Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las infracciones más graves y peligrosas en Colombia, razón por la cual las autoridades mantienen fuertes sanciones económicas y administrativas contra quienes incumplan la norma. En 2026, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden superar los 42 millones de pesos y, en algunos casos, implicar la pérdida de la licencia de conducción.

Según información publicada por Revista Semana, las sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en la Ley 1696 de 2013, normas que endurecieron las penas para los conductores que superen los niveles permitidos de alcohol en la sangre.

Además de las multas económicas, las personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez también pueden enfrentar inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y trabajos comunitarios obligatorios.

La legislación colombiana establece cuatro niveles de alcoholemia que determinan la gravedad de las sanciones aplicadas a cada conductor. Las autoridades utilizan estas categorías para definir el tipo de comparendo y las medidas administrativas correspondientes.

El grado cero corresponde a quienes presentan entre 20 y 39 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

El primer grado aplica cuando el nivel de alcohol está entre 40 y 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre.

En el segundo grado se ubican los conductores que registran entre 100 y 149 miligramos de etanol, mientras que el tercer grado corresponde a quienes superan los 150 miligramos. Entre más alto sea el nivel de alcohol detectado, más severa será la sanción impuesta por las autoridades de tránsito.

Las multas económicas establecidas para este año oscilan entre 90 y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dependiendo del grado de embriaguez y de si el conductor es reincidente.

Esto significa que las sanciones económicas pueden ir aproximadamente desde los 5,2 millones hasta los 42 millones de pesos en 2026.

La suspensión de la licencia de conducción también hace parte de las consecuencias para quienes sean sorprendidos manejando bajo efectos del alcohol. Según la gravedad de la infracción, esta medida puede extenderse desde uno hasta diez años.

A esto se suma la inmovilización del vehículo, procedimiento que puede mantenerse entre uno y diez días hábiles, dependiendo de la decisión de las autoridades competentes.

Las normas colombianas también contemplan la obligación de realizar acciones comunitarias o actividades pedagógicas relacionadas con seguridad vial para las personas sancionadas.

Uno de los puntos más estrictos de la legislación tiene que ver con la negativa a realizar la prueba de alcoholemia. En Colombia, rechazar este procedimiento es considerado una infracción grave y puede generar sanciones incluso más altas que algunas aplicadas por conducir en estado de embriaguez.

De acuerdo con la Ley 1696 de 2013 y el Código Nacional de Tránsito, los conductores no pueden negarse a practicar la prueba solicitada por las autoridades.

En caso de hacerlo, los agentes de tránsito podrán imponer una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esta sanción puede acercarse a los 84 millones de pesos, convirtiéndose en una de las multas más altas contempladas en la normativa de tránsito colombiana.

Las autoridades han insistido en que este tipo de controles busca reducir los accidentes asociados al consumo de alcohol y prevenir tragedias en las vías del país.

La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en Colombia, especialmente durante fines de semana, festividades y temporadas de alta movilidad.

Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden alterar la capacidad de reacción, afectar la concentración y aumentar el riesgo de accidentes.

Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar completamente el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir y utilizar alternativas como transporte público, taxis o plataformas digitales en caso de haber ingerido licor.

Mientras tanto, los operativos de control y las pruebas de alcoholemia continúan realizándose en distintas ciudades y carreteras del país como parte de las estrategias para reducir la accidentalidad.

Tapar, alterar o dificultar la visibilidad de la placa de un vehículo en Colombia puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del automotor durante 2026. Las autoridades de tránsito mantienen controles sobre esta práctica, considerada una infracción dentro del Código Nacional de Tránsito por impedir la correcta identificación de carros y motocicletas en las vías del país.

Según información divulgada por Revista Semana, la normativa colombiana establece que las placas deben permanecer visibles y en óptimas condiciones mientras el vehículo circule por calles y carreteras.

La ley prohíbe modificar, cubrir o alterar las placas de vehículos bajo cualquier circunstancia.

La restricción aplica tanto para motocicletas como para carros particulares, vehículos de carga y automotores de servicio público.

El objetivo de la norma es permitir que las autoridades puedan identificar correctamente cada vehículo registrado dentro de las bases de datos oficiales del país.

Además, las placas son fundamentales para procesos relacionados con controles de tránsito, seguridad vial, comparendos electrónicos e investigaciones judiciales.

La infracción está contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito y puede ser aplicada incluso cuando la placa esté parcialmente cubierta o manipulada.

La Ley 769 de 2002 establece que la identificación del vehículo no puede ocultarse mediante cintas, plásticos, accesorios, objetos o cualquier otro elemento que dificulte su lectura.

También puede ser sancionado un conductor que ensucie deliberadamente la placa con barro, pintura o residuos para evitar que sea reconocida por cámaras o agentes de tránsito.

Las autoridades consideran estas prácticas como una falta que afecta la identificación plena del automotor.

Ocultar la placa está relacionado con la infracción B03 del Código Nacional de Tránsito colombiano.

Esa conducta permite que los agentes de tránsito impongan comparendos a los conductores que incumplan la obligación de mantener visible la identificación del vehículo.

El control sobre esta práctica ha tomado relevancia debido al aumento de casos en los que algunos conductores intentan evadir sanciones, cámaras de fotomultas o controles de movilidad alterando las placas.

Según las autoridades, cualquier modificación que impida la lectura correcta de números o letras puede derivar en sanciones inmediatas.

Las multas por ocultar o alterar la placa pueden oscilar entre 330.000 y 350.000 pesos durante 2026.

La sanción económica equivale aproximadamente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, aunque el valor puede variar dependiendo de actualizaciones salariales o ajustes aplicados en cada ciudad.

Además del comparendo, las autoridades de tránsito pueden ordenar la inmovilización inmediata del vehículo.

En esos casos, el automotor es trasladado a patios oficiales mientras se adelantan los procedimientos administrativos correspondientes.

La inmovilización del vehículo puede aumentar considerablemente los costos para el conductor.

A la multa inicial se suman gastos relacionados con el servicio de grúa y los cobros diarios de parqueadero en los patios autorizados.

Eso significa que el valor final de la sanción puede terminar siendo mucho mayor al comparendo inicial impuesto por las autoridades.

Las autoridades de tránsito han insistido en que los conductores deben verificar constantemente el estado físico de las placas para evitar sanciones.

También recuerdan que las placas deterioradas, dobladas o ilegibles pueden generar inconvenientes similares durante operativos de control vial.

El Código Nacional de Tránsito exige que la placa permanezca completamente visible y en buen estado mientras el vehículo esté circulando.

La medida busca fortalecer los mecanismos de identificación de automotores y facilitar las labores de vigilancia y control en las carreteras y ciudades del país.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar cualquier elemento decorativo o accesorio que pueda tapar parcial o totalmente la identificación del vehículo.

En medio de los operativos de tránsito que se realizan en diferentes regiones de Colombia, este tipo de infracciones continúa siendo una de las conductas más vigiladas por los agentes encargados de la movilidad.

Un conductor ha sido sancionado con 200 euros tras ser interceptado en un control de tráfico por no disponer de un sistema para reparar un pinchazo, a pesar de llevar en el vehículo la baliza V-16 de emergencia, según lo han recogido medios como Regió7, la COPE o El Periódico.

Y es que como cualquier conductor sabe, hay mundo más allá de la baliza V-16 y el simple hecho de llevarla no puede eximir de cumplir el resto de obligaciones que marcan las leyes de seguridad vial. Según estos medios, el caso se enmarca en controles rutinarios de la Guardia Civil en los que se verifica no solo la señalización de emergencia, sino también el equipamiento obligatorio para afrontar averías básicas.

En este supuesto, el conductor sí contaba con la baliza V-16, el dispositivo luminoso que ha sustituido a los triángulos de emergencia, pero no disponía de rueda de repuesto ni de kit antipinchazos, lo que habría motivado la sanción administrativa.

El kit antipinchazos

La obligación de contar con un sistema para reparar un pinchazo, ya sea una rueda de repuesto o un kit antipinchazos, viene recogida normativa española de tráfico. En concreto, el Reglamento General de Vehículos establece en su anexo XII que los turismos deben disponer de “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”.

Este punto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deja claro que no existe una única solución obligatoria, pero sí la exigencia de contar con algún medio efectivo para garantizar la movilidad del vehículo en caso de pinchazo.

La razón de esta exigencia es garantizar que un vehículo no quede inmovilizado en una vía pública sin posibilidad de desplazarse de forma segura tras una avería en los neumáticos. El propio reglamento contempla que este sistema puede ser una rueda de repuesto tradicional, una rueda de uso temporal o un kit de reparación que permita una solución provisional suficiente para continuar la marcha hasta un taller.

En los últimos años, muchos fabricantes han dejado de incluir rueda de repuesto en los vehículos nuevos, justificando por motivos de espacio, reducción de peso y mejora de la eficiencia del consumo. Como consecuencia, el kit antipinchazos, que suele incluir un líquido sellador y un compresor, se ha convertido en la alternativa más habitual. Este sistema permite una reparación temporal del neumático, suficiente para circular hasta un taller cercano.

La baliza V-16

En cuanto a la baliza V-16, se trata de un dispositivo de señalización de emergencia que a partir del inicio de este año ha pasado a ser obligatorio en España como sustituto de los triángulos tradicionales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este sistema será el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada.

Esta obligatoriedad está recogida en el Reglamento General de Vehículos, desarrollado mediante reales decretos que regulan los servicios de auxilio en vías públicas. Según esta normativa, desde su entrada en vigor en 2026, todos los turismos, furgonetas, autobuses y vehículos de transporte deberán llevar un dispositivo V-16 homologado y conectado.

El dispositivo debe cumplir además requisitos técnicos específicos: emitir una señal luminosa visible a 360 grados, funcionar durante un tiempo mínimo determinado y estar certificado por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE. La normativa también establece el modo de uso: en caso de avería o accidente, el conductor debe activar la baliza y colocarla en la parte más alta del vehículo, preferiblemente en el techo, sin necesidad de abandonar la calzada durante largos periodos.

El aumento de los fraudes digitales en la Ciudad de México ha provocado que miles de ciudadanos reciban mensajes engañosos sobre supuestas multas de tránsito.

Autoridades locales, modus operandi y advertencias se han convertido en temas recurrentes desde que la modalidad comenzó a circular entre conductores y motociclistas de la capital.

A través de mensajes SMS, los usuarios reciben alertas como “Infracción de tráfico registrada” o “Secretaría de Finanzas CDMX informa multa pendiente”, acompañadas de enlaces web.

Los remitentes solicitan datos bancarios y el pago inmediato, lo que configura un esquema de fraude que va más allá de simples notificaciones falsas.

Nueva modalidad de fraude: mensajes sobre multas de tránsito

Esta estrategia fraudulenta se suma a otras prácticas como carreras deportivas inexistentes, sorteos fraudulentos y compras no reconocidas.

Los estafadores aprovechan la existencia real de descuentos ofrecidos por el gobierno de la Ciudad de México para multas viales, lo que incrementa la confusión entre los ciudadanos.

Los mensajes no provienen de ninguna autoridad oficial ni de la Secretaría de Finanzas local. Las autoridades han reiterado que la dependencia no utiliza mensajes de texto para notificar multas.

Por el contrario, el canal legítimo para consultar o pagar sanciones es el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Quienes deseen verificar adeudos deben ingresar directamente al sitio web oficial, con su cuenta Llave CDMX y contraseña. Solo allí pueden consultar y saldar sus multas de forma segura, ya sea en línea o mediante un formato de pago múltiple.

Recomendaciones de seguridad ante fraudes digitales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de trampas.

Entre las sugerencias principales se encuentran: no abrir enlaces desconocidos, ignorar mensajes sospechosos y nunca proporcionar información bancaria en portales que no sean oficiales.

Si un ciudadano recibe alguno de estos mensajes, la SSC aconseja no responder y establecer contacto inmediato con las autoridades, ya sea a través del número de emergencia 911 o mediante la aplicación Mi Policía.

Estas medidas buscan frenar la propagación de fraudes y proteger los datos personales de la población.

Para quienes se preguntan cómo identificar un mensaje fraudulento sobre multas de tránsito, la clave está en desconfiar de cualquier aviso que solicite pagos directos o datos bancarios mediante enlaces de origen dudoso.

El gobierno capitalino nunca envía notificaciones de este tipo por SMS.

La proliferación de fraudes digitales relacionados con multas de tránsito exige mayor precaución por parte de los habitantes de la Ciudad de México.

Consultar únicamente canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades resulta fundamental para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal.

Las multas por manejar scooters eléctricos sin casco, elementos reflectantes o en vías prohibidas en CDMX a partir de septiembre de 2026

Desde el 1 de julio de 2026, la Ciudad de México exige nuevas reglas para quienes utilizan scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de alta potencia. Las reformas buscan reforzar la seguridad vial y el control de estos vehículos en la capital.

Las sanciones económicas aplicarán para quienes no cumplan con las normas de uso de casco, elementos reflectantes, luces y por circular en vías restringidas. La autoridad responsable es la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Motivos de multa: casco, reflectantes y vías prohibidas

A partir de septiembre de 2026, no usar casco tipo motociclista, carecer de elementos reflectantes o transitar fuera de zonas autorizadas se sancionará con multas de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a aproximadamente $1,130 a $2,260.

La obligación de portar casco incluye que esté debidamente abrochado y en buen estado. Es indispensable también que el vehículo o el conductor lleven elementos reflectantes y luces delanteras y traseras, especialmente para circular en condiciones de baja visibilidad.

Está prohibido conducir estos vehículos por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos para autobuses y vías rápidas donde el límite de velocidad supere los 50 km/h. Si se infringe esta disposición, la multa puede incrementarse hasta 30 UMAs ($3,394) y el vehículo puede ser remitido al corralón.

Las autoridades buscan reducir los accidentes y ordenar la movilidad eléctrica, asegurando que los conductores sean visibles y respeten los espacios permitidos.

Inicio de la regulación y alcance

Las reformas aprobadas por el Congreso local establecen que desde el 1 de julio de 2026 será obligatorio emplacar y contar con licencia para scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de más de 250 watts o que superen los 25 km/h.

Desde el 1 de septiembre, las multas comenzarán a aplicarse. La fecha límite para regularizar vehículos existentes será el 20 de noviembre del mismo año. Todos los vehículos nuevos deberán salir emplacados desde las tiendas, siendo las empresas comercializadoras responsables del registro previo a la entrega.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará campañas informativas y habilitará una plataforma digital para facilitar trámites.

Multas y sanciones por incumplimiento

Las sanciones económicas por incumplir cualquiera de las obligaciones pueden ser:

• Circular sin placas o licencia: 10 UMAs (alrededor de $1,130).
• Reincidencia o faltas en zonas restringidas: hasta 30 UMAs ($3,394).
• No usar casco, luces o elementos reflectantes: entre 10 y 20 UMAs ($1,130 a $2,260).
• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: inmovilización inmediata del vehículo.

Si el conductor reincide en las infracciones, la multa será mayor y el vehículo podría ser remitido a un depósito.

Requisitos para emplacamiento y licencia

Para obtener placas y tarjeta de circulación, el usuario debe presentar ante la Semovi:

• Identificación oficial vigente
• Factura o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas es de $709)
• Licencia tipo A1 o A2

Las licencias cuestan $572 (tipo A1) y $1,142 (tipo A2), las mismas requeridas para motocicletas.

La nueva categoría legal es Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Exenciones y casos especiales

Quedan exentas de emplacamiento y licencia las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h, y los vehículos eléctricos personales (VEP) que no superen los 35 kg de peso ni los 25 km/h.

Para circular, estos vehículos deberán portar un holograma oficial expedido por la Semovi.

Principales reglas para conductores

Las disposiciones obligatorias para quienes manejen scooters eléctricos o bicicletas eléctricas de alta potencia incluyen:

• Solo personas mayores de edad pueden conducir estos vehículos.
• Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas está prohibido.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.

Las reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Bases legales y consulta de información oficial

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se publicaron en la Gaceta Oficial y pueden consultarse en los canales institucionales de la Semovi y el Congreso local. Los lineamientos detallados del proceso estarán disponibles en el portal oficial y en oficinas de atención ciudadana.

Al final la multa económica se ha rebajado notablemente. El Ayuntamiento madrileño de Coslada, gobernado por PSOE y Podemos-IU (Más Madrid abandonó el Gobierno local en marzo), ha decidido imponer una sanción de 2.274.975 euros a la empresa que gestiona el contrato de limpieza viaria del municipio, una UTE formada por las empresas FCC y Acciona, dos de los gigantes del sector servicios. La Junta de Gobierno local aprobó esta semana la sanción tras tener en cuenta las alegaciones presentadas por las empresas, ya que la cuantía inicial era de 9,3 millones de euros.

La UTE Coslada (FCC y Acciona) ganó en enero de 2022 el contrato para limpiar las calles del municipio por un periodo de cinco años. A cambio, el Consistorio le debe pagar 28,4 millones de euros. Dos años y medio después, en junio de 2024, el Gobierno local se dio cuenta de que la UTE no estaba cumpliendo con lo firmado y emitió un informe con todos esos incumplimientos, que desembocó en abril de 2025 con un expediente de incoación de sanciones. Una penalización que empezó en 9,3 millones y que en julio de 2025 se concretó en 7.020.190 euros. Cifra que fue variando según los técnicos municipales fueron afinando sus informes. En diciembre de 2025, por ejemplo, la multa subió a 8.378.421 euros.

El Ayuntamiento había detectado 9 incumplimientos por parte de Acciona y FCC. Lo más llamativo es la diferencia de jornadas de trabajo que tenían que realizar los operarios de la Unión Temporal de Empresas con las finalmente ejecutadas. El Consistorio recuerda que el “adjudicatario ofertó 2.000 jornadas de trabajo anuales” y que en enero de 2024 se detectaron que 726 jornadas no se habían trabajado. Trabajar menos horas de las previstas no es el único incumplimiento. La UTE se comprometió a aportar a la plantilla de vehículos un camión portacontenedores y a llevar a cabo un sistema de control de absentismo.

La documentación oficial de la sanción revela que la UTE aun tiene pendiente de facturar al Ayuntamiento 4,7 de los 28,4 millones del contrato y que cuando el Ayuntamiento finalizó el expediente sancionador, Acciona y FCC ya habían subsanado cuatro incumplimientos porque, “aunque tarde, ya están adscritos al servicio el camión portacontenedores, las instalaciones auxiliares, el sistema de control de calidad, y el sistema de control de absentismo”, irregularidades que sumaban 5.514.664 euros en penalizaciones.

“Si la imposición de penalidades es utilizada en la contratación administrativa solo como un medio coercitivo o de presión al contratista, que se aplica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; entonces la acción de la Administración precluirá tan pronto como desaparezca el incumplimiento del contratista”, explican desde el Consistorio. Dicho de otro modo: “como el contratista ya subsanado cuatro incumplimientos, y por ellos ya no se le podrá penalizar”, entonces a la sanción inicial de 7.311.125 euros habría que restarle la cantidad de 5.514.664 euros, resultando un importe de 1.796.460 euros.

No cumplieron pero cobraron

“Esto podría parecer razonable si no fuera por el hecho de que la UTE Coslada, conformada por FCC y Acciona, empresas de reconocido prestigio internacional, que están sobradamente capacitadas para prestar este servicio al Ayuntamiento de Coslada con unos estándares de calidad máximos, por las razones que fueren, durante largos periodos de la ejecución del contrato, no cumplieron con sus obligaciones y, sin embargo, cobraron por sus servicios íntegra y puntualmente; lo que nos lleva a explorar la naturaleza de finalidad resarcitoria que también la imposición de penalidades tiene", matizan desde el Ayuntamiento.

Es decir, que desde el Gobierno local entieden que no se debe imponer la sanción más alta “como si la UTE nada hubiera subsanado”, pero que “se ha de encontrar una fórmula para que se actúe con proporcionalidad, no se ponga en peligro la ejecución de lo que resta del contrato (enero del 2027), no se comprometa el valor reputacional de las sociedades integrantes de la UTE y se resarza al municipio de Coslada de los efectivos incumplimientos que en este contrato se han producido”. Una decisión que ha elevado la sanción definitiva a 2.274.975 euros, el 20% de lo que el Ayuntamiento pagó la UTE en los años 2023 y 2024.

La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, donde están todos los grupos municipales, aprobó el pasado 30 de abril de 2026 esta multa de 2,2 millones de euros. La sanción se acordó con 23 votos a favor, y dos abstenciones. Tras pasar por la Comisión, la Junta de Gobierno la ratificó este 5 de mayo. Paco Becerra, portavoz del PP, señala que están de acuerdo con la imposición de penalidades propuesta “tras examinar los informes técnicos, que coincide con la percepción que hay en la ciudad sobre la eficacia del servicio. la UTE ha incumplido desde el inicio del contrato y esos incumplimientos han conllevado un déficit en el servicio que deben prestar”. Paz Garretas, de Más Madrid, recalca que “como partido ahora en la oposición hemos revisado y analizado todos los informes técnicos que acompañan ese expediente de penalización. Son solventes y acordes a ley, por lo que los cálculos de los importes de penalizaciones por incumplimiento de contrato que definitivamente se han impuesto son correctos”.

A partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México (CDMX) hará obligatorio el emplacamiento y la obtención de licencia para quienes circulen en scooters, bicicletas eléctricas y otras variantes de micromovilidad eléctrica que superen los 250 watts de potencia o alcancen más de 25 km/h.

La medida responde a reformas aprobadas por el Congreso local y busca reforzar la seguridad vial y la certeza jurídica para este tipo de transporte.

Las multas comenzarán a aplicarse desde el 1 de septiembre de 2026.

• Circular sin placas o sin la licencia adecuada implicará una sanción de 10 UMAs aproximadamente $1,130 según el valor vigente de la UMA.
• En casos de reincidencia o si las faltas se cometen en zonas restringidas, las multas podrán elevarse hasta 30 UMAs ($3,394).
• También habrá multas de 10 a 20 UMAs por no cumplir con el uso de casco, luces o elementos reflectantes.

La fecha límite para regularizar vehículos existentes es el 20 de noviembre de 2026.

Todos los vehículos nuevos deben salir emplacados desde las tiendas, siendo responsabilidad de las empresas comercializadoras procesar el registro previo a la entrega.

Requisitos y proceso de emplacamiento

La reforma establece la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), que agrupa a scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia.

Para obtener las placas y la tarjeta de circulación, los usuarios deberán presentar ante la SEMOVI:

• Identificación oficial vigente
• Factura original o documento de propiedad
• Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses
• Línea de captura pagada (el costo estimado de placas ronda los $709)
• Licencia de conducir tipo A1 o A2 (las mismas exigidas para motocicletas)

Costos de licencias para VEMEPE

Las licencias tendrán un precio de $572 para la tipo A1 y $1,142 para la tipo A2.

La SEMOVI ha evaluado más de 120 modelos distintos para definir los criterios técnicos y mantiene mesas de trabajo con empresas comercializadoras para establecer las condiciones finales de registro y venta.

Restricciones y obligaciones para usuarios

Los VEMEPE tendrán prohibido circular por banquetas, ciclovías, carriles de bus y vías rápidas donde la velocidad máxima sea superior a 50 km/h.

Además, el uso de casco tipo motociclista, luces encendidas y elementos reflectantes será obligatorio.

Los conductores deberán portar siempre la licencia y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Cualquier incumplimiento puede derivar en la inmovilización del vehículo.

El registro es obligatorio incluso si el scooter o bicicleta eléctrica cuenta con placas de otra entidad federativa, con el fin de integrar un padrón confiable en la capital.

La SEMOVI anunció que publicará lineamientos complementarios y habilitará una plataforma digital para facilitar los trámites, en coordinación con campañas informativas.

Lineamientos institucionales y fuentes oficiales

Las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México fueron publicadas en la Gaceta Oficial y pueden ser consultadas a través de los canales oficiales de SEMOVI y el Congreso de la Ciudad de México.

El proceso de registro y los requisitos detallados estarán disponibles en el portal institucional y en oficinas de atención ciudadana.

Los lineamientos aplican únicamente a vehículos eléctricos personales que cumplan con los criterios de potencia y velocidad.

Las bicicletas de pedaleo asistido con motor menor a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h quedan exentas del emplacamiento y la licencia.

Principales reglas para la circulación de scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

Las nuevas disposiciones establecen las siguientes reglas obligatorias para usuarios de scooters y bicicletas eléctricas de alta potencia en la Ciudad de México:

• Solo mayores de edad pueden conducir estos vehículos.Es obligatorio portar placa y licencia de conducir tipo A1 o A2.
• El uso de casco tipo motociclista es indispensable en todo momento.
• Se prohíbe circular por banquetas, carriles de bus y vías rápidas con límite mayor a 50 km/h.
• Los vehículos deben contar con luces delanteras, traseras y elementos reflectantes.
• Se sanciona conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
• Para vehículos exentos de emplacamiento, es obligatorio portar un holograma de identificación.
• Reincidir en infracciones eleva el monto de las multas y puede derivar en la inmovilización del vehículo.
• Estas reglas buscan reforzar la seguridad y el orden en la movilidad eléctrica personal en la capital.

Exención de holograma para VEP

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) incluyen bicicletas eléctricas y vehículos con motor asistido que no superan los 25 km/h ni los 35 kg de peso.

Estas unidades estarán exentas de emplacamiento y licencia, pero deberán portar un holograma oficial expedido por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para poder circular y compartir ciclovías.

Más de 140 quejas y sanciones por $17 mil se han impuesto en Panamá durante el primer trimestre de este año contra de los comercios que incumplen con los beneficios que por ley deben recibir los jubilados.

Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con la tasa de interés, que encabeza la lista con 55 denuncias, seguida del incumplimiento del descuento del 25% en restaurantes, unos 24 casos, y la falta en 21 casos de letreros informativos obligatorios.

También se reportaron 17 casos donde no se otorgó el descuento correspondiente, dejando en evidencias fallas directas en la aplicación de derechos claramente establecidos por ley, afirma la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Anomalías en préstamos personales y comerciales, descuentos no aplicados en transporte aéreo, consumo en franquicias de comida rápida, transporte público, farmacias, así como en servicios médicos privados y técnicos, son otros de los incumplimientos detectados.

Al desglosar las faltas y sus sanciones, la entidad informó que se impusieron 13 sanciones en primera instancia, que suman $17,800.00.

Las multas más significativas están vinculadas a la tasa de interés, $11,200.00, y a irregularidades en préstamos personales y comerciales, que totalizan $5,600.00, lo que refleja que las infracciones no solo afectan beneficios básicos, sino también compromisos financieros más complejos.

La entidad gubernamental indicó que las recaudaciones totales por estas multas son depositadas a la cuenta del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados.

Aunque las sanciones representan un avance en la fiscalización, para la institución las cifras de denuncias sugieren que el problema persiste y que aún existen debilidades en el cumplimiento voluntario por parte de algunos agentes económicos.

En Panamá los jubilados tienen derecho a descuentos obligatorios por ley de 50% en cines, teatros, conciertos y eventos deportivos, 30% en autobuses interurbanos, trenes y transporte marítimo, 25% en pasajes aéreos nacionales e internacionales, igualmente tienen beneficios de 50% de lunes a jueves y de 30% en fines de semana en hoteles, moteles y pensiones.

Los descuentos se extienden a 25% en restaurantes y 15% en comida rápida, así como 20% en consultas médicas y honorarios profesionales, además de 15% en servicios odontológicos, optometría y hospitalización, entre otros.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia también reiteró a la ciudadanía sobre el reclamo de vicios ocultos en los productos, que no son visibles al momento de adquirir un bien, pero que con el tiempo afectan su uso, valor o funcionalidad.

Rolando Murgas, defensor de la Acodeco, detalló que estos casos no aplican cuando el daño ha sido previamente informado al consumidor y el producto se ofrece a un menor precio o con descuento.

“En estos casos, al ser aceptada la condición por el consumidor, no estamos ante un vicio oculto reclamable”, precisó.

Explicó que los vicios ocultos suelen presentarse en bienes inmuebles, como viviendas o apartamentos.

Entre los ejemplos más comunes mencionó fallas estructurales en cielorrasos de PVC o gypsum, que por una mala instalación pueden deformarse o colapsar con el tiempo. “A veces, por abaratar costos, no se respetan las distancias adecuadas en la estructura, lo que provoca que el material se pandee o ceda posteriormente”, indicó.

Otro caso frecuente ocurre cuando las dimensiones reales de una propiedad no coinciden con lo ofertado. “Si usted compra un terreno de 200 metros cuadrados y al medirlo resulta que tiene 180, está perdiendo una cantidad importante de dinero. Lo mismo sucede con apartamentos o viviendas donde cada metro cuadrado tiene un alto valor”, advirtió el funcionario de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Desde mayo de 2026, entra en vigor un endurecimiento en las normas de tránsito relacionadas con el uso de vidrios polarizados en distintas entidades del país. La medida establece una prohibición general de películas que reduzcan la visibilidad en más de un 20 por ciento en ventanas laterales y traseras, lo que impacta directamente a miles de automovilistas que utilizan este tipo de modificaciones.

El objetivo central de esta regulación es mejorar las condiciones de seguridad pública, facilitar la identificación de ocupantes dentro de los vehículos y reducir riesgos asociados a la conducción en condiciones de baja visibilidad, como durante la noche o en lluvia intensa.

Multas de hasta 13 mil pesos y aplicación inmediata

Las sanciones por incumplir esta normativa pueden alcanzar hasta 110 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, cerca de 13 mil pesos. Estas multas podrán ser aplicadas directamente por elementos de tránsito y policías municipales durante operativos viales.

En el estado de Hidalgo, reglamentos similares ya se aplican desde abril de 2026, con sanciones que van desde los 350 hasta los 13 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tipo de alteración detectada en los cristales del vehículo.

Excepciones: solo con justificación médica

A pesar de la prohibición general, la normativa contempla excepciones estrictas para personas con condiciones médicas que requieren protección adicional contra la luz solar.

Entre los casos considerados están enfermedades como el lupus eritematoso sistémico o el xeroderma pigmentoso, así como padecimientos que generen sensibilidad extrema a la luz.

Para obtener el permiso, los conductores deberán tramitar una autorización ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México —en el caso de la Ciudad de México— o ante autoridades equivalentes en otros estados.

Requisitos principales:

• Certificado médico que justifique el uso
• Documentación oficial del vehículo
• Identificación del solicitante
• Pago de derechos administrativos

Operativos, riesgos y recomendaciones

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, se prevé un incremento en los operativos de revisión vehicular. Las autoridades buscarán verificar el cumplimiento del nivel de transparencia permitido en los cristales.

Especialistas advierten que muchos polarizados disponibles en talleres no cumplen con la normativa vigente, lo que podría derivar en sanciones inmediatas para los conductores que los utilicen sin verificar sus especificaciones.

Además, el impacto económico de estas multas es significativo. Una sanción máxima de 13 mil pesos representa más de dos meses del apoyo otorgado por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que evidencia la severidad de la medida.

Lo que debes tener en cuenta

• El uso de vidrios polarizados queda restringido si excede el 20 por ciento de opacidad.
• Las multas pueden llegar hasta los 13 mil pesos.
• Solo se permite el polarizado con autorización médica oficial.
• Los operativos serán más frecuentes desde mayo de 2026.

La regulación marca un cambio importante en las políticas de movilidad y seguridad vial en México. Para los automovilistas, el mensaje es claro: verificar el estado de sus vehículos y cumplir con la normativa será clave para evitar sanciones elevadas en los próximos meses.

Los vehículos autónomos en California ya no estarán exentos de la responsabilidad directa ante infracciones de tránsito.

Las nuevas regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) establecen un marco legal que permite a las autoridades emitir multas y sanciones a los fabricantes de autos autónomos por las infracciones cometidas por sus vehículos en circulación, equiparando su tratamiento al de los conductores humanos.

El cambio se produce tras la aprobación, el 28 de abril de 2026, de la normativa más extensa de Estados Unidos sobre vehículos autónomos (AV, por sus siglas en inglés).

Estas reglas actualizan de manera integral los requisitos de seguridad, supervisión y cumplimiento para todos los AV, abarcando desde sedanes ligeros hasta camiones pesados y autobuses de tránsito.

A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, las fuerzas de seguridad podrán emitir Notificaciones de Incumplimiento de AV a los fabricantes cada vez que un vehículo autónomo infrinja el reglamento de tránsito.

Esto marca un precedente: por primera vez, los sistemas automáticos serán sujetos a un régimen sancionador similar al de las personas.

La medida busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las compañías tecnológicas, en línea con un crecimiento sostenido de la industria en California.

Cómo funcionan las nuevas sanciones para vehículos autónomos

El proceso de sanción para los autos sin conductor humano establece que, si un AV comete una violación de tránsito—como saltar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida o no respetar una señal de alto—la policía puede emitir una notificación formal al fabricante responsable.

Este documento, denominado Notice of AV Noncompliance, obliga a la empresa a responder y, en su caso, asumir las consecuencias que hasta ahora solo recaían sobre conductores humanos.

Además de las multas, las nuevas regulaciones habilitan a la DMV para imponer restricciones operativas personalizadas, como limitar el tamaño de la flota, definir zonas y horarios de operación, e incluso suspender permisos en caso de faltas reiteradas.

Según Steve Gordon, director de la DMV, “estas actualizaciones refuerzan la seguridad pública y la transparencia, al tiempo que incorporan nuevos niveles de responsabilidad para los fabricantes de AV”.

La normativa también exige que los fabricantes mantengan actualizados sus planes de interacción con los cuerpos de emergencia y que sus sistemas permitan la intervención manual inmediata, garantizando comunicaciones bidireccionales con tiempos de respuesta inferiores a 30 segundos.

Emergencias y zonas restringidas: el control ante situaciones críticas

Las nuevas reglas contemplan escenarios de emergencia, otorgando a las autoridades locales la facultad de emitir directivas electrónicas de geoperimetraje (“geofencing”).

En caso de incidentes que comprometan la seguridad pública—como incendios, accidentes graves o evacuaciones—los funcionarios podrán declarar zonas restringidas a las que ningún vehículo autónomo podrá acceder mientras dure la emergencia.

Si un AV se encuentra dentro del área, deberá salir de inmediato, y cualquier incumplimiento puede conllevar la suspensión del permiso de operación.

Esta medida responde a la preocupación de que los vehículos sin conductor puedan interferir en operaciones de rescate o dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.

De la prueba a la sanción: estrictos requisitos para operar

Para poder desplegar vehículos autónomos en modo comercial, las empresas deberán completar fases rigurosas de prueba. El reglamento exige un mínimo de 50.000 millas recorridas con un conductor de seguridad a bordo en el caso de vehículos ligeros, y hasta 500.000 millas para camiones y autobuses pesados.

Solo tras superar estas etapas y documentar un caso estructurado de seguridad—que incluye hardware, software y procedimientos operativos—la DMV autoriza la transición al servicio sin conductor.

En paralelo, los operadores remotos (quienes supervisan y pueden intervenir los AV a distancia) deberán cumplir estándares de capacitación y certificación, homologables a los que se exigen a los conductores tradicionales.

Las denuncias por presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior comenzaron a multiplicarse en distintos sectores industriales y ya derivaron en investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas impulsadas por ARCA.

Mientras, una cámara empresaria del sector de electrodomésticos denunció una combinación de subfacturación, comercialización sin certificaciones y falsificación documental, el organismo aduanero avanzó con expedientes vinculados a importaciones de calzado e indumentaria provenientes de China.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales. En algunos expedientes, además, aparecieron observaciones sobre documentación presuntamente adulterada.

Denuncias y multas de ARCA

Según pudo confirmar Infobae, ARCA avanzó con investigaciones sobre operaciones de importación de indumentaria y calzado, entre otras.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales

Fuentes del sector textil confirmaron que el organismo recaudador y aduanero tiene nutridos expedientes y denuncias contra al menos dos grandes importadores y que ya las sancionó con multas millonarias.

Consultadas fuentes de ARCA, confirmaron los hechos pero no mencionaron el nombre de las empresas ni dieron detalles de los expedientes.

De todos modos, las fuentes empresarias aportaron datos y dijeron que se trata de Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., firma vinculada con las licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.

Según documentación que aportaron fuentes del sector textil, en el primer caso, la empresa declaró valores extremadamente bajos para la importación de remeras sintéticas. Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274. El valor total declarado ascendió a USD 1,06 por kilo y esos montos son ostensiblemente inferiores a los valores usuales de mercadería similar. Los antecedentes de valor aprobados para prendas comparables oscilaron entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.

Las fuentes sectoriales afirmaron que según estimaciones técnicas oficiales sobre costo internacional de producción de las remeras, teniendo en cuenta costos de materia prima, confección, estampado e insumos adicionales, producir una remera básica en Asia implicó un costo estimado de entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad. El valor declarado por la firma se ubicó incluso por debajo del costo estimado de la materia prima.

Para el caso de Latin Shoes SA, se analizaron más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China realizados entre fines 2021 y 2025. La investigación se originó a partir de operaciones en las que la empresa declaró valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.

Esos valores coincidieron con el umbral fijado para evitar el pago de derechos antidumping sobre importaciones de calzado. En este caso se detectaron distintas inconsistencias vinculadas con permisos de salida y facturas comerciales, como textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos y ausencia de códigos QR o códigos de barras.

También hubo diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. En relación con las facturas comerciales, algunas no incluyeron origen de mercadería y que aparecieron diferencias en las formas de pago.

Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274

Sobre este caso, ARCA habría encuadrado el expediente en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Siempre según datos del sector, las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas superaran los USD 70 millones.

Las denuncias empresarias y los expedientes abiertos por ARCA aparecieron en medio de un escenario de crecimiento de importaciones -aunque en los últimos meses el crecimiento se frenó debido a elevados stocks y una demanda planchada- y mayor presencia de productos provenientes de China en distintos segmentos del mercado local.

Competencia desleal

Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines (Cafavep) difundió un comunicado en el que denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con la comercialización de pequeños electrodomésticos en plataformas digitales. Según la entidad, una investigación realizada sobre datos de importación declarados ante la Aduana reveló que distintos operadores comercializaron productos mediante una combinación de prácticas ilegales que incluyó subfacturación de importaciones, venta de productos sin certificación y falsificación de certificados de seguridad.

“La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines hace pública una denuncia formal sobre una situación de competencia desleal que está destruyendo a la industria nacional de electrodomésticos y poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores argentinos”, indicó el comunicado.

La entidad empresaria sostuvo que detectó valores FOB extremadamente bajos en distintas categorías de productos. Uno de los casos mencionados correspondió a ventiladores de techo retráctiles. Cafavep aseguró que el precio FOB mínimo de mercado para ese tipo de producto rondó los USD 15 por unidad. Sin embargo, la cámara relevó importaciones declaradas a valores de entre 5,12 y 9,50 dólares.

La entidad también señaló que una empresa importó más de 13.000 unidades de ventiladores de techo declarando un valor FOB de USD 7,20 por unidad.

En el comunicado aparecieron además otros ejemplos de productos ingresados con valores considerablemente inferiores a los habituales de mercado.

Según la cámara, algunas air fryers de 1600 watts ingresaron con valores declarados de USD 4,86, mientras que cafeteras espresso figuraron con precios de USD 2,69 y mixers de 500 watts con valores de 2,07 dólares. Según la entidad, esos montos implicaron niveles de subfacturación de entre el 50% y el 85% respecto de los valores reales estimados. “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”, afirmó la entidad.

Productos sin certificación

El comunicado también incluyó advertencias sobre la comercialización de productos eléctricos sin certificaciones de seguridad. “Estimamos que un alto porcentaje de los pequeños electrodomésticos comercializados actualmente en plataformas digitales en Argentina no cuenta con la certificación correspondiente”, señaló la cámara.

La entidad agregó que “el certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.

En otro tramo del documento, Cafavep sostuvo que las empresas formales del sector enfrentaron una fuerte desventaja competitiva frente a operadores que incumplieron normas tributarias y técnicas. Según la cámara, las compañías que importaron correctamente, realizaron ensayos y certificaciones y pagaron impuestos afrontaron una diferencia de costos de entre el 30% y el 60% sobre el precio final. “Esta situación está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleos formales y el desmantelamiento de una industria que ha tardado décadas en construirse”, indicó el comunicado.

La entidad informó además que presentó una denuncia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que remitió documentación a ARCA y a la Secretaría de Comercio. El comunicado también reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales que comercializan productos eléctricos.

En mayo de 2026, los Verificentros de la Ciudad de México interrumpen su actividad el viernes 1 debido al Día del Trabajo, lo que modifica la prestación del servicio y obliga a los conductores a planear con antelación sus trámites para evitar sanciones económicas y afectaciones sobre la circulación, según la información de la Secretaría del Medio Ambiente. La suspensión incide en quienes buscan verificar durante la última etapa del primer semestre del año, cuando coinciden vehículos con diferentes engomados y terminaciones de placa, y el incumplimiento puede generar multas superiores a los $3.000 o restricciones severas como la aplicación del Hoy No Circula.

La Sedema advierte que los Verificentros detienen operaciones únicamente el 1 de mayo. El sábado 2 de mayo reanudan el servicio en su horario normal, de 8:00 a 20:00 horas. Además, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes permanecen cerradas tanto el 1 como el 5 de mayo; la primera retoma el trámite el lunes 4, y la segunda el miércoles 6, ambas con horario habitual de 9:00 a 14:00. La autoridad pide a los propietarios de automóviles con placas de la capital prever los tiempos y documentaciones, dado que la suspensión puede saturar la agenda de los siguientes días y afectar el cumplimiento oportuno del trámite.

Calendario oficial de verificación y costo de la multa

Durante mayo, la verificación vehicular sigue activa en la Ciudad de México y el Estado de México, con doble carga para los Verificentros: deben atender tanto a vehículos con engomado verde —terminaciones 1 y 2— que finalizan su periodo, como a coches con engomado azul —terminaciones 9 y 0— que apenas inician el plazo. La regulación exige verificar entre enero y junio a todos los autos de combustión interna registrados en ambas entidades, además de unidades foráneas que deciden verificar en la capital.

No completar el trámite dentro del periodo asignado implica dos efectos inmediatos: el pago de una multa superior a $3.000 y la imposición de restricciones de circulación que incluyen el programa Hoy No Circula. Después se debe cubrir la verificación extemporánea para regularizar la situación y poder regresar a la circulación libre.

Las tarifas oficiales se mantienen sin cambio para 2026 y varían según el holograma obtenido. En el Estado de México, el costo va de poco más de $400 hasta casi $1.200 para el holograma doble cero. El esquema organizado por color de engomado y último dígito de placa distribuye la carga de verificaciones y permite mantener el control sobre las emisiones contaminantes en el semestre, de acuerdo con el calendario difundido por las autoridades.

El Metro y los trámites administrativos también modifican su servicio

El Metro de la Ciudad de México operará el 1 de mayo bajo horario de día festivo, es decir, de 7:00 a 24:00 horas, confirmó el propio organismo en sus redes sociales. Esta modalidad busca atender la demanda de usuarios durante el día feriado sin interrumpir la movilidad en la capital.

La Sedema aclara que toda la estructura administrativa vinculada a la verificación, incluidas la recepción de documentos y la atención en ventanilla, permanece inactiva los días marcados como inhábiles. Solo las áreas presenciales asignadas reanudan atención el lunes 4 de mayo, mientras que la Oficialía de Partes lo hace hasta el miércoles 6. Los horarios y fechas concretas se mantienen sin variación respecto al calendario anual.

La saturación en Verificentros durante mayo responde tanto al cierre temporal como al arranque y cierre de periodos para diferentes engomados. El doble flujo de vehículos en verificación complica la obtención de citas y puede extender los tiempos de espera, por lo que los funcionarios recomiendan a los conductores cumplir con todos los requisitos y anticipar su cita para completar el proceso.

La Secretaría del Medio Ambiente exhorta a quienes requieren verificar, especialmente durante días cercanos a puentes o fechas límite, a tomar todas las previsiones para evitar sanciones, gastos adicionales y restricciones de circulación asociadas al incumplimiento o al rezago en el trámite.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México advirtió este miércoles sobre una nueva modalidad de extorsiones digitales en el pago de multas de tránsito, donde los ciberdelincuentes diseñan páginas web que simulan ser portales oficiales y logran engañar a miles de conductores.

De acuerdo con la Policía Cibernética, estos sitios falsos aparecen entre los primeros resultados de búsqueda, a través de estrategias de posicionamiento pagado y publicidad engañosa para atraer a las víctimas.

La mayoría de los afectados llega a estos portales al buscar frases como “pago de multas de tránsito” o “consultar infracciones” en internet. Al ingresar, los usuarios encuentran formularios que solicitan datos personales, contraseñas y, en ocasiones, información bancaria.

Los responsables de estos sitios fraudulentos recopilan la información suministrada por los usuarios, para luego realizar suplantaciones de identidad y cometer fraudes financieros.

Para evitar estas prácticas, la SSC-CDMX compartió las siguientes datos:

¿Cómo operan los fraudes digitales en multas?

Según los reportes, la apariencia profesional de los portales engañosos genera confianza entre los conductores. Sin embargo, ninguna de estas páginas está conectada con dependencias de gobierno ni con sistemas oficiales.

En muchos casos, las víctimas descubren el fraude cuando los pagos no se reflejan en el sistema de la autoridad correspondiente. Otros advierten la situación al detectar cargos no reconocidos en sus cuentas bancarias.

A raíz de este problema, la SSC recomendó a los usuarios verificar siempre que el sitio tenga dominio .gob.mx y cuente con certificado de seguridad https. Ejemplos de portales oficiales para consultas y pagos son https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos y https://infracciones.cdmx.gob.mx/busqueda/.

Con ello, la SSC-CDMX aconsejó evitar los primeros resultados de los buscadores si no se confirma su autenticidad. También pidió desconfiar de portales que prometen descuentos especiales, trámites urgentes o gestiones privadas.

Medidas de prevención y contacto con autoridades

Para reducir riesgos, la dependencia solicitó no ingresar datos personales ni bancarios en páginas no oficiales. Bajo esta medida, los conductores deben realizar sus trámites solo en canales autorizados o acudir directamente a las autoridades de Tránsito.

Las autoridades también señalaron la importancia de no acceder a enlaces enviados a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Este tipo de links suele ser una vía común para redirigir a los usuarios a portales fraudulentos.

En caso de sospecha o intento de fraude, la ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. El número habilitado es 55 5242 5110, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, la SSC invitó a los habitantes de la capital a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales @SSCCDMX y @UGSGCDMX. La prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de delitos.

La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible este martes un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa por lavado de activos vinculada a una red transnacional que, según la investigación, canalizaba fondos ilícitos atribuidos al grupo criminal brasileño Comando Vermelho. La decisión fue adoptada en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, de la Sala IV, y dejó firme las condenas impuestas en un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral Federal N°7 porteño.

El planteo había sido presentado por el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern, quien cuestionó que el organismo no hubiera tenido intervención en este tramo del expediente que terminó con sentencias condenatorias, pese a haber solicitado ser tenido como querellante durante la instrucción.

El fallo, al que tuvo acceso Infobae, se inscribe en una investigación iniciada en 2022 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de la remisión de un informe de inteligencia elaborado de la propia UIF. El caso quedó inicialmente radicado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro y luego derivó, por cuestiones de competencia, hacia la justicia federal porteña.

La pesquisa fue dividida en distintos tramos por la cantidad de imputados y la complejidad de las maniobras. Uno de ellos se concentró en la estructura atribuida a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, ambos prófugos, señalados como responsables de canalizar activos ilícitos vinculados al Comando Vermelho. Según la investigación, el esquema incluyó operaciones con criptoactivos, sociedades instrumentales y adquisición de bienes registrables, como inmuebles y vehículos de alta gama.

El Comando Vermelho, en rigor, es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil. Surgió a fines de la década de 1970 en el sistema penitenciario de Río de Janeiro, en un contexto de convivencia forzada entre presos políticos y delincuentes comunes durante la dictadura militar. Con el tiempo, evolucionó hacia una estructura criminal descentralizada dedicada principalmente al narcotráfico, con fuerte presencia en las favelas y expansión a distintas regiones del país y de la región, donde también diversificó sus actividades ilícitas.

Otro segmento de las investigaciones que se labraron sobre el caso abordó maniobras independientes de transferencias informales de divisas en la región, realizadas entre 2022 y 2023, que involucraban a otros imputados.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 validó un juicio abreviado y condenó a Felipe Gabriel Correia Goncalvez, Eliamar Das Dores de Melo, Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, Thiago Cardoso de Oliveira y Selma de Lima Muniz Barbosa como partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Las penas fueron de tres años de prisión en suspenso, con multas de entre 180 y 720 millones de pesos. El tribunal de juicio, a su vez, dispuso la inmediata libertad de los condenados siempre que no registraran otra orden restrictiva en su contra.

La UIF impugnó esa resolución. Galpern sostuvo que el organismo de información financiera no había sido notificado ni incorporado al proceso, pese a haber pedido su intervención bajo el rol de querellante. También cuestionó la calificación legal, el monto de las multas y el control judicial del acuerdo abreviado. Según el recurso, la adecuación jurídica realizada había sido “notoriamente más benigna” que la que surgiría de los hechos, que describían una “actuación prolongada en el tiempo (años 2015 al 2023), con pluralidad de operaciones” y bajo la dirección de una “organización criminal trasnacional liderada por Alves de Souza y Wang”.

La entidad también objetó que, al homologar el acuerdo, el tribunal oral hubiera indicado que “no podía discutir con el fiscal y la defensa la calificación legal y/o pena acordada por las partes”. Para el organismo, el juez debía ejercer un control de legalidad más estricto.

El juez Hornos rechazó el planteo en la etapa de admisibilidad. Para eso sostuvo que la UIF carecía de legitimación para apelar porque no había sido parte en el tramo del proceso en el que se dictó la sentencia. En particular, remarcó que fue el propio organismo el que había limitado su pedido de querella “únicamente contra Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, quienes se encuentran prófugos en la investigación suscitada en el marco de este expediente”.

Según ponderó el camarista, “fue la propia Unidad de Información Financiera la que limitó expresamente su pretensión acusatoria a Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang que se encontraban prófugos en un proceso que tramitaba ante el juzgado instructor”. Luego agregó que la UIF conocía que los tramos identificados como “TO1” y “TO2” ya habían sido elevados a juicio y, pese a ello, “no instó su intervención en esa etapa y ni formuló presentación alguna ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7”.

“Por ese motivo -concluyó el juez de la Sala 4-, en el caso carece de legitimación para interponer un recurso de casación, en tanto dicha vía exige la intervención en el proceso en el que recayó la decisión impugnada, como presupuesto ineludible”.

Hornos también descartó que la UIF hubiera demostrado un agravio propio, concreto y actual que la diferenciara del Ministerio Público Fiscal. En ese punto, destacó que la persecución penal estuvo a cargo de la PROCELAC, órgano especializado en temáticas de criminalidad económica.

“El interés público sobre el juzgamiento de conductas vinculadas al lavado de activos, el pago de las multas impuestas y el decomiso de bienes, se encuentra debidamente representado por el titular de esa procuraduría especializada”, indicó.

Por otro lado, el camarista también delimitó el rol institucional de la UIF en este tipo de pesquisas, en tanto advirtió que el organismo tiene asignado “un rol principalmente vinculado a la producción, análisis e intercambio de información financiera” y que actúa como “un auxiliar técnico en las investigaciones penales, especialmente en materia de delitos económicos complejos, como es el lavado de activos”.

Con esos fundamentos, Hornos declaró inadmisible el recurso de casación de la unidad estatal. Mientras tanto, otros tramos de la investigación continúan abiertos respecto de los prófugos y de los bienes atribuidos a la estructura criminal.

Hay situaciones en las que dar marcha atrás con el coche sería la opción más cómoda y rápida. ¿No resultaría conveniente, al pasarse una salida en la autopista, poder parar en seco y retroceder hasta tener la salida de nuevo por delante? Así se evitaría el tener que recorrer varios kilómetros y luego regresar para retomar la dirección original. Solo describirlo ya resulta tedioso. Para quien se sienta tentado, sin embargo: más allá de la seguridad vial, hacer algo así, por mucho que acelerase el viaje, podría suponer la pérdida de puntos o una multa. O las dos cosas.

Hasta 500 euros de multa y retirada de puntos del carnet

La normativa española es clara respecto a la marcha atrás y no deja mucho margen para la interpretación. El artículo 80 del Reglamento General de Circulación recoge que está prohibido circular marcha atrás (en general), salvo en situaciones muy concretas.

Existen también limitaciones específicas. Cuando la marcha atrás se hace como parte de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, la distancia máxima permitida es de 15 metros y está prohibido invadir un cruce de vías. Esto afecta a cualquier situación, sea buscar sitio para aparcar o salir de un estacionamiento.

En autopistas y autovías, la prohibición es aún más estricta. La normativa establece que en estas vías la maniobra de marcha atrás está totalmente prohibida para conductores particulares. La alta velocidad y el riesgo de accidentes justifican esta restricción. Solo los vehículos prioritarios, como los de la policía, Guardia Civil, bomberos, ambulancias o Protección Civil, pueden realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías, y únicamente en servicios urgentes y siempre que no pongan en peligro la seguridad.

Las sanciones por incumplir las normas de la marcha atrás pueden ser importantes. El propio artículo 80 del Reglamento General de Circulación lo recoge: “Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán la consideración de muy graves, conforme se prevé en el artículo 77.f) del texto refundido”.

Circular marcha atrás sin justificación, exceder los 15 metros permitidos, invadir un cruce, realizar la maniobra en autopistas o autovías, o no señalizar adecuadamente son las infracciones más habituales. Las multas pueden ir desde los 80 euros para infracciones leves hasta los 500 euros en casos muy graves, con la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

El artículo 32 de la Ley de Tráfico también aborda situaciones específicas, como lo que ocurre en las autopistas de peaje. Dar marcha atrás para cambiar de cabina, tras entrar por error en una de telepeaje o al comprobar que no se lleva efectivo, se considera sancionable. La normativa indica que, en estos casos, el conductor debe esperar a que el personal de la autopista resuelva la situación. Las maniobras de cambio de sentido o marcha atrás realizadas sin autorización o con la intención de evitar el pago del peaje también pueden ser motivo de denuncia.

La ley solo permite la maniobra de marcha atrás cuando no sea posible avanzar, cuando no se pueda cambiar de dirección o sentido de marcha, o si se trata de una maniobra complementaria de otra que lo exija. En todos estos casos, la marcha atrás debe hacerse con “el recorrido mínimo indispensable para efectuarla”. Es decir, la distancia recorrida marcha atrás tiene que ser la estrictamente necesaria.

A partir del 30 de abril, entra en vigencia una nueva ley en Costa Rica que establece sanciones económicas para las personas que sean detectadas ingresando a los parques nacionales por puntos no habilitados. La medida busca aumentar la protección de las áreas silvestres y prevenir daños provocados por la actividad humana en ecosistemas sensibles. Las multas pueden alcanzar hasta los 4.6 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 9,000 dólares.

La reforma legal fue aprobada por el Congreso de Costa Rica a mediados de febrero, y endurece las sanciones tanto para personas individuales como para empresas y operadores turísticos que faciliten el acceso ilegal a las zonas protegidas. El objetivo central es disuadir el ingreso no autorizado, promover el uso responsable del patrimonio natural y salvaguardar la integridad de los visitantes y de la biodiversidad.

Las autoridades señalaron que quienes ingresen o permanezcan en áreas no autorizadas dentro de los parques nacionales enfrentarán una multa base de 1.38 millones de colones, equivalente a 2,200 dólares. Este monto puede aumentar en función de la gravedad de la infracción y de las circunstancias en que se detecte la violación. Para operadores turísticos, las sanciones superan los 3 millones de colones y pueden llegar a 4.6 millones de colones cuando se trata de accesos a zonas catalogadas como de alto riesgo, como cráteres volcánicos.

La ley también contempla sanciones para quienes promuevan actividades turísticas no autorizadas dentro de los parques nacionales. Las autoridades señalan que el acceso ilegal no solo pone en riesgo la vida de los visitantes por la falta de condiciones de seguridad y atención ante emergencias, sino que además genera impactos ambientales irreversibles, altera hábitats frágiles y expone a especies de flora y fauna a mayores amenazas.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha señalado que la aplicación de multas actúa como un método de disuasión para que las personas respeten las normativas vigentes y eviten situaciones peligrosas tanto para ellas como para el entorno natural. La jefa del Departamento de Control y Protección del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC), Yeimy Cedeño, explicó que el ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales, alteran hábitats y ponen en riesgo especies que pueden estar amenazadas o ser endémicas.

El dinero recaudado a través de las multas se destinará al fortalecimiento de labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres protegidas. Así se busca garantizar la sostenibilidad de estos espacios y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevas infracciones.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el SINAC detectó a 408 personas ingresando por puntos no autorizados a zonas protegidas. El volcán Irazú registró el mayor número de casos con 200 ingresos ilegales, seguido por la isla San Lucas con 88 registros, y los volcanes Arenal, Poás y Turrialba. Estos datos reflejan la necesidad de un mayor control y la importancia de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

Pasarse un semáforo en rojo puede terminar costando mucho más que una multa, y en 2026 la sanción económica por esta infracción quedó en $1.266.222, con riesgos adicionales como inmovilización del vehículo, gastos extra y hasta suspensión de la licencia en casos de reincidencia.

La conducta está clasificada en Colombia como infracción D04 y es una de las faltas que mayores consecuencias puede traer para conductores, no solo por el valor del comparendo, sino por las cargas administrativas y operativas que puede activar.

El dato que más impacta es que un solo cruce indebido en rojo puede llevar el carro directo a patios, sumando costos de grúa, parqueadero y restricciones para hacer trámites posteriores si la sanción queda pendiente en el sistema.

La norma establece que no detenerse ante luz roja, amarilla, señal de pare o semáforo intermitente en rojo faculta a las autoridades para imponer la sanción e incluso proceder con inmovilización inmediata del vehículo.

Aunque muchos conductores solo ven el monto del comparendo, especialistas advierten que el costo real puede ser mucho mayor cuando se agregan gastos ocultos derivados del procedimiento.

Entre ellos aparecen los cobros por grúa, tarifas de patios por día o fracción y otros costos asociados a la recuperación del vehículo. Ahí es donde una infracción de tránsito puede convertirse en un golpe mucho más alto para el bolsillo.

La sanción económica, además, tiene un mecanismo para reducirse. Quienes realicen curso pedagógico y paguen dentro de los primeros once días hábiles pueden acceder a un descuento del 50 %. Entre los días 12 y 26 el beneficio baja al 25 %.

Ese alivio, sin embargo, no elimina otras consecuencias que pueden surgir cuando hay reincidencia o agravantes. El sistema castiga con mayor severidad cuando la conducta se repite en un lapso de seis meses.

En esos casos puede haber suspensión de la licencia por seis meses e incluso escenarios más severos si la autoridad determina repetición grave de la conducta.

Uno de los mayores riesgos está en la reincidencia, porque la multa deja de ser solo económica y empieza a afectar directamente el derecho a conducir. Ese es uno de los puntos que más suelen desconocer los conductores.

El panorama se agrava si la infracción ocurre bajo efectos del alcohol. Allí las sanciones pueden escalar drásticamente, con multas millonarias e inmovilizaciones prolongadas, además de otras consecuencias legales.

Otro frente crítico es el llamado bloqueo administrativo. Mientras el comparendo permanezca pendiente en el SIMIT, el conductor puede encontrar restricciones para renovar licencia, hacer traspasos, tramitar SOAT o avanzar en otros procesos vehiculares.

Ese efecto es el que convierte esta falta en una de las más costosas, incluso cuando el comparendo inicial parece “pagable”. Lo que empieza con una luz roja ignorada puede terminar afectando varios trámites y generando nuevas cargas económicas.

Además del impacto financiero, las autoridades suelen insistir en que esta es una de las infracciones con mayor riesgo vial, por la relación que tiene con siniestros graves en intersecciones urbanas.

Por eso el mensaje institucional suele ir más allá del comparendo. Pasarse un semáforo en rojo no solo cuesta $1.266.222: puede llevar a patios, bloquear trámites y poner en riesgo la licencia. Esa combinación explica por qué es una de las sanciones más severas del sistema.

En 2026, con el valor actualizado y los efectos asociados, la recomendación sigue siendo la misma: evitar una imprudencia que puede salir mucho más cara de lo que parece.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

Frutas Diego Martínez, una empresa con sede en Barcelona y raíces en Lleida, ha sido sancionada con 8.002 euros tras detectar las autoridades el intento de vender varias toneladas de melocotones importados de Turquía como si fueran productos originarios del Bajo Cinca o Valdejalón. La empresa ha abonado ya la cuantía de la sanción, según ha informado Segre.

La infracción fue descubierta durante una inspección de la consellería de Agricultura de la Generalitat en Mercabarna realizada en agosto de 2024 tras una denuncia presentada por las organizaciones agrarias Uaga (Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón) y Unió de Pagesos. Las entidades alertaron sobre la comercialización de un lote de melocotón rojo etiquetado como procedente de Aragón, cuando en realidad su verdadero origen era turco.

El informe de la inspección señala tres irregularidades principales. En primer lugar, la empresa no pudo acreditar la trazabilidad del producto. En segundo lugar, el etiquetado presentaba datos falsos sobre el origen y la variedad de fruta, además de omitir la dirección de la empresa expedidora. Por último, la documentación comercial presentada estaba incompleta, tanto en lo referente al origen como al destino de la mercancía.

Las cajas llevaban melocotones turcos, pero llegaban desde Aragón, según la empresa

A lo largo del proceso, la compañía Frutas Diego Martínez admitió que las cajas contenían fruta procedente de Turquía, si bien al mismo tiempo aseguró que el melocotón había llegado de Aragón. Según la empresa, los melocotones se habían recibido en cajas de cartón que no podían utilizar al no ser aptas para la distribución de la fruta contenida en ellas, si bien el deterioro del recipiente no había afectado al género.

Frutas Diego Martínez e Hijos opera desde 1988 y cuenta con un capital social de 1,06 millones de euros. Su volumen de negocio ronda los cien millones de euros anuales, situándose entre los principales mayoristas de frutas y verduras de Mercabarna. La firma es propiedad del Grupo DM Inversiones, la family office de la familia Martínez, fundada en 2003 en Torres de Segre y actualmente con sede en Cambrils, que suma un capital de 3,27 millones de euros.

La imposición de la sanción se enmarca en una mayor presión por parte de las organizaciones agrarias para proteger a los agricultores y explotaciones familiares de la zona frutícola de Huesca. Uaga, especialmente activa en el territorio, ha intensificado su actuación frente a los abusos detectados en los últimos años, entre los que se encuentran impagos y sucesivas vulneraciones de la normativa comercial de productos agropecuarios.

En las últimas semanas, fruticultores del Bajo Cinca han interpuesto más de treinta denuncias contra almacenes e industrias, señalando incumplimientos de plazos de pago, falta de contratos y, cuando se firman, ausencia de cálculos para evitar la venta a pérdidas. Estas reclamaciones afectan a explotaciones de cereza, ciruela, melocotón, pera, manzana y almendra. La inspección subrayó cómo la falta de documentación precisa y las deficiencias en el etiquetado dificultan garantizar que los consumidores reciban información veraz sobre el origen de los productos.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú aún no concluyen, ya que para definir a la próxima presidencia se requiere que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos válidos. Ante ello, se prepara la segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 7 de junio en medio del caos que se registró en la última jornada. Este evento marca una nueva etapa política para el país y genera interrogantes en la ciudadanía, especialmente sobre el régimen de multas electorales.

¿Es necesario pagar la multa antes de la segunda vuelta?

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la participación en los comicios es obligatoria. La institución ha señalado que el derecho al voto no puede verse restringido por deudas económicas previas.

Por lo tanto, quienes no asistieron a votar en la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, mantienen tanto la facultad como la obligación de votar en la segunda vuelta, sin importar si ya abonaron o no la multa correspondiente. La sanción económica derivada de la omisión constituye una deuda administrativa, pero no limita el ejercicio del derecho político de elegir autoridades.

Recuerda que no pagar la multa mantiene activa una deuda administrativa en el sistema. Esta situación genera restricciones civiles, como la imposibilidad de realizar trámites notariales, renovar el DNI o efectuar gestiones bancarias. Por ello, aunque la deuda no limita el derecho al voto, sí puede afectar otros aspectos de la vida civil.

¿A cuánto equivale la multa por no votar?

Si un ciudadano no participó en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 12 de abril, se le impone una multa electoral. Los montos varían según el nivel de pobreza del distrito:

• Distritos no pobres: S/ 110
• Distritos pobres: S/ 55
• Distritos de pobreza extrema: S/ 27,50

Además, la multa por omisión a la instalación de mesas de sufragio para miembros de mesa es de S/ 275. Asimismo, puedes presentar tu dispensa.

¿Volveré a ser miembro de mesa para la segunda vuelta?

Si fuiste sorteado como miembro de mesa titular o suplente para la primera vuelta, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones establecen que debes cumplir el mismo rol en la segunda vuelta electoral. No se realiza un nuevo sorteo ni se modifica la lista de miembros de mesa entre ambas jornadas. La designación se mantiene vigente durante todo el proceso, por lo que la obligación es automática para quienes ya participaron en la primera jornada como titulares o suplentes. La asistencia vuelve a ser obligatoria y el incumplimiento, salvo justificación válida, genera la multa correspondiente para cada vuelta.

Respecto a los voluntarios, la situación es diferente. Si actuaste como miembro de mesa por voluntad propia, es decir, porque los titulares y suplentes oficiales no se presentaron el día de la elección y asumiste el cargo como elector de la fila, no existe obligación legal de presentarte voluntariamente en la segunda vuelta. Solo estarán obligados nuevamente quienes hayan sido sorteados oficialmente y figuren en la lista de miembros de mesa publicada por la ONPE.

La llegada de la función de avisos de radares de velocidad a Google Maps será una herramienta clave para quienes conducen por las rutas y accesos de las grandes ciudades de Argentina.

La aplicación ahora suma una herramienta que promete mayor previsibilidad y tranquilidad al volante: la posibilidad de recibir alertas en tiempo real sobre controles de velocidad fijos y móviles, sin instalar aplicaciones adicionales.

Cómo funciona el sistema de radares en Google Maps

La función de avisos de radares de velocidad, detallada por Google, se apoya en dos pilares: la visualización de cámaras en el mapa y las alertas de voz que se activan al acercarse a un control. Cuando la aplicación detecta un radar fijo, muestra un pequeño icono de cámara al costado de la ruta seleccionada. Al aproximarse, el usuario recibe una advertencia sonora y una tarjeta en pantalla, lo que permite anticipar el control y ajustar la velocidad.

Esta funcionalidad está disponible en todas las plataformas, siempre que la aplicación esté actualizada a la última versión desde la tienda oficial del dispositivo. No requiere complementos ni descargas adicionales, lo que facilita su acceso para cualquier conductor.

Además, la pantalla de navegación sigue mostrando el límite de velocidad permitido y el velocímetro en tiempo real, dos indicadores clave para mantener el control durante el viaje.

Google Maps también ofrece la posibilidad de alertar al usuario si excede la velocidad máxima permitida. En ese caso, el velocímetro cambia de color y la señal de alerta se vuelve más notoria, ayudando a evitar multas por infracción.

Para qué sirve la función de radares

El principal objetivo de la inclusión de radares en Google Maps es prevenir sanciones por exceso de velocidad y mejorar la experiencia de conducción. Al informar con anticipación sobre la presencia de cámaras fijas y controles móviles, la aplicación permite que los automovilistas reduzcan la velocidad y circulen de acuerdo a las normas.

Esta función resulta especialmente útil en rutas nacionales y accesos a grandes ciudades, donde los controles suelen sorprender a conductores poco habituados a la zona. Además, la herramienta contribuye a disminuir el estrés de la conducción, al ofrecer mayor previsibilidad y control sobre el entorno.

Google Maps no solo advierte sobre radares fijos, sino que también incorpora reportes de controles móviles, conocidos como “foto multas”. En este caso, los avisos se nutren de la información aportada por la comunidad de usuarios, quienes pueden reportar la ubicación de nuevos controles en tiempo real.

Cómo activar los avisos de radares y controles de velocidad

Para utilizar la función de radares en Google Maps, es necesario seguir algunos pasos sencillos. Primero, se debe actualizar la aplicación desde la tienda correspondiente (Play Store o App Store) a la última versión disponible. Luego, al ingresar en la app, el usuario debe tocar su foto de perfil y acceder a Ajustes, para después seleccionar Configuración de navegación.

Dentro de este menú, hay que activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro”. Así, se habilita la visualización de datos en tiempo real durante la navegación. Si los avisos no aparecen de inmediato, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la aplicación o cambiar el idioma a Español (Argentina).

El despliegue de la función es progresivo y puede depender de la zona o del perfil de usuario, teniendo en cuenta que según la Ley de Transito del país es de máximo es 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas, en zonas urbanas. Mientras que en rutas el límite es 110 km/h y en autopistas es 130 km/h para automóviles.

En caso de que la función aún no se encuentre disponible, algunos usuarios sugieren verificar la configuración regional de la cuenta, reiniciar el equipo y esperar unos días. Muchas veces, la función se habilita de manera automática, sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

La función de radares en Google Maps proporciona varios tipos de información relevante para el conductor. Por un lado, los radares fijos aparecen como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el sistema emite un aviso de voz breve y muestra una tarjeta de advertencia en la pantalla.

El incumplimiento de medidas básicas de seguridad vial continúa siendo una de las principales preocupaciones en las carreteras de Costa Rica. Durante el primer trimestre del año, miles de conductores y acompañantes fueron sancionados por no utilizar correctamente el casco o el cinturón de seguridad, dos elementos que, según las autoridades, siguen siendo determinantes para reducir la mortalidad en accidentes de tránsito.

Datos oficiales de la Policía de Tránsito revelan que, en promedio, 1,016 motociclistas fueron multados por no portar casco o utilizarlo de manera incorrecta. A esta cifra se suman otros 542 casos en los que la sanción recayó sobre el acompañante por la misma falta.

Las autoridades advierten que estas cifras reflejan una conducta reiterada que pone en riesgo no solo a los conductores, sino también a quienes viajan con ellos. En el caso de las motocicletas, el casco es considerado el principal elemento de protección ante un accidente, ya que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en la cabeza.

La situación no es distinta en los vehículos particulares. Durante el mismo periodo, se registraron 801 sanciones a conductores por no utilizar el cinturón de seguridad, mientras que 414 acompañantes también fueron multados por esta infracción.

Para la Policía de Tránsito, estos números evidencian que aún existe una falta de conciencia sobre la importancia de los dispositivos de seguridad, pese a las constantes campañas de prevención.

“El uso del casco y del cinturón no es opcional, es una medida que salva vidas”, han reiterado las autoridades, quienes insisten en que la mayoría de estas sanciones podrían evitarse con hábitos básicos de responsabilidad al conducir.

Más allá de la multa económica, que asciende a 123,000 colones (USD 250) en ambos casos, el principal llamado de las autoridades es a la prevención. Según explican, en muchos accidentes de tránsito las consecuencias más graves están directamente relacionadas con la ausencia de estos dispositivos.

En el caso de los motociclistas, no usar casco o llevarlo mal ajustado puede significar la diferencia entre sufrir una lesión leve o un trauma severo. Por su parte, el cinturón de seguridad en vehículos reduce considerablemente el riesgo de salir expulsado en caso de colisión, así como el impacto contra el volante, el tablero o el parabrisas.

Las autoridades también señalan que estas conductas no solo afectan a quienes incumplen la norma, sino que tienen un impacto en el sistema de salud y en la seguridad vial en general, al aumentar la gravedad de los accidentes.

A pesar de los operativos y controles en carretera, la reincidencia en este tipo de infracciones sigue siendo un desafío. Por ello, la Policía de Tránsito mantiene su llamado a la ciudadanía a adoptar una cultura de prevención y respeto por las normas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, es el mensaje con el que las autoridades buscan generar conciencia entre los conductores, recordando que pequeños hábitos pueden tener un impacto significativo en la seguridad personal y colectiva.

El uso correcto del casco y del cinturón de seguridad continúa siendo una de las formas más efectivas y sencillas de reducir riesgos en carretera, en un contexto donde las cifras siguen reflejando la necesidad de reforzar la educación vial en el país.

Desde enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció medidas estrictas para prevenir que empresas, comercios o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en el proceso de facturación electrónica.

La prohibición de solicitar la CSF como requisito para expedir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está fundamentada en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La norma señala expresamente que es una infracción condicionar la expedición de facturas a la entrega de la CSF o de la Cédula de Identificación Fiscal, independientemente del tipo o giro del establecimiento.

La autoridad fiscal aclara que el contribuyente no está obligado a presentar ningún documento adicional a los datos estrictamente requeridos por la ley para que le entreguen su factura.

Las consecuencias para quienes incurran en esta infracción son significativas.

El SAT puede imponer una multa económica que va desde 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos por cada ocasión en que se detecte la práctica ilegal.

En caso de que el establecimiento reincida y continúe solicitando la CSF para emitir facturas, la autoridad fiscal está facultada para determinar la clausura preventiva del local, con una duración que puede oscilar entre tres y quince días, según la gravedad de la reincidencia y el historial del contribuyente o empresa involucrada.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios frente a exigencias injustificadas.

Requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas

De acuerdo con la normatividad vigente, el SAT señala que los únicos datos obligatorios para la emisión de un CFDI son:

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante
• Nombre o razón social
• Código postal del domicilio fiscal
• Régimen fiscal correspondiente

En ningún caso es necesario que el contribuyente presente su CSF para recibir una factura, ni tampoco para el timbrado de nómina.

El SAT precisa que la CSF es un documento que contiene información personal y fiscal relevante únicamente para el titular del RFC, como el domicilio fiscal y el régimen bajo el cual tributa. Sin embargo, toda esta información puede y debe ser proporcionada de manera directa y voluntaria por el solicitante, sin que se le exija exhibir ningún documento oficial adicional.

El correo electrónico es un dato opcional y su solicitud no puede considerarse obligatoria para la emisión de facturas.

En situaciones donde exista alguna actualización o modificación en el RFC o en los datos fiscales del contribuyente, la responsabilidad de reportar y tramitar dichos cambios corresponde únicamente al titular, quien debe gestionar la actualización directamente ante el SAT por los canales oficiales, ya sea en línea, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la autoridad tributaria.

Procedimiento para denunciar prácticas indebidas

El SAT puso a disposición de los contribuyentes diversas vías para denunciar la exigencia ilegal de la CSF u otras prácticas indebidas en el proceso de facturación. El procedimiento puede seguirse por los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección oficial de denuncias del SAT
• Comunicar la irregularidad a través de la línea telefónica de atención nacional
• Realizar la denuncia en el portal de conciliación de facturas del sitio web oficial del SAT
• Acudir personalmente a cualquiera de las oficinas del SAT para presentar la queja y recibir orientación
• Proporcionar datos específicos de la situación: nombre del establecimiento, fecha, descripción de la práctica indebida y cualquier documento de prueba disponible
• Dar seguimiento al caso a través de los mismos canales, donde el SAT asegura la confidencialidad de la información proporcionada y se compromete a investigar cada reporte

El SAT procede a imponer las sanciones correspondientes si se acredita la irregularidad y, en su caso, adopta medidas preventivas para evitar la repetición de la conducta.

La autoridad fiscal también ha difundido campañas informativas y materiales de consulta para orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia de facturación. Estas acciones buscan fortalecer la cultura fiscal y reducir la incidencia de prácticas indebidas en el sector privado.

Advertencias para contribuyentes y empresas

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, ha reiterado públicamente que “no se tiene que pedir constancia para facturar”. Esta declaración subraya la postura institucional de garantizar que los trámites ante la autoridad fiscal sean accesibles, ágiles y libres de requisitos innecesarios.

El SAT busca evitar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes y fomentar un ambiente de cumplimiento voluntario y respeto a la normatividad.

En 2026, la autoridad fiscal reforzó su advertencia a todas las personas físicas y morales: condicionar la emisión de facturas a la presentación de la CSF constituye una falta administrativa grave. Las sanciones económicas y la clausura de establecimientos serán aplicadas de manera estricta a quienes incumplan la disposición, sin excepción ni consideración por el tamaño o tipo de negocio.

El SAT invita a los contribuyentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, consultar la normativa vigente y reportar cualquier irregularidad que detecten durante la solicitud de facturas o comprobantes fiscales.

El objetivo es asegurar que la emisión de facturas electrónicas se realice únicamente con los datos obligatorios establecidos por la ley y que los contribuyentes no sean objeto de exigencias injustificadas por parte de empresas, comercios o empleadores.

La autoridad fiscal reitera que la presentación de la CSF no es, bajo ningún supuesto, requisito legal para facturación ni para el timbrado de nómina, y que cualquier práctica contraria puede ser sancionada conforme a la legislación vigente.

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que se logró una recaudación de 6 mil 037 millones de pesos en materia de control vehicular, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las finanzas públicas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Este resultado refleja el avance en la modernización administrativa y el impulso de políticas públicas con enfoque social, que buscan beneficiar directamente a millones de contribuyentes en la entidad.

Como parte de estas acciones, se concretó el reemplacamiento de 218 mil unidades, lo que contribuye a mantener actualizado el padrón vehicular del Estado de México. Este proceso es clave para mejorar la seguridad jurídica de los propietarios, así como para contar con un registro confiable que permita a las autoridades tener mayor control sobre los vehículos en circulación.

El reemplacamiento también se ha convertido en una herramienta fundamental para incentivar la regularización de automovilistas que presentan adeudos, al ofrecer beneficios fiscales atractivos.

Subsidio a la tenencia impulsa cumplimiento masivo

Uno de los pilares de estos resultados es el subsidio a la tenencia vehicular, el cual permitió que más de 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el pago del refrendo 2026. Esta cifra consolida una política fiscal con sentido social, al reducir significativamente la carga económica para las familias mexiquenses.

Gracias a este esquema de apoyo, la Secretaría de Finanzas estima que se generó un ahorro total de 7 mil 094 millones de pesos, lo que representa un alivio importante para la economía de los hogares.

Este tipo de incentivos no solo favorece el bolsillo de la ciudadanía, sino que también fomentan una mayor cultura de cumplimiento voluntario.

Simplificación de trámites y digitalización, claves del éxito

Las autoridades destacaron que estos logros son resultado de una estrategia integral basada en la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la plataforma digital y una atención más cercana a la ciudadanía.

La digitalización de servicios ha permitido que los contribuyentes puedan realizar sus pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de trasladarse largas distancias, lo que ha incrementado la participación y el cumplimiento oportuno.

Asimismo, la mejora en los procesos administrativos ha reducido tiempos de espera y ha hecho más accesibles los servicios relacionados con el control vehicular.

Invitan a aprovechar descuentos y evitar multas

La Secretaría de Finanzas hizo un llamado a quienes aún no han realizado el pago de la tenencia o refrendo 2026, a hacerlo a la brevedad a través del Portal de Servicios al Contribuyente o en centros autorizados.

Además, recordó que continúan vigentes reducciones de hasta el 100 por ciento en tenencia y refrendo de ejercicios anteriores a 2024, siempre y cuando se realice el reemplacamiento.

Este programa representa una oportunidad para que los propietarios de vehículos regularicen su situación fiscal sin enfrentar cargas económicas adicionales.

Las autoridades subrayaron que cumplir en tiempo y forma permite evitar multas, recargos y posibles sanciones administrativas.

El gobierno estatal busca consolidar su política fiscal eficiente, moderna y orientada a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses, al tiempo de fortalece la confianza en las instituciones públicas.

En el mismo pronunciamiento, indicó que el material restante llegaría a las 8:00 a.m.; sin embargo, dos horas después, diversos usuarios reportaban que sus mesas aún no habían sido instaladas en distritos como Santiago de Surco y San Juan de Miraflores.

La normativa electoral establece que las mesas solo pueden instalarse hasta el mediodía. En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué ocurre si se cumple el plazo y una mesa de votación no logra instalarse?

La vocera de la ONPE, Carla Cueva, señaló que existe un procedimiento para estos casos: se debe llenar un acta en presencia del personal del Jurado Nacional de Elecciones. “Ahora, si es que pasara que por A o B no se instala a las 12:00, tenemos un acta específicamente de esa incidencia que tiene que ser llenada también con presencia del Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

Pese a que la funcionaria reiteró que el problema logístico se concentra en Lima Metropolitana y que Surco y San Juan de Lurigancho son las zonas más afectadas, hay locales donde los electores no pueden ingresar, como la Institución Educativa 7087, en Santiago de Surco.

¿Debo pagar multa si no se instaló mi mesa de votación?

Aún falta poco más de una hora para que se cumpla el plazo oficial de instalación de mesas. En varios locales, los miembros de mesa y electores llegaron a tiempo; sin embargo, por problemas en la organización de los entes electorales, hasta el momento muchos ciudadanos no pueden ejercer su voto.

En estos casos, el Jurado Nacional de Elecciones contempla una dispensa de la multa electoral, la cual debe ser tramitada y no tiene costo. Esto aplica cuando el ciudadano no puede votar por fallas atribuibles a las entidades del sistema electoral, como ocurre con los retrasos en la entrega de material o en la instalación de mesas.

No obstante, si la mesa no se instaló por ausencia de los miembros de mesa, sí corresponde el pago de la sanción. La diferencia radica en que la ley obliga a los ciudadanos en la fila a asumir ese rol para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Incluso, se puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para conminar a los electores a cumplir esta función.

En un escenario extremo, si nadie acepta asumir el cargo y la mesa no llega a instalarse, todos los electores asignados a esa mesa deberán pagar la multa correspondiente.

Tabla de multas por distrito

• Si vives en distritos considerados extrema pobreza (0,5% de la UIT): 27,50 soles de multa
• Si vives en distritos considerados pobres (1% de la UIT): 55 soles de multa
• Si vives en distritos considerados no pobres (2% de la UIT): 110 soles de multa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado a la ciudadanía que desde el lunes 6 de abril empezaron a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del domingo 12 de abril.

Pero una de las restricciones más famosas es la de la llamada ‘Ley seca’, que es una forma que se usa para referirse al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, que ha sido actualizada a fines de 2025. Esta no prohíbe consumir bebidas alcohólicas, sino solo se enfoca en limitar su venta desde las 8:00 horas del sábado hasta las 8:00 horas del lunes.

Así, el artículo 390 señala que aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y multa no menor a S/3.390 (diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa).

Qué dice la norma de la ‘Ley seca’

“Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación (11 de abril), hasta las 8:00 horas del día siguiente de las elecciones (lunes 13 de abril), no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos , o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”, señala el artículo 351.

Es decir que desde el sábado 11 a las 8 de la mañana hasta el lunes 13 a las 8 de la mañana no se podrá vender bebidas alcohólicas; sin embargo, esto no detiene a ciudadanos de consumir las que tengan en ya compradas.

Asimismo, de acuerdo con el inciso a) del Art. 390° de la LOE, el incumpimiento de esta medida se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/3.390). Sin embargo, esta multa se detalla para “aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólica”.

Otras restricciones

En ese contexto, desde las 00:00 horas del lunes 6 quedará prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). En caso de incumplimiento, precisa dicha norma, se sancionará al infractor con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que este año equivale a entre 55 mil y 550 mil soles.

“El Artículo 190 de la LOE, en tanto, precisa que desde dos días antes del día señalado para las elecciones (es decir, desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril) no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Su vulneración, conforme al artículo 388 de la misma ley, se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años”, señala el Jurado Nacional de Elecciones.

También, desde 24 horas antes de la elección (00:00 horas del sábado 11) se suspende toda clase de propaganda política. Su incumplimiento acarreará una pena de prisión no menor de dos años. Tampoco durante las horas en que se realizan las elecciones se podrán realizar espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna clase (artículo 349 de la LOE).

Finalmente, el mismo domingo 12 de abril, día de la elección, entre las 07:00 y 17:00 horas no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

Silencio electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que, desde las 00:00 horas de este viernes 10 de abril hasta las 5:00 p.m. del domingo 12, queda prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político en todo el país. Esta restricción marca el inicio del periodo conocido como silencio electoral, que busca garantizar una jornada de reflexión y evitar cualquier intento de influir en el voto de los ciudadanos durante los comicios del 12 de abril.

Cabe recordar que esta normativa coincide con el cierre oficial de campaña de los candidatos a nivel nacional y la prohibición de difundir encuestas electorales, vigente desde el lunes 6 de abril.

Además, a partir de las 00:00 horas del sábado 11, se suspende toda propaganda política, incluyendo la exhibición de banderolas, afiches, spots y cualquier tipo de publicidad alusiva a las Elecciones 2026. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones severas, incluyendo penas de prisión no menores a dos años. Por ello, las autoridades han advertido sobre la importancia de respetar el silencio electoral y el retiro de toda publicidad política hasta el cierre de las mesas de votación.

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha una serie de acciones administrativas tras detectar incumplimientos de normas municipales durante actividades vinculadas al cierre de campaña electoral en el centro de la capital. Las intervenciones se concentraron en espacios considerados sensibles por su valor histórico y por las restricciones vigentes sobre su uso.

Las medidas se ejecutaron luego de que equipos de fiscalización identificaran conductas que contravienen disposiciones específicas sobre el uso del espacio público. Estas acciones incluyeron la verificación de daños potenciales al entorno urbano, así como la evaluación del impacto de concentraciones políticas en zonas con protección especial.

El despliegue municipal no solo se limitó a la imposición de sanciones económicas, sino que también incluyó operativos de limpieza y refuerzo de vigilancia. Las autoridades locales señalaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas en áreas de alta concurrencia y valor patrimonial.

Sanciones por uso indebido del espacio público

Entre las organizaciones políticas sancionadas figura el partido Cívico Obras, que recibió una multa de 24 mil 750 soles. La sanción responde a la colocación de elementos en la vía pública, la generación de obstáculos para el tránsito y la falta de limpieza posterior a una actividad realizada en la Plaza San Martín.

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, estas infracciones afectan directamente la circulación y el orden en espacios urbanos de alta afluencia. La acumulación de residuos y la ocupación no autorizada de áreas públicas constituyen faltas contempladas en la normativa municipal vigente.

Actividades sin autorización y obstrucción del tránsito

El partido Juntos por el Perú también recibió una sanción, en este caso por un monto de 34 mil 375 soles. La infracción se relaciona con la realización de una actividad sin autorización en la Plaza Dos de Mayo, así como con el estacionamiento de vehículos que impidieron el libre tránsito.

La Municipalidad de Lima precisó que el incumplimiento incluyó la falta de acciones de limpieza tras el evento. Este tipo de omisiones genera costos adicionales para la administración local, que debe intervenir con personal propio para restituir las condiciones del espacio público.

Tras los hechos registrados, la comuna intensificó los operativos de control en el Cercado de Lima. Las acciones incluyen vigilancia permanente en plazas y calles principales, con el objetivo de prevenir nuevas infracciones y asegurar el respeto de las disposiciones municipales.

Equipos de limpieza también fueron desplegados en las zonas afectadas para retirar residuos y restablecer el orden. Estas labores forman parte de una estrategia integral que combina sanción, control y mantenimiento del espacio urbano.

Normativa sobre la intangibilidad del Centro Histórico

El Centro Histórico de Lima cuenta con un régimen especial que restringe actividades que puedan alterar su conservación. La normativa prohíbe marchas, concentraciones y cualquier intervención que comprometa la seguridad, el orden público o el patrimonio.

Estas disposiciones se sustentan en el Acuerdo de Concejo n.° 026-2023 y el Decreto Supremo n.° 003-2021-IN. Ambas normas establecen límites claros sobre el uso del espacio público en zonas declaradas patrimonio.

Desde la Municipalidad de Lima se reiteró el llamado a las organizaciones políticas para respetar estas reglas. La entidad recordó que el Centro Histórico constituye un espacio reconocido como Patrimonio de la Humanidad, lo que implica obligaciones específicas para su protección y conservación.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una extensa red de dispositivos electrónicos que transformaron la fiscalización vial en los últimos años. Actualmente, existen actualmente 224 cámaras fijas de fotomultas activas, según información del gobierno porteño.

El sistema, resaltaron, apunta a controlar infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo y la invasión de sendas peatonales, además de otras faltas que suelen observarse en las principales arterias y accesos a autopistas.

La expansión de esta red responde a una política de seguridad vial implementada a medida que se multiplicaron los corredores críticos y las zonas escolares. Se reforzó la presencia de cámaras en avenidas con alto flujo vehicular y accesos estratégicos. Los dispositivos incorporan analítica de video y control automático, lo que permite detectar varias infracciones en tiempo real, sin intervención directa de agentes de tránsito.

Las cámaras no solo registran imágenes. El sistema procesa datos y genera actas automáticas que luego llegan a los domicilios o correos electrónicos de los titulares de los vehículos, una modalidad que ganó terreno con la digitalización de los trámites y los servicios de notificación electrónica.

Una por una, donde están las cámaras fijas

Las cámaras fijas de fotomultas en CABA se distribuyen en puntos estratégicos. A continuación, algunos de los cruces y tramos más representativos:

• Av. Juan B. Alberdi 890 y Centenera
• Av. Juan B. Justo 3969 y Av. San Martín
• Av. Rivadavia 4987 y Acoyte
• Bernardo de Irigoyen 1026 y Carlos Calvo
• Av. Córdoba 6287 y Jorge Newbery
• Av. Rivadavia 10524 y Miralla
• Rosario 21 y Av. La Plata
• Av. Córdoba 4570 y Scalabrini Ortiz
• Av. Córdoba 4471 y Araoz
• Av. Avellaneda 1825 y Donato Álvarez
• Av. Mosconi 3000 y Argerich
• Av. Paseo Colón 753 e Independencia
• Av. Caseros 3020 y La Rioja
• Av. Cabildo 1716 y J. Hernández
• Av. Gaona 2300 y Donato Álvarez
• Av. Francisco Beiró 2875 y Av. Nazca
• Av. Corrientes 3022 y Ecuador
• Lima 281 y Moreno
• Av. Roca 5870 y Soldado de la Frontera
• Av. Avellaneda 2924 y Nazca
• Av. Independencia 1784 y Av. Entre Ríos
• Av. Corrientes 2813 y Pueyrredón
• Av. Álvarez Thomas 1294 y Av. Elcano
• Av. San Juan 1119 y Lima
• Av. Santa Fe 4650 y Bullrich
• Av. Alem 518 y Lavalle
• Lima 1524 Oeste y Pavón
• Av. Corrientes 6210 y Dorrego
• Av. Ramos Mejía 1304 y Av. Del Libertador
• Av. Corrientes 5220 y Scalabrini Ortiz
• Av. Cabildo 4718 y Deheza
• Av. Rivadavia 7420 y Nazca
• Av. Las Heras 2289 y Pueyrredón
• Av. Santa Fe 2622 y Ecuador
• Av. Belgrano 3218 y 24 de Noviembre
• Av. Independencia 2086 y Rincón
• Av. Rivadavia 2775 y Av. Jujuy
• Av. Rabanal 1323 y Del Barco Centenera
• Belgrano 324 y Balcarce
• Virrey Vértiz 2010 y Echeverría
• Av. Paseo Colón 400 y Belgrano
• Av. Sáenz 1230 y Beazley
• Vuelta de Obligado 2179 y Mendoza
• Av. Olivera 187 y Rafaela
• Av. Entre Ríos 1818 y Brasil
• Vedia 3438 y Superí
• Av. Garay 1769 y Entre Ríos
• Av. Lisandro de la Torre 663 y Tonelero
• Av. Montes de Oca 1685 y California
• Av. Rivadavia 6626 y Granaderos
• Av. Rivadavia 9618 y Manzoni
• Av. Juan B. Justo 4781 y Andrés Lamas
• Av. Del Libertador 5722 y La Pampa
• Av. Varela 2779 y Fernández de la Cruz
• Av. San Martín 1844 y Tres Arroyos
• Montevideo 300 entre Perón y Sarmiento
• Av. Córdoba 3907 entre Gascón y Figueroa
• Av. Corrientes 2676 y Castelli
• Gorriti 5300 entre Godoy Cruz y Uriarte
• Av. Corrientes 5694 entre Serrano y Thames
• Superí 1803 y La Pampa
• Billinghurst 301 entre Perón y Sarmiento
• Bonifacio 2501 entre Culpina y Varela
• Pola 1205 entre Av. Alberdi y Bragado
• 33 Orientales 903 entre Carlos Calvo y EEUU
• César Díaz 2898 entre Nazca y Terrada
• Carlos Calvo 2195 y Pasco
• La Pampa 4704 entre Álvarez Thomas y Combatientes de Malvinas
• Ceretti 2997 y Av. Congreso
• Amenábar 2209 y Av. Olazábal
• AU 25 de Mayo km 2.7 sentido provincia
• AU 25 de Mayo km 1.26 sentido provincia
• AU Perito Moreno km 3.9 sentido centro
• AU Perito Moreno km 0.7 sentido provincia
• AU 25 de Mayo km 6.3 sentido centro
• Av. Callao 858 y Paraguay
• Lima Este y Juan de Garay
• Av. Pueyrredón 214 y Perón
• Lima 1365 y Constitución
• Av. Córdoba 1980 y Ayacucho
• Av. Entre Ríos 326 y Moreno
• Av. Rivadavia 5353 y Barco Centenera
• Av. Rivadavia 7218 y Culpina
• Suárez 1635 y Isabel la Católica
• Av. Lacroze 4199 y Corrientes
• Av. Forest 634 y Lacroze
• Av. Lacroze 2462 y Zapata
• Perón 2687 y Castelli
• Larrea 477 y Lavalle
• Av. Pueyrredón 1418 y Santa Fe
• Av. Callao 1588 y Vicente López
• Nazca 479 y Avellaneda
• Av. Boedo 965 y San Juan
• Av. Scalabrini Ortiz 1385 y Gorriti
• Av. Triunvirato 4520 y Olazábal
• Av. José María Moreno 1657
• AU Dellepiane km 1.15
• AU 25 de Mayo km 8.4
• AU Arturo Frondizi km 0.5
• AU Arturo Frondizi km 2.0
• Av. Figueroa Alcorta 6184
• AU Cantilo km 8.7
• AU Dellepiane km 2.3
• Av. Estado de Israel 4488
• Av. Juan de Garay 2046
• Av. Eva Perón 1825
• Av. Emilio Castro 6281
• AU Lugones km 8.7
• AU Lugones km 7.6
• Av. Bruix 4495
• Av. Directorio 4155
• Calle Irigoyen 1761
• Calle Galván 3640
• Av. 27 de Febrero 10500
• AU Illia km 1.2
• AU Illia km 3.9
• AU Perito Moreno km 4.5
• Av. Figueroa Alcorta 4740
• Av. Rivadavia 10741
• Av. Del Libertador 5275
• Av. Mosconi 3043
• Av. Sarmiento 4290
• Av. San Juan 2507
• Av. Independencia 2660
• Av. Triunvirato 6300
• Av. San Juan 2735
• Av. Belgrano 3349
• Av. Figueroa Alcorta 6180
• AU Perito Moreno km 4.8
• AU Perito Moreno km 2.9
• Av. Estado de Israel 4496
• Av. Juan de Garay 2030
• Av. San Pedrito 418
• Av. Jujuy 1794
• Av. Elcano 4430
• Av. 27 de Febrero 8375
• Av. Directorio 3078
• Crisólogo Larralde 6037
• AU Lugones km 4.9
• Crisólogo Larralde 5295
• AU Frondizi km 2.6
• AU Perito Moreno km 0.3
• Av. Del Libertador 7725
• Av. De los Constituyentes 3264
• Av. Rafael Obligado 4845
• Av. Figueroa Alcorta 2210
• Av. Del Libertador 5666
• Av. Gaona 1852
• Av. Sarmiento 3480
• Av. Dorrego 3370
• Av. Brasil 2085
• Av. Donado 3660
• Av. San Juan 730
• AU Cantilo km 7.55
• AU Frondizi km 1.3
• AU Cantilo km 9.86
• AU Lugones km 9.8
• Av. De los Constituyentes 5880
• AU AU1–AU6 ramal transición km 0.1
• Av. Dorrego 3700
• Av. Ricardo Balbín 4640
• Av. Cabildo 4740
• Av. Córdoba 3762
• Av. Juan B. Alberdi 1260
• AU 25 de Mayo km 4.1
• AU 25 de Mayo km 7.2
• AU General Paz km 4.3
• AU General Paz km 10.0
• AU General Paz km 17.5
• AU General Paz km 22.5
• AU General Paz km 13.1
• AU 25 de Mayo km 5.3
• AU 25 de Mayo km 7.0
• Av. Independencia 1668
• Av. Juan B. Justo 2650
• Av. Figueroa Alcorta 4750
• Av. Eva Perón 7280
• Av. Díaz Vélez 3420
• Paseo del Bajo km 1.5
• Paseo del Bajo km 6.0
• Av. de Mayo 930
• Holmberg 3015
• Av. Jorge Newbery 4733
• Av. Chiclana 3474
• Av. Honorio Pueyrredón 1815
• Av. Pedro Goyena 805
• Av. Elcano 4510

Cuánto cuestan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

El valor de las multas de tránsito en CABA se actualizó el 3 de marzo de este año y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre.

El parámetro de referencia es la Unidad Fija (UF), que asciende a $949,99 tras un incremento del 19 % respecto del período anterior. Este ajuste semestral está vinculado con el precio de la nafta premium, como establece la normativa local.

• Mal estacionamiento: $94.999
• Obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997
• Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus: $142.498,50
• Exceso de velocidad (hasta 20 km/h en calles/avenidas, hasta 40 km/h en vías rápidas): $66.499,30
• Exceso de velocidad grave: hasta $3.799.960, según el grado de la falta
• Uso del celular al volante: $94.999 (llamadas) y $189.998 (mensajes de texto)
• Cruzar semáforo en rojo: desde $284.997 y hasta $1.424.985, dependiendo de los antecedentes y la reincidencia
• Conducir sin licencia o con vidrios polarizados: $47.499,50
• No usar cinturón de seguridad: $94.999
• VTV vencida: $94.999
• No realizar grabado de autopartes: $142.498,50
• Adulterar o tapar la patente: $949.990

El sistema no solo penaliza las conductas de mayor riesgo, sino que también incorpora tecnología para la detección automática de faltas como el uso del celular al volante, mediante cámaras con software especializado.

Cómo consultar si tengo multas de tránsito en CABA

La consulta de multas de tránsito por patente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza a través del portal oficial del Gobierno porteño. Basta con ingresar el dominio del vehículo en el sitio web de infracciones para acceder al historial completo de actas, tanto en etapa administrativa como judicializada. El sistema permite descargar comprobantes de pago y abonar las multas con diferentes medios habilitados.

El mismo portal habilita la recepción de notificaciones electrónicas, una herramienta que facilita el seguimiento de nuevas infracciones y evita demoras en la regularización de deudas. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de presentar descargos o solicitar revisiones ante eventuales inconsistencias en los registros. Para trámites como la transferencia de vehículos, la obtención del libre deuda de infracciones es requisito indispensable, tal como lo exige la normativa vigente.

El proceso se realiza íntegramente en línea, sin necesidad de acudir a dependencias presenciales, lo que agiliza la gestión y permite que los propietarios de vehículos regularicen su situación rápidamente.

La Semana Santa en Costa Rica dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial: más de 7,300 conductores fueron sancionados por la Policía de Tránsito durante el operativo especial desplegado en todo el país.

En total, las autoridades confeccionaron 7,371 boletas, lo que equivale a una multa cada 90 segundos en promedio, reflejando el alto nivel de incumplimiento de las normas de tránsito durante uno de los periodos de mayor movilidad en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días también se atendieron 1,523 accidentes de tránsito, lo que representa un incidente cada 7,5 minutos, evidenciando la presión que enfrentan los cuerpos de emergencia y las autoridades viales en estas fechas.

Alcohol y velocidad: las principales faltas

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la cantidad de conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

En total, 69 personas dieron positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas en carretera. De ese grupo, 40 casos fueron remitidos a la Fiscalía, al tratarse de niveles que constituyen un delito penal, lo que podría acarrear sanciones más severas, incluyendo penas de cárcel.

El exceso de velocidad también destacó como una de las infracciones más recurrentes. Según el reporte, 474 conductores fueron sancionados por irrespetar los límites establecidos, una conducta que incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves o fatales.

Las autoridades han insistido en que tanto el consumo de alcohol al volante como la conducción a alta velocidad son factores determinantes en la mayoría de los siniestros de tránsito, especialmente en temporadas donde aumenta el flujo vehicular hacia destinos turísticos.

Alta movilidad, mayor riesgo

Semana Santa es tradicionalmente uno de los periodos del año con mayor desplazamiento de personas hacia playas, montañas y zonas rurales. Este incremento en la circulación vehicular suele ir acompañado de un aumento en las infracciones y los accidentes.

El promedio registrado este año, una multa cada minuto y medio y un accidente cada pocos minutos, evidencia no solo la intensidad del tránsito, sino también la persistencia de conductas imprudentes por parte de los conductores.

A pesar de los operativos preventivos, controles en carretera y campañas de concientización, las cifras reflejan que aún existe una resistencia significativa a respetar las normas básicas de seguridad vial.

Presión sobre autoridades y servicios de emergencia

El volumen de accidentes atendidos también pone en evidencia la carga operativa que enfrentan instituciones como la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y otros cuerpos de respuesta.

Cada incidente implica movilización de recursos, atención médica, regulación del tránsito y, en muchos casos, procesos judiciales posteriores. Esto no solo genera un impacto en las instituciones, sino también en la calidad del servicio para otros eventos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a la responsabilidad al volante, subrayando que la mayoría de los accidentes son prevenibles si se respetan las normas básicas como no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la carretera.

De cara a futuros periodos vacacionales, las autoridades insisten en reforzar tanto la fiscalización como la educación vial, con el objetivo de disminuir la cantidad de sanciones, pero sobre todo, de evitar accidentes y salvar vidas.

La Defensoría del Consumidor de El Salvador impuso más de $900 mil en multas durante el primer trimestre del año, resultado de un control reforzado sobre irregularidades detectadas en la cadena de suministros, principalmente en comercios que distribuyen productos de la canasta básica.

Durante las últimas semanas la institución desplegó una estrategia intensiva de inspección orientada a identificar prácticas abusivas y proteger el poder adquisitivo de la población salvadoreña.

La cifra marca un umbral relevante: de enero a marzo, la Defensoría ya roza el millón de dólares en sanciones, situándose en un ritmo que, de mantenerse, podría superar los registros de ejercicios anteriores. El año pasado, las multas impuestas alcanzaron más de $3 millones, superando en un millón al año precedente, según explicó Ricardo Salazar en entrevista matutina.

El funcionario señaló que “prácticamente estamos cerrando el primer trimestre del año con esta cifra, de más de $900 mil en multas. Estamos ya cercanos al millón de dólares”.

Las sanciones respondieron a resultados de más de 6,600 verificaciones a lo largo del país, concentradas en sectores estratégicos de la canasta básica como granos, lácteos, verduras y carnes. La vigilancia parte del mandato de evitar incrementos injustificados de precios y se extiende a toda la cadena, desde importadores hasta procesadores y comerciantes minoristas.

Salazar detalló que el propósito es “garantizar una canasta básica accesible a nuestra población”, por lo que el monitoreo es constante en productos fundamentales, incluidos el arroz, frijol, maíz, azúcar y productos perecederos.

Las prácticas sancionadas: desde productos vencidos hasta información insuficiente

Un bloque significativo de multas se derivó de la identificación de productos vencidos en comercios principalmente detectados en restaurantes. Durante la Semana Santa, durante este período la Defensoría detectó 543 productos con fecha de caducidad sobrepasada en 555 inspecciones realizadas a nivel nacional.

Destacó que el 85% de estos artículos estaban almacenados en áreas de cocina, lo cual agudiza el riesgo para el consumidor, quien no tiene acceso visual a los ingredientes utilizados en su comida.

Salazar subrayó la gravedad de este hallazgo: “Un producto vencido representa un alto riesgo a la salud de los consumidores”. Enfatizó que la Defensoría levanta medidas cautelares inmediatas, que comprenden la destrucción de estos productos y la apertura automática de un procedimiento sancionatorio.

El índice de cumplimiento en restaurantes y comercios inspeccionados fue del 68%, uno de cada tres establecimientos presentó algún nivel de infracción. Las peores prácticas incluyeron también la falta de mecanismos de atención al consumidor, con 126 casos detectados, principalmente en la zona central y la ausencia de precios a la vista en 13 comercios, lo que afectó a más de 491 productos.

La ley exige que todo comercio proporcione un mecanismo claro para recibir y gestionar reclamos, así como la entrega de un número de gestión para garantizar el seguimiento de la denuncia.

Semana Santa: 555 verificaciones y enfoque multidimensional

Durante la reciente temporada de Semana Santa, la Defensoría del Consumidor activó su Plan Verano 2026, concentrando recursos en hoteles, restaurantes, puntos turísticos y comercios de alta circulación. Más de 120 personas participaron en el operativo, dedicadas a fiscalizar no solo alimentos, sino también prácticas comerciales relacionadas con la contratación de servicios, etiquetado y promociones.

Dentro de la vigilancia, la institución atendió también denuncias sobre diferencias de precios al pagar con tarjeta, detectando cuatro casos de sobrecargos indebidos. Se identificaron cinco incumplimientos en materia de promociones y ofertas no claras, principalmente en la zona central y oriental.

La Defensoría estableció puntos de atención temporales en los principales atractivos turísticos, donde recibió consultas y denuncias directas de la ciudadanía. “Aunque usted se retire de nuestro país, su caso continúa siendo atendido. Le mantendremos informado para brindarle una atención oportuna”, explicó Salazar en la entrevista.

El proceso de sanción: de la detección a la ejecución

Las multas impuestas responden a infracciones tipificadas por la Ley de Protección al Consumidor como leves, graves o muy graves. En el caso de los alimentos vencidos o cobros indebidos, la sanción puede alcanzar hasta 500 salarios mínimos. La falta de información sobre promociones y precios visibles se castiga con multas de hasta 200 salarios mínimos.

El procedimiento sancionatorio inicia con la presentación del acta de inspección ante el tribunal de la Defensoría, donde el proveedor tiene derecho a defensa y a presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia si lo considera conveniente.

Según Salazar, “alrededor de dos terceras partes de todas las multas que estamos imponiendo son pagadas por parte de los proveedores”. El resto pasa a instancias judiciales para su cobro, a través de gestiones de la Fiscalía General de la República.

La reincidencia en infracciones puede elevar la cuantía de la multa y activar la intervención de otras entidades del Estado en materia de permisos de funcionamiento y medidas higiénicas.

Un conflicto por la custodia y visitas de una mascota en el condado de San Diego derivó en una advertencia judicial sobre los riesgos de confiar en la inteligencia artificial (IA, sistemas algorítmicos generativos aplicados al procesamiento de documentos legales) para fundamentar decisiones legales.

Tras un proceso de apelación, la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito emitió una nota al pie una semana después de la decisión unánime publicada el 5 de marzo, alertando sobre la multiplicación de casos en los que aparecen citas jurídicas inexistentes, generadas como alucinaciones por herramientas de IA, y donde ni el juez ni los abogados percibieron el error en la fase inicial del litigio, lo que revela la magnitud de los desafíos ante el avance de estos sistemas, según informó el medio The San Diego Union-Tribune.

La corte puntualizó: “Como ilustra este caso, es igualmente importante que los funcionarios judiciales y el personal de los tribunales que no utilizan IA generativa verifiquen las citas contenidas en las órdenes propuestas por los abogados”, según recogió el medio The San Diego Union-Tribune.

La controversia entre la propietaria del perro Kyra y su expareja llevó a que la jueza se inclinara por la mujer, basando parte de su fallo en dos precedentes jurídicos citados por la abogada Roxanne Chung Bonar.

Ya en el curso de la apelación, el abogado del exnovio, David Beavans, descubrió que ambos casos presentados como fundamento no existían o eran irrelevantes para la causa: uno era una referencia a un proceso penal ajeno a temas de custodia de animales, el otro correspondía a manutención entre cónyuges y no abordaba bienestar emocional ni estabilidad, conceptos centrales en el litigio.

Según la opinión del tribunal, “no hay dificultad en concluir que es un abuso de discreción por parte de un tribunal basarse materialmente en autoridades ficticias para emitir una decisión u orden”. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió no revocar la resolución original, argumentando que los abogados debieron detectar el error antes y que el resultado podría haber sido idéntico incluso sin las citas falsas.

El uso creciente de inteligencia artificial en la justicia y sus peligros evidenciados

El número de incidentes en los que la IA introduce datos ficticios en documentos judiciales genera advertencias de las autoridades.

Según The San Diego Union-Tribune, este fenómeno es objeto de seguimiento por organizaciones y ya provocó que la Barra Estatal de California, el colegio profesional de abogados del estado, impusiera su primera sanción disciplinaria a un abogado implicado por el uso indebido de IA.

El año pasado, el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, interrogó a jueces federales sobre la aparición de estos errores en sus órdenes. Ambos magistrados informaron que sus equipos habían recurrido a IA generativa durante la redacción de resoluciones.

El mes pasado, la empresa Learned Hand anunció el suministro de su tecnología de IA a un grupo selecto de jueces del Tribunal Superior de Los Ángeles, máxima instancia de justicia ordinaria en la región metropolitana, para labores de análisis, investigación y síntesis de información. Un estudio reciente de la Universidad Northwestern reveló que el 60% de los jueces federales encuestados utiliza al menos una herramienta de IA en su trabajo.

La profesora de Derecho de la Universidad de San Diego Judith Lihosit, experta en investigación jurídica y tecnologías de IA, comentó a The San Diego Union-Tribune que la sentencia intentó establecer un equilibrio al subrayar la responsabilidad de los juzgados y de quienes presentan los expedientes.

Lihosit afirmó: “Es responsabilidad del tribunal verificar y comprobar todas estas cosas. Al añadir esa nota, la corte quiso dejar en claro que los jueces deben comprobar no solo su propio uso de IA, sino validar cualquier material presentado ante ellos”.

Sanciones y reconocimiento de fallas en el proceso

Durante la apelación, Bonar defendió la legitimidad de los precedentes citados, aunque luego admitió que recurrió a recursos en línea y herramientas de IA por no disponer de una suscripción de pago a servicios convencionales de investigación legal.

Además, mencionó que recibió el nombre de un supuesto caso a través de un artículo difundido en Reddit. La corte resolvió imponerle una sanción de USD 5.000, señalando que persistió en su error cuando fue confrontada.

En sus declaraciones recogidas por The San Diego Union-Tribune, Beavans sostuvo: “Nunca antes hemos visto casos inventados desde cero” por IA, y advirtió que la habilidad de estas herramientas para fabricar argumentos persuasivos puede engañar incluso a profesionales experimentados.

Limitaciones humanas y tecnológicas en la verificación judicial

Funcionarios del Tribunal Superior de San Diego declararon al medio que tanto abogados como litigantes tienen “una obligación clara y afirmativa” de asegurar la veracidad de sus escritos.

Aun así, admitieron que los tribunales mantienen una “responsabilidad real y continua” para revisar la documentación presentada y tomar medidas razonables que garanticen su exactitud. Reconocen que, en la práctica, dada la enorme cantidad de expedientes diarios, frecuentemente dependen de la corrección de los materiales remitidos por las partes.

El tribunal señaló: “Mientras que la revisión del tribunal es una capa importante de protección y disponemos de herramientas manuales para comprobar citas, por necesidad, salvo advertencia o impugnación, el órgano suele confiar en la exactitud de los materiales presentados”.

Los juzgados californianos exploran herramientas tecnológicas para prevenir este tipo de problemas, aunque el factor costo constituye una limitación considerable. Como subrayó la corte, “ningún sistema —humano o tecnológico— es infalible”.

El gobierno de Huixquilucan lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua durante las celebraciones de Semana Santa, especialmente en el tradicional Sábado de Gloria.

El desperdicio de este recurso podría derivar en sanciones económicas de más de 4 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en el Bando Municipal 2026.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, exhortó a la población a evitar prácticas que impliquen el uso indebido del agua, como mojarse en la vía pública o desperdiciarla en juegos, ya que estas acciones no solo afectan el suministro del líquido, sino que también contribuyen a agravar los efectos de la temporada de estiaje que impacta al Valle de México.

“Es fundamental que todos asumamos la responsabilidad de cuidar el agua. Nuestro objetivo es garantizar que llegue de manera equitativa a todas las zonas de Huixquilucan, ya sean tradicionales, populares o residenciales. Se trata de un recurso vital para nuestras actividades diarias y debemos ser solidarios en su uso”, destacó la alcaldesa.

¿Cuánto es la multa por desperdiciar agua?

De acuerdo con el Artículo 196, fracción XI del Bando Municipal de Huixquilucan 2026, las personas que sean sorprendidas desperdiciando agua de forma ostensible podrán recibir sanciones que van de 20 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en multas económicas que pueden superar los 4 mil 600 pesos. Además, se contempla arresto de 12 a 18 horas o la conmutación de la sanción por trabajo comunitario de seis a 12 horas.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se intensificarán los operativos de vigilancia en todo el municipio. Elementos de seguridad realizarán rondines permanentes las 24 horas del día con el objetivo de prevenir el desperdicio del agua y garantizar el cumplimiento de la normativa.

El funcionario detalló que, en caso de detectar a personas haciendo mal uso del recurso, estas serán remitidas ante el juez calificador correspondiente, quien determinará la sanción aplicable conforme a la ley vigente.

Recomendaciiones para el cuidado del agua

Asimismo, el gobierno municipal emitió una serie de recomendaciones para fomentar el ahorro de agua en los hogares durante esta temporada.

Entre ellas destacan:

1. Tomar duchas cortas
2. Cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo o se cepillan los dientes
3. Utilizar cubetas en lugar de mangueras para lavar autos o patios
4. Reutilizar el agua de la lavadora para limpieza
5. Evitar regar jardines durante las horas de mayor calor

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por Aguas de Huixquilucan, que recientemente puso en marcha la campaña #estaesnuestracultura, la cual busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de adoptar hábitos responsables en el consumo del agua.

El llamado de las autoridades cobra mayor relevancia ante las condiciones de sequía que afectan diversas regiones del país, donde el cuidado del agua se ha convertido en una prioridad para garantizar el bienestar de la población.

En el marco de las celebraciones de la Semana Santa, autoridades de la Ciudad de México han reforzado las medidas para evitar el desperdicio de agua, especialmente durante el tradicional Sábado de Gloria, una fecha en la que históricamente se acostumbra arrojar agua en calles y espacios públicos.

Sin embargo, debido a la crisis hídrica que enfrenta la capital en los últimos años, esta práctica ha sido considerada como un uso irresponsable del recurso. Por ello, tanto la Ley de Aguas de la Ciudad de México como la Ley de Cultura Cívica establecen sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en este tipo de conductas.

De acuerdo con la normativa vigente, desperdiciar agua, ya sea en la vía pública o dentro del ámbito doméstico, constituye una falta administrativa. Esto incluye acciones como mojar a otras personas, utilizar mangueras sin control o arrojar cubetas de agua sin justificación.

En el caso de los hogares, las multas oscilan entre las 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, esto equivale aproximadamente a montos que van de 11 mil 731 a 35 mil 193 pesos. Estas sanciones aplican a usuarios domésticos que hagan un uso indebido del agua, incluso dentro de sus viviendas si el desperdicio es evidente.

Por otro lado, las sanciones son considerablemente más altas para establecimientos comerciales, oficinas o empresas. En estos casos, las multas van de mil a 3 mil UMAs, lo que representa cantidades que pueden alcanzar entre 117 mil 310 y hasta 351 mil 930 pesos. Las autoridades justifican estas cifras debido al impacto que el desperdicio a gran escala puede tener en el suministro del recurso.

Además de las sanciones económicas, la Ley de Cultura Cívica contempla otras medidas. El artículo correspondiente señala que desperdiciar agua puede derivar en arrestos administrativos de entre 20 y 36 horas, así como en la obligación de realizar trabajo comunitario de 10 a 18 horas. Estas disposiciones buscan generar conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

Las autoridades capitalinas han hecho un llamado a la población para evitar estas prácticas durante el Sábado de Gloria y en cualquier otro momento del año. También han exhortado a los ciudadanos a denunciar el desperdicio de agua, con el fin de proteger este recurso vital.

Aunque mojarse en estas fechas es una tradición arraigada, el contexto actual de escasez obliga a replantear estas costumbres. El objetivo principal de las sanciones no es solo castigar, sino fomentar una cultura de uso responsable del agua en la ciudad.

En conclusión, participar en actividades que impliquen el desperdicio de agua durante Semana Santa en la Ciudad de México puede resultar costoso, tanto en términos económicos como legales. Por ello, es importante que la ciudadanía esté informada y opte por celebrar de manera responsable.

El Buzón Tributario es una herramienta digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que funciona como un canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de este sistema, el SAT envía notificaciones, requerimientos, avisos importantes e incluso mensajes relacionados con devoluciones o auditorías.

Activarlo no es opcional: es un requisito fiscal vigente en México. De hecho, no habilitarlo o no mantener actualizados tus medios de contacto puede salir caro, con multas que superan los 10 mil pesos.

¿Por qué el Buzón Tributario es obligatorio?

El SAT establece la obligatoriedad del Buzón Tributario para garantizar que los contribuyentes estén enterados de cualquier acto administrativo o fiscal en tiempo real. Esto incluye desde simples recordatorios hasta notificaciones formales con efectos legales.

Si la autoridad intenta notificarte y no tienes el buzón activo o actualizado, puedes enfrentar consecuencias importantes:

• Multas económicas que pueden rebasar los 10 mil pesos
• Ser considerado como “no localizado” ante el SAT
• Cancelación de tus sellos digitales, lo que te impediría emitir facturas

Este último punto es especialmente grave para personas físicas con actividad empresarial o empresas, ya que prácticamente detiene su operación fiscal.

Beneficios de habilitar el Buzón Tributario

Activar el Buzón Tributario no solo evita sanciones, también ofrece ventajas prácticas para los contribuyentes:

• Recibes notificaciones oficiales de forma inmediata
• Puedes dar seguimiento a trámites fiscales sin acudir a oficinas
• Facilita la comunicación directa con el SAT
• Permite estar al tanto de devoluciones, avisos y obligaciones pendientes
• Reduce el riesgo de perder plazos importantes

En pocas palabras, es una herramienta que simplifica el cumplimiento fiscal y te mantiene informado.

¿Cómo evito la multa?

Para evitar sanciones, es fundamental habilitar y mantener actualizado tu Buzón Tributario. El proceso es sencillo y se realiza en línea:

1. Ingresa al portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma
2. Accede a la sección de Buzón Tributario
3. Registra al menos un correo electrónico y un número de celular
4. Confirma los medios de contacto mediante los códigos que recibirás

El SAT recomienda verificar periódicamente que tus datos sigan vigentes, ya que cualquier cambio sin actualizar podría dejarte fuera de notificaciones importantes.

No ignores los correos o avisos relacionados con este tema. Mantener activo tu Buzón Tributario no solo es una obligación, sino una forma de evitar problemas fiscales que podrían afectar directamente tu bolsillo y tu actividad económica.

Viajar por las rutas argentinas durante el fin de semana extra largo de Semana Santa requiere que los conductores cumplan una serie de requisitos formales para poder circular sin inconvenientes. La normativa vigente, establecida en la Ley Nacional de Tránsito, determina qué documentación es indispensable exhibir ante cualquier control vehicular, especialmente en épocas de mayor tránsito. Si bien en los últimos años se implementaron alternativas digitales para facilitar el acceso y la presentación de los papeles, las obligaciones básicas no han cambiado y siguen plenamente vigentes.

No portar la documentación obligatoria puede generar sanciones económicas, la retención de documentos y, en situaciones más graves, la interrupción del viaje hasta que la situación se regularice. Por ese motivo, antes de salir, conviene revisar que todos los papeles estén en regla y disponibles para ser mostrados ante una inspección.

La documentación obligatoria

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el primer requisito, y debe estar actualizado y en formato físico, ya que en la mayor parte de los controles no se acepta únicamente la versión digital. El DNI acredita tanto la identidad como el domicilio del conductor. Su ausencia puede derivar en una multa o incluso en la retención del vehículo o de la licencia de conducir, según la falta.

Junto al DNI, es obligatorio portar la Licencia Nacional de Conducir habilitante. En este caso, la versión digital disponible en la aplicación oficial del Gobierno tiene la misma validez que la física, siempre que esté vigente y visible correctamente. Es importante que la licencia haya sido emitida en la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor; de lo contrario, las autoridades pueden considerar la habilitación inválida y sancionar la infracción.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula verde es el documento principal y debe estar al día. Aunque en algunas provincias se admite la versión digital, muchas aún exigen el formato impreso, por lo que es recomendable viajar con ambas opciones. Si quien conduce no es el titular, y este no está presente, es imprescindible contar con una autorización de manejo, que puede tramitarse digitalmente. El titular puede habilitar o revocar esta autorización cuando lo considere necesario.

El seguro automotor vigente es otro requisito esencial. La póliza debe demostrar cobertura ante siniestros o daños a terceros y su vigencia debe poder comprobarse en cualquier control. Si bien en la mayoría de los casos se acepta la versión digital, llevar impresa la constancia de pago puede evitar complicaciones en lugares con baja conectividad o en provincias donde los controles son más estrictos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es el certificado que acredita que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular. Este documento debe estar en el vehículo y la correspondiente oblea debe estar adherida al parabrisas. Circular con la verificación vencida puede dar lugar a multas o incluso impedir que el auto continúe su trayecto, dependiendo de la jurisdicción.

Aunque el comprobante de pago de la patente automotor no es obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en los controles, por lo que llevarlo puede evitar demoras y complicaciones innecesarias. Además, es fundamental que las chapas patente estén bien colocadas, legibles y en su lugar original. Circular con placas provisorias vencidas o deterioradas también constituye una infracción.

Elementos y documentación

Más allá de lo mecánico, se debe verificar que en el auto esté el kit completo de emergencia obligatorio:

• matafuegos de 1 kg con su carga vigente
• dos balizas triangulares
• un chaleco reflectivo
• elementos para cambiar un neumático: un gato hidráulico y una llave para retirar los bulones.

En caso de tener tuercas de seguridad, también el adaptador que permite extraer el neumático en esa condición.

La documentación exigible que puede solicitar cualquier control de las autoridades en la ruta y que no solo implica multas en caso de no tenerlos sino incluso impedir que se continúe el viaje.

• licencia de conducir al día
• cédula de identidad del vehículo
• autorización de manejo para casos de conductores que no son los titulares del auto (en MiArgentina se gestiona en pocos minutos)
• seguro automotor vigente
• VTV o RTO vigente
• último recibo de patente también al día

Consideraciones a tener en cuenta

Cada provincia puede sumar requisitos propios o pedir documentación adicional, por lo que siempre es útil consultar la normativa local antes de emprender un viaje. En los períodos de mayor circulación, como las vacaciones de verano o fines de semana largos, los controles se intensifican, verificando no solo la documentación sino también el estado general del vehículo.

Las consecuencias por no cumplir con estos requisitos pueden ser diversas: desde multas económicas hasta la retención de documentos o la imposibilidad de seguir viaje hasta resolver la falta. Por eso, revisar toda la documentación y llevar tanto versiones digitales como físicas, cuando sea posible, es la mejor forma de evitar contratiempos y asegurar un viaje tranquilo por las rutas argentinas.

El Gobierno del Estado de México anunció una prórroga para el pago del refrendo vehicular 2026, lo que permitirá a miles de automovilistas acceder al subsidio de la tenencia y evitar el pago total del impuesto.

La nueva fecha límite se fijó para el 6 de abril de 2026, unos días después del plazo tradicional que vencía el 31 de marzo.

La medida busca dar mayor margen a los contribuyentes que no alcanzaron a cumplir en tiempo, así como incentivar la regularización vehicular en la entidad.

Autoridades estatales reiteraron que el beneficio aplica únicamente para quienes cumplan con todos los requisitos establecidos.

Requisitos para obtener el subsidio

Con esta ampliación, los propietarios de vehículos podrán pagar únicamente el refrendo y acceder al subsidio del 100% en la tenencia, siempre que cumplan con las condiciones vigentes.

El refrendo vehicular en 2026 mantiene un costo aproximado de 865 pesos, aunque puede variar según el tipo de vehículo.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben cumplir con lo siguiente:

• Estar al corriente en pagos de tenencia de años anteriores
• Contar con tarjeta de circulación vigente
• El valor del vehículo no debe exceder el límite establecido por el programa
• Realizar el pago antes del 6 de abril de 2026

¿Qué pasa si no pagas antes de la fecha límite?

Quienes no aprovechen la prórroga perderán el subsidio y deberán cubrir el costo total de la tenencia, lo que representa un gasto mucho mayor.

Además, pueden enfrentar otras consecuencias:

• Recargos y actualizaciones en el adeudo
• Multas por falta de pago
• Dificultades para realizar trámites como verificación o cambio de propietario

El pago puntual evita sanciones y mantiene en regla la documentación del vehículo.

¿Cómo pagar el refrendo en Edomex?

El trámite se puede realizar de forma sencilla tanto en línea como de manera presencial.

Opciones de pago disponibles

• En línea a través del portal oficial del gobierno estatal
• En bancos autorizados
• En tiendas de autoservicio y conveniencia
• En módulos de atención al contribuyente

Para pagar en línea, solo se necesita la placa del vehículo y una tarjeta bancaria, primero debes entrar a https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/A06E1A88B8A6ED4B#/

El subsidio a la tenencia representa un apoyo importante para la economía familiar. Además, el cumplimiento del pago garantiza tranquilidad jurídica para los automovilistas.

Entre los principales beneficios destacan:

• Ahorro significativo al evitar el pago completo de la tenencia
• Vehículo en regla ante autoridades estatales
• Facilidad para realizar trámites vehiculares
• Evitar sanciones y recargos

Llamado a contribuyentes

Las autoridades exhortaron a la población a no dejar el trámite para el último momento, ya que la demanda en plataformas y centros de pago puede aumentar conforme se acerca la fecha límite.

El gobierno del Edomex subrayó que esta prórroga representa una oportunidad adicional para regularizar la situación fiscal vehicular sin afectar la economía de las familias.

La prórroga para el pago del refrendo vehicular en el Estado de México amplía el plazo hasta el 6 de abril de 2026, lo que permite conservar el subsidio del 100% en la tenencia. Cumplir con este trámite a tiempo evita gastos mayores y mantiene en regla la situación del vehículo.

Los automovilistas aún tienen oportunidad de aprovechar este beneficio, pero el tiempo es limitado.

Los propietarios de vehículos en la capital del país tienen este martes como fecha límite para aprovechar el subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular, un beneficio fiscal que permite a miles de automovilistas pagar únicamente el refrendo y evitar cargos adicionales.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, quienes no realicen el pago hoy perderán automáticamente el descuento y deberán cubrir el monto total de la tenencia, lo que puede representar un gasto significativamente mayor.

El costo del refrendo vehicular en 2026 es de aproximadamente 760 pesos, monto que deben cubrir los contribuyentes para acceder al subsidio. Este beneficio aplica únicamente para automóviles cuyo valor no exceda los 638 mil pesos (IVA incluido) y motocicletas con un valor máximo de 250 mil pesos.

Además, como parte de las facilidades de pago, el gobierno capitalino mantiene opciones de meses sin intereses para quienes decidan realizar el trámite con tarjetas de crédito, lo que busca incentivar el cumplimiento puntual de esta obligación fiscal.

¿Habrá prórroga para el pago de la tenencia en la CDMX?

Las autoridades han reiterado que este 31 de marzo es la fecha definitiva para obtener el subsidio, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar contratiempos y realizar el pago a la brevedad.

El cumplimiento de esta obligación no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza que los vehículos puedan circular sin restricciones y cumplir con otros trámites indispensables.

En este contexto, los automovilistas deben considerar que el retraso en el pago puede implicar un impacto directo en su economía, además de complicaciones administrativas que podrían afectar su movilidad diaria.

¿Dónde pagar la tenencia en CDMX?

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera presencial en diversos puntos habilitados en toda la ciudad, entre los que destacan:

• Instituciones financieras
• Tiendas de autoservicio y departamentales
• Farmacias
• Tiendas de conveniencia
• Oficinas de servicio (martes de 09:00 a 21:00 horas)
• Kioscos de la Tesorería (martes 09:00 a 20:00 horas)
• Tesomóvil (con ubicación itinerante)

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento del pago en el último día, especialmente para quienes no pudieron realizar el trámite en línea o prefieren hacerlo de manera presencial.

Consecuencias de no pagar la tenencia

No cumplir con el pago del refrendo y la tenencia puede generar diversas complicaciones para los automovilistas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

• Imposibilidad de verificar el vehículo
• Restricciones para cambiar placas
• Dificultad para liberar el automóvil en caso de ser enviado al corralón

Asimismo, circular con placas vencidas o sin placas puede derivar en sanciones económicas. Para 2026, la multa por esta infracción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Considerando que el valor de la UMA este año es de 117.31 pesos, la sanción económica puede oscilar entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la falta cometida.

Con múltiples opciones de pago disponibles y facilidades como meses sin intereses, las autoridades capitalinas buscan que ningún contribuyente se quede sin cumplir con este trámite clave antes de que concluya el plazo.

Los propietarios de vehículos en el Edomex tienen que aprovechar los subsidios y facilidades que ofrece el gobierno estatal para regularizar el pago de la tenencia vehicular.

Se trata de una oportunidad clave para evitar cargos adicionales, quienes no hayan cumplido con este trámite deberán pagar el monto total del impuesto, además del refrendo correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el subsidio del 100% en la tenencia es uno de los principales beneficios fiscales disponibles durante el primer trimestre del año, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos establecidos y realicen el pago en tiempo y forma.

El programa busca incentivar la regularización vehicular, reducir la cartera vencida y apoyar la economía familiar de millones de automovilistas mexiquenses. Sin embargo, el plazo está por concluir, por lo que autoridades exhortan a no dejar el trámite para el último momento.

¿Cómo obtener el subsidio del 100% en la tenencia?

Para acceder a este beneficio, los propietarios de vehículos deben realizar el pago del refrendo vehicular antes de la nueva prórroga que se dio, que es el 6 de abril a través del Portal de Servicios al Contribuyente, o bien, acudir directamente a los centros autorizados.

El trámite puede efectuarse en línea mediante el sitio oficial del gobierno del Edomex que es: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales y Módulos Integrales de Recaudación distribuidos en la entidad.

Además, la dependencia estatal destacó que cuenta con personal capacitado para brindar orientación durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar una atención clara, transparente y segura.

Canales de atención y asesoría

Para resolver dudas o recibir acompañamiento durante el trámite, los contribuyentes pueden comunicarse a los números telefónicos habilitados por la autoridad:

• 800 696 96 96
• 800 715 43 50

También se encuentra disponible el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, donde se brinda atención personalizada.

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal y evitar contratiempos, especialmente en los últimos días del plazo, cuando suele incrementarse la demanda.

Si los propietarios de vehículos no realizan el pago antes de la fecha límite, perderán automáticamente el subsidio del 100% en la tenencia. Esto implicará un gasto mayor, ya que deberán cubrir tanto el refrendo como el costo total del impuesto, además de posibles recargos y actualizaciones.

El incumplimiento también puede generar restricciones en trámites vehiculares futuros, como verificaciones, cambios de propietario o bajas administrativas.

Importancia de cumplir con la obligación fiscal

El pago de la tenencia vehicular es una contribución que permite financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales en el Estado de México. Por ello, autoridades insisten en la importancia de cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

A pocas horas de que concluya el programa de subsidios, la recomendación es clara: realizar el trámite cuanto antes para evitar filas, saturación en el sistema o contratiempos técnicos.

El representante estadounidense ante la Unión Europea, Andrew Puzder, señaló que la continuidad de las sanciones y el incremento del nivel regulatorio por parte de los gobiernos europeos podría perjudicar la capacidad del continente para mantenerse a la vanguardia en la economía digital basada en inteligencia artificial. De acuerdo con lo publicado por CNBC, Puzder manifestó que la posibilidad de que Europa acceda, construya y mantenga una infraestructura tecnológica de alto nivel depende, en gran parte, de la colaboración con empresas estadounidenses, especialmente en la provisión de centros de datos y hardware especializado.

Según informó la cadena CNBC, el embajador estadounidense hizo un llamado directo a las autoridades europeas para que reconsideren la política de aplicación de multas y el endurecimiento de las regulaciones sobre las grandes compañías tecnológicas, sugiriendo que estas medidas podrían ahuyentar la inversión extranjera y dificultar el desarrollo del sector de inteligencia artificial en la región. Puzder afirmó que, ante la emergencia de una economía impulsada por la inteligencia artificial, resulta fundamental que la Unión Europea no restrinja el acceso a servicios e infraestructura de empresas estadounidenses por medio de sanciones y normativas restrictivas.

Durante su intervención, Puzder argumentó que la construcción de centros de datos y el acceso a datos e infraestructura de hardware estadounidense representan elementos esenciales para que Europa pueda insertarse de manera competitiva en la economía de inteligencia artificial. El embajador sostuvo que, si la Unión Europea aspira a tener un papel relevante en esta nueva etapa tecnológica global, resulta indispensable evitar un entorno regulatorio adverso que podría derivar en que las compañías tecnológicas decidan retirarse o limitar sus operaciones en el continente.

De acuerdo con CNBC, el embajador enfatizó: "Si la Unión Europea va a participar en la economía de la IA va a necesitar centros de datos, datos y acceso a la infraestructura de hardware de IA de Estados Unidos, y no se puede regular en exceso, cambiar las reglas del juego y multar a las empresas con enormes sumas de dinero". Estas declaraciones se dan en un contexto en el que la Unión Europea ha intensificado la vigilancia y sanción a grandes empresas del sector digital por infracciones a las normativas comunitarias.

En el actual marco regulatorio europeo, varias compañías estadounidenses han enfrentado multas significativas. Según reportó CNBC, la Comisión Europea impuso una sanción de 120 millones de euros a la red social X, de Elon Musk, por no cumplir con la Ley de Servicios Digitales. Además, empresas como Meta y Apple recibieron multas de 200 millones y 500 millones de euros, respectivamente, vinculadas a incumplimientos de la Ley de Mercados Digitales.

Puzder instó a un análisis detallado por parte de los dirigentes europeos sobre las consecuencias de sus políticas regulatorias. En sus declaraciones, el representante estadounidense indicó que resulta fundamental que tanto las autoridades europeas como las empresas tecnológicas consideren sus estrategias de cara al futuro de sus actividades en la Unión Europea.

Según reportó CNBC, la postura del embajador de Estados Unidos subraya la preocupación estadounidense acerca de la posibilidad de que la aplicación continua de sanciones y regulaciones estrictas lleve a una desventaja competitiva para Europa en el desarrollo de inteligencia artificial. En la misma línea, Puzder puntualizó que excluir a las compañías tecnológicas estadounidenses del mercado europeo afectaría negativamente las capacidades tecnológicas del continente y el acceso a recursos clave para impulsar la IA.

En contraste, las autoridades europeas han expresado que pretenden salvaguardar los derechos de los consumidores y asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con los estándares legislativos comunitarios. CNBC recordó que Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, reiteró en declaraciones previas que podrían imponerse nuevas multas a las empresas que no acaten la regulación europea vigente.

El debate sobre el equilibrio entre un entorno regulatorio exigente y la necesidad de incentivar la inversión en innovación tecnológica continúa vigente. Según publicó CNBC, la preocupación por no quedar retrasados en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial ha motivado al representante estadounidense a advertir que la política de multas excesivas y sobre-regulación podría poner en riesgo la oportunidad de Europa de desempeñar un papel relevante en esta nueva economía.

Las plataformas de venta ‘online’ como Shein y Temu estarán obligadas a garantizar que los productos que comercializan en la Unión Europea cumplen con la normativa comunitaria, según el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo para reformar la política aduanera común. El nuevo régimen, que pretende reforzar las obligaciones de responsabilidad de estos gigantes del comercio digital sobre los consumidores, prevé multas para quienes reincidan en incumplimientos.

La reforma tiene como objetivo simplificar los trámites en las aduanas, pero también endurecer la vigilancia sobre las operaciones de plataformas extranjeras en el mercado común. Entre las medidas, se destaca la creación de una plataforma central de gestión de datos y una coordinación reforzada liderada por la Autoridad Aduanera europea (EUCA), cuya sede estará en Lille, Francia.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, calificó el pacto como un “paso transformador hacia un sistema más unificado y moderno”. La propuesta, pendiente aún de la aprobación formal de los Estados miembro y la Eurocámara, busca adaptar la regulación europea a la realidad del comercio electrónico y fortalecer la protección de los consumidores.

El centro europeo de datos aduaneros comenzará a operar para el comercio en línea en 2028 y estar plenamente funcional para todas las empresas en 2031. El objetivo es que, para 2034, este centro se convierta en el único punto de entrada aduanero de la Unión, lo que permitirá simplificar los trámites y reducir costes tanto para las autoridades de control como para las propias compañías.

Tasas aduaneras para paquetes pequeños

Como parte de la transición, la UE ya había adelantado que aplicará desde julio un arancel de 3 euros a cada paquete de bajo valor, es decir, aquellos que cuesten menos de 150 euros. Además, antes de noviembre de 2026, sumará una tasa de gestión destinada a compensar la sobrecarga que supone el auge de las compras ‘online’. Este recargo tendrá que ser asumido por las plataformas o los operadores responsables del paquete, nunca por el consumidor final, y su cuantía será fijada y revisada por la Comisión Europea teniendo en cuenta los costes administrativos y de control.

Las plataformas de venta digital como Shein, Temu y Amazon quedarán sujetas a nuevas obligaciones bajo este marco. Deberán informar al centro aduanero de datos sobre cada transacción en cuanto se realice, permitiendo así que las autoridades actúen incluso antes de que los productos lleguen a la frontera comunitaria. Además, estas empresas tendrán la responsabilidad de garantizar que los artículos cumplen con toda la legislación europea, tanto fiscal como de seguridad. Las plataformas que no respeten de forma reiterada la normativa podrán enfrentarse a multas de entre el 1% y el 6% del valor total de sus importaciones en los 12 meses previos. También podrán perder el estatus de operador de confianza y pasar a ser catalogadas como operadores de alto riesgo, lo que implica mayores controles y restricciones.

“El fin de la impunidad” para las empresas infractoras

La Comisión Europea estima que, solo en 2025 entraron al mercado común 5.900 millones de productos de bajo valor, de los cuales el 90% procedía de China. Esta avalancha de paquetes ha puesto a prueba los sistemas de control y ha elevado el riesgo de que productos peligrosos o ilegales lleguen a los consumidores europeos.

Por primera vez, las plataformas deberán estar establecidas en la Unión Europea o representadas por entidades con sede en el bloque, lo que busca impedir el uso de empresas fantasma para eludir la responsabilidad legal. La Organización Europea de Consumidores ha celebrado la reforma, señalando que representa “el fin de la impunidad” para quienes ignoraban las normas de seguridad y competencia en la región.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha profundizado su apuesta por la fiscalización digital del tránsito con el despliegue de Lima Reporta, una aplicación que permite a inspectores municipales capturar y enviar en tiempo real pruebas audiovisuales de infracciones, facilitando así la imposición de multas a conductores en la capital.

Según El Comercio, la activación de Lima Reporta ha generado tanto el reconocimiento de su capacidad para detectar infracciones como cuestionamientos sobre la señalización de las zonas fiscalizadas y la recepción oportuna de las notificaciones.

El caso de San Miguel, donde la municipalidad suspendió temporalmente el uso de la app tras numerosas quejas, puso en primer plano las diversas posiciones que acompañan la implementación de este sistema. La gestión local aclaró que su prioridad está en la legalidad y la protección de la economía familiar, no en un fin recaudatorio.

¿Cómo funciona Lima Repora?

De acuerdo con la información oficial de la MML, los inspectores utilizan la aplicación para grabar videos cortos y tomar fotografías que documentan situaciones consideradas infracciones bajo el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT). Estas evidencias se suben a la plataforma digital, donde técnicos de la Gerencia de Movilidad Urbana validan y procesan los casos antes de que se notifique la sanción al conductor. Cada papeleta cuenta con un código QR que permite consultar el material probatorio.

Dicho medio informó que Lima Reporta comenzó a operar tras la firma de convenios entre la MML y 18 municipios distritales a partir de 2023. El aplicativo fue diseñado para intervenir en avenidas con alto flujo vehicular, como Javier Prado, Benavides, Arequipa y Abancay, donde la infracción de normas incide en la circulación y la seguridad vial.

Antes de la entrada en funcionamiento, los inspectores municipales reciben capacitación teórica y práctica. Se ejecuta una etapa de “marcha blanca” para probar la calidad de la evidencia recopilada. Solo tras aprobar este proceso, los funcionarios pueden registrar infracciones de manera oficial mediante la app. La MML enfatizó que el sistema requiere registrar la placa del vehículo, la conducta sancionada y el entorno, y que solo personal autorizado puede operar la herramienta tecnológica durante su jornada laboral y dentro de su jurisdicción.

La revisión y validación técnica de cada evidencia corresponde a la Gerencia de Movilidad Urbana, que sostiene que las sanciones aplicadas no constituyen nuevas infracciones ni se definen de manera discrecional, sino que se ajustan a normas ya vigentes en el RNT.

¿En qué distritos opera Lima Reporta?

La extensión territorial de Lima Reporta alcanza a Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac. Dicho medio explicó que la elección de los distritos responde a convenios interinstitucionales para reforzar la fiscalización y reducir conductas de riesgo en puntos críticos del tráfico limeño.

En el distrito de Surquillo, los inspectores comenzaron a utilizar la app luego de una campaña de sensibilización y una “marcha blanca” que introdujo a los conductores a las nuevas dinámicas de control. La aplicación opera plenamente en la zona, como parte del acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde el 15 de enero de 2026.

La MML ha señalado que la selección de vías y zonas se basa en criterios técnicos: volumen vehicular, seguridad y frecuencia de incidentes. El propósito es mejorar el ordenamiento y la seguridad vial.

Reclamos y cuestionamientos: ¿qué dicen los conductores?

Desde su despliegue, Lima Reporta enfrenta cuestionamientos provenientes de conductores y especialistas en tránsito. Muchos manifestaron a dicho medio que la señalización de las zonas fiscalizadas resulta insuficiente y que la notificación de sanciones no siempre se realiza de manera ágil. Esta insatisfacción llevó a que municipios como San Miguel y Magdalena instalen mesas técnicas e, incluso, suspendan temporalmente el registro de nuevas infracciones mediante la app.

El abogado Abel Balbín Ludeña advirtió que la fiscalización electrónica requiere que las zonas estén debidamente señalizadas y que las fotopapeletas sean notificadas por medios válidos, como la casilla electrónica, para no incurrir en arbitrariedades. Balbín Ludeña sostuvo: “Deben informar a los conductores que están siendo fiscalizados y notificar de manera válida al administrado a través de la casilla electrónica, ya que estarían haciendo actos arbitrarios y lo que estarían buscando sería recaudar antes que prevenir un accidente”.

Por su parte, el especialista Franklin Barreto indicó que la fiscalización del estacionamiento solo es válida si existe señal vertical y línea amarilla en la vía, tal como exige el Reglamento Nacional de Tránsito. Barreto puntualizó que la iniciativa podría ampliarse a otros distritos siempre que vaya acompañada de campañas de sensibilización sobre las normas. “Si un inspector municipal va a detectar una infracción por mal estacionamiento se requiere que la vía se encuentre con la señalización que determina el Reglamento Nacional de Tránsito”, sostuvo el experto.

Según cifras citadas por el medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, entidad recaudadora municipal, ha recibido 2.718 descargos de papeletas generadas por la plataforma, que continúan en proceso de evaluación. La MML subraya que toda la operación de Lima Reporta es supervisada y auditada por el órgano de Control Institucional de la Contraloría.

En Colombia no existe una multa específica por comer mientras se conduce un vehículo particular. Así lo establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) y su Manual de Infracciones, actualizado mediante la Resolución 3027 de 2010, que no contemplan de manera explícita sanciones por ingerir alimentos o bebidas no alcohólicas al volante.

El marco legal colombiano se rige por el principio de tipicidad en materia sancionatoria. Esto implica que una conducta solo puede ser sancionada si está descrita de forma expresa en la norma. En ese sentido, un comparendo impuesto exclusivamente por “ir comiendo mientras conduce” sería apelable, debido a que dicha infracción no figura en la lista oficial.

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Sin embargo, el hecho de que no exista una sanción directa no significa que la conducta esté exenta de consecuencias legales. El Código sí establece obligaciones claras sobre el comportamiento del conductor. El artículo 61 exige mantener el pleno dominio del vehículo en movimiento, lo que introduce un margen de interpretación frente a situaciones que comprometan la atención.

A diferencia de otras distracciones, como el uso del celular —prohibido expresamente en la infracción C.38 salvo con dispositivos manos libres—, la norma no menciona alimentos o bebidas. Este vacío ha generado confusión entre conductores, en especial por la circulación de contenidos internacionales en redes sociales donde sí se sanciona esta conducta.

En la práctica, las autoridades de tránsito no multan por el acto de comer, sino por las infracciones que puedan derivarse de esa distracción. Por ejemplo, si un conductor pierde el control del vehículo al manipular alimentos, puede ser sancionado por invadir carril, realizar maniobras peligrosas o no respetar la señalización.

Entre las conductas que sí generan comparendos está el incumplimiento de señales de tránsito. Pasarse un semáforo en rojo, tipificado como infracción D.04, puede implicar una multa cercana a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Este tipo de situaciones puede originarse por distracciones visuales momentáneas, como mirar un alimento o buscar una servilleta.

En caso de accidentes, la situación puede escalar. Si un conductor choca por falta de atención mientras comía, el hecho se convierte en un siniestro de tránsito donde su conducta puede ser considerada un agravante. Además, las aseguradoras analizan las causas del accidente y podrían negar la cobertura si se determina que hubo distracción.

La diferencia con otros países radica en la interpretación normativa. En lugares como España, las autoridades cuentan con herramientas legales más amplias para sancionar conductas que afecten la “libertad de movimientos” o el “campo de visión”. En Colombia, esa flexibilidad no existe, lo que limita la imposición directa de multas por este comportamiento.

No obstante, la situación cambia en el transporte público. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), en su artículo 146, establece que consumir alimentos dentro de sistemas de transporte masivo es una conducta contraria a la convivencia. Esto aplica tanto para pasajeros como en entornos como estaciones y buses, donde se puede imponer una multa tipo 1 y exigir el retiro del usuario.

Más allá del aspecto legal, entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial han advertido sobre los riesgos asociados a esta práctica. Comer mientras se conduce implica tres tipos de distracción simultánea visual, manual y cognitiva.

En términos visuales, apartar la mirada del camino por dos segundos a una velocidad de 60 kilómetros por hora equivale a recorrer más de 33 metros sin observar la vía. Desde el punto de vista manual, utilizar una mano para sostener alimentos reduce en un 50% la capacidad de reacción mecánica ante imprevistos. A nivel cognitivo, dividir la atención entre conducir y comer incrementa el tiempo de respuesta frente a situaciones de riesgo.

Aunque la ley no prohíbe de forma literal comer al volante, las autoridades insisten en que se trata de una conducta que puede derivar en sanciones indirectas y aumentar la probabilidad de accidentes. La recomendación general es evitar este hábito, planificar los tiempos de comida o detenerse en lugares autorizados antes de ingerir alimentos.

Desde ayer, comercios, restaurantes y supermercados en todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo por parte de sus clientes, según una nueva ley estatal diseñada para garantizar el acceso a bienes esenciales y evitar la exclusión de personas no bancarizadas.

La legislación, en vigor desde el sábado 21 de marzo, impide que los establecimientos nieguen la venta de productos o servicios a quienes opten por el efectivo y establece multas de hasta USD 1.000 a quienes incumplan la disposición, confirmaron Newsday y la fiscal general Letitia James en un comunicado de prensa.

La normativa prohíbe que los negocios impongan sobreprecios a quienes deciden pagar en efectivo y extiende la obligación de aceptación incluso a bares y restaurantes.

Los reincidentes enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción adicional, según la Office of the New York State Attorney General. Este marco legal se inspira en una medida similar de la ciudad de Nueva York desde 2020, pero ahora se aplica en todo el estado.

Los comercios tampoco pueden exigir que los consumidores usen solo tarjetas de crédito u otros métodos de pago electrónico. Además, tienen prohibido cobrar un monto adicional a quienes prefieran utilizar efectivo, informó NBC New York.

Un aspecto clave de la ley es la protección a los sectores con menor acceso a servicios bancarios, problema que se profundizó con la digitalización.

En palabras de la fiscal James en ABC7 New York: “Los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicio sin importar cómo elijan pagar. Los comercios no pueden negar el acceso a necesidades básicas como comida y ropa al rechazar efectivo o cobrar más por ese motivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo nuestro estado”.

Detalles, restricciones y excepciones de la normativa

La legislación presenta restricciones claras: los comercios pueden negar billetes de más de USD 20 y la obligación de aceptar efectivo se limita a transacciones presenciales, confirmaron Newsday y la oficina de la fiscal general.

Si los locales ofrecen conversión de efectivo a tarjetas prepagas, no pueden cobrar comisiones por ese servicio ni obligar al cliente a cargar en la tarjeta más de un dólar, precisó Newsday.

Las sanciones alcanzan los USD 1.000 en una primera infracción y suben a USD 1.500 para reincidentes, según lo previsto en el texto legal y reiterado por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.

Representantes del sector, como Dylan Jeon, director de relaciones gubernamentales de la National Retail Federation, explicaron a Newsday que la mayoría de los comercios minoristas ya están acostumbrados a las operaciones en efectivo, considerándolo generalmente el método de pago de menor costo para los negocios.

Advirtieron, sin embargo, que para algunas empresas, el manejo de grandes volúmenes de efectivo puede incrementar los riesgos de seguridad.

También existen factores técnicos con impacto inmediato: la reciente escasez nacional de centavos por el cese de su producción federal en noviembre pasado. El abogado Christopher Phillips explicó a Newsday que este escenario crea desafíos de redondeo en las operaciones. Los comercios deberán decidir si ajustan el total a la baja o al alza cuando no se pueda pagar el importe exacto en efectivo, lo cual podría afectar los márgenes de tiendas pequeñas muy dependientes de ventas en metálico.

“Protección ante la exclusión” y vías de denuncia para los consumidores

La ley responde a la búsqueda de “la equidad y la oportunidad” para quienes no tienen acceso a servicios financieros, según Phillips en Newsday.

Diversos especialistas señalan que el avance de los pagos digitales tras la pandemia había dejado a miles de consumidores fuera del sistema bancario tradicional.

Quienes detecten incumplimientos pueden denunciar a los comercios ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York mediante un formulario online o llamando al 800-771-7755, informó NBC New York.

El mal estacionamiento continúa como una de las principales conductas sancionadas en Costa Rica y generando impacto directo en la movilidad vial del país. Solo en el primer bimestre del 2026, un total de 5,057 conductores fueron multados por estacionar de forma indebida, una cifra que posiciona esta infracción como la segunda más sancionada en ese periodo.

De acuerdo con los datos disponibles, esta conducta se mantiene de forma constante entre las tres más castigadas año tras año, lo que evidencia no solo su frecuencia, sino también su incidencia en los problemas de tránsito que enfrentan a diario miles de conductores.

La multa por esta infracción asciende a ₡61.000, unos USD 120, pero más allá de la sanción económica, las autoridades insisten en que el estacionamiento indebido es uno de los factores que contribuyen directamente a los congestionamientos viales, especialmente en zonas urbanas de alta circulación.

“Aunque muchos conductores se quejan del congestionamiento vial, lo cierto es que este tipo de prácticas lo generan”, señalan desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), donde además se advierte que, en la mayoría de los casos, las infracciones no responden al desconocimiento de la normativa, sino a decisiones tomadas por conveniencia.

Este comportamiento, agregan, resulta igualmente reprochable independientemente de su causa, ya que afecta la fluidez del tránsito, limita la visibilidad en puntos críticos y pone en riesgo tanto a peatones como a otros conductores.

Entre las principales prohibiciones que establece la normativa se encuentra la restricción de estacionar a menos de cinco metros de una zona peatonal, donde la visibilidad es clave para prevenir atropellos. De igual forma, está prohibido detenerse a menos de cinco metros de un hidrante, una medida fundamental para garantizar el acceso rápido de los cuerpos de emergencia en caso de incendio.

Además, la legislación también establece que los vehículos no pueden estacionarse a menos de diez metros de una intersección en vías urbanas, ni a menos de cinco metros de rampas destinadas para personas con discapacidad. Estas disposiciones buscan no solo ordenar el tránsito, sino también garantizar la accesibilidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Pese a que estas reglas son ampliamente conocidas, su incumplimiento sigue siendo recurrente. En muchos casos, los conductores optan por estacionar en lugares prohibidos para ahorrar tiempo o evitar buscar espacios adecuados, sin considerar las consecuencias que esto genera en el entorno.

Especialistas en movilidad han advertido que el mal estacionamiento puede reducir la capacidad de las vías, provocar cuellos de botella y dificultar la circulación de vehículos de emergencia, lo que agrava aún más los problemas de tránsito en horas pico.

Asimismo, este tipo de conductas puede generar situaciones de riesgo en zonas sensibles, como pasos peatonales o áreas cercanas a centros educativos, donde la visibilidad reducida puede derivar en accidentes.

Las autoridades reiteran el llamado a respetar la normativa vigente y a tomar conciencia sobre el impacto colectivo de estas acciones. Insisten en que el cumplimiento de las reglas de estacionamiento no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye de manera directa a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida en las ciudades.

Mientras tanto, las cifras continúan reflejando un comportamiento que, lejos de disminuir, se mantiene como una constante en las carreteras del país, evidenciando la necesidad de reforzar tanto la fiscalización como la educación vial entre los conductores.

Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la entidad, detalló, durante una entrevista en el programa Contra el tráfico de Exitosa, los montos y condiciones de las sanciones para quienes incumplan con sus responsabilidades cívicas en la próxima jornada.

Quienes residen en distritos no pobres deberán abonar una multa de 110 soles; en distritos pobres no extremos, el monto es de 55 soles; y en distritos considerados pobres extremos, la multa asciende a 27.50 soles, según lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. Los miembros de mesa que no concurran serán sancionados con 275 soles, sin distinción por distrito.

Condiciones y montos de las multas

Durante la entrevista, Cledy Gutiérrez precisó que la clasificación socioeconómica utilizada para determinar el monto de las sanciones corresponde a categorías vigentes en la legislación electoral peruana.

Por ejemplo, los vecinos de barrios como La Molina o San Isidro, por encontrarse dentro de Lima Metropolitana y no estar clasificados como zonas pobres o pobres extremos, deberán pagar la multa más alta si no acuden a votar. En cambio, en distritos de pobreza moderada o extrema, las sanciones corresponden al 1 % y 0,5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), respectivamente.

La especialista explicó que para los miembros de mesa, la multa es única y asciende a 275 soles, independientemente del distrito de residencia. Esta sanción aplica tanto para titulares como suplentes que no se presenten a las 6 de la mañana, hora en la que deben llegar al local de votación para la instalación de mesas, prevista a las 7. Si un titular no se presenta a tiempo y un suplente asume su lugar, el titular pierde el derecho a conducir la mesa, pero conserva su derecho a votar y debe abonar la multa correspondiente.

Consecuencias por no pagar la multa electoral

Gutiérrez advirtió que las personas con multas pendientes enfrentarán restricciones para realizar trámites notariales, renovar el documento nacional de identidad (DNI) o efectuar gestiones públicas.

El sistema impide avanzar en cualquier procedimiento oficial hasta regularizar la deuda. Por tanto, la especialista recomendó cumplir con la obligación electoral o, en caso de sanción, efectuar el pago para evitar complicaciones futuras.

Incentivos para los miembros de mesa

El proceso electoral de este año introduce novedades respecto a los incentivos para quienes cumplen el rol de miembros de mesa. Aquellos que asumen la conducción de la mesa durante toda la jornada recibirán un pago de 165 soles, conforme a la normativa vigente.

Este incentivo se otorga únicamente a quienes, sean titulares o suplentes, permanezcan hasta el cierre del escrutinio. En situaciones excepcionales, si faltan titulares y suplentes, los electores que se encuentren en la fila pueden ser designados para conducir la mesa y también recibirán el incentivo económico.

Además, quienes hayan sido sorteados como miembros de mesa y asistan a la capacitación oficial recibirán un día de descanso compensatorio, beneficio que no aplica para los ciudadanos asumidos de la fila. La capacitación es obligatoria tanto para titulares como suplentes, ya que el proceso incluye una cédula de votación de gran tamaño y procedimientos complejos, especialmente durante el escrutinio.

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitieron este miércoles una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen tirzepatida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la alerta se refiere a productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, que se ofertan en presentaciones como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

La Cofepris advirtió que estos productos "carecen de registro sanitario para su distribución en territorio nacional", por lo que su venta es ilegal.

La tirzepatida es un medicamento inyectable semanal utilizado principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y para la pérdida de peso significativa en adultos con obesidad o sobrepeso.

La autoridad sanitaria explicó que la tirzepatida es un medicamento que debe utilizarse únicamente bajo prescripción médica, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, y advirtió que su uso sin supervisión especializada puede provocar afectaciones e incluso un fallo de órganos.

"Su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos", avisó.

Ante el riesgo, la Cofepris recomendó no adquirir ni utilizar estos productos y denunciar su posible comercialización irregular ante la autoridad sanitaria.

Asimismo, pidió a quienes los estén utilizando suspender de inmediato su consumo y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica.

En caso de presentar reacciones adversas, las personas pueden reportarlas a través del sistema de farmacovigilancia de Cofepris o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Las llamadas de las empresas telefónicas que operan en Panamá, Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. (Tigo), para aumentar las tarifas de los planes de telefonía celular, fueron respondidas de manera negativa por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

La entidad ordenó suspender desde este jueves y hasta segunda orden cualquier aumento que intenten aplicar estas empresas a los consumidores de los servicios de telefonía celular prepago y pospago implementados y vigentes durante el año en curso, mientras se define una posterior demanda en los tribunales competentes.

Muchas eran las quejas de los consumidores sobre los aumentos escalados, sin previo aviso, que venían aplicando ambas operadoras telefónicas.

La medida se tomó con base en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009, normas que permiten frenar acciones que puedan afectar la libre competencia, manifestó Abraham Abadi Balid, administrador general de la ACODECO.

“En caso de que se realice el cobro de dicha medida a partir de la fecha, se le advierte a la población que puede acudir a la ACODECO para presentar la denuncia y para que nosotros hagamos valer sus derechos”, agregó el funcionario.

La entidad ha habilitado una línea telefónica, así como correos electrónicos oficiales para que los consumidores que estimen que se continúa afectándolos puedan hacer cualquier reclamo.

De comprobarse la irregularidad, la misma representará una sanción por desacato para la empresa responsable, anunció la institución en un comunicado de prensa.

Se estima que en el país el 96% de los panameños tiene acceso a un teléfono celular, y hay aproximadamente 6.1 millones de líneas móviles activas, cifra que representa una penetración de 142.8% de la población.

Hace unos días la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) conminó a la ACODECO a iniciar una investigación exhaustiva de los aumentos recurrentes de precios de los planes que ofrecen las telefónicas a los panameños.

La ASEP asegura que se han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

Consultado sobre esta situación, el presidente José Raúl Mulino fue enfático al señalar en su habitual conversatorio de los jueves que “esas son empresas privadas, el Estado panameño no tiene nada que ver en fijación de precios para una cosa o para la otra”.

Diseñado bajo un esquema de libre competencia, en el mercado de telecomunicaciones panameño las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector, pero esto no les da carta abierta para aumentar precios de manera recurrente.

En inspecciones realizadas por la ASEP a ambas telefónicas se encuentran la falta de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como la necesidad de mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de solicitudes.

La entidad reguladora de los servicios públicos advirtió que, de persistir estas anomalías, se procederá con la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la ley.

Hasta altas horas de la noche ambas empresas no se habían pronunciado sobre la medida adoptada por la ACODECO.

Desde la salida de la telefónica Digicel en marzo de 2024, en Panamá operan las empresas TIGO (Millicom Tigo Panamá S.A.) y Más Móvil (Cable & Wireless Panamá, CWP, subsidiaria de Liberty Latin America), situación que según expertos mantiene el mercado cautivo, por lo que se requiere de un tercer operador para equilibrar la competencia, para beneficio de la población.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a pagar 27.500 euros a una empresa transportista por no pagar la mercancía de pescado entregada. El tribunal ha rechazado el recurso de apelación de Florencio, quien aseguraba no tener relación comercial con la empresa demandante y decía ser víctima de una suplantación de identidad.

La reclamación se basó en tres facturas emitidas en julio de 2014, por importes de 544,50 euros, 16.431,64 euros y 15.236,40 euros, correspondientes a entregas de mercancía de pescado en Huelva e Isla Cristina.

El fallo ha destacado el valor probatorio de las facturas, la documentación aportada por las empresas transportistas Transpeco y Transfrío, y un informe de detective privado que identificó a Florencio como pescadero en la Plaza de Abastos del Carmen de Huelva. El tribunal ha concluido que la deuda ha quedado suficientemente acreditada y ha rechazado los argumentos del demandado sobre una supuesta estafa porque en ningún momento presentó pruebas materiales ni denuncia formal por suplantación de identidad.

Dijo que nunca había estado en Huelva, pero era pescadero allí

La historia comenzó hace más de una década, en julio de 2014, cuando una empresa emitió tres facturas a nombre de un cliente por la compra y entrega de pescado en Huelva e Isla Cristina por una valor de 32.212,14 euros. Según la empresa, los pedidos se hicieron por teléfono y el cliente dio sus datos, que luego aparecieron en las facturas. Las empresas de transporte TRANSPECO y TRANSFRIO confirmaron que la mercancía se entregó en los lugares indicados.

El problema surgió cuando Florencio negó cualquier relación con la compra, afirmó que nunca estuvo en Huelva y dijo que todo era parte de una estafa de terceros porque no figuraba su firma en la factura. En 2015 hubo un primer intento de juicio en Ayamonte, pero se archivó porque no encontraron al demandado. La empresa contrató entonces a una detective privada, cuyo informe situó a Florencio en San Roque y acreditó su anterior actividad como pescadero en la Plaza de Abastos del Carmen de Huelva.

Con esos datos, la demanda civil se reactivó en San Roque en 2018. El proceso quedó suspendido durante un tiempo por la alegación de prejudicialidad penal ante una posible usurpación de identidad, pero nunca se aportó denuncia ni se inició causa penal.

La sentencia de la Audiencia Provincial confirma la valoración de la prueba efectuada en primera instancia y subraya que, tras más de diez años desde la emisión de las facturas, la deuda permanece pendiente y la responsabilidad recae sobre el demandado. Contra esta resolución cabe recurso extraordinario, aunque no consta que se haya presentado.

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge Alberto D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires implicado en maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Además, el Tribunal de Apelaciones ratificó el embargo por $350.000.000 resuelto por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán confirmaron además el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y el embargo de sus bienes por $300.000.000.

“El fallo impugnado cumple con la manda de motivación que prescribe la norma, pues contiene una explicación de la conclusión a la que arriba el señor juez, a quo que aparece como el resultado de un análisis racional de los elementos obrantes en el legajo y su aplicación al caso concreto”, concluyeron los camaristas en la resolución a la que accedió Infobae.

Lo resuelto por el juez de primera instancia partió de “una conclusión fundada en una valoración integral, lógica” y acorde a las pruebas del caso, agregaron.

La causa judicial

La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que aseguraba que D´Onofrio lideraba, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo “una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas”.

La presentación señalaba la adquisición de una camioneta Audi Q8, que fue registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por un valor declarado de $30.000.000, aunque la cobertura de seguro del vehículo alcanzaba los $173.800.000 en ese momento.

De acuerdo con la investigación, el uso, dominio y disposición del rodado correspondían en realidad a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducir desde la adquisición y abonaba el servicio de Telepase vinculado al vehículo.

El expediente señala que la operación incluyó la suscripción de un contrato entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. por la suma de $30.000.000. La sociedad, cuyos accionistas son los padres de Asensio, no registra actividad económica verificada ni domicilio operativo.

Al procesarlos, el juez de instrucción indicó que la diferencia entre el valor asegurado y el precio declarado, junto con la utilización de un contrato de mutuo sin respaldo económico comprobado, constituyen indicios de una maniobra destinada a disimular la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos empleados para su compra.

El vehículo fue transferido posteriormente a un tercero, Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió la competencia del tribunal para intervenir en la causa.

Al declarar, el ex ministro negó haber sido propietario del vehículo y sostuvo que solo lo condujo en una oportunidad. “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”, aseguró.

Luego, admitió que Asensio le otorgó la cédula azul de su vehículo. “Fueron momentos convulsionados donde había una campaña política, donde yo tomaba un ministerio que iniciaba de cero y simplemente quisieron tener el gesto para conmigo de ofrecerme si necesitaba alguno de los vehículos, pero realmente no hizo falta tampoco”, argumentó.

Sobre el pago del servicio de peaje del vehículo, explicó: “Como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pasé yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo”.

Por su lado, Asensio afirmó haber adquirido la camioneta con fondos provenientes de la venta de un terreno por parte de la sociedad familiar y reconoció haberle otorgado a D’Onofrio una cédula azul para conducir el rodado.

El juez consideró inconsistentes las versiones de ambos imputados, que además no se condicen con la prueba reunida, y concluyó que Asensio actuó como interpuesto registral, es decir, testaferro, ocultando la verdadera titularidad del vehículo, “configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, según se desprende de la resolución.

La renuncia de D’Onofrio

D’Onofrio presentó la renuncia a su cargo en Transporte el 30 de diciembre pasado “por motivos personales” y tras semanas de desgaste y el avance de las causas por lavado de dinero en manos de González Charvay y de otra por corrupción con las fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta.

En ese expediente, D’Onofrio fue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.

El sector de telecomunicaciones en Perú atraviesa una etapa crítica por la crisis de sostenibilidad financiera, la presión para desplegar redes 5G y el desafío de cerrar la brecha digital.

De acuerdo con el informe “Agenda Regulatoria 2026+” de DN Consultores, el mercado nacional muestra ingresos anuales estancados desde 2021, márgenes financieros mínimos y una estructura regulatoria que limita la inversión y la innovación.

¿Ya no es tan rentable ofrecer internet y telefonía en el Perú?

Los ingresos anuales entre 2021 y 2024 se han mantenido entre 18.000 y 19.000 millones de soles, con un margen de utilidad operativa después de impuestos del 2% y un retorno sobre el capital invertido (ROIC) de solo 1%.

Los precios unitarios de internet móvil y fijo en Perú están entre los más bajos de Sudamérica, lo que intensifica la competencia y reduce los márgenes para los operadores.

Según el reporte, el flujo de caja operativo representa 23% de los ingresos, pero las exigencias de inversión para 5G elevan el riesgo de insostenibilidad.

Un factor adicional de presión es el aumento en el monto de las multas regulatorias: entre 2021 y 2025 promedian 154 millones de soles anuales, seis veces más que el promedio de 2015 a 2019. El monto equivale al 1% de los ingresos anuales y es comparable al aporte al Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (FITEL).

El canon por conectividad en telecomunicaciones pasó de 10% a 60%

El marco regulatorio actual aplicado por el Osiptel también representa un obstáculo, según el informe. Las sanciones y la penalización del plazo de renovación de concesiones generan incertidumbre y desalientan la inversión.

DN Consultores refiere que Países como España y Brasil han eliminado estos castigos, mientras Perú mantiene un enfoque centrado en procedimientos formales, con sanciones incluso sin daño al usuario.

En materia de financiamiento, los mecanismos regulatorios han evolucionado para liberar recursos y facilitar la expansión de redes. El canon por conectividad, que pasó de 10% en 2018 a 60% en 2023, permitió inversiones de 492 millones de soles entre 2018 y 2024 y amplió la cobertura 4G.

Para 2025, la extensión de este mecanismo podría generar hasta 450 millones de soles anuales si el umbral de uso sube a 70%, lo que permitiría conectar hasta 1.000 localidades rurales adicionales. Parte de estos fondos puede destinarse a entidades públicas y zonas urbanas para la expansión 5G.

¿Quién detiene el avance de las OTT?

El documento subraya que las plataformas OTT, como Netflix, Disney+, Spotify y YouTube, capturan cada vez más valor digital. Entre 2019 y 2023, los ingresos de las seis OTT globales con mayor tráfico aumentaron 79%, frente a 12% en el sector telecomunicaciones.

Según DN Consultores, estas plataformas, responsables del 70% del tráfico global, no tienen concesiones ni obligaciones regulatorias, a diferencia de los operadores tradicionales.

El número de usuarios de aplicaciones OTT de telefonía y mensajería casi se duplicó entre 2021 y 2024 en Perú. en tanto, el tráfico de internet en América Latina se multiplicó por 14 entre 2016 y 2023, y el consumo de video alcanzó el 68% del total en 2023.

Para la reconfiguración normativa, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la OCDE recomiendan regulaciones basadas en resultados. Perú ha iniciado medidas de simplificación —como la diferenciación de zonas de cobertura y la reducción de fiscalización en calidad de servicio—, pero el alcance es todavía limitado.

DN Consultores recomienda homologar aportes regulatorios y duplicar los plazos de concesión en Perú

El informe propone tres ejes para la modernización: financiamiento sostenible, operaciones sostenibles y regulación sostenible. El primero sugiere homologar aportes regulatorios para liberar recursos e incentivar inversiones directas en infraestructura 5G y cobertura 4G.

El segundo recomienda ampliar los plazos de renovación de concesiones de 20 a 40 años y eliminar la doble penalización por sanciones, así como facilitar la compartición activa de infraestructura en áreas urbanas y rurales.

El tercer eje de regulación sostenible plantea racionalizar sanciones y avanzar hacia un marco normativo flexible que incentive la inversión y la innovación desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según DN Consultores.

La Agenda Regulatoria 2026+ concluye que Perú necesita migrar a un modelo sectorial que promueva inversiones de largo plazo y eficiencia operativa para la expansión de 5G y el cierre de brechas. El objetivo es asegurar un entorno que facilite la transformación del sector y garantice la conectividad para los usuarios en el horizonte 2026-2032.

El dato

• El impacto sobre la cobertura y la inversión en Perú se refleja en las cifras: en 2025, los compromisos obligatorios de inversión 5G en la banda de 3,5 GHz suman 500 millones de dólares en cuatro años.
• La meta en 2025 fue cubrir 170 establecimientos de salud, 88 universidades públicas, más de 1.300 instituciones educativas, cerca de 2.000 centros poblados y más de 2.200 kilómetros de redes viales.
• La participación de fondos de inversión como principales accionistas de operadores llega al 33% de los ingresos, mientras la fibra óptica al hogar supera el 80 % de las conexiones residenciales.
• La población cubierta con servicios 4G creció de 25,8 a 27,4 millones de habitantes entre 2019 y 2023, aunque solo 27% de los centros poblados rurales tenía cobertura en 2022.

Casi mil multas en apenas siete días ha impuesto la Guardia Urbana de Barcelona tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza de civismo, según ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento de la ciudad.

La ordenanza, aprobada en el pleno municipal y en vigor desde mediados de febrero, ha supuesto la actualización del texto vigente desde 2006 y un refuerzo de las sanciones. La normativa endurece las sanciones por exhibicionismo o hacer grafitis, y prohíbe los botellones, el ruido nocturno o distintas formas de comportamiento en la vía pública, entre ellas orinar o masturbarse en la calle. Además, las multas ascienden para los propietarios de perros que no diluyan con agua las micciones de sus animales, con la amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 300 euros en caso de incumplimiento.

Para asegurar la efectividad de la nueva normativa, la Guardia Urbana ha puesto en marcha un dispositivo integral que combina patrullas uniformadas y de paisano. Este despliegue se ha concentrado en los puntos donde, según el Ayuntamiento, se produce mayor recurrencia de incidencias, y se revisa periódicamente para analizar si es necesario modificar la estrategia en función de la evolución de los incidentes y denuncias.

Contra el alcohol y la venta ambulante

Según los datos facilitados este miércoles por el Ayuntamiento de Barcelona, en la primera semana de aplicación de la ordenanza, entre el 15 y el 22 de febrero, se han registrado 982 denuncias. El 36% de las sanciones corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, mientras que el 31% han sido por venta ambulante no autorizada. Además, un 20% de las multas ha recaído sobre personas que han orinado en la calle, un 7% sancionan la degradación visual del entorno urbano y el 5% restante sanciona utilización indebida del espacio público.

La presentación de las cifras ha tenido lugar durante la primera reunión de la Mesa de seguimiento de la Ordenanza de Convivencia, presidida por la Comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, según ha informado el consistorio. El Ayuntamiento ha destacado en un comunicado que estos datos “reflejan las principales tipologías” previstas en la nueva normativa.

La ordenanza, tal y como recoge el comunicado del Ayuntamiento de Barcelona, endurece también las sanciones para conductas incívicas como los botellones, que se castigan ahora con importes de entre 100 y 600 euros. En el caso de las rutas etílicas, prohibidas desde el año pasado, las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros.

“Sólo debe preocupar a los sinvergüenzas”

La política municipal ha insistido en que el objetivo de la Mesa de seguimiento, en la que participan todos los partidos, es garantizar que la ordenanza sea “efectiva para mejorar la convivencia cotidiana y asegurar el derecho de todo el mundo a disfrutar de un espacio público seguro, respetuoso y ordenado”.

El alcalde, Jaume Collboni, ya ha defendido recientemente que la nueva normativa “sólo debe preocupar a los sinvergüenzas que incumplen las normas, que ensucian las calles y que no respetan la convivencia”, según sus palabras recogidas por el Ayuntamiento de Barcelona.

El gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Finanzas, puso en marcha el Programa de Reemplacamiento 2026, dirigido a propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores, con el objetivo de actualizar el padrón vehicular y otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de las unidades.

La administración estatal informó que el trámite estará disponible hasta agosto de 2026 y podrá realizarse conforme al calendario oficial por terminación de placa, aunque también puede iniciarse de manera anticipada, especialmente para quienes tienen adeudos y buscan acceder a los beneficios fiscales vigentes.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el programa contempla condonaciones de hasta el 100 por ciento en distintos conceptos como tenencia, refrendo y accesorios, dependiendo del estatus de las placas y del cumplimiento de obligaciones previas.

¿Quiénes pueden aplicar a estos descuentos?

Para los vehículos con placas expedidas en 2021, los estímulos fiscales vigentes de enero a agosto de 2026 son los siguientes:

• 100% de condonación del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) para quienes hayan pagado la tenencia 2025 antes del 31 de diciembre.
• 50% de condonación para contribuyentes que regularicen el pago de la tenencia entre enero y abril de 2026.
• 100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores, siempre y cuando se cubran los ejercicios 2025 y 2026.

Las autoridades señalaron que estos beneficios buscan incentivar el cumplimiento voluntario y evitar que los propietarios acumulen recargos o enfrenten sanciones administrativas.

Beneficios para placas vencidas

En el caso de vehículos con placas vencidas en 2025 y años previos, el programa contempla:

• Condonación total de tenencia, refrendo y accesorios de 2023 y años anteriores.
• Pago únicamente de los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026.

El Gobierno estatal destacó que estos estímulos representan una oportunidad para que los propietarios regularicen su situación fiscal con descuentos significativos y mantengan vigente la documentación de sus unidades.

Para agilizar la atención y evitar saturaciones, la Secretaría de Finanzas estableció un calendario conforme al último dígito de la placa:

• Terminación 1 y 2: abril
• Terminación 3 y 4: mayo
• Terminación 5 y 6: junio
• Terminación 7 y 8: julio
• Terminación 9 y 0: agosto

En el caso de placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021, estas conservan su vigencia y deberán renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada.

Modalidades del trámite

El reemplacamiento puede realizarse de dos maneras:

• En línea, con opción de entrega de placas a domicilio.
• De forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales, previa cita.

Los requisitos para efectuar el trámite son:

• Documento que acredite la propiedad del vehículo.
• Identificación oficial vigente.
• Comprobante de domicilio.
• Placas anteriores o constancia de extravío, en caso de no contar con ellas.

Las autoridades recordaron que todos los trámites son personales y no requieren intermediarios, por lo que exhortaron a la ciudadanía a evitar gestores y denunciar cualquier irregularidad.

Para orientación, los contribuyentes pueden comunicarse a los teléfonos:

• 070
• 800 696 96 96
• 800 715 43 50

También está disponible el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx y los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas. Para reportar posibles actos indebidos, se puede llamar al 722 214 29 92.

El gobierno mexiquense reiteró que el Programa de Reemplacamiento 2026 no solo busca mantener actualizado el padrón vehicular, sino también fortalecer la seguridad y la certeza jurídica de los propietarios, al contar con placas vigentes y documentación en regla.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Munir Cárdenas Kadamani a través de su cuenta en X. En el material audiovisual se observa el momento en que el conductor abandona la calzada y se sube a la zona peatonal, transitando a una velocidad considerable. En el video también se aprecia cómo varias personas deben apartarse para evitar ser arrolladas.

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El vehículo circuló sobre la acera peatonal en plena vía pública, en una maniobra que quedó ampliamente difundida en plataformas digitales.

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales consultaron la información del taxi en el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

De acuerdo con el reporte con fecha de expedición del 23 de febrero de 2026, el vehículo registra un saldo pendiente de $8.206.163 por concepto de comparendos y multas.

El historial arroja un total de 14 registros históricos. De estos:

• 7 corresponden al código C29, relacionado con conducir a una velocidad superior a la máxima permitida.
• 13 infracciones figuran en estado “Pendiente de pago”.
• 1 aparece en estado “Pendiente curso”.

Según lo observado en la plataforma, algunas de las deudas se remontan a octubre de 2015. Esta información fue compartida y replicada por usuarios en redes sociales, donde se cuestionó que el vehículo continúe operando con una millonaria mora.

En su publicación, Munir Cárdenas escribió: “¿Por qué sigue manejando? ¿Dónde están las autoridades? ¿Esperan un muerto?”, en referencia al historial del automotor y a la maniobra registrada en video.

Debate en redes sociales

El caso ha generado un amplio debate digital sobre el control a los vehículos que prestan servicio público en Bogotá. Los comentarios se han centrado en la acumulación de infracciones y el estado de las multas pendientes.

La circulación del taxi por el andén, sumada al historial de comparendos, fue ampliamente compartida en diferentes plataformas sociales, donde usuarios exigieron acciones por parte de las autoridades competentes.

Tras la difusión del video, la Secretaría Distrital de Movilidad respondió públicamente al contenido compartido por Cárdenas informando que “el caso ya está en verificación y se esta adelantando la identificación del conductor del vehículo para aplicar las sanciones a las que haya lugar por las infracciones evidenciadas”.

Además afirmaron que los andenes son espacios exclusivos para peatones y ningún vehículo puede transitar por allí, ya que “este tipo de comportamientos ponen en riesgo la vida de las personas y no serán tolerados”.

Capturan a otro taxista en Suba por modalidad de ‘cambiazo’

En un hecho distinto, pero también relacionado con el servicio de taxi en Bogotá, el sábado 21 de febrero fue llevado a la cárcel un conductor señalado de cometer la modalidad de hurto conocida como ‘cambiazo’.

Bajo la estrategia integral de seguridad “Bogotá Camina Segura”, las autoridades informaron sobre la detención de un taxista en la localidad de Suba, en el noroccidente de la ciudad.

Según la investigación, el hombre ofrecía el pago con datáfono a los pasajeros con el argumento de brindar facilidades de pago. Sin embargo, presuntamente manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y, ante cualquier descuido, se quedaba con la tarjeta original del usuario, entregando a cambio una réplica.

Con la tarjeta en su poder, junto con la clave y los datos del propietario, se dirigía a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. De acuerdo con las denuncias de por lo menos 35 víctimas, el capturado se habría apropiado de más de $379 millones.

Durante la diligencia de registro y allanamiento realizada en Suba, las autoridades incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Al momento de la captura también le fueron halladas dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Antes de coger el coche, siempre que hay que hacer unas cuantas comprobaciones del estado del mismo por seguridad. También para evitar rascarnos el bolsillo. En Rumanía, es necesario comprobar el estado de la matrícula antes de circular, porque pueden sancionar económicamente al propietario del vehículo si su identificación no se ve correctamente.

Según establece el Código de Circulación rumano, los conductores están obligados a comprobar las placas o números de matrícula del vehículo, tractor agrícola o forestal y del remolque. Esto se hizo con el fin de por la seguridad vial de todos los coches que circulan por la vía pública.

Más de 100 euros de multa por llevar la matrícula sucia

La cifra económica que establece el Código de Circulación rumano para sancionar a aquellas personas que circulen con una matrícula de coche ilegible abarca desde los 80 euros (405 lei, la moneda rumana) hasta los 120 euros (unos 608 lei). Eso sí, no solo Rumanía multa por la ilegibilidad de la matrícula. En España también existe sanción por el mismo motivo

¿A cuánto asciende la multa por la ilegibilidad de la matrícula del coche en España?

En España, la regulación sobre el estado y visibilidad de las matrículas se encuentra en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El artículo 10 establece que el conductor tiene la obligación de asegurarse de que las placas de matrícula sean perfectamente legibles y no estén cubiertas por elementos que dificulten su identificación.

El artículo 76 de la misma ley detalla las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. La normativa considera infracción grave cuando la matrícula no se encuentra en su ubicación correspondiente, está doblada o presenta suciedad que dificulta su visualización. La multa por este tipo de infracción puede alcanzar los 200 euros.

Hay otro de situaciones que contempla la ley donde la infracción, y por ende, las sanciones, empeoran considerablemente. Cuando se detecta que la matrícula ha sido manipulada o alterada deliberadamente, la sanción puede llegar hasta los 6.000 euros y supone, además, la retirada de 6 puntos del permiso de conducir. En los casos más graves, la manipulación puede derivar en un proceso penal por falsificación de documento público. Esta infracción, tipificada como delito, puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 años y una multa adicional, cuya duración puede oscilar entre 6 y 24 meses, según la gravedad y las circunstancias del caso.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo atraviesa instancias decisivas en el Congreso de la Nación. Tras haber obtenido la media sanción inicial en el Senado, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde recibió la aprobación general. Sin embargo, debido a que el texto sufrió una serie de modificaciones sustanciales durante su tratamiento en la Cámara Baja —incluida la eliminación de artículos conflictivos y cambios en la redacción técnica—, la norma debe regresar ahora al Senado. Los senadores deberán decidir si aceptan las correcciones introducidas por los diputados o si insisten en la versión que habían aprobado originalmente.

A continuación, se detallan los diez puntos fundamentales que estructuran este nuevo marco regulatorio para el sector privado:

1. Modificación en el cálculo de indemnizaciones

El proyecto introduce un cambio estructural en la base de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de esta normativa, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, lo que excluye explícitamente conceptos de pago no mensual, tales como el aguinaldo o las vacaciones. Se establece que la indemnización será la única reparación por el despido y se fija un nuevo esquema de actualización para los créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

2. Banco de horas y vacaciones

Se habilita la creación de un “banco de horas” mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador para compensar horas extraordinarias, siempre respetando los descansos legales. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período de otorgamiento entre octubre y abril, pero se permite que las partes pacten disfrutarlas fuera de esa fecha. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional en segmentos de un mínimo de siete días consecutivos.

3. Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se propone la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.

4. Implementación de fondos de cese por convenio

En sintonía con la modernización del sistema, se habilita la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral que funcionen como sistemas de capitalización individual. Bajo esta modalidad, el empleador realiza un aporte mensual y, en caso de desvinculación, el trabajador percibe el monto acumulado en el fondo en lugar de la indemnización tradicional. Esta opción debe ser pactada en paritarias y no podrá representar una quita de derechos adquiridos.

5. Ampliación del período de prueba

Uno de los puntos que genera mayor impacto en la contratación es la extensión del período de prueba. El texto aprobado establece que el plazo general se ampliará a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En el caso de empresas que tengan hasta cinco empleados, este período podrá extenderse hasta los ocho meses. Durante este tiempo, la relación laboral puede extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador está obligado a registrar el vínculo y realizar los aportes correspondientes desde el primer día.

6. Eliminación de multas por falta de registro

La reforma suprime las multas establecidas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o registro deficiente. Los impulsores de la medida argumentan que estas sanciones fomentaban la litigiosidad y desalentaban la formalización. En su lugar, se crea un régimen de incentivos para la regularización de trabajadores: los empleadores que blanqueen personal no pagarán las multas, aunque deberán abonar las diferencias salariales y previsionales adeudadas.

7. Incentivos a la inversión y reducción de cargas sociales

El proyecto incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la incorporación de tecnología y la expansión empresarial. Como complemento, se establece una reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social: será de un 1 punto porcentual para las grandes empresas y de 2,5 puntos para las MiPyMEs. Estos beneficios podrían incrementarse hasta el 1,5% y el 3% respectivamente si el Poder Ejecutivo así lo dispone con aprobación legislativa.

8. Pago de sentencias judiciales en cuotas

Para reducir el impacto financiero de los litigios en las empresas, la ley habilita el pago escalonado de las sentencias condenatorias. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas judiciales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Por su parte, las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con un beneficio mayor, pudiendo realizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales.

9. Regulación de aportes sindicales y patronales

El proyecto pone límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser estrictamente voluntarios a partir de enero de 2028. En cuanto a las asociaciones de trabajadores, los aportes para afiliados o no afiliados no podrán superar el 2%. Asimismo, se mantiene el aporte del 6% para las obras sociales y se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa.

10. Registro digital y pago bancarizado

La reforma establece que el registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente, eliminando requisitos adicionales de otras autoridades. Los libros laborales podrán digitalizarse con plena validez legal y deberán conservarse por diez años. En cuanto al pago de salarios, la norma ratifica que deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o institución de ahorro oficial, descartando explícitamente el uso de billeteras virtuales para este fin.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó este viernes 20 de febrero de 2026 la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 26-2026-ATU/PE, que propone una modificación clave al reglamento sobre el régimen de beneficios para el pago de multas.

El organismo reconoció oficialmente que 6 de cada 10 personas que pagaron sus multas por adelantado no accedieron al descuento prometido, debido a una exigencia documental considerada innecesaria y excluyente.

Los más afectados: taxistas y transportistas regulares

Según la exposición de motivos, entre 2023 y 2025 se registraron 7.586 pagos de multas; de ese total, solo el 38% (2.856 casos) obtuvo la reducción por pronto pago, mientras que el 62% (4.740 personas) no accedió al beneficio, pese a haber pagado dentro del plazo.

El motivo central: la obligatoriedad del Formato de Reconocimiento de Responsabilidad, un documento adicional exigido para validar el descuento. El 78% de quienes no recibieron el beneficio simplemente no presentó el formato y el 22% restante tuvo problemas en su llenado o presentación.

El análisis de la ATU indica que el 90% de los afectados corresponde a conductores de taxi y el 10% a transportistas regulares, lo que evidencia un impacto especialmente negativo en el sector del transporte especial e independiente.

La traba documental generó errores recurrentes: omisión de firmas, formatos incompletos, presentación por terceros sin acreditación, uso de formularios incorrectos y desconocimiento generalizado del requisito.

Del total de 9.812 casos potenciales identificados para acceder al descuento de multa:

• • 4.806 casos (49,0%) corresponden al servicio de taxi (transporte público especial).
  • 4.950 casos (50,4%) corresponden al servicio de transporte regular de personas.
  • 49 casos (0,5%) corresponden a transporte especial en las modalidades de estudiantes, turismo y trabajadores.

Prácticamente la totalidad de los expedientes susceptibles de acogerse al descuento se concentra en taxis y transporte regular. Cualquier barrera procedimental afecta especialmente a estos dos segmentos, amplificando el impacto negativo sobre la eficiencia del sistema.

Una barrera innecesaria y fuera de estándar internacional

El informe oficial de la ATU señala que la exigencia del formato adicional no tiene respaldo en la normativa nacional ni en la mayoría de legislaciones de la región.

En países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, el pago voluntario de la multa dentro del plazo es suficiente para acceder a la reducción, sin necesidad de formularios extra.

Además, la propia Ley de Procedimiento Administrativo General peruana solo exige un reconocimiento expreso y por escrito, que se considera cumplido con el pago.

La barrera ha generado cargas administrativas innecesarias, retrasos en el cierre de expedientes y menor recaudación. Actualmente existen casi 10.000 expedientes pendientes que podrían acogerse al beneficio, pero que enfrentaban la misma traba, con un monto potencial recaudatorio superior a S/106 millones 111.686.

El mayor crecimiento de expedientes pendientes de resolver se dio entre 2022 y 2025:

• Entre 2015 y 2023: 1.964 actas pendientes.
• En 2024: 3.710 actas pendientes.
• En 2025: 4.138 actas pendientes.

El número de administrados potencialmente excluidos del beneficio ha aumentado significativamente en los últimos años. Además, el monto económico asociado a estas actas y expedientes pendientes aumentó un 111% entre 2025 y el acumulado 2015–2023, según a propia ATU.

La reforma: basta con pagar, sin formularios

La propuesta de la ATU elimina la exigencia del formato. De aprobarse la modificación, el solo pago en cuantía reducida constituirá reconocimiento y aceptación de responsabilidad, activando automáticamente la reducción de la multa.

El cambio armoniza la normativa local con los estándares internacionales y simplifica el proceso, eliminando la principal causa de exclusión y morosidad.

La reforma modifica varios artículos del reglamento actual de sanciones para evitar contradicciones internas y dispone la automatización en el acceso al beneficio para los conductores.

De acuerdo con el informe oficial de la ATU, el cambio no implica costos adicionales para los administrados y se acompaña de una campaña de información para socializar el nuevo procedimiento.

Impacto: más acceso, menos trámites y mayor recaudación

La eliminación del formato permitirá que miles de conductores y operadores del transporte accedan al descuento de manera automática, sin trámites adicionales ni riesgo de exclusión por errores formales.

La ATU destaca que la medida reducirá tiempos, costos y cargas operativas, facilitará el cumplimiento voluntario y mejorará la transparencia y la igualdad en la aplicación de sanciones.

La modificación normativa busca corregir una situación que, hasta ahora, llevó a que la mayoría de los conductores multados pagaran en vano por adelantado, sin recibir el beneficio anunciado.

El texto completo de la resolución y la exposición de motivos están disponibles en la plataforma institucional de la ATU y en el diario oficial El Peruano.

La proposición registrada por el Partido Popular introduce la posibilidad de participar, en determinadas circunstancias, en programas públicos de sensibilización, formación o integración social como alternativa a la sanción económica prevista por la normativa, según detalló Europa Press. Esta propuesta llega tras el rechazo por parte del Pleno del Congreso a una iniciativa similar impulsada días antes por Vox, centrada exclusivamente en la prohibición del velo integral, como el burka y el nicab, en los espacios públicos.

De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la nueva proposición de Ley Orgánica reguladora del uso de prendas y elementos que oculten el rostro en espacios públicos fue registrada este jueves por el PP tanto en el Congreso como en el Senado. Las portavoces responsables de la presentación han sido Esther Muñoz en la Cámara Baja y Alicia García en la Cámara Alta. La formación popular subraya que la finalidad del texto es regular el uso de cualquier vestimenta, prenda, accesorio u otro elemento que oculte total o parcialmente el rostro en espacios de acceso público, cuando ello impida o dificulte la identificación de la persona. El objetivo, especifica el PP en su proposición, apunta a garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales para todos, con especial referencia a los de las mujeres.

La regulación propuesta por el PP estipula la prohibición de ocultar el rostro en espacios públicos por medio de cualquier elemento físico, no restringiéndose así solo a prendas religiosas específicas. El texto contempla que la infracción será considerada leve, sancionada con una multa de 100 euros, cuyo monto podría incrementar hasta 600 euros en situaciones de reincidencia, según informa Europa Press. Además, en caso de incitación a que otros incumplan la norma, la multa prevista es de 600 euros.

La proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece una serie de excepciones que permitirían la ocultación del rostro en determinados supuestos: razones médicas o sanitarias; exigencias laborales o de protección individual; actividades culturales, festivas o deportivas autorizadas; condiciones meteorológicas adversas, como bajas temperaturas; y otros casos previstos por leyes específicas. Estas excepciones buscan contemplar situaciones en las que tapar el rostro sea necesario o habitual fuera del ámbito religioso, como podría ocurrir en celebraciones, protección ante el clima o cumplimiento de protocolos de seguridad.

En cuanto a la aplicación territorial, la iniciativa estipula que la regulación tendría vigencia a nivel nacional, aunque permite que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan dictar normas propias dentro de su ámbito competencial, siempre que respeten lo que dispone esta ley general, según consta en la proposición del PP.

El registro de esta propuesta se produce pocos días después de la votación en el Congreso que desestimó la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica presentada por Vox. La propuesta de Vox buscaba prohibir expresamente el uso de los velos integrales denominados nicab y burka en espacios públicos y en ámbitos privados con proyección pública. La votación reflejó el apoyo del PP y UPN, quedando el resto de los grupos parlamentarios, incluidos PSOE y socios de investidura, en contra, y Coalición Canaria en abstención.

En contraste con la propuesta de Vox, que se limitaba a un artículo único prohibiendo el uso específico del burka y el nicab en espacios públicos, la proposición del PP opta por una formulación más amplia y genérica, aludiendo a cualquier elemento que dificulte la identificación facial, e incorporando un régimen de excepciones más detallado y la contemplación explícita de alternativas a la sanción.

Europa Press precisa además que el texto presentado recoge de manera expresa la finalidad de salvaguardar derechos fundamentales y el interés colectivo en materia de seguridad ciudadana y convivencia democrática. Las excepciones referidas a “elementos previstos expresamente por ley” abren la posibilidad a que eventuales desarrollos legislativos futuros puedan modificar o ampliar los supuestos exceptuados. A ello se suma la previsión de que la autoridad pueda ofrecer, en lugar de sanciones económicas, la opción de participar de manera voluntaria en programas públicos orientados a la sensibilización, la formación y la integración social.

La regulación propuesta contempla de este modo tanto el establecimiento de sanciones económicas como alternativas pedagógicas, con el fin de procurar el cumplimiento voluntario y responsable de la normativa. El texto especifica la necesidad de que cualquier medida que adopten autonomías y municipios se ajuste a lo previsto en la ley nacional, garantizando así una cierta homogeneidad en la aplicación del marco regulador, según recogió Europa Press.

Estos debates parlamentarios sobre la regulación de prendas y accesorios que dificultan la identificación en espacios públicos suscitan diversas posiciones entre los grupos políticos y refuerzan la presencia del tema en el debate legislativo sobre convivencia, igualdad y libertades individuales, confirma el medio Europa Press.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las servidoras y servidores públicos no pueden utilizar recursos del erario para impugnar o pagar multas que les hayan sido impuestas a título personal, incluso cuando deriven del incumplimiento de sentencias de amparo.

El fallo establece que esas sanciones deben ser cubiertas con el patrimonio propio del funcionario responsable.

La resolución se dio al resolver la Contradicción de Criterios 175/2025, en la que el Pleno fijó un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

Con ello, la Corte cerró la puerta a la posibilidad de que dependencias o entidades públicas asuman la defensa o el pago de sanciones económicas impuestas directamente a personas servidoras públicas por desacato o incumplimiento judicial.

SCJN fija criterio sobre multas por incumplimiento de amparo

El máximo tribunal sostuvo que cuando una multa se impone de manera personal a un funcionario por incumplir una sentencia de amparo, la responsabilidad recae exclusivamente en quien incurrió en la falta.

Por tanto, cualquier recurso legal para controvertir esa sanción deberá promoverse con recursos propios.

La institución pública únicamente podría intervenir en la representación jurídica si actúa expresamente en nombre de la persona sancionada y bajo condiciones legales claras, sin que ello implique destinar presupuesto público al pago de la multa.

Uso indebido de recursos públicos es ilegal y puede ser corrupción

El criterio de la Corte se enmarca en el principio constitucional de legalidad y en la prohibición de desviar recursos públicos para fines personales.

El uso de dinero del erario para cubrir deudas particulares constituye una conducta ilícita que puede configurarse como hecho de corrupción.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, las personas servidoras públicas son responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales. La malversación puede derivar en consecuencias penales y administrativas.

Sanciones penales y administrativas por desvío de dinero público

Entre las posibles consecuencias por utilizar recursos públicos para fines personales se encuentran:

• Prisión por delitos relacionados con hechos de corrupción.
• Destitución del cargo.
• Inhabilitación para ejercer funciones públicas.
• Sanciones económicas y obligación de reparar el daño.

Además, estas conductas pueden clasificarse como faltas administrativas graves, lo que activa procedimientos ante autoridades de control interno y tribunales de justicia administrativa.

Responsabilidad civil y reparación del daño

Si bien el Estado puede responder frente a terceros por actos de sus funcionarios, conserva el derecho de repetir contra la persona responsable para recuperar los recursos erogados indebidamente.

Esto significa que, en caso de que se genere un daño patrimonial, la autoridad puede exigir al servidor público la restitución correspondiente.

Embargo de sueldos y pago de deudas personales

La legislación mexicana también establece que, en la mayoría de los casos, el sueldo de las personas servidoras públicas no es susceptible de embargo judicial o administrativo.

Este principio refuerza la idea de que las deudas personales deben solventarse con ingresos propios y no con partidas presupuestales asignadas al cumplimiento de funciones públicas.

Con esta resolución, la Suprema Corte refuerza el marco de responsabilidad individual de quienes ejercen funciones públicas y delimita con claridad que el presupuesto gubernamental no puede emplearse para atender sanciones personales.

El criterio busca fortalecer la rendición de cuentas y prevenir el uso indebido del dinero público.

A doce meses de haber iniciado el Operativo de Inspección y Reordenamiento de motocicletas en Huixquilucan, el gobierno local reportó el retiro de más de tres mil 700 unidades por incumplir con la normativa vigente.

La estrategia, impulsada por la administración municipal, tiene como finalidad disminuir accidentes viales, prevenir conductas de riesgo y evitar que estos vehículos sean utilizados para la comisión de delitos.

Desde el 13 de febrero de 2025, personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad ha desplegado acciones de supervisión en distintos puntos del territorio, abarcando las tres zonas que conforman el municipio: Tradicional, Popular y Residencial.

Las revisiones incluyen la verificación de documentos obligatorios, el uso de casco y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Huixquilucan.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que este operativo surgió como respuesta a inquietudes ciudadanas relacionadas con el aumento de motocicletas circulando sin cumplir requisitos básicos de seguridad.

Subrayó que la prioridad de su administración es proteger la integridad de conductores, peatones y automovilistas, al tiempo que se fortalece la vigilancia en el municipio.

La alcaldesa explicó que el propósito central es generar condiciones más seguras en las vialidades, reducir la incidencia de accidentes y evitar prácticas que pongan en peligro la vida, como el traslado de más pasajeros de los permitidos o la conducción sin equipo de protección. También destacó que el ordenamiento contribuye a inhibir el uso indebido de motocicletas en actividades ilícitas.

Principales faltas detectadas

De acuerdo con datos oficiales, las causas más frecuentes por las que las motocicletas fueron remitidas al corralón son:

• Falta de licencia de conducir (50 por ciento).
• Ausencia de permiso de circular vigente o placa (25 por ciento).
• No portar casco de seguridad (15 por ciento).
• Carencia de tarjeta de circulación (10 por ciento).

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas para regularizar su documentación y adoptar medidas de autoprotección, como el uso obligatorio de casco y el respeto a los límites de velocidad.

Panorama estatal

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Edomex uno de cada cinco accidentes de tránsito involucra a un motociclista.

Además, en la entidad circulan más de 1.2 millones de motocicletas, lo que representa un desafío importante en materia de seguridad vial.

Ante este contexto, el Ayuntamiento de Huixquilucan informó que los operativos continuarán de manera permanente y en puntos estratégicos, con el objetivo de consolidar una cultura de responsabilidad entre quienes utilizan este medio de transporte.

La administración municipal reiteró que estas acciones no tienen un carácter recaudatorio, sino preventivo, y que buscan salvar vidas mediante la aplicación estricta del reglamento. Asimismo, insistió en que la colaboración ciudadana es clave para construir vialidades más seguras y ordenadas en todo el municipio.

El uso de vehículos bajo modalidades de leasing y alquiler crece año tras año en Argentina. Cada vez más particulares y empresas optan por estos sistemas para acceder a unidades sin realizar una compra directa. Sin embargo, junto con este crecimiento aparece un problema recurrente: la gestión y el pago de las infracciones de tránsito.

Durante 2025, el leasing registró un crecimiento interanual del 56%, alcanzando 6.390 contratos firmados y su nivel más alto desde 2019. El saldo del financiamiento superó el billón de pesos, con un plazo promedio de 40 meses. El 75% de las operaciones se concentró en bienes vinculados al transporte y la logística, lo que demuestra el fuerte impacto del sistema en el sector empresarial. En este escenario, las multas se convierten en un punto sensible.

¿Qué diferencia hay entre leasing y alquiler?

El leasing es un sistema de financiamiento a mediano o largo plazo. Una entidad financiera adquiere el vehículo y el cliente paga un canon mensual por su uso durante un plazo determinado. Finalizado ese período, puede ejercer una opción de compra.

En el alquiler, el uso es temporario: días, semanas o meses. El vehículo siempre pertenece a la empresa locadora y el usuario paga por el tiempo de utilización.

¿Quién responde por la multa?

La regla general es clara: el conductor es responsable de la infracción. Si excede la velocidad, estaciona en infracción o utiliza el celular al volante, deberá asumir la sanción, del mismo modo que si el vehículo fuera propio.

No obstante, si la infracción deriva de un incumplimiento atribuible a la empresa (por ejemplo, circular sin la VTV/ITV vigente o sin documentación obligatoria), la responsabilidad recae en el titular del vehículo.

El problema no suele estar en la responsabilidad legal, sino en el mecanismo de cobro

En la mayoría de los contratos de alquiler y leasing se incluye una cláusula por la cual el cliente se compromete a abonar las infracciones cometidas durante el período de uso, incluso aquellas notificadas con posterioridad a la devolución del vehículo.

Además, es habitual que se autorice a la empresa a debitar automáticamente el monto de la multa, utilizar la tarjeta de crédito dejada en garantía, y aplicar cargos administrativos por gestión.

En el caso de usuarios individuales, los contratos suelen ser de adhesión. Esto significa que las cláusulas no pueden negociarse y vienen predispuestas por la empresa. Ante una multa informada por la autoridad, el importe puede ser debitado automáticamente.

Cuando se trata de compañías con múltiples vehículos, la situación cambia en magnitud. Muchas empresas reciben, a fin de mes, el débito del 100% de las infracciones informadas, lo que puede generar un gasto considerable sin que se otorgue un plazo razonable para analizar o impugnar las actas.

¿Se pueden discutir las multas?

Sí. En numerosos casos las actas pueden contener errores formales o materiales. Por eso, si el monto se debita automáticamente sin posibilidad de revisión previa, se pierde la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y eventualmente evitar un pago innecesario.

En el caso de los conductores particulares, como suele tratase de cláusulas de adhesión, recomendamos solicitar la fotomulta a la empresa de alquiler, a fin de verificar que la misma no tenga defectos. En caso de tenerlos, hacérselo saber a la empresa para evitar el débito de la infracción.

En el caso de las empresas, la clave es negociar las cláusulas antes de firmar. De ahí que, desde nuestra área de Defensa de Multas de Tránsito, en Iezzi&Varone recomendamos revisar detalladamente las clausulas referidas a infracciones y solicitar un plazo determinado desde la notificación para poder efectuar descargos para así evitar autorizaciones de débito automático del 100% del monto.

En un contexto de crecimiento sostenido del leasing y del alquiler vehicular, una correcta redacción contractual puede representar una diferencia económica significativa.

El aumento en el uso de estos sistemas obliga a prestar atención no solo al financiamiento o al costo mensual, sino también a los aspectos operativos y legales que, como las multas, pueden impactar directamente en el presupuesto.

* Los autores son especialistas en Defensa de Multas de Tránsito y Faltas Especiales a cargo del Area en Iezzi&Varone. Instagram: multas_transitoar

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley 22,878, una reforma que modifica el artículo 8 e incorpora el artículo 9 bis a la Ley de Servicio de Parques Nacionales N.° 6084. La nueva normativa prohíbe el ingreso a sitios no autorizados y la realización de actividades indebidas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del país, con el objetivo de reforzar la protección ambiental y la seguridad de los visitantes.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) señalaron que la ley representa un avance en la defensa del patrimonio natural costarricense, al establecer sanciones más claras para quienes incumplan las regulaciones vigentes. Según la institución, la medida permitirá reducir daños a los ecosistemas, fortalecer la vigilancia y promover un uso responsable de los espacios protegidos.

“Se busca que esta nueva ley sirva, además, como método de disuasión para que las personas dejen de poner en riesgo sus vidas y respeten las normativas existentes dentro de Áreas Silvestres Protegidas”, afirmó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.

Con la entrada en vigencia de la reforma, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) quedará facultado para aplicar sanciones económicas a quienes ingresen sin autorización o promuevan actividades ilegales dentro de parques nacionales y otras zonas protegidas. Los recursos recaudados por concepto de multas se destinarán a fortalecer las labores de control, vigilancia y protección ambiental que desarrolla la institución en todo el territorio nacional.

El proyecto también establece que una parte de los montos cobrados será transferida al presupuesto de la Cruz Roja Costarricense, entidad que con frecuencia participa en operativos de rescate de personas que ingresan ilegalmente a áreas de alto riesgo y posteriormente se extravían o sufren accidentes.

Datos suministrados por el SINAC y el MINAE señalan que los volcanes Volcán Arenal, Volcán Poás y Volcán Turrialba concentran la mayor cantidad de ingresos ilegales cada año, especialmente durante horas nocturnas. Las autoridades advierten que esta práctica no solo implica riesgos para la integridad física de quienes acceden sin permiso, sino que también afecta la fauna silvestre, ya que muchas especies migran o alteran sus patrones de comportamiento al percibir ruidos y presencia humana en horarios no permitidos.

Además del impacto ambiental, las autoridades han reportado un incremento en actos de vandalismo. Entre las afectaciones más frecuentes figura el robo de cámaras de vigilancia volcánicas y sismológicas, equipos esenciales para el monitoreo científico y la prevención de emergencias.

La ley contempla multas que pueden alcanzar hasta ₡4,6 millones, aproximadamente 9.000 dólares, para quienes ingresen sin autorización o faciliten el acceso ilegal. Las sanciones se graduarán según la gravedad de la infracción.

Montos establecidos en la nueva ley

• Personas que promuevan actividades ilegales en zonas protegidas: ₡1.386.600 (unos 2.860 dólares).
• Operadores turísticos que ofrezcan ingresos ilegales: más de ₡3.000.000 (más de 6.185 dólares).
• Guías o empresas que ingresen con visitantes por accesos no permitidos: ₡4.622.000 (alrededor de 9.529 dólares).

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las autoridades reportaron el ingreso irregular de 408 personas a parques nacionales. La mayoría de los casos se registraron en el Volcán Irazú y en la Isla San Lucas, dos destinos que han enfrentado reiterados incidentes vinculados a accesos no autorizados.

Desde el SINAC subrayan que el problema trasciende la simple infracción administrativa. “El ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales irreversibles, alteran hábitats sensibles y ponen en riesgo especies de flora y fauna, muchas de ellas en condición de amenaza o endémicas. Además, este tipo de prácticas expone a las personas visitantes a peligros naturales, al no contar con condiciones adecuadas de seguridad ni atención oportuna ante emergencias”, explicó Yeimy Cedeño, jefa del Departamento de Control y Protección de la institución.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sancionado a un abogado con una multa de 420 euros tras haber presentado en un recurso de apelación hasta 48 citas jurisprudenciales falsas, fabricadas por una herramienta de inteligencia artificial (IA). Los magistrados han considerado su actuación contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe procesal, así como un abuso del servicio público de la justicia.

Según han explicado en la resolución, el abogado sancionado utilizó una herramienta de IA “generalista” para preparar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC contra un fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El letrado solicitó a la IA fuentes jurisprudenciales para sustentar su escrito y la herramienta generó 48 citas, pero ninguna de ellas se correspondía a una sentencia real.

Los magistrados advierten que el abogado no sometió a “revisión ni verificación ninguna” que las citas se correspondieran con casos reales. El letrado “no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente” ni “verificó los datos de salida de la herramienta de IA con las bases de datos de jurisprudencia —señaladamente, la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito— para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso”, expresan en su fallo.

Estas omisiones constituyen “una quiebra del deber básico de supervisión humana que, como se ha expuesto, resulta indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional”, han expresado. Los magistrados consideran que su actuación vulnera “el Código Deontológico exige al profesional de la abogacía”. 

Una multa “ejemplarizante”

En la delimitación del importe de la sanción, el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha optado por un criterio que califica como “ejemplarizante”, al establecer la multa en una cantidad equivalente a la mitad del coste anual de una suscripción a una herramienta de IA jurídica específica. De ese modo, el Tribunal ha querido destacar que, si el letrado hubiera recurrido a una solución tecnológica adaptada al ámbito profesional legal, muy probablemente habría evitado la situación que ahora se sanciona.

Asimismo, la Sala ha señalado que, al fijar la cuantía, ha tenido en cuenta que el abogado, al ser advertido de las anomalías detectadas, admitió los hechos y su responsabilidad de manera explícita ante los magistrados y mostró un arrepentimiento evaluado por el tribunal como “aparentemente sincero”. Además de la multa de 420 euros, el TSJC ha dado traslado de su fallo al Colegio de Abogados del afectado, para que, si lo ven necesario, “depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir”.

La Sala de lo Penal del TSJC ha insistido en que el potencial de las herramientas de inteligencia artificial para la práctica jurídica es innegable, pero ha recalcado que el principio de supervisión humana debe constituir el núcleo de cualquier actuación profesional que se valga de estos sistemas. Tal y como recuerda la resolución, estas tecnologías deben ser entendidas únicamente como un apoyo al trabajo del abogado, sin que ello implique delegar en la herramienta la toma de decisiones ni depender ciegamente del sistema automatizado.

Salir a la ruta con un auto particular, sea para aprovechar un fin de semana largo o para salir de vacaciones, exige a los conductores cumplir con una serie de requisitos que habilitan legalmente la circulación por la vía pública y permiten enfrentar con normalidad los controles vehiculares que se realizan sobre todo en periodos de mayor tránsito. Aunque en los últimos años se implementaron herramientas digitales para facilitar la presentación de ciertos papeles, las exigencias básicas que fija la normativa no se modificaron y continúan vigentes conforme a la Ley Nacional de Tránsito.

Circular sin la documentación obligatoria puede derivar en sanciones económicas, la retención de alguno de los documentos o incluso la imposibilidad de continuar el viaje hasta que se regularice la situación. Por eso, antes de emprender un recorrido por las rutas argentinas es clave verificar que todos los papeles solicitados estén a mano y en condiciones de ser exhibidos ante cualquier control.

El primer documento que debe portar quien conduce es el Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado. Este documento debe estar vigente y en formato físico, ya que en la mayoría de los controles no se admite únicamente una copia digital como sustituto del original. El DNI es la prueba principal de identidad y residencia y su ausencia configura una infracción que puede derivar en multa o en la retención provisional del vehículo o del carnet de conducir, según la gravedad de la falta.

Junto con el DNI, es obligatorio llevar la Licencia Nacional de Conducir que habilita para manejar. A diferencia del documento de identidad, la licencia habilitante puede presentarse en formato digital a través de la aplicación oficial del Gobierno, donde cuenta con un código QR que se actualiza periódicamente. Esta versión digital tiene la misma validez que la física, siempre y cuando se pueda visualizar correctamente y acreditar la vigencia de la habilitación. Un punto que suele generar confusión entre los automovilistas es que la licencia debe haber sido emitida por la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor. Si esta condición no se cumple, la autoridad de control puede considerar la licencia inválida y aplicar la sanción correspondiente.

La documentación del vehículo también integra los requisitos exigidos para circular sin inconvenientes. La cédula de identificación del automotor, conocida popularmente como cédula verde, contiene los datos esenciales del vehículo y del titular. Aunque en la práctica muchos conductores utilizan la versión digital disponible en la app gubernamental, algunas provincias aún exigen la presentación del documento impreso, por lo que es recomendable contar con ambas versiones para evitar problemas en una inspección. Cuando quien conduce no es el titular del vehículo y circula sin la presencia de éste, es indispensable contar con una autorización de manejo generada en la misma aplicación oficial. Este trámite es sencillo y permite al titular habilitar y deshabilitar el permiso de conducción cuando lo considere necesario.

Otro documento fundamental es el comprobante de seguro automotor vigente. Esta póliza acredita que el vehículo cuenta con cobertura para responder ante siniestros o daños a terceros, y su vigencia debe poder comprobarse al momento de un control. Aunque generalmente se acepta la versión digital, contar con una copia impresa del último pago del seguro puede ser útil especialmente en provincias donde los controles son más estrictos o donde no siempre se dispone de señal de internet para mostrar el documento en el dispositivo.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o su equivalente, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), certifica que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad requeridas para circular. El certificado que acredita la aprobación de esta inspección debe estar presente y visible en el vehículo, normalmente a través de una oblea adherida en el parabrisas. Circular con la VTV vencida es considerado una infracción y puede derivar en la aplicación de una multa o en la prohibición de continuar el trayecto, dependiendo de la jurisdicción en la que se produzca el control.

Si bien el comprobante de pago de la patente automotor no figura como requisito obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en controles de tránsito. Este documento acredita que el impuesto correspondiente al vehículo fue abonado en tiempo y forma y, aunque no se exija en todos los casos, llevarlo puede evitar demoras y dificultades innecesarias.

Más allá de los papeles específicos, el vehículo en sí debe cumplir con condiciones visibles para circular. Una de las exigencias es que las chapas patente o placas metálicas estén correctamente colocadas en su posición original, legibles y sin alteraciones, ya que su deterioro o la obstrucción parcial de símbolos también se considera una falta de tránsito. Durante los últimos meses, las autoridades encargadas de la provisión de estas placas han normalizado su entrega, por lo que circular con chapas provisionales de papel fuera de su plazo de validez puede implicar una infracción adicional.

Es importante destacar que si bien la Ley Nacional de Tránsito establece los requisitos mínimos exigibles en todo el país, cada jurisdicción provincial tiene la potestad de dictar normas adicionales para la circulación en su territorio. Por este motivo, algunos de los documentos o condiciones mencionados pueden tener requisitos específicos dependiendo de la provincia, como por ejemplo la obligación de presentar ciertas constancias en formato físico o requisitos propios de seguridad vial.

Los controles viales y policiales suelen intensificarse en temporadas de alta circulación, como en las vacaciones de verano o durante las fiestas de fin de año, cuando miles de automovilistas se desplazan por las rutas hacia destinos turísticos o para reunirse con familiares. En esos contextos, la organización de los operativos de fiscalización implica no solo verificar la documentación sino también el estado general de los vehículos para garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Las consecuencias del incumplimiento

No llevar la documentación obligatoria puede tener consecuencias concretas para el conductor y el vehículo. Además de las multas económicas, que pueden variar según la provincia y el tipo de falta, las autoridades pueden retener temporalmente el carnet de conducir o la cédula del vehículo hasta que se regularice la situación. En los casos más severos, se puede disponer que el vehículo no continúe su marcha hasta que se presenten los documentos necesarios, lo que puede generar demoras y complicaciones durante el viaje.

Por estos motivos, revisar cuidadosamente que toda la documentación exigida esté vigente, disponible y en el formato correcto antes de salir a la ruta es un paso clave para evitar sanciones y contratiempos. Aunque las herramientas digitales facilitan la presentación de muchos de estos papeles, en la práctica contar con versiones físicas como respaldo puede hacer la diferencia ante un control y brindar mayor tranquilidad al conductor durante todo el recorrido.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a un hospital del Grupo Quirón con 1,2 millones de euros por perder las pruebas médicas de uno de sus pacientes. La autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía entiende que ‘IDCQ Hospitales y Sanidad’, integrado dentro de la estructura del Grupo Quirón, vulneró tres artículos de la ley al destruir datos sanitarios “sin que conste acreditada causa alguna que lo legitime” y, sobre todo, porque el centro no contaba con un protocolo para custodiar la documentación clínica aportada previamente por este paciente. La elevada cuantía de la sanción se justifica en la magnitud de la empresa (un volumen de negocio de 2.800 millones de euros en 2023), el número potencial de afectados, la especial protección de estos datos y la negligencia organizativa detectada.

La Agencia no matiza de qué hospital se trata. Solo que el paciente acudió al centro el 18 de noviembre de 2021 a realizarse una resonancia, aportando en ese momento un CD que contenía las imágenes de tres resonancias previas que se había hecho en 2016, 2017 y 2018 para que los facultativos tuvieran más elementos de juicio. Cuatro meses después, en marzo de 2022, acudió al hospital a recoger el CD que había entregado, pero el centro no lo encontró y no se lo pudo devolver. El paciente insistió en recuperar las pruebas. El 4 de abril de 2022, recibió un mail en el que le informaban que las imágenes aportadas ya no estaban disponibles. Tampoco las de la última resonancia realizada a finales de 2021.

“Tal y como acordé personalmente con usted, informarle que la documentación que incluía el informe de la resonancia realizada en noviembre de 2021 y las pruebas previas que usted aportó, las cuales se incluyeron en dicho ensobrado, tras realizar una nueva revisión de nuestro archivo, lamento confirmarle que ya no están disponibles”, señala la misiva. El hospital lo justificó porque “la capacidad de nuestro archivo es limitada, es por ello que en la realización de las pruebas informamos a los pacientes que quieren el soporte en papel el plazo para recoger los informes, ya que pasado un plazo se procede a la limpieza de dicho archivo para poder disponer de espacio para seguir archivando lo recientemente realizado”. Es decir, cuando pasa un mes, el hospital destruye los archivos.

El Grupo Quirón se justifica alegando que el mismo día de noviembre de 2021 en el que el paciente se realizó la última resonancia, este firmó una hoja de recogida de pruebas en la que se indicaba expresamente que el plazo para recuperar las imágenes entregadas era de un mes. A pesar de ello, el paciente puso una reclamación ante la Agencia en enero de 2024 porque entendió que no se habían protegido sus datos. La Agencia abrió expediente sancionador en noviembre de ese año. En julio de 2025, la Agencia concluyó que el hospital había vulnerado tres artículos de la ley de protección de datos: artículo 6 (licitud del tratamiento), artículo 9 (categorías especiales de datos: salud) y artículo 25 (protección de datos desde el diseño y por defecto).

Sí forma parte del historial clínico

Desde la Agencia consideran que el tratamiento de datos personales, en este caso el CD, consistió simplemente en la solución definitiva de destrucción de datos de salud “sin que conste acreditada causa alguna que lo legitime, teniendo en cuenta que el deber de custodia de la documentación clínica […] fue eliminada en el plazo de un mes al no ser recogida por el paciente". El hospital de IDCQ sostiene que el CD aportado por el paciente no forma parte de la historia clínica, pues contenía radiografías de otros centros y, por tanto, la conservación de dichas imágenes debía seguir los plazos indicados a la paciente (un mes para su destrucción).

Toda la documentación clínica, tanto generada como aportada por pacientes y depositada en el centro, debe conservarse bajo responsabilidad del hospital según la ‘Ley 41/2002 (autonomía del paciente)’, y su destrucción antes de los plazos legales constituye infracción, argumenta la Agencia. El artículo 17.1 de esa ley regula que “los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencia”. Un plazo que en este caso no se cumplió.

De los 1,2 millones de euros de multa, un millón corresponde porque el hospital no contaba con un procedimiento claro referido a cómo gestionar la documentación clínica, independientemente del formato y de que la aporte un paciente. La Agencia afea al grupo de que no basta con la existencia de procedimientos internos si estos no se adaptan plenamente a lo exigido por la normativa: la ausencia de un protocolo específico y la destrucción prematura son negligencias graves. A pesar de que el Procedimiento de Diagnóstico del propio hospital indicase que se hacía con los archivos recibidos (custodia durante un mes, y después de este periodo se llevaría al archivo general hasta el tiempo que establezca la ley), “nada se preveía en este procedimiento respecto de la devolución de soportes físicos continentes de datos personales suministrados por los pacientes previamente en el centro hospitalario”, coNcluye la Agencia.

El Gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo N° 1718, que modifica la Ley de OSIPTEL para asegurar que las principales empresas de telecomunicaciones —Movistar, Claro, Entel y Bitel, que en la práctica son las únicas que pueden resistir un juicio por años— no puedan postergar indefinidamente el pago de multas impuestas por el regulador solo presentando una demanda judicial.

La norma, publicada el 6 de febrero de 2026, busca fortalecer la capacidad sancionadora de OSIPTEL y proteger los derechos de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

¿Qué cambia para Movistar, Claro, Entel y Bitel?

Hasta ahora, cuando OSIPTEL sancionaba a una operadora con una multa, la empresa podía evitar pagarla inmediatamente simplemente iniciando un proceso judicial.

Esto suspendía el cobro de la multa, a veces durante años, mientras el caso se resolvía en los tribunales. Esta práctica debilitaba la autoridad del regulador, dilataba la ejecución de las sanciones y afectaba la protección de los usuarios.

Con el Decreto Legislativo N° 1718, este mecanismo cambia.A partir de ahora, si Movistar, Claro, Entel o Bitel (o cualquier otra operadora sancionada) quieren suspender el cobro de la multa mientras litigan en el Poder Judicial, deberán presentar una carta fianza bancaria a favor de OSIPTEL.

Esta carta fianza, de acuerdo con el decreto legislativo promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debe garantizar el monto total de la multa y ser irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata.

Si la empresa no entrega la carta fianza, estará obligada a pagar la multa de inmediato, aunque el proceso judicial siga su curso. En caso de que finalmente el Poder Judicial falle a favor de la empresa, el dinero o la garantía se les devolverá.

¿Cómo funciona este nuevo sistema?

• La carta fianza debe ser emitida por un banco supervisado, por un monto igual al de la multa, y tener un plazo mínimo de un año.
• La garantía debe renovarse cada año mientras dure el litigio.
• Solo se ejecutará si la sentencia definitiva resulta favorable a OSIPTEL.
• Si la empresa no presenta la carta fianza, la multa será cobrada sin espera.

Este cambio alinea el régimen de OSIPTEL con lo que ya ocurre en otros organismos reguladores peruanos, como el Indecopi, el OEFA o la Sunafil.

¿Por qué se dicta este decreto?

Rafael Muente Schwarz, expresidente de Osiptel, señala que la nueva imposición a las operadoras es otra de las iniciativas que se trabajaron durante el ejercicio de su cargo. El especialista en telecomunicaciones explica que, durante años, las empresas sancionadas por Osiptel frenaban la ejecución de las multas simplemente iniciando procesos judiciales.

Así, el pago quedaba suspendido durante ,últiples periodos, tiempo en el cual las compañías provisionaban contablemente esos montos y diluían totalmente el efecto punitivo de la sanción. Esto generaba el incentivo para que todas las empresas llevaran cualquier sanción al Poder Judicial, a pesar de que Osiptel ganaba más del 90% de los casos.

Muente Schwarz detalla que para corregir esta distorsión, se plantearon dos medidas claves: primero, aumentar el tope máximo de las sanciones (de 350 a 1.000 UIT, lo que se logró con la Ley 31839), y segundo, establecer el mecanismo de ejecución inmediata de multas, que finalmente se concreta con el Decreto Legislativo 1718 y la exigencia de una carta fianza bancaria para suspender el cobro.

El exfuncionario recuerda que el antecedente principal de esta reforma fue el abierto desacato a la prohibición de vender chips en la vía pública, vigente desde 2019: “Una empresa llegó a aceptar por escrito, en un acta, que podían recibir las sanciones que quisiéramos, pero que no iban a cumplirlas. Eso demostró ante el Congreso que las reglas anteriores no incentivaban el respeto a las normas del regulador”.

“Por supuesto, todo esto me ha valido la persecución de la que soy objeto desde apenas unos días que se promulgó la Ley 31839 en julio del 2023”, agregó.

Un nuevo escenario para la defensa judicial de las operadoras

Piero Rojas, socio de Figueroa Abogados, advierte que la exigencia de una carta fianza bancaria como condición para suspender la ejecución de multas podría tener efectos no previstos en el acceso a la justicia para las empresas del sector.

Según el especialista, aunque la medida busca fortalecer la eficacia sancionadora de OSIPTEL, en la práctica traslada el peso del sistema a la capacidad económica de las operadoras y convierte lo que debía ser una excepción en una regla progresiva de la administración pública.

Rojas explica que, si bien el Tribunal Constitucional ha validado este tipo de esquemas bajo el criterio de prevalencia de la norma especial sobre la general, la exigencia de una garantía económica restringe materialmente el derecho de defensa y condiciona el acceso a la justicia.

“Quienes no pueden costear una carta fianza deben soportar la ejecución de sanciones que, eventualmente, podrían ser declaradas ilegales, vaciando de contenido real la protección judicial”, sostiene.

El abogado subraya que la reforma alinea a OSIPTEL con otros organismos reguladores como Indecopi, OEFA y Sunafil, pero advierte que la regla, pensada originalmente para casos excepcionales, se está convirtiendo en la norma en el ámbito administrativo sancionador. Esto, advierte, plantea un reto sobre el equilibrio entre la eficacia del Estado y las garantías procesales de los administrados.

Durante la temporada de verano, el tránsito en las rutas argentinas —especialmente en aquellas que conducen a la Costa Atlántica— se incrementa de manera significativa. Junto con el aumento del caudal vehicular, también crecen los controles viales, las infracciones por exceso de velocidad y, según denuncian especialistas y automovilistas, ciertas prácticas irregulares por parte de algunos municipios bonaerenses que parecen priorizar la recaudación por sobre la seguridad vial.

Con el único objetivo de generar mayores ingresos, distintos distritos instalaron fiscalizadores de velocidad que en muchos casos no cuentan con la autorización oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), no están debidamente homologados o carecen del mantenimiento técnico necesario para operar correctamente.

Esta situación abre un interrogante clave para los conductores: ¿cómo saber si una fotomulta es válida y qué herramientas existen para impugnar aquellas que no corresponden?

Radares legales vs. radares “truchos”: cómo identificarlos

La legislación argentina es clara: todo radar de control de velocidad debe estar homologado por la autoridad competente y autorizado por la ANSV. Además, su ubicación debe encontrarse previamente aprobada y correctamente señalizada en la vía pública. Cuando alguno de estos requisitos no se cumple, la infracción puede ser considerada nula.

Una de las principales herramientas para los conductores es el sitio web oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se puede consultar el listado de radares habilitados en todo el país. Allí se detallan tanto los dispositivos fijos como los móviles y, durante el verano, también se informan los puntos específicos donde estarán operando los controles de velocidad.

Las rutas hacia la Costa Atlántica, bajo la lupa

Quienes eligen las playas bonaerenses como destino turístico saben que las rutas 2, 11, 36, 63 y 74 conforman la columna vertebral del éxodo estival. En estos corredores, las velocidades máximas permitidas varían entre los 60 y los 130 km/h, dependiendo del tramo, y operan más de 70 cámaras de fotomultas distribuidas de la siguiente manera: 48 radares en la ruta 2, 11 en la ruta 11, 2 en la ruta 36, 5 en la ruta 63 y 6 en la ruta 74.

Cada uno de estos puntos de control debe estar debidamente señalizado, informando al conductor la presencia del radar y la velocidad máxima permitida. La ausencia de señalización constituye otra causal de nulidad de la infracción.

Qué revisar al recibir una multa por exceso de velocidad

Cuando una notificación por fotomulta llega al domicilio del titular del vehículo, el primer paso es analizar cuidadosamente el acta.

Entre los datos obligatorios que deben figurar se encuentran:

• Número de identificación del radar utilizado
• Nombre del municipio o autoridad que labró la infracción
• Fecha completa del hecho (día, mes, año y hora)
• Ruta y kilómetro exacto donde se produjo la presunta infracción
• Velocidad máxima permitida y velocidad registrada del vehículo (en km/h)
• Firma de la autoridad interviniente
• Matrícula habilitante del operador del radar, otorgada por la ANSV
• Datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente

“La omisión de cualquiera de estos elementos puede invalidar el acta. Si el número de radar no figura en la notificación o el dispositivo no se encuentra homologado, el automovilista puede presentar un descargo solicitando la nulidad de la infracción”, señaló el abogado Sergio Mohadeb, especializado en derechos del consumidor y editor del sitio web Derecho en Zapatillas.

En caso que el radar no esté homologado, el descargo sugerido por Mohadeb es corto, claro y contundente: “Por medio de la presente planteo la nulidad del acta de infracción por cuanto el radar no está homologado por la autoridad competente. Esto anula el acta y la infracción”.

En la provincia de Buenos Aires, el respaldo legal es aún más contundente. El artículo 28 bis de la Ley 14.226 establece que, ante el incumplimiento de los requisitos legales, las actas de infracción y/o fotomultas “deben ser declaradas nulas y carentes de vínculo jurídico exigible para su efectivo cumplimiento y pago”.

Plazos para rechazar una fotomulta

El abogado Gonzalo Iezzi, especialista en infracciones de tránsito del Estudio Iezzi & Varone, advirtió que no hay un criterio unificado en todo el país sobre cuál es el plazo de tiempo para presentar un descargo. “En la Ciudad de Buenos Aires, el descargo debe presentarse dentro de los 40 días desde que llega la multa, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el plazo es de 45 días hábiles”, precisó.

El procedimiento también varía según el distrito. En algunos lugares se permite hacerlo de manera presencial o incluso verbal, mientras que en otros es obligatorio presentarlo por escrito o mediante plataformas digitales.

“En CABA, por ejemplo, se puede gestionar presencialmente o a través del chatbot oficial ‘Boti’, mientras que en PBA el trámite se realiza subiendo la documentación a una plataforma virtual”, aclaró Iezzi.

El abogado recordó que si el descargo no prospera, el conductor pierde el beneficio del pago voluntario, que permite abonar la mitad de la multa. “No se puede hacer un descargo y después pedir volver atrás para pagar con descuento”, señaló.

Sin embargo, “existe la posibilidad de solicitar una prórroga del pago voluntario si el plazo venció y el conductor no discute el acta, sino que argumenta que no fue notificado a tiempo”.

Operativos integrales y nuevos controles

El control del tránsito no se limita únicamente a los radares fijos. En el marco del Operativo Sol a Sol, la provincia de Buenos Aires implementó controles diarios de documentación, alcoholemia y tránsito, además de megaoperativos durante los fines de semana, recambios turísticos y horarios nocturnos.

A esto se suman radares móviles capaces de detectar infracciones dentro del vehículo, como el uso del celular al volante, y nuevas tecnologías destinadas a reforzar los controles dinámicos para prevenir faltas generales y reducir la siniestralidad.

El doctor Mohamed explicó que para que el operativo móvil sea legal debe contar con estas condiciones:

• Tiene que haber conos entre 1000 y 500 metros antes del radar
• Debe haber un cartel que indica la presencia del radar
• Luego de ese cartel tiene que haber otro que indique la velocidad máxima
• El agente de tránsito debe tener una matrícula para poder operar el radar.

Si esto no se cumple, Mohadeb sugirió que el automovilista puede presentar el siguiente descargo: “El operativo de control incumplió los requisitos mínimos e indispensables de validez, en general se observaron deficiencias de señalización que impidieron a mi parte conocer la velocidad máxima en esa zona, lo cual nulifica todo lo actuado. En particular, el cartel no estaba ubicado a la distancia mínima de […] metros desde el radar de fiscalización y por ende debe anularse la multa que el municipio pretende imponerme”.

Dónde consultar y pedir asistencia

Ante cualquier duda o inconveniente relacionado con una fotomulta, los automovilistas pueden comunicarse con la mesa de ayuda de la ANSV al 0800-122-2678 o enviar un correo electrónico a consultasradares@seguridadvial.gov.ar, adjuntando copia de la infracción recibida.

Informarse, revisar cada detalle y conocer los derechos del conductor resulta clave para evitar pagar multas indebidas y, al mismo tiempo, promover un sistema de control vial transparente, legal y verdaderamente orientado a salvar vidas.

El control del tránsito en las carreteras nacionales vuelve al centro del debate público. Esta vez, el foco está puesto en una práctica que, aunque frecuente, acarrea consecuencias directas: la ocupación ilegal de bermas y vías auxiliares. Durante 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), registró cientos de reportes ciudadanos vinculados con esta conducta.

Las cifras revelan una dinámica clara entre denuncia y sanción. En un contexto de mayor vigilancia y uso de plataformas digitales, la entidad recibió 478 denuncias relacionadas con la circulación indebida en espacios destinados exclusivamente a peatones o a vehículos de emergencia. Cada caso activó un proceso de evaluación técnica y fiscalización administrativa.

El problema trasciende la infracción individual. La utilización de la berma como carril alterno no solo infringe el Reglamento Nacional de Tránsito; también afecta la seguridad vial y limita el paso de ambulancias y unidades de bomberos. En carreteras congestionadas, la diferencia entre respetar o invadir estos espacios puede determinar la rapidez de una atención de emergencia.

Denuncias y sanciones en cifras

Durante el año 2025, la SUTRAN procesó 478 denuncias ciudadanas vinculadas a la ocupación ilegal de vehículos en bermas y vías auxiliares. Estos espacios, según el Reglamento Nacional de Tránsito, no están autorizados para el tránsito vehicular regular, pues su finalidad es permitir la circulación de peatones y garantizar el paso de unidades de emergencia.

Como resultado del proceso de evaluación técnica y fiscalización administrativa, más de 250 infractores se encuentran en etapa de cobranza coactiva. Esto implica que, tras agotarse las instancias correspondientes, el Estado inició el procedimiento para exigir el pago de las multas impuestas.

Además, 82 casos cuentan con sanción firme. En paralelo, 63 infractores efectuaron el pago de la multa correspondiente. El resto de los expedientes continúa en trámite, conforme al debido procedimiento administrativo.

En términos generales, ocho de cada diez denuncias concluyeron en una acción sancionadora. Este dato refleja que la mayoría de los reportes ciudadanos superó la fase de evaluación y derivó en una medida concreta contra el conductor infractor.

El uso indebido de la berma representa una práctica que compromete la seguridad vial y dificulta el paso de vehículos de auxilio. La normativa es explícita: estos espacios no están destinados al tránsito vehicular ordinario. Su función responde a criterios de seguridad y prevención.

La SUTRAN subrayó que la participación ciudadana cumple un papel clave en el fortalecimiento de la fiscalización. Recordó que las denuncias pueden realizarse de manera gratuita y virtual a través de la Plataforma de Atención – Denuncia Servicios Fiscalizados disponible en el portal institucional.

Este mecanismo permite que cualquier persona reporte la infracción, siempre que cuente con información verificable. A partir de allí, la entidad activa la revisión técnica y administrativa correspondiente. El procedimiento se desarrolla bajo los parámetros del debido proceso, con notificación al presunto infractor y posibilidad de descargo.

Plan Viaje Seguro 2026 y fiscalización en verano

En paralelo al procesamiento de denuncias, el MTC informó que, en el marco del Plan Viaje Seguro 2026, la SUTRAN ejecuta acciones permanentes de fiscalización y sensibilización en carreteras, peajes y principales balnearios del sur y norte de Lima.

Estas intervenciones buscan prevenir conductas de riesgo, sobre todo durante la temporada de verano, cuando aumenta el flujo vehicular hacia zonas turísticas. La estrategia combina presencia en campo y campañas informativas orientadas a recordar las obligaciones de los conductores.

El mensaje institucional apunta a reforzar el cumplimiento de la norma. La ocupación ilegal de la berma no constituye una falta menor; implica una infracción que puede derivar en sanción económica y en procedimientos de cobranza coactiva.

La fiscalización, en este escenario, se apoya en datos, procedimientos y en la aplicación del Reglamento Nacional de Tránsito. El resultado queda reflejado en los expedientes que avanzan dentro del sistema administrativo y en las sanciones que ya cuentan con resolución definitiva.

A pocas semanas del inicio del Año Escolar 2026, la advertencia del Indecopi irrumpe en un escenario marcado por gastos familiares y decisiones escolares que suelen concentrarse en un corto plazo. El organismo recuerda a la comunidad educativa los límites que fija la normativa y pone el foco en prácticas que, año tras año, generan reclamos entre madres y padres de familia.

El Indecopi informa que, según la normativa vigente, los colegios privados “están prohibidos de exigir la compra de uniformes, materiales o útiles en establecimientos señalados o marcas determinadas”. Esta conducta vulnera el Código de Protección y Defensa del Consumidor y puede recibir sanciones de hasta 450 UIT, equivalentes a S/2.475.000.

Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025, la entidad aplicó 647 sanciones a proveedores del servicio de educación básica regular. En ese lapso, 226 colegios recibieron multas que sumaron 1189.4 UIT a nivel nacional. La autoridad identifica la falta de idoneidad como el hecho infractor más recurrente, con 494 sanciones vinculadas al direccionamiento en la compra de uniformes o útiles y a la falta de respuesta frente a solicitudes de los usuarios.

Entrega de útiles y materiales permitidos

El organismo también recuerda que los colegios no pueden exigir la entrega total de los útiles escolares el primer día de clases. La normativa impide solicitar materiales ajenos al proceso educativo, como productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o insumos destinados al uso del docente.

El plazo de entrega debe seguir un esquema gradual, previsto en el Reglamento Interno de cada institución. Además, ese periodo no puede ser menor a 30 días calendario posteriores al inicio del año escolar, con el objetivo de evitar cargas económicas concentradas en un solo momento.

Textos escolares y participación de las familias

En el marco de la campaña escolar, el Indecopi precisa que los colegios no pueden obligar a la compra de textos escolares nuevos o diseñados para un solo uso. La excepción alcanza a los cuadernos de trabajo, tareas o actividades, que se utilizan por única vez debido a su naturaleza.

La entidad recalca, además, que los padres de familia, tutores o apoderados cuentan con el derecho de participar en el proceso de selección de textos escolares cada vez que se evalúa un cambio. Este mecanismo busca transparencia y equilibrio entre la propuesta académica de los colegios y los derechos de los consumidores del servicio educativo.

Cobros prohibidos, útiles, uniformes y cómo denunciar ante Indecopi

El Indecopi también precisó cuáles son los cobros que están expresamente prohibidos. Entre ellos figuran los pagos por bingos, rifas, polladas, colectas o las denominadas “cuotas voluntarias” cuando se presentan como obligatorias. Ninguno de estos conceptos puede exigirse como condición para mantener la matrícula o permitir el ingreso a clases.

Tampoco se puede obligar a los padres a adquirir uniformes escolares en un proveedor específico. Las familias tienen libertad para comprarlos donde consideren conveniente. De igual forma, en las listas de útiles no se puede imponer marcas determinadas, ya que esto podría afectar la economía del hogar.

Otro punto relevante es la inclusión. Cada aula debe reservar dos vacantes para estudiantes con discapacidad, sin que ello implique cobros adicionales por conceptos de adaptación o atención especializada, salvo que se trate de una institución específicamente dedicada a educación especial.

Respecto a situaciones de morosidad, las instituciones educativas no pueden retener libretas de notas, impedir evaluaciones, bloquear el acceso a plataformas virtuales ni exponer públicamente a los alumnos por deudas pendientes.

Para los padres que detecten cobros indebidos o prácticas irregulares, el reclamo virtual de Indecopi es uno de los principales canales de atención. Puede presentarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, incluso de forma anónima.

También se puede llamar al 01 224 7777 en Lima o al 0 800 4 40 40 desde regiones. Las sedes físicas están disponibles en San Borja, Lima Norte y en distintas ciudades del país.

Un operativo nocturno de control permitió que 13 vehículos que ofrecían transporte informal fueran retirados de circulación y trasladados al depósito. La intervención fue ejecutada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en el marco de las acciones del Comité de Fiscalización.

La diligencia se desarrolló en el Cercado de Lima y permitió identificar faltas vinculadas a la conducción sin licencia y a la acumulación de multas impagas. Todas las unidades intervenidas quedaron bajo custodia tras la verificación de su situación administrativa.

Punto de intervención y faltas detectadas

La fiscalización se llevó a cabo la noche del jueves en la avenida Alfonso Ugarte, a la altura de la plaza Ramón Castilla. En el lugar, las autoridades intervinieron 13 vehículos que realizaban el servicio de transporte sin autorización.

Durante el control se verificó que nueve de las unidades eran conducidas por personas que no contaban con brevete, infracción considerada grave dentro de la normativa de transporte vigente.

Multas acumuladas por las unidades intervenidas

Entre los vehículos enviados al depósito figura la combi de placa C3G-531, que registra una deuda de S/ 242 mil por multas impagas vinculadas a diversas infracciones. Otra unidad, identificada con la placa T1L776, acumula sanciones por S/ 65.915.

Asimismo, las combis de placas H1B-793 y Y1P-149 presentan multas por S/ 23.100 y S/ 16.500, respectivamente. En conjunto, las deudas de las unidades intervenidas superan los S/ 346 mil.

Participación del Ministerio Público y otras entidades

Las condiciones de los vehículos y las infracciones detectadas fueron validadas por el fiscal Jorge Rodríguez Loarte, de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, quien estuvo presente durante el operativo.

La intervención contó también con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, a través de sus divisiones de Tránsito, Prevención e Investigación de Robo de Vehículos y la Unidad Policial Motorizada Los Halcones, además de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Comité de Fiscalización y acciones durante el 2025

El Comité de Fiscalización del Transporte fue implementado con la entrada en vigencia del estado de emergencia, el 22 de octubre del año pasado. Este grupo es liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones e integra a la PNP, la Sutran, Migraciones, la Sucamec, entre otras entidades.

Durante el 2025, en el marco de este comité, se realizaron más de 40 operativos de control. En estas intervenciones, más de 520 unidades fueron enviadas al depósito por incurrir en infracciones relacionadas con la informalidad, la falta de documentación y otras irregularidades.

¿Cuál es el rol de la ATU?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene la misión de articular y coordinar el transporte público en el ámbito metropolitano de Lima y la provincia del Callao, integrando distintos modos como buses, trenes y taxis en un sistema más ordenado y eficiente.

Entre sus responsabilidades está planificar, regular, gestionar y supervisar el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte, así como elaborar y aprobar planes de movilidad y otorgar autorizaciones o concesiones para la prestación de servicios, además de fiscalizar a prestadores, conductores y vehículos que operan en este sistema.

La ATU también tiene la atribución de imponer sanciones por infracciones a las normas de transporte que rigen en su jurisdicción, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa y la formalidad del servicio. Asimismo, promueve mecanismos para modernizar el sistema urbano, como la implementación de un sistema único de recaudo y herramientas de planificación que buscan mejorar la cobertura, accesibilidad y sostenibilidad del transporte en Lima y Callao.

La Comunidad de Madrid no ha penalizado a la empresa que gestiona uno de los tres lotes de mantenimiento del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Y eso que la firma (Fatecsa Obras SA, hoy renombrada como FTC Obras) ha incumplido el contrato, lo que ha obligado al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso a tener que tramitar otro contrato de emergencia para que otras compañías privadas hagan el trabajo que no puede hacer FTC. La seguridad de los inquilinos de 80 viviendas estaban en juego, ya que se habían detectado anomalías en estas calderas, que “suponen un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua, lo que podría derivar en fugas, intoxicaciones por CO, incendios o explosiones”. Además, la carencia de calefacción y agua caliente “en pleno periodo invernal hace incompatible la permanencia digna y segura de los residentes”.

Alexandre Abalde Costas, consejero delegado de FTC y uno de sus accionistas, asegura a Infobae que la AVS no le ha comunicado ninguna penalización ni la rescisión del contrato, a pesar de que esta agencia regional ha tenido que gastarse de urgencia 242.000 euros para que cuatro compañías puedan cambiar las 80 calderas que ponen en peligro la seguridad de los inquilinos de otras tantas viviendas públicas. “La Comunidad de Madrid es el cliente y puede hacer lo que crea oportuno, pero no nos ha comunicado nada”, se reafirma Abalde. Y eso que el pliego del contrato formalizado en mayo de 2022 entre Fatecsa y la AVS establece una serie de penalizaciones por incumplimiento de contrato. El contrato era de dos años, asciende a 5,9 millones de euros y podía ser prorrogado. De hecho, la Comunidad lo hizo en octubre de 2025 por otros seis meses.

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Estas penalizaciones oscilan entre el 3 y el 10% del importe de facturación que corresponda a la intervención que no se haya producido o ejecutado superando los tiempos estipulados. “Nosotros solo cobramos por los trabajos hechos, no por los que no hemos realizado” señala Abalde. La AVS tiene contabilizado que esta empresa ha tardado como tiempo medio de respuesta ante una incidencia unos 68 días, cuando el acuerdo establece un máximo de 48 horas. La AVS calcula que cada sustitución de emergencia le costará ahora 2.500 euros. Pero no aclara, a preguntas de este diario, si va a penalizar a Fatecsa o si piensa rescindirle el contrato. Y eso que Fatecsa (ahora FTC Obras) es un viejo conocido de la Administración pública madrileña.

En abril de 2021, Fatecsa fue una de las empresas a la que la Consejería de Sanidad recurrió para licitar varios contratos de emergencia para construir el hospital Isabel Zendal. Esta firma construyó uno de los aparcamientos del centro sanitario por 2.352.361 euros. Con fondos europeos, la Comunidad de Madrid también adjudicó en noviembre de 2024 por 16,3 millones de euros a FTC Obras (asociada en este proyecto con Arnó Infraestructuras) la construcción de una promoción de 90 viviendas protegidas y 135 plazas de aparcamiento en el municipio Villa del Prado. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que la situación económica de FTC es tan mala que no pueden acabar el proyecto. “Es verdad que estamos teniendo nuestras dificultades y que nos gustaría ir a un ritmo más rápido. Nuestra intención es poder llevar a cabo este proyecto”, matiza Alexandre Abalde. Esta empresa también tiene varios proyectos de vivienda protegida con el Ayuntamiento de Madrid que pueden verse comprometidos.

Contratos con institutos

Alexandre Abalde ya tuvo cargos de responsabilidad en Uncisa Construcciones e Infraestructuras, una empresa que hace años fue adjudicataria (bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes) de las obras de varios institutos públicos que finalmente no pudo terminar. “Yo solo era empleado de esa constructora. Las cosas no salieron bien y al final se tuvo que dar los contratos a otras empresas para que terminaran los centros educativos”, explica Abalde. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, lleva este jueves a la Asamblea de Madrid una pregunta de control al Gobierno de Ayuso sobre esta sociedad. “Que el PP de Madrid adjudique millones de euros públicos, a lo largo de los años, a empresas en las que aparece la misma persona que incumple contratos y que no cumple con su cometido no se puede explicar solo por negligencia o incompetencia. Tiene que haber algo más para tropezar tantas veces con la misma piedra y, conociendo a la derecha madrileña, nos esperamos lo peor. Desde Más Madrid vamos a seguir indagando para defender el dinero de los madrileños”, señala el parlamentario.

A partir del pasado 1 de febrero, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en México aumentó un 3.69%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La UMA diaria se fijará en 117.31 pesos, la mensual en 3 mil 566.22 pesos y la anual en 42 mil 794.64 pesos. Esta actualización incide de forma directa en multas de tránsito, trámites oficiales y créditos hipotecarios.

Cada enero, el INEGI revisa y publica el nuevo valor de la UMA, que entra en vigor a partir del 1 de febrero. El ajuste tiene como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reflejando el comportamiento anual de la inflación. La variación de 2026 responde precisamente al índice de precios de cierre de 2025, situado en torno al 3.69%.

La UMA ha tenido una tendencia a aumentar

Para 2026, el cambio supuso que la UMA diaria subió de 113.14 a 117.31 pesos, la mensual de 3 mil 439.46 a 3 mil 566.22 pesos y la anual de 41 mil 273.52 a 42 mil 794,64 pesos.

En los años previos, la tendencia ha sido similar: en 2024, la UMA fue de 108.57 pesos diarios; en 2023, de 103.74 pesos; y en 2022, de 96.22 pesos. El ajuste asegura que los pagos y sanciones indexados a la UMA reflejen fielmente la variación del poder adquisitivo, al margen del salario mínimo.

¿Cuál es el valor de las infracciones en la CDMX luego del aumento de las UMAs?

El efecto inmediato de este incremento se observa en las sanciones y multas de tránsito en la CDMX.

Conforme al Reglamento de Tránsito de la CDMX, las infracciones se calculan en múltiplos de UMA. Con los nuevos valores, por ejemplo, la multa por exceso de velocidad equivale a 10, 15 o 20 veces la UMA vigente, es decir, entre 1 mil 173 y 2 mil 346 pesos en 2026, de acuerdo con la normativa local.

Invadir carriles exclusivos de transporte público puede sancionarse con 40 a 60 UMAs, lo que representa entre 4 mil 692 y 7 mil 038 pesos. Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente implica una penalización de 20 a 40 UMAs, con un costo de 2 mil 346 a 4 mil 692 pesos.

Otras tarifas que aumentaron gracias al ajuste de la UMA

Este incremento también afecta el valor de trámites gubernamentales y cuotas oficiales. Cada año, el ajuste repercute en registros civiles, permisos, gestiones ante dependencias federales y diversas obligaciones fiscales.

Multas y recargos aplicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están expresados en UMAs, por lo que los contribuyentes tienen pagos superiores a partir de este febrero.

En el sector de los créditos hipotecarios, en especial aquellos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que están denominados en UMA, el aumento anual ajustará las mensualidades en el mismo porcentaje, cerca del 3.69%.

De igual manera, otras prestaciones sociales y pensiones indexadas a la UMA experimentarán incrementos similares en sus montos.

La invasión de la vía exclusiva del Metropolitano por parte de conductores particulares continúa como una problemática recurrente en Lima. Durante un reciente operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), 29 conductores fueron sancionados tras ingresar sin autorización al corredor segregado. Los infractores recibieron una multa y la reducción de puntos en sus licencias de conducir, como parte de las acciones para proteger la seguridad y la operatividad del sistema de transporte público.

El operativo se llevó a cabo en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Honorio Delgado, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y el Rímac. Agentes de la PNP y personal de Seguridad Vial de la ATU intervinieron a conductores de automóviles y motocicletas que infringieron la normativa.

Las autoridades destacaron que la invasión de la vía exclusiva representa una falta grave y advirtieron que continuarán los controles para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los usuarios y operadores del Metropolitano.

La ATU exhortó a los conductores a respetar la normativa vigente y recordó que este tipo de intervenciones buscan mantener la seguridad en el corredor segregado. La PNP, encargada de imponer las sanciones, reafirmó la necesidad de cumplir el Reglamento Nacional de Tránsito para evitar incidentes que afecten el servicio.

¿Cuáles son las sanciones por invadir la vía exclusiva del Metropolitano?

El Reglamento Nacional de Tránsito tipifica como infracción grave (código G10) la invasión de la vía exclusiva del Metropolitano. Quienes incurren en esta falta enfrentan una multa de S/440 (8% de una UIT) y la asignación de 20 puntos en contra en su récord de conductor. La acumulación de puntos puede derivar en la suspensión temporal de la licencia y, en casos de reincidencia, en la retención del vehículo.

La ATU subrayó que la aplicación rigurosa de estas sanciones busca disuadir futuras infracciones y salvaguardar la seguridad vial. Además, la entidad remarcó la importancia de cumplir las normas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la protección de los pasajeros y trabajadores del Metropolitano.

Más de 80 accidentes en 2025 por invadir la vía exclusiva del Metropolitano

En 2025, la Policía Nacional sancionó a 150 conductores de vehículos particulares por invadir la vía exclusiva del Metropolitano. Ese mismo año, se registraron más de 80 accidentes de tránsito ocasionados por el ingreso indebido de vehículos no autorizados. Estos incidentes, ocurridos principalmente en horas de alta demanda, provocaron demoras y congestión en el servicio, afectando a miles de usuarios en sus desplazamientos diarios.

La ATU indicó que el aumento de estos casos ha motivado la intensificación de los operativos de control, con el objetivo de reducir el número de accidentes y sanciones y garantizar la fluidez del corredor segregado. Las cifras reflejan la necesidad de sostener la vigilancia y reforzar las acciones preventivas para disminuir el impacto negativo de estas infracciones en la operación del Metropolitano.

¿Quiénes pueden usar la vía exclusiva del Metropolitano?

El acceso a la vía exclusiva del Metropolitano está restringido, aunque existen excepciones reguladas por la Ley 27200 y el protocolo operativo correspondiente. Solo pueden circular por este corredor vehículos de bomberos, ambulancias, patrulleros de la Policía Nacional y otras unidades de emergencia, siempre que la situación sea comprobada y los vehículos estén debidamente identificados y equipados con luces y sirenas encendidas.

Un antecedente reciente evidenció la importancia de estas restricciones: hace cuatro semanas, un vehículo estatal del Congreso de la República volcó en la vía exclusiva, bloqueando el tránsito de los buses en plena hora punta y generando congestión y retrasos en el servicio. El conductor alegó una emergencia relacionada con la entrega de documentos oficiales, pero las autoridades aclararon que solo situaciones de emergencia verificadas justifican el uso de la vía exclusiva.

La ATU y la PNP insisten en que el respeto a la normativa es esencial para preservar la seguridad, la eficiencia y la continuidad del Metropolitano. Advirtieron que los controles y sanciones continuarán para evitar que hechos similares perjudiquen a los usuarios y operadores del sistema.

En el contexto del tránsito urbano, la utilización del teléfono celular al volante genera controversias y dudas sobre los alcances de la infracción, especialmente cuando el vehículo se encuentra detenido en un semáforo o frente a una congestión. Las normas vigentes, tanto a nivel nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), especifican prohibiciones y sanciones que afectan a quienes manipulan dispositivos móviles durante la conducción. El marco regulatorio actual busca disminuir riesgos y reducir la cantidad de accidentes vinculados con la distracción tecnológica en la vía pública.

Prohibiciones en la Ley Nacional y en la legislación de CABA

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece un régimen general para la circulación de vehículos y la conducta de los conductores. El artículo 48 prohíbe de forma expresa conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. Esta formulación incluye el uso de teléfonos móviles en la mano, ya sea para hablar, enviar mensajes, utilizar aplicaciones o cualquier otra función que demande atención manual directa. La prohibición se aplica a toda situación en la que el conductor permanece al mando del vehículo en la vía pública, sin distinguir si el vehículo está en movimiento o momentáneamente detenido.

El artículo 77 de la misma ley clasifica como falta grave la conducción en esas condiciones. La sanción incluye la posibilidad de retención preventiva de la licencia de conducir, sumada a una multa, según el procedimiento previsto por la normativa. Además, la ley determina que las jurisdicciones locales pueden dictar normas complementarias en materia de tránsito y fijar sus propios sistemas de cuantificación de sanciones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Tránsito y Transporte refuerza y complementa las disposiciones nacionales. La regulación local prohíbe de manera explícita el uso de teléfonos celulares, auriculares y sistemas de comunicación manual continua mientras el conductor se encuentra al mando del vehículo. La sanción, en suelo porteño, equivale a 100 Unidades Fijas (UF), lo que representa un valor económico significativo para el infractor. La fiscalización se realiza tanto por agentes de tránsito como por sistemas automáticos, incluidas cámaras instaladas en la vía pública.

Multa por uso del celular con el auto detenido

¿En qué casos se aplica la infracción? La normativa vigente no limita la infracción al uso del celular mientras el vehículo avanza. Según la ley, la sanción también alcanza a quien manipula el teléfono móvil mientras está detenido en la vía pública, como ocurre durante una luz roja en un semáforo o en medio de un embotellamiento. El fundamento es que, aunque el vehículo no se desplace, la responsabilidad del conductor sobre la circulación permanece vigente y cualquier distracción puede generar un peligro potencial.

Ejemplo 1: Un conductor se detiene frente a una luz roja y aprovecha ese lapso para contestar un mensaje en su teléfono. A pesar de que el vehículo no avanza, la acción constituye infracción y es pasible de sanción.

Ejemplo 2: Durante un embotellamiento en una avenida, el conductor toma el celular para revisar una aplicación de mensajería. La situación, aunque se desarrolle con el vehículo detenido por el tráfico, también se encuentra alcanzada por la infracción.

Ejemplo 3: Un automovilista detiene su coche en doble fila mientras espera a un acompañante y consulta el celular. Si la detención ocurre en la vía pública y el conductor se mantiene al mando, la prohibición sigue vigente y puede aplicarse la multa correspondiente.

La excepción se encuentra cuando el vehículo está correctamente estacionado, fuera de la calzada o del flujo de circulación, y con el motor apagado. En ese caso, el conductor deja de estar bajo la obligación de mantener la atención exclusiva al tránsito y puede utilizar el teléfono sin incurrir en infracción.

Alcance de las prohibiciones y fundamentación

Las regulaciones tanto nacionales como locales apuntan a reducir el riesgo de siniestros viales asociados a la distracción tecnológica. Diversos estudios y especialistas remarcan que la manipulación del celular provoca una disminución en el tiempo de reacción y en la atención al entorno. El impacto abarca diferentes niveles: cognitivo, visual, auditivo y físico. La conversación telefónica puede desviar el foco de la atención, mientras que la escritura o lectura de mensajes implica quitar la mirada de la vía. El uso de auriculares también afecta la percepción de sonidos externos, como alertas o señales de emergencia.

La ley nacional no establece una prohibición expresa para el uso de sistemas manos libres, siempre que no impliquen el uso de auriculares ni operación manual continua. De todas formas, la argumentación técnica sostiene que incluso los sistemas de manos libres pueden generar una distracción relevante en el conductor. La regulación, sin embargo, se enfoca en la manipulación manual y la utilización de auriculares.

En CABA, el Código de Tránsito y Transporte reproduce el esquema de la ley nacional y lo refuerza con fiscalización tecnológica. Las cámaras instaladas detectan y registran la conducta del conductor, lo que permite labrar infracciones de manera automática. El sistema busca desalentar el uso del teléfono móvil durante la circulación y aumentar la percepción de riesgo de sanción.

Sanciones y procedimientos

La sanción por uso del celular en la Ciudad de Buenos Aires asciende a 100 Unidades Fijas, cuyo valor se actualiza periódicamente. La multa puede imponerse tanto por detección directa de un agente como por registro automático a través de cámaras. El infractor puede recibir la notificación en su domicilio o consultar el estado de su trámite en el sistema de infracciones local. La normativa prevé la posibilidad de reducción en el importe de la multa si el reconocimiento de la infracción ocurre de manera voluntaria y dentro de los plazos estipulados.

El procedimiento contempla la retención preventiva de la licencia en casos de reincidencia o cuando la infracción se califica como grave según los parámetros de la ley nacional. La normativa local y nacional coinciden en la necesidad de mantener la atención y el dominio efectivo del vehículo durante toda la circulación, independientemente de si el auto se encuentra detenido momentáneamente.

Diferencias con otras conductas al volante

El texto analizado menciona la existencia de sanciones en algunas provincias, como Mendoza, para quienes realizan acciones que implican soltar el volante, como tomar mate. En la ley nacional, la exigencia principal radica en mantener el dominio efectivo del vehículo, sin establecer de manera expresa la obligación de mantener ambas manos sobre el volante. Las disposiciones sobre este punto suelen encontrarse en normativas provinciales o municipales, no en la Ley Nacional de Tránsito.

Justificación de la regulación

La argumentación sobre los peligros del uso del celular durante la conducción incluye referencias a la pérdida de atención y la disminución del tiempo de reacción ante eventuales imprevistos. El uso de dispositivos tecnológicos puede interferir en la capacidad del conductor para percibir el entorno y responder adecuadamente a las condiciones del tránsito. Aunque la ley nacional y la de CABA centran la prohibición en la manipulación manual y el uso de auriculares, la discusión sobre la seguridad vial abarca también los sistemas de manos libres y otras formas de distracción.

Cuestiones normativas adicionales

El análisis del régimen sancionatorio y las definiciones sobre el uso del celular al volante requieren la consulta tanto de la Ley Nacional de Tránsito como de las regulaciones provinciales y municipales. En la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Tránsito y Transporte incorpora y amplía las disposiciones nacionales, estableciendo procedimientos y sanciones propias. En otras jurisdicciones, la aplicación de la sanción puede variar de acuerdo con la normativa local y los criterios de fiscalización.

En las principales carreteras concesionadas del país, como la Panamericana Norte y Sur, la Vía de Evitamiento o la Línea Amarilla, el incumplimiento del pago de peajes se ha convertido en una conducta recurrente entre ciertos conductores. Esta práctica, lejos de ser un simple atajo, tiene implicancias directas en el orden del tránsito, el estado de la infraestructura y el financiamiento de las vías.

Frente a este escenario, el Estado peruano ha ido endureciendo su marco normativo con el objetivo de frenar la evasión y reforzar el respeto a las reglas de circulación. Las modificaciones más recientes al Reglamento Nacional de Tránsito introducen infracciones específicas que buscan sancionar tanto eludir el pago como dañar las instalaciones destinadas al cobro.

Nuevas infracciones y sanciones más severas

Desde el 28 de enero de 2025, la normativa de tránsito incorporó faltas orientadas exclusivamente a penalizar la evasión de peajes y los actos que afecten la infraestructura vial concesionada. Estas disposiciones fueron establecidas mediante el Decreto Supremo N.º 018-2024-MTC y son supervisadas por la Sutran, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Una de las faltas más relevantes es la infracción M45, considerada muy grave, que sanciona a quienes circulan por rutas no autorizadas fuera del Sistema Nacional de Carreteras con el fin de evitar el pago. La penalidad incluye una multa equivalente al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria, que al 2026 asciende a S/ 660, además del internamiento preventivo del vehículo y la retención de la licencia de conducir. En la misma línea, la infracción M46 castiga los daños materiales ocasionados a las casetas o estructuras del peaje, con consecuencias similares para el conductor responsable.

Impacto en la infraestructura y la inversión vial

Las autoridades sostienen que el endurecimiento de estas sanciones responde, en primer lugar, a la necesidad de proteger las vías concesionadas. Los recursos obtenidos mediante los peajes están destinados al mantenimiento, operación y mejora de las carreteras, por lo que su evasión afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad de quienes transitan por ellas.

Desde Ositrán se ha advertido, además, que esta práctica compromete la sostenibilidad financiera de las concesiones. La pérdida de ingresos puede desalentar la participación de inversión privada en nuevos proyectos de infraestructura y, en algunos casos, obligar al Estado a utilizar fondos públicos para cubrir los déficits generados, trasladando el costo a toda la ciudadanía.

Así se registra una evasión de peaje en Lima

El cruce de un peaje sin pagar no pasa desapercibido ni depende de la intervención directa de un trabajador. En Lima, el control se realiza a través de sistemas automatizados que permiten registrar cada evento de manera objetiva y verificable, incluso cuando la barrera no desciende.

Las estaciones cuentan con cámaras de reconocimiento automático de placas que captan la matrícula del vehículo, junto con la fecha, la hora, el carril y el sentido de circulación. Esta información se contrasta con el sistema de pagos y, si no existe un registro válido, el cruce queda identificado como evasión. El resultado es un respaldo digital que incluye imágenes y, en muchos casos, un breve video, el cual puede ser utilizado posteriormente en un procedimiento administrativo o para exigir el pago correspondiente.

Consecuencias que aparecen con el tiempo

El sistema no genera una papeleta inmediata ni bloquea al vehículo en el momento del cruce. Sin embargo, la información queda almacenada y puede ser cruzada más adelante con bases de datos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Sutran o las municipalidades, según la jurisdicción de la vía.

Las consecuencias suelen manifestarse en etapas posteriores, por ejemplo, durante un operativo de control, al intentar realizar un trámite vehicular o cuando se acumulan varias evasiones registradas. En esos casos, el conductor puede enfrentar sanciones administrativas que confirman que eludir el pago del peaje no es una falta menor, sino una infracción con efectos legales y económicos concretos.

En un video que se ha hecho recientemente viral en redes sociales, un ciudadano que ha sido multado acude a una ventanilla de su ayuntamiento para abonar el importe de la sanción en metálico, con una enorme montalla de monedas de un céntimo. La escena, que puede resultar llamativa, no es nueva, pero sí especialmente ilustrativa del choque entre el derecho al uso del efectivo y las prácticas administrativas cada vez más digitalizadas.

La duda sobre si el ayuntamiento puede exigir al sancionado el uso exclusivo de tarjeta bancaria o datáfono para saldar la deuda es habitual entre los afectados, especialmente en un contexto en el que muchas administraciones locales han reducido o eliminado la atención presencial y el cobro en efectivo. En un video publicado en su perfil de TikTok (@xavi_abat), el abogado Xavi Abat plantea el interrogante de la siguiente manera: “¿Te puede exigir a ti como sancionado, como consumidor, que si vas al ayuntamiento a pagar una multa, lo tengas que hacer con el datáfono… o puedes hacerlo perfectamente con dinero, con céntimos, como tú creas?”. La pregunta no es baladí, ya que afecta a derechos básicos de los ciudadanos en su relación con los poderes públicos.

El letrado sostiene que la legislación es clara en este punto y que no deja lugar a interpretaciones arbitrarias. “Pues evidentemente esto está ya regulado, hay sentencias que lo avalan”, subraya Abat. En concreto, recuerda que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero de 2021 que establece que los Estados miembros deben garantizar la aceptación del efectivo como medio de pago, salvo en circunstancias muy excepcionales y debidamente justificadas. A esta resolución se suma un real decreto aprobado en España ese mismo año, que refuerza esta obligación en el ámbito nacional.

Una práctica legal, pero con límites

Según explica Abat, que utiliza sus redes para compartir información jurídica y consejos legales con sus seguidores, la norma “dice claramente que los Estados miembros de la Unión Europea han de garantizar que en los establecimientos y organizaciones públicas tú puedas pagar en efectivo”. Esto incluye no solo billetes, sino también monedas de curso legal, sin que pueda discriminarse al ciudadano por la denominación utilizada, siempre que el pago sea exacto. El uso de monedas de céntimo, aunque incómodo desde el punto de vista operativo, no vulnera ninguna ley.

Sin embargo, Abat también recuerda en la descripción del video los límites de esta práctica. “Si pagas en efectivo más de 1.000 euros en ciertas operaciones, te puede caer una buena sanción. Y hay trámites que, por ley, ya son solo digitales”, señala.

Digitalización y eficiencia

Este tipo de casos también ponen sobre la mesa el debate sobre los límites prácticos del derecho al pago en efectivo. Algunas administraciones alegan razones de eficiencia, seguridad o costes de gestión para restringir su aceptación. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, estos motivos no pueden imponerse automáticamente sobre un derecho reconocido por la normativa europea y española.

Por tanto, concluye Abat, la acción de este multado resulta plenamente ajustada a derecho. “La actitud de este buen contribuyente es algo totalmente legal”, afirma, despejando cualquier duda sobre la posibilidad de utilizar monedas, incluso de céntimo, para abonar sanciones en organismos públicos. Más allá de la anécdota, el caso sirve para recordar que la modernización administrativa no puede hacerse a costa de limitar derechos básicos reconocidos por la ley.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) cerró el 2025 con un total de 74 medidas sancionadoras y correctivas impuestas a empresas concesionarias del sector transporte, entre sanciones y penalidades, por un monto acumulado de S/ 11.250.038. Estas acciones formaron parte de su función de fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión y de la normativa vigente.

De acuerdo con el ente regulador, las medidas adoptadas tuvieron un enfoque disuasorio y estuvieron orientadas a garantizar estándares adecuados de calidad, seguridad y continuidad en la prestación de los servicios, además de resguardar los intereses de los usuarios y del Estado frente a incumplimientos detectados durante las labores de supervisión.

Predominio de sanciones económicas

Durante el periodo analizado, Ositran aplicó 54 sanciones que representaron cerca de S/ 10,14 millones del total impuesto. Estas sanciones se concentraron principalmente en los sectores ferroviario, aeroportuario, portuario y vial, como resultado de infracciones vinculadas al mantenimiento de infraestructura, niveles de servicio, seguridad y obligaciones contractuales.

El sector de Ferrovías y Metro de Lima registró 17 sanciones por aproximadamente S/ 1,41 millones, todas dirigidas a Tren Urbano de Lima. Los incumplimientos estuvieron relacionados con deficiencias en el mantenimiento, normas de seguridad, restricciones en la prestación del servicio, atención de reclamos, renovación de seguros y obligaciones de accesibilidad y no discriminación.

Infracciones en el ámbito aeroportuario

En el sector aeroportuario se contabilizaron 12 sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú recibió seis sanciones que sumaron S/ 817.212, asociadas a la aplicación de tarifas indebidas, retrasos en la entrega del Pago por Mantenimiento y Operación (PAMO), falta de subsanación de observaciones en cercos perimétricos e incumplimientos de niveles de servicio correspondientes al 2023.

Lima Airport Partners también fue objeto de seis sanciones por más de S/ 3,26 millones. Entre ellas destacó una multa de S/ 3,06 millones por incumplimientos técnicos en la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además de observaciones por deficiencias en el mantenimiento y fallas en los ascensores de dicha infraestructura.

Sanciones en puertos y carreteras

El sector portuario concentró 22 sanciones que superaron los S/ 3,97 millones, principalmente por incumplimientos en los niveles mínimos de servicio y productividad. Las medidas alcanzaron a APM Terminals Callao, DP World Callao, Terminales Portuarios Euroandinos Paita y Terminal Portuario Paracas.

En la Red Vial se aplicaron tres sanciones por un total de S/ 658.210. Estas recayeron sobre Autopista del Norte por no ejecutar obras comprometidas, Carretera Andina del Sur por no subsanar observaciones en inventarios viales, y Carretera Sierra Piura por incumplir una medida correctiva vinculada al cobro de tarifas a vehículos de la categoría M2 con peso mayor a 3,5 toneladas.

Penalidades concentradas en el sector vial

Además de las sanciones, Ositran informó que durante el 2025 se impusieron 20 penalidades por alrededor de S/ 1,14 millones. El sector vial concentró 17 de estas medidas, que sumaron S/ 438.500, siendo Covinca y la Concesionaria Vial Sierra Norte las principales afectadas por incumplimientos relacionados con la falta de ejercicio de defensas posesorias en las vías concesionadas.

Asimismo, Autopista del Norte recibió una penalidad de S/ 10.300 por presentar fuera de plazo el Informe Mensual de Conservación correspondiente a julio del 2024, lo que fue considerado un incumplimiento administrativo frente al regulador.

Penalidades en ferrovías y aeropuertos

En el ámbito ferroviario, la concesionaria Metro de Lima Línea 2 fue penalizada con S/ 181.900 debido a retrasos en la subsanación de observaciones a su Plan de Prestación del Servicio, situación que afectó los plazos establecidos en el contrato de concesión.

Por su parte, en el sector de infraestructuras aeroportuarias se aplicaron dos penalidades a Aeropuertos del Perú por un total de S/ 77.017, relacionadas con incumplimientos de mantenimiento programado y retrasos en la ejecución de obras en el aeropuerto de Iquitos. Durante el periodo evaluado, Ositran no registró penalidades en el sector portuario, y precisó que todas las sanciones y penalidades cuentan con decisión firme.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el pasado 22 de enero el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a personas físicas y empresas cuyos ingresos en el ejercicio fiscal 2024 no superen los 300 millones de pesos.

Este programa permite condonar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con obligaciones fiscales de 2024 o años anteriores.

Según el SAT, estas medidas también contemplan una reducción de hasta el 90% en créditos fiscales constituidos exclusivamente por multas. La iniciativa se fundamenta en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y alcanza a multas derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

¿Cómo ser beneficiario del programa de regularización?

Para acceder al beneficio, las y los contribuyentes no deben haber recibido condonaciones en programas generalizados previos ni haber sido beneficiados por el estímulo fiscal señalado en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025.

Quedan además excluidos aquellos que cuenten con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales o figuren en los listados definitivos sobre irregularidades de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Tres casos posibles para personas físicas y morales

El programa cubre tres supuestos principales. El primero corresponde a contribuyentes que tengan contribuciones omitidas autodeterminadas de 2024 o ejercicios anteriores.

Para acceder, deben presentar la declaración, reconocer la contribución a cargo y sus accesorios, y pagar en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026; la condonación aplica únicamente sobre los recargos generados.

En el segundo caso, dirigido a quienes están sujetos a facultades de comprobación, el SAT señala que los contribuyentes podrán acceder al estímulo siempre que corrijan irregularidades, se autocorrijan y paguen dentro del plazo correspondiente, antes del 31 de diciembre de 2026, y previo a la notificación de la resolución final.

El tercer supuesto aplica a personas o empresas con créditos fiscales firmes determinados por la autoridad fiscal federal, que no hayan sido impugnados o que se desistan de algún medio de defensa interpuesto.

La solicitud debe presentarse antes del 31 de octubre de 2026, a través del portal del SAT o de manera presencial. Si procede, se otorgará una línea de captura y el pago deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales.

Para los créditos fiscales firmes, el pago puede realizarse en hasta seis parcialidades siempre que la última ocurra antes del 30 de noviembre de 2026 y el contribuyente no se encuentre en concurso mercantil ni haya sido declarado en quiebra. El incumplimiento de los plazos establecidos en las líneas de captura provoca la pérdida del estímulo fiscal, y la autoridad exigirá el pago conforme la ley.

Al presentar la solicitud del estímulo fiscal, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución y no es necesario garantizar el interés fiscal. También se interrumpe el término de prescripción. El SAT destaca que solicitar el estímulo implica aceptar íntegramente el crédito fiscal, y si se interpone algún recurso de impugnación, el beneficio pierde efecto.

El programa establece que el estímulo fiscal no se considera ingreso acumulable para el cálculo del impuesto sobre la renta. Tampoco da lugar a devolución, deducción, compensación, acreditamiento ni saldo a favor. El SAT conserva la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al gobierno de Javier Milei que reduzca el monto de las multas fijado para las pequeñas y medianas empresas por incumplir con los plazos de presentación de las declaraciones juradas en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal.

La nueva normativa fijó una actualización de las cifras superiores al 100.000 por ciento. “Es nuestra intención destacar el alto perjuicio que ello puede provocar en una empresa Pyme”, advirtieron sobre el porcentaje del incremento. La carta de CAME al ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se establezcan normas complementarias a fines de reducir porcentualmente los importes de las sanciones previstas, teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes.

“En consonancia con observaciones y consideraciones previamente presentadas al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el objetivo de preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo, CAME envió al titular de la cartera económica una propuesta para que, a través de sus facultades, instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas previstas en la llamada Ley de Inocencia Fiscal, a través de una reducción porcentual de los importes“, explicaron desde la entidad empresarial.

En tal sentido, plantearon que el esquema se divida de la siguiente manera:

• Micro empresa y persona humana (que no califique como “gran contribuyente individual”): 90%
• Pequeña Empresa: 70%
• Mediana Empresa Tramo I: 40%
• Mediana Empresa Tramo II: 20%

Multas automáticas

A fines de diciembre, CAME ya había advertido por las multas automáticas. Incluso había sugerido al Palacio de Hacienda a que autorice al contribuyente a solicitar un plazo mayor para la presentación de la declaración jurada, “a través de una Presentación Digital en la que detalle cuáles son las razones de su requerimiento, exceptuándolo del vencimiento del recordatorio para aplicar la multa prevista en la Ley”.

Por su parte, Caputo había indicado antes de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal que los contribuyentes que no cumplan con la presentación de declaraciones juradas en tiempo y forma no recibirán una multa automática. Según explicó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) primero notificará a quienes registren incumplimientos para que regularicen su situación antes de imponer una penalidad monetaria.

“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. ⁠Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa", definió Caputo en su cuenta oficial de X.

Y añadió: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que la advertencia de los 10 días para que los contribuyentes cumplan con los compromisos impositivos “es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado”.

Según cálculos de Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la sanción fijada en el artículo 38, que antes era de $200 para personas físicas, se elevó a $220.000, mientras que para personas jurídicas subió de $400 a $440.000.

Estas penalidades corresponden a los casos en que las declaraciones juradas no se presentan dentro de los plazos establecidos. Domínguez remarcó que “puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”.

Varapalo judicial al Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de la capital ha estimado el recurso que interpuso una conductora contra el expediente sancionador que tramitó la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, que el 8 de abril de 2025 la multó con 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir por la infracción muy grave consistente en “rebasar un semáforo en fase roja”. El llamado sistema de ‘foto-rojo’ consiste en la instalación de cámaras en determinados semáforos con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la detención de los vehículos en pasos de peatones.

La sentencia, fechada el pasado 14 de noviembre, anula este acto administrativo “por no ser conforme a derecho” y ordena al Consistorio que comunique a la DGT esta anulación “a fin de que se le repongan al recurrente los cuatro puntos del carné de conducir”. Además, también condena al Ayuntamiento al pago de costas de 300 euros. “Se trata de la primera sentencia que se produce en este sentido y supone un importante precedente jurídico porque abre la posibilidad a que cerca de 10.000 conductores puedan recuperar sus puntos indebidamente detraídos porque el Ayuntamiento de Madrid no notifica correctamente las multas”, señalan desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Todo este caso se inició porque la conductora, asistida por abogados de AEA, asegura que nunca recibió la multa que la había puesto una de estas cámaras municipales en la avenida del Mediterráneo de la capital. A raíz de dicha reclamación, la afectada tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento de Madrid le había detraído cuatro puntos de su saldo en el registro de conductores de la DGT. En una primera instancia, la Agencia Tributaria de Madrid denegó el recurso argumentando que la multa se había notificado a través del BOE. Sin embargo, una posterior reclamación planteada ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAM) sí fue aceptada porque la resolución sancionadora no fue legal ni reglamentariamente notificada, anulando la parte económica de la multa.

Sin embargo, respecto de la devolución de los puntos detraídos, el Ayuntamiento de Madrid no quiso acceder a la petición argumentando que la resolución del TEAM solo afectaba a la parte económica de la multa, al no tener este organismo “facultades revisoras de la competencia sancionadora en materia de tráfico”. Ahora, la resolución judicial es clara y acoge íntegramente los argumentos planteados desde el primer momento por los letrados de AEA, ordenando la restitución de los puntos detraídos porque en “la resolución del TEAM de Madrid se razona que la notificación de la resolución sancionadora no se practicó en debida forma, por lo que no devino eficaz, y por ende la sanción no fue firme, lo que impedía la ejecución de la multa".

Si la sanción no es firme, no se pierden puntos

AEA señala que el juzgado deja claro que si una sanción no es firme no se pueden quitar los puntos del carné. “Es pues, que, en el presente caso la resolución del TEAM de Madrid debió ser observada por el Departamento de Gestión de Multas de Circulación del Ayuntamiento de Madrid y por la DGT a los efectos que pretendió el recurrente”. Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “esta sentencia supone un importantísimo precedente jurídico por cuanto supone desmontar el argumento perverso que, desde hace casi veinte años, vienen utilizando algunos ayuntamientos como el de Madrid e incluso por la DGT, para anular solo la parte económica de una multa mal tramitada y no devolver los puntos anotados en los registros de la DGT”. Con esta decisión judicial, “si una multa no está bien notificada no solo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la ‘mochilita de puntos’ que la acompaña, utilizando las palabras del director general de Tráfico, señor Pere Navarro, cuando puso en marcha el carné por puntos hace ahora 20 años”, concluye Arnaldo.

El llamado sistema de foto-rojo consiste en la instalación de cámaras en determinados semáforos, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos. Las cámaras se instalan en un soporte a aproximadamente 25 metros de la línea de detención, para permitir encuadrar completamente el paso de peatones y al mismo tiempo el semáforo de para los conductores. Todos cuentan con una señal informativa vertical. El Ayuntamiento informa en su web que “la infracción de cualquier semáforo en rojo supone una sanción económica y la consecuente pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir”. Ahora están ubicados en 37 puntos de la capital, el primero desde septiembre de 2001

La circulación de vehículos con nieve o hielo acumulados sobre el techo y otras superficies expuestas es sancionada con multas específicas en cinco estados de Estados Unidos. Las regulaciones, aplicadas durante los meses de invierno, buscan reducir la cantidad de accidentes provocados por el desprendimiento de bloques de hielo y nieve de los automóviles. Las autoridades estatales de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, New Hampshire y Maine han establecido leyes que obligan a los conductores a limpiar completamente sus vehículos antes de ingresar a la vía pública, según la información publicada en los portales oficiales de transporte y seguridad vial de cada estado.

De acuerdo con los departamentos de transporte y las legislaturas estatales, estas normativas alcanzan tanto a conductores particulares como a operadores de camiones y autobuses. Las multas varían según la gravedad de la infracción y pueden superar los 1.000 dólares si la acumulación de nieve o hielo causa daños materiales o lesiones. El endurecimiento de la normativa responde a incidentes graves ocurridos en los últimos años, entre ellos el accidente que motivó la promulgación de la “Jessica’s Law” en New Hampshire en 2005, a raíz de la muerte de una joven por el impacto de un bloque de hielo desprendido de un camión, según el Departamento de Vehículos Motorizados de New Hampshire.

En la mayoría de los demás estados, las autoridades solo emiten recomendaciones para limpiar la nieve y el hielo de los vehículos. No existen leyes estatales que impongan sanciones económicas por la sola presencia de estos elementos, salvo que la acumulación derive en conducción peligrosa o accidentes, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Nueva York y portales estatales revisados.

¿En qué estados es ilegal conducir con nieve o hielo en el automóvil?

A continuación, se detallan los estados que cuentan con leyes específicas y sanciones económicas por circular con nieve o hielo sobre el coche, según fuentes gubernamentales oficiales:

1. Nueva Jersey

El Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT) exige que los conductores retiren completamente la nieve y el hielo de todas las superficies expuestas del vehículo antes de circular. Las multas establecidas van de 25 a 75 dólares por infracciones comunes, y pueden llegar a 1.000 dólares si la omisión causa daños materiales o lesiones. El organismo sostiene que “la seguridad de los conductores depende de la visibilidad y de impedir que fragmentos de hielo impacten a otros vehículos”. Las sanciones alcanzan tanto a conductores particulares como a camiones.

2. Connecticut

La Sección 14-252a de la Asamblea General de Connecticut (CGA) establece que los automovilistas deben limpiar nieve y hielo del techo, capó y baúl antes de conducir. Las multas ascienden a 75 dólares por no cumplir la norma, y pueden llegar hasta 1.000 dólares si la acumulación provoca daños o lesiones. La ley se aplica a vehículos particulares y comerciales, y fue adoptada tras incidentes reportados en temporadas invernales previas.

3. Pensilvania

La llamada “Christine’s Law”, promulgada por la legislatura estatal y aplicada por el Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), obliga a limpiar nieve y hielo dentro de las 24 horas posteriores a una tormenta. La multa es de 50 dólares por circular con acumulación en el coche, pero puede alcanzar los 1.500 dólares si el hielo o la nieve provocan lesiones o daños materiales. La regulación afecta a autos particulares y a vehículos comerciales.

4. New Hampshire

La “Jessica’s Law”, vigente desde 2005, obliga a conductores particulares y transportistas a limpiar el techo y otras superficies del vehículo antes de circular. El Departamento de Vehículos Motorizados de New Hampshire (NH DMV) informa que las multas parten de 250 dólares en la primera infracción y pueden aumentar por reincidencia. La ley fue aprobada tras un accidente fatal causado por el desprendimiento de hielo.

5. Maine

La Legislatura del Estado de Maine estipula, bajo el Título 29-A §2093, que los conductores deben tomar medidas razonables para evitar que nieve o hielo caigan del vehículo en movimiento. La multa máxima por una primera infracción es de 50 dólares. La regulación cubre tanto a vehículos particulares como comerciales.

¿Qué ocurre en los demás estados?

En la mayoría de los estados de Estados Unidos, no existen leyes que sancionen la acumulación de nieve o hielo en los vehículos si no se produce un accidente. Las autoridades, como el Departamento de Transporte de Nueva York, emiten recomendaciones para limpiar el auto antes de circular, pero solo aplican multas bajo figuras de conducción peligrosa o si la acumulación causa un incidente vial. Los portales oficiales de Rhode Island, Alaska, Georgia, Tennessee, Dakota del Norte, Virginia, Minnesota, Illinois, Arizona, Wisconsin y Iowa no reportan leyes estatales específicas sobre esta práctica.

¿Por qué existen estas regulaciones?

El endurecimiento de la normativa en los cinco estados mencionados responde a accidentes graves atribuidos al desprendimiento de nieve o hielo desde vehículos en movimiento. En New Hampshire, la “Jessica’s Law” se aprobó tras la muerte de una joven en 2005, cuando un bloque de hielo cayó de un camión e impactó contra su vehículo, según el NH DMV. En Nueva Jersey, el NJDOT reporta más de cien incidentes anuales relacionados con la caída de hielo o nieve desde vehículos, con daños materiales estimados en más de 10 millones de dólares cada temporada invernal.

¿Cómo se fiscaliza el cumplimiento?

Las fuerzas policiales estatales realizan controles en rutas y autopistas durante y después de tormentas invernales, según los portales oficiales. El NJDOT aclara que las multas se aplican tanto a conductores particulares como a operadores de camiones, y que la reincidencia o el daño causado agravan la sanción. En New Hampshire y Maine, las leyes prevén aumentos en las multas para quienes reincidan. En los estados sin leyes específicas, la intervención policial suele limitarse a advertencias o sanciones generales por conducción peligrosa cuando la acumulación causa un accidente.

¿Cuál es el impacto de estas leyes?

De acuerdo con los datos del NJDOT y el NH DMV, la aplicación de estas leyes ha reducido la cantidad de accidentes relacionados con la caída de nieve y hielo desde vehículos. Las autoridades estatales recomiendan a los conductores prever tiempo suficiente para limpiar por completo sus automóviles antes de circular y utilizar herramientas adecuadas para retirar la acumulación. Las aseguradoras sugieren documentar cualquier daño causado por bloques de hielo caídos desde otros vehículos para facilitar reclamos de indemnización.

Durante los meses de mayor riesgo, los departamentos de transporte y las fuerzas policiales intensifican campañas informativas y operativos de control en corredores interestatales y zonas urbanas. El PennDOT resalta que “la prevención es la principal herramienta para evitar siniestros derivados por la acumulación de hielo y nieve”.

¿Se prevé que más estados adopten estas medidas?

El debate sobre la extensión de estas normativas continúa en estados del noreste y del medio oeste, impulsado por asociaciones de víctimas y organizaciones de seguridad vial. Actualmente, no existe consenso legislativo para replicar las leyes de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, New Hampshire y Maine en otros territorios, según los portales estatales consultados. Las autoridades insisten en la importancia de que los conductores se informen sobre las disposiciones vigentes en cada estado antes de emprender viajes en la temporada invernal.

El NJDOT recomienda que los automovilistas calculen tiempo adicional para limpiar sus vehículos y evitar sanciones, mientras que el PennDOT recuerda que la prevención reduce el riesgo de accidentes por nieve y hielo acumulados.

El endurecimiento de las sanciones contra quienes obstruyen el espacio público marca un nuevo capítulo en la política de orden y movilidad en la capital del país. A partir del inicio de 2026, la Ciudad de México dejó atrás una práctica arraigada durante años: el uso de botes, llantas, garrafones, cubetas y otros objetos para “apartar” lugares de estacionamiento en la vía pública, una conducta que afectaba el libre tránsito y fomentaba conflictos vecinales.

La nueva normativa, sustentada en la Ley de Cultura Cívica, eleva de manera significativa las consecuencias para los infractores, ya sean los conocidos “franeleros” o vecinos que, de manera indebida, se apropian de espacios que pertenecen a todos. Las autoridades capitalinas buscan con ello desincentivar un fenómeno que se convirtió en un negocio informal y, en muchos casos, intimidatorio para automovilistas.

Principales sanciones establecidas

• Multas económicas que van de mil 290.41 pesos a 4 mil 692.40 pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia.
• Clasificación de la conducta como Infracción Cívica Tipo F, una de las más severas dentro del marco legal.
• Arresto inconmutable de 24 a 36 horas, sin posibilidad de canjearlo por fianza o trabajo comunitario, si así lo determina el juez cívico.
• Aplicación de la sanción tanto a franeleros como a cualquier ciudadano que reserve espacios de estacionamiento en la vía pública.

El cálculo de las sanciones se realiza con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fijada para el periodo en 117.31 pesos diarios, lo que permite actualizar los montos de forma anual y evitar que las multas pierdan efecto disuasivo con el paso del tiempo.

Vigilancia tecnológica y operativos

De manera paralela al endurecimiento legal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó la implementación del programa “Cero Obstáculos”, que utiliza la red de cámaras del C5 para detectar en tiempo real la colocación de objetos destinados a apartar lugares de estacionamiento. Esta estrategia permite una reacción inmediata por parte de los elementos policiacos y de los jueces cívicos.

• Monitoreo permanente en zonas de alta demanda vehicular.
• Atención prioritaria en áreas cercanas a hospitales, mercados, escuelas y corredores comerciales.
• Retiro inmediato de objetos que obstruyan la vía pública.
• Canalización de infractores ante el juez cívico correspondiente.

Uno de los principales objetivos de la reforma es frenar el negocio informal de los franeleros, quienes en algunas zonas de la ciudad llegaron a exigir hasta 70 pesos por vehículo, aprovechándose de la necesidad de estacionamiento y, en ocasiones, recurriendo a amenazas veladas o daños a los automóviles.

Para erradicar estas prácticas, el gobierno capitalino complementó las sanciones con campañas informativas y el fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana, apelando a la corresponsabilidad social para proteger el espacio común.

¿Dónde denunciar?

• Locatel: 55 56 58 11 11
• Número de emergencias: 911
• App CdMx: sección “Mi Policía”

Las autoridades subrayan que la denuncia es clave para consolidar el cambio cultural y evitar que estas prácticas regresen una vez que disminuye la vigilancia.

Hacia una nueva cultura urbana

La aplicación estricta de estas medidas busca transformar de manera gradual el paisaje urbano de la Ciudad de México. Más allá de las multas y arrestos, el objetivo es restaurar el control ciudadano sobre las calles, garantizar la movilidad y reducir tensiones entre vecinos y automovilistas.

Con calles libres de obstáculos, el gobierno capitalino apuesta por una ciudad más ordenada, equitativa y segura, donde el espacio público deje de ser botín de unos cuantos y vuelva a cumplir su función social: servir a todos.

En los días previos a su salida de la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc firmó dos resoluciones mediante las cuales el organismo aplicó multas millonarias a una cooperativa y a una sociedad financiera por incumplimientos al régimen de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con eje en la falta de reporte de operaciones sospechosas.

Las medidas figuran entre los últimos actos sancionatorios adoptados durante la gestión de Starc al frente de la entidad que responde administrativamente al Ministerio de Justicia de la Nación. Tras su apartamiento del cargo, la UIF quedó bajo la titularidad de Ernesto Gaspari.

En una de las resoluciones, firmada el 20 de enero, la UIF declaró la responsabilidad de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Ltda., junto con los integrantes de su órgano de administración y su oficial de cumplimiento. Del análisis efectuado surgió que esa entidad permitió la realización de operaciones que excedieron el perfil transaccional de los clientes, sin actualización de la situación patrimonial ni documentación suficiente para justificar el origen de los fondos involucrados.

El organismo antilavado sostuvo que esas operatorias resultaron incompatibles con el perfil económico declarado y que no fueron reportadas como operaciones sospechosas, pese a que las circunstancias imponían su comunicación. Para la UIF, esa conducta incrementó el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por esos hechos, se impusieron multas por un total de $208.181.199,57, de las cuales $207.201.999,57 correspondieron a la sanción equivalente a tres veces el valor de las operaciones no reportadas, mientras que el resto se explicó por infracciones vinculadas con deficiencias en manuales de procedimientos, auditorías periódicas, capacitación en materia de PLA/FT, identificación y conocimiento del cliente, beneficiarios finales, sistemas de monitoreo, matrices de riesgo y herramientas tecnológicas.

La otra resolución se emitió este jueves y tuvo como destinataria a la sociedad financiera GMA Capital S.A., así como a los miembros de su órgano de administración y a su oficial de cumplimiento, declarados responsables en forma solidaria. En este caso, la UIF fijó una multa total de $3.671.985.158,96, una de las más altas aplicadas en el marco del régimen sancionatorio previsto por la Ley 25.246.

El reproche se fundó en la falta de segmentación de clientes según su nivel de riesgo, la ausencia de perfil transaccional, la carencia de documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos, deficiencias en el monitoreo de operaciones y, de manera central, la omisión del reporte de operaciones sospechosas. Por este último incumplimiento, el organismo aplicó una multa específica de $3.671.585.158,93.

En ese pronunciamiento, la UIF desarrolló los criterios utilizados para la determinación del monto sancionatorio, al señalar que no resulta exigible una correspondencia matemática exacta entre la infracción y la multa, sino una valoración fundada en los parámetros legales y en las circunstancias del caso. Entre los factores ponderados mencionó el tipo de sujeto obligado, el riesgo asociado a la actividad desarrollada, la entidad de los incumplimientos y la conducta asumida durante el trámite del sumario.

En ambos procedimientos, la UIF confirmó los cargos imputados y avaló los montos de las sanciones pecuniarias. En el caso de la sociedad financiera, a su vez, rechazó de manera expresa los planteos defensivos formulados por los distintos sumariados. Por lo demás, las dos resoluciones ordenaron el pago de las multas dentro de un plazo de 10 días desde la notificación.

Asimismo, el organismo dispuso la remisión de las actuaciones a otros entes de control, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Comisión Nacional de Valores, y requirió evaluar la actuación de los revisores externos independientes que intervinieron en las actuaciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la puesta en marcha del Programa de Regularización Fiscal 2026, una medida orientada a personas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

En su comunicado, emitido el 22 de enero de 2026, el SAT detalla que este esquema busca fortalecer la cultura de cumplimiento voluntario al ofrecer la posibilidad de disminuir sanciones y recargos, y prevé efectos directos tanto en la recaudación tributaria como en el desarrollo económico de México.

SAT ha precisado que, en la fase de aplicación, los contribuyentes beneficiados pueden acceder a la reducción de hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Si los créditos fiscales involucran únicamente multas, el descuento podrá ser de hasta el 90% de su monto.

Este estímulo se fundamenta en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 y abarca tanto obligaciones fiscales como sanciones aduaneras y de comercio exterior, incluidas multas no vinculadas al pago o agravadas, recargos y gastos asociados a contribuciones propias, retenidas o trasladadas, así como cuotas compensatorias correspondientes a 2024 o ejercicios anteriores.

¿Quiénes pueden solicitar el descuento?

Los interesados en este beneficio no deben haber recibido condonaciones en programas de regularización anteriores ni haber sido favorecidos por ningún estímulo fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025. Tampoco pueden contar con una sentencia condenatoria firme por delitos fiscales, ni figurar en los listados de contribuyentes con irregularidades.

Este programa contempla tres escenarios principales. El primer caso abarca a quienes hayan omitido contribuciones autodeterminadas por el ejercicio fiscal 2024 o previos; para obtener el estímulo será necesario presentar la declaración respectiva, especificar el monto omitido y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo escenario engloba a aquellos sujetos a procedimientos de comprobación: si subsanan las irregularidades y efectúan los pagos dentro del plazo señalado por la autoridad, podrán aplicar igualmente a las reducciones, siempre antes del 31 de diciembre de 2026 o de la notificación de la resolución correspondiente.

Los contribuyentes con créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal son el tercer supuesto. Aquí, la solicitud debe ingresarse a más tardar el 31 de octubre de 2026 en el portal del SAT o de forma presencial. Si procede, el organismo fiscal entregará la línea de captura para el pago, que deberá cubrirse en los 15 días naturales siguientes.

En este caso, existe la opción de pagar en hasta seis parcialidades, siempre que la última se realice antes del 30 de noviembre de 2026 y el contribuyente no se encuentre en concurso mercantil ni en quiebra. Únicamente los pagos realizados dentro de los plazos de cada línea de captura serán considerados válidos.

Ante cualquier incumplimiento, el estímulo fiscal quedará sin efecto y la autoridad ejecutará los cobros conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

El SAT aclara que presentar la solicitud de este beneficio suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de garantizar el interés fiscal e interrumpe el período de prescripción. Los solicitantes deben aceptar íntegramente el crédito fiscal, pues si lo impugnan, aunque sea de manera parcial, el estímulo deja de surtir efecto y la autoridad actuará en consecuencia.

Tras dos reuniones que fracasaron en los últimos 15 días -la primera, vaciada por el kirchnerismo-, asesores de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), buscarán destrabar esta tarde un proyecto para actualizar las irrisorias multas vigentes por evasión tributaria.

Lo más curioso del texto en cuestión es que ya fue aprobado en Diputados por una abrumadora mayoría -226 legisladores- en agosto pasado, con acompañamiento de casi todos los bloques, incluidos los bandos peronistas: en la Cámara baja sólo se abstuvieron la izquierda y un gremialista chubutense.

El primer encuentro fallido ocurrió el 24 de septiembre. Los integrantes de la comisión son 17. Para dicho convite participaron, además de Pagotto, el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), dos radicales -uno de ellos, el chaqueño Víctor Zimmermann-, el misionero renovador -no massista- Carlos Arce y la silvestre santacruceña Natalia Gadano, que llegó tarde al encuentro. Nadie del Frente de Todos estuvo.

Tampoco se presentaron el aliado circunstancial de la Casa Rosada Luis Juez (Pro) y la filomacrista Beatriz Ávila. Llamativa la ausencia de la última ya que, tras la evasión fiscal, el temario contemplaba el análisis de proyectos sobre maltrato animal, como el que presentó la tucumana.

El segundo llamado ocurrió el martes pasado y no sólo no hubo quorum, sino que nadie quiso hacer uso de la palabra y la reunión se levantó en un minuto. Sí se mostraron, en esta ocasión, el cristinista Martín Doñate (Río Negro), y las peronistas Florencia López (La Rioja) y Carolina Moisés (Jujuy), del interbloque kirchnerista Frente de Todos. A partir de las 16 de hoy, los asesores de la comisión analizarán el articulado, con el objetivo de definir alguna postura de cara a las próximas semanas.

“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a un juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó hace 15 días el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no forma parte de la comisión y empuja un articulado alternativo de su autoría.

Abad adelantó su acompañamiento a la norma aprobada por la Cámara baja, aunque dejó en claro observaciones a futuro, dado que el texto avalado por Diputados apunta a actualizaciones que serían por salarios y no por IPC, o la diferenciación entre escalas leve y grave. Y sentenció que el objetivo es que “el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco y no a las Pymes, emprendedores, con montos que son irrisorios”.

Para tener una idea de lo que implica el articulado. Para la evasión simple, la cifra actual de $1,5 millones pasaría a 345 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Como éste es de $322.000 para agosto, sería poco más de $111 millones. En tanto, para la agravada, los $15 millones se irían a 3.450 SMVM. Otros ítems hablan del delirio vigente: por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la multa es de $100.000; por apropiación indebida de tributos, $200.000.

“Viene con un acompañamiento de la totalidad de los bloques y son las cosas que mejoran el funcionamiento del Estado. Estos proyectos mejoran la recaudación y hacen que los evasores tengan algún tipo de pena”, opinó la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien tampoco tributa en Justicia y Asuntos Penales.

Agenda

En una semana con menor actividad para el Senado y, más allá de cónclaves de asesores en un puñado de comisiones, la que sí se juntará es la bicameral mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, para discutir sobre la Cuenta de Inversión 2020 del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández.

La bicameral es el enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano que control externo de las cuentas del Estado. Lo maneja el filo K Alejandro Olmos, que asistió la semana pasada y expuso en un clima de cordialidad entre libertarios y opositores. La comisión además tratará la ampliación o no del programa anual 2026 del organismo en cuestión.

El punto crítico identificado se extiende por más de cinco cuadras, entre la décima y la décima sexta de Alfredo Mendiola, donde los motociclistas circulaban por la vereda para evitar el tráfico vehicular. La presencia policial respondió directamente a estas denuncias que fueron recogidas por TV Perú. La alerta ciudadana y las cámras de la prensa permitieron constatar que decenas de conductores habían normalizado esta conducta, desplazándose por zonas destinadas exclusivamente al tránsito peatonal.

Con la llegada de los agentes, muchos motociclistas abandonaron de inmediato la vereda y retornaron a la pista, en un intento por aparentar cumplimiento de las normas. Sin embargo, varios ya habían sido registrados por cámaras y por el propio personal policial, lo que permitió iniciar las intervenciones y la imposición de sanciones.

Una práctica peligrosa que se había normalizado

Lo que más preocupa a los vecinos es que esta conducta se había convertido en una rutina diaria. Motociclistas que circulaban en fila por la vereda, a plena luz del día, ponían en riesgo a personas mayores y menores que utilizan ese tramo para caminar o correr. Incluso en pasajes vecinales y zonas residenciales, las motos irrumpían en espacios que deberían ser seguros para el peatón.

Algunos conductores intentaban camuflar su imprudencia dando la apariencia de que llevaban pasajeras para proyectar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esta estrategia no hacía más que agravar el peligro, ya que circulaban a velocidad por superficies no diseñadas para vehículos motorizados.

El operativo reveló también una dinámica entre los motociclistas. Los que se encontraban más adelante alertaban a los que venían detrás sobre la presencia policial, lo que les permitía desviarse a la pista en el último momento y evitar ser intervenidos. Para contrarrestar esta práctica, la Policía desplegó agentes no solo en la avenida principal, sino también en calles adyacentes, cerrando posibles rutas de escape.

Sanciones por invadir la vereda y circular de a dos

Durante las intervenciones, los efectivos aplicaron sanciones por dos infracciones principales: transitar por la vereda y circular con dos personas en motocicleta en el marco del estado de emergencia. Ambas conductas están consideradas faltas graves, ya que implican un alto riesgo para la vida y la integridad física de terceros.

Según la Policía, el uso de la vereda por vehículos motorizados no solo constituye una infracción al reglamento de tránsito, sino que representa una amenaza directa para peatones que no cuentan con espacios alternativos seguros. En este operativo, se procedió a infraccionar a los conductores sorprendidos en flagrancia, muchos de los cuales intentaron evadir la intervención acelerando o desviándose por calles internas.

Vecinos y transeúntes han pedido que los controles se mantengan en el tiempo y se realicen de forma inopinada, para evitar que los motociclistas retomen estas prácticas una vez que se retire la Policía.

Un letrero colocado en la rotonda señala: “Miraflores se vive mejor. El uso de este espacio está regulado por ordenanzas municipales”.

De acuerdo con la Ordenanza 627, cualquier actividad en espacios públicos debe contar con autorización del municipio. La norma también establece horarios y límites en la emisión de ruidos.

Multas y prohibición de parlantes

La Ordenanza 658 indica que es una falta muy grave el uso de parlantes en la vía pública de Miraflores. Quien no respete estas disposiciones recibirá una multa equivalente a 0.50 UIT.

El vocero municipal, Sergio Tapia, explicó que la municipalidad será la encargada de colocar los parlantes y la música durante las tardes de baile autorizadas.

“La municipalidad va a poner el parlante y va a poner la música, así que el baile no se ha prohibido y va a continuar, pero con control de la municipalidad”, sostuvo.

Esta medida busca evitar el uso indebido de equipos de sonido por parte de particulares y reducir los ruidos molestos que motivaron el cierre temporal del anfiteatro.

Cómo solicitar autorización para actividades

Las personas que deseen realizar actividades en el anfiteatro u otros espacios públicos deben presentar sus solicitudes ante la municipalidad. Así lo establece el aviso colocado en la rotonda.

“Aquellos que deseen realizar actividades deberán presentar sus solicitudes ante la municipalidad. En las últimas semanas, personas ajenas a las buenas costumbres que caracterizan a los vecinos y visitantes de Miraflores han incumplido esta disposición”, señala el texto.

Además, la municipalidad informó que, por seguridad de quienes frecuentan el recinto, publicará previamente las solicitudes autorizadas en ese lugar.

Por qué se cerró la rotonda del parque Kennedy

El anfiteatro Chabuca Granda fue cerrado de manera temporal desde el viernes 16 de enero por disposición de la Municipalidad de Miraflores. La medida respondió a problemas de seguridad, quejas vecinales y alta concurrencia.

Según la comuna, se registraron ruidos molestos, consumo de licor y desorden nocturno atribuidos a personas ajenas a los grupos habituales de adultos mayores.

“Habían personas que llegaban desde hace muchos años a hacer sus bailes de 4:00 a 6:00,7:00 de la noche. Lamentablemente, estos bailes se han prolongado hasta la una de la mañana, y prácticamente era una discoteca pública”, explicó Sergio Tapia.

La municipalidad precisó que el cierre es temporal y que se realizaron coordinaciones para identificar a los grupos que utilizan el anfiteatro, establecer horarios definidos y llegar a acuerdos que permitan una reapertura ordenada.

Expectativa ciudadana y reclamos por información

Durante el cierre, vecinos y usuarios del parque Kennedy manifestaron su preocupación por la falta de información clara sobre las medidas adoptadas por la comuna.

“La municipalidad no se ha tomado la molestia de informar a la ciudadanía, los contribuyentes o pobladores de acá, de Miraflores, el motivo y por qué del cierre”, señaló un vecino.

Las acciones respondieron al compromiso de las autoridades por sancionar conductas irresponsables al volante y disminuir los riesgos para habitantes y turistas. Entre las infracciones, la ANSV informó 79 casos de alcoholemia positiva, con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l, además de 40 conductores sin documentación obligatoria y 13 vehículos sin patentes o con patentes adulteradas.

Los controles, realizados junto a la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, abarcaron todo tipo de vehículos y contemplaron verificación de documentos, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia. Frente al alto tránsito y las actividades recreativas, la conducción temeraria incrementa el riesgo de incidentes graves.

La ANSV reforzó su intervención en la vía pública para prevenir situaciones que comprometan la seguridad vial en la región y en todo el territorio nacional.

Desde el sábado pasado, el intendente local, Juan Ibarguren, determinó la realización de nuevas medidas para endurecer los controles y sanciones.

Entre las disposiciones más relevantes, el municipio dispuso que quienes participen en picadas o realicen maniobras peligrosas en la zona enfrentarán multas que van de $5.000.000 a $15.000.000.

Quienes provoquen accidentes deberán hacerse cargo del pago total de los gastos de salud y seguridad derivados de sus acciones imprudentes.

El jefe comunal anunció que se presentarán denuncias penales contra quienes intenten evadir los controles y, en conjunto con autoridades judiciales y de seguridad nacionales, se procederá a la inhabilitación de licencias de conducir a quienes infrinjan la normativa.

Las nuevas reglas aplican a camionetas, UTVs, cuatriciclos y cualquier otro vehículo que incurra en infracciones. Estos vehículos serán secuestrados e incautados por las fuerzas de seguridad. El municipio ya organizó seis operativos en accesos, egresos y todo el frente de ruta para reforzar los controles.

Ibarguren subrayó que no se permitirá que “una banda de inadaptados arruine la temporada de verano” ni que “unos pocos vivos” perjudiquen a turistas y residentes.

“Si te crees que sos un capo por meterte en una propiedad privada a correr picadas, las vas a pagar. Si te parece piola darle un cuatriciclo o UTV a un menor de edad, hay consecuencias”, enfatizó.

El caso Bastian Jérez

El domingo 14 de enero, en Pinamar, Bastian Jérez, de 8 años, viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del choque, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí fue sometido a varias cirugías y permaneció internado en estado crítico.

Su último parte médico informó que continúa en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría. El instituto médico informó que, tras someterlo a una quinta operación, el menor permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

“Está afebril, presentando respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos”, detalló en un comunicado el Ministerio de Salud de la provincia. Por último, precisaron que el nene continúa con antibiótico e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Respecto a la causa, el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell resolvió el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV), junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de una causa que investiga lesiones culposas.

La medida, ordenada el 21 de enero de 2026, responde a un pedido realizado por el fiscal Sergio Germán García, quien argumentó la necesidad y urgencia de preservar los rodados y acceder a información almacenada en los dispositivos electrónicos de los vehículos.

Según el documento judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la conversión en secuestro de la incautación para asegurar pruebas fundamentales para el avance de la investigación.

El oficial señaló que, tras una etapa previa de “marcha blanca” orientada a la sensibilización, desde este miércoles ya se vienen desarrollando operativos en los que se aplica esta infracción. Sin embargo, aclaró que la prohibición será aplicada con criterio discrecional cuando se trate de menores de edad plenamente identificados.

No habrá multa por menores a bordo

Según el general Alvarado, la PNP evaluará cada caso concreto si uno de los ocupantes de la motocicleta es un menor de edad. Precisó que se tomará en cuenta si los traslados corresponden a actividades lúdicas propias del verano o a desplazamientos con fines académicos.

Explicó que esta disposición legal está orientada principalmente a quienes utilizan estos vehículos para cometer delitos o evadir la acción de la justicia durante persecuciones policiales. Es por eso que sostuvo que la aplicación de la norma no puede ser mecánica cuando se trata de familias que usan la motocicleta como medio de transporte cotidiano para actividades legítimas.

Por ello, la Policía aplicará un criterio policial, social y humano en los casos en los que el acompañante sea un menor plenamente identificado, con el fin de no afectar indebidamente a quienes no encajan en el perfil de riesgo que busca combatir la medida.

Prohibición expresa: dos adultos en una motocicleta

En contraste, el general Alvarado señaló que la norma establece con claridad que está prohibido que una motocicleta transporte a dos personas adultas.

Indicó que no se hace ninguna distinción por género, parentesco o vínculo familiar. Es decir, la restricción se aplica incluso si se trata de esposos, hermanos u otros familiares, siempre que ambos sean mayores de edad.

Para efectos de esta disposición, cualquier persona mayor de 18 años es considerada adulta. En esos casos, la infracción aplicable es la M41, que equivale al 12 % de una UIT.

¿Hay sanción para vehículos eléctricos?

Otro punto clave es que la restricción no alcanza a todos los vehículos de dos ruedas. La medida se aplica específicamente a motocicletas de las categorías L1 y L3, que corresponden a unidades motorizadas con mayor versatilidad y velocidad en la vía pública.

Estas categorías están definidas por cilindraje y características técnicas. En ese marco, el general Alvarado precisó que los vehículos eléctricos no encajan en esas categorías, ya que no cuentan con un cilindraje superior ni desarrollan las velocidades que establece la ley.

Por ello, las motocicletas eléctricas y otros vehículos a batería de baja velocidad no están comprendidos dentro de la aplicación de esta norma.

Operativos con enfoque en seguridad ciudadana

El jefe de la División de Tránsito informó que los operativos para hacer cumplir la restricción son descentralizados y están a cargo de todas las unidades de tránsito. Además, se realizan en horarios previamente establecidos.

Precisó que las intervenciones no se limitan únicamente a la infracción por llevar dos adultos en una motocicleta, sino que también incluyen la fiscalización de otras faltas de tránsito.

El anuncio lo realizó a través de un video que se publicó en la cuenta de Facebook de esta comuna que está a 180 kilómetros de Rosario y a 50 minutos de Venado Tuerto. Allí, especificó: "Todos los vecinos y las vecinas estamos podridos de los que andan en motos con caños de escapes libres y que encima hacen cortes, esa especie de disparo que la única finalidad que tienen es molestar“.

La decisión del jefe comunal se enmarca en la creciente preocupación por los ruidos molestos generados por motocicletas que circulan con escapes modificados. En el video, Goyechea detalló que la nueva regla afectará a cualquier persona que, al ser identificada realizando estas prácticas, mantenga algún tipo de relación o reciba asistencia de la comuna.

Entre las medidas anunciadas, el intendente fue enfático al explicar que “si vos o tu familia son proveedores de la comuna, te cortamos. Si vos o tu familia le prestan algún servicio a la comuna, te cortamos. Si vos necesitás alguna ayuda de acción social de la comuna, te cortamos. Si vos necesitás sacar la licencia de conducir, te cortamos”.

La comunicación oficial fue acompañada por un llamado a la comunidad para colaborar con el control. El intendente pidió a los habitantes utilizar el sistema “ojos en alerta” para denunciar a quienes incurran en estas conductas, asegurando que la vigilancia no solo recaerá en la guardia urbana, sino en todo el equipo de gestión y en él mismo. “Vamos a sumar operativo pasivo, donde la guardia urbana, sin necesidad de pararte, te va a hacer una y diez multas. Vos pasás haciendo ruido, que nos conocemos todo. Vamos a anotar tu nombre, tu apellido y te vas a llevar un montón de sorpresas”, expresó Goyechea en su mensaje.

El jefe comunal explicó que la problemática lleva tiempo en análisis y que, a pesar de los operativos realizados con la Policía de Santa Fe, los resultados no han logrado disminuir de manera significativa el fenómeno. “Hacemos operativos en forma permanente con la policía. Son necesarios, pero no son suficientes, porque además los hacemos estáticos. Decidimos no perseguir a ninguna persona que esquive estos operativos para proteger y evitar la posibilidad de que lastimen a terceros”, explicó en el video, aludiendo a los riesgos de accidentes para los motociclistas y terceros durante persecuciones.

En diálogo con Radiópolis (Radio2), el intendente sostuvo que el 99% de los vecinos apoya la medida y que la minoría que realiza estas acciones perjudica al conjunto de la comunidad. “Los que se tienen que preocupar son ellos, el 1% que hace esto, una realidad que pasa en todas las localidades porque desde que sacamos este comunicado no paramos de recibir llamados”, aseguró Goyechea al medio rosarino, subrayando la magnitud del problema en la región.

La población de María Teresa asciende a unos 4.500 habitantes y, según estimaciones del propio mandatario, unos 40 motociclistas han sido identificados como responsables de los mayores niveles de ruido. “Son los que hacen estupideces”, manifestó en referencia a quienes manipulan los escapes de las motos para provocar sonidos similares a disparos, que alteran la tranquilidad del pueblo.

El intendente relató que, en anteriores ocasiones, la comuna implementó controles vehiculares con apoyo policial y la utilización de 70 cámaras de videovigilancia, lo que permitió secuestrar alrededor de 20 motos. Sin embargo, reconoció que cuando los rodados se encuentran dentro de los domicilios particulares, las autoridades no pueden intervenir. “Todo esto ocasiona una movida tremenda en la comuna”, señaló Goyechea, justificando la necesidad de endurecer las sanciones.

El alcance de la medida incluye la afectación directa de cualquier vínculo formal entre los infractores y el gobierno local. El intendente insistió: “Si te gustan los cortes, vas a tener cortes. Por hacerte el vivo en un verano, te vas a complicar la vida con un montón de años”. Además, enfatizó el carácter personal del seguimiento que se realizará: “No solamente la guardia urbana, todo el equipo de gestión y yo personalmente voy a estar vigilando”.

El uso de motocicletas en la Ciudad de México ha ido en aumento en los últimos años, ya que se ha convertido como una alternativa de movilidad.

Ante ello, las autoridades capitalinas han sido muy claras con respecto a la aplicación del Reglamento de Tránsito para fortalecer la seguridad y dar cumplimiento de las normas viales vigentes.

Por ello, muchos automovilistas y motociclistas han tenido la duda si es ilegal que dos personas viajen en una motocicleta en la Ciudad de México, ante las versiones contradictorias que circulan en redes sociales y a operativos de tránsito que, en algunos casos, generan confusión. Sin embargo, el Reglamento de Tránsito de la CDMX es claro: no es ilegal que dos personas viajen en una moto, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones de seguridad y de diseño del vehículo.

¿Qué señala la ley?

El artículo 37, fracción III, inciso b), indica que los motociclistas deben “llevar a bordo solo la cantidad de personas que señale la tarjeta de circulación”.

De acuerdo con la normativa vigente, la clave está que no se rebase en el número de personas que se puede transportar, que en la mayoría de los casos solo es para dos personas.

El reglamento señala que las motocicletas pueden llevar acompañante únicamente cuando estén fabricadas para más de una persona y no se exceda la capacidad indicada por el fabricante.

Además la motocicleta debe de contar con las características necesarias para transportar a un pasajero adicional y que el conductor respete las reglas establecidas.

Infringir la ley, las multas van de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.

Requisitos de seguridad

Entre los principales requisitos que deben cumplirse se encuentran los siguientes:

• La motocicleta debe contar con asiento y aditamentos adecuados para el pasajero.
• Conductor y acompañante deben portar casco de seguridad, correctamente colocado y abrochado.
• El casco debe cumplir con las normas oficiales.
• El pasajero debe viajar sentado de forma correcta, sin interferir con el control del vehículo.
• El conductor debe contar con licencia tipo motociclista y la unidad debe tener placas y tarjeta de circulación vigentes.

Cuando estas condiciones no se cumplen, el traslado de dos personas sí puede derivar en una multa o sanción.

Las infracciones más comunes no se relacionan directamente con el número de pasajeros, sino con la falta de medidas de seguridad o con el uso indebido del vehículo.

Por ejemplo, es motivo de sanción transportar a un menor de edad que no pueda sostenerse por sí mismo, llevar a un acompañante en una motocicleta diseñada solo para una persona o permitir que el pasajero viaje sin casco.

Otras causas frecuentes de infracción

• Transportar objetos o carga que comprometan la estabilidad de la moto.
• No contar con equipo de seguridad
• Circular con documentos vencidos o sin placas.
• Conducir de manera imprudente o poner en riesgo a terceros.

La confusión sobre este tema también se debe a que en otras entidades del país sí existen restricciones más estrictas o iniciativas para limitar el número de personas en motocicleta como medida de seguridad o prevención del delito. No obstante, en la Ciudad de México no hay una prohibición general para que dos personas viajen en una moto, siempre que se respeten las reglas.

Autoridades capitalinas recomiendan a los motociclistas extremar precauciones cuando viajan con acompañante y mantener una conducción responsable. Entre las sugerencias más importantes están:

• Usar equipo de protección adicional, como guantes y chamarra.
• Respetar límites de velocidad y señalamientos viales.
• Evitar maniobras riesgosas al transportar pasajero.

En conclusión, viajar dos personas en una motocicleta en la CDMX es legal, pero el cumplimiento del Reglamento de Tránsito es indispensable. Conocer y respetar estas disposiciones no solo evita multas, sino que también contribuye a reducir accidentes y proteger la vida de quienes circulan en las calles de la capital.

La Ciudad de México es una de las urbes con mayor tránsito vehicular en el mundo. A diario, millones de automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones comparten vialidades saturadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales.

La falta de pericia, el uso del celular al volante y el incumplimiento del Reglamento de Tránsito continúan siendo las principales causas de los siniestros en la capital del país.

De acuerdo con autoridades capitalinas, gran parte de los accidentes ocurren por distracciones al conducir, exceso de velocidad, no respetar semáforos, invasión de carriles confinados y el desconocimiento de normas básicas de seguridad vial.

Esta situación ha convertido a la Ciudad de México en un punto crítico en materia de movilidad y prevención de accidentes.

Motociclistas, los más afectados por los siniestros viales

Los motociclistas se han consolidado como el grupo más vulnerable en hechos de tránsito. Datos oficiales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) revelan que de enero a septiembre de 2025 murieron 155 motociclistas en accidentes viales, cifra que los posiciona como el sector con mayor proporción de muertes por siniestros de tránsito en la capital.

Este aumento está relacionado con el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas, especialmente aquellas utilizadas para reparto a domicilio, así como con prácticas de riesgo como no portar casco certificado, circular entre carriles, rebasar por la derecha o exceder los límites de velocidad.

Falta de respeto al Reglamento de Tránsito

Especialistas en movilidad coinciden en que uno de los principales factores detrás de los accidentes viales es el incumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Conductores que se pasan la luz roja, invaden ciclovías, no respetan los límites de velocidad o conducen bajo los efectos del alcohol continúan siendo una constante en las calles capitalinas.

En el caso de las motocicletas, las infracciones más comunes incluyen circular sin placas, no contar con tarjeta de circulación vigente, falta de seguro de responsabilidad civil y acumulación de adeudos por multas no pagadas, lo que también representa un riesgo legal para los conductores.

Cómo verificar si tu motocicleta tiene adeudos o sanciones

Con el objetivo de fomentar una conducción responsable y evitar sanciones mayores, las autoridades capitalinas ponen a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para consultar adeudos vehiculares. A través del portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, los motociclistas pueden verificar si su unidad cuenta con multas o penalizaciones pendientes.

Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar al sitio oficial: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos

En este portal se puede revisar información relacionada con infracciones de tránsito, tenencia, refrendo y otros adeudos, lo que permite regularizar la situación del vehículo y evitar problemas durante operativos o verificaciones.

Llamado a la prevención y la conciencia vial

Autoridades y organizaciones civiles han reiterado el llamado a fortalecer la cultura vial en la Ciudad de México. El uso de casco certificado, chaleco reflejante, respeto a los límites de velocidad y la revisión periódica de la situación legal de los vehículos son medidas clave para reducir los accidentes.

La prevención, aseguran expertos, no solo salva vidas, sino que también contribuye a una movilidad más ordenada y segura en una de las ciudades más transitadas del mundo.

La restricción prohíbe que dos personas adultas se desplacen juntas en una motocicleta de las categorías L1 y L3, incluidas las eléctricas. No existen excepciones, ni siquiera para familiares, parejas o cónyuges.

La norma se sustenta en el Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero de 2026, y se aplica en las zonas bajo estado de emergencia: Lima Metropolitana y Callao, declarado mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-PCM.

Según el especialista legal del MTC, Rafael Rivera, en declaraciones a TV Perú, la medida se mantendrá vigente mientras dure la emergencia y no contempla ningún tipo de excepción.

Multas, puntos y suspensión de licencia

El general PNP Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, explicó en Buenos Días Perú que la primera infracción implica:

• Multa de S/660 (12 % de la UIT).
• Descuento de 50 puntos en el récord del conductor.

En caso de reincidencia, la sanción se eleva a:

• Multa de S/1.320 (24 % de la UIT).
• Descuento de 60 puntos, lo que puede llevar a la suspensión de la licencia.

“En dos días nada más se va a poner sanciones, multas, a las personas o adultos que estén en una misma moto”, señaló Alvarado en Buenos Días Perú.

Solo 2.000 policías para fiscalizar toda Lima

Uno de los puntos más cuestionados es la capacidad real de control. El general Alvarado reconoció que solo 2.000 efectivos de la División de Tránsito estarán destinados a fiscalizar toda Lima Metropolitana.

“Con el personal que tenemos, vamos a ponerle todas las condiciones operativas para mitigar de alguna manera estos hechos criminales que se dan con motolineales”, afirmó el general.

Para Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito, el número es claramente insuficiente.

“Ese es uno de los problemas: el déficit de personal. En este caso, el número es insuficiente”, declaró.

Barreto propuso que, de manera temporal, se autorice a efectivos de otras divisiones a intervenir para reforzar la fiscalización.

Una medida que ya fracasó antes

No es la primera vez que el Gobierno intenta aplicar esta restricción. En 2025, una medida similar fue retirada tras las críticas del gremio de motociclistas. Ahora, el rechazo vuelve a surgir con fuerza.

En la previa, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, expresó a Exitosa que se siente discriminado por el Estado.

“Para el Estado soy un ciudadano de segunda categoría. Pago mis impuestos, pero me discriminan”, sostuvo.

Millones señaló que la norma afectará directamente a miles de trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de sustento.

“La sociedad ve mal a los motociclistas. Nos atacan con normas que van a afectar la economía de decenas de miles de personas”, afirmó.

También cuestionó el enfoque de la medida: “Eso se ataca con inteligencia, con una política de Estado real, no con normas que buscan el aplauso fácil”, dijo en Exitosa.

Seguridad versus derechos

El gremio advierte que la prohibición vulnera derechos constitucionales al libre tránsito y al trabajo. Millones incluso criticó al presidente José Jerí, señalando que la medida carece de sustento técnico.

“Está vulnerando mis derechos constitucionales. ¿Cuáles son los asesores que tiene nuestro presidente para hacer esa norma absurda?”, cuestionó.

Desde el Ejecutivo, en cambio, se insiste en que la restricción es necesaria para reducir delitos cometidos en motocicleta, especialmente en casos de sicariato y extorsión.

El Gobierno, por su parte, señaló que la norma será evaluada según los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo si la restricción realmente impactará en la criminalidad o si, como advierten los especialistas, quedará limitada por la falta de fiscalización efectiva.

Con ese objetivo, la División de Tránsito movilizó a cerca de 200 agentes en diversos sectores de la capital para realizar operativos de control y difundir información sobre la nueva medida.

Durante estas acciones, los conductores de motocicletas expresaron inquietud, rechazo y desconcierto frente a la prohibición de que dos personas circulen en una misma unidad. Las reacciones recogidas en plena vía pública muestran un malestar extendido entre quienes utilizan este vehículo como medio cotidiano de transporte familiar.

Uno de los motociclistas cuestionó el carácter general de la medida y pidió excepciones para los traslados domésticos. “Este, bueno, yo normalmente llevo a mi esposa en el trabajo y hay personas que llevan familia. Yo creo que tuvieron que haber hecho unas excepciones con las personas que llevan a los familiares o no llevar dos hombres ya mayores, pero puede ser mi esposa, una mujer, un hombre, pues. Me parece un poquito radical la multa”, afirmó.

Además, consideró que las acciones disuasivas de la PNP deberían ser permanentes. “Debería haber operativos policiales todos los días, no solamente porque, este, van a prohibir a dos personas. Eso es lo que yo opino”, añadió.

Desacuerdo y desconocimiento frente a la nueva restricción

Otro conductor que trasladaba a su pareja a su centro de trabajo explicó que la motocicleta es su principal herramienta de movilidad. Al ser advertido de que la norma se aplicará sin excepciones, expresó su desacuerdo y reclamó alternativas distintas.

“Pero ¿por qué no toman otras medidas. Más intervenciones? Más que todo”, recomendó.

La incertidumbre también alcanzó a quienes desconocían por completo la nueva disposición. Un motociclista recién llegado de provincia relató que no estaba informado sobre la restricción.

“Desconocido, totalmente desconocido, porque vengo de provincia. Vengo de Chota, Chadín”, comentó. Ante la advertencia policial, se defendió subrayando que cumple con todos los requisitos legales. “Yo tengo en regla todos mis documentos en regla”, sostuvo.

Los testimonios recogidos por TV Perú coinciden en un reclamo central: la prohibición afecta directamente a quienes usan la motocicleta como vehículo familiar y de trabajo. Aunque algunos reconocen la necesidad de enfrentar la criminalidad, consideran que la medida es excesiva y poco flexible para situaciones cotidianas.

Multas y argumentos detrás de la medida

En ese marco, el general Humberto Alvarado, jefe de la División de Tránsito, defendió la estrategia y remarcó su carácter pedagógico.

“Estamos en una marcha de sensibilización, de comunicación, gracias a ustedes que nos brindan esta cobertura. A partir del día 21, la Dirección de la Policía de Tránsito, a través de sus subcomponentes de control y fiscalización, va a aplicar estas sanciones pecuniarias”, afirmó.

La norma contempla una sanción económica equivalente al 12 % de una Unidad Impositiva Tributaria, actualmente fijada en S/ 669. En los casos de reincidencia, el castigo se eleva al doble. Según Alvarado, la finalidad no es recaudar fondos, sino reducir los factores que facilitan la comisión de delitos. “Entendemos que la ciudadanía va a estar cooperando y colaborando, porque la seguridad ciudadana es parte de cada uno de los integrantes de nuestra ciudad”, sostuvo.

Durante enero de 2026, la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo esquema de sanciones económicas para quienes incumplen las normas de tránsito. La infracción que encabeza la lista es el exceso de velocidad en rutas o autopistas bonaerenses, con multas que pueden alcanzar los $1.807.000. Esta cifra corresponde al máximo previsto y depende tanto de la gravedad de la infracción como del criterio del juez de faltas encargado de cada caso.

Las autoridades consideran el exceso de velocidad como una infracción grave debido al alto riesgo que representa para la seguridad vial. Circular por encima del límite permitido reduce la capacidad de reacción ante imprevistos, incrementa la distancia necesaria para frenar el vehículo y aumenta la probabilidad de provocar un siniestro. De esta manera, la sanción económica busca desalentar conductas que ponen en peligro la vida propia y la de terceros.

El esquema de multas implementado en Buenos Aires establece diferentes rangos de sanciones económicas, determinadas a partir de la cantidad de Unidades Fijas (UF) asignadas a cada falta. De acuerdo con la información oficial, el exceso de velocidad se penaliza con montos que van desde $271.050 hasta $1.807.000. Este rango contempla infracciones leves y graves, y el monto exacto depende de factores como el grado de exceso y las circunstancias particulares del hecho.

Además del exceso de velocidad, otras infracciones pueden motivar sanciones de alto valor económico. Por ejemplo, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) habilitante también puede costar hasta $1.807.000, ya que esta falta se sanciona con entre 300 y 1.000 UF. La VTV es un requisito obligatorio para garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes.

El listado continúa con otras conductas consideradas de alto riesgo. Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes representa una de las infracciones más severamente sancionadas. El costo de esta falta oscila entre $361.400 y $1.807.000, según la cantidad de UF asignadas en cada caso. Circular en contramano o por la banquina también se castiga con el mismo rango, reflejando la gravedad que las autoridades asignan a este tipo de maniobras.

El esquema de sanciones económicas abarca además otras conductas habituales en la vía pública. Pasar un semáforo en rojo implica una multa que puede llegar a $903.500, mientras que negarse a mostrar la documentación exigida o no usar el cinturón de seguridad o casco también se sancionan con montos similares. El uso del celular al conducir se penaliza con hasta $361.400, y conducir sin seguro, sin patente o mal estacionado conlleva multas de entre $90.350 y $180.700.

El sistema de consulta y pago de multas en la provincia de Buenos Aires está digitalizado. Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes ingresando al sitio oficial de infracciones de tránsito bonaerense. El proceso consiste en seleccionar el método de consulta, ya sea por DNI del conductor o por patente del vehículo, y completar los datos solicitados en la página. Una vez validada la información, el sistema muestra el detalle de las infracciones registradas, en caso de existir.

El sitio web oficial también permite descargar o imprimir el comprobante de la consulta y ofrece opciones para pagar la multa o presentar un descargo. Este procedimiento facilita el acceso a la información y agiliza la regularización de la situación legal de los conductores. El objetivo del sistema es brindar transparencia y eficiencia en la gestión de las sanciones.

La estructura de multas en la provincia de Buenos Aires busca desincentivar conductas peligrosas y mejorar la seguridad vial. El monto de las sanciones y la variedad de infracciones contempladas evidencian una política orientada a la prevención y el control del tránsito. Las multas económicas se fijan en función de la Unidad Fija, cuyo valor se actualiza periódicamente y sirve de referencia para determinar el costo de cada infracción.

El detalle de las multas para el inicio de 2026 es el siguiente:

• Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $271.050 y $1.807.000.
• Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $542.100 y $1.807.000.
• Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.
• Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.
• Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.
• Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.
• No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.
• Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $180.700 y $361.400.
• Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.
• Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.
• Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Para quienes deseen conocer su situación, el procedimiento recomendado es ingresar al sitio oficial de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, elegir el método de consulta (DNI o patente), completar los datos requeridos, validar el código de seguridad y revisar el detalle de las infracciones. El sistema ofrece la posibilidad de descargar el comprobante y acceder a las opciones de pago o descargo.

El marco normativo vigente en Buenos Aires otorga protagonismo a las sanciones económicas como herramienta de control. La implementación de multas de hasta $1.807.000 para infracciones graves como el exceso de velocidad pretende reforzar la seguridad vial y reducir la incidencia de siniestros en rutas y autopistas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto que a partir del próximo martes 20 de enero las personas que circulen con un ocupante adicional en una motocicleta perciban multas por hasta S/1.320, además de la acumulación de puntos en la licencia de conducir y la imposibilidad de acceder a descuentos por pronto pago en caso de reincidencia.

Sin embargo, el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el pasado jueves 15 de enero y que entrará en vigencia en paralelo con el nuevo estado de emergencia para Lima y Callao, también determina sanciones que podrían superar los S/8.000 en caso de bloqueos o interrupciones del tránsito durante situaciones de emergencia.

MTC establece nuevas multas para motociclistas en zonas de emergencia

A partir del 20 de enero, la circulación de motocicletas con dos personas a bordo queda prohibida en zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno, según lo disponga la autoridad.

La norma establece que, si se incumple esta restricción por primera vez, la multa será de S/660 (equivalente al 12% de la UIT vigente en 2026) y se sumarán 50 puntos al récord del conductor. En caso de reincidencia, la sanción aumenta a S/1.320 (24% de la UIT) y 60 puntos, sin derecho a rebajas por pago anticipado.

De acuerdo con el decreto, el responsable solidario también puede ser el propietario del vehículo o la empresa de transporte, quienes deberán asumir la sanción si la unidad está a su nombre.

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el MTC y las municipalidades, está encargada de fiscalizar y notificar estas infracciones, que pueden registrarse de forma física o electrónica

La circulación de motocicletas con dos ocupantes será sancionada en estado de emergencia

El decreto detalla el procedimiento de pago de multas. En la mayoría de las infracciones, el conductor puede acceder a descuentos importantes si paga de forma voluntaria: 17% del monto si lo hace en los primeros cinco días hábiles tras la notificación, o 33% si paga entre el sexto día y antes de la resolución sancionadora.

No obstante, estos beneficios no aplican para las infracciones más graves ni para reincidencias en la circulación prohibida de motos con dos personas. En estos casos, el infractor deberá abonar el monto total, sin reducción, y los puntos acumulados en el récord pueden llevar a la suspensión de la licencia si se alcanza el límite.

• Si es la primera vez que el motociclista es sancionado por llevar dos personas en una moto en zona prohibida, puede pagar solo el 17% de la multa (pagaría S/112,20) si lo hace dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación.
• Si paga entre el sexto día hábil y antes de la resolución sancionadora, también en la primera vez por esta infracción, puede acceder al 33% de descuento sobre la multa (pagaría S/217,80).
• Si es reincidencia, no aplica descuento ni del 17% ni del 33%.

El bloqueo del tránsito en emergencias podrá costar más de S/8.000 a conductores: ¿Y las marchas?

El riesgo de enfrentar una multa que supere los S/8.000 se presenta cuando un conductor, ya sea motociclista o automovilista, interrumpe o bloquea el tránsito en una situación de desastre natural o emergencia.

Esta conducta se sanciona con 1,5 UIT, es decir, S/8.250 en 2026, y trae consigo la remoción inmediata del vehículo y la suma de 50 puntos a la licencia.

A diferencia de la simple circulación en zona restringida, aquí la sanción se aplica por obstaculizar la vía, y no depende del número de personas que viajen en la moto, sino de la acción de impedir la circulación general. La nueva tabla de sanciones para motociclistas en el Perú quedaría de la siguiente manera:

• Multa de S/660: Por circular con un acompañante en moto en zona prohibida durante estado de emergencia (primera vez). Sujeto a descuentos del 17% y 33%, como se vio anteriormente. Ejemplo: Un motociclista lleva a otra persona en una avenida de Lima y la policía lo detiene.
• Multa de S/1.320: Por reincidir en la misma falta (segunda vez o más). No hay descuento. Ejemplo: El motociclista vuelve a llevar acompañante en moto en zona restringida y es nuevamente intervenido.
• Multa de S/8.250: Por bloquear, interrumpir o impedir el tránsito durante emergencia, usando la moto para cerrar una avenida. Tampoco aplica descuento. Ejemplo: Varios motociclistas participan en una protesta y detienen el tránsito en una vía principal.

Responsabilidad solidaria: el propietario de la moto también recibirá sanción bajo nuevo reglamento

Además de las restricciones para motociclistas, el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC introduce otras modificaciones relevantes: actualiza el régimen de descuentos por pronto pago, endurece el sistema de control por puntos y refuerza la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, especialmente para empresas de transporte.

También precisa que, en zonas bajo estado de emergencia, la norma puede establecer restricciones adicionales, por lo que es clave informarse sobre las disposiciones locales antes de circular. El registro de todas las infracciones será nacional y afectará el récord de puntos del conductor, pudiendo derivar en la suspensión o cancelación de la licencia.

Finalmente, cabe recordar que el Gobierno amplió recientemente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del 20 de enero de 2026. Esta medida restringe la libertad de tránsito y otras garantías, y otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas el control del orden interno, reforzando la fiscalización y aplicación de las nuevas sanciones de tránsito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente fundamental para la protección de usuarios en la sesión de este 15 de enero al confirmar la validez del marco normativo que faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a sancionar a entidades que incumplan con sus reportes relativos a despachos de cobranza.

El pleno del tribunal desestimó los argumentos de una entidad financiera sancionada en 2023 por no presentar sus informes mensuales sobre quejas vinculadas a los despachos de cobranza, a través del Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).

Esta entidad sancionada sostuvo que las reglas no especificaban quién debía hacer los reportes, ni establecían plazos para la imposición de sanciones, pero la SCJN dictaminó que el esquema legal sí detalla estas obligaciones y las responsabilidades para las entidades sujetas a regulación.

El máximo tribunal precisó que existe un plazo de 180 días naturales a partir del vencimiento de la garantía de audiencia, tanto para que la autoridad sancionadora resuelva como para notificar su decisión.

Dicha disposición, incluida en el numeral 180 de la normatividad vigente, garantiza la seguridad jurídica y establece límites concretos contra posibles abusos administrativos, según el comunicado oficial difundido por la SCJN este 15 de enero de 2026.

La Suprema Corte no puede tomar resoluciones en materia electoral

Paralelamente, la SCJN abordó el alcance constitucional respecto de las controversias electorales.

En una decisión relevante el 14 de enero, el pleno determinó que las controversias constitucionales no son el cauce adecuado para impugnar reformas o normas en materia electoral, conforme a lo dispuesto en los artículos 105, fracción I de la Constitución Federal, y 19, fracción II de su Ley Reglamentaria.

El fallo deriva de un expediente promovido por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra apartados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, después de que en febrero de 2025 ya se revisara su constitucionalidad al desahogar la acción de inconstitucionalidad 175/2024 y su acumulada 178/2024.

Según la SCJN, esta línea institucional impide al propio tribunal atraer este tipo de controversias a menos de que se trate de impugnaciones de normas generales fuera del espectro electoral.

Corte legisla en materia de transporte público de Chihuahua

En el ámbito del transporte público de Chihuahua, la SCJN validó nuevas reglas destinadas a fortalecer la seguridad de los pasajeros y limitar la discrecionalidad en la transmisión de concesiones. El pleno analizó los artículos de la Ley de Transporte estatal que restringían el traspaso de permisos a familiares en caso de fallecimiento del concesionario.

El tribunal consideró inconstitucional condicionar la transmisión del permiso en función de simples “indicios” de consumo de alcohol, drogas o infracciones viales, por lo que invalidó esa parte de la norma, al considerar que no basta la sospecha para privar a una familia del derecho a continuar con la concesión.

Asimismo, la Corte revisó los límites de antigüedad vehicular aplicados a servicios de taxi en poblaciones pequeñas y determinó que las revisiones físico-mecánicas obligatorias ya satisfacen la necesidad de seguridad, haciendo innecesarias las restricciones adicionales respecto a los años de los automóviles.

La acumulación de sanciones contra Enel en el estado de São Paulo se incrementó recientemente, luego de que Procon-SP impusiera a la compañía energética una multa de 14 millones de reales (2,2 millones de euros) por incumplimientos que impactaron a la población en el suministro de electricidad. Según informó Procon-SP a través de un comunicado oficial, los cortes de energía que motivaron la multa perjudicaron a 2,2 millones de personas en la capital y en varias ciudades de la región metropolitana a finales del año pasado.

El órgano de protección al consumidor detalló que la decisión se basó en la interrupción del servicio en dos periodos claramente delimitados: del 21 al 23 de septiembre y del 8 al 14 de diciembre de 2025. Durante esos lapsos, localidades atendidas por la filial brasileña de la empresa italiana experimentaron apagones extendidos, en muchos casos por más de 48 horas. El medio consignó que estas interrupciones sobrepasaron los niveles de continuidad del servicio reportados en los últimos 24 meses en el portal institucional.

La sanción económica fue calculada tomando como referencia el artículo 56 del Código de Protección al Consumidor, el cual fija montos de multas en función de la gravedad del hecho. De acuerdo con Procon-SP, la magnitud del evento, la cantidad de afectados y la duración de los cortes fueron determinantes en el establecimiento de la cuantía. El mismo organismo explicó que, conforme al artículo 22 del código legal vigente, las empresas concesionarias como Enel tienen la obligación de garantizar servicios adecuados, seguros, eficientes y, en el caso de servicios esenciales como la electricidad, su prestación debe ser continua.

Desde que Enel asumió la concesión para abastecer de electricidad a 24 municipios del área metropolitana de São Paulo y la capital en 2019, la empresa ha acumulado un total de nueve multas originadas en reclamos de usuarios y en investigaciones del Procon-SP, según reportó el propio ente regulador. En esta ocasión, la entidad analizó las respuestas que Enel remitió tras las notificaciones oficiales e indicó que la compañía reconoció fallos en la prestación del servicio. En el expediente figuran quejas formales de consumidores y evidencias de que los tiempos sin electricidad superaron ampliamente lo permitido por los estándares regulados.

El comunicado de Procon-SP informó que la investigación en marcha sobre la actuación de Enel no se limita a los dos periodos sancionados, pues existen otras quejas vinculadas al trato recibido por los consumidores durante los apagones. El ente precisó que se encuentra puntualizando aspectos relacionados con la atención al cliente y la información suministrada en los momentos de interrupción, así como otros potenciales incumplimientos contractuales.

Enel, multinacional de origen italiano, gestiona desde 2019 el suministro eléctrico en importantes puntos urbanos del sureste brasileño tras obtener la concesión correspondiente. Según información reunida por Procon-SP, la reiteración de problemas y la insuficiente mejora en la continuidad del servicio sustentan la aplicación de la multa más reciente, con el argumento de que la empresa infringió requisitos legales de garantía, eficacia y seguridad para sus clientes.

A lo largo de la revisión, Procon-SP insistió en la obligación de los concesionarios de asegurar la regularidad en la distribución de servicios considerados esenciales, estableciendo que la falta de prestación adecuada contraviene la legislación. El órgano recalcó que continuará supervisando el desarrollo de las actividades de Enel y la evolución de las medidas correctivas que la empresa está obligada a implementar tras un extenso historial de sanciones.

A partir de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), diversas infracciones de tránsito en el Estado de México (Edomex)registran incrementos significativos en sus sanciones económicas, con multas que pueden superar los 2 mil pesos, especialmente por el uso del teléfono celular al volante.

El gobierno del Estado de México endureció las sanciones económicas para diversas faltas al Reglamento de Tránsito, tras la actualización del valor de la UMA, (117.31 pesos diarios), lo que impacta directamente en el bolsillo de los automovilistas.

Entre las infracciones con mayor incremento se encuentra el uso del teléfono celular mientras se conduce, considerada una de las principales causas de accidentes viales.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el uso del celular al volante será sancionado con multas que van desde las 16 hasta las 20 UMAs, dependiendo de la gravedad de la falta y de los criterios aplicados por la autoridad de tránsito.

Multas por uso del celular al conducir

Las sanciones económicas por utilizar el teléfono móvil mientras se maneja quedan establecidas de la siguiente manera:

• Multa mínima:
• • 16 UMAs
  • Equivalente a 1,876.96 pesos
• Multa media:
• • 18 UMAs
  • Equivalente a 2,111.58 pesos
• Multa máxima:
• • 20 UMAs
  • Equivalente a 2,346.20 pesos

Autoridades estatales reiteraron que esta medida busca reducir accidentes de tránsito, ya que el uso del celular disminuye la capacidad de reacción del conductor y pone en riesgo tanto a peatones como a otros automovilistas.

Otras infracciones con el mismo rango de sanciones

El mismo esquema de multas aplicará para diversas conductas consideradas de alto riesgo o que afectan la movilidad y el orden vial en la entidad, entre ellas:

• Conducir sin licencia de manejo
• Circular con placas vencidas
• Invadir carriles confinados, como los destinados al transporte público
• Circular sobre ciclovías, poniendo en riesgo a ciclistas

Las autoridades señalaron que estas infracciones no solo representan una falta administrativa, sino que generan condiciones de peligro para otros usuarios de la vía pública.

Sanciones por estacionarse en lugares prohibidos

El estacionamiento indebido también será castigado bajo el mismo rango de UMAs. Esto incluye:

• Bloquear rampas para personas con discapacidad
• Obstruir entradas de vehículos o salidas de emergencia
• Estacionarse en zonas señalizadas como prohibidas

Las multas por estas conductas serán:

• Mínima: 16 UMAs (1,876.96 pesos)
• Media: 18 UMAs (2,111.58 pesos)
• Máxima: 20 UMAs (2,346.20 pesos)

Multas por exceso de velocidad

Aunque las sanciones por exceso de velocidad son menores en comparación con otras faltas, también registraron un incremento con la actualización de la UMA:

• Multa mínima:
• • 10 UMAs
  • 1,173.10 pesos
• Multa media:
• • 13 UMAs
  • 1,525 pesos
• Multa máxima:
• • 15 UMAs
  • 1,759.65 pesos

Las autoridades estatales recordaron que respetar los límites de velocidad es fundamental para prevenir accidentes graves y fatales.

Finalmente, se exhortó a los conductores a conocer el Reglamento de Tránsito del Estado de México y a cumplirlo, ya que además de las sanciones económicas, algunas infracciones pueden derivar en la remisión del vehículo al corralón o en la pérdida de puntos en la licencia de conducir.

La actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), impactará de manera directa en montos de multas, cuotas y créditos, entre otras obligaciones.

El valor diario de la UMA se fijó en 117.31 pesos, aplicable a partir del 1 de febrero de 2026, lo que representa un aumento del 3.69 % respecto al año anterior.

Este ajuste, derivado de la inflación reflejada en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tendrá efectos inmediatos no solo sobre particulares y empresas, sino también en la determinación de sanciones estipuladas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y otras disposiciones jurídicas.

Para 2026, los valores oficiales de la UMA se establecerán de la siguiente manera:

• 117.31 pesos diarios.
• 3 mil 566.22 pesos mensuales.
• 42 mil 794.64 pesos anuales.

Estas cifras serán empleadas en la determinación de pagos como aportaciones al sistema de seguridad social, créditos hipotecarios, cuotas obrero-patronales, límites deducibles en materia fiscal, así como en el cálculo de pensiones y beneficios en el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Multa por exceso de velocidad y estacionarse en lugares no autorizados

Entre los rubros más afectados figura el cálculo de multas de tránsito. De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX, la infracción por exceder los límites de velocidad puede acarrear una sanción de 10, 15 o 20 veces la UMA vigente. Así, en 2026, la multa mínima ascenderá a 1 mil 173.10 pesos, mientras que la mayor podría alcanzar los 2 mil 346.20 pesos. Mismos valores para los que no respeten el semáforo en rojo.

Además, quienes incurran en infracciones como estacionarse en carriles exclusivos para transporte público podrán enfrentar sanciones de 20, 25 o 30 veces la UMA, equivalentes a 2 mil 346.20, 2 mil 932.75 o 3 mil 519.30 pesos respectivamente.

Faltas más graves relacionadas con el uso indebido de carriles exclusivos, como circular en contraflujo o interferir al dar vuelta, serán sancionadas con montos de 40, 50 o 60 veces la UMA, lo que se traduce en penalizaciones desde 4 mil 692.40 hasta 7 mil 038.60 pesos, según el texto legal consultado.

Multa por violar el programa “Hoy No Circula” y por no usar el cinturón de seguridad

En lo que concierne al cumplimiento de la normatividad de tránsito, infracciones como la no utilización del cinturón de seguridad, circular con puertas abiertas o luces apagadas podrán ser sancionadas con 5, 7 o 10 veces la UMA, lo que equivale a 586.55, 821.17 o 1 mil 173.10 pesos.

En el caso de vehículos de transporte público, diversas omisiones administrativas, tales como conducir sin licencia vigente o sin portar los distintivos correspondientes, implicarán una multa de 80, 90 o 100 veces la UMA, con montos de 9 mil 384.80, 10 mil 557.90 u 11 mil 731 pesos para el periodo 2026.

Las infracciones a los programas ambientales, o la circulación de vehículos que emitan humo ostensiblemente contaminante en cualquier estado de la república, serán sancionadas con 20, 25 o 30 veces la UMA, es decir, desde 2 mil 346.20 hasta 3 mil 519.30 pesos.

El aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026 ya es oficial y tendrá efectos directos en el bolsillo de millones de personas en México. A partir del 1 de febrero, el nuevo valor de la UMA servirá como referencia para calcular multas de tránsito, sanciones administrativas, trámites ante dependencias públicas y créditos hipotecarios, incluidos los del Infonavit.

El ajuste fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y responde al comportamiento inflacionario registrado al cierre de 2025, el cual se ubicó alrededor de 3.69 por ciento.

Conforme a la ley, este organismo actualiza cada año el valor de la UMA para mantenerla alineada con el costo de vida y evitar distorsiones en el cobro de obligaciones legales.

¿En cuánto quedó la UMA para 2026?

De acuerdo con la información oficial, los valores que estarán vigentes durante 2026 son los siguientes:

• UMA diaria: 117.31 pesos
• UMA mensual: 3 mil 566.22 pesos
• UMA anual: 42 mil 794.64 pesos

Estas cifras representan un incremento de entre 3.68 y 3.69 por ciento respecto a la UMA de 2025, cuando el valor diario era de 113.14 pesos. Aunque el aumento es moderado, su impacto se refleja de forma automática en todos los conceptos calculados con base en esta unidad.

Impacto directo en multas y sanciones

Uno de los efectos más visibles del ajuste a la UMA se da en las multas de tránsito y sanciones administrativas. Muchas infracciones están expresadas en múltiplos de UMA, por lo que cualquier incremento se traduce en un mayor monto a pagar.

Por ejemplo, una multa equivalente a 10 UMA ahora asciende a mil 173.10 pesos, cifra superior a la aplicada el año anterior. Lo mismo ocurre con sanciones relacionadas con verificación vehicular, faltas administrativas y otros incumplimientos normativos a nivel federal, estatal o municipal.

Trámites gubernamentales más caros

El aumento de la UMA también impacta en diversos trámites y servicios públicos. Derechos, cuotas y procedimientos que se calculan con esta unidad —como registros civiles, algunos permisos, gestiones ante dependencias federales y ciertas obligaciones fiscales— ajustan sus costos de manera proporcional.

En el ámbito fiscal, algunas multas, recargos y sanciones aplicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están referenciadas en UMA, por lo que el ajuste de 2026 implica pagos más elevados para contribuyentes que incumplan disposiciones legales.

Efectos en créditos hipotecarios e Infonavit

Otro rubro relevante es el de los créditos. Los financiamientos denominados en UMA, especialmente los del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), verán un incremento en sus pagos mensuales equivalente al ajuste anual de la unidad.

Esto significa que las personas con créditos hipotecarios calculados en UMA deberán contemplar un aumento cercano al 3.69 por ciento en sus obligaciones durante 2026. Lo mismo aplica para pensiones o prestaciones sociales que estén indexadas a esta referencia económica.

¿Por qué existe la UMA y por qué se actualiza?

La UMA fue creada en 2016 para sustituir el esquema de “veces salario mínimo”, con el objetivo de evitar que los aumentos al salario impactaran automáticamente en multas y sanciones. Desde entonces, su actualización anual se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En resumen:

• La Unidad de Medida y Actualización (UMA) aumentó en 2026 y entrará en vigor el 1 de febrero.
• El ajuste fue determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base en la inflación registrada al cierre de 2025.
• Nuevos valores de la UMA 2026:
• • Diario: $117.31
  • Mensual: $3 mil 566.22
  • Anual: $42 mil 794.64
• El incremento es de 3.68% a 3.69% respecto a 2025.
• Multas de tránsito y sanciones administrativas suben automáticamente al calcularse en múltiplos de UMA.
• Trámites gubernamentales y obligaciones fiscales expresadas en UMA también serán más caros.
• Créditos hipotecarios y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) denominados en UMA aumentan sus pagos mensuales en la misma proporción.