondiente
• Unidades con holograma o constancia tipo Exento
• Vehículos destinados a servicios médicos o de emergencia
• Transporte escolar que cuente con la autorización vigente
• Automóviles conducidos por personas con discapacidad, siempre que tengan el permiso correspondiente
• Vehículos utilizados en circunstancias especiales autorizadas por las autoridades ambientales

Los propietarios deben verificar que sus documentos, hologramas y constancias estén vigentes. Tener un automóvil híbrido o eléctrico no siempre basta para acreditar la exención si no se cuenta con el documento expedido por la autoridad.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, incumplir las restricciones puede ocasionar una sanción equivalente a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Esto representa una multa superior a los 2 mil pesos, cuyo monto final dependerá de la infracción aplicada.

El vehículo también puede ser remitido a un depósito vehicular, conocido como corralón. En ese caso, el propietario tendrá que cubrir otros gastos, como el arrastre y la estancia de la unidad, además de presentar la documentación necesaria para recuperarla.

En el Estado de México, las sanciones se determinan conforme a la normativa ambiental y de tránsito aplicable. La infracción por no respetar el Hoy No Circula puede alcanzar las 20 UMA, además de las medidas administrativas que correspondan.

Calendario semanal del Hoy No Circula

El calendario ordinario establece las siguientes restricciones de lunes a viernes:

• Lunes: engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6
• Martes: engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8
• Miércoles: engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4
• Jueves: engomado verde y placas terminadas en 1 o 2
• Viernes: engomado azul y placas terminadas en 9, 0 o permisos

El objetivo del programa Hoy No Circula de la Sedema es disminuir la emisión de contaminantes mediante restricciones determinadas por el holograma, el color del engomado y la terminación de las placas. En caso de activarse una contingencia ambiental, las limitaciones podrían ampliarse mediante el esquema de Doble Hoy No Circula.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación de oficio contra el futbol profesional mexicano por posibles prácticas monopólicas, luego de dar seguimiento durante varios meses a reportes periodísticos y denuncias de aficionados sobre presuntas conductas anticompetitivas.

La investigación fue iniciada formalmente este 14 de septiembre, después de que la Autoridad Investigadora de la CNA determinara que existen indicios suficientes para analizar posibles prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas relacionadas con un posible abuso de poder de mercado que podrían estar afectando al futbol mexicano.

De acuerdo con la Comisión, el procedimiento busca analizar las condiciones del mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado, además de cualquier otro servicio que pudiera estar relacionado con estas actividades. La decisión de iniciar la investigación surgió, entre otros elementos, del seguimiento a información pública y de las inquietudes expresadas por aficionados.

¿Por qué la CNA investiga al futbol mexicano?

La Comisión explicó que el futbol tiene un impacto importante en la economía del país debido a la cantidad de personas que lo siguen y a los bienes y servicios que genera alrededor de esta actividad.

De acuerdo con información de fuentes públicas citada por la CNA, México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol, mientras que aproximadamente 250 mil personas se movilizan cada fin de semana alrededor de este deporte.

A esto se suma que la final de la Copa del Mundo 2026 habría alcanzado una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas en México. Además, la industria del futbol generó más de 52 mil millones de pesos en 2024 y alrededor de 150 mil empleos al año.

Sin embargo, el inicio de la investigación no significa que la Comisión haya determinado que existe una práctica monopólica o que algún agente económico sea responsable. La autoridad deberá desarrollar el procedimiento correspondiente antes de llegar a una conclusión.

¿De cuánto podrían ser las multas?

Mientras la investigación avanza, la CNA también advirtió que los involucrados podrían enfrentar sanciones económicas si no cumplen con los requerimientos de la autoridad.

José Manuel Haro Zepeda, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio, explicó en entrevista con ESPN que una persona o agente económico que no atienda una comparecencia podría recibir una multa de hasta 3 mil UMA, equivalente aproximadamente a 3.5 millones de pesos.

Además, en caso de que no se entregue la información solicitada, la autoridad puede imponer una sanción de hasta 938 mil pesos por cada día que persista el incumplimiento.

“Si alguien no atiende una comparecencia, estamos hablando de que puede haber una sanción de hasta tres mil UMA, que en dinero es equivalente a 3.5 millones de pesos aproximadamente. En caso de que no me proporcionen información, por cada día que no cumplan, yo puedo aplicar una multa de hasta 938 mil pesos aproximadamente”, informó Haro Zepeda.

El funcionario explicó que estas medidas forman parte del proceso mediante el cual la Comisión busca obtener la información necesaria para determinar si existen o no conductas anticompetitivas dentro del mercado del futbol profesional.

“Es una investigación que busca generar beneficios para todos los participantes y los consumidores de este mercado. Estamos investigando este tipo de prácticas, que son abusivas, en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado, así como cualquier otro servicio que pudiera estar relacionado.”

Haro Zepeda también detalló que la decisión de investigar surgió después de que la autoridad dio seguimiento al comportamiento del mercado y detectó distintas inquietudes entre los aficionados.

“Para iniciar esta investigación, ¿qué es lo que hacemos? Usualmente le damos seguimiento a cómo van funcionando los mercados, vemos todo tipo de noticias y datos y, en ese sentido, decidimos iniciar una investigación, sobre todo al identificar una diversidad de inquietudes por parte de la afición”, explicó.

FMF o Liga MX no pueden frenar la investigación con un amparo

La investigación también tiene una particularidad en cuanto a los mecanismos legales que podrían utilizar los involucrados para intentar detenerla. De acuerdo con Haro Zepeda, durante esta etapa del procedimiento no proceden amparos contra los actos de la Comisión.

“Eso es importante que lo menciones. Los amparos en este momento procesal no son procedentes, es decir, hasta que no termine el procedimiento de investigación, no puede haber amparos ante los actos de la Comisión”, señaló.

Por ahora, la investigación continuará para determinar si existen elementos suficientes que permitan acreditar alguna conducta anticompetitiva. En caso de que la responsabilidad de algún agente económico sea comprobada, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta 10% de sus ingresos anuales, además de ordenar la corrección o eliminación de la práctica considerada anticompetitiva.

Precisamente por ello, el monto de una eventual sanción podría variar dependiendo del tamaño del agente económico involucrado.

“Pueden ser sanciones millonarias, dependiendo del tamaño del agente económico correspondiente. Es proporcional. Por eso es un porcentaje”, explicó Haro Zepeda.

Los alcaldes Mario Durán, Henry Flores y Jorge Castro defendieron este lunes 14 de septiembre la emisión de una ley especial transitoria para dispensar multas e intereses por impuestos municipales, al sostener que la medida permitiría a contribuyentes recuperar su solvencia y a las alcaldías recaudar recursos para obras y servicios.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para la iniciativa.

Durante la sesión, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, explicó que las municipalidades pueden otorgar beneficios sobre tasas, multas e intereses, pero que la dispensa vinculada a impuestos municipales requiere una norma aprobada por la Asamblea Legislativa.

Durán afirmó que en San Salvador Centro la mora e intereses asociados a impuestos municipales ascienden a unos USD 136 millones, mientras que el capital pendiente de pago ronda los USD 59 millones.

Según planteó, la condonación de recargos reduciría la carga para empresas y personas naturales inscritas formalmente, que podrían saldar sus obligaciones y solicitar solvencias municipales.

El alcalde señaló que la falta de solvencia limita operaciones como la venta de inmuebles, la obtención de créditos hipotecarios y otros trámites financieros.

También pidió que el régimen incluya a contribuyentes que enfrentan procesos de cobro judicial o que han sido fiscalizados, siempre bajo revisión de las áreas financieras de cada alcaldía.

Durán propuso, además, ampliar los plazos de los planes de pago. El borrador contempla hasta 12 meses, pero el alcalde sugirió que las municipalidades puedan autorizar períodos de 18 o 24 meses según el monto adeudado. También solicitó revisar la vigencia de 120 días prevista para la norma, debido a que diciembre y enero suelen concentrar mayores gastos para las empresas.

Flores vinculó la solvencia municipal con la inversión y la actividad comercial

El alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, argumentó que la iniciativa puede facilitar inversiones y operaciones comerciales que dependen de una solvencia municipal. Mencionó el caso de empresarios, incluidos salvadoreños residentes en Estados Unidos, que no pueden concluir compras o ventas de inmuebles cuando detectan deudas municipales pendientes.

Flores sostuvo que la medida permitiría evitar que los recargos continúen acumulándose y que los contribuyentes enfrenten procesos judiciales. Aseguró que las personas y empresas podrían pagar el capital adeudado mediante planes y mecanismos como efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito y pagos en línea.

El alcalde afirmó que la propuesta alcanzaría a grandes empresas, microempresas, comerciantes y vendedores de mercados. También indicó que la regularización de las deudas contribuiría a que los negocios amplíen sus operaciones, contraten personal y mantengan su actividad económica.

Según Flores, La Libertad Sur pasó de 10 mil a 17 mil empresas registradas en Santa Tecla, además de un incremento en Comasagua. Añadió que su administración no ha aumentado impuestos ni tasas municipales y que la recaudación resultante de la ley podría destinarse a obras para la población.

Castro planteó que la medida daría seguridad jurídica a municipios y contribuyentes

El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, sostuvo que el régimen excepcional y temporal brindaría seguridad jurídica a los municipios y a los contribuyentes. En su exposición, señaló que la insolvencia municipal puede frenar la actividad comercial de empresas que necesitan estar al día para operar, contratar o realizar transacciones.

También afirmó que el beneficio podría facilitar el retorno de empresas que ya invirtieron en el país, pero que mantienen pendientes sus obligaciones municipales. A su juicio, una vía de regularización favorecería las condiciones para el ejercicio de la actividad mercantil.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó por unanimidad el dictamen número 260 favorable para la iniciativa. El proyecto propone un régimen temporal que otorgaría facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones sustantivas y formales en materia de impuestos municipales, mediante la dispensa de multas e intereses moratorios.

En la misma sesión, la comisión también emitió dictamen favorable para una nueva disposición transitoria de exoneración del impuesto sobre la renta para artistas salvadoreños.

La propuesta establecería el beneficio por cinco años para ingresos de hasta USD 15 mil anuales en el caso de personas naturales y de hasta USD 25 mil anuales para personas jurídicas. Quienes contraten servicios artísticos o adquieran obras no deberán efectuar retenciones, aunque tendrán que informar los pagos a la Administración Tributaria.

Los automovilistas y operadores del transporte público que invadan el carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha pueden recibir una multa de hasta 2 mil 346 pesos, además de que su vehículo será remitido al corralón.

La medida busca proteger la circulación de las unidades de la Línea 11 del Trolebús, reducir el riesgo de accidentes y evitar que los automóviles particulares obstaculicen el servicio entre el oriente del Estado de México y la capital del país.

Para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito, el gobierno mexiquense instaló 19 puntos de videovigilancia en avenidas y estaciones ubicadas en los municipios de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad. Las cámaras permitirán registrar las placas de los vehículos que ingresen sin autorización al carril exclusivo.

¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México establece una sanción equivalente a entre 16 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes circulen por carriles exclusivos o confinados destinados al transporte público.

Con el valor de la UMA considerado por las autoridades, la infracción puede ubicarse en los siguientes montos:

• Multa mínima: mil 876.96 pesos, equivalente a 16 UMA.
• Multa máxima: 2 mil 346.20 pesos, equivalente a 20 UMA.
• Sanción adicional: traslado del automóvil al depósito vehicular o corralón.
• Gastos extra: la persona infractora deberá cubrir los costos correspondientes al arrastre y resguardo de la unidad.

De acuerdo con información difundida por El Sol de Toluca, las infracciones comenzaron a notificarse desde junio. El medio señala que una sanción de mil 876 pesos puede reducirse a aproximadamente 938 pesos cuando se cubre dentro del periodo establecido para obtener el descuento.

Los conductores sancionados pueden acceder a una reducción del 50% si realizan el pago durante los 15 días hábiles posteriores a la notificación enviada al domicilio de la persona propietaria del vehículo.

La cantidad final puede variar según la infracción asentada por la autoridad y los gastos generados por el traslado al corralón. Por ello, el costo total para recuperar una unidad podría superar el importe original de la multa.

¿Cómo operarán las fotomultas en Chalco y Valle de Chalco?

El sistema de vigilancia contará con 19 cámaras instaladas en puntos estratégicos del sector 5 de la Línea 11. De ese total, cuatro se encuentran en Valle de Chalco Solidaridad y 15 en el municipio de Chalco, según información publicada por La Jornada Estado de México.

Los dispositivos fueron colocados a lo largo de vialidades como:

• Avenida Solidaridad.
• Avenida Cuauhtémoc Poniente.
• Avenida José María Martínez.

La vigilancia también comprenderá zonas cercanas a estaciones como Parque Tejones, Unión de Guadalupe, Covadonga, Ejidal y Amalinalco.

Las cámaras podrán captar las placas de los automóviles que entren al carril confinado para circular, dar vuelta, estacionarse, subir o bajar pasajeros o efectuar cualquier maniobra no autorizada.

El funcionamiento es similar al esquema utilizado en los corredores del Mexibús: las imágenes permiten documentar la conducta infractora e identificar al vehículo. Posteriormente, la notificación se dirige al domicilio registrado por la persona propietaria.

Aunque las infracciones por invasión del carril comenzaron a aplicarse mediante agentes de tránsito desde el 15 de junio de 2026, la ampliación de la videovigilancia busca reforzar el control vehicular y mantener despejada la vía reservada al Trolebús.

¿Por qué está prohibido entrar al carril confinado?

El carril confinado no funciona como una vía adicional para automóviles particulares, taxis o transporte concesionado. Se encuentra reservado para las unidades del Trolebús Chalco-Santa Martha, por lo que ingresar a él puede interferir con el recorrido, retrasar el servicio y ocasionar accidentes.

La prohibición también se aplica cuando un conductor utiliza el carril solamente durante algunos metros o entra para realizar una vuelta. Estacionarse momentáneamente, permitir el ascenso o descenso de pasajeros o detenerse frente a un comercio tampoco constituye una excepción.

Las autoridades han reforzado la vigilancia debido a que la invasión de estos espacios representa un riesgo tanto para las personas usuarias del transporte público como para peatones, motociclistas y automovilistas.

Por ello, antes de incorporarse, cambiar de carril o realizar una maniobra en las avenidas que atraviesa la Línea 11, los conductores deben observar la señalización y evitar ingresar a la superficie delimitada para el transporte eléctrico.

Trolebús Chalco-Santa Martha conecta al Edomex con la CDMX

La Línea 11 del Trolebús conecta la zona de Chalco con Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El corredor fue diseñado para agilizar los traslados de quienes diariamente viajan desde el oriente mexiquense hacia la capital.

Su operación mediante una vía exclusiva permite mantener una circulación más constante frente al tránsito de las avenidas aledañas. Sin embargo, el ingreso de vehículos particulares puede provocar interrupciones, maniobras de riesgo y afectaciones en los tiempos de recorrido.

Por esta razón, las autoridades mexiquenses endurecieron la supervisión y advirtieron que invadir el carril puede costar hasta 2 mil 346.20 pesos, además del traslado de la unidad al corralón y los gastos necesarios para recuperarla.

La Sutran recordó que se encuentra vigente un régimen excepcional que permite reducir en 90% el monto de determinadas multas relacionadas con infracciones de tránsito y transporte terrestre. La medida fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC.

El beneficio contempla diferentes situaciones administrativas, por lo que pueden acogerse multas que todavía no hayan ingresado a un procedimiento sancionador, aquellas que se encuentren en trámite o firmes, así como las impugnadas y las que estén en etapa de ejecución coactiva. También comprende las sanciones impuestas mientras permanezca vigente el régimen.

¿Cómo acceder al beneficio?

Los administrados con multas pendientes pueden consultar previamente su situación y comprobar si las infracciones que tienen registradas están incluidas dentro del régimen. El acogimiento es voluntario y se concreta mediante el pago del monto resultante después de aplicar la reducción correspondiente.

Una vez realizado el pago de la multa, se procederá con la conclusión y el archivo del procedimiento sancionador o de ejecución coactiva, según corresponda. El beneficio también comprende las costas y gastos derivados del procedimiento de cobranza cuando resulte aplicable.

Antecedentes y efectos del régimen

La Sutran ya había aplicado mecanismos destinados a facilitar la regularización de sanciones. Durante 2025 puso en marcha un Programa de Regularización de Sanciones (PRS), mediante el cual determinados infractores pudieron acceder a descuentos de hasta 95% en sus multas.

Con el nuevo régimen, el MTC busca facilitar que los administrados cumplan con obligaciones pendientes, mientras se mantienen las labores de fiscalización y control sobre las conductas consideradas de mayor riesgo para la seguridad de quienes utilizan las vías.

Además, las sanciones que sean pagadas bajo esta modalidad no producirán ni conservarán puntos en la licencia de conducir. Tampoco serán tomadas en cuenta para establecer situaciones de reincidencia o habitualidad.

¿Qué infracciones están excluidas?

La reducción no comprende la totalidad de las infracciones. En el caso del transporte terrestre, quedan fuera, entre otras, las identificadas con los códigos F.1, F.7 y T.3 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

La infracción F.1 corresponde a prestar servicios de transporte de personas, mercancías o mixto sin la autorización de la autoridad competente. La F.7 está relacionada con atentar contra la integridad física de un inspector durante sus funciones, mientras que la T.3 corresponde a operar una infraestructura complementaria de transporte sin el certificado de habilitación técnica.

En materia de tránsito, tampoco están comprendidas las infracciones M.1, M.2, M.3, M.4, M.20.c, M.27, M.28, M.37, M.38 y M.39. Asimismo, existen exclusiones para determinadas conductas vinculadas con la informalidad, agresiones contra inspectores y accidentes de tránsito dentro de los ámbitos de competencia de la ATU y las municipalidades provinciales. Para resolver inconvenientes o consultas relacionados con el régimen, los usuarios pueden comunicarse con la Sutran al teléfono (01) 200 4555, opción 5.

ATU interviene colectivos informales: uno acumula multa de S/ 847 mil

La ATU y la PNP desplegaron un operativo contra el transporte informal en la avenida San Luis, donde uno de los conductores intentó evadir la intervención y puso en riesgo a los agentes al acelerar con ellos a un costado de la vía. La acción permitió detectar vehículos que circulaban sin cumplir las condiciones para brindar el servicio.

Entre las unidades intervenidas había una minivan con S/ 847.000 en multas, 64 actas de fiscalización y antecedentes de evasión a operativos. El vehículo trasladaba a 10 pasajeros y fue internado en un depósito como medida preventiva.

El beneficio puede representar una reducción importante para quienes cuentan con varias sanciones pendientes. En los casos que califican, una deuda de 400 soles puede quedar en 40 soles, mientras que una obligación de 600 soles puede reducirse a 60 soles.

El trámite puede realizarse de forma virtual mediante la plataforma del SAT de Lima. Para conocer el monto pendiente y verificar qué infracciones califican para la rebaja, el conductor debe ingresar sus datos en el sistema de pagos en línea.

Sin embargo, el descuento no alcanza a todas las infracciones. El régimen establece excepciones para determinadas faltas muy graves, por lo que resulta necesario revisar el estado de cada papeleta antes de efectuar el pago.

Cómo consultar las papeletas y acceder al descuento

El procedimiento puede realizarse mediante la plataforma SAC Lima. El conductor debe ingresar a la opción de pagos en línea y proporcionar el número de placa y el número de DNI.

De acuerdo con el empleado del SAT consultado en el informe, el sistema permite obtener el estado de cuenta y revisar las infracciones registradas. “Los ciudadanos van a pagar con el noventa por ciento de descuento sus infracciones de tránsito, es decir, pagarían solamente un diez por ciento”, explicó.

Una vez que aparece el estado de cuenta, el usuario puede identificar las papeletas que cuentan con la rebaja y conocer el monto que corresponde cancelar. El beneficio puede aplicarse a todas las papeletas pendientes que califiquen para el régimen, sin un límite en la cantidad.

Así, el conductor con varias sanciones puede revisar cada registro antes de efectuar el pago y determinar cuáles están incluidas dentro de la reducción.

Ejemplos de cuánto se puede pagar con la rebaja

El descuento permite que determinadas obligaciones registradas por montos elevados puedan reducirse de forma considerable. En uno de los casos mostrados en el informe, una papeleta de 440 soles pasa a un pago de 44 soles, mientras otra sanción de 660 soles queda en 66 soles.

La revisión del estado de cuenta permite sumar únicamente los montos correspondientes a las infracciones que califican para la reducción. De esta manera, el conductor puede conocer cuánto debe desembolsar para cancelar las sanciones incluidas en el régimen.

El beneficio también puede resultar aplicable a personas con numerosas papeletas. En el informe se mostró el caso de un conductor que señaló una deuda superior a 6.600 soles por alrededor de 12 papeletas. Otro usuario indicó que tenía una deuda cercana a 1.500 soles y realizó un pago de aproximadamente 300 soles.

El pago puede realizarse por la plataforma del SAT

El acceso al régimen no requiere revisar cada papeleta de manera presencial si el conductor opta por utilizar la plataforma virtual. El sistema permite consultar la deuda mediante la placa y el DNI, además de mostrar las infracciones registradas y el tratamiento correspondiente.

La plataforma permite distinguir las papeletas que cuentan con el descuento de aquellas que permanecen fuera del régimen por tratarse de infracciones excluidas.

De acuerdo con el procedimiento explicado por el SAT, el conductor debe ingresar a la plataforma SAC Lima, seleccionar la alternativa de pagos en línea y consultar su estado de cuenta. Con esa información puede identificar las sanciones sujetas al descuento del 90% y conocer el importe que corresponde pagar en cada caso.

El beneficio, por tanto, se concentra en las papeletas que cumplen las condiciones del régimen especial, mientras las infracciones excluidas mantienen un tratamiento distinto.

Las personas físicas que no presentaron su declaración anual ante el SAT antes del 30 de abril de 2026 ya deben una multa de entre 2,050 y 50,710 pesos por cada obligación pendiente, según el Código Fiscal de la Federación.

El monto exacto depende de si el SAT ya envió un requerimiento o si el contribuyente sigue sin responder. A partir del 1 de mayo, además, corren recargos mensuales de 2.07% sobre lo que se debe.

Quien aún no regulariza su situación puede hacerlo ahora mismo desde el portal sat.gob.mx, aunque cuanto más tiempo pase, más crece la deuda.

Cuánto cobra el SAT según cada caso

La multa más baja aplica a quien simplemente no presentó su declaración: entre 2,050 y 25,360 pesos por cada obligación no cumplida.

Si el SAT ya envió una notificación formal pidiendo que se presente y el contribuyente no responde, la sanción sube a un rango de 2,050 a 50,710 pesos.

Existe un tercer escenario, menos común: quien no usa los medios electrónicos que exige la ley, o ignora los plazos fijados en un requerimiento, enfrenta una multa de 20,790 a 41,590 pesos.

Estas cifras están fijadas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, actualizado en noviembre de 2025.

Los recargos crecen mes con mes

Además de la multa, el dinero que se debe genera recargos automáticos. La Ley de Ingresos de la Federación 2026 fija ese interés en 2.07% mensual, calculado sobre el monto ya actualizado por inflación, no sobre la cifra original.

Esto significa que entre más tiempo pase sin regularizar la declaración, mayor será el total a pagar. El cálculo corre desde el 1 de mayo de 2026, día siguiente al vencimiento del plazo, y no tiene fecha límite de acumulación.

Existe una forma de evitar la multa

El Código Fiscal permite algo llamado espontaneidad: si el contribuyente presenta su declaración atrasada por decisión propia, antes de que el SAT lo descubra o le mande un requerimiento, no se le cobra la multa.

Eso sí, aunque se evite la multa, los recargos y la actualización por inflación se pagan de todas formas si hay un monto pendiente. La única forma de librarse de ese pago extra es presentar la declaración antes de que la autoridad note la falta.

Cuándo el atraso se convierte en delito meritorio de cárcel

Existe un límite a partir del cual dejar de pagar impuestos ya no es solo una multa administrativa, sino un delito. El Código Fiscal establece que si una persona omite el pago de contribuciones mediante engaños y el monto supera 1 millón 932 mil 330 pesos, puede enfrentar de tres meses a dos años de cárcel.

Si la cantidad no pagada supera los 2 millones 898 mil 490 pesos, la pena sube hasta cinco años. Por encima de esa cifra, la sanción llega hasta nueve años de prisión.

La ley aclara que si la persona paga voluntariamente antes de que la autoridad descubra el problema, no se presenta ninguna denuncia penal.

El SAT ofrece un descuento en multas y recargos

Quien tiene deudas acumuladas de 2024 o de años anteriores puede pedir un descuento de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. El beneficio forma parte del Programa de Regularización Fiscal 2026, activo desde enero.

El descuento aplica a personas físicas y empresas cuyos ingresos en 2024 no superaron los 300 millones de pesos.

Quienes ya tienen una deuda determinada por el SAT deben pedir el beneficio antes del 31 de octubre de 2026. Quienes prefieren corregir su situación por su cuenta tienen hasta el 31 de diciembre de 2026.

El pago puede hacerse de una sola vez o en hasta seis partes, con la condición de terminar de pagar antes del 30 de noviembre de 2026. El trámite se hace en Mi Portal, el portal del SAT, usando el RFC y la contraseña del contribuyente.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 5, anuló el pasado junio una multa de 200 euros impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) a un conductor por saltarse una línea continua, al considerar que el sistema de cámaras utilizado para detectar la infracción no aportaba prueba suficiente. La sentencia, que ya es firme, abre la puerta a que otros conductores sancionados por el mismo motivo puedan reclamar la devolución del importe pagado.

La doble cámara no captura al coche mientras comete la infracción

El método cuestionado se basa en dos cámaras con sistema de reconocimiento de matrícula, colocadas al principio y al final de un tramo de carretera protegido con línea continua. Cuando el sistema detecta que un vehículo circula por un carril distinto al que ocupaba al inicio del tramo, la DGT interpreta que ha cambiado de carril de forma irregular y emite la sanción, sin que exista una imagen del coche en el momento concreto de pisar la línea.

El tribunal ha considerado que esa forma de proceder no permite dar por probada la infracción. Según el criterio judicial, la ausencia de una imagen que capte al vehículo sobre la línea continua deja abierta la posibilidad de que el cambio de carril se produjera por otras circunstancias del trayecto, no necesariamente relacionadas con una maniobra prohibida. El fallo establece que, si no existe una imagen del vehículo pisando la línea continua, la infracción no sería válida.

Este pronunciamiento se suma a una tendencia que los tribunales vienen aplicando desde hace años frente a los nuevos sistemas de vigilancia de la DGT. El organismo ha ido incorporando radares y cámaras con inteligencia artificial, equipos capaces de procesar un mayor número de vehículos por unidad de tiempo, lo que se traduce en un aumento del número de sanciones emitidas. Sin embargo, los juzgados anulan cada año miles de multas por defectos de forma o por fallos en el funcionamiento de estos dispositivos, lo que representa un problema recurrente para la DGT a la hora de sostener sus sanciones ante los recursos presentados por los conductores.

El caso resuelto ahora afecta de forma directa al método de doble cámara empleado para vigilar los carriles señalizados con línea continua, un sistema que, según se desprende de la sentencia, no incorpora un registro visual del instante exacto en el que se produce el cruce de la línea, sino que se limita a comparar la posición del vehículo en dos puntos distintos del recorrido.

La resolución judicial tiene un alcance que va más allá del caso concreto. Miles de conductores han sido sancionados en los últimos años con este mismo procedimiento y, en teoría, podrían iniciar un proceso judicial para solicitar la devolución del importe abonado por sanciones similares. No obstante, la mayoría de los afectados no ha ejercido ese derecho hasta ahora, debido a la complejidad que implica reclamar por la vía judicial y a que buena parte de los conductores prefiere evitar ese tipo de trámites, según recoge el citado medio.

Las autoridades de tránsito en Colombia imponen sanciones económicas a conductores, peatones y ciclistas por infracciones que pueden afectar la seguridad vial o el orden en la movilidad.

Estas sanciones, conocidas como multas, tienen un proceso legal que incluye plazos para su cobro y condiciones para su eventual prescripción.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “una multa de tránsito es un documento que emite un policía de tránsito donde indica que un conductor, un peatón o un ciclista han violado las leyes de tránsito que se rigen en el municipio o ciudad”.

En este sentido, es importante conocer los conceptos asociados a estos procesos y cómo se puede gestionar la prescripción de una multa que no ha sido cobrada en el tiempo previsto por la ley.

El procedimiento inicia con la detección de una infracción, que puede deberse a diversas causas: exceso de velocidad, no portar los documentos obligatorios como la licencia de conducción, el SOAT o el certificado de revisión técnico-mecánica, así como conducir bajo los efectos del alcohol. Estos comportamientos son clasificados como infracciones por las autoridades.

Luego, se emite un comparendo, que es la notificación oficial al infractor para que comparezca ante la autoridad competente.

Si se confirma la infracción, se genera la multa correspondiente, cuyo valor dependerá de la gravedad del hecho. Algunos conductores pueden acceder a descuentos si pagan la sanción dentro de ciertos plazos establecidos.

Cuando no se realiza el pago voluntario de la multa, la autoridad puede iniciar un proceso de cobro coactivo. Este procedimiento tiene un marco legal claro:

“Las multas de tránsito que los infractores no paguen voluntariamente pueden ser cobradas mediante el procedimiento de cobro coactivo, el cual debe realizarse dentro del término previsto en el Inc. 2 del Art. 159 de la Ley 769 de 2002, es decir, dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia de los hechos; dentro de este término, se debe también notificar el mandamiento de pago, así lo dispone el Art. 826 del ETN”, señala la Resolución 172831 del 22 de diciembre de 2021 contenida en el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Una vez se ha notificado al infractor mediante un mandamiento de pago, se interrumpe el plazo de prescripción inicial. A partir de ese momento, la entidad encargada del cobro cuenta con un nuevo periodo de tres años para hacer efectiva la recuperación de la deuda.

En este lapso, pueden emplearse medidas como el embargo de cuentas bancarias, vehículos o bienes inmuebles del deudor.

El mismo documento oficial explica: “Esta actuación administrativa, interrumpe el término de que trata el Art. 159 de la Ley 769 de 2002, por lo cual, a partir de la notificación del mandamiento de pago y atendiendo lo dispuesto en el Art 818 del ETN, la Dirección de Gestión de Cobro dispondrá de otros 3 años para hacer efectivo el cobro, o procederá la prescripción en forma definitiva”.

Cuando ambos plazos han transcurrido sin que se haya logrado el pago ni la ejecución del cobro por parte de la entidad competente, el ciudadano puede solicitar formalmente la prescripción de la multa.

Esta gestión debe realizarse ante la autoridad de tránsito correspondiente, y será evaluada para verificar el cumplimiento de los tiempos legales.

La normativa también establece un límite de tiempo para que la autoridad responda a la petición del ciudadano:

“El término para resolver una solicitud de prescripción por parte del ciudadano, es de 15 días hábiles dando cumplimiento con lo previsto en el Art. 14 de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio de la emisión y notificación del mandamiento de pago y para cualquier etapa procesal”, precisa el marco legal vigente.

Aunque la posibilidad de que una multa prescriba existe en el ordenamiento jurídico, la recomendación general es mantener una conducta responsable en las vías para evitar sanciones que, además de costosas, pueden generar procesos judiciales que afectan el historial del infractor y comprometen su patrimonio.

Conocer los procedimientos legales disponibles puede ser útil, pero cumplir las normas de tránsito sigue siendo el camino más seguro.

Cinco animales silvestres fueron hallados sin vida dentro de una mochila durante un operativo en el Parque Nacional Soberanía.

Dos ciudadanos quedaron aprehendidos por su presunta vinculación con actividades de cacería ilegal en una zona protegida de Panamá.

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) informó que entre los ejemplares encontrados había cuatro gatos solos, identificados como Nasua narica, y un ñeque, de la especie Dasyprocta punctata.

El procedimiento ocurrió en el sector de Quebrada La Cruz, donde unidades de la Policía Ambiental y guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) realizaban un patrullaje de vigilancia y control.

La intervención permitió detectar una presunta actividad de cacería dentro del parque. Los agentes sorprendieron a los dos involucrados durante el recorrido y revisaron los objetos que llevaban consigo.

Según informó la entidad, el decomiso incluyó dos armas de fuego calibre 20 que no tenían serie visible. También se incautó un cartucho del mismo calibre.

La inspección de una mochila en poder de los ciudadanos permitió localizar los cinco animales sin vida.

El hallazgo derivó en el traslado de los aprehendidos a la sede policial del Servicio de Policía Ambiental.

Las autoridades continuarán con los trámites correspondientes, mientras el Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo por los hechos detectados en el área protegida.

La cacería está prohibida en todas las áreas protegidas de Panamá, prohibición que está sustentada en la Ley 24 de 1995 sobre vida silvestre y en la Ley 39 de 2005, normas que regulan la conservación de la fauna y flora nacionales.

Quienes incurran en esta práctica dentro de parques o reservas pueden enfrentar el decomiso de armas, multas y penas de prisión. Las sanciones dependen del daño ambiental provocado y del riesgo que la actividad represente para la fauna y el patrimonio natural.

El SINAP mantiene recorridos de vigilancia para prevenir acciones que afecten a las especies y los ecosistemas bajo protección. Estas tareas se realizan junto con los estamentos de seguridad.

El ministerio indicó que la vigilancia busca resguardar la biodiversidad presente en los parques nacionales y otras zonas protegidas del país.

Pidió a la ciudadanía que informe sobre actividades que puedan perjudicar a la fauna, los bosques o las áreas protegidas. Los reportes pueden realizarse a través de la línea 311 y las redes sociales de la entidad.

De igual manera, informó que la Zona de Reserva Playa La Marinera, en la provincia de Los Santos, registró la segunda arribada de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) del año, con un total de 6,105 tortugas, consolidando la importancia de esta área protegida como uno de los principales sitios de reproducción de la especie en Panamá.

Personal de la entidad, agregó la institucional en una nota de prensa, se encuentra en la zona de anidación para asegurar la integridad de las tortugas y también cuidar los diversos nidos de posibles ataques por animales.

La arribada de tortugas marinas es un fenómeno natural en el que miles de tortugas hembras llegan casi al mismo tiempo a una playa para desovar. Aclara que la palabra arribada significa literalmente “llegada” y que lo extraordinario es la gran cantidad de individuos que lo hacen de manera sincronizada.

Durante este fenómeno, los guardaparques se mantienen en monitoreo permanente con la finalidad de registrar, medir y evaluar a las especies.

Playa La Marinera, en Tonosí, provincia de Los Santos, es probablemente el sitio más importante del país para observar grandes concentraciones de tortugas lora o golfina (Lepidochelys olivacea).

En este santuario natural, añade MiAmbiente, se han registrado arribadas de más de 9,000 ejemplares en un solo evento, y a lo largo de la temporada de anidación se contabilizan decenas de miles.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que los patines y bicicletas eléctricas no podrán circular sin placas ni licencia de conducir, de acuerdo con la nueva normativa de movilidad eléctrica que impulsa la Secretaría de Movilidad (Semovi). La dependencia capitalina exige que todo propietario de un Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) o un Vehículo Eléctrico Personal (VEP) regularice su unidad para evitar sanciones.

Desde el primero de julio de 2026, la Semovi habilitó el trámite oficial de registro para estas categorías de vehículos a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México. El proceso concluye con la entrega de matrícula, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según el tipo de unidad.

Qué diferencia a un VEMEPE de un VEP

La regulación distingue dos categorías con obligaciones distintas. Los VEMEPE son vehículos con motor eléctrico de entre 250 watts y un kilowatt, capaces de superar los 25 kilómetros por hora, con acelerador independiente y dos o más ruedas.

Estos vehículos se dividen en dos tipos: el Tipo A, con peso menor a 35 kilogramos, y el Tipo B, con un peso de entre 35 y 350 kilogramos.

Los VEP, en cambio, cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y no superan los 25 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si tengo un scooter o bici eléctrica en la CDMX? Debe registrarse ante la Semovi: los VEMEPE requieren placas, tarjeta de circulación y licencia tipo A1 o A2, mientras que los VEP solo necesitan el Distintivo de Movilidad Eléctrica, sin licencia obligatoria.

Quedan exentas de este trámite las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, así como los dispositivos de propulsión humana como patines y monopatines tradicionales. Aun así, estos últimos deben portar un holograma oficial expedido por la Semovi para circular.

Cómo se realiza el trámite paso a paso

El registro comienza de forma digital en el portal app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi. El procedimiento para personas físicas sigue esta secuencia:

Ingresar al portal de la Semovi y seleccionar la opción “Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica”

Aceptar el Aviso de Privacidad para continuar

Dar clic en “Iniciar trámite digital” e iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX

Completar el formulario con los datos personales del propietario

Llenar el formulario con los datos del vehículo, apoyándose en el catálogo previamente cargado por los distribuidores

Subir la documentación requerida en formato PDF

Registrar los datos de domicilio

Seleccionar sede, fecha y horario para la cita final

Una vez validada la información, la Semovi envía por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago correspondiente. Con el pago realizado, el propietario agenda una cita presencial, por única ocasión, en un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejan los documentos originales y se entregan las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica, según corresponda al tipo de vehículo.

Documentos y costos requeridos

Para personas físicas, la Semovi solicita:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional; extranjeros pueden presentar tarjeta de residencia temporal o permanente)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con antigüedad no mayor a 90 días

Documento que acredite la propiedad del vehículo: factura de primera venta o carta factura vigente

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet vinculado a esa factura

Si el propietario solo cuenta con un ticket de compra o nota similar, puede adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, formato que provee la propia dependencia.

Para las empresas, el procedimiento y la documentación difieren:

Enviar un correo a la dirección registro.vemepe.semovi@gmail.com, indicando en el asunto la denominación o razón social

Remitir en formato PDF el Acta Constitutiva que acredite la personalidad jurídica

Adjuntar la Constancia de Situación Fiscal vigente, con antigüedad no mayor a 90 días

Incluir el documento que acredite la representación legal del promovente (poder notarial o instrumento jurídico equivalente)

Presentar identificación oficial vigente de la persona representante legal

Proporcionar correo electrónico y número telefónico de contacto para notificaciones

Tras la revisión, la Semovi notifica por correo la fecha y hora de la cita, a la que el representante legal debe acudir con la documentación original y copia para su cotejo ante la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable.

Sobre los costos, el titular de la Semovi, Héctor Ulises García, informó que el precio de las placas para VEMEPE y VEP se redujo a 355 pesos. Ese monto contrasta con el costo original de 709 pesos reportado meses antes, equivalente al que pagan las motocicletas convencionales.

A ese costo se suma, para quienes conducen VEMEPE, la licencia tipo A1, con valor de 572 pesos, o la tipo A2, de 1,142 pesos, montos también aplicados a motocicletas.

Plazos de regularización y avance del registro

Los propietarios que adquirieron su vehículo antes del primero de julio de 2026 tienen hasta el 20 de noviembre de ese año para completar el registro, según confirmaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Quienes compraron su unidad a partir del primero de julio deben recibirla ya emplacada directamente en el punto de venta, pues la obligación de registro recae en las empresas distribuidoras y no en el comprador final.

Con corte al 21 de agosto, la Semovi reportó 2 mil 154 registros en el Sistema de Trámites Vehiculares para altas de VEMEPE y VEP. “La cifra de los distintivos de movilidad eléctrica que serán entregados depende de la cantidad de registros, por lo que a la fecha, el número de placas de matrícula a entregar y licencias para conducir, es proporcional a los registros con que se cuenta”, detalló la dependencia.

Multas para quienes no se regularicen

A partir del primero de septiembre de 2026 comenzó la etapa de amonestaciones, en la que los agentes de tránsito pueden detener a los conductores para advertirles sin aplicar multas. Las sanciones económicas entran en vigor de forma plena tras el vencimiento del plazo del 20 de noviembre.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló la escala de infracciones aplicable:

Primera falta por circular sin placas o licencia: 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 1,130 pesos

Entre tres y cinco infracciones acumuladas: 15 UMA

Más de cinco reincidencias: 20 UMA, cerca de 2,260 pesos

Circular sin casco, sin luces o en zonas prohibidas (banquetas, ciclovías, carriles exclusivos de autobús o vías rápidas con límite superior a 50 kilómetros por hora): hasta 30 UMA, aproximadamente 3,394 pesos

La reincidencia en esas faltas puede derivar en el depósito del vehículo en el corralón. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas está prohibido para estos vehículos y puede derivar en la inmovilización inmediata de la unidad.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el 1 de septiembre de 2026 un proyecto de resolución que propone reducir determinadas multas y eliminar las suspensiones de licencias de conducir dentro de los regímenes sancionadores aplicables al transporte público regular y especial bajo su competencia.

El proyecto responde a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 017-2026-MTC, que ordenó a la ATU revisar su sistema de infracciones y sanciones tras la aprobación de un régimen excepcional para el pago de multas. La norma otorgó hasta 180 días para ajustar la severidad de las medidas vigentes.

Reforma alcanza al taxi y al transporte regular y especial

La iniciativa fue difundida en la sede digital de la ATU y en el diario oficial El Peruano. Desde la publicación, ciudadanos, conductores, empresas y organizaciones del sector podrán presentar comentarios, opiniones y sugerencias durante 15 días calendario antes de la emisión de la resolución definitiva.

Los aportes podrán enviarse al correo normas@atu.gob.pe o presentarse en la sede institucional ubicada en la calle José Gálvez N° 550, en Miraflores. El documento deberá indicar el punto de la propuesta sobre el que se formula la observación y la modificación sugerida.

El proyecto apunta a las infracciones calificadas como muy graves

La ATU plantea un ajuste diferenciado de las multas previstas para ciertas conductas consideradas muy graves. Según la exposición de motivos, las sanciones actuales pueden generar consecuencias superiores a las necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de transporte.

La entidad sostiene que la revisión busca preservar el efecto disuasivo de las penalidades, aunque con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. El texto señala que el régimen sancionador debe evitar cargas excesivas para conductores y empresas sin dejar de proteger la seguridad de los pasajeros y el orden en el servicio.

La modificación alcanzará las tablas incluidas en las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 162-2023-ATU/PE, N° 163-2023-ATU/PE y N° 203-2023-ATU/PE. Esas disposiciones regulan, entre otros aspectos, el servicio de taxi, los traslados turísticos, de trabajadores y estudiantes, además de las autorizaciones vinculadas al transporte regular.

La ATU propone retirar las sanciones vinculadas a la licencia

El principal cambio del proyecto consiste en la eliminación de las sanciones no económicas y preventivas que inciden sobre la licencia de conducir. La propuesta reemplazaría ese componente del esquema actual por castigos pecuniarios graduados de acuerdo con la gravedad de cada falta.

De acuerdo con los fundamentos técnicos, la suspensión de la licencia dejó de cumplir una función preventiva suficiente y puede afectar de forma directa la continuidad laboral de los conductores. La ATU busca que las sanciones económicas mantengan la capacidad correctiva, pero que el impacto administrativo resulte proporcional a la infracción cometida.

El documento también remarca que la reforma no implicará una reducción de los controles esenciales de seguridad ni de las labores de fiscalización. La entidad mantendría sus facultades para supervisar a operadores, empresas y unidades que prestan servicios bajo su competencia.

Siete áreas técnicas respaldaron la revisión del régimen sancionador

La elaboración de la propuesta contó con informes y visados de siete áreas de la ATU, entre ellas la Dirección de Fiscalización y Sanción, la Dirección de Operaciones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las dependencias evaluaron el alcance jurídico, operativo y presupuestal de los cambios.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Augusto Hernández Salazar, firmó la resolución que dispone la publicación del proyecto. El texto indica que la entidad recibirá los aportes de los interesados dentro del plazo establecido y evaluará si corresponde incorporar modificaciones.

Tras el cierre de la consulta pública, la ATU deberá analizar las observaciones presentadas antes de aprobar la versión final de las nuevas tablas de infracciones y sanciones.

El SAT fija el 17 de septiembre como fecha límite para ocho obligaciones fiscales en un mes marcado por el feriado del Día de la Independencia, que complica los tiempos para millones de contribuyentes en México.

El 17 de septiembre es la fecha límite para presentar declaraciones y realizar los pagos correspondientes al mes de agosto,según lo establece el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), que fija el día 17 de cada mes como plazo general para los pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta (ISR) y los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La medida abarca tanto a personas físicas como a personas morales inscritas en distintos regímenes tributarios, y su incumplimiento puede derivar en multas, recargos y hasta el bloqueo de cuentas bancarias a futuro.

Qué se debe pagar antes del 17 de septiembre

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) encabezan la lista de obligados. Deben presentar su cálculo mensual de ISR sobre los ingresos efectivamente cobrados en agosto, con tasas que van del 1% al 2.5%, además del entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones por salarios y asimilados a salarios.

Las personas físicas con actividades empresariales y profesionales también deben declarar el IVA mensual y realizar sus pagos provisionales o definitivos del Impuesto sobre la Renta (ISR). Las empresas bajo el Régimen General de Ley, por su parte, están obligadas a presentar retenciones de IVA e ISR por salarios, garantizando que la información coincida con sus registros contables.

El Régimen de los Coordinados y los contribuyentes que comercializan productos sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) también tienen hasta esa fecha para presentar sus declaraciones mensuales y definitivas, respectivamente.

El feriado del 16 de septiembre complica los tiempos

La cercanía con el Día de la Independencia —descanso obligatorio el 16 de septiembre, un martes— deja apenas un día hábil de margen antes del vencimiento. Eso significa que los contribuyentes deben tener listas sus conciliaciones bancarias, pólizas contables y facturación antes de esa semana.

La saturación del portal del SAT es habitual en las fechas de cierre. Por eso, el organismo recomienda no esperar al último día y verificar con anticipación que la e.firma y la contraseña estén vigentes, ya que credenciales vencidas retrasan todo el procedimiento.

Plazos escalonados para algunos contribuyentes

Ciertos contribuyentes pueden acogerse a días adicionales según el sexto dígito de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Los dígitos 1 y 2 extienden el plazo hasta el viernes 18; los dígitos 3 y 4, hasta el lunes 21; los dígitos 5 y 6, hasta el martes 22; los dígitos 7 y 8, hasta el miércoles 23; y los dígitos 9 y 0, hasta el jueves 24 de septiembre.

Este beneficio no aplica para grandes contribuyentes, personas morales consolidadas ni para los inscritos en el RESICO, quienes deben ceñirse estrictamente al 17 de septiembre.

Dos fechas más que vencen en septiembre

El 30 de septiembre es la otra fecha de atención obligatoria para este mes. Ese día vence la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), que corresponde a personas morales y físicas sujetas al IVA.

En esa misma fecha cierra también el plazo para enviar la balanza de comprobación mensual de la contabilidad electrónica, correspondiente a las operaciones de julio, conforme al desfase reglamentario de dos meses que establece el marco fiscal.

Qué pasa si no se cumple

El SAT tiene la facultad de bloquear cuentas bancarias en cualquier institución que opere en México —incluyendo BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca— sin necesidad de un juicio previo, siempre que el crédito fiscal sea firme y exigible, conforme al artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación.

El bloqueo se mantiene hasta que el contribuyente regularice su situación, ya sea pagando el adeudo o presentando garantías aceptadas por la autoridad. El monto inmovilizado incluye el adeudo principal más recargos, multas y gastos de ejecución.

Adicionalmente, los bancos reportan de forma automática al fisco los depósitos mensuales que superen $15,000 pesos, por lo que cualquier discrepancia entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios puede desencadenar una revisión o auditoría.

La reducción del 90 % en determinadas multas de transporte público y privado tiene límites. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aclaró que el beneficio establecido mediante el Decreto Supremo n.° 017-2026-MTC no comprende las infracciones relacionadas con la informalidad ni aquellas que involucren agresiones contra los fiscalizadores durante sus labores.

La disposición fue aprobada con el objetivo de facilitar a los transportistas la regularización de obligaciones pendientes. No obstante, el alcance de esta facilidad no incluye conductas consideradas de especial gravedad, entre ellas la prestación de servicios sin autorización y los ataques contra quienes participan en las acciones de control.

En el caso del transporte regular, la ATU señaló que el código RE1 se encuentra entre las infracciones excluidas de la reducción. Esta falta está vinculada con la prestación del servicio sin contar con la autorización correspondiente. Para el servicio de taxi, tampoco será posible acceder al descuento cuando se trate del código T1.

La restricción comprende, además, determinadas actividades de transporte especial. Los códigos TU.1, TT.1 y TE.1, correspondientes a los servicios turístico, de trabajadores y de estudiantes, respectivamente, no podrán acogerse a la rebaja cuando sean prestados sin la autorización exigida por la autoridad competente.

Agresiones contra fiscalizadores

La medida tampoco beneficia a quienes agredan a los inspectores durante una intervención. Según la tabla de infracciones de la ATU, los códigos RE13, TU.7, TT.7 y TE.7 sancionan acciones que atentan contra la integridad física de los fiscalizadores de transporte.

En determinadas intervenciones, estas disposiciones también alcanzan a las agresiones contra los efectivos policiales que participan en los operativos. De esta manera, las conductas violentas quedan expresamente fuera del mecanismo excepcional de reducción de sanciones.

La exclusión también se aplica a determinadas infracciones contempladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao. Entre ellas figuran los códigos N01, N02, RE1, TR-01, T.1, TX01 y E-01, vinculados con la prestación u ofrecimiento de servicios sin autorización o con permisos vencidos, suspendidos o cancelados.

También quedan fuera las faltas relacionadas con ataques contra inspectores o autoridades competentes durante las labores de fiscalización. En este grupo se encuentran los códigos N55, TR-34, R21, T.6 y TX-21, establecidos para sancionar distintas acciones que afectan la integridad física de los responsables de controlar el cumplimiento de las normas.

Beneficio no elimina las obligaciones

La ATU enfatizó que ningún conductor o transportista puede emplear violencia física o verbal para impedir una intervención, evitar una sanción o incumplir una medida de fiscalización. Por ello, las conductas de esta naturaleza no forman parte de las obligaciones que pueden ser reducidas mediante el beneficio aprobado por el Gobierno.

El organismo precisó que la medida tampoco debe interpretarse como una autorización para operar de manera informal. Los requisitos técnicos y legales continúan vigentes para quienes brindan servicios de transporte en Lima y Callao.

Finalmente, la institución recordó que la formalidad permite que los usuarios accedan a servicios que cumplen las condiciones exigidas por la normativa. Así, la reducción del 90 % funciona como una herramienta para facilitar la regularización de determinadas deudas, pero no representa una flexibilización frente a las actividades informales ni ante las agresiones cometidas durante los controles.

La Ciudad de México activará operativos y multas contra scooters y bicicletas eléctricas sin registro a partir del 1 de septiembre de 2026, con sanciones que van desde $1,173 pesos hasta el corralón, en una regulación que alcanza a un universo estimado de más de 200 mil vehículos de los cuales apenas 1,754 han completado el trámite.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será la encargada de aplicar las infracciones en vía pública. Los conductores que sean detenidos sin placa o sin licencia recibirán una boleta con monto calculado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de $117.30 pesos.

La licencia: qué tipo necesitas, cómo tramitarla y cuánto cuesta

Este es el requisito que menos notas han detallado. Los conductores de VEMEPE deben tramitar una licencia tipo A1 o A2 ante la Semovi, según el tipo de vehículo que conduzcan.

La A1 —exclusiva para moto o scooter— cuesta $572 pesos y tiene vigencia de tres años. La A2 —válida también para automóvil particular— tiene un costo de $1,142 pesos con la misma vigencia.

El proceso no es inmediato. Requiere crear una cuenta LlaveCDMX, acudir a un centro certificador autorizado por la Semovi, aprobar un curso teórico y una evaluación práctica de conducción —ambos gratuitos en CDMX—, pagar la línea de captura y agendar cita en un módulo de Control Vehicular. Sin la constancia de evaluación aprobada, el trámite no puede completarse.

El sistema de puntos que pocos conocen

Las infracciones de tránsito en la Ciudad de México no solo generan multa económica: cada boleta activa un contador en el historial del conductor. El artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que al acumular 12 puntos de penalización, la Secretaría de Movilidad cancela la licencia de forma automática.

Este sistema aplica directamente a los conductores de VEMEPE, ya que la nueva regulación los homologa con los motociclistas. La mayoría de las infracciones suman un punto, pero hay conductas que escalan de forma drástica.

Conducir bajo los efectos del alcohol suma 6 puntos de golpe —la penalización más alta del reglamento—, además de arresto administrativo de entre 20 y 36 horas y la remisión del vehículo al depósito. Exceder el límite de velocidad en más del 40% suma 5 puntos. Conducir bajo efectos de sustancias psicotrópicas, otros 5 puntos.

Los puntos no son permanentes: tienen vigencia de un año a partir de la fecha de la boleta. Si una infracción es anulada por resolución judicial o administrativa, los puntos correspondientes se descuentan del historial. El conteo solo avanza cuando la licencia del conductor queda identificada en la boleta al momento de la detención.

Qué pasa si te cancelan la licencia

La cancelación no exime del pago de las multas económicas acumuladas. El conductor queda inhabilitado para manejar cualquier vehículo en la ciudad durante tres años, plazo mínimo para solicitar la reexpedición.

Quien conduzca con la licencia cancelada enfrenta consecuencias inmediatas: remisión del vehículo al corralón más una multa de 180 UMA, equivalente a $21,115.80 pesos con el valor de la UMA vigente en 2026, sin contar los gastos de arrastre y estancia en el depósito. No existe vía de acortamiento del plazo ni proceso de reinserción anticipada contemplado en el reglamento.

Qué vehículos están obligados a registrarse

No todo scooter o bicicleta eléctrica entra en la categoría que exige emplacamiento. La Secretaría de Movilidad (Semovi) define como Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) a los que superan los 25 km/h y cuentan con motor de entre 250 y 1,000 watts.

Se subdividen en tipo A —menos de 35 kilogramos— y tipo B —entre 35 y 350 kilogramos—. Los vehículos que no alcanzan esos umbrales se clasifican como Vehículos Eléctricos Personales (VEP): no necesitan placa, pero sí registro gratuito y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

La regulación fue presentada el 5 de mayo por la jefa de Gobierno Clara Brugada como una homologación de los VEMEPE con las reglas aplicables a las motocicletas.

La brecha entre los que deben registrarse y los que lo han hecho

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó a Chilango que durante el primer mes del periodo de regularización se registraron alrededor de 2,000 VEMEPE. Una nota posterior de La Razón precisó que, a principios de agosto, la cifra era de 1,440 unidades.

La Semovi reportó a mediados del mismo mes un total acumulado de 1,754 vehículos registrados. La autoridad estima que el parque total de VEMEPE y VEP en circulación supera las 200 mil unidades.

Multas, reincidencia y cuándo va al corralón

Las primeras dos infracciones equivalen a 10 UMA, aproximadamente $1,173 pesos. La tercera y cuarta suben a 15 UMA, unos $1,762 pesos. A partir de la quinta reincidencia, la sanción alcanza los 20 UMA, cerca de $2,346 pesos.

La remisión al corralón aplica de forma específica cuando el conductor invade un carril confinado de Metrobús o Trolebús. Esa infracción también genera una multa de entre 40 y 60 UMA, es decir, de $4,692 a $7,038 pesos.

Las infracciones se consultan y pagan en infracciones.cdmx.gob.mx con cuenta LlaveCDMX, o en módulos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Para impugnar una boleta, el conductor debe presentar escrito ante el Juzgado Cívico correspondiente dentro del plazo indicado en la misma.

Dónde pueden y dónde no pueden circular

Los VEMEPE tienen prohibido transitar en banquetas, ciclovías, carriles confinados del transporte público y carriles centrales de vías de acceso controlado.

Las restricciones varían según el tipo. El tipo A no puede circular en vialidades con límite de velocidad de 40 km/h. El tipo B de dos ruedas tiene vedadas las vías con más de 50 km/h. El tipo B de tres o más ruedas no puede ingresar a vialidades que superen los 40 km/h.

Además, es obligatorio mantener las luces encendidas durante todo el trayecto, no circular entre carriles —salvo cuando el tránsito esté detenido—, no invadir el paso peatonal, circular preferentemente por el carril derecho y no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas puede generar multas de entre 10 y 30 UMA, equivalentes a $1,173 y $3,519 pesos, a partir del 1 de septiembre.

El régimen excepcional aprobado por el Gobierno para reducir el monto de determinadas multas de tránsito y transporte terrestre contempla una lista específica de infracciones que no podrán acceder al beneficio. La medida permite una reducción de hasta el 90 % para las sanciones comprendidas dentro de sus alcances, pero establece límites para conductas consideradas de mayor gravedad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que las exclusiones abarcan infracciones vinculadas con la informalidad en el transporte, agresiones contra inspectores, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, falta de licencia, incumplimiento de condiciones básicas de seguridad y accidentes con consecuencias personales graves.

La disposición forma parte del régimen excepcional establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026. Su aplicación contempla distintos plazos según el tipo de multa, pero no permite que las infracciones excluidas ingresen al esquema de reducción, incluso si se encuentran pendientes de pago o dentro de un procedimiento administrativo.

Entre las sanciones que quedan fuera aparecen códigos de la Sutran y del Reglamento Nacional de Tránsito. La relación incluye las infracciones F1, F7, T3, M1, M2, M3, M4, M20 c, M27, M28, M37, M38 y M39, cada una asociada con conductas específicas que impiden acceder al régimen excepcional.

Infracciones de transporte que no acceden al beneficio

La infracción F1 corresponde a la prestación del servicio de transporte terrestre sin contar con autorización oficial. Se trata de una falta vinculada con la operación del servicio sin el permiso requerido.

La infracción F7 queda excluida por involucrar una conducta contra la integridad física de un inspector durante una labor de fiscalización del transporte. Por tanto, las sanciones originadas por este tipo de hecho no ingresan al esquema de reducción.

También se encuentra fuera del régimen la infracción T3, relacionada con la operación de una infraestructura complementaria sin el certificado de habilitación técnica correspondiente.

Estas tres infracciones se relacionan con el funcionamiento irregular de servicios o instalaciones de transporte y con una conducta que afecta el desarrollo de las labores de fiscalización.

Multas por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas

Dentro de las infracciones de tránsito excluidas figura la M1, considerada la infracción de tránsito más grave. Esta sanción corresponde a la conducción con presencia de alcohol por encima de los límites legales o bajo los efectos de drogas, así como a la negativa a realizar el examen respectivo. También contempla la participación en un accidente de tránsito bajo las condiciones previstas para esta infracción.

La M2 también permanece fuera del régimen. Esta sanción se aplica por conducir con presencia de alcohol en la sangre en una proporción superior a la prevista por el Código Penal o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos o alucinógenos, cuando esta situación sea comprobada mediante el examen correspondiente o exista negativa a realizarlo.

Por estas infracciones, el régimen excepcional no permite aplicar la reducción del 90 % prevista para las multas comprendidas en la medida.

Falta de licencia y restricciones para conducir

La lista también incorpora sanciones relacionadas con la autorización para conducir. La M3 corresponde a manejar un vehículo automotor sin contar con licencia de conducir o permiso provisional.

La M4, por su parte, se aplica cuando una persona conduce pese a tener la licencia retenida o suspendida, o cuando se encuentra inhabilitada para obtener una licencia de conducir.

Exceso de velocidad y falta de inspección técnica

La M20 c también forma parte de las sanciones excluidas. Esta infracción corresponde al incumplimiento del límite máximo o mínimo de velocidad en los supuestos establecidos por la normativa, específicamente cuando se supera el límite máximo permitido en más de 30 kilómetros por hora.

Otra infracción excluida es la M27, vinculada con la conducción de un vehículo que no cuenta con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. La propia descripción de la infracción establece que esta no aplica a los vehículos L5 de la clasificación vehicular.

La M28 completa este grupo. La sanción corresponde a conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o con el Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o cuando dichos documentos no se encuentren vigentes.

Accidentes con daños personales y consecuencias graves

El régimen tampoco contempla las multas vinculadas con accidentes de tránsito que provoquen daños personales. La M37 sanciona a quien conduce y ocasiona un accidente con daños personales mientras incumple las normas de tránsito previstas en el reglamento.

La M38 corresponde a una situación similar, pero relacionada con la conducción de un vehículo destinado al servicio de transporte público. En este caso, la exclusión se aplica cuando el accidente produce daños personales y existe incumplimiento de las normas de tránsito.

Finalmente, la M39 comprende la conducción y ocasionamiento de un accidente con lesiones graves o muerte, cuando el hecho se produce con inobservancia de las normas de tránsito establecidas en el reglamento.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estas infracciones vinculadas con accidentes, conducción bajo efectos del alcohol o drogas, informalidad y agresiones contra inspectores forman parte del grupo que no puede acceder al régimen excepcional.

Lista completa

• F1: La infracción F1 de la Sutran es una falta grave que se aplica por prestar el servicio de transporte terrestre sin tener la autorización oficial
• F7: La infracción F.7 de la Sutran corresponde a atentar contra la integridad física del inspector durante la labor de fiscalización de transporte.
• T3: La infracción T3 de la Sutran sanciona por operar una infraestructura complementaria sin contar con el certificado de habilitación técnica.
• M1: La papeleta M1 es la infracción de tránsito más grave. Se aplica por conducir con presencia de alcohol por encima de los límites legales o bajo los efectos de drogas, negarse al examen respectivo, y haber participado en un accidente de tránsito.
• M2: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo.
• M3: Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional.
• M4: Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir.
• M20 c: No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: Superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales.
• M27: Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular.
• M28: Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente.
• M37: Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento.
• M38: Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el presente Reglamento.
• M39: Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento.

Cuánto cuesta una infracción de tránsito en Perú

En el Perú, el costo de una papeleta de tránsito no es fijo, sino que se calcula como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Las sanciones se dividen en tres categorías: las leves (L) equivalen al 4% de la UIT (alrededor de S/ 220); las graves (G), como no usar cinturón o no respetar señales de giro, corresponden al 8% de la UIT (unos S/ 440); y las muy graves (M) varían entre el 12%, 18%, 24%, 50% y hasta el 100% de la UIT, situándose entre los S/ 660 y más de S/ 5,500.

El monto final que paga el infractor también depende de la infracción específica y de la prontitud del pago. Muchas faltas leves, graves e incluso algunas muy graves cuentan con descuentos de hasta el 83% o 67% si se cancelan dentro de los primeros días hábiles tras la notificación. Sin embargo, las infracciones más severas —como conducir bajo los efectos del alcohol (M01/M02) o manejar sin brevete (M03)— aplican el 50% o 100% de la UIT completa, no admiten ningún tipo de descuento y conllevan medidas complementarias como la retención del vehículo o la cancelación definitiva de la licencia.

¿Cuándo se conocerán los cambios en las multas de tránsito?

Flores explicó que el 2 de septiembre se publicará el proyecto de la nueva tabla de infracciones, abriendo un periodo de consulta pública. Durante este tiempo, operadores, especialistas y ciudadanos podrán presentar aportes y sugerencias. Una vez concluida esta etapa, la ATU procederá con la revisión final y la publicación oficial, momento en el que las nuevas disposiciones empezarán a regir. En palabras del funcionario, la medida busca que “nuestros operadores, ciudadanos, especialistas puedan dar sus comentarios, precisiones y observaciones y posteriormente continuar con el trámite para ya su publicación y vigencia”.

Principales cambios: reducción y ajuste de las sanciones

La ATU revisará integralmente la totalidad de los códigos de infracción, incluyendo los correspondientes a los servicios de transporte público regular y especial, como taxis, transporte turístico, de trabajadores y de estudiantes. Flores remarcó que el ajuste responde a principios de razonabilidad y proporcionalidad, considerando la gravedad y naturaleza de cada falta.

El vocero explicó que ya se han realizado reducciones previas en las sanciones por informalidad. Las ordenanzas municipales anteriores establecían sanciones de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La ATU las redujo luego a dos UIT y ahora propone que la sanción más grave, para el transporte informal, se fije en una sola UIT. “Es la multa más grave que nosotros tenemos o es la actividad más grave que tenemos. Evidentemente, las que sean menos gravosas y más leves tendrán otros porcentajes”, detalló el funcionario.

Reducción de las multas y efectividad de la fiscalización

Flores subrayó que la reducción de las multas no busca incentivar el incumplimiento, sino lograr que el monto sea “idóneo para que la conducta se pueda disuadir”. El funcionario precisó que la ATU, a diferencia de los gobiernos locales, no actúa como entidad recaudadora. “Lo que nosotros tenemos que hacer es implementar el sistema de transporte urbano. Y para implementar el sistema integrado de transporte, yo necesito reducir y/o erradicar la informalidad”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la fiscalización efectiva se complementa con la medida preventiva de internamiento vehicular para los casos más graves. Flores ejemplificó que hay buses y colectivos que acumulan decenas de miles de soles en multas y aún así continúan circulando, por lo que la retención del vehículo se ha convertido en una herramienta clave. “Nosotros ya no solamente colocamos la imposición de la multa o de la sanción, sino que internamos el vehículo. Y ahí sí corrige la conducta”, afirmó.

Objetivo: fortalecer el sistema de transporte y combatir la informalidad

Según el comunicado de la ATU, la revisión de la tabla de infracciones se enmarca en el objetivo de fortalecer el marco regulatorio del transporte público y contribuir a una fiscalización más clara y adaptada a las características de cada servicio. La entidad reiteró su compromiso de avanzar en la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT) y promover un transporte público más ordenado, seguro y eficiente.

La adecuación de las multas y sanciones deberá cumplirse dentro del plazo previsto por la norma y se realizará bajo criterios estrictos de equidad, proporcionalidad y oportunidad, teniendo en cuenta las opiniones que surjan durante la consulta pública. La medida también permitirá acceder a una reducción del 90 % de las multas impuestas por infracciones de transporte público y privado, según lo establece el Decreto Supremo n.° 017-2026-MTC.

Flores insistió en que la finalidad es garantizar vehículos y servicios de transporte urbano que cumplan con las normas y brinden seguridad a los usuarios, priorizando la formalidad y la supervisión efectiva en las calles.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara una revisión del sistema de multas de tránsito y transporte con el propósito de establecer sanciones acordes con la gravedad de cada conducta. La propuesta parte de una evaluación técnica que busca aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los montos establecidos para las infracciones.

La medida se vincula con el régimen temporal de reducción de multas dispuesto mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC. Esta norma permite reducir en 90 % determinadas sanciones, por lo que los conductores y transportistas comprendidos en sus alcances pueden cancelar el 10 % del monto original.

Arturo Ruiz Facundo, director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, explicó a la Agencia Andina que el periodo de reducción permitirá al sector revisar los valores actuales y plantear una nueva metodología para definir las sanciones. El funcionario señaló que el análisis considerará cada conducta de manera individual.

La propuesta también contempla una revisión de las infracciones que reciben un tratamiento similar por su clasificación. El objetivo del ministerio es establecer montos que guarden relación con la conducta cometida y que cumplan una función correctiva, en lugar de priorizar la recaudación.

MTC prepara una metodología para definir nuevas sanciones

Ruiz Facundo indicó que el ministerio trabaja en una metodología destinada a determinar el valor correspondiente a cada infracción. El análisis tomará en cuenta las características de cada conducta para evitar que todas las faltas consideradas graves reciban de forma automática una misma sanción económica.

El funcionario señaló que existen multas de S/ 5.000, S/ 10.000 y S/ 20.000 que no consiguieron modificar la conducta de los infractores. Frente a este escenario, el MTC plantea revisar los criterios utilizados para establecer los montos.

“Queremos analizar cada conducta y sobre la base de ello, determinar cuánto le corresponde a cada una”, declaró Ruiz Facundo a Andina.

El proceso tendrá como referencia los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De acuerdo con el director, la finalidad será que las sanciones permitan corregir conductas y mejorar el cumplimiento de las normas.

Reducción del 90 % tendrá plazos distintos

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC establece una reducción de 90 % para las multas comprendidas dentro de sus alcances. Los beneficiarios podrán pagar el 10 % de la sanción correspondiente.

El plazo para las infracciones vinculadas con el Reglamento Nacional de Tránsito es de 90 días. En el caso de las normas relacionadas con transporte, el periodo llega a 180 días.

Ruiz Facundo precisó que estos plazos también permitirán al MTC realizar la evaluación técnica necesaria para la futura modificación de los valores. Una vez concluido el periodo correspondiente a tránsito, el ministerio prevé contar con una evaluación sobre las sanciones que figurarían en el Reglamento Nacional de Tránsito.

El régimen comprende a conductores particulares y prestadores del servicio de transporte. También incluye determinados casos en los que existen procedimientos sancionadores pendientes o procesos en etapa de ejecución coactiva.

Para acceder al beneficio, el administrado debe realizar el pago correspondiente ante la entidad responsable del procedimiento. Si existe una impugnación en trámite, primero debe presentar el desistimiento respectivo.

Ruiz Facundo explicó que, con el pago del 10 % de la multa, el procedimiento administrativo sancionador puede concluir. La disposición también alcanza los casos que se encuentren en ejecución coactiva, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Infracciones graves quedan fuera de la reducción

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC excluye determinadas infracciones por su gravedad. Entre ellas figuran conducir en estado de ebriedad y participar en un accidente, conducir sin licencia o hacerlo con una licencia retenida, suspendida o inhabilitada.

También quedan fuera ciertos casos de exceso de velocidad superiores en 30 kilómetros por hora al límite establecido. La exclusión comprende, además, infracciones relacionadas con la falta de certificado de inspección técnica vehicular, ausencia del SOAT y determinadas conductas vinculadas con accidentes.

En el sector transporte, el beneficio tampoco comprende conductas asociadas con la informalidad, agresiones contra inspectores durante labores de control ni la operación de infraestructura complementaria sin certificado de habilitación técnica.

El director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC confirmó que los vehículos dedicados al transporte informal tampoco pueden acceder al descuento del 90 %.

La precisión alcanza a los colectivos que operan bajo esa modalidad. Ruiz Facundo señaló que las conductas relacionadas con la informalidad están expresamente fuera del régimen establecido por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC.

El pago no suma puntos durante el régimen

Para las multas de tránsito comprendidas en el beneficio, el pago durante el periodo establecido no genera acumulación de puntos en la licencia de conducir. Tampoco produce efectos por reincidencia, según precisó el funcionario del MTC.

Esta disposición se aplica durante la vigencia del régimen correspondiente a tránsito, cuyo plazo es de 90 días. Ruiz Facundo aclaró que se trata de una medida temporal vinculada con el proceso de revisión del sistema de sanciones.

MTC prevé mesas de trabajo y recepción de aportes

El ministerio prevé elaborar un proyecto a partir de la evaluación técnica y luego desarrollar mesas de trabajo. Ruiz Facundo indicó que también existen canales abiertos para recibir aportes de conductores, transportistas y otros actores vinculados con el sector.

El funcionario señaló que el proceso busca recoger experiencias y aportes antes de definir los nuevos criterios para las sanciones. La propuesta deberá determinar los valores correspondientes a cada conducta a partir de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Según explicó Ruiz Facundo a Andina, el MTC todavía trabaja en la metodología y no definió nuevos montos para las infracciones. La evaluación deberá establecer de forma diferenciada la sanción que corresponde a cada conducta.

Las celebraciones dentro de propiedades residenciales suelen ser motivo de disputas entre vecinos, especialmente cuando el nivel de ruido interfiere con los horarios de descanso.

En Colombia, estas situaciones están contempladas dentro del marco legal del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece reglas específicas sobre la generación de sonidos que puedan perturbar la tranquilidad.

El artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 dispone que es un comportamiento contrario a la convivencia “producir ruidos que afecten la tranquilidad de las personas, especialmente en horas de la noche. Esto incluye música a alto volumen, fiestas, actividades comerciales o domésticas que generen un nivel de ruido superior al permitido”.

Este tipo de disposiciones aplican tanto para viviendas ubicadas en propiedad horizontal —como conjuntos cerrados o edificios— como para otros entornos urbanos. En estos espacios, además del Código de Policía, también se deben respetar los reglamentos internos adoptados por cada copropiedad.

Dichos documentos suelen especificar los horarios permitidos para realizar mudanzas, trabajos de remodelación, eventos sociales o ensayos musicales.

De igual manera, las restricciones sobre el ruido también se encuentran reguladas por normas ambientales. La Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, establece los niveles máximos de emisión sonora que deben respetarse en diferentes zonas del país, dependiendo de si son residenciales, comerciales o industriales.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias tanto a nivel policial como dentro de la misma comunidad. Cuando un residente considera que el ruido sobrepasa los límites establecidos, tiene la posibilidad de presentar una queja ante la administración del conjunto o directamente a la Policía Nacional. Esta última está facultada para acudir al lugar y verificar si hay infracción.

En caso de constatarse una alteración de la tranquilidad, el artículo 33 permite imponer medidas correctivas que van desde una advertencia verbal hasta sanciones económicas. Una de las más comunes es la multa tipo 2, que para el año 2025 supera los $300.000 pesos colombianos.

Estas multas pueden aumentar si la conducta se repite en el tiempo. En ciertos casos, si no se toman medidas para disminuir el ruido, las autoridades pueden ordenar la suspensión temporal de la actividad que lo genera. Además, en propiedades horizontales, la administración puede aplicar sanciones internas según lo estipulado en el reglamento, que puede incluir llamados de atención formales, restricciones de uso de zonas comunes o cobros adicionales.

Las alcaldías locales y la Policía también realizan jornadas de medición de ruido en diferentes sectores, especialmente en aquellos donde se han recibido múltiples reportes. Estos operativos buscan verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir alteraciones al orden público.

Cabe resaltar que el nivel de sanción no está determinado únicamente por la intensidad del ruido, sino también por el momento en que se produce. Por ejemplo, una reunión con música elevada durante la semana a las 11:00 p.m. suele tener más probabilidades de ser objeto de queja que un encuentro en horario diurno durante el fin de semana.

Los horarios que normalmente se consideran como franja de descanso nocturno van desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., aunque pueden variar según el reglamento de cada conjunto residencial. Por esta razón, los residentes deben consultar las normas internas de su copropiedad y también revisar la legislación vigente a nivel local para evitar sanciones.

El uso de equipos de sonido, instrumentos musicales, sistemas de karaoke o incluso electrodomésticos con altos niveles de emisión sonora debe ser regulado de acuerdo con los límites legales y comunitarios. Las actividades comerciales desarrolladas dentro de viviendas —como talleres o clases de música— también están sujetas a estas normas si generan incomodidad entre los vecinos.

Por lo tanto, antes de planear una fiesta o cualquier tipo de evento en una propiedad residencial, es importante tener en cuenta la normativa nacional y local, así como las reglas particulares de convivencia que rigen cada edificio o conjunto. Estas disposiciones buscan garantizar un equilibrio entre el derecho al esparcimiento y el respeto por el descanso de los demás habitantes.

Los conductores que circulan por las calles y carreteras del Perú deben cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detecta una infracción, puede imponer la correspondiente papeleta, cuya sanción y procedimiento se encuentran regulados por el cuadro oficial de tipificaciones del RNT.

Las infracciones se identifican mediante códigos que empiezan con las letras M, G o L, según su gravedad: Muy Graves, Graves y Leves. El monto de la multa se determina principalmente como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

Para 2026, el valor de la UIT es de S/5.500, por lo que una infracción grave equivalente al 8% de la UIT representa S/440. Las infracciones leves tienen, en general, una multa equivalente al 4% de la UIT, aunque existen códigos con porcentajes específicos.

La tabla oficial de infracciones del SAT de Lima recoge el cuadro del Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias. También puede consultarse la tabla actualizada publicada por el SAT en Gob.pe.

Infracciones Muy Graves (M) según la Policía Nacional de Tránsito

Las infracciones calificadas como Muy Graves son las que pueden generar las sanciones más severas, incluyendo multas elevadas, retención o internamiento del vehículo, suspensión o cancelación de la licencia y una importante cantidad de puntos.

Con una UIT de S/5.500, los principales montos vigentes son los siguientes:

• M01 – S/5.500: conducir con presencia de alcohol por encima de lo previsto en el Código Penal, bajo efectos de drogas o negarse al examen correspondiente cuando se haya participado en un accidente. Puede generar cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva.
• M02 – S/2.750: conducir con presencia de alcohol o bajo efectos de estupefacientes, narcóticos o alucinógenos, o negarse al examen. Genera suspensión de la licencia por tres años.
• M03 – S/2.750: conducir un vehículo sin tener licencia de conducir o permiso provisional.
• M04 – S/5.500: conducir con licencia retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia.
• M05 – S/2.750: conducir un vehículo con una licencia cuya clase o categoría no corresponde al vehículo.
• M06 – S/1.320: estacionar en curvas, puentes, túneles, zonas estrechas, pasos a nivel, pasos a desnivel, pendientes o cruces ferroviarios.
• M07 – S/1.320: participar en competencias de velocidad no autorizadas.
• M08 – S/1.320: permitir que un menor de edad conduzca un vehículo sin autorización o permiso provisional.
• M09 – S/1.320: conducir un vehículo con sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado, previa inspección.
• M10 – S/660: abastecer de combustible a un vehículo de transporte público de pasajeros cuando haya personas a bordo.
• M11 – S/660: conducir determinados vehículos sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda.
• M12 – S/660: no detenerse ante un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que recoge o deja escolares.
• M13 – S/660: conducir con neumáticos cuya banda de rodadura presente un desgaste inferior al permitido.
• M14 – S/660: no detenerse ante un cruce ferroviario a nivel o cruzar por lugares distintos a los autorizados.
• M15 – S/660: circular produciendo contaminación por encima de los límites máximos permisibles de emisiones.
• M16 – S/660: circular en sentido contrario al tránsito autorizado.
• M17 – S/660: cruzar una intersección o girar con el semáforo en luz roja, cuando no exista indicación contraria.
• M18 – S/660: desobedecer las indicaciones sobre tránsito impartidas por el efectivo de la PNP asignado al control del tránsito.
• M19 – S/660: conducir sin cumplir las restricciones consignadas en la licencia de conducir.
• M20a – S/990: superar el límite máximo de velocidad hasta en 10 km/h adicionales.
• M20b – S/1.320: superar el límite máximo entre más de 10 y hasta 30 km/h adicionales.
• M20c – S/2.750: superar el límite máximo en más de 30 km/h adicionales.
• M20d – S/990: no respetar el límite mínimo de velocidad establecido.
• M21 – S/660: estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito.
• M22 – S/660: detenerse para cargar o descargar mercancías en lugares que representen peligro, obstáculo o interrumpan la circulación.
• M23 – S/660: estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación de carreteras o caminos donde existe berma lateral.
• M24 – S/660: circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente.
• M25 – S/660: no dar preferencia de paso a vehículos de emergencia u oficiales cuando utilizan señales audibles y visibles.
• M26 – S/660: conducir un vehículo especial que no cumpla las exigencias reglamentarias sin autorización.
• M27 – S/2.750: conducir un vehículo sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular, con la excepción establecida para vehículos L5.
• M28 – S/660: conducir sin contar con SOAT o Certificado contra Accidentes de Tránsito vigente, cuando corresponda.
• M29 – S/660: deteriorar, adulterar, destruir o sustraer placas de exhibición, rotativas o transitorias.
• M30 – S/660: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera del plazo, horario o ruta autorizada, o cuando hayan caducado o sido invalidadas.
• M31 – S/660: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias en vehículos a los que no fueron asignadas.
• M33 – S/660: circular, conducir u operar máquinas amarillas o verdes por vías públicas terrestres.
• M34 – S/660: circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles.
• M35 – S/660: realizar un giro en U en lugares prohibidos, como curvas, puentes, pasos a desnivel, vías expresas, túneles o cruces ferroviarios.
• M36 – S/660: transportar carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos.
• M37: conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales incumpliendo las normas del RNT. La sanción contempla suspensión de la licencia por un año, además de medidas sobre el vehículo.
• M38: conducir un vehículo de transporte público y ocasionar un accidente con daños personales incumpliendo las normas de tránsito. Puede generar suspensión de la licencia por tres años.
• M39: ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte incumpliendo las normas. La sanción contempla cancelación e inhabilitación definitiva para obtener licencia.
• M40 – 5% de la UIT (S/275 como referencia): conducir un vehículo con la licencia vencida.
• M41a – 150% de la UIT (S/8.250): circular, interrumpir o impedir el tránsito durante situaciones de desastre natural o emergencia incumpliendo las restricciones establecidas por la autoridad.
• M41b1 – 12% de la UIT (S/660): incumplir por primera vez una prohibición o restricción de circulación establecida durante un estado de emergencia por orden interno.
• M41b2 – 24% de la UIT (S/1.320): reincidir en la infracción relacionada con las restricciones de circulación durante un estado de emergencia.
• M42 – 5% de la UIT (S/275): conducir un vehículo de categoría L5 sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular.
• M43 – 12% de la UIT (S/660): no respetar el derecho preferente de paso de ciclistas o conductores de vehículos de movilidad personal.
• M44 – 12% de la UIT (S/660): obstruir una ciclovía.
• M45 – 12% de la UIT (S/660): circular por rutas que no forman parte de caminos, vías urbanas o del Sistema Nacional de Carreteras para evadir el pago del peaje.
• M46 – 12% de la UIT (S/660): realizar maniobras que generen daños materiales a infraestructura o garitas de pago de peaje.

El cuadro oficial del SAT establece los porcentajes de la UIT, sanciones y puntos correspondientes a estas infracciones.

Infracciones Graves (G) y Leves (L) detectadas por la PNP

Las infracciones Graves están identificadas con la letra G y, en términos generales, tienen una multa equivalente al 8% de la UIT, es decir, S/440 en 2026. Las infracciones Leves llevan la letra L y generalmente representan el 4% de la UIT, aunque existen excepciones.

Infracciones Graves

• G01 – S/440: adelantar o sobrepasar indebidamente a otro vehículo.
• G02 – S/440: no realizar señales o tomar precauciones al girar, hacer U, cambiar de carril o detenerse.
• G03 – S/440: detener bruscamente el vehículo sin motivo.
• G04 – S/440: no respetar la línea de parada o el derecho de paso de peatones, ciclistas o usuarios de VMP.
• G05 – S/440: no mantener una distancia suficiente y prudente respecto de otro vehículo.
• G06 – S/440: no ubicarse con anticipación en el carril correspondiente para girar o voltear.
• G07 – S/440: no utilizar el carril extremo derecho cuando corresponda por el tipo de vehículo o servicio.
• G08 – S/440: no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga.
• G09 – S/440: retroceder salvo en los casos permitidos.
• G10 – S/440: incumplir las disposiciones para vías de tránsito rápido o acceso restringido.
• G11 – S/440: circular, estacionar o detenerse en islas, separadores, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales o rampas, entre otros lugares prohibidos.
• G12 – S/440: girar con luz roja y flecha verde sin respetar el derecho preferente de los peatones.
• G13 – S/440: transportar más personas que el número de asientos permitido o pasajeros de pie en determinados vehículos.
• G14 – S/440: mantener abierta la puerta, capot o maletera mientras el vehículo está en marcha.
• G15 – S/440: no utilizar luces de emergencia o dispositivos de seguridad cuando el vehículo queda inmovilizado.
• G16 – S/440: circular por una vía donde no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendios.
• G17 – S/440: utilizar lunas o vidrios polarizados sin la autorización correspondiente cuando impidan la visibilidad del interior.
• G18a – S/440: conducir sin mantener ambas manos sobre el volante, salvo las excepciones reglamentarias.
• G18b – S/440: utilizar un dispositivo móvil u objeto portátil mientras se conduce de forma que se deje de utilizar ambas manos.
• G19 – S/440: circular con vidrios de seguridad o parabrisas deteriorados o con elementos que obstaculicen la visibilidad.
• G20 – S/440: conducir sin las luces o dispositivos retrorreflectivos exigidos.
• G21 – S/440: conducir sin espejos retrovisores.
• G22 – S/440: conducir bajo lluvia o llovizna sin limpiaparabrisas operativo.
• G23 – S/440: transportar pasajeros de pie en determinados vehículos de transporte público cuya altura interior no supera 1,80 metros.
• G24 – S/440: conducir con el motor en punto neutro o apagado.
• G25 – S/440: no portar el certificado SOAT físico cuando corresponda, el CAT o portar uno que no corresponda al uso del vehículo.
• G26 – S/440: conducir determinados vehículos con la salida del tubo de escape orientada hacia la acera.
• G27 – S/440: transportar carga o pasajeros que obstruyan la visibilidad de los espejos laterales.
• G28 – S/440: no utilizar cinturón de seguridad cuando sea obligatorio.
• G29 – S/440: circular en forma desordenada o realizar maniobras peligrosas.
• G30 – S/440: transportar personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte de su cuerpo.
• G31a – S/440: circular sin las luces reglamentarias en condiciones de poca visibilidad o no utilizar luces bajas durante las 24 horas en las vías donde corresponde.
• G31b – S/440: circular en zonas señalizadas como “Zona de neblina” sin las luces intermitentes de emergencia cuando sean obligatorias.
• G32 – S/440: circular por una ciclovía.
• G33 – S/440: transportar cargas que excedan las dimensiones permitidas o materiales sin las medidas de seguridad para evitar su caída.
• G34 – S/440: remolcar vehículos sin las medidas de seguridad correspondientes.
• G35 – S/440: utilizar luces altas en vías urbanas o hacer un uso inadecuado de las luces.
• G36 – S/440: compartir el asiento del conductor con otra persona, animal u objeto.
• G37 – S/440: no reducir la velocidad ante túneles, puentes, intersecciones, curvas, calles congestionadas, condiciones climáticas adversas u otros peligros.
• G38 – S/440: circular lentamente por el carril izquierdo generando congestión o riesgo, o rápidamente por el derecho.
• G39 – S/440: aumentar la velocidad cuando otro vehículo intenta adelantarlo.
• G40 – S/440: estacionar en zonas prohibidas o rígidas señalizadas o sin las medidas de seguridad correspondientes en una emergencia.
• G41 – S/440: estacionar o detenerse sobre una intersección o crucero peatonal.
• G42 – S/440: estacionar frente a entradas o salidas de garajes, estacionamientos, vías privadas o determinados locales.
• G43 – S/440: estacionar a menos de cinco metros de bocacalles, hospitales, centros médicos, bomberos o hidrantes, salvo excepciones.
• G44 – S/440: estacionar a menos de tres metros de las puertas de establecimientos educativos, teatros, iglesias y hoteles.
• G45 – S/440: estacionar a menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel.
• G46 – S/440: estacionar en zonas no permitidas a menos de 10 metros de un cruce peatonal o paradero, o en el espacio destinado a la parada del bus.
• G47 – S/440: estacionar afectando el transporte público, la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito.
• G48 – S/440: estacionar determinados vehículos pesados en vías públicas urbanas fuera de lugares autorizados.
• G49 – S/440: estacionar vehículos M, N u O a menos de un metro de otro vehículo estacionado, salvo las excepciones reglamentarias.
• G50 – S/440: estacionar en terminales o estaciones de ruta fuera de los lugares autorizados.
• G51 – S/440: estacionar de noche o en condiciones de escasa visibilidad sin mantener las luces de estacionamiento encendidas.
• G52 – S/440: estacionar en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar la inmovilización.
• G53 – S/440: desplazar o empujar un vehículo correctamente estacionado para ampliar un espacio.
• G54 – S/440: abandonar el vehículo en la vía pública.
• G55 – S/440: utilizar la vía pública para efectuar reparaciones, salvo emergencia.
• G56 – S/440: recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos autorizados cuando existan.
• G57 – S/440: no respetar señales de tránsito cuyo incumplimiento no esté tipificado en otra infracción.
• G58 – S/440: no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia física cuando corresponda o documento de identidad.
• G59 – S/440: conducir motocicletas y otros vehículos de categoría L sin casco o elementos de protección exigidos.
• G60 – S/440: circular con placas ilegibles, sin iluminación o con elementos que impidan su lectura.
• G61 – S/440: no llevar las placas de rodaje en el lugar correspondiente.
• G62 – S/440: no devolver placas de exhibición, rotativas o transitorias dentro de los plazos establecidos.
• G63 – S/440: utilizar señales audibles o visibles similares a las de vehículos de emergencia u oficiales.
• G64 – S/440: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas hayan sido modificadas afectando la seguridad o no coincidan con la Tarjeta de Identificación Vehicular.
• G65 – S/440: no ceder el paso a vehículos que tienen preferencia.
• G66 – S/440: seguir a vehículos de emergencia u oficiales para avanzar más rápidamente.
• G70 – S/440: detenerse sobre la demarcación de la señal “No bloquear cruce”.
• G71 – S/440: circular por vías con infraestructura de peaje sin pagar la tarifa correspondiente.
• G72a – S/440: utilizar mientras se conduce un dispositivo electrónico que reproduzca imágenes o videos con fines de entretenimiento visual.
• G72b – S/440: utilizar dispositivos electrónicos permitidos que obstaculicen la visibilidad del conductor o las señales del tablero.
• G73 – S/440: adelantar o sobrepasar a bicicletas, ciclos o VMP incumpliendo la obligación de realizar la maniobra por el carril izquierdo.
• G74 – S/440: abrir o dejar abierta la puerta o capot dificultando la circulación de bicicletas, ciclos o VMP.

El cuadro oficial consultado confirma que las infracciones G vigentes tienen, en general, una multa equivalente al 8% de la UIT, que en 2026 representa S/440.

Infracciones Leves

• L01 – S/220: dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos.
• L02 – S/275: estacionar en zonas destinadas a vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad.
• L04 – S/220: abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado dificultando la circulación.
• L05 – S/220: utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en una dirección no permitida.
• L06 – S/220: arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación.
• L07 – S/220: utilizar la bocina innecesariamente para llamar la atención.
• L08 – S/220: utilizar bocinas de descarga de aire comprimido en zonas urbanas.

El código L03 no figura en el cuadro vigente consultado, por lo que no debe agregarse como infracción activa.

¿Qué nuevas multas de tránsito se incorporarán en 2026?

El Decreto Supremo N.° 011-2026-MTC modificó el Reglamento Nacional de Tránsito e incorporó los códigos M47, M48, M49, M50, G75 y G76. Sin embargo, esta modificación todavía no está vigente al 25 de agosto de 2026, debido a que la norma estableció un periodo de 120 días hábiles desde el día siguiente de su publicación.

Entre las nuevas conductas figuran:

• M47: circular con placas adulteradas, ilegibles o con elementos que impidan su lectura mediante medios tecnológicos.
• M48: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas hayan sido modificadas afectando la seguridad.
• M49: no respetar la señal de altura máxima permitida.
• M50: incumplir la señal de altura máxima y provocar daños a la infraestructura o interrupciones del tránsito.
• G75: deteriorar, adulterar, destruir o sustraer placas de exhibición, rotativas o transitorias.
• G76: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera de los horarios o rutas establecidos.

Estas modificaciones deberán ser incorporadas en una actualización posterior de la tabla cuando entre en vigor el decreto.

Descuentos y pronto pago en papeletas de la Policía Nacional del Perú

Una de las principales dudas de los conductores es cuánto pueden ahorrar si pagan rápidamente una papeleta.

El Reglamento Nacional de Tránsito contempla un descuento de 83% cuando el pago se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición o notificación de la infracción.

Existe un segundo periodo en el que el descuento es de 67%, desde el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la resolución de sanción.

Sin embargo, no todas las infracciones tienen derecho a descuento. El SAT establece excepciones para códigos como M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31, M32 y M42.

Por ello, antes de realizar un pago es recomendable verificar el código exacto de la papeleta y el monto que figura en el sistema de la entidad encargada de la cobranza.

Cómo consultar si tienes papeletas impuestas por la PNP

La PNP impone la papeleta, pero la consulta y cobranza dependen de la autoridad competente. En Lima, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) administra las infracciones de tránsito correspondientes a la jurisdicción.

Puedes revisar el estado de un expediente de tránsito en el Buscador de expedientes del SAT. La búsqueda puede realizarse con datos como número de papeleta, expediente o placa.

Para otras jurisdicciones existen sistemas de las respectivas municipalidades provinciales. En el caso de infracciones fiscalizadas por la SUTRAN, también existe una plataforma para verificar documentos de infracción y conocer el monto correspondiente.

Esto es importante porque no todas las papeletas impuestas por la PNP se consultan en el SAT de Lima. El ciudadano debe identificar primero qué autoridad es responsable de la cobranza y del procedimiento administrativo en su jurisdicción.

Procedimiento para impugnar una papeleta injusta ante la Policía Nacional

Si consideras que una papeleta fue impuesta de manera incorrecta, no significa que debas pagarla inmediatamente. El conductor tiene derecho a presentar un descargo ante la autoridad administrativa competente.

En Lima, el SAT señala que el descargo debe presentarse dentro de los cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición o notificación de la papeleta.

El escrito debe identificar al administrado, indicar el número de papeleta, expresar claramente lo que se solicita, señalar los fundamentos y adjuntar los documentos que respalden la posición del conductor.

Entre los elementos que pueden ser útiles como sustento están:

• Fotografías o videos que demuestren las condiciones del lugar.
• Documentos que acrediten que el vehículo cumplía con los requisitos exigidos.
• Pruebas que permitan demostrar un error en la identificación del vehículo o conductor.
• Documentos que acrediten circunstancias relevantes para el caso.
• Cualquier otro elemento que permita cuestionar objetivamente la imputación.

El SAT señala que, después del descargo, analiza los hechos y puede determinar la existencia de la infracción o declarar que esta no corresponde. Si el administrado recibe una resolución desfavorable, puede presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución final, de acuerdo con la información publicada por el propio SAT.

En el caso de las infracciones fiscalizadas por la SUTRAN, el procedimiento también contempla la posibilidad de presentar descargos. La entidad informa que estos deben formularse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, dentro de la fase instructora del procedimiento sancionador.

Por ello, si un conductor considera que una papeleta de tránsito de la PNP es injusta, lo más importante es no dejar vencer los plazos y presentar el descargo ante la entidad que administra el procedimiento, acompañado de las pruebas correspondientes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció un régimen excepcional que permite reducir en 90 % determinadas multas por infracciones de transporte y tránsito terrestre. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y contempla condiciones específicas según el tipo de infracción y la situación administrativa de cada multa.

La disposición alcanza a infracciones vinculadas con el transporte público y privado, además de aquellas relacionadas con el tránsito terrestre. El beneficio tiene carácter voluntario y busca facilitar el pago de obligaciones pendientes dentro de los periodos definidos por la norma.

El régimen establece dos plazos de vigencia. Para las multas por infracciones de tránsito, el periodo es de 90 días calendario, mientras que para las infracciones de transporte el plazo llega a 180 días calendario. La medida comprende distintos estados de las multas, incluidos procedimientos administrativos y procesos de ejecución coactiva.

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC también determina qué infracciones quedan fuera del beneficio y fija disposiciones para los casos con pagos parciales o recursos administrativos pendientes. Además, ordena modificaciones posteriores en las tablas de infracciones y sanciones bajo competencia del MTC y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Reducción del 90 % y plazos establecidos

Según el decreto publicado por el MTC, la reducción alcanza el 90 % de las multas impuestas por infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Reglamento Nacional de Tránsito, las normas de los servicios públicos de transporte bajo competencia de la ATU y las ordenanzas de las municipalidades provinciales.

El periodo para acceder al beneficio depende de la naturaleza de la infracción. Las multas correspondientes a infracciones de tránsito cuentan con una vigencia de 90 días calendario, mientras que las multas por infracciones de transporte disponen de un plazo de 180 días calendario.

La medida también comprende multas pendientes de inicio del procedimiento administrativo sancionador, aquellas que se encuentren en trámite, las que tengan carácter firme, las impugnadas y las que estén en ejecución coactiva. También se incluyen las multas impuestas durante el periodo de vigencia del régimen.

Cómo se aplica el beneficio a las multas pendientes

El acogimiento al régimen se realiza mediante el pago del monto de la multa con la reducción correspondiente. Una vez efectuado el pago, la autoridad competente dispone la conclusión y el archivo del procedimiento administrativo sancionador o de ejecución coactiva, según corresponda.

La norma precisa que el archivo incluye las costas y los gastos derivados del procedimiento de cobranza coactiva cuando corresponda. Además, las multas canceladas bajo este régimen no generan ni mantienen efectos de acumulación de puntos en la licencia de conducir.

El decreto también establece que estas multas no serán computables para determinar reincidencia o habitualidad. De esta manera, el beneficio no solo modifica el monto pendiente de pago, sino también los efectos administrativos asociados a las sanciones canceladas dentro del régimen excepcional.

Casos con ejecución coactiva o recursos administrativos

Para las multas que se encuentren en ejecución coactiva y cuenten con pagos parciales, la reducción del 90 % se aplica sobre el saldo pendiente. Esta condición permite calcular el beneficio a partir de la deuda que todavía permanezca por cancelar.

La norma también contempla los casos en los que el administrado presentó un recurso administrativo contra la resolución de sanción. En esas situaciones, debe presentar el desistimiento correspondiente para acceder al régimen.

Si existe un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, el administrado debe presentar una copia simple del cargo de la solicitud de desistimiento del proceso y de la pretensión. El documento debe permitir identificar el número del expediente judicial correspondiente.

Infracciones que quedan fuera de la reducción

El beneficio no comprende todas las sanciones de transporte y tránsito. El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC excluye infracciones específicas contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Entre las exclusiones figuran determinadas infracciones vinculadas con conductas de especial gravedad, además de las relacionadas con informalidad, agresión a inspectores y accidentes de tránsito dentro de las normas correspondientes a la ATU y las ordenanzas de las municipalidades provinciales.

En el Reglamento Nacional de Administración de Transporte quedan fuera las infracciones identificadas con los códigos F.1, F.7 y T.3. En el Reglamento Nacional de Tránsito se excluyen las infracciones con los códigos M.1, M.2, M.3, M.4, M.20.C, M.27, M.28, M.37, M.38 y M.39.

Aplicación frente a otros programas de beneficios

El decreto también regula la situación de quienes ya formen parte de otro régimen de regularización o programa de beneficios vigente al momento de su entrada en vigencia. En esos casos, el administrado puede acogerse al régimen que resulte más favorable respecto de las condiciones de reducción.

La elección debe realizarse para cada multa comprendida. La norma precisa que no es posible acumular ni combinar beneficios correspondientes a distintos regímenes o programas.

Las autoridades responsables deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar el nuevo régimen, entre ellas la adecuación de los sistemas destinados a calcular el monto final de las multas y permitir su pago.

DECRETO SUPREMO N° 017-2026-MTC by Infobae Perú

La presidenta informó que el Gobierno establecerá dos mesas de trabajo con representantes del transporte. Una de ellas estará a cargo del ministro de Transportes, Rafael Rey, y tendrá como eje la revisión de sanciones que los transportistas consideran excesivas. La segunda quedará bajo responsabilidad del ministro del Interior, César Astudillo, y estará vinculada con las medidas frente a la criminalidad.

Entre los anuncios figura también una modificación temporal en el cobro de determinadas multas. Según lo expuesto por Fujimori, las sanciones consideradas abusivas se cobrarían solo por el 10 % de su valor y no generarían puntos en el sistema durante el periodo establecido para la medida. El alcance definitivo dependerá de la norma que formalice estos acuerdos.

El anuncio se produjo después de una jornada de diálogo con representantes de distintos gremios, mientras permanecía prevista una paralización del transporte en Lima y Callao para el martes 25 de agosto. Los dirigentes que participaron del encuentro expresaron su conformidad con los compromisos planteados por el Ejecutivo, mientras otros sectores cuestionaron aspectos de la convocatoria y de los acuerdos.

Ejecutivo plantea reemplazar la ley de puntos

La propuesta de derogatoria busca retirar el actual esquema de acumulación de puntos y sustituirlo por una nueva normativa. De acuerdo con lo comunicado por Fujimori, el nuevo marco sería elaborado mediante conversaciones con los distintos sectores vinculados al transporte.

La medida forma parte de los acuerdos discutidos con los gremios durante la reunión. El ministro de Transportes, Rafael Rey, quedó encargado de dirigir la mesa destinada a revisar las sanciones y otros reclamos administrativos presentados por los transportistas.

Uno de los puntos anunciados corresponde al tratamiento de las multas acumuladas. El beneficio previsto no incluiría todas las infracciones, según precisó el dirigente Ricardo Pareja ante Latina Noticias. Las faltas graves, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, quedarían fuera de la medida.

El decreto que debe establecer las condiciones de la condonación todavía no fue publicado. Por ese motivo, los detalles sobre las infracciones comprendidas, los plazos y los procedimientos pendientes de aplicación aún dependen de la disposición oficial.

Seguridad frente a extorsiones y ataques

La segunda mesa de trabajo tendrá como eje la seguridad del transporte. El reclamo surgió ante los casos de extorsión y ataques contra conductores y propietarios de vehículos de servicio público, una de las principales razones que impulsaron la convocatoria inicial de la paralización.

El ministro del Interior, César Astudillo, abordó durante el encuentro la instalación de cámaras dentro de los buses. Según información difundida por Latina Noticias, el funcionario señaló que la adquisición de los equipos requerirá tiempo.

Los transportistas también plantearon medidas vinculadas con la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Entre las propuestas mencionadas por Héctor Vargas figuran el control territorial, la asignación de presupuesto para una unidad de élite y el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La agenda también incluye pedidos relacionados con el rescate financiero del sector y el respaldo para el cambio de matriz energética, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano.

Queda pendiente la norma que formalice las medidas

El anuncio sobre la derogatoria de la ley de puntos y el tratamiento de las multas requiere disposiciones oficiales para definir su aplicación. Mientras no se publique el decreto correspondiente, permanecen pendientes aspectos sobre el alcance de las sanciones comprendidas y las condiciones del beneficio.

La mesa dirigida por Rafael Rey deberá abordar los reclamos administrativos planteados por los transportistas, mientras el grupo encabezado por César Astudillo continuará con los temas relacionados con seguridad ciudadana.

La decisión de los gremios frente al paro quedó vinculada a estos compromisos. La nueva normativa sobre el sistema de puntos, el decreto referido a las multas y las acciones de seguridad forman parte de los asuntos que deberán desarrollarse a partir de los acuerdos comunicados por el Ejecutivo.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá comenzó la instalación de nuevas Cámaras Salvavidas, nombre para calificar los nuevos dispositivos de fotodetección automática que serán usados a lo largo de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado, como parte de una estrategia integral para prevenir siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes transitan por la ciudad.

La Alcaldía de Bogotá comunicó que los puntos elegidos fueron priorizados a partir de análisis técnicos sobre siniestralidad y comportamientos de riesgo y, además, cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Según la Administración distrital, estas cámaras permitirán registrar evidencias de posibles infracciones durante las 24 horas del día, todos los días, y complementarán el trabajo de los agentes de tránsito en vía.

Las Cámaras Salvavidas incorporan tecnología para detectar infracciones como exceso de velocidad, tránsito por sitios restringidos y falta de revisión técnico-mecánica, entre otras. Toda evidencia registrada será revisada y validada por un agente de tránsito antes de iniciar cualquier proceso sancionatorio.

De tal manera, los dispositivos están ubicados en zonas con alta concentración de instituciones educativas, hospitales y equipamientos urbanos, donde la gestión de la velocidad resulta determinante para la seguridad.

La Secretaría de Movilidad, adicionalmente, estima que si los conductores respetan el límite máximo de 50 km/h la intervención con las nuevas cámaras podría salvar cerca de 50 vidas y evitar alrededor de 900 lesiones en los próximos cuatro años en los tramos cercanos a los dispositivos.

En especial, debido a que, hasta el 31 de julio de 2026, las fatalidades por siniestros viales se incrementaron en casi 33% respecto al mismo período del año anterior.

La Secretaría Distrital de Movilidad informará eventualmente a la ciudadanía sobre el inicio de la operación de estas cámaras, así como sobre las fases pedagógica y sancionatoria, para garantizar que los usuarios conozcan tanto su ubicación como las implicaciones de su funcionamiento.

Esta es la cantidad de cámaras de monitoreo vial que hay en Bogotá

Hay distintos tipos de dispositivos de vigilancia vial en Bogotá. En primer lugar, en la capital hay más de 270 cámaras de fotodetección o fotomultas distribuidas en más de 90 puntos viales autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con el mapa actualizado de la entidad.

Esta información no incluye las más de 1.200 cámaras dedicadas al monitoreo de tráfico y movilidad conectadas al sistema de la ciudad. En marzo de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este número, y aseguró que “desde el inicio de la administración hemos aumentado en más de 33% el número de cámaras conectadas en la ciudad”.

Estos dispositivos son cámaras de seguridad de uso ciudadano que pueden ser conectadas al C4.

“Si usted tiene una cámara que funcione y quiere conectarla con el centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad, también lo puede hacer: juntos fortalecemos la seguridad de Bogotá”, dijo el burgomaestre.

Principales valores de multas en 2026

Todas las sanciones ahora se expresan en Unidades de Valor Básico (UVB), que para este año se fijó en 12.110 pesos

• Conductores de bicicletas y vehículos de tracción animal: Las infracciones más comunes tendrán multas entre 13,95 UVB ($168.935) y 126,675 UVB ($1.535.051), según la gravedad.
• Vehículos automotores: Faltas como conducir sin licencia, placas adulteradas o no pagar peajes tendrán sanciones desde 27,86 UVB ($337.385). Por conducir sin licencia, la multa asciende a 104,55 UVB ($1.266.101).
• Peatones: Las conductas peligrosas se sancionan con 3,5 UVB ($42.385).
• Servicio público: Negarse a prestar el servicio sin justificación puede costar 156,84 UVB ($1.899.332), con suspensión de licencia por dos años en caso de reincidencia.
• Embriaguez: Las multas por conducir bajo efectos de alcohol o drogas llegan hasta 1.254,67 UVB ($15.194.054) para el primer grado y 2.509,35 UVB ($30.388.229) para el tercer grado. Negarse a la prueba implica la máxima sanción: 5.018,70 UVB ($60.776.457).

Descuentos y condiciones

• 50% de descuento si se realiza el curso pedagógico y el pago dentro de los primeros cinco días hábiles.
• 25% de descuento si el pago es entre el sexto y el vigésimo día hábil.
• Pasado ese plazo, se debe abonar el monto total.

En medio de la mora récord y Con fuertes críticas a Javier Milei, el gobierno de Axel Kicillof anunció que avanza con una investigación formal contra Mercado Pago y otras billeteras virtuales por presuntas violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

En conferencia de prensa, Kicillof apuntó contra la administración libertaria al considerar que la falta de control estatal derivó en un crecimiento sostenido de la morosidad de las familias, que en mayo tocó un máximo en más de dos décadas.

“Milei dice que nadie le puso una pistola en la cabeza a una familia para que se endeude. Pero cuando hay millones de familias en mora, no es algo que se explique por decisiones individuales que se han tomado erróneamente. Se están tomando deudas para pagar alimentos, alquileres, medicamentos y gastos básicos”, señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que pasó es la política económica de Milei. Este fenómeno es producto de la famosa macroeconomía, que teóricamente anda bien, de Milei”, agregó.

En tal sentido, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, solo en el primer semestre del año la cartera recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, por incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor, acoso y hostigamiento.

A partir de esas denuncias, la Provincia abrió un expediente con imputaciones que incluyen “acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen estas plataformas, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los créditos, y ausencia de un botón de arrepentimiento visible y accesible desde el primer ingreso a la aplicación”. “A partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes”, explicó Costa.

El ministro precisó además que se solicitará a las empresas que detallen los criterios con los que se fijan las tasas de interés y cuál es la composición real del Costo Financiero Total (CFT). “No hay información clara y es imposible determinar cuáles son todos los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de crédito enfrente estas condiciones crediticias”, sostuvo.

En caso de comprobarse los incumplimientos, las multas podrán alcanzar los $1.883 millones, a lo que se sumará la obligación de revertir todas las prácticas y cláusulas contrarias a la normativa vigente. Desde la cartera productiva bonaerense señalaron que irán informando el resultado de la investigación a medida que avance el proceso administrativo.

Créditos en tres clics y tasas de más de 1.000 por ciento

El ministro adelantó que la Provincia va a profundizar las acciones vinculadas con la defensa de los usuarios de billeteras virtuales, un terreno en el que, según indicó, se reciben de manera sistemática denuncias por incumplimientos y abusos por parte de distintas empresas proveedoras de servicios de pago y de crédito. Entre las prácticas identificadas, mencionó la “publicidad de cuentas remuneradas que invita a los usuarios a retirar el dinero de las cuentas bancarias tradicionales para volcarlo a este tipo de productos”, lo que deriva liquidez del sistema bancario hacia el sistema fintech, que cuenta con muchas menos regulaciones. Con ese fondeo, explicó, “se posibilita el crecimiento exponencial del endeudamiento”.

Costa también hizo referencia a la aparición permanente de propuestas de financiamiento sin regulación y con opacidad respecto de las condiciones en las que se otorgan. “En tres clics se puede pedir un préstamo sin haber analizado previamente las condiciones particulares que rigen para ese crédito”, describió. A la vez, remarcó que se observan tasas de interés muy diversas entre los distintos tomadores de crédito, con niveles que llegan a superar el 1.000%, y que, pese a que la normativa exige un botón de arrepentimiento, en general no está disponible. El ministro añadió que existe información poco clara respecto de las tasas y que se detectaron ofertas de productos financieros directamente en las pantallas de comercio electrónico, algo que tampoco cumple con las normativas de Defensa del Consumidor.

Los números de la morosidad en la Argentina

En su exposición, Kicillof planteó que la gravedad del endeudamiento y de los incumplimientos en el país no siempre se dimensiona de manera adecuada. Según las estadísticas citadas por el gobernador, el 60% de la población adulta del país está endeudada, lo que equivale a 21 millones de personas, mientras que una de cada cinco personas adultas, un 20%, se encuentra en situación de mora.

El gobernador remarcó que la posibilidad de endeudarse no es un fenómeno nuevo y que las distintas formas de crédito, ya sea a través de bancos, tarjetas, financieras, billeteras digitales u otros modos informales, existen desde hace tiempo. Sin embargo, señaló que en los últimos dos años y medio se aceleró de manera pronunciada el aumento de la morosidad. De acuerdo con los datos que presentó, la mora bancaria se multiplicó por cinco en ese período, al pasar de 2,5 a 12,8 por ciento. En el caso de quienes están endeudados con billeteras virtuales, la mora pasó de 5,7 a 24,5 por ciento, es decir que se cuadruplicó. Entre quienes tomaron deuda con financieras no bancarias, el indicador —que mide una demora en el pago de más de tres meses— pasó de 17,5 a 43 por ciento, con lo cual se multiplicó por tres.

Kicillof planteó que las billeteras virtuales se asemejan cada vez más a un banco, en la medida en que no solo funcionan como medio de pago sino que también otorgan créditos de manera significativa y colocan fondos, pero con una regulación mucho menos rigurosa por parte de la autoridad. “Estas empresas discriminan el costo del endeudamiento según el sujeto”, afirmó, y explicó que por una misma deuda cobran costos diferentes de acuerdo con una batería de parámetros de información de la que dispone cada billetera digital.

Conductores que transitaron por Vía Morelos, en Ecatepec, denunciaron que recibieron multas por invadir el carril confinado del Mexibús, pese a que —según sus testimonios— policías de tránsito les indicaron utilizarlo debido a los cierres provocados por las obras de reencarpetamiento.

Los inconformes sostienen que la circulación particular fue canalizada hacia ese espacio ante el cierre de varios carriles en dirección a la Ciudad de México. Días después, señalaron, les llegaron infracciones por haber circulado en una zona destinada al transporte público.

La denuncia ha generado molestia entre los automovilistas, quienes consideran injusto ser sancionados por seguir una instrucción atribuida a los propios agentes encargados de gestionar el tránsito durante las obras.

Obras obligaron a cerrar carriles en Vía Morelos

En reportes ciudadanos difundidos, usuarios documentaron, entre los meses de abril, mayo y junio, congestionamientos a la altura del deportivo Ciervo de la Nación, Tulpetlac, La Costeña, Pabellón Ecatepec y Cerro Gordo.

Uno de los testimonios indicó que tres carriles se encontraban en obra y que el único paso habilitado temporalmente era el carril confinado. También se reportó el cierre del retorno de Ciervo de la Nación y la activación de un carril reversible entre Laureles y La Costeña para reducir el tráfico.

En ese contexto, los afectados aseguran que los policías de tránsito permitieron o instruyeron el ingreso de vehículos particulares al carril del Mexibús. No obstante, afirman que posteriormente recibieron multas por circular en dicha vía exclusiva.

Multas deberían revisarse a la luz del operativo vial

La denuncia plantea la necesidad de que las autoridades revisen los folios emitidos durante los días y horarios en que la circulación fue desviada por las obras. También deja preguntas sobre qué dependencia ordenó abrir el carril confinado, durante cuánto tiempo estuvo permitido el paso y mediante qué mecanismo se notificó la medida a los sistemas encargados de aplicar sanciones.

El caso apunta a una posible falta de coordinación entre los responsables del operativo vial y la autoridad que procesó las infracciones, situación que deberá ser aclarada oficialmente.

Para esclarecer el caso será necesario contrastar las boletas de infracción con las fechas, horas, ubicaciones y placas de los vehículos, así como revisar videos, fotografías, cámaras viales o avisos oficiales que acrediten la apertura temporal del carril.

Congestionamiento afectó a automovilistas y al Mexibús

Durante los cierres, ciudadanos reportaron que Vía Morelos quedó prácticamente colapsada en dirección a la Ciudad de México. Algunos usuarios estimaron tiempos de entre una hora y una hora y media para recorrer el tramo de Tulpetlac a Pabellón Ecatepec.

El congestionamiento también habría ralentizado el servicio de la Línea 4 del Mexibús, que conecta Tecámac con Indios Verdes. Como alternativas, los reportes recomendaron utilizar la autopista México–Pachuca, avenida R1 o avenida Central.

Falta una explicación oficial sobre las multas

Hasta el momento, en la información proporcionada por los denunciantes no aparece una respuesta oficial que aclare si el carril confinado fue habilitado formalmente para vehículos particulares ni si las multas relacionadas con el operativo serán revisadas o canceladas.

También está pendiente conocer qué autoridad emitió las sanciones, cuántas personas resultaron afectadas y cuál es el procedimiento para impugnarlas. Se buscará la postura de las autoridades de tránsito, del Ayuntamiento de Ecatepec y del sistema Mexibús.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el sistema de días multa para calcular sanciones económicas en delitos de Baja California Sur, al avalar porciones del Código Penal local, según un comunicado de la propia Corte emitido este 13 de agosto.

El Máximo Tribunal determinó que el “día multa” se fija con base en la percepción neta diaria de la persona imputada al momento de cometer el delito, por lo que su cuantía se calcula a partir de ingresos reales. También precisó que el límite inferior del “día multa” equivale al valor diario de la UMA.

La SCJN sostuvo que estas referencias no adoptan el salario mínimo como índice, unidad, base o medida, por lo que un eventual aumento no repercute en el monto de la multa. Con ello, indicó, se cumple la reforma constitucional de desindexación del salario mínimo en sanciones económicas. La resolución correspondió a la Acción de Inconstitucionalidad 39/2026.

SAT mantiene en 2026 el programa de regularización fiscal con hasta 100% de descuento en accesorios

El SAT mantiene activo en 2026 el Programa de Regularización Fiscal que permite obtener hasta 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución para personas físicas y empresas con adeudos, siempre que presenten su solicitud dentro de los plazos fijados y cubran el pago total, en una sola exhibición o en parcialidades, a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El alcance del esquema ya tiene resultados medibles: al corte de agosto de 2026 ha aportado 6 mil 436 millones de pesos al erario y ha beneficiado a 38 mil 399 contribuyentes, de los cuales 11 mil 404 son empresas y 26,995 personas físicas. El programa está vigente desde el 1 de enero de 2026.

La medida busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor por sanciones acumuladas. El beneficio no borra el impuesto principal adeudado, sino los accesorios que se suman a la deuda original.

De acuerdo con el comunicado oficial 51/2026 del SAT, la condonación llega a 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes. Si las multas derivan solo de incumplimientos formales, es decir, obligaciones distintas al pago de un adeudo, la condonación baja a 90%.

El esquema cubre adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos, cuotas compensatorias, recargos, gastos de ejecución y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

Suprema Corte reitera que la UIF puede bloquear cuentas bancarias por indicios de lavado

La SCJN reiteró el pasado 12 de agosto que la UIF puede bloquear cuentas bancarias en investigaciones de origen nacional cuando existan indicios razonables y suficientes de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, un criterio que además cambia el alcance de las suspensiones en amparo al reconocer que estas medidas sí pueden involucrar interés social y orden público.

Dicha decisión se tomó al resolver la Revisión en Incidente de Suspensión 1/2026, discutida por el Pleno en sesión. Según el comunicado de la SCJN, el criterio adquiere mayor peso por la reforma del 16 de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, que ordena negar la suspensión cuando pueda facilitar la realización o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas que afecten al sistema financiero.

De acuerdo con la información difundida por la SCJN, el caso surgió por un amparo promovido por una persona contra la orden de la UIF de inmovilizar diversas cuentas bancarias a su nombre. En ese expediente, un juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva al considerar que la medida no derivaba del cumplimiento de una obligación internacional y que no afectaba el interés social ni el orden público.

La autoridad impugnó esa determinación por medio de un recurso de revisión incidental. El Pleno atrajo el asunto y, al resolverlo, fijó de nuevo el alcance constitucional de esa facultad administrativa.

El Gobierno logró un dictamen clave en comisión para el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que sentó las bases para su tratamiento en la Cámara de Diputados y su posterior paso al Senado. La iniciativa representa una prioridad para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar que saquen los dólares del colchón, estimados en 170.000 millones de dólares.

Límites de ingreso

El proyecto del oficialismo que consiguió respaldo en comisión incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La versión aprobada en diciembre en el Congreso fijaba límites estrictos: solo podían adherir quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos. Tributaristas consideraron que estos topes impedían la entrada de muchos contribuyentes y reclamaron su eliminación.

De acuerdo con Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, la eliminación de estos umbrales resulta fundamental para ampliar la base de beneficiarios. “Respecto a que se elimine el umbral de ingresos y patrimonios, me parece algo sumamente necesario porque era la única forma de que entren más contribuyentes al Régimen que se encontraban imposibilitados de hacerlo”, explicó en conversación con Infobae.

Letra chica sobre exclusión

En relación a la determinación de discrepancias significativas, el proyecto refuerza la precisión de los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar diferencias en las declaraciones juradas. Según Girardi, se establecen parámetros más concretos para determinar cuándo existe esa discrepancia y, al mismo tiempo, se incorporan mecanismos que permiten morigerar sus consecuencias. “Por ejemplo, se contempla qué sucede si el contribuyente rectifica su declaración dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación o determinación de oficio y regulariza la diferencia correspondiente”, comentó.

La nueva redacción indica que la discrepancia se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15 por ciento. También establece un umbral mínimo: aunque la diferencia reclamada supere el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si ese monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria. El proyecto refuerza la protección de la presunción de exactitud del régimen, ya que la carga de probar la existencia de discrepancia significativa recae en ARCA y se limita la información que puede utilizar para fundamentarla.

Cambios para funcionarios

Uno de los puntos en lo que el Gobierno tuvo que ceder por pedido de la “oposición constructiva”, fue en la posibilidad de que los funcionarios puedan sacar dólares del colchón. Tras el escándalo del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su adhesión al RSG en medio de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, la administración libertaria decidió modificar su postura.

En caso de que se apruebe el proyecto, los funcionarios podrán adherir al RSG, pero no podrán sacar los dólares del colchón. El artículo del dictamen señala: “Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión -o, en su caso, de permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término, de corresponder, bajo esta modalidad. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen”.

La cuestión gira en torno a la conveniencia de avanzar con este punto en este momento y a su verdadero alcance. Actualmente, la Ley de Inocencia Fiscal está vigente, lo que permite a cualquier funcionario retirar dólares no declarados sin impedimentos. Esta posibilidad se mantiene hasta que se apruebe un nuevo proyecto. Incluso si se sanciona la nueva ley, persiste un interrogante: ¿qué impediría que un familiar de un funcionario retire esos dólares no declarados?

Beneficios para pymes

En cuanto al régimen de multas, el proyecto incorpora reducciones automáticas para ciertos contribuyentes y un esquema especial para sanciones formales previas. “El proyecto incorpora reducciones para determinados contribuyentes y un régimen especial para multas formales anteriores. Creo que hay que mirar esta modificación también en el contexto de los valores que alcanzaron las multas después de las actualizaciones. Algunas sanciones formales tienen hoy importes muy elevados, especialmente si pensamos en pymes y personas humanas, y el proyecto busca introducir un poco más de proporcionalidad y razonabilidad en ese esquema”, marcó Girardi.

Para Sebastián Domínguez, CEO de SCD Asesores Tributarios, si bien implica una mejora respecto a la situación actual la reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, no se revierte por completo la situación.

“Hay un tema con las multas de declaraciones juradas informativas que para una sociedad son $10 millones porque no presenta un balance en PDF o se olvida de hacer una presentación de una declaración jurada informativa. Pero la reducción a $7,5 millones sigue siendo altísima para una pequeña empresa o para una persona humana que tiene poca actividad”, concluyó Domínguez.

El Gobierno de la Ciudad de México ha emitido una advertencia a los automovilistas sobre una modalidad de fraude electrónico. Debido a que se han reportado recepción de mensajes de texto (SMS) fraudulentos que exigen el pago inmediato de supuestas multas vehiculares.

La postura oficial es contundente: la Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para notificar infracciones. Los estafadores utilizan tácticas de suplantación de identidad para generar urgencia, buscando que la víctima acceda a enlaces maliciosos y entregue sus datos bancarios.

¿Qué hacer ante estos mensajes?

Para evitar caer en estos engaños y proteger tu información financiera, sigue estas recomendaciones oficiales:

• Ignora y elimina: No respondas al SMS ni des clic en ningún enlace o hipervínculo adjunto.
• No compartas datos: Nunca ingreses información personal o de tus tarjetas en portales de dudosa procedencia.
• Verifica la información: Si tienes sospecha sobre tu historial de manejo, consulta tus adeudos únicamente a través del sitio web oficial: finanzas.cdmx.gob.mx

La prevención y la desconfianza ante comunicaciones informales son tus mejores herramientas. Mantente alerta y apóyate siempre en los canales oficiales del Gobierno de la CDMX.

Ciberdelincuentes se hacen pasar por autoridades para cobrar honorarios falsos a víctimas de fraudes previos, advierte la SSPC

Por su parte, la Secretaría de Seguridad capitalina, emitió el pasado 10 de agosto una serie de recomendaciones para prevenir fraudes en los que ciberdelincuentes ofrecieron la falsa recuperación de dinero perdido en estafas. De acuerdo con la dependencia, los estafadores se hicieron pasar por autoridades, “fiscalías digitales”, áreas de investigación de instituciones financieras o empresas de ciberseguridad.

Utilizaron documentación falsa, logotipos oficiales y credenciales apócrifas para aparentar legitimidad y “garantizar” la devolución de dinero, solicitando pagos anticipados por honorarios, impuestos, trámites o comisiones.

La Secretaría recomendó desconfiar de quienes prometieron recuperar la totalidad del dinero perdido y evitar realizar depósitos, transferencias o cualquier pago por adelantado. Pidió verificar la identidad de quienes ofrecieron ayuda únicamente a través de canales oficiales y nunca compartir datos bancarios, contraseñas, NIP, códigos de verificación o tokens, ni permitir el acceso remoto a dispositivos.

Entre las medidas de seguridad, la SSPC aconsejó desconfiar de ofertas no solicitadas recibidas por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería. También sugirió conservar pruebas como mensajes, correos, números telefónicos, comprobantes de pago y capturas de pantalla.

Para orientación sobre cómo presentar una denuncia por fraude digital, la SSPC remitió a la Ciberguía disponible en el portal del Gobierno de México, donde se encuentra información de seguridad digital y el directorio de las Unidades de Policía Cibernética estatales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a personas físicas y empresas con adeudos fiscales pendientes. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de octubre de 2026.

El programa está activo desde el 1 de enero de 2026 y busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor derivada de sanciones acumuladas.

Qué beneficios ofrece el programa

El SAT condona hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Además, permite cubrir el adeudo en una sola exhibición o mediante hasta seis parcialidades, con la condición de que el último pago se realice a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El beneficio no elimina el impuesto principal adeudado, sino los accesorios: las sanciones y los cargos adicionales que se acumulan sobre la deuda original.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder al programa las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. El requisito aplica tanto para quienes tienen créditos fiscales ya determinados por la autoridad como para quienes desean corregir su situación de forma voluntaria.

También pueden incorporarse contribuyentes sujetos a facultades de comprobación o que cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Qué adeudos cubre

El esquema contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas; aprovechamientos; cuotas compensatorias; recargos; gastos de ejecución; y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

También abarca sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Plazos para presentar la solicitud

Los contribuyentes con créditos fiscales determinados por la autoridad tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. Quienes no cuenten con créditos fiscales determinados disponen de un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026.

En ambos casos, el pago en parcialidades debe quedar saldado a más tardar el 30 de noviembre.

Cómo solicitar el beneficio ante el SAT

El trámite puede realizarse por dos vías. En línea, el contribuyente debe ingresar a sat.gob.mx, acceder a Mi Portal con su RFC y contraseña, y enviar un escrito libre con la solicitud de adhesión.

De forma presencial, puede acudir a la oficina desconcentrada del SAT correspondiente a su domicilio para recibir orientación y apoyo en el proceso. El SAT recomienda verificar previamente que los adeudos estén registrados y definir la modalidad de pago antes de iniciar el trámite.

Resultados del programa hasta agosto de 2026

Al corte más reciente, el Programa de Regularización Fiscal 2026 ha aportado 6,436 millones de pesos al erario. Un total de 38,399 contribuyentes se han beneficiado: 11,404 empresas y 26,995 personas físicas.

Qué se condona exactamente y qué no

El beneficio no es uniforme en todos los casos. Según el comunicado oficial 51/2026 del SAT publicado en gob.mx/sat, la condonación llega al 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes.

Para multas derivadas exclusivamente de incumplimientos formales —es decir, obligaciones distintas al pago de un monto adeudado—, el porcentaje de condonación baja a 90%.

Quiénes quedan excluidos del programa

No todos los contribuyentes con adeudos pueden acceder al beneficio. El SAT precisó que quedan fuera quienes ya recibieron condonación en programas generalizados anteriores, quienes tengan sentencia firme por delito fiscal, y quienes figuren en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, relativos a operaciones simuladas.

La autoridad recomienda revisar el historial fiscal antes de iniciar cualquier trámite.

Paso a paso para solicitar la regularización

El SAT estableció el siguiente procedimiento para adherirse al programa:

1. Verifica tu situación fiscal. Revisa en tu buzón tributario o en el portal sat.gob.mx si tienes créditos fiscales firmes susceptibles de regularizarse. Este paso es previo a cualquier trámite.

2. Identifica tu escenario. Define si tu adeudo ya fue determinado por la autoridad o si deseas corregir tu situación de forma voluntaria. El canal y los plazos pueden variar según el caso.

3. Elige la vía de solicitud. Puedes hacerlo en línea desde sat.gob.mx —ingresando a Mi Portal con tu RFC y contraseña para enviar un escrito libre— o de forma presencial en la oficina desconcentrada del SAT más cercana a tu domicilio.

4. Presenta la solicitud antes del plazo. La fecha límite es el 31 de octubre de 2026 para contribuyentes con créditos fiscales determinados, y el 31 de diciembre de 2026 para quienes corrijan su situación de forma voluntaria.

5. Espera la respuesta de la autoridad. Al presentar la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución queda suspendido de forma automática, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

6. Realiza el pago. Una vez aprobada la solicitud, cubre el adeudo en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades. El último pago debe liquidarse a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

La retención de caballos que circulaban sin supervisión por las calles y espacios públicos de Estelí ha generado una nueva dinámica entre las autoridades municipales y los propietarios de animales. La reciente ordenanza aprobada por el Consejo Municipal establece que quienes deseen recuperar a sus semovientes deberán pagar una multa de C$ 5,000 (aproximadamente USD 137) por cada animal. Esta medida, según lo informado, busca contribuir a la disminución de accidentes de tránsito y a la protección de parques, bulevares y áreas verdes.

Los primeros equinos retenidos fueron trasladados a un corral municipal, donde permanecerán hasta que sus dueños asuman el pago y se comprometan a respetar la normativa. El objetivo es reducir los riesgos que representa la presencia de animales sueltos tanto en la ciudad como sobre la carretera Panamericana, una situación que, durante años, generó denuncias de conductores y residentes. Según 100% Noticias, la ordenanza responde a las constantes quejas de habitantes de barrios y de quienes transitan por esa vía.

La municipalidad informó que la aplicación de esta ordenanza se realiza en coordinación con la Policía Nacional. El alcalde Francisco Valenzuela insistió en la corresponsabilidad de los propietarios: “El que tiene animales debe tener finca y corrales para encerrarlos”, enfatizó, recordando la obligación de mantener a los semovientes en lugares adecuados.

La normativa contempla tanto sanciones económicas como el decomiso de animales para quienes incumplan. Según lo reportado, las autoridades continuarán aplicando la disposición de forma estricta, con el propósito de reforzar la seguridad vial y preservar los espacios públicos, confirmó 100% Noticias.

Estelí ha iniciado la retención y multa de caballos sueltos en la ciudad y la carretera Panamericana. Los propietarios están obligados a pagar C$ 5,000 (USD 137) por animal para retirarlos del corral municipal, en cumplimiento de una ordenanza que busca disminuir accidentes y proteger el entorno. La medida, coordinada con la Policía Nacional, responde a quejas recurrentes de vecinos y conductores sobre el riesgo de animales sin control en la vía pública.

Otras medidas similares en Nicaragua: sanciones por excrementos y regulación en espacios públicos

En Ciudad Sandino, la alcaldía anunció multas de hasta 1,500 córdobas (USD 40,82) para los dueños de caballos que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos. La disposición exige el uso de una pañalera o recolector de desechos y establece una sanción inicial de 500 córdobas (USD 13,61), que se triplica en caso de reincidencia.

El uso obligatorio del recolector busca mejorar la limpieza urbana, reducir la contaminación ambiental y proteger la salud pública. Los desechos recolectados deben ser entregados en un vivero municipal para la producción de abono orgánico, integrando la gestión ambiental y el aprovechamiento de residuos.

En el municipio de El Castillo, en Río San Juan, se implementó una ordenanza similar que obliga a los dueños de perros y otras mascotas a recoger los desechos en el espacio público. Las multas van desde 500 córdobas por primera vez hasta 1,500 córdobas si hay reincidencia.

Estas medidas reflejan una tendencia nacional hacia la regulación del uso del espacio público y la protección ambiental, buscando modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia urbana

Tras un intenso debate, el Senado le dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que busca introducir nuevas reglas para la acción de desalojo en inmuebles urbanos y rurales. La iniciativa apunta a agilizar el proceso judicial y a redefinir derechos y obligaciones de propietarios y ocupantes.

El texto, que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para tener fuerza de ley, propone que toda acción de desalojo se tramite mediante un juicio sumarísimo. Esto significa un procedimiento más rápido respecto de la vía tradicional. Además, amplía la legitimación activa: cualquier sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado podrá iniciar la acción, sin importar la naturaleza jurídica de su vínculo con el inmueble. De esta forma, no solo los propietarios podrán demandar, sino también quienes acrediten un interés afectado por ocupaciones indebidas.

“Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, especifica el capítulo dedicado a esta temática.

Seguido a ello, se agrega que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

Y continúa: “Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”.

Al mismo tiempo, el documento subraya que “en caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del locatario a efectos de que se le reciba las llaves del inmueble, este puede realizar la consignación judicial de aquellas, en cuyo caso los gastos y costas están a cargo del locador”.

“En ningún caso se adeudan alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a tal notificación, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de las llaves si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo”, sostiene.

Uno de los ejes del proyecto reside en la posibilidad de obtener la entrega inmediata del inmueble en casos de ocupación precaria o intrusión. El artículo 680 BIS detalla que, si el derecho invocado resulta verosímil, “el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

Al mismo tiempo, se introduce la obligación de realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas en casos de cambio de destino, deterioro, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto de la propiedad. El magistrado deberá constatar la identidad de los ocupantes con nombre, nacionalidad y documento, con la presencia del Defensor Oficial.

Otra novedad relevante es la protección de individuos vulnerables durante el desalojo. El texto exige la intervención de organismos de protección y del Ministerio Público Tutelar cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

En este caso, el juez deberá otorgar un plazo de hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria. Además, la caución juratoria solo será admisible cuando el derecho del actor sea inequívoco y no existan terceros de buena fe, pudiendo el magistrado exigir una fianza para garantizar eventuales daños.

En relación a las notificaciones, el proyecto dispone que, si no hay domicilio especial, la demanda podrá notificarse en el inmueble objeto del desalojo o en el domicilio electrónico constituido. En efecto, el artículo 683 del proyecto faculta al notificador a identificar por cualquier medio el inmueble a desalojar, incluso con fotografías, y a solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Asimismo, el notificador deberá identificar a los ocupantes, preguntar por su relación con el demandado y dejar constancia de estos datos.

El artículo 684, en tanto, establece que la notificación en el inmueble debe hacerse saber a todos los presentes —incluso si no fueron denunciados— y que la sentencia producirá efectos contra todos los ocupantes, presentes o ausentes. Quien notifique podrá requerir fuerza pública, allanar domicilios y exigir documentos de identidad. El incumplimiento de estos procedimientos constituirá una falta grave.

Respecto a causales de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, se habilita al actor a obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria, siempre que el procedimiento y plazo se hayan pactado. Si se descubre que el actor ocultó datos relevantes, podrá recibir una multa de hasta diez veces el último alquiler, a favor de la contraparte.

Por otro lado, se introducen precisiones sobre el mandamiento de lanzamiento, autorizando al oficial de justicia a requerir el uso de la fuerza pública, allanar domicilios y designar depositario para los bienes muebles hallados.

El proyecto también suma el artículo 1222 al Código Civil y Comercial, que exige una intimación fehaciente previa al desalojo por falta de pago en viviendas. El locador deberá intimar al pago con un plazo no menor a diez días corridos, especificando el lugar de pago. Solo tras el vencimiento de ese plazo podrá iniciar la acción de desalojo por el trámite más breve previsto en la ley. Si el locatario ofrece devolver las llaves y el locador se niega, el inquilino podrá consignarlas judicialmente, liberándose de toda obligación a partir de la notificación.

En Ciudad Sandino, las autoridades municipales dieron a conocer la imposición de multas de hasta 1,500 córdobas a los propietarios de animales que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos, una medida que busca frenar una práctica común en este municipio de Nicaragua. Según reportó Despacho 505, la Alcaldía de Ciudad Sandino notificó a los dueños de carretas tiradas por caballos sobre la obligatoriedad de portar una pañalera o recolector de desechos, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 046/06.

La disposición, difundida por las redes sociales de la municipalidad, advierte que quienes no cumplan con la norma enfrentarán una multa inicial de 500 córdobas (USD 13.61). Si reinciden, la sanción se elevará al triple, alcanzando los 1,500 córdobas (USD 40.82), según lo estipulado en la ordenanza. Según Despacho 505, este anuncio convierte a Ciudad Sandino en la segunda localidad del país que adopta sanciones explícitas contra los dueños de animales que ensucien el espacio público con excrementos.

La Alcaldía justificó la medida como parte de una política dirigida a mejorar la limpieza urbana y reducir la contaminación ambiental. El uso obligatorio de la llamada “pañalera ecológica” pretende no solo minimizar los malos olores en las calles, sino también proteger la salud de los habitantes y promover un entorno más ordenado y sostenible. De acuerdo con lo comunicado por la administración local y recogido por el mismo medio, los desechos recolectados deberán ser entregados en el Vivero Municipal Kamilo Lara, donde se utilizarán para la elaboración de abono orgánico.

Las carretas de tracción animal siguen siendo habituales en Ciudad Sandino, utilizadas para transportar materiales de construcción, leña, chatarra y otros bienes. Por esto, la acumulación de excrementos equinos en calles y carreteras ha generado constantes quejas entre los habitantes. Despacho 505 destaca que, pese a la existencia de normas previas sobre salubridad y espacio público, hasta ahora no se había implementado un régimen de sanciones efectivo para quienes incumplen estas disposiciones.

En el aviso oficial, la municipalidad remarcó la obligación de los propietarios de carretas de instalar sistemas recolectores de desechos en los caballos que circulen por la vía pública. La alcaldía no precisó la fecha exacta en que comenzarán los operativos de control, aunque advirtió que las multas serán aplicadas tan pronto se detecten infracciones. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados con una multa de 500 córdobas. En caso de reincidencia, la sanción ascenderá al triple del monto inicial.

Esta acción en Ciudad Sandino ocurre pocos días después de que la Alcaldía de El Castillo, en el departamento de Río San Juan, anunciara una normativa similar. En esa localidad la ordenanza municipal extiende la obligación de recoger los desechos a los dueños de perros y otras mascotas, bajo el argumento de reforzar las normas de convivencia ciudadana y preservar la limpieza de calles, aceras y áreas verdes. El régimen de sanciones en El Castillo contempla multas escalonadas: 500 córdobas por la primera infracción, 1,000 córdobas (USD 27.22) por la segunda y 1,500 córdobas en caso de reincidencia.

La nueva normativa, firmada por el alcalde Iván José Duarte Miranda, exige a los dueños de mascotas evitar que sus animales causen molestias a terceros, daños a bienes públicos o privados, o generen riesgos para la salud pública. Ambas reglamentaciones municipales reflejan una tendencia emergente en Nicaragua hacia una mayor regulación del uso del espacio público y el fortalecimiento de las políticas ambientales urbanas.

El programa en Ciudad Sandino incorpora el aprovechamiento de los excrementos recolectados, que serán procesados en el vivero municipal para la producción de sustratos orgánicos. De esta manera, la gestión de los residuos animales se integra a los esfuerzos de sostenibilidad y reutilización en la ciudad.

La puesta en marcha de estas sanciones responde al aumento de denuncias ciudadanas sobre la falta de limpieza y el impacto de los desechos animales en la vida diaria. Con la entrada en vigor de la ordenanza y la aplicación de multas, la administración local espera modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia en los espacios urbanos.

La ciudad de Nueva York ha reincorporado una de sus medidas más llamativas para combatir la falta de colaboración ciudadana en la limpieza urbana: las conocidas “pegatinas de la vergüenza”. Tras catorce años de ausencia, estas calcomanías de color verde neón han vuelto a aparecer en los parabrisas de los vehículos cuyos dueños no respetan las normas de estacionamiento alterno, dificultando así el paso de las barredoras de calles.

La reaplicación de esta medida, que había sido eliminada en 2012, busca modificar conductas y facilitar la tarea de los equipos de limpieza, en un contexto donde la convivencia urbana se ve afectada por la acumulación de suciedad en las calles y el escaso cumplimiento de los reglamentos.

El martes por la mañana, en el Upper West Side de Manhattan, la escena fue clara: trabajadores del Departamento de Saneamiento, acompañados por la concejal local Gale Brewer, salieron a las calles apenas siete minutos después de iniciada la franja horaria de limpieza.

Brewer, una figura reconocida en el barrio, fue la encargada de pegar la primera pegatina en un Jeep Grand Cherokee, mientras exclamaba “¡Mueva su auto!” ante los medios y vecinos presentes. No tardó en evidenciarse el efecto disuasorio: un conductor cercano optó por subir apresuradamente a su vehículo y marcharse para evitar la sanción pública y económica.

El funcionamiento de las pegatinas es sencillo pero contundente. Cuando un auto queda estacionado en horario de limpieza y obstaculiza el trabajo de las barredoras, los trabajadores de saneamiento pegan una calcomanía grande y visible, con forma de escudo y color verde neón, en la ventanilla del vehículo. La pegatina advierte: “Este vehículo infringió las normas de limpieza de calles de la ciudad de Nueva York. Como consecuencia, esta calle no pudo limpiarse adecuadamente”.

En letras más pequeñas, se indica al infractor cómo retirar la pegatina: “Retire esta pegatina con agua tibia y una espátula”. Esta medida no sustituye la multa de 65 dólares que, según las autoridades, muchos conductores asumen como un simple coste por estacionar en la vía pública. El verdadero propósito es, por un lado, disuadir la reincidencia y, por otro, generar presión social para fomentar el cumplimiento.

El origen de las “pegatinas de la vergüenza” se remonta a hace más de cuatro décadas. Durante veinticinco años, las calcomanías fueron una herramienta habitual en el arsenal del Departamento de Saneamiento, hasta que en 2012 el Ayuntamiento decidió prohibirlas por considerarlas excesivamente punitivas y por los daños que causaban a los vehículos.

Según David G. Greenfield, exconcejal que promovió su eliminación, las pegatinas dejaban residuos adhesivos difíciles de quitar, lo que llevó a calificarlas en su momento como “vandalismo”. No obstante, la presión vecinal y la percepción de que las multas por sí solas no modificaban el comportamiento llevaron a la concejal Brewer a impulsar un nuevo proyecto de ley para su regreso en 2024.

Las reacciones ante la reimplantación de las pegatinas han sido variadas, aunque predominan las posturas que ven la medida como necesaria. Mary O’Reilly, residente del Upper West Side, expresó la frustración cotidiana de quienes cumplen con las normas: “Es frustrante cuando sales a mover tu auto y los demás no lo han hecho. Entonces tienes que esquivarlos, además de intentar apartarte del camino del camión de la basura”. O’Reilly también mencionó el “sonido incesante de bocinazos” en los días de limpieza, síntoma de la tensión que genera la falta de cooperación.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani defendió la iniciativa, destacando la importancia de permitir que el Departamento de Saneamiento realice su labor: “Es de vital importancia que el Departamento de Saneamiento pueda llevar a cabo la limpieza de las calles”. En contraposición, Greenfield reiteró sus críticas, recordando que “una multa es una sanción, pero pegar basura al parabrisas de alguien es vandalismo”.

El comisionado de saneamiento, Gregory Anderson, subrayó que la intención no es castigar sino lograr calles más limpias: “El objetivo no es poner pegatinas en los autos, sino limpiar la calle”.

El impacto de las infracciones es significativo: se estima que más de 500.000 vehículos incumplen semanalmente las normas de estacionamiento alterno en Nueva York. Muchos conductores prefieren asumir la multa antes que buscar alternativas de aparcamiento, lo que dificulta la limpieza efectiva de las calles y perpetúa la insatisfacción vecinal.

Las autoridades reconocen que la multa por sí sola no es suficiente para cambiar hábitos, y por eso insisten en que la pegatina actúa como un elemento de vergüenza pública que puede resultar más disuasorio. Además, los infractores no solo deben pagar la multa, sino también lidiar con la incomodidad y la exposición social de llevar la pegatina visible hasta que logran retirarla.

Para abordar de manera más integral el problema, la ciudad ha puesto en marcha programas piloto que buscan equilibrar el rigor de las sanciones con incentivos positivos.

En el barrio de Prospect Heights, en Brooklyn, se está probando reducir de dos a un día a la semana los horarios de limpieza. El objetivo es que los conductores, al tener que mover sus autos solo una vez por semana, colaboren con mayor disposición.

El comisionado Anderson definió esta estrategia como “la zanahoria y el palo”: la pegatina representa el castigo, mientras que la reducción de frecuencia es el incentivo. Las autoridades observan de cerca los resultados para decidir si esta fórmula puede replicarse en otras zonas de la ciudad.

La reintroducción de las “pegatinas de la vergüenza” marca un intento renovado de Nueva York por recuperar el orden y la limpieza en sus calles, enfrentando de manera directa la resistencia de quienes incumplen las normas de convivencia urbana.

El mercado del cannabis en Texas atraviesa una transformación significativa tras la entrada en vigor de una normativa que restringe severamente la venta y posesión de la mayoría de los productos derivados del THC.

Desde el 31 de julio, la posesión y comercialización de variantes como delta-8, delta-10, THCP y THCA se consideran delitos graves, con la única excepción de los productos que contienen delta-9 en baja concentración.

La decisión, que impacta tanto a comercios como a consumidores, marca un retorno a una política más restrictiva y reactiva el debate sobre el control estatal del cannabis.

Un fallo judicial que modifica el escenario legal

El origen de la nueva regulación se encuentra en una decisión de la Corte Suprema de Texas, emitida en mayo, que otorgó al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) la potestad para reclasificar casi todos los derivados del THC como sustancias de la lista I.

Durante cinco años, una medida cautelar había impedido la aplicación de esta clasificación, permitiendo la comercialización de diferentes variantes de THC en el estado. La resolución judicial reciente puso fin a ese periodo de tolerancia y habilitó la entrada en vigencia de la prohibición.

De acuerdo con la cobertura de The Texas Tribune, la excepción principal recae sobre los productos con delta-9 THC que no superen el 0,3% de concentración por peso seco. Esta variante, considerada la más común y natural, permanece permitida en virtud de la definición federal establecida en la Farm Bill de 2018.

Esta ley considera legal la venta de cáñamo con bajo contenido de THC en todo el país y deja fuera de la regulación federal a otras variantes sintéticas.

Joao Mitchell, gerente de ATX Organics y director legislativo de Texas Cannabis Collective, explicó a The Texas Tribune que la aplicación de la nueva norma podría sacar entre el 60% y el 90% de los productos de THC de los estantes de muchas tiendas.

Comercios que no basan su oferta en el delta-9 anticipan tener que modificar gran parte de su inventario para evitar sanciones.

Cambios en la oferta y consecuencias legales

La prohibición es amplia y afecta todas las variantes sintéticas como delta-8, delta-10, THCP y flores de THCA. La venta de cigarrillos electrónicos con THC ya había sido restringida previamente en Texas.

Además, una excepción judicial temporal permite que el cáñamo fumable con delta-9 siga disponible, ya que una sentencia suspendió la entrada en vigor de la prohibición estatal sobre ese producto.

Los consumidores aún pueden acceder a comestibles, bebidas y tinturas que contengan delta-9 THC dentro de los límites legales.

La edad mínima para adquirir estos productos es de 21 años. En cuanto a las sanciones, la posesión de productos prohibidos constituye un delito estatal, penado con hasta dos años de prisión y multas que pueden alcanzar los USD 10.000.

Las tiendas que sean detectadas vendiendo estas sustancias pueden perder sus licencias y recibir multas adicionales por cada infracción, además de enfrentar cargos penales por fabricar o distribuir sustancias de la lista I.

La normativa afecta a aproximadamente 14.000 comercios minoristas habilitados para vender cáñamo de consumo, según datos del propio DSHS. Aquellos negocios que no adapten su catálogo a las nuevas reglas se arriesgan a sanciones económicas y administrativas severas.

Impacto social, económico y reacciones de la industria

El endurecimiento de la política sobre derivados de THC responde también a una preocupación por los efectos sociales y sanitarios vinculados al consumo.

De acuerdo con cifras de la Red de Centros de Envenenamiento de Texas, las llamadas relacionadas con intoxicación por cannabis aumentaron de 923 en 2019 a 2.669 en 2025, con la mayoría de los casos involucrando a menores de cinco años y adolescentes.

Esta tendencia fue utilizada por quienes impulsan la prohibición como uno de los argumentos principales para justificar la medida.

Sarah Todd, representante del Texas Cannabis Policy Center, sostuvo en diálogo con The Texas Tribune que la decisión representa “un golpe bastante grande” para la industria y que implica volver a criminalizar productos que fueron legales durante años.

Cynthia Cabrera, directora de estrategia de Hometown Hero, advirtió que la falta de claridad en la nueva normativa añade dificultades para comerciantes y consumidores, aunque la empresa no planea impugnar el fallo judicial, otras compañías ya preparan demandas en los tribunales estatales.

Desde el sector que defiende una regulación más estricta, Aubree Adams, directora de Citizens for a Safe and Healthy Texas, celebró la nueva restricción y afirmó que era necesaria para proteger a las familias, señalando que “la industria no vende productos seguros”.

Por su parte, Mark Bordas, director ejecutivo del Texas Hemp Business Council, alertó sobre el daño económico que la medida puede provocar en cientos de comercios, y estimó que la caída de ventas podría alcanzar el 25% en algunos casos.

AJ Vazquez, propietario de Dooby’s Smoking Depot en Austin, relató que muchos comercios ya comenzaron a modificar su inventario y anticipó que el impacto económico no solo afectará a los dueños de tiendas, sino también a los empleados y proveedores del sector.

Un futuro incierto para la industria del cannabis en Texas

El nuevo marco legal para el cannabis en Texas pone en jaque a una industria que experimentó años de crecimiento y diversificación. Ahora, el futuro de cientos de comercios y miles de consumidores depende de la evolución de la legislación y de los recursos judiciales que varias empresas preparan para desafiar la reciente decisión estatal.

La criminalización de derivados de THC que fueron legales a nivel federal durante los últimos cinco años podría canalizar a más personas hacia el sistema penal y fortalecer el mercado ilícito, tal y como advirtió Mitchell, de ATX Organics.

Por el momento, la única forma de operar o consumir productos de cannabis legalmente en Texas es respetar el nuevo marco legal y mantenerse informado sobre futuras actualizaciones regulatorias.

En plena temporada seca, las autoridades de Salta intensificaron las advertencias por el creciente riesgo de incendios forestales y urbanos. El municipio informó que quienes inicien focos ígneos podrán recibir multas de hasta 2 millones de pesos, además de enfrentar eventuales causas penales si el fuego pone en peligro personas o bienes.

José Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, explicó durante una entrevista en Radio Salta que encender fuego en áreas públicas o privadas de la ciudad constituye una infracción al Código Ambiental municipal. En estos casos, los inspectores labran un acta, solicitan la extinción inmediata de las llamas y, cuando la situación lo requiere, dan intervención al sistema de emergencias y a la Policía.

“El detonante siempre es una persona. El 95% de los incendios forestales tienen origen antrópico, es decir, los provoca directa o indirectamente la actividad humana”, sostuvo el funcionario. El municipio de Salta refuerza los controles en puntos críticos tras detectar que la quema de restos de poda, basura o neumáticos genera focos de gran magnitud.

La sanción económica actual alcanza los 2 millones de pesos, aunque el monto puede variar según la gravedad y las circunstancias del hecho. Además de la infracción administrativa, la acción puede derivar en una investigación penal si el fuego amenaza viviendas, bienes o la integridad de las personas. “Tomamos competencia municipal labrando un acta por falta al Código Ambiental, pero también damos aviso al 911 para que la Policía inicie la investigación y la Fiscalía determine si existe un delito”, explicó Gambetta.

El Código Penal prevé penas para quienes inicien incendios de manera intencional o negligente, sobre todo si de ese accionar resultan daños a terceros. Las leyes nacionales y provinciales, como la Ley 26.815 y las Leyes 7070 y 7543 de la provincia, también establecen prohibiciones y medidas de prevención orientadas a evitar la expansión del fuego.

La Municipalidad lanzó campañas de prevención y pidió a los vecinos abandonar prácticas como la quema de ramas, hojas o residuos vegetales. “La forma correcta es embolsar los restos de poda para que los retire el servicio municipal de recolección, nunca prender fuego”, insistió Gambetta. El municipio también solicita evitar fogatas y toda actividad que genere chispas, especialmente cerca de zonas con vegetación seca o en condiciones de viento.

Uno de los factores que agrava la situación es la proliferación del pasto cubano, una especie vegetal que, según las autoridades, representa el principal combustible para la propagación de incendios en la región. Este pasto crece rápidamente, alcanza alturas de hasta seis metros y, durante la temporada seca, se vuelve altamente inflamable. Además, al arder, genera fragmentos encendidos que el viento puede transportar a gran distancia, multiplicando el riesgo de nuevos focos de fuego.

Para reducir el riesgo, la Municipalidad realizó tareas de desmalezado preventivo en unas 70 hectáreas, priorizando sectores cercanos a viviendas y zonas identificadas como de alto riesgo mediante vuelos con drones. En terrenos privados abiertos, el municipio ejecutó los trabajos y trasladó el costo a los propietarios, mientras que en predios cerrados primero intimó a los responsables para que cumplieran con el mantenimiento.

Un vecino multado tras encender una fogata en Salta

A menos de 48 horas después de una serie de incendios que dejaron cientos de hectáreas calcinadas y viviendas dañadas en el noroeste argentino, la Municipalidad de Salta multó a un vecino que encendió una fogata para quemar basura en inmediaciones del Parque Industrial. El operativo, realizado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental, se desarrolló mientras regía una alerta amarilla por vientos intensos y zonda, con ráfagas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en la región.

Este episodio no fue aislado: se produjo en pleno despliegue de recorridos preventivos por posibles focos ígneos, en un contexto en el que las autoridades advertían sobre el peligro extremo de cualquier quema debido a la combinación de vegetación seca y bajas condiciones de humedad. Entre el 17 y el 20 de julio, el viento zonda provocó 47 incendios simultáneos en Salta Capital y alrededores, afectando unas 830 hectáreas, mientras que en el norte provincial, en la zona de Nazareno, se estimó un área afectada de 5.700 hectáreas.

La Municipalidad reiteró la prohibición absoluta de realizar quemas en estas condiciones y recordó que los recorridos de prevención seguirán activos. Además, instó a los ciudadanos a denunciar cualquier foco ígneo a través de las líneas 105 y 911. Este caso ejemplifica la aplicación de las sanciones previstas y el rol central de la vigilancia municipal ante la persistencia de prácticas de riesgo en plena temporada de incendios.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso una multa cercana al medio millón de pesos a la organización México Tiene Vida, luego de acreditar que durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional simuló miles de afiliaciones mediante el uso de fotocopias de credenciales para votar.

Con esta determinación, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral respaldó la actuación del INE, que previamente había negado el registro partidista a dicha asociación al detectar diversas irregularidades en la integración de su padrón de militantes.

TEPJF ratifica multa por simulación de afiliaciones

Durante la sesión pública de este miércoles, las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral resolvieron mantener firme la sanción económica impuesta a México Tiene Vida, la cual asciende a casi medio millón de pesos.

De acuerdo con la resolución, la organización incurrió en la simulación de más de 5 mil registros de afiliación, al utilizar fotocopias de credenciales para votar de personas que supuestamente respaldaban la creación del nuevo partido político, práctica que contraviene las normas establecidas para los procesos de constitución de institutos políticos nacionales.

El INE concluyó que estas irregularidades comprometían la autenticidad de las afiliaciones presentadas, por lo que además de negar el registro como partido, determinó imponer la correspondiente sanción económica.

Organización impugnó la resolución del INE

México Tiene Vida, agrupación con sede en Nuevo León, promovió un recurso ante el Tribunal Electoral argumentando que el Instituto Nacional Electoral clasificó de manera indebida 74 registros como simulados.

Asimismo, sostuvo que la autoridad electoral realizó un cálculo incorrecto sobre su capacidad económica al fijar el monto de la multa, por lo que solicitó la revocación o modificación de la sanción.

Sin embargo, tras analizar los agravios expuestos por la organización, la Sala Superior concluyó que los argumentos resultaban insuficientes para desvirtuar las conclusiones del INE, por lo que confirmó íntegramente la resolución y la sanción impuesta.

Con ello, quedó firme tanto la negativa del registro como partido político como la multa económica derivada de las irregularidades detectadas durante el procedimiento de constitución.

En su momento, a través de un comunicado, “con respecto a las afiliaciones irregulares detectadas por la autoridad electoral, la organización reconoció que algunas personas que colaboraban como auxiliares incurrieron en conductas indebidas; sin embargo, afirmó que esas acciones individuales no pueden invalidar el trabajo realizado durante más de un año ni el respaldo de los ciudadanos que participaron de manera voluntaria”.

En ese sentido, destacó que el propio INE validó 296 mil 181 afiliaciones, cifra que, aseguró, demuestra el apoyo legítimo obtenido para buscar su constitución como partido político nacional.

México Tiene Vida también recordó que, previo a la sesión del Consejo General, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos había aprobado un proyecto que proponía conceder el registro, lo que, a su juicio, evidencia que existían elementos jurídicos suficientes para considerar procedente su solicitud.

TEPJF también resuelve caso relacionado con Morena

En la misma sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral abordó otro asunto vinculado con Morena.

Las magistradas y magistrados declararon existente la omisión del Consejo Nacional de Morena de responder un escrito que le fue remitido en cumplimiento de una orden previa emitida por el propio Tribunal.

El documento está relacionado con la solicitud de remoción de las personas que integran la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano interno encargado de resolver controversias y procedimientos disciplinarios dentro del partido.

El TEPJF determinó que el Consejo Nacional incumplió con su obligación de emitir una respuesta al escrito recibido, por lo que declaró acreditada la omisión.

Aunque la resolución no implica pronunciarse sobre el fondo de la petición de remoción de los integrantes de dicha comisión, sí establece que el órgano partidista debe atender y responder conforme a sus atribuciones y a los plazos previstos por la normativa interna.

Con estos fallos, el TEPJF confirmó la sanción impuesta por el INE a México Tiene Vida por las irregularidades detectadas en su proceso de afiliación y, al mismo tiempo, ordenó que Morena atienda una obligación pendiente relacionada con el funcionamiento de sus órganos internos de justicia, fortaleciendo así los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el sistema político-electoral del país.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España ha impuesto sanciones económicas a tres creadores de contenido del país: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter.

El organismo regulador ha actuado tras detectar infracciones vinculadas a la Ley General de Comunicación Audiovisual, en un movimiento que apunta a marcar un antes y un después en la supervisión de los contenidos que circulan en redes sociales.

La suma de las tres multas supera los 4.000 euros. Sin embargo, el mensaje que lanza la CNMC va más allá de la cifra económica. La llegada de un nuevo software de vigilancia automatizada hace que la era de la supervisión manual quede atrás, abriendo la puerta a una fiscalización más frecuente y eficaz del contenido que influencers y creadores publican cada día.

Por qué fueron multados los creadoes de contenido den España

• Ibai Llanos

Ibai Llanos, conocido por su presencia en múltiples plataformas y por organizar eventos de gran repercusión como “La Velada del Año”, ha sido sancionado con 710 euros. La CNMC determinó que el creador publicó varios vídeos en la red social X donde aparecían marcas patrocinadoras vinculadas a su evento, sin marcar de forma explícita el carácter publicitario de dichas publicaciones.

La legislación española exige a perfiles de relevancia que cada contenido con promoción comercial lleve una identificación clara, permitiendo a los usuarios distinguir entre recomendaciones personales y publicidad pagada. En el caso de Ibai Llanos, la omisión de esta etiqueta fue considerada una infracción grave del artículo 158.31 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Según la propia CNMC, la multa se redujo a 568 euros por pago anticipado, un beneficio contemplado en la normativa que premia el reconocimiento de responsabilidad y la colaboración con el proceso sancionador.

• Jordi Wild

El youtuber Jordi Wild, responsable de los canales “El Rincón de Giorgio” y “dwt_fighting”, recibió una sanción de 1.543 euros. Este monto también se vio reducido a 1.241 euros tras el pago anticipado. La CNMC analizó contenidos relacionados con el evento “Dogfight Wild Tournament”, especialmente combates de contacto extremo subidos a YouTube.

El regulador consideró que esos vídeos debían haber incluido advertencias sobre la violencia explícita y una clasificación por edades adecuada. Además, debieron activarse los mecanismos de restricción de acceso para menores que la plataforma pone a disposición de los creadores.

La falta de estos elementos puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental y expone a los menores a contenidos potencialmente perjudiciales.

La normativa vigente obliga a avisar de manera clara y visible cuando un contenido puede resultar inapropiado para menores, especialmente en el caso de disciplinas deportivas con contacto físico o escenas violentas.

• Nachter

Por su parte, Nachter, que reúne más de 16 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, ha sido multado con 1.779 euros. La sanción se rebajó a 1.067 euros tras la aceptación de responsabilidad y el abono anticipado.

La infracción atribuida a Nachter fue la promoción de medicamentos antigripales en sus cuentas de Instagram y Facebook. Según la CNMC, no se cumplieron los requisitos legales para la publicidad de productos farmacéuticos, que exigen, entre otras cosas, una identificación clara del carácter comercial del mensaje y la inclusión de información esencial para el uso correcto del producto.

Más creadores podrían ser multados en el futuro

Estas sanciones han sido posibles gracias a la reciente incorporación de un software de monitorización automática, adquirido por la CNMC por unos 33.000 euros. Este sistema analiza publicaciones en redes sociales para detectar infracciones en tiempo real, identificando tanto publicidad encubierta como contenidos que requieran advertencias especiales.

Hasta hace poco, la detección de irregularidades en redes dependía de denuncias puntuales o del monitoreo manual de contenidos. Con la llegada del nuevo software, el regulador puede vigilar simultáneamente a cientos de creadores, identificando publicaciones que no cumplen con la normativa vigente.

La CNMC ha indicado que estas primeras multas son solo el inicio de una etapa caracterizada por una mayor fiscalización en el ámbito digital. En junio, el organismo ya había realizado requerimientos a otros cinco influencers —Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samy Spain y Lola Lolita— por identificar de forma incorrecta contenidos publicitarios.

La tendencia apunta a un endurecimiento en la aplicación de la ley. El propio sector de los influencers reconoce desde hace tiempo que la publicidad mal señalizada afecta a la credibilidad del colectivo. Ahora, la intervención del regulador y la utilización de herramientas tecnológicas hacen que el riesgo de sanción sea real y constante.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la organización Construyendo Sociedades de Paz, actualmente registrada como el partido político PAZ, incurrió en prácticas indebidas al ofrecer despensas a cambio de que ciudadanos asistieran a asambleas realizadas durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

Con esta resolución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ratificó parte de las sanciones impuestas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que la entrega o promesa de apoyos alimentarios afectó el derecho de la ciudadanía a ejercer de manera libre su afiliación y participación política.

TEPJF confirma multas por entrega de despensas

Durante la sesión pública, las magistradas y magistrados de la Sala Superior resolvieron mantener las multas por un monto de 67 mil 884 pesos, al acreditarse que existió el ofrecimiento y la entrega de dádivas en dos asambleas distritales celebradas en Tala y San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

El Tribunal concluyó que las pruebas reunidas por el INE fueron suficientes para demostrar que la organización condicionó la participación de algunas personas mediante la promesa de recibir despensas, una práctica que la legislación electoral prohíbe por representar un incentivo indebido para participar en actividades partidistas.

La resolución subraya que estas conductas vulneran el principio de libertad con el que la ciudadanía debe decidir si participa o no en la creación de un partido político.

Actas, publicaciones y testimonios respaldaron la investigación

En el caso de la asamblea realizada en Tala, el proyecto presentado por el magistrado Gilberto Bátiz destacó la existencia de un acta elaborada por personal del INE.

En dicho documento quedaron asentadas las manifestaciones de diversas personas que preguntaban dónde podrían recoger la despensa que, presuntamente, les había sido prometida por asistir al evento.

Además, la investigación incluyó una publicación difundida en Facebook donde se ofrecía una despensa gratuita en un sitio cercano al lugar donde se desarrollaba la asamblea partidista.

El INE complementó las indagatorias mediante entrevistas realizadas en diversos domicilios, cuyos testimonios fortalecieron la conclusión de que existió un ofrecimiento de apoyos alimentarios vinculado con la asistencia al acto político.

Videos reforzaron las pruebas en Tlaquepaque

En la asamblea celebrada en San Pedro Tlaquepaque, las autoridades electorales reunieron evidencia adicional consistente en videos que mostraban el presunto ofrecimiento de despensas a los asistentes.

Estas grabaciones fueron consideradas elementos suficientes para acreditar que la organización utilizó incentivos materiales para atraer personas a las asambleas requeridas durante el procedimiento para constituirse como partido político nacional.

El Tribunal coincidió con la valoración realizada por el INE y determinó que las pruebas eran consistentes para confirmar la responsabilidad de la agrupación en estos hechos.

Revocan parte de las sanciones relacionadas con aportaciones

En un expediente distinto, la Sala Superior también analizó diversas sanciones impuestas por el INE a la misma organización por irregularidades detectadas durante la fiscalización de sus ingresos y gastos.

De acuerdo con el expediente, el INE había acreditado 25 faltas formales y 17 faltas sustanciales, mientras que la organización impugnó cuatro conclusiones específicas y las sanciones derivadas del resto de las observaciones.

Tras revisar el caso, el Tribunal Electoral revocó tres conclusiones relacionadas con depósitos en efectivo y ordenó al Instituto Nacional Electoral aceptar la documentación presentada por la organización para justificar dichas aportaciones.

Con ello, el INE deberá emitir una nueva determinación respecto a esos movimientos financieros, aunque las sanciones vinculadas con el ofrecimiento de despensas permanecen firmes.

Construyendo Sociedades de Paz es la organización que posteriormente obtuvo su registro como el partido PAZ. Sus impulsores participaron anteriormente en la conformación de los partidos Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario (PES), institutos políticos que en distintos momentos fueron señalados por presuntamente mantener vínculos con grupos ligados a iglesias evangélicas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió 103.000 multas civiles por un total de USD 84.000 millones a inmigrantes ilegales desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca hace unos 18 meses, según declaró un funcionario del departamento a Fox News Digital. Hasta julio, la agencia había cobrado cerca de USD 1.200 millones en pagos.

En mayo, Fox News Digital informó que, de acuerdo con cifras proporcionadas por el DHS, más de 3 millones de inmigrantes ilegales salieron del país durante el primer año del segundo mandato de Trump y que un estimado de 2,2 millones se autoexpulsaron. La administración también reportó casi 900.000 deportaciones y más de 900.000 arrestos hasta el 17 de mayo.

Poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno anunció multas de USD 998 diarios para quienes tuvieran órdenes definitivas de deportación y no abandonaran el país de forma voluntaria. De acuerdo a lo dispuesto por el DHS, los infractores deben pagar antes de ser expulsados y podrían enfrentar la confiscación de bienes si no cumplen con la sanción.

El mecanismo se basa en una ley migratoria aprobada en 1996 que autoriza al gobierno federal a sancionar económicamente a extranjeros que no abandonen el país en los plazos establecidos. Aunque la norma ya se había aplicado durante la primera presidencia de Trump, fue suspendida en 2021 y restablecida en 2025 con nuevos procedimientos.

Cómo funciona el plan de autoexpulsión

Como parte de estas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) difundió un folleto con “beneficios” y “consecuencias” para quienes se autoexpulsen con la aplicación gubernamental CBP Home. El folleto dice: “La autoexpulsión es segura. [...] Salga en sus propios términos eligiendo su vuelo de salida”.

Según el DHS, los inmigrantes ilegales no criminales que salgan voluntariamente podrían conservar el dinero que ganaron en Estados Unidos y mantener la posibilidad de buscar vías legales de inmigración en el futuro; algunos también podrían calificar para vuelos subsidiados en caso de no poder costear el viaje. El folleto advierte que quienes no se autoexpulsen serán “detenidos por el DHS sin oportunidad de poner en orden sus asuntos de antemano”.

Las sanciones llegan a los tribunales

La política de multas generó cuestionamientos de legisladores y organizaciones de derechos civiles, que pusieron en duda su constitucionalidad y efectividad. Sus críticos sostienen que muchas de las personas sancionadas no tienen recursos para afrontar los montos exigidos y que la medida podría sobrecargar los tribunales federales.

El Departamento de Justicia comenzó a presentar demandas civiles contra algunos inmigrantes que habían recibido notificaciones de multa pero aún no habían pagado. Los primeros casos se iniciaron en septiembre pasado en distintos distritos federales, desde California hasta Florida. Para mayo, un análisis de Bloomberg Law había identificado más de 50 demandas.

Las acciones judiciales buscan que un juez reconozca la deuda y autorice al gobierno a ejecutar el cobro. En caso de obtener esos fallos, las autoridades podrían embargar bienes, retener salarios o interceptar reembolsos de impuestos.

Recibir dinero de un familiar o un amigo mediante una transferencia bancaria no genera automáticamente una multa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, existe un requisito que sí puede derivar en sanciones económicas cuando se trata de montos elevados.

En los últimos días ha circulado información sobre supuestas multas de hasta 35 mil pesos por recibir dinero de familiares. Aunque el dato tiene un fundamento legal, no aplica para todas las transferencias, sino únicamente en casos específicos previstos por la legislación fiscal.

A continuación te explicamos cuándo el SAT puede imponer una sanción, qué operaciones deben declararse y qué dice la ley.

¿En qué casos el SAT puede multar por transferencias entre familiares?

La clave está en distinguir una transferencia bancaria ordinaria de un préstamo, donativo o aumento de capital que rebasa los límites establecidos por la autoridad fiscal.

De acuerdo con la información difundida por el SAT y lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las personas físicas deben informar a la autoridad cuando reciben:

• Préstamos.
• Donativos.
• Premios.
• Otros ingresos similares.

La obligación cobra especial relevancia cuando el monto acumulado supera los 600 mil pesos durante un ejercicio fiscal. Si no se presenta el aviso correspondiente, el contribuyente puede hacerse acreedor a una multa que ronda los 35 mil pesos, dependiendo de la infracción.

El requisito indispensable para evitar la multa

El requisito no consiste en pedir autorización para recibir una transferencia, sino en declarar ante el SAT los préstamos, donativos o aportaciones que excedan el monto previsto por la legislación.

En algunos casos también debe presentarse la Forma 86-A, utilizada para informar préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, cuando así lo establece la normatividad fiscal.

Si el contribuyente omite este aviso, el SAT puede considerar que existe un incumplimiento de las obligaciones fiscales y aplicar la sanción correspondiente.

¿Todas las transferencias entre familiares deben declararse?

No, el propio SAT ha aclarado que recibir una transferencia de un familiar o amigo no implica, por sí mismo, una multa, ni existe una disposición que sancione automáticamente este tipo de operaciones.

Las transferencias que forman parte de apoyos económicos habituales, gastos compartidos o movimientos bancarios comunes no generan una sanción únicamente por realizarse.

Sin embargo, cuando las cantidades son elevadas y corresponden a préstamos, donativos u operaciones que la ley obliga a informar, el contribuyente debe cumplir con las disposiciones fiscales para evitar problemas con la autoridad.

¿De cuánto puede ser la multa?

Las sanciones pueden alcanzar alrededor de 35 mil pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento y de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además de la multa, el SAT puede solicitar información adicional para comprobar el origen de los recursos si detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros del contribuyente.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Si vas a recibir una cantidad importante de dinero de un familiar o amigo, los especialistas recomiendan:

• Conservar comprobantes de la operación.
• Elaborar un contrato cuando se trate de un préstamo.
• Declarar los montos cuando la ley así lo exija.
• Mantener congruencia entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios.

De esta manera podrás demostrar el origen de los recursos en caso de que la autoridad fiscal solicite información y evitar posibles sanciones.

En Colombia, las normas sobre la gestión de residuos sólidos son claras, y su incumplimiento puede generar consecuencias tanto para ciudadanos individuales como para conjuntos residenciales.

Una de las preguntas más frecuentes en estos espacios compartidos es si pueden ser multados por sacar la basura fuera del horario definido. La respuesta es afirmativa: existen sanciones cuando no se respeta el calendario oficial de recolección establecido por la autoridad competente.

Este tipo de infracción está contemplado en la Ley 1259 de 2008, que creó el Comparendo Ambiental como herramienta legal para promover el cumplimiento de las normas de limpieza y manejo adecuado de residuos. Según esta ley, la disposición de basura en momentos no autorizados constituye una violación sancionable.

Cada municipio debe adoptar su propio Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el cual se fijan los días y horarios en que los desechos pueden ser sacados a las zonas de recolección. Estos planes también definen las responsabilidades de quienes generan residuos, tanto en viviendas individuales como en propiedad horizontal.

En el caso de apartamentos o casas dentro de conjuntos, donde los desechos se agrupan en un punto común, la responsabilidad puede recaer sobre los administradores. Si no se garantiza que la disposición de la basura se realice dentro del horario permitido, o si la administración no comunica de manera oportuna los lineamientos, es posible que se impongan sanciones a la copropiedad.

Las consecuencias de este tipo de faltas pueden ir desde llamados de atención verbales hasta multas económicas. Las cifras varían según el municipio, pero usualmente las multas oscilan entre uno y veinte salarios mínimos diarios legales vigentes. Algunas alcaldías también incluyen dentro de las medidas correctivas la asistencia obligatoria a actividades pedagógicas relacionadas con el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Las infracciones pueden ser cometidas por personas naturales o jurídicas. Cuando se trata de viviendas particulares, el propietario o arrendatario es quien asume la sanción. En conjuntos residenciales, es la administración o el consejo de administración el que puede responder si se demuestra negligencia o incumplimiento en la gestión de la recolección.

Para prevenir estas situaciones, las copropiedades deben tomar una serie de medidas preventivas. Se recomienda informar a todos los residentes sobre los días y horas establecidos para sacar la basura, coordinar directamente con la empresa prestadora del servicio de aseo y vigilar que los desechos no se dispongan antes o después del horario estipulado. Además, es importante fomentar prácticas de reciclaje y separación en la fuente para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final.

La gestión de los residuos no es solo un asunto operativo, sino una responsabilidad colectiva. El cumplimiento de las normas ambientales no solo evita sanciones, sino que también contribuye a mantener entornos más limpios, saludables y sostenibles.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica informó que 472 conductores fueron multados durante el primer semestre del año por transportar menores sin un dispositivo de retención infantil, una conducta que, además de poner en riesgo la vida de los pequeños, implica una sanción económica de ¢245,000 (USD 544) y la acumulación de cuatro puntos en la licencia de conducir.

Las cifras reflejan que, en promedio, casi tres conductores por día fueron sorprendidos incumpliendo esta obligación, pese a que el uso de sillas de seguridad infantiles es una de las medidas más efectivas para reducir lesiones graves y muertes en caso de un accidente de tránsito.

Un llamado en plena temporada de vacaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aprovechó el inicio del receso escolar para recordar que la protección de los menores durante los viajes no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como una responsabilidad de todos los adultos.

“En estos días de vacaciones escolares de medio año y paseos, vale la pena recordar el valor de transportar a nuestros amores en un dispositivo de retención infantil, porque el amor se demuestra”, señaló la institución mediante una publicación en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de un dato que las autoridades calificaron como preocupante: las 472 sanciones aplicadas durante los primeros seis meses del año evidencian que todavía hay conductores que trasladan a niños sin la protección necesaria.

“Qué mal que se le deba decir a un adulto que debe proteger a sus niños”, agregó la publicación.

Cada edad requiere un dispositivo diferente

La institución recordó que no todas las sillas infantiles son iguales y que el dispositivo debe elegirse de acuerdo con la edad, el peso y la estatura del menor.

Para los bebés de hasta aproximadamente un año, o con una estatura de hasta 75 centímetros y un peso máximo de 13 kilogramos, se recomienda utilizar un portabebé instalado en el asiento trasero del vehículo y colocado en sentido contrario a la marcha, ya que esta posición protege mejor la cabeza, el cuello y la columna vertebral en caso de una colisión.

Las autoridades también enfatizan que este tipo de dispositivo nunca debe instalarse en un asiento con bolsa de aire activa y que debe quedar completamente firme, sin movimientos dentro del vehículo.

Por su parte, los niños de aproximadamente cuatro a seis años, con una estatura entre 110 y 145 centímetros y un peso de 15 a 25 kilogramos, deben viajar en un asiento con respaldar, ubicado igualmente en el asiento trasero.

En estos casos, el cinturón de seguridad debe pasar correctamente sobre el pecho del menor y no sobre el cuello, para evitar lesiones durante un frenazo o un choque.

Una medida que salva vidas

Diversos estudios internacionales han demostrado que los dispositivos de retención infantil reducen considerablemente el riesgo de muerte o lesiones graves en accidentes de tránsito cuando son utilizados correctamente.

Por ello, la legislación costarricense establece la obligatoriedad de estos sistemas de seguridad y contempla sanciones económicas para quienes incumplan la norma.

Sin embargo, las autoridades insisten en que el verdadero objetivo no es imponer multas, sino evitar tragedias que pueden prevenirse con una medida sencilla.

En un contexto de mayor movilidad por las vacaciones de medio año, la Policía de Tránsito pidió a las familias revisar antes de salir que la silla infantil corresponda a la edad y características del menor, que esté correctamente instalada y que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad.

El mensaje final del MOPT resume el espíritu de la campaña: proteger a los niños durante cada viaje no debería depender de una multa, sino del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de cuidar sus vidas.

Negarse a identificarse ante un requerimiento de la Policía en Bogotá puede costarle al ciudadano casi un millón de pesos en multa. Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad, que recordó que quienes dificulten, resistan o impidan la labor de las autoridades durante un procedimiento de identificación serán sancionados con una multa tipo 4, cuyo valor actual es de $933.816.

Para el distrito, esta conducta, considerada contraria a la convivencia según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), también implica la obligación de participar en un programa comunitario.

Según la regulación vigente, los procedimientos de comparendo son gestionados en las Inspecciones de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno y en las alcaldías locales. El objetivo es mantener el orden público y fortalecer la relación entre ciudadanos y autoridades, promoviendo el cumplimiento de normas que garantizan la seguridad colectiva en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Seguridad explicó, a través de una Historia de Convivencia, cómo la negativa a identificarse puede convertirse en una infracción costosa. En la vida diaria, algunos ciudadanos creen que el requerimiento de identificación es una acusación de delito, pero en realidad es una medida preventiva y un deber ciudadano. Identificarse facilita la labor policial y ayuda a prevenir delitos o resolver situaciones de seguridad en el espacio público.

En la Ley 1801 de 2016, el artículo 35 describe los comportamientos que afectan la relación entre personas y autoridades. Los numerales 2 y 3 especifican que resistirse a la función policial o dificultar procedimientos —como la identificación— son comportamientos sancionables. El comparendo es el documento, físico o virtual, en el que la Policía deja constancia de la infracción y ordena a la persona comparecer ante la inspección correspondiente para responder por la conducta.

Durante el 2026, 2.533 personas han sido sancionadas en Bogotá por negarse a identificarse ante la Policía y 2.315 por impedir o incumplir una orden legítima de la autoridad. El comparendo puede implicar una medida correctiva inmediata o, según la gravedad, la imposición de una multa.

Los pagos se pueden realizar a través de la plataforma Lico (Liquidador de Comparendos), donde el ciudadano consulta su situación, paga en línea vía PSE o descarga el recibo para presentarlo en bancos autorizados. El comprobante de pago es el soporte legal requerido para acreditar la cancelación de la sanción.

El sistema de multas del Código de Convivencia se divide en cuatro categorías:

• Tipo 1: $116.727 (aproximadamente). Sanciona conductas como no recoger excrementos de mascotas o invadir el espacio público.
• Tipo 2: $233.454 (aproximadamente). Aplica a quienes portan armas blancas, evaden el pago del transporte o participan en riñas.
• Tipo 3: $466.908 (aproximadamente). Sanciona a quienes venden celulares hurtados, generan ruido excesivo o perturban la tranquilidad.
• Tipo 4: $933.816. Corresponde a las infracciones más graves, como resistirse a la identificación, arrojar basura en espacio público, hacer mal uso de la línea 123 o consumir sustancias prohibidas en lugares no autorizados.

El Pisccj (Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia) busca, además, transformar comportamientos a través de programas pedagógicos y comunitarios, promoviendo la corresponsabilidad y el respeto a la autoridad como pilares para una ciudad más segura y ordenada.

Quienes incumplen el Código de Convivencia y reciben un comparendo tipo 4 no solo deben pagar la multa, sino también participar en estas actividades, que buscan retribuir a la ciudad y mejorar la relación entre ciudadanía y entorno.

No cumplir con el pago en los plazos establecidos acarrea intereses moratorios y permite a la administración iniciar procesos de cobro coactivo, según el artículo 182 del Código. Por eso, la recomendación es atender de inmediato los comparendos y cumplir con las obligaciones legales para evitar sanciones mayores.

La Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para ver el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta para fortalecer la convivencia y no solo como un conjunto de obligaciones. Pequeños gestos de respeto y corresponsabilidad, como identificarse ante los requerimientos policiales, contribuyen a una ciudad más segura, donde todos podamos convivir.

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026 con la expectativa de recibir una sanción económica de la FIFA.

La dramática eliminación en el Coloso de Santa Úrsula ante Inglaterra en octavos de final no sólo supuso el fin deportivo, sino que abrió la posibilidad de una multa para la Federación Mexicana de Futbol por las conductas disciplinarias observadas durante el encuentro.

El reglamento disciplinario prevé sanciones automáticas en casos como el del seleccionado mexicano. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha publicado una resolución oficial sobre la penalización exacta para la Federación.

México podría enfrentar una multa por tarjetas

Según el reglamento vigente, la FIFA contempla sanciones económicas por tarjetas amarillas y expulsiones en la Copa Mundial. En el partido ante Inglaterra, la suma de amonestaciones y la expulsión de César Montes contra Sudáfrica deja abierta la posibilidad de una penalización de este tipo:

• Jorge Sánchez y Johan Vásquez recibieron tarjeta amarilla, cada una asociada a una posible sanción de 10 mil dólares.
• César Montes fue expulsado con tarjeta roja directa, lo que podría implicar una multa de 20 mil dólares.
• El monto total que la FMF podría verse obligada a cubrir ascendería a 40 mil dólares.

De esta manera, la notificación oficial y el cobro dependerán de la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aún estaría analizando los informes arbitrales de los partidos.

Ingresos para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Pese a todo, el balance económico del torneo se muestra favorable para México respecto a la posible multa. La Federación recibió:

• 15 millones de dólares por alcanzar los octavos de final.
• 1.5 millones de dólares como apoyo de preparación previo a la competencia.
• El total recibido fue de 16.5 millones de dólares, muy por encima de cualquier sanción disciplinaria potencial.

En caso de haber llegado a cuartos de final, el premio habría ascendido a los 21.5 millones de dólares.

La derrama generada en la Ciudad de México como sede principal también mostró cifras elevadas en turismo y empleos temporales, consolidando el impacto de la sede incluso fuera de la cancha.

Qué podría pasar si México no cubre la multa

El reglamento disciplinario de la FIFA prevé consecuencias si una federación no cumple con el pago de sanciones económicas, en caso de que estas se confirmen:

• Procedimientos disciplinarios adicionales contra la Federación.
• Recargos sobre la deuda pendiente.
• Restricciones administrativas para futuras participaciones internacionales.
• En situaciones graves, la FIFA puede imponer hasta sanciones deportivas.

Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol permanece a la espera de una resolución oficial sobre el monto y el pago. Hasta que la FIFA haga público el fallo, la sanción económica para México sigue siendo una posibilidad.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puso en marcha el registro obligatorio de scooters y bicicletas eléctricas a partir del 1 de julio de 2026.

Los propietarios de vehículos adquiridos antes de esa fecha tienen hasta el 20 de noviembre para regularizarse; quienes compren uno nuevo desde esa fecha deben recibirlo emplacado directamente en el punto de venta.

La regulación distingue dos categorías. Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas con acelerador propio, motor de entre 250 watts y 1 kilowatt, y velocidad superior a 25 km/h. Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) tienen motor menor a 250 watts y no superan esa velocidad. Cada categoría tiene un trámite y una documentación distinta.

Qué vehículos no están obligados a emplacarse

Quedan exentos de portar placas los VEP que no superen los 35 kilogramos ni los 25 km/h, las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts, y los vehículos de propulsión humana como patines y monopatines tradicionales.

Aun así, estos vehículos exentos deben circular con un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Sin ese distintivo, el propietario también puede ser objeto de revisión.

Trámite para VEMEPE: placas, tarjeta y distintivo

Los propietarios de VEMEPE deben iniciar el proceso en línea a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en la plataforma oficial de la SEMOVI. Ahí se selecciona el tipo de vehículo desde un catálogo registrado por los distribuidores y se sube la documentación requerida.

Una vez que la dependencia valida el expediente, envía por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago. Tras liquidarlo, el propietario agenda una cita presencial —por única ocasión— en un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejan los documentos originales y se entregan las placas de matrícula, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Además del registro del vehículo, el conductor de un VEMEPE debe contar con licencia tipo A1 o A2, casco certificado tipo motociclista y una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Trámite para VEP: sin placas, solo el distintivo

El registro de los VEP sigue el mismo proceso en línea, pero el resultado es distinto: no se otorgan placas ni tarjeta de circulación. Al concluir el trámite, el propietario recibe únicamente el Distintivo de Movilidad Eléctrica —dos calcomanías, una vertical y una horizontal— y la constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.

Para esta categoría no se exige licencia de conducir. El distintivo debe colocarse en el vehículo y portarse en todo momento durante la circulación.

Documentos necesarios para ambas categorías

La SEMOVI establece tres documentos base para realizar el trámite, según el tutorial oficial de la dependencia:

• Identificación oficial vigente con fotografía. Los extranjeros pueden presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.
• Comprobante de domicilio en la Ciudad de México con antigüedad máxima de 90 días.
• Comprobante de propiedad del vehículo: factura de primera venta o carta factura vigente.

La dependencia también solicita el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) vinculado a la factura. Si el propietario solo cuenta con un ticket de compra o nota similar, la SEMOVI permite adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, formato que la propia dependencia proporciona.

Durante todo el proceso, el Enlace Móvil de la SEMOVI está disponible para atender dudas. La dependencia lo señala como canal de orientación desde el inicio del registro hasta la entrega de documentos.

Cuánto cuesta el trámite

La placa de circulación tiene un costo de $709 pesos, el mismo que pagan las motocicletas convencionales. La licencia tipo A1 cuesta $572 pesos y la tipo A2, $1,142 pesos. El pago de la línea de captura para el trámite de registro se cobra de forma adicional a estos montos.

Quienes ya cuenten con licencia tipo A vigente deberán actualizarla a la modalidad A1 o A2 a partir del 31 de julio. Los conductores con licencia permanente quedan exceptuados de ese requisito.

Sanciones por no emplacarse: desde septiembre

Las multas no entran en vigor de inmediato. A partir del 1 de septiembre de 2026, los VEMEPE sin placas podrán ser sancionados, con excepción de quienes aún se encuentren dentro del periodo de regularización.

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho detalló la escala de infracciones: 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a aproximadamente $1,130 pesos— por la primera falta; 15 UMA para quien acumule entre tres y cinco infracciones; y 20 UMA (~$2,260 pesos) con más de cinco reincidencias.

Circular sin casco, sin luces o en zonas prohibidas —como banquetas, ciclovías, carriles exclusivos de autobús o vías rápidas con límite superior a 50 km/h— puede sumar multas de hasta 30 UMA (~$3,394 pesos). La reincidencia en esas faltas puede derivar en el depósito del vehículo en el corralón.

El pedido será evaluado en una sesión extraordinaria del concejo municipal convocada con un único punto en agenda: debatir la derogación de disposiciones contenidas en la Ordenanza N.º 531-2022, la cual, según los regidores, habría otorgado facultades que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las autoridades competentes en materia de tránsito. La solicitud también se produce luego de que distintas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) establecieran límites a las competencias de las municipalidades distritales para sancionar infracciones de tránsito.

Regidores cuestionan ordenanza que permitió aplicar multas y remolcar vehículos

La información fue difundida por el periodista Tito Alvites durante el programa La Hora del Volante, donde señaló que nueve regidores de la comuna presentaron un documento solicitando dejar sin efecto los incisos de la ordenanza que autorizan la imposición de papeletas, el uso de grúas y el cobro de sanciones económicas a conductores por presuntas infracciones relacionadas con el estacionamiento.

Según explicó, la iniciativa es encabezada por el regidor Julio César Martín Avanzini, quien sostiene que la normativa municipal contraviene los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que las municipalidades distritales no cuentan con competencia normativa para imponer sanciones autónomas en materia de tránsito terrestre.

De acuerdo con el pedido presentado al concejo, las disposiciones cuestionadas habrían servido de base para iniciar procedimientos administrativos contra miles de conductores, incluyendo el traslado de vehículos a depósitos municipales y la imposición de multas que, en algunos casos, alcanzaron el 25 % o el 50 % de una UIT, montos considerablemente superiores a las sanciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito para este tipo de infracciones.

Los regidores sostienen que la competencia para imponer sanciones por vehículos mal estacionados corresponde a la Policía Nacional del Perú, encargada del control del tránsito, o a las municipalidades provinciales mediante los mecanismos establecidos por ley, pero no a las municipalidades distritales actuando de manera autónoma.

En el documento también se cita que el máximo intérprete de la Constitución ha desarrollado este criterio en diversas sentencias, en las que precisa que los municipios distritales no pueden crear ni aplicar un régimen sancionador propio en materia de tránsito.

La sesión extraordinaria del concejo municipal fue convocada para las 5:00 p.m. y tendrá como único tema el análisis de la propuesta para modificar la ordenanza vigente.

Conductores denuncian embargos y cobros elevados por papeletas emitidas años atrás

Durante la difusión del caso también se expusieron denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por la aplicación de estas sanciones. Uno de los casos mencionados fue el de María Vázquez, quien afirmó que la municipalidad embargó aproximadamente S/ 6.000 de sus cuentas bancarias por dos papeletas relacionadas con presuntas infracciones de estacionamiento.

Según su testimonio, una de las multas fue emitida cuando permanecía dentro de su vehículo esperando a un familiar frente a un establecimiento comercial. Indicó que nunca fue intervenida por un efectivo policial y que solo tiempo después tomó conocimiento de la existencia de la sanción, cuando el procedimiento ya había avanzado hasta el embargo de sus cuentas.

Otro de los episodios expuestos corresponde a una segunda infracción que, según relató, ocurrió mientras buscaba una dirección y detuvo momentáneamente su vehículo con las luces intermitentes encendidas. Meses después recibió la notificación de la multa, que con intereses, costos y gastos administrativos terminó incrementando considerablemente el monto original.

Asimismo, se mencionó el caso de Clelia López, quien enfrenta una deuda cercana a S/ 2.750, equivalente a media UIT, situación que, según explicó, le impide circular con tranquilidad por el distrito debido al riesgo de que su vehículo sea intervenido y trasladado al depósito municipal.

Durante el programa también se recordó que situaciones similares se registraron anteriormente en otros distritos de Lima. Se mencionó el caso de San Miguel, donde fueron anuladas decenas de miles de papeletas tras cuestionamientos a su legalidad, así como procesos similares ocurridos en Magdalena del Mar.

Los conductores afectados sostienen que, además de las multas, el principal problema fue la falta de notificación oportuna, lo que permitió que las deudas aumentaran con intereses y gastos administrativos hasta alcanzar varios miles de soles antes de que los propietarios tomaran conocimiento del procedimiento.

En ese contexto, también se cuestionó el uso de otros mecanismos de inmovilización de vehículos, como los denominados cepos, implementados en algunos distritos en reemplazo de las grúas. Según los cuestionamientos expuestos, estas medidas también obligan al conductor a realizar un pago para recuperar el uso de su vehículo.

La Comunidad de Madrid presume en su página web de que el 100% de la flota de autobuses interurbanos es “accesible”. Es decir, que cualquier persona con movilidad reducida puede viajar en ellos. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso “mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal en el sistema de transporte público, entendiendo que este es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas”, señala la última memoria del Consorcio Regional de Transportes (CRT), que revela que por las carreteras madrileñas se mueven 2.108 buses en 476 líneas que transportaron en el año 2024 a 307 millones de viajeros.

Sin embargo, el número de multas que impone el Consorcio por incumplir la normativa en materia de accesibilidad ha crecido en los últimos cinco años. Si en 2021 se pusieron 248 sanciones, en 2025 se tramitaron 374, un 50% más. Si analizamos la cuantía económica de estas multas, la subida es mucho mayor. Los 51.660 euros que pagaron las empresas concesionarias de las líneas en 2021 pasaron a 669.934 euros en 2025, un incremento del 1.196%. Sumando estos cinco ejercicios, se han puesto 1.490 expedientes sancionadores, que han conllevado aparejadas multas por valor de 1.088.463 euros.

Estos datos han sido obtenidos por la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, que hizo una petición oficial de información a la Comunidad de Madrid. “Estas cifras demuestran que hay problemas de accesibilidad en el transporte de autobuses. No solo para los viajeros de movilidad reducida, también estamos hablando de problemas de locución en los buses para los viajeros con problemas de visión o falta de información escrita para viajeros con problemas de audición”, explica la parlamentaria. Un portavoz del Consorcio explica que estas sanciones responden generalmente a incidentes muy concretos. “El 100% de la flota es accesible, pero un vehículo siempre puede presentar alguna incidencia en un momento determinado. Las sanciones suelen deberse a cuestiones como averías en la rampa de acceso, fallos en los sistemas de accesibilidad u otros incumplimientos puntuales del servicio, no necesariamente a que el autobús no sea accesible”.

Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). “Las multas han aumentado porque hemos presionado al Consorcio para que haya un mayor control en materia de accesibilidad”, explica. Los datos también revelan que este organismo público que gestiona el transporte en Madrid ha incrementado el número de inspecciones que realiza para vigilar, precisamente, que las normas en materia de accesibilidad se cumplen. Si en 2021 solo se realizaron 1.976 inspecciones, en 2025 esta cifra subió a 2.857, un 44% más. A más inspecciones, más sanciones.

Mantenimiento y formación

Font asegura que todavía hay mucho que trabajar en los autobuses interurbanos. “El mantenimiento de estos vehículos es deficitario y la formación de los conductores es mejorable. Estamos pidiendo que, como ahora toca renovar los contratos, es el momento de hacer ajustes. Si las rampas no se arreglan, la empresa tiene que pagar de su propio bolsillo un taxi para el viajero, como lo hace la EMT. Por mucho que el Consorcio diga que el 100% de la flota es accesible, si el mantenimiento no es correcto, no son accesibles”. En estos cinco años, 29 empresas fueron sancionadas, encabezando el listado De Blas y Cía, ahora bautizada como Arriva, que ha acumulado 269 sanciones en cinco años. Le sigue Nex Continental, de Alsa, con 158 expedientes. En tercer lugar aparece La Veloz con 199. En el apartado de cuantía económica, es Avanza la que encabeza este ranking: sus 87 multas han conllevado 227.000 euros. Este diario ha intentado hablar con algunas de ellas, como Arriva y Alsa, sin éxito.

Según los datos del Consorcio, el 28% de las quejas y sugerencias recibidas están relacionadas con temas de accesibilidad. Pero se refiere a las reclamaciones que se reciben en toda la red (Metro, EMT, Cercanías...). No distingue por medio de transporte. Eso sí, de las 57.000 quejas recibidas en 2024, el 24% están relacionadas con los autobuses. Con esa extrapolación, los buses recibieron 14.200 quejas, y de esas, el 28% podrían estar relacionadas con la accesibilidad. El Consorcio está a punto de aprobar el nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos de la región. Se trata del mayor contrato de transporte por carretera de España.

El Consorcio Regional de Transportes ya ha aprobado los 21 anteproyectos que contienen todas las líneas planificadas para mover por carretera a millones de viajeros durante los próximos diez años. Un servicio por el que la Comunidad pagará más de 10.000 millones de euros. La red quedará reorganizada en 472 líneas y alcanzará al 98% de la población. La flota crecerá hasta los 2.470 vehículos para el arranque del servicio, incluyendo unidades de reserva.

Buses no contaminantes

Otro de los objetivos del mapa concesional es renovar el parque móvil para que la flota de autobuses no contamine, es decir, sean vehículos cero emisiones. Las empresas que ganen las concesiones, sobre todo si entran nuevas compañías, tendrán que subrogar a los trabajadores de las líneas de las que se hagan cargo, respetando los acuerdos de empresa vigentes en cada caso. También hay una obligación de renovar la flota de vehículos: estos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Todos estarán adaptados para poder transportar a pasajeros con movilidad reducida, tendrán cámaras de seguridad en su interior y se podrá pagar el billete con tarjeta bancaria.

Las trabajadoras del hogar y los trabajadores comprendidos en este régimen especial tienen derecho a recibir su gratificación por Fiestas Patrias hasta el próximo 15 de julio, incluso si no cuentan con un contrato de trabajo por escrito. Así lo recordó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que precisó que lo determinante para acceder a este beneficio es demostrar que existe un vínculo laboral con el empleador.

La entidad explicó que este derecho está reconocido en la Ley N.° 31047, norma que equiparó las condiciones laborales de este sector con las del régimen privado. Además del pago de gratificaciones, la legislación contempla beneficios como vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), límites en la jornada laboral y mecanismos para denunciar incumplimientos ante las autoridades.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la gratificación por Fiestas Patrias?

De acuerdo con el MTPE, las trabajadoras del hogar tienen derecho a una gratificación equivalente a una remuneración completa por Fiestas Patrias siempre que mantengan un vínculo laboral vigente con su empleador y hayan trabajado, como mínimo, un mes entre enero y junio del presente año.

Uno de los aspectos más importantes es que la existencia de un contrato escrito no es un requisito indispensable para acceder al beneficio. Si puede acreditarse que existe una relación laboral, corresponde el pago de la gratificación conforme a la normativa vigente.

En los casos en que la persona haya laborado menos de seis meses durante el primer semestre del año, el monto se calculará de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Asimismo, la cartera de Trabajo recordó que quienes ya no mantienen una relación laboral al momento del pago también conservan este derecho si cumplieron con haber trabajado al menos un mes durante el semestre. En estos casos corresponde el pago de la denominada gratificación trunca, la cual debe entregarse junto con los demás beneficios sociales dentro de las 48 horas posteriores al cese del vínculo laboral.

El beneficio también se aplica en diciembre. La legislación establece que las personas trabajadoras del hogar deben recibir una segunda gratificación por Navidad, cuyo pago deberá realizarse hasta el 15 de diciembre de cada año. Si la fecha límite coincide con un feriado o día no laborable, el empleador deberá efectuar el depósito el día hábil anterior.

El MTPE exhortó a los empleadores a cumplir con este pago dentro del plazo establecido y recordó la importancia de formalizar la relación laboral mediante el registro correspondiente, lo que permite garantizar el acceso a todos los beneficios laborales y de protección social.

Vacaciones, CTS y multas: los demás derechos de las trabajadoras del hogar

La protección legal para las trabajadoras del hogar no se limita al pago de gratificaciones. Desde la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley N.° 31047, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 009-2021-TR, este sector cuenta con derechos similares a los de cualquier trabajador del régimen privado.

Según explicó anteriormente el juez superior Miguel Ángel Díaz Cañote, de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Lima Este, la normativa se encuentra alineada con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es garantizar condiciones laborales dignas para quienes realizan trabajo doméstico remunerado.

Entre los principales derechos reconocidos se encuentran:

• Dos gratificaciones al año, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad.
• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
• Vacaciones de 30 días calendario luego de cumplir un año continuo de labores.
• Remuneración no menor a la Remuneración Mínima Vital, cuando corresponda.
• Jornada máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales.
• Protección frente a actos de discriminación, violencia y hostigamiento.

La normativa también establece sanciones para los empleadores que incumplan estas obligaciones. Las multas varían según la gravedad de la infracción y se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Las infracciones leves son sancionadas con 0,05 UIT por cada trabajador afectado. En el caso de infracciones graves, la multa asciende a 0,13 UIT, mientras que las muy graves alcanzan 0,25 UIT por cada persona perjudicada. Existen además supuestos específicos considerados muy graves que pueden generar sanciones de hasta 4,50 UIT, conforme al régimen de fiscalización laboral.

Cuando una trabajadora considera que sus derechos no han sido respetados, puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que se inicie una inspección. También tiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial, ya sea mediante un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado, dependiendo de las características del caso.

El MTPE recordó que tanto trabajadores como empleadores pueden acceder gratuitamente a orientación sobre el régimen del trabajo del hogar a través de sus canales oficiales de atención, donde reciben información sobre derechos, obligaciones y procedimientos para formalizar la relación laboral.

Las autoridades de California han puesto en marcha una etapa rigurosa de aplicación de sanciones por estacionar cerca de cruces peatonales, medida que afecta a la totalidad de conductores en el estado, con especial énfasis en el sur de California. El cambio coincide con el final del periodo de educación pública y el inicio de una vigilancia activa bajo la ley conocida como “Daylighting to Save Lives” (Asamblea Bill 413), que prohíbe estacionar en las inmediaciones de pasos peatonales y prevé sanciones para quienes incumplan. Esta nueva fase comenzó en julio de 2026 y representa el cierre de meses de advertencias y campañas educativas.

Según informó Newsweek y confirmaron gobiernos locales, la ley impide estacionar vehículos a menos de 20 pies (6,1 metros) del lado de aproximación de un cruce peatonal, aunque no existan marcas, señales o pintura roja en el bordillo. En aquellos cruces con extensiones de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies (4,6 metros). Esta disposición responde a un esfuerzo integral de seguridad vial estatal, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que ha divulgado información a residentes y conductores desde enero de 2025.

La legislación se inscribe en una política estatal destinada a reducir la mortalidad peatonal en California. De acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras y autoridades estatales, el 36 por ciento de los fallecimientos de peatones se produce en intersecciones donde la visibilidad se ve comprometida por vehículos estacionados. Las autoridades y organizaciones civiles sostienen que mantener despejados los accesos a los cruces peatonales facilita la visibilidad tanto para automovilistas como para peatones.

¿Qué establece la ley “Daylighting to Save Lives” en California?

La Asamblea Bill 413, promulgada en 2025, introdujo una prohibición específica para estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo dentro de los 20 pies previos al cruce peatonal en la aproximación, ya sea que el cruce esté marcado o no. Si el cruce presenta una extensión de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies. Según la ciudad de East Palo Alto y la información difundida por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el cumplimiento de la ley es independiente de la existencia de señales, marcas viales o pintura roja en el cordón.

De acuerdo con la guía oficial, la infracción puede sancionarse aunque no existan marcas visibles ni anuncios específicos, lo que implica un cambio relevante respecto a las prácticas previas en algunas jurisdicciones. Tal como detalló el sitio oficial de la ciudad de East Palo Alto, “es ilegal estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo a menos de 20 pies (6,1 metros) de un cruce peatonal, marcado o no, únicamente en el lado de aproximación de la vía”.

¿Por qué California aprobó la ley Daylighting y qué problema busca resolver?

La aprobación de la ley Daylighting responde a una preocupación creciente por la seguridad peatonal en las ciudades de California. De acuerdo con Newsweek, y con cifras citadas por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, “casi el 36 por ciento de las muertes de peatones ocurre en intersecciones”, donde la visibilidad se ve reducida por vehículos mal estacionados. Los cruces en esquinas y zonas escolares presentan un riesgo superior, según las autoridades locales.

El objetivo declarado de la norma es mejorar la línea de visión tanto de peatones como de conductores, permitiendo que ambos detecten de manera anticipada la presencia del otro. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ha enfatizado que “evitar que los automóviles se estacionen cerca de las esquinas permite que los conductores vean mejor a los peatones y viceversa”, en materiales de divulgación pública.

Organizaciones como Vision Zero y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico han respaldado la ley, señalando la relación directa entre la visibilidad en las esquinas y la reducción de atropellos fatales. La iniciativa cuenta con el apoyo de gobiernos municipales, que buscan alinearse con los objetivos de reducción de accidentes en el marco de programas como Vision Zero.

¿Cuándo entró en vigor la ley y cómo cambió la fiscalización en 2026?

La ley Daylighting entró en vigor el 1 de enero de 2025 en todo el estado de California. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales y agencias de seguridad optaron por una estrategia de educación y advertencias, evitando sanciones económicas inmediatas para dar tiempo a los conductores de adaptarse a la nueva normativa. Según Newsweek, este periodo de instrucción concluyó en marzo de 2025 para la mayoría del estado, aunque en el condado de Los Ángeles se prolongó hasta noviembre de ese año.

A partir de julio de 2026, las autoridades iniciaron una etapa de vigilancia activa y aplicación de sanciones. “El periodo de educación terminó y la ley se hará cumplir en toda su extensión”, afirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones recogidas por Newsweek. Las agencias locales han informado a la población mediante campañas en redes sociales, folletos y anuncios en zonas de alto tránsito.

¿Cuáles son las sanciones y cómo se aplican las multas por estacionar cerca de un cruce peatonal?

El principal efecto para los conductores es la posibilidad de recibir multas de 63 dólares por estacionar dentro de la zona prohibida, según las autoridades y medios como el World Journal. Los funcionarios han advertido que la ausencia de señalización, marcas o pintura roja no es un argumento válido para apelar la sanción. “La ley no requiere marcas ni señales adicionales para su cumplimiento”, señaló el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en los comunicados oficiales.

Las sanciones aplican tanto a vehículos privados como a servicios de reparto y empresas de transporte, lo que ha llevado a empresas y gestores de flotas a modificar sus protocolos de estacionamiento en áreas urbanas. Las multas pueden imponerse incluso en cruces donde no existía restricción previa, lo que ha generado la recomendación de verificar siempre la distancia antes de estacionar.

¿Qué deben hacer los conductores para evitar multas bajo la nueva ley?

Con la aplicación estricta de la ley, los conductores deben modificar sus hábitos y verificar la distancia al estacionar cerca de pasos peatonales, incluso si no hay marcas visibles ni señales específicas. Las autoridades recomiendan dejar al menos 20 pies (6,1 metros) desde la línea de aproximación a cada cruce, o 15 pies (4,6 metros) en el caso de extensiones de banqueta, de acuerdo con la información oficial de la ciudad de East Palo Alto.

Los espacios antes disponibles en esquinas o zonas próximas a cruces pueden ahora estar sujetos a sanción, por lo que se insta a los automovilistas a informarse a través de fuentes oficiales y revisar los canales de comunicación de los municipios. “Quienes incumplan la distancia mínima establecida se exponen a sanciones económicas, sin importar la falta de señalización”, reiteró un vocero del Departamento del Sheriff en declaraciones recogidas por Newsweek.

¿Qué impacto tiene la ley Daylighting para la seguridad vial y qué se puede esperar en el futuro?

La implementación estricta de la ley Daylighting supone un ajuste para los conductores y autoridades locales en la gestión cotidiana del tránsito. Se espera un aumento en la expedición de multas y en la conciencia pública sobre la seguridad peatonal en cruces, según lo reportado por Newsweek y fuentes institucionales. Las municipalidades han comunicado que continuarán con acciones de información y actualización de la infraestructura, tales como pintura de cordones y señalización en zonas de riesgo prioritario, aunque la ley ya es aplicable en todo el estado.

El Departamento del Sheriff y las autoridades municipales han señalado que la medida se mantendrá como una herramienta permanente para reducir accidentes y proteger a los peatones en zonas urbanas. Se prevé que la normativa pudiera servir de referencia para otros estados en el futuro.

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó que esta disposición regirá del 15 al 31 de julio, periodo durante el cual la ciudad deberá lucir los colores rojo y blanco como muestra de respeto a los símbolos nacionales.

Sin embargo, un recorrido realizado por ATV evidenció que el cumplimiento de la medida aún es escaso. Durante varias cuadras del Cercado de Lima, el equipo periodístico encontró apenas una vivienda con la bandera nacional colocada correctamente, mientras que la mayoría de inmuebles todavía no había cumplido con la disposición municipal, pese a que faltan pocos días para el inicio de las sanciones.

La comuna limeña informó que la finalidad de esta obligación consiste en fortalecer el civismo y promover el respeto por los emblemas patrios durante el mes de la independencia. Asimismo, precisó que la insignia debe instalarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta, ya que no está permitido ubicarla en balcones, ventanas o puertas.

Multas por no colocar la bandera

Las autoridades también recordaron que el incumplimiento tendrá consecuencias económicas. En el Centro Histórico de Lima, la sanción por no colocar la bandera alcanzará los S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la penalidad será de S/550. De esta manera, la municipalidad busca garantizar que los inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción participen en esta tradición cívica durante las celebraciones nacionales.

Además, el municipio advirtió que existe una infracción considerada más grave: el uso inadecuado del símbolo patrio. Quienes exhiban una bandera deteriorada, rota, sucia, descolorida o alterada podrán recibir una multa superior a los S/5.500, debido a que esta conducta representa una falta de respeto hacia uno de los principales emblemas del país.

Durante la transmisión de ATV, se explicó que la bandera únicamente debe presentar los colores rojo y blanco, por lo que el escudo nacional no constituye un requisito obligatorio. No obstante, enfatizó que el elemento debe encontrarse en buen estado de conservación y colocarse conforme a las especificaciones establecidas por la autoridad edil.

El recorrido también mostró que algunos residentes recién comenzaban a instalar el pabellón nacional, aunque la mayoría todavía no lo hacía. Frente a ese panorama, el llamado apunta a que los propietarios regularicen la situación antes del 15 de julio, fecha desde la cual los fiscalizadores podrán imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la norma.

La campaña de embanderamiento forma parte de las actividades por el 205.º aniversario de la independencia del Perú, con las que la Municipalidad Metropolitana de Lima busca que calles, viviendas y establecimientos comerciales reflejen el espíritu patriótico propio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no esperar el último momento y colocar la bandera nacional de manera correcta para evitar multas y contribuir al homenaje por el mes patrio.

TransMilenio, como sistema de transporte masivo de Bogotá, moviliza diariamente a millones de personas a través de buses troncales, alimentadores y servicios zonales.

Al ser un medio colectivo, está sujeto a normas que buscan garantizar la convivencia, el orden público y la seguridad de los usuarios.

Una de esas reglas se relaciona con el consumo de bebidas embriagantes dentro de su infraestructura, aspecto regulado por disposiciones oficiales que también contemplan sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, solo durante 2024 se registraron en promedio “4′000.000 de viajes al día” en el sistema, lo que da cuenta de la magnitud de su operación y de la necesidad de contar con regulaciones claras que protejan la experiencia de los pasajeros.

En este contexto, tanto la administración de TransMilenio como la Policía Nacional velan por la aplicación de medidas preventivas orientadas al buen comportamiento en estaciones, portales y buses.

El manual del usuario, en concordancia con el Código Nacional de Policía, establece que está prohibido ingerir “alimentos, bebidas, derivados del tabaco o sustancias prohibidas al interior de los buses o infraestructura del Sistema”.

Esta regla incluye de manera específica el consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual, quien incurra en esa conducta se expone a una sanción de tipo 1. La multa equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que corresponde a 109.447 pesos colombianos para 2025.

El objetivo de esta disposición es prevenir situaciones que puedan alterar la tranquilidad y seguridad de los demás usuarios. La ingesta de alcohol en espacios colectivos suele estar vinculada a conductas que generan incomodidad o riesgo, razón por la cual la normatividad busca anticiparse a posibles conflictos.

No obstante, esta no es la única falta contemplada en la normativa de TransMilenio. El manual recoge diferentes comportamientos que se consideran contrarios a la convivencia y que pueden ser objeto de sanción. Entre ellos se encuentra impedir la entrada o salida prioritaria de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad o pasajeros con niños. También están tipificados actos como empujar, agredir o irrespetar a otros pasajeros durante el uso del servicio.

El documento igualmente prohíbe el ingreso o salida de estaciones por lugares distintos a las puertas autorizadas, la evasión del pago del pasaje y el transporte de mascotas sin cumplir con los requisitos definidos en la reglamentación vigente.

También se sanciona perturbar la tranquilidad con comportamientos considerados molestos, manipular las puertas de los articulados, irrespetar al personal del sistema, dañar los equipos de emergencia o incurrir en actos obscenos.

En cuanto a los derechos de los pasajeros, el manual recuerda que los ciudadanos pueden exigir condiciones de calidad, seguridad y eficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, tienen la facultad de solicitar información para la defensa de sus derechos individuales y colectivos, comunicar a las autoridades cualquier irregularidad y acceder al beneficio del transbordo en los tiempos establecidos por el sistema.

Otro derecho reconocido es el de viajar con animales de compañía bajo parámetros definidos. La Sentencia C-439 de 2011 de la Corte Constitucional y el Código Nacional de Policía respaldan el ingreso de mascotas al sistema, siempre que se cumplan los lineamientos establecidos en materia de transporte responsable y condiciones de seguridad.

Los lineamientos también hacen énfasis en la importancia del trato respetuoso por parte del personal operativo y administrativo hacia los usuarios. De igual manera, se busca que exista reciprocidad, es decir, que los pasajeros también mantengan un comportamiento adecuado hacia los funcionarios y hacia los demás viajeros.

A pesar de que la Argentina logró en mayo un superávit en su balanza energética de USD 1.395 millones, a la vez que es sede de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, el país sigue dependiendo de las importaciones de gas en invierno.

La paradoja tiene una explicación estructural. La Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas, pero la demanda invernal supera los 180 MMm3/d. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales.

Es por eso que el gas natural licuado (GNL) importado opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales —aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares—. Este invierno, ese seguro llegó, pero con un precio que el sector productivo dice no poder pagar.

“Llevo 10 días con la gente parada sin producir y acumulé $100 millones en multas en cinco días. Estoy generando multas sin producir", comentó a Infobae la dueña de una fábrica de ladrillos en la provincia de Buenos Aires. Su horno no puede apagarse: necesita mantener un mínimo técnico para no arruinar la estructura. Pero la distribuidora le ordenó consumo cero. Cada día que produce para sostener ese piloto, le llega una multa de alrededor de $50 millones, con el riesgo adicional de que le corten el suministro por completo. “Claramente esto se va a judicializar”, advirtió.

El caso, no obstante, no es aislado. Alrededor de 130 fábricas en todo el país sufrieron cortes o decidieron frenar la producción ante el salto en el precio del GNL importado, que este invierno el Gobierno decidió trasladar íntegramente a la industria, sin subsidios del Tesoro, como se hacía desde 2008. La razón detrás de esa decisión se alinea con la intención del Gobierno que los usuarios paguen el “precio real de la energía”.

El mayor impacto se concentra en el litoral y el norte del país, donde los cortes e interrupciones alcanzan al 50% de las industrias, según fuentes del sector.

El detonante fue una combinación de factores. El conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio internacional: el GNL pasó de cotizar en torno a los USD 11 por millón de BTU —la unidad de medida térmica inglesa usada en el sector— a valores de entre USD 23 y USD 26. Para las industrias que no participaron de las subastas públicas organizadas en el mercado electrónico de gas (Megsa), el precio final llegó a ser casi diez veces superior al del gas de red local, que ronda los USD 4,5 por millón de BTU.

“Ya llevamos 15 años de crisis energética. Sabemos cómo es el invierno y armamos nuestros planes de producción en base a esa oferta de gas para que no falte en los hogares”, explicaron en el sector industrial.

“Nunca nos pasó que nos mandaran a consumo cero”, dijo la dueña de la empresa de ladrillos. Y continuó: “La Argentina tiene gas pero falta infraestructura; el gas que compró el país lo pagó en medio del conflicto de Medio Oriente y la industria no puede absorber de ninguna manera esos costos. Es un sobrecosto inviable para el sector que encima viene deprimido hace un año y medio”.

El precio que pagan los que no compraron en subasta

Si bien la importación de GNL estaba en manos de Enarsa desde hace casi 20 años, este año el gobierno buscaba que la operación quedara en manos privadas. Y, aunque hubo dos oferentes para hacerse cargo del negocio, finalmente quedó bajo la órbita estatal. Según pudo reconstruir este medio, los plazos de importacion y la necesidad de garantizar el suministro fueron determinantes para acelerar esta decisión.

Como respuesta a esta situación, Enarsa compró los buques, pero también organizó subastas para que las industrias adquirieran GNL de forma directa en el Megsa. Las empresas que no participaron quedaron expuestas a negociar con Trafigura, la comercializadora de materia prima que en una de esas licitaciones adquirió el equivalente a cinco cargamentos de GNL. Fuentes oficiales sostienen que “la industria tuvo acceso al volumen antes que cualquier comercializador” y que las compañías que hoy negocian con el trader “son las que decidieron no tomar ese volumen en las subastas”.

Las distribuidoras reconocen que aplican cortes tanto en contratos interrumpibles —aquellos que ofrecen gas más barato a cambio de no garantizar el suministro— como en contratos firmes con ventanas, que contemplan restricciones parciales por períodos acordados.

En la práctica, los contratos interrumpibles están cortados en su totalidad. Los firmes con ventana, en cambio, permiten a la distribuidora tomar días de corte hasta un máximo de 60 días por año, que pueden aplicarse de forma discontinua según la necesidad operativa. Camuzzi Gas Pampeana, por ejemplo, aplica esa ventana sobre los grandes usuarios del área metropolitana de Buenos Aires. Para las industrias con contrato firme que igualmente reciben cortes, la situación deriva en una discusión jurídica sobre el incumplimiento de acuerdos vigentes. Varias cámaras empresariales ya anticipan acciones legales.

La Cámara Industrial de Cerámica Roja (Cicer) advirtió que “el impacto es especialmente grave en las empresas de menor escala, que constituyen la base del entramado productivo del sector”. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) expresó “profunda preocupación” por la falta de suministro y la escalada de costos. Desde la Unión Industrial de Salta informaron que la falta de gas golpea al polo cerámico, los ingenios azucareros, las empresas citrícolas y tabacaleras, además de distintas economías regionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó por escrito al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, una propuesta para llegar al ministro de Economía, Luis Caputo: dividir en partes iguales la diferencia entre el precio del GNL importado y el valor local, con el Estado absorbiendo la mitad como subsidio. El costo fiscal estimado era de USD 130 millones para el período junio-mediados de agosto. Caputo la rechazó.

El norte, el eslabón más débil

En el norte del país, la situación es estructuralmente más grave que en el centro o el AMBA: las obras de reversión del Gasoducto Norte aún no están terminadas, lo que limita el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia provincias como Salta, Jujuy y Tucumán. El GNL aparece allí como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable: su precio llega a ser seis veces superior al del gas proveniente de la cuenca neuquina.

El impacto no se limita a la industria. Las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) también sufrieron restricciones, con largas filas y piquetes registrados en La Plata. Desde fines de abril, las principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires ordenaron limitar las ventas de GNC al cupo del firme contratado.

El costo de importar en un año de guerra

Este invierno entrarán al país alrededor de 25 cargamentos de GNL con un costo cercano a los USD 1.000 millones, a razón de unos USD 20 por millón de BTU. El ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales proyectó que la factura total podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: antes de la guerra, el GNL cotizaba alrededor de USD 11 por millón de BTU.

El sobrecosto energético tampoco se limita al gas. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) había proyectado en febrero un precio de USD 65 el MWh para mayo, pero terminó pagándose USD 105. En junio, el valor trepó a USD 142, en gran parte por el mayor uso de combustibles líquidos importados para generar electricidad ante la escasez de gas. La industria, que consume energía eléctrica de manera intensiva, paga así más caro tanto el gas como la luz en el momento de menor actividad del año.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno —antes llamado Néstor Kirchner— debería reducir a la mitad la dependencia del GNL importado en 2027. Hoy, la segunda parte del proyecto que permitirá ampliar aún más la capacidad de transporte del ducto, y, una vez finalizada, garantizar el abastecimiento de gas en el interior del país sobre todo durante los meses de invierno, ya está dentro del marco del RIGI.

No votar o no cumplir funciones electorales puede generar una deuda que luego bloquea trámites. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene un sistema digital para revisar sanciones pendientes con solo el DNI. La verificación toma pocos minutos y permite conocer el tipo de falta y el monto antes de iniciar gestiones ante el Estado.

La guía también sirve si la persona fue miembro de mesa y no asistió, o si necesita confirmar que no arrastra infracciones de procesos anteriores. La plataforma oficial funciona en cualquier dispositivo con internet y muestra el detalle de cada registro.

Paso a paso para consultar la multa con tu DNI

1) Ten a la mano tu DNI: solo necesitas el número de Documento Nacional de Identidad para iniciar la verificación.

2) Ingresa al portal oficial del JNE: https://multas.jne.gob.pe/login

3) Completa la consulta: escribe el número de DNI, acepta los términos y condiciones y resuelve el código de verificación (captcha).

4) Revisa el resultado en pantalla: el sistema muestra si tienes multas pendientes, el tipo de infracción y el monto total.

5) Identifica el motivo, si existe deuda: la plataforma detalla si corresponde a omisión al voto, inasistencia a la mesa electoral o negativa a asumir una junta receptora de sufragios.

6) Define el siguiente paso: con esa información, puedes optar por pagar la sanción o solicitar una dispensa o justificación, según corresponda.

7) Hazlo con anticipación: el servicio está disponible las 24 horas y se recomienda revisar antes de iniciar trámites importantes para evitar bloqueos.

Montos y tipos de sanción que aparecen en la consulta

Las multas por no votar varían según la clasificación del distrito que figura en el DNI. En zonas de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50; en distritos de pobreza no extrema, asciende a S/55; y en localidades catalogadas como no pobres, llega a S/ 110.

Para miembros de mesa que no asistieron o se negaron a cumplir la función, la multa es única: S/275. En el sistema, ese registro aparece con el motivo de la infracción y el monto correspondiente.

Consecuencias por no pagar: trámites que pueden bloquearse

El JNE advierte que una multa impaga genera restricciones administrativas. Entre los efectos mencionados figuran límites para tramitar o renovar el DNI, obtener pasaporte en Migraciones y realizar compraventas ante notario. También se reportan bloqueos en gestiones judiciales y administrativas, además de procedimientos vinculados al estado civil, como matrimonios e inscripciones.

El criterio señalado por voceros citados en esas publicaciones es que el trámite se detiene hasta que la persona regularice su situación. Por eso, la consulta previa se vuelve un paso preventivo.

¿Cómo pagar tu multa?

Virtual

• Entra a https://multas.jne.gob.pe/login y revisa si figura alguna sanción electoral.
• Coloca tu número de DNI para ver si existe deuda y el motivo del cobro.
• Elige el canal de cancelación que te resulte más conveniente.
• Si prefieres la modalidad digital, ingresa a Págalo.pe.
• Ubica la categoría “JNE” y selecciona “Multas electorales”.
• Escribe el DNI y sigue las indicaciones del sistema hasta completar el abono.

Presencial

• Si optas por la vía presencial, acude a una agencia del Banco de la Nación con tu DNI y paga en ventanilla.
• También puedes ir a la caja de la sede central del JNE, en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.
• Define si pagarás en efectivo o con tarjeta Visa.
• Finaliza la operación en el canal elegido y solicita tu constancia de pago.
• Considera que no es obligatorio que vaya el titular: otra persona puede efectuar el pago con el número de DNI del sancionado.

Las imágenes de jóvenes viajando sobre las unidades tras el partido entre México y Ecuador reactivan el debate sobre la seguridad en el sistema. Según la Ley de Cultura Cívica, la multa por esta conducta puede superar los 3,500 pesos.

El Metrobús transportó a 34.9 millones de personas en abril de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El martes 30 de junio, la demanda creció en estaciones cercanas a Paseo de la Reforma por la concentración de aficionados al futbol. La saturación y la ausencia de autoridades facilitaron que usuarios subieran al techo de los camiones, lo que representa un riesgo directo para su integridad.

Las multas económicas superan los 3,500 pesos

La infracción por subirte a los techos de los autobuses o de las estaciones del Metrobús se sanciona con montos que van de 1,173 a más de 3,500 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esta cifra corresponde a entre 10 y 30 veces la UMA vigente. La sanción depende de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia.

El reglamento señala que, además de la sanción económica, la persona puede ser arrestada de 25 a 36 horas o cumplir entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario. El arresto se ejecuta si la persona es detenida en flagrancia por un oficial de policía. Las horas de trabajo comunitario se asignan cuando el juez cívico determina que la falta puede ser resarcida con servicio a la comunidad.

El riesgo supera el castigo: techos frágiles, riesgo de muerte

El mayor peligro de esta práctica es el riesgo físico. Los techos de las estaciones, conocidos como parabuses, están diseñados para proteger de la intemperie, no para soportar el peso de una persona. La estructura puede colapsar y causar lesiones graves o la muerte. Viajar en el techo de un autobús también expone a los usuarios a caídas, golpes contra puentes, cables o estructuras aledañas.

El Metrobús es el segundo sistema de transporte público con más usuarios en el Valle de México. Su red conecta puntos clave de la capital y funciona como eje para traslados masivos en eventos como partidos de futbol. El 30 de junio, tras el partido de México contra Ecuador, la estación Nuevo León de la Línea 1 —que va de Indios Verdes al Caminero— registró una saturación inusual.

Sin presencia policial: la autoridad ausente en los disturbios

Videos difundidos en redes muestran cómo los usuarios, ante la falta de unidades disponibles, optan por subir a los techos para continuar su trayecto. En las imágenes, captadas en la estación Nuevo León, no se observa presencia de policías ni personal de seguridad del sistema. La unidad del Metrobús avanza con personas encima sin que se detenga su recorrido ni se les obligue a bajar.

El desbordamiento de usuarios y la ausencia de intervención oficial convierten lo que inició como festejo en un problema de seguridad pública. La autoridad capitalina recuerda que el acceso a zonas no permitidas del transporte público es una conducta sancionada y pone en riesgo a todos los presentes.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre el uso seguro del Metrobús?

El Metrobús recomienda a los usuarios consultar su portal oficial para aclarar inquietudes sobre horarios, rutas y normas de seguridad. El sistema enfatiza que cualquier conducta que comprometa la integridad de las personas será sancionada conforme a la ley.

La saturación en eventos masivos exige una coordinación mayor entre autoridades, operadores y usuarios. Las sanciones económicas, el arresto y el trabajo comunitario no buscan solo castigar, sino disuadir conductas que pueden terminar en tragedia.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

Las autoridades de Costa Rica advierten que utilizar el celular al estar en un alto o esperando la luz verde del semáforo constituye una falta sancionable con una multa de ¢123,000 (USD 271). Según la normativa vigente, la sanción no solo aplica cuando el vehículo está en movimiento, sino también cuando permanece detenido en la vía, siempre que el conductor conserve el control del automóvil y no se haya estacionado correctamente fuera del carril de circulación.

De acuerdo con los datos oficiales, 861 conductores fueron sancionados por esta infracción hasta mayo de 2026, lo que revela la frecuencia con la que los automovilistas continúan recurriendo al teléfono móvil durante la conducción. Las autoridades insisten en que la mayoría de las ocasiones en las que se atiende el celular mientras se conduce corresponde a situaciones que pueden esperar y no justifican el riesgo que representa para la seguridad vial.

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y la Policía de Tránsito recalcan que el uso de dispositivos móviles al volante es una de las principales causas de distracción en carretera. El reglamento es claro: “Si desea usar el celular, debe estacionarse como corresponde, a la orilla de la carretera”, advierte la normativa. El hecho de que el semáforo esté en rojo o que el vehículo permanezca detenido por motivos del tránsito no exime al conductor de la responsabilidad.

La legislación establece que la infracción se configura mientras el vehículo se encuentre en un carril de circulación, independientemente de que esté detenido por un alto, un semáforo o una congestión. Esta interpretación busca cerrar vacíos legales y reforzar la protección de peatones y demás usuarios de la vía ante maniobras inesperadas o demoras en la reacción del conductor.

El impacto de esta conducta se refleja en las estadísticas de accidentes, pues la distracción por uso de celulares se relaciona con un aumento en los incidentes de tráfico. Organizaciones vinculadas a la seguridad vial subrayan el riesgo de perder la atención en el entorno inmediato, lo que puede desencadenar desde simples retrasos en el avance hasta colisiones y atropellos.

El artículo 145 de la Ley de Tránsito tipifica el uso del celular al conducir como una falta grave, equiparando la sanción a otras conductas de alto riesgo. La reincidencia puede acarrear consecuencias adicionales, como la acumulación de puntos en la licencia e incluso la suspensión temporal de la misma en casos de reiteración.

Las campañas de concientización impulsadas por el COSEVI ponen énfasis en el carácter evitable de estos incidentes. Autoridades recomiendan planificar las comunicaciones antes del viaje o, en caso de urgencia, buscar un lugar seguro para detener el vehículo fuera de la vía.

El cumplimiento de la normativa requiere tanto la vigilancia de las autoridades como la colaboración de los propios conductores. Los operativos de control se intensifican en zonas urbanas y puntos identificados como de alto riesgo, especialmente en horarios de mayor congestión. Las cámaras de vigilancia y los patrullajes permiten identificar a infractores y aplicar las sanciones establecidas.

La Policía de Tránsito reitera que la única excepción permitida corresponde a situaciones de emergencia debidamente justificadas, como el reporte de un accidente a los servicios de asistencia. En todos los demás casos, la recomendación es abstenerse por completo de manipular el celular mientras se permanezca en la vía.

El aumento en la cantidad de conductores sancionados evidencia la necesidad de reforzar la educación vial y el cumplimiento de las reglas. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y a priorizar la seguridad sobre cualquier comunicación que no sea esencial.

En Florida, tirar basura en un lugar no autorizado —en un contenedor ajeno, en la vía pública o en una propiedad privada sin permiso— puede derivar en multas e incluso en cargos por invasión de propiedad.

La “Florida Litter Law” (Estatutos de Florida, sección 403.413) prohíbe arrojar desechos en espacios no habilitados, incluidas carreteras y autopistas, vías fluviales y propiedades privadas sin consentimiento del dueño. Condados y ciudades aplican sus propias reglas operativas y regímenes sancionatorios, con diferencias según el tipo, la cantidad y el lugar donde se arrojaron los residuos.

En las zonas no incorporadas del condado Miami-Dade, las sanciones por vertido ilegal van de USD 250 a USD 2.500. En Miami Beach, una primera infracción por desechar basura, restos de poda o desechos de jardinería en un lugar no autorizado puede costar USD 500 y las siguientes, USD 1.000.

Cuando se trata de materiales peligrosos, como pintura, productos químicos o baterías, las multas pueden ubicarse entre USD 2.000 y USD 4.000.

La clave legal y operativa suele ser la misma: no alcanza con “ponerlo en un tacho”. Para que la disposición sea válida, el residuo debe terminar en un sitio permitido y, si se trata de una propiedad privada o de un recipiente asignado a un domicilio o comercio, debe existir autorización para usarlo.

Una conducta que puede derivar en sanciones —como dejar una bolsa pequeña en el contenedor de otra persona— puede abrir discusiones por el uso no consentido del servicio, por molestias a terceros o, directamente, por vertido ilegal si hay volumen, reiteración o materiales prohibidos.

Según el diario El Nuevo Herald, esa prohibición alcanza situaciones muy distintas: desde abandonar un sofá junto al camino hasta dejar una bolsa con excrementos de perro en el contenedor de otra persona.

En Miami-Dade, la legalidad de tirar residuos en un recipiente distinto del propio o de uno público depende de qué se arrojó y en qué cantidad.

Frank Calderón, administrador de proyectos especiales del Departamento de Gestión de Residuos Sólidos del condado, explicó al diario que la normativa local “no prohíbe expresamente depositar una pequeña cantidad de residuos en el contenedor de otro residente”, pero la conducta puede volverse ilegal si involucra gran volumen de basura, materiales peligrosos o genera molestias.

“Que un incidente concreto constituya un vertido ilegal depende de los hechos específicos del caso, incluida la ubicación, el tipo de residuo y la cantidad”, dijo Calderón. “Cada caso es evaluado individualmente por el personal encargado de hacer cumplir la normativa”.

La lectura caso por caso, según la explicación del funcionario, para entender por qué dos situaciones parecidas pueden terminar con resultados distintos. No se analiza solo el acto de depositar un residuo: también pesa el contexto, el volumen, el tipo de material y si existió o no autorización del propietario del recipiente o del terreno.

En esa lógica, las autoridades ponen el foco en el concepto de “lugar autorizado”: debe tratarse del contenedor correcto, asignado y habilitado para recibir ese tipo de desechos.

El problema puede dejar de ser únicamente administrativo. Si para arrojar residuos en un contenedor privado una persona ingresa en un patio, un garaje o cualquier sector de una propiedad ajena, el incidente puede incorporar otra dimensión: la de la invasión de propiedad privada.

En esos casos, además de la sanción por la disposición indebida de residuos, puede haber consecuencias por el acceso no permitido a un terreno.

Los contenedores privados y comerciales: uso restringido y capacidad limitada

Calderón precisó que los contenedores comerciales y los recipientes privados de residuos solo pueden ser utilizados por los propietarios de la parcela a la que están asignados. La razón, indicó, es que “tienen una capacidad limitada”.

“Cuando alguien deposita residuos en el contenedor de otra persona sin permiso, se reduce la capacidad disponible para el cliente que paga por ese servicio”, afirmó el funcionario. Esa restricción se suma a la evaluación caso por caso que realiza el condado cuando analiza si hubo vertido ilegal.

La ciudad de Miami Beach, en su normativa operativa y de saneamiento urbano, también establece reglas sobre residuos voluminosos y restos de jardinería: fija criterios de disposición y advierte sobre sanciones por incumplimientos, además de la posibilidad de facturar costos de remoción cuando el municipio debe retirar residuos dispuestos de manera indebida. Ese esquema convive con el régimen de multas que aplica la ciudad para episodios de vertido ilegal.

En Miami, cada propiedad debe desechar su propia basura

En las ciudades integradas en Miami-Dade, las reglas pueden ser todavía más estrictas. Dale Henderson, director del Departamento de Residuos Sólidos de Miami, señaló que “la basura de una propiedad solo debe desecharse desde la propiedad que la generó”.

Esa regla también alcanza a propietarios con más de una vivienda. Henderson advirtió que, si una persona lleva residuos de una de sus casas y los tira en el contenedor de otra propiedad suya, puede recibir una multa de USD 525.

“Si un propietario tiene varias propiedades, la basura debe sacarse en cada una de ellas, no acumularse para desecharla toda junta”, sostuvo Henderson. También indicó que “compartir contenedores entre propietarios que reciben el servicio de recolección municipal” no está permitido.

En la práctica, este criterio busca evitar que los recipientes se utilicen como un punto de descarga para residuos generados en otro lugar, incluso cuando el responsable sea el mismo dueño de más de un inmueble.

Según la interpretación municipal, el servicio está organizado para atender la generación de residuos asociada a una dirección específica; cuando ese esquema se rompe, pueden aparecer contenedores saturados, bolsas fuera del recipiente y acumulación en el espacio público, con impacto en la recolección.

Qué hacer si alguien usa su contenedor o tira basura en su propiedad

Si alguien presencia a otra persona arrojando basura en su contenedor o dentro de su terreno, Calderón recomendó no enfrentarla. Su consejo es llamar al 911 e informar que se está produciendo un vertido ilegal.

Si el hallazgo ocurre después, cuando los residuos ya fueron dejados en el lugar, el trámite debe hacerse ante el 311. El funcionario indicó que en ese informe conviene adjuntar cualquier fotografía o video que haya podido registrarse.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) endureció las sanciones para quienes se apropian ilegalmente de los espacios reservados para personas con discapacidad. Desde ahora, falsificar o adulterar los carteles de estacionamiento reservado será motivo de multas económicas elevadas, denuncia penal y suspensión de la licencia de conducir.

El anuncio fue realizado oficialmente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, declaró.

La medida responde a una problemática creciente en la ciudad, donde se detectaron permisos falsos, adulterados o vencidos y carteles en nombre de personas fallecidas. Según datos del gobierno porteño, más de 400 carteles irregulares fueron retirados en lo que va del año. El objetivo de la iniciativa es garantizar que los beneficios de accesibilidad lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar la apropiación indebida del espacio público.

La Secretaría de Tránsito de la Ciudad reforzará los controles sobre la cartelería en la vía pública. El nuevo protocolo de actuación establece la remoción inmediata de cualquier señalización irregular y la radicación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de detectarse falsificación o adulteración. Antes de que se inicie una causa penal, las personas involucradas tendrán la posibilidad de presentar un descargo. Además, se instruirá a las áreas competentes para suspender la licencia de conducir del infractor, como medida preventiva.

La normativa incorpora un criterio de responsabilidad económica directa. Quienes sean responsables de la colocación o adulteración de carteles deberán afrontar todos los costos derivados del operativo, incluida la remoción de la señalización y la pintura del cordón. De esta forma, la Ciudad busca desalentar la instalación de carteles falsos y reforzar el respeto a los derechos de personas con discapacidad.

Multas y sanciones económicas El comunicado oficial detalla el esquema de sanciones para quienes infrinjan las nuevas disposiciones:

• Multas de hasta $200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con los requisitos oficiales.
• Multas de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización, modificar o destruir señalización vial.
• Pago de todos los costos operativos derivados de la remoción del cartel y la pintura del cordón.
• Suspensión preventiva de la licencia de conducir del infractor.
• Denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de falsificación o adulteración.
• Inhabilitación temporal para solicitar nuevos permisos de estacionamiento reservado.

El endurecimiento de las sanciones llega tras constatarse reiterados casos de manipulación fraudulenta de señales viales para reservar espacios exclusivos en la vía pública. Esta práctica, además de constituir una infracción, afecta de manera directa a los vecinos con discapacidad que necesitan de estos lugares para movilizarse.

El gobierno porteño también anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar el Código Contravencional y tipificar como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.

Macri enfatizó que la decisión forma parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público: “En lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles para vehículos que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado”. Además, remarcó la importancia de la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana.

El protocolo establece que, ante la detección de una irregularidad, el infractor será notificado y contará con 20 días corridos para regularizar la situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Vencido ese plazo, la Ciudad avanzará con las sanciones administrativas y penales previstas.

Jaime Peral es un alcalde con carácter. Desde 2007 gobierna Navas del Rey, un pequeño municipio madrileño de la sierra oeste de Madrid (a 50 kilómetros de la capital), que no llega a 3.500 habitantes. En 2006 abandonó el PP y dejó la presidencia de los populares en el pueblo tras enfrentarse con el que había sido su partido. Hoy lidera una formación independiente, llamada ‘Caseros Creciendo Juntos’. La oposición municipal, PP y PSOE, coincide en que es una especie de “cacique” que “hace lo que quiere”. En enero de 2020, por ejemplo, se plantó en una finca privada con varios operarios para quitar una puerta que el Banco Santander, dueño de los terrenos, había instalado para impedir el paso.

Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado por un delito de coacciones. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, impone una pena de 19 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total de 3.420 euros, además del pago de las costas procesales. El fallo ha sido recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fallará en pocos días. “Los ricos están quedándose con los caminos vecinales, y nadie hace nada. Nadie defiende a los vecinos. He ido con este tema a la Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y el SEPRONA de la Guardia Civil, y todos han pasado. Porque nadie se quiere enfrentar a los poderosos”, explica a este diario.

La historia tiene su miga. Y todo tipo de protagonistas. La puerta estaba colocada en la Finca El Santo, de unas 1.200 hectáreas. Es tan grande que ocupa superficie de tres términos municipales: Navas del Rey, Chapinería y Aldea del Fresno. Los terrenos pertenecían a Manuel Manrique, presidente de la constructora Sacyr, que en marzo de 2019 los vendió al Banco Santander para cancelar una deuda que tenía de 52 millones de euros. La finca El Santo fue la herencia que el general Martínez Campos (1830-1900), restaurador de la monarquía de Alfonso XII, dejó a sus herederos. Antes de pasar a Manrique, su propietaria era la nieta del militar, Dolores Martínez Campos, marquesa de Viesca de la Sierra.

Cuando el banco se hizo con la finca, puso vallas y puertas para cerrar los caminos que comunicaban los tres municipios. “Hay hasta ocho caminos públicos”, matiza el regidor Peral. El 13 de diciembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Navas acordó por unanimidad de todos los partidos el siguiente acuerdo con un mensaje claro al Santander: “Que atendiendo a la demanda vecinal para la recuperación de los caminos y veredas municipales que se encuentran actualmente cerrados, venimos a requerirles para que procedan a la apertura inmediata de los mismos, y en todo caso, con fecha máxima el 31 de diciembre de 2019, comunicándoles que si en dicha fecha no se ha procedido a la apertura de los mismos para uso público, estas corporaciones locales procederán a su apertura con sus medios, repercutiendo al Banco de Santander el gasto realizado”.

El Santander respondió que no

El Banco respondió que necesita tiempo para analizar si realmente había caminos públicos en su finca y solicitó al Ayuntamiento de Navas la documentación administrativa al respecto. El Santander también pidió una reunión con el Consistorio “para el estudio de alternativas y la adopción de las actuaciones más convenientes”. Dado que la finca es un coto de caza y se encuentra vallada en todo su perímetro, el banco no quería abrir los accesos. Así que Peral se plantó allí en enero de 2020 con varios operarios, un camión pluma, una retroexcavadora y un vehículo de Protección Civil y arrancó la puerta del camino que parte de la finca al embalse de Picadas. Antes había habido una reunión entre ambas partes sin acuerdo.

Altamira Santander Real Estate SA, la filial del Banco Santander que gestiona y comercializa sus activos inmobiliarios, denunció entonces al alcalde, aunque durante el proceso retiró la misma. No obstante, la Fiscalía siguió acusando. Seis años después, la Audiencia Provincial considera que la actuación del regidor constituyó una forma de violencia sobre las cosas (“vis in rebus”) destinada a obligar a la propiedad a permitir el paso por los caminos en disputa. Aunque reconoce que las entidades locales tienen potestades para recuperar bienes de dominio público, subraya que dichas facultades deben ejercerse mediante los procedimientos legalmente establecidos. Según la sentencia, en aquel momento no estaba acreditado de forma suficiente el carácter público del camino afectado, ni se había tramitado el correspondiente expediente administrativo de recuperación. Por ello, los magistrados concluyen que el alcalde recurrió a una “vía de hecho” incompatible con el ordenamiento jurídico.

María José Panadero, portavoz socialista en Navas, asegura que “el alcalde no dice la verdad cuando se excusa diciendo que cumplía órdenes del Pleno. Lo que el Pleno aprobó fue sentarse a hablar y tener reuniones con los dueños de la finca, no ir allí a la fuerza a arrancar una puerta. Además, un alcalde tiene que saber que el Pleno no manda más que la ley. Ningún político puede tomarse la justicia por su mano. Lamentablemente, esta es la manera habitual de actuar del señor alcalde: gobernar a base de impulsos, soberbia y ‘ordeno y mando’, saltándose las normas cuando no le convienen”. La Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una pena de prisión y ha optado por una sanción económica.

Ahora la pregunta que se hacen desde la oposición es: ¿quién va a pagar los platos rotos? María Isabel Romero, portavoz del PP, recuerda que a “Jaime Peral lo han condenado a título personal por coacciones, así que exigimos garantías de que ni un solo euro del dinero de los vecinos de Navas del Rey se va a usar para pagar sus abogados y las costas del juicio. ¿Quién está pagando a sus letrados?“. El regidor asegura que a día de hoy la propiedad de la finca ha vuelto a cerrar los caminos. Preguntado sobre la multa económica, quiere esperar al recurso presentado ante el TSJM. ”Si finalmente me condenan, intentaremos cambiar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras, los poderosos siguen ganando".

El tema adquirió mayor relevancia tras una investigación difundida por Panamericana Televisión, que documentó el funcionamiento cotidiano de este sistema en varias zonas de la capital. El informe también incorporó el análisis de un especialista, quien sostuvo que estas acciones contradicen el marco legal vigente y las competencias establecidas para las municipalidades.

El principal cuestionamiento se centra en la facultad de las municipalidades distritales para fiscalizar infracciones vinculadas al tránsito. Según el especialista consultado por el noticiero esa atribución corresponde únicamente a las municipalidades provinciales con el respaldo de la Policía Nacional.

“Se tiene que recalcar que las municipalidades distritales no tienen competencia en la fiscalización del tránsito. Esta competencia es exclusiva para las municipalidades provinciales con el apoyo de la Policía Nacional. El procedimiento que están haciendo las municipalidades distritales es un procedimiento ilegal que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional”, afirmó.

De acuerdo con esa explicación, las intervenciones ejecutadas por algunas comunas distritales vulneran los criterios fijados por el Tribunal Constitucional, motivo por el cual diversos procedimientos resultan objeto de cuestionamientos.

Investigación registra intervenciones diarias en La Victoria

Las imágenes presentadas por Buenos Días Perú mostraron el desplazamiento permanente de grúas municipales en diferentes puntos del distrito de La Victoria. Durante el seguimiento realizado por el equipo periodístico, varios vehículos estacionados en la vía pública terminaron enganchados y trasladados hacia un depósito.

El informe señaló que esta dinámica se repite durante toda la jornada. Según la investigación, más de diez unidades pueden terminar remolcadas en un solo día mediante un procedimiento que incluye la presencia constante de inspectores municipales.

Las cámaras también registraron la ubicación estratégica de algunas grúas, que permanecían fuera de la vista hasta detectar vehículos susceptibles de intervención. Después de pocos minutos de espera, otra unidad apareció para continuar con el mismo procedimiento observado durante el seguimiento.

Cuestionan el uso de normas sobre ornato público

El especialista entrevistado también sostuvo que algunas municipalidades modifican la naturaleza de las infracciones para justificar el retiro de los vehículos.

“Maquillando una situación de tránsito como si fuera una infracción al ornato público, de tal manera de que en algunos casos le ha cambiado el nombre vehículo por un tema de bien material. Es decir, no se llevan el vehículo, se llevan un bien material”, indicó.

Según esa explicación, el cambio de denominación permitiría sustentar administrativamente el traslado de las unidades, pese a que la controversia original corresponde al ámbito del tránsito.

Recuperar el vehículo implica multas y gastos adicionales

Los propietarios cuyos vehículos terminan en depósitos municipales deben cumplir un procedimiento presencial para obtener la devolución de sus unidades. Durante la investigación, un fiscalizador explicó que el titular necesita presentar su documento de identidad, conocer la infracción registrada y cancelar los montos exigidos por la municipalidad.

Consultado sobre el costo, el funcionario respondió: “El total es mil trescientos setenta. Con el veinticinco por ciento de descuento que le da la municipalidad es setecientos veinte”. También precisó que el beneficio solo aplica para quienes cancelan el mismo día.

Además del importe principal, el fiscalizador indicó que el propietario debe asumir el pago por permanencia en el depósito municipal. Según sus declaraciones, ese concepto representa alrededor de veinte soles diarios, monto que incrementa el costo total mientras el vehículo permanece internado.

Especialista advierte incentivos económicos en los internamientos

El análisis presentado durante el informe también abordó el impacto económico del sistema de internamiento de vehículos. Para el especialista consultado, los conductores reciben presión para aceptar la infracción mediante descuentos ofrecidos para cancelar la multa en el menor plazo posible.

“Presionan al conductor, presionan a aceptar esta infracción. Les ofrecen un descuento para que puedan retirar el vehículo en el mismo día. Simplemente les interesa internar ese vehículo al depósito, porque ese internamiento va a generar no solamente el pago de la infracción, sino el pago diario por el uso del depósito municipal. Esto se ha convertido en un vulgar negocio”, sostuvo.

El especialista también recordó que el Reglamento Nacional de Tránsito contempla medidas preventivas para determinadas infracciones. Según explicó, la acción prevista consiste en la remoción del vehículo y no en su internamiento dentro de un depósito municipal.

“El Reglamento Nacional de Tránsito considera que existen medidas preventivas cuando se cometen algún tipo de infracciones que pueden amenazar o pueden atentar contra un bien jurídico. La medida preventiva que corresponde es la de remoción del vehículo y no es la del internamiento”, señaló.

Durante el Mundial 2026, las multas por consumir o arrojar líquidos en la vía pública en México alcanzan cifras que superan los 3,300 pesos en varias ciudades y pueden derivar en arrestos o trabajo comunitario.

La Ley Seca y las restricciones especiales aplican en zonas de la Ciudad de México durante los partidos, mientras que algunos municipios sede anuncian tolerancia limitada en áreas cercanas a estadios.

Sanciones por beber alcohol en la calle durante el Mundial

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es una falta administrativa en la mayoría de las ciudades de México, incluso durante el ambiente festivo del Mundial 2026. Según reglamentos de justicia cívica, esta infracción es considerada tipo C y puede derivar en sanciones económicas, arrestos o trabajo comunitario.

Las multas varían según el estado y municipio, pero en general oscilan entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, montos aproximados de 1,100 hasta más de 3,300 pesos. En municipios como Ecatepec, Estado de México, la sanción puede superar los 6,000 pesos. En San Luis Potosí, las multas relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública pueden alcanzar más de 27,000 pesos.

En la Ciudad de México, además de la multa económica, las autoridades pueden imponer arrestos de hasta 36 horas o asignar trabajo comunitario si se reincide o hay alteración del orden público.

Ley Seca y restricciones especiales en la capital

Para el partido entre México y Chequia correspondiente al Mundial 2026, autoridades de la Ciudad de México decretaron Ley Seca en colonias del perímetro A del Centro Histórico. La medida se aplica desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del 25 de junio en zonas como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Estas restricciones forman parte de los operativos implementados para evitar altercados y mantener el orden durante la celebración de los partidos, además de sancionar el consumo de alcohol en calles, banquetas y espacios públicos.

Diferencias y criterios en municipios sede

Algunos municipios sede del Mundial 2026 anticipan criterios flexibles para los aficionados extranjeros y nacionales. En Guadalupe, Nuevo León, donde se ubica el Estadio BBVA, el alcalde Héctor García declaró que el reglamento municipal no se modificará, pero se permitirá cierta tolerancia para personas que transiten con bebidas rumbo a eventos oficiales.

En Monterrey, las autoridades mantienen operativos de vigilancia, puntos de hidratación y monitoreo permanente para evitar disturbios. Aunque se prevé mayor flexibilidad en zonas cercanas a estadios y Fan Fest, el consumo de alcohol fuera de las áreas autorizadas sigue prohibido.

El costo real de beber en estadios y Fan Fest

Durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, se autorizó la venta de cerveza dentro del inmueble, con horarios y lineamientos específicos. El costo de la cerveza mexicana de 710 mililitros es de 290 pesos, mientras que la cerveza internacional alcanza los 310 pesos. Los aficionados que soliciten vaso michelado deben pagar 140 pesos adicionales. El consumo por bebida puede superar los 450 pesos.

La venta de alcohol dentro del estadio inicia a las 10:00 horas y concluye 30 minutos antes del final del segundo tiempo. Además de cerveza con alcohol, se ofrecen opciones sin alcohol por 280 pesos, refrescos por 160 y agua embotellada por 80 pesos.

Regulaciones en contraste con Estados Unidos y Canadá

Mientras en México se endurecen restricciones y sanciones, en ciudades como Nueva York la venta de alcohol se amplió hasta las 4:00 horas durante el Mundial, con el objetivo de incentivar la actividad económica y las reuniones de aficionados.

Las diferencias regulatorias entre México, Estados Unidos y Canadá marcan una de las principales características del Mundial 2026. La regulación del consumo de alcohol dentro y fuera de los estadios varía de acuerdo con la ciudad y el país.

Recomendaciones para turistas y aficionados

Autoridades recomiendan consultar los reglamentos locales antes de consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Las sanciones pueden cambiar considerablemente según la ciudad o el país. El desconocimiento de la normativa no exime de las consecuencias legales, que pueden ir desde multas económicas hasta arrestos.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio la causa FSM 23688/2024, donde se acusa a Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, por el presunto lavado de activos agravado con fondos de origen ilícito, según el expediente al que tuvo acceso Infobae.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura del debate oral tras considerar probada, en la instancia procesal correspondiente, la hipótesis de que D’Onofrio y Asensio adquirieron, en conjunto, un vehículo Audi Q8, con recursos supuestamente originados en delitos contra la administración pública provincial.

La investigación sostiene que el 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió a su nombre el automóvil ante una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma declarada de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el rodado estableció una cobertura de $173.800.000, cifra que, según el juzgado, reflejaría su valor real de mercado.

En marzo de este año, D´Onofrio había sido procesado y embargado por $350.000.000. Su consorte en la causa, recibió la misma medida por $300.000.000.

A pesar de la titularidad formal, la justicia indica que el uso, dominio y disposición del vehículo correspondían a D’Onofrio. El expediente cita como fundamentos la emisión de una cédula azul autorizando al exministro a conducir desde la fecha de compra y la registración y pago del Telepase a nombre del imputado.

Para justificar el origen de los fondos, Asensio presentó un contrato de mutuo suscrito el 12 de octubre de 2023 con Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., sociedad integrada por sus padres. El acuerdo preveía la devolución de los $30.000.000 antes del 31 de diciembre de ese año. La resolución destaca que la defensa sostuvo que estos fondos provenían de la venta de un inmueble por parte de la empresa en julio de 2023.

La instrucción señala que los recursos utilizados para la operación estarían vinculados a hechos investigados en el Departamento Judicial de La Plata por supuestos fraudes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por parte de D’Onofrio.

Sucede que el ex funcionario es también investigado por una maniobra irregular con fotomultas y a tráves del sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El auto de mérito del 20 de noviembre de 2025, firmado por Charvay, calificó a ambos como coautores del delito de lavado de activos de origen ilegal, agravado en el caso del exfuncionario por su condición de agente público.

Ambas defensas solicitaron el sobreseimiento y el rechazo al requerimiento fiscal de elevación a juicio. El planteo de D’Onofrio argumentó que no se acreditó la existencia de un delito precedente y señaló que en la justicia provincial se había dispuesto el archivo de una de las causas por falta de prueba suficiente. Por otro lado, Asensio cuestionó la imputación por basarse únicamente en su calidad de titular registral del auto, negando conocimiento del presunto origen ilícito del dinero.

Sin embargo, el juzgado rechazó estos planteos, consideró completa la instrucción respecto de los hechos endilgados y dispuso la elevación a juicio de ambos imputados.

Además, ordenó la extracción de testimonios para continuar investigando posibles maniobras u otras personas eventualmente involucradas.

Por último, fuentes del caso indicaron que el expediente junto con los incidentes de embargo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que corresponda por sorteo.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) se convirtió en una herramienta clave para las operaciones digitales en México. Su objetivo es que cada persona establezca un límite máximo para sus transferencias electrónicas, reduciendo así el riesgo de fraudes y movimientos no autorizados.

En los últimos meses, diversos mensajes en redes sociales y algunos portales aseguraron que quienes no activaran esta función serían castigados con una multa de 12,800 pesos. No obstante, especialistas y medios especializados han aclarado que esa información es incorrecta.

La medida fue impulsada para fortalecer la seguridad de operaciones como SPEI, CoDi, Dimo y otros pagos digitales, permitiendo que cada usuario tenga un mayor control sobre el dinero que mueve a través de aplicaciones bancarias.

¿Existe una multa de 12,800 pesos por no activar el MTU?

La respuesta es no. Aunque la cifra de 12,800 pesos aparece vinculada al MTU, no corresponde a una sanción económica.

Lo que establece la regulación es que las cuentas que no tengan configurado el Monto Transaccional del Usuario quedarán sujetas a un límite automático equivalente a 1,500 UDIS, es decir, alrededor de 12,800 pesos por operación, dependiendo de la actualización de ese valor.

Esto significa que el usuario podrá seguir utilizando su cuenta bancaria, pero enfrentará restricciones para realizar transferencias superiores a ese monto si no modifica la configuración establecida por su institución financiera.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El MTU es el límite que cada cliente define para las operaciones realizadas desde aplicaciones móviles, banca en línea y otros canales electrónicos.

La finalidad principal es combatir el fraude financiero. Si un delincuente obtiene acceso a una cuenta, el monto máximo de transferencia estará restringido por el límite previamente configurado por el usuario.

Además, cuando una operación supera el monto establecido, el banco puede solicitar mecanismos adicionales de autenticación, como códigos de verificación, llamadas de confirmación o validaciones adicionales para garantizar que la transacción sea legítima.

¿Cómo configurar el Monto Transaccional del Usuario?

Cada banco cuenta con procedimientos específicos, aunque en general el proceso puede realizarse desde la aplicación móvil o la banca en línea.

Los pasos suelen incluir:

• Ingresar a la aplicación bancaria.
• Acceder al menú de configuración o ajustes.
• Buscar la sección de límites de operaciones.
• Definir el monto máximo por operación o por día.
• Confirmar los cambios mediante un código de seguridad.

Los usuarios pueden modificar este límite cuando lo consideren necesario, dependiendo de sus hábitos financieros y del volumen de operaciones que realizan regularmente.

¿Quiénes podrían verse más afectados por no activar el MTU?

Aunque no existe una multa, sí podrían presentarse inconvenientes para personas que realizan movimientos frecuentes por montos elevados.

Entre los casos más comunes se encuentran:

• Pago de nóminas.
• Transferencias a proveedores.
• Operaciones empresariales.
• Inversiones.
• Pagos de servicios de alto valor.

Por ello, especialistas recomiendan revisar la configuración del MTU y ajustarla a las necesidades reales de cada usuario para evitar límites automáticos que puedan afectar sus operaciones cotidianas.

Los transportistas formales de Lima y Callao podrán regularizar sus deudas con rebajas en las multas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). A través del Programa de Regularización de Sanciones (PRS), los beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta 95 % del monto total de determinadas infracciones.

El programa apunta a incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los operadores del transporte público y especial, con la posibilidad de ponerse al día con sanciones acumuladas y mejorar su situación ante entidades financieras y registros oficiales. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Según informó Luis Rivera Hidalgo, subdirector de Fiscalización de la ATU, el programa está dirigido exclusivamente a conductores y propietarios de vehículos formales que hayan recibido sanciones administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Hasta junio, la entidad ya había atendido 687 solicitudes de acogimiento al programa.

¿Qué infracciones califican para descuentos de hasta el 95 %?

El Programa de Regularización de Sanciones contempla porcentajes de descuento según la gravedad de la infracción cometida. De acuerdo con la ATU, las infracciones leves reciben una reducción de 90 % sobre el monto de la multa. En el caso de las sanciones graves, el descuento asciende a 92 %, mientras que las muy graves pueden obtener una rebaja de hasta 95 %.

Rivera Hidalgo explicó, en diálogo con Exitosa Noticias, que el beneficio se aplica de acuerdo con el código de infracción registrado en cada expediente. Por ello, un mismo conductor puede acceder a descuentos distintos en función del tipo de faltas acumuladas.

También precisó que el programa permite regularizar sanciones en diferentes etapas del procedimiento, incluso cuando existe una resolución firme o cuando el caso se encuentra en cobranza coactiva. Además, se incluyen descuentos vinculados con costas y gastos procesales derivados de estos procedimientos.

Qué deben hacer los transportistas para obtener el beneficio

Los interesados podrán iniciar el trámite de manera virtual mediante la plataforma de la ATU. El procedimiento comienza con el registro en la pasarela digital de la entidad, donde el usuario revisa las multas pendientes y selecciona aquellas que desea regularizar.

Tras completar la solicitud, la ATU realiza una evaluación del caso y emite una respuesta en un plazo de 72 horas. Una vez aprobado el beneficio, el usuario podrá efectuar el pago correspondiente con el descuento aplicado.

La entidad también habilitó otros canales de atención. Los transportistas podrán realizar consultas y trámites a través de la aplicación vinculada al sistema de pagos de Scotiabank o acudir presencialmente a las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en Ate, Callao y Miraflores. La ATU recordó que el trámite no requiere de intermediarios ni de tramitadores.

El principal requisito es contar con un título habilitante vigente y pertenecer al transporte formal. La ATU precisó que las multas impuestas cuando un vehículo operaba de manera informal no podrán acogerse al programa.

Por esa razón, cada solicitud se revisa de forma individual para verificar que las sanciones correspondan a periodos en los que el conductor o propietario ya se encontraba autorizado para prestar el servicio.

Las categorías de transporte que podrán acceder al beneficio

El PRS está dirigido a una variedad de operadores del transporte formal. Entre ellos figuran los conductores del transporte público urbano, los servicios convencionales y los prestadores de servicios especiales.

La medida también incluye a taxistas independientes y ejecutivos, unidades de transporte escolar, vehículos turísticos y servicios de traslado de personal. En todos los casos, los solicitantes deberán contar con la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente.

La ATU sostuvo que el programa busca apoyar a los transportistas para regularizar su situación administrativa y facilitar el acceso a créditos o financiamientos orientados a la renovación de unidades.

Las multas que sí aplican al beneficio y las que quedan excluidas

Uno de los puntos que genera dudas entre conductores es la diferencia entre las sanciones administrativas de la ATU y las infracciones de tránsito.

La entidad precisó que el Programa de Regularización de Sanciones se aplica únicamente a multas administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Estas no se relacionan con el sistema de puntos de la licencia de conducir ni generan descuentos de puntaje.

Por esa razón, acogerse al programa y cancelar multas pendientes no elimina puntos acumulados en el récord del conductor por infracciones de tránsito. Sin embargo, una vez concluido el procedimiento y efectuado el pago correspondiente, la ATU emite una resolución que da por finalizada la sanción administrativa y permite regularizar la situación ante la entidad.

Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició una campaña de orientación para informar a los conductores sobre el uso correcto de las ciclovías y las obligaciones que deben cumplir quienes manejan motos eléctricas. El objetivo es prevenir accidentes y corregir interpretaciones erróneas que se han difundido sobre estos vehículos.

La medida responde además a preocupaciones relacionadas con la seguridad vial. Según informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado, durante este año ya se han registrado accidentes de tránsito con consecuencias fatales que involucraron vehículos de movilidad personal. Por ello, las autoridades buscan reforzar el cumplimiento de las normas antes de iniciar una etapa de fiscalización y sanciones.

¿Qué vehículos pueden usar las ciclovías y cuáles tienen prohibido circular por ellas?

La PNP remarcó que la ciclovía no es un espacio “libre” para cualquier medio de transporte: su uso está definido por la clasificación del vehículo. En ese marco, el general Alvarado señaló que el scooter tipo monopatín, cuando se ajusta a lo “debidamente reglamentado”, se considera un vehículo de movilidad personal y, por sus características, puede circular por la ciclovía “tal como lo hace la bicicleta”.

Pero el permiso no significa ausencia de obligaciones. Alvarado subrayó que estos vehículos, aunque no superen 25 kilómetros por hora, deben usar equipamiento de seguridad: mencionó de forma directa el casco de seguridad como parte del “equipamiento elemental necesario”.

Asimismo, el general Alvarado resaltó que los scooters de movilidad personal solo pueden ser utilizados por una persona. Llevar a un pasajero, ya sea un familiar, un menor de edad o cualquier acompañante, está prohibido y puede generar la imposición de una papeleta por incumplir las normas de tránsito.

Además, precisó que las motos eléctricas no están autorizadas a circular por las ciclovías. Debido a sus características y capacidad de desplazamiento, estos vehículos pertenecen a una categoría distinta y deben utilizar la pista, al igual que una motocicleta convencional.

Motos eléctricas deberán circular por la pista y contar con placa, SOAT y licencia

El foco de la nueva fiscalización está puesto en vehículos que, por su estructura y desempeño, ya no encajan como movilidad personal. Según la explicación de la PNP, cuando se trata de unidades “ya de acuerdo a lo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito” dentro de la categoría L de los vehículos de dos y tres ruedas, se consideran moto eléctrica y deben circular como una motocicleta a combustión: en la pista, “de manera natural”, y no por la ciclovía.

La diferencia no es solo de vía, sino de formalidad. Alvarado enumeró los documentos exigidos por norma: placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir del conductor. En el mismo reporte se insistió en que la placa es un “procedimiento regular” que se realiza a través de SUNARP, en el Registro Público de Propiedad Vehicular, y que el propietario debe cumplir con requisitos para la inscripción registral.

El procedimiento debe realizarse mediante la inscripción del vehículo en la SUNARP, presentando la documentación de compra y los requisitos establecidos para obtener posteriormente la placa física. Contar con estos documentos no solo permite circular legalmente, sino que también facilita la identificación de responsabilidades en caso de accidentes o infracciones.

Motos eléctricas en ciclovías o sin placa, SOAT y licencia serán sancionadas desde el 2 de agosto

La PNP confirmó que el periodo inicial será de orientación, pero con fecha de término. Alvarado explicó que estas actividades se realizarán hasta por 45 días para dar un tiempo prudencial de regularización, y luego se pasará a la fiscalización: “A partir del mes de agosto ya vamos a proceder con la aplicación de las infracciones que corresponde”.

En el mismo informe, los conductores recibieron una advertencia puntual: las sanciones empezarán a partir del 2 de agosto exactamente. Desde ese día, si una persona conduce una moto eléctrica por una ciclovía —una conducta que la PNP indicó que está prohibida— se expone a una multa, igual que quien circule sin placa, SOAT o licencia.

El general Alvarado también anticipó consecuencias operativas de las intervenciones: las faltas podrían derivar en retención del vehículo y traslado al depósito, especialmente si el propietario no puede acreditar una inscripción adecuada. La autoridad insistió en que la meta es reducir riesgos y evitar tragedias en la vía pública, en un escenario donde —según indicó— ya se detectaron accidentes y conductas peligrosas, como el uso de vías de alta velocidad por parte de vehículos de movilidad personal.

Durante los últimos cuatro meses, la Alcaldía de San Salvador Centro ha impuesto más de 500 multas a personas y empresas por arrojar desechos sólidos en puntos o horarios no permitidos.

Esta cifra refleja la aplicación estricta de la normativa municipal para combatir la disposición inadecuada de basura en la ciudad y busca limitar una práctica que afecta la limpieza urbana y el sistema de drenaje. Melvin Perdomo, subdirector de Ornato Municipal, aseguró: “El que continúa y que persiste con este tema, se va a multar definitivamente”.

La información fue confirmada por Perdomo durante una entrevista en el programa radial El Corre Corre, donde detalló el funcionamiento del sistema de vigilancia y las medidas que se están empleando para persuadir a la ciudadanía y sancionar las reincidencias.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia incluye la instalación de cámaras y bocinas inteligentes ubicadas en puntos estratégicos que advierten a quienes intentan tirar desechos fuera de los horarios o sitios autorizados.

Actualmente, San Salvador Centro cuenta con unas 800 cámaras de monitoreo y se prevé la incorporación de otras 300 en los próximos 6 meses. Estas herramientas están distribuidas en 144 puntos críticos identificados por la municipalidad, donde la acumulación de basura representa un problema frecuente.

El monitoreo se realiza en un centro de control ubicado en el edificio Diego de Holguín sobre el Paseo General Escalón, donde “es un monitoreo permanente, 24/7”, explicó Perdomo.

El subdirector indicó que las sanciones se aplican con base en 2 ordenanzas: la de manejo de residuos sólidos, vigente desde el año 2000, y la de contravenciones municipales, de 2020. Ambas establecen que tirar basura fuera de la hora en la que pasará el camión recolector o en lugares no autorizados constituye una falta.

Según Perdomo, “la multa va en dos vías: depende de la magnitud de la falta que hayan cometido”. Para personas naturales, el rango va de $51 a $900; para personas jurídicas, comercios o instituciones, puede alcanzar los $2,200 si la infracción es grave.

Casos recientes incluyen desde el abandono de bolsas pequeñas fuera del horario de recolección hasta el vertido de materiales de construcción en quebradas o ríos.

Uno de los incidentes más graves registrados por la alcaldía fue el lanzamiento de más de 200 llantas a un cauce, luego de la demolición de un muro de contención hecho con neumáticos. “Es increíble, pero sucede”, relató Perdomo.

Además, la municipalidad ha recogido en 4 meses más de 16,000 toneladas de residuos de tuberías, ríos y quebradas, de las cuales el 90% corresponde a desechos voluminosos como muebles, refrigeradoras y colchones.

La normativa también sanciona otras prácticas, como el uso de espacios públicos para necesidades fisiológicas. Perdomo explicó: “En el centro histórico se ha disparado en el tema de turismo, pero lamentablemente tenemos un promedio de 15 a 24 puntos críticos, no de generación de basura, sino de personas que son transeúntes y que hacen sus necesidades fisiológicas. A esas personas también se les va a aplicar esta sanción”.

El procedimiento para la imposición de multas consiste en la identificación del infractor a través del sistema de cámaras y la emisión de la sanción correspondiente. Si la multa no se paga, la persona o empresa queda impedida de realizar trámites municipales, como la obtención de licencias de funcionamiento o permisos. “Mientras ellos no paguen esa deuda, no va a tener acceso a esos trámites”, advirtió el subdirector.

Perdomo recalcó que el objetivo principal de la campaña no es sancionar, sino cambiar los hábitos ciudadanos y construir una nueva cultura de limpieza compartida.

“El alcalde, la municipalidad en términos generales, no buscamos afectar a las familias, no buscamos multar. Buscamos con estas iniciativas que precisamente esta contaminación que se genera al arrojar la basura ya no se continúe desarrollando”, dijo en la entrevista radial. No obstante, insistió en que quienes insistan en las malas prácticas serán sancionados conforme a la ley.

La municipalidad mantiene habilitado el número 2535-5636 para que la población solicite la recolección de desechos voluminosos y evite sanciones. El funcionario reiteró que este servicio es gratuito para muebles, electrodomésticos y otros residuos grandes, mientras que los desechos de construcción tienen un tratamiento especial y deben gestionarse aparte.

Javier Mejía, subdirector de Saneamiento Ambiental, también participó en la entrevista y sostuvo: “La campaña de los buenos salvadoreños no ensucian es más que un eslogan. Son un montón de acciones articuladas que permiten generar los espacios y las condiciones para la población”.

Añadió que la mayoría de incidentes pueden evitarse si las personas utilizan los basureros instalados en la vía pública o conservan sus residuos hasta encontrar un lugar adecuado para su disposición.

Las acciones de la comuna apunta a reducir la contaminación, liberar el sistema de drenaje y transformar la cultura urbana hacia una convivencia más responsable.

El Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de distribuir los recursos económicos a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar que son implementados por el gobierno de México.

Hasta el momento, la institución cuenta con 3 mil 49 sucursales distribuidas por las 32 entidades de la República Mexicana. De ese total, 2 mil 750 instalaciones corresponden a nuevas edificaciones, destacando su rápido crecimiento desde su fundación en julio de 2019, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo del banco es garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus apoyos económicos de forma sencilla y directa. Y es que cabe mencionar que estos subsidios son entregados de manera mensual o bimestral según el esquema correspondiente.

Banco del Bienestar sufre sanciones por millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por un monto total de 4.1 millones de pesos. Las multas, notificadas el 16 de abril, derivaron de diversas irregularidades en controles internos, procedimientos operativos y registros contables, según documentación oficial. Entre los principales señalamientos destacaron omisiones en la prevención de operaciones de retiro de efectivo que pudieron ser utilizadas para actos ilícitos.

De acuerdo con la CNBV, el Banco del Bienestar omitió implementar medidas para evitar que las operaciones de retiro de efectivo en sucursales fueran utilizadas por terceros o personal interno para la comisión de actos irregulares. La autoridad bancaria señaló que la institución no cumplió con disposiciones clave para la administración de riesgos y el control de la información financiera.

La CNBV también identificó irregularidades en el reconocimiento de gastos vinculados con la expansión de la red de sucursales del banco, un proyecto impulsado durante el sexenio anterior. El Banco del Bienestar no registró de forma adecuada todos los costos asociados a la construcción y puesta en operación de más de 2,500 sucursales en distintas regiones del país. Tras ser notificadas las sanciones, la institución financiera promovió un amparo para evitar la difusión pública de las multas.

¿Peligra el dinero de los beneficiarios del Banco Bienestar?

Luego de ser notificado el 16 de abril, el Banco del Bienestar promovió una demanda de amparo en la que argumentó que la difusión de las sanciones en el portal oficial de la CNBV le causaba un “daño reputacional irreversible”. En el documento presentado ante la autoridad judicial, el banco señaló que la publicación representaba un “acto con efectos infamantes” y tenía como objetivo exhibir a la institución como infractora.

Hasta la fecha, los beneficiarios que reciben transferencias a través del Banco del Bienestar continúan recibiendo sus fondos con normalidad. Las sanciones y la disputa legal iniciada por el banco no han repercutido en la entrega de apoyos sociales ni en la operatividad cotidiana de las cuentas.

El caso ha suscitado preguntas sobre el futuro de los depósitos, pero ningún pago ha sido interrumpido ni se han reportado retrasos o retenciones vinculadas a este proceso legal. Los usuarios pueden seguir utilizando sus cuentas y tarjetas como de costumbre.

La Procuraduría Federal del Consumidor desmiente que sus operativos en Guerrero hayan buscado sancionar negocios por transmitir partidos del Mundial 2026, en respuesta a publicaciones que circularon en medios del estado y provocaron el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco durante los primeros días del torneo.

La dependencia publicó una nota aclaratoria el 13 de junio en la que precisa que carece de atribuciones para supervisar, verificar o sancionar lo relacionado con los derechos de transmisión de partidos en establecimientos mercantiles. Ese ámbito corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Qué ocurrió el 10 de junio en Acapulco

Según el comunicado, la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas realizó el miércoles 10 de junio visitas de vigilancia a dos establecimientos: “Texas Ribs” (Costillas Julieta, S.A. de C.V.) y “La Casa de los Abuelos Puente” (S.A. de C.V.).

El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): que los comercios exhiban precios de forma visible, respeten ofertas y promociones, no exijan propina obligatoria y entreguen comprobante de compra. Nada relacionado con derechos de transmisión.

Lo que Profeco sí hace y lo que no puede hacer

El documento es explícito: “Las facultades de la Profeco se limitan estrictamente a proteger los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes, productos y servicios”, precisa la nota aclaratoria.

La Procuraduría advirtió además que si se detectan acciones de servidores públicos adscritos a la dependencia fuera de sus atribuciones, “se tomarán las medidas pertinentes”.

El impacto de la información errónea en Acapulco

La confusión generó un efecto directo en la economía local. Más de 320 establecimientos en Acapulco bajaron la cortina ante el temor a sanciones que la Profeco nunca tuvo contempladas en el alcance de sus operativos.

De más de 115 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, solo 40 habían adquirido licencia comercial con cableras para la transmisión de los partidos al momento de los cierres.

Los operativos vigentes de Profeco en Guerrero

La ODECO Acapulco-Lázaro Cárdenas detalló en el comunicado las actividades que sí tiene en marcha. Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA —activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor.

Entre las próximas acciones se encuentran el operativo Regreso a Clases, el Programa de Verificación Día del Padre del 19 al 21 de junio, y el programa vacacional y turístico de verano del 15 de julio al 28 de agosto de 2026.

Quién sí puede sancionar y bajo qué condiciones

El IMPI es la autoridad competente en materia de derechos de autor. Su director general, Vidal Llerenas Morales, aclaró que no habrá clausuras ni inspecciones aleatorias: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, afirmó en W Radio.

Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos.

Licencias, multas y riesgo de falsos inspectores

Para transmitir partidos de forma legal, los establecimientos deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos empresas autorizadas para emitir licencias de exhibición pública. Una suscripción doméstica o de plataforma de streaming personal no es suficiente.

Las sanciones por incumplimiento van de 117,310 pesos a 586,550 pesos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pueden alcanzar los 29.3 millones de pesos en los casos de mayor gravedad.

Ante la confusión generada, cámaras de comercio en varios estados alertaron sobre posibles falsos inspectores que podrían aprovechar el clima de incertidumbre para extorsionar a comerciantes. El IMPI recordó que todos sus verificadores portan gafete oficial con fotografía, camisa y chaleco institucional, y que ningún servidor público está facultado para exigir pagos en sitio.

El SAT puede no cobrarte multa si corriges un error fiscal antes de que la autoridad lo detecte, pero la ventana para hacerlo se cierra en cuestión de horas o días.

La figura se llama cumplimiento espontáneo y está prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), aunque la mayoría de los contribuyentes desconoce su existencia.

La regla es simple: quien presenta una declaración omitida, corrige un dato incorrecto o paga una contribución fuera de plazo —sin que el SAT lo haya detectado ni notificado— solo cubre el monto original más actualización y recargos. La multa es cero.

Cuándo se pierde el beneficio

El CFF establece tres situaciones en las que la corrección deja de considerarse espontánea y, por tanto, la multa sí procede.

• La primera: cuando la omisión ya fue descubierta por las autoridades fiscales.
• La segunda: cuando el SAT notificó una orden de visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier otra gestión de comprobación antes de que el contribuyente actuara.
• La tercera: cuando la corrección se presenta más de diez días después de que un contador público registrado entregó el dictamen de estados financieros ante el SAT y la omisión quedó asentada en ese documento.

En la práctica, el umbral más frecuente es el segundo. Si ya hay un aviso en el Buzón Tributario, la espontaneidad se extingue de inmediato.

Cuánto cuesta no actuar a tiempo

La diferencia entre corregir antes o después de una notificación es significativa. Según la tabla de penalizaciones del CFF vigente en 2026, quien declara de forma voluntaria paga $0.00 en multas.

Quien espera a que el SAT lo requiera enfrenta sanciones de entre $1,810 y $44,790 pesos por obligación incumplida, dependiendo del tipo de infracción.

Si el contribuyente corrige durante el ejercicio de facultades de comprobación —es decir, ya iniciada una auditoría—, puede acceder a una multa reducida equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No es lo mismo que espontaneidad, pero representa un ahorro frente a la sanción plena.

Qué obligaciones cubre y cómo actuar

El cumplimiento espontáneo aplica a prácticamente cualquier obligación fiscal: declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) entregados fuera de plazo y correcciones a datos ya declarados.

El proceso no requiere cita ni trámite especial. Todo se tramita en línea desde sat.gob.mx, en la sección “Declaraciones”. Si la obligación nunca fue presentada, el contribuyente selecciona la opción “Normal”; si ya existía una declaración pero con datos incorrectos, elige “Complementaria”. El portal calcula automáticamente los recargos y la actualización, y genera una línea de captura con el total a pagar.

La línea de captura tiene vigencia limitada, generalmente unas horas. Si no se liquida el mismo día, los recargos se recalculan y es necesario generarla de nuevo.

Cuando el monto total no puede cubrirse de inmediato, los especialistas recomiendan presentar la declaración de todas formas antes de pagar: una declaración entregada sin pago genera recargos sobre el impuesto, pero evita la multa por omisión. El contribuyente puede solicitar después un convenio de pago en parcialidades al amparo del artículo 66 del CFF, con un plazo máximo de 36 meses.

Un punto que pocos consideran: las notificaciones enviadas al Buzón Tributario se tienen por legalmente realizadas una vez que transcurren cinco días hábiles desde el envío del aviso, independientemente de si el contribuyente las consultó. Por eso, revisar el buzón antes de iniciar cualquier corrección es el primer paso que los asesores fiscales consideran indispensable.

Las omisiones que el SAT detecta primero

La autoridad fiscal no revisa de forma aleatoria. En 2026, el SAT opera con sistemas de inteligencia de datos que cruzan automáticamente la información de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias antes de emitir cualquier notificación.

La discrepancia fiscal es el detonante más frecuente: ocurre cuando los gastos facturados, los depósitos en cuenta o los pagos con tarjeta no coinciden con los ingresos declarados. El sistema presume ingresos omitidos y abre una revisión sin que el contribuyente lo advierta de inmediato.

Otros patrones que concentran la atención del fisco son las pérdidas fiscales declaradas de forma recurrente sin sustento económico lógico, las retenciones de ISR o IVA no enteradas al SAT, y las tasas efectivas de impuesto significativamente por debajo del promedio del sector. Este último criterio se aplica tanto a personas físicas como a empresas.

En el plano operativo, los errores de facturación también activan revisiones. Datos incorrectos del receptor en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cancelaciones de facturas fuera de plazo y declaraciones en cero cuando existen CFDI de ingresos vigentes son señales que los algoritmos del SAT procesan de forma automática.

Un punto que los especialistas consideran especialmente crítico es e Buzón Tributario inactivo o con datos de contacto desactualizados. Aunque la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026 prorrogó la aplicación de multas económicas —que van de $3,850 a $11,540 pesos— hasta enero de 2027, la obligación de mantenerlo activo es vigente. Un buzón sin medios de contacto válidos habilita al SAT para notificar por estrados y puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital, lo que impide emitir facturas de forma inmediata.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no habrá operativos masivos contra pequeños negocios que transmitan partidos del Mundial 2026, pese a la polémica generada en los últimos días por posibles multas económicas a comercios que usen señales residenciales para exhibir los encuentros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, afirmó que las verificaciones estarán enfocadas principalmente en establecimientos grandes o en negocios cuyo principal atractivo sea la transmisión de eventos deportivos.

“No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, dijo en entrevista en Así las Cosas con Gabriela Warkentin, en W Radio.

La aclaración ocurre luego de que se dieran a conocer las multas millonarias para cualquier comercio que transmitiera partidos sin una licencia comercial.

Reconocen que no hay capacidad

Aunque la Ley Federal del Derecho de Autor sí contempla sanciones por retransmisiones con fines de lucro, el propio instituto reconoció que no tiene capacidad para supervisar de forma generalizada a todos los establecimientos del país.

Al reconocer que existe una “parte gris” en la regulación, Llerenas fue directo al señalar que los establecimientos cuyo giro principal no es la transmisión de eventos deportivos no serán objeto de revisiones: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado, no hay manera de hacerlo. No queremos generar eso, no queremos generar un pánico. Queremos que la gente disfrute el mundial, eso tampoco le va a convenir a nadie”, dijo Llerenas.

¿Quiénes sí serán verificados?

Donde sí habrá presencia del IMPI es en negocios de mayor tamaño, particularmente en aquellos donde la transmisión de eventos es parte habitual de su oferta comercial. “De acuerdo con la petición de quien tiene los derechos, habrá ciertas verificaciones en ciertos lugares, con la capacidad limitada que tenemos, y será enfocada a negocios de mayor tamaño, que es muy probable que ya tengan estos pagos porque de manera regular también transmiten eventos deportivos”, explicó Llerenas en W Radio.

El funcionario subrayó que las acciones del instituto responderán principalmente a solicitudes de los titulares de derechos, no a operativos propios.

“Se hará alguna revisión a petición de partes, se toma nota y en ningún caso hay clausura”, precisó. Añadió: “Nos vamos a enfocar a negocios de buen tamaño por la capacidad y por la propia ética, así ha sido en otros mundiales”.

En México, Televisa (TUDN) y TV Azteca son los titulares de los derechos de transmisión del torneo para televisión abierta, aunque los 104 partidos completos solo están disponibles a través de la plataforma de pago VIX.

La CONCANACO SERVYTUR hizo un llamado a los titulares de derechos para diseñar esquemas de licencias accesibles para micro y pequeñas empresas, al considerar que el evento representa una oportunidad para el comercio local. “La accesibilidad no debe significar informalidad. Debe ser una ruta para que más establecimientos puedan cumplir, transmitir legalmente y permitir que más familias vivan el Mundial”, señaló la Confederación.

Cómo obtener la licencia para transmitir los partidos

Los negocios que quieran cumplir con la legalidad deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos compañías de Televisa autorizadas para emitir licencias de transmisión.

Una vez contratada la licencia, el negocio debe tener el contrato a la mano ante una posible revisión del IMPI. Las sanciones por infringir los derechos de transmisión van de mil a 5,000 días de multa con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que en la fracción más alta puede alcanzar el medio millón de pesos.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) recordó a los automovilistas que la verificación vehicular es un trámite obligatorio y que el plazo para realizarlo durante el primer semestre de 2026 concluirá el próximo 30 de junio, por lo que quienes incumplan podrían recibir multas que, en determinados casos, alcanzan los 9 mil 384 pesos.

La medida aplica especialmente para los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0, cuyos propietarios deben acudir a un verificentro antes de que termine junio para evitar sanciones.

La verificación vehicular es un procedimiento obligatorio que se realiza dos veces al año y tiene como objetivo controlar las emisiones contaminantes de los automóviles que circulan en la capital del país. El programa forma parte de las estrategias ambientales para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo?

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Ciudad de México, los conductores que no realicen la verificación dentro del periodo establecido deberán cubrir una multa por verificación extemporánea, la cual actualmente asciende a 2 mil 346.20 pesos. Sin embargo, el pago de esta sanción no exime de realizar el trámite pendiente.

Además, la normativa establece que si el vehículo continúa sin aprobar la verificación dentro de los plazos posteriores otorgados por la autoridad, las sanciones pueden incrementarse progresivamente hasta alcanzar montos equivalentes a 80 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cifra que ronda los 9 mil 384 pesos.

¿Qué vehículos deben verificar antes del 30 de junio?

Durante mayo y junio corresponde verificar a los automóviles con las siguientes características:

• Engomado azul.
• Terminación de placas 9 o 0.

Los propietarios de estas unidades tienen hasta el último día de junio para cumplir con la obligación ambiental y evitar multas o restricciones administrativas posteriores.

¿Qué pasa si no realizas la verificación vehicular?

Además de las sanciones económicas, los vehículos que no cuenten con una constancia de verificación vigente deben respetar las limitaciones de circulación previstas en programas como Hoy No Circula y las medidas aplicadas durante contingencias ambientales.

La SEDEMA recomienda a los automovilistas no esperar hasta los últimos días de junio para agendar una cita, ya que los verificentros suelen registrar una alta demanda conforme se acerca la fecha límite.

¿Cómo evitar la multa?

Para evitar sanciones, los conductores deben verificar que su vehículo no tenga adeudos pendientes relacionados con tenencia, refrendo o infracciones y posteriormente acudir a un verificentro autorizado dentro del periodo que les corresponde. En caso de cumplir con el trámite antes del 30 de junio, podrán evitar la multa por verificación extemporánea y mantenerse al corriente con sus obligaciones vehiculares.

Los ciudadanos que no participan en la segunda vuelta presidencial hoy 7 de junio deberán pagar una multa económica, cuyo monto variará según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La segunda vuelta definirá al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de que en la primera jornada electoral ningún candidato alcanzara el umbral requerido para evitar un nuevo balotaje. En este escenario, las autoridades electorales insistieron en la importancia de participar en la jornada de votación y cumplir con las obligaciones vinculadas al proceso.

Votar no solo permite elegir a quien conducirá el Poder Ejecutivo durante el próximo periodo, sino que también evita sanciones económicas previstas para quienes no acudan a las urnas o incumplan funciones asignadas por sorteo, como la de miembro de mesa. Las multas se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que este año asciende a S/ 5.500.

Estas son las tres escalas de multa por no votar en la segunda vuelta

El JNE precisó que la multa por no votar se determina de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI. El sistema contempla tres escalas y aplica montos que corresponden a un porcentaje de la UIT vigente (S/ 5.500), por lo que la penalidad no es uniforme para todos los electores.

En la primera escala, correspondiente a distritos catalogados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,50, equivalente al 0,5% de la UIT. En la segunda, aplicada a distritos en pobreza no extrema, el monto asciende a S/ 55,00, que representa el 1% de la UIT.

La tercera escala corresponde a distritos clasificados como no pobres. En ese caso, la multa por no acudir a votar alcanza los S/ 110,00, equivalente al 2% de la UIT. El objetivo de la diferenciación, según el criterio que comunicó el organismo electoral, es aplicar sanciones proporcionales a la clasificación socioeconómica registrada.

Además de la sanción económica, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar determinados trámites, de acuerdo con las reglas que rigen los procedimientos electorales. Por eso, las autoridades recomiendan verificar con anticipación los datos del DNI, conocer el local de votación asignado y planificar el traslado para evitar contratiempos el día de la elección.

Miembros de mesa que no cumplan su función en la segunda vuelta recibirán multa de S/ 275

El JNE también recordó que la obligación no se limita a acudir a votar. Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con asumir su función recibirán una sanción económica adicional. Para la segunda vuelta del 7 de junio, la multa por no ejercer el cargo equivale al 5% de la UIT, es decir, S/ 275.

La sanción se aplica a quienes fueron seleccionados para integrar las mesas de sufragio y no se presenten el día de la elección sin una justificación válida. En términos prácticos, esto significa que el deber de participar en el proceso incluye, para ese grupo, llegar a la hora indicada, instalar la mesa y desempeñar las tareas asignadas durante la jornada.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos que debían cumplir funciones como miembros de mesa tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio. Quienes resultaron elegidos deben volver a cumplir el mismo rol en esta nueva convocatoria.

Las autoridades electorales subrayan que el sistema de miembros de mesa es clave para el desarrollo de la votación y el conteo en cada local. Por eso, recomiendan a los designados revisar si figuran en el listado correspondiente, informarse sobre horarios y obligaciones, y, en caso de impedimento, gestionar con anticipación la documentación que sustente una eventual justificación.

Dónde me toca votar

Para conocer tu local de votación exacto para este domingo 7 de junio, debes ingresar al portal oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En esta plataforma digital, el sistema te solicitará digitar tu número de DNI para mostrarte detalladamente el nombre del establecimiento, su dirección exacta, el número de tu mesa de sufragio y si mantienes el cargo de miembro de mesa. Por regla general, tu centro educativo asignado para esta segunda vuelta electoral será el mismo que utilizaste en la primera jornada del pasado 12 de abril, pero se recomienda realizar la verificación digital previa ante cualquier modificación de última hora en la infraestructura local.

Restricciones esta semana

Para la segunda vuelta presidencial en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) activó desde el 1 de junio un conjunto de restricciones electorales obligatorias destinadas a asegurar un voto informado y neutral. La medida principal estipula la prohibición de publicar encuestas, proyecciones o cualquier sondeo de opinión en los medios de comunicación masivos. Este paquete de restricciones, diseñado para mitigar la interferencia política en los días previos a la votación, incluye de forma progresiva la suspensión de mítines de cierre de campaña, el cese de la propaganda política y la tradicional aplicación de la ley seca, garantizando así el orden público y la transparencia en todo el territorio nacional durante los comicios.

¿Quiénes pueden votar en la segunda vuelta del 7 de junio?

Para participar en la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 es obligatorio estar incluido en el padrón electoral. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el corte se definió por la mayoría de edad: podrán votar quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026; quienes alcanzaron esa edad después no figuran en el padrón.

Reniec precisó que el padrón utilizado en la primera vuelta se mantiene sin cambios para la segunda, por lo que no se suman nuevos electores entre una jornada y otra. Por esa razón, quedan fuera principalmente quienes cumplieron 18 años entre el 13 de abril y el 7 de junio de 2026.

Horario de votación este domingo

Para la Segunda Elección Presidencial de este domingo 7 de junio de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido que las mesas de sufragio a nivel nacional atenderán en el horario continuo de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Cabe señalar que, para asegurar una apertura sin demoras desde el primer minuto de la jornada, los miembros de mesa (tanto titulares como suplentes) han sido citados a las 6:00 a. m. en sus respectivos locales de votación.

Trenes Argentinos, la operadora de trenes del área metropolitana, desplegó patrullas de control para reducir la evasión y cobrar multas a quienes viajen sin validar su pasaje con la tarjeta SUBE.

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”, informaron a Infobae fuentes de la empresa.

En los trenes, la SUBE debe apoyarse en los molinetes al ingresar a la estación de origen y al descender en la de destino, de acuerdo con el procedimiento difundido por la empresa.

En el primer apoyo, el sistema retiene el valor del viaje máximo, de tercera sección, y al apoyar al final valida el cobro del trayecto efectivamente realizado. Si se apoya una sola vez, se cobra la mayor sección.

Cómo funciona el control y cuánto cuesta la multa

Las patrullas suben a la formación y piden la SUBE para verificar con un dispositivo electrónico si el viaje fue abierto. Si el último movimiento de la tarjeta no es compatible con el recorrido que se está realizando, se aplica la multa correspondiente.

La sanción es de $3.500, equivalente a 10 pasajes mínimos, y en mayo se aplicaron casi 16 mil multas, según informaron a Infobae fuentes de la empresa.

El pago se realiza en efectivo o vía QR desde billeteras virtuales o entidades bancarias, con comprobantes numerados que se rinden a diario.

En qué líneas ya opera el sistema

Según indicaron a Infobae fuentes de la empresa, hay 10 patrullas activas en la línea Roca, con cinco integrantes y un supervisor, para los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, Ezeiza, A. Korn y Ezeiza-Cañuelas.

En la línea San Martín funcionan cinco patrullas en horario aleatorio para el ramal Retiro/Pilar-Cabred, y en la línea Belgrano Sur operan dos patrullas en horario aleatorio, con el mismo formato, con la incorporación de otras dos “en los próximos días”, para los ramales Sáenz-González Catán, Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán-Lozano.

La empresa también informó a Infobae que el sistema se implementará en las líneas Mitre y Sarmiento en los próximos días. “No está determinado aún cuándo funcionarán. Están conformándolas”, agregaron.

Cómo cargar la tarjeta SUBE

Las opciones para cargar saldo en la Tarjeta SUBE se han ampliado para facilitar el acceso de los usuarios. Actualmente, es posible acreditar cargas electrónicas mediante la aplicación SUBE, disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Además, se puede utilizar la funcionalidad Carga a Bordo en los colectivos habilitados, así como las Terminales Automáticas distribuidas en estaciones y puntos de alto tránsito.

La acreditación de cargas electrónicas suele ser inmediata, aunque en algunos casos puede demorar hasta veinticuatro horas según la entidad proveedora del servicio. Aquellos usuarios que prefieran el método tradicional pueden realizar cargas presenciales en kioscos, estaciones de tren, subte y locales adheridos.

La SUBE registrada ofrece beneficios adicionales, como el acceso a la Tarifa Social y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo, extravío o rotura de la tarjeta. El registro se puede realizar en línea, a través de la web oficial del sistema SUBE, o en los centros de atención designados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo 7 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Antes de votar, deberán verificar su local porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales reubicó 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana.

El organismo electoral precisó que el padrón vigente es el mismo que se cerró en octubre de 2025, antes de la primera vuelta. Quienes actualizaron su dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil durante el último año deberán sufragar en el local donde lo hicieron en abril, ya que esa modificación solo tendrá efecto en procesos electorales futuros.

La herramienta oficial para verificar el punto de votación asignado es el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde el ciudadano ingresa su número de Documento Nacional de Identidad y obtiene el nombre del local, la dirección exacta, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista. El sistema también indica si el elector fue seleccionado como miembro de mesa.

¿Por qué cambiaron las mesas en Lima?

La ONPE recomendó hacer esta consulta con anticipación, sobre todo a quienes sufragaron el 12 de abril en parques o espacios al aire libre, ya que esos puntos son los que registran cambios para el balotaje.

La reubicación responde a dos motivos. El primero fue una sugerencia de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de seguridad: en la primera vuelta, la ONPE había acondicionado 10 espacios abiertos como locales de votación ante la falta de recintos cerrados disponibles. Para el 7 de junio, esas mesas pasaron a instituciones educativas dentro del mismo distrito, con el criterio de mantenerlas lo más cerca posible de su ubicación original.

El segundo motivo fue la negativa de propietarios privados a ceder sus instalaciones para la jornada del 7 de junio. Por esa razón, ocho locales adicionales en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar también fueron reubicados.

Los nuevos locales en Jesús María, Lince y Miraflores

Los tres distritos con mayor número de cambios son Jesús María, Lince y Miraflores, donde las mesas que funcionaban en parques pasaron a colegios cercanos.

• Jesús María

Parque Cáceres (Av. Cuba, cdra. 6) → IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531-543)

• Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal, cdra. 7) → CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) → IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) → IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) → IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

• Miraflores

Boulevard Tarata (Av. José Larco, cdra. 6) → IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) → IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) → IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

Horario, cédula y atención preferente

La jornada electoral se extenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a.m. para instalar las mesas antes del inicio del sufragio.

La cédula de votación del balotaje presenta dos opciones, una por cada candidato presidencial. Ya no figuran congresistas ni representantes al Parlamento Andino, por lo que el documento es de menor tamaño y con información reducida. La ONPE precisó que el material electoral de esta segunda etapa se imprimirá exclusivamente en papel, sin el registro electrónico que se utilizó en abril.

El único documento válido para sufragar es el DNI. En caso de robo o extravío, el elector debe contar con la denuncia policial correspondiente y gestionar ante el Jurado Nacional de Elecciones la dispensa de multa. Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas tienen atención preferente y acceso prioritario en todos los locales; la ONPE sugirió que estos grupos acudan en los horarios de menor afluencia.

Multas por no votar ni cumplir como miembro de mesa

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos de entre 18 y 69 años. Quienes no acudan a las urnas el 7 de junio enfrentarán sanciones económicas que varían según la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI, calculadas en función de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, fijada en S/ 5.500 para 2026:

• Distritos no pobres: S/ 110 (equivalente al 2% de la UIT)
• Distritos pobres no extremos: S/ 55 (1% de la UIT)
• Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50 (0,5% de la UIT)

Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida recibirán una multa adicional de S/ 275 (5% de la UIT). Si ese mismo ciudadano tampoco emite su voto, las sanciones se acumulan y la deuda total puede alcanzar los S/ 385. La ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir funciones de mesa tanto en la primera como en la segunda vuelta, por lo que quienes fueron seleccionados en abril deben volver a cumplir ese rol el 7 de junio.

Restricciones y cómo regularizar una deuda electoral

El incumplimiento de las obligaciones electorales bloquea una serie de trámites administrativos mientras la deuda persista. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de realizar gestiones notariales, inscribir actos civiles como matrimonio o divorcio, solicitar licencias de conducir o pasaportes, acceder a programas sociales del Estado y postular a cargos públicos. El Jurado Nacional de Elecciones puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva que incluyen el embargo de cuentas bancarias.

Para regularizar el pago, la ONPE habilitó tres vías: la plataforma digital Págalo.pe, las agencias del Banco de la Nación y las oficinas del JNE (Av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima). El estado de la deuda puede consultarse en multas.jne.gob.pe. No es obligatorio que el titular realice el trámite: cualquier persona puede efectuar el pago presentando el número de DNI del afectado.

Cómo justificar la inasistencia

Quienes no puedan votar por razones justificadas —enfermedad grave, discapacidad, viaje al extranjero, labores esenciales, entre otras— pueden solicitar una dispensa ante el JNE desde el día siguiente a la elección.

Los miembros de mesa que tampoco puedan asistir tienen la opción de tramitar una excusa antes de la jornada o una justificación posterior. En ambos casos se requiere documentación probatoria: certificados médicos, constancias laborales, documentos migratorios u otros según la causal invocada.

El trámite puede realizarse de forma virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE o de manera presencial en sus oficinas descentralizadas. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido pueden ser declaradas improcedentes.

Restricciones

Desde el lunes 1 de junio, Perú inició el cronograma de restricciones electorales fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta presidencial, prohibiendo estrictamente la difusión de sondeos de opinión, encuestas o proyecciones de cualquier tipo a través de los medios de comunicación. Esta medida, que busca garantizar un periodo de reflexión limpio y equitativo, abre paso a un calendario progresivo de prohibiciones que continuará con el cese de mítines políticos, la suspensión total de la propaganda electoral y la posterior aplicación de la ley seca. De este modo, los organismos electorales articulan mecanismos de fiscalización a nivel nacional para resguardar la seguridad y asegurar la transparencia del proceso democrático en las urnas.

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso en marcha un amplio despliegue de personal de fiscalización en todo el país con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso electoral. La medida busca reforzar los controles antes, durante y después de la jornada de votación, en un escenario donde entran en vigencia diversas restricciones para organizaciones políticas, medios de comunicación, comercios y ciudadanos.

La institución informó que más de 28 mil fiscalizadores electorales serán distribuidos a nivel nacional para verificar que se respeten las prohibiciones establecidas por la legislación electoral. Entre ellas destacan la difusión de encuestas de intención de voto, la realización de actividades proselitistas dentro de los plazos permitidos y la conocida “ley seca”, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

JNE refuerza controles y advierte sanciones por incumplimiento de normas electorales

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, señaló que el trabajo de supervisión ya comenzó con jornadas de capacitación dirigidas al personal encargado de fiscalizar el proceso en todo el territorio nacional.

Según explicó, los fiscalizadores recibirán formación especializada para fortalecer sus conocimientos en materia electoral y garantizar una adecuada intervención frente a posibles infracciones. El objetivo es que estén preparados para actuar durante cada etapa de la segunda vuelta presidencial.

“Vamos a desplegar a nivel nacional más de 28 mil fiscalizadores para la verificación restrictiva de cualquier tipo de prohibición”, indicó el representante del organismo electoral.

Ramos precisó además que cada entidad que integra el sistema electoral peruano mantiene funciones específicas y delimitadas. En ese contexto, destacó que el JNE decidió fortalecer su capacidad operativa de fiscalización mediante la implementación de mayores procedimientos y mecanismos de control.

El funcionario sostuvo que este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, aseguró que las acciones de fiscalización abarcarán el periodo previo a la votación, la jornada electoral y las etapas posteriores al cierre de mesas.

Principales sanciones

Entre las principales restricciones que ya se encuentran vigentes figura la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales. De acuerdo con el JNE, esta medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio y alcanza a todos los medios de comunicación y plataformas que divulguen estudios de intención de voto relacionados con la segunda vuelta.

Las autoridades recordaron que incumplir esta disposición puede derivar en importantes sanciones económicas. Las multas previstas para quienes vulneren la norma pueden superar el medio millón de soles, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Respecto a las actividades políticas, Ramos señaló que los partidos y movimientos que participan en el balotaje aún podrán realizar mítines y reuniones de campaña, aunque únicamente dentro del plazo establecido por la normativa electoral. Según precisó, estas actividades podrán desarrollarse hasta el jueves previo a la elección.

Otra de las medidas que será supervisada de manera estricta es la denominada ley seca. El expendio de bebidas alcohólicas quedará prohibido desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio y la restricción se mantendrá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

El JNE advirtió que quienes incumplan esta disposición también estarán sujetos a sanciones económicas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la multa por vender bebidas alcohólicas durante el periodo restringido puede alcanzar los S/ 3.690.

Con el despliegue nacional de fiscalizadores, el organismo electoral busca asegurar que todas las restricciones se respeten durante la recta final de las Elecciones 2026, en una jornada considerada clave para la elección del próximo presidente del Perú.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sí tiene facultades constitucionales para imponer multas a gasolineras que entreguen menos litros de gasolina o diésel de los que cobran a sus clientes.

La decisión representa un respaldo legal para las acciones de vigilancia y sanción contra estaciones de servicio que operen con irregularidades en sus bombas despachadoras.

El fallo fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corte y deriva de un caso iniciado en Guanajuato, donde una empresa gasolinera fue sancionada por comercializar combustible mediante un dispensador irregular que entregaba menos producto del pagado.

Suprema Corte valida facultades de Profeco

La resolución de la SCJN confirmó la constitucionalidad de los artículos 24, fracción XXVI, y 134 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, normas que permiten a Profeco aplicar y ejecutar sanciones económicas contra proveedores que incumplan la ley.

El proyecto fue presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo que la Constitución sí otorga a la Procuraduría facultades para imponer multas cuando se detecten prácticas que afecten directamente a los consumidores.

Con esta decisión, la Corte dejó claro que Profeco no solo puede detectar irregularidades en estaciones de servicio, sino también hacer efectivas las sanciones correspondientes mediante procedimientos legales.

El origen del caso en Guanajuato

El conflicto legal comenzó en 2019, cuando Profeco impuso una multa a una gasolinera ubicada en Guanajuato por operar con un dispensador que entregaba menos combustible del registrado en la compra.

De acuerdo con las autoridades, los consumidores pagaban litros completos, pero recibían una cantidad menor debido a fallas o alteraciones en el sistema de despacho.

La empresa buscó anular la sanción mediante un amparo al argumentar que Profeco carecía de facultades constitucionales para imponer multas económicas. Sin embargo, tanto un juez de Distrito como un tribunal colegiado rechazaron ese argumento.

Finalmente, el caso llegó a la Suprema Corte, que ratificó la legalidad de las facultades sancionadoras de la Procuraduría.

Qué significa esta decisión para los consumidores

El fallo fortalece la protección de millones de automovilistas y consumidores que diariamente cargan combustible en México. A partir de este criterio, Profeco podrá continuar realizando verificaciones e imponer sanciones cuando detecte bombas alteradas o dispensadores irregulares.

La decisión también representa una medida de disuasión para estaciones de servicio que incumplan la ley, ya que confirma que las multas son plenamente válidas y ejecutables.

No obstante, la resolución no implica sanciones automáticas para todas las gasolineras del país. Cada caso deberá investigarse individualmente y la autoridad tendrá que comprobar las irregularidades antes de imponer cualquier multa.

Cómo denunciar una gasolinera que no dé litros completos

Profeco recordó que los consumidores pueden presentar denuncias cuando sospechen que una estación entrega menos combustible del pagado. Para ello, se recomienda conservar información como:

• Ticket de compra.
• Fecha y hora de la carga.
• Nombre y ubicación de la gasolinera.
• Número de bomba despachadora.
• Tipo de combustible y monto pagado.

Estos datos pueden ayudar a las autoridades a iniciar verificaciones y detectar posibles irregularidades.

Un fallo con impacto nacional

Aunque el caso surgió en Guanajuato, la resolución de la Suprema Corte tiene alcance nacional, ya que valida disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor aplicables en todo México.

Especialistas consideran que este criterio fortalece las herramientas legales de Profeco para combatir abusos en el sector gasolinero y proteger el derecho de los consumidores a recibir exactamente la cantidad de combustible por la que pagan.

Con este fallo, la Suprema Corte estableció que las estaciones de servicio que manipulen bombas o entreguen litros incompletos podrán enfrentar sanciones económicas, reforzando así la vigilancia sobre uno de los sectores más importantes para la economía cotidiana de millones de mexicanos.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, informó las tarifas oficiales que estarán vigentes durante 2026 para el programa de verificación vehicular, un trámite obligatorio para miles de automovilistas mexiquenses.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los costos varían dependiendo del holograma que obtenga cada vehículo tras la evaluación de emisiones contaminantes.

La verificación vehicular tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación atmosférica y garantizar que las unidades automotoras cumplan con los estándares ambientales establecidos en la entidad.

¿Cuánto costará la verificación vehicular en 2026?

Las tarifas oficiales para el mes de junio quedaron establecidas de la siguiente manera:

• Holograma 00: 1,197 pesos.
• Holograma 0: 610 pesos.
• Hologramas 1 y 2: 469 pesos.
• Exento y D: Gratuito.
• Exento voluntario: 630 pesos.

Las autoridades recordaron que la asignación de cada holograma dependerá de las características del vehículo, su modelo, tecnología y resultados obtenidos durante la prueba de verificación.

Multa por no verificar en el Estado de México

Además de los costos del trámite, la Secretaría del Medio Ambiente precisó que los conductores que incumplan con la obligación de verificar sus vehículos deberán cubrir una multa de 3 mil 519 pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite dentro de los periodos establecidos y evitar sanciones económicas, así como posibles restricciones a la circulación.

El programa de verificación vehicular es una herramienta clave para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras regiones del estado, donde la concentración de vehículos representa uno de los principales desafíos ambientales.

Cómo agendar una cita para verificar

Para realizar la verificación vehicular, los propietarios de automóviles deben programar previamente una cita en el portal oficial del Edomex: citaverificacion.edomex.gob.mx

El proceso permite seleccionar fecha, horario y centro de verificación disponible, con el propósito de agilizar la atención y evitar largas filas.

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación requerida, incluyendo tarjeta de circulación vigente y comprobantes de verificaciones anteriores cuando corresponda.

La verificación vehicular es una medida ambiental que busca controlar las emisiones contaminantes generadas por automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga.

El cumplimiento oportuno de este trámite contribuye a disminuir los niveles de ozono y partículas suspendidas, además de favorecer la movilidad sustentable en una de las regiones más pobladas del país.

Con las nuevas tarifas para 2026 ya definidas, los automovilistas mexiquenses deberán considerar este gasto dentro de su presupuesto anual y mantenerse atentos al calendario oficial que publicará el Gobierno del Estado de México para conocer los periodos de verificación correspondientes a cada terminación de placa.

Las autoridades reiteraron que cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también representa una acción concreta para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire en beneficio de millones de habitantes del Estado de México.

En México, millones de personas compran refrescos, cerveza y otros productos en envases retornables pagando un depósito adicional por la botella o el empaque. Aunque muchas veces este cobro parece parte del precio final del producto, en realidad se trata de una garantía que debe ser reembolsada al consumidor cuando devuelve el envase en buen estado.

La obligación está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), normativa que protege los derechos de los compradores frente a prácticas abusivas de comercios y proveedores.

Sin embargo, todavía existen establecimientos que se niegan a regresar el dinero del depósito o intentan imponer condiciones ilegales para evitar el reembolso.

La ley obliga a devolver íntegro el depósito del envase

El artículo 11 de la LFPC establece que el consumidor tiene derecho a recuperar la suma íntegra entregada como depósito por un envase o empaque retornable. Esto significa que el dinero cobrado por la botella no forma parte del costo del contenido, sino que funciona únicamente como una garantía temporal.

De acuerdo con la legislación, cuando una persona devuelve el envase correspondiente y este se encuentra en condiciones aptas para su reutilización, el comercio está obligado a regresar exactamente la cantidad que recibió por concepto de depósito.

Especialistas en consumo señalan que esta medida busca fomentar la reutilización y el reciclaje de envases, además de evitar abusos contra los consumidores.

Las prácticas ilegales más comunes en tiendas y supermercados

A pesar de que la ley es clara, en algunos negocios todavía se presentan negativas para devolver el dinero del envase. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran frases como:

• “No tengo cambio”.
• “Solo se lo puedo cambiar por otro producto”.
• “Aquí no compramos envases”.
• “Ya venció el tiempo para reclamar”.

Estas acciones son consideradas indebidas porque el consumidor no está vendiendo un envase al establecimiento, sino recuperando una cantidad que previamente entregó en garantía.

La legislación también establece que los proveedores deben informar de manera clara y visible cuánto cuesta el producto y cuál es el monto correspondiente al depósito del envase. Ocultar o confundir esta información puede representar una violación a los derechos del consumidor.

El ticket puede ser clave para reclamar ante Profeco

Otro punto importante de la LFPC se encuentra en el artículo 12, que obliga a los proveedores a entregar un comprobante de compra. Este documento debe incluir información específica de la operación realizada y sirve como respaldo para acreditar pagos o depósitos.

Por ello, especialistas recomiendan conservar tickets o recibos cuando se adquieren productos retornables, especialmente si el consumidor planea recuperar posteriormente el dinero del envase.

Aunque algunos establecimientos aceptan la devolución sin comprobante, contar con el ticket puede facilitar una reclamación formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Qué hacer si una tienda se niega a devolverte el dinero

Si un comercio rechaza el reembolso del depósito, los consumidores pueden seguir varios pasos antes de presentar una denuncia formal.

El primero es solicitar hablar con el encargado del establecimiento y recordar que el depósito es un monto reembolsable respaldado por la ley. En muchos casos, el problema se resuelve después de aclarar la obligación legal.

Si la negativa continúa, la recomendación es presentar una denuncia ante Profeco. Para ello, es importante reunir datos como:

• Nombre del establecimiento.
• Dirección completa.
• Ticket o comprobante de compra.
• Fotografías o evidencia de la negativa, en caso de ser posible.

La autoridad puede iniciar procedimientos de verificación y aplicar sanciones económicas a los negocios que incumplan la legislación.

Las multas que pueden enfrentar los comercios

De acuerdo con criterios aplicados por Profeco y especialistas legales, las sanciones por incumplir las disposiciones relacionadas con depósitos de envases pueden ir desde cientos de pesos hasta superar el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del proveedor.

Además, si el establecimiento desacata instrucciones de la autoridad o reincide en las irregularidades, pueden imponerse multas acumulativas diarias hasta que corrija la falta.

La devolución del depósito únicamente puede rechazarse cuando el envase se encuentra roto, despostillado o tan dañado que ya no pueda ser reutilizado dentro de la cadena de reciclaje o retorno.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó las medidas contra los negocios que engañen a los consumidores mediante promociones falsas, descuentos simulados o precios distintos a los exhibidos, prácticas que suelen incrementarse en temporadas de rebajas y ventas especiales.

La dependencia federal advirtió que los comercios que incumplan las promociones anunciadas o difundan publicidad engañosa podrán enfrentar multas económicas que van desde miles de pesos hasta sanciones acumuladas superiores a los 6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Estas medidas forman parte de la estrategia de vigilancia de Profeco para proteger la economía de los consumidores y frenar prácticas abusivas que afectan directamente el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Profeco pone la lupa en descuentos simulados y precios alterados

Uno de los principales problemas detectados por la autoridad es la simulación de descuentos, una práctica en la que algunos establecimientos incrementan los precios días antes de una campaña comercial para posteriormente anunciar rebajas inexistentes.

A esto se suman irregularidades como exhibir un precio en aparadores o plataformas digitales y cobrar otro más alto al momento de pagar, así como ocultar restricciones importantes de las promociones en letras pequeñas o términos poco visibles.

La Profeco señaló que estas acciones constituyen violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que pueden derivar en procedimientos administrativos y sanciones económicas severas.

De acuerdo con el artículo 128 Bis de la legislación vigente, las penalizaciones por publicidad engañosa o incumplimiento grave de promociones pueden alcanzar montos superiores a los 6.3 millones de pesos.

Las multas pueden aplicarse diariamente

Además de las sanciones principales, Profeco tiene facultades para imponer medidas de apremio cuando un negocio persiste en la conducta irregular después de una advertencia oficial.

En estos casos, las multas pueden acumularse diariamente hasta que el establecimiento corrija la irregularidad detectada.

Actualmente, las sanciones adicionales pueden superar los 8 mil 232 pesos por día, especialmente en situaciones relacionadas con alteración arbitraria de precios, incumplimiento de ofertas o publicidad falsa.

La autoridad también puede aplicar medidas precautorias como:

• Suspensión de la comercialización de productos.
• Colocación de sellos de advertencia.
• Retiro de mercancía del mercado.
• Inmovilización de productos o servicios.

Con estas herramientas, Profeco busca evitar afectaciones colectivas y garantizar que los consumidores reciban información clara y veraz al momento de realizar sus compras.

¿Cómo define Profeco el monto de las sanciones?

El tamaño de la multa depende de diversos factores evaluados por la autoridad. Entre ellos destacan:

• El número de consumidores afectados.
• El beneficio económico obtenido por el negocio.
• La reincidencia del infractor.
• La capacidad financiera de la empresa.
• El impacto de la conducta engañosa en el mercado.

La Procuraduría explicó que las sanciones se ajustan según la gravedad del incumplimiento para evitar que las multas sean consideradas únicamente como un costo operativo por parte de las empresas.

Qué pueden hacer los consumidores ante una promoción engañosa

Profeco recordó que los consumidores tienen derecho a denunciar cualquier irregularidad relacionada con promociones falsas o cobros distintos a los anunciados.

En caso de detectar un precio engañoso, la recomendación es reunir evidencias claras, como fotografías de los anuncios, capturas de pantalla y tickets de compra.

Posteriormente, los afectados pueden presentar su caso mediante el correo oficial asesoria@profeco.gob.mx, iniciar un proceso en la plataforma Concilianet o acudir directamente a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana.

La dependencia reiteró que los comercios están obligados a respetar las promociones y precios exhibidos, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en fuertes sanciones económicas y acciones administrativas conforme a la ley vigente.

A cinco días del choque fatal que se cobró la vida de una familia en San Vicente, el conductor, Leandro Panetta, continúa detenido en la Comisaría Primera de ese distrito tras negarse a declarar ante la Justicia. En las últimas horas salió a la luz que la Amarok que conducía al momento del choque registraba 12 multas de tránsito. La mayoría fueron por exceso de velocidad y semáforos en rojo. La deuda total superaría los cuatro millones de pesos.

Según consta en el sistema de infracciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Amarok registra varias infracciones de tránsito en distintos partidos del conurbano: cinco en La Plata, dos en Presidente Perón, dos más en San Isidro y otras dos en Berazategui.

La mayoría de las multas fueron labradas por exceder los límites reglamentarios de velocidad y por no respetar las luces de semáforo o barreras de pasos a nivel. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el vehículo registra una infracción por evadir el pago del peaje en la autopista.

Consultado por Infobae, el abogado del detenido, Miguel Ángel Molina, aseguró que la camioneta no pertence al acusado sino a su padre. Según explicó el letrado, el vehículo también era utilizado por los hermanos de Panetta y era “muy poco común” que su defendido manejara la Amarok.

El choque ocurrió el sábado pasado en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. Las víctimas fatales fueron cinco integrantes de una familia que viajaba en un Peugeot 207: Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Según las primeras investigaciones, la Amarok circulaba a una velocidad muy elevada antes de embestir desde atrás al Peugeot. El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destruido y las cinco víctimas murieron en el acto.

Panetta fue aprehendido en el lugar y luego indagado por el juez Martín Miguel Rizzo, pero se negó a declarar. Está imputado por homicidio culposo agravado, tipificado por conducción temeraria y exceso de velocidad. La Justicia dispuso que continúe detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

Una testigo clave, Micaela Cramer, relató a Infobae que viajaba junto a su familia cuando la Amarok los sobrepasó “a unos 180 km/h” segundos antes del choque. Tras el impacto, la mujer y su pareja descendieron para asistir a las víctimas y describieron una escena estremecedora. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, recordó sobre la reacción de Panetta después del hecho.

La mujer también aseguró que el conductor nunca se acercó al Peugeot para verificar si había sobrevivientes y permaneció sentado sobre el pasto.

Por su parte, el abogado Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, señaló que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”. Sin embargo, la testigo contradijo, en parte, esa versión: “Puede ser que no esté tan iluminada, pero visibilidad había”, sumó.

El Gobierno de la Ciudad de México prepara una reforma que exigirá placas y licencia obligatoria para los scooters eléctricos y otros vehículos de micromovilidad a partir de julio de 2026.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, confirmó que será necesario modificar el Código Fiscal capitalino para incorporar los cobros y trámites referentes al emplacamiento y la expedición de licencias para estos vehículos eléctricos personales, denominados oficialmente VEMEPE.

La mandataria indicó que se buscará la aprobación de la reforma en un periodo extraordinario del Congreso de la CDMX, ya que las nuevas reglas entrarían en vigor el 1 de julio.

Con estas modificaciones, los scooters eléctricos, bicimotos y bicicletas eléctricas de alta velocidad deberán portar placas, tarjeta de circulación y licencia, además de ajustarse a nuevas normas de tránsito.

¿Qué scooters y bicicletas eléctricas tendrán que emplacarse?

Las autoridades capitalinas puntualizaron que la regulación no aplicará para todos los vehículos eléctricos, sino que estará dirigida principalmente a los scooters y bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora o cuyo peso exceda los 35 kilogramos.

Estos vehículos serán clasificados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Entre las nuevas obligaciones se incluye el uso de casco, la obtención de licencia tipo A1 o A2, y la portación de placas otorgadas por la Secretaría de Movilidad.

Quedará prohibido circular por banquetas, carriles confinados para transporte público y vías de acceso controlado donde el límite de velocidad supere los 50 kilómetros por hora.

Los vehículos nuevos vendidos en la capital deberán salir emplacados desde el punto de venta a partir del 1 de julio.

Para los actuales propietarios de scooters o bicimotos eléctricas, se abrirá un periodo de regularización que abarcará del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026.

Posterior a esa fecha, quienes no hayan realizado el trámite podrán ser sujetos a sanciones económicas y administrativas.

CDMX busca cerrar vacíos legales y reducir accidentes

La regulación se integra a una estrategia más amplia para ordenar la micromovilidad en la ciudad.

Desde 2025, el Congreso local analiza reformas para cerrar vacíos legales en torno a scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos, ante el crecimiento acelerado de estos vehículos en la metrópoli.

Autoridades capitalinas señalaron que las ventas de scooters y vehículos eléctricos personales aumentaron exponencialmente en los últimos años, lo que derivó en un incremento de accidentes y conflictos viales.

El gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y homologar parte de la normativa vigente para las motocicletas.

La Secretaría de Movilidad anticipó campañas de socialización para informar a los usuarios sobre las nuevas obligaciones antes de comenzar con la aplicación de multas en septiembre.

El gobierno capitalino sostiene que la medida no busca una mayor recaudación, sino regular una modalidad de transporte que ya representa parte fundamental de la movilidad cotidiana de miles de personas en la CDMX.