El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara una revisión del sistema de multas de tránsito y transporte con el propósito de establecer sanciones acordes con la gravedad de cada conducta. La propuesta parte de una evaluación técnica que busca aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los montos establecidos para las infracciones.

La medida se vincula con el régimen temporal de reducción de multas dispuesto mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC. Esta norma permite reducir en 90 % determinadas sanciones, por lo que los conductores y transportistas comprendidos en sus alcances pueden cancelar el 10 % del monto original.

Arturo Ruiz Facundo, director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, explicó a la Agencia Andina que el periodo de reducción permitirá al sector revisar los valores actuales y plantear una nueva metodología para definir las sanciones. El funcionario señaló que el análisis considerará cada conducta de manera individual.

La propuesta también contempla una revisión de las infracciones que reciben un tratamiento similar por su clasificación. El objetivo del ministerio es establecer montos que guarden relación con la conducta cometida y que cumplan una función correctiva, en lugar de priorizar la recaudación.

MTC prepara una metodología para definir nuevas sanciones

Ruiz Facundo indicó que el ministerio trabaja en una metodología destinada a determinar el valor correspondiente a cada infracción. El análisis tomará en cuenta las características de cada conducta para evitar que todas las faltas consideradas graves reciban de forma automática una misma sanción económica.

El funcionario señaló que existen multas de S/ 5.000, S/ 10.000 y S/ 20.000 que no consiguieron modificar la conducta de los infractores. Frente a este escenario, el MTC plantea revisar los criterios utilizados para establecer los montos.

“Queremos analizar cada conducta y sobre la base de ello, determinar cuánto le corresponde a cada una”, declaró Ruiz Facundo a Andina.

El proceso tendrá como referencia los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De acuerdo con el director, la finalidad será que las sanciones permitan corregir conductas y mejorar el cumplimiento de las normas.

Reducción del 90 % tendrá plazos distintos

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC establece una reducción de 90 % para las multas comprendidas dentro de sus alcances. Los beneficiarios podrán pagar el 10 % de la sanción correspondiente.

El plazo para las infracciones vinculadas con el Reglamento Nacional de Tránsito es de 90 días. En el caso de las normas relacionadas con transporte, el periodo llega a 180 días.

Ruiz Facundo precisó que estos plazos también permitirán al MTC realizar la evaluación técnica necesaria para la futura modificación de los valores. Una vez concluido el periodo correspondiente a tránsito, el ministerio prevé contar con una evaluación sobre las sanciones que figurarían en el Reglamento Nacional de Tránsito.

El régimen comprende a conductores particulares y prestadores del servicio de transporte. También incluye determinados casos en los que existen procedimientos sancionadores pendientes o procesos en etapa de ejecución coactiva.

Para acceder al beneficio, el administrado debe realizar el pago correspondiente ante la entidad responsable del procedimiento. Si existe una impugnación en trámite, primero debe presentar el desistimiento respectivo.

Ruiz Facundo explicó que, con el pago del 10 % de la multa, el procedimiento administrativo sancionador puede concluir. La disposición también alcanza los casos que se encuentren en ejecución coactiva, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Infracciones graves quedan fuera de la reducción

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC excluye determinadas infracciones por su gravedad. Entre ellas figuran conducir en estado de ebriedad y participar en un accidente, conducir sin licencia o hacerlo con una licencia retenida, suspendida o inhabilitada.

También quedan fuera ciertos casos de exceso de velocidad superiores en 30 kilómetros por hora al límite establecido. La exclusión comprende, además, infracciones relacionadas con la falta de certificado de inspección técnica vehicular, ausencia del SOAT y determinadas conductas vinculadas con accidentes.

En el sector transporte, el beneficio tampoco comprende conductas asociadas con la informalidad, agresiones contra inspectores durante labores de control ni la operación de infraestructura complementaria sin certificado de habilitación técnica.

El director de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC confirmó que los vehículos dedicados al transporte informal tampoco pueden acceder al descuento del 90 %.

La precisión alcanza a los colectivos que operan bajo esa modalidad. Ruiz Facundo señaló que las conductas relacionadas con la informalidad están expresamente fuera del régimen establecido por el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC.

El pago no suma puntos durante el régimen

Para las multas de tránsito comprendidas en el beneficio, el pago durante el periodo establecido no genera acumulación de puntos en la licencia de conducir. Tampoco produce efectos por reincidencia, según precisó el funcionario del MTC.

Esta disposición se aplica durante la vigencia del régimen correspondiente a tránsito, cuyo plazo es de 90 días. Ruiz Facundo aclaró que se trata de una medida temporal vinculada con el proceso de revisión del sistema de sanciones.

MTC prevé mesas de trabajo y recepción de aportes

El ministerio prevé elaborar un proyecto a partir de la evaluación técnica y luego desarrollar mesas de trabajo. Ruiz Facundo indicó que también existen canales abiertos para recibir aportes de conductores, transportistas y otros actores vinculados con el sector.

El funcionario señaló que el proceso busca recoger experiencias y aportes antes de definir los nuevos criterios para las sanciones. La propuesta deberá determinar los valores correspondientes a cada conducta a partir de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Según explicó Ruiz Facundo a Andina, el MTC todavía trabaja en la metodología y no definió nuevos montos para las infracciones. La evaluación deberá establecer de forma diferenciada la sanción que corresponde a cada conducta.

El régimen excepcional aprobado por el Gobierno para reducir el monto de determinadas multas de tránsito y transporte terrestre contempla una lista específica de infracciones que no podrán acceder al beneficio. La medida permite una reducción de hasta el 90 % para las sanciones comprendidas dentro de sus alcances, pero establece límites para conductas consideradas de mayor gravedad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que las exclusiones abarcan infracciones vinculadas con la informalidad en el transporte, agresiones contra inspectores, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, falta de licencia, incumplimiento de condiciones básicas de seguridad y accidentes con consecuencias personales graves.

La disposición forma parte del régimen excepcional establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026. Su aplicación contempla distintos plazos según el tipo de multa, pero no permite que las infracciones excluidas ingresen al esquema de reducción, incluso si se encuentran pendientes de pago o dentro de un procedimiento administrativo.

Entre las sanciones que quedan fuera aparecen códigos de la Sutran y del Reglamento Nacional de Tránsito. La relación incluye las infracciones F1, F7, T3, M1, M2, M3, M4, M20 c, M27, M28, M37, M38 y M39, cada una asociada con conductas específicas que impiden acceder al régimen excepcional.

Infracciones de transporte que no acceden al beneficio

La infracción F1 corresponde a la prestación del servicio de transporte terrestre sin contar con autorización oficial. Se trata de una falta vinculada con la operación del servicio sin el permiso requerido.

La infracción F7 queda excluida por involucrar una conducta contra la integridad física de un inspector durante una labor de fiscalización del transporte. Por tanto, las sanciones originadas por este tipo de hecho no ingresan al esquema de reducción.

También se encuentra fuera del régimen la infracción T3, relacionada con la operación de una infraestructura complementaria sin el certificado de habilitación técnica correspondiente.

Estas tres infracciones se relacionan con el funcionamiento irregular de servicios o instalaciones de transporte y con una conducta que afecta el desarrollo de las labores de fiscalización.

Multas por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas

Dentro de las infracciones de tránsito excluidas figura la M1, considerada la infracción de tránsito más grave. Esta sanción corresponde a la conducción con presencia de alcohol por encima de los límites legales o bajo los efectos de drogas, así como a la negativa a realizar el examen respectivo. También contempla la participación en un accidente de tránsito bajo las condiciones previstas para esta infracción.

La M2 también permanece fuera del régimen. Esta sanción se aplica por conducir con presencia de alcohol en la sangre en una proporción superior a la prevista por el Código Penal o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos o alucinógenos, cuando esta situación sea comprobada mediante el examen correspondiente o exista negativa a realizarlo.

Por estas infracciones, el régimen excepcional no permite aplicar la reducción del 90 % prevista para las multas comprendidas en la medida.

Falta de licencia y restricciones para conducir

La lista también incorpora sanciones relacionadas con la autorización para conducir. La M3 corresponde a manejar un vehículo automotor sin contar con licencia de conducir o permiso provisional.

La M4, por su parte, se aplica cuando una persona conduce pese a tener la licencia retenida o suspendida, o cuando se encuentra inhabilitada para obtener una licencia de conducir.

Exceso de velocidad y falta de inspección técnica

La M20 c también forma parte de las sanciones excluidas. Esta infracción corresponde al incumplimiento del límite máximo o mínimo de velocidad en los supuestos establecidos por la normativa, específicamente cuando se supera el límite máximo permitido en más de 30 kilómetros por hora.

Otra infracción excluida es la M27, vinculada con la conducción de un vehículo que no cuenta con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. La propia descripción de la infracción establece que esta no aplica a los vehículos L5 de la clasificación vehicular.

La M28 completa este grupo. La sanción corresponde a conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o con el Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o cuando dichos documentos no se encuentren vigentes.

Accidentes con daños personales y consecuencias graves

El régimen tampoco contempla las multas vinculadas con accidentes de tránsito que provoquen daños personales. La M37 sanciona a quien conduce y ocasiona un accidente con daños personales mientras incumple las normas de tránsito previstas en el reglamento.

La M38 corresponde a una situación similar, pero relacionada con la conducción de un vehículo destinado al servicio de transporte público. En este caso, la exclusión se aplica cuando el accidente produce daños personales y existe incumplimiento de las normas de tránsito.

Finalmente, la M39 comprende la conducción y ocasionamiento de un accidente con lesiones graves o muerte, cuando el hecho se produce con inobservancia de las normas de tránsito establecidas en el reglamento.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estas infracciones vinculadas con accidentes, conducción bajo efectos del alcohol o drogas, informalidad y agresiones contra inspectores forman parte del grupo que no puede acceder al régimen excepcional.

Lista completa

• F1: La infracción F1 de la Sutran es una falta grave que se aplica por prestar el servicio de transporte terrestre sin tener la autorización oficial
• F7: La infracción F.7 de la Sutran corresponde a atentar contra la integridad física del inspector durante la labor de fiscalización de transporte.
• T3: La infracción T3 de la Sutran sanciona por operar una infraestructura complementaria sin contar con el certificado de habilitación técnica.
• M1: La papeleta M1 es la infracción de tránsito más grave. Se aplica por conducir con presencia de alcohol por encima de los límites legales o bajo los efectos de drogas, negarse al examen respectivo, y haber participado en un accidente de tránsito.
• M2: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo.
• M3: Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional.
• M4: Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir.
• M20 c: No respetar el límite máximo o minino de velocidad establecido, de acuerdo a los siguientes supuestos: Superar el límite máximo establecido en más de 30 km/h adicionales.
• M27: Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular.
• M28: Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente.
• M37: Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento.
• M38: Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el presente Reglamento.
• M39: Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento.

Las celebraciones dentro de propiedades residenciales suelen ser motivo de disputas entre vecinos, especialmente cuando el nivel de ruido interfiere con los horarios de descanso.

En Colombia, estas situaciones están contempladas dentro del marco legal del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece reglas específicas sobre la generación de sonidos que puedan perturbar la tranquilidad.

El artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 dispone que es un comportamiento contrario a la convivencia “producir ruidos que afecten la tranquilidad de las personas, especialmente en horas de la noche. Esto incluye música a alto volumen, fiestas, actividades comerciales o domésticas que generen un nivel de ruido superior al permitido”.

Este tipo de disposiciones aplican tanto para viviendas ubicadas en propiedad horizontal —como conjuntos cerrados o edificios— como para otros entornos urbanos. En estos espacios, además del Código de Policía, también se deben respetar los reglamentos internos adoptados por cada copropiedad.

Dichos documentos suelen especificar los horarios permitidos para realizar mudanzas, trabajos de remodelación, eventos sociales o ensayos musicales.

De igual manera, las restricciones sobre el ruido también se encuentran reguladas por normas ambientales. La Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, establece los niveles máximos de emisión sonora que deben respetarse en diferentes zonas del país, dependiendo de si son residenciales, comerciales o industriales.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias tanto a nivel policial como dentro de la misma comunidad. Cuando un residente considera que el ruido sobrepasa los límites establecidos, tiene la posibilidad de presentar una queja ante la administración del conjunto o directamente a la Policía Nacional. Esta última está facultada para acudir al lugar y verificar si hay infracción.

En caso de constatarse una alteración de la tranquilidad, el artículo 33 permite imponer medidas correctivas que van desde una advertencia verbal hasta sanciones económicas. Una de las más comunes es la multa tipo 2, que para el año 2025 supera los $300.000 pesos colombianos.

Estas multas pueden aumentar si la conducta se repite en el tiempo. En ciertos casos, si no se toman medidas para disminuir el ruido, las autoridades pueden ordenar la suspensión temporal de la actividad que lo genera. Además, en propiedades horizontales, la administración puede aplicar sanciones internas según lo estipulado en el reglamento, que puede incluir llamados de atención formales, restricciones de uso de zonas comunes o cobros adicionales.

Las alcaldías locales y la Policía también realizan jornadas de medición de ruido en diferentes sectores, especialmente en aquellos donde se han recibido múltiples reportes. Estos operativos buscan verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir alteraciones al orden público.

Cabe resaltar que el nivel de sanción no está determinado únicamente por la intensidad del ruido, sino también por el momento en que se produce. Por ejemplo, una reunión con música elevada durante la semana a las 11:00 p.m. suele tener más probabilidades de ser objeto de queja que un encuentro en horario diurno durante el fin de semana.

Los horarios que normalmente se consideran como franja de descanso nocturno van desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., aunque pueden variar según el reglamento de cada conjunto residencial. Por esta razón, los residentes deben consultar las normas internas de su copropiedad y también revisar la legislación vigente a nivel local para evitar sanciones.

El uso de equipos de sonido, instrumentos musicales, sistemas de karaoke o incluso electrodomésticos con altos niveles de emisión sonora debe ser regulado de acuerdo con los límites legales y comunitarios. Las actividades comerciales desarrolladas dentro de viviendas —como talleres o clases de música— también están sujetas a estas normas si generan incomodidad entre los vecinos.

Por lo tanto, antes de planear una fiesta o cualquier tipo de evento en una propiedad residencial, es importante tener en cuenta la normativa nacional y local, así como las reglas particulares de convivencia que rigen cada edificio o conjunto. Estas disposiciones buscan garantizar un equilibrio entre el derecho al esparcimiento y el respeto por el descanso de los demás habitantes.

Los conductores que circulan por las calles y carreteras del Perú deben cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detecta una infracción, puede imponer la correspondiente papeleta, cuya sanción y procedimiento se encuentran regulados por el cuadro oficial de tipificaciones del RNT.

Las infracciones se identifican mediante códigos que empiezan con las letras M, G o L, según su gravedad: Muy Graves, Graves y Leves. El monto de la multa se determina principalmente como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

Para 2026, el valor de la UIT es de S/5.500, por lo que una infracción grave equivalente al 8% de la UIT representa S/440. Las infracciones leves tienen, en general, una multa equivalente al 4% de la UIT, aunque existen códigos con porcentajes específicos.

La tabla oficial de infracciones del SAT de Lima recoge el cuadro del Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias. También puede consultarse la tabla actualizada publicada por el SAT en Gob.pe.

Infracciones Muy Graves (M) según la Policía Nacional de Tránsito

Las infracciones calificadas como Muy Graves son las que pueden generar las sanciones más severas, incluyendo multas elevadas, retención o internamiento del vehículo, suspensión o cancelación de la licencia y una importante cantidad de puntos.

Con una UIT de S/5.500, los principales montos vigentes son los siguientes:

• M01 – S/5.500: conducir con presencia de alcohol por encima de lo previsto en el Código Penal, bajo efectos de drogas o negarse al examen correspondiente cuando se haya participado en un accidente. Puede generar cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva.
• M02 – S/2.750: conducir con presencia de alcohol o bajo efectos de estupefacientes, narcóticos o alucinógenos, o negarse al examen. Genera suspensión de la licencia por tres años.
• M03 – S/2.750: conducir un vehículo sin tener licencia de conducir o permiso provisional.
• M04 – S/5.500: conducir con licencia retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia.
• M05 – S/2.750: conducir un vehículo con una licencia cuya clase o categoría no corresponde al vehículo.
• M06 – S/1.320: estacionar en curvas, puentes, túneles, zonas estrechas, pasos a nivel, pasos a desnivel, pendientes o cruces ferroviarios.
• M07 – S/1.320: participar en competencias de velocidad no autorizadas.
• M08 – S/1.320: permitir que un menor de edad conduzca un vehículo sin autorización o permiso provisional.
• M09 – S/1.320: conducir un vehículo con sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado, previa inspección.
• M10 – S/660: abastecer de combustible a un vehículo de transporte público de pasajeros cuando haya personas a bordo.
• M11 – S/660: conducir determinados vehículos sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda.
• M12 – S/660: no detenerse ante un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que recoge o deja escolares.
• M13 – S/660: conducir con neumáticos cuya banda de rodadura presente un desgaste inferior al permitido.
• M14 – S/660: no detenerse ante un cruce ferroviario a nivel o cruzar por lugares distintos a los autorizados.
• M15 – S/660: circular produciendo contaminación por encima de los límites máximos permisibles de emisiones.
• M16 – S/660: circular en sentido contrario al tránsito autorizado.
• M17 – S/660: cruzar una intersección o girar con el semáforo en luz roja, cuando no exista indicación contraria.
• M18 – S/660: desobedecer las indicaciones sobre tránsito impartidas por el efectivo de la PNP asignado al control del tránsito.
• M19 – S/660: conducir sin cumplir las restricciones consignadas en la licencia de conducir.
• M20a – S/990: superar el límite máximo de velocidad hasta en 10 km/h adicionales.
• M20b – S/1.320: superar el límite máximo entre más de 10 y hasta 30 km/h adicionales.
• M20c – S/2.750: superar el límite máximo en más de 30 km/h adicionales.
• M20d – S/990: no respetar el límite mínimo de velocidad establecido.
• M21 – S/660: estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito.
• M22 – S/660: detenerse para cargar o descargar mercancías en lugares que representen peligro, obstáculo o interrumpan la circulación.
• M23 – S/660: estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación de carreteras o caminos donde existe berma lateral.
• M24 – S/660: circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente.
• M25 – S/660: no dar preferencia de paso a vehículos de emergencia u oficiales cuando utilizan señales audibles y visibles.
• M26 – S/660: conducir un vehículo especial que no cumpla las exigencias reglamentarias sin autorización.
• M27 – S/2.750: conducir un vehículo sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular, con la excepción establecida para vehículos L5.
• M28 – S/660: conducir sin contar con SOAT o Certificado contra Accidentes de Tránsito vigente, cuando corresponda.
• M29 – S/660: deteriorar, adulterar, destruir o sustraer placas de exhibición, rotativas o transitorias.
• M30 – S/660: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera del plazo, horario o ruta autorizada, o cuando hayan caducado o sido invalidadas.
• M31 – S/660: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias en vehículos a los que no fueron asignadas.
• M33 – S/660: circular, conducir u operar máquinas amarillas o verdes por vías públicas terrestres.
• M34 – S/660: circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles.
• M35 – S/660: realizar un giro en U en lugares prohibidos, como curvas, puentes, pasos a desnivel, vías expresas, túneles o cruces ferroviarios.
• M36 – S/660: transportar carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos.
• M37: conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales incumpliendo las normas del RNT. La sanción contempla suspensión de la licencia por un año, además de medidas sobre el vehículo.
• M38: conducir un vehículo de transporte público y ocasionar un accidente con daños personales incumpliendo las normas de tránsito. Puede generar suspensión de la licencia por tres años.
• M39: ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte incumpliendo las normas. La sanción contempla cancelación e inhabilitación definitiva para obtener licencia.
• M40 – 5% de la UIT (S/275 como referencia): conducir un vehículo con la licencia vencida.
• M41a – 150% de la UIT (S/8.250): circular, interrumpir o impedir el tránsito durante situaciones de desastre natural o emergencia incumpliendo las restricciones establecidas por la autoridad.
• M41b1 – 12% de la UIT (S/660): incumplir por primera vez una prohibición o restricción de circulación establecida durante un estado de emergencia por orden interno.
• M41b2 – 24% de la UIT (S/1.320): reincidir en la infracción relacionada con las restricciones de circulación durante un estado de emergencia.
• M42 – 5% de la UIT (S/275): conducir un vehículo de categoría L5 sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular.
• M43 – 12% de la UIT (S/660): no respetar el derecho preferente de paso de ciclistas o conductores de vehículos de movilidad personal.
• M44 – 12% de la UIT (S/660): obstruir una ciclovía.
• M45 – 12% de la UIT (S/660): circular por rutas que no forman parte de caminos, vías urbanas o del Sistema Nacional de Carreteras para evadir el pago del peaje.
• M46 – 12% de la UIT (S/660): realizar maniobras que generen daños materiales a infraestructura o garitas de pago de peaje.

El cuadro oficial del SAT establece los porcentajes de la UIT, sanciones y puntos correspondientes a estas infracciones.

Infracciones Graves (G) y Leves (L) detectadas por la PNP

Las infracciones Graves están identificadas con la letra G y, en términos generales, tienen una multa equivalente al 8% de la UIT, es decir, S/440 en 2026. Las infracciones Leves llevan la letra L y generalmente representan el 4% de la UIT, aunque existen excepciones.

Infracciones Graves

• G01 – S/440: adelantar o sobrepasar indebidamente a otro vehículo.
• G02 – S/440: no realizar señales o tomar precauciones al girar, hacer U, cambiar de carril o detenerse.
• G03 – S/440: detener bruscamente el vehículo sin motivo.
• G04 – S/440: no respetar la línea de parada o el derecho de paso de peatones, ciclistas o usuarios de VMP.
• G05 – S/440: no mantener una distancia suficiente y prudente respecto de otro vehículo.
• G06 – S/440: no ubicarse con anticipación en el carril correspondiente para girar o voltear.
• G07 – S/440: no utilizar el carril extremo derecho cuando corresponda por el tipo de vehículo o servicio.
• G08 – S/440: no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga.
• G09 – S/440: retroceder salvo en los casos permitidos.
• G10 – S/440: incumplir las disposiciones para vías de tránsito rápido o acceso restringido.
• G11 – S/440: circular, estacionar o detenerse en islas, separadores, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales o rampas, entre otros lugares prohibidos.
• G12 – S/440: girar con luz roja y flecha verde sin respetar el derecho preferente de los peatones.
• G13 – S/440: transportar más personas que el número de asientos permitido o pasajeros de pie en determinados vehículos.
• G14 – S/440: mantener abierta la puerta, capot o maletera mientras el vehículo está en marcha.
• G15 – S/440: no utilizar luces de emergencia o dispositivos de seguridad cuando el vehículo queda inmovilizado.
• G16 – S/440: circular por una vía donde no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendios.
• G17 – S/440: utilizar lunas o vidrios polarizados sin la autorización correspondiente cuando impidan la visibilidad del interior.
• G18a – S/440: conducir sin mantener ambas manos sobre el volante, salvo las excepciones reglamentarias.
• G18b – S/440: utilizar un dispositivo móvil u objeto portátil mientras se conduce de forma que se deje de utilizar ambas manos.
• G19 – S/440: circular con vidrios de seguridad o parabrisas deteriorados o con elementos que obstaculicen la visibilidad.
• G20 – S/440: conducir sin las luces o dispositivos retrorreflectivos exigidos.
• G21 – S/440: conducir sin espejos retrovisores.
• G22 – S/440: conducir bajo lluvia o llovizna sin limpiaparabrisas operativo.
• G23 – S/440: transportar pasajeros de pie en determinados vehículos de transporte público cuya altura interior no supera 1,80 metros.
• G24 – S/440: conducir con el motor en punto neutro o apagado.
• G25 – S/440: no portar el certificado SOAT físico cuando corresponda, el CAT o portar uno que no corresponda al uso del vehículo.
• G26 – S/440: conducir determinados vehículos con la salida del tubo de escape orientada hacia la acera.
• G27 – S/440: transportar carga o pasajeros que obstruyan la visibilidad de los espejos laterales.
• G28 – S/440: no utilizar cinturón de seguridad cuando sea obligatorio.
• G29 – S/440: circular en forma desordenada o realizar maniobras peligrosas.
• G30 – S/440: transportar personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte de su cuerpo.
• G31a – S/440: circular sin las luces reglamentarias en condiciones de poca visibilidad o no utilizar luces bajas durante las 24 horas en las vías donde corresponde.
• G31b – S/440: circular en zonas señalizadas como “Zona de neblina” sin las luces intermitentes de emergencia cuando sean obligatorias.
• G32 – S/440: circular por una ciclovía.
• G33 – S/440: transportar cargas que excedan las dimensiones permitidas o materiales sin las medidas de seguridad para evitar su caída.
• G34 – S/440: remolcar vehículos sin las medidas de seguridad correspondientes.
• G35 – S/440: utilizar luces altas en vías urbanas o hacer un uso inadecuado de las luces.
• G36 – S/440: compartir el asiento del conductor con otra persona, animal u objeto.
• G37 – S/440: no reducir la velocidad ante túneles, puentes, intersecciones, curvas, calles congestionadas, condiciones climáticas adversas u otros peligros.
• G38 – S/440: circular lentamente por el carril izquierdo generando congestión o riesgo, o rápidamente por el derecho.
• G39 – S/440: aumentar la velocidad cuando otro vehículo intenta adelantarlo.
• G40 – S/440: estacionar en zonas prohibidas o rígidas señalizadas o sin las medidas de seguridad correspondientes en una emergencia.
• G41 – S/440: estacionar o detenerse sobre una intersección o crucero peatonal.
• G42 – S/440: estacionar frente a entradas o salidas de garajes, estacionamientos, vías privadas o determinados locales.
• G43 – S/440: estacionar a menos de cinco metros de bocacalles, hospitales, centros médicos, bomberos o hidrantes, salvo excepciones.
• G44 – S/440: estacionar a menos de tres metros de las puertas de establecimientos educativos, teatros, iglesias y hoteles.
• G45 – S/440: estacionar a menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel.
• G46 – S/440: estacionar en zonas no permitidas a menos de 10 metros de un cruce peatonal o paradero, o en el espacio destinado a la parada del bus.
• G47 – S/440: estacionar afectando el transporte público, la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito.
• G48 – S/440: estacionar determinados vehículos pesados en vías públicas urbanas fuera de lugares autorizados.
• G49 – S/440: estacionar vehículos M, N u O a menos de un metro de otro vehículo estacionado, salvo las excepciones reglamentarias.
• G50 – S/440: estacionar en terminales o estaciones de ruta fuera de los lugares autorizados.
• G51 – S/440: estacionar de noche o en condiciones de escasa visibilidad sin mantener las luces de estacionamiento encendidas.
• G52 – S/440: estacionar en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar la inmovilización.
• G53 – S/440: desplazar o empujar un vehículo correctamente estacionado para ampliar un espacio.
• G54 – S/440: abandonar el vehículo en la vía pública.
• G55 – S/440: utilizar la vía pública para efectuar reparaciones, salvo emergencia.
• G56 – S/440: recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos autorizados cuando existan.
• G57 – S/440: no respetar señales de tránsito cuyo incumplimiento no esté tipificado en otra infracción.
• G58 – S/440: no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia física cuando corresponda o documento de identidad.
• G59 – S/440: conducir motocicletas y otros vehículos de categoría L sin casco o elementos de protección exigidos.
• G60 – S/440: circular con placas ilegibles, sin iluminación o con elementos que impidan su lectura.
• G61 – S/440: no llevar las placas de rodaje en el lugar correspondiente.
• G62 – S/440: no devolver placas de exhibición, rotativas o transitorias dentro de los plazos establecidos.
• G63 – S/440: utilizar señales audibles o visibles similares a las de vehículos de emergencia u oficiales.
• G64 – S/440: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas hayan sido modificadas afectando la seguridad o no coincidan con la Tarjeta de Identificación Vehicular.
• G65 – S/440: no ceder el paso a vehículos que tienen preferencia.
• G66 – S/440: seguir a vehículos de emergencia u oficiales para avanzar más rápidamente.
• G70 – S/440: detenerse sobre la demarcación de la señal “No bloquear cruce”.
• G71 – S/440: circular por vías con infraestructura de peaje sin pagar la tarifa correspondiente.
• G72a – S/440: utilizar mientras se conduce un dispositivo electrónico que reproduzca imágenes o videos con fines de entretenimiento visual.
• G72b – S/440: utilizar dispositivos electrónicos permitidos que obstaculicen la visibilidad del conductor o las señales del tablero.
• G73 – S/440: adelantar o sobrepasar a bicicletas, ciclos o VMP incumpliendo la obligación de realizar la maniobra por el carril izquierdo.
• G74 – S/440: abrir o dejar abierta la puerta o capot dificultando la circulación de bicicletas, ciclos o VMP.

El cuadro oficial consultado confirma que las infracciones G vigentes tienen, en general, una multa equivalente al 8% de la UIT, que en 2026 representa S/440.

Infracciones Leves

• L01 – S/220: dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos.
• L02 – S/275: estacionar en zonas destinadas a vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad.
• L04 – S/220: abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado dificultando la circulación.
• L05 – S/220: utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en una dirección no permitida.
• L06 – S/220: arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación.
• L07 – S/220: utilizar la bocina innecesariamente para llamar la atención.
• L08 – S/220: utilizar bocinas de descarga de aire comprimido en zonas urbanas.

El código L03 no figura en el cuadro vigente consultado, por lo que no debe agregarse como infracción activa.

¿Qué nuevas multas de tránsito se incorporarán en 2026?

El Decreto Supremo N.° 011-2026-MTC modificó el Reglamento Nacional de Tránsito e incorporó los códigos M47, M48, M49, M50, G75 y G76. Sin embargo, esta modificación todavía no está vigente al 25 de agosto de 2026, debido a que la norma estableció un periodo de 120 días hábiles desde el día siguiente de su publicación.

Entre las nuevas conductas figuran:

• M47: circular con placas adulteradas, ilegibles o con elementos que impidan su lectura mediante medios tecnológicos.
• M48: conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas hayan sido modificadas afectando la seguridad.
• M49: no respetar la señal de altura máxima permitida.
• M50: incumplir la señal de altura máxima y provocar daños a la infraestructura o interrupciones del tránsito.
• G75: deteriorar, adulterar, destruir o sustraer placas de exhibición, rotativas o transitorias.
• G76: utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera de los horarios o rutas establecidos.

Estas modificaciones deberán ser incorporadas en una actualización posterior de la tabla cuando entre en vigor el decreto.

Descuentos y pronto pago en papeletas de la Policía Nacional del Perú

Una de las principales dudas de los conductores es cuánto pueden ahorrar si pagan rápidamente una papeleta.

El Reglamento Nacional de Tránsito contempla un descuento de 83% cuando el pago se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición o notificación de la infracción.

Existe un segundo periodo en el que el descuento es de 67%, desde el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la resolución de sanción.

Sin embargo, no todas las infracciones tienen derecho a descuento. El SAT establece excepciones para códigos como M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31, M32 y M42.

Por ello, antes de realizar un pago es recomendable verificar el código exacto de la papeleta y el monto que figura en el sistema de la entidad encargada de la cobranza.

Cómo consultar si tienes papeletas impuestas por la PNP

La PNP impone la papeleta, pero la consulta y cobranza dependen de la autoridad competente. En Lima, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) administra las infracciones de tránsito correspondientes a la jurisdicción.

Puedes revisar el estado de un expediente de tránsito en el Buscador de expedientes del SAT. La búsqueda puede realizarse con datos como número de papeleta, expediente o placa.

Para otras jurisdicciones existen sistemas de las respectivas municipalidades provinciales. En el caso de infracciones fiscalizadas por la SUTRAN, también existe una plataforma para verificar documentos de infracción y conocer el monto correspondiente.

Esto es importante porque no todas las papeletas impuestas por la PNP se consultan en el SAT de Lima. El ciudadano debe identificar primero qué autoridad es responsable de la cobranza y del procedimiento administrativo en su jurisdicción.

Procedimiento para impugnar una papeleta injusta ante la Policía Nacional

Si consideras que una papeleta fue impuesta de manera incorrecta, no significa que debas pagarla inmediatamente. El conductor tiene derecho a presentar un descargo ante la autoridad administrativa competente.

En Lima, el SAT señala que el descargo debe presentarse dentro de los cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición o notificación de la papeleta.

El escrito debe identificar al administrado, indicar el número de papeleta, expresar claramente lo que se solicita, señalar los fundamentos y adjuntar los documentos que respalden la posición del conductor.

Entre los elementos que pueden ser útiles como sustento están:

• Fotografías o videos que demuestren las condiciones del lugar.
• Documentos que acrediten que el vehículo cumplía con los requisitos exigidos.
• Pruebas que permitan demostrar un error en la identificación del vehículo o conductor.
• Documentos que acrediten circunstancias relevantes para el caso.
• Cualquier otro elemento que permita cuestionar objetivamente la imputación.

El SAT señala que, después del descargo, analiza los hechos y puede determinar la existencia de la infracción o declarar que esta no corresponde. Si el administrado recibe una resolución desfavorable, puede presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución final, de acuerdo con la información publicada por el propio SAT.

En el caso de las infracciones fiscalizadas por la SUTRAN, el procedimiento también contempla la posibilidad de presentar descargos. La entidad informa que estos deben formularse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, dentro de la fase instructora del procedimiento sancionador.

Por ello, si un conductor considera que una papeleta de tránsito de la PNP es injusta, lo más importante es no dejar vencer los plazos y presentar el descargo ante la entidad que administra el procedimiento, acompañado de las pruebas correspondientes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció un régimen excepcional que permite reducir en 90 % determinadas multas por infracciones de transporte y tránsito terrestre. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y contempla condiciones específicas según el tipo de infracción y la situación administrativa de cada multa.

La disposición alcanza a infracciones vinculadas con el transporte público y privado, además de aquellas relacionadas con el tránsito terrestre. El beneficio tiene carácter voluntario y busca facilitar el pago de obligaciones pendientes dentro de los periodos definidos por la norma.

El régimen establece dos plazos de vigencia. Para las multas por infracciones de tránsito, el periodo es de 90 días calendario, mientras que para las infracciones de transporte el plazo llega a 180 días calendario. La medida comprende distintos estados de las multas, incluidos procedimientos administrativos y procesos de ejecución coactiva.

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC también determina qué infracciones quedan fuera del beneficio y fija disposiciones para los casos con pagos parciales o recursos administrativos pendientes. Además, ordena modificaciones posteriores en las tablas de infracciones y sanciones bajo competencia del MTC y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Reducción del 90 % y plazos establecidos

Según el decreto publicado por el MTC, la reducción alcanza el 90 % de las multas impuestas por infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Reglamento Nacional de Tránsito, las normas de los servicios públicos de transporte bajo competencia de la ATU y las ordenanzas de las municipalidades provinciales.

El periodo para acceder al beneficio depende de la naturaleza de la infracción. Las multas correspondientes a infracciones de tránsito cuentan con una vigencia de 90 días calendario, mientras que las multas por infracciones de transporte disponen de un plazo de 180 días calendario.

La medida también comprende multas pendientes de inicio del procedimiento administrativo sancionador, aquellas que se encuentren en trámite, las que tengan carácter firme, las impugnadas y las que estén en ejecución coactiva. También se incluyen las multas impuestas durante el periodo de vigencia del régimen.

Cómo se aplica el beneficio a las multas pendientes

El acogimiento al régimen se realiza mediante el pago del monto de la multa con la reducción correspondiente. Una vez efectuado el pago, la autoridad competente dispone la conclusión y el archivo del procedimiento administrativo sancionador o de ejecución coactiva, según corresponda.

La norma precisa que el archivo incluye las costas y los gastos derivados del procedimiento de cobranza coactiva cuando corresponda. Además, las multas canceladas bajo este régimen no generan ni mantienen efectos de acumulación de puntos en la licencia de conducir.

El decreto también establece que estas multas no serán computables para determinar reincidencia o habitualidad. De esta manera, el beneficio no solo modifica el monto pendiente de pago, sino también los efectos administrativos asociados a las sanciones canceladas dentro del régimen excepcional.

Casos con ejecución coactiva o recursos administrativos

Para las multas que se encuentren en ejecución coactiva y cuenten con pagos parciales, la reducción del 90 % se aplica sobre el saldo pendiente. Esta condición permite calcular el beneficio a partir de la deuda que todavía permanezca por cancelar.

La norma también contempla los casos en los que el administrado presentó un recurso administrativo contra la resolución de sanción. En esas situaciones, debe presentar el desistimiento correspondiente para acceder al régimen.

Si existe un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, el administrado debe presentar una copia simple del cargo de la solicitud de desistimiento del proceso y de la pretensión. El documento debe permitir identificar el número del expediente judicial correspondiente.

Infracciones que quedan fuera de la reducción

El beneficio no comprende todas las sanciones de transporte y tránsito. El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC excluye infracciones específicas contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Entre las exclusiones figuran determinadas infracciones vinculadas con conductas de especial gravedad, además de las relacionadas con informalidad, agresión a inspectores y accidentes de tránsito dentro de las normas correspondientes a la ATU y las ordenanzas de las municipalidades provinciales.

En el Reglamento Nacional de Administración de Transporte quedan fuera las infracciones identificadas con los códigos F.1, F.7 y T.3. En el Reglamento Nacional de Tránsito se excluyen las infracciones con los códigos M.1, M.2, M.3, M.4, M.20.C, M.27, M.28, M.37, M.38 y M.39.

Aplicación frente a otros programas de beneficios

El decreto también regula la situación de quienes ya formen parte de otro régimen de regularización o programa de beneficios vigente al momento de su entrada en vigencia. En esos casos, el administrado puede acogerse al régimen que resulte más favorable respecto de las condiciones de reducción.

La elección debe realizarse para cada multa comprendida. La norma precisa que no es posible acumular ni combinar beneficios correspondientes a distintos regímenes o programas.

Las autoridades responsables deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar el nuevo régimen, entre ellas la adecuación de los sistemas destinados a calcular el monto final de las multas y permitir su pago.

DECRETO SUPREMO N° 017-2026-MTC by Infobae Perú

La presidenta informó que el Gobierno establecerá dos mesas de trabajo con representantes del transporte. Una de ellas estará a cargo del ministro de Transportes, Rafael Rey, y tendrá como eje la revisión de sanciones que los transportistas consideran excesivas. La segunda quedará bajo responsabilidad del ministro del Interior, César Astudillo, y estará vinculada con las medidas frente a la criminalidad.

Entre los anuncios figura también una modificación temporal en el cobro de determinadas multas. Según lo expuesto por Fujimori, las sanciones consideradas abusivas se cobrarían solo por el 10 % de su valor y no generarían puntos en el sistema durante el periodo establecido para la medida. El alcance definitivo dependerá de la norma que formalice estos acuerdos.

El anuncio se produjo después de una jornada de diálogo con representantes de distintos gremios, mientras permanecía prevista una paralización del transporte en Lima y Callao para el martes 25 de agosto. Los dirigentes que participaron del encuentro expresaron su conformidad con los compromisos planteados por el Ejecutivo, mientras otros sectores cuestionaron aspectos de la convocatoria y de los acuerdos.

Ejecutivo plantea reemplazar la ley de puntos

La propuesta de derogatoria busca retirar el actual esquema de acumulación de puntos y sustituirlo por una nueva normativa. De acuerdo con lo comunicado por Fujimori, el nuevo marco sería elaborado mediante conversaciones con los distintos sectores vinculados al transporte.

La medida forma parte de los acuerdos discutidos con los gremios durante la reunión. El ministro de Transportes, Rafael Rey, quedó encargado de dirigir la mesa destinada a revisar las sanciones y otros reclamos administrativos presentados por los transportistas.

Uno de los puntos anunciados corresponde al tratamiento de las multas acumuladas. El beneficio previsto no incluiría todas las infracciones, según precisó el dirigente Ricardo Pareja ante Latina Noticias. Las faltas graves, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, quedarían fuera de la medida.

El decreto que debe establecer las condiciones de la condonación todavía no fue publicado. Por ese motivo, los detalles sobre las infracciones comprendidas, los plazos y los procedimientos pendientes de aplicación aún dependen de la disposición oficial.

Seguridad frente a extorsiones y ataques

La segunda mesa de trabajo tendrá como eje la seguridad del transporte. El reclamo surgió ante los casos de extorsión y ataques contra conductores y propietarios de vehículos de servicio público, una de las principales razones que impulsaron la convocatoria inicial de la paralización.

El ministro del Interior, César Astudillo, abordó durante el encuentro la instalación de cámaras dentro de los buses. Según información difundida por Latina Noticias, el funcionario señaló que la adquisición de los equipos requerirá tiempo.

Los transportistas también plantearon medidas vinculadas con la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Entre las propuestas mencionadas por Héctor Vargas figuran el control territorial, la asignación de presupuesto para una unidad de élite y el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La agenda también incluye pedidos relacionados con el rescate financiero del sector y el respaldo para el cambio de matriz energética, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano.

Queda pendiente la norma que formalice las medidas

El anuncio sobre la derogatoria de la ley de puntos y el tratamiento de las multas requiere disposiciones oficiales para definir su aplicación. Mientras no se publique el decreto correspondiente, permanecen pendientes aspectos sobre el alcance de las sanciones comprendidas y las condiciones del beneficio.

La mesa dirigida por Rafael Rey deberá abordar los reclamos administrativos planteados por los transportistas, mientras el grupo encabezado por César Astudillo continuará con los temas relacionados con seguridad ciudadana.

La decisión de los gremios frente al paro quedó vinculada a estos compromisos. La nueva normativa sobre el sistema de puntos, el decreto referido a las multas y las acciones de seguridad forman parte de los asuntos que deberán desarrollarse a partir de los acuerdos comunicados por el Ejecutivo.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá comenzó la instalación de nuevas Cámaras Salvavidas, nombre para calificar los nuevos dispositivos de fotodetección automática que serán usados a lo largo de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado, como parte de una estrategia integral para prevenir siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes transitan por la ciudad.

La Alcaldía de Bogotá comunicó que los puntos elegidos fueron priorizados a partir de análisis técnicos sobre siniestralidad y comportamientos de riesgo y, además, cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Según la Administración distrital, estas cámaras permitirán registrar evidencias de posibles infracciones durante las 24 horas del día, todos los días, y complementarán el trabajo de los agentes de tránsito en vía.

Las Cámaras Salvavidas incorporan tecnología para detectar infracciones como exceso de velocidad, tránsito por sitios restringidos y falta de revisión técnico-mecánica, entre otras. Toda evidencia registrada será revisada y validada por un agente de tránsito antes de iniciar cualquier proceso sancionatorio.

De tal manera, los dispositivos están ubicados en zonas con alta concentración de instituciones educativas, hospitales y equipamientos urbanos, donde la gestión de la velocidad resulta determinante para la seguridad.

La Secretaría de Movilidad, adicionalmente, estima que si los conductores respetan el límite máximo de 50 km/h la intervención con las nuevas cámaras podría salvar cerca de 50 vidas y evitar alrededor de 900 lesiones en los próximos cuatro años en los tramos cercanos a los dispositivos.

En especial, debido a que, hasta el 31 de julio de 2026, las fatalidades por siniestros viales se incrementaron en casi 33% respecto al mismo período del año anterior.

La Secretaría Distrital de Movilidad informará eventualmente a la ciudadanía sobre el inicio de la operación de estas cámaras, así como sobre las fases pedagógica y sancionatoria, para garantizar que los usuarios conozcan tanto su ubicación como las implicaciones de su funcionamiento.

Esta es la cantidad de cámaras de monitoreo vial que hay en Bogotá

Hay distintos tipos de dispositivos de vigilancia vial en Bogotá. En primer lugar, en la capital hay más de 270 cámaras de fotodetección o fotomultas distribuidas en más de 90 puntos viales autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo con el mapa actualizado de la entidad.

Esta información no incluye las más de 1.200 cámaras dedicadas al monitoreo de tráfico y movilidad conectadas al sistema de la ciudad. En marzo de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este número, y aseguró que “desde el inicio de la administración hemos aumentado en más de 33% el número de cámaras conectadas en la ciudad”.

Estos dispositivos son cámaras de seguridad de uso ciudadano que pueden ser conectadas al C4.

“Si usted tiene una cámara que funcione y quiere conectarla con el centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad, también lo puede hacer: juntos fortalecemos la seguridad de Bogotá”, dijo el burgomaestre.

Principales valores de multas en 2026

Todas las sanciones ahora se expresan en Unidades de Valor Básico (UVB), que para este año se fijó en 12.110 pesos

• Conductores de bicicletas y vehículos de tracción animal: Las infracciones más comunes tendrán multas entre 13,95 UVB ($168.935) y 126,675 UVB ($1.535.051), según la gravedad.
• Vehículos automotores: Faltas como conducir sin licencia, placas adulteradas o no pagar peajes tendrán sanciones desde 27,86 UVB ($337.385). Por conducir sin licencia, la multa asciende a 104,55 UVB ($1.266.101).
• Peatones: Las conductas peligrosas se sancionan con 3,5 UVB ($42.385).
• Servicio público: Negarse a prestar el servicio sin justificación puede costar 156,84 UVB ($1.899.332), con suspensión de licencia por dos años en caso de reincidencia.
• Embriaguez: Las multas por conducir bajo efectos de alcohol o drogas llegan hasta 1.254,67 UVB ($15.194.054) para el primer grado y 2.509,35 UVB ($30.388.229) para el tercer grado. Negarse a la prueba implica la máxima sanción: 5.018,70 UVB ($60.776.457).

Descuentos y condiciones

• 50% de descuento si se realiza el curso pedagógico y el pago dentro de los primeros cinco días hábiles.
• 25% de descuento si el pago es entre el sexto y el vigésimo día hábil.
• Pasado ese plazo, se debe abonar el monto total.

En medio de la mora récord y Con fuertes críticas a Javier Milei, el gobierno de Axel Kicillof anunció que avanza con una investigación formal contra Mercado Pago y otras billeteras virtuales por presuntas violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

En conferencia de prensa, Kicillof apuntó contra la administración libertaria al considerar que la falta de control estatal derivó en un crecimiento sostenido de la morosidad de las familias, que en mayo tocó un máximo en más de dos décadas.

“Milei dice que nadie le puso una pistola en la cabeza a una familia para que se endeude. Pero cuando hay millones de familias en mora, no es algo que se explique por decisiones individuales que se han tomado erróneamente. Se están tomando deudas para pagar alimentos, alquileres, medicamentos y gastos básicos”, señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que pasó es la política económica de Milei. Este fenómeno es producto de la famosa macroeconomía, que teóricamente anda bien, de Milei”, agregó.

En tal sentido, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, solo en el primer semestre del año la cartera recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, por incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor, acoso y hostigamiento.

A partir de esas denuncias, la Provincia abrió un expediente con imputaciones que incluyen “acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen estas plataformas, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los créditos, y ausencia de un botón de arrepentimiento visible y accesible desde el primer ingreso a la aplicación”. “A partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes”, explicó Costa.

El ministro precisó además que se solicitará a las empresas que detallen los criterios con los que se fijan las tasas de interés y cuál es la composición real del Costo Financiero Total (CFT). “No hay información clara y es imposible determinar cuáles son todos los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de crédito enfrente estas condiciones crediticias”, sostuvo.

En caso de comprobarse los incumplimientos, las multas podrán alcanzar los $1.883 millones, a lo que se sumará la obligación de revertir todas las prácticas y cláusulas contrarias a la normativa vigente. Desde la cartera productiva bonaerense señalaron que irán informando el resultado de la investigación a medida que avance el proceso administrativo.

Créditos en tres clics y tasas de más de 1.000 por ciento

El ministro adelantó que la Provincia va a profundizar las acciones vinculadas con la defensa de los usuarios de billeteras virtuales, un terreno en el que, según indicó, se reciben de manera sistemática denuncias por incumplimientos y abusos por parte de distintas empresas proveedoras de servicios de pago y de crédito. Entre las prácticas identificadas, mencionó la “publicidad de cuentas remuneradas que invita a los usuarios a retirar el dinero de las cuentas bancarias tradicionales para volcarlo a este tipo de productos”, lo que deriva liquidez del sistema bancario hacia el sistema fintech, que cuenta con muchas menos regulaciones. Con ese fondeo, explicó, “se posibilita el crecimiento exponencial del endeudamiento”.

Costa también hizo referencia a la aparición permanente de propuestas de financiamiento sin regulación y con opacidad respecto de las condiciones en las que se otorgan. “En tres clics se puede pedir un préstamo sin haber analizado previamente las condiciones particulares que rigen para ese crédito”, describió. A la vez, remarcó que se observan tasas de interés muy diversas entre los distintos tomadores de crédito, con niveles que llegan a superar el 1.000%, y que, pese a que la normativa exige un botón de arrepentimiento, en general no está disponible. El ministro añadió que existe información poco clara respecto de las tasas y que se detectaron ofertas de productos financieros directamente en las pantallas de comercio electrónico, algo que tampoco cumple con las normativas de Defensa del Consumidor.

Los números de la morosidad en la Argentina

En su exposición, Kicillof planteó que la gravedad del endeudamiento y de los incumplimientos en el país no siempre se dimensiona de manera adecuada. Según las estadísticas citadas por el gobernador, el 60% de la población adulta del país está endeudada, lo que equivale a 21 millones de personas, mientras que una de cada cinco personas adultas, un 20%, se encuentra en situación de mora.

El gobernador remarcó que la posibilidad de endeudarse no es un fenómeno nuevo y que las distintas formas de crédito, ya sea a través de bancos, tarjetas, financieras, billeteras digitales u otros modos informales, existen desde hace tiempo. Sin embargo, señaló que en los últimos dos años y medio se aceleró de manera pronunciada el aumento de la morosidad. De acuerdo con los datos que presentó, la mora bancaria se multiplicó por cinco en ese período, al pasar de 2,5 a 12,8 por ciento. En el caso de quienes están endeudados con billeteras virtuales, la mora pasó de 5,7 a 24,5 por ciento, es decir que se cuadruplicó. Entre quienes tomaron deuda con financieras no bancarias, el indicador —que mide una demora en el pago de más de tres meses— pasó de 17,5 a 43 por ciento, con lo cual se multiplicó por tres.

Kicillof planteó que las billeteras virtuales se asemejan cada vez más a un banco, en la medida en que no solo funcionan como medio de pago sino que también otorgan créditos de manera significativa y colocan fondos, pero con una regulación mucho menos rigurosa por parte de la autoridad. “Estas empresas discriminan el costo del endeudamiento según el sujeto”, afirmó, y explicó que por una misma deuda cobran costos diferentes de acuerdo con una batería de parámetros de información de la que dispone cada billetera digital.

Conductores que transitaron por Vía Morelos, en Ecatepec, denunciaron que recibieron multas por invadir el carril confinado del Mexibús, pese a que —según sus testimonios— policías de tránsito les indicaron utilizarlo debido a los cierres provocados por las obras de reencarpetamiento.

Los inconformes sostienen que la circulación particular fue canalizada hacia ese espacio ante el cierre de varios carriles en dirección a la Ciudad de México. Días después, señalaron, les llegaron infracciones por haber circulado en una zona destinada al transporte público.

La denuncia ha generado molestia entre los automovilistas, quienes consideran injusto ser sancionados por seguir una instrucción atribuida a los propios agentes encargados de gestionar el tránsito durante las obras.

Obras obligaron a cerrar carriles en Vía Morelos

En reportes ciudadanos difundidos, usuarios documentaron, entre los meses de abril, mayo y junio, congestionamientos a la altura del deportivo Ciervo de la Nación, Tulpetlac, La Costeña, Pabellón Ecatepec y Cerro Gordo.

Uno de los testimonios indicó que tres carriles se encontraban en obra y que el único paso habilitado temporalmente era el carril confinado. También se reportó el cierre del retorno de Ciervo de la Nación y la activación de un carril reversible entre Laureles y La Costeña para reducir el tráfico.

En ese contexto, los afectados aseguran que los policías de tránsito permitieron o instruyeron el ingreso de vehículos particulares al carril del Mexibús. No obstante, afirman que posteriormente recibieron multas por circular en dicha vía exclusiva.

Multas deberían revisarse a la luz del operativo vial

La denuncia plantea la necesidad de que las autoridades revisen los folios emitidos durante los días y horarios en que la circulación fue desviada por las obras. También deja preguntas sobre qué dependencia ordenó abrir el carril confinado, durante cuánto tiempo estuvo permitido el paso y mediante qué mecanismo se notificó la medida a los sistemas encargados de aplicar sanciones.

El caso apunta a una posible falta de coordinación entre los responsables del operativo vial y la autoridad que procesó las infracciones, situación que deberá ser aclarada oficialmente.

Para esclarecer el caso será necesario contrastar las boletas de infracción con las fechas, horas, ubicaciones y placas de los vehículos, así como revisar videos, fotografías, cámaras viales o avisos oficiales que acrediten la apertura temporal del carril.

Congestionamiento afectó a automovilistas y al Mexibús

Durante los cierres, ciudadanos reportaron que Vía Morelos quedó prácticamente colapsada en dirección a la Ciudad de México. Algunos usuarios estimaron tiempos de entre una hora y una hora y media para recorrer el tramo de Tulpetlac a Pabellón Ecatepec.

El congestionamiento también habría ralentizado el servicio de la Línea 4 del Mexibús, que conecta Tecámac con Indios Verdes. Como alternativas, los reportes recomendaron utilizar la autopista México–Pachuca, avenida R1 o avenida Central.

Falta una explicación oficial sobre las multas

Hasta el momento, en la información proporcionada por los denunciantes no aparece una respuesta oficial que aclare si el carril confinado fue habilitado formalmente para vehículos particulares ni si las multas relacionadas con el operativo serán revisadas o canceladas.

También está pendiente conocer qué autoridad emitió las sanciones, cuántas personas resultaron afectadas y cuál es el procedimiento para impugnarlas. Se buscará la postura de las autoridades de tránsito, del Ayuntamiento de Ecatepec y del sistema Mexibús.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el sistema de días multa para calcular sanciones económicas en delitos de Baja California Sur, al avalar porciones del Código Penal local, según un comunicado de la propia Corte emitido este 13 de agosto.

El Máximo Tribunal determinó que el “día multa” se fija con base en la percepción neta diaria de la persona imputada al momento de cometer el delito, por lo que su cuantía se calcula a partir de ingresos reales. También precisó que el límite inferior del “día multa” equivale al valor diario de la UMA.

La SCJN sostuvo que estas referencias no adoptan el salario mínimo como índice, unidad, base o medida, por lo que un eventual aumento no repercute en el monto de la multa. Con ello, indicó, se cumple la reforma constitucional de desindexación del salario mínimo en sanciones económicas. La resolución correspondió a la Acción de Inconstitucionalidad 39/2026.

SAT mantiene en 2026 el programa de regularización fiscal con hasta 100% de descuento en accesorios

El SAT mantiene activo en 2026 el Programa de Regularización Fiscal que permite obtener hasta 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución para personas físicas y empresas con adeudos, siempre que presenten su solicitud dentro de los plazos fijados y cubran el pago total, en una sola exhibición o en parcialidades, a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El alcance del esquema ya tiene resultados medibles: al corte de agosto de 2026 ha aportado 6 mil 436 millones de pesos al erario y ha beneficiado a 38 mil 399 contribuyentes, de los cuales 11 mil 404 son empresas y 26,995 personas físicas. El programa está vigente desde el 1 de enero de 2026.

La medida busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor por sanciones acumuladas. El beneficio no borra el impuesto principal adeudado, sino los accesorios que se suman a la deuda original.

De acuerdo con el comunicado oficial 51/2026 del SAT, la condonación llega a 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes. Si las multas derivan solo de incumplimientos formales, es decir, obligaciones distintas al pago de un adeudo, la condonación baja a 90%.

El esquema cubre adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos, cuotas compensatorias, recargos, gastos de ejecución y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

Suprema Corte reitera que la UIF puede bloquear cuentas bancarias por indicios de lavado

La SCJN reiteró el pasado 12 de agosto que la UIF puede bloquear cuentas bancarias en investigaciones de origen nacional cuando existan indicios razonables y suficientes de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, un criterio que además cambia el alcance de las suspensiones en amparo al reconocer que estas medidas sí pueden involucrar interés social y orden público.

Dicha decisión se tomó al resolver la Revisión en Incidente de Suspensión 1/2026, discutida por el Pleno en sesión. Según el comunicado de la SCJN, el criterio adquiere mayor peso por la reforma del 16 de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, que ordena negar la suspensión cuando pueda facilitar la realización o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas que afecten al sistema financiero.

De acuerdo con la información difundida por la SCJN, el caso surgió por un amparo promovido por una persona contra la orden de la UIF de inmovilizar diversas cuentas bancarias a su nombre. En ese expediente, un juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva al considerar que la medida no derivaba del cumplimiento de una obligación internacional y que no afectaba el interés social ni el orden público.

La autoridad impugnó esa determinación por medio de un recurso de revisión incidental. El Pleno atrajo el asunto y, al resolverlo, fijó de nuevo el alcance constitucional de esa facultad administrativa.

El Gobierno logró un dictamen clave en comisión para el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que sentó las bases para su tratamiento en la Cámara de Diputados y su posterior paso al Senado. La iniciativa representa una prioridad para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar que saquen los dólares del colchón, estimados en 170.000 millones de dólares.

Límites de ingreso

El proyecto del oficialismo que consiguió respaldo en comisión incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La versión aprobada en diciembre en el Congreso fijaba límites estrictos: solo podían adherir quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos. Tributaristas consideraron que estos topes impedían la entrada de muchos contribuyentes y reclamaron su eliminación.

De acuerdo con Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, la eliminación de estos umbrales resulta fundamental para ampliar la base de beneficiarios. “Respecto a que se elimine el umbral de ingresos y patrimonios, me parece algo sumamente necesario porque era la única forma de que entren más contribuyentes al Régimen que se encontraban imposibilitados de hacerlo”, explicó en conversación con Infobae.

Letra chica sobre exclusión

En relación a la determinación de discrepancias significativas, el proyecto refuerza la precisión de los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar diferencias en las declaraciones juradas. Según Girardi, se establecen parámetros más concretos para determinar cuándo existe esa discrepancia y, al mismo tiempo, se incorporan mecanismos que permiten morigerar sus consecuencias. “Por ejemplo, se contempla qué sucede si el contribuyente rectifica su declaración dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación o determinación de oficio y regulariza la diferencia correspondiente”, comentó.

La nueva redacción indica que la discrepancia se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15 por ciento. También establece un umbral mínimo: aunque la diferencia reclamada supere el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si ese monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria. El proyecto refuerza la protección de la presunción de exactitud del régimen, ya que la carga de probar la existencia de discrepancia significativa recae en ARCA y se limita la información que puede utilizar para fundamentarla.

Cambios para funcionarios

Uno de los puntos en lo que el Gobierno tuvo que ceder por pedido de la “oposición constructiva”, fue en la posibilidad de que los funcionarios puedan sacar dólares del colchón. Tras el escándalo del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su adhesión al RSG en medio de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, la administración libertaria decidió modificar su postura.

En caso de que se apruebe el proyecto, los funcionarios podrán adherir al RSG, pero no podrán sacar los dólares del colchón. El artículo del dictamen señala: “Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión -o, en su caso, de permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término, de corresponder, bajo esta modalidad. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen”.

La cuestión gira en torno a la conveniencia de avanzar con este punto en este momento y a su verdadero alcance. Actualmente, la Ley de Inocencia Fiscal está vigente, lo que permite a cualquier funcionario retirar dólares no declarados sin impedimentos. Esta posibilidad se mantiene hasta que se apruebe un nuevo proyecto. Incluso si se sanciona la nueva ley, persiste un interrogante: ¿qué impediría que un familiar de un funcionario retire esos dólares no declarados?

Beneficios para pymes

En cuanto al régimen de multas, el proyecto incorpora reducciones automáticas para ciertos contribuyentes y un esquema especial para sanciones formales previas. “El proyecto incorpora reducciones para determinados contribuyentes y un régimen especial para multas formales anteriores. Creo que hay que mirar esta modificación también en el contexto de los valores que alcanzaron las multas después de las actualizaciones. Algunas sanciones formales tienen hoy importes muy elevados, especialmente si pensamos en pymes y personas humanas, y el proyecto busca introducir un poco más de proporcionalidad y razonabilidad en ese esquema”, marcó Girardi.

Para Sebastián Domínguez, CEO de SCD Asesores Tributarios, si bien implica una mejora respecto a la situación actual la reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, no se revierte por completo la situación.

“Hay un tema con las multas de declaraciones juradas informativas que para una sociedad son $10 millones porque no presenta un balance en PDF o se olvida de hacer una presentación de una declaración jurada informativa. Pero la reducción a $7,5 millones sigue siendo altísima para una pequeña empresa o para una persona humana que tiene poca actividad”, concluyó Domínguez.

El Gobierno de la Ciudad de México ha emitido una advertencia a los automovilistas sobre una modalidad de fraude electrónico. Debido a que se han reportado recepción de mensajes de texto (SMS) fraudulentos que exigen el pago inmediato de supuestas multas vehiculares.

La postura oficial es contundente: la Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para notificar infracciones. Los estafadores utilizan tácticas de suplantación de identidad para generar urgencia, buscando que la víctima acceda a enlaces maliciosos y entregue sus datos bancarios.

¿Qué hacer ante estos mensajes?

Para evitar caer en estos engaños y proteger tu información financiera, sigue estas recomendaciones oficiales:

• Ignora y elimina: No respondas al SMS ni des clic en ningún enlace o hipervínculo adjunto.
• No compartas datos: Nunca ingreses información personal o de tus tarjetas en portales de dudosa procedencia.
• Verifica la información: Si tienes sospecha sobre tu historial de manejo, consulta tus adeudos únicamente a través del sitio web oficial: finanzas.cdmx.gob.mx

La prevención y la desconfianza ante comunicaciones informales son tus mejores herramientas. Mantente alerta y apóyate siempre en los canales oficiales del Gobierno de la CDMX.

Ciberdelincuentes se hacen pasar por autoridades para cobrar honorarios falsos a víctimas de fraudes previos, advierte la SSPC

Por su parte, la Secretaría de Seguridad capitalina, emitió el pasado 10 de agosto una serie de recomendaciones para prevenir fraudes en los que ciberdelincuentes ofrecieron la falsa recuperación de dinero perdido en estafas. De acuerdo con la dependencia, los estafadores se hicieron pasar por autoridades, “fiscalías digitales”, áreas de investigación de instituciones financieras o empresas de ciberseguridad.

Utilizaron documentación falsa, logotipos oficiales y credenciales apócrifas para aparentar legitimidad y “garantizar” la devolución de dinero, solicitando pagos anticipados por honorarios, impuestos, trámites o comisiones.

La Secretaría recomendó desconfiar de quienes prometieron recuperar la totalidad del dinero perdido y evitar realizar depósitos, transferencias o cualquier pago por adelantado. Pidió verificar la identidad de quienes ofrecieron ayuda únicamente a través de canales oficiales y nunca compartir datos bancarios, contraseñas, NIP, códigos de verificación o tokens, ni permitir el acceso remoto a dispositivos.

Entre las medidas de seguridad, la SSPC aconsejó desconfiar de ofertas no solicitadas recibidas por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería. También sugirió conservar pruebas como mensajes, correos, números telefónicos, comprobantes de pago y capturas de pantalla.

Para orientación sobre cómo presentar una denuncia por fraude digital, la SSPC remitió a la Ciberguía disponible en el portal del Gobierno de México, donde se encuentra información de seguridad digital y el directorio de las Unidades de Policía Cibernética estatales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a personas físicas y empresas con adeudos fiscales pendientes. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de octubre de 2026.

El programa está activo desde el 1 de enero de 2026 y busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor derivada de sanciones acumuladas.

Qué beneficios ofrece el programa

El SAT condona hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Además, permite cubrir el adeudo en una sola exhibición o mediante hasta seis parcialidades, con la condición de que el último pago se realice a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El beneficio no elimina el impuesto principal adeudado, sino los accesorios: las sanciones y los cargos adicionales que se acumulan sobre la deuda original.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder al programa las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. El requisito aplica tanto para quienes tienen créditos fiscales ya determinados por la autoridad como para quienes desean corregir su situación de forma voluntaria.

También pueden incorporarse contribuyentes sujetos a facultades de comprobación o que cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Qué adeudos cubre

El esquema contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas; aprovechamientos; cuotas compensatorias; recargos; gastos de ejecución; y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

También abarca sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Plazos para presentar la solicitud

Los contribuyentes con créditos fiscales determinados por la autoridad tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. Quienes no cuenten con créditos fiscales determinados disponen de un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026.

En ambos casos, el pago en parcialidades debe quedar saldado a más tardar el 30 de noviembre.

Cómo solicitar el beneficio ante el SAT

El trámite puede realizarse por dos vías. En línea, el contribuyente debe ingresar a sat.gob.mx, acceder a Mi Portal con su RFC y contraseña, y enviar un escrito libre con la solicitud de adhesión.

De forma presencial, puede acudir a la oficina desconcentrada del SAT correspondiente a su domicilio para recibir orientación y apoyo en el proceso. El SAT recomienda verificar previamente que los adeudos estén registrados y definir la modalidad de pago antes de iniciar el trámite.

Resultados del programa hasta agosto de 2026

Al corte más reciente, el Programa de Regularización Fiscal 2026 ha aportado 6,436 millones de pesos al erario. Un total de 38,399 contribuyentes se han beneficiado: 11,404 empresas y 26,995 personas físicas.

Qué se condona exactamente y qué no

El beneficio no es uniforme en todos los casos. Según el comunicado oficial 51/2026 del SAT publicado en gob.mx/sat, la condonación llega al 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes.

Para multas derivadas exclusivamente de incumplimientos formales —es decir, obligaciones distintas al pago de un monto adeudado—, el porcentaje de condonación baja a 90%.

Quiénes quedan excluidos del programa

No todos los contribuyentes con adeudos pueden acceder al beneficio. El SAT precisó que quedan fuera quienes ya recibieron condonación en programas generalizados anteriores, quienes tengan sentencia firme por delito fiscal, y quienes figuren en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, relativos a operaciones simuladas.

La autoridad recomienda revisar el historial fiscal antes de iniciar cualquier trámite.

Paso a paso para solicitar la regularización

El SAT estableció el siguiente procedimiento para adherirse al programa:

1. Verifica tu situación fiscal. Revisa en tu buzón tributario o en el portal sat.gob.mx si tienes créditos fiscales firmes susceptibles de regularizarse. Este paso es previo a cualquier trámite.

2. Identifica tu escenario. Define si tu adeudo ya fue determinado por la autoridad o si deseas corregir tu situación de forma voluntaria. El canal y los plazos pueden variar según el caso.

3. Elige la vía de solicitud. Puedes hacerlo en línea desde sat.gob.mx —ingresando a Mi Portal con tu RFC y contraseña para enviar un escrito libre— o de forma presencial en la oficina desconcentrada del SAT más cercana a tu domicilio.

4. Presenta la solicitud antes del plazo. La fecha límite es el 31 de octubre de 2026 para contribuyentes con créditos fiscales determinados, y el 31 de diciembre de 2026 para quienes corrijan su situación de forma voluntaria.

5. Espera la respuesta de la autoridad. Al presentar la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución queda suspendido de forma automática, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

6. Realiza el pago. Una vez aprobada la solicitud, cubre el adeudo en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades. El último pago debe liquidarse a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

La retención de caballos que circulaban sin supervisión por las calles y espacios públicos de Estelí ha generado una nueva dinámica entre las autoridades municipales y los propietarios de animales. La reciente ordenanza aprobada por el Consejo Municipal establece que quienes deseen recuperar a sus semovientes deberán pagar una multa de C$ 5,000 (aproximadamente USD 137) por cada animal. Esta medida, según lo informado, busca contribuir a la disminución de accidentes de tránsito y a la protección de parques, bulevares y áreas verdes.

Los primeros equinos retenidos fueron trasladados a un corral municipal, donde permanecerán hasta que sus dueños asuman el pago y se comprometan a respetar la normativa. El objetivo es reducir los riesgos que representa la presencia de animales sueltos tanto en la ciudad como sobre la carretera Panamericana, una situación que, durante años, generó denuncias de conductores y residentes. Según 100% Noticias, la ordenanza responde a las constantes quejas de habitantes de barrios y de quienes transitan por esa vía.

La municipalidad informó que la aplicación de esta ordenanza se realiza en coordinación con la Policía Nacional. El alcalde Francisco Valenzuela insistió en la corresponsabilidad de los propietarios: “El que tiene animales debe tener finca y corrales para encerrarlos”, enfatizó, recordando la obligación de mantener a los semovientes en lugares adecuados.

La normativa contempla tanto sanciones económicas como el decomiso de animales para quienes incumplan. Según lo reportado, las autoridades continuarán aplicando la disposición de forma estricta, con el propósito de reforzar la seguridad vial y preservar los espacios públicos, confirmó 100% Noticias.

Estelí ha iniciado la retención y multa de caballos sueltos en la ciudad y la carretera Panamericana. Los propietarios están obligados a pagar C$ 5,000 (USD 137) por animal para retirarlos del corral municipal, en cumplimiento de una ordenanza que busca disminuir accidentes y proteger el entorno. La medida, coordinada con la Policía Nacional, responde a quejas recurrentes de vecinos y conductores sobre el riesgo de animales sin control en la vía pública.

Otras medidas similares en Nicaragua: sanciones por excrementos y regulación en espacios públicos

En Ciudad Sandino, la alcaldía anunció multas de hasta 1,500 córdobas (USD 40,82) para los dueños de caballos que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos. La disposición exige el uso de una pañalera o recolector de desechos y establece una sanción inicial de 500 córdobas (USD 13,61), que se triplica en caso de reincidencia.

El uso obligatorio del recolector busca mejorar la limpieza urbana, reducir la contaminación ambiental y proteger la salud pública. Los desechos recolectados deben ser entregados en un vivero municipal para la producción de abono orgánico, integrando la gestión ambiental y el aprovechamiento de residuos.

En el municipio de El Castillo, en Río San Juan, se implementó una ordenanza similar que obliga a los dueños de perros y otras mascotas a recoger los desechos en el espacio público. Las multas van desde 500 córdobas por primera vez hasta 1,500 córdobas si hay reincidencia.

Estas medidas reflejan una tendencia nacional hacia la regulación del uso del espacio público y la protección ambiental, buscando modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia urbana

Tras un intenso debate, el Senado le dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que busca introducir nuevas reglas para la acción de desalojo en inmuebles urbanos y rurales. La iniciativa apunta a agilizar el proceso judicial y a redefinir derechos y obligaciones de propietarios y ocupantes.

El texto, que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para tener fuerza de ley, propone que toda acción de desalojo se tramite mediante un juicio sumarísimo. Esto significa un procedimiento más rápido respecto de la vía tradicional. Además, amplía la legitimación activa: cualquier sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado podrá iniciar la acción, sin importar la naturaleza jurídica de su vínculo con el inmueble. De esta forma, no solo los propietarios podrán demandar, sino también quienes acrediten un interés afectado por ocupaciones indebidas.

“Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, especifica el capítulo dedicado a esta temática.

Seguido a ello, se agrega que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

Y continúa: “Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”.

Al mismo tiempo, el documento subraya que “en caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del locatario a efectos de que se le reciba las llaves del inmueble, este puede realizar la consignación judicial de aquellas, en cuyo caso los gastos y costas están a cargo del locador”.

“En ningún caso se adeudan alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a tal notificación, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de las llaves si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo”, sostiene.

Uno de los ejes del proyecto reside en la posibilidad de obtener la entrega inmediata del inmueble en casos de ocupación precaria o intrusión. El artículo 680 BIS detalla que, si el derecho invocado resulta verosímil, “el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

Al mismo tiempo, se introduce la obligación de realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas en casos de cambio de destino, deterioro, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto de la propiedad. El magistrado deberá constatar la identidad de los ocupantes con nombre, nacionalidad y documento, con la presencia del Defensor Oficial.

Otra novedad relevante es la protección de individuos vulnerables durante el desalojo. El texto exige la intervención de organismos de protección y del Ministerio Público Tutelar cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

En este caso, el juez deberá otorgar un plazo de hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria. Además, la caución juratoria solo será admisible cuando el derecho del actor sea inequívoco y no existan terceros de buena fe, pudiendo el magistrado exigir una fianza para garantizar eventuales daños.

En relación a las notificaciones, el proyecto dispone que, si no hay domicilio especial, la demanda podrá notificarse en el inmueble objeto del desalojo o en el domicilio electrónico constituido. En efecto, el artículo 683 del proyecto faculta al notificador a identificar por cualquier medio el inmueble a desalojar, incluso con fotografías, y a solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Asimismo, el notificador deberá identificar a los ocupantes, preguntar por su relación con el demandado y dejar constancia de estos datos.

El artículo 684, en tanto, establece que la notificación en el inmueble debe hacerse saber a todos los presentes —incluso si no fueron denunciados— y que la sentencia producirá efectos contra todos los ocupantes, presentes o ausentes. Quien notifique podrá requerir fuerza pública, allanar domicilios y exigir documentos de identidad. El incumplimiento de estos procedimientos constituirá una falta grave.

Respecto a causales de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, se habilita al actor a obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria, siempre que el procedimiento y plazo se hayan pactado. Si se descubre que el actor ocultó datos relevantes, podrá recibir una multa de hasta diez veces el último alquiler, a favor de la contraparte.

Por otro lado, se introducen precisiones sobre el mandamiento de lanzamiento, autorizando al oficial de justicia a requerir el uso de la fuerza pública, allanar domicilios y designar depositario para los bienes muebles hallados.

El proyecto también suma el artículo 1222 al Código Civil y Comercial, que exige una intimación fehaciente previa al desalojo por falta de pago en viviendas. El locador deberá intimar al pago con un plazo no menor a diez días corridos, especificando el lugar de pago. Solo tras el vencimiento de ese plazo podrá iniciar la acción de desalojo por el trámite más breve previsto en la ley. Si el locatario ofrece devolver las llaves y el locador se niega, el inquilino podrá consignarlas judicialmente, liberándose de toda obligación a partir de la notificación.

En Ciudad Sandino, las autoridades municipales dieron a conocer la imposición de multas de hasta 1,500 córdobas a los propietarios de animales que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos, una medida que busca frenar una práctica común en este municipio de Nicaragua. Según reportó Despacho 505, la Alcaldía de Ciudad Sandino notificó a los dueños de carretas tiradas por caballos sobre la obligatoriedad de portar una pañalera o recolector de desechos, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 046/06.

La disposición, difundida por las redes sociales de la municipalidad, advierte que quienes no cumplan con la norma enfrentarán una multa inicial de 500 córdobas (USD 13.61). Si reinciden, la sanción se elevará al triple, alcanzando los 1,500 córdobas (USD 40.82), según lo estipulado en la ordenanza. Según Despacho 505, este anuncio convierte a Ciudad Sandino en la segunda localidad del país que adopta sanciones explícitas contra los dueños de animales que ensucien el espacio público con excrementos.

La Alcaldía justificó la medida como parte de una política dirigida a mejorar la limpieza urbana y reducir la contaminación ambiental. El uso obligatorio de la llamada “pañalera ecológica” pretende no solo minimizar los malos olores en las calles, sino también proteger la salud de los habitantes y promover un entorno más ordenado y sostenible. De acuerdo con lo comunicado por la administración local y recogido por el mismo medio, los desechos recolectados deberán ser entregados en el Vivero Municipal Kamilo Lara, donde se utilizarán para la elaboración de abono orgánico.

Las carretas de tracción animal siguen siendo habituales en Ciudad Sandino, utilizadas para transportar materiales de construcción, leña, chatarra y otros bienes. Por esto, la acumulación de excrementos equinos en calles y carreteras ha generado constantes quejas entre los habitantes. Despacho 505 destaca que, pese a la existencia de normas previas sobre salubridad y espacio público, hasta ahora no se había implementado un régimen de sanciones efectivo para quienes incumplen estas disposiciones.

En el aviso oficial, la municipalidad remarcó la obligación de los propietarios de carretas de instalar sistemas recolectores de desechos en los caballos que circulen por la vía pública. La alcaldía no precisó la fecha exacta en que comenzarán los operativos de control, aunque advirtió que las multas serán aplicadas tan pronto se detecten infracciones. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados con una multa de 500 córdobas. En caso de reincidencia, la sanción ascenderá al triple del monto inicial.

Esta acción en Ciudad Sandino ocurre pocos días después de que la Alcaldía de El Castillo, en el departamento de Río San Juan, anunciara una normativa similar. En esa localidad la ordenanza municipal extiende la obligación de recoger los desechos a los dueños de perros y otras mascotas, bajo el argumento de reforzar las normas de convivencia ciudadana y preservar la limpieza de calles, aceras y áreas verdes. El régimen de sanciones en El Castillo contempla multas escalonadas: 500 córdobas por la primera infracción, 1,000 córdobas (USD 27.22) por la segunda y 1,500 córdobas en caso de reincidencia.

La nueva normativa, firmada por el alcalde Iván José Duarte Miranda, exige a los dueños de mascotas evitar que sus animales causen molestias a terceros, daños a bienes públicos o privados, o generen riesgos para la salud pública. Ambas reglamentaciones municipales reflejan una tendencia emergente en Nicaragua hacia una mayor regulación del uso del espacio público y el fortalecimiento de las políticas ambientales urbanas.

El programa en Ciudad Sandino incorpora el aprovechamiento de los excrementos recolectados, que serán procesados en el vivero municipal para la producción de sustratos orgánicos. De esta manera, la gestión de los residuos animales se integra a los esfuerzos de sostenibilidad y reutilización en la ciudad.

La puesta en marcha de estas sanciones responde al aumento de denuncias ciudadanas sobre la falta de limpieza y el impacto de los desechos animales en la vida diaria. Con la entrada en vigor de la ordenanza y la aplicación de multas, la administración local espera modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia en los espacios urbanos.

La ciudad de Nueva York ha reincorporado una de sus medidas más llamativas para combatir la falta de colaboración ciudadana en la limpieza urbana: las conocidas “pegatinas de la vergüenza”. Tras catorce años de ausencia, estas calcomanías de color verde neón han vuelto a aparecer en los parabrisas de los vehículos cuyos dueños no respetan las normas de estacionamiento alterno, dificultando así el paso de las barredoras de calles.

La reaplicación de esta medida, que había sido eliminada en 2012, busca modificar conductas y facilitar la tarea de los equipos de limpieza, en un contexto donde la convivencia urbana se ve afectada por la acumulación de suciedad en las calles y el escaso cumplimiento de los reglamentos.

El martes por la mañana, en el Upper West Side de Manhattan, la escena fue clara: trabajadores del Departamento de Saneamiento, acompañados por la concejal local Gale Brewer, salieron a las calles apenas siete minutos después de iniciada la franja horaria de limpieza.

Brewer, una figura reconocida en el barrio, fue la encargada de pegar la primera pegatina en un Jeep Grand Cherokee, mientras exclamaba “¡Mueva su auto!” ante los medios y vecinos presentes. No tardó en evidenciarse el efecto disuasorio: un conductor cercano optó por subir apresuradamente a su vehículo y marcharse para evitar la sanción pública y económica.

El funcionamiento de las pegatinas es sencillo pero contundente. Cuando un auto queda estacionado en horario de limpieza y obstaculiza el trabajo de las barredoras, los trabajadores de saneamiento pegan una calcomanía grande y visible, con forma de escudo y color verde neón, en la ventanilla del vehículo. La pegatina advierte: “Este vehículo infringió las normas de limpieza de calles de la ciudad de Nueva York. Como consecuencia, esta calle no pudo limpiarse adecuadamente”.

En letras más pequeñas, se indica al infractor cómo retirar la pegatina: “Retire esta pegatina con agua tibia y una espátula”. Esta medida no sustituye la multa de 65 dólares que, según las autoridades, muchos conductores asumen como un simple coste por estacionar en la vía pública. El verdadero propósito es, por un lado, disuadir la reincidencia y, por otro, generar presión social para fomentar el cumplimiento.

El origen de las “pegatinas de la vergüenza” se remonta a hace más de cuatro décadas. Durante veinticinco años, las calcomanías fueron una herramienta habitual en el arsenal del Departamento de Saneamiento, hasta que en 2012 el Ayuntamiento decidió prohibirlas por considerarlas excesivamente punitivas y por los daños que causaban a los vehículos.

Según David G. Greenfield, exconcejal que promovió su eliminación, las pegatinas dejaban residuos adhesivos difíciles de quitar, lo que llevó a calificarlas en su momento como “vandalismo”. No obstante, la presión vecinal y la percepción de que las multas por sí solas no modificaban el comportamiento llevaron a la concejal Brewer a impulsar un nuevo proyecto de ley para su regreso en 2024.

Las reacciones ante la reimplantación de las pegatinas han sido variadas, aunque predominan las posturas que ven la medida como necesaria. Mary O’Reilly, residente del Upper West Side, expresó la frustración cotidiana de quienes cumplen con las normas: “Es frustrante cuando sales a mover tu auto y los demás no lo han hecho. Entonces tienes que esquivarlos, además de intentar apartarte del camino del camión de la basura”. O’Reilly también mencionó el “sonido incesante de bocinazos” en los días de limpieza, síntoma de la tensión que genera la falta de cooperación.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani defendió la iniciativa, destacando la importancia de permitir que el Departamento de Saneamiento realice su labor: “Es de vital importancia que el Departamento de Saneamiento pueda llevar a cabo la limpieza de las calles”. En contraposición, Greenfield reiteró sus críticas, recordando que “una multa es una sanción, pero pegar basura al parabrisas de alguien es vandalismo”.

El comisionado de saneamiento, Gregory Anderson, subrayó que la intención no es castigar sino lograr calles más limpias: “El objetivo no es poner pegatinas en los autos, sino limpiar la calle”.

El impacto de las infracciones es significativo: se estima que más de 500.000 vehículos incumplen semanalmente las normas de estacionamiento alterno en Nueva York. Muchos conductores prefieren asumir la multa antes que buscar alternativas de aparcamiento, lo que dificulta la limpieza efectiva de las calles y perpetúa la insatisfacción vecinal.

Las autoridades reconocen que la multa por sí sola no es suficiente para cambiar hábitos, y por eso insisten en que la pegatina actúa como un elemento de vergüenza pública que puede resultar más disuasorio. Además, los infractores no solo deben pagar la multa, sino también lidiar con la incomodidad y la exposición social de llevar la pegatina visible hasta que logran retirarla.

Para abordar de manera más integral el problema, la ciudad ha puesto en marcha programas piloto que buscan equilibrar el rigor de las sanciones con incentivos positivos.

En el barrio de Prospect Heights, en Brooklyn, se está probando reducir de dos a un día a la semana los horarios de limpieza. El objetivo es que los conductores, al tener que mover sus autos solo una vez por semana, colaboren con mayor disposición.

El comisionado Anderson definió esta estrategia como “la zanahoria y el palo”: la pegatina representa el castigo, mientras que la reducción de frecuencia es el incentivo. Las autoridades observan de cerca los resultados para decidir si esta fórmula puede replicarse en otras zonas de la ciudad.

La reintroducción de las “pegatinas de la vergüenza” marca un intento renovado de Nueva York por recuperar el orden y la limpieza en sus calles, enfrentando de manera directa la resistencia de quienes incumplen las normas de convivencia urbana.

El mercado del cannabis en Texas atraviesa una transformación significativa tras la entrada en vigor de una normativa que restringe severamente la venta y posesión de la mayoría de los productos derivados del THC.

Desde el 31 de julio, la posesión y comercialización de variantes como delta-8, delta-10, THCP y THCA se consideran delitos graves, con la única excepción de los productos que contienen delta-9 en baja concentración.

La decisión, que impacta tanto a comercios como a consumidores, marca un retorno a una política más restrictiva y reactiva el debate sobre el control estatal del cannabis.

Un fallo judicial que modifica el escenario legal

El origen de la nueva regulación se encuentra en una decisión de la Corte Suprema de Texas, emitida en mayo, que otorgó al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) la potestad para reclasificar casi todos los derivados del THC como sustancias de la lista I.

Durante cinco años, una medida cautelar había impedido la aplicación de esta clasificación, permitiendo la comercialización de diferentes variantes de THC en el estado. La resolución judicial reciente puso fin a ese periodo de tolerancia y habilitó la entrada en vigencia de la prohibición.

De acuerdo con la cobertura de The Texas Tribune, la excepción principal recae sobre los productos con delta-9 THC que no superen el 0,3% de concentración por peso seco. Esta variante, considerada la más común y natural, permanece permitida en virtud de la definición federal establecida en la Farm Bill de 2018.

Esta ley considera legal la venta de cáñamo con bajo contenido de THC en todo el país y deja fuera de la regulación federal a otras variantes sintéticas.

Joao Mitchell, gerente de ATX Organics y director legislativo de Texas Cannabis Collective, explicó a The Texas Tribune que la aplicación de la nueva norma podría sacar entre el 60% y el 90% de los productos de THC de los estantes de muchas tiendas.

Comercios que no basan su oferta en el delta-9 anticipan tener que modificar gran parte de su inventario para evitar sanciones.

Cambios en la oferta y consecuencias legales

La prohibición es amplia y afecta todas las variantes sintéticas como delta-8, delta-10, THCP y flores de THCA. La venta de cigarrillos electrónicos con THC ya había sido restringida previamente en Texas.

Además, una excepción judicial temporal permite que el cáñamo fumable con delta-9 siga disponible, ya que una sentencia suspendió la entrada en vigor de la prohibición estatal sobre ese producto.

Los consumidores aún pueden acceder a comestibles, bebidas y tinturas que contengan delta-9 THC dentro de los límites legales.

La edad mínima para adquirir estos productos es de 21 años. En cuanto a las sanciones, la posesión de productos prohibidos constituye un delito estatal, penado con hasta dos años de prisión y multas que pueden alcanzar los USD 10.000.

Las tiendas que sean detectadas vendiendo estas sustancias pueden perder sus licencias y recibir multas adicionales por cada infracción, además de enfrentar cargos penales por fabricar o distribuir sustancias de la lista I.

La normativa afecta a aproximadamente 14.000 comercios minoristas habilitados para vender cáñamo de consumo, según datos del propio DSHS. Aquellos negocios que no adapten su catálogo a las nuevas reglas se arriesgan a sanciones económicas y administrativas severas.

Impacto social, económico y reacciones de la industria

El endurecimiento de la política sobre derivados de THC responde también a una preocupación por los efectos sociales y sanitarios vinculados al consumo.

De acuerdo con cifras de la Red de Centros de Envenenamiento de Texas, las llamadas relacionadas con intoxicación por cannabis aumentaron de 923 en 2019 a 2.669 en 2025, con la mayoría de los casos involucrando a menores de cinco años y adolescentes.

Esta tendencia fue utilizada por quienes impulsan la prohibición como uno de los argumentos principales para justificar la medida.

Sarah Todd, representante del Texas Cannabis Policy Center, sostuvo en diálogo con The Texas Tribune que la decisión representa “un golpe bastante grande” para la industria y que implica volver a criminalizar productos que fueron legales durante años.

Cynthia Cabrera, directora de estrategia de Hometown Hero, advirtió que la falta de claridad en la nueva normativa añade dificultades para comerciantes y consumidores, aunque la empresa no planea impugnar el fallo judicial, otras compañías ya preparan demandas en los tribunales estatales.

Desde el sector que defiende una regulación más estricta, Aubree Adams, directora de Citizens for a Safe and Healthy Texas, celebró la nueva restricción y afirmó que era necesaria para proteger a las familias, señalando que “la industria no vende productos seguros”.

Por su parte, Mark Bordas, director ejecutivo del Texas Hemp Business Council, alertó sobre el daño económico que la medida puede provocar en cientos de comercios, y estimó que la caída de ventas podría alcanzar el 25% en algunos casos.

AJ Vazquez, propietario de Dooby’s Smoking Depot en Austin, relató que muchos comercios ya comenzaron a modificar su inventario y anticipó que el impacto económico no solo afectará a los dueños de tiendas, sino también a los empleados y proveedores del sector.

Un futuro incierto para la industria del cannabis en Texas

El nuevo marco legal para el cannabis en Texas pone en jaque a una industria que experimentó años de crecimiento y diversificación. Ahora, el futuro de cientos de comercios y miles de consumidores depende de la evolución de la legislación y de los recursos judiciales que varias empresas preparan para desafiar la reciente decisión estatal.

La criminalización de derivados de THC que fueron legales a nivel federal durante los últimos cinco años podría canalizar a más personas hacia el sistema penal y fortalecer el mercado ilícito, tal y como advirtió Mitchell, de ATX Organics.

Por el momento, la única forma de operar o consumir productos de cannabis legalmente en Texas es respetar el nuevo marco legal y mantenerse informado sobre futuras actualizaciones regulatorias.

En plena temporada seca, las autoridades de Salta intensificaron las advertencias por el creciente riesgo de incendios forestales y urbanos. El municipio informó que quienes inicien focos ígneos podrán recibir multas de hasta 2 millones de pesos, además de enfrentar eventuales causas penales si el fuego pone en peligro personas o bienes.

José Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, explicó durante una entrevista en Radio Salta que encender fuego en áreas públicas o privadas de la ciudad constituye una infracción al Código Ambiental municipal. En estos casos, los inspectores labran un acta, solicitan la extinción inmediata de las llamas y, cuando la situación lo requiere, dan intervención al sistema de emergencias y a la Policía.

“El detonante siempre es una persona. El 95% de los incendios forestales tienen origen antrópico, es decir, los provoca directa o indirectamente la actividad humana”, sostuvo el funcionario. El municipio de Salta refuerza los controles en puntos críticos tras detectar que la quema de restos de poda, basura o neumáticos genera focos de gran magnitud.

La sanción económica actual alcanza los 2 millones de pesos, aunque el monto puede variar según la gravedad y las circunstancias del hecho. Además de la infracción administrativa, la acción puede derivar en una investigación penal si el fuego amenaza viviendas, bienes o la integridad de las personas. “Tomamos competencia municipal labrando un acta por falta al Código Ambiental, pero también damos aviso al 911 para que la Policía inicie la investigación y la Fiscalía determine si existe un delito”, explicó Gambetta.

El Código Penal prevé penas para quienes inicien incendios de manera intencional o negligente, sobre todo si de ese accionar resultan daños a terceros. Las leyes nacionales y provinciales, como la Ley 26.815 y las Leyes 7070 y 7543 de la provincia, también establecen prohibiciones y medidas de prevención orientadas a evitar la expansión del fuego.

La Municipalidad lanzó campañas de prevención y pidió a los vecinos abandonar prácticas como la quema de ramas, hojas o residuos vegetales. “La forma correcta es embolsar los restos de poda para que los retire el servicio municipal de recolección, nunca prender fuego”, insistió Gambetta. El municipio también solicita evitar fogatas y toda actividad que genere chispas, especialmente cerca de zonas con vegetación seca o en condiciones de viento.

Uno de los factores que agrava la situación es la proliferación del pasto cubano, una especie vegetal que, según las autoridades, representa el principal combustible para la propagación de incendios en la región. Este pasto crece rápidamente, alcanza alturas de hasta seis metros y, durante la temporada seca, se vuelve altamente inflamable. Además, al arder, genera fragmentos encendidos que el viento puede transportar a gran distancia, multiplicando el riesgo de nuevos focos de fuego.

Para reducir el riesgo, la Municipalidad realizó tareas de desmalezado preventivo en unas 70 hectáreas, priorizando sectores cercanos a viviendas y zonas identificadas como de alto riesgo mediante vuelos con drones. En terrenos privados abiertos, el municipio ejecutó los trabajos y trasladó el costo a los propietarios, mientras que en predios cerrados primero intimó a los responsables para que cumplieran con el mantenimiento.

Un vecino multado tras encender una fogata en Salta

A menos de 48 horas después de una serie de incendios que dejaron cientos de hectáreas calcinadas y viviendas dañadas en el noroeste argentino, la Municipalidad de Salta multó a un vecino que encendió una fogata para quemar basura en inmediaciones del Parque Industrial. El operativo, realizado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental, se desarrolló mientras regía una alerta amarilla por vientos intensos y zonda, con ráfagas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en la región.

Este episodio no fue aislado: se produjo en pleno despliegue de recorridos preventivos por posibles focos ígneos, en un contexto en el que las autoridades advertían sobre el peligro extremo de cualquier quema debido a la combinación de vegetación seca y bajas condiciones de humedad. Entre el 17 y el 20 de julio, el viento zonda provocó 47 incendios simultáneos en Salta Capital y alrededores, afectando unas 830 hectáreas, mientras que en el norte provincial, en la zona de Nazareno, se estimó un área afectada de 5.700 hectáreas.

La Municipalidad reiteró la prohibición absoluta de realizar quemas en estas condiciones y recordó que los recorridos de prevención seguirán activos. Además, instó a los ciudadanos a denunciar cualquier foco ígneo a través de las líneas 105 y 911. Este caso ejemplifica la aplicación de las sanciones previstas y el rol central de la vigilancia municipal ante la persistencia de prácticas de riesgo en plena temporada de incendios.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso una multa cercana al medio millón de pesos a la organización México Tiene Vida, luego de acreditar que durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional simuló miles de afiliaciones mediante el uso de fotocopias de credenciales para votar.

Con esta determinación, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral respaldó la actuación del INE, que previamente había negado el registro partidista a dicha asociación al detectar diversas irregularidades en la integración de su padrón de militantes.

TEPJF ratifica multa por simulación de afiliaciones

Durante la sesión pública de este miércoles, las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral resolvieron mantener firme la sanción económica impuesta a México Tiene Vida, la cual asciende a casi medio millón de pesos.

De acuerdo con la resolución, la organización incurrió en la simulación de más de 5 mil registros de afiliación, al utilizar fotocopias de credenciales para votar de personas que supuestamente respaldaban la creación del nuevo partido político, práctica que contraviene las normas establecidas para los procesos de constitución de institutos políticos nacionales.

El INE concluyó que estas irregularidades comprometían la autenticidad de las afiliaciones presentadas, por lo que además de negar el registro como partido, determinó imponer la correspondiente sanción económica.

Organización impugnó la resolución del INE

México Tiene Vida, agrupación con sede en Nuevo León, promovió un recurso ante el Tribunal Electoral argumentando que el Instituto Nacional Electoral clasificó de manera indebida 74 registros como simulados.

Asimismo, sostuvo que la autoridad electoral realizó un cálculo incorrecto sobre su capacidad económica al fijar el monto de la multa, por lo que solicitó la revocación o modificación de la sanción.

Sin embargo, tras analizar los agravios expuestos por la organización, la Sala Superior concluyó que los argumentos resultaban insuficientes para desvirtuar las conclusiones del INE, por lo que confirmó íntegramente la resolución y la sanción impuesta.

Con ello, quedó firme tanto la negativa del registro como partido político como la multa económica derivada de las irregularidades detectadas durante el procedimiento de constitución.

En su momento, a través de un comunicado, “con respecto a las afiliaciones irregulares detectadas por la autoridad electoral, la organización reconoció que algunas personas que colaboraban como auxiliares incurrieron en conductas indebidas; sin embargo, afirmó que esas acciones individuales no pueden invalidar el trabajo realizado durante más de un año ni el respaldo de los ciudadanos que participaron de manera voluntaria”.

En ese sentido, destacó que el propio INE validó 296 mil 181 afiliaciones, cifra que, aseguró, demuestra el apoyo legítimo obtenido para buscar su constitución como partido político nacional.

México Tiene Vida también recordó que, previo a la sesión del Consejo General, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos había aprobado un proyecto que proponía conceder el registro, lo que, a su juicio, evidencia que existían elementos jurídicos suficientes para considerar procedente su solicitud.

TEPJF también resuelve caso relacionado con Morena

En la misma sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral abordó otro asunto vinculado con Morena.

Las magistradas y magistrados declararon existente la omisión del Consejo Nacional de Morena de responder un escrito que le fue remitido en cumplimiento de una orden previa emitida por el propio Tribunal.

El documento está relacionado con la solicitud de remoción de las personas que integran la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano interno encargado de resolver controversias y procedimientos disciplinarios dentro del partido.

El TEPJF determinó que el Consejo Nacional incumplió con su obligación de emitir una respuesta al escrito recibido, por lo que declaró acreditada la omisión.

Aunque la resolución no implica pronunciarse sobre el fondo de la petición de remoción de los integrantes de dicha comisión, sí establece que el órgano partidista debe atender y responder conforme a sus atribuciones y a los plazos previstos por la normativa interna.

Con estos fallos, el TEPJF confirmó la sanción impuesta por el INE a México Tiene Vida por las irregularidades detectadas en su proceso de afiliación y, al mismo tiempo, ordenó que Morena atienda una obligación pendiente relacionada con el funcionamiento de sus órganos internos de justicia, fortaleciendo así los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el sistema político-electoral del país.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España ha impuesto sanciones económicas a tres creadores de contenido del país: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter.

El organismo regulador ha actuado tras detectar infracciones vinculadas a la Ley General de Comunicación Audiovisual, en un movimiento que apunta a marcar un antes y un después en la supervisión de los contenidos que circulan en redes sociales.

La suma de las tres multas supera los 4.000 euros. Sin embargo, el mensaje que lanza la CNMC va más allá de la cifra económica. La llegada de un nuevo software de vigilancia automatizada hace que la era de la supervisión manual quede atrás, abriendo la puerta a una fiscalización más frecuente y eficaz del contenido que influencers y creadores publican cada día.

Por qué fueron multados los creadoes de contenido den España

• Ibai Llanos

Ibai Llanos, conocido por su presencia en múltiples plataformas y por organizar eventos de gran repercusión como “La Velada del Año”, ha sido sancionado con 710 euros. La CNMC determinó que el creador publicó varios vídeos en la red social X donde aparecían marcas patrocinadoras vinculadas a su evento, sin marcar de forma explícita el carácter publicitario de dichas publicaciones.

La legislación española exige a perfiles de relevancia que cada contenido con promoción comercial lleve una identificación clara, permitiendo a los usuarios distinguir entre recomendaciones personales y publicidad pagada. En el caso de Ibai Llanos, la omisión de esta etiqueta fue considerada una infracción grave del artículo 158.31 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Según la propia CNMC, la multa se redujo a 568 euros por pago anticipado, un beneficio contemplado en la normativa que premia el reconocimiento de responsabilidad y la colaboración con el proceso sancionador.

• Jordi Wild

El youtuber Jordi Wild, responsable de los canales “El Rincón de Giorgio” y “dwt_fighting”, recibió una sanción de 1.543 euros. Este monto también se vio reducido a 1.241 euros tras el pago anticipado. La CNMC analizó contenidos relacionados con el evento “Dogfight Wild Tournament”, especialmente combates de contacto extremo subidos a YouTube.

El regulador consideró que esos vídeos debían haber incluido advertencias sobre la violencia explícita y una clasificación por edades adecuada. Además, debieron activarse los mecanismos de restricción de acceso para menores que la plataforma pone a disposición de los creadores.

La falta de estos elementos puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental y expone a los menores a contenidos potencialmente perjudiciales.

La normativa vigente obliga a avisar de manera clara y visible cuando un contenido puede resultar inapropiado para menores, especialmente en el caso de disciplinas deportivas con contacto físico o escenas violentas.

• Nachter

Por su parte, Nachter, que reúne más de 16 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, ha sido multado con 1.779 euros. La sanción se rebajó a 1.067 euros tras la aceptación de responsabilidad y el abono anticipado.

La infracción atribuida a Nachter fue la promoción de medicamentos antigripales en sus cuentas de Instagram y Facebook. Según la CNMC, no se cumplieron los requisitos legales para la publicidad de productos farmacéuticos, que exigen, entre otras cosas, una identificación clara del carácter comercial del mensaje y la inclusión de información esencial para el uso correcto del producto.

Más creadores podrían ser multados en el futuro

Estas sanciones han sido posibles gracias a la reciente incorporación de un software de monitorización automática, adquirido por la CNMC por unos 33.000 euros. Este sistema analiza publicaciones en redes sociales para detectar infracciones en tiempo real, identificando tanto publicidad encubierta como contenidos que requieran advertencias especiales.

Hasta hace poco, la detección de irregularidades en redes dependía de denuncias puntuales o del monitoreo manual de contenidos. Con la llegada del nuevo software, el regulador puede vigilar simultáneamente a cientos de creadores, identificando publicaciones que no cumplen con la normativa vigente.

La CNMC ha indicado que estas primeras multas son solo el inicio de una etapa caracterizada por una mayor fiscalización en el ámbito digital. En junio, el organismo ya había realizado requerimientos a otros cinco influencers —Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samy Spain y Lola Lolita— por identificar de forma incorrecta contenidos publicitarios.

La tendencia apunta a un endurecimiento en la aplicación de la ley. El propio sector de los influencers reconoce desde hace tiempo que la publicidad mal señalizada afecta a la credibilidad del colectivo. Ahora, la intervención del regulador y la utilización de herramientas tecnológicas hacen que el riesgo de sanción sea real y constante.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la organización Construyendo Sociedades de Paz, actualmente registrada como el partido político PAZ, incurrió en prácticas indebidas al ofrecer despensas a cambio de que ciudadanos asistieran a asambleas realizadas durante su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

Con esta resolución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ratificó parte de las sanciones impuestas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que la entrega o promesa de apoyos alimentarios afectó el derecho de la ciudadanía a ejercer de manera libre su afiliación y participación política.

TEPJF confirma multas por entrega de despensas

Durante la sesión pública, las magistradas y magistrados de la Sala Superior resolvieron mantener las multas por un monto de 67 mil 884 pesos, al acreditarse que existió el ofrecimiento y la entrega de dádivas en dos asambleas distritales celebradas en Tala y San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

El Tribunal concluyó que las pruebas reunidas por el INE fueron suficientes para demostrar que la organización condicionó la participación de algunas personas mediante la promesa de recibir despensas, una práctica que la legislación electoral prohíbe por representar un incentivo indebido para participar en actividades partidistas.

La resolución subraya que estas conductas vulneran el principio de libertad con el que la ciudadanía debe decidir si participa o no en la creación de un partido político.

Actas, publicaciones y testimonios respaldaron la investigación

En el caso de la asamblea realizada en Tala, el proyecto presentado por el magistrado Gilberto Bátiz destacó la existencia de un acta elaborada por personal del INE.

En dicho documento quedaron asentadas las manifestaciones de diversas personas que preguntaban dónde podrían recoger la despensa que, presuntamente, les había sido prometida por asistir al evento.

Además, la investigación incluyó una publicación difundida en Facebook donde se ofrecía una despensa gratuita en un sitio cercano al lugar donde se desarrollaba la asamblea partidista.

El INE complementó las indagatorias mediante entrevistas realizadas en diversos domicilios, cuyos testimonios fortalecieron la conclusión de que existió un ofrecimiento de apoyos alimentarios vinculado con la asistencia al acto político.

Videos reforzaron las pruebas en Tlaquepaque

En la asamblea celebrada en San Pedro Tlaquepaque, las autoridades electorales reunieron evidencia adicional consistente en videos que mostraban el presunto ofrecimiento de despensas a los asistentes.

Estas grabaciones fueron consideradas elementos suficientes para acreditar que la organización utilizó incentivos materiales para atraer personas a las asambleas requeridas durante el procedimiento para constituirse como partido político nacional.

El Tribunal coincidió con la valoración realizada por el INE y determinó que las pruebas eran consistentes para confirmar la responsabilidad de la agrupación en estos hechos.

Revocan parte de las sanciones relacionadas con aportaciones

En un expediente distinto, la Sala Superior también analizó diversas sanciones impuestas por el INE a la misma organización por irregularidades detectadas durante la fiscalización de sus ingresos y gastos.

De acuerdo con el expediente, el INE había acreditado 25 faltas formales y 17 faltas sustanciales, mientras que la organización impugnó cuatro conclusiones específicas y las sanciones derivadas del resto de las observaciones.

Tras revisar el caso, el Tribunal Electoral revocó tres conclusiones relacionadas con depósitos en efectivo y ordenó al Instituto Nacional Electoral aceptar la documentación presentada por la organización para justificar dichas aportaciones.

Con ello, el INE deberá emitir una nueva determinación respecto a esos movimientos financieros, aunque las sanciones vinculadas con el ofrecimiento de despensas permanecen firmes.

Construyendo Sociedades de Paz es la organización que posteriormente obtuvo su registro como el partido PAZ. Sus impulsores participaron anteriormente en la conformación de los partidos Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario (PES), institutos políticos que en distintos momentos fueron señalados por presuntamente mantener vínculos con grupos ligados a iglesias evangélicas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió 103.000 multas civiles por un total de USD 84.000 millones a inmigrantes ilegales desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca hace unos 18 meses, según declaró un funcionario del departamento a Fox News Digital. Hasta julio, la agencia había cobrado cerca de USD 1.200 millones en pagos.

En mayo, Fox News Digital informó que, de acuerdo con cifras proporcionadas por el DHS, más de 3 millones de inmigrantes ilegales salieron del país durante el primer año del segundo mandato de Trump y que un estimado de 2,2 millones se autoexpulsaron. La administración también reportó casi 900.000 deportaciones y más de 900.000 arrestos hasta el 17 de mayo.

Poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno anunció multas de USD 998 diarios para quienes tuvieran órdenes definitivas de deportación y no abandonaran el país de forma voluntaria. De acuerdo a lo dispuesto por el DHS, los infractores deben pagar antes de ser expulsados y podrían enfrentar la confiscación de bienes si no cumplen con la sanción.

El mecanismo se basa en una ley migratoria aprobada en 1996 que autoriza al gobierno federal a sancionar económicamente a extranjeros que no abandonen el país en los plazos establecidos. Aunque la norma ya se había aplicado durante la primera presidencia de Trump, fue suspendida en 2021 y restablecida en 2025 con nuevos procedimientos.

Cómo funciona el plan de autoexpulsión

Como parte de estas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) difundió un folleto con “beneficios” y “consecuencias” para quienes se autoexpulsen con la aplicación gubernamental CBP Home. El folleto dice: “La autoexpulsión es segura. [...] Salga en sus propios términos eligiendo su vuelo de salida”.

Según el DHS, los inmigrantes ilegales no criminales que salgan voluntariamente podrían conservar el dinero que ganaron en Estados Unidos y mantener la posibilidad de buscar vías legales de inmigración en el futuro; algunos también podrían calificar para vuelos subsidiados en caso de no poder costear el viaje. El folleto advierte que quienes no se autoexpulsen serán “detenidos por el DHS sin oportunidad de poner en orden sus asuntos de antemano”.

Las sanciones llegan a los tribunales

La política de multas generó cuestionamientos de legisladores y organizaciones de derechos civiles, que pusieron en duda su constitucionalidad y efectividad. Sus críticos sostienen que muchas de las personas sancionadas no tienen recursos para afrontar los montos exigidos y que la medida podría sobrecargar los tribunales federales.

El Departamento de Justicia comenzó a presentar demandas civiles contra algunos inmigrantes que habían recibido notificaciones de multa pero aún no habían pagado. Los primeros casos se iniciaron en septiembre pasado en distintos distritos federales, desde California hasta Florida. Para mayo, un análisis de Bloomberg Law había identificado más de 50 demandas.

Las acciones judiciales buscan que un juez reconozca la deuda y autorice al gobierno a ejecutar el cobro. En caso de obtener esos fallos, las autoridades podrían embargar bienes, retener salarios o interceptar reembolsos de impuestos.

Recibir dinero de un familiar o un amigo mediante una transferencia bancaria no genera automáticamente una multa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, existe un requisito que sí puede derivar en sanciones económicas cuando se trata de montos elevados.

En los últimos días ha circulado información sobre supuestas multas de hasta 35 mil pesos por recibir dinero de familiares. Aunque el dato tiene un fundamento legal, no aplica para todas las transferencias, sino únicamente en casos específicos previstos por la legislación fiscal.

A continuación te explicamos cuándo el SAT puede imponer una sanción, qué operaciones deben declararse y qué dice la ley.

¿En qué casos el SAT puede multar por transferencias entre familiares?

La clave está en distinguir una transferencia bancaria ordinaria de un préstamo, donativo o aumento de capital que rebasa los límites establecidos por la autoridad fiscal.

De acuerdo con la información difundida por el SAT y lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las personas físicas deben informar a la autoridad cuando reciben:

• Préstamos.
• Donativos.
• Premios.
• Otros ingresos similares.

La obligación cobra especial relevancia cuando el monto acumulado supera los 600 mil pesos durante un ejercicio fiscal. Si no se presenta el aviso correspondiente, el contribuyente puede hacerse acreedor a una multa que ronda los 35 mil pesos, dependiendo de la infracción.

El requisito indispensable para evitar la multa

El requisito no consiste en pedir autorización para recibir una transferencia, sino en declarar ante el SAT los préstamos, donativos o aportaciones que excedan el monto previsto por la legislación.

En algunos casos también debe presentarse la Forma 86-A, utilizada para informar préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, cuando así lo establece la normatividad fiscal.

Si el contribuyente omite este aviso, el SAT puede considerar que existe un incumplimiento de las obligaciones fiscales y aplicar la sanción correspondiente.

¿Todas las transferencias entre familiares deben declararse?

No, el propio SAT ha aclarado que recibir una transferencia de un familiar o amigo no implica, por sí mismo, una multa, ni existe una disposición que sancione automáticamente este tipo de operaciones.

Las transferencias que forman parte de apoyos económicos habituales, gastos compartidos o movimientos bancarios comunes no generan una sanción únicamente por realizarse.

Sin embargo, cuando las cantidades son elevadas y corresponden a préstamos, donativos u operaciones que la ley obliga a informar, el contribuyente debe cumplir con las disposiciones fiscales para evitar problemas con la autoridad.

¿De cuánto puede ser la multa?

Las sanciones pueden alcanzar alrededor de 35 mil pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento y de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además de la multa, el SAT puede solicitar información adicional para comprobar el origen de los recursos si detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros del contribuyente.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Si vas a recibir una cantidad importante de dinero de un familiar o amigo, los especialistas recomiendan:

• Conservar comprobantes de la operación.
• Elaborar un contrato cuando se trate de un préstamo.
• Declarar los montos cuando la ley así lo exija.
• Mantener congruencia entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios.

De esta manera podrás demostrar el origen de los recursos en caso de que la autoridad fiscal solicite información y evitar posibles sanciones.

En Colombia, las normas sobre la gestión de residuos sólidos son claras, y su incumplimiento puede generar consecuencias tanto para ciudadanos individuales como para conjuntos residenciales.

Una de las preguntas más frecuentes en estos espacios compartidos es si pueden ser multados por sacar la basura fuera del horario definido. La respuesta es afirmativa: existen sanciones cuando no se respeta el calendario oficial de recolección establecido por la autoridad competente.

Este tipo de infracción está contemplado en la Ley 1259 de 2008, que creó el Comparendo Ambiental como herramienta legal para promover el cumplimiento de las normas de limpieza y manejo adecuado de residuos. Según esta ley, la disposición de basura en momentos no autorizados constituye una violación sancionable.

Cada municipio debe adoptar su propio Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el cual se fijan los días y horarios en que los desechos pueden ser sacados a las zonas de recolección. Estos planes también definen las responsabilidades de quienes generan residuos, tanto en viviendas individuales como en propiedad horizontal.

En el caso de apartamentos o casas dentro de conjuntos, donde los desechos se agrupan en un punto común, la responsabilidad puede recaer sobre los administradores. Si no se garantiza que la disposición de la basura se realice dentro del horario permitido, o si la administración no comunica de manera oportuna los lineamientos, es posible que se impongan sanciones a la copropiedad.

Las consecuencias de este tipo de faltas pueden ir desde llamados de atención verbales hasta multas económicas. Las cifras varían según el municipio, pero usualmente las multas oscilan entre uno y veinte salarios mínimos diarios legales vigentes. Algunas alcaldías también incluyen dentro de las medidas correctivas la asistencia obligatoria a actividades pedagógicas relacionadas con el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Las infracciones pueden ser cometidas por personas naturales o jurídicas. Cuando se trata de viviendas particulares, el propietario o arrendatario es quien asume la sanción. En conjuntos residenciales, es la administración o el consejo de administración el que puede responder si se demuestra negligencia o incumplimiento en la gestión de la recolección.

Para prevenir estas situaciones, las copropiedades deben tomar una serie de medidas preventivas. Se recomienda informar a todos los residentes sobre los días y horas establecidos para sacar la basura, coordinar directamente con la empresa prestadora del servicio de aseo y vigilar que los desechos no se dispongan antes o después del horario estipulado. Además, es importante fomentar prácticas de reciclaje y separación en la fuente para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final.

La gestión de los residuos no es solo un asunto operativo, sino una responsabilidad colectiva. El cumplimiento de las normas ambientales no solo evita sanciones, sino que también contribuye a mantener entornos más limpios, saludables y sostenibles.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica informó que 472 conductores fueron multados durante el primer semestre del año por transportar menores sin un dispositivo de retención infantil, una conducta que, además de poner en riesgo la vida de los pequeños, implica una sanción económica de ¢245,000 (USD 544) y la acumulación de cuatro puntos en la licencia de conducir.

Las cifras reflejan que, en promedio, casi tres conductores por día fueron sorprendidos incumpliendo esta obligación, pese a que el uso de sillas de seguridad infantiles es una de las medidas más efectivas para reducir lesiones graves y muertes en caso de un accidente de tránsito.

Un llamado en plena temporada de vacaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aprovechó el inicio del receso escolar para recordar que la protección de los menores durante los viajes no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como una responsabilidad de todos los adultos.

“En estos días de vacaciones escolares de medio año y paseos, vale la pena recordar el valor de transportar a nuestros amores en un dispositivo de retención infantil, porque el amor se demuestra”, señaló la institución mediante una publicación en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de un dato que las autoridades calificaron como preocupante: las 472 sanciones aplicadas durante los primeros seis meses del año evidencian que todavía hay conductores que trasladan a niños sin la protección necesaria.

“Qué mal que se le deba decir a un adulto que debe proteger a sus niños”, agregó la publicación.

Cada edad requiere un dispositivo diferente

La institución recordó que no todas las sillas infantiles son iguales y que el dispositivo debe elegirse de acuerdo con la edad, el peso y la estatura del menor.

Para los bebés de hasta aproximadamente un año, o con una estatura de hasta 75 centímetros y un peso máximo de 13 kilogramos, se recomienda utilizar un portabebé instalado en el asiento trasero del vehículo y colocado en sentido contrario a la marcha, ya que esta posición protege mejor la cabeza, el cuello y la columna vertebral en caso de una colisión.

Las autoridades también enfatizan que este tipo de dispositivo nunca debe instalarse en un asiento con bolsa de aire activa y que debe quedar completamente firme, sin movimientos dentro del vehículo.

Por su parte, los niños de aproximadamente cuatro a seis años, con una estatura entre 110 y 145 centímetros y un peso de 15 a 25 kilogramos, deben viajar en un asiento con respaldar, ubicado igualmente en el asiento trasero.

En estos casos, el cinturón de seguridad debe pasar correctamente sobre el pecho del menor y no sobre el cuello, para evitar lesiones durante un frenazo o un choque.

Una medida que salva vidas

Diversos estudios internacionales han demostrado que los dispositivos de retención infantil reducen considerablemente el riesgo de muerte o lesiones graves en accidentes de tránsito cuando son utilizados correctamente.

Por ello, la legislación costarricense establece la obligatoriedad de estos sistemas de seguridad y contempla sanciones económicas para quienes incumplan la norma.

Sin embargo, las autoridades insisten en que el verdadero objetivo no es imponer multas, sino evitar tragedias que pueden prevenirse con una medida sencilla.

En un contexto de mayor movilidad por las vacaciones de medio año, la Policía de Tránsito pidió a las familias revisar antes de salir que la silla infantil corresponda a la edad y características del menor, que esté correctamente instalada y que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad.

El mensaje final del MOPT resume el espíritu de la campaña: proteger a los niños durante cada viaje no debería depender de una multa, sino del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de cuidar sus vidas.

Negarse a identificarse ante un requerimiento de la Policía en Bogotá puede costarle al ciudadano casi un millón de pesos en multa. Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad, que recordó que quienes dificulten, resistan o impidan la labor de las autoridades durante un procedimiento de identificación serán sancionados con una multa tipo 4, cuyo valor actual es de $933.816.

Para el distrito, esta conducta, considerada contraria a la convivencia según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), también implica la obligación de participar en un programa comunitario.

Según la regulación vigente, los procedimientos de comparendo son gestionados en las Inspecciones de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno y en las alcaldías locales. El objetivo es mantener el orden público y fortalecer la relación entre ciudadanos y autoridades, promoviendo el cumplimiento de normas que garantizan la seguridad colectiva en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Seguridad explicó, a través de una Historia de Convivencia, cómo la negativa a identificarse puede convertirse en una infracción costosa. En la vida diaria, algunos ciudadanos creen que el requerimiento de identificación es una acusación de delito, pero en realidad es una medida preventiva y un deber ciudadano. Identificarse facilita la labor policial y ayuda a prevenir delitos o resolver situaciones de seguridad en el espacio público.

En la Ley 1801 de 2016, el artículo 35 describe los comportamientos que afectan la relación entre personas y autoridades. Los numerales 2 y 3 especifican que resistirse a la función policial o dificultar procedimientos —como la identificación— son comportamientos sancionables. El comparendo es el documento, físico o virtual, en el que la Policía deja constancia de la infracción y ordena a la persona comparecer ante la inspección correspondiente para responder por la conducta.

Durante el 2026, 2.533 personas han sido sancionadas en Bogotá por negarse a identificarse ante la Policía y 2.315 por impedir o incumplir una orden legítima de la autoridad. El comparendo puede implicar una medida correctiva inmediata o, según la gravedad, la imposición de una multa.

Los pagos se pueden realizar a través de la plataforma Lico (Liquidador de Comparendos), donde el ciudadano consulta su situación, paga en línea vía PSE o descarga el recibo para presentarlo en bancos autorizados. El comprobante de pago es el soporte legal requerido para acreditar la cancelación de la sanción.

El sistema de multas del Código de Convivencia se divide en cuatro categorías:

• Tipo 1: $116.727 (aproximadamente). Sanciona conductas como no recoger excrementos de mascotas o invadir el espacio público.
• Tipo 2: $233.454 (aproximadamente). Aplica a quienes portan armas blancas, evaden el pago del transporte o participan en riñas.
• Tipo 3: $466.908 (aproximadamente). Sanciona a quienes venden celulares hurtados, generan ruido excesivo o perturban la tranquilidad.
• Tipo 4: $933.816. Corresponde a las infracciones más graves, como resistirse a la identificación, arrojar basura en espacio público, hacer mal uso de la línea 123 o consumir sustancias prohibidas en lugares no autorizados.

El Pisccj (Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia) busca, además, transformar comportamientos a través de programas pedagógicos y comunitarios, promoviendo la corresponsabilidad y el respeto a la autoridad como pilares para una ciudad más segura y ordenada.

Quienes incumplen el Código de Convivencia y reciben un comparendo tipo 4 no solo deben pagar la multa, sino también participar en estas actividades, que buscan retribuir a la ciudad y mejorar la relación entre ciudadanía y entorno.

No cumplir con el pago en los plazos establecidos acarrea intereses moratorios y permite a la administración iniciar procesos de cobro coactivo, según el artículo 182 del Código. Por eso, la recomendación es atender de inmediato los comparendos y cumplir con las obligaciones legales para evitar sanciones mayores.

La Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para ver el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta para fortalecer la convivencia y no solo como un conjunto de obligaciones. Pequeños gestos de respeto y corresponsabilidad, como identificarse ante los requerimientos policiales, contribuyen a una ciudad más segura, donde todos podamos convivir.

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026 con la expectativa de recibir una sanción económica de la FIFA.

La dramática eliminación en el Coloso de Santa Úrsula ante Inglaterra en octavos de final no sólo supuso el fin deportivo, sino que abrió la posibilidad de una multa para la Federación Mexicana de Futbol por las conductas disciplinarias observadas durante el encuentro.

El reglamento disciplinario prevé sanciones automáticas en casos como el del seleccionado mexicano. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha publicado una resolución oficial sobre la penalización exacta para la Federación.

México podría enfrentar una multa por tarjetas

Según el reglamento vigente, la FIFA contempla sanciones económicas por tarjetas amarillas y expulsiones en la Copa Mundial. En el partido ante Inglaterra, la suma de amonestaciones y la expulsión de César Montes contra Sudáfrica deja abierta la posibilidad de una penalización de este tipo:

• Jorge Sánchez y Johan Vásquez recibieron tarjeta amarilla, cada una asociada a una posible sanción de 10 mil dólares.
• César Montes fue expulsado con tarjeta roja directa, lo que podría implicar una multa de 20 mil dólares.
• El monto total que la FMF podría verse obligada a cubrir ascendería a 40 mil dólares.

De esta manera, la notificación oficial y el cobro dependerán de la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aún estaría analizando los informes arbitrales de los partidos.

Ingresos para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Pese a todo, el balance económico del torneo se muestra favorable para México respecto a la posible multa. La Federación recibió:

• 15 millones de dólares por alcanzar los octavos de final.
• 1.5 millones de dólares como apoyo de preparación previo a la competencia.
• El total recibido fue de 16.5 millones de dólares, muy por encima de cualquier sanción disciplinaria potencial.

En caso de haber llegado a cuartos de final, el premio habría ascendido a los 21.5 millones de dólares.

La derrama generada en la Ciudad de México como sede principal también mostró cifras elevadas en turismo y empleos temporales, consolidando el impacto de la sede incluso fuera de la cancha.

Qué podría pasar si México no cubre la multa

El reglamento disciplinario de la FIFA prevé consecuencias si una federación no cumple con el pago de sanciones económicas, en caso de que estas se confirmen:

• Procedimientos disciplinarios adicionales contra la Federación.
• Recargos sobre la deuda pendiente.
• Restricciones administrativas para futuras participaciones internacionales.
• En situaciones graves, la FIFA puede imponer hasta sanciones deportivas.

Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol permanece a la espera de una resolución oficial sobre el monto y el pago. Hasta que la FIFA haga público el fallo, la sanción económica para México sigue siendo una posibilidad.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puso en marcha el registro obligatorio de scooters y bicicletas eléctricas a partir del 1 de julio de 2026.

Los propietarios de vehículos adquiridos antes de esa fecha tienen hasta el 20 de noviembre para regularizarse; quienes compren uno nuevo desde esa fecha deben recibirlo emplacado directamente en el punto de venta.

La regulación distingue dos categorías. Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas con acelerador propio, motor de entre 250 watts y 1 kilowatt, y velocidad superior a 25 km/h. Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) tienen motor menor a 250 watts y no superan esa velocidad. Cada categoría tiene un trámite y una documentación distinta.

Qué vehículos no están obligados a emplacarse

Quedan exentos de portar placas los VEP que no superen los 35 kilogramos ni los 25 km/h, las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts, y los vehículos de propulsión humana como patines y monopatines tradicionales.

Aun así, estos vehículos exentos deben circular con un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Sin ese distintivo, el propietario también puede ser objeto de revisión.

Trámite para VEMEPE: placas, tarjeta y distintivo

Los propietarios de VEMEPE deben iniciar el proceso en línea a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en la plataforma oficial de la SEMOVI. Ahí se selecciona el tipo de vehículo desde un catálogo registrado por los distribuidores y se sube la documentación requerida.

Una vez que la dependencia valida el expediente, envía por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago. Tras liquidarlo, el propietario agenda una cita presencial —por única ocasión— en un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejan los documentos originales y se entregan las placas de matrícula, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Además del registro del vehículo, el conductor de un VEMEPE debe contar con licencia tipo A1 o A2, casco certificado tipo motociclista y una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Trámite para VEP: sin placas, solo el distintivo

El registro de los VEP sigue el mismo proceso en línea, pero el resultado es distinto: no se otorgan placas ni tarjeta de circulación. Al concluir el trámite, el propietario recibe únicamente el Distintivo de Movilidad Eléctrica —dos calcomanías, una vertical y una horizontal— y la constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.

Para esta categoría no se exige licencia de conducir. El distintivo debe colocarse en el vehículo y portarse en todo momento durante la circulación.

Documentos necesarios para ambas categorías

La SEMOVI establece tres documentos base para realizar el trámite, según el tutorial oficial de la dependencia:

• Identificación oficial vigente con fotografía. Los extranjeros pueden presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.
• Comprobante de domicilio en la Ciudad de México con antigüedad máxima de 90 días.
• Comprobante de propiedad del vehículo: factura de primera venta o carta factura vigente.

La dependencia también solicita el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) vinculado a la factura. Si el propietario solo cuenta con un ticket de compra o nota similar, la SEMOVI permite adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, formato que la propia dependencia proporciona.

Durante todo el proceso, el Enlace Móvil de la SEMOVI está disponible para atender dudas. La dependencia lo señala como canal de orientación desde el inicio del registro hasta la entrega de documentos.

Cuánto cuesta el trámite

La placa de circulación tiene un costo de $709 pesos, el mismo que pagan las motocicletas convencionales. La licencia tipo A1 cuesta $572 pesos y la tipo A2, $1,142 pesos. El pago de la línea de captura para el trámite de registro se cobra de forma adicional a estos montos.

Quienes ya cuenten con licencia tipo A vigente deberán actualizarla a la modalidad A1 o A2 a partir del 31 de julio. Los conductores con licencia permanente quedan exceptuados de ese requisito.

Sanciones por no emplacarse: desde septiembre

Las multas no entran en vigor de inmediato. A partir del 1 de septiembre de 2026, los VEMEPE sin placas podrán ser sancionados, con excepción de quienes aún se encuentren dentro del periodo de regularización.

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho detalló la escala de infracciones: 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a aproximadamente $1,130 pesos— por la primera falta; 15 UMA para quien acumule entre tres y cinco infracciones; y 20 UMA (~$2,260 pesos) con más de cinco reincidencias.

Circular sin casco, sin luces o en zonas prohibidas —como banquetas, ciclovías, carriles exclusivos de autobús o vías rápidas con límite superior a 50 km/h— puede sumar multas de hasta 30 UMA (~$3,394 pesos). La reincidencia en esas faltas puede derivar en el depósito del vehículo en el corralón.

El pedido será evaluado en una sesión extraordinaria del concejo municipal convocada con un único punto en agenda: debatir la derogación de disposiciones contenidas en la Ordenanza N.º 531-2022, la cual, según los regidores, habría otorgado facultades que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las autoridades competentes en materia de tránsito. La solicitud también se produce luego de que distintas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) establecieran límites a las competencias de las municipalidades distritales para sancionar infracciones de tránsito.

Regidores cuestionan ordenanza que permitió aplicar multas y remolcar vehículos

La información fue difundida por el periodista Tito Alvites durante el programa La Hora del Volante, donde señaló que nueve regidores de la comuna presentaron un documento solicitando dejar sin efecto los incisos de la ordenanza que autorizan la imposición de papeletas, el uso de grúas y el cobro de sanciones económicas a conductores por presuntas infracciones relacionadas con el estacionamiento.

Según explicó, la iniciativa es encabezada por el regidor Julio César Martín Avanzini, quien sostiene que la normativa municipal contraviene los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que las municipalidades distritales no cuentan con competencia normativa para imponer sanciones autónomas en materia de tránsito terrestre.

De acuerdo con el pedido presentado al concejo, las disposiciones cuestionadas habrían servido de base para iniciar procedimientos administrativos contra miles de conductores, incluyendo el traslado de vehículos a depósitos municipales y la imposición de multas que, en algunos casos, alcanzaron el 25 % o el 50 % de una UIT, montos considerablemente superiores a las sanciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito para este tipo de infracciones.

Los regidores sostienen que la competencia para imponer sanciones por vehículos mal estacionados corresponde a la Policía Nacional del Perú, encargada del control del tránsito, o a las municipalidades provinciales mediante los mecanismos establecidos por ley, pero no a las municipalidades distritales actuando de manera autónoma.

En el documento también se cita que el máximo intérprete de la Constitución ha desarrollado este criterio en diversas sentencias, en las que precisa que los municipios distritales no pueden crear ni aplicar un régimen sancionador propio en materia de tránsito.

La sesión extraordinaria del concejo municipal fue convocada para las 5:00 p.m. y tendrá como único tema el análisis de la propuesta para modificar la ordenanza vigente.

Conductores denuncian embargos y cobros elevados por papeletas emitidas años atrás

Durante la difusión del caso también se expusieron denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por la aplicación de estas sanciones. Uno de los casos mencionados fue el de María Vázquez, quien afirmó que la municipalidad embargó aproximadamente S/ 6.000 de sus cuentas bancarias por dos papeletas relacionadas con presuntas infracciones de estacionamiento.

Según su testimonio, una de las multas fue emitida cuando permanecía dentro de su vehículo esperando a un familiar frente a un establecimiento comercial. Indicó que nunca fue intervenida por un efectivo policial y que solo tiempo después tomó conocimiento de la existencia de la sanción, cuando el procedimiento ya había avanzado hasta el embargo de sus cuentas.

Otro de los episodios expuestos corresponde a una segunda infracción que, según relató, ocurrió mientras buscaba una dirección y detuvo momentáneamente su vehículo con las luces intermitentes encendidas. Meses después recibió la notificación de la multa, que con intereses, costos y gastos administrativos terminó incrementando considerablemente el monto original.

Asimismo, se mencionó el caso de Clelia López, quien enfrenta una deuda cercana a S/ 2.750, equivalente a media UIT, situación que, según explicó, le impide circular con tranquilidad por el distrito debido al riesgo de que su vehículo sea intervenido y trasladado al depósito municipal.

Durante el programa también se recordó que situaciones similares se registraron anteriormente en otros distritos de Lima. Se mencionó el caso de San Miguel, donde fueron anuladas decenas de miles de papeletas tras cuestionamientos a su legalidad, así como procesos similares ocurridos en Magdalena del Mar.

Los conductores afectados sostienen que, además de las multas, el principal problema fue la falta de notificación oportuna, lo que permitió que las deudas aumentaran con intereses y gastos administrativos hasta alcanzar varios miles de soles antes de que los propietarios tomaran conocimiento del procedimiento.

En ese contexto, también se cuestionó el uso de otros mecanismos de inmovilización de vehículos, como los denominados cepos, implementados en algunos distritos en reemplazo de las grúas. Según los cuestionamientos expuestos, estas medidas también obligan al conductor a realizar un pago para recuperar el uso de su vehículo.

La Comunidad de Madrid presume en su página web de que el 100% de la flota de autobuses interurbanos es “accesible”. Es decir, que cualquier persona con movilidad reducida puede viajar en ellos. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso “mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal en el sistema de transporte público, entendiendo que este es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas”, señala la última memoria del Consorcio Regional de Transportes (CRT), que revela que por las carreteras madrileñas se mueven 2.108 buses en 476 líneas que transportaron en el año 2024 a 307 millones de viajeros.

Sin embargo, el número de multas que impone el Consorcio por incumplir la normativa en materia de accesibilidad ha crecido en los últimos cinco años. Si en 2021 se pusieron 248 sanciones, en 2025 se tramitaron 374, un 50% más. Si analizamos la cuantía económica de estas multas, la subida es mucho mayor. Los 51.660 euros que pagaron las empresas concesionarias de las líneas en 2021 pasaron a 669.934 euros en 2025, un incremento del 1.196%. Sumando estos cinco ejercicios, se han puesto 1.490 expedientes sancionadores, que han conllevado aparejadas multas por valor de 1.088.463 euros.

Estos datos han sido obtenidos por la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, que hizo una petición oficial de información a la Comunidad de Madrid. “Estas cifras demuestran que hay problemas de accesibilidad en el transporte de autobuses. No solo para los viajeros de movilidad reducida, también estamos hablando de problemas de locución en los buses para los viajeros con problemas de visión o falta de información escrita para viajeros con problemas de audición”, explica la parlamentaria. Un portavoz del Consorcio explica que estas sanciones responden generalmente a incidentes muy concretos. “El 100% de la flota es accesible, pero un vehículo siempre puede presentar alguna incidencia en un momento determinado. Las sanciones suelen deberse a cuestiones como averías en la rampa de acceso, fallos en los sistemas de accesibilidad u otros incumplimientos puntuales del servicio, no necesariamente a que el autobús no sea accesible”.

Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). “Las multas han aumentado porque hemos presionado al Consorcio para que haya un mayor control en materia de accesibilidad”, explica. Los datos también revelan que este organismo público que gestiona el transporte en Madrid ha incrementado el número de inspecciones que realiza para vigilar, precisamente, que las normas en materia de accesibilidad se cumplen. Si en 2021 solo se realizaron 1.976 inspecciones, en 2025 esta cifra subió a 2.857, un 44% más. A más inspecciones, más sanciones.

Mantenimiento y formación

Font asegura que todavía hay mucho que trabajar en los autobuses interurbanos. “El mantenimiento de estos vehículos es deficitario y la formación de los conductores es mejorable. Estamos pidiendo que, como ahora toca renovar los contratos, es el momento de hacer ajustes. Si las rampas no se arreglan, la empresa tiene que pagar de su propio bolsillo un taxi para el viajero, como lo hace la EMT. Por mucho que el Consorcio diga que el 100% de la flota es accesible, si el mantenimiento no es correcto, no son accesibles”. En estos cinco años, 29 empresas fueron sancionadas, encabezando el listado De Blas y Cía, ahora bautizada como Arriva, que ha acumulado 269 sanciones en cinco años. Le sigue Nex Continental, de Alsa, con 158 expedientes. En tercer lugar aparece La Veloz con 199. En el apartado de cuantía económica, es Avanza la que encabeza este ranking: sus 87 multas han conllevado 227.000 euros. Este diario ha intentado hablar con algunas de ellas, como Arriva y Alsa, sin éxito.

Según los datos del Consorcio, el 28% de las quejas y sugerencias recibidas están relacionadas con temas de accesibilidad. Pero se refiere a las reclamaciones que se reciben en toda la red (Metro, EMT, Cercanías...). No distingue por medio de transporte. Eso sí, de las 57.000 quejas recibidas en 2024, el 24% están relacionadas con los autobuses. Con esa extrapolación, los buses recibieron 14.200 quejas, y de esas, el 28% podrían estar relacionadas con la accesibilidad. El Consorcio está a punto de aprobar el nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos de la región. Se trata del mayor contrato de transporte por carretera de España.

El Consorcio Regional de Transportes ya ha aprobado los 21 anteproyectos que contienen todas las líneas planificadas para mover por carretera a millones de viajeros durante los próximos diez años. Un servicio por el que la Comunidad pagará más de 10.000 millones de euros. La red quedará reorganizada en 472 líneas y alcanzará al 98% de la población. La flota crecerá hasta los 2.470 vehículos para el arranque del servicio, incluyendo unidades de reserva.

Buses no contaminantes

Otro de los objetivos del mapa concesional es renovar el parque móvil para que la flota de autobuses no contamine, es decir, sean vehículos cero emisiones. Las empresas que ganen las concesiones, sobre todo si entran nuevas compañías, tendrán que subrogar a los trabajadores de las líneas de las que se hagan cargo, respetando los acuerdos de empresa vigentes en cada caso. También hay una obligación de renovar la flota de vehículos: estos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Todos estarán adaptados para poder transportar a pasajeros con movilidad reducida, tendrán cámaras de seguridad en su interior y se podrá pagar el billete con tarjeta bancaria.

Las trabajadoras del hogar y los trabajadores comprendidos en este régimen especial tienen derecho a recibir su gratificación por Fiestas Patrias hasta el próximo 15 de julio, incluso si no cuentan con un contrato de trabajo por escrito. Así lo recordó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que precisó que lo determinante para acceder a este beneficio es demostrar que existe un vínculo laboral con el empleador.

La entidad explicó que este derecho está reconocido en la Ley N.° 31047, norma que equiparó las condiciones laborales de este sector con las del régimen privado. Además del pago de gratificaciones, la legislación contempla beneficios como vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), límites en la jornada laboral y mecanismos para denunciar incumplimientos ante las autoridades.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la gratificación por Fiestas Patrias?

De acuerdo con el MTPE, las trabajadoras del hogar tienen derecho a una gratificación equivalente a una remuneración completa por Fiestas Patrias siempre que mantengan un vínculo laboral vigente con su empleador y hayan trabajado, como mínimo, un mes entre enero y junio del presente año.

Uno de los aspectos más importantes es que la existencia de un contrato escrito no es un requisito indispensable para acceder al beneficio. Si puede acreditarse que existe una relación laboral, corresponde el pago de la gratificación conforme a la normativa vigente.

En los casos en que la persona haya laborado menos de seis meses durante el primer semestre del año, el monto se calculará de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Asimismo, la cartera de Trabajo recordó que quienes ya no mantienen una relación laboral al momento del pago también conservan este derecho si cumplieron con haber trabajado al menos un mes durante el semestre. En estos casos corresponde el pago de la denominada gratificación trunca, la cual debe entregarse junto con los demás beneficios sociales dentro de las 48 horas posteriores al cese del vínculo laboral.

El beneficio también se aplica en diciembre. La legislación establece que las personas trabajadoras del hogar deben recibir una segunda gratificación por Navidad, cuyo pago deberá realizarse hasta el 15 de diciembre de cada año. Si la fecha límite coincide con un feriado o día no laborable, el empleador deberá efectuar el depósito el día hábil anterior.

El MTPE exhortó a los empleadores a cumplir con este pago dentro del plazo establecido y recordó la importancia de formalizar la relación laboral mediante el registro correspondiente, lo que permite garantizar el acceso a todos los beneficios laborales y de protección social.

Vacaciones, CTS y multas: los demás derechos de las trabajadoras del hogar

La protección legal para las trabajadoras del hogar no se limita al pago de gratificaciones. Desde la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley N.° 31047, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 009-2021-TR, este sector cuenta con derechos similares a los de cualquier trabajador del régimen privado.

Según explicó anteriormente el juez superior Miguel Ángel Díaz Cañote, de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Lima Este, la normativa se encuentra alineada con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es garantizar condiciones laborales dignas para quienes realizan trabajo doméstico remunerado.

Entre los principales derechos reconocidos se encuentran:

• Dos gratificaciones al año, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad.
• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
• Vacaciones de 30 días calendario luego de cumplir un año continuo de labores.
• Remuneración no menor a la Remuneración Mínima Vital, cuando corresponda.
• Jornada máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales.
• Protección frente a actos de discriminación, violencia y hostigamiento.

La normativa también establece sanciones para los empleadores que incumplan estas obligaciones. Las multas varían según la gravedad de la infracción y se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Las infracciones leves son sancionadas con 0,05 UIT por cada trabajador afectado. En el caso de infracciones graves, la multa asciende a 0,13 UIT, mientras que las muy graves alcanzan 0,25 UIT por cada persona perjudicada. Existen además supuestos específicos considerados muy graves que pueden generar sanciones de hasta 4,50 UIT, conforme al régimen de fiscalización laboral.

Cuando una trabajadora considera que sus derechos no han sido respetados, puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que se inicie una inspección. También tiene la posibilidad de acudir al Poder Judicial, ya sea mediante un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado, dependiendo de las características del caso.

El MTPE recordó que tanto trabajadores como empleadores pueden acceder gratuitamente a orientación sobre el régimen del trabajo del hogar a través de sus canales oficiales de atención, donde reciben información sobre derechos, obligaciones y procedimientos para formalizar la relación laboral.

Las autoridades de California han puesto en marcha una etapa rigurosa de aplicación de sanciones por estacionar cerca de cruces peatonales, medida que afecta a la totalidad de conductores en el estado, con especial énfasis en el sur de California. El cambio coincide con el final del periodo de educación pública y el inicio de una vigilancia activa bajo la ley conocida como “Daylighting to Save Lives” (Asamblea Bill 413), que prohíbe estacionar en las inmediaciones de pasos peatonales y prevé sanciones para quienes incumplan. Esta nueva fase comenzó en julio de 2026 y representa el cierre de meses de advertencias y campañas educativas.

Según informó Newsweek y confirmaron gobiernos locales, la ley impide estacionar vehículos a menos de 20 pies (6,1 metros) del lado de aproximación de un cruce peatonal, aunque no existan marcas, señales o pintura roja en el bordillo. En aquellos cruces con extensiones de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies (4,6 metros). Esta disposición responde a un esfuerzo integral de seguridad vial estatal, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que ha divulgado información a residentes y conductores desde enero de 2025.

La legislación se inscribe en una política estatal destinada a reducir la mortalidad peatonal en California. De acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras y autoridades estatales, el 36 por ciento de los fallecimientos de peatones se produce en intersecciones donde la visibilidad se ve comprometida por vehículos estacionados. Las autoridades y organizaciones civiles sostienen que mantener despejados los accesos a los cruces peatonales facilita la visibilidad tanto para automovilistas como para peatones.

¿Qué establece la ley “Daylighting to Save Lives” en California?

La Asamblea Bill 413, promulgada en 2025, introdujo una prohibición específica para estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo dentro de los 20 pies previos al cruce peatonal en la aproximación, ya sea que el cruce esté marcado o no. Si el cruce presenta una extensión de banqueta, la restricción disminuye a 15 pies. Según la ciudad de East Palo Alto y la información difundida por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el cumplimiento de la ley es independiente de la existencia de señales, marcas viales o pintura roja en el cordón.

De acuerdo con la guía oficial, la infracción puede sancionarse aunque no existan marcas visibles ni anuncios específicos, lo que implica un cambio relevante respecto a las prácticas previas en algunas jurisdicciones. Tal como detalló el sitio oficial de la ciudad de East Palo Alto, “es ilegal estacionar, detenerse o permanecer con un vehículo a menos de 20 pies (6,1 metros) de un cruce peatonal, marcado o no, únicamente en el lado de aproximación de la vía”.

¿Por qué California aprobó la ley Daylighting y qué problema busca resolver?

La aprobación de la ley Daylighting responde a una preocupación creciente por la seguridad peatonal en las ciudades de California. De acuerdo con Newsweek, y con cifras citadas por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, “casi el 36 por ciento de las muertes de peatones ocurre en intersecciones”, donde la visibilidad se ve reducida por vehículos mal estacionados. Los cruces en esquinas y zonas escolares presentan un riesgo superior, según las autoridades locales.

El objetivo declarado de la norma es mejorar la línea de visión tanto de peatones como de conductores, permitiendo que ambos detecten de manera anticipada la presencia del otro. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ha enfatizado que “evitar que los automóviles se estacionen cerca de las esquinas permite que los conductores vean mejor a los peatones y viceversa”, en materiales de divulgación pública.

Organizaciones como Vision Zero y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico han respaldado la ley, señalando la relación directa entre la visibilidad en las esquinas y la reducción de atropellos fatales. La iniciativa cuenta con el apoyo de gobiernos municipales, que buscan alinearse con los objetivos de reducción de accidentes en el marco de programas como Vision Zero.

¿Cuándo entró en vigor la ley y cómo cambió la fiscalización en 2026?

La ley Daylighting entró en vigor el 1 de enero de 2025 en todo el estado de California. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales y agencias de seguridad optaron por una estrategia de educación y advertencias, evitando sanciones económicas inmediatas para dar tiempo a los conductores de adaptarse a la nueva normativa. Según Newsweek, este periodo de instrucción concluyó en marzo de 2025 para la mayoría del estado, aunque en el condado de Los Ángeles se prolongó hasta noviembre de ese año.

A partir de julio de 2026, las autoridades iniciaron una etapa de vigilancia activa y aplicación de sanciones. “El periodo de educación terminó y la ley se hará cumplir en toda su extensión”, afirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles en declaraciones recogidas por Newsweek. Las agencias locales han informado a la población mediante campañas en redes sociales, folletos y anuncios en zonas de alto tránsito.

¿Cuáles son las sanciones y cómo se aplican las multas por estacionar cerca de un cruce peatonal?

El principal efecto para los conductores es la posibilidad de recibir multas de 63 dólares por estacionar dentro de la zona prohibida, según las autoridades y medios como el World Journal. Los funcionarios han advertido que la ausencia de señalización, marcas o pintura roja no es un argumento válido para apelar la sanción. “La ley no requiere marcas ni señales adicionales para su cumplimiento”, señaló el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en los comunicados oficiales.

Las sanciones aplican tanto a vehículos privados como a servicios de reparto y empresas de transporte, lo que ha llevado a empresas y gestores de flotas a modificar sus protocolos de estacionamiento en áreas urbanas. Las multas pueden imponerse incluso en cruces donde no existía restricción previa, lo que ha generado la recomendación de verificar siempre la distancia antes de estacionar.

¿Qué deben hacer los conductores para evitar multas bajo la nueva ley?

Con la aplicación estricta de la ley, los conductores deben modificar sus hábitos y verificar la distancia al estacionar cerca de pasos peatonales, incluso si no hay marcas visibles ni señales específicas. Las autoridades recomiendan dejar al menos 20 pies (6,1 metros) desde la línea de aproximación a cada cruce, o 15 pies (4,6 metros) en el caso de extensiones de banqueta, de acuerdo con la información oficial de la ciudad de East Palo Alto.

Los espacios antes disponibles en esquinas o zonas próximas a cruces pueden ahora estar sujetos a sanción, por lo que se insta a los automovilistas a informarse a través de fuentes oficiales y revisar los canales de comunicación de los municipios. “Quienes incumplan la distancia mínima establecida se exponen a sanciones económicas, sin importar la falta de señalización”, reiteró un vocero del Departamento del Sheriff en declaraciones recogidas por Newsweek.

¿Qué impacto tiene la ley Daylighting para la seguridad vial y qué se puede esperar en el futuro?

La implementación estricta de la ley Daylighting supone un ajuste para los conductores y autoridades locales en la gestión cotidiana del tránsito. Se espera un aumento en la expedición de multas y en la conciencia pública sobre la seguridad peatonal en cruces, según lo reportado por Newsweek y fuentes institucionales. Las municipalidades han comunicado que continuarán con acciones de información y actualización de la infraestructura, tales como pintura de cordones y señalización en zonas de riesgo prioritario, aunque la ley ya es aplicable en todo el estado.

El Departamento del Sheriff y las autoridades municipales han señalado que la medida se mantendrá como una herramienta permanente para reducir accidentes y proteger a los peatones en zonas urbanas. Se prevé que la normativa pudiera servir de referencia para otros estados en el futuro.

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó que esta disposición regirá del 15 al 31 de julio, periodo durante el cual la ciudad deberá lucir los colores rojo y blanco como muestra de respeto a los símbolos nacionales.

Sin embargo, un recorrido realizado por ATV evidenció que el cumplimiento de la medida aún es escaso. Durante varias cuadras del Cercado de Lima, el equipo periodístico encontró apenas una vivienda con la bandera nacional colocada correctamente, mientras que la mayoría de inmuebles todavía no había cumplido con la disposición municipal, pese a que faltan pocos días para el inicio de las sanciones.

La comuna limeña informó que la finalidad de esta obligación consiste en fortalecer el civismo y promover el respeto por los emblemas patrios durante el mes de la independencia. Asimismo, precisó que la insignia debe instalarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta, ya que no está permitido ubicarla en balcones, ventanas o puertas.

Multas por no colocar la bandera

Las autoridades también recordaron que el incumplimiento tendrá consecuencias económicas. En el Centro Histórico de Lima, la sanción por no colocar la bandera alcanzará los S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la penalidad será de S/550. De esta manera, la municipalidad busca garantizar que los inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción participen en esta tradición cívica durante las celebraciones nacionales.

Además, el municipio advirtió que existe una infracción considerada más grave: el uso inadecuado del símbolo patrio. Quienes exhiban una bandera deteriorada, rota, sucia, descolorida o alterada podrán recibir una multa superior a los S/5.500, debido a que esta conducta representa una falta de respeto hacia uno de los principales emblemas del país.

Durante la transmisión de ATV, se explicó que la bandera únicamente debe presentar los colores rojo y blanco, por lo que el escudo nacional no constituye un requisito obligatorio. No obstante, enfatizó que el elemento debe encontrarse en buen estado de conservación y colocarse conforme a las especificaciones establecidas por la autoridad edil.

El recorrido también mostró que algunos residentes recién comenzaban a instalar el pabellón nacional, aunque la mayoría todavía no lo hacía. Frente a ese panorama, el llamado apunta a que los propietarios regularicen la situación antes del 15 de julio, fecha desde la cual los fiscalizadores podrán imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la norma.

La campaña de embanderamiento forma parte de las actividades por el 205.º aniversario de la independencia del Perú, con las que la Municipalidad Metropolitana de Lima busca que calles, viviendas y establecimientos comerciales reflejen el espíritu patriótico propio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no esperar el último momento y colocar la bandera nacional de manera correcta para evitar multas y contribuir al homenaje por el mes patrio.

TransMilenio, como sistema de transporte masivo de Bogotá, moviliza diariamente a millones de personas a través de buses troncales, alimentadores y servicios zonales.

Al ser un medio colectivo, está sujeto a normas que buscan garantizar la convivencia, el orden público y la seguridad de los usuarios.

Una de esas reglas se relaciona con el consumo de bebidas embriagantes dentro de su infraestructura, aspecto regulado por disposiciones oficiales que también contemplan sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, solo durante 2024 se registraron en promedio “4′000.000 de viajes al día” en el sistema, lo que da cuenta de la magnitud de su operación y de la necesidad de contar con regulaciones claras que protejan la experiencia de los pasajeros.

En este contexto, tanto la administración de TransMilenio como la Policía Nacional velan por la aplicación de medidas preventivas orientadas al buen comportamiento en estaciones, portales y buses.

El manual del usuario, en concordancia con el Código Nacional de Policía, establece que está prohibido ingerir “alimentos, bebidas, derivados del tabaco o sustancias prohibidas al interior de los buses o infraestructura del Sistema”.

Esta regla incluye de manera específica el consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual, quien incurra en esa conducta se expone a una sanción de tipo 1. La multa equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que corresponde a 109.447 pesos colombianos para 2025.

El objetivo de esta disposición es prevenir situaciones que puedan alterar la tranquilidad y seguridad de los demás usuarios. La ingesta de alcohol en espacios colectivos suele estar vinculada a conductas que generan incomodidad o riesgo, razón por la cual la normatividad busca anticiparse a posibles conflictos.

No obstante, esta no es la única falta contemplada en la normativa de TransMilenio. El manual recoge diferentes comportamientos que se consideran contrarios a la convivencia y que pueden ser objeto de sanción. Entre ellos se encuentra impedir la entrada o salida prioritaria de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad o pasajeros con niños. También están tipificados actos como empujar, agredir o irrespetar a otros pasajeros durante el uso del servicio.

El documento igualmente prohíbe el ingreso o salida de estaciones por lugares distintos a las puertas autorizadas, la evasión del pago del pasaje y el transporte de mascotas sin cumplir con los requisitos definidos en la reglamentación vigente.

También se sanciona perturbar la tranquilidad con comportamientos considerados molestos, manipular las puertas de los articulados, irrespetar al personal del sistema, dañar los equipos de emergencia o incurrir en actos obscenos.

En cuanto a los derechos de los pasajeros, el manual recuerda que los ciudadanos pueden exigir condiciones de calidad, seguridad y eficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, tienen la facultad de solicitar información para la defensa de sus derechos individuales y colectivos, comunicar a las autoridades cualquier irregularidad y acceder al beneficio del transbordo en los tiempos establecidos por el sistema.

Otro derecho reconocido es el de viajar con animales de compañía bajo parámetros definidos. La Sentencia C-439 de 2011 de la Corte Constitucional y el Código Nacional de Policía respaldan el ingreso de mascotas al sistema, siempre que se cumplan los lineamientos establecidos en materia de transporte responsable y condiciones de seguridad.

Los lineamientos también hacen énfasis en la importancia del trato respetuoso por parte del personal operativo y administrativo hacia los usuarios. De igual manera, se busca que exista reciprocidad, es decir, que los pasajeros también mantengan un comportamiento adecuado hacia los funcionarios y hacia los demás viajeros.

A pesar de que la Argentina logró en mayo un superávit en su balanza energética de USD 1.395 millones, a la vez que es sede de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, el país sigue dependiendo de las importaciones de gas en invierno.

La paradoja tiene una explicación estructural. La Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas, pero la demanda invernal supera los 180 MMm3/d. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales.

Es por eso que el gas natural licuado (GNL) importado opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales —aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares—. Este invierno, ese seguro llegó, pero con un precio que el sector productivo dice no poder pagar.

“Llevo 10 días con la gente parada sin producir y acumulé $100 millones en multas en cinco días. Estoy generando multas sin producir", comentó a Infobae la dueña de una fábrica de ladrillos en la provincia de Buenos Aires. Su horno no puede apagarse: necesita mantener un mínimo técnico para no arruinar la estructura. Pero la distribuidora le ordenó consumo cero. Cada día que produce para sostener ese piloto, le llega una multa de alrededor de $50 millones, con el riesgo adicional de que le corten el suministro por completo. “Claramente esto se va a judicializar”, advirtió.

El caso, no obstante, no es aislado. Alrededor de 130 fábricas en todo el país sufrieron cortes o decidieron frenar la producción ante el salto en el precio del GNL importado, que este invierno el Gobierno decidió trasladar íntegramente a la industria, sin subsidios del Tesoro, como se hacía desde 2008. La razón detrás de esa decisión se alinea con la intención del Gobierno que los usuarios paguen el “precio real de la energía”.

El mayor impacto se concentra en el litoral y el norte del país, donde los cortes e interrupciones alcanzan al 50% de las industrias, según fuentes del sector.

El detonante fue una combinación de factores. El conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio internacional: el GNL pasó de cotizar en torno a los USD 11 por millón de BTU —la unidad de medida térmica inglesa usada en el sector— a valores de entre USD 23 y USD 26. Para las industrias que no participaron de las subastas públicas organizadas en el mercado electrónico de gas (Megsa), el precio final llegó a ser casi diez veces superior al del gas de red local, que ronda los USD 4,5 por millón de BTU.

“Ya llevamos 15 años de crisis energética. Sabemos cómo es el invierno y armamos nuestros planes de producción en base a esa oferta de gas para que no falte en los hogares”, explicaron en el sector industrial.

“Nunca nos pasó que nos mandaran a consumo cero”, dijo la dueña de la empresa de ladrillos. Y continuó: “La Argentina tiene gas pero falta infraestructura; el gas que compró el país lo pagó en medio del conflicto de Medio Oriente y la industria no puede absorber de ninguna manera esos costos. Es un sobrecosto inviable para el sector que encima viene deprimido hace un año y medio”.

El precio que pagan los que no compraron en subasta

Si bien la importación de GNL estaba en manos de Enarsa desde hace casi 20 años, este año el gobierno buscaba que la operación quedara en manos privadas. Y, aunque hubo dos oferentes para hacerse cargo del negocio, finalmente quedó bajo la órbita estatal. Según pudo reconstruir este medio, los plazos de importacion y la necesidad de garantizar el suministro fueron determinantes para acelerar esta decisión.

Como respuesta a esta situación, Enarsa compró los buques, pero también organizó subastas para que las industrias adquirieran GNL de forma directa en el Megsa. Las empresas que no participaron quedaron expuestas a negociar con Trafigura, la comercializadora de materia prima que en una de esas licitaciones adquirió el equivalente a cinco cargamentos de GNL. Fuentes oficiales sostienen que “la industria tuvo acceso al volumen antes que cualquier comercializador” y que las compañías que hoy negocian con el trader “son las que decidieron no tomar ese volumen en las subastas”.

Las distribuidoras reconocen que aplican cortes tanto en contratos interrumpibles —aquellos que ofrecen gas más barato a cambio de no garantizar el suministro— como en contratos firmes con ventanas, que contemplan restricciones parciales por períodos acordados.

En la práctica, los contratos interrumpibles están cortados en su totalidad. Los firmes con ventana, en cambio, permiten a la distribuidora tomar días de corte hasta un máximo de 60 días por año, que pueden aplicarse de forma discontinua según la necesidad operativa. Camuzzi Gas Pampeana, por ejemplo, aplica esa ventana sobre los grandes usuarios del área metropolitana de Buenos Aires. Para las industrias con contrato firme que igualmente reciben cortes, la situación deriva en una discusión jurídica sobre el incumplimiento de acuerdos vigentes. Varias cámaras empresariales ya anticipan acciones legales.

La Cámara Industrial de Cerámica Roja (Cicer) advirtió que “el impacto es especialmente grave en las empresas de menor escala, que constituyen la base del entramado productivo del sector”. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) expresó “profunda preocupación” por la falta de suministro y la escalada de costos. Desde la Unión Industrial de Salta informaron que la falta de gas golpea al polo cerámico, los ingenios azucareros, las empresas citrícolas y tabacaleras, además de distintas economías regionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó por escrito al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, una propuesta para llegar al ministro de Economía, Luis Caputo: dividir en partes iguales la diferencia entre el precio del GNL importado y el valor local, con el Estado absorbiendo la mitad como subsidio. El costo fiscal estimado era de USD 130 millones para el período junio-mediados de agosto. Caputo la rechazó.

El norte, el eslabón más débil

En el norte del país, la situación es estructuralmente más grave que en el centro o el AMBA: las obras de reversión del Gasoducto Norte aún no están terminadas, lo que limita el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia provincias como Salta, Jujuy y Tucumán. El GNL aparece allí como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable: su precio llega a ser seis veces superior al del gas proveniente de la cuenca neuquina.

El impacto no se limita a la industria. Las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) también sufrieron restricciones, con largas filas y piquetes registrados en La Plata. Desde fines de abril, las principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires ordenaron limitar las ventas de GNC al cupo del firme contratado.

El costo de importar en un año de guerra

Este invierno entrarán al país alrededor de 25 cargamentos de GNL con un costo cercano a los USD 1.000 millones, a razón de unos USD 20 por millón de BTU. El ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales proyectó que la factura total podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: antes de la guerra, el GNL cotizaba alrededor de USD 11 por millón de BTU.

El sobrecosto energético tampoco se limita al gas. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) había proyectado en febrero un precio de USD 65 el MWh para mayo, pero terminó pagándose USD 105. En junio, el valor trepó a USD 142, en gran parte por el mayor uso de combustibles líquidos importados para generar electricidad ante la escasez de gas. La industria, que consume energía eléctrica de manera intensiva, paga así más caro tanto el gas como la luz en el momento de menor actividad del año.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno —antes llamado Néstor Kirchner— debería reducir a la mitad la dependencia del GNL importado en 2027. Hoy, la segunda parte del proyecto que permitirá ampliar aún más la capacidad de transporte del ducto, y, una vez finalizada, garantizar el abastecimiento de gas en el interior del país sobre todo durante los meses de invierno, ya está dentro del marco del RIGI.

No votar o no cumplir funciones electorales puede generar una deuda que luego bloquea trámites. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene un sistema digital para revisar sanciones pendientes con solo el DNI. La verificación toma pocos minutos y permite conocer el tipo de falta y el monto antes de iniciar gestiones ante el Estado.

La guía también sirve si la persona fue miembro de mesa y no asistió, o si necesita confirmar que no arrastra infracciones de procesos anteriores. La plataforma oficial funciona en cualquier dispositivo con internet y muestra el detalle de cada registro.

Paso a paso para consultar la multa con tu DNI

1) Ten a la mano tu DNI: solo necesitas el número de Documento Nacional de Identidad para iniciar la verificación.

2) Ingresa al portal oficial del JNE: https://multas.jne.gob.pe/login

3) Completa la consulta: escribe el número de DNI, acepta los términos y condiciones y resuelve el código de verificación (captcha).

4) Revisa el resultado en pantalla: el sistema muestra si tienes multas pendientes, el tipo de infracción y el monto total.

5) Identifica el motivo, si existe deuda: la plataforma detalla si corresponde a omisión al voto, inasistencia a la mesa electoral o negativa a asumir una junta receptora de sufragios.

6) Define el siguiente paso: con esa información, puedes optar por pagar la sanción o solicitar una dispensa o justificación, según corresponda.

7) Hazlo con anticipación: el servicio está disponible las 24 horas y se recomienda revisar antes de iniciar trámites importantes para evitar bloqueos.

Montos y tipos de sanción que aparecen en la consulta

Las multas por no votar varían según la clasificación del distrito que figura en el DNI. En zonas de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50; en distritos de pobreza no extrema, asciende a S/55; y en localidades catalogadas como no pobres, llega a S/ 110.

Para miembros de mesa que no asistieron o se negaron a cumplir la función, la multa es única: S/275. En el sistema, ese registro aparece con el motivo de la infracción y el monto correspondiente.

Consecuencias por no pagar: trámites que pueden bloquearse

El JNE advierte que una multa impaga genera restricciones administrativas. Entre los efectos mencionados figuran límites para tramitar o renovar el DNI, obtener pasaporte en Migraciones y realizar compraventas ante notario. También se reportan bloqueos en gestiones judiciales y administrativas, además de procedimientos vinculados al estado civil, como matrimonios e inscripciones.

El criterio señalado por voceros citados en esas publicaciones es que el trámite se detiene hasta que la persona regularice su situación. Por eso, la consulta previa se vuelve un paso preventivo.

¿Cómo pagar tu multa?

Virtual

• Entra a https://multas.jne.gob.pe/login y revisa si figura alguna sanción electoral.
• Coloca tu número de DNI para ver si existe deuda y el motivo del cobro.
• Elige el canal de cancelación que te resulte más conveniente.
• Si prefieres la modalidad digital, ingresa a Págalo.pe.
• Ubica la categoría “JNE” y selecciona “Multas electorales”.
• Escribe el DNI y sigue las indicaciones del sistema hasta completar el abono.

Presencial

• Si optas por la vía presencial, acude a una agencia del Banco de la Nación con tu DNI y paga en ventanilla.
• También puedes ir a la caja de la sede central del JNE, en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima.
• Define si pagarás en efectivo o con tarjeta Visa.
• Finaliza la operación en el canal elegido y solicita tu constancia de pago.
• Considera que no es obligatorio que vaya el titular: otra persona puede efectuar el pago con el número de DNI del sancionado.

Las imágenes de jóvenes viajando sobre las unidades tras el partido entre México y Ecuador reactivan el debate sobre la seguridad en el sistema. Según la Ley de Cultura Cívica, la multa por esta conducta puede superar los 3,500 pesos.

El Metrobús transportó a 34.9 millones de personas en abril de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El martes 30 de junio, la demanda creció en estaciones cercanas a Paseo de la Reforma por la concentración de aficionados al futbol. La saturación y la ausencia de autoridades facilitaron que usuarios subieran al techo de los camiones, lo que representa un riesgo directo para su integridad.

Las multas económicas superan los 3,500 pesos

La infracción por subirte a los techos de los autobuses o de las estaciones del Metrobús se sanciona con montos que van de 1,173 a más de 3,500 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esta cifra corresponde a entre 10 y 30 veces la UMA vigente. La sanción depende de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia.

El reglamento señala que, además de la sanción económica, la persona puede ser arrestada de 25 a 36 horas o cumplir entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario. El arresto se ejecuta si la persona es detenida en flagrancia por un oficial de policía. Las horas de trabajo comunitario se asignan cuando el juez cívico determina que la falta puede ser resarcida con servicio a la comunidad.

El riesgo supera el castigo: techos frágiles, riesgo de muerte

El mayor peligro de esta práctica es el riesgo físico. Los techos de las estaciones, conocidos como parabuses, están diseñados para proteger de la intemperie, no para soportar el peso de una persona. La estructura puede colapsar y causar lesiones graves o la muerte. Viajar en el techo de un autobús también expone a los usuarios a caídas, golpes contra puentes, cables o estructuras aledañas.

El Metrobús es el segundo sistema de transporte público con más usuarios en el Valle de México. Su red conecta puntos clave de la capital y funciona como eje para traslados masivos en eventos como partidos de futbol. El 30 de junio, tras el partido de México contra Ecuador, la estación Nuevo León de la Línea 1 —que va de Indios Verdes al Caminero— registró una saturación inusual.

Sin presencia policial: la autoridad ausente en los disturbios

Videos difundidos en redes muestran cómo los usuarios, ante la falta de unidades disponibles, optan por subir a los techos para continuar su trayecto. En las imágenes, captadas en la estación Nuevo León, no se observa presencia de policías ni personal de seguridad del sistema. La unidad del Metrobús avanza con personas encima sin que se detenga su recorrido ni se les obligue a bajar.

El desbordamiento de usuarios y la ausencia de intervención oficial convierten lo que inició como festejo en un problema de seguridad pública. La autoridad capitalina recuerda que el acceso a zonas no permitidas del transporte público es una conducta sancionada y pone en riesgo a todos los presentes.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre el uso seguro del Metrobús?

El Metrobús recomienda a los usuarios consultar su portal oficial para aclarar inquietudes sobre horarios, rutas y normas de seguridad. El sistema enfatiza que cualquier conducta que comprometa la integridad de las personas será sancionada conforme a la ley.

La saturación en eventos masivos exige una coordinación mayor entre autoridades, operadores y usuarios. Las sanciones económicas, el arresto y el trabajo comunitario no buscan solo castigar, sino disuadir conductas que pueden terminar en tragedia.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

Las autoridades de Costa Rica advierten que utilizar el celular al estar en un alto o esperando la luz verde del semáforo constituye una falta sancionable con una multa de ¢123,000 (USD 271). Según la normativa vigente, la sanción no solo aplica cuando el vehículo está en movimiento, sino también cuando permanece detenido en la vía, siempre que el conductor conserve el control del automóvil y no se haya estacionado correctamente fuera del carril de circulación.

De acuerdo con los datos oficiales, 861 conductores fueron sancionados por esta infracción hasta mayo de 2026, lo que revela la frecuencia con la que los automovilistas continúan recurriendo al teléfono móvil durante la conducción. Las autoridades insisten en que la mayoría de las ocasiones en las que se atiende el celular mientras se conduce corresponde a situaciones que pueden esperar y no justifican el riesgo que representa para la seguridad vial.

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y la Policía de Tránsito recalcan que el uso de dispositivos móviles al volante es una de las principales causas de distracción en carretera. El reglamento es claro: “Si desea usar el celular, debe estacionarse como corresponde, a la orilla de la carretera”, advierte la normativa. El hecho de que el semáforo esté en rojo o que el vehículo permanezca detenido por motivos del tránsito no exime al conductor de la responsabilidad.

La legislación establece que la infracción se configura mientras el vehículo se encuentre en un carril de circulación, independientemente de que esté detenido por un alto, un semáforo o una congestión. Esta interpretación busca cerrar vacíos legales y reforzar la protección de peatones y demás usuarios de la vía ante maniobras inesperadas o demoras en la reacción del conductor.

El impacto de esta conducta se refleja en las estadísticas de accidentes, pues la distracción por uso de celulares se relaciona con un aumento en los incidentes de tráfico. Organizaciones vinculadas a la seguridad vial subrayan el riesgo de perder la atención en el entorno inmediato, lo que puede desencadenar desde simples retrasos en el avance hasta colisiones y atropellos.

El artículo 145 de la Ley de Tránsito tipifica el uso del celular al conducir como una falta grave, equiparando la sanción a otras conductas de alto riesgo. La reincidencia puede acarrear consecuencias adicionales, como la acumulación de puntos en la licencia e incluso la suspensión temporal de la misma en casos de reiteración.

Las campañas de concientización impulsadas por el COSEVI ponen énfasis en el carácter evitable de estos incidentes. Autoridades recomiendan planificar las comunicaciones antes del viaje o, en caso de urgencia, buscar un lugar seguro para detener el vehículo fuera de la vía.

El cumplimiento de la normativa requiere tanto la vigilancia de las autoridades como la colaboración de los propios conductores. Los operativos de control se intensifican en zonas urbanas y puntos identificados como de alto riesgo, especialmente en horarios de mayor congestión. Las cámaras de vigilancia y los patrullajes permiten identificar a infractores y aplicar las sanciones establecidas.

La Policía de Tránsito reitera que la única excepción permitida corresponde a situaciones de emergencia debidamente justificadas, como el reporte de un accidente a los servicios de asistencia. En todos los demás casos, la recomendación es abstenerse por completo de manipular el celular mientras se permanezca en la vía.

El aumento en la cantidad de conductores sancionados evidencia la necesidad de reforzar la educación vial y el cumplimiento de las reglas. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y a priorizar la seguridad sobre cualquier comunicación que no sea esencial.

En Florida, tirar basura en un lugar no autorizado —en un contenedor ajeno, en la vía pública o en una propiedad privada sin permiso— puede derivar en multas e incluso en cargos por invasión de propiedad.

La “Florida Litter Law” (Estatutos de Florida, sección 403.413) prohíbe arrojar desechos en espacios no habilitados, incluidas carreteras y autopistas, vías fluviales y propiedades privadas sin consentimiento del dueño. Condados y ciudades aplican sus propias reglas operativas y regímenes sancionatorios, con diferencias según el tipo, la cantidad y el lugar donde se arrojaron los residuos.

En las zonas no incorporadas del condado Miami-Dade, las sanciones por vertido ilegal van de USD 250 a USD 2.500. En Miami Beach, una primera infracción por desechar basura, restos de poda o desechos de jardinería en un lugar no autorizado puede costar USD 500 y las siguientes, USD 1.000.

Cuando se trata de materiales peligrosos, como pintura, productos químicos o baterías, las multas pueden ubicarse entre USD 2.000 y USD 4.000.

La clave legal y operativa suele ser la misma: no alcanza con “ponerlo en un tacho”. Para que la disposición sea válida, el residuo debe terminar en un sitio permitido y, si se trata de una propiedad privada o de un recipiente asignado a un domicilio o comercio, debe existir autorización para usarlo.

Una conducta que puede derivar en sanciones —como dejar una bolsa pequeña en el contenedor de otra persona— puede abrir discusiones por el uso no consentido del servicio, por molestias a terceros o, directamente, por vertido ilegal si hay volumen, reiteración o materiales prohibidos.

Según el diario El Nuevo Herald, esa prohibición alcanza situaciones muy distintas: desde abandonar un sofá junto al camino hasta dejar una bolsa con excrementos de perro en el contenedor de otra persona.

En Miami-Dade, la legalidad de tirar residuos en un recipiente distinto del propio o de uno público depende de qué se arrojó y en qué cantidad.

Frank Calderón, administrador de proyectos especiales del Departamento de Gestión de Residuos Sólidos del condado, explicó al diario que la normativa local “no prohíbe expresamente depositar una pequeña cantidad de residuos en el contenedor de otro residente”, pero la conducta puede volverse ilegal si involucra gran volumen de basura, materiales peligrosos o genera molestias.

“Que un incidente concreto constituya un vertido ilegal depende de los hechos específicos del caso, incluida la ubicación, el tipo de residuo y la cantidad”, dijo Calderón. “Cada caso es evaluado individualmente por el personal encargado de hacer cumplir la normativa”.

La lectura caso por caso, según la explicación del funcionario, para entender por qué dos situaciones parecidas pueden terminar con resultados distintos. No se analiza solo el acto de depositar un residuo: también pesa el contexto, el volumen, el tipo de material y si existió o no autorización del propietario del recipiente o del terreno.

En esa lógica, las autoridades ponen el foco en el concepto de “lugar autorizado”: debe tratarse del contenedor correcto, asignado y habilitado para recibir ese tipo de desechos.

El problema puede dejar de ser únicamente administrativo. Si para arrojar residuos en un contenedor privado una persona ingresa en un patio, un garaje o cualquier sector de una propiedad ajena, el incidente puede incorporar otra dimensión: la de la invasión de propiedad privada.

En esos casos, además de la sanción por la disposición indebida de residuos, puede haber consecuencias por el acceso no permitido a un terreno.

Los contenedores privados y comerciales: uso restringido y capacidad limitada

Calderón precisó que los contenedores comerciales y los recipientes privados de residuos solo pueden ser utilizados por los propietarios de la parcela a la que están asignados. La razón, indicó, es que “tienen una capacidad limitada”.

“Cuando alguien deposita residuos en el contenedor de otra persona sin permiso, se reduce la capacidad disponible para el cliente que paga por ese servicio”, afirmó el funcionario. Esa restricción se suma a la evaluación caso por caso que realiza el condado cuando analiza si hubo vertido ilegal.

La ciudad de Miami Beach, en su normativa operativa y de saneamiento urbano, también establece reglas sobre residuos voluminosos y restos de jardinería: fija criterios de disposición y advierte sobre sanciones por incumplimientos, además de la posibilidad de facturar costos de remoción cuando el municipio debe retirar residuos dispuestos de manera indebida. Ese esquema convive con el régimen de multas que aplica la ciudad para episodios de vertido ilegal.

En Miami, cada propiedad debe desechar su propia basura

En las ciudades integradas en Miami-Dade, las reglas pueden ser todavía más estrictas. Dale Henderson, director del Departamento de Residuos Sólidos de Miami, señaló que “la basura de una propiedad solo debe desecharse desde la propiedad que la generó”.

Esa regla también alcanza a propietarios con más de una vivienda. Henderson advirtió que, si una persona lleva residuos de una de sus casas y los tira en el contenedor de otra propiedad suya, puede recibir una multa de USD 525.

“Si un propietario tiene varias propiedades, la basura debe sacarse en cada una de ellas, no acumularse para desecharla toda junta”, sostuvo Henderson. También indicó que “compartir contenedores entre propietarios que reciben el servicio de recolección municipal” no está permitido.

En la práctica, este criterio busca evitar que los recipientes se utilicen como un punto de descarga para residuos generados en otro lugar, incluso cuando el responsable sea el mismo dueño de más de un inmueble.

Según la interpretación municipal, el servicio está organizado para atender la generación de residuos asociada a una dirección específica; cuando ese esquema se rompe, pueden aparecer contenedores saturados, bolsas fuera del recipiente y acumulación en el espacio público, con impacto en la recolección.

Qué hacer si alguien usa su contenedor o tira basura en su propiedad

Si alguien presencia a otra persona arrojando basura en su contenedor o dentro de su terreno, Calderón recomendó no enfrentarla. Su consejo es llamar al 911 e informar que se está produciendo un vertido ilegal.

Si el hallazgo ocurre después, cuando los residuos ya fueron dejados en el lugar, el trámite debe hacerse ante el 311. El funcionario indicó que en ese informe conviene adjuntar cualquier fotografía o video que haya podido registrarse.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) endureció las sanciones para quienes se apropian ilegalmente de los espacios reservados para personas con discapacidad. Desde ahora, falsificar o adulterar los carteles de estacionamiento reservado será motivo de multas económicas elevadas, denuncia penal y suspensión de la licencia de conducir.

El anuncio fue realizado oficialmente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, declaró.

La medida responde a una problemática creciente en la ciudad, donde se detectaron permisos falsos, adulterados o vencidos y carteles en nombre de personas fallecidas. Según datos del gobierno porteño, más de 400 carteles irregulares fueron retirados en lo que va del año. El objetivo de la iniciativa es garantizar que los beneficios de accesibilidad lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar la apropiación indebida del espacio público.

La Secretaría de Tránsito de la Ciudad reforzará los controles sobre la cartelería en la vía pública. El nuevo protocolo de actuación establece la remoción inmediata de cualquier señalización irregular y la radicación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de detectarse falsificación o adulteración. Antes de que se inicie una causa penal, las personas involucradas tendrán la posibilidad de presentar un descargo. Además, se instruirá a las áreas competentes para suspender la licencia de conducir del infractor, como medida preventiva.

La normativa incorpora un criterio de responsabilidad económica directa. Quienes sean responsables de la colocación o adulteración de carteles deberán afrontar todos los costos derivados del operativo, incluida la remoción de la señalización y la pintura del cordón. De esta forma, la Ciudad busca desalentar la instalación de carteles falsos y reforzar el respeto a los derechos de personas con discapacidad.

Multas y sanciones económicas El comunicado oficial detalla el esquema de sanciones para quienes infrinjan las nuevas disposiciones:

• Multas de hasta $200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con los requisitos oficiales.
• Multas de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización, modificar o destruir señalización vial.
• Pago de todos los costos operativos derivados de la remoción del cartel y la pintura del cordón.
• Suspensión preventiva de la licencia de conducir del infractor.
• Denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de falsificación o adulteración.
• Inhabilitación temporal para solicitar nuevos permisos de estacionamiento reservado.

El endurecimiento de las sanciones llega tras constatarse reiterados casos de manipulación fraudulenta de señales viales para reservar espacios exclusivos en la vía pública. Esta práctica, además de constituir una infracción, afecta de manera directa a los vecinos con discapacidad que necesitan de estos lugares para movilizarse.

El gobierno porteño también anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar el Código Contravencional y tipificar como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.

Macri enfatizó que la decisión forma parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público: “En lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles para vehículos que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado”. Además, remarcó la importancia de la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana.

El protocolo establece que, ante la detección de una irregularidad, el infractor será notificado y contará con 20 días corridos para regularizar la situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Vencido ese plazo, la Ciudad avanzará con las sanciones administrativas y penales previstas.

Jaime Peral es un alcalde con carácter. Desde 2007 gobierna Navas del Rey, un pequeño municipio madrileño de la sierra oeste de Madrid (a 50 kilómetros de la capital), que no llega a 3.500 habitantes. En 2006 abandonó el PP y dejó la presidencia de los populares en el pueblo tras enfrentarse con el que había sido su partido. Hoy lidera una formación independiente, llamada ‘Caseros Creciendo Juntos’. La oposición municipal, PP y PSOE, coincide en que es una especie de “cacique” que “hace lo que quiere”. En enero de 2020, por ejemplo, se plantó en una finca privada con varios operarios para quitar una puerta que el Banco Santander, dueño de los terrenos, había instalado para impedir el paso.

Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado por un delito de coacciones. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, impone una pena de 19 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total de 3.420 euros, además del pago de las costas procesales. El fallo ha sido recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fallará en pocos días. “Los ricos están quedándose con los caminos vecinales, y nadie hace nada. Nadie defiende a los vecinos. He ido con este tema a la Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y el SEPRONA de la Guardia Civil, y todos han pasado. Porque nadie se quiere enfrentar a los poderosos”, explica a este diario.

La historia tiene su miga. Y todo tipo de protagonistas. La puerta estaba colocada en la Finca El Santo, de unas 1.200 hectáreas. Es tan grande que ocupa superficie de tres términos municipales: Navas del Rey, Chapinería y Aldea del Fresno. Los terrenos pertenecían a Manuel Manrique, presidente de la constructora Sacyr, que en marzo de 2019 los vendió al Banco Santander para cancelar una deuda que tenía de 52 millones de euros. La finca El Santo fue la herencia que el general Martínez Campos (1830-1900), restaurador de la monarquía de Alfonso XII, dejó a sus herederos. Antes de pasar a Manrique, su propietaria era la nieta del militar, Dolores Martínez Campos, marquesa de Viesca de la Sierra.

Cuando el banco se hizo con la finca, puso vallas y puertas para cerrar los caminos que comunicaban los tres municipios. “Hay hasta ocho caminos públicos”, matiza el regidor Peral. El 13 de diciembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Navas acordó por unanimidad de todos los partidos el siguiente acuerdo con un mensaje claro al Santander: “Que atendiendo a la demanda vecinal para la recuperación de los caminos y veredas municipales que se encuentran actualmente cerrados, venimos a requerirles para que procedan a la apertura inmediata de los mismos, y en todo caso, con fecha máxima el 31 de diciembre de 2019, comunicándoles que si en dicha fecha no se ha procedido a la apertura de los mismos para uso público, estas corporaciones locales procederán a su apertura con sus medios, repercutiendo al Banco de Santander el gasto realizado”.

El Santander respondió que no

El Banco respondió que necesita tiempo para analizar si realmente había caminos públicos en su finca y solicitó al Ayuntamiento de Navas la documentación administrativa al respecto. El Santander también pidió una reunión con el Consistorio “para el estudio de alternativas y la adopción de las actuaciones más convenientes”. Dado que la finca es un coto de caza y se encuentra vallada en todo su perímetro, el banco no quería abrir los accesos. Así que Peral se plantó allí en enero de 2020 con varios operarios, un camión pluma, una retroexcavadora y un vehículo de Protección Civil y arrancó la puerta del camino que parte de la finca al embalse de Picadas. Antes había habido una reunión entre ambas partes sin acuerdo.

Altamira Santander Real Estate SA, la filial del Banco Santander que gestiona y comercializa sus activos inmobiliarios, denunció entonces al alcalde, aunque durante el proceso retiró la misma. No obstante, la Fiscalía siguió acusando. Seis años después, la Audiencia Provincial considera que la actuación del regidor constituyó una forma de violencia sobre las cosas (“vis in rebus”) destinada a obligar a la propiedad a permitir el paso por los caminos en disputa. Aunque reconoce que las entidades locales tienen potestades para recuperar bienes de dominio público, subraya que dichas facultades deben ejercerse mediante los procedimientos legalmente establecidos. Según la sentencia, en aquel momento no estaba acreditado de forma suficiente el carácter público del camino afectado, ni se había tramitado el correspondiente expediente administrativo de recuperación. Por ello, los magistrados concluyen que el alcalde recurrió a una “vía de hecho” incompatible con el ordenamiento jurídico.

María José Panadero, portavoz socialista en Navas, asegura que “el alcalde no dice la verdad cuando se excusa diciendo que cumplía órdenes del Pleno. Lo que el Pleno aprobó fue sentarse a hablar y tener reuniones con los dueños de la finca, no ir allí a la fuerza a arrancar una puerta. Además, un alcalde tiene que saber que el Pleno no manda más que la ley. Ningún político puede tomarse la justicia por su mano. Lamentablemente, esta es la manera habitual de actuar del señor alcalde: gobernar a base de impulsos, soberbia y ‘ordeno y mando’, saltándose las normas cuando no le convienen”. La Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una pena de prisión y ha optado por una sanción económica.

Ahora la pregunta que se hacen desde la oposición es: ¿quién va a pagar los platos rotos? María Isabel Romero, portavoz del PP, recuerda que a “Jaime Peral lo han condenado a título personal por coacciones, así que exigimos garantías de que ni un solo euro del dinero de los vecinos de Navas del Rey se va a usar para pagar sus abogados y las costas del juicio. ¿Quién está pagando a sus letrados?“. El regidor asegura que a día de hoy la propiedad de la finca ha vuelto a cerrar los caminos. Preguntado sobre la multa económica, quiere esperar al recurso presentado ante el TSJM. ”Si finalmente me condenan, intentaremos cambiar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras, los poderosos siguen ganando".

El tema adquirió mayor relevancia tras una investigación difundida por Panamericana Televisión, que documentó el funcionamiento cotidiano de este sistema en varias zonas de la capital. El informe también incorporó el análisis de un especialista, quien sostuvo que estas acciones contradicen el marco legal vigente y las competencias establecidas para las municipalidades.

El principal cuestionamiento se centra en la facultad de las municipalidades distritales para fiscalizar infracciones vinculadas al tránsito. Según el especialista consultado por el noticiero esa atribución corresponde únicamente a las municipalidades provinciales con el respaldo de la Policía Nacional.

“Se tiene que recalcar que las municipalidades distritales no tienen competencia en la fiscalización del tránsito. Esta competencia es exclusiva para las municipalidades provinciales con el apoyo de la Policía Nacional. El procedimiento que están haciendo las municipalidades distritales es un procedimiento ilegal que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional”, afirmó.

De acuerdo con esa explicación, las intervenciones ejecutadas por algunas comunas distritales vulneran los criterios fijados por el Tribunal Constitucional, motivo por el cual diversos procedimientos resultan objeto de cuestionamientos.

Investigación registra intervenciones diarias en La Victoria

Las imágenes presentadas por Buenos Días Perú mostraron el desplazamiento permanente de grúas municipales en diferentes puntos del distrito de La Victoria. Durante el seguimiento realizado por el equipo periodístico, varios vehículos estacionados en la vía pública terminaron enganchados y trasladados hacia un depósito.

El informe señaló que esta dinámica se repite durante toda la jornada. Según la investigación, más de diez unidades pueden terminar remolcadas en un solo día mediante un procedimiento que incluye la presencia constante de inspectores municipales.

Las cámaras también registraron la ubicación estratégica de algunas grúas, que permanecían fuera de la vista hasta detectar vehículos susceptibles de intervención. Después de pocos minutos de espera, otra unidad apareció para continuar con el mismo procedimiento observado durante el seguimiento.

Cuestionan el uso de normas sobre ornato público

El especialista entrevistado también sostuvo que algunas municipalidades modifican la naturaleza de las infracciones para justificar el retiro de los vehículos.

“Maquillando una situación de tránsito como si fuera una infracción al ornato público, de tal manera de que en algunos casos le ha cambiado el nombre vehículo por un tema de bien material. Es decir, no se llevan el vehículo, se llevan un bien material”, indicó.

Según esa explicación, el cambio de denominación permitiría sustentar administrativamente el traslado de las unidades, pese a que la controversia original corresponde al ámbito del tránsito.

Recuperar el vehículo implica multas y gastos adicionales

Los propietarios cuyos vehículos terminan en depósitos municipales deben cumplir un procedimiento presencial para obtener la devolución de sus unidades. Durante la investigación, un fiscalizador explicó que el titular necesita presentar su documento de identidad, conocer la infracción registrada y cancelar los montos exigidos por la municipalidad.

Consultado sobre el costo, el funcionario respondió: “El total es mil trescientos setenta. Con el veinticinco por ciento de descuento que le da la municipalidad es setecientos veinte”. También precisó que el beneficio solo aplica para quienes cancelan el mismo día.

Además del importe principal, el fiscalizador indicó que el propietario debe asumir el pago por permanencia en el depósito municipal. Según sus declaraciones, ese concepto representa alrededor de veinte soles diarios, monto que incrementa el costo total mientras el vehículo permanece internado.

Especialista advierte incentivos económicos en los internamientos

El análisis presentado durante el informe también abordó el impacto económico del sistema de internamiento de vehículos. Para el especialista consultado, los conductores reciben presión para aceptar la infracción mediante descuentos ofrecidos para cancelar la multa en el menor plazo posible.

“Presionan al conductor, presionan a aceptar esta infracción. Les ofrecen un descuento para que puedan retirar el vehículo en el mismo día. Simplemente les interesa internar ese vehículo al depósito, porque ese internamiento va a generar no solamente el pago de la infracción, sino el pago diario por el uso del depósito municipal. Esto se ha convertido en un vulgar negocio”, sostuvo.

El especialista también recordó que el Reglamento Nacional de Tránsito contempla medidas preventivas para determinadas infracciones. Según explicó, la acción prevista consiste en la remoción del vehículo y no en su internamiento dentro de un depósito municipal.

“El Reglamento Nacional de Tránsito considera que existen medidas preventivas cuando se cometen algún tipo de infracciones que pueden amenazar o pueden atentar contra un bien jurídico. La medida preventiva que corresponde es la de remoción del vehículo y no es la del internamiento”, señaló.

Durante el Mundial 2026, las multas por consumir o arrojar líquidos en la vía pública en México alcanzan cifras que superan los 3,300 pesos en varias ciudades y pueden derivar en arrestos o trabajo comunitario.

La Ley Seca y las restricciones especiales aplican en zonas de la Ciudad de México durante los partidos, mientras que algunos municipios sede anuncian tolerancia limitada en áreas cercanas a estadios.

Sanciones por beber alcohol en la calle durante el Mundial

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es una falta administrativa en la mayoría de las ciudades de México, incluso durante el ambiente festivo del Mundial 2026. Según reglamentos de justicia cívica, esta infracción es considerada tipo C y puede derivar en sanciones económicas, arrestos o trabajo comunitario.

Las multas varían según el estado y municipio, pero en general oscilan entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, montos aproximados de 1,100 hasta más de 3,300 pesos. En municipios como Ecatepec, Estado de México, la sanción puede superar los 6,000 pesos. En San Luis Potosí, las multas relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública pueden alcanzar más de 27,000 pesos.

En la Ciudad de México, además de la multa económica, las autoridades pueden imponer arrestos de hasta 36 horas o asignar trabajo comunitario si se reincide o hay alteración del orden público.

Ley Seca y restricciones especiales en la capital

Para el partido entre México y Chequia correspondiente al Mundial 2026, autoridades de la Ciudad de México decretaron Ley Seca en colonias del perímetro A del Centro Histórico. La medida se aplica desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del 25 de junio en zonas como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Estas restricciones forman parte de los operativos implementados para evitar altercados y mantener el orden durante la celebración de los partidos, además de sancionar el consumo de alcohol en calles, banquetas y espacios públicos.

Diferencias y criterios en municipios sede

Algunos municipios sede del Mundial 2026 anticipan criterios flexibles para los aficionados extranjeros y nacionales. En Guadalupe, Nuevo León, donde se ubica el Estadio BBVA, el alcalde Héctor García declaró que el reglamento municipal no se modificará, pero se permitirá cierta tolerancia para personas que transiten con bebidas rumbo a eventos oficiales.

En Monterrey, las autoridades mantienen operativos de vigilancia, puntos de hidratación y monitoreo permanente para evitar disturbios. Aunque se prevé mayor flexibilidad en zonas cercanas a estadios y Fan Fest, el consumo de alcohol fuera de las áreas autorizadas sigue prohibido.

El costo real de beber en estadios y Fan Fest

Durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, se autorizó la venta de cerveza dentro del inmueble, con horarios y lineamientos específicos. El costo de la cerveza mexicana de 710 mililitros es de 290 pesos, mientras que la cerveza internacional alcanza los 310 pesos. Los aficionados que soliciten vaso michelado deben pagar 140 pesos adicionales. El consumo por bebida puede superar los 450 pesos.

La venta de alcohol dentro del estadio inicia a las 10:00 horas y concluye 30 minutos antes del final del segundo tiempo. Además de cerveza con alcohol, se ofrecen opciones sin alcohol por 280 pesos, refrescos por 160 y agua embotellada por 80 pesos.

Regulaciones en contraste con Estados Unidos y Canadá

Mientras en México se endurecen restricciones y sanciones, en ciudades como Nueva York la venta de alcohol se amplió hasta las 4:00 horas durante el Mundial, con el objetivo de incentivar la actividad económica y las reuniones de aficionados.

Las diferencias regulatorias entre México, Estados Unidos y Canadá marcan una de las principales características del Mundial 2026. La regulación del consumo de alcohol dentro y fuera de los estadios varía de acuerdo con la ciudad y el país.

Recomendaciones para turistas y aficionados

Autoridades recomiendan consultar los reglamentos locales antes de consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Las sanciones pueden cambiar considerablemente según la ciudad o el país. El desconocimiento de la normativa no exime de las consecuencias legales, que pueden ir desde multas económicas hasta arrestos.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio la causa FSM 23688/2024, donde se acusa a Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, por el presunto lavado de activos agravado con fondos de origen ilícito, según el expediente al que tuvo acceso Infobae.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura del debate oral tras considerar probada, en la instancia procesal correspondiente, la hipótesis de que D’Onofrio y Asensio adquirieron, en conjunto, un vehículo Audi Q8, con recursos supuestamente originados en delitos contra la administración pública provincial.

La investigación sostiene que el 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió a su nombre el automóvil ante una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma declarada de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el rodado estableció una cobertura de $173.800.000, cifra que, según el juzgado, reflejaría su valor real de mercado.

En marzo de este año, D´Onofrio había sido procesado y embargado por $350.000.000. Su consorte en la causa, recibió la misma medida por $300.000.000.

A pesar de la titularidad formal, la justicia indica que el uso, dominio y disposición del vehículo correspondían a D’Onofrio. El expediente cita como fundamentos la emisión de una cédula azul autorizando al exministro a conducir desde la fecha de compra y la registración y pago del Telepase a nombre del imputado.

Para justificar el origen de los fondos, Asensio presentó un contrato de mutuo suscrito el 12 de octubre de 2023 con Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., sociedad integrada por sus padres. El acuerdo preveía la devolución de los $30.000.000 antes del 31 de diciembre de ese año. La resolución destaca que la defensa sostuvo que estos fondos provenían de la venta de un inmueble por parte de la empresa en julio de 2023.

La instrucción señala que los recursos utilizados para la operación estarían vinculados a hechos investigados en el Departamento Judicial de La Plata por supuestos fraudes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por parte de D’Onofrio.

Sucede que el ex funcionario es también investigado por una maniobra irregular con fotomultas y a tráves del sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El auto de mérito del 20 de noviembre de 2025, firmado por Charvay, calificó a ambos como coautores del delito de lavado de activos de origen ilegal, agravado en el caso del exfuncionario por su condición de agente público.

Ambas defensas solicitaron el sobreseimiento y el rechazo al requerimiento fiscal de elevación a juicio. El planteo de D’Onofrio argumentó que no se acreditó la existencia de un delito precedente y señaló que en la justicia provincial se había dispuesto el archivo de una de las causas por falta de prueba suficiente. Por otro lado, Asensio cuestionó la imputación por basarse únicamente en su calidad de titular registral del auto, negando conocimiento del presunto origen ilícito del dinero.

Sin embargo, el juzgado rechazó estos planteos, consideró completa la instrucción respecto de los hechos endilgados y dispuso la elevación a juicio de ambos imputados.

Además, ordenó la extracción de testimonios para continuar investigando posibles maniobras u otras personas eventualmente involucradas.

Por último, fuentes del caso indicaron que el expediente junto con los incidentes de embargo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que corresponda por sorteo.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) se convirtió en una herramienta clave para las operaciones digitales en México. Su objetivo es que cada persona establezca un límite máximo para sus transferencias electrónicas, reduciendo así el riesgo de fraudes y movimientos no autorizados.

En los últimos meses, diversos mensajes en redes sociales y algunos portales aseguraron que quienes no activaran esta función serían castigados con una multa de 12,800 pesos. No obstante, especialistas y medios especializados han aclarado que esa información es incorrecta.

La medida fue impulsada para fortalecer la seguridad de operaciones como SPEI, CoDi, Dimo y otros pagos digitales, permitiendo que cada usuario tenga un mayor control sobre el dinero que mueve a través de aplicaciones bancarias.

¿Existe una multa de 12,800 pesos por no activar el MTU?

La respuesta es no. Aunque la cifra de 12,800 pesos aparece vinculada al MTU, no corresponde a una sanción económica.

Lo que establece la regulación es que las cuentas que no tengan configurado el Monto Transaccional del Usuario quedarán sujetas a un límite automático equivalente a 1,500 UDIS, es decir, alrededor de 12,800 pesos por operación, dependiendo de la actualización de ese valor.

Esto significa que el usuario podrá seguir utilizando su cuenta bancaria, pero enfrentará restricciones para realizar transferencias superiores a ese monto si no modifica la configuración establecida por su institución financiera.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El MTU es el límite que cada cliente define para las operaciones realizadas desde aplicaciones móviles, banca en línea y otros canales electrónicos.

La finalidad principal es combatir el fraude financiero. Si un delincuente obtiene acceso a una cuenta, el monto máximo de transferencia estará restringido por el límite previamente configurado por el usuario.

Además, cuando una operación supera el monto establecido, el banco puede solicitar mecanismos adicionales de autenticación, como códigos de verificación, llamadas de confirmación o validaciones adicionales para garantizar que la transacción sea legítima.

¿Cómo configurar el Monto Transaccional del Usuario?

Cada banco cuenta con procedimientos específicos, aunque en general el proceso puede realizarse desde la aplicación móvil o la banca en línea.

Los pasos suelen incluir:

• Ingresar a la aplicación bancaria.
• Acceder al menú de configuración o ajustes.
• Buscar la sección de límites de operaciones.
• Definir el monto máximo por operación o por día.
• Confirmar los cambios mediante un código de seguridad.

Los usuarios pueden modificar este límite cuando lo consideren necesario, dependiendo de sus hábitos financieros y del volumen de operaciones que realizan regularmente.

¿Quiénes podrían verse más afectados por no activar el MTU?

Aunque no existe una multa, sí podrían presentarse inconvenientes para personas que realizan movimientos frecuentes por montos elevados.

Entre los casos más comunes se encuentran:

• Pago de nóminas.
• Transferencias a proveedores.
• Operaciones empresariales.
• Inversiones.
• Pagos de servicios de alto valor.

Por ello, especialistas recomiendan revisar la configuración del MTU y ajustarla a las necesidades reales de cada usuario para evitar límites automáticos que puedan afectar sus operaciones cotidianas.

Los transportistas formales de Lima y Callao podrán regularizar sus deudas con rebajas en las multas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). A través del Programa de Regularización de Sanciones (PRS), los beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta 95 % del monto total de determinadas infracciones.

El programa apunta a incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los operadores del transporte público y especial, con la posibilidad de ponerse al día con sanciones acumuladas y mejorar su situación ante entidades financieras y registros oficiales. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Según informó Luis Rivera Hidalgo, subdirector de Fiscalización de la ATU, el programa está dirigido exclusivamente a conductores y propietarios de vehículos formales que hayan recibido sanciones administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Hasta junio, la entidad ya había atendido 687 solicitudes de acogimiento al programa.

¿Qué infracciones califican para descuentos de hasta el 95 %?

El Programa de Regularización de Sanciones contempla porcentajes de descuento según la gravedad de la infracción cometida. De acuerdo con la ATU, las infracciones leves reciben una reducción de 90 % sobre el monto de la multa. En el caso de las sanciones graves, el descuento asciende a 92 %, mientras que las muy graves pueden obtener una rebaja de hasta 95 %.

Rivera Hidalgo explicó, en diálogo con Exitosa Noticias, que el beneficio se aplica de acuerdo con el código de infracción registrado en cada expediente. Por ello, un mismo conductor puede acceder a descuentos distintos en función del tipo de faltas acumuladas.

También precisó que el programa permite regularizar sanciones en diferentes etapas del procedimiento, incluso cuando existe una resolución firme o cuando el caso se encuentra en cobranza coactiva. Además, se incluyen descuentos vinculados con costas y gastos procesales derivados de estos procedimientos.

Qué deben hacer los transportistas para obtener el beneficio

Los interesados podrán iniciar el trámite de manera virtual mediante la plataforma de la ATU. El procedimiento comienza con el registro en la pasarela digital de la entidad, donde el usuario revisa las multas pendientes y selecciona aquellas que desea regularizar.

Tras completar la solicitud, la ATU realiza una evaluación del caso y emite una respuesta en un plazo de 72 horas. Una vez aprobado el beneficio, el usuario podrá efectuar el pago correspondiente con el descuento aplicado.

La entidad también habilitó otros canales de atención. Los transportistas podrán realizar consultas y trámites a través de la aplicación vinculada al sistema de pagos de Scotiabank o acudir presencialmente a las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en Ate, Callao y Miraflores. La ATU recordó que el trámite no requiere de intermediarios ni de tramitadores.

El principal requisito es contar con un título habilitante vigente y pertenecer al transporte formal. La ATU precisó que las multas impuestas cuando un vehículo operaba de manera informal no podrán acogerse al programa.

Por esa razón, cada solicitud se revisa de forma individual para verificar que las sanciones correspondan a periodos en los que el conductor o propietario ya se encontraba autorizado para prestar el servicio.

Las categorías de transporte que podrán acceder al beneficio

El PRS está dirigido a una variedad de operadores del transporte formal. Entre ellos figuran los conductores del transporte público urbano, los servicios convencionales y los prestadores de servicios especiales.

La medida también incluye a taxistas independientes y ejecutivos, unidades de transporte escolar, vehículos turísticos y servicios de traslado de personal. En todos los casos, los solicitantes deberán contar con la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente.

La ATU sostuvo que el programa busca apoyar a los transportistas para regularizar su situación administrativa y facilitar el acceso a créditos o financiamientos orientados a la renovación de unidades.

Las multas que sí aplican al beneficio y las que quedan excluidas

Uno de los puntos que genera dudas entre conductores es la diferencia entre las sanciones administrativas de la ATU y las infracciones de tránsito.

La entidad precisó que el Programa de Regularización de Sanciones se aplica únicamente a multas administrativas vinculadas con la prestación del servicio de transporte. Estas no se relacionan con el sistema de puntos de la licencia de conducir ni generan descuentos de puntaje.

Por esa razón, acogerse al programa y cancelar multas pendientes no elimina puntos acumulados en el récord del conductor por infracciones de tránsito. Sin embargo, una vez concluido el procedimiento y efectuado el pago correspondiente, la ATU emite una resolución que da por finalizada la sanción administrativa y permite regularizar la situación ante la entidad.

Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició una campaña de orientación para informar a los conductores sobre el uso correcto de las ciclovías y las obligaciones que deben cumplir quienes manejan motos eléctricas. El objetivo es prevenir accidentes y corregir interpretaciones erróneas que se han difundido sobre estos vehículos.

La medida responde además a preocupaciones relacionadas con la seguridad vial. Según informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado, durante este año ya se han registrado accidentes de tránsito con consecuencias fatales que involucraron vehículos de movilidad personal. Por ello, las autoridades buscan reforzar el cumplimiento de las normas antes de iniciar una etapa de fiscalización y sanciones.

¿Qué vehículos pueden usar las ciclovías y cuáles tienen prohibido circular por ellas?

La PNP remarcó que la ciclovía no es un espacio “libre” para cualquier medio de transporte: su uso está definido por la clasificación del vehículo. En ese marco, el general Alvarado señaló que el scooter tipo monopatín, cuando se ajusta a lo “debidamente reglamentado”, se considera un vehículo de movilidad personal y, por sus características, puede circular por la ciclovía “tal como lo hace la bicicleta”.

Pero el permiso no significa ausencia de obligaciones. Alvarado subrayó que estos vehículos, aunque no superen 25 kilómetros por hora, deben usar equipamiento de seguridad: mencionó de forma directa el casco de seguridad como parte del “equipamiento elemental necesario”.

Asimismo, el general Alvarado resaltó que los scooters de movilidad personal solo pueden ser utilizados por una persona. Llevar a un pasajero, ya sea un familiar, un menor de edad o cualquier acompañante, está prohibido y puede generar la imposición de una papeleta por incumplir las normas de tránsito.

Además, precisó que las motos eléctricas no están autorizadas a circular por las ciclovías. Debido a sus características y capacidad de desplazamiento, estos vehículos pertenecen a una categoría distinta y deben utilizar la pista, al igual que una motocicleta convencional.

Motos eléctricas deberán circular por la pista y contar con placa, SOAT y licencia

El foco de la nueva fiscalización está puesto en vehículos que, por su estructura y desempeño, ya no encajan como movilidad personal. Según la explicación de la PNP, cuando se trata de unidades “ya de acuerdo a lo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito” dentro de la categoría L de los vehículos de dos y tres ruedas, se consideran moto eléctrica y deben circular como una motocicleta a combustión: en la pista, “de manera natural”, y no por la ciclovía.

La diferencia no es solo de vía, sino de formalidad. Alvarado enumeró los documentos exigidos por norma: placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir del conductor. En el mismo reporte se insistió en que la placa es un “procedimiento regular” que se realiza a través de SUNARP, en el Registro Público de Propiedad Vehicular, y que el propietario debe cumplir con requisitos para la inscripción registral.

El procedimiento debe realizarse mediante la inscripción del vehículo en la SUNARP, presentando la documentación de compra y los requisitos establecidos para obtener posteriormente la placa física. Contar con estos documentos no solo permite circular legalmente, sino que también facilita la identificación de responsabilidades en caso de accidentes o infracciones.

Motos eléctricas en ciclovías o sin placa, SOAT y licencia serán sancionadas desde el 2 de agosto

La PNP confirmó que el periodo inicial será de orientación, pero con fecha de término. Alvarado explicó que estas actividades se realizarán hasta por 45 días para dar un tiempo prudencial de regularización, y luego se pasará a la fiscalización: “A partir del mes de agosto ya vamos a proceder con la aplicación de las infracciones que corresponde”.

En el mismo informe, los conductores recibieron una advertencia puntual: las sanciones empezarán a partir del 2 de agosto exactamente. Desde ese día, si una persona conduce una moto eléctrica por una ciclovía —una conducta que la PNP indicó que está prohibida— se expone a una multa, igual que quien circule sin placa, SOAT o licencia.

El general Alvarado también anticipó consecuencias operativas de las intervenciones: las faltas podrían derivar en retención del vehículo y traslado al depósito, especialmente si el propietario no puede acreditar una inscripción adecuada. La autoridad insistió en que la meta es reducir riesgos y evitar tragedias en la vía pública, en un escenario donde —según indicó— ya se detectaron accidentes y conductas peligrosas, como el uso de vías de alta velocidad por parte de vehículos de movilidad personal.

Durante los últimos cuatro meses, la Alcaldía de San Salvador Centro ha impuesto más de 500 multas a personas y empresas por arrojar desechos sólidos en puntos o horarios no permitidos.

Esta cifra refleja la aplicación estricta de la normativa municipal para combatir la disposición inadecuada de basura en la ciudad y busca limitar una práctica que afecta la limpieza urbana y el sistema de drenaje. Melvin Perdomo, subdirector de Ornato Municipal, aseguró: “El que continúa y que persiste con este tema, se va a multar definitivamente”.

La información fue confirmada por Perdomo durante una entrevista en el programa radial El Corre Corre, donde detalló el funcionamiento del sistema de vigilancia y las medidas que se están empleando para persuadir a la ciudadanía y sancionar las reincidencias.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia incluye la instalación de cámaras y bocinas inteligentes ubicadas en puntos estratégicos que advierten a quienes intentan tirar desechos fuera de los horarios o sitios autorizados.

Actualmente, San Salvador Centro cuenta con unas 800 cámaras de monitoreo y se prevé la incorporación de otras 300 en los próximos 6 meses. Estas herramientas están distribuidas en 144 puntos críticos identificados por la municipalidad, donde la acumulación de basura representa un problema frecuente.

El monitoreo se realiza en un centro de control ubicado en el edificio Diego de Holguín sobre el Paseo General Escalón, donde “es un monitoreo permanente, 24/7”, explicó Perdomo.

El subdirector indicó que las sanciones se aplican con base en 2 ordenanzas: la de manejo de residuos sólidos, vigente desde el año 2000, y la de contravenciones municipales, de 2020. Ambas establecen que tirar basura fuera de la hora en la que pasará el camión recolector o en lugares no autorizados constituye una falta.

Según Perdomo, “la multa va en dos vías: depende de la magnitud de la falta que hayan cometido”. Para personas naturales, el rango va de $51 a $900; para personas jurídicas, comercios o instituciones, puede alcanzar los $2,200 si la infracción es grave.

Casos recientes incluyen desde el abandono de bolsas pequeñas fuera del horario de recolección hasta el vertido de materiales de construcción en quebradas o ríos.

Uno de los incidentes más graves registrados por la alcaldía fue el lanzamiento de más de 200 llantas a un cauce, luego de la demolición de un muro de contención hecho con neumáticos. “Es increíble, pero sucede”, relató Perdomo.

Además, la municipalidad ha recogido en 4 meses más de 16,000 toneladas de residuos de tuberías, ríos y quebradas, de las cuales el 90% corresponde a desechos voluminosos como muebles, refrigeradoras y colchones.

La normativa también sanciona otras prácticas, como el uso de espacios públicos para necesidades fisiológicas. Perdomo explicó: “En el centro histórico se ha disparado en el tema de turismo, pero lamentablemente tenemos un promedio de 15 a 24 puntos críticos, no de generación de basura, sino de personas que son transeúntes y que hacen sus necesidades fisiológicas. A esas personas también se les va a aplicar esta sanción”.

El procedimiento para la imposición de multas consiste en la identificación del infractor a través del sistema de cámaras y la emisión de la sanción correspondiente. Si la multa no se paga, la persona o empresa queda impedida de realizar trámites municipales, como la obtención de licencias de funcionamiento o permisos. “Mientras ellos no paguen esa deuda, no va a tener acceso a esos trámites”, advirtió el subdirector.

Perdomo recalcó que el objetivo principal de la campaña no es sancionar, sino cambiar los hábitos ciudadanos y construir una nueva cultura de limpieza compartida.

“El alcalde, la municipalidad en términos generales, no buscamos afectar a las familias, no buscamos multar. Buscamos con estas iniciativas que precisamente esta contaminación que se genera al arrojar la basura ya no se continúe desarrollando”, dijo en la entrevista radial. No obstante, insistió en que quienes insistan en las malas prácticas serán sancionados conforme a la ley.

La municipalidad mantiene habilitado el número 2535-5636 para que la población solicite la recolección de desechos voluminosos y evite sanciones. El funcionario reiteró que este servicio es gratuito para muebles, electrodomésticos y otros residuos grandes, mientras que los desechos de construcción tienen un tratamiento especial y deben gestionarse aparte.

Javier Mejía, subdirector de Saneamiento Ambiental, también participó en la entrevista y sostuvo: “La campaña de los buenos salvadoreños no ensucian es más que un eslogan. Son un montón de acciones articuladas que permiten generar los espacios y las condiciones para la población”.

Añadió que la mayoría de incidentes pueden evitarse si las personas utilizan los basureros instalados en la vía pública o conservan sus residuos hasta encontrar un lugar adecuado para su disposición.

Las acciones de la comuna apunta a reducir la contaminación, liberar el sistema de drenaje y transformar la cultura urbana hacia una convivencia más responsable.

El Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de distribuir los recursos económicos a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar que son implementados por el gobierno de México.

Hasta el momento, la institución cuenta con 3 mil 49 sucursales distribuidas por las 32 entidades de la República Mexicana. De ese total, 2 mil 750 instalaciones corresponden a nuevas edificaciones, destacando su rápido crecimiento desde su fundación en julio de 2019, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo del banco es garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus apoyos económicos de forma sencilla y directa. Y es que cabe mencionar que estos subsidios son entregados de manera mensual o bimestral según el esquema correspondiente.

Banco del Bienestar sufre sanciones por millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por un monto total de 4.1 millones de pesos. Las multas, notificadas el 16 de abril, derivaron de diversas irregularidades en controles internos, procedimientos operativos y registros contables, según documentación oficial. Entre los principales señalamientos destacaron omisiones en la prevención de operaciones de retiro de efectivo que pudieron ser utilizadas para actos ilícitos.

De acuerdo con la CNBV, el Banco del Bienestar omitió implementar medidas para evitar que las operaciones de retiro de efectivo en sucursales fueran utilizadas por terceros o personal interno para la comisión de actos irregulares. La autoridad bancaria señaló que la institución no cumplió con disposiciones clave para la administración de riesgos y el control de la información financiera.

La CNBV también identificó irregularidades en el reconocimiento de gastos vinculados con la expansión de la red de sucursales del banco, un proyecto impulsado durante el sexenio anterior. El Banco del Bienestar no registró de forma adecuada todos los costos asociados a la construcción y puesta en operación de más de 2,500 sucursales en distintas regiones del país. Tras ser notificadas las sanciones, la institución financiera promovió un amparo para evitar la difusión pública de las multas.

¿Peligra el dinero de los beneficiarios del Banco Bienestar?

Luego de ser notificado el 16 de abril, el Banco del Bienestar promovió una demanda de amparo en la que argumentó que la difusión de las sanciones en el portal oficial de la CNBV le causaba un “daño reputacional irreversible”. En el documento presentado ante la autoridad judicial, el banco señaló que la publicación representaba un “acto con efectos infamantes” y tenía como objetivo exhibir a la institución como infractora.

Hasta la fecha, los beneficiarios que reciben transferencias a través del Banco del Bienestar continúan recibiendo sus fondos con normalidad. Las sanciones y la disputa legal iniciada por el banco no han repercutido en la entrega de apoyos sociales ni en la operatividad cotidiana de las cuentas.

El caso ha suscitado preguntas sobre el futuro de los depósitos, pero ningún pago ha sido interrumpido ni se han reportado retrasos o retenciones vinculadas a este proceso legal. Los usuarios pueden seguir utilizando sus cuentas y tarjetas como de costumbre.

La Procuraduría Federal del Consumidor desmiente que sus operativos en Guerrero hayan buscado sancionar negocios por transmitir partidos del Mundial 2026, en respuesta a publicaciones que circularon en medios del estado y provocaron el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco durante los primeros días del torneo.

La dependencia publicó una nota aclaratoria el 13 de junio en la que precisa que carece de atribuciones para supervisar, verificar o sancionar lo relacionado con los derechos de transmisión de partidos en establecimientos mercantiles. Ese ámbito corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Qué ocurrió el 10 de junio en Acapulco

Según el comunicado, la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas realizó el miércoles 10 de junio visitas de vigilancia a dos establecimientos: “Texas Ribs” (Costillas Julieta, S.A. de C.V.) y “La Casa de los Abuelos Puente” (S.A. de C.V.).

El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): que los comercios exhiban precios de forma visible, respeten ofertas y promociones, no exijan propina obligatoria y entreguen comprobante de compra. Nada relacionado con derechos de transmisión.

Lo que Profeco sí hace y lo que no puede hacer

El documento es explícito: “Las facultades de la Profeco se limitan estrictamente a proteger los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes, productos y servicios”, precisa la nota aclaratoria.

La Procuraduría advirtió además que si se detectan acciones de servidores públicos adscritos a la dependencia fuera de sus atribuciones, “se tomarán las medidas pertinentes”.

El impacto de la información errónea en Acapulco

La confusión generó un efecto directo en la economía local. Más de 320 establecimientos en Acapulco bajaron la cortina ante el temor a sanciones que la Profeco nunca tuvo contempladas en el alcance de sus operativos.

De más de 115 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, solo 40 habían adquirido licencia comercial con cableras para la transmisión de los partidos al momento de los cierres.

Los operativos vigentes de Profeco en Guerrero

La ODECO Acapulco-Lázaro Cárdenas detalló en el comunicado las actividades que sí tiene en marcha. Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA —activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor.

Entre las próximas acciones se encuentran el operativo Regreso a Clases, el Programa de Verificación Día del Padre del 19 al 21 de junio, y el programa vacacional y turístico de verano del 15 de julio al 28 de agosto de 2026.

Quién sí puede sancionar y bajo qué condiciones

El IMPI es la autoridad competente en materia de derechos de autor. Su director general, Vidal Llerenas Morales, aclaró que no habrá clausuras ni inspecciones aleatorias: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, afirmó en W Radio.

Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos.

Licencias, multas y riesgo de falsos inspectores

Para transmitir partidos de forma legal, los establecimientos deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos empresas autorizadas para emitir licencias de exhibición pública. Una suscripción doméstica o de plataforma de streaming personal no es suficiente.

Las sanciones por incumplimiento van de 117,310 pesos a 586,550 pesos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pueden alcanzar los 29.3 millones de pesos en los casos de mayor gravedad.

Ante la confusión generada, cámaras de comercio en varios estados alertaron sobre posibles falsos inspectores que podrían aprovechar el clima de incertidumbre para extorsionar a comerciantes. El IMPI recordó que todos sus verificadores portan gafete oficial con fotografía, camisa y chaleco institucional, y que ningún servidor público está facultado para exigir pagos en sitio.

El SAT puede no cobrarte multa si corriges un error fiscal antes de que la autoridad lo detecte, pero la ventana para hacerlo se cierra en cuestión de horas o días.

La figura se llama cumplimiento espontáneo y está prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), aunque la mayoría de los contribuyentes desconoce su existencia.

La regla es simple: quien presenta una declaración omitida, corrige un dato incorrecto o paga una contribución fuera de plazo —sin que el SAT lo haya detectado ni notificado— solo cubre el monto original más actualización y recargos. La multa es cero.

Cuándo se pierde el beneficio

El CFF establece tres situaciones en las que la corrección deja de considerarse espontánea y, por tanto, la multa sí procede.

• La primera: cuando la omisión ya fue descubierta por las autoridades fiscales.
• La segunda: cuando el SAT notificó una orden de visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier otra gestión de comprobación antes de que el contribuyente actuara.
• La tercera: cuando la corrección se presenta más de diez días después de que un contador público registrado entregó el dictamen de estados financieros ante el SAT y la omisión quedó asentada en ese documento.

En la práctica, el umbral más frecuente es el segundo. Si ya hay un aviso en el Buzón Tributario, la espontaneidad se extingue de inmediato.

Cuánto cuesta no actuar a tiempo

La diferencia entre corregir antes o después de una notificación es significativa. Según la tabla de penalizaciones del CFF vigente en 2026, quien declara de forma voluntaria paga $0.00 en multas.

Quien espera a que el SAT lo requiera enfrenta sanciones de entre $1,810 y $44,790 pesos por obligación incumplida, dependiendo del tipo de infracción.

Si el contribuyente corrige durante el ejercicio de facultades de comprobación —es decir, ya iniciada una auditoría—, puede acceder a una multa reducida equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No es lo mismo que espontaneidad, pero representa un ahorro frente a la sanción plena.

Qué obligaciones cubre y cómo actuar

El cumplimiento espontáneo aplica a prácticamente cualquier obligación fiscal: declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) entregados fuera de plazo y correcciones a datos ya declarados.

El proceso no requiere cita ni trámite especial. Todo se tramita en línea desde sat.gob.mx, en la sección “Declaraciones”. Si la obligación nunca fue presentada, el contribuyente selecciona la opción “Normal”; si ya existía una declaración pero con datos incorrectos, elige “Complementaria”. El portal calcula automáticamente los recargos y la actualización, y genera una línea de captura con el total a pagar.

La línea de captura tiene vigencia limitada, generalmente unas horas. Si no se liquida el mismo día, los recargos se recalculan y es necesario generarla de nuevo.

Cuando el monto total no puede cubrirse de inmediato, los especialistas recomiendan presentar la declaración de todas formas antes de pagar: una declaración entregada sin pago genera recargos sobre el impuesto, pero evita la multa por omisión. El contribuyente puede solicitar después un convenio de pago en parcialidades al amparo del artículo 66 del CFF, con un plazo máximo de 36 meses.

Un punto que pocos consideran: las notificaciones enviadas al Buzón Tributario se tienen por legalmente realizadas una vez que transcurren cinco días hábiles desde el envío del aviso, independientemente de si el contribuyente las consultó. Por eso, revisar el buzón antes de iniciar cualquier corrección es el primer paso que los asesores fiscales consideran indispensable.

Las omisiones que el SAT detecta primero

La autoridad fiscal no revisa de forma aleatoria. En 2026, el SAT opera con sistemas de inteligencia de datos que cruzan automáticamente la información de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias antes de emitir cualquier notificación.

La discrepancia fiscal es el detonante más frecuente: ocurre cuando los gastos facturados, los depósitos en cuenta o los pagos con tarjeta no coinciden con los ingresos declarados. El sistema presume ingresos omitidos y abre una revisión sin que el contribuyente lo advierta de inmediato.

Otros patrones que concentran la atención del fisco son las pérdidas fiscales declaradas de forma recurrente sin sustento económico lógico, las retenciones de ISR o IVA no enteradas al SAT, y las tasas efectivas de impuesto significativamente por debajo del promedio del sector. Este último criterio se aplica tanto a personas físicas como a empresas.

En el plano operativo, los errores de facturación también activan revisiones. Datos incorrectos del receptor en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cancelaciones de facturas fuera de plazo y declaraciones en cero cuando existen CFDI de ingresos vigentes son señales que los algoritmos del SAT procesan de forma automática.

Un punto que los especialistas consideran especialmente crítico es e Buzón Tributario inactivo o con datos de contacto desactualizados. Aunque la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026 prorrogó la aplicación de multas económicas —que van de $3,850 a $11,540 pesos— hasta enero de 2027, la obligación de mantenerlo activo es vigente. Un buzón sin medios de contacto válidos habilita al SAT para notificar por estrados y puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital, lo que impide emitir facturas de forma inmediata.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no habrá operativos masivos contra pequeños negocios que transmitan partidos del Mundial 2026, pese a la polémica generada en los últimos días por posibles multas económicas a comercios que usen señales residenciales para exhibir los encuentros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, afirmó que las verificaciones estarán enfocadas principalmente en establecimientos grandes o en negocios cuyo principal atractivo sea la transmisión de eventos deportivos.

“No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, dijo en entrevista en Así las Cosas con Gabriela Warkentin, en W Radio.

La aclaración ocurre luego de que se dieran a conocer las multas millonarias para cualquier comercio que transmitiera partidos sin una licencia comercial.

Reconocen que no hay capacidad

Aunque la Ley Federal del Derecho de Autor sí contempla sanciones por retransmisiones con fines de lucro, el propio instituto reconoció que no tiene capacidad para supervisar de forma generalizada a todos los establecimientos del país.

Al reconocer que existe una “parte gris” en la regulación, Llerenas fue directo al señalar que los establecimientos cuyo giro principal no es la transmisión de eventos deportivos no serán objeto de revisiones: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado, no hay manera de hacerlo. No queremos generar eso, no queremos generar un pánico. Queremos que la gente disfrute el mundial, eso tampoco le va a convenir a nadie”, dijo Llerenas.

¿Quiénes sí serán verificados?

Donde sí habrá presencia del IMPI es en negocios de mayor tamaño, particularmente en aquellos donde la transmisión de eventos es parte habitual de su oferta comercial. “De acuerdo con la petición de quien tiene los derechos, habrá ciertas verificaciones en ciertos lugares, con la capacidad limitada que tenemos, y será enfocada a negocios de mayor tamaño, que es muy probable que ya tengan estos pagos porque de manera regular también transmiten eventos deportivos”, explicó Llerenas en W Radio.

El funcionario subrayó que las acciones del instituto responderán principalmente a solicitudes de los titulares de derechos, no a operativos propios.

“Se hará alguna revisión a petición de partes, se toma nota y en ningún caso hay clausura”, precisó. Añadió: “Nos vamos a enfocar a negocios de buen tamaño por la capacidad y por la propia ética, así ha sido en otros mundiales”.

En México, Televisa (TUDN) y TV Azteca son los titulares de los derechos de transmisión del torneo para televisión abierta, aunque los 104 partidos completos solo están disponibles a través de la plataforma de pago VIX.

La CONCANACO SERVYTUR hizo un llamado a los titulares de derechos para diseñar esquemas de licencias accesibles para micro y pequeñas empresas, al considerar que el evento representa una oportunidad para el comercio local. “La accesibilidad no debe significar informalidad. Debe ser una ruta para que más establecimientos puedan cumplir, transmitir legalmente y permitir que más familias vivan el Mundial”, señaló la Confederación.

Cómo obtener la licencia para transmitir los partidos

Los negocios que quieran cumplir con la legalidad deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos compañías de Televisa autorizadas para emitir licencias de transmisión.

Una vez contratada la licencia, el negocio debe tener el contrato a la mano ante una posible revisión del IMPI. Las sanciones por infringir los derechos de transmisión van de mil a 5,000 días de multa con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que en la fracción más alta puede alcanzar el medio millón de pesos.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) recordó a los automovilistas que la verificación vehicular es un trámite obligatorio y que el plazo para realizarlo durante el primer semestre de 2026 concluirá el próximo 30 de junio, por lo que quienes incumplan podrían recibir multas que, en determinados casos, alcanzan los 9 mil 384 pesos.

La medida aplica especialmente para los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0, cuyos propietarios deben acudir a un verificentro antes de que termine junio para evitar sanciones.

La verificación vehicular es un procedimiento obligatorio que se realiza dos veces al año y tiene como objetivo controlar las emisiones contaminantes de los automóviles que circulan en la capital del país. El programa forma parte de las estrategias ambientales para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo?

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Ciudad de México, los conductores que no realicen la verificación dentro del periodo establecido deberán cubrir una multa por verificación extemporánea, la cual actualmente asciende a 2 mil 346.20 pesos. Sin embargo, el pago de esta sanción no exime de realizar el trámite pendiente.

Además, la normativa establece que si el vehículo continúa sin aprobar la verificación dentro de los plazos posteriores otorgados por la autoridad, las sanciones pueden incrementarse progresivamente hasta alcanzar montos equivalentes a 80 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cifra que ronda los 9 mil 384 pesos.

¿Qué vehículos deben verificar antes del 30 de junio?

Durante mayo y junio corresponde verificar a los automóviles con las siguientes características:

• Engomado azul.
• Terminación de placas 9 o 0.

Los propietarios de estas unidades tienen hasta el último día de junio para cumplir con la obligación ambiental y evitar multas o restricciones administrativas posteriores.

¿Qué pasa si no realizas la verificación vehicular?

Además de las sanciones económicas, los vehículos que no cuenten con una constancia de verificación vigente deben respetar las limitaciones de circulación previstas en programas como Hoy No Circula y las medidas aplicadas durante contingencias ambientales.

La SEDEMA recomienda a los automovilistas no esperar hasta los últimos días de junio para agendar una cita, ya que los verificentros suelen registrar una alta demanda conforme se acerca la fecha límite.

¿Cómo evitar la multa?

Para evitar sanciones, los conductores deben verificar que su vehículo no tenga adeudos pendientes relacionados con tenencia, refrendo o infracciones y posteriormente acudir a un verificentro autorizado dentro del periodo que les corresponde. En caso de cumplir con el trámite antes del 30 de junio, podrán evitar la multa por verificación extemporánea y mantenerse al corriente con sus obligaciones vehiculares.

Los ciudadanos que no participan en la segunda vuelta presidencial hoy 7 de junio deberán pagar una multa económica, cuyo monto variará según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La segunda vuelta definirá al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de que en la primera jornada electoral ningún candidato alcanzara el umbral requerido para evitar un nuevo balotaje. En este escenario, las autoridades electorales insistieron en la importancia de participar en la jornada de votación y cumplir con las obligaciones vinculadas al proceso.

Votar no solo permite elegir a quien conducirá el Poder Ejecutivo durante el próximo periodo, sino que también evita sanciones económicas previstas para quienes no acudan a las urnas o incumplan funciones asignadas por sorteo, como la de miembro de mesa. Las multas se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que este año asciende a S/ 5.500.

Estas son las tres escalas de multa por no votar en la segunda vuelta

El JNE precisó que la multa por no votar se determina de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI. El sistema contempla tres escalas y aplica montos que corresponden a un porcentaje de la UIT vigente (S/ 5.500), por lo que la penalidad no es uniforme para todos los electores.

En la primera escala, correspondiente a distritos catalogados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,50, equivalente al 0,5% de la UIT. En la segunda, aplicada a distritos en pobreza no extrema, el monto asciende a S/ 55,00, que representa el 1% de la UIT.

La tercera escala corresponde a distritos clasificados como no pobres. En ese caso, la multa por no acudir a votar alcanza los S/ 110,00, equivalente al 2% de la UIT. El objetivo de la diferenciación, según el criterio que comunicó el organismo electoral, es aplicar sanciones proporcionales a la clasificación socioeconómica registrada.

Además de la sanción económica, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar determinados trámites, de acuerdo con las reglas que rigen los procedimientos electorales. Por eso, las autoridades recomiendan verificar con anticipación los datos del DNI, conocer el local de votación asignado y planificar el traslado para evitar contratiempos el día de la elección.

Miembros de mesa que no cumplan su función en la segunda vuelta recibirán multa de S/ 275

El JNE también recordó que la obligación no se limita a acudir a votar. Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con asumir su función recibirán una sanción económica adicional. Para la segunda vuelta del 7 de junio, la multa por no ejercer el cargo equivale al 5% de la UIT, es decir, S/ 275.

La sanción se aplica a quienes fueron seleccionados para integrar las mesas de sufragio y no se presenten el día de la elección sin una justificación válida. En términos prácticos, esto significa que el deber de participar en el proceso incluye, para ese grupo, llegar a la hora indicada, instalar la mesa y desempeñar las tareas asignadas durante la jornada.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos que debían cumplir funciones como miembros de mesa tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio. Quienes resultaron elegidos deben volver a cumplir el mismo rol en esta nueva convocatoria.

Las autoridades electorales subrayan que el sistema de miembros de mesa es clave para el desarrollo de la votación y el conteo en cada local. Por eso, recomiendan a los designados revisar si figuran en el listado correspondiente, informarse sobre horarios y obligaciones, y, en caso de impedimento, gestionar con anticipación la documentación que sustente una eventual justificación.

Dónde me toca votar

Para conocer tu local de votación exacto para este domingo 7 de junio, debes ingresar al portal oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En esta plataforma digital, el sistema te solicitará digitar tu número de DNI para mostrarte detalladamente el nombre del establecimiento, su dirección exacta, el número de tu mesa de sufragio y si mantienes el cargo de miembro de mesa. Por regla general, tu centro educativo asignado para esta segunda vuelta electoral será el mismo que utilizaste en la primera jornada del pasado 12 de abril, pero se recomienda realizar la verificación digital previa ante cualquier modificación de última hora en la infraestructura local.

Restricciones esta semana

Para la segunda vuelta presidencial en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) activó desde el 1 de junio un conjunto de restricciones electorales obligatorias destinadas a asegurar un voto informado y neutral. La medida principal estipula la prohibición de publicar encuestas, proyecciones o cualquier sondeo de opinión en los medios de comunicación masivos. Este paquete de restricciones, diseñado para mitigar la interferencia política en los días previos a la votación, incluye de forma progresiva la suspensión de mítines de cierre de campaña, el cese de la propaganda política y la tradicional aplicación de la ley seca, garantizando así el orden público y la transparencia en todo el territorio nacional durante los comicios.

¿Quiénes pueden votar en la segunda vuelta del 7 de junio?

Para participar en la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 es obligatorio estar incluido en el padrón electoral. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el corte se definió por la mayoría de edad: podrán votar quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026; quienes alcanzaron esa edad después no figuran en el padrón.

Reniec precisó que el padrón utilizado en la primera vuelta se mantiene sin cambios para la segunda, por lo que no se suman nuevos electores entre una jornada y otra. Por esa razón, quedan fuera principalmente quienes cumplieron 18 años entre el 13 de abril y el 7 de junio de 2026.

Horario de votación este domingo

Para la Segunda Elección Presidencial de este domingo 7 de junio de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido que las mesas de sufragio a nivel nacional atenderán en el horario continuo de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Cabe señalar que, para asegurar una apertura sin demoras desde el primer minuto de la jornada, los miembros de mesa (tanto titulares como suplentes) han sido citados a las 6:00 a. m. en sus respectivos locales de votación.

Trenes Argentinos, la operadora de trenes del área metropolitana, desplegó patrullas de control para reducir la evasión y cobrar multas a quienes viajen sin validar su pasaje con la tarjeta SUBE.

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”, informaron a Infobae fuentes de la empresa.

En los trenes, la SUBE debe apoyarse en los molinetes al ingresar a la estación de origen y al descender en la de destino, de acuerdo con el procedimiento difundido por la empresa.

En el primer apoyo, el sistema retiene el valor del viaje máximo, de tercera sección, y al apoyar al final valida el cobro del trayecto efectivamente realizado. Si se apoya una sola vez, se cobra la mayor sección.

Cómo funciona el control y cuánto cuesta la multa

Las patrullas suben a la formación y piden la SUBE para verificar con un dispositivo electrónico si el viaje fue abierto. Si el último movimiento de la tarjeta no es compatible con el recorrido que se está realizando, se aplica la multa correspondiente.

La sanción es de $3.500, equivalente a 10 pasajes mínimos, y en mayo se aplicaron casi 16 mil multas, según informaron a Infobae fuentes de la empresa.

El pago se realiza en efectivo o vía QR desde billeteras virtuales o entidades bancarias, con comprobantes numerados que se rinden a diario.

En qué líneas ya opera el sistema

Según indicaron a Infobae fuentes de la empresa, hay 10 patrullas activas en la línea Roca, con cinco integrantes y un supervisor, para los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, Ezeiza, A. Korn y Ezeiza-Cañuelas.

En la línea San Martín funcionan cinco patrullas en horario aleatorio para el ramal Retiro/Pilar-Cabred, y en la línea Belgrano Sur operan dos patrullas en horario aleatorio, con el mismo formato, con la incorporación de otras dos “en los próximos días”, para los ramales Sáenz-González Catán, Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán-Lozano.

La empresa también informó a Infobae que el sistema se implementará en las líneas Mitre y Sarmiento en los próximos días. “No está determinado aún cuándo funcionarán. Están conformándolas”, agregaron.

Cómo cargar la tarjeta SUBE

Las opciones para cargar saldo en la Tarjeta SUBE se han ampliado para facilitar el acceso de los usuarios. Actualmente, es posible acreditar cargas electrónicas mediante la aplicación SUBE, disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Además, se puede utilizar la funcionalidad Carga a Bordo en los colectivos habilitados, así como las Terminales Automáticas distribuidas en estaciones y puntos de alto tránsito.

La acreditación de cargas electrónicas suele ser inmediata, aunque en algunos casos puede demorar hasta veinticuatro horas según la entidad proveedora del servicio. Aquellos usuarios que prefieran el método tradicional pueden realizar cargas presenciales en kioscos, estaciones de tren, subte y locales adheridos.

La SUBE registrada ofrece beneficios adicionales, como el acceso a la Tarifa Social y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo, extravío o rotura de la tarjeta. El registro se puede realizar en línea, a través de la web oficial del sistema SUBE, o en los centros de atención designados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo 7 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Antes de votar, deberán verificar su local porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales reubicó 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana.

El organismo electoral precisó que el padrón vigente es el mismo que se cerró en octubre de 2025, antes de la primera vuelta. Quienes actualizaron su dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil durante el último año deberán sufragar en el local donde lo hicieron en abril, ya que esa modificación solo tendrá efecto en procesos electorales futuros.

La herramienta oficial para verificar el punto de votación asignado es el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde el ciudadano ingresa su número de Documento Nacional de Identidad y obtiene el nombre del local, la dirección exacta, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista. El sistema también indica si el elector fue seleccionado como miembro de mesa.

¿Por qué cambiaron las mesas en Lima?

La ONPE recomendó hacer esta consulta con anticipación, sobre todo a quienes sufragaron el 12 de abril en parques o espacios al aire libre, ya que esos puntos son los que registran cambios para el balotaje.

La reubicación responde a dos motivos. El primero fue una sugerencia de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de seguridad: en la primera vuelta, la ONPE había acondicionado 10 espacios abiertos como locales de votación ante la falta de recintos cerrados disponibles. Para el 7 de junio, esas mesas pasaron a instituciones educativas dentro del mismo distrito, con el criterio de mantenerlas lo más cerca posible de su ubicación original.

El segundo motivo fue la negativa de propietarios privados a ceder sus instalaciones para la jornada del 7 de junio. Por esa razón, ocho locales adicionales en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar también fueron reubicados.

Los nuevos locales en Jesús María, Lince y Miraflores

Los tres distritos con mayor número de cambios son Jesús María, Lince y Miraflores, donde las mesas que funcionaban en parques pasaron a colegios cercanos.

• Jesús María

Parque Cáceres (Av. Cuba, cdra. 6) → IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531-543)

• Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal, cdra. 7) → CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) → IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) → IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) → IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

• Miraflores

Boulevard Tarata (Av. José Larco, cdra. 6) → IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) → IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) → IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

Horario, cédula y atención preferente

La jornada electoral se extenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a.m. para instalar las mesas antes del inicio del sufragio.

La cédula de votación del balotaje presenta dos opciones, una por cada candidato presidencial. Ya no figuran congresistas ni representantes al Parlamento Andino, por lo que el documento es de menor tamaño y con información reducida. La ONPE precisó que el material electoral de esta segunda etapa se imprimirá exclusivamente en papel, sin el registro electrónico que se utilizó en abril.

El único documento válido para sufragar es el DNI. En caso de robo o extravío, el elector debe contar con la denuncia policial correspondiente y gestionar ante el Jurado Nacional de Elecciones la dispensa de multa. Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas tienen atención preferente y acceso prioritario en todos los locales; la ONPE sugirió que estos grupos acudan en los horarios de menor afluencia.

Multas por no votar ni cumplir como miembro de mesa

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos de entre 18 y 69 años. Quienes no acudan a las urnas el 7 de junio enfrentarán sanciones económicas que varían según la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI, calculadas en función de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, fijada en S/ 5.500 para 2026:

• Distritos no pobres: S/ 110 (equivalente al 2% de la UIT)
• Distritos pobres no extremos: S/ 55 (1% de la UIT)
• Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50 (0,5% de la UIT)

Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida recibirán una multa adicional de S/ 275 (5% de la UIT). Si ese mismo ciudadano tampoco emite su voto, las sanciones se acumulan y la deuda total puede alcanzar los S/ 385. La ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir funciones de mesa tanto en la primera como en la segunda vuelta, por lo que quienes fueron seleccionados en abril deben volver a cumplir ese rol el 7 de junio.

Restricciones y cómo regularizar una deuda electoral

El incumplimiento de las obligaciones electorales bloquea una serie de trámites administrativos mientras la deuda persista. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de realizar gestiones notariales, inscribir actos civiles como matrimonio o divorcio, solicitar licencias de conducir o pasaportes, acceder a programas sociales del Estado y postular a cargos públicos. El Jurado Nacional de Elecciones puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva que incluyen el embargo de cuentas bancarias.

Para regularizar el pago, la ONPE habilitó tres vías: la plataforma digital Págalo.pe, las agencias del Banco de la Nación y las oficinas del JNE (Av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima). El estado de la deuda puede consultarse en multas.jne.gob.pe. No es obligatorio que el titular realice el trámite: cualquier persona puede efectuar el pago presentando el número de DNI del afectado.

Cómo justificar la inasistencia

Quienes no puedan votar por razones justificadas —enfermedad grave, discapacidad, viaje al extranjero, labores esenciales, entre otras— pueden solicitar una dispensa ante el JNE desde el día siguiente a la elección.

Los miembros de mesa que tampoco puedan asistir tienen la opción de tramitar una excusa antes de la jornada o una justificación posterior. En ambos casos se requiere documentación probatoria: certificados médicos, constancias laborales, documentos migratorios u otros según la causal invocada.

El trámite puede realizarse de forma virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE o de manera presencial en sus oficinas descentralizadas. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido pueden ser declaradas improcedentes.

Restricciones

Desde el lunes 1 de junio, Perú inició el cronograma de restricciones electorales fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta presidencial, prohibiendo estrictamente la difusión de sondeos de opinión, encuestas o proyecciones de cualquier tipo a través de los medios de comunicación. Esta medida, que busca garantizar un periodo de reflexión limpio y equitativo, abre paso a un calendario progresivo de prohibiciones que continuará con el cese de mítines políticos, la suspensión total de la propaganda electoral y la posterior aplicación de la ley seca. De este modo, los organismos electorales articulan mecanismos de fiscalización a nivel nacional para resguardar la seguridad y asegurar la transparencia del proceso democrático en las urnas.

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso en marcha un amplio despliegue de personal de fiscalización en todo el país con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso electoral. La medida busca reforzar los controles antes, durante y después de la jornada de votación, en un escenario donde entran en vigencia diversas restricciones para organizaciones políticas, medios de comunicación, comercios y ciudadanos.

La institución informó que más de 28 mil fiscalizadores electorales serán distribuidos a nivel nacional para verificar que se respeten las prohibiciones establecidas por la legislación electoral. Entre ellas destacan la difusión de encuestas de intención de voto, la realización de actividades proselitistas dentro de los plazos permitidos y la conocida “ley seca”, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

JNE refuerza controles y advierte sanciones por incumplimiento de normas electorales

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, señaló que el trabajo de supervisión ya comenzó con jornadas de capacitación dirigidas al personal encargado de fiscalizar el proceso en todo el territorio nacional.

Según explicó, los fiscalizadores recibirán formación especializada para fortalecer sus conocimientos en materia electoral y garantizar una adecuada intervención frente a posibles infracciones. El objetivo es que estén preparados para actuar durante cada etapa de la segunda vuelta presidencial.

“Vamos a desplegar a nivel nacional más de 28 mil fiscalizadores para la verificación restrictiva de cualquier tipo de prohibición”, indicó el representante del organismo electoral.

Ramos precisó además que cada entidad que integra el sistema electoral peruano mantiene funciones específicas y delimitadas. En ese contexto, destacó que el JNE decidió fortalecer su capacidad operativa de fiscalización mediante la implementación de mayores procedimientos y mecanismos de control.

El funcionario sostuvo que este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, aseguró que las acciones de fiscalización abarcarán el periodo previo a la votación, la jornada electoral y las etapas posteriores al cierre de mesas.

Principales sanciones

Entre las principales restricciones que ya se encuentran vigentes figura la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales. De acuerdo con el JNE, esta medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio y alcanza a todos los medios de comunicación y plataformas que divulguen estudios de intención de voto relacionados con la segunda vuelta.

Las autoridades recordaron que incumplir esta disposición puede derivar en importantes sanciones económicas. Las multas previstas para quienes vulneren la norma pueden superar el medio millón de soles, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Respecto a las actividades políticas, Ramos señaló que los partidos y movimientos que participan en el balotaje aún podrán realizar mítines y reuniones de campaña, aunque únicamente dentro del plazo establecido por la normativa electoral. Según precisó, estas actividades podrán desarrollarse hasta el jueves previo a la elección.

Otra de las medidas que será supervisada de manera estricta es la denominada ley seca. El expendio de bebidas alcohólicas quedará prohibido desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio y la restricción se mantendrá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

El JNE advirtió que quienes incumplan esta disposición también estarán sujetos a sanciones económicas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la multa por vender bebidas alcohólicas durante el periodo restringido puede alcanzar los S/ 3.690.

Con el despliegue nacional de fiscalizadores, el organismo electoral busca asegurar que todas las restricciones se respeten durante la recta final de las Elecciones 2026, en una jornada considerada clave para la elección del próximo presidente del Perú.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sí tiene facultades constitucionales para imponer multas a gasolineras que entreguen menos litros de gasolina o diésel de los que cobran a sus clientes.

La decisión representa un respaldo legal para las acciones de vigilancia y sanción contra estaciones de servicio que operen con irregularidades en sus bombas despachadoras.

El fallo fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corte y deriva de un caso iniciado en Guanajuato, donde una empresa gasolinera fue sancionada por comercializar combustible mediante un dispensador irregular que entregaba menos producto del pagado.

Suprema Corte valida facultades de Profeco

La resolución de la SCJN confirmó la constitucionalidad de los artículos 24, fracción XXVI, y 134 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, normas que permiten a Profeco aplicar y ejecutar sanciones económicas contra proveedores que incumplan la ley.

El proyecto fue presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien sostuvo que la Constitución sí otorga a la Procuraduría facultades para imponer multas cuando se detecten prácticas que afecten directamente a los consumidores.

Con esta decisión, la Corte dejó claro que Profeco no solo puede detectar irregularidades en estaciones de servicio, sino también hacer efectivas las sanciones correspondientes mediante procedimientos legales.

El origen del caso en Guanajuato

El conflicto legal comenzó en 2019, cuando Profeco impuso una multa a una gasolinera ubicada en Guanajuato por operar con un dispensador que entregaba menos combustible del registrado en la compra.

De acuerdo con las autoridades, los consumidores pagaban litros completos, pero recibían una cantidad menor debido a fallas o alteraciones en el sistema de despacho.

La empresa buscó anular la sanción mediante un amparo al argumentar que Profeco carecía de facultades constitucionales para imponer multas económicas. Sin embargo, tanto un juez de Distrito como un tribunal colegiado rechazaron ese argumento.

Finalmente, el caso llegó a la Suprema Corte, que ratificó la legalidad de las facultades sancionadoras de la Procuraduría.

Qué significa esta decisión para los consumidores

El fallo fortalece la protección de millones de automovilistas y consumidores que diariamente cargan combustible en México. A partir de este criterio, Profeco podrá continuar realizando verificaciones e imponer sanciones cuando detecte bombas alteradas o dispensadores irregulares.

La decisión también representa una medida de disuasión para estaciones de servicio que incumplan la ley, ya que confirma que las multas son plenamente válidas y ejecutables.

No obstante, la resolución no implica sanciones automáticas para todas las gasolineras del país. Cada caso deberá investigarse individualmente y la autoridad tendrá que comprobar las irregularidades antes de imponer cualquier multa.

Cómo denunciar una gasolinera que no dé litros completos

Profeco recordó que los consumidores pueden presentar denuncias cuando sospechen que una estación entrega menos combustible del pagado. Para ello, se recomienda conservar información como:

• Ticket de compra.
• Fecha y hora de la carga.
• Nombre y ubicación de la gasolinera.
• Número de bomba despachadora.
• Tipo de combustible y monto pagado.

Estos datos pueden ayudar a las autoridades a iniciar verificaciones y detectar posibles irregularidades.

Un fallo con impacto nacional

Aunque el caso surgió en Guanajuato, la resolución de la Suprema Corte tiene alcance nacional, ya que valida disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor aplicables en todo México.

Especialistas consideran que este criterio fortalece las herramientas legales de Profeco para combatir abusos en el sector gasolinero y proteger el derecho de los consumidores a recibir exactamente la cantidad de combustible por la que pagan.

Con este fallo, la Suprema Corte estableció que las estaciones de servicio que manipulen bombas o entreguen litros incompletos podrán enfrentar sanciones económicas, reforzando así la vigilancia sobre uno de los sectores más importantes para la economía cotidiana de millones de mexicanos.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, informó las tarifas oficiales que estarán vigentes durante 2026 para el programa de verificación vehicular, un trámite obligatorio para miles de automovilistas mexiquenses.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los costos varían dependiendo del holograma que obtenga cada vehículo tras la evaluación de emisiones contaminantes.

La verificación vehicular tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación atmosférica y garantizar que las unidades automotoras cumplan con los estándares ambientales establecidos en la entidad.

¿Cuánto costará la verificación vehicular en 2026?

Las tarifas oficiales para el mes de junio quedaron establecidas de la siguiente manera:

• Holograma 00: 1,197 pesos.
• Holograma 0: 610 pesos.
• Hologramas 1 y 2: 469 pesos.
• Exento y D: Gratuito.
• Exento voluntario: 630 pesos.

Las autoridades recordaron que la asignación de cada holograma dependerá de las características del vehículo, su modelo, tecnología y resultados obtenidos durante la prueba de verificación.

Multa por no verificar en el Estado de México

Además de los costos del trámite, la Secretaría del Medio Ambiente precisó que los conductores que incumplan con la obligación de verificar sus vehículos deberán cubrir una multa de 3 mil 519 pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite dentro de los periodos establecidos y evitar sanciones económicas, así como posibles restricciones a la circulación.

El programa de verificación vehicular es una herramienta clave para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras regiones del estado, donde la concentración de vehículos representa uno de los principales desafíos ambientales.

Cómo agendar una cita para verificar

Para realizar la verificación vehicular, los propietarios de automóviles deben programar previamente una cita en el portal oficial del Edomex: citaverificacion.edomex.gob.mx

El proceso permite seleccionar fecha, horario y centro de verificación disponible, con el propósito de agilizar la atención y evitar largas filas.

Las autoridades recomiendan acudir con la documentación requerida, incluyendo tarjeta de circulación vigente y comprobantes de verificaciones anteriores cuando corresponda.

La verificación vehicular es una medida ambiental que busca controlar las emisiones contaminantes generadas por automóviles particulares, transporte público y vehículos de carga.

El cumplimiento oportuno de este trámite contribuye a disminuir los niveles de ozono y partículas suspendidas, además de favorecer la movilidad sustentable en una de las regiones más pobladas del país.

Con las nuevas tarifas para 2026 ya definidas, los automovilistas mexiquenses deberán considerar este gasto dentro de su presupuesto anual y mantenerse atentos al calendario oficial que publicará el Gobierno del Estado de México para conocer los periodos de verificación correspondientes a cada terminación de placa.

Las autoridades reiteraron que cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también representa una acción concreta para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire en beneficio de millones de habitantes del Estado de México.

En México, millones de personas compran refrescos, cerveza y otros productos en envases retornables pagando un depósito adicional por la botella o el empaque. Aunque muchas veces este cobro parece parte del precio final del producto, en realidad se trata de una garantía que debe ser reembolsada al consumidor cuando devuelve el envase en buen estado.

La obligación está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), normativa que protege los derechos de los compradores frente a prácticas abusivas de comercios y proveedores.

Sin embargo, todavía existen establecimientos que se niegan a regresar el dinero del depósito o intentan imponer condiciones ilegales para evitar el reembolso.

La ley obliga a devolver íntegro el depósito del envase

El artículo 11 de la LFPC establece que el consumidor tiene derecho a recuperar la suma íntegra entregada como depósito por un envase o empaque retornable. Esto significa que el dinero cobrado por la botella no forma parte del costo del contenido, sino que funciona únicamente como una garantía temporal.

De acuerdo con la legislación, cuando una persona devuelve el envase correspondiente y este se encuentra en condiciones aptas para su reutilización, el comercio está obligado a regresar exactamente la cantidad que recibió por concepto de depósito.

Especialistas en consumo señalan que esta medida busca fomentar la reutilización y el reciclaje de envases, además de evitar abusos contra los consumidores.

Las prácticas ilegales más comunes en tiendas y supermercados

A pesar de que la ley es clara, en algunos negocios todavía se presentan negativas para devolver el dinero del envase. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran frases como:

• “No tengo cambio”.
• “Solo se lo puedo cambiar por otro producto”.
• “Aquí no compramos envases”.
• “Ya venció el tiempo para reclamar”.

Estas acciones son consideradas indebidas porque el consumidor no está vendiendo un envase al establecimiento, sino recuperando una cantidad que previamente entregó en garantía.

La legislación también establece que los proveedores deben informar de manera clara y visible cuánto cuesta el producto y cuál es el monto correspondiente al depósito del envase. Ocultar o confundir esta información puede representar una violación a los derechos del consumidor.

El ticket puede ser clave para reclamar ante Profeco

Otro punto importante de la LFPC se encuentra en el artículo 12, que obliga a los proveedores a entregar un comprobante de compra. Este documento debe incluir información específica de la operación realizada y sirve como respaldo para acreditar pagos o depósitos.

Por ello, especialistas recomiendan conservar tickets o recibos cuando se adquieren productos retornables, especialmente si el consumidor planea recuperar posteriormente el dinero del envase.

Aunque algunos establecimientos aceptan la devolución sin comprobante, contar con el ticket puede facilitar una reclamación formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Qué hacer si una tienda se niega a devolverte el dinero

Si un comercio rechaza el reembolso del depósito, los consumidores pueden seguir varios pasos antes de presentar una denuncia formal.

El primero es solicitar hablar con el encargado del establecimiento y recordar que el depósito es un monto reembolsable respaldado por la ley. En muchos casos, el problema se resuelve después de aclarar la obligación legal.

Si la negativa continúa, la recomendación es presentar una denuncia ante Profeco. Para ello, es importante reunir datos como:

• Nombre del establecimiento.
• Dirección completa.
• Ticket o comprobante de compra.
• Fotografías o evidencia de la negativa, en caso de ser posible.

La autoridad puede iniciar procedimientos de verificación y aplicar sanciones económicas a los negocios que incumplan la legislación.

Las multas que pueden enfrentar los comercios

De acuerdo con criterios aplicados por Profeco y especialistas legales, las sanciones por incumplir las disposiciones relacionadas con depósitos de envases pueden ir desde cientos de pesos hasta superar el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del proveedor.

Además, si el establecimiento desacata instrucciones de la autoridad o reincide en las irregularidades, pueden imponerse multas acumulativas diarias hasta que corrija la falta.

La devolución del depósito únicamente puede rechazarse cuando el envase se encuentra roto, despostillado o tan dañado que ya no pueda ser reutilizado dentro de la cadena de reciclaje o retorno.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó las medidas contra los negocios que engañen a los consumidores mediante promociones falsas, descuentos simulados o precios distintos a los exhibidos, prácticas que suelen incrementarse en temporadas de rebajas y ventas especiales.

La dependencia federal advirtió que los comercios que incumplan las promociones anunciadas o difundan publicidad engañosa podrán enfrentar multas económicas que van desde miles de pesos hasta sanciones acumuladas superiores a los 6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Estas medidas forman parte de la estrategia de vigilancia de Profeco para proteger la economía de los consumidores y frenar prácticas abusivas que afectan directamente el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Profeco pone la lupa en descuentos simulados y precios alterados

Uno de los principales problemas detectados por la autoridad es la simulación de descuentos, una práctica en la que algunos establecimientos incrementan los precios días antes de una campaña comercial para posteriormente anunciar rebajas inexistentes.

A esto se suman irregularidades como exhibir un precio en aparadores o plataformas digitales y cobrar otro más alto al momento de pagar, así como ocultar restricciones importantes de las promociones en letras pequeñas o términos poco visibles.

La Profeco señaló que estas acciones constituyen violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que pueden derivar en procedimientos administrativos y sanciones económicas severas.

De acuerdo con el artículo 128 Bis de la legislación vigente, las penalizaciones por publicidad engañosa o incumplimiento grave de promociones pueden alcanzar montos superiores a los 6.3 millones de pesos.

Las multas pueden aplicarse diariamente

Además de las sanciones principales, Profeco tiene facultades para imponer medidas de apremio cuando un negocio persiste en la conducta irregular después de una advertencia oficial.

En estos casos, las multas pueden acumularse diariamente hasta que el establecimiento corrija la irregularidad detectada.

Actualmente, las sanciones adicionales pueden superar los 8 mil 232 pesos por día, especialmente en situaciones relacionadas con alteración arbitraria de precios, incumplimiento de ofertas o publicidad falsa.

La autoridad también puede aplicar medidas precautorias como:

• Suspensión de la comercialización de productos.
• Colocación de sellos de advertencia.
• Retiro de mercancía del mercado.
• Inmovilización de productos o servicios.

Con estas herramientas, Profeco busca evitar afectaciones colectivas y garantizar que los consumidores reciban información clara y veraz al momento de realizar sus compras.

¿Cómo define Profeco el monto de las sanciones?

El tamaño de la multa depende de diversos factores evaluados por la autoridad. Entre ellos destacan:

• El número de consumidores afectados.
• El beneficio económico obtenido por el negocio.
• La reincidencia del infractor.
• La capacidad financiera de la empresa.
• El impacto de la conducta engañosa en el mercado.

La Procuraduría explicó que las sanciones se ajustan según la gravedad del incumplimiento para evitar que las multas sean consideradas únicamente como un costo operativo por parte de las empresas.

Qué pueden hacer los consumidores ante una promoción engañosa

Profeco recordó que los consumidores tienen derecho a denunciar cualquier irregularidad relacionada con promociones falsas o cobros distintos a los anunciados.

En caso de detectar un precio engañoso, la recomendación es reunir evidencias claras, como fotografías de los anuncios, capturas de pantalla y tickets de compra.

Posteriormente, los afectados pueden presentar su caso mediante el correo oficial asesoria@profeco.gob.mx, iniciar un proceso en la plataforma Concilianet o acudir directamente a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana.

La dependencia reiteró que los comercios están obligados a respetar las promociones y precios exhibidos, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en fuertes sanciones económicas y acciones administrativas conforme a la ley vigente.

A cinco días del choque fatal que se cobró la vida de una familia en San Vicente, el conductor, Leandro Panetta, continúa detenido en la Comisaría Primera de ese distrito tras negarse a declarar ante la Justicia. En las últimas horas salió a la luz que la Amarok que conducía al momento del choque registraba 12 multas de tránsito. La mayoría fueron por exceso de velocidad y semáforos en rojo. La deuda total superaría los cuatro millones de pesos.

Según consta en el sistema de infracciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Amarok registra varias infracciones de tránsito en distintos partidos del conurbano: cinco en La Plata, dos en Presidente Perón, dos más en San Isidro y otras dos en Berazategui.

La mayoría de las multas fueron labradas por exceder los límites reglamentarios de velocidad y por no respetar las luces de semáforo o barreras de pasos a nivel. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el vehículo registra una infracción por evadir el pago del peaje en la autopista.

Consultado por Infobae, el abogado del detenido, Miguel Ángel Molina, aseguró que la camioneta no pertence al acusado sino a su padre. Según explicó el letrado, el vehículo también era utilizado por los hermanos de Panetta y era “muy poco común” que su defendido manejara la Amarok.

El choque ocurrió el sábado pasado en el kilómetro 53 de la ruta provincial N°6. Las víctimas fatales fueron cinco integrantes de una familia que viajaba en un Peugeot 207: Ninfa Ester Cabañas (49), Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Según las primeras investigaciones, la Amarok circulaba a una velocidad muy elevada antes de embestir desde atrás al Peugeot. El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destruido y las cinco víctimas murieron en el acto.

Panetta fue aprehendido en el lugar y luego indagado por el juez Martín Miguel Rizzo, pero se negó a declarar. Está imputado por homicidio culposo agravado, tipificado por conducción temeraria y exceso de velocidad. La Justicia dispuso que continúe detenido mientras avanza la instrucción de la causa.

Una testigo clave, Micaela Cramer, relató a Infobae que viajaba junto a su familia cuando la Amarok los sobrepasó “a unos 180 km/h” segundos antes del choque. Tras el impacto, la mujer y su pareja descendieron para asistir a las víctimas y describieron una escena estremecedora. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, recordó sobre la reacción de Panetta después del hecho.

La mujer también aseguró que el conductor nunca se acercó al Peugeot para verificar si había sobrevivientes y permaneció sentado sobre el pasto.

Por su parte, el abogado Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, señaló que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”. Sin embargo, la testigo contradijo, en parte, esa versión: “Puede ser que no esté tan iluminada, pero visibilidad había”, sumó.

El Gobierno de la Ciudad de México prepara una reforma que exigirá placas y licencia obligatoria para los scooters eléctricos y otros vehículos de micromovilidad a partir de julio de 2026.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, confirmó que será necesario modificar el Código Fiscal capitalino para incorporar los cobros y trámites referentes al emplacamiento y la expedición de licencias para estos vehículos eléctricos personales, denominados oficialmente VEMEPE.

La mandataria indicó que se buscará la aprobación de la reforma en un periodo extraordinario del Congreso de la CDMX, ya que las nuevas reglas entrarían en vigor el 1 de julio.

Con estas modificaciones, los scooters eléctricos, bicimotos y bicicletas eléctricas de alta velocidad deberán portar placas, tarjeta de circulación y licencia, además de ajustarse a nuevas normas de tránsito.

¿Qué scooters y bicicletas eléctricas tendrán que emplacarse?

Las autoridades capitalinas puntualizaron que la regulación no aplicará para todos los vehículos eléctricos, sino que estará dirigida principalmente a los scooters y bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora o cuyo peso exceda los 35 kilogramos.

Estos vehículos serán clasificados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Entre las nuevas obligaciones se incluye el uso de casco, la obtención de licencia tipo A1 o A2, y la portación de placas otorgadas por la Secretaría de Movilidad.

Quedará prohibido circular por banquetas, carriles confinados para transporte público y vías de acceso controlado donde el límite de velocidad supere los 50 kilómetros por hora.

Los vehículos nuevos vendidos en la capital deberán salir emplacados desde el punto de venta a partir del 1 de julio.

Para los actuales propietarios de scooters o bicimotos eléctricas, se abrirá un periodo de regularización que abarcará del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026.

Posterior a esa fecha, quienes no hayan realizado el trámite podrán ser sujetos a sanciones económicas y administrativas.

CDMX busca cerrar vacíos legales y reducir accidentes

La regulación se integra a una estrategia más amplia para ordenar la micromovilidad en la ciudad.

Desde 2025, el Congreso local analiza reformas para cerrar vacíos legales en torno a scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos, ante el crecimiento acelerado de estos vehículos en la metrópoli.

Autoridades capitalinas señalaron que las ventas de scooters y vehículos eléctricos personales aumentaron exponencialmente en los últimos años, lo que derivó en un incremento de accidentes y conflictos viales.

El gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y homologar parte de la normativa vigente para las motocicletas.

La Secretaría de Movilidad anticipó campañas de socialización para informar a los usuarios sobre las nuevas obligaciones antes de comenzar con la aplicación de multas en septiembre.

El gobierno capitalino sostiene que la medida no busca una mayor recaudación, sino regular una modalidad de transporte que ya representa parte fundamental de la movilidad cotidiana de miles de personas en la CDMX.

Los propietarios de vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 en la Ciudad de México deben presentar sus autos a la verificación vehicular antes de que finalice junio de 2026.

El trámite es obligatorio y quienes no lo realicen dentro del periodo asignado enfrentarán una multa de 2,346 pesos, calculada en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2026.

Este monto está establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Durante mayo y junio de 2026, corresponde exclusivamente a los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 acudir a los verificentros autorizados. El calendario semestral oficial determina que estos vehículos cierran el ciclo del primer semestre, por lo que deberán cumplir con la revisión antes del 30 de junio.

Multa oficial y condiciones para evitarla

La sanción económica por no verificar en el periodo asignado asciende a 20 veces la UMA, equivalente a 2,346 pesos. Si el propietario no obtiene una constancia aprobatoria dentro del plazo, debe cubrir la multa y, a partir del pago, recibe un nuevo periodo de 30 días naturales para completar la verificación.

Si en ese tiempo no aprueba la inspección, la multa se duplica, llegando a 4,692 pesos (40 UMA), y el plazo se renueva. El proceso puede repetirse en caso de reincidencia, con la multa incrementándose a 80 UMA (9,384 pesos).

El pago de la multa se realiza a través de la línea de captura obtenida en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX o vía Locatel. Presentar este comprobante es requisito indispensable al acudir al verificentro para regularizar el trámite.

Costos y procedimiento de verificación

El costo oficial de la verificación vehicular es de 765 pesos en 2026. Esta tarifa aplica para cualquier holograma asignado (“0”, “1”, “2” o “00”). El pago debe realizarse previo a la cita, la cual se agenda en el portal de verificentros autorizado por la Sedema.

Para realizar el trámite, se solicita la siguiente documentación en original:

1. identificación oficial vigente
2. tarjeta de circulación actualizada
3. comprobante de la última verificación
4. constancia de no tener adeudos de tenencia o infracciones.

Si el vehículo no aprueba en la primera revisión por fallas menores, el propietario dispone de un plazo de 30 días naturales para repetir la verificación sin costo adicional.

Contexto y objetivos del programa

El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México es de carácter semestral y obligatorio para todos los vehículos de combustión interna con placas capitalinas. Su objetivo es controlar las emisiones contaminantes y contribuir a la mejora de la calidad del aire. Además, el cumplimiento del trámite es necesario para evitar restricciones adicionales como el programa Hoy No Circula o la imposibilidad de circular en días específicos.

El calendario de verificación distribuye la carga entre los distintos grupos de autos a lo largo del semestre, asignando periodos por color de engomado y terminación de placa. En el caso de autos con engomado azul y terminaciones 9 y 0, el periodo asignado corresponde a mayo y junio.

Consecuencias adicionales por incumplimiento

Además de la multa económica, los vehículos que no hayan sido verificados en el periodo correspondiente quedan sujetos a restricciones de circulación. Esto incluye la imposición del programa Hoy No Circula de manera más estricta, así como la necesidad de regularizar el trámite antes de poder circular libremente por la ciudad.

Pagar la multa no sustituye la verificación. Es obligatorio cubrir ambos conceptos para recuperar la regularidad del vehículo. La reincidencia en el incumplimiento genera sanciones acumulativas. Todo el proceso se rige por los lineamientos establecidos en la legislación ambiental y de tránsito de la Ciudad de México.

Fuentes oficiales: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, Reglamento de Tránsito de la CDMX, Unidad de Medida y Actualización 2026 y portales institucionales consultados entre abril y mayo de 2026.

En la Ciudad de México, cámaras y radares instalados en vialidades registran infracciones de tránsito y emiten sanciones sin que intervenga un agente de tránsito.

Cuando detectan una infracción, el sistema genera automáticamente una sanción: puede ser una fotocívica, que descuenta puntos al vehículo y obliga a cumplir cursos o trabajo comunitario, o una fotomulta, que cobra dinero directamente.

La diferencia entre una y otra depende del tipo de vehículo, la placa y la gravedad de la falta. Y en el peor escenario, esa diferencia vale más de 7,000 pesos mexicanos.

Cómo funciona el sistema de puntos para placas de la CDMX

Los automovilistas con placa capitalina parten de un saldo de 10 puntos por cada ciclo de verificación vehicular.

Las infracciones captadas por cámara descuentan entre uno y cinco puntos según la gravedad.

Circular a exceso de velocidad, no respetar el semáforo en rojo, usar el teléfono al conducir o no llevar cinturón de seguridad restan un punto cada una. Rebasar en más de 40% los límites de velocidad resta cinco puntos de forma directa.

Las sanciones por pérdida de puntos escalan en función del total acumulado: ver un video de concientización, tomar cursos en línea, intermedio o avanzado, asistir a un curso presencial de sensibilización, y realizar trabajo comunitario a partir del sexto punto perdido.

Qué infracciones generan siempre una multa económica

No todas las fotomultas derivan en sanción económica. La Secretaría de Movilidad aplica el esquema de fotocívicas —que descuenta puntos al vehículo en lugar de cobrar dinero— únicamente a personas físicas con matrícula de la Ciudad de México. Para el resto, la sanción es siempre monetaria.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México precisa que las infracciones captadas por cámara que generan multa económica sin excepción son: invasión de carril confinado al transporte público, exceso de velocidad superior a 40% del límite permitido, y cualquier infracción cometida por vehículos de transporte público, de carga, taxis o con placas de otra entidad o país.

¿Cuál es la acción que alcanza la fotomulta más alta?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que las fotomultas pueden alcanzar los 7,000 pesos mexicanos cuando invade carriles exclusivos.

Esta multa es la más alta para automovilistas y motociclistas, ya que para transportes de carga, hay multas más elevadas, con montos superiores a 70,000 pesos mexicanos.

La sanción más alta del reglamento vigente para los conductores particulares equivale a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y estos son acreedores de esta multa cuando invadan carriles exclusivos del Metrobús o ciclovías.

El valor de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), lo que arroja una base de 7,038.60 pesos mexicanos para el valor de la multa.

Para esta infracción, los vehículos con placas de la Ciudad de México, de otra entidad o del extranjero reciben la sanción económica directa y completa de 60 UMA desde la primera falta captada, sin derecho a los descuentos tradicionales por pronto pago debido a la gravedad de la falta.

Qué pasa si no se paga la fotomulta

Quien decida no liquidar una fotomulta económica o ignore sus fotocívicas quedará impedido para realizar trámites vehiculares indispensables, principalmente la verificación obligatoria y el cambio de propietario.

Aunque es posible impugnar la sanción ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX mediante un juicio de nulidad, la acumulación de adeudos en el sistema impedirá la circulación regular del coche a mediano plazo, recayendo la responsabilidad de su liberación sobre la matrícula del vehículo registrada ante el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, miles de personas se preparan para salir a la ruta y aprovechar algunos días de descanso. En ese contexto, los controles vehiculares suelen reforzarse en los accesos, autopistas y corredores turísticos de todo el país, con verificaciones que incluyen tanto el estado general del vehículo como la documentación exigida por la normativa vigente.

Antes de iniciar el viaje, una de las principales recomendaciones es revisar que todos los papeles estén vigentes y disponibles para ser presentados ante cualquier control. Aunque en los últimos años se incorporaron herramientas digitales para simplificar algunos trámites, las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito continúan siendo las mismas y el incumplimiento puede derivar en multas, retención de documentación e incluso en la imposibilidad de continuar circulando.

Qué documentación puede exigir un control vial

Uno de los documentos básicos que debe llevar cualquier conductor es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las autoridades pueden solicitarlo para verificar identidad y domicilio, y en la mayoría de los controles se exige el formato físico. Circular sin el DNI actualizado puede generar sanciones y complicaciones durante el viaje.

Junto con el documento personal, también es obligatorio contar con una licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo que se maneja. A diferencia del DNI, la licencia sí puede exhibirse en formato digital mediante la aplicación oficial del Gobierno, siempre que el sistema permita visualizar correctamente su vigencia. Además, debe haber sido emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del conductor.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula de identificación automotor sigue siendo uno de los requisitos centrales para circular. Aunque existe una versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina, muchas jurisdicciones todavía solicitan el documento impreso, por lo que se recomienda viajar con ambas alternativas disponibles.

Si quien conduce no es el titular del vehículo y éste no viaja presente, también puede requerirse una autorización de manejo. Ese permiso puede gestionarse de manera digital y permite habilitar a terceros para utilizar el automóvil.

Otro de los documentos indispensables es el comprobante del seguro automotor vigente. La póliza debe acreditar cobertura activa frente a daños o siniestros y puede ser solicitada en cualquier operativo vial. Si bien suele aceptarse la versión digital, llevar una copia impresa puede resultar útil en zonas con baja conectividad o ante controles donde se solicite respaldo físico.

La VTV y los requisitos del vehículo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda en cada jurisdicción, también forma parte de la documentación exigida para circular. Este certificado acredita que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad establecidas para transitar por la vía pública.

Además del comprobante, la oblea correspondiente debe estar adherida en el parabrisas. Circular con la verificación vencida constituye una infracción y puede derivar tanto en multas como en restricciones para continuar el viaje.

Las chapas patente también deben encontrarse en buen estado, correctamente colocadas y perfectamente legibles. Las autoridades consideran infracción circular con placas deterioradas, alteradas o fuera de término en caso de patentes provisorias.

Aunque no se trata de un requisito obligatorio en todo el país, en algunas provincias también pueden solicitar el comprobante de pago de la patente automotor. Llevar esa constancia puede evitar demoras durante los controles.

Los elementos de seguridad que deben estar dentro del auto

Además de la documentación, los controles suelen incluir una revisión de los elementos de seguridad obligatorios que deben encontrarse dentro del vehículo antes de salir a la ruta.

Entre ellos figura el matafuegos con carga vigente, que debe estar correctamente sujeto y accesible dentro del habitáculo. También se exigen dos balizas triangulares para señalizar el vehículo en caso de emergencia sobre la calzada.

Otro de los elementos requeridos es el chaleco reflectivo, pensado para mejorar la visibilidad del conductor cuando debe descender del vehículo en banquinas o zonas de poca iluminación. A eso se suman las herramientas básicas necesarias para cambiar un neumático, como el gato hidráulico y la llave cruz o llave para retirar bulones. En los autos que utilizan tuercas de seguridad, también es necesario llevar el adaptador correspondiente.

Qué puede pasar si falta documentación

No contar con alguno de los documentos obligatorios puede traer distintas consecuencias según la jurisdicción y el tipo de infracción detectada durante el control.

Las sanciones van desde multas económicas hasta la retención de documentación o la prohibición de continuar circulando hasta regularizar la situación. En algunos casos, incluso puede disponerse la retención preventiva del vehículo.

Los operativos suelen intensificarse especialmente durante vacaciones, feriados y fines de semana largos, cuando aumenta el flujo de vehículos en rutas nacionales y provinciales. Por eso, antes de emprender el viaje, resulta clave verificar que toda la documentación esté vigente y que los elementos de seguridad obligatorios se encuentren dentro del auto.

También es importante tener en cuenta que, si bien la Ley Nacional de Tránsito establece requisitos mínimos para todo el país, cada provincia puede sumar exigencias particulares o solicitar determinados documentos en formato físico. Por ese motivo, muchos conductores optan por llevar tanto las versiones digitales como impresas de la documentación para evitar inconvenientes durante el recorrido.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que la cantidad de llamados con amenazas a los colegios bajó considerablemente desde que se implementó la aplicación de sanciones económicas para los padres de alumnos involucrados.

Así lo afirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes, en conferencia de prensa. “Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas”, señaló y vinculó esta baja directamente a la medida tomada desde la administración de Maximiliano Pullaro, luego del tiroteo en un colegio de San Cristóbal que provocó la muerte de un estudiante.

“De golpe, en algún momento puede aparecer alguna de forma muy aislada, pero ya no es algo regular; esto quiere decir que las políticas adoptadas han sido plenamente efectivas”, añadió la secretaria de Gestión Institucional.

El mecanismo, diseñado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, establece la responsabilidad civil de los adultos a cargo de los menores que realizan las llamadas o envían alertas falsas. La decisión del gobierno respondió a la creciente ola de amenazas de ataques en establecimientos educativos.

“Hicimos 31 notificaciones” explicó la funcionaria -de acuerdo al portal Uno Santa Fe-, y aclaró que, además del pago ya realizado, hay “una decena de consultas” ante el organismo encargado y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de familias que quieren conocer los plazos y el procedimiento para saldar la deuda. En total el gobierno contaba con 39 expedientes abiertos listos para ser enviados y ya había concretado 19 notificaciones.

A su vez aclaró que “no hay registro de que haya casos judicializados desde la familia” y dio como ejemplo uno de los casos que había sido notificado, el cual “sí se pagó lo estipulado”. Coudannes también destacó el trabajo de las fuerzas policiales con quienes trabajan en conjunto. “Siempre con la celeridad que tiene la policía para llegar entre 5 y 6 minutos a cada uno de los casos”.

Pese a la baja de casos en el Gran Santa Fe y Rosario, el Ministerio mantiene un protocolo de alerta activo junto a los operadores del sistema de emergencias y las jefaturas de las Unidades Regionales. “Venimos en alerta, dándole un seguimiento diario, haciendo los cortes analíticos con el 911 respecto de las amenazas e instruyendo los informes correspondientes para la posterior identificación de las líneas telefónicas”, explicó Coudannes.

La vocera argumentó la decisión al remarcar que “tiene que ver con los recursos de los santafesinos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil en el que no solo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino nosotros que, como Estado, pusimos recursos”

Santa Fe fue una de las jurisdicciones más afectadas por el ataque del 30 de marzo, en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristobal al norte de la de la ciudad capital. Ian Cabrera, de 13 años, fue víctima del tiroteo que desató un adolescente de 15 años dentro de la institución. Ese día, el tirador ingresó armado al establecimiento y abrió fuego en el baño. Otros ocho alumnos resultaron heridos.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. Tras la detención del agresor, la abogada defensora indicó que el adolescente enfrenta un proceso depresivo y que, según sus propias palabras, “sentía que no encajaba y quería quitarse la vida desde hacía años”.

“No fue un ataque dirigido hacia una persona. Fue algo más relacionado con algún tipo de reacción psiquiátrica, psicológica”, señaló la letrada. La defensa remarcó que, si bien existían antecedentes de autolesiones y el joven se hallaba bajo tratamiento psicológico, no había signos de violencia hacia terceros.

Confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine e investigan su vínculo con el movimiento Incels.

A partir de enero de 2026, el gobierno de Puebla implementó un nuevo sistema de fotomultas dirigido expresamente a vehículos con placas foráneas.

Las autoridades estatales han confirmado que esta medida busca cerrar la brecha que permitía a automovilistas de otros estados evadir sanciones por exceso de velocidad en vialidades estatales. El objetivo es equiparar la responsabilidad de todos los conductores, sin importar el origen de sus placas, y reducir la incidencia de accidentes graves en la entidad.

Según declaraciones de Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), la decisión responde a una tendencia al alza en accidentes viales protagonizados por autos de otros estados.

La funcionaria detalló que, entre junio y noviembre de 2025, se registraron más de cinco millones de vehículos que excedieron los límites de velocidad, de los cuales aproximadamente 71% portaban placas foráneas.

Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Veracruz encabezan la lista de entidades cuyos vehículos acumulan más reportes por exceso de velocidad en Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta respaldó la iniciativa al señalar que el reglamento de tránsito se aplicará sin excepciones, incluso a quienes utilizan matrículas foráneas para eludir sanciones locales.

El mandatario estatal subrayó que la impunidad vial no tendrá cabida en Puebla y que los operativos también buscarán erradicar prácticas como los llamados “arrancones” en vías de alta circulación, donde predominan vehículos de otras entidades.

Aplicación de la fotomulta y operativos en calles de Puebla

La Secretaría de Seguridad y la SMT, en coordinación con los ayuntamientos de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, desplegarán el operativo “Velocidad Segura” en avenidas como la Vía Atlixcáyotl, la Recta Cholula y el Periférico Ecológico. Estas vialidades han sido identificadas como puntos críticos con mayor número de infracciones y accidentes vinculados a exceso de velocidad.

El procedimiento contempla la utilización de cámaras y el sistema Monitor Vial, que será actualizado para identificar y registrar infracciones cometidas por vehículos con placas de otros estados.

Además, agentes de proximidad vial podrán detener a conductores que sean sorprendidos sobrepasando los límites de velocidad. En estos casos, se procederá al retiro de una de las placas como garantía para el pago de la multa, una práctica que ya se aplica a vehículos emplacados en Puebla.

La sanción se generará de manera automática vía fotomulta o a través de la intervención directa de agentes de tránsito. El cobro de la multa se notificará por canales oficiales y el pago corresponderá realizarlo en territorio poblano. Las autoridades han señalado que no se sancionará a los vehículos únicamente por tener placas foráneas: la infracción solo aplica en caso de documentarse una violación al reglamento.

Procedimiento para pagar una fotomulta en Puebla si tienes placas de otro estado

Quienes reciban una fotomulta en Puebla con placas de otra entidad deben seguir el proceso oficial definido por las autoridades estatales.

El trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir personalmente, y el pago se reconoce en todo el estado. El procedimiento oficial es el siguiente:

1. Ingresar al portal de fotomultas Puebla: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/
2. Escribir el número de placa del vehículo (sin espacios ni guiones).
3. Completar el captcha de seguridad e iniciar la consulta.
4. Revisar si existen multas pendientes, el motivo, la fecha y el monto.
5. Seleccionar la infracción a pagar y elegir la opción de pago.
6. Elegir entre las formas de pago disponibles:
7. Pago en línea con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard).
8. Para constancia de no adeudo, ingresar al sitio de constancia de no infracción dos días después del pago e imprimir el comprobante.
9. El plazo para realizar el pago es de 20 días hábiles a partir de la notificación de la multa.

Este procedimiento permite a los automovilistas de otros estados, como Ciudad de México, regularizar su situación sin desplazarse a Puebla. El pago oportuno evita recargos y posibles complicaciones legales en caso de reincidencia.

Justificación oficial y contexto estadístico de la medida

El gobierno estatal ha fundamentado la medida en datos que muestran un alto porcentaje de infracciones cometidas por vehículos de otras entidades. Entre junio y noviembre de 2025, el sistema Monitor Vial detectó más de cuatro millones de vehículos foráneos circulando a exceso de velocidad en Puebla.

La titular de la SMT informó que, por ejemplo, un solo automóvil con placas de Tlaxcala acumuló 830 infracciones en cinco meses.

Los vehículos de Tlaxcala registraron un millón 84 mil 726 incidentes por exceso de velocidad, seguidos por los del Estado de México con 818 mil 326, Morelos con 590 mil 543, Ciudad de México con 248 mil 424 y Veracruz con 219 mil 717.

Las autoridades reconocen que en muchos casos los conductores residentes en Puebla tramitan placas en otros estados para evitar el pago de multas y fotoinfracciones, por lo que la nueva medida busca erradicar esta práctica.

Recursos tecnológicos, operativos y coordinación institucional

Para la implementación de la medida, el sistema Monitor Vial será actualizado y se reforzarán los operativos con la participación de 300 agentes de Proximidad Vial.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) mantiene mesas de trabajo con la empresa Autotraffic, responsable de la operación del sistema de fotomultas, para afinar los mecanismos de notificación y cobro.

Las autoridades estatales han asegurado que la infraestructura tecnológica y humana existente es suficiente para aplicar la medida, por lo que no serán necesarias reformas legales adicionales ni la intervención del Congreso local. El sistema permite crear una base de datos para identificar a los infractores y aplicar sanciones, incluso si el vehículo proviene de otra entidad.

Alcance, expectativas y reacción social ante la iniciativa

La medida no prohíbe la circulación de automóviles con placas de otros estados ni limita el tránsito de visitantes o turistas. El enfoque está dirigido a sancionar únicamente a quienes violen el reglamento vial, especialmente por exceso de velocidad. Las autoridades descartan afectaciones al turismo y aseguran que la mayoría de los autos multados son propiedad de residentes locales que buscaban evadir las fotomultas.

Se espera que en los próximos meses se publiquen detalles adicionales sobre el proceso de notificación y cobro de las multas a domicilios fuera de Puebla. El mensaje oficial es que la procedencia de las placas dejará de ser un escudo para la evasión de sanciones y que todos los conductores deberán respetar por igual las normas de tránsito en el estado.

A partir de la reforma publicada el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, México ha iniciado la transición para reducir la jornada laboral máxima a 40 horas semanales para el año 2030.

Esta transformación legal implica un nuevo marco de obligaciones y sanciones para los empleadores que no respeten la normativa, abarcando tanto el tiempo de trabajo como la protección de los derechos de los trabajadores.

Multas por incumplimiento de la jornada laboral de 40 horas

La Ley Federal del Trabajo (LFT), reformada en 2026, establece sanciones económicas para los patrones que no adopten la jornada de 40 horas o vulneren sus reglas.

El artículo 994, fracción IV Bis, fija multas de 250 a 5.000 UMA por cada trabajador afectado. Para 2026, el valor de la UMA es de 117,31 pesos, lo que representa multas desde $29.327,50 hasta $586.550.

El incumplimiento incluye no ajustar la jornada conforme al nuevo límite semanal, exigir horas extra fuera de los topes legales, no respetar los descansos obligatorios, reducir salarios o prestaciones como consecuencia de la reforma, o cualquier otra violación a la nueva jornada. En caso de reincidencia, la sanción se duplica, según el artículo 992 de la LFT.

El texto legal señala: “De 250 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización, a la persona empleadora obligada que incumpla con lo dispuesto por la fracción XXXIV del artículo 132 de esta Ley”.

Sanciones por falta de registro electrónico

La reforma también exige la implementación de un registro electrónico confiable para documentar las entradas y salidas diarias de los trabajadores. No contar con este sistema, o no proporcionar la información cuando la autoridad lo requiera, constituye una infracción sancionable con las mismas multas de 250 a 5.000 UMA por trabajador.

El registro electrónico será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá imponer sanciones de inmediato cuando detecte la omisión. El objetivo es asegurar la transparencia y el control efectivo del tiempo laborado.

Pago de horas extraordinarias y límites legales

La LFT establece que la prolongación del tiempo extraordinario debe ser excepcional y limitada. El artículo 66 indica que el tiempo extra no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana. Si se rebasa este tope, el patrón debe pagar el tiempo excedente al triple del salario ordinario.

El artículo 68 prohíbe que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria supere 12 horas diarias. Cualquier exceso constituye infracción grave. El pago de horas extra, dentro de los límites, es del 100% adicional al salario ordinario; fuera de los límites, el pago es del 200% adicional.

Trabajadores menores de 18 años no pueden laborar tiempo extraordinario bajo ninguna circunstancia.

Sanciones penales y agravantes

La legislación también contempla consecuencias penales para conductas de explotación laboral. Si un empleador obliga a trabajar más de 40 horas semanales, o excede los límites de horas extra sin el pago correspondiente, incurre en explotación laboral conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Las penas van de tres a diez años de prisión y multas de 5.000 a 50.000 UMA ($586.550 a $5.865.500).

Si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, la sanción puede aumentar a cuatro a doce años de prisión y multas de 7.000 a 70.000 UMA ($820.170 a $8.211.700).

Otras obligaciones patronales y sanciones relacionadas

Reducir salarios, eliminar prestaciones o modificar condiciones laborales en perjuicio del trabajador como resultado de la reducción de la jornada está prohibido. Cualquier disminución injustificada puede ser sancionada con las mismas multas generales de 250 a 5.000 UMA por persona afectada.

El descanso semanal y la prima dominical deben respetarse obligatoriamente. La ley considera la falta de otorgamiento de estos derechos como infracción sancionable.

Tabla de sanciones y multas (convertidas a pesos 2026)

Contexto de la legislación

El decreto fue publicado el 1 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y modifica los artículos 59, 61, 66, 68, 69, 71, 132 y 994 de la LFT. El periodo de transición permite que las empresas ajusten sus procesos internos antes de la vigilancia estricta que comenzará el 1 de enero de 2027.

La reforma busca garantizar el derecho de los trabajadores a un descanso adecuado y a la desconexión digital, reforzando la protección frente a prácticas de explotación.

El tránsito en la Ciudad de México enfrenta cambios relevantes a partir de la incorporación de nuevas reglas para la movilidad eléctrica.

Un sector en pleno crecimiento, los vehículos motorizados eléctricos personales, ahora se encuentra bajo una regulación que busca mejorar la seguridad vial y la convivencia en las calles.

La medida responde al incremento en el uso de scooters, motos ligeras y otros medios eléctricos de transporte, que exigen nuevas reglas para su integración ordenada.

La Secretaría de Movilidad, responsable de diseñar estas disposiciones, ha señalado que el objetivo es equilibrar la innovación tecnológica con la protección de peatones y ciclistas.

El gobierno de la ciudad implementará nuevas condiciones para quienes utilicen estos vehículos, con el propósito de prevenir incidentes y delimitar claramente las responsabilidades de los conductores en el espacio público.

Además, pondrá en marcha un sistema de multas dirigido a quienes transiten sin la placa correspondiente.

Fechas clave y aplicación escalonada de sanciones

El esquema de sanciones se implementará en dos etapas. A partir del 1 de septiembre de 2026, los agentes de tránsito podrán multar a los propietarios de scooters y vehículos eléctricos personales adquiridos desde el 1 de julio de este año, pues las tiendas tienen la responsabilidad legal de entregarlos ya emplacados al momento de la compra.

Para quienes adquirieron su vehículo antes de esa fecha, las sanciones económicas y administrativas por no contar con placa comenzarán a aplicarse a partir del 20 de noviembre de 2026.

De este modo, la autoridad establece un periodo de transición que permite a los usuarios previos regularizar su situación antes de la entrada en vigor definitiva de las multas.

Las autoridades capitalinas remarcan que la meta es ordenar la circulación de estos vehículos y garantizar que todos los conductores cuenten con licencia de conducir vigente y tarjeta de circulación válida.

Requisitos para evitar multas

Para transitar de manera legal en la Ciudad de México, los usuarios de scooters eléctricos y otros vehículos eléctricos personales motorizados deberán:

• Tramitar la placa correspondiente antes del 20 de noviembre de 2026, si el vehículo fue adquirido antes de mayo de ese año.
• Realizar el registro obligatorio desde el 1 de julio de 2026, si el vehículo se adquiere a partir de esa fecha.
• Portar licencia de conducir vigente.
• Cumplir con los parámetros técnicos de velocidad y potencia establecidos para ser considerado VEMEPE.

Además, quienes utilicen vehículos que no superen los límites de velocidad y potencia señalados deberán portar un distintivo de movilidad, aunque estarán sujetos a normativas diferentes.

Tipos de vehículo y diferenciación de matrículas

La normativa vigente establece una distinción clara entre dos categorías de vehículos eléctricos personales según sus características técnicas.

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) - Tipo A son aquellos que cuentan con un motor de menos de 250 W y no superan los 25 km/h; para estos, no es necesario tramitar placas ni licencia, pero sí deben portar el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME) y pueden circular por ciclovías bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) - Tipo B incluyen a los que tienen motores entre 250 W y 1 kWh, alcanzan velocidades superiores a 25 km/h o pesan entre 35 kg y 350 kg. En este caso, es obligatorio registrar el vehículo ante la autoridad, portar matrícula y contar con licencia de conducir Tipo A1 o A2.

Estos vehículos no pueden circular por ciclovías ni banquetas, debiendo transitar únicamente por el arroyo vehicular conforme a las reglas de las motocicletas.

Esta regulación aplica tanto a scooters eléctricos como a motocicletas ligeras y otros modelos motorizados que cumplan con los parámetros de velocidad, potencia y peso definidos oficialmente.

La ausencia de matrícula o de los documentos exigidos en los vehículos Tipo B será motivo de sanción a partir del inicio del periodo de multas.

Objetivo de la medida y expectativas

La regulación busca reducir riesgos, clarificar derechos y obligaciones, y evitar la circulación de unidades no registradas.

Al establecer un calendario claro y sanciones graduales, las autoridades esperan que la transición hacia una movilidad eléctrica regulada sea ordenada y segura para todos los ciudadanos.

El Tribunal Fiscal ha determinado que las resoluciones enviadas al buzón SOL mantienen plena validez, incluso si el contribuyente no recibe alertas en el correo electrónico o teléfono celular registrados ante la SUNAT.

Esta decisión quedó establecida en la Resolución N° 6424-10-2025, generando impactos significativos en la forma en que los contribuyentes deben gestionar sus comunicaciones electrónicas con la administración tributaria.

¿El Buzón SOL como único canal formal de notificación tributaria?

El sistema del buzón SOL es utilizado por la SUNAT para notificar actos como esquelas de citación, cartas inductivas, requerimientos, resoluciones de multa, órdenes de pago y resoluciones de determinación.

La ausencia de alertas puede llevar al desconocimiento de comunicaciones relevantes, lo que puede derivar en pérdida de plazos, sanciones y dificultades para ejercer el derecho de defensa.

De acuerdo con Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF), el Tribunal Fiscal concluyó que basta con que la SUNAT acredite el depósito de la resolución en el buzón SOL para considerar válida la notificación, incluso si no se enviaron alertas previas a los canales electrónicos registrados del contribuyente.

En el caso concreto analizado, la infracción correspondía al numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, relacionado con la no presentación de información requerida por la administración.

El Tribunal Fiscal sostuvo que, conforme al artículo 104 del Código Tributario, los contribuyentes tienen la obligación de revisar periódicamente su buzón SOL, ya que este constituye el canal oficial de notificación de la SUNAT.

Por tanto, la falta de alertas no exime a los contribuyentes de las consecuencias derivadas del desconocimiento de los actos notificados por este medio.

El derecho de defensa en juego: criterio del Tribunal Constitucional

No obstante, el criterio del Tribunal Fiscal no es absoluto. Según explicó Chirinos, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 975/2025, precisó que la notificación de actos administrativos a través del buzón SOL no basta por sí sola para garantizar el conocimiento efectivo de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional señaló la necesidad de que la administración asegure que el contribuyente pueda tomar conocimiento real de los actos notificados y ejercer su derecho de defensa.

El fallo del Tribunal Constitucional establece que, en caso de presentarse problemas con los canales electrónicos del contribuyente, la SUNAT debe recurrir a mecanismos adicionales, como el domicilio fiscal o procesal, para asegurar la debida notificación.

Por tanto, la administración tributaria no debería limitarse únicamente al cumplimiento formal del artículo 104 del Código Tributario, sino que debe adoptar medidas complementarias que permitan garantizar el conocimiento efectivo y oportuno de los procedimientos notificables.

Recomendaciones para evitar el castigo fiscal

Frente a este contexto, la abogada de EEF recomendó que el envío de alertas a los canales electrónicos registrados debería convertirse en una obligación y no en una opción complementaria, ya que esto contribuiría a disminuir los riesgos de pérdida de plazos y eventuales contingencias tributarias.

Mientras no exista un criterio definitivo sobre la obligatoriedad de las alertas, se recomienda a los contribuyentes revisar periódicamente el buzón SOL, actualizar sus datos de contacto y verificar el funcionamiento de los canales de comunicación proporcionados a la SUNAT.

El uso de mecanismos concurrentes de alerta se alinea con el respeto al derecho de defensa y al debido procedimiento, brindando mayores garantías a los administrados ante eventuales actuaciones de fiscalización o sanción por parte de la autoridad tributaria.

A solo 20 días de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio, miles de peruanos buscan resolver una de las dudas más frecuentes tras la culminación oficial del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de las Elecciones Generales 2026: ¿qué ocurre si no voy a votar y cuánto tendré que pagar de multa?

La ONPE finalizó este 15 de mayo el conteo oficial al 100% de la primera vuelta electoral, proceso marcado por denuncias de irregularidades, tensiones políticas y acusaciones de fraude después de los resultados ajustados que determinaron a los candidatos que se enfrentarán en el balotaje.

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE recalcaron que el voto en Perú sigue siendo obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 69 años. No acudir a votar genera sanciones económicas y restricciones administrativas.

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta presidencial 2026?

El monto de la multa electoral depende del nivel de pobreza del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del ciudadano.

Según la escala oficial vigente del JNE, las sanciones son las siguientes:

• S/110 para ciudadanos que viven en distritos considerados “no pobres”.
• S/55 para quienes residen en distritos catalogados como pobres.
• S/27.50 para personas domiciliadas en zonas de pobreza extrema.

La clasificación se realiza tomando como referencia el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La multa se aplica automáticamente a quienes no emitan su voto durante la segunda vuelta del 7 de junio y no presenten posteriormente una dispensa válida ante las autoridades electorales.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que mantener una multa electoral pendiente puede generar diversas restricciones en trámites y gestiones oficiales.

Entre las principales consecuencias figuran:

• impedimentos para realizar algunos procedimientos administrativos,
• dificultades para efectuar trámites notariales,
• restricciones en ciertas operaciones bancarias o comerciales,
• problemas para realizar gestiones en entidades públicas,
• limitaciones en procesos judiciales y administrativos.

La deuda electoral permanece registrada hasta que sea cancelada o regularizada mediante una dispensa aprobada.

¿Puedo votar en la segunda vuelta si no pagué la multa de la primera?

Tener una multa pendiente por no haber votado en la primera vuelta no impide participar en la segunda vuelta presidencial. El JNE aclaró que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el ciudadano aún no cancela sanciones electorales anteriores.

Esto significa que quienes faltaron a votar en abril todavía podrán acudir normalmente a las urnas el próximo 7 de junio. Sin embargo, la deuda económica seguirá acumulándose hasta ser pagada o justificada.

¿Qué pasa si además fui miembro de mesa y no asistí?

Las sanciones aumentan considerablemente para quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplieron con esta obligación. La multa por no ejercer como miembro de mesa asciende a S/275.

Además, si la persona tampoco acudió a votar, deberá asumir ambas sanciones acumuladas:

• multa por omisión al sufragio,
• multa por inasistencia como miembro de mesa.

Las autoridades electorales también recordaron que los miembros de mesa elegidos para la primera vuelta continuarán desempeñando esa función en la segunda vuelta presidencial, ya que no se realiza un nuevo sorteo.

¿Cómo puedo evitar la multa por no votar?

Los ciudadanos que no puedan acudir a sufragar pueden solicitar una dispensa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Entre los motivos válidos aceptados por las autoridades figuran:

• enfermedad o emergencia médica,
• viaje al extranjero,
• robo o pérdida del DNI,
• desastres naturales,
• discapacidad o impedimentos físicos,
• fallecimiento de familiares directos,
• situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas.

Cada caso debe sustentarse con documentos oficiales para que la solicitud sea aprobada.

¿Dónde consultar si tengo multas electorales y cómo pagarlas?

Los ciudadanos pueden consultar si mantienen multas electorales pendientes a través de la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para ello, deberán ingresar a https://multas.jne.gob.pe/login y colocar su número de DNI.

En el sistema podrán verificar:

• si registran alguna deuda electoral,
• el motivo de la sanción,
• el monto pendiente,
• y el estado actualizado de la multa.

Una vez realizada la consulta, el ciudadano podrá elegir el medio de pago que prefiera para cancelar la deuda.

Si opta por la vía digital, deberá ingresar a la plataforma Págalo.pe y seguir estos pasos:

• buscar la opción “JNE”,
• seleccionar “Multas electorales”,
• ingresar el número de DNI,
• y completar el procedimiento indicado por el sistema para finalizar el pago.

¿Si vivo en el extranjero estoy obligado a pagar la multa por no votar?

La respuesta depende de un dato clave: el domicilio registrado en tu DNI, no el país donde te encuentres físicamente. Según el Jurado Nacional de Elecciones, para efectos electorales lo determinante es el domicilio declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Si tu DNI registra una dirección en Perú, el sistema electoral te considera residente en territorio nacional, aunque lleves meses o años viviendo fuera del país.

En ese caso, la obligación de votar aplica y, si no sufragar en la segunda vuelta del 7 de junio, podrías recibir una multa por omisión al sufragio, cuyo monto varía entre S/ 27,50 y S/ 110 según el nivel de pobreza del distrito donde figura tu domicilio.

Si, en cambio, tu DNI registra una dirección fuera del territorio nacional, el JNE te clasifica como residente en el extranjero y la situación cambia por completo: los ciudadanos residentes en el extranjero no están sancionados por no sufragar, según la normativa electoral vigente. La condición de residente en el exterior no se acredita con un pasaje, un contrato de trabajo ni ningún otro documento: solo cuenta lo que figura en el reverso de tu DNI.

Si tu documento aún registra una dirección peruana y deseas actualizar tu domicilio al extranjero, debes realizar el trámite correspondiente ante el Reniec antes de la jornada electoral.

¿Por qué la segunda vuelta 2026 llega en medio de tanta polémica?

La segunda vuelta presidencial enfrentará a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en un escenario político marcado por la polémica tras una primera jornada electoral atípica. El proceso estuvo acompañado de denuncias de irregularidades por demoras en la instalación de mesas de sufragio debido a la falta de material electoral, situación que inicialmente dejó sin votar a más de 60 mil ciudadanos en Lima Metropolitana.

Antes del cierre oficial del conteo al 100% realizado por la ONPE, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga —quien semanas atrás había sido desplazado del segundo al tercer puesto por Roberto Sánchez— impulsó una campaña para denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral y exigió la anulación de los comicios, además de otras medidas que finalmente no prosperaron ante los organismos electorales.

Cada vez más conductores en Colombia deciden polarizar los vidrios de sus vehículos para reducir el calor, protegerse de los rayos UV o mejorar la seguridad, pero exceder los límites permitidos por la ley puede terminar en una costosa multa.

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones específicas para quienes conduzcan con vidrios excesivamente oscuros o sin portar la autorización correspondiente.

Según la reglamentación vigente conocida por Revista Semana, la infracción B10 aplica para los conductores que circulen con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos sin cumplir las condiciones técnicas exigidas por las autoridades de tránsito.

La infracción B10 sanciona irregularidades con los vidrios polarizados.

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que los conductores pueden recibir un comparendo tipo B10 cuando manejen vehículos con vidrios polarizados sin el permiso respectivo o incumpliendo la reglamentación vigente.

La norma señala que esta conducta puede generar una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esa sanción alcanza un valor aproximado de 466.904 pesos, aunque el monto puede variar dependiendo de ajustes oficiales y actualizaciones económicas.

El polarizado sí está permitido en Colombia, pero tiene límites.

Muchos ciudadanos optan por instalar películas oscuras en los vidrios de sus carros para disminuir el impacto del sol y aumentar la privacidad dentro del vehículo.

Sin embargo, las autoridades exigen que el nivel de oscurecimiento permita mantener condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad vial.

Por esa razón, existen porcentajes mínimos de transmisión luminosa que deben respetarse en cada vidrio del automóvil.

Las autoridades deben hacer mediciones técnicas antes de imponer la multa.

La Corte Constitucional ha señalado que las sanciones de tránsito relacionadas con polarización deben sustentarse mediante pruebas técnicas verificables.

Eso significa que los agentes no pueden imponer comparendos únicamente por apreciación visual.

Para determinar si un vehículo incumple la norma, las autoridades deben utilizar herramientas especializadas como fotómetros o luxómetros.

Estos dispositivos permiten medir técnicamente la cantidad de luz que atraviesa los vidrios del automóvil.

La ley fija porcentajes específicos para cada vidrio del vehículo.

La Resolución 3777 de 2003 establece los niveles mínimos de transmisión luminosa autorizados en Colombia.

En el caso del parabrisas, la transmisión de luz debe ser igual o superior al 70 %.

Ese mismo porcentaje aplica para los vidrios laterales delanteros.

Mientras tanto, los vidrios laterales traseros y el vidrio posterior deben permitir una transmisión luminosa mínima del 55 %.

En algunos casos específicos, como camionetas blindadas, ciertos vidrios pueden tener niveles inferiores autorizados por la reglamentación.

Los conductores deben portar certificados si el polarizado fue instalado legalmente.

Cuando el vehículo sale del concesionario con vidrios polarizados o películas autorizadas, el propietario debe contar con documentación expedida por el distribuidor.

Ese certificado sirve para demostrar que los niveles de oscurecimiento cumplen con los requisitos establecidos por la ley colombiana.

En caso de un control de tránsito, ese documento puede ser solicitado por las autoridades.

El incumplimiento puede generar problemas económicos y sanciones adicionales.

Además del comparendo económico, un conductor podría enfrentar otras complicaciones si las autoridades consideran que el vehículo representa riesgos para la seguridad vial.

Las restricciones buscan garantizar que el conductor mantenga buena visibilidad y que otros actores viales puedan identificar adecuadamente el interior del vehículo en determinadas circunstancias.

Por eso, las autoridades recomiendan verificar previamente que las películas instaladas cumplan con los porcentajes autorizados.

La instalación excesiva de polarizados sigue siendo común en Colombia.

Aunque la regulación lleva varios años vigente, muchos conductores desconocen los límites permitidos o creen erróneamente que cualquier tipo de polarización está autorizada.

Las autoridades recuerdan que la finalidad de la norma no es prohibir completamente el uso de películas oscuras, sino controlar los niveles de opacidad que puedan afectar la seguridad en carretera.

Por ello, antes de modificar los vidrios de un vehículo, expertos recomiendan consultar talleres certificados y verificar que el material cumpla con la reglamentación colombiana vigente.

La Policía de Tránsito endureció durante el primer cuatrimestre del 2026 los operativos contra conductores que irrespetan las normas de estacionamiento en Costa Rica.

Entre enero y abril de este año, las autoridades contabilizaron 10,238 multas por estacionamiento indebido, una cifra que refleja un incremento respecto al mismo periodo del 2025 y que equivale, en promedio, a una sanción cada 17 minutos.

Cada infracción implica una multa de ¢61,000 (USD 115) y responde a una estrategia impulsada por la Dirección General de la Policía de Tránsito para combatir uno de los problemas que más afecta la movilidad en las ciudades: el caos vial provocado por vehículos estacionados en sitios prohibidos.

Las autoridades insistieron en que estas conductas no deben verse únicamente como una falta menor o un simple descuido del conductor.

Según explicó Tránsito, estacionarse de forma incorrecta tiene consecuencias directas sobre la seguridad vial, la fluidez vehicular y la protección de los usuarios más vulnerables de las calles.

Uno de los principales problemas ocurre cuando los vehículos son estacionados a menos de 10 metros de una intersección. Esta práctica reduce la visibilidad de quienes intentan incorporarse o cruzar una vía, obligando incluso a otros conductores a invadir carriles contrarios para poder observar si vienen automóviles.

El riesgo también aumenta para los peatones. Cuando un vehículo bloquea la visibilidad en una esquina o cerca de un paso peatonal, las personas deben exponerse más sobre la carretera para verificar si pueden cruzar con seguridad.

Las autoridades señalaron que otra de las conductas más recurrentes es el estacionamiento sobre aceras. Aunque muchos conductores lo justifican alegando falta de espacio, la práctica obliga a peatones a caminar sobre la calle, exponiéndolos directamente al tránsito vehicular.

La situación resulta todavía más complicada para adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos que utilizan muletas o sillas de ruedas, mujeres embarazadas o padres que trasladan niños en coche.

“Cuando un conductor invade una acera, prácticamente expulsa al peatón de su espacio seguro”, señalaron autoridades de Tránsito al defender el incremento de operativos durante este año.

Los ciclistas tampoco escapan de las consecuencias. Aunque Costa Rica cuenta con pocas ciclovías en comparación con otros países, la invasión de estos espacios por vehículos estacionados obliga a quienes viajan en bicicleta a desplazarse hacia los carriles vehiculares, aumentando el riesgo de accidentes.

Otro de los puntos críticos identificados por la Policía de Tránsito es el estacionamiento a menos de cinco metros de rampas peatonales o de pasos peatonales. Esta conducta dificulta que quienes caminan puedan tener visibilidad suficiente antes de cruzar la calle y afecta especialmente a personas con movilidad reducida.

Las autoridades reconocen que el aumento en las sanciones responde también a una necesidad urgente de mejorar la fluidez vehicular en zonas urbanas, donde el congestionamiento se ha convertido en uno de los principales problemas diarios para miles de costarricenses.

“Muchas presas se agravan porque hay vehículos estacionados donde no corresponde, reduciendo carriles o afectando el tránsito normal”, explicaron desde la Policía de Tránsito.

Pero el endurecimiento de controles no se limitó al estacionamiento indebido. Durante el mismo periodo, las autoridades también reportaron un incremento en las acciones contra conductores en aparente estado de ebriedad.

Entre enero y abril del 2026 fueron remitidos a la Fiscalía 591 conductores sospechosos de manejar bajo los efectos del alcohol. En total, se realizaron 5,833 pruebas de alcoholemia, de las cuales un 14% resultó positivo.

Las cifras preocupan especialmente porque reflejan que cientos de personas continúan conduciendo pese a las campañas de concientización y las severas sanciones existentes en el país.

La legislación costarricense contempla fuertes multas, suspensión de licencias e incluso procesos penales para quienes conduzcan bajo efectos del alcohol y representen un peligro para terceros.

Las autoridades reiteraron que tanto el estacionamiento indebido como la conducción temeraria son conductas que terminan afectando a toda la sociedad y recordaron que los operativos continuarán intensificándose durante el resto del año.

Mientras tanto, las estadísticas dejan en evidencia un problema cotidiano que se repite en prácticamente todas las ciudades del país: conductores que, por comodidad o imprudencia, terminan poniendo en riesgo la seguridad y la movilidad de los demás.

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las infracciones más graves y peligrosas en Colombia, razón por la cual las autoridades mantienen fuertes sanciones económicas y administrativas contra quienes incumplan la norma. En 2026, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden superar los 42 millones de pesos y, en algunos casos, implicar la pérdida de la licencia de conducción.

Según información publicada por Revista Semana, las sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que endurecieron las penas para los conductores que superen los niveles permitidos de alcohol en la sangre.

Además de las multas económicas, las personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez también pueden enfrentar inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y trabajos comunitarios obligatorios.

La legislación colombiana establece cuatro niveles de alcoholemia que determinan la gravedad de las sanciones aplicadas a cada conductor. Las autoridades utilizan estas categorías para definir el tipo de comparendo y las medidas administrativas correspondientes.

El grado cero corresponde a quienes presentan entre 20 y 39 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

El primer grado aplica cuando el nivel de alcohol está entre 40 y 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

En el segundo grado se ubican los conductores que registran entre 100 y 149 miligramos de etanol, mientras que el tercer grado corresponde a quienes superan los 150 miligramos. Entre más alto sea el nivel de alcohol detectado, más severa será la sanción impuesta por las autoridades de tránsito.

Las multas económicas establecidas para este año oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo del grado de embriaguez y de si el conductor es reincidente.

Esto significa que las sanciones económicas pueden ir aproximadamente desde los 5,2 millones hasta los 42 millones de pesos en 2026.

La suspensión de la licencia de conducción también hace parte de las consecuencias para quienes sean sorprendidos manejando bajo efectos del alcohol. Según la gravedad de la infracción, esta medida puede extenderse desde uno hasta diez años.

A esto se suma la inmovilización del vehículo, procedimiento que puede mantenerse entre uno y diez días hábiles, dependiendo de la decisión de las autoridades competentes.

Las normas colombianas también contemplan la obligación de realizar acciones comunitarias o actividades pedagógicas relacionadas con seguridad vial para las personas sancionadas.

Uno de los puntos más estrictos de la legislación tiene que ver con la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En Colombia, rechazar este procedimiento es considerado una infracción grave y puede generar sanciones incluso más altas que algunas aplicadas por conducir en estado de embriaguez.

De acuerdo con la Ley 1696 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, los conductores no pueden negarse a practicar la prueba solicitada por las autoridades.

En caso de hacerlo, los agentes de tránsito podrán imponer una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esta sanción puede acercarse a los 84 millones de pesos, convirtiéndose en una de las multas más altas contempladas en la normativa de tránsito colombiana.

Las autoridades han insistido en que este tipo de controles busca reducir los accidentes asociados al consumo de alcohol y prevenir tragedias en las vías del país.

La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en Colombia, especialmente durante fines de semana, festividades y temporadas de alta movilidad.

Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden alterar la capacidad de reacción, afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar completamente el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir y utilizar alternativas como transporte público, taxis o plataformas digitales en caso de haber ingerido licor.

Mientras tanto, los operativos de control y las pruebas de alcoholemia continúan realizándose en distintas ciudades y carreteras del país como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad.

Tapar, alterar o dificultar la visibilidad de la placa de un vehículo en Colombia puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del automotor durante 2026. Las autoridades de tránsito mantienen controles sobre esta práctica, considerada una infracción dentro del Código Nacional de Tránsito por impedir la correcta identificación de carros y motocicletas en las vías del país.

Según información divulgada por Revista Semana, la normativa colombiana establece que las placas deben permanecer visibles y en óptimas condiciones mientras el vehículo circule por calles y carreteras.

La ley prohíbe modificar, cubrir o alterar las placas de vehículos bajo cualquier circunstancia.

La restricción aplica tanto para motocicletas como para carros particulares, vehículos de carga y automotores de servicio público.

El objetivo de la norma es permitir que las autoridades puedan identificar correctamente cada vehículo registrado dentro de las bases de datos oficiales del país.

Además, las placas son fundamentales para procesos relacionados con controles de tránsito, seguridad vial, comparendos electrónicos e investigaciones judiciales.

La infracción está contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito y puede ser aplicada incluso cuando la placa esté parcialmente cubierta o manipulada.

La Ley 769 de 2002 establece que la identificación del vehículo no puede ocultarse mediante cintas, plásticos, accesorios, objetos o cualquier otro elemento que dificulte su lectura.

También puede ser sancionado un conductor que ensucie deliberadamente la placa con barro, pintura o residuos para evitar que sea reconocida por cámaras o agentes de tránsito.

Las autoridades consideran estas prácticas como una falta que afecta la identificación plena del automotor.

Ocultar la placa está relacionado con la infracción B03 del Código Nacional de Tránsito colombiano.

Esa conducta permite que los agentes de tránsito impongan comparendos a los conductores que incumplan la obligación de mantener visible la identificación del vehículo.

El control sobre esta práctica ha tomado relevancia debido al aumento de casos en los que algunos conductores intentan evadir sanciones, cámaras de fotomultas o controles de movilidad alterando las placas.

Según las autoridades, cualquier modificación que impida la lectura correcta de números o letras puede derivar en sanciones inmediatas.

Las multas por ocultar o alterar la placa pueden oscilar entre 330.000 y 350.000 pesos durante 2026.

La sanción económica equivale aproximadamente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, aunque el valor puede variar dependiendo de actualizaciones salariales o ajustes aplicados en cada ciudad.

Además del comparendo, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización inmediata del vehículo.

En esos casos, el automotor es trasladado a patios oficiales mientras se adelantan los procedimientos administrativos correspondientes.

La inmovilización del vehículo puede aumentar considerablemente los costos para el conductor.

A la multa inicial se suman gastos relacionados con el servicio de grúa y los cobros diarios de parqueadero en los patios autorizados.

Eso significa que el valor final de la sanción puede terminar siendo mucho mayor al comparendo inicial impuesto por las autoridades.

Las autoridades de tránsito han insistido en que los conductores deben verificar constantemente el estado físico de las placas para evitar sanciones.

También recuerdan que las placas deterioradas, dobladas o ilegibles pueden generar inconvenientes similares durante operativos de control vial.

El Código Nacional de Tránsito exige que la placa permanezca completamente visible y en buen estado mientras el vehículo esté circulando.

La medida busca fortalecer los mecanismos de identificación de automotores y facilitar las labores de vigilancia y control en las carreteras y ciudades del país.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar cualquier elemento decorativo o accesorio que pueda tapar parcial o totalmente la identificación del vehículo.

En medio de los operativos de tránsito que se realizan en diferentes regiones de Colombia, este tipo de infracciones continúa siendo una de las conductas más vigiladas por los agentes encargados de la movilidad.

Un conductor ha sido sancionado con 200 euros tras ser interceptado en un control de tráfico por no disponer de un sistema para reparar un pinchazo, a pesar de llevar en el vehículo la baliza V-16 de emergencia, según lo han recogido medios como Regió7, la COPE o El Periódico.

Y es que como cualquier conductor sabe, hay mundo más allá de la baliza V-16 y el simple hecho de llevarla no puede eximir de cumplir el resto de obligaciones que marcan las leyes de seguridad vial. Según estos medios, el caso se enmarca en controles rutinarios de la Guardia Civil en los que se verifica no solo la señalización de emergencia, sino también el equipamiento obligatorio para afrontar averías básicas.

En este supuesto, el conductor sí contaba con la baliza V-16, el dispositivo luminoso que ha sustituido a los triángulos de emergencia, pero no disponía de rueda de repuesto ni de kit antipinchazos, lo que habría motivado la sanción administrativa.

El kit antipinchazos

La obligación de contar con un sistema para reparar un pinchazo, ya sea una rueda de repuesto o un kit antipinchazos, viene recogida normativa española de tráfico. En concreto, el Reglamento General de Vehículos establece en su anexo XII que los turismos deben disponer de “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”.

Este punto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja claro que no existe una única solución obligatoria, pero sí la exigencia de contar con algún medio efectivo para garantizar la movilidad del vehículo en caso de pinchazo.

La razón de esta exigencia es garantizar que un vehículo no quede inmovilizado en una vía pública sin posibilidad de desplazarse de forma segura tras una avería en los neumáticos. El propio reglamento contempla que este sistema puede ser una rueda de repuesto tradicional, una rueda de uso temporal o un kit de reparación que permita una solución provisional suficiente para continuar la marcha hasta un taller.

En los últimos años, muchos fabricantes han dejado de incluir rueda de repuesto en los vehículos nuevos, justificando por motivos de espacio, reducción de peso y mejora de la eficiencia del consumo. Como consecuencia, el kit antipinchazos, que suele incluir un líquido sellador y un compresor, se ha convertido en la alternativa más habitual. Este sistema permite una reparación temporal del neumático, suficiente para circular hasta un taller cercano.

La baliza V-16

En cuanto a la baliza V-16, se trata de un dispositivo de señalización de emergencia que a partir del inicio de este año ha pasado a ser obligatorio en España como sustituto de los triángulos tradicionales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este sistema será el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada.

Esta obligatoriedad está recogida en el Reglamento General de Vehículos, desarrollado mediante reales decretos que regulan los servicios de auxilio en vías públicas. Según esta normativa, desde su entrada en vigor en 2026, todos los turismos, furgonetas, autobuses y vehículos de transporte deberán llevar un dispositivo V-16 homologado y conectado.

El dispositivo debe cumplir además requisitos técnicos específicos: emitir una señal luminosa visible a 360 grados, funcionar durante un tiempo mínimo determinado y estar certificado por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE. La normativa también establece el modo de uso: en caso de avería o accidente, el conductor debe activar la baliza y colocarla en la parte más alta del vehículo, preferiblemente en el techo, sin necesidad de abandonar la calzada durante largos periodos.

El aumento de los fraudes digitales en la Ciudad de México ha provocado que miles de ciudadanos reciban mensajes engañosos sobre supuestas multas de tránsito.

Autoridades locales, modus operandi y advertencias se han convertido en temas recurrentes desde que la modalidad comenzó a circular entre conductores y motociclistas de la capital.

A través de mensajes SMS, los usuarios reciben alertas como “Infracción de tráfico registrada” o “Secretaría de Finanzas CDMX informa multa pendiente”, acompañadas de enlaces web.

Los remitentes solicitan datos bancarios y el pago inmediato, lo que configura un esquema de fraude que va más allá de simples notificaciones falsas.

Nueva modalidad de fraude: mensajes sobre multas de tránsito

Esta estrategia fraudulenta se suma a otras prácticas como carreras deportivas inexistentes, sorteos fraudulentos y compras no reconocidas.

Los estafadores aprovechan la existencia real de descuentos ofrecidos por el gobierno de la Ciudad de México para multas viales, lo que incrementa la confusión entre los ciudadanos.

Los mensajes no provienen de ninguna autoridad oficial ni de la Secretaría de Finanzas local. Las autoridades han reiterado que la dependencia no utiliza mensajes de texto para notificar multas.

Por el contrario, el canal legítimo para consultar o pagar sanciones es el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Quienes deseen verificar adeudos deben ingresar directamente al sitio web oficial, con su cuenta Llave CDMX y contraseña. Solo allí pueden consultar y saldar sus multas de forma segura, ya sea en línea o mediante un formato de pago múltiple.

Recomendaciones de seguridad ante fraudes digitales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de trampas.

Entre las sugerencias principales se encuentran: no abrir enlaces desconocidos, ignorar mensajes sospechosos y nunca proporcionar información bancaria en portales que no sean oficiales.

Si un ciudadano recibe alguno de estos mensajes, la SSC aconseja no responder y establecer contacto inmediato con las autoridades, ya sea a través del número de emergencia 911 o mediante la aplicación Mi Policía.

Estas medidas buscan frenar la propagación de fraudes y proteger los datos personales de la población.

Para quienes se preguntan cómo identificar un mensaje fraudulento sobre multas de tránsito, la clave está en desconfiar de cualquier aviso que solicite pagos directos o datos bancarios mediante enlaces de origen dudoso.

El gobierno capitalino nunca envía notificaciones de este tipo por SMS.

La proliferación de fraudes digitales relacionados con multas de tránsito exige mayor precaución por parte de los habitantes de la Ciudad de México.

Consultar únicamente canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades resulta fundamental para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal.

Las multas por manejar scooters eléctricos sin casco, elementos reflectantes o en vías prohibidas en CDMX a partir de septiembre de 2026

Desde el 1 de julio de 2026, la Ciudad de México exige nuevas reglas para quienes utilizan scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de alta potencia. Las reformas buscan reforzar la seguridad vial y el control de estos vehículos en la capital.

Las sanciones económicas aplicarán para quienes no cumplan con las normas de uso de casco, elementos reflectantes, luces y por circular en vías restringidas. La autoridad responsable es la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Motivos de multa: casco, reflectantes y vías prohibidas

A partir de septiembre de 2026, no usar casco tipo motociclista, carecer de elementos reflectantes o transitar fuera de zonas autorizadas se sancionará con multas de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a aproximadamente $1,130 a $2,260.

La obligación de portar casco incluye que esté debidamente abrochado y en buen estado. Es indispensable también que el vehículo o el conductor lleven elementos reflectantes y luces delanteras y traseras, especialmente para circular en condiciones de baja visibilidad.

Está prohibido conducir estos vehículos por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos para autobuses y vías rápidas donde el límite de velocidad supere los 50 km/h. Si se infringe esta disposición, la multa puede incrementarse hasta 30 UMAs ($3,394) y el vehículo puede ser remitido al corralón.

Las autoridades buscan reducir los accidentes y ordenar la movilidad eléctrica, asegurando que los conductores sean visibles y respeten los espacios permitidos.

Inicio de la regulación y alcance

Las reformas aprobadas por el Congreso local establecen que desde el 1 de julio de 2026 será obligatorio emplacar y contar con licencia para scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de más de 250 watts o que superen los 25 km/h.

Desde el 1 de septiembre, las multas comenzarán a aplicarse. La fecha límite para regularizar vehículos existentes será el 20 de noviembre del mismo año. Todos los vehículos nuevos deberán salir emplacados desde las tiendas, siendo las empresas comercializadoras responsables del registro previo a la entrega.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará campañas informativas y habilitará una plataforma digital para facilitar trámites.

Multas y sanciones por incumplimiento

Las sanciones económicas por incumplir cualquiera de las obligaciones pueden ser:

• Circular sin placas o licencia: 10 UMAs (alrededor de $1,130).
• Reincidencia o faltas en zonas restringidas: hasta 30 UMAs ($3,394).
• No usar casco, luces o elementos reflectantes: entre 10 y 20 UMAs ($1,130 a $2,260).
• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: inmovilización inmediata del vehículo.

Si el conductor reincide en las infracciones, la multa será mayor y el vehículo podría ser remitido a un depósito.

Requisitos para emplacamiento y licencia

Para obtener placas y tarjeta de circulación, el usuario debe presentar ante la Semovi:

• Identificación oficial vigente
• Factura o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas es de $709)
• Licencia tipo A1 o A2

Las licencias cuestan $572 (tipo A1) y $1,142 (tipo A2), las mismas requeridas para motocicletas.

La nueva categoría legal es Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Exenciones y casos especiales

Quedan exentas de emplacamiento y licencia las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h, y los vehículos eléctricos personales (VEP) que no superen los 35 kg de peso ni los 25 km/h.

Para circular, estos vehículos deberán portar un holograma oficial expedido por la Semovi.

Principales reglas para conductores

Las disposiciones obligatorias para quienes manejen scooters eléctricos o bicicletas eléctricas de alta potencia incluyen:

• Solo personas mayores de edad pueden conducir estos vehículos.
• Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas está prohibido.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.

Las reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Bases legales y consulta de información oficial

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se publicaron en la Gaceta Oficial y pueden consultarse en los canales institucionales de la Semovi y el Congreso local. Los lineamientos detallados del proceso estarán disponibles en el portal oficial y en oficinas de atención ciudadana.

Al final la multa económica se ha rebajado notablemente. El Ayuntamiento madrileño de Coslada, gobernado por PSOE y Podemos-IU (Más Madrid abandonó el Gobierno local en marzo), ha decidido imponer una sanción de 2.274.975 euros a la empresa que gestiona el contrato de limpieza viaria del municipio, una UTE formada por las empresas FCC y Acciona, dos de los gigantes del sector servicios. La Junta de Gobierno local aprobó esta semana la sanción tras tener en cuenta las alegaciones presentadas por las empresas, ya que la cuantía inicial era de 9,3 millones de euros.

La UTE Coslada (FCC y Acciona) ganó en enero de 2022 el contrato para limpiar las calles del municipio por un periodo de cinco años. A cambio, el Consistorio le debe pagar 28,4 millones de euros. Dos años y medio después, en junio de 2024, el Gobierno local se dio cuenta de que la UTE no estaba cumpliendo con lo firmado y emitió un informe con todos esos incumplimientos, que desembocó en abril de 2025 con un expediente de incoación de sanciones. Una penalización que empezó en 9,3 millones y que en julio de 2025 se concretó en 7.020.190 euros. Cifra que fue variando según los técnicos municipales fueron afinando sus informes. En diciembre de 2025, por ejemplo, la multa subió a 8.378.421 euros.

El Ayuntamiento había detectado 9 incumplimientos por parte de Acciona y FCC. Lo más llamativo es la diferencia de jornadas de trabajo que tenían que realizar los operarios de la Unión Temporal de Empresas con las finalmente ejecutadas. El Consistorio recuerda que el “adjudicatario ofertó 2.000 jornadas de trabajo anuales” y que en enero de 2024 se detectaron que 726 jornadas no se habían trabajado. Trabajar menos horas de las previstas no es el único incumplimiento. La UTE se comprometió a aportar a la plantilla de vehículos un camión portacontenedores y a llevar a cabo un sistema de control de absentismo.

La documentación oficial de la sanción revela que la UTE aun tiene pendiente de facturar al Ayuntamiento 4,7 de los 28,4 millones del contrato y que cuando el Ayuntamiento finalizó el expediente sancionador, Acciona y FCC ya habían subsanado cuatro incumplimientos porque, “aunque tarde, ya están adscritos al servicio el camión portacontenedores, las instalaciones auxiliares, el sistema de control de calidad, y el sistema de control de absentismo”, irregularidades que sumaban 5.514.664 euros en penalizaciones.

“Si la imposición de penalidades es utilizada en la contratación administrativa solo como un medio coercitivo o de presión al contratista, que se aplica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; entonces la acción de la Administración precluirá tan pronto como desaparezca el incumplimiento del contratista”, explican desde el Consistorio. Dicho de otro modo: “como el contratista ya subsanado cuatro incumplimientos, y por ellos ya no se le podrá penalizar”, entonces a la sanción inicial de 7.311.125 euros habría que restarle la cantidad de 5.514.664 euros, resultando un importe de 1.796.460 euros.

No cumplieron pero cobraron

“Esto podría parecer razonable si no fuera por el hecho de que la UTE Coslada, conformada por FCC y Acciona, empresas de reconocido prestigio internacional, que están sobradamente capacitadas para prestar este servicio al Ayuntamiento de Coslada con unos estándares de calidad máximos, por las razones que fueren, durante largos periodos de la ejecución del contrato, no cumplieron con sus obligaciones y, sin embargo, cobraron por sus servicios íntegra y puntualmente; lo que nos lleva a explorar la naturaleza de finalidad resarcitoria que también la imposición de penalidades tiene", matizan desde el Ayuntamiento.

Es decir, que desde el Gobierno local entieden que no se debe imponer la sanción más alta “como si la UTE nada hubiera subsanado”, pero que “se ha de encontrar una fórmula para que se actúe con proporcionalidad, no se ponga en peligro la ejecución de lo que resta del contrato (enero del 2027), no se comprometa el valor reputacional de las sociedades integrantes de la UTE y se resarza al municipio de Coslada de los efectivos incumplimientos que en este contrato se han producido”. Una decisión que ha elevado la sanción definitiva a 2.274.975 euros, el 20% de lo que el Ayuntamiento pagó la UTE en los años 2023 y 2024.

La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, donde están todos los grupos municipales, aprobó el pasado 30 de abril de 2026 esta multa de 2,2 millones de euros. La sanción se acordó con 23 votos a favor, y dos abstenciones. Tras pasar por la Comisión, la Junta de Gobierno la ratificó este 5 de mayo. Paco Becerra, portavoz del PP, señala que están de acuerdo con la imposición de penalidades propuesta “tras examinar los informes técnicos, que coincide con la percepción que hay en la ciudad sobre la eficacia del servicio. la UTE ha incumplido desde el inicio del contrato y esos incumplimientos han conllevado un déficit en el servicio que deben prestar”. Paz Garretas, de Más Madrid, recalca que “como partido ahora en la oposición hemos revisado y analizado todos los informes técnicos que acompañan ese expediente de penalización. Son solventes y acordes a ley, por lo que los cálculos de los importes de penalizaciones por incumplimiento de contrato que definitivamente se han impuesto son correctos”.

A partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México (CDMX) hará obligatorio el emplacamiento y la obtención de licencia para quienes circulen en scooters, bicicletas eléctricas y otras variantes de micromovilidad eléctrica que superen los 250 watts de potencia o alcancen más de 25 km/h.

La medida responde a reformas aprobadas por el Congreso local y busca reforzar la seguridad vial y la certeza jurídica para este tipo de transporte.

Las multas comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026.

• Circular sin placas o sin la licencia adecuada implicará una sanción de 10 UMAs aproximadamente $1,130 según el valor vigente de la UMA.
• En casos de reincidencia o si las faltas se cometen en zonas restringidas, las multas podrán elevarse hasta 30 UMAs ($3,394).
• También habrá multas de 10 a 20 UMAs por no cumplir con el uso de casco, luces o elementos reflectantes.

La fecha límite para regularizar vehículos existentes es el 20 de noviembre de 2026.

Todos los vehículos nuevos deben salir emplacados desde las tiendas, siendo responsabilidad de las empresas comercializadoras procesar el registro previo a la entrega.

Requisitos y proceso de emplacamiento

La reforma establece la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa a scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Para obtener las placas y la tarjeta de circulación, los usuarios deberán presentar ante la SEMOVI:

• Identificación oficial vigente
• Factura original o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas ronda los $709)
• Licencia de conducir tipo A1 o A2 (las mismas exigidas para motocicletas)

Costos de licencias para VEMEPE

Las licencias tendrán un precio de $572 para la tipo A1 y $1,142 para la tipo A2.

La SEMOVI ha evaluado más de 120 modelos distintos para definir los criterios técnicos y mantiene mesas de trabajo con empresas comercializadoras para establecer las condiciones finales de registro y venta.

Restricciones y obligaciones para usuarios

Los VEMEPE tendrán prohibido circular por banquetas, ciclovías, carriles de bus y vías rápidas donde la velocidad máxima sea superior a 50 km/h.

Además, el uso de casco tipo motociclista, luces encendidas y elementos reflectantes será obligatorio.

Los conductores deberán portar siempre la licencia y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Cualquier incumplimiento puede derivar en la inmovilización del vehículo.

El registro es obligatorio incluso si el scooter o bicicleta eléctrica cuenta con placas de otra entidad federativa, con el fin de integrar un padrón confiable en la capital.

La SEMOVI anunció que publicará lineamientos complementarios y habilitará una plataforma digital para facilitar los trámites, en coordinación con campañas informativas.

Lineamientos institucionales y fuentes oficiales

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México fueron publicadas en la Gaceta Oficial y pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de SEMOVI y el Congreso de la Ciudad de México.

El proceso de registro y los requisitos detallados estarán disponibles en el portal institucional y en oficinas de atención ciudadana.

Los lineamientos aplican únicamente a vehículos eléctricos personales que cumplan con los criterios de potencia y velocidad.

Las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h quedan exentas del emplacamiento y la licencia.

Principales reglas para la circulación de scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

Las nuevas disposiciones establecen las siguientes reglas obligatorias para usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia en la Ciudad de México:

• Solo mayores de edad pueden conducir estos vehículos.Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Se sanciona conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.
• Reincidir en infracciones eleva el monto de las multas y puede derivar en la inmovilización del vehículo.
• Estas reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Exención de holograma para VEP

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) incluyen bicicletas eléctricas y vehículos con motor asistido que no superan los 25 km/h ni los 35 kg de peso.

Estas unidades estarán exentas de emplacamiento y licencia, pero deberán portar un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para poder circular y compartir ciclovías.

Más de 140 quejas y sanciones por $17 mil se han impuesto en Panamá durante el primer trimestre de este año contra de los comercios que incumplen con los beneficios que por ley deben recibir los jubilados.

Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con la tasa de interés, que encabeza la lista con 55 denuncias, seguida del incumplimiento del descuento del 25% en restaurantes, unos 24 casos, y la falta en 21 casos de letreros informativos obligatorios.

También se reportaron 17 casos donde no se otorgó el descuento correspondiente, dejando en evidencias fallas directas en la aplicación de derechos claramente establecidos por ley, afirma la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Anomalías en préstamos personales y comerciales, descuentos no aplicados en transporte aéreo, consumo en franquicias de comida rápida, transporte público, farmacias, así como en servicios médicos privados y técnicos, son otros de los incumplimientos detectados.

Al desglosar las faltas y sus sanciones, la entidad informó que se impusieron 13 sanciones en primera instancia, que suman $17,800.00.

Las multas más significativas están vinculadas a la tasa de interés, $11,200.00, y a irregularidades en préstamos personales y comerciales, que totalizan $5,600.00, lo que refleja que las infracciones no solo afectan beneficios básicos, sino también compromisos financieros más complejos.

La entidad gubernamental indicó que las recaudaciones totales por estas multas son depositadas a la cuenta del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados.

Aunque las sanciones representan un avance en la fiscalización, para la institución las cifras de denuncias sugieren que el problema persiste y que aún existen debilidades en el cumplimiento voluntario por parte de algunos agentes económicos.

En Panamá los jubilados tienen derecho a descuentos obligatorios por ley de 50% en cines, teatros, conciertos y eventos deportivos, 30% en autobuses interurbanos, trenes y transporte marítimo, 25% en pasajes aéreos nacionales e internacionales, igualmente tienen beneficios de 50% de lunes a jueves y de 30% en fines de semana en hoteles, moteles y pensiones.

Los descuentos se extienden a 25% en restaurantes y 15% en comida rápida, así como 20% en consultas médicas y honorarios profesionales, además de 15% en servicios odontológicos, optometría y hospitalización, entre otros.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia también reiteró a la ciudadanía sobre el reclamo de vicios ocultos en los productos, que no son visibles al momento de adquirir un bien, pero que con el tiempo afectan su uso, valor o funcionalidad.

Rolando Murgas, defensor de la Acodeco, detalló que estos casos no aplican cuando el daño ha sido previamente informado al consumidor y el producto se ofrece a un menor precio o con descuento.

“En estos casos, al ser aceptada la condición por el consumidor, no estamos ante un vicio oculto reclamable”, precisó.

Explicó que los vicios ocultos suelen presentarse en bienes inmuebles, como viviendas o apartamentos.

Entre los ejemplos más comunes mencionó fallas estructurales en cielorrasos de PVC o gypsum, que por una mala instalación pueden deformarse o colapsar con el tiempo. “A veces, por abaratar costos, no se respetan las distancias adecuadas en la estructura, lo que provoca que el material se pandee o ceda posteriormente”, indicó.

Otro caso frecuente ocurre cuando las dimensiones reales de una propiedad no coinciden con lo ofertado. “Si usted compra un terreno de 200 metros cuadrados y al medirlo resulta que tiene 180, está perdiendo una cantidad importante de dinero. Lo mismo sucede con apartamentos o viviendas donde cada metro cuadrado tiene un alto valor”, advirtió el funcionario de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Desde mayo de 2026, entra en vigor un endurecimiento en las normas de tránsito relacionadas con el uso de vidrios polarizados en distintas entidades del país. La medida establece una prohibición general de películas que reduzcan la visibilidad en más de un 20 por ciento en ventanas laterales y traseras, lo que impacta directamente a miles de automovilistas que utilizan este tipo de modificaciones.

El objetivo central de esta regulación es mejorar las condiciones de seguridad pública, facilitar la identificación de ocupantes dentro de los vehículos y reducir riesgos asociados a la conducción en condiciones de baja visibilidad, como durante la noche o en lluvia intensa.

Multas de hasta 13 mil pesos y aplicación inmediata

Las sanciones por incumplir esta normativa pueden alcanzar hasta 110 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, cerca de 13 mil pesos. Estas multas podrán ser aplicadas directamente por elementos de tránsito y policías municipales durante operativos viales.

En el estado de Hidalgo, reglamentos similares ya se aplican desde abril de 2026, con sanciones que van desde los 350 hasta los 13 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tipo de alteración detectada en los cristales del vehículo.

Excepciones: solo con justificación médica

A pesar de la prohibición general, la normativa contempla excepciones estrictas para personas con condiciones médicas que requieren protección adicional contra la luz solar.

Entre los casos considerados están enfermedades como el lupus eritematoso sistémico o el xeroderma pigmentoso, así como padecimientos que generen sensibilidad extrema a la luz.

Para obtener el permiso, los conductores deberán tramitar una autorización ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México —en el caso de la Ciudad de México— o ante autoridades equivalentes en otros estados.

Requisitos principales:

• Certificado médico que justifique el uso
• Documentación oficial del vehículo
• Identificación del solicitante
• Pago de derechos administrativos

Operativos, riesgos y recomendaciones

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, se prevé un incremento en los operativos de revisión vehicular. Las autoridades buscarán verificar el cumplimiento del nivel de transparencia permitido en los cristales.

Especialistas advierten que muchos polarizados disponibles en talleres no cumplen con la normativa vigente, lo que podría derivar en sanciones inmediatas para los conductores que los utilicen sin verificar sus especificaciones.

Además, el impacto económico de estas multas es significativo. Una sanción máxima de 13 mil pesos representa más de dos meses del apoyo otorgado por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que evidencia la severidad de la medida.

Lo que debes tener en cuenta

• El uso de vidrios polarizados queda restringido si excede el 20 por ciento de opacidad.
• Las multas pueden llegar hasta los 13 mil pesos.
• Solo se permite el polarizado con autorización médica oficial.
• Los operativos serán más frecuentes desde mayo de 2026.

La regulación marca un cambio importante en las políticas de movilidad y seguridad vial en México. Para los automovilistas, el mensaje es claro: verificar el estado de sus vehículos y cumplir con la normativa será clave para evitar sanciones elevadas en los próximos meses.

Los vehículos autónomos en California ya no estarán exentos de la responsabilidad directa ante infracciones de tránsito.

Las nuevas regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) establecen un marco legal que permite a las autoridades emitir multas y sanciones a los fabricantes de autos autónomos por las infracciones cometidas por sus vehículos en circulación, equiparando su tratamiento al de los conductores humanos.

El cambio se produce tras la aprobación, el 28 de abril de 2026, de la normativa más extensa de Estados Unidos sobre vehículos autónomos (AV, por sus siglas en inglés).

Estas reglas actualizan de manera integral los requisitos de seguridad, supervisión y cumplimiento para todos los AV, abarcando desde sedanes ligeros hasta camiones pesados y autobuses de tránsito.

A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, las fuerzas de seguridad podrán emitir Notificaciones de Incumplimiento de AV a los fabricantes cada vez que un vehículo autónomo infrinja el reglamento de tránsito.

Esto marca un precedente: por primera vez, los sistemas automáticos serán sujetos a un régimen sancionador similar al de las personas.

La medida busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las compañías tecnológicas, en línea con un crecimiento sostenido de la industria en California.

Cómo funcionan las nuevas sanciones para vehículos autónomos

El proceso de sanción para los autos sin conductor humano establece que, si un AV comete una violación de tránsito—como saltar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o no respetar una señal de alto—la policía puede emitir una notificación formal al fabricante responsable.

Este documento, denominado Notice of AV Noncompliance, obliga a la empresa a responder y, en su caso, asumir las consecuencias que hasta ahora solo recaían sobre conductores humanos.

Además de las multas, las nuevas regulaciones habilitan a la DMV para imponer restricciones operativas personalizadas, como limitar el tamaño de la flota, definir zonas y horarios de operación, e incluso suspender permisos en caso de faltas reiteradas.

Según Steve Gordon, director de la DMV, “estas actualizaciones refuerzan la seguridad pública y la transparencia, al tiempo que incorporan nuevos niveles de responsabilidad para los fabricantes de AV”.

La normativa también exige que los fabricantes mantengan actualizados sus planes de interacción con los cuerpos de emergencia y que sus sistemas permitan la intervención manual inmediata, garantizando comunicaciones bidireccionales con tiempos de respuesta inferiores a 30 segundos.

Emergencias y zonas restringidas: el control ante situaciones críticas

Las nuevas reglas contemplan escenarios de emergencia, otorgando a las autoridades locales la facultad de emitir directivas electrónicas de geoperimetraje (“geofencing”).

En caso de incidentes que comprometan la seguridad pública—como incendios, accidentes graves o evacuaciones—los funcionarios podrán declarar zonas restringidas a las que ningún vehículo autónomo podrá acceder mientras dure la emergencia.

Si un AV se encuentra dentro del área, deberá salir de inmediato, y cualquier incumplimiento puede conllevar la suspensión del permiso de operación.

Esta medida responde a la preocupación de que los vehículos sin conductor puedan interferir en operaciones de rescate o dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.

De la prueba a la sanción: estrictos requisitos para operar

Para poder desplegar vehículos autónomos en modo comercial, las empresas deberán completar fases rigurosas de prueba. El reglamento exige un mínimo de 50.000 millas recorridas con un conductor de seguridad a bordo en el caso de vehículos ligeros, y hasta 500.000 millas para camiones y autobuses pesados.

Solo tras superar estas etapas y documentar un caso estructurado de seguridad—que incluye hardware, software y procedimientos operativos—la DMV autoriza la transición al servicio sin conductor.

En paralelo, los operadores remotos (quienes supervisan y pueden intervenir los AV a distancia) deberán cumplir estándares de capacitación y certificación, homologables a los que se exigen a los conductores tradicionales.

Las denuncias por presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior comenzaron a multiplicarse en distintos sectores industriales y ya derivaron en investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas impulsadas por ARCA.

Mientras, una cámara empresaria del sector de electrodomésticos denunció una combinación de subfacturación, comercialización sin certificaciones y falsificación documental, el organismo aduanero avanzó con expedientes vinculados a importaciones de calzado e indumentaria provenientes de China.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales. En algunos expedientes, además, aparecieron observaciones sobre documentación presuntamente adulterada.

Denuncias y multas de ARCA

Según pudo confirmar Infobae, ARCA avanzó con investigaciones sobre operaciones de importación de indumentaria y calzado, entre otras.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales

Fuentes del sector textil confirmaron que el organismo recaudador y aduanero tiene nutridos expedientes y denuncias contra al menos dos grandes importadores y que ya las sancionó con multas millonarias.

Consultadas fuentes de ARCA, confirmaron los hechos pero no mencionaron el nombre de las empresas ni dieron detalles de los expedientes.

De todos modos, las fuentes empresarias aportaron datos y dijeron que se trata de Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., firma vinculada con las licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.

Según documentación que aportaron fuentes del sector textil, en el primer caso, la empresa declaró valores extremadamente bajos para la importación de remeras sintéticas. Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274. El valor total declarado ascendió a USD 1,06 por kilo y esos montos son ostensiblemente inferiores a los valores usuales de mercadería similar. Los antecedentes de valor aprobados para prendas comparables oscilaron entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.

Las fuentes sectoriales afirmaron que según estimaciones técnicas oficiales sobre costo internacional de producción de las remeras, teniendo en cuenta costos de materia prima, confección, estampado e insumos adicionales, producir una remera básica en Asia implicó un costo estimado de entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad. El valor declarado por la firma se ubicó incluso por debajo del costo estimado de la materia prima.

Para el caso de Latin Shoes SA, se analizaron más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China realizados entre fines 2021 y 2025. La investigación se originó a partir de operaciones en las que la empresa declaró valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.

Esos valores coincidieron con el umbral fijado para evitar el pago de derechos antidumping sobre importaciones de calzado. En este caso se detectaron distintas inconsistencias vinculadas con permisos de salida y facturas comerciales, como textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos y ausencia de códigos QR o códigos de barras.

También hubo diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. En relación con las facturas comerciales, algunas no incluyeron origen de mercadería y que aparecieron diferencias en las formas de pago.

Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274

Sobre este caso, ARCA habría encuadrado el expediente en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Siempre según datos del sector, las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas superaran los USD 70 millones.

Las denuncias empresarias y los expedientes abiertos por ARCA aparecieron en medio de un escenario de crecimiento de importaciones -aunque en los últimos meses el crecimiento se frenó debido a elevados stocks y una demanda planchada- y mayor presencia de productos provenientes de China en distintos segmentos del mercado local.

Competencia desleal

Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines (Cafavep) difundió un comunicado en el que denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con la comercialización de pequeños electrodomésticos en plataformas digitales. Según la entidad, una investigación realizada sobre datos de importación declarados ante la Aduana reveló que distintos operadores comercializaron productos mediante una combinación de prácticas ilegales que incluyó subfacturación de importaciones, venta de productos sin certificación y falsificación de certificados de seguridad.

“La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines hace pública una denuncia formal sobre una situación de competencia desleal que está destruyendo a la industria nacional de electrodomésticos y poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores argentinos”, indicó el comunicado.

La entidad empresaria sostuvo que detectó valores FOB extremadamente bajos en distintas categorías de productos. Uno de los casos mencionados correspondió a ventiladores de techo retráctiles. Cafavep aseguró que el precio FOB mínimo de mercado para ese tipo de producto rondó los USD 15 por unidad. Sin embargo, la cámara relevó importaciones declaradas a valores de entre 5,12 y 9,50 dólares.

La entidad también señaló que una empresa importó más de 13.000 unidades de ventiladores de techo declarando un valor FOB de USD 7,20 por unidad.

En el comunicado aparecieron además otros ejemplos de productos ingresados con valores considerablemente inferiores a los habituales de mercado.

Según la cámara, algunas air fryers de 1600 watts ingresaron con valores declarados de USD 4,86, mientras que cafeteras espresso figuraron con precios de USD 2,69 y mixers de 500 watts con valores de 2,07 dólares. Según la entidad, esos montos implicaron niveles de subfacturación de entre el 50% y el 85% respecto de los valores reales estimados. “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”, afirmó la entidad.

Productos sin certificación

El comunicado también incluyó advertencias sobre la comercialización de productos eléctricos sin certificaciones de seguridad. “Estimamos que un alto porcentaje de los pequeños electrodomésticos comercializados actualmente en plataformas digitales en Argentina no cuenta con la certificación correspondiente”, señaló la cámara.

La entidad agregó que “el certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.

En otro tramo del documento, Cafavep sostuvo que las empresas formales del sector enfrentaron una fuerte desventaja competitiva frente a operadores que incumplieron normas tributarias y técnicas. Según la cámara, las compañías que importaron correctamente, realizaron ensayos y certificaciones y pagaron impuestos afrontaron una diferencia de costos de entre el 30% y el 60% sobre el precio final. “Esta situación está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleos formales y el desmantelamiento de una industria que ha tardado décadas en construirse”, indicó el comunicado.

La entidad informó además que presentó una denuncia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que remitió documentación a ARCA y a la Secretaría de Comercio. El comunicado también reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales que comercializan productos eléctricos.

En mayo de 2026, los Verificentros de la Ciudad de México interrumpen su actividad el viernes 1 debido al Día del Trabajo, lo que modifica la prestación del servicio y obliga a los conductores a planear con antelación sus trámites para evitar sanciones económicas y afectaciones sobre la circulación, según la información de la Secretaría del Medio Ambiente. La suspensión incide en quienes buscan verificar durante la última etapa del primer semestre del año, cuando coinciden vehículos con diferentes engomados y terminaciones de placa, y el incumplimiento puede generar multas superiores a los $3.000 o restricciones severas como la aplicación del Hoy No Circula.

La Sedema advierte que los Verificentros detienen operaciones únicamente el 1 de mayo. El sábado 2 de mayo reanudan el servicio en su horario normal, de 8:00 a 20:00 horas. Además, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes permanecen cerradas tanto el 1 como el 5 de mayo; la primera retoma el trámite el lunes 4, y la segunda el miércoles 6, ambas con horario habitual de 9:00 a 14:00. La autoridad pide a los propietarios de automóviles con placas de la capital prever los tiempos y documentaciones, dado que la suspensión puede saturar la agenda de los siguientes días y afectar el cumplimiento oportuno del trámite.

Calendario oficial de verificación y costo de la multa

Durante mayo, la verificación vehicular sigue activa en la Ciudad de México y el Estado de México, con doble carga para los Verificentros: deben atender tanto a vehículos con engomado verde —terminaciones 1 y 2— que finalizan su periodo, como a coches con engomado azul —terminaciones 9 y 0— que apenas inician el plazo. La regulación exige verificar entre enero y junio a todos los autos de combustión interna registrados en ambas entidades, además de unidades foráneas que deciden verificar en la capital.

No completar el trámite dentro del periodo asignado implica dos efectos inmediatos: el pago de una multa superior a $3.000 y la imposición de restricciones de circulación que incluyen el programa Hoy No Circula. Después se debe cubrir la verificación extemporánea para regularizar la situación y poder regresar a la circulación libre.

Las tarifas oficiales se mantienen sin cambio para 2026 y varían según el holograma obtenido. En el Estado de México, el costo va de poco más de $400 hasta casi $1.200 para el holograma doble cero. El esquema organizado por color de engomado y último dígito de placa distribuye la carga de verificaciones y permite mantener el control sobre las emisiones contaminantes en el semestre, de acuerdo con el calendario difundido por las autoridades.

El Metro y los trámites administrativos también modifican su servicio

El Metro de la Ciudad de México operará el 1 de mayo bajo horario de día festivo, es decir, de 7:00 a 24:00 horas, confirmó el propio organismo en sus redes sociales. Esta modalidad busca atender la demanda de usuarios durante el día feriado sin interrumpir la movilidad en la capital.

La Sedema aclara que toda la estructura administrativa vinculada a la verificación, incluidas la recepción de documentos y la atención en ventanilla, permanece inactiva los días marcados como inhábiles. Solo las áreas presenciales asignadas reanudan atención el lunes 4 de mayo, mientras que la Oficialía de Partes lo hace hasta el miércoles 6. Los horarios y fechas concretas se mantienen sin variación respecto al calendario anual.

La saturación en Verificentros durante mayo responde tanto al cierre temporal como al arranque y cierre de periodos para diferentes engomados. El doble flujo de vehículos en verificación complica la obtención de citas y puede extender los tiempos de espera, por lo que los funcionarios recomiendan a los conductores cumplir con todos los requisitos y anticipar su cita para completar el proceso.

La Secretaría del Medio Ambiente exhorta a quienes requieren verificar, especialmente durante días cercanos a puentes o fechas límite, a tomar todas las previsiones para evitar sanciones, gastos adicionales y restricciones de circulación asociadas al incumplimiento o al rezago en el trámite.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México advirtió este miércoles sobre una nueva modalidad de extorsiones digitales en el pago de multas de tránsito, donde los ciberdelincuentes diseñan páginas web que simulan ser portales oficiales y logran engañar a miles de conductores.

De acuerdo con la Policía Cibernética, estos sitios falsos aparecen entre los primeros resultados de búsqueda, a través de estrategias de posicionamiento pagado y publicidad engañosa para atraer a las víctimas.

La mayoría de los afectados llega a estos portales al buscar frases como “pago de multas de tránsito” o “consultar infracciones” en internet. Al ingresar, los usuarios encuentran formularios que solicitan datos personales, contraseñas y, en ocasiones, información bancaria.

Los responsables de estos sitios fraudulentos recopilan la información suministrada por los usuarios, para luego realizar suplantaciones de identidad y cometer fraudes financieros.

Para evitar estas prácticas, la SSC-CDMX compartió las siguientes datos:

¿Cómo operan los fraudes digitales en multas?

Según los reportes, la apariencia profesional de los portales engañosos genera confianza entre los conductores. Sin embargo, ninguna de estas páginas está conectada con dependencias de gobierno ni con sistemas oficiales.

En muchos casos, las víctimas descubren el fraude cuando los pagos no se reflejan en el sistema de la autoridad correspondiente. Otros advierten la situación al detectar cargos no reconocidos en sus cuentas bancarias.

A raíz de este problema, la SSC recomendó a los usuarios verificar siempre que el sitio tenga dominio .gob.mx y cuente con certificado de seguridad https. Ejemplos de portales oficiales para consultas y pagos son https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos y https://infracciones.cdmx.gob.mx/busqueda/.

Con ello, la SSC-CDMX aconsejó evitar los primeros resultados de los buscadores si no se confirma su autenticidad. También pidió desconfiar de portales que prometen descuentos especiales, trámites urgentes o gestiones privadas.

Medidas de prevención y contacto con autoridades

Para reducir riesgos, la dependencia solicitó no ingresar datos personales ni bancarios en páginas no oficiales. Bajo esta medida, los conductores deben realizar sus trámites solo en canales autorizados o acudir directamente a las autoridades de Tránsito.

Las autoridades también señalaron la importancia de no acceder a enlaces enviados a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Este tipo de links suele ser una vía común para redirigir a los usuarios a portales fraudulentos.

En caso de sospecha o intento de fraude, la ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. El número habilitado es 55 5242 5110, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, la SSC invitó a los habitantes de la capital a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales @SSCCDMX y @UGSGCDMX. La prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de delitos.

La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible este martes un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa por lavado de activos vinculada a una red transnacional que, según la investigación, canalizaba fondos ilícitos atribuidos al grupo criminal brasileño Comando Vermelho. La decisión fue adoptada en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, de la Sala IV, y dejó firme las condenas impuestas en un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral Federal N°7 porteño.

El planteo había sido presentado por el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern, quien cuestionó que el organismo no hubiera tenido intervención en este tramo del expediente que terminó con sentencias condenatorias, pese a haber solicitado ser tenido como querellante durante la instrucción.

El fallo, al que tuvo acceso Infobae, se inscribe en una investigación iniciada en 2022 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de la remisión de un informe de inteligencia elaborado de la propia UIF. El caso quedó inicialmente radicado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro y luego derivó, por cuestiones de competencia, hacia la justicia federal porteña.

La pesquisa fue dividida en distintos tramos por la cantidad de imputados y la complejidad de las maniobras. Uno de ellos se concentró en la estructura atribuida a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, ambos prófugos, señalados como responsables de canalizar activos ilícitos vinculados al Comando Vermelho. Según la investigación, el esquema incluyó operaciones con criptoactivos, sociedades instrumentales y adquisición de bienes registrables, como inmuebles y vehículos de alta gama.

El Comando Vermelho, en rigor, es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil. Surgió a fines de la década de 1970 en el sistema penitenciario de Río de Janeiro, en un contexto de convivencia forzada entre presos políticos y delincuentes comunes durante la dictadura militar. Con el tiempo, evolucionó hacia una estructura criminal descentralizada dedicada principalmente al narcotráfico, con fuerte presencia en las favelas y expansión a distintas regiones del país y de la región, donde también diversificó sus actividades ilícitas.

Otro segmento de las investigaciones que se labraron sobre el caso abordó maniobras independientes de transferencias informales de divisas en la región, realizadas entre 2022 y 2023, que involucraban a otros imputados.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 validó un juicio abreviado y condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalvez, Eliamar Das Dores de Melo, Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, Thiago Cardoso de Oliveira y Selma de Lima Muniz Barbosa como partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Las penas fueron de tres años de prisión en suspenso, con multas de entre 180 y 720 millones de pesos. El tribunal de juicio, a su vez, dispuso la inmediata libertad de los condenados siempre que no registraran otra orden restrictiva en su contra.

La UIF impugnó esa resolución. Galpern sostuvo que el organismo de información financiera no había sido notificado ni incorporado al proceso, pese a haber pedido su intervención bajo el rol de querellante. También cuestionó la calificación legal, el monto de las multas y el control judicial del acuerdo abreviado. Según el recurso, la adecuación jurídica realizada había sido “notoriamente más benigna” que la que surgiría de los hechos, que describían una “actuación prolongada en el tiempo (años 2015 al 2023), con pluralidad de operaciones” y bajo la dirección de una “organización criminal trasnacional liderada por Alves de Souza y Wang”.

La entidad también objetó que, al homologar el acuerdo, el tribunal oral hubiera indicado que “no podía discutir con el fiscal y la defensa la calificación legal y/o pena acordada por las partes”. Para el organismo, el juez debía ejercer un control de legalidad más estricto.

El juez Hornos rechazó el planteo en la etapa de admisibilidad. Para eso sostuvo que la UIF carecía de legitimación para apelar porque no había sido parte en el tramo del proceso en el que se dictó la sentencia. En particular, remarcó que fue el propio organismo el que había limitado su pedido de querella “únicamente contra Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, quienes se encuentran prófugos en la investigación suscitada en el marco de este expediente”.

Según ponderó el camarista, “fue la propia Unidad de Información Financiera la que limitó expresamente su pretensión acusatoria a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang que se encontraban prófugos en un proceso que tramitaba ante el juzgado instructor”. Luego agregó que la UIF conocía que los tramos identificados como “TO1” y “TO2” ya habían sido elevados a juicio y, pese a ello, “no instó su intervención en esa etapa y ni formuló presentación alguna ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7”.

“Por ese motivo -concluyó el juez de la Sala 4-, en el caso carece de legitimación para interponer un recurso de casación, en tanto dicha vía exige la intervención en el proceso en el que recayó la decisión impugnada, como presupuesto ineludible”.

Hornos también descartó que la UIF hubiera demostrado un agravio propio, concreto y actual que la diferenciara del Ministerio Público Fiscal. En ese punto, destacó que la persecución penal estuvo a cargo de la PROCELAC, órgano especializado en temáticas de criminalidad económica.

“El interés público sobre el juzgamiento de conductas vinculadas al lavado de activos, el pago de las multas impuestas y el decomiso de bienes, se encuentra debidamente representado por el titular de esa procuraduría especializada”, indicó.

Por otro lado, el camarista también delimitó el rol institucional de la UIF en este tipo de pesquisas, en tanto advirtió que el organismo tiene asignado “un rol principalmente vinculado a la producción, análisis e intercambio de información financiera” y que actúa como “un auxiliar técnico en las investigaciones penales, especialmente en materia de delitos económicos complejos, como es el lavado de activos”.

Con esos fundamentos, Hornos declaró inadmisible el recurso de casación de la unidad estatal. Mientras tanto, otros tramos de la investigación continúan abiertos respecto de los prófugos y de los bienes atribuidos a la estructura criminal.

Hay situaciones en las que dar marcha atrás con el coche sería la opción más cómoda y rápida. ¿No resultaría conveniente, al pasarse una salida en la autopista, poder parar en seco y retroceder hasta tener la salida de nuevo por delante? Así se evitaría el tener que recorrer varios kilómetros y luego regresar para retomar la dirección original. Solo describirlo ya resulta tedioso. Para quien se sienta tentado, sin embargo: más allá de la seguridad vial, hacer algo así, por mucho que acelerase el viaje, podría suponer la pérdida de puntos o una multa. O las dos cosas.

Hasta 500 euros de multa y retirada de puntos del carnet

La normativa española es clara respecto a la marcha atrás y no deja mucho margen para la interpretación. El artículo 80 del Reglamento General de Circulación recoge que está prohibido circular marcha atrás (en general), salvo en situaciones muy concretas.

Existen también limitaciones específicas. Cuando la marcha atrás se hace como parte de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, la distancia máxima permitida es de 15 metros y está prohibido invadir un cruce de vías. Esto afecta a cualquier situación, sea buscar sitio para aparcar o salir de un estacionamiento.

En autopistas y autovías, la prohibición es aún más estricta. La normativa establece que en estas vías la maniobra de marcha atrás está totalmente prohibida para conductores particulares. La alta velocidad y el riesgo de accidentes justifican esta restricción. Solo los vehículos prioritarios, como los de la policía, Guardia Civil, bomberos, ambulancias o Protección Civil, pueden realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías, y únicamente en servicios urgentes y siempre que no pongan en peligro la seguridad.

Las sanciones por incumplir las normas de la marcha atrás pueden ser importantes. El propio artículo 80 del Reglamento General de Circulación lo recoge: “Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración de muy graves, conforme se prevé en el artículo 77.f) del texto refundido”.

Circular marcha atrás sin justificación, exceder los 15 metros permitidos, invadir un cruce, realizar la maniobra en autopistas o autovías, o no señalizar adecuadamente son las infracciones más habituales. Las multas pueden ir desde los 80 euros para infracciones leves hasta los 500 euros en casos muy graves, con la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

El artículo 32 de la Ley de Tráfico también aborda situaciones específicas, como lo que ocurre en las autopistas de peaje. Dar marcha atrás para cambiar de cabina, tras entrar por error en una de telepeaje o al comprobar que no se lleva efectivo, se considera sancionable. La normativa indica que, en estos casos, el conductor debe esperar a que el personal de la autopista resuelva la situación. Las maniobras de cambio de sentido o marcha atrás realizadas sin autorización o con la intención de evitar el pago del peaje también pueden ser motivo de denuncia.

La ley solo permite la maniobra de marcha atrás cuando no sea posible avanzar, cuando no se pueda cambiar de dirección o sentido de marcha, o si se trata de una maniobra complementaria de otra que lo exija. En todos estos casos, la marcha atrás debe hacerse con “el recorrido mínimo indispensable para efectuarla”. Es decir, la distancia recorrida marcha atrás tiene que ser la estrictamente necesaria.

A partir del 30 de abril, entra en vigencia una nueva ley en Costa Rica que establece sanciones económicas para las personas que sean detectadas ingresando a los parques nacionales por puntos no habilitados. La medida busca aumentar la protección de las áreas silvestres y prevenir daños provocados por la actividad humana en ecosistemas sensibles. Las multas pueden alcanzar hasta los 4.6 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 9,000 dólares.

La reforma legal fue aprobada por el Congreso de Costa Rica a mediados de febrero, y endurece las sanciones tanto para personas individuales como para empresas y operadores turísticos que faciliten el acceso ilegal a las zonas protegidas. El objetivo central es disuadir el ingreso no autorizado, promover el uso responsable del patrimonio natural y salvaguardar la integridad de los visitantes y de la biodiversidad.

Las autoridades señalaron que quienes ingresen o permanezcan en áreas no autorizadas dentro de los parques nacionales enfrentarán una multa base de 1.38 millones de colones, equivalente a 2,200 dólares. Este monto puede aumentar en función de la gravedad de la infracción y de las circunstancias en que se detecte la violación. Para operadores turísticos, las sanciones superan los 3 millones de colones y pueden llegar a 4.6 millones de colones cuando se trata de accesos a zonas catalogadas como de alto riesgo, como cráteres volcánicos.

La ley también contempla sanciones para quienes promuevan actividades turísticas no autorizadas dentro de los parques nacionales. Las autoridades señalan que el acceso ilegal no solo pone en riesgo la vida de los visitantes por la falta de condiciones de seguridad y atención ante emergencias, sino que además genera impactos ambientales irreversibles, altera hábitats frágiles y expone a especies de flora y fauna a mayores amenazas.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha señalado que la aplicación de multas actúa como un método de disuasión para que las personas respeten las normativas vigentes y eviten situaciones peligrosas tanto para ellas como para el entorno natural. La jefa del Departamento de Control y Protección del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC), Yeimy Cedeño, explicó que el ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales, alteran hábitats y ponen en riesgo especies que pueden estar amenazadas o ser endémicas.

El dinero recaudado a través de las multas se destinará al fortalecimiento de labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres protegidas. Así se busca garantizar la sostenibilidad de estos espacios y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevas infracciones.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el SINAC detectó a 408 personas ingresando por puntos no autorizados a zonas protegidas. El volcán Irazú registró el mayor número de casos con 200 ingresos ilegales, seguido por la isla San Lucas con 88 registros, y los volcanes Arenal, Poás y Turrialba. Estos datos reflejan la necesidad de un mayor control y la importancia de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

Pasarse un semáforo en rojo puede terminar costando mucho más que una multa, y en 2026 la sanción económica por esta infracción quedó en $1.266.222, con riesgos adicionales como inmovilización del vehículo, gastos extra y hasta suspensión de la licencia en casos de reincidencia.

La conducta está clasificada en Colombia como infracción D04 y es una de las faltas que mayores consecuencias puede traer para conductores, no solo por el valor del comparendo, sino por las cargas administrativas y operativas que puede activar.

El dato que más impacta es que un solo cruce indebido en rojo puede llevar el carro directo a patios, sumando costos de grúa, parqueadero y restricciones para hacer trámites posteriores si la sanción queda pendiente en el sistema.

La norma establece que no detenerse ante luz roja, amarilla, señal de pare o semáforo intermitente en rojo faculta a las autoridades para imponer la sanción e incluso proceder con inmovilización inmediata del vehículo.

Aunque muchos conductores solo ven el monto del comparendo, especialistas advierten que el costo real puede ser mucho mayor cuando se agregan gastos ocultos derivados del procedimiento.

Entre ellos aparecen los cobros por grúa, tarifas de patios por día o fracción y otros costos asociados a la recuperación del vehículo. Ahí es donde una infracción de tránsito puede convertirse en un golpe mucho más alto para el bolsillo.

La sanción económica, además, tiene un mecanismo para reducirse. Quienes realicen curso pedagógico y paguen dentro de los primeros once días hábiles pueden acceder a un descuento del 50 %. Entre los días 12 y 26 el beneficio baja al 25 %.

Ese alivio, sin embargo, no elimina otras consecuencias que pueden surgir cuando hay reincidencia o agravantes. El sistema castiga con mayor severidad cuando la conducta se repite en un lapso de seis meses.

En esos casos puede haber suspensión de la licencia por seis meses e incluso escenarios más severos si la autoridad determina repetición grave de la conducta.

Uno de los mayores riesgos está en la reincidencia, porque la multa deja de ser solo económica y empieza a afectar directamente el derecho a conducir. Ese es uno de los puntos que más suelen desconocer los conductores.

El panorama se agrava si la infracción ocurre bajo efectos del alcohol. Allí las sanciones pueden escalar drásticamente, con multas millonarias e inmovilizaciones prolongadas, además de otras consecuencias legales.

Otro frente crítico es el llamado bloqueo administrativo. Mientras el comparendo permanezca pendiente en el SIMIT, el conductor puede encontrar restricciones para renovar licencia, hacer traspasos, tramitar SOAT o avanzar en otros procesos vehiculares.

Ese efecto es el que convierte esta falta en una de las más costosas, incluso cuando el comparendo inicial parece “pagable”. Lo que empieza con una luz roja ignorada puede terminar afectando varios trámites y generando nuevas cargas económicas.

Además del impacto financiero, las autoridades suelen insistir en que esta es una de las infracciones con mayor riesgo vial, por la relación que tiene con siniestros graves en intersecciones urbanas.

Por eso el mensaje institucional suele ir más allá del comparendo. Pasarse un semáforo en rojo no solo cuesta $1.266.222: puede llevar a patios, bloquear trámites y poner en riesgo la licencia. Esa combinación explica por qué es una de las sanciones más severas del sistema.

En 2026, con el valor actualizado y los efectos asociados, la recomendación sigue siendo la misma: evitar una imprudencia que puede salir mucho más cara de lo que parece.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

Frutas Diego Martínez, una empresa con sede en Barcelona y raíces en Lleida, ha sido sancionada con 8.002 euros tras detectar las autoridades el intento de vender varias toneladas de melocotones importados de Turquía como si fueran productos originarios del Bajo Cinca o Valdejalón. La empresa ha abonado ya la cuantía de la sanción, según ha informado Segre.

La infracción fue descubierta durante una inspección de la consellería de Agricultura de la Generalitat en Mercabarna realizada en agosto de 2024 tras una denuncia presentada por las organizaciones agrarias Uaga (Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón) y Unió de Pagesos. Las entidades alertaron sobre la comercialización de un lote de melocotón rojo etiquetado como procedente de Aragón, cuando en realidad su verdadero origen era turco.

El informe de la inspección señala tres irregularidades principales. En primer lugar, la empresa no pudo acreditar la trazabilidad del producto. En segundo lugar, el etiquetado presentaba datos falsos sobre el origen y la variedad de fruta, además de omitir la dirección de la empresa expedidora. Por último, la documentación comercial presentada estaba incompleta, tanto en lo referente al origen como al destino de la mercancía.

Las cajas llevaban melocotones turcos, pero llegaban desde Aragón, según la empresa

A lo largo del proceso, la compañía Frutas Diego Martínez admitió que las cajas contenían fruta procedente de Turquía, si bien al mismo tiempo aseguró que el melocotón había llegado de Aragón. Según la empresa, los melocotones se habían recibido en cajas de cartón que no podían utilizar al no ser aptas para la distribución de la fruta contenida en ellas, si bien el deterioro del recipiente no había afectado al género.

Frutas Diego Martínez e Hijos opera desde 1988 y cuenta con un capital social de 1,06 millones de euros. Su volumen de negocio ronda los cien millones de euros anuales, situándose entre los principales mayoristas de frutas y verduras de Mercabarna. La firma es propiedad del Grupo DM Inversiones, la family office de la familia Martínez, fundada en 2003 en Torres de Segre y actualmente con sede en Cambrils, que suma un capital de 3,27 millones de euros.

La imposición de la sanción se enmarca en una mayor presión por parte de las organizaciones agrarias para proteger a los agricultores y explotaciones familiares de la zona frutícola de Huesca. Uaga, especialmente activa en el territorio, ha intensificado su actuación frente a los abusos detectados en los últimos años, entre los que se encuentran impagos y sucesivas vulneraciones de la normativa comercial de productos agropecuarios.

En las últimas semanas, fruticultores del Bajo Cinca han interpuesto más de treinta denuncias contra almacenes e industrias, señalando incumplimientos de plazos de pago, falta de contratos y, cuando se firman, ausencia de cálculos para evitar la venta a pérdidas. Estas reclamaciones afectan a explotaciones de cereza, ciruela, melocotón, pera, manzana y almendra. La inspección subrayó cómo la falta de documentación precisa y las deficiencias en el etiquetado dificultan garantizar que los consumidores reciban información veraz sobre el origen de los productos.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú aún no concluyen, ya que para definir a la próxima presidencia se requiere que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos válidos. Ante ello, se prepara la segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 7 de junio en medio del caos que se registró en la última jornada. Este evento marca una nueva etapa política para el país y genera interrogantes en la ciudadanía, especialmente sobre el régimen de multas electorales.

¿Es necesario pagar la multa antes de la segunda vuelta?

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la participación en los comicios es obligatoria. La institución ha señalado que el derecho al voto no puede verse restringido por deudas económicas previas.

Por lo tanto, quienes no asistieron a votar en la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, mantienen tanto la facultad como la obligación de votar en la segunda vuelta, sin importar si ya abonaron o no la multa correspondiente. La sanción económica derivada de la omisión constituye una deuda administrativa, pero no limita el ejercicio del derecho político de elegir autoridades.

Recuerda que no pagar la multa mantiene activa una deuda administrativa en el sistema. Esta situación genera restricciones civiles, como la imposibilidad de realizar trámites notariales, renovar el DNI o efectuar gestiones bancarias. Por ello, aunque la deuda no limita el derecho al voto, sí puede afectar otros aspectos de la vida civil.

¿A cuánto equivale la multa por no votar?

Si un ciudadano no participó en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 12 de abril, se le impone una multa electoral. Los montos varían según el nivel de pobreza del distrito:

• Distritos no pobres: S/ 110
• Distritos pobres: S/ 55
• Distritos de pobreza extrema: S/ 27,50

Además, la multa por omisión a la instalación de mesas de sufragio para miembros de mesa es de S/ 275. Asimismo, puedes presentar tu dispensa.

¿Volveré a ser miembro de mesa para la segunda vuelta?

Si fuiste sorteado como miembro de mesa titular o suplente para la primera vuelta, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones establecen que debes cumplir el mismo rol en la segunda vuelta electoral. No se realiza un nuevo sorteo ni se modifica la lista de miembros de mesa entre ambas jornadas. La designación se mantiene vigente durante todo el proceso, por lo que la obligación es automática para quienes ya participaron en la primera jornada como titulares o suplentes. La asistencia vuelve a ser obligatoria y el incumplimiento, salvo justificación válida, genera la multa correspondiente para cada vuelta.

Respecto a los voluntarios, la situación es diferente. Si actuaste como miembro de mesa por voluntad propia, es decir, porque los titulares y suplentes oficiales no se presentaron el día de la elección y asumiste el cargo como elector de la fila, no existe obligación legal de presentarte voluntariamente en la segunda vuelta. Solo estarán obligados nuevamente quienes hayan sido sorteados oficialmente y figuren en la lista de miembros de mesa publicada por la ONPE.

La llegada de la función de avisos de radares de velocidad a Google Maps será una herramienta clave para quienes conducen por las rutas y accesos de las grandes ciudades de Argentina.

La aplicación ahora suma una herramienta que promete mayor previsibilidad y tranquilidad al volante: la posibilidad de recibir alertas en tiempo real sobre controles de velocidad fijos y móviles, sin instalar aplicaciones adicionales.

Cómo funciona el sistema de radares en Google Maps

La función de avisos de radares de velocidad, detallada por Google, se apoya en dos pilares: la visualización de cámaras en el mapa y las alertas de voz que se activan al acercarse a un control. Cuando la aplicación detecta un radar fijo, muestra un pequeño icono de cámara al costado de la ruta seleccionada. Al aproximarse, el usuario recibe una advertencia sonora y una tarjeta en pantalla, lo que permite anticipar el control y ajustar la velocidad.

Esta funcionalidad está disponible en todas las plataformas, siempre que la aplicación esté actualizada a la última versión desde la tienda oficial del dispositivo. No requiere complementos ni descargas adicionales, lo que facilita su acceso para cualquier conductor.

Además, la pantalla de navegación sigue mostrando el límite de velocidad permitido y el velocímetro en tiempo real, dos indicadores clave para mantener el control durante el viaje.

Google Maps también ofrece la posibilidad de alertar al usuario si excede la velocidad máxima permitida. En ese caso, el velocímetro cambia de color y la señal de alerta se vuelve más notoria, ayudando a evitar multas por infracción.

Para qué sirve la función de radares

El principal objetivo de la inclusión de radares en Google Maps es prevenir sanciones por exceso de velocidad y mejorar la experiencia de conducción. Al informar con anticipación sobre la presencia de cámaras fijas y controles móviles, la aplicación permite que los automovilistas reduzcan la velocidad y circulen de acuerdo a las normas.

Esta función resulta especialmente útil en rutas nacionales y accesos a grandes ciudades, donde los controles suelen sorprender a conductores poco habituados a la zona. Además, la herramienta contribuye a disminuir el estrés de la conducción, al ofrecer mayor previsibilidad y control sobre el entorno.

Google Maps no solo advierte sobre radares fijos, sino que también incorpora reportes de controles móviles, conocidos como “foto multas”. En este caso, los avisos se nutren de la información aportada por la comunidad de usuarios, quienes pueden reportar la ubicación de nuevos controles en tiempo real.

Cómo activar los avisos de radares y controles de velocidad

Para utilizar la función de radares en Google Maps, es necesario seguir algunos pasos sencillos. Primero, se debe actualizar la aplicación desde la tienda correspondiente (Play Store o App Store) a la última versión disponible. Luego, al ingresar en la app, el usuario debe tocar su foto de perfil y acceder a Ajustes, para después seleccionar Configuración de navegación.

Dentro de este menú, hay que activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro”. Así, se habilita la visualización de datos en tiempo real durante la navegación. Si los avisos no aparecen de inmediato, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la aplicación o cambiar el idioma a Español (Argentina).

El despliegue de la función es progresivo y puede depender de la zona o del perfil de usuario, teniendo en cuenta que según la Ley de Transito del país es de máximo es 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas, en zonas urbanas. Mientras que en rutas el límite es 110 km/h y en autopistas es 130 km/h para automóviles.

En caso de que la función aún no se encuentre disponible, algunos usuarios sugieren verificar la configuración regional de la cuenta, reiniciar el equipo y esperar unos días. Muchas veces, la función se habilita de manera automática, sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

La función de radares en Google Maps proporciona varios tipos de información relevante para el conductor. Por un lado, los radares fijos aparecen como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el sistema emite un aviso de voz breve y muestra una tarjeta de advertencia en la pantalla.

El incumplimiento de medidas básicas de seguridad vial continúa siendo una de las principales preocupaciones en las carreteras de Costa Rica. Durante el primer trimestre del año, miles de conductores y acompañantes fueron sancionados por no utilizar correctamente el casco o el cinturón de seguridad, dos elementos que, según las autoridades, siguen siendo determinantes para reducir la mortalidad en accidentes de tránsito.

Datos oficiales de la Policía de Tránsito revelan que, en promedio, 1,016 motociclistas fueron multados por no portar casco o utilizarlo de manera incorrecta. A esta cifra se suman otros 542 casos en los que la sanción recayó sobre el acompañante por la misma falta.

Las autoridades advierten que estas cifras reflejan una conducta reiterada que pone en riesgo no solo a los conductores, sino también a quienes viajan con ellos. En el caso de las motocicletas, el casco es considerado el principal elemento de protección ante un accidente, ya que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en la cabeza.

La situación no es distinta en los vehículos particulares. Durante el mismo periodo, se registraron 801 sanciones a conductores por no utilizar el cinturón de seguridad, mientras que 414 acompañantes también fueron multados por esta infracción.

Para la Policía de Tránsito, estos números evidencian que aún existe una falta de conciencia sobre la importancia de los dispositivos de seguridad, pese a las constantes campañas de prevención.

“El uso del casco y del cinturón no es opcional, es una medida que salva vidas”, han reiterado las autoridades, quienes insisten en que la mayoría de estas sanciones podrían evitarse con hábitos básicos de responsabilidad al conducir.

Más allá de la multa económica, que asciende a 123,000 colones (USD 250) en ambos casos, el principal llamado de las autoridades es a la prevención. Según explican, en muchos accidentes de tránsito las consecuencias más graves están directamente relacionadas con la ausencia de estos dispositivos.

En el caso de los motociclistas, no usar casco o llevarlo mal ajustado puede significar la diferencia entre sufrir una lesión leve o un trauma severo. Por su parte, el cinturón de seguridad en vehículos reduce considerablemente el riesgo de salir expulsado en caso de colisión, así como el impacto contra el volante, el tablero o el parabrisas.

Las autoridades también señalan que estas conductas no solo afectan a quienes incumplen la norma, sino que tienen un impacto en el sistema de salud y en la seguridad vial en general, al aumentar la gravedad de los accidentes.

A pesar de los operativos y controles en carretera, la reincidencia en este tipo de infracciones sigue siendo un desafío. Por ello, la Policía de Tránsito mantiene su llamado a la ciudadanía a adoptar una cultura de prevención y respeto por las normas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, es el mensaje con el que las autoridades buscan generar conciencia entre los conductores, recordando que pequeños hábitos pueden tener un impacto significativo en la seguridad personal y colectiva.

El uso correcto del casco y del cinturón de seguridad continúa siendo una de las formas más efectivas y sencillas de reducir riesgos en carretera, en un contexto donde las cifras siguen reflejando la necesidad de reforzar la educación vial en el país.

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
• Nombre o razón social
• Código postal del domicilio fiscal
• Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
• Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
• Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
• Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
• Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
• Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que se logró una recaudación de 6 mil 037 millones de pesos en materia de control vehicular, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las finanzas públicas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Este resultado refleja el avance en la modernización administrativa y el impulso de políticas públicas con enfoque social, que buscan beneficiar directamente a millones de contribuyentes en la entidad.

Como parte de estas acciones, se concretó el reemplacamiento de 218 mil unidades, lo que contribuye a mantener actualizado el padrón vehicular del Estado de México. Este proceso es clave para mejorar la seguridad jurídica de los propietarios, así como para contar con un registro confiable que permita a las autoridades tener mayor control sobre los vehículos en circulación.

El reemplacamiento también se ha convertido en una herramienta fundamental para incentivar la regularización de automovilistas que presentan adeudos, al ofrecer beneficios fiscales atractivos.

Subsidio a la tenencia impulsa cumplimiento masivo

Uno de los pilares de estos resultados es el subsidio a la tenencia vehicular, el cual permitió que más de 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el pago del refrendo 2026. Esta cifra consolida una política fiscal con sentido social, al reducir significativamente la carga económica para las familias mexiquenses.

Gracias a este esquema de apoyo, la Secretaría de Finanzas estima que se generó un ahorro total de 7 mil 094 millones de pesos, lo que representa un alivio importante para la economía de los hogares.

Este tipo de incentivos no solo favorece el bolsillo de la ciudadanía, sino que también fomentan una mayor cultura de cumplimiento voluntario.

Simplificación de trámites y digitalización, claves del éxito

Las autoridades destacaron que estos logros son resultado de una estrategia integral basada en la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la plataforma digital y una atención más cercana a la ciudadanía.

La digitalización de servicios ha permitido que los contribuyentes puedan realizar sus pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de trasladarse largas distancias, lo que ha incrementado la participación y el cumplimiento oportuno.

Asimismo, la mejora en los procesos administrativos ha reducido tiempos de espera y ha hecho más accesibles los servicios relacionados con el control vehicular.

Invitan a aprovechar descuentos y evitar multas

La Secretaría de Finanzas hizo un llamado a quienes aún no han realizado el pago de la tenencia o refrendo 2026, a hacerlo a la brevedad a través del Portal de Servicios al Contribuyente o en centros autorizados.

Además, recordó que continúan vigentes reducciones de hasta el 100 por ciento en tenencia y refrendo de ejercicios anteriores a 2024, siempre y cuando se realice el reemplacamiento.

Este programa representa una oportunidad para que los propietarios de vehículos regularicen su situación fiscal sin enfrentar cargas económicas adicionales.

Las autoridades subrayaron que cumplir en tiempo y forma permite evitar multas, recargos y posibles sanciones administrativas.

El gobierno estatal busca consolidar su política fiscal eficiente, moderna y orientada a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses, al tiempo de fortalece la confianza en las instituciones públicas.