A partir del viernes 17 de abril de 2026, entra en vigor en Nueva York una nueva ley de tránsito que endurece las sanciones a los conductores que utilicen de manera indebida los carriles exclusivos para autobuses.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), quienes sean detectados por las cámaras del programa ACE (Control Automático mediante Cámaras) pueden recibir multas de hasta USD 250.

Con la conclusión del periodo de aviso de 60 días iniciado el 16 de febrero, la vigilancia automática de los carriles exclusivos comienza a implementarse de forma plena.

El programa ACE, de acuerdo con el comunicado oficial de la MTA, busca mejorar la velocidad y confiabilidad de los autobuses urbanos, manteniendo despejadas sus rutas de vehículos no autorizados.

El sistema opera con cámaras instaladas en los propios vehículos de la MTA y en ubicaciones estratégicas de las vías.

Estos equipos registran imágenes y datos de matrícula cada vez que un conductor circula, estaciona o bloquea una parada en los carriles reservados para autobuses.

La información se remite al Departamento de Transporte y al Departamento de Finanzas de Nueva York, responsables de procesar la infracción y emitir la citación correspondiente. La notificación es enviada por correo postal al titular del vehículo.

El pago de las multas impuestas por el programa ACE puede realizarse por varias vías: a través de la web oficial, mediante la aplicación móvil de la ciudad, por correo postal o de forma presencial en las oficinas designadas.

El comunicado de la MTA advierte que el incumplimiento en los plazos establecidos puede conllevar recargos administrativos, incrementando el monto final de la sanción.

El programa ACE fue lanzado en junio de 2024 con la meta de optimizar la circulación de los autobuses en Nueva York, una ciudad donde más de 2,1 millones de pasajeros utilizan el servicio diariamente, según la propia Autoridad Metropolitana de Transporte.

La congestión vehicular y la ocupación indebida de los carriles exclusivos se identifican como principales causas de retrasos en el sistema de transporte público.

Durante la fase inicial, los conductores captados por las cámaras recibieron avisos informativos sin sanción económica, como parte de la estrategia para familiarizar a la ciudadanía con el nuevo sistema.

Tras el periodo de cortesía, las multas son de carácter obligatorio y se acumulan por cada infracción registrada.

Cómo funciona el sistema de cámaras ACE y a quiénes afecta

El sistema de Control Automático mediante Cámaras (ACE) utiliza dispositivos de alta resolución con tecnología de reconocimiento de placas para identificar los vehículos infractores.

Las cámaras operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y su implementación alcanza progresivamente las principales rutas de autobuses de la ciudad.

Quedan sujetos a sanción todos los conductores particulares, de taxis o de servicios de transporte por aplicación que circulen, se detengan o bloqueen los carriles exclusivos, salvo excepciones establecidas en la normativa vigente.

Están exentos los vehículos de emergencia en servicio y los que cuenten con permisos especiales, conforme a la regulación local.

La MTA sostiene que el respeto a la normativa en carriles exclusivos resulta fundamental para asegurar la regularidad de los servicios y disminuir los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público.

De acuerdo con un informe reciente del Departamento de Transporte de Nueva York, la incorporación de sistemas automáticos de control hizo posible una reducción del 18 % en los incidentes de obstrucción en los corredores donde el programa ACE ya está en funcionamiento.

Impacto previsto y antecedentes de la medida

La introducción de sanciones más estrictas pretende generar un efecto disuasorio en los conductores y aportar mayor fluidez al tránsito en las zonas más congestionadas.

Según la revista estadounidense _Traffic Technology International_, ciudades como Londres y Toronto han registrado mejoras sustanciales en la puntualidad del transporte público tras implementar sistemas similares de control automatizado, reforzando así las expectativas en Nueva York.

El programa ACE forma parte de un conjunto de reformas impulsadas por la administración local para modernizar la movilidad urbana y disminuir la dependencia del automóvil particular.

Desde su puesta en marcha, la MTA ha enfatizado que el éxito del sistema requiere tanto la eficacia tecnológica como la colaboración ciudadana.

Cuando reciben una citación, los conductores pueden consultar el detalle de la infracción y ejercer el derecho a apelar conforme a los procedimientos del Departamento de Finanzas de Nueva York.

Por ahora, la cobertura del programa se centra en los principales corredores de Manhattan, Brooklyn y Queens, aunque las autoridades anticipan una expansión progresiva a otras zonas de la ciudad en los próximos meses.

La vigilancia mediante cámaras y las multas buscan promover un entorno más seguro y eficiente para los millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

El Congreso busca ahora menores multas de tránsito. Como se sabe, los montos de estas se calculan con respecto al valor de la UIT vigente, la cual sube cada año (para 2026 es de S/5.500). Mientras, el sueldo mínimo, que es el factor clave para ver el ingreso de los peruanos, no sigue esta misma tendencia.

Por eso, Kira Alcarraz de Podemos Perú, busca que las multas por infracciones de tránsito a conductores del transporte público y el privado se calcucen con respecto a la remuneración mínima vital, de S/1.130 actualmente, a pesar de que esto puede ir en contra de la idea de desincentivar estos incumplimientos.

“La presente ley tiene por objeto modificar el régimen de determinación de las multas por infracciones al tránsito aplicables a conductores de transporte público y privado, estableciendo como base de cálculo el Sueldo Mínimo Vital (SMV), en sustitución de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), a fin de garantizar la proporcionalidad y razonabilidad ante la imposición de una multa de tránsito”, detalla la propuesta.

Menos multas para infracciones

La ley propuesta tiene por finalidad garantizar que las multas por infracciones al tránsito aplicables a conductores de transporte público y privado se determinen conforme a “criterios de proporcionalidad, razonabilidad y tengan que ser cumplidas por el administrado, evitando efectos confiscatorios y asegurando que las sanciones cumplan una función preventiva y correctiva, en concordancia con los principios del ordenamiento jurídico”.

Esta busca ser aplicable a:

• Conductores de transporte público de pasajeros, vehículos menores, en todas sus modalidades
• Conductores de transporte privado, incluyendo vehículos particulares y motocicletas.

Sin embargo, quedarían excluidas de su ámbito de aplicación las personas jurídicas, así como las empresas de transporte, concesionarios, operadores y demás sujetos que desarrollen actividad empresarial vinculada al transporte, respecto de quienes se mantiene el régimen sancionador vigente basado en la UIT.

Los montos

Asimismo, el mismo proyecto plantea una escala de las mismas infracciones, que se determinarían en función a la imposición de un porcentaje del Sueldo Mínimo Vital (SMV) vigente al momento de la comisión de la infracción, conforme a la siguiente escala:

• Para infracciones leves: hasta el diez por ciento (10%) del SMV; actualmente sería de S/113
• Para infracciones graves: hasta el veinticinco por ciento (25%) del SMV; actualmente sería de S/282,5
• Para infracciones muy graves: hasta el cincuenta por ciento (50%) del SMV; actualmente sería de S/565.

Asimismo, la autoridad competente fijaría el monto específico dentro de los rangos establecidos, atendiendo a criterios de gradualidad, tales como la reincidencia del infractor, la peligrosidad de la conducta, el riesgo o daño generado, las circunstancias de la comisión de la infracción.

Así, toda referencia normativa a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como base de cálculo de multas, contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito y en su Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones, se entendería sustituida por el Sueldo Mínimo Vital (SMV), exclusivamente para los sujetos comprendidos en la ley propuesta.

Sin embargo, sí se mantendría la clasificación de infracciones, la estructura porcentual y los criterios de graduación de las sanciones previstos en la normativa vigente. También la aplicación del nuevo régimen no alteraría la tipificación de infracciones ni las medidas administrativas complementarias establecidas en el ordenamiento jurídico.

No pagar un comparendo de tránsito en Colombia puede acarrear consecuencias legales de alcance patrimonial y laboral, al punto de habilitar el embargo de cuentas bancarias y la imposibilidad de ejercer cargos públicos.

El cobro coactivo permite a la autoridad ejecutar medidas contra bienes y salarios, mientras que la falta de actualización de datos en el Runt incrementa el riesgo de notificaciones fallidas y la consiguiente pérdida del derecho a defensa.

La normativa exige al infractor cumplir tanto con las obligaciones financieras como con el deber de mantener vigente la información personal ante los organismos de tránsito, lo que condiciona la validez del proceso sancionatorio y puede derivar en complicaciones adicionales al intentar renovar la licencia o realizar trámites vehiculares.

La deuda por infracciones de tránsito puede ser reclamada judicialmente incluso por sumas pequeñas, dado que la autoridad tiene tres años para iniciar el cobro a partir de la infracción, y tras la expedición del mandamiento de pago dispone de otros tres años para ejecutar la medida, según el artículo 159 de la Ley 769 de 2002.

Si el proceso no se realiza en este plazo y el infractor no es notificado, puede solicitar la prescripción, para lo cual la entidad debe responder en un máximo de 15 días hábiles.

La falta de pago de un comparendo restringe trámites esenciales: renovar la licencia de conducción, vender o traspasar un vehículo, firmar contratos con entidades oficiales e incluso acceder a nombramientos o ascensos en el sector público.

Los intereses de mora comienzan a generarse después de los primeros 30 días de impuesta la sanción y, una vez superados los 90 días sin pago, la autoridad puede iniciar un procedimiento de cobro coactivo, lo que habilita el embargo sobre cuentas de ahorro y corrientes, retención de una parte del salario y afectación directa sobre bienes del deudor.

El impacto se extiende más allá de lo administrativo: la inclusión en las centrales de riesgo limita el acceso a productos financieros y afecta la vida crediticia del infractor. Esta consecuencia se mantiene aún si la notificación de la multa no fue recibida, ya que la ley presume válida toda comunicación realizada a la dirección registrada en el Runt, siendo obligación del ciudadano mantener estos datos actualizados.

No hacerlo puede anular la posibilidad de alegar violación al debido proceso, salvo que se aporte prueba fehaciente de la irregularidad durante el plazo legal.

En respuesta a la consulta sobre los descuentos, James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, explicó a El Espectador que existen reducciones sustanciales para quienes pagan prontamente: el 50% del valor si el pago se realiza en los primeros cinco días hábiles tras la infracción y el 25% entre el sexto y el vigésimo día hábil, siempre que se curse el seminario pedagógico obligatorio. A partir del día veintiuno hasta el trigésimo, el pago debe ser por el monto total, y pasado ese punto se activan los intereses moratorios y el riesgo de cobro judicial.

Derechos y recursos ante errores o casos especiales

Reclamar por una multa considerada injusta o por comparendos notificados incorrectamente requiere intervención directa ante la autoridad emisora. Ignorar la sanción bajo el alegato de error no impide el avance del proceso. El recurso es solicitar audiencia y apelar en la entidad que impuso el comparendo, ya que el trámite no se puede adelantar en ciudades distintas.

Si el embargo se produce antes de la notificación o tras un pago ya realizado, el titular del vehículo debe juntar comprobantes y solicitar la terminación de la medida acompañada de un paz y salvo que permita corregir el reporte negativo en las centrales de riesgo. En caso de sanción generada por un uso indebido del vehículo tras una dación en pago al banco, el documento que certifique la fecha del traspaso es esencial para desligar la responsabilidad de infracciones futuras.

La prescripción, en virtud del artículo 159 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, se opera cuando han transcurrido tres años desde el acto sin que se haya iniciado formalmente el cobro. La notificación del mandamiento de pago interrumpe este plazo y habilita un nuevo periodo de tres años para la gestión de la sanción. Si el infractor solicita la prescripción, la entidad tiene 15 días hábiles para resolver y, de no mediar respuesta o si persiste una actuación irregular, es posible acudir a la tutela judicial.

Entre las medidas más drásticas destaca el embargo de bienes, cuentas y hasta el salario. El impacto patrimonial puede ser inmediato y de amplio espectro. La sentencia C-038 de 2020 de la Corte Constitucional estableció, además, que la responsabilidad solidaria del propietario frente a infracciones generadas por terceros fue limitada, permitiendo la defensa solo durante los cuatro meses siguientes a los hechos.

No revisar periódicamente el estado de las multas o no mantener los datos de contacto actualizados ante la Secretaría de Movilidad constituye una de las fallas más frecuentes. La ley no exime por desconocimiento ni por falta de aviso, dado el requisito legal de vigilancia personal sobre las obligaciones ante los organismos de tránsito.

Al pagar una multa luego de una irregularidad reconocida por la Policía Nacional, el ciudadano puede solicitar devolución del dinero ante la inspección general, quedando el fallo como título ejecutivo. Si esta instancia falla en contra, sólo quedan vigentes los recursos de reposición y apelación.

Una multa de tránsito impaga no se extingue por olvido ni por ausencia de notificación, y se convierte en un obstáculo legal y económico que afecta múltiples áreas de la vida cotidiana.

Las alternativas de reducción solo aplican en los plazos iniciales y dependen de la realización de cursos pedagógicos, mientras que la omisión o la demora exponen al infractor a sanciones patrimoniales y la posibilidad real de embargo judicial.

En Bogotá, 111.159 vehículos figuran actualmente registrados a nombre de “persona indeterminada”, una situación que pone en riesgo a sus poseedores ante posibles multas, inmovilización y hasta la cancelación definitiva del registro.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, quienes conducen estos vehículos tienen plazo hasta febrero de 2027 para formalizar el traspaso de propiedad y evitar las sanciones contempladas por la normativa vigente.

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Para el distrito, la cifra refleja la magnitud del fenómeno: más de 111.000 vehículos circulan sin propietario formal ante la autoridad de tránsito, lo que dificulta la trazabilidad y responsabilidad legal en casos de infracciones, accidentes o procesos judiciales.

Esta irregularidad deriva de la figura de “traspaso a persona indeterminada”, permitida hasta el 6 de febrero de 2026, pero que actualmente exige la regularización inmediata del registro a nombre del interesado, según lo dispuesto en la Circular 20254000000627 y la Resolución única Compilatoria de Tránsito 20223040045295 de 2022.

Sanciones y riesgos para los conductores

Los poseedores de vehículos sin propietario deben realizar el trámite en la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de Bogotá en un plazo máximo de 12 meses; es decir, antes de febrero de 2027. De no hacerlo, se exponen a multas económicas, la suspensión automática del registro automotor en el Runt y la inmovilización inmediata del vehículo en controles de tránsito, con traslado a los patios y la obligación de pagar los costos asociados.

Si el registro automotor ha sido suspendido, el usuario puede solicitar un permiso especial de cinco días hábiles para gestionar el Soat y la revisión técnico-mecánica, pero debe formalizar el traspaso en ese lapso. Si pasan cinco meses desde la firma del compromiso y el trámite no se completa, la matrícula será cancelada de manera definitiva, inhabilitando el automotor para circular legalmente en el país.

Obligaciones y procedimiento de legalización

Para regularizar la situación, los interesados deben agendar cita en una de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios y presentar el formulario de solicitud de traspaso (FUN), diligenciado con los datos del último propietario conocido y la mención de “persona indeterminada”.

El sistema validará el Soat vigente, la revisión técnico-mecánica, la inexistencia de infracciones y el pago de impuestos desde la inscripción a persona indeterminada hasta la fecha de solicitud.

Si el vehículo aún cuenta con autorización para circular, el trámite se realiza como un traspaso normal y puede efectuarse en cualquier momento hasta el 28 de mayo de 2026. En cambio, si el registro ya fue suspendido, se debe firmar un compromiso irrevocable para culminar el trámite, que quedará registrado en el Runt.

El proceso es personal, ágil y seguro; no se requieren intermediarios y toda la información está disponible en la página oficial www.ventanillamovilidad.com.co y en el Runt. La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó revisar el estado del vehículo y actuar dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones mayores y la pérdida definitiva del automotor.

Último plazo para trámites y responsabilidades

Según la Circular Externa No. 20261010000047 del 26 de enero de 2026, el registro para el traspaso a favor del interesado y legalización de la propiedad estará habilitado solo hasta febrero de 2027. Cumplido este plazo, las autoridades de tránsito podrán inmovilizar los vehículos en vía pública, iniciar procesos sancionatorios y proceder a la cancelación del registro.

La formalización del traspaso no solo evita sanciones, sino que respalda la seguridad jurídica y facilita la gestión de trámites asociados a la propiedad, venta, aseguramiento y eventual transferencia del vehículo. Además, la identificación de responsables contribuye a la prevención de delitos y la disminución de conflictos derivados de la tenencia irregular.

La Secretaría Distrital de Movilidad y el Ministerio de Transporte invitan a la ciudadanía a consultar el estado de su vehículo en el Runt o la Ventanilla Única de Servicios, y a realizar los trámites pendientes antes del vencimiento definitivo. Para más información, los usuarios pueden comunicarse a la Línea de Atención (601) 291 6999 o por WhatsApp al 317 369 8647.

En Colombia, las sanciones a conductores por el equipo de seguridad en los vehículos están limitadas por lo que establece de forma expresa la ley.

El marco normativo vigente determina que no se pueden imponer comparendos por elementos que no estén descritos de manera específica, una condición que ha sido reiterada ante confusiones frecuentes en controles de carretera.

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El punto de partida es el principio de legalidad, según el cual solo se puede sancionar aquello que esté claramente definido en una norma. En este caso, la regulación aplicable es la Ley 769 de 2002, que fija las condiciones del denominado equipo de prevención y seguridad.

El Artículo 30 de dicha ley establece que “ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo”, seguido de una lista cerrada de nueve elementos obligatorios.

Entre ellos se incluyen un gato, una cruceta, dos señales reflectivas o luces intermitentes, botiquín, extintor, tacos para bloquear el vehículo, herramientas básicas, llanta de repuesto y linterna.

El incumplimiento de este requisito da lugar a la infracción C.11, que implica una multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. Sin embargo, la misma norma no contempla otros elementos que con frecuencia han sido exigidos en operativos, lo que ha generado controversias.

Uno de los casos más recurrentes es el del chaleco reflectivo. Aunque su uso es obligatorio para motociclistas y acompañantes en determinadas condiciones de visibilidad, no está incluido dentro de los requisitos para vehículos particulares. Por lo tanto, no portar esta prenda en un automóvil no constituye motivo de sanción.

También se han registrado cuestionamientos sobre el contenido del botiquín. La ley únicamente exige la presencia de un botiquín de primeros auxilios, sin detallar los elementos que debe contener. Esto implica que no procede un comparendo por la ausencia de insumos específicos o por fechas de vencimiento de medicamentos en vehículos particulares.

Otro elemento que suele generar dudas es el de los cables para iniciar batería. Aunque son de uso común en carretera, no hacen parte de la lista obligatoria. La misma situación aplica para guantes de trabajo, trapos o prendas adicionales que suelen incluirse en kits comerciales.

En cuanto a la caja de herramientas, la normativa especifica que debe contener como mínimo alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. No contar con herramientas adicionales como copas, llaves especializadas o medidores de presión no puede ser motivo de sanción.

El extintor, por su parte, sí es obligatorio, pero las exigencias se centran en su funcionalidad. Aunque existen normas técnicas sobre su capacidad, no se puede imponer una multa por el color del cilindro si cumple con las condiciones de uso y tiene la recarga vigente.

En relación con la llanta de repuesto, el texto legal la incluye como requisito. No obstante, se han contemplado excepciones para vehículos que, por diseño de fábrica, incorporan tecnologías alternativas como sistemas de rodamiento sin aire o kits de reparación. En estos casos, la ausencia de una llanta convencional no es sancionable.

Las diferencias en la aplicación de estas disposiciones han sido atribuidas a vacíos en la redacción de la norma. Conceptos como “caja de herramientas básica” o “botiquín de primeros auxilios” no cuentan con definiciones detalladas, lo que ha permitido interpretaciones diversas en operativos de control.

Ante esta situación, se han emitido aclaraciones institucionales en los últimos años para precisar que las exigencias deben ceñirse estrictamente a lo descrito en la ley. La directriz general indica que cualquier elemento no incluido en el listado del Artículo 30 no puede dar lugar a sanción.

Para los conductores, una de las recomendaciones es conocer el contenido de la norma y tener claridad sobre los elementos obligatorios. También se sugiere documentar los procedimientos en caso de desacuerdo y verificar que cualquier comparendo especifique con precisión la causa de la sanción.

El cumplimiento de los requisitos básicos sigue siendo obligatorio, especialmente en lo relacionado con el estado del extintor, la presencia de señales reflectivas funcionales y las condiciones de la llanta de repuesto cuando aplique. Sin embargo, la imposición de multas por elementos no contemplados en la ley carece de sustento normativo.

En 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa de regularización fiscal que busca incentivar a los conductores a ponerse al corriente en el pago de sus multas de tránsito.

A través de este esquema, los automovilistas pueden obtener hasta un 90 por ciento de descuento en sus infracciones, pagando únicamente el 10 por ciento del monto original.

La medida forma parte del Paquete Económico 2026 y tiene como objetivo principal facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares, además de evitar sanciones administrativas adicionales que puedan afectar trámites como la verificación vehicular, el cambio de placas o incluso la venta de un automóvil.

¿Cómo obtener el descuento del 90% en multas CDMX?

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos. En primer lugar, el vehículo debe estar registrado en la Ciudad de México y contar con multas pendientes de pago. Además, el interesado deberá liquidar el adeudo dentro del periodo de vigencia del programa, que se mantiene activo durante 2026.

El descuento no es automático en todos los casos, ya que aplica principalmente a infracciones relacionadas con tránsito y movilidad. Esto significa que no todas las multas entran en el programa, por lo que es importante verificar cada caso en el sistema oficial antes de realizar el pago.

Una vez confirmado que la infracción es elegible, el automovilista solo deberá cubrir el 10 por ciento del total de la multa, lo que representa un ahorro significativo frente a los costos habituales.

¿Qué multas no aplican para el beneficio?

Aunque el programa resulta atractivo, las autoridades han sido claras en señalar que no todas las infracciones califican para el descuento. Quedan fuera aquellas consideradas graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, participar en hechos de tránsito con personas lesionadas o incurrir en excesos de velocidad severos.

Estas restricciones buscan mantener un enfoque de seguridad vial, evitando que conductas de alto riesgo se vean beneficiadas por incentivos fiscales.

Vigencia y recomendaciones clave

El programa estará disponible durante todo el año 2026; sin embargo, autoridades recomiendan aprovecharlo lo antes posible. Esto se debe a que el retraso en el pago de multas puede generar recargos o incluso impedir la realización de trámites vehiculares obligatorios.

Entre los principales riesgos de no regularizar la situación destacan los bloqueos en procesos como la verificación vehicular, el reemplacamiento o la transferencia de propiedad del vehículo.

¿Dónde pagar las multas con descuento en CDMX?

Los automovilistas pueden realizar el pago en distintos puntos habilitados en la capital, así como en línea para mayor comodidad. Algunos de los módulos disponibles incluyen oficinas de movilidad, tránsito y kioscos de la Tesorería distribuidos en diferentes zonas de la ciudad.

No obstante, la opción más práctica sigue siendo el portal digital de la Secretaría de Finanzas, donde es posible consultar el adeudo, verificar si aplica el descuento y generar la línea de captura sin necesidad de hacer filas.

Una oportunidad para regularizar adeudos

El descuento del 90 por ciento en multas de tránsito representa una oportunidad relevante para los capitalinos que mantienen adeudos pendientes. Más allá del ahorro económico, el programa permite evitar complicaciones administrativas y mantener en regla la documentación del vehículo.

Por ello, si cuentas con infracciones sin pagar, lo más recomendable es revisar cuanto antes tu situación y aprovechar este beneficio fiscal antes de que finalice su vigencia.

Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró durante la madrugada del 27 de marzo en la intersección de la calle 94 con carrera 15, en el barrio Chicó Norte de Bogotá.

El siniestro involucró una camioneta de servicio público y un automóvil particular, y dejó una mujer fallecida y tres personas heridas, entre ellas el conductor de la camioneta, quien presenta antecedentes por multas por exceso de velocidad, según los reporte oficiales de las autoridades.

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El conductor señalado, un hombre de 28 años que manejaba la camioneta de servicio público, fue trasladado lesionado a un centro médico.

El vehículo está inscrito a nombre de José Daniel Romero Torres, empresario del sector de mantenimiento y reparación de maquinaria.

El vehículo acumula dos infracciones recientes, ambas por exceso de velocidad. La autoridad aún debe establecer si el conductor lesionado corresponde al propietario registrado, ya que la duda sobre la identidad del conductor sigue siendo el principal foco de investigación.

La colisión ocurrió poco después de las 3:00 a.m. La camioneta era conducida por el hombre de 28 años que sufrió lesiones en el tórax y el cuello.

Su acompañante, una mujer de alrededor de 27 años, falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

En el automóvil particular, un Fiat Palio, viajaban dos hombres de 50 y 27 años. Ambos resultaron heridos y debieron ser trasladados a la clínica.

El cierre de la vía en el sector se extendió durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de criminalística, mientras uno de los vehículos impactó contra un local, ocasionando daños materiales.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, sostiene que la camioneta presuntamente omitió una luz roja. Sin embargo, la causa definitiva aún se encuentra en proceso de verificación; la responsabilidad exacta sobre cuál conductor ignoró la señal está sujeta a las pruebas que continúan recopilándose.

Multas por exceso de velocidad y antecedentes del propietario

La camioneta, una Renault Kangoo modelo 2022 con SOAT vigente, registra oficialmente como propietario a José Daniel Romero Torres.

Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el empresario acumula dos sanciones por la infracción C29, ambas relacionadas con el exceso de velocidad.

La primera infracción fue el 27 de abril de 2025 en la vía La Dorada-Honda, con un valor total de $645.368 .

La segunda se impuso el 10 de marzo de 2026 en Bogotá, donde el vehículo circulaba a 64 km/h en una zona de 50 km/h; la multa ascendió a $633.200. En conjunto, el importe totaliza $1.278.568.

El propietario del automóvil particular no aparece con antecedentes de infracciones en los sistemas oficiales, según constató El Tiempo.

Investigación sobre la identidad del conductor

El punto central de la investigación es confirmar si el hombre que conducía la camioneta en el accidente es también el propietario oficial o si existió un cambio reciente de titularidad.

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Tiempo, la policía ha iniciado la revisión de cámaras de seguridad y documentos para establecer la verdadera identidad del responsable.

Las autoridades recalcan que la indagación sigue abierta y la determinación final sobre la identidad será posible una vez concluidas las verificaciones necesarias. Los esfuerzos prioritarios se centran en esclarecer si hubo traspasos recientes del vehículo, asunto clave para definir la imputación de responsabilidades.

El incremento de siniestros viales en Bogotá alarma a autoridades y expertos

Entre enero y mediados de marzo, se contabilizaron 125 personas fallecidas en accidentes viales en la ciudad, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior, según cifras citadas por City Tv.

Este dato adquiere especial relevancia al considerar que el grupo de motociclistas concentra la mayor cantidad de víctimas, con 53 muertes en ese lapso, de acuerdo con el medio televisivo ya citado.

Los peatones también sufren consecuencias graves: se registraron 47 fallecimientos, muchos de ellos en incidentes donde participaron motocicletas, camiones y autos particulares.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá enfatizó que “la corresponsabilidad de todos los actores viales es clave para reducir estas cifras,” advirtiendo que acciones individuales como exceder la velocidad o ignorar señales pueden tener desenlaces fatales, según declaraciones recogidas por City Tv.

Entre los factores identificados por expertos y autoridades figuran la imprudencia, la velocidad excesiva y el incumplimiento de normativas de tránsito como causas principales del aumento de accidentes.

Miles de conductores en Miami-Dade atraviesan un escenario inédito: la suspensión de su licencia por no pagar multas de cámaras de velocidad instaladas en zonas escolares. Desde la puesta en marcha del sistema a finales de 2024, más de 34.000 licencias quedaron inhabilitadas, según datos oficiales.

La mayoría de los afectados circulan por áreas con alta densidad escolar, donde la automatización del control de tránsito ha alcanzado su mayor despliegue. Los reportes del Miami-Dade Clerk of the Court and Comptroller’s Office, junto con memorandos públicos del condado, identifican que la política de cámaras impactó considerablemente la movilidad y el día a día de los habitantes a partir de estas suspensiones masivas.

Concentración geográfica de las suspensiones

El análisis geográfico de las suspensiones evidencia una mayor cantidad en áreas urbanas con tránsito escolar intenso. Miami Gardens sobresale en la estadística: en solo cuatro meses, 20 cámaras instaladas en escuelas generaron 80.000 infracciones, con un promedio cercano a 900 avisos diarios en días de clases. Esta cifra la ubica al tope de las ciudades afectadas, seguida por zonas no incorporadas del condado, donde la empresa operadora RedSpeed tiene más de 120 cámaras autorizadas y donde también se registra un número considerable de licencias suspendidas.

Actualmente, el sistema se encuentra en funcionamiento en más de 200 zonas escolares y continúa extendiéndose a otros municipios. Los datos oficiales muestran que, a mayor cantidad de cámaras y escuelas en un distrito, mayor es la cantidad de suspensiones observada. En barrios periféricos y en zonas rurales, la incidencia reportada es mucho menor.

Procedimiento legal de suspensión

El proceso de suspensión está reglamentado bajo lineamientos estatales. Cuando un vehículo supera en más de 16 km/h el límite legal en horario escolar, el sistema identifica la matrícula y envía una multa de USD 100 al domicilio registrado del propietario. Si el conductor no abona la infracción en un plazo de 30 días ni responde a la advertencia, el caso pasa a la vía judicial y la licencia es suspendida hasta regularizar la situación.

La ley estatal HB 657, que rige desde 2024, permite a los municipios operar estos sistemas durante toda la jornada escolar. El mecanismo se aplica al propietario del vehículo, sin importar si era el conductor al momento de la falta; la sanción recae siempre sobre el titular registrado.

Impacto económico y social

La expansión de cámaras en Miami-Dade generó una recaudación de USD 17 millones en solo ocho meses, según informes oficiales del condado. La dificultad para evitar la suspensión es uno de los principales problemas detectados entre los automovilistas.

Muchos descubren que su licencia está inhabilitada solamente cuando los detiene la policía o al intentar renovar el registro. Esto ocurre, en la mayoría de los casos, porque cambiaron de domicilio y no actualizaron su dirección en tiempo.

El abogado Leo Guerra explicó: “La falta de reacción oportuna y la omisión en la actualización de datos explican la mayoría de los casos”.

Desde la organización civil Florida Justice Center, Darrell Guilford criticó el sistema por priorizar la recaudación y no brindar suficiente acompañamiento a los conductores afectados.

Reducción de infracciones y postura oficial

Las autoridades locales afirman que la política cumple con el objetivo de reducir infracciones. En Pinecrest, la policía reportó que, tras la instalación de cámaras, el número de conductores que exceden la velocidad en zonas escolares disminuyó 35%, de acuerdo con el jefe policial Jason Cohen. También se registra un descenso en la cantidad de reincidentes.

Fuentes del condado sostienen que automatizar el control permite fiscalizar el exceso de velocidad durante toda la jornada escolar sin depender de la presencia física de patrullas o inspectores.

Recomendaciones para evitar la suspensión de la licencia

• Revisar periódicamente el estado de la licencia en el portal del Departamento de Seguridad Vial de Florida.
• Mantener actualizados los datos personales en todos los registros oficiales.
• Ante una notificación inesperada o dudas sobre la legitimidad de una multa, consultar a un abogado especializado.

No portar el kit de carretera puede convertirse en un error costoso para los conductores en Colombia, con sanciones económicas significativas durante temporadas como Semana Santa, según información obtenida por Revista Semana. Este requisito está contemplado en la ley.

La normativa establece que los conductores que no cuenten con estos elementos pueden recibir una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que representa una cifra cercana a los $875.452 en 2026.

Las autoridades insisten en que este equipo es clave para atender emergencias en carretera y prevenir riesgos durante los desplazamientos.

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Elementos obligatorios del kit de carretera

El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 30, establece la obligatoriedad de portar el kit de carretera como una medida preventiva para garantizar la seguridad vial.

Este conjunto de elementos permite a los conductores responder ante situaciones como fallas mecánicas, accidentes o emergencias durante el trayecto, facilitando la señalización y la atención inmediata del problema.

Entre los implementos exigidos se encuentran un gato para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo o luces intermitentes, un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

También se deben incluir dos tacos para bloquear el vehículo, una caja de herramientas básica con alicate, destornilladores y llaves, además de una llanta de repuesto y una linterna.

Estos elementos son considerados indispensables para minimizar riesgos en carretera, especialmente en trayectos largos o en condiciones adversas.

Multa, prevención y recomendaciones

De acuerdo con la normativa vigente, conducir sin el kit de carretera constituye una infracción que puede derivar en una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, esta sanción equivale aproximadamente a $875.452, lo que representa un impacto económico considerable para los conductores.

Más allá de la sanción, las autoridades recomiendan realizar un mantenimiento preventivo del vehículo antes de iniciar cualquier viaje, verificando el estado técnico-mecánico y asegurando que documentos como el SOAT y la revisión estén vigentes.

También se aconseja descansar adecuadamente antes de conducir para evitar riesgos asociados a la fatiga, así como evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas al volante.

En cuanto al extintor, uno de los elementos clave del kit, se recomienda revisar su estado periódicamente. Aunque su vida útil puede variar entre cinco y diez años, en Colombia es obligatorio mantenerlo en condiciones óptimas y realizar recargas cuando sea necesario.

Factores como el almacenamiento o el paso del tiempo pueden afectar su funcionamiento, reduciendo su efectividad en caso de emergencia.

Durante temporadas de alta movilidad como Semana Santa, las autoridades intensifican los controles en carretera, por lo que portar el kit completo no solo es una obligación legal, sino una medida esencial para garantizar la seguridad propia y la de otros usuarios de la vía.

En este contexto, cumplir con los requisitos exigidos por la ley se convierte en una acción clave para evitar sanciones y enfrentar de manera adecuada cualquier eventualidad durante los desplazamientos.

El uso de cámaras en cascos de motociclistas ha generado dudas legales entre conductores en Colombia, ante la posibilidad de recibir sanciones por portar estos dispositivos. La inquietud se reavivó tras advertencias en redes sociales sobre posibles multas y la inmovilización de vehículos, vinculadas a la interpretación de la Resolución 23385 de 2020 del Ministerio de Transporte y la normativa nacional vigente.

La legislación colombiana establece reglas estrictas sobre el uso adecuado del casco protector en motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos. Aunque la norma no menciona expresamente las cámaras, sí fija condiciones técnicas que buscan garantizar la seguridad de los usuarios.

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De acuerdo con la resolución, tanto conductores como acompañantes deben portar el casco correctamente, asegurando que la cabeza esté totalmente inmersa y que el sistema de retención se encuentre bien ajustado bajo la mandíbula. También prohíbe el uso de cascos con fisuras o broches incompletos.

En relación con dispositivos electrónicos, el texto legal indica que “no podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se interpongan entre la cabeza y el casco”, salvo cuando se utilicen con accesorios de manos libres. Si bien la disposición se refiere principalmente a elementos internos, su interpretación se ha extendido al uso de dispositivos externos como cámaras tipo GoPro.

La clave está en que la resolución no prohíbe de manera directa el empleo de cámaras en el casco, pero sí advierte que cualquier accesorio que comprometa la integridad, ajuste o seguridad del casco podría ser objeto de revisión por parte de las autoridades de tránsito. Por tanto, la legalidad de llevar una cámara depende de si su instalación afecta o no el funcionamiento de protección básico que debe ofrecer el casco.

El debate sobre cámaras en cascos de motociclistas surge porque la normativa colombiana no menciona de forma explícita estos dispositivos. Si bien la Resolución 23385 de 2020 establece que no se deben portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos entre la cabeza y el casco —excepto si se usan con accesorios de manos libres—, la interpretación aplicada por las autoridades puede variar. En la práctica, el uso de cámaras generalmente se permite, siempre que estén fijas y no interfieran con la seguridad del casco ni con la protección del conductor.

¿Pueden multar a un motociclista por tener cámara en el casco?

La posibilidad de recibir una multa depende de la valoración que haga la autoridad de tránsito durante un control. Si el dispositivo está bien instalado, no altera la estructura ni disminuye la eficacia del casco, y no representa riesgo para el motociclista, en principio no debería ser motivo de sanción. Sin embargo, si el accesorio afecta la fijación, el ajuste o la integridad del casco, el agente podría considerar que se incumple la resolución y aplicar una sanción.

El régimen sancionatorio remite al Código Nacional de Tránsito, donde las infracciones por uso inadecuado del casco corresponden a una multa tipo C, equivalente a 15 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (smldv), que en 2026 representa aproximadamente $711.750 pesos. Además de la sanción económica, en casos graves podría ordenarse la inmovilización del vehículo.

La resolución también señala que, en cascos con cubierta facial inferior móvil (abatibles o modulares), esta debe ir siempre cerrada y asegurada durante la circulación, reforzando el enfoque de protección total.

Enfoque de seguridad y responsabilidad

Las disposiciones sobre el uso del casco tienen un sustento técnico: el uso adecuado reduce el riesgo de lesiones graves en un 72% y disminuye la probabilidad de muerte en accidentes de motociclistas en un 39%. Por este motivo, la prioridad de la norma es preservar la vida y evitar prácticas que puedan comprometer la seguridad del conductor y su acompañante.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomiendan que los motociclistas verifiquen la correcta instalación de cualquier accesorio y acaten las directrices de la resolución para evitar sanciones y proteger su integridad.

Reglas complementarias y alcance de la norma

El cumplimiento de la Resolución 23385 de 2020 es de carácter nacional y su vigilancia corresponde a las autoridades de tránsito en cada jurisdicción, quienes deben estar capacitadas para interpretar y aplicar las disposiciones vigentes. También es obligatorio que la ciudadanía reciba información clara y campañas pedagógicas sobre las normas de seguridad vial.

En medio de la creciente presión social derivada de las sanciones económicas aplicadas a conductores que atraviesan el Río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey, legisladores de ambos estados presentaron una propuesta de reforma legal dirigida a limitar las multas excesivas asociadas al sistema E-ZPass.

El anuncio se realizó el viernes en una conferencia de prensa en Pier 45, Manhattan, donde se expuso la meta de limitar los cargos administrativos desproporcionados de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y brindar un alivio real a los usuarios habituales del corredor

La propuesta, articulada entre la senadora estatal de Nueva York Mónica Martinez y el asambleísta de Nueva Jersey Paul Kanitra, propone que los conductores que acumulen menos de dos violaciones en un período de 90 días solo abonen el importe original del peaje, excluyendo tanto la tasa fija como el cargo administrativo adicional, que actualmente alcanza los USD 50.

La reforma eliminaría recargos para quienes cometan hasta una infracción en un plazo de noventa días, limitando el pago al valor base.

Así, los conductores pasarían de pagar hasta USD 66,79 por una infracción ocasional a solo USD 16,79, una diferencia que apunta a evitar sanciones desproporcionadas ante errores puntuales o fallas del sistema, manteniendo las penalizaciones frente a la evasión reiterada.

Según datos oficiales, entre julio de 2020 y julio de 2025 se registraron más de 7.000.000 de infracciones por impago de peajes solo en Nueva Jersey, de acuerdo con los registros de la Legislatura estatal.

Este volumen revela que los recargos afectan de manera masiva y recurrente a los automovilistas: muchos han recibido entre dos y cuatro avisos en ese período, lo cual sugiere que la mayoría no actúa con ánimo de evasión, sino que enfrenta circunstancias excepcionales o errores aislados en el sistema de pago.

El impacto financiero de los recargos en Nueva Jersey

De acuerdo con la información proporcionada por los legisladores, entre julio de 2020 y julio de 2025 se reportaron más de 7.000.000 de infracciones por impago de peajes en Nueva Jersey.

El análisis de las autoridades muestra que, en promedio, cada infractor fue notificado entre dos y cuatro veces, reforzando la presunción de que muchos sancionados no son evasores sistemáticos, sino usuarios afectados por contratiempos puntuales o fallos involuntarios en el sistema de cobro.

El recargo de USD 50 por cada infracción bajo el sistema E-ZPass multiplica el costo original y puede constituir, en pocos meses, un gasto considerable para familias que dependen diariamente de los cruces inter-estatales.

Los cálculos de los autores de la reforma evidencian que la acumulación de estos cargos incide directamente en el presupuesto de decenas de miles de hogares de Nueva York y Nueva Jersey que transitan el corredor por motivos laborales o personales.

Actualmente, el monto total que pagan los conductores afectados por una infracción supera ampliamente el valor inicial del peaje. Si un vehículo de pasajeros de dos ejes cruza el Hudson y no realiza el pago con E-ZPass, la Autoridad Portuaria impone un cargo de USD 66,79, de los cuales solo USD 16,79 corresponden al peaje real.

El resto corresponde, fundamentalmente, al cargo administrativo, a la tarifa denominada de “nivel intermedio” y otras tasas asociadas.

La senadora Martínez cuestionó abiertamente este esquema de recargos, y señaló: “Los conductores no deberían verse obligados a pagar una tasa administrativa a un ‘troll de los peajes’ cada vez que cruzan entre Nueva York y Nueva Jersey”.

Agregó que las sanciones actuales perjudican especialmente a quienes cometen un error ocasional, y remarcó que la legislación propuesta los protege a ellos y a todos los automovilistas que cruzan el Hudson, ya que permitirá reducir el costo de viajar entre los dos estados.

Por su parte, el asambleísta Kanitra manifestó confianza en obtener un respaldo bipartidista para la medida: “Durante demasiado tiempo, los buenos conductores de Nueva York y Nueva Jersey han tenido que pagar multas ridículas debido a las acciones de unos pocos evasores de peajes.

Espero que los representantes de ambos partidos acompañen este proyecto”, indicó Kanitra, citado por medios especializados en transporte regional.

Transparencia y control: las nuevas exigencias al sistema de peajes

El proyecto de ley incorpora una cláusula de transparencia obligatoria para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y las restantes agencias responsables de la gestión de peajes.

Estas deberán emitir anualmente un informe público detallado que especifique el número de infracciones emitidas, la frecuencia de reincidencia, los ingresos obtenidos por recargos y una comparación histórica de las tasas de infracción, con el objetivo de garantizar acceso a la información y monitorear la evolución del sistema.

La iniciativa también prevé la creación de una Fuerza de Tarea para la Reducción de Peajes y Tarifas de Nueva York y Nueva Jersey, integrada por doce representantes de ambos estados.

Este grupo evaluará de forma independiente los procedimientos actuales de cobro y propondrá reformas orientadas a la eficiencia y a la reducción de los cargos administrativos, para disminuir el monto final que pagan los automovilistas por el uso del corredor del Hudson.

Un debate con impacto regional y proyección nacional

El debate sobre la reforma del sistema E-ZPass ha adquirido relevancia en el área metropolitana de Nueva York, donde el tránsito inter-estatal resulta fundamental para la economía regional.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, aproximadamente 300.000 vehículos cruzan diariamente el Hudson utilizando el sistema de peaje electrónico, lo que convierte este corredor en uno de los más transitados de Estados Unidos.

La magnitud de los ingresos generados y la frecuencia de las sanciones ha motivado el interés de organizaciones de consumidores y grupos de usuarios, que reclaman mayor transparencia y un esquema de penalizaciones acorde a la realidad de los conductores habituales.

La propuesta legislativa avanza en ambas cámaras estatales. Mientras tanto, la atención mediática ha situado la revisión de las multas y cargos administrativos en el centro de la agenda pública, lo que podría impulsar reformas en otros estados con sistemas de cobro similares.

Las cámaras privadas de control de velocidad instaladas en zonas escolares del condado de Miami-Dade han transformado el panorama de la seguridad vial desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024.

Según información publicada por Miami Herald, en solo ocho meses estos dispositivos registraron aproximadamente 252.000 infracciones por exceso de velocidad, lo que derivó en aproximadamente 252.000 multas y una recaudación superior a los USD 25 millones.

El sistema automatizado, gestionado por la empresa especializada en sistemas de control vial RedSpeed, opera actualmente más de 120 cámaras en diferentes instituciones educativas del condado y se encuentra en fase de expansión; se prevé la instalación de nuevas unidades en los próximos meses, lo que podría incrementar considerablemente el número de sanciones emitidas.

En términos económicos, cada multa impuesta equivale a USD 100. Miles de conductores han visto suspendidas sus licencias debido al impago de las sanciones.

De acuerdo con Miami Herald, la suspensión implica la imposibilidad de conducir legalmente en el estado de Florida y puede afectar la vida laboral y la rutina familiar de los afectados, quienes enfrentan desde la restricción para desplazarse a sus empleos hasta la limitación de actividades cotidianas esenciales.

La administración del condado argumenta que la implementación de las cámaras constituye una estrategia para reducir la velocidad en entornos escolares y minimizar el riesgo de accidentes con menores involucrados.

Según la Oficina de Seguridad Vial de Florida, autoridad estatal en materia de tránsito, en 2023 se registraron más de 1.400 incidentes viales en zonas escolares del estado, de los cuales el condado de Miami-Dade concentró el 17%. La introducción de tecnología automatizada responde a la necesidad de reforzar el cumplimiento normativo y proteger a la población escolar.

Cómo se gestiona el sistema de multas y qué ocurre ante el impago

El proceso de imposición y notificación de sanciones se realiza de manera completamente automatizada. Cuando la cámara detecta un vehículo por encima del límite permitido en una zona escolar, se genera una infracción que se notifica al propietario del automóvil.

La multa de USD 100 debe ser abonada en un plazo determinado; de no hacerlo, se activa un procedimiento administrativo que puede concluir con la suspensión de la licencia de conducir.

Las autoridades han destacado que la suspensión no solo implica la prohibición de conducir, sino que también puede derivar en la acumulación de recargos y en la imposibilidad de renovar documentos oficiales.

Según la División de Vehículos Motorizados de Florida, quienes busquen rehabilitar su licencia deben cancelar todo el monto adeudado y cumplir con los requisitos legales vigentes.

El proveedor del servicio, RedSpeed, señaló que el programa incorpora mecanismos de revisión para impugnaciones y errores de identificación de placas vehiculares, aunque el margen de error reportado se mantiene inferior al 1%.

Agregó que la expansión de la red priorizará escuelas con alto flujo vehicular y antecedentes de incidentes.

Reacciones y debate público en Miami-Dade

Miami Herald ha lanzado una convocatoria pública a los residentes del condado que hayan recibido notificaciones de suspensión de sus licencias a consecuencia del impago de multas por exceso de velocidad en zonas escolares.

El medio habilitó un formulario de contacto que garantiza la confidencialidad de los datos y solo empleará la información con el consentimiento expreso de los participantes, en el marco de una próxima investigación periodística.

Las organizaciones sin fines de lucro locales y asociaciones de padres respaldaron la medida, argumentando que la presencia de cámaras disuade conductas peligrosas y protege a los estudiantes.

Sectores críticos han planteado dudas sobre la equidad del sistema y su impacto sobre familias de bajos recursos, quienes serían las más afectadas por sanciones acumulativas y la posible pérdida de la licencia de conducir.

Según la oficina del alcalde de Miami-Dade, el propósito principal del programa es promover el respeto a los límites de velocidad y reducir la tasa de accidentes en zonas escolares.

El condado anunció que evaluará periódicamente el desempeño del sistema y considerará modificarlo según los resultados obtenidos y las demandas ciudadanas.

Perspectivas y próximos pasos en la seguridad vial escolar

La automatización del control de velocidad en zonas escolares ha implicado nuevas dinámicas en materia de seguridad pública y repercusiones económicas para los conductores sancionados.

Varios distritos escolares de Florida y de Estados Unidos estudian el caso de Miami-Dade ante desafíos análogos de seguridad vial infantil.

Especialistas en tránsito consultados por la revista Traffic Technology International señalaron que la implementación de sistemas automatizados como el de RedSpeed favorece una fiscalización más eficiente y sostenida, pero subrayaron la importancia de acompañar estas medidas con campañas de concientización y programas de apoyo para los conductores afectados.

El programa de cámaras seguirá expandiéndose durante 2026, con nuevas instalaciones previstas en escuelas seleccionadas por alta incidencia de infracciones.

Las autoridades locales y los medios de comunicación mantendrán un monitoreo continuo sobre el impacto de la iniciativa y la evolución del número de multas, mientras la comunidad analiza los alcances de esta política de control automatizado.

Los cuestionamientos hacia el filtro de candidatos persisten. En plena campaña electoral, se reportó que al menos diez candidatos al Congreso acumulan más de S/170.000 en papeletas de tránsito, la mayoría por infracciones asociadas al transporte colectivo informal en Lima y Callao. Estos postulantes, pertenecientes a distintas agrupaciones políticas, buscan un escaño mientras proponen eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad encargada de fiscalizar el transporte en la capital.

Según el programa Punto Final, el análisis de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, en conjunto con información de la ATU y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), permitió corroborar la propiedad de diversos vehículos entre los aspirantes. Muchos de estos autos tienen papeletas por prestar servicio de taxi colectivo, modalidad prohibida en Lima y Callao.

Al menos diez candidatos al Congreso registran deudas superiores a S/170.000 en multas de tránsito, principalmente por operar vehículos en el transporte colectivo informal en Lima y Callao. Las sanciones fueron confirmadas por la Autoridad de Transporte Urbano y el Servicio de Administración Tributaria, que identificaron a postulantes con vehículos sancionados bajo la modalidad de taxi colectivo, una práctica ilegal en la capital.

Entre los casos más notorios figura Manuel Salas, candidato a diputado por Renovación Popular en el Callao. De acuerdo con la ATU, sus vehículos acumulan S/33.000 en deudas por infracciones. Consultado sobre su situación, Salas señaló: “Soy amante de los vehículos. ¿Qué te puedo decir?”. Respecto a las papeletas, afirmó que “al tener varias unidades vehiculares, presto mis vehículos” y negó dedicarse al colectivo informal. Añadió: “Eso es mentira, eso no es una infracción, eso no es una multa. Podrá ser una infracción, ¿no? Un acta de fiscalización, seguramente, y sin justa razón”.

El caso de Silvia Neira Villanueva, candidata al Congreso por Podemos Perú para peruanos en el extranjero, también destaca. Neira, cirujana dentista y propietaria de un centro médico, declaró la propiedad de 49 vehículos. Según la ATU, sus autos suman más de S/61.000 en multas; el SAT elevó la deuda total por infracciones a más de S/111.000. Consultada por la prensa, sus asesores comunicaron que no dará entrevistas.

Por su parte, William Gutiérrez, candidato a diputado por Somos Perú, no solo integra el listado, sino que reconoció públicamente buscar el respaldo de los colectiveros. “Yo no podría autodenominarme como el candidato de los colectivos, sino espero que ellos tomen a bien, a lo largo de estos años, el apoyo que les he venido dando”, manifestó. Según Punto Final, Gutiérrez registra más de S/38.000 en papeletas; explicó que la minivan que declaró suma más de S/27.500 en multas.

“El vehículo yo me he desprendido ya hace buen tiempo de ese carro. Sigue a mi nombre, claro, pero está en provincia, hasta donde tengo entendido, en Yurimaguas”, mencionó. Sobre el monto adeudado, indicó: “Ya está por prescribir, si no están prescritas las papeletas” y admitió que la minivan se empleaba para colectivo: “Sí, se hacía colectivo. El negocio es rentable y tenía una serie de vehículos que alquilaba para ese rubro”. Respecto a la ATU, expresó su apoyo a la eliminación de la entidad: “Tiene que desaparecer”.

La mayoría de las infracciones atribuidas a estos candidatos se relaciona con el uso de vehículos para transporte colectivo no autorizado. El coronel en retiro Franklin Barreto, de la Policía Nacional del Perú, advirtió: “Estas personas que pretenden ocupar cargos públicos y que se sirven de, de todo este marco de impunidad que hay y le pretenden dar legalidad justamente a un negocio, que en este caso, como de una persona que tiene una flota de vehículos destinado a un tipo de transporte que es ilegal y que no solamente es perjudicial para todo el sistema, sino que es un grave riesgo para la integridad, para la seguridad de las personas”.

Inscripción sin consentimiento

El reportaje también expone el caso de José Leandro Palomino, inscrito como candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde para Madre de Dios, quien sostiene que fue postulado sin su consentimiento. Su esposa confirmó que no tiene vínculos con esa región y reside en Lima.

Palomino declaró por teléfono: “Yo no he postulado a nada”. Frente a esta afirmación, el líder del partido, Álex Gonzales, respondió: “Todos los candidatos del partido se han inscrito de acuerdo a ley”.

El abogado y especialista en temas electorales, José Tello, sostuvo que “existe una enorme precariedad en las organizaciones políticas que hacen esto, porque ya es un nivel que, repito, ya no es informalidad, el bajo nivel de institucionalidad, sino hablamos de la transgresión de la ley”.

En el Perú, los conductores que no ceden paso a los bomberos y otros vehículos de emergencia arriesgan una sanción económica inmediata, según lo estipula el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta norma, de cumplimiento obligatorio en todo el país, protege el desplazamiento ágil de las unidades de auxilio en situaciones críticas, y su desconocimiento puede derivar no solo en multas.

La reincidencia en la negativa a ceder el paso constituye una infracción frecuente en Lima, que compromete la seguridad de los bomberos y de la ciudadanía. Todo conductor debe saber que, ante la presencia de señales audibles y visibles de un vehículo de emergencia, es obligatorio ubicarse en el carril derecho y detenerse o disminuir la marcha, especialmente en las intersecciones. El incumplimiento de esta regla, además de poner en peligro vidas, afecta la eficacia de la respuesta ante emergencias.

El brigadier Jaime Palacios, jefe de la 24 comandancia departamental Lima Sur, indica que muchos automovilistas insisten en ignorar las señales de los bomberos, y algunos incluso buscan adelantar tras los camiones para avanzar en el tráfico, ubicándose en zonas de riesgo. Palacios recalca que estas conductas pueden derivar en accidentes graves y en sanciones que afectan tanto el récord del conductor como su capacidad para seguir manejando legalmente.

¿Cuánto es la multa por no ceder el paso a vehículos de emergencia?

Según el Reglamento Nacional de Tránsito, la sanción por impedir el paso a bomberos, ambulancias o patrulleros —siempre que circulen con sirena y luces encendidas— equivale al 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, una multa de S/ 660. Además, la infracción suma de 90 puntos negativos al historial del conductor, lo que puede resultar en la suspensión de la licencia en caso de reincidencia.

Este castigo económico no solo busca sancionar, sino disuadir hábitos que obstaculizan la labor de auxilio, y subraya la importancia de respetar la prioridad de paso. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es esencial para garantizar la llegada oportuna de los servicios de emergencia, y el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad al infractor.

Para evitar la multa y contribuir a la seguridad pública, los conductores deben estar atentos a las señales de emergencia y actuar con rapidez: ubicarse en el carril derecho, detenerse si es necesario y nunca intentar seguir o adelantar a las unidades de emergencia.

Camión de bomberos realizó maniobra para esquivar a vehículo particular en el Metropolitano

Un incidente reciente en la vía exclusiva del Metropolitano, en Chorrillos, demuestra las consecuencias de la imprudencia al volante. Un camión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo que ejecutar una maniobra de emergencia para evitar chocar con un automóvil particular que irrumpió sin advertir la presencia del vehículo de auxilio, pese a las sirenas y luces encendidas.

El video del hecho, difundido por medios locales, muestra la rapidez y precisión con la que el conductor del camión evitó una tragedia. El brigadier Palacios señala que la formación en manejo defensivo y la experiencia de los bomberos fue crucial: “Nuestros conductores están preparados para reaccionar y proteger la vida humana en situaciones límite”.

El auto intentó adelantar y cruzar la vía exclusiva, desconociendo la obligación de detenerse. No es un caso aislado: Palacios ha reportado que otros vehículos han colisionado con la parte trasera de los camiones de bomberos por intentar seguirlos o no respetar la distancia. Considerando que estas unidades pueden pesar hasta 35 toneladas, cualquier impacto representa un alto riesgo.

La capacitación de los conductores de bomberos, tanto voluntarios como personal contratado por la Intendencia Nacional de Bomberos, incluye cursos de manejo defensivo específicos para anticipar maniobras peligrosas de terceros y reducir los daños en caso de emergencia.

Respetar el paso de los vehículos de emergencia es una responsabilidad ciudadana que evita sanciones, promueve la seguridad vial y contribuye al bienestar colectivo. Facilitar su labor puede marcar la diferencia en la atención rápida de una emergencia.

En Estados Unidos, el sistema de puntos en la licencia de conducir es una herramienta controlada por las autoridades estatales para sancionar infracciones de tránsito y monitorear el comportamiento de los conductores a lo largo del tiempo.

Acumular más puntos de los permitidos puede traducirse en multas elevadas, incremento en la prima del seguro o incluso suspensión de la licencia, lo que exige que los conductores sigan de cerca su historial y adopten medidas para evitar sanciones mayores, según detalla La Opinión.

En el país, los sistemas de puntos difieren significativamente según el estado. Cada vez que un conductor es sancionado por exceso de velocidad, desobediencia de señales de tránsito o conducción temeraria, se suman puntos a su historial. El número de puntos por infracción y el umbral que puede llevar a consecuencias más graves dependen de la normativa vigente en cada estado, según La Opinión.

Cuando un conductor alcanza un número elevado de puntos en un periodo determinado, el departamento local de vehículos motorizados puede imponer sanciones adicionales. Entre ellas se incluyen multas más altas, un aumento en el costo del seguro o la suspensión temporal de la licencia. En algunos estados, las autoridades notifican al conductor cuando se acerca a un límite crítico de puntos o si la licencia corre el riesgo de suspensión.

Además del objetivo de evitar sanciones, mantener un historial de manejo libre de puntos permite acceder a tarifas de seguro de automóvil más bajas. La Opinión destaca este beneficio para quienes conducen con precaución y cumplen con la ley.

¿Cómo consultar el historial de manejo y puntos acumulados?

Los conductores pueden revisar su historial de conducción y verificar cuántos puntos tienen a través de varios mecanismos. El método más utilizado consiste en solicitar una copia del registro en el sitio web oficial del departamento de vehículos motorizados de su estado. Para hacerlo en línea, se debe proporcionar información básica como el número de licencia de conducir y la fecha de nacimiento.

Otra opción es acudir personalmente a una oficina estatal del departamento o realizar la solicitud por correo postal. Los registros entregados incluyen las infracciones cometidas, las multas asociadas y los puntos acumulados en la licencia. Dependiendo del estado, se puede requerir el pago de una tarifa administrativa.

Revisar periódicamente estos documentos permite a los conductores detectar posibles errores, infracciones no reconocidas o acumulaciones de puntos que impacten su situación como titulares de una licencia válida.

Algunos estados envían notificaciones cuando el puntaje alcanza niveles críticos. Recomiendan a los conductores atender con regularidad la correspondencia oficial relacionada con su licencia para actuar rápidamente si hay riesgo de sanción o suspensión, como indica La Opinión.

Opciones para reducir puntos y evitar sanciones mayores

Para evitar complicaciones relacionadas con el sistema de puntos, es fundamental mantener un comportamiento responsable al manejar y respetar las normas de tránsito. No obstante, en ciertos estados, inscribirse en cursos de conducción defensiva es una posibilidad para disminuir la cantidad de puntos reflejados en el historial.

Estos cursos, validados por los departamentos de vehículos motorizados, ofrecen a los conductores la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre educación vial y reducir el riesgo de futuras sanciones. Esta combinación de control constante del historial, atención a la correspondencia oficial y educación continua resulta esencial para conservar una licencia activa y un perfil de seguro competitivo en el sistema vial de Estados Unidos.

El valor de las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires sufrió un ajuste semestral que elevó el importe de las infracciones más comunes a cifras cercanas a los $100.000, resultado de una nueva actualización que entró en vigor el 3 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de este año.

Este incremento de la Unidad Fija (UF), parámetro que regula los montos, responde al aumento del precio de la nafta premium y supera la inflación registrada en el mismo período, consolidando un sistema que penaliza especialmente las conductas que más riesgo implican en la vía pública, como el exceso de velocidad o el uso del celular.

El nuevo valor de la Unidad Fija y su impacto en las multas habituales

Desde marzo, cada Unidad Fija se ubicó en $949,99, cifra que representa un incremento del 19 % respecto del período anterior. En la actualización anterior, la UF había sido de $798,51. Este ajuste semestral está previsto por ley y replica directamente las variaciones del precio del combustible de alta gama en las estaciones del Automóvil Club Argentino.

El resultado inmediato es que las infracciones más frecuentes experimentaron subas proporcionales. Por mal estacionamiento, la multa llegó a $94.999, mientras que obstruir rampas para personas con discapacidad se sanciona con $284.997. Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus conlleva una multa de $142.498,50.

La infracción más frecuente continúa siendo el exceso de velocidad, principal causa de siniestros viales fatales en la Ciudad. Por superar el límite en hasta 20 km/h en calles y avenidas, o hasta 40 km/h en vías rápidas, el conductor debe abonar $66.499,30. Si la violación es mayor, la sanción asciende hasta $3.799.960, de acuerdo con el grado de la falta.

Uso del celular, semáforos y tecnología para el control

El uso de teléfonos móviles al volante se encuentra entre las faltas más penalizadas tras la digitalización de las verificaciones. Usar el teléfono cuesta $94.999, y el monto se duplica a $189.998 si el conductor envía mensajes de texto.

Además, 100 cámaras especializadas detectan este tipo de infracciones gracias a un software que permite analizar la imagen dentro del vehículo. Estas cámaras, instaladas desde el año anterior, permiten además fiscalizar excesos de velocidad y otros desvíos, con un total de 215 dispositivos activos.

Las multas por violar semáforos en rojo parten de $284.997 y pueden llegar hasta $1.424.985 según las circunstancias y antecedentes del conductor. También se consideran infracciones conducir sin licencia o con el vidrio polarizado, ambas sancionadas con $47.499,50.

Otra infracción calificada como grave es adulterar o tapar la patente para evadir controles, penalizada con $949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

El no uso del cinturón de seguridad se paga con $94.999, mientras que contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida implica el mismo costo. No realizar el grabado de autopartes, requisito para la VTV, suma una multa de $142.498,50.

Cómo saber si tengo infracciones

Para quienes deseen verificar si poseen multas pendientes en CABA, existen dos alternativas. La primera es acudir personalmente a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el documento nacional de identidad o el número de patente del vehículo.

La segunda opción es realizar la consulta en línea: se debe ingresar a la página de Consulta de infracciones de tránsito y scoring del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introducir el número de DNI o la patente, seleccionar la opción “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.

En el portal digital, el usuario puede visualizar el monto a abonar y el detalle de cada infracción, así como los puntos disponibles en su licencia. Si no existen multas, es posible descargar un certificado de libre deuda mediante el botón “Descargar libre deuda” que aparece al final de la página.

Con respecto al pago de las infracciones, puede efectuarse en línea o de manera presencial. Para esta última modalidad, se debe imprimir la boleta de pago y abonar en el Banco Ciudad o en sucursales de Pago Fácil, RapiPago o BaproPagos. Los pagos presenciales se acreditan en un plazo de 96 horas, y la acreditación es indispensable para tramitar el certificado de libre deuda.

Cruzar un semáforo en rojo en Nueva York puede resultar en sanciones económicas considerables para los conductores. De acuerdo al sitio web oficial del gobierno municipal de la ciudad de Nueva York, las cámaras de semáforo en rojo instaladas en diversos cruces buscan disminuir las infracciones y fortalecer la seguridad vial.

Cuando un vehículo es captado por estos dispositivos al cruzar con luz roja, el propietario registrado recibe una Notificación de Responsabilidad (NOL) por correo, habitualmente en un plazo máximo de 30 días tras la infracción.

El sistema impone una multa de USD 50 por cada violación captada por las cámaras. Si alguno de estos dispositivos presenta fallos o daños, el NYC DOT, organismo municipal responsable del tránsito, asume la revisión y corrección de la situación en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción de la denuncia.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), autoridad policial de la ciudad, también puede emitir sanciones al momento por cruzar con semáforo en rojo; en ese caso, la infracción se clasifica como una falta en movimiento. Las instrucciones para pagar o impugnar este tipo de multas se encuentran impresas en el reverso de la notificación que entrega la policía.

Cómo informar problemas con las cámaras de semáforo

Para informar problemas con las cámaras, los usuarios pueden contactar al NYC DOT de forma digital o por correo. Dirección postal del NYC DOT:55 Water Street, 9th Floor, New York, NY 10041

Cuántos puntos se restan de la licencia por pasar un semáforo en rojo

Además de la multa económica, una infracción de semáforo en rojo en Nueva York añade 3 puntos a su historial de conducción. Acumular 11 o más puntos en su licencia en un plazo de 18 meses puede resultar en la suspensión de la misma, lo que puede afectar significativamente su vida diaria. La acumulación de puntos

Maneras de evitar multas en la Ciudad de Nueva York

Si bien las multas de luz roja pueden ser difíciles de combatir, existen varias defensas válidas:

• Obstrucción del dispositivo de control de tráfico: Si árboles, obras u otros obstáculos bloquean su visión del semáforo, esto podría servir como defensa. Documente la obstrucción con fotos si es posible.
• Respuesta de vehículos de emergencia: es posible que tenga una defensa si se movió a través de la intersección para permitir el paso de un vehículo de emergencia con sirenas activas.
• Mal funcionamiento del equipo: Las cámaras de tráfico ocasionalmente fallan o capturan datos incorrectos. Solicite los registros de mantenimiento y los documentos de calibración de la cámara que emitió la multa.
• Tiempo de luz amarilla: La ley del estado de Nueva York exige que las luces amarillas permanezcan en amarillo durante un tiempo mínimo según el límite de velocidad. Si el tiempo de luz amarilla es demasiado corto, la multa podría ser invalidada.
• Señales de advertencia faltantes: Nueva York exige señalización adecuada para advertir a los conductores sobre las cámaras de luz roja. La ausencia de la señalización requerida puede ser motivo de despido.

Las cámaras de velocidad en zonas escolares de Florida pueden emitir multas de USD 100incluso cuando las luces amarillas no están intermitentes, lo que ha generado confusión entre conductores y ha impulsado un debate legislativo sobre el funcionamiento de estos dispositivos.

Este escenario se debe a una ley estatal sancionada en 2024, cuyo objetivo es reforzar la seguridad vial en el entorno escolar. La interpretación frecuente entre los automovilistas sostiene que las luces amarillas parpadeantes marcan el inicio y la vigencia de la reducción de velocidad, pero este supuesto no se ajusta al marco legal vigente en Florida.

El jefe de policía de Pinecrest, Jason Cohen, quien coordinó la puesta en marcha de una de las primeras zonas escolares con cámaras de velocidad en Miami-Dade tras la legalización de estos sistemas en 2024, detalló a Miami Herald: “El mayor error es pensar que las luces definen la zona escolar”. Precisó que en realidad lo determinante son las señales de tráfico.

Las normas estatales exigen que una señal de tránsito identifique la proximidad de una zona escolar, en la que el límite de velocidad se reduce a 24 km/h (15 mph) durante los horarios de entrada y salida de estudiantes. En esos periodos es común que las luces amarillas indiquen la restricción temporal, aunque la ley no obliga a que estén presentes ni activas.

Por tanto, la ausencia de iluminación intermitente no exime a los conductores del cumplimiento de la normativa.

En la práctica, muchas escuelas carecen de luces intermitentes, lo que incrementa el desconcierto entre los conductores.

Según datos recientes, la mayoría de las infracciones captadas por las cámaras de velocidad ocurre fuera de los horarios tradicionales de entrada y salida escolar, momentos en los que el límite de velocidad se restablece al habitual y las luces, de existir, permanecen apagadas.

Funcionamiento actual de las cámaras y experiencia ciudadana

Los sistemas de cámaras, gestionados por empresas privadas mediante convenios con municipios, pueden operar durante toda la jornada escolar.

Esto implica que cualquier vehículo que supere el límite de velocidad mientras haya actividad educativa puede ser sancionado, sin importar si las luces amarillas intermitentes están encendidas o no.

Numerosos conductores asumen erróneamente que la ausencia de señalización luminosa implica la ausencia de controles automatizados, lo que incrementa el riesgo de recibir sanciones inesperadas.

Un caso ilustrativo es el de Scott Weinkle, arquitecto de Sunny Isles Beach, quien relató a Miami Herald haber recibido dos multas por exceso de velocidad en zonas escolares de Miami-Dade pese a no haber visto luces encendidas. “Simplemente seguía mi camino, sin ir más rápido ni más lento que los demás”, expuso, reflejando la confusión generalizada entre los usuarios de la vía.

Propuesta de reforma para limitar el uso de cámaras en zonas escolares

La ambigüedad en la señalización ha llevado a la asamblea legislativa estatal de Florida a considerar modificaciones al sistema. El senador estatal Nick DiCeglie, republicano por St. Petersburg, impulsa un proyecto de ley que limitaría el uso de cámaras de velocidad exclusivamente a los periodos de entrada y salida escolar, y solo cuando alguna luz amarilla en las inmediaciones se encuentre activa.

De aprobarse la reforma, la utilización de cámaras se alinearía con la percepción mayoritaria de los conductores, quienes sostienen que la regulación de velocidad debería estar acompañada siempre de una advertencia visual clara. Esta iniciativa reflejaría una interpretación que muchos creían vigente, aunque las estadísticas demuestran lo contrario.

La agencia policial condal Oficina del Sheriff de Miami-Dade aportó datos que muestran una cantidad significativa de infracciones fuera de los horarios considerados críticos.

El sargento Eduardo Pares, responsable del programa de cámaras en el condado, confirmó a Miami Herald: “La velocidad máxima hasta ahora ha sido de 157 km/h (98 mph)”, un registro que supera ampliamente los límites legales y refuerza la preocupación sobre la seguridad escolar.

Opiniones divididas entre residentes y padres sobre la automatización del control

El endurecimiento de los controles en zonas escolares ha provocado un debate abierto entre los residentes y padres de estudiantes de la región. Una parte de la comunidad respalda las medidas preventivas, priorizando la seguridad de los niños. “Vivo al lado de una escuela sin cámara y veo coches pasar a toda velocidad todos los días”, compartió un lector en una carta enviada a Miami Herald.

Otra residente de Miami señaló: “La vida de un niño vale más que los pocos segundos que se podrían ahorrar si no existieran las zonas de tránsito”. Estas voces mencionan el apoyo a la vigilancia automatizada, percibida como una herramienta eficaz para reducir la velocidad y proteger a los estudiantes.

No obstante, entre los detractores persiste la sensación de incertidumbre respecto a los criterios de sanción, especialmente ante la ausencia de luces intermitentes. Muchos aseguran que el sistema actual genera multas por desconocimiento, sin ofrecer advertencias claras, lo que consideran una situación injusta para quienes transitan habitualmente por estas áreas.

Seguridad vial en zonas escolares: datos y argumentos regulatorios

Los responsables policiales remarcan que el peligro asociado al exceso de velocidad en entornos escolares es real. La base de datos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade documenta que varios automovilistas han superado ampliamente el límite permitido en horario escolar, lo que ha motivado la decisión de mantener y fortalecer los controles automatizados.

El debate legislativo en curso podría restringir el funcionamiento de las cámaras de velocidad a momentos más acotados y regulados si prospera la reforma propuesta por Nick DiCeglie. Esta posibilidad responde a una de las demandas más frecuentes por conductores y padres de familia, quienes solicitan una señalización más clara y sanciones limitadas a los horarios críticos.

Por ahora, la combinación de señalización estándar, vigilancia automatizada y eventuales cambios en la ley conforma un escenario de supervisión reforzada en las inmediaciones de las escuelas en Florida, con multas que ascienden a USD 100 por infracción, incluso en ausencia de advertencia luminosa directa.

En Colombia, intervenir la apariencia o el funcionamiento de un vehículo puede derivar en sanciones económicas significativas si no se cumplen los procedimientos exigidos por la normativa.

Acciones comunes como modificar el color, alterar el sistema de escape o instalar ciertos tipos de luces pueden generar multas que superan el millón de pesos, además de la inmovilización del automotor.

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La regulación establece que cualquier cambio en las características originales del vehículo debe coincidir con la información registrada ante las autoridades. Uno de los casos más frecuentes ocurre cuando el propietario decide cambiar el color o reemplazar el motor sin actualizar esta información ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Esta omisión constituye una infracción clasificada en la categoría B, que implica una sanción equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa aproximadamente 346.000 pesos. Además del pago de la multa, el vehículo puede ser trasladado a patios oficiales hasta que la situación sea corregida.

Otra modificación que suele generar sanciones es la instalación de películas oscuras en los vidrios. Aunque su uso es permitido bajo ciertos parámetros técnicos, la norma exige que el nivel de transparencia cumpla con porcentajes mínimos definidos.

Cuando estos límites son superados sin autorización especial, el conductor incurre en una infracción que conlleva la misma multa de ocho salarios mínimos diarios. Incluso, las autoridades pueden exigir el retiro inmediato del material para evitar la inmovilización.

Las alteraciones en el sistema de escape también figuran entre las intervenciones que reciben mayor vigilancia. Cambiar el sonido original mediante la eliminación de silenciadores, la incorporación de resonadores o la modificación del catalizador puede derivar en sanciones más severas.

Estas infracciones están catalogadas dentro de una categoría superior, con multas equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que se traduce en cerca de 650.000 pesos. Además del impacto económico, el vehículo puede quedar fuera de circulación hasta que cumpla nuevamente con los parámetros de ruido y emisiones establecidos por las autoridades ambientales y de tránsito, entre ellas el Ministerio de Transporte.

El uso de iluminación no autorizada representa otro foco de sanciones. Instalar luces que generen deslumbramiento o incorporar dispositivos reservados para organismos de emergencia constituye una infracción sancionable con multas similares a las relacionadas con el ruido excesivo. En estos casos, la normativa también contempla la obligación de retirar los dispositivos de forma inmediata, bajo supervisión de agentes de la Policía Nacional de Colombia o autoridades de tránsito locales.

La manipulación de placas es considerada una de las faltas más delicadas. Acciones como alterar la visibilidad de los caracteres, cubrirlos parcialmente o modificarlos con elementos que dificulten su lectura generan sanciones económicas cercanas a los 346.000 pesos.

Sin embargo, cuando se detecta falsificación o adulteración grave, la sanción aumenta considerablemente. En esos casos, la multa puede alcanzar los 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, más de 1,3 millones de pesos, además de posibles consecuencias judiciales.

a inmovilización implica gastos por servicio de grúa y permanencia en parqueaderos oficiales, valores que se acumulan diariamente y pueden superar el monto inicial de la multa. Asimismo, las modificaciones no autorizadas pueden impedir la aprobación de la revisión técnico-mecánica, requisito obligatorio para la circulación.

En este contexto, personalizar libremente un vehículo sin seguir los estándares oficiales que exige la ley colombiana puede generar consecuencias económicas relevantes y restricciones operativas. Las multas, que oscilan entre aproximadamente 346.000 pesos y más de 1,3 millones de pesos dependiendo de la infracción, evidencian el alcance de las medidas diseñadas para garantizar que cualquier cambio cumpla con los estándares legales vigentes.

Florida, en 2025, ha endurecido sus leyes de tránsito, lo que repercute directamente en las multas y las consecuencias legales para los automovilistas. Verificar frecuentemente si existen infracciones pendientes y comprender sus efectos ayuda a evitar gastos inesperados y problemas como la suspensión de la licencia o el aumento en las primas de seguros, según informó el estudio de abogados especializado en tránsito Leppard Law.

Las multas impagas pueden duplicar el costo total y afectar el seguro de los conductores

La acumulación de multas no saldadas puede impedir la renovación del registro del vehículo, ocasionar la suspensión de la licencia de conducir u originar costos adicionales. En particular, una sola infracción de velocidad puede aumentar las primas del seguro de automóvil entre 20 % y 30 %, incremento que permanece de tres a cinco años, de acuerdo con Leppard Law.

Si se alcanzan 12 puntos en la licencia en un periodo de 12 meses, la legislación de Florida ordena una suspensión automática por 30 días.

Las penalizaciones son aún más severas en zonas de alto riesgo: cometer infracciones en zonas escolares o de construcción puede duplicar las multas estándar, reflejando el énfasis estatal en la seguridad.

La estructura de costos contempla una multa base, a la que se suman tasas judiciales, cobros administrativos y recargos estatales. Un ejemplo: una multa de USD 150 puede llegar a USD 300 tras agregar todos los cargos.

Estos recargos son obligatorios y se mantienen incluso si se apela la infracción. Los costos varían en los 67 condados de Florida, lo que complica la gestión de estos procesos, analizan en Leppard Law.

Cómo consultar las multas en Florida

Florida ofrece una plataforma estatal a través del Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) que permite revisar el historial de conductor y realizar pagos de infracciones. Consultar periódicamente resulta clave para evitar recargos y mantener un historial limpio.

También se puede acceder al portal www.payflclerk.com, que centraliza los pagos para todos los condados, a la par de la opción de acercarse a la corte local.

Para el pago, es necesario ingresar correctamente los datos del vehículo, como el VIN o el número de título, y mantener actualizada la dirección postal, dado que las notificaciones por multas pueden demorar entre 30-60 días.

Quienes requieren atención presencial o no disponen de acceso a internet pueden dirigirse a las oficinas físicas de cada condado y resolver allí las consultas y pagos con los datos correspondientes.

Existen empresas legales especializadas en tráfico que asesoran en caso de dudas o para presentar apelaciones relacionadas con audiencias o la negociación de planes de pago, en situaciones donde el monto de la sanción no puede liquidarse en un único pago.

Las cifras detrás de las multas: base, recargos y consecuencias adicionales

El monto de una multa base por exceso de velocidad varía según la magnitud de la infracción: circular de 6 a 9 mph (10 a 15 km/h) sobre el límite puede costar USD 25; entre 10 y 14 mph (16 a 22 km/h), alrededor de USD 100; y de 15 a 19 mph (24 a 30 km/h), USD 150. Las tarifas judiciales pueden estar entre USD 30 y USD 60 y los cargos administrativos entre USD 10 y USD 40.

Hay un recargo estatal, generalmente un porcentaje fijo sobre la multa base, que suma valores significativos. Todos estos importes pueden llevar a que el costo final de una infracción por exceso de velocidad duplique el valor inicialmente indicado, detalla Leppard Law.

La repetición de infracciones o la conducción temeraria incrementa tanto el costo como las consecuencias legales. Para conductores comerciales, los estándares son aún más rigurosos, y el riesgo de perder su fuente de ingreso es elevado.

Las aseguradoras consideran las infracciones de tránsito signos de comportamiento de riesgo, así que varias multas pueden afectar de forma acumulativa y prolongada las condiciones de cobertura.

Cada condado mantiene procedimientos específicos para la gestión de infracciones de tránsito

Si bien Florida ha digitalizado la consulta de infracciones mediante el Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), cada condado conserva autonomía en la gestión administrativa y estructura de multas. Para pagos, consultas o reclamos, los conductores pueden optar por acudir personalmente a la corte local o resolver todo en línea a través de los portales oficiales.

La digitalización de los trámites de tránsito ha transformado la manera en que los colombianos gestionan sus obligaciones y consultan información sobre vehículos y conductores.

En este proceso, el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) se han consolidado como herramientas clave para la consulta y seguimiento de los comparendos y multas en todo el país.

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La más reciente versión de la página www.runt.gov.co incorpora un diseño más moderno e intuitivo para los usuarios, facilitando especialmente la consulta de antecedentes y obligaciones a partir del número de cédula.

Consultas más sencillas y visibles

Desde su renovación, el portal del Runt permite realizar de manera rápida y visual las operaciones más demandadas por los ciudadanos:

• Consulta por Tipo de Documento: utilizando el número de cédula, cualquier conductor puede revisar el estado de su licencia de conducción y verificar si tiene multas o comparendos. Esta función se conecta con la base de datos nacional del Simit, lo que brinda una cobertura total y actualizada.
• Consulta por Placa: ingresando el número de placa y la identificación del propietario, es posible verificar la vigencia del Soat, la revisión técnico-mecánica y otros datos asociados.
• Historial Vehicular y del Conductor: permiten visualizar antecedentes, permisos especiales y reportes de modificaciones importantes en el registro.

Para profundizar la información sobre posibles comparendos, el solicitante debe acudir a plataformas especializadas. La principal referencia nacional sigue siendo el Simit, que centraliza todos los comparendos reportados en el territorio colombiano.

Así puede consultar comparendos utilizando la cédula

Consulta nacional (Simit)

1. Ingrese al sitio oficial: www.fcm.org.co/simit/home-public.
2. En el campo de búsqueda, escriba su número de cédula de ciudadanía.
3. Haga clic en ‘Consultar’.
4. El sistema inmediatamente desplegará el listado de comparendos y multas pendientes a nivel nacional, mostrando fecha, Estado, valor, entidad que impuso la sanción y enlace para realizar el pago en línea.

Consulta en Bogotá

1. Diríjase a www.movilidadbogota.gov.co.
2. Localice el menú “Consulta y Pago de Comparendos” o navegue por “Atención al Ciudadano” y “Consultas en línea”.
3. Ingrese su número de cédula o el número de placa del vehículo para la búsqueda personalizada.
4. Complete el código de seguridad (captcha) requerido por el sistema.
5. Observe el estado de sus comparendos, los detalles de cada uno, su valor, fecha y las opciones de pago habilitadas.

Otros servicios disponibles

Además de las consultas sobre multas, los ciudadanos pueden actualizar sus datos de notificación en el portal del Runt (dirección, correo electrónico y teléfono) y realizar pagos en línea de derechos por trámites o servicios ante el Ministerio de Transporte o cualquier organismo de tránsito autorizado. Esto reduce los tiempos y elimina la necesidad de desplazarse a oficinas o bancos.

El portal también ofrece acceso a funcionalidades como el Historia Vehicular, Historial del Conductor, permisos especiales, registro y seguimiento al Programa de Modernización de Vehículos de Carga, y reportes relacionados con restricciones, permisos y excepciones. Más de 4.000 entidades nacionales utilizan el sitio diariamente para reportar datos y mantener actualizados los registros oficiales.

Diferencia entre comparendo y multa

Un comparendo es una citación formal para que una persona presuntamente infractora de las normas de tránsito comparezca ante la autoridad respectiva. No es una sanción inmediata, sino el acto procesal que da inicio al proceso contravencional y permite al presunto infractor ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas, impugnar o acogerse al pago con descuento. En caso de no comparecer, pueden derivarse consecuencias económicas y legales más gravosas.

Por su parte, una multa es la sanción económica que se impone tras confirmarse la responsabilidad en una infracción. El monto de la multa varía según su gravedad y se calcula conforme al salario mínimo legal vigente, según la regulación del Ministerio de Transporte.

Un incremento del 73 % en las multas de tránsito ha marcado el año 2026, de acuerdo con los registros del Viceministerio de Transporte (VMT). Durante este periodo, las autoridades contabilizaron más de 9.430 infracciones, superando ampliamente las cifras del año anterior.

El mayor peso de las sanciones recae en los vehículos particulares y otras categorías, que sumaron 7.365 multas. Este grupo concentra el 78 % del total de infracciones detectadas en el periodo evaluado.

En el caso del transporte de carga, se reportaron 1.693 sanciones, lo que equivale al 18 % del total. El transporte colectivo, por su parte, acumuló 378 multas, apenas un 4 %.

La comparación con 2025 evidencia el salto: ese año se habían registrado 5.458 infracciones. La tendencia al alza, confirmada por los datos del VMT, apunta a un refuerzo en la vigilancia y el cumplimiento de la normativa vial.

Estadísticas recientes de accidentes de tránsito

Durante los dos primeros meses de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que los incidentes viales han superado los 2.433 casos. Esta cifra refleja un incremento del 33 % al compararla con el mismo periodo del año anterior.

El saldo de personas lesionadas también experimentó un crecimiento considerable. En apenas ocho semanas, 1.520 personas sufrieron algún tipo de lesión relacionada con accidentes de tránsito, lo que equivale a un aumento del 33 % frente a 2025.

En el dato de fallecidos, el observatorio contabilizó 150 víctimas mortales, lo que representa un ascenso del 39 % respecto al año previo.

El segmento de los motociclistas ha resultado especialmente vulnerable en este periodo. Un total de 539 motociclistas estuvieron involucrados en percances viales, un 59 % más que el año anterior. De ellos, 518 sufrieron lesiones (64 % de incremento), y 59 perdieron la vida, lo que supone un incremento del 90 % frente a los 31 fallecidos reportados en 2025.

Por áreas geográficas, San Salvador encabeza la lista de departamentos con mayores siniestros, registrando 874 accidentes. Le siguen La Libertad, con 263 incidentes, y San Miguel, con 214.

Entre los factores más frecuentes que explican estos accidentes aparecen la distracción al volante, la invasión de carril y la velocidad inadecuada, según los reportes oficiales.

Incidentes de las últimas horas

En la zona de la calle a Monserrat y 47 avenida sur, cerca de la gasolinera Texaco y la colonia Luz, en San Salvador, se registró un accidente de tránsito donde un motociclista fue impactado por un vehículo particular que intentaba ingresar a la colonia.

Comandos de Salvamento acudió al lugar para brindar auxilio al motociclista, quien resultó lesionado en el percance.

En otro hecho, ocurrido en la carretera a Huizúcar, el conductor de una motocicleta perdió el control en una curva y sufrió lesiones. Comandos de Salvamento proporcionó atención prehospitalaria y realizó el traslado del herido hacia un hospital.

En este último accidente, una persona adicional recibió asistencia en el sitio, según informaron los equipos de emergencia.

Recomendaciones

Para reducir el riesgo de accidentes viales y evitar sanciones, las autoridades insisten en la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad en los vehículos.

Respetar los límites de velocidad es clave para disminuir la probabilidad de incidentes graves.

Evitar cualquier tipo de distracción al volante, en especial el uso del teléfono móvil, contribuye a mantener la atención en la carretera.

No conducir bajo los efectos del alcohol es fundamental para proteger la vida propia y la de los demás.

El mantenimiento regular de automóviles y motocicletas garantiza un funcionamiento adecuado y reduce el riesgo de fallos mecánicos en circulación.

En el caso de los motociclistas, el uso de casco certificado y chaleco reflectante es esencial para aumentar la protección y la visibilidad, especialmente en condiciones de poca luz.

La aplicación constante de estas recomendaciones puede marcar la diferencia y contribuir a calles más seguras para todos.

Desde las 5:00 a. m. del jueves 5 de febrero de 2026, Bogotá vivió la versión número 28 del Día sin carro y sin moto, una jornada que concluyó a las 9:00 p. m. con cifras destacadas en materia de movilidad, salud pública y comportamiento ciudadano.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Movilidad y respaldada por la Administración distrital, buscó crear conciencia sobre el impacto ambiental del transporte particular y motivar el uso de alternativas sostenibles para desplazarse por la ciudad.

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El sistema TransMilenio, en todas sus modalidades—troncal, TransMiZonal y TransMiCable—, reportó más de 4.211.711 validaciones a lo largo del día, reflejando un aumento considerable en la cantidad de usuarios. La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, destacó que:

“Durante todo el día operamos con cerca de 10.500 buses y frecuencias reforzadas, 6.000 viajes adicionales que se hicieron debido al incremento de los usuarios. También tuvimos disponible 8.089 cupos en nuestras TransMiBicis y un refuerzo de nuestro equipo territorial, gracias a que nuestro personal administrativo acompañó la jornada en las horas pico, entregando información a nuestros usuarios. Las tres localidades donde vimos mayor incremento de usuarios fueron Suba, Engativá y Kennedy. En general, ha sido una jornada exitosa para el sistema TransMilenio”.

Movilidad activa y cifras de participación

El movimiento peatonal y ciclista fue protagonista durante el Día sin carro y sin moto. A lo largo de la jornada, el 35% de los desplazamientos en la ciudad correspondieron a peatones, mientras que los ciclistas representaron el 5%. El Sistema de Bicicletas Compartidas registró 3.204 viajes a la hora, consolidando la bicicleta como un medio de transporte eficiente y seguro para miles de bogotanos.

En las terminales de transporte, 22.361 pasajeros se movilizaron durante la jornada, reflejando la preferencia por el transporte intermunicipal para quienes debían desplazarse fuera de la ciudad. Respecto a la infraestructura de apoyo para ciclistas, la ocupación de las BiciEstaciones de TransMilenio fue del 39%, una disminución de 13 puntos porcentuales en comparación con la jornada del año anterior.

El servicio de taxis también jugó un papel fundamental, con una ocupación promedio del 74% a la hora, facilitando la movilidad de quienes requerían transporte individual autorizado durante la restricción.

Control y cumplimiento

Durante la jornada, los organismos de tránsito impusieron 1.133 comparendos por incumplimiento de la medida. Las personas sancionadas deberán pagar una multa de $633.000 y cubrir los costos de la inmovilización del vehículo en patios, cuyos valores varían según el tipo de automotor y los días de permanencia, con tarifas que van desde $54.300 para motocicletas hasta $465.200 para vehículos pesados el primer día.

Asimismo, las autoridades reportaron que se registraron 114 comparendos ambientales por infracciones relacionadas con el impacto negativo sobre el entorno.

Impacto ambiental y salud pública

La administración distrital resaltó que la reducción en la circulación de vehículos particulares se tradujo en una proyección de menores emisiones contaminantes. Estos contaminantes, generados principalmente por la quema de combustibles fósiles, están asociados a enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón y afecciones respiratorias crónicas y agudas.

“El Día sin Carro y sin Moto es más que una jornada ambiental: es una inversión directa en la salud de Bogotá. La disminución temporal de sustancias contaminantes representa un respiro para la ciudad y una oportunidad para movilizarnos en medios alternativos de transporte”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Además de la mejora en la calidad del aire, la jornada fomentó hábitos saludables: caminar, trotar o usar la bicicleta contribuyó a disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la calidad del sueño de los ciudadanos.

La consulta de multas de tránsito por patente se ha convertido en una gestión clave para los propietarios de vehículos en Argentina, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El acceso a esta información permite detectar deudas, regularizar situaciones administrativas y evitar complicaciones al momento de vender un automóvil o renovar la documentación. La digitalización de los registros facilita el trámite para los usuarios, aunque existen diferencias en los procedimientos según la jurisdicción.

Cómo consultar las multas por patente en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ofrece un sistema en línea que permite a los ciudadanos identificar infracciones asociadas a la patente de su vehículo. La consulta se realiza a través del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento requiere ingresar al portal de infracciones, completar el dominio del vehículo y, de ser necesario, descargar el detalle de las multas existentes.

El sistema de CABA permite acceder al historial completo de infracciones, tanto las que se encuentran en etapa administrativa como aquellas que ya han sido judicializadas. Esta opción resulta útil para quienes necesitan regularizar su situación antes de iniciar un trámite de transferencia o para quienes buscan evitar recargos por mora. El Gobierno porteño habilita además la posibilidad de abonar las multas directamente desde la plataforma, con diferentes medios de pago habilitados.

Las infracciones más comunes en la ciudad incluyen el exceso de velocidad, el estacionamiento en lugares no permitidos y la circulación en carriles exclusivos para transporte público. El sitio web oficial ofrece la opción de descargar un comprobante de pago, documento indispensable en trámites ante escribanos o registros automotores.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también implementa un sistema de notificaciones electrónicas, mediante el cual los titulares de vehículos pueden recibir alertas sobre nuevas infracciones. Este mecanismo busca mejorar la comunicación con los contribuyentes y reducir la cantidad de multas impagas.

En el caso de multas que no figuran en el sistema o ante inconsistencias en los datos, los usuarios pueden solicitar una revisión o presentar un descargo a través del mismo portal digital. La gestión puede completarse en línea o, si corresponde, de manera presencial en la sede de la Dirección General de Administración de Infracciones.

La automatización de los procesos administrativos permitió disminuir los tiempos de espera y facilitó la fiscalización en la vía pública.

Cómo consultar las multas por patente en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el procedimiento para consultar multas de tránsito por patente difiere del de la capital, aunque también se realiza a través de plataformas digitales. El sitio web de la Provincia de Buenos Aires habilita un apartado específico donde los usuarios pueden ingresar la patente de su vehículo y acceder al resumen de infracciones registradas en todo el territorio bonaerense.

El sistema provincial centraliza la información de diferentes municipios, lo que permite visualizar infracciones cometidas en cualquier localidad adherida al convenio de reciprocidad. Esta integración resulta especialmente relevante para quienes circulan por rutas interurbanas o visitan municipios fuera de su residencia habitual.

El portal bonaerense habilita la descarga de boletas de pago, la consulta del estado de cada multa y la posibilidad de solicitar planes de pago en cuotas. Ante dudas o diferencias en los registros, los conductores pueden iniciar un reclamo administrativo a través de la misma plataforma. El trámite suele requerir la carga de documentación respaldatoria y, en algunos casos, la intervención de un juez de faltas.

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial que, en los últimos años, creció la cantidad de consultas y pagos realizados por canales digitales. Esta tendencia responde, en parte, al endurecimiento de los controles en rutas y a la incorporación de tecnologías de fiscalización electrónica.

El sistema de la provincia también permite consultar multas de tránsito labradas por fuerzas nacionales, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), siempre que hayan sido notificadas y registradas en el sistema unificado.

Para evitar inconvenientes en la transferencia de vehículos, la provincia exige que el dominio no registre deudas pendientes al momento de concretar la operación. Los registros automotores suelen requerir el libre deuda de infracciones como condición indispensable para inscribir la compra-venta.

En ambos casos, la consulta de multas de tránsito por patente representa una gestión sencilla y accesible que contribuye al cumplimiento de las normas viales y a la regularización documental de los vehículos. El acceso a información actualizada y la posibilidad de resolver deudas en línea forman parte de una tendencia que apunta a la digitalización integral de los trámites vehiculares en Argentina.

La provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema digital para que los conductores verifiquen si tienen infracciones de tránsito pendientes. La posibilidad de consultar y gestionar multas en línea facilita numerosos trámites, ya que acreditar la inexistencia de infracciones resulta obligatorio para renovar el registro de conducir y realizar transferencias de vehículos.

Según el portal oficial de la Provincia de Buenos Aires, cualquier persona puede acceder al informe con la patente del vehículo o el número de documento, sin costo y desde cualquier dispositivo conectado a internet. InfraccionesBA y otros sitios oficiales destacan la importancia de este procedimiento para evitar bloqueos administrativos y mantener regularizada la situación ante las autoridades viales.

Cómo consultar infracciones de tránsito en Buenos Aires, paso a paso

El sitio principal para realizar la consulta es el portal oficial de InfraccionesBA. El procedimiento es sencillo y puede completarse en pocos minutos, según el Ministerio de Transporte bonaerense.

1. Acceder a la plataforma: Ingresar al sitio web de InfraccionesBA.

2. Seleccionar el tipo de consulta: Elegir entre consulta por dominio (patente) o por número de documento (DNI).

3. Completar los datos requeridos: Ingresar la patente del vehículo o el número de documento sin espacios ni guiones.

4. Visualizar el reporte: El sistema mostrará el detalle de las infracciones de tránsito registradas, incluyendo la fecha, el lugar, el tipo de falta y el monto de la multa.

5. Descargar la boleta de pago: Para aquellas infracciones sujetas a pago voluntario, es posible imprimir la boleta y abonarla en entidades habilitadas como RapiPago, Pago Fácil, BaproPagos, o bancos autorizados. El pago puede realizarse también con tarjeta de crédito en línea.

6. Verificar el estado de trámite: El portal permite conocer si la infracción admite pago voluntario, si requiere presentarse ante un juzgado de faltas, o si el trámite se encuentra en otra instancia administrativa.

7. Presentar descargos: Si el conductor considera que la infracción no corresponde, puede iniciar un descargo en línea o solicitar turno para una audiencia presencial ante el controlador de faltas designado.

8. Consultar ubicaciones y horarios de juzgados: El sistema ofrece información sobre la red de juzgados provinciales y municipales donde se pueden realizar gestiones presenciales.

9. Revisar el historial: Al registrarse en la sección “Mi Web”, los usuarios pueden consultar el historial completo de sanciones y gestionar pagos de manera centralizada.

La consulta es gratuita y está disponible para todas las personas físicas y jurídicas, quienes pueden también gestionar notificaciones y trámites relacionados. El sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también indica que, si existen multas pendientes con sentencia firme, se debe regularizar la situación antes de avanzar con trámites de licencias o transferencias de dominio.

De cuánto son las multas de tránsito en Buenos Aires

Las multas en la provincia de Buenos Aires se calculan utilizando el valor de la Unidad Fija (UF), que equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede La Plata. Desde julio de 2024, la UF se fijó en $1.230, lo que determina el monto de cada infracción según la gravedad de la falta.

A continuación, se detallan los valores aproximados de las multas más frecuentes:

• Superar la velocidad máxima: desde $184.500 hasta $1.230.000.
• Conducir con exceso de alcohol en sangre o estupefacientes: entre $246.000 y $1.230.000.
• Circular en contramano o por banquina: de $246.000 a $1.230.000.
• Conducir con la licencia suspendida: desde $184.500 hasta $1.230.000.
• Circular con más ocupantes de los permitidos: de $184.500 a $615.000.
• Negarse a mostrar la documentación exigida: entre $123.000 y $568.500.
• Circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV): de $123.000 a $615.000.
• Cruzarse el semáforo en rojo: de $123.000 a $615.000.
• Circular con licencia inadecuada a la categoría del vehículo: de $123.000 a $615.000.
• No usar el cinturón de seguridad: desde $123.000 hasta $615.000.
• Dejar el auto mal estacionado: entre $61.500 y $123.000.
• Circular sin patente: de $61.500 a $123.000.
• Manejar con la licencia vencida: de $61.500 a $123.000.
• Conducir sin seguro: desde $61.500 hasta $123.000.
• Conducir sin cédula de identificación: de $61.500 a $123.000.

El Ministerio de Transporte bonaerense recuerda que el pago voluntario de la multa, dentro del plazo indicado, permite acceder a un descuento del 50% sobre el total, siempre que se abone hasta 40 días después de la notificación. Para otras formas de pago o consultas adicionales, se puede ingresar al sitio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La actualización periódica del valor de la UF y el detalle específico de cada infracción pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en la plataforma de InfraccionesBA.

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la entrada en operación de un nuevo convenio que amplía los puntos de pago para infracciones de tránsito en Bogotá. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la ciudadanía, optimizando la experiencia de pago y acercando los servicios a distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la entidad de Movilidad, el nuevo esquema permite que los pagos se realicen en corresponsales autorizados del Banco de Occidente, que incluyen supermercados, droguerías y comercios afiliados, entre otros establecimientos.

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Entre los puntos habilitados para el recaudo de multas y acuerdos de pago figuran Grupo Éxito, Farmatodo, Efecty, Punto de Pago, Oxxo, SuperGiros, Puntored, Gana y Banco Caja Social. Esta red diversificada permite una mayor cobertura territorial, evitando desplazamientos prolongados y reduciendo la congestión en los puntos de atención tradicionales.

De forma complementaria, la Secretaría Distrital de Movilidad recordó que el pago de multas y acuerdos puede hacerse de manera 100% digital a través de PSE, en el portal oficial www.movilidadbogota.gov.co. Esta alternativa digital facilita la gestión desde cualquier ubicación, en cualquier horario, y ofrece seguridad sin necesidad de acudir físicamente a una entidad.

El distrito enfatizó la importancia de ponerse al día con las obligaciones de tránsito, pues cumplir a tiempo con los pagos evita sanciones adicionales y contribuye al orden vial y la seguridad en Bogotá. En ese sentido, los nuevos canales de pago buscan eliminar barreras y modernizar los trámites asociados a las infracciones.

Valores de las multas de tránsito para 2026

Para 2026, los valores de las multas de tránsito se encuentran regulados por el Código Nacional de Tránsito Terrestre y la Resolución No. 3488 del 31 de diciembre de 2025, estableciéndose la Unidad de Valor Básico (UVB) en $12.110 COP.

Las sanciones varían según el tipo de infracción y el sujeto infractor. Por ejemplo, para conductores de vehículos no automotores o de tracción animal (Código A), la multa típica corresponde a 13,95 UVB, equivalente a $168.935, con posibilidad de descuento del 50% si se paga hasta el quinto día hábil tras la notificación y se asiste al curso pedagógico, quedando en $84.450.

Para conductores de vehículos automotores (Código B), las infracciones como circular sin licencia o con placas falsas implican una sanción de 27,86 UVB, es decir, $337.385. El pago oportuno y la asistencia al curso permiten acceder a descuentos del 50% y 75% durante los primeros 20 días hábiles.

En el caso de infracciones relacionadas con el comportamiento en la vía, como estacionar en lugares prohibidos, no usar cinturón de seguridad o exceder la velocidad (Código C), la sanción asciende a 52,29 UVB, equivalentes a $633.232. El descuento por pago temprano reduce el valor a $316.600 COP durante los primeros cinco días hábiles.

Las faltas consideradas graves (Código D), como conducir en sentido contrario o no respetar el semáforo, generan una multa de 104,55 UVB, es decir, $1.266.101. Para infracciones muy graves (Código E), como negarse a prestar servicio público provocando desorden, el monto llega a 156,84 UVB, lo que representa $1.899.332. Ambas categorías cuentan con descuentos progresivos según el tiempo de pago y la asistencia al curso obligatorio.

Los peatones también pueden ser sancionados por conductas indebidas como invadir la calzada o cruzar en sitios prohibidos (Código F). Estas multas corresponden a 3,5 UVB, equivalentes a $42.385 COP, con rebajas por pago anticipado. Las sanciones educativas por no asistir al curso (Códigos G y H) tienen un valor de 17,43 UVB, es decir, $211.077.

Las infracciones particulares, como fumar mientras se conduce (Código I), pueden alcanzar hasta 34,86 UVB, lo que equivale a $422.155. Para casos de conducción bajo el efecto de alcohol o sustancias, los valores se incrementan considerablemente dependiendo del grado y la reincidencia, con multas que oscilan entre $3.798.665 y $60.776.457.

Los descuentos solo aplican si el infractor asiste al curso pedagógico y paga dentro de los plazos estipulados. Además, las sanciones pueden incluir la inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia, especialmente en casos de reincidencia, donde los valores y las medidas administrativas pueden duplicarse.

Una combinación excepcional de restricciones transformará la movilidad en Bogotá durante la primera semana de febrero de 2026.

Los carros particulares a combustión cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 sólo podrán circular un día entre lunes y viernes, debido a la superposición del esquema habitual de Pico y placa con la jornada del Día sin carro y sin moto.

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Este inusual cruce, confirmado por la Secretaría de Movilidad, lleva a que solo el martes 3 de febrero estos vehículos podrán desplazarse sin sanción alguna, por lo que la administración recomienda planificar con antelación y priorizar medios alternativos para evitar contratiempos y sanciones.

En el tramo final de la semana, el jueves 5 de febrero, Bogotá tendrá su primera edición anual del Día sin carro y sin moto, iniciativa que en 2026 celebrará su vigésimo sexto aniversario.

En esa jornada, la restricción rige desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., periodo durante el cual ningún vehículo particular o motocicleta podrá circular, salvo excepciones estrictamente previstas en la normativa.

Tampoco tendrán validez los permisos de pico y placa solidario vigentes en días normales; el sistema repondrá automáticamente la jornada al usuario, pero la prohibición se mantendrá.

Aquellos conductores que vulneren estas medidas se exponen a consecuencias económicas y administrativas. La Secretaría de Movilidad determinó que la infracción C14 ―transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos― acarreará una multa de 633.200 pesos en 2026, cifra ajustada para el año, y la inmovilización del vehículo o motocicleta, además del traslado a patios.

En situaciones de circulación prohibida durante el pico y placa ordinario, los montos pueden superar los $712.000, incrementando el costo de la infracción para quienes no respeten las restricciones.

La lista de excepciones durante el Día sin carro y sin moto contempla únicamente a servicios y actividades esenciales:

• Transporte público
• Unidades destinadas al traslado de personas con discapacidad.
• Vehículos de emergencia.
• Transporte escolar propiedad de instituciones.
• Automotores con capacidad para más de diez pasajeros.
• Servicios públicos domiciliarios.
• Control de tráfico.
• Caravanas presidenciales.
• Fuerzas Militares de Policía.
• Organismos de seguridad y la Fiscalía.
• Vehículos diplomáticos o consulares.
• Motocicletas de vigilancia privada y mensajería.
• Unidades asignadas por la Unidad Nacional de Protección
• Vehículos eléctricos o de cero emisiones.

Este último grupo constituye una excepción relevante, ya que promueve medios de movilidad sostenibles en la capital.

Así mismo, la restricción recae íntegramente sobre los vehículos particulares a combustión cuyas placas culminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos no podrán circular el lunes 2, miércoles 4, jueves 5 ni viernes 6 de febrero. Así, el martes 3 se convierte en la única jornada hábil de circulación posible durante esa semana para este grupo, debido a que no se superpone la medida ambiental ni el pico y placa.

El operativo abarca, además, a carros y motos de escuelas de conducción, vehículos híbridos y dedicados a gas, automóviles particulares pertenecientes a medios de comunicación con placa amarilla, y taxis con placa terminada en 3 y 4, así como vehículos de carga que ya tenían restricción vigente.

La autoridad capitalina reiteró la invitación a recurrir al transporte público, la bicicleta y medios de micromovilidad, favoreciendo así la reducción de emisiones y el funcionamiento eficiente de la ciudad durante las dieciséis horas de restricción.

Así operará Transmilenio durante la jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá

Durante la jornada del Día sin carro y sin moto, la ciudad ofrecerá una operación completa de transporte público, con 10.482 buses de Transmilenio y sus servicios alimentadores, duales y Transmizonal, así como 163 cabinas de Transmicable en Ciudad Bolívar.

Para responder al aumento de usuarios que genera esta jornada, Transmilenio ampliará la frecuencia de los servicios en horas pico y ofrecerá la totalidad de su capacidad operativa, con monitoreo permanente desde el Centro de Control. La gerente, María Fernanda Ortiz, instó a la ciudadanía a programar sus trayectos con anticipación y consultar la información a través de la TransmMiApp y los canales oficiales.

Para facilitar la movilidad, 353 rutas Transmizonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales estarán en funcionamiento. Además, la ciudad contará con más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas, operativo entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m..

El Sistema Integrado de Transporte Público mantendrá su operación habitual: Transmilenio y Transmizonal de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y TransmiCable de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.. También se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema para quienes combinen bicicleta y transporte público. Además, 37.000 taxis circularán sin restricciones durante la jornada.

El ajuste a las tarifas de las multas de tránsito, que empezó a regir desde el 1 de enero de 2026, elevó el costo de las sanciones más graves, que podrían alcanzar los 60 millones de pesos, una transformación que responde al cambio legal en la metodología de cálculo y no a una decisión discrecional de las autoridades locales.

El impacto se siente de inmediato entre quienes conducen automóviles y motocicletas, ya que las tarifas vigentes no solo modifican los valores de los comparendos, sino los costos asociados a grúas y patios, generando preocupación y dudas en la ciudadanía.

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La actualización, implementada automáticamente con el inicio del año, obliga a las autoridades de tránsito municipales, distritales y departamentales a adoptar los nuevos valores según lo determinó el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 3488/25. Esta medida, cuyos efectos se extienden a todo el país, pretende aumentar la eficiencia del sistema y reforzar la seguridad vial.

El incremento en las sanciones no se origina en una nueva ley específica sobre tránsito, sino en la adopción de la Unidad de Valor Básico (UVB) como referencia, que reemplaza el salario mínimo para establecer los cobros por infracciones y trámites relacionados.

Desde hace dos años, la UVB se convirtió en el parámetro para fijar tanto multas como otras tarifas estatales, con una actualización anual que para 2026 alcanza los $12.110 por unidad, lo que explica los aumentos respecto a 2025.

Entre las infracciones más frecuentes, el valor para 2026 es $633.200 para conductas como exceso de velocidad, no realizar la revisión técnico-mecánica obligatoria, estacionar en zonas prohibidas o transitar en horarios restringidos (casos como el pico y placa en principales ciudades).

Este monto homogéneo, válido tanto en áreas urbanas como en las carreteras nacionales, abarca las faltas que tradicionalmente son objeto de sanción periódica por parte de las autoridades.

Las sanciones más elevadas alcanzan los $1.266.100 y corresponden a faltas de mayor gravedad, como conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), manejar sin licencia o no detenerse ante semáforos en rojo, amarillo o señales de Pare.

Además del pago de la multa, la comisión de estas conductas puede llevar a la inmovilización del vehículo, añadiendo los cargos de grúa y custodia en patios, que también se han incrementado.

En el segmento de sanciones más severas, la tabla 2026 presenta valores de hasta $1.899.211 para infracciones tipo E y, en el caso de conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, las sanciones van desde $3.798.665 hasta $60.776.500, según el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito. Estas cifras evidencian el peso económico que pueden asumir algunos infractores según la gravedad de la falta y las circunstancias del caso.

La actualización de tarifas también incluye los trámites rutinarios asociados al parque automotor. Las gestiones más comunes para los conductores quedan en $155.704 para la expedición de la licencia de conducción y $213.072 para el traspaso vehicular. Otros trámites, como el duplicado de placas o el certificado de tradición, presentan sus propios valores definidos en la actual resolución.

El sistema de descuentos, disponible en ciudades como Bogotá y Cartagena, permanece en vigor para quienes cumplen ciertos requisitos.

Los conductores que abonen la multa y asistan a un curso pedagógico dentro de los cinco primeros días hábiles desde la imposición del comparendo reciben un descuento del 50 %. Quienes efectúen el pago entre el sexto y el vigésimo día hábil acceden a una reducción del 25 %. Estas rebajas buscan incentivar el pronto pago y la formación vial, aunque la infracción permanece en el historial del infractor.

El costo de los servicios de grúa y custodia en patios, que sube en 2026, varía en función del tipo de vehículo y los días de inmovilización. Las autoridades detallaron que estos cargos adicionales, al sumarse al valor de la multa, pueden aumentar de manera considerable el monto final a pagar por el conductor.

El pago tanto de los trámites como de las sanciones puede efectuarse a través del portal oficial del Datt (Cartagena) y de las secretarías de tránsito de cada ciudad, o mediante estados de cuenta descargables que permiten abonar en bancos autorizados.

Estas alternativas buscan facilitar la gestión y cumplimiento de obligaciones, considerando el peso económico que implica el nuevo esquema tarifario.

Entre las infracciones que experimentan ajustes y mantienen una alta frecuencia figuran el uso de teléfonos móviles sin manos libres mientras se conduce, con una multa de $633.111, y conducir llevando la licencia vencida, sanción de $337.627.

El propósito declarado de estas tarifas es desalentar conductas de riesgo y fortalecer el respeto por las normas viales en todo el territorio nacional.

Las autoridades insisten en la necesidad de verificar la vigencia de los documentos del vehículo, acatar las señales de tránsito y conocer la normativa local, dado que las tarifas actualizadas representan una carga onerosa para quienes incumplen la ley.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ya tiene listos los permisos técnicos y administrativos para instalar y operar 9 nuevos dispositivos de fotodetección, que cuentan con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La noticia fue revelada por el concejal Julián Forero, quien expuso detalles de la investigación sobre el avance de este sistema automatizado de control.

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El anuncio implica que la ciudad pasará de tener 92 puntos de fotodetección automática a un total de 101, sumando más de 130 cámaras desplegadas en diferentes sectores. Según los registros, las ubicaciones autorizadas para los nuevos dispositivos abarcan varias localidades: Usme, Suba, Usaquén y Fontibón.

Entre los corredores viales seleccionados se encuentran los siguientes: la Avenida Boyacá con Transversal 3F (en ambos sentidos) en Usme, la Autopista Norte con Calle 235 (en sentidos norte-sur y sur-norte) en Suba y Usaquén, y la Autopista al Llano con Calle 91 Sur (en ambos sentidos) en Usme.

Además, se suman dos puntos en la Avenida La Conejera con Carrera 112 en Suba, tanto en sentido oriente-occidente como occidente-oriente, y un nuevo dispositivo en la Avenida Centenario con Carrera 135 en Fontibón.

Aunque la Secretaría de Movilidad ya tiene definidos los corredores y cuenta con los permisos oficiales, aún no ha divulgado la fecha exacta en la que estos equipos comenzarán a operar.

Esta falta de información ha generado incertidumbre entre los conductores, motociclistas y demás actores viales de la ciudad. La expectativa crece ante la inminente puesta en funcionamiento de estos sistemas, que buscan reforzar el control sobre las infracciones de tránsito en las vías capitalinas.

Por su parte, el concejal Andrés Forero manifestó su preocupación frente a la estrategia adoptada por la administración distrital.

Según recalcó: “El alcalde Carlos Fernando Galán, en lugar de priorizar la intervención de la malla vial, la ampliación de puentes vehiculares y peatonales y un fortalecimiento real de la seguridad vial, sigue optando por un modelo basado en cámaras de fotomultas, que termina persiguiendo y castigando a los conductores, mientras el recaudo crece y los problemas estructurales de movilidad siguen intactos”.

En cuanto a las infracciones más comunes que pueden ser detectadas por las cámaras están; estacionar en lugares prohibidos, identificado como código C02, representa uno de los comparendos más aplicados en Bogotá.

Para el año 2026, esta falta implica una multa de 633.200 pesos. Si el infractor realiza el pago en los primeros cinco días hábiles, puede obtener un descuento del 50%, y el valor queda en 316.600 pesos.

Otra infracción frecuente es exceder la velocidad permitida, clasificada bajo el código C29. El valor de la multa también asciende a 633.200 pesos, con posibilidades de descuento similares a las del comparendo por estacionar en sitios prohibidos.

Las sanciones más elevadas se aplican a quienes cruzan un semáforo en rojo o no respetan la señal de pare. En 2026, la multa correspondiente asciende a 1.266.100 pesos. Con un descuento del 50%, el infractor pagaría 633.050 pesos. Para los motociclistas, la sanción puede incluir también la inmovilización del vehículo.

Uno de los comparendos que más consultas genera es el de conducir bajo los efectos del alcohol. La sanción varía según el grado de alcoholemia. Para el grado I, la multa puede llegar a 7.596.800 pesos. En grado II, el valor asciende a 15.194.100 pesos y, en grado III o si el conductor se niega a realizar la prueba, la sanción puede alcanzar los 60.776.500 pesos. Además, en estos casos se aplica la suspensión de la licencia y la inmovilización del vehículo.

Mientras tanto, la ciudadanía aguarda el anuncio oficial sobre el inicio de operaciones y la administración enfrenta cuestionamientos sobre la priorización de recursos y estrategias en materia de movilidad urbana.

Las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han marcado criterios en el ámbito legal mexicano al redefinir tanto el acceso a la justicia como la protección de derechos fundamentales en distintos contextos.

Entre los fallos dados a conocer en lo que va del 2026, destaca el del pasado 22 de enero. En esta sesión la SCJN precisó que la responsabilidad solidaria del dueño de un vehículo no anula su derecho a promover un amparo indirecto por multas de tránsito.

Además, estableció que para este recurso, el plazo legal inicia desde que la persona propietaria conoce el acto reclamado, no desde la notificación realizada a quien conducía el vehículo. Esta determinación busca evitar que se pierda la oportunidad de defensa por hechos que solo se notificaron al conductor y no a la propietaria, informó la SCJN en su comunicado del 22 de enero.

Suprema Corte determina que los MP solo pueden atender reclamos por la vía administrativa

En la misma línea de protección de derechos, la Corte abordó casos relativos al actuar del Ministerio Público. Según un comunicado del 21 de enero, el Pleno recalcó que cualquier reclamación sobre sus actuaciones solo procede por la vía administrativa, bajo el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado.

Esto garantiza que las personas afectadas puedan exigir una indemnización por actos ilegales de la autoridad mediante procedimientos específicos, y no a través del juicio civil.

Dicho criterio quedó plasmado luego de analizar el caso de una persona en la Ciudad de México, absuelta en 2017 tras haber estado privada de la libertad de manera injustificada desde 1999. Inicialmente, esta persona promovió una demanda civil, pero la SCJN concedió un amparo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y determinó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial local es la única vía idónea.

La resolución también precisa que la simple absolución en un proceso penal no constituye, por sí misma, prueba de irregularidad de la autoridad. Así, la SCJN reiteró que únicamente mediante la vía administrativa es posible reclamar daños causados por actuaciones del Ministerio Público.

SCJN procura evitar la revictimización de menor

Al abordar los derechos de la infancia, la SCJN intervino el 20 de enero en un caso de violencia sexual, revocando la decisión de un tribunal que exigía la repetición de un juicio familiar para practicar pruebas adicionales sobre la credibilidad de una menor. El Pleno consideró que repracticar testimonios podría implicar revictimización, vulnerando el principio constitucional del interés superior de la niñez y exponiendo a la víctima a riesgos adicionales.

Además, la Corte advirtió que requerir a la madre la realización de cursos o terapias sin pruebas que la responsabilicen carece de fundamento jurídico.

En materia de amparo, la SCJN delimitó el alcance de los juicios directos. En su sesión del 19 de enero, el Pleno precisó que las sentencias de amparo directo que dicta el máximo tribunal en ejercicio de su facultad de atracción son definitivas e inapelables. Este criterio elimina la posibilidad de revisión posterior, consolidando su condición de cosa juzgada, sin base constitucional ni legal para aceptar recursos de revisión interna.

En las primeras jornadas de fiscalización, la PNP intervino motociclistas que circulaban con acompañante, aplicando sanciones económicas severas. El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, explicó en entrevista con Exitosa Noticias que la norma responde a la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana. “Ya como en la marcha blanca de sensibilización, hemos venido mencionando, gracias a ustedes, los medios de comunicación. La norma establecida en este decreto 002 señala taxativamente dos adultos en una moto lineal de la categoría L1 y L3”, afirmó el general.

El impacto de la medida no solo se percibe en el aumento de las multas, sino también en la percepción de los motociclistas, quienes han manifestado su preocupación por la falta de claridad en las excepciones y la capacidad de fiscalización de la PNP. A pesar de la resistencia inicial, las autoridades han ratificado su compromiso de mantener una presencia activa en las calles y sancionar a quienes incumplan la norma.

PNP sanciona a motociclistas con acompañante en Tomás Valle

Los primeros operativos de la PNP se concentraron en intersecciones clave, como el cruce de la avenida Tomás Valle con Túpac Amaru, en el distrito de Independencia. Allí, agentes de tránsito verificaron el cumplimiento de la prohibición, deteniendo a conductores que circulaban con un acompañante adulto. La presencia policial generó expectativa entre la población y evidenció el desconocimiento de algunos motociclistas respecto a los detalles de la norma.

En los primeros sesenta minutos del operativo, la PNP detectó únicamente dos conductores que circulaban con un acompañante adulto, lo que evidenció un bajo nivel de infracción inicial. Según el general Humberto Alvarado, las autoridades procedieron de inmediato a aplicar las multas correspondientes, remarcando la importancia de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y respeten la nueva normativa. La presencia policial, explicó el general, apunta no solo a sancionar, sino también a fortalecer la cultura de responsabilidad y convivencia en las calles.

La labor de fiscalización se realiza en horarios estratégicos y en zonas de alta afluencia, con el objetivo de disuadir el transporte de acompañantes adultos en motocicletas. La PNP ha señalado que la presencia policial es un mensaje claro de que el Estado y la seguridad están presentes en las calles, y que los operativos continuarán hasta lograr la adhesión total a la normativa.

¿Cuáles son las multas por llevar pasajeros en moto?

La restricción se aplica únicamente a motocicletas lineales clasificadas en las categorías L1 y L3, que corresponden a vehículos de baja y media cilindrada, incluidas las eléctricas. El general Alvarado precisó que “no están involucradas en esto las motos o las pequeñas unidades de desplazamiento como las eléctricas, porque por la generalidad, estos vehículos están por debajo de un cilindraje de alta potencia”, aunque especialistas legales han señalado que la restricción también alcanza a modelos eléctricos dentro de dichas categorías.

Respecto a las excepciones, la norma es clara: no se permite que dos adultos viajen juntos en una motocicleta. La única excepción tácita admitida por la PNP es el traslado de un menor de edad por parte de un padre o tutor, aunque la autoridad aconseja evitar esta práctica por el riesgo que implica. El general Alvarado advirtió: “Si se constata plenamente identificado un padre de familia trasladando a su menor hijo en una motocicleta, lo ideal también sería no causarle tanto riesgo en este desplazamiento, porque un vehículo lineal de dos ruedas es de mayor riesgo que un vehículo de cuatro ruedas”.

Las sanciones económicas son una de las más altas en la región. La primera infracción implica una multa de 660 soles (USD 176) y la resta de 50 puntos en el récord del conductor. En caso de reincidencia, la penalidad se duplica a 1.320 soles (USD 352) y se descuentan 60 puntos, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir. Esta política posiciona al Perú entre los países latinoamericanos con multas más elevadas para este tipo de infracciones, superado solo por Brasil en casos extremos.

Las denuncias sobre corrupción sistémica en la Dirección de Tránsito del municipio de Girón, en el departamento de Santander, han dado paso a una sucesión de enfrentamientos verbales y situaciones de extrema tensión que afectan tanto a denunciantes como a ciudadanos.

En uno de los episodios recientes, los denunciantes Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga y candidato a la Cámara de Representantes por Santander, junto a Cristian Avendaño, actual representante y aspirante al Senado del partido Alianza Verde, fueron interceptados durante una actividad pública por Diego Alexander Cristancho Blanco y otros individuos que se identificaron como parte de la entidad municipal.

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El enfrentamiento incluyó insultos y amenazas explícitas, con frases como “Si me toca lo mato”; “No pongo comparendos, idiotas. Me ve uniformado”; “No le doy cuenta a nadie, idiota. No, no soy alférez” y “Me importa un culo quién es usted (sic)”, provocando una situación de riesgo tanto para los aludidos como para los presentes.

“Mientras exponíamos nuestra propuesta, llegó el agente Diego Cristancho Blanco, a quien le revelamos una empresa criminal para abusar con multas arbitrarias”, mencionaron los denunciantes en un video publicado en sus redes sociales.

Incluso, ambos aspirantes al Congreso publicaron unas conversaciones internas en los que se detalla la forma en que, desde la institución, se orienta a los infractores sobre las alternativas de la empresa privada para cumplir con la sanción.

De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema operaría de la siguiente manera: agentes de tránsito imponen multas por infracciones a conductores, quienes luego son remitidos a una empresa privada donde pueden evitar el proceso ordinario de pago y cursos mediante el desembolso de una suma cercana a 30.000 pesos.

“Si no quieren pagar los $30.000, les toca que se vayan a hacer el curso arriba, donde les toca sacar la cita, y quedarse allá las dos horas”, se escucha la voz del agente Cristancho en un audio revelado por Carlos Parra.

Denuncias ciudadanas

Según el documento presentado, existen denuncias que señalan repetidamente a este funcionario de tránsito de Girón que, según su denuncia, estaría vinculado a maniobras destinadas a beneficiar a una empresa privada que gestiona cursos pedagógicos para conductores sancionados, lo que ha despertado inconformidad y sospechas entre los ciudadanos.

“Ponen multas en chancletas, le ponen multas a carros estacionados, pero todo para aprovecharse del negocio familiar ni su empresa (...) una persona que impone comparendos y manda a las mismas personas acá a que le saquen el descuento. ¿No te parece que soy un conflicto de interés?”, precisó.

Tanto Parra como Avendaño aseguran que existen muchos afectados sobre la imposición irregular de comparendos, agresiones verbales y amenazas, pero aseguran que prefieren callar por temor a represalias.

Entre las acusaciones expuestas por el exconcejal y el congresista, se incluye la supuesta solicitud de favores sexuales a mujeres a cambio de anular sanciones, lo que de comprobarse representaría delitos penales además de faltas graves de tipo disciplinario.

“Lo que estamos escuchando es absolutamente indignante. Son prácticas que no pueden tener cabida en una institución que debe proteger a la ciudadanía”, enfatizó Parra.

Incluso, reseñó que, tras hacer pública la acusación, empezó a recibir testimonios que replican patrones similares en otras zonas del país.

Petición a las autoridades nacionales

En ese sentido, ambos candidatos al Congreso anunciaron que pondrán a disposición del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Transporte los chats y demás elementos recopilados, con el objetivo de que las autoridades realicen todas las verificaciones necesarias.

“Tenemos que acabarles el negocio. Y hasta ahora hemos revelado solo una parte de las irregularidades. Por todo lo anterior, le exigimos al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia que intervenga los tránsitos del área metropolitana”, informaron.

A su vez, no descartan presentar ante el Congreso una iniciativa que fortalezca los controles y las garantías ciudadanas en estos procedimientos.

“Ejercer control político y veeduría ciudadana no puede convertirse en una sentencia de amenazas. Denunciar irregularidades en tránsito es defender a la gente, no provocar violencia”, puntualizaron.

Respuesta de la secretaría de tránsito de Girón

Ante las graves denuncias, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Girón confirmó que ha iniciado una investigación interna tras la circulación en redes sociales de un video que contiene denuncias de presunta corrupción cometida por uno de sus agentes.

“Rechazamos de manera absoluta cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y comportamiento irregular”, declaró el secretario de Tránsito y Movilidad, José Manuel Reinozo Gómez a los medios locales.

Igualmente, el funcionario detalló que la administración ya se encuentra en proceso de revisión detallada de la situación.

“La información será remitida a las autoridades competentes, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”, complementó.

La Secretaría de Tránsito agregó que el gobierno municipal no tolera ni tolerará este tipo de conductas, independientemente de la persona involucrada.

“La confianza de la ciudadanía se construye con hechos y con decisiones firmes. En Girón, la legalidad y la honestidad no se negocian”, concluyó.

A partir de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), diversas infracciones de tránsito en el Estado de México (Edomex)registran incrementos significativos en sus sanciones económicas, con multas que pueden superar los 2 mil pesos, especialmente por el uso del teléfono celular al volante.

El gobierno del Estado de México endureció las sanciones económicas para diversas faltas al Reglamento de Tránsito, tras la actualización del valor de la UMA, (117.31 pesos diarios), lo que impacta directamente en el bolsillo de los automovilistas.

Entre las infracciones con mayor incremento se encuentra el uso del teléfono celular mientras se conduce, considerada una de las principales causas de accidentes viales.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el uso del celular al volante será sancionado con multas que van desde las 16 hasta las 20 UMAs, dependiendo de la gravedad de la falta y de los criterios aplicados por la autoridad de tránsito.

Multas por uso del celular al conducir

Las sanciones económicas por utilizar el teléfono móvil mientras se maneja quedan establecidas de la siguiente manera:

• Multa mínima:
• • 16 UMAs
  • Equivalente a 1,876.96 pesos
• Multa media:
• • 18 UMAs
  • Equivalente a 2,111.58 pesos
• Multa máxima:
• • 20 UMAs
  • Equivalente a 2,346.20 pesos

Autoridades estatales reiteraron que esta medida busca reducir accidentes de tránsito, ya que el uso del celular disminuye la capacidad de reacción del conductor y pone en riesgo tanto a peatones como a otros automovilistas.

Otras infracciones con el mismo rango de sanciones

El mismo esquema de multas aplicará para diversas conductas consideradas de alto riesgo o que afectan la movilidad y el orden vial en la entidad, entre ellas:

• Conducir sin licencia de manejo
• Circular con placas vencidas
• Invadir carriles confinados, como los destinados al transporte público
• Circular sobre ciclovías, poniendo en riesgo a ciclistas

Las autoridades señalaron que estas infracciones no solo representan una falta administrativa, sino que generan condiciones de peligro para otros usuarios de la vía pública.

Sanciones por estacionarse en lugares prohibidos

El estacionamiento indebido también será castigado bajo el mismo rango de UMAs. Esto incluye:

• Bloquear rampas para personas con discapacidad
• Obstruir entradas de vehículos o salidas de emergencia
• Estacionarse en zonas señalizadas como prohibidas

Las multas por estas conductas serán:

• Mínima: 16 UMAs (1,876.96 pesos)
• Media: 18 UMAs (2,111.58 pesos)
• Máxima: 20 UMAs (2,346.20 pesos)

Multas por exceso de velocidad

Aunque las sanciones por exceso de velocidad son menores en comparación con otras faltas, también registraron un incremento con la actualización de la UMA:

• Multa mínima:
• • 10 UMAs
  • 1,173.10 pesos
• Multa media:
• • 13 UMAs
  • 1,525 pesos
• Multa máxima:
• • 15 UMAs
  • 1,759.65 pesos

Las autoridades estatales recordaron que respetar los límites de velocidad es fundamental para prevenir accidentes graves y fatales.

Finalmente, se exhortó a los conductores a conocer el Reglamento de Tránsito del Estado de México y a cumplirlo, ya que además de las sanciones económicas, algunas infracciones pueden derivar en la remisión del vehículo al corralón o en la pérdida de puntos en la licencia de conducir.

Con el inicio del flujo de turistas hacia las playas de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, la Policía Rodoviaria Federal de Brasil lanzó una fuerte advertencia dirigida especialmente a los conductores argentinos, uno de los principales grupos de visitantes en esta época del año.

Según datos oficiales de la fuerza, en las primeras semanas de la temporada ya se registraron 20 accidentes graves en corredores clave del sur brasileño, particularmente en los accesos a Florianópolis y en los alrededores de Porto Alegre. En varios de esos siniestros estuvieron involucrados vehículos con patente extranjera, en su mayoría provenientes de la Argentina.

Ante este escenario, la PRF puso en marcha nuevamente el programa “Bienvenidos”, implementado para el verano 2025-2026 en ambos estados del sur, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre los turistas.

Conductas de riesgo y cifras preocupantes

Voceros de la fuerza reconocieron que, en base a los controles realizados en temporadas anteriores, los conductores argentinos figuran entre los más propensos a cometer infracciones graves en rutas brasileñas.

Durante la temporada pasada, los operativos detectaron:

• 230 vehículos con patentes ilegibles o adulteradas.
• 218 sanciones por exceso de velocidad.
• 203 casos de sobrepasos indebidos con línea amarilla, una de las faltas más severamente castigadas por la legislación local.
• 163 actas por no utilizar el cinturón de seguridad.

Desde la PRF remarcaron que estas conductas no solo implican multas elevadas, sino que aumentan significativamente el riesgo de accidentes fatales, especialmente en tramos de rutas con alto tránsito turístico y sectores en obra.

Qué es el programa “Bienvenidos”

La iniciativa lanzada por la policía vial brasileña apunta a brindar información clara y preventiva a los visitantes extranjeros. Según explicaron, el plan busca: “Promover un viaje más seguro y tranquilo para los visitantes extranjeros mediante la difusión de información sobre las leyes de tránsito brasileñas, el estado de las carreteras, los puntos de apoyo y las precauciones esenciales antes y durante el viaje”.

En los principales pasos fronterizos y puestos de control se entregan folletos en español y portugués, y se refuerza la presencia de agentes en los corredores turísticos más transitados.

Documentación y requisitos obligatorios

La PRF recordó que para circular legalmente por Brasil es indispensable contar con:

• Pasaporte o DNI vigente para cruzar la frontera.
• Chapas patentes perfectamente legibles.
• Seguro con cobertura internacional (Tarjeta Verde).
• Licencia de conducir vigente.

Además, subrayaron que es obligatorio realizar el trámite migratorio tanto al ingresar como al salir del país, ya que la omisión puede generar multas y problemas administrativos en viajes posteriores.

Control del vehículo y multas pendientes

Entre las recomendaciones más importantes, la policía aconseja revisar antes de salir:

• Luces.
• Sistema de frenos.
• Estado de los neumáticos.

También advirtieron sobre un punto que suele pasar desapercibido: verificar si el vehículo tiene multas pendientes en Brasil.

“Las deudas pueden resultar en la incautación del vehículo durante los controles”, señalaron.

La consulta puede hacerse en el sitio oficial de la PRF introduciendo únicamente la matrícula del automóvil. En caso de infracciones, el pago puede realizarse por internet o en cualquier delegación policial, donde se genera una boleta que se abona en un tótem electrónico, evitando demoras o problemas durante el viaje.

Fatiga al volante y tramos peligrosos

Otro eje central de la advertencia tiene que ver con el cansancio de los conductores. La fuerza pidió a los turistas planificar el viaje con paradas regulares para descansar.

Un dato ilustra la gravedad del problema: en 2025, el 23% de los accidentes con vehículos extranjeros ocurrió en la BR-290, en la zona de Rosario do Sul, un punto habitual de parada nocturna para quienes viajan desde Argentina hacia el litoral.

Según la PRF, esto confirma que la fatiga es uno de los factores más determinantes en los siniestros.

En general, las infracciones más comunes detectadas en el sur de Brasil son:

• Exceso de velocidad.
• Adelantamientos prohibidos.
• No uso de luces bajas durante el día.
• Conducir bajo los efectos del alcohol, falta considerada gravísima y con tolerancia casi cero.

Rutas bajo observación especial

La policía vial recomendó extremar las precauciones en las principales carreteras turísticas:

• BR-290
• BR-116
• BR-101
• BR-471

Varios tramos se encuentran en obras, con desvíos, reducción de carriles y señalización provisoria. En particular, en la BR-471, dentro de la Reserva de Taim, existe un alto riesgo de cruce de animales silvestres, motivo por el cual se aconseja evitar la conducción nocturna en esa zona.

Menos argentinos que el año pasado

Desde la fuerza también informaron que el Consulado Argentino en Porto Alegre estima que durante esta temporada alrededor de 1.500.000 argentinos visitarán las playas del sur brasileño, una cifra inferior a la del verano anterior.

La menor afluencia ya se refleja en los pasos fronterizos. En el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana, uno de los más utilizados por los viajeros por ruta, el número de argentinos que cruzaron durante la primera semana de enero cayó un 31%, según estadísticas oficiales del área de Migraciones de Brasil.

Pese a esta baja, la PRF anticipa un movimiento sostenido durante todo el verano y reiteró su mensaje: respetar las normas, descansar antes de manejar y circular con extrema precaución en rutas en obra son las claves para evitar tragedias y disfrutar del viaje sin sobresaltos.

Una mujer ha sido denunciada por la Guardia Civil tras difundir, a través de un grupo de Telegram, la ubicación de un control de tráfico en Ibiza. De acuerdo con la información publicada por eldiario.es, esta acción puede suponerle una sanción de entre 601 y 30.000 euros dada la utilización no autorizada de datos relacionados con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que podría haber comprometido la eficacia del operativo y facilitado que otros conductores eludiesen controles de alcoholemia, drogas o documentación, generando así un impacto sobre la seguridad vial.

Según ha precisado eldiario.es en su información, los hechos sucedieron el pasado domingo en la carretera EI200, donde agentes del Instituto Armado de Santa Eulària realizaban un control rutinario de vehículos y personas. Durante la actuación, detuvieron un coche ocupado por dos mujeres, que fueron identificadas y, posteriormente, continuaron su camino. Poco después, los agentes detectaron un descenso notable en el tráfico y observaron que varios vehículos optaban por un camino alternativo a la vía principal donde se desarrollaba el control. Tras investigar lo sucedido, los agentes localizaron un grupo en Telegram dedicado supuestamente a informar sobre incidencias en las carreteras de la isla.

En uno de los mensajes del grupo figuraba la localización exacta del dispositivo: la rotonda de Santa Eulària. Los guardias civiles iniciaron entonces las diligencias necesarias para identificar a la autora del aviso y, finalmente, determinaron que se trataba de una de las mujeres identificadas minutos antes. Desde la Guardia Civil, han recalcado, según recoge eldiario.es, que la difusión de datos relativos a operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, está prohibida y su uso indebido conlleva sanciones legales.

La normativa aplicable, tal y como explica el Instituto Armado en declaraciones recogidas por ese mismo diario, es el artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, bajo cuya cobertura se ha levantado acta a la conductora involucrada.

La DGT advierte sobre el uso de redes sociales para esquivar controles

Las autoridades han destacado, según informa eldiario.es, el cambio de hábitos en la forma de advertir sobre controles policiales. Si años atrás los conductores solían avisar a otros con ráfagas de luces, ahora la tecnología permite que estos avisos circulen a través de redes sociales y aplicaciones móviles, en algunos casos con la participación de numerosos conductores.

Desde el diario español, el periodista detalla que los grupos de aviso de controles empezaron a aparecer en el año 2012, aunque el fenómeno se intensificó a partir de 2014 con el auge de las aplicaciones vinculadas a la seguridad vial. De acuerdo con la DGT, “su aparición entonces se percibió como beneficiosa para la seguridad vial, ya que se informaba de incidentes en las carreteras, estado de la circulación o climatología”. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a compartirse localizaciones de controles de tráfico y de radares de velocidad.

El responsable de la Agrupación de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo Romero, ha expuesto en declaraciones a eldiario.es que la raíz del problema reside en que muchos conductores ven a los agentes como simples “recaudadores y no se dan cuenta de que los controles de la Guardia Civil lo único que recaudan son vidas”. Con estos mensajes, según expone Hidalgo, “se sienten inmunes porque la probabilidad de detenerlos es muy poca”.

La corrupción sigue siendo una experiencia cotidiana para miles de mexiquenses, a pesar del cambio de gobierno distinto al PRI.

El reciente estudio presentado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, elaborado a partir de una consulta pública aplicada en 87 municipios de la entidad, cuyos resultados son alarmantes.

El análisis identifica con claridad los espacios de interacción cotidiana entre ciudadanía y autoridades donde se concentran las mayores percepciones de riesgo de corrupción, así como las causas estructurales que la reproducen y normalizan.

Lejos de tratarse de hechos aislados, el documento muestra que el soborno se mantiene como una práctica persistente, asociada a la discrecionalidad, la opacidad y la debilidad institucional.

Multas de tránsito y trámites vehiculares, en la cima del riesgo

De acuerdo con el estudio, el trámite con mayor percepción de riesgo de corrupción corresponde a las multas de tránsito, señalado por el 55.6 por ciento de las personas participantes. Este dato confirma una problemática histórica: el contacto directo entre automovilistas y agentes de tránsito continúa siendo uno de los principales puntos de extorsión y soborno.

En un segundo nivel de riesgo se ubican los siguientes trámites:

• Trámites vehiculares como placas, tenencia y verificación: 45.9 por ciento
• Permisos de negocio o comercio: 45.2 por ciento
• Licencias de construcción: 42.8 por ciento

En particular, el caso de las licencias de construcción evidencia preocupaciones relacionadas con la opacidad en autorizaciones, inspecciones y cumplimiento normativo, sobre todo a nivel municipal, donde la discrecionalidad y la falta de controles claros elevan la percepción de corrupción.

Programas sociales y justicia, bajo sospecha ciudadana

El estudio también ubica un nivel intermedio de percepción de riesgo en rubros sensibles por su impacto directo en el bienestar social:

• Programas sociales: 39 por ciento
• Trámites en el Ministerio Público: 35.3 por ciento
• Agua, predial y otros servicios municipales: 34.1 por ciento

Estos ámbitos comparten una característica común: afectan de manera directa a personas en contextos de vulnerabilidad, lo que incrementa la percepción de uso discrecional del poder público. La asignación de apoyos sociales, la procuración de justicia y la gestión de servicios básicos aparecen, así, como espacios donde la corrupción agrava las desigualdades existentes.

Otros rubros mencionados fueron:

• Acceso a la justicia o tribunales: 27.1 por ciento
• Inspecciones sanitarias y controles administrativos: 26.4 por ciento
• Servicios de salud pública: 26.2 por ciento

Más de una de cada tres personas ha pagado “mordida”

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio surge de la pregunta: “¿Has pagado ‘mordida’ para agilizar un trámite en los últimos dos años?”. El 34.3 por ciento de las personas encuestadas reconoció haberlo hecho al menos una vez, lo que representa más de una de cada tres.

El desglose revela la reiteración de esta práctica:

• 12.8 por ciento pagó soborno una sola vez
• 9.5 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces
• 5.6 por ciento pagó más de cinco veces

En contraste, el 65.7 por ciento afirmó no haber pagado nunca, mientras que un 6.4 por ciento prefirió no responder, lo que sugiere la persistencia de temor, estigmas y desconfianza, incluso en un ejercicio anónimo, destaca el estudio.

Para el CPC, este dato es concluyente: la corrupción no es excepcional, sino una experiencia directa y reciente para una parte significativa de la población mexiquense.

Extorsión y trámites complejos, las principales causas

El análisis de las razones por las que se pagó la mordida muestra que el soborno no suele ser una decisión voluntaria, sino una respuesta a dinámicas estructurales de presión.

Las principales causas identificadas fueron:

• Extorsión directa: 36.6 por ciento señaló que la mordida fue solicitada explícitamente
• Trámites demasiado tardados o complejos: 14.5 por ciento
• Miedo a represalias: 7.5 por ciento

Estos datos evidencian un entorno de asimetría de poder entre autoridades y ciudadanía, donde la corrupción se convierte en una salida forzada para resolver necesidades inmediatas.

No obstante, el estudio también revela un proceso de normalización social:

• 9.7 % ofreció el soborno para agilizar el trámite
• 9.7 % lo hizo porque “todos lo hacen, es la única forma”
• 9.1 % señaló que el soborno fue presentado como parte del “procedimiento”

Este último punto resulta especialmente preocupante, al sugerir prácticas institucionalizadas que diluyen la frontera entre lo legal y lo ilegal.

El costo económico de la corrupción cotidiana

Aunque en muchos casos las cantidades reportadas son relativamente bajas, el impacto agregado es significativo. Entre las 211 personas que respondieron sobre montos:

• 24.6 por ciento pagó entre 500 y $1,000 pesos
• 19.9 por ciento menos de 500 pesos
• 9 por ciento entre 1,001 y 3,000 pesos
• 4.3 por ciento entre 3,001 y 5,000 pesos
• 4.7 por ciento más de 5,000 pesos

Destaca que el 37.4 por ciento prefirió no responder, lo que refuerza la sensibilidad del tema y la falta de confianza para hablar abiertamente de estas prácticas.

En contraste, los trámites con menor percepción de riesgo fueron:

• Registro civil: 11.2 %
• Trámites escolares o educativos: 23.1 %

Estos resultados sugieren que la estandarización de procesos, la digitalización y la menor discrecionalidad pueden reducir significativamente la percepción de corrupción.

Urgencia de intervenir en los puntos críticos

El estudio concluye que la conducta de las personas servidoras públicas es un factor determinante tanto para prevenir como para reproducir la corrupción. Ante el hecho de que más de una de cada tres personas ha enfrentado un soborno reciente, el CPC subraya la urgencia de intervenir en los puntos críticos de contacto entre gobierno y ciudadanía, con reformas administrativas, simplificación de trámites y mecanismos efectivos de denuncia.

La corrupción cotidiana, advierte el organismo, no solo erosiona la confianza institucional, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la población del Estado de México.

Autoridades de Naucalpan informaron que inició de manera inmediata las investigaciones correspondientes luego de la difusión de un video que se hizo viral, en el que se observa la presunta actuación irregular por parte de elementos municipales extorsionando a automovilistas en periférico Norte.

A través de un comunicado oficial, la corporación señaló que el caso ya es analizado por las instancias internas competentes, con el objetivo de deslindar responsabilidades y garantizar que las actuaciones de los servidores públicos se apeguen al marco legal vigente, aunque otros casos han quedado sin resolver.

En el documento, se precisó que a partir del pasado 23 de diciembre, en el municipio de Naucalpan únicamente el personal femenino adscrito a la Subdirección de Movilidad, debidamente acreditado y portando los distintivos oficiales de color naranja, se encuentra facultado para levantar infracciones de tránsito.

Esta medida subrayó la corporación, busca dar certeza jurídica a la ciudadanía y evitar abusos o confusiones respecto a las atribuciones de los distintos cuerpos de seguridad.

Solo mujeres pueden infraccionar

La autoridad municipal fue enfática al señalar que cualquier actuación fuera de este marco carece de sustento legal, por lo que no debe ser considerada válida. En ese sentido, reiteró que ningún otro elemento, fuera del personal señalado, tiene autorización para sancionar conductas relacionadas con la movilidad o el tránsito en el municipio.

Asimismo, la Guardia Municipal reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos de la ciudadanía, sin embargo, hasta el momento, no ha informado sobre las acciones a tomar sobre el último caso de extorsión de otro elemento y que fue sorprendido por un influencer.

Aunque el alcalde, Isaac Montoya ha dicho que su administración busca fortalecer la confianza de la población en los cuerpos de seguridad, así como a combatir prácticas indebidas que puedan derivar en actos de corrupción o abuso de poder, la realidad indica que siguen estas malas prácticas sin que haya control.

Piden no adelantar conclusiones a pesar de los videos

En relación con el video que dio origen a la controversia, la corporación evitó adelantar conclusiones y explicó que será a través de los procedimientos internos como se determinará si existió alguna irregularidad y, en su caso, se aplicarán las sanciones administrativas o legales correspondientes. “No se tolerarán conductas que contravengan los principios de servicio público”, señala el comunicado.

La Comisaria municipal también exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera directa, responsable y formal cualquier abuso, irregularidad o acto de corrupción cometido por servidores públicos municipales.

Para ello, puso a disposición de la población los canales de contacto del área de Asuntos Internos, con el fin de facilitar la presentación de quejas y denuncias.

Multas se suspendieron un año por denuncias ciudadanas

De acuerdo con la información oficial, los ciudadanos pueden comunicarse vía telefónica o por mensajería instantánea a los números habilitados por la corporación, donde se dará seguimiento puntual a cada reporte. La dependencia subrayó que las denuncias son un elemento clave para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el desempeño de las instituciones de seguridad.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente escrutinio público sobre la actuación de los cuerpos de seguridad municipales, particularmente con las multas de tránsito, que habían estado suspendidas por las extorsiones cometidas contra los automovilistas que circulan en periférico norte, sobre todo con quienes tienen placas foráneas o extranjeras.

En los últimos meses, diversos sectores de la sociedad han demandado mayor claridad en las atribuciones de los agentes y una actuación más profesional y apegada a la ley.

Si bien el episodio se conoció en las últimas horas, ocurrió la noche del pasado 23 de diciembre, unos minutos antes de las 22, en el peaje Parque Avellaneda de la mencionada autopista.

El vehículo involucrado fue una Ford EcoSport blanca, cuya patente fue registrada en el acta de comprobación de infracción, según la información y las imágenes que compartieron las fuentes oficiales a Infobae.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el conductor, al acercarse a la cabina de cobro, frenó y realizó una maniobra en reversa con el objetivo de no abonar el peaje.

En las imágenes se ve cómo luego un hombre, vestido con remera roja y bermuda gris, baja del vehículo y se acerca a la parte trasera para tapar la patente antes de volver a subir por la puerta del acompañante. Después de este intento, el coche se dirigió hacia una zona de peaje sin barreras y siguió su camino.

Fue “una maniobra temeraria que pudo haber terminado en un grave siniestro”, indicaron las autoridades a cargo del control en la autopista, que es administrada por AUSA (Autopistas Urbanas S.A.).

El acta labrada por un agente en el lugar detalla que la infracción fue por “parar en vía para transporte pesado” y por “tapar placa dominio trasera”, además de la evasión del pago del peaje.

De acuerdo a la escala de sanciones vigente, la multa se calcula según el valor de la Unidad Fija (UF), que en la Ciudad de Buenos Aires se ajusta de acuerdo al precio del combustible. Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51.

Las fuentes consultadas informaron que el conductor ahora enfrenta tres cargos: evasión de peaje (150 UF, $119.776), tapar o adulterar la patente (1.000 UF, $798.510) y circular por vías prohibidas (150 UF, $119.776). El monto total supera el millón de pesos.

El caso ocurrió en uno de los puntos de la red de autopistas urbanas de CABA que está en plena transformación. Desde el año pasado, este peaje comenzó a funcionar con un sistema de cobro automático que busca dejar atrás las cabinas manuales y el pago en efectivo.

El nuevo método, conocido como “peaje inteligente”, se apoya en pórticos con cámaras que detectan cada vehículo y registran el pago a través del dispositivo TelePASE o la lectura de patente. Esta tecnología apunta a agilizar el tránsito y evitar demoras, además de reducir el impacto ambiental al eliminar las paradas constantes y los tickets impresos.

Aunque desde hace meses el sistema automático ya estaba en marcha, algunas cabinas manuales siguieron habilitadas de modo transitorio. Con la reconversión, quienes no cuentan con TelePASE o circulan sin adherirse al sistema quedan expuestos a multas automáticas.

Las cámaras detectan todos los vehículos y, si el pago no está registrado, se genera una infracción que llega directamente al titular del auto, sumando montos que pueden ser muy altos si se suman otras faltas, como tapar la patente.

El objetivo de AUSA y del gobierno porteño es que para este 2026 todas las autopistas a su cargo sean 100% inteligentes y operen únicamente bajo este modelo, siguiendo el proceso que ya se implementó en la autopista Illia y el Paseo del Bajo. La única excepción por ahora es la autopista Dellepiane, donde todavía se mantiene la opción de pago manual.

Circular sin las luces traseras funcionando correctamente no es una falta menor. En la Ciudad de México, esta conducta se considera una infracción al Reglamento de Tránsito, ya que compromete la visibilidad del vehículo frente a otros conductores y eleva la probabilidad de accidentes, particularmente en horarios nocturnos, lluvia o neblina.

Por esta razón, la autoridad capitalina considera que circular sin luces traseras en buen estado pone en peligro no solo al conductor infractor, sino también a peatones, ciclistas y al resto de los usuarios de la vía. El Reglamento de Tránsito contempla multas económicas, puntos negativos en la licencia e incluso medidas adicionales cuando la falta se combina con reincidencia u otras conductas de riesgo.

¿Qué establece el Reglamento de Tránsito de la CDMX?

El marco normativo capitalino obliga a que todos los sistemas de iluminación del vehículo se encuentren en buen estado y operando de forma adecuada. Esto incluye faros delanteros, luces traseras, direccionales y luces de freno. Circular con cualquiera de estos elementos apagados, fundidos o defectuosos constituye una falta sancionable.

En términos de sanción, el Reglamento prevé multas que van de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, ese rango se traduce aproximadamente en mil 200 a 2 mil 400 pesos, aunque el monto puede incrementarse dependiendo de la gravedad del caso y de la reincidencia del conductor.

En escenarios más severos, la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 799.48 pesos, conforme a la actualización anual de infracciones en la capital.

¿Hay consecuencias adicionales?

Además del impacto económico, la infracción puede conllevar puntos negativos en la licencia de conducir. El número de puntos a descontar suele oscilar entre uno y tres, en función del riesgo generado y del historial del automovilista. La autoridad de tránsito puede valorar estos factores al momento de imponer la sanción.

Sanciones relacionadas con fallas en las luces

Operativos y vigilancia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza operativos nocturnos y revisiones preventivas en distintos puntos de la ciudad, donde el estado de las luces es uno de los aspectos más verificados. Detectar una falla visible puede derivar en la aplicación inmediata de la infracción.

Riesgos de circular sin luces traseras

• Seguridad vial: otros conductores no identifican a tiempo la presencia del vehículo.
• Accidentes por alcance: aumentan durante la noche y en lluvia.
• Sanciones acumuladas: la reincidencia puede elevar el monto de la multa.
• Afectación a la licencia: pérdida de puntos que puede derivar en sanciones mayores.

Recomendación práctica

Revisar periódicamente las luces traseras y de freno es una acción sencilla y de bajo costo. Sustituir un foco fundido no solo evita multas, también reduce riesgos y mejora la seguridad de todos en la vía.

En resumen:

• Circular en la Ciudad de México con las luces traseras apagadas, fundidas o descompuestas sí es una infracción al Reglamento de Tránsito.
• En 2026, la multa puede ir de 10 a 20 UMAs, con montos aproximados de mil 200 hasta 2 mil 799.48 pesos, según la gravedad y si hay reincidencia.
• La sanción no es solo económica: también puede implicar la resta de 1 a 3 puntos en la licencia de conducir.
• La falta se aplica cuando no funcionan correctamente luces traseras, de freno, direccionales o cualquier sistema de iluminación obligatorio.
• Existen operativos de revisión, especialmente nocturnos, donde las autoridades verifican el estado de las luces del vehículo.
• Circular sin luces traseras aumenta el riesgo de accidentes, sobre todo de noche o con lluvia, al reducir la visibilidad para otros conductores.
• Revisar y cambiar focos a tiempo es una medida preventiva simple que evita multas y mejora la seguridad vial.

Atentos, conductores. Desde 1 de enero del 2026, se aplican los nuevos montos por multas de tránsito en el país. Así, una de las principales que destaca la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), es la multa por realizar transporte no autorizado, la cual se ha elevado a S/ 5.500.

Como se recuerda, esta infracción (que se aplica si alguien hace servicio de transporte informal, por ejemplo) es una sanción que no admite descuentos por pronto pago ni fraccionamiento, al tratarse de “una infracción muy grave que pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios”.

De igual manera, las multas por exceso de velocidad (infracción M20) también se incrementarán de acuerdo con la siguiente escala:·

• Hasta 10 km/h por encima del límite permitido: 18 % de una UIT (S/ 990)
• Más de 10 km/h y hasta 30 km/h: 24 % de la UIT (S/ 1.320)
• Más de 30 km/h sobre el límite máximo: 50 % de la UIT (S/ 2.750).

¿Por qué subieron las multas?

Como se receurda, este ajuste se aplica tras la aprobación del nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que determinó un incremento de S/ 150 con relación al valor del año 2025, situado en S/ 5.350: ahora el valor es de S/ 5.500.

La Sutran precisó que este reajuste alcanza a todas las infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT), así como al Reglamento Nacional de Transito (RTRAN) y tienen un enfoque estrictamente preventivo, orientado a desincentivar conductas de riesgo en las vías.

“Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la fiscalización permanente y la labor de sensibilización a conductores y empresas de transporte, como parte de su estrategia para salvaguardar la vida de pasajeros, peatones y conductores en todo el país”, acotaron.

En 2025 realizaron más de 8.000 operativos

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), realizó (entre enero y diciembre de 2025) 8.237 operativos de informalidad y otros a los servicios e infraestructuras de transporte a fin de salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios que, diariamente, se desplazan a lo largo de la Red Vial Nacional.

“Dichos operativos se desarrollaron en puntos estratégicos de las 22 regiones donde la entidad tiene presencia a través de sus más de 950 inspectores y de manera articulada junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y otras entidades del Estado a fin de ejecutar acciones de supervisión integrales”, apuntó la entidad.

Asimismo, la labor de la Sutrán también se fortaleció en cuanto a la fiscalización de entidades que brindan servicios complementarios a conductores y vehículos como los centros de inspección técnica vehicular, las escuelas de salud, los centros de capacitación, los talleres de conversión, entre otros. En estos establecimientos se totalizaron 6 514 acciones de control, verificando que se cuente con la documentación requerida y se sigan los procedimientos dispuestos en la normativa.

También otro aspecto de relevancia en el que la Sutrán tuvo actividad durante el 2025 fue el control de velocidad que se realizó a través de los Centros de Gestión y Monitoreo (CGM) en Piura, Arequipa, Huancayo y Lima; trabajo conjunto con la PNP y por cinemómetros, acumulando 82 735 papeletas de código M20 a unidades que excedieron los límites de velocidad establecidos en las vías nacionales con multas que ascienden hasta 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El reciente incremento del salario mínimo en Colombia en el año 2026, establecido en un 23 % por el presidente Gustavo Petro, situó el ingreso mensual en $1.750.905, y para quienes reciben el auxilio de transporte, el monto total asciende a $2.000.000.

Con esta decisión, los colombianos mostraron su inquietud frente a la posibilidad de que aumenten los precios de productos y servicios en el país para el año entrante.

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Sin embargo, el impacto no será igual para todos los hogares de la nación, ya que varias tarifas esenciales dejaron de vincularse directamente al monto salarial fijado para los trabajadores colombianos y dependen actualmente de otros factores.

En diversos rubros fundamentales, el incremento salarial no conducirá automáticamente a un alza de precios.

Un caso concreto es el de los arriendos de vivienda, cuyo ajuste anual solo puede realizarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que busca asegurar la estabilidad de los arrendatarios y evitar incrementos desproporcionados.

Igualmente, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), tampoco variará de manera directa con el salario mínimo, sino que su actualización depende de otros indicadores, principalmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Unidad de Valor Tributario (UVT).

De acuerdo con la ley vigente, el salario mínimo dejó de ser el parámetro para actualizar estos aspectos.

Peajes y multas de tránsito

Asimismo, los peajes en vías nacionales y carreteras concesionadas tampoco se verán afectados de forma directa por el cambio en el salario mínimo.

El valor de estos peajes se determina conforme a la inflación o según lo dispuesto en los contratos específicos de concesión, lo que significa que los costos de viajar por carretera no responden al ajuste al salario mínimo sino a factores contractuales y a la evolución del IPC.

En el mismo sentido, las sanciones de tránsito, que son motivo de preocupación para un amplio sector de conductores, tampoco dependen del monto salarial fijado por decreto presidencial.

Las multas están calculadas en Unidades de Valor Básico (UVB), las cuales se actualizan tomando como referencia la inflación reportada oficialmente.

El aumento del salario mínimo, por tanto, no supone un incremento automático en el valor de estas infracciones.

Servicios públicos

La actualización tarifaria en los servicios públicos domiciliarios —agua, energía, gas y aseo— responde a esquemas técnicos y regulatorios donde prevalecen criterios como los costos de operación y la regulación sectorial.

Además, la inflación es el principal referente para las modificaciones tarifarias, de modo que cualquier ajuste dependerá de estos elementos y no de la variación del salario mínimo.

En el ámbito de la educación privada, tanto matrículas como pensiones se determinan según las políticas internas de cada institución y la inflación vigente.

Las alzas deben respetar los límites legales definidos, sin encontrarse vinculadas de manera directa al salario mínimo.

Esta desindexación constituye un paso decisivo en la estrategia del Estado para evitar que suban al mismo ritmo tanto los ingresos mínimos como los gastos recurrentes, tratando de mantener en mejores condiciones el poder adquisitivo de los colombianos.

Aumento indirecto

No obstante, ciertos rubros que emplean mano de obra remunerada directamente al sueldo mínimo podrían ver aumentos indirectos derivados de la actualización salarial.

Tal situación implica que si bien la ley no exige incrementos automáticos en estos bienes y servicios, los costos de operación relacionados con personal o proveedores que dependan del salario mínimo sí tienen la capacidad de trasladar parte de ese impacto a los consumidores, según datos recopilados por Blu Radio.

También, sectores como la vigilancia y el aseo en conjuntos residenciales, intensivos en mano de obra, podrían presentar ajustes en sus tarifas, pues el mayor costo laboral suele trasladarse, al menos parcialmente, a los consumidores.

Finalmente, ciertos servicios privados, entre los que se cuentan consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían experimentar encarecimientos por motivos relacionados con el incremento general de costos, a pesar de no estar sujetos a la obligación legal de ajustarse según el salario mínimo.

Sin embargo, una de las consultas más frecuentes es qué hacer si, después de haber pagado el comparendo y realizado el curso, la notificación de la infracción sigue apareciendo en la página web de movilidad o en el sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

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Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en estos casos es fundamental conservar el soporte de pago y/o del curso pedagógico. El procedimiento para reportar la anomalía es sencillo y puede hacerse en línea, sin necesidad de intermediarios:

1. Ingrese a la página web www.movilidadbogota.gov.co.
2. Haga clic en la sección Atención y servicio a la ciudadanía.
3. Seleccione la opción Peticiones, quejas o reclamos.
4. Ingrese al formulario de radicación o a la sección Bogotá te escucha y diligencie los datos requeridos.
5. Adjunte el soporte del pago y/o del curso pedagógico.

La entidad tiene un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud, que será enviada al correo electrónico o dirección registrada por el ciudadano. Este trámite es gratuito y no requiere la gestión de terceros. Es importante seguir este proceso para garantizar que la base de datos se actualice y evitar futuros inconvenientes, como la imposibilidad de realizar otros trámites vehiculares.

Descuentos y cursos pedagógicos

Las personas que reciban un comparendo pueden acceder a descuentos del 50% o 25% en el valor de la sanción, siempre que realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos:

• Para comparendos notificados en vía:
• • 50% de descuento si realiza el curso y el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición.
  • 25% de descuento si lo realiza entre los días 6 y 20 hábiles posteriores.
• Para comparendos electrónicos:
• • 50% de descuento si cumple el requisito dentro de los 11 días hábiles posteriores a la notificación.
  • 25% de descuento si lo hace entre los días 12 y 26 hábiles.

Los cursos pueden realizarse en cinco puntos autorizados: Edificio Restrepo, Fontibón Centro, C.C. Tintal Plaza, C.C. San Rafael y el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13. Se recomienda llegar con anticipación y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Impugnación de comparendos

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, puede impugnar el comparendo en una audiencia pública virtual. El plazo para solicitar la impugnación es de cinco días hábiles para comparendos en vía y once días hábiles para comparendos electrónicos.

Las citas se gestionan gratuitamente en los canales oficiales, como la página web www.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic.

Acuerdos de pago

Quienes tengan deudas superiores a $1.207.762 pueden solicitar facilidades de pago en línea. El trámite requiere diligenciar un formulario en la página de la Secretaría de Movilidad, adjuntar documentos como la fotocopia de la cédula, certificaciones bancarias y laborales, y una declaración juramentada sobre bienes.

El tiempo de respuesta es de tres días hábiles, y se exige una cuota inicial del 40% del valor total, a pagar en los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

Recomendaciones

La Secretaría de Movilidad recuerda a la ciudadanía que todos estos trámites son digitales, gratuitos y sin intermediarios. Si después de cumplir con el pago y el curso el comparendo sigue apareciendo en el sistema, es esencial radicar la solicitud con los soportes para evitar bloqueos en trámites futuros.

Finalmente, y ante cualquier inconveniente adicional, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2, para recibir orientación.

A partir de 2026, los automovilistas de la capital podrán acceder a descuentos de hasta 90 por ciento en multas de tránsito, siempre que se trate de infracciones no graves y que los adeudos correspondan principalmente a sanciones cometidas en 2025 que aún no hayan sido liquidadas.

Esta medida forma parte del Paquete Económico 2026, aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, y será operada por la Secretaría de Administración y Finanzas.

El objetivo central del programa es incentivar que las personas se pongan al corriente en sus pagos, evitando que las multas acumulen recargos y actualizaciones que, con el tiempo, encarecen de forma considerable el adeudo original.

¿Quiénes podrán acceder al descuento del 90%?

El beneficio está dirigido a automovilistas con multas de tránsito consideradas comunes, es decir, aquellas que no implican conductas de alto riesgo. De acuerdo con la información oficial, podrán acceder al descuento:

• Personas con infracciones de tránsito registradas en 2025 que no hayan sido pagadas.
• Contribuyentes con adeudos relacionados con predial, agua o tenencia vehicular, quienes también podrán recibir incentivos fiscales similares.
• Conductores que realicen el pago dentro del periodo de vigencia del programa en 2026.

El descuento se aplica directamente sobre el monto principal de la multa, eliminando por completo recargos y actualizaciones, lo que representa un alivio económico significativo para miles de automovilistas.

Multas que quedan fuera del programa

No todas las infracciones serán condonables. Las autoridades capitalinas dejaron claro que el beneficio no aplica a faltas graves, especialmente aquellas que ponen en riesgo la seguridad vial. Quedan excluidas las multas relacionadas con:

• Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.
• Exceso de velocidad grave, cuando se rebasa de forma considerable el límite permitido.
• Reincidencia, es decir, acumulación de infracciones similares en un periodo determinado.

En estos casos, los conductores deberán cubrir el monto total de la sanción, sin posibilidad de descuento.

Requisitos y condiciones para obtener el beneficio

Para acceder al descuento, las multas deben estar debidamente registradas en el sistema oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas. Además, el pago deberá realizarse a través de los canales autorizados, ya sea en línea o en oficinas habilitadas, ya que no existe una condonación automática.

Es importante considerar que el programa será temporal y aplicará únicamente durante 2026, conforme a las reglas que emita el Gobierno de la Ciudad de México.

Un incentivo para regularizarse y evitar bloqueos

Más allá del ahorro económico, el programa busca resolver un problema recurrente: la acumulación de multas que impide a los automovilistas realizar trámites como verificación vehicular, reemplacamiento o renovación de documentos. Con estos descuentos, las autoridades esperan que más personas se regularicen y mantengan sus obligaciones vehiculares al día.

Las multas de tránsito comunes sí podrán tener hasta 90 por ciento de descuento en CDMX durante 2026, siempre que no estén relacionadas con alcohol, exceso grave de velocidad o reincidencia. La medida representa una oportunidad para ponerse al corriente y evitar complicaciones administrativas en el futuro.

En resumen:

• En 2026, la Ciudad de México aplicará descuentos de hasta 90% en multas de tránsito.
• El beneficio forma parte del Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso de la CDMX.
• Aplica únicamente a infracciones comunes, principalmente cometidas en 2025 y no pagadas.
• El descuento se otorga sobre el monto principal de la multa, eliminando recargos y actualizaciones.
• También habrá beneficios similares para adeudos de predial, agua y tenencia vehicular.
• El objetivo es incentivar la regularización y facilitar trámites como verificación vehicular y reemplacamiento.
• No aplican descuentos a multas por:
• • Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas.
  • Exceso grave de velocidad.
  • Reincidencia en infracciones.
• El descuento no es automático: se debe realizar el pago dentro del periodo de vigencia en 2026.
• Las multas deben estar registradas en el sistema de la Secretaría de Administración y Finanzas.
• El programa será temporal y solo estará vigente durante 2026.

Estrategias para evadir sanciones

Cerca de la sede del SAT, los tramitadores informales ofrecen a los colectiveros la posibilidad de obtener la prescripción de sus multas. El procedimiento consiste en dilatar los procesos administrativos mediante impugnaciones y trámites, con el objetivo de que las sanciones queden sin efecto pasado un periodo de dos años sin notificación formal. De este modo, las multas permanecen en un estado de suspensión, a la espera de que el tiempo transcurra hasta su prescripción.

Este tipo de prácticas ha encontrado terreno fértil en avenidas como Arequipa y Javier Prado, donde el transporte informal prolifera sin control. Los conductores de estos colectivos acumulan multas que en algunos casos superan los cientos de miles de soles, lo que convierte la anulación de papeletas en un negocio rentable para quienes ofrecen sus servicios en la calle.

Un sistema permisivo que incentiva la informalidad

La facilidad con la que se eluden las sanciones ha generado un círculo vicioso. Según, un informe de 24 Horas Noticias, por cada diez papeletas impuestas, solo una se paga, lo que equivale a un cumplimiento del diez por ciento. Esta situación revela la ineficacia del sistema sancionador y alienta la persistencia de los colectivos informales, que operan sin temor a consecuencias reales.

Cada año, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el SAT imponen alrededor de un millón de papeletas a conductores infractores. Muchas de estas multas pueden alcanzar montos superiores a los diez mil soles. Sin embargo, la percepción generalizada es que la sanción es solo un trámite sin mayor trascendencia, ya que existen mecanismos para congelar la deuda hasta que prescriba.

Nuevas acciones penales: una respuesta limitada

Frente a la magnitud del problema, en los últimos días han comenzado a registrarse denuncias penales contra conductores de colectivos. Las notificaciones y citaciones del Ministerio Público evidencian el inicio de procesos judiciales por exposición al peligro, con penas que pueden llegar hasta los tres años de prisión suspendida.

La ATU dispone desde el 2020 de la facultad para denunciar penalmente a quienes presten servicios de taxi colectivo sin autorización. Sin embargo, la ausencia de cárcel efectiva y la persistencia de la impunidad hacen que estas medidas resulten poco disuasivas. Los colectiveros continúan ofreciendo el servicio a diario, sin respetar las normas de tránsito, sobrepasando los límites de velocidad y generando una competencia desleal al sistema formal de transporte.

Un problema de seguridad vial y salud pública

La problemática del transporte informal no termina en la evasión de multas. En el Perú, mueren alrededor de 3.500 personas al año en accidentes de tránsito. Los colectivos informales representan una parte significativa de este fenómeno, operando sin radares, ni comunicación por radio, y aumentando el riesgo tanto para pasajeros como para peatones. La impunidad con la que circulan estos vehículos contribuye a un sistema de transporte inseguro y desregulado, que afecta a toda la sociedad.

La proliferación de tramitadores y la facilidad para esquivar sanciones reflejan la necesidad urgente de una reforma integral en la fiscalización y sanción de la informalidad en el transporte. Mientras tanto, la avenida Arequipa y otras vías principales se mantienen como escenarios donde la ley parece estar en pausa, y la seguridad vial, en permanente riesgo.

Con el fin de año y el inicio de la temporada decembrina, muchos habitantes de la Ciudad de México revisan sus finanzas, obligaciones fiscales y piensan en los cambios que acompañarán al siguiente año. Entre estos ajustes destaca la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), clave para el cálculo de multas de tránsito y otros pagos oficiales.

UMA: la referencia económica que impacta en la vida diaria

La UMA es un indicador creado para servir como base en la determinación de pagos legales y administrativos en México, desde sanciones hasta impuestos. Su función principal es evitar que los aumentos del salario mínimo repercutan directamente en el monto de obligaciones económicas, protegiendo así los ingresos de los trabajadores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el responsable de calcular y publicar el valor de la UMA. Cada año, este organismo revisa el comportamiento de la inflación y realiza el ajuste necesario, que tiene efectos en todo el país.

¿Cómo se calcula la UMA y cuándo entra en vigor?

El valor de la UMA se determina multiplicando el valor del año anterior por el porcentaje de crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado en diciembre. El resultado refleja la variación de la inflación y permite mantener actualizadas las obligaciones legales.

De acuerdo con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cada enero, durante los primeros diez días, el INEGI publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo valor diario, mensual y anual de la UMA. Sin embargo, este ajuste no entra en vigor de inmediato: será hasta el 1 de febrero cuando los nuevos montos sean oficiales y aplicables.

Para 2025, la UMA quedó en 113.14 pesos diarios, 3 mil 439.46 pesos mensuales y 41 mil 273.52 pesos anuales, tras una variación de 4.21 % respecto al año previo. Antes de ese ajuste, en 2024, los valores eran de 108.57 pesos diarios, 3 mil 300.53 pesos mensuales y 39 mil 606.36 pesos anuales.

Evolución de la UMA en los últimos años

El valor de la UMA ha mostrado incrementos constantes, alineados con la inflación nacional. Los datos del INEGI muestran la siguiente evolución reciente:

• 2023: 103.74 pesos diarios, 3 mil 153.70 pesos mensuales, 37 mil 844.40 pesos anuales
• 2022: 96.22 pesos diarios, 2 mil 925.09 pesos mensuales, 35 mil 101.08 pesos anuales
• 2021: 89.62 pesos diarios, 2 mil 724.45 pesos mensuales, 32 mil 693.40 pesos anuales

Relación directa con las multas de tránsito en CDMX

Uno de los ámbitos donde más se percibe el impacto de la UMA es en las multas de tránsito de la Ciudad de México. El Reglamento de Tránsito capitalino establece las sanciones en múltiplos de UMA, por lo que cada actualización cambia automáticamente el monto a pagar por los conductores infractores.

Por ejemplo, la multa más elevada en la CDMX corresponde a invadir carriles exclusivos del transporte público y puede ir de 40 a 60 UMAs. Con el valor de 2025, el rango oscila entre 4 mil 525.60 y 6 mil 788.40 pesos. Otras sanciones también se actualizan, como:

• Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente: 20 a 40 UMAs, es decir, entre 2 mil 262.80 y 4 mil 525.60 pesos.
• Insultar o agredir a personal de tránsito: 20 a 30 UMAs, de 2 mil 262.80 a 3 mil 394.20 pesos.

¿Qué esperar para 2026?

El proceso de actualización de la UMA será igual para 2026: el INEGI publicará el nuevo valor durante los primeros días de enero y este entrará en vigor el 1 de febrero. El monto exacto dependerá de la inflación registrada en diciembre de 2025. Por esta razón, hasta la redacción de esta nota, el valor de la UMA para 2026 no ha sido anunciado.

Mientras tanto, los habitantes de la CDMX deben considerar que, a partir del 1 de febrero de 2026, cualquier multa de tránsito se calculará con el valor actualizado, lo que puede significar un aumento respecto al año anterior.

De cara a la temporada de verano, miles de argentinos se movilizan en vehículo particular hacia Uruguay y Brasil, dos de los destinos más elegidos. Sin embargo, en los últimos meses se ha registrado un fuerte incremento en multas de tránsito, controles automatizados y sanciones económicas elevadas.

Desde el área de defensa de multas de tránsito de Iezzi&Varone, advertimos que una gran parte de estas sanciones pueden y deben ser revisadas legalmente.

Uruguay: multas en dólares y notificaciones tardías

En junio de 2024, el gobierno uruguayo dictó el Decreto 176/024, que habilitó el cobro de infracciones de tránsito a conductores extranjeros, especialmente a través de fotomultas. La norma dispone que quienes no acrediten residencia legal en Uruguay deben abonar las multas antes de abandonar el país.

Así lo establece el artículo 27 de la Ley N.º 19.824, el cual expresa que cuando el infractor de tránsito no acredite su residencia legal en el territorio nacional, deberá abonar las infracciones de tránsito cometidas antes de abandonar el país mediante el mecanismo que se fije en la reglamentación respectiva.

Las multas pueden consultarse y pagarse a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), disponible en línea y en redes de cobranza locales. Hasta el momento, en la práctica, ese control no se implementó correctamente por falta de notificación.

Así, numerosos turistas argentinos comenzaron a enterarse meses después de haber regresado al país que registraban multas por montos que oscilan entre US$5.000 y US$10.000, e incluso superiores (tomando como referencia que una multa por exceso de velocidad ronda en los US$400 / US$440 por infracción). La mayoría, se enteró al intentar adherirse al telepeaje o al consultar sistemas oficiales para ingresar al país en 2026.

Desde el punto de vista jurídico, esta situación vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, pilares del derecho sancionatorio administrativo, ya que en muchos casos:

• No fueron notificados al momento de salir de Uruguay

• No recibieron aviso por correo electrónico ni postal

• No tuvieron posibilidad de efectuar descargo alguno

¿Hay consecuencias por reingresar con multas impagas?

Actualmente no existen impedimentos automáticos de entrada o salida del país, aunque las autoridades han anticipado que esto podría cambiar. Sí existe un riesgo relevante: si un vehículo registra más de 15 multas impagas y es detenido en un control, puede ser incautado.

Tampoco debe pasarse por alto que desde el 2015, en Uruguay rige una política de Alcohol Cero al volante, que se aplica de manera estricta tanto a residentes como a turistas extranjeros. En estos casos, al conductor se le retira de forma inmediata la licencia de conducir y se le aplica una multa que ronda los US$700, la cual debe abonarse previamente para poder recuperar el registro. Asimismo, si no existe otro conductor habilitado en el vehículo que no presente alcohol en sangre, las autoridades pueden disponer la retención del automóvil.

¿Cómo realizar el descargo en Montevideo?

Desde que se notifica la infracción el infractor cuenta con 10 días hábiles para presentar los descargos y puede hacerlo de las siguientes maneras:

• Personalmente en la oficina de Atención a la Ciudadanía (ubicada en el Atrio de la calle Soriano, Edificio Sede de la Intendencia de Montevideo, en el horario de 10 a 16 h) presentando la documentación requerida.

• Completando el formulario de descargos de contravenciones de tránsito.

Una vez realizado el descargo, este pasa a la Comisión Asesora de Descargos donde se elabora un informe con sugerencia para la dirección correspondiente.Si se confirma la multa, el infractor cuenta con un plazo de 10 días corridos para recurrir la resolución y deberá presentar recurso de reposición y de apelación. El primero se eleva a quien dictó el acto y el segundo, a la Intendenta.Para infracciones nacionales se puede realizar descargo de manera online por el siguiente link.

Brasil: controles intensivos antes de cruzar la frontera

Quienes viajan en auto a Brasil deben atravesar la Autovía Ruta Nacional 14, conocida como la Ruta del Mercosur. En el verano 2025/2026 se incrementaron de forma significativa los radares fijos, móviles y fotomultas, especialmente en la provincia de Entre Ríos.Es así que existen controles activos en puntos clave como: Ceibas, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Chajarí.Las sanciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta según el precio del litro de nafta súper en Entre Ríos (Valor actual de referencia: $1.613). Multas graves (exceso de velocidad, circular sin luces): entre 300 y 500 UF.

¿Se pueden discutir estas multas?

Sí. Tanto las multas en Uruguay como las labradas en rutas argentinas son revisables y discutibles, especialmente cuando existen:

• Falta o defecto de notificación

• Errores en el acta o en el sistema de radar

• Violación del derecho de defensa

• Falta de señalización adecuada

• Acumulación irrazonable de sanciones

• Defectos formales o administrativos

El pago inmediato, sin análisis previo, impide en muchos casos ejercer defensas válidas, por lo cual recomendamos: verificar multas antes y después de viajar, no asumir automáticamente la validez de la sanción, evitar pagos apresurados, incluso con “descuento”, y analizar cada caso con asesoramiento legal especializado.

El endurecimiento de los controles de tránsito en Uruguay y en las rutas hacia Brasil ha generado multas elevadas, sorpresivas y, en muchos casos, irregulares. Frente a sanciones en dólares o montos cercanos al medio millón de pesos, la revisión legal no solo es posible, sino fundamental.

*Los autores son especialistas en Defensa de Multas de Tránsito y Faltas Especiales, a cargo del área en Iezzi&Varone. Instagram: multas_transitoar.

Con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas usuarias de la vía pública, el gobierno del Estado de México puso en marcha la actualización al Reglamento de Tránsito, un ordenamiento que ya se encuentra en vigor y que introduce infracciones inteligentes para reforzar la seguridad en carriles confinados del Mexibús y en ciclovías.

Estas medidas buscan reducir siniestros viales y garantizar una movilidad más segura, particularmente para ciclistas y usuarios del transporte público.

La nueva regulación define con precisión lo que se considerará como invasión a espacios exclusivos. Entre las acciones prohibidas se encuentran circular, cruzar, girar, detenerse, estacionarse, realizar ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes, así como cualquier tipo de maniobra dentro de espacios destinados al transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados.

Con ello, se busca eliminar prácticas que ponen en riesgo a quienes utilizan estas zonas de manera legítima.

Apoyo de tecnología para captar multas de tránsito

De acuerdo con el Artículo 125 Bis del Reglamento de Tránsito, los sistemas tecnológicos autorizados para detectar infracciones podrán ser electromecánicos, fotográficos o de video.

Estos equipos tendrán la función de regular, controlar y dirigir el tránsito, además de captar violaciones a las disposiciones viales. Esta modernización permitirá mejorar la capacidad de monitoreo en tiempo real y fortalecer la estrategia preventiva en puntos de alta afluencia.

En los carriles confinados y contiguos del sistema Mexibús, la detección de infracciones se realizará mediante cámaras y sistemas de reconocimiento de placas automatizados.

Estos equipos operarán únicamente en zonas previamente establecidas y bajo supervisión directa de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Multas por invadir carril de ciclovías

Las y los ciudadanos pueden consultar las ubicaciones oficiales de estos dispositivos a través de la plataforma estatal.

Por su parte, en las ciclovías del Estado de México, las infracciones se identificarán mediante dispositivos manuales (hand held) manejados por mujeres agentes de tránsito estatales o municipales, siempre que estas últimas se encuentren facultadas. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de las normas sin afectar la movilidad cotidiana y brindando un enfoque cercano y preventivo.

Respecto a las sanciones, las autoridades informaron que se ofrecerá un descuento del 50 por ciento si la multa es pagada dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a su emisión o notificación en el domicilio. Esta última modalidad aplica en casos de invasión o exceso de velocidad en el sistema Mexibús.

Además, de manera temporal, las sanciones se aplicarán considerando el rango mínimo de multa. Parte de los recursos recaudados mediante estas infracciones se destinarán a fortalecer la infraestructura vial, peatonal y ciclista, en concordancia con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, particularmente con el eje “Movilidad segura, digna y eficiente”.

La ciudadanía puede consultar el reglamento completo a través de la Gaceta del Gobierno estatal, donde se detallan los lineamientos actualizados que buscan promover un entorno vial más ordenado, moderno y seguro para todos los mexiquenses.

El asesinato de Jean Claude Bossard durante un intento de hurto ocurrido la tarde del 2 de diciembre de 2025 en el norte de Bogotá conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a la reincidencia delincuencial en la capital.

El ataque se registró hacia la 1:30 p. m. en la avenida 19 con calle 108, cuando la víctima, un joven de 29 años y estudiante de noveno semestre, fue abordado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Según informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los responsables interceptaron a Bossard mientras caminaba portando su teléfono móvil y lo intimidaron exigiendo sus pertenencias.

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La situación escaló cuando la víctima se resistió al asalto. Los delincuentes reaccionaron disparándole en dos oportunidades y lo dejaron tendido sobre la vía. Alertada por el suceso, una patrulla de la Policía que se encontraba en la zona enfrentó a los agresores en un intercambio de disparos. En ese operativo, uno de los atacantes resultó abatido y el otro, un adolescente de 16 años con una herida en el brazo, fue aprehendido. El arma de fuego empleada en el crimen y la motocicleta utilizada en el acto fueron incautadas por las autoridades.

El vehículo involucrado en el homicidio, de placa ZSO96E, se halla en el foco de las investigaciones no solo por su posible vinculación con otros delitos, también por el voluminoso historial de infracciones que arrastra según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

De acuerdo con datos suministrados por la plataforma, consultados por Infobae Colombia, la motocicleta suma $5.047.096 en multas acumuladas entre 2023 y 2025, principalmente impuestas en el municipio de Itagüí y en Medellín. Aunque existe la hipótesis de que el vehículo esté matriculado en Antioquia, los registros exactos de propiedad exigen el cruce de la información con el número de cédula del titular en el Runt.

El análisis del historial evidencia que las infracciones fueron asignadas a dos personas distintas en el periodo reseñado. El listado revela:

• El 8 de agosto de 2023, en Itagüí, una multa D02 por “conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la Ley”, con un valor de $1.275.543.
• En esa misma fecha, también en Itagüí, fue impuesta una infracción C35 de $637.772 por no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal, o tener el vehículo en condiciones deficientes.
• El 23 de agosto de 2023, se repitieron ambas infracciones (D02 y C35), nuevamente en Itagüí, por valores individuales de $1.275.543 y $637.772.
• Una quinta multa, fechada el 5 de octubre de 2023 en Medellín, corresponde a la infracción C14, por transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos, y conlleva la inmovilización, por $616.412.
• Finalmente, el 1 de septiembre de 2025, la autoridad de tránsito de Medellín sancionó al mismo vehículo con otra multa C14 de $604.054.

Estos historiales confirman que la motocicleta estuvo sistemáticamente involucrada en infracciones graves y recurrentes, incluyendo la circulación sin Soat vigente y la omisión de revisión técnico-mecánica, lo que implica riesgos severos para la seguridad vial y la prevención del delito.

El caso provocó reacciones de líderes locales, entre ellos Carlos Fernando Galán, que lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard y subrayó la necesidad de endurecer las estrategias de prevención del crimen. Galán señaló que, semanas atrás, por denuncias ciudadanas, se alertó a la Policía sobre la presencia de una motocicleta naranja sospechosa en esta zona.

Esa misma motocicleta estuvo implicada en un enfrentamiento con las autoridades el 10 de noviembre, motivando operaciones especiales y refuerzo de la vigilancia. Pese a las acciones adelantadas, no fue posible evitar el crimen, lo que llevó a reforzar el llamado a priorizar la captura de responsables en hechos de homicidios relacionados con hurtos.

La Policía Metropolitana aseguró que el sector había sido priorizado para evitar delitos similares y que los autores del ataque ya estaban en el radar de la institución, tras incidentes previos que incluyeron también el uso de la motocicleta involucrada. La rápida reacción permitió la captura de los responsables del asesinato, pero el hecho evidencia las dificultades para controlar la reincidencia delincuencial y el uso de vehículos con historial de multas como instrumentos para cometer delitos en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar reforzando los operativos de vigilancia y exhortaron a los ciudadanos a reportar cualquier sospecha, con el objetivo de evitar que hechos como el asesinato de Jean Claude Bossard continúen ocurriendo en Bogotá.

Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, los viajes por carretera en Colombia aumentan y las autoridades intensifican los controles en las vías del país, por eso es clave seguir las normativas de seguridad.

Los conductores de motocicletas y vehículos en Colombia se exponen a sanciones cuando transportan pasajeros sin cumplir los requisitos que establece la ley 769 de 2002, conocida como Código Nacional de Tránsito.

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Agentes de tránsito y sistemas de fotomultas vigilan en distintas ciudades el cumplimiento de las normas, cuyas infracciones más comunes son exceder los límites de velocidad, no portar licencia y circular sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El Código Nacional de Tránsito detalla sanciones específicas relacionadas con el transporte de pasajeros.

Un ejemplo es la multa de $604.100 para conductores de vehículos de cuatro ruedas que permiten que sus pasajeros en la parte trasera viajen sin cinturón de seguridad.

Además, el artículo 82 señala: los menores de 10 años “no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo”, mientras que para los menores de 2 años, la ley indica: “podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando viaje únicamente en compañía del conductor”.

Con respecto al transporte de menores en motocicletas, la ley nacional no establece una restricción puntual sobre la edad mínima para pasajeros.

El Ministerio de Transporte, explica que la ley 769 de 2002 no menciona este aspecto de manera específica. Sin embargo, el artículo 6, parágrafo 3, determina: “los alcaldes, dentro de su respectiva jurisdicción, deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código.”

Esto implica que cada ciudad o municipio puede fijar reglas adicionales conforme a sus necesidades. En Bogotá, el decreto 35 de 2009 prohíbe explícitamente el tránsito de motocicletas con acompañantes menores de 10 años o mujeres en estado de embarazo.

En Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) aplica multas de $711.750 por transportar acompañantes menores de esa edad, bajo el argumento de que “el cerebro y el cráneo de los niños aún no están completamente desarrollados, lo que los hace más susceptibles a lesiones cerebrales en caso de impactos en motocicletas”.

La autoridad local tiene competencia para establecer estas disposiciones adicionales y fijar multas según la jurisdicción.

De no respetarse estas restricciones, tanto motociclistas como conductores de automóviles pueden recibir sanciones económicas y quedar bajo investigación por parte de las autoridades de tránsito.

La normativa busca salvaguardar la integridad de los pasajeros, en especial de los menores, y promueve el cumplimiento estricto del Código Nacional de Tránsito en todo el territorio nacional.

Asimismo, transportar pasajeros en moto sin casco o sin chaleco reflectivo en Colombia implica una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes por cada falta. En 2025, cada infracción equivale a $711.750.

Según la normativa, circular sin casco puede llevar además a la inmovilización de la moto. El uso del chaleco reflectivo constituye una infracción C24 y es obligatorio para todos los ocupantes entre las 6 p.m. y las 6 a.m., o cuando exista baja visibilidad.

Por otro lado, la infracción por sobrecupo en Colombia, identificada como C15, aplica a conductores de motos y carros. El valor corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a $650.000 en 2024 y a $711.750 en 2025. Esta sanción no implica la inmovilización del vehículo. La licencia de tránsito señala el número máximo de pasajeros permitido para cada vehículo.

Los conductores deben consultar las regulaciones de su ciudad o municipio y asegurarse de que todos los pasajeros cumplan con los requisitos estipulados al momento de desplazarse en carro o motocicleta.

La vigilancia en las vías continúa reforzándose, con controles por parte de agentes de tránsito y sistemas automáticos, para aplicar las sanciones previstas en la ley.

En el Estado de México, únicamente las mujeres policías están facultadas para levantar infracciones, de acuerdo con la implementación del Reglamento de Tránsito estatal.

La medida tiene el objetivo de evitar actos de corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los procesos de sanción se realicen con transparencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las agentes femeninas son las encargadas exclusivas de aplicar sanciones viales y realizar el cobro electrónico mediante dispositivos digitales.

Con ello, cada multa queda registrada en tiempo real, impidiendo la manipulación o negociación con las infractoras o infractores.

Multas más severas por agredir o intimidar a las agentes

El nuevo esquema también contempla sanciones contra quienes intenten intimidar, insultar o agredir físicamente a las oficiales de tránsito. Estos actos se penalizarán con multas que oscilan entre 30 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 3 mil 394 y 4 mil 525 pesos.

Además, la agresión a servidores públicos puede derivar en responsabilidades administrativas o penales, según la gravedad del hecho. Con esta medida, el gobierno estatal busca disminuir los casos de violencia contra mujeres en el ejercicio de sus funciones, así como erradicar prácticas ilícitas como amenazas o sobornos para evitar sanciones.

Línea de Infracción Transparente, disponible 24/7

Como parte de la estrategia anticorrupción, la SSEM mantiene habilitada la Línea de Infracción Transparente 800-900-33-00, operando las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio gratuito, la ciudadanía puede:

1. Resolver dudas relacionadas con el Reglamento de Tránsito y el programa Hoy No Circula.
2. Verificar infracciones emitidas por agentes autorizadas.
3. Presentar denuncias por posibles actos de corrupción o irregularidades en el proceso de sanción.

Esta herramienta se complementa con el sistema de cobro electrónico, que elimina los pagos en efectivo en el punto de multa, lo que históricamente había facilitado sobornos o negociaciones irregulares.

Consulta pública del reglamento

Para fortalecer el acceso a la información y evitar desconocimiento de la ley, la SSEM invita a la población a consultar el Reglamento de Tránsito vigente en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, disponible de manera gratuita en línea. Este documento incluye el catálogo completo de faltas, costos vigentes y procedimientos oficiales para el pago de multas.

🔗 Consulta el reglamento completo en la Gaceta del Gobierno: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig079.pdf

Con estas acciones, el Estado de México busca consolidar un modelo más seguro, confiable y transparente de aplicación de sanciones, colocando a las mujeres policías como protagonistas en la vigilancia del respeto a la movilidad y la cultura vial.

Luego de permanecer 11 meses suspendidas por denuncias constantes de corrupción y extorsiones a automovilistas, el gobierno municipal de Naucalpan reactivará la aplicación de infracciones de tránsito, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez, quien aseguró que el nuevo esquema busca frenar abusos y dar certeza al ciudadano durante cualquier procedimiento vial.

Montoya Márquez explicó que las sanciones se retomarán bajo estrictos controles tecnológicos, con el objetivo de impedir que los elementos de tránsito manipulen montos de multas o soliciten dinero en efectivo.

Para ello, el Ayuntamiento habilitará dispositivos electrónicos de cobro que operarán exclusivamente mediante métodos digitales, eliminando toda posibilidad de interacción económica entre policías y automovilistas.

Solo las mujeres podrán infraccionar

Asimismo, anunció que las mujeres elementos de tránsito estarán equipadas con cámaras corporales (bodycam), las cuales grabarán en tiempo real todo el proceso de interacción con los conductores.

Montoya indicó que esta medida permitirá contar con evidencia de cada procedimiento, evitando arbitrariedades tanto de agentes como de ciudadanos inconformes que, en ocasiones, intentan desacreditar el trabajo policial.

El alcalde también presentó el programa “Policía Ética”, una iniciativa enfocada en monitorear y auditar el actuar de los elementos municipales, sancionar cualquier conducta indebida y reforzar la cultura de servicio honesto hacia la ciudadanía.

Este esquema contempla evaluaciones constantes, capacitación en derechos humanos, acompañamiento jurídico y supervisión permanente mediante sistemas de videovigilancia.

Montoya advirtió que su administración no tolerará ninguna conducta irregular: No vamos a solapar actos de corrupción, que las infracciones de tránsito sean transparentes, se apliquen a quienes realmente incurran en una irregularidad, expresó.

Suspensión de multas por extorsiones

La suspensión de multas, implementada en enero pasado, respondió a las denuncias de automovilistas locales y foráneos que aseguraron haber sido víctimas de extorsiones, principalmente en los carriles del Periférico Norte.

En diversas quejas públicas, los conductores señalaban que eran sacados de carriles centrales —donde los elementos municipales no tienen jurisdicción— y obligados a circular por laterales, donde se aprovechaba la falta de señalización para detenerlos y exigir pagos ilegales.

Organizaciones civiles de movilidad celebraron entonces la medida, pues se convirtió en un freno temporal a prácticas que consideraron “sistemáticas”. Sin embargo, la ausencia de sanciones también incrementó conductas de riesgo, como exceso de velocidad y maniobras prohibidas, según reportes de tránsito municipal.

Montoya afirmó que con esta nueva estrategia se busca un equilibrio, ya que no es solo multar, sino dar orden, prevenir, prevenir y cuidar la vida de todos.

El Ayuntamiento de Naucalpan adelantó que en los próximos días se darán a conocer los lineamientos operativos definitivos, así como los avances de la aplicación de multas con el nuevo esquema tecnológico y ético.

Con la llegada de diciembre, personas que arrastran deudas por multas de tránsito suelen reflexionar sobre la conveniencia de iniciar el año con mayor estabilidad financiera, teniendo en cuenta que estas responsabilidades afectan la vida crediticia de los infractores.

Por ello, este periodo invita a los deudores morosos a acogerse a opciones como los acuerdos de pago, permitiendo regularizar su situación y comenzar 2026 con menos cargas económicas y mayor tranquilidad ante sus compromisos financieros.

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En ese sentido, en Bogotá, desde el 25 de noviembre de 2025, los ciudadanos tienen a su disposición un trámite 100% virtual, gratuito y sin intermediarios para solicitar acuerdos de pago relacionados con multas de tránsito.

El proceso, implementado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), busca facilitar la regularización de deudas mediante un sistema seguro que elimina filas, desplazamientos y costos adicionales, según anunció el organismo a través de su página web y canales oficiales.

Durante 2025, las personas pueden ponerse al día con sus multas de tránsito mediante acuerdos a partir de $1.207.762 —cifra que incluye tanto el capital original como los intereses—, permitiendo la legalización de obligaciones asociadas a infracciones cometidas en la movilidad de la capital colombiana.

De hecho, en lo que va del año, 1.934 personas han tramitado la solicitud de un acuerdo de pago para dividir en cuotas sus compromisos pendientes por infracciones, informó el sector movilidad.

El formulario en línea, disponible en la página web www.movilidadbogota.gov.co, fue habilitado con el objetivo de agilizar el acceso al trámite y reducir los tiempos y el dinero invertidos en gestiones presenciales.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad, el procedimiento consiste en acceder desde cualquier dispositivo electrónico seguro al portal institucional, seleccionar la opción “Atención y Servicios a la ciudadanía”, navegar a “Trámites y servicios”, y luego ingresar a “Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias”.

En la columna derecha, los usuarios pueden hacer clic en “Solicítalo”, ingresar el tipo y número de documento, completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

La respuesta sobre la aprobación o no del acuerdo de pago será enviada al correo electrónico registrado en un plazo estimado de tres días hábiles, conforme lo establece la Secretaría Distrital de Movilidad.

Requisitos para solicitar acuerdo de pago por infracciones de tránsito

Entre los requisitos figuran tener una deuda igual o superior a $1.207.762 (vigencia 2025), presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificación bancaria y laboral (con una antigüedad máxima de 30 días), y en el caso de personas independientes, declaración de renta o certificación de ingresos.

Adicionalmente, se exige copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia y una declaración juramentada ante notario sobre la existencia de bienes a nombre del solicitante.

Para formalizar el acuerdo, los solicitantes no deben estar reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado ni haber incumplido convenios anteriores. El acuerdo estipula una cuota inicial equivalente al 40% del monto total de la deuda, que debe ser abonada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

La SDM reiteró que todos los trámites relacionados con movilidad se deben realizar directamente a través del sitio web institucional, sin necesidad de intermediarios.

Cabe señalar que durante 2024, se impusieron más de un millón de comparendos en Bogotá. Las cifras mostraron un aumento en el número de infracciones respecto al año inmediatamente anterior, con un promedio de 2.900 multas por día, o dos por minuto.

El valor de las multas de tránsito en CABA, durante noviembre de 2025, alcanzó cifras récord, especialmente para quienes superen los 140 km/h en cualquier vía de la Ciudad. En estos casos, la sanción puede oscilar entre $319.404 y $3.194.040, una penalización que busca desalentar conductas de alto riesgo y proteger la seguridad vial.

La normativa vigente en CABA considera que exceder los 140 km/h constituye una falta grave, ya que reduce la capacidad de reacción ante imprevistos y aumenta considerablemente la probabilidad de accidentes. Esta infracción se encuentra entre las más onerosas del sistema, junto con otras como la conducción bajo los efectos del alcohol o la violación de semáforos.

El sistema de penalizaciones en la ciudad se basa en las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza semestralmente de acuerdo con el precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA). Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51. Así, el monto de cada multa se determina multiplicando la cantidad de UF asignadas a la infracción por este valor actualizado.

Otro de los ítems de mayor relevancia es para aquellos que conduzcan alcoholizados, aparte de la retención del vehículo y eventual quita de la licencia de conducir, los que en el test de alcoholemia acusaron entre 0,5gr/l y 0,99gr/l, la multa oscila entre $119.776,5 y $798.510 (150 y 1.000 UF). Y aquellos conductores que superen el gramo de alcohol en litro de sangre, la pena económica máxima alcanza los $1.597.020 (2.000 UF).

Entre las infracciones más frecuentes y sus correspondientes sanciones en noviembre de 2025, se destacan: conducir sin licencia (50 UF, $39.925,50), no respetar la velocidad mínima (70 UF, $55.895,70), no utilizar el cinturón de seguridad (100 UF, $79.851) y el uso del celular al volante (100 UF, $79.851).

También enviar mensajes de texto (200 UF, $159.702), facilitar el vehículo a un menor (200 UF, $159.702), violar un semáforo (de 300 a 1.500 UF, desde $239.553 hasta $1.197.765), y estacionar en lugares reservados para personas con movilidad reducida (300 UF, $239.553).

Cómo saber si tengo infracciones

Para quienes deseen verificar si poseen multas pendientes en CABA, existen dos alternativas. La primera es acudir personalmente a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el documento nacional de identidad o el número de patente del vehículo.

La segunda opción es realizar la consulta en línea: se debe ingresar a la página de Consulta de infracciones de tránsito y scoring del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introducir el número de DNI o la patente, seleccionar la opción “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.

En el portal digital, el usuario puede visualizar el monto a abonar y el detalle de cada infracción, así como los puntos disponibles en su licencia. Si no existen multas, es posible descargar un certificado de libre deuda mediante el botón “Descargar libre deuda” que aparece al final de la página.

Con respecto al pago de las infracciones, puede efectuarse en línea o de manera presencial. Para esta última modalidad, se debe imprimir la boleta de pago y abonar en el Banco Ciudad o en sucursales de Pago Fácil, RapiPago o BaproPagos. Los pagos presenciales se acreditan en un plazo de 96 horas, y la acreditación es indispensable para tramitar el certificado de libre deuda.

A partir del próximo 25 de noviembre, con la entrada en vigor de la reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México, únicamente las agentes mujeres de tránsito estarán facultadas para imponer infracciones en las calles de la entidad.

Además, durante su primer año de operación, las multas que apliquen serán fijadas únicamente en su rango mínimo.

De acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, la medida forma parte de la estrategia para transparentar los procedimientos de tránsito, profesionalizar a los cuerpos de seguridad y disminuir prácticas como la extorsión o el cobro irregular durante las detenciones por faltas viales.

El documento señala que será la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de su personal femenino, la encargada de aplicar sanciones a los conductores.

Queda excluida la facultad a los elementos varones para infraccionar, por lo que ya no podrán detener vehículos con fines sancionatorios, aunque podrán continuar apoyando en tareas de vialidad y supervisión operativa.

Multas por rangos

La reforma también establece que las multas dejarán de ser montos fijos: ahora serán asignadas en tres rangos —mínimo, medio y máximo— de acuerdo con el comportamiento del conductor y el historial de sanciones no pagadas. Sin embargo, este esquema completo aún no podrá implementarse.

Por regulación, la SSEM tiene hasta un año para desarrollar un sistema o base de datos que registre las infracciones de cada conductor y permita aplicar correctamente los rangos correspondientes.

Mientras dicho sistema se construye, y no más allá de doce meses después del 25 de noviembre, las agentes de tránsito solo podrán aplicar el rango mínimo de cada multa prevista en el ordenamiento. Es decir, aunque el catálogo contempla sanciones más altas, legalmente no podrán cobrarse hasta que exista dicho registro oficial.

Una vez concluida la plataforma —ya sea antes de cumplir el año o al límite del plazo— se podrá comenzar a aplicar el rango medio y máximo de las sanciones, lo que significará que quienes acumulen adeudos o reincidan en faltas pagarán más, mientras que quienes liquiden puntualmente sus infracciones pagarán menos.

Intercambio de información con ayuntamientos

La nueva normativa busca fomentar una relación colaborativa entre el ciudadano y la autoridad, alentando el pago responsable y reduciendo la discrecionalidad en la aplicación de sanciones. Además, exige que el sistema cuente con mecanismos de interoperabilidad con los ayuntamientos para que la información pueda ser compartida y consultada entre municipios y autoridades estatales.

Finalmente, la SSEM y la Secretaría de Movilidad del Estado de México deberán proporcionar capacitación y asesoría técnica a los gobiernos locales para facilitar su integración a la plataforma. Con ello, se busca homologar los procedimientos de tránsito en toda la entidad y fortalecer la gestión administrativa relacionada con las multas.

La implementación de esta medida marca un tránsito hacia un modelo más transparente, regulado y con perspectiva de género en las labores de tránsito en el Estado de México.

Más de 5.000 videollamadas fueron realizadas en solo un mes por vecinos que, enfrentados a infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, optaron por un camino que evita filas y traslados: la resolución de multas a través de una audiencia virtual. El nuevo sistema, que se encuadra en la política de digitalización y simplificación de trámites impulsada por la actual gestión, comenzó a operar recientemente y ya muestra una demanda considerable. La opción de gestionar faltas de tránsito vía videoconferencia se suma a los servicios ofrecidos por BOTI, el WhatsApp oficial del Gobierno porteño, permitiendo a los usuarios reservar turnos y atender sus casos sin moverse de sus hogares.

“Más de 5.000 personas ya resolvieron sus consultas por infracciones de tránsito sin moverse de su casa. Este resultado confirma la eficacia del sistema y nos impulsa a seguir acercando a los vecinos herramientas simples, ágiles y transparentes. Nuestro objetivo es que este canal virtual se convierta en la principal vía de atención para que los porteños puedan tener una audiencia con un controlador de faltas”, declaró Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, en la gacetilla oficial del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las problemáticas que motivan las consultas figuran el exceso de velocidad, la invasión de senda peatonal y el mal estacionamiento, además de la violación de semáforos y la circulación por accesos exclusivos con Telepeaje.

El servicio inaugurado por el Ministerio de Justicia de la ciudad, en colaboración con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, fue diseñado para agilizar el contacto directo con los controladores y reducir la burocracia. La gestión se inicia solicitando un turno a través de BOTI, utilizando las palabras “multas” o “infracciones” para dar comienzo a la interacción y aportando el DNI o la patente del vehículo. De este modo, los interesados pueden acceder a opciones como “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”, lo que les permite coordinar un encuentro digital en el que aclarar dudas, presentar descargos y aportar pruebas.

El sistema genera un enlace único y personal, remitido al ciudadano por correo electrónico. El horario de atención cubre la franja de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y brinda soporte desde cualquier dispositivo —celular, computadora o tablet— para realizar la audiencia. Cada audiencia cuenta con una duración máxima de 20 minutos y exige la presentación de un documento válido. Además, durante la videollamada queda garantizado el derecho de defensa y la posibilidad de que el usuario aporte documentación respaldatoria.

El Gobierno de la Ciudad destaca que uno de los beneficios centrales del nuevo mecanismo es la reducción significativa de tiempos y costos asociados a la tramitación presencial. “El tiempo de las personas es valioso y por eso seguimos simplificando trámites en la Ciudad. Menos burocracia significa más libertad. Las audiencias virtuales permiten un ahorro de tiempo para el vecino y también menos costos operativos. No necesitamos mucho Estado, lo que necesitamos es un Estado inteligente”, manifestó Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, al difundir la implementación del servicio a través de la gacetilla.

El acceso a las audiencias virtuales está restringido a quienes tienen multas de tránsito pendientes de pago y optar por este canal implica renunciar al 50% de descuento por pago voluntario, tal como ocurre en las gestiones presenciales. La plataforma advierte previamente al usuario acerca de la pérdida del beneficio, además de la necesidad de contar con toda la documentación. El proceso es confidencial: todas las comunicaciones son seguras, la sesión queda grabada y se garantizan la protección de los datos personales y el derecho a la imagen.

Entre las funcionalidades en desarrollo, el Gobierno porteño anticipó la próxima incorporación de un asistente de Inteligencia Artificial, orientado a guiar y simplificar aún más los trámites de resolución de multas. “Desde la implementación de las videollamadas hubo una muy buena aceptación tanto de los vecinos como de los controladores, optimizando recursos y tiempos para ambos y asegurando la misma validez que con la presencialidad. Además, estamos trabajando en el desarrollo de un asistente de Inteligencia Artificial que contribuirá aún más con la simplificación del trámite, ahorrando tiempo en la gestión”, expresó Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital.

Las infracciones más habituales siguen siendo el exceso de velocidad, la invasión de la senda peatonal y el mal estacionamiento, aunque también se reportaron situaciones por circulación indebida en carriles exclusivos mediante el sistema de Telepeaje y la violación de semáforos.

La notificación genera un impacto significativo, ya que su finalidad es evitar que conductores desprevenidos deban afrontar el pago de multas de tránsito derivadas de comparendos que podrían ser considerados inválidos ante la ausencia de autorización oficial requerida para este tipo de dispositivos.

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La información compartida por la plataforma de movilidad recalca que toda cámara de fotodetección, ya sea física o móvil, debe contar obligatoriamente con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), tal como lo establece la Ley 1843 de 2017. Este marco legal dicta que únicamente aquellos dispositivos incluidos en el registro oficial de la entidad están habilitados para captar infracciones y soportar la emisión de comparendos válidos.

La norma señala que, en caso de ausencias en dicho registro, los documentos generados por esas cámaras carecen de fuerza legal y no deberían desembocar en sanciones para los implicados. En el caso específico de Silvania, la cámara en cuestión, instalada en el kilómetro 40, no figura entre las 1.151 cámaras autorizadas a nivel nacional, según cifras suministradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Este dato puede ser revisado directamente en los listados públicos disponibles en el portal web oficial de la Ansv: fotodeteccion.ansv.gov.co, herramienta que se recomienda consultar a cualquier conductor que reciba un comparendo electrónico y tenga dudas sobre la validez del dispositivo que originó el reporte.

La diferencia entre el procedimiento sancionatorio por parte de agentes de tránsito y el así denominado “control con ayuda de medios tecnológicos” es clave para comprender el alcance de estas alertas. Cuando un agente de tránsito debidamente identificado detiene a un conductor para realizar controles y presunta imposición de un comparendo mediante medios tecnológicos —por ejemplo, al portar un dispositivo portátil en la vía—, este acto se considera válido solo si el procedimiento incluye la notificación física y directa al infractor.

En contraste, cuando una cámara opera de manera autónoma y remite comparendos a través de medios electrónicos (correo electrónico o postal), el mecanismo exige la inclusión previa del dispositivo en el registro oficial para que el acto administrativo sea legítimo.

Cabe subrayar que el agente de tránsito únicamente impone comparendos en carretera o durante operativos de movilidad, mientras que la imposición de sanciones, que pueden incluir multas pecuniarias u otras medidas, corresponde a la autoridad administrativa competente tras el respectivo adelanto del debido proceso. En la jurisdicción de Silvania y la mayoría de municipios colombianos, esta responsabilidad recae generalmente en la Secretaría de Movilidad respectiva, que estudia los hechos, garantiza el derecho a la defensa y decide si amerita una sanción formal.

Para los afectados por un comparendo derivado de la cámara de Silvania, la ley recomienda iniciar el proceso de impugnación, invocando los conceptos técnicos y jurídicos emitidos por el Ministerio de Transporte, entre ellos el radicado 2024-13410455021 del 30 de agosto de 2024. El argumento central es la carencia de autorización para el funcionamiento de la cámara en el lugar señalado, hecho que convierte el procedimiento en contrario a la normativa sobre sistemas automáticos de detección de infracciones.

El proceso de verificación es accesible y transparente. El conductor puede ingresar al sitio web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y buscar el registro del dispositivo mediante la consulta de los listados públicos. De igual modo, deberá constatar si el aparato corresponde efectivamente a la infracción específica y si cumple los requisitos de señalización visible, ya que la Ley 1843 exige que la ciudadanía sea advertida sobre la existencia de controles tecnológicos, con señales instaladas antes de la zona monitoreada.

Si el dispositivo no cumple estos parámetros, el conductor tiene el derecho de controvertir el comparendo ante la autoridad administrativa local, la cual evaluará el caso y decidirá sobre la procedencia de la sanción.

El despliegue, liderado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Policía Metropolitana, permitió una reducción significativa en las cifras de incidentes. La imposición de 1.711 comparendos y la inmovilización de 963 motocicletas podrían generar para la ciudad un recaudo superior a los 1.033 millones de pesos si todos los sancionados cumplen el pago completo de las multas.

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Disminución de siniestros viales durante la restricción

Según datos de la Secretaría de Movilidad, entre 2022 y 2024, los fines de semana de celebración de Halloween habían dejado hasta 16 víctimas mortales solo en el puente festivo, el 80% de ellas motociclistas. En 2025, gracias a la restricción aplicada entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., las fatalidades descendieron de cuatro a una, es decir, una disminución del 75% durante ese horario. El reporte oficial entregado confirmó también una baja del 51% en personas heridas y del 38% en siniestros viales durante el periodo de restricción nocturna.

La labor conjunta de los 3.500 uniformados, 180 agentes civiles y guías de tránsito, organizados en 15 puestos de control estratégicos en los principales corredores de la ciudad, fue clave tanto para la reducción de accidentes como para el control de la movilidad. La cifra total de fallecidos en el fin de semana bajó un 43%, los heridos un 13% y los siniestros en general un 14%, en comparación con las cifras de años anteriores.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, declaró que la reducción en los índices de accidentes responde tanto al acatamiento generalizado de las medidas por parte de los motociclistas como al comportamiento responsable de la ciudadanía y la acción coordinada de la fuerza pública.

“Gracias, Bogotá, por sumarse a nuestro compromiso de salvar vidas en las vías. Este fin de semana, Bogotá vive una celebración de Halloween tranquila, en la que más personas llegaron a sus destinos. Las medidas implementadas para proteger la vida y brindar condiciones de movilidad segura durante el puente festivo de Halloween arrojaron resultados positivos, especialmente durante las noches y las madrugadas entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre. Como autoridad de Tránsito y Transporte de Bogotá, seguimos trabajando para que la movilidad de Bogotá sea más segura, eficiente para todas las personas,” precisó Díaz.

Cuánto recaudará Bogotá de los comparendos impuestos

El cumplimiento de la normatividad establecida en el Decreto Distrital 528 de 2025 se reflejó en la formulación de 1.711 multas por violar la restricción de movilidad a motociclistas y acompañantes. Según lo consignado en el literal C.14 del Código Nacional de Tránsito, cada infracción asciende a 604.100 pesos. Si todos los multados cancelan este valor sin aplicar ningún descuento, el ingreso para Bogotá sería de 1.033.615.100 pesos.

La posibilidad de optar por descuentos a través de cursos pedagógicos altera este cálculo. Para quienes tomen el curso dentro de los primeros cinco días hábiles tras la imposición del comparendo, el descuento es del 50%, por lo que el recaudo potencial bajaría a 516.807.550 pesos. Si se cumple el trámite entre el sexto y vigésimo día hábil, la reducción es del 25% y el monto total se ubicaría en 775.211.325 pesos.

A estos valores debe sumarse lo recaudado por concepto de grúas y estadía en patios. Las 963 motocicletas inmovilizadas generarán 191.925.900 pesos en cobros asociados a grúas, y unos 92.833.200 pesos relacionados con patios considerando el valor promedio por el tercer día de retención, según los datos suministrados por la Secretaría de Movilidad.

El balance del puente festivo dejó en evidencia que el distrito no solo logró los objetivos de reducir la mortalidad en las vías, también generó una cifra significativa de ingresos por concepto de multas e inmovilizaciones. El impacto económico para la ciudad dependerá de la rapidez con la que los infractores decidan saldar sus sanciones y de la acogida a los paquetes de descuentos ofrecidos por la administración.

Finalmente, las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos y la vigilancia en los corredores más transitados. Las acciones de control continuarán enfocadas en la prevención de excesos de velocidad, consumo de alcohol al conducir y organización de “rodadas del terror”, prácticas consideradas de alto riesgo para la seguridad vial.

La Ciudad de México ha dado un paso firme hacia el fortalecimiento de la seguridad vial con la implementación de nuevas disposiciones en el Reglamento de Tránsito, las cuales contemplan sanciones económicas significativamente más altas que en años anteriores.

De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las multas podrán oscilar entre 11 mil 300 y 68 mil pesos, calculadas con base en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa uno de los ajustes más severos en materia vial en la capital.

Estas modificaciones, publicadas oficialmente el pasado 10 de octubre, buscan no solo castigar infracciones graves, sino también incentivar una cultura de responsabilidad entre los conductores.

Las autoridades capitalinas señalan que el incremento en las sanciones responde al crecimiento del parque vehicular y al aumento de incidentes relacionados con el incumplimiento de normas básicas como límites de velocidad, uso de cinturón o respeto a los pasos peatonales.

Nueva licencia

Además del ajuste económico, se anunció la incorporación de una nueva clasificación de licencias tipo E13, dirigidas exclusivamente a operadores de vehículos que transportan sustancias peligrosas.

Esta medida responde a la necesidad de establecer controles más estrictos sobre unidades que representan un riesgo potencial tanto para la población como para el medio ambiente.

Con esta licencia especializada, se busca garantizar que solo personal debidamente capacitado pueda manejar este tipo de transporte.

Circular a 30 kilómetros

Uno de los cambios más destacados es la reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas específicas, particularmente en áreas con alta afluencia peatonal como zonas escolares, centros urbanos y áreas residenciales.

La autoridad capitalina indicó que ya se trabaja en el diseño y despliegue de operativos estratégicos para asegurar que estas nuevas disposiciones sean respetadas.

El Gobierno de la Ciudad de México enfatizó que estas acciones no tienen como propósito afectar la actividad laboral de los trabajadores del sector transporte, sino proteger la integridad de todos los habitantes. “No buscamos castigar, sino prevenir tragedias”, señalaron voceros de la administración.

Con estas nuevas medidas, la capital del país se suma a las tendencias internacionales que privilegian la seguridad vial por encima de la rapidez en el tránsito. Las autoridades reiteraron que la responsabilidad ciudadana será clave para que las calles de la ciudad sean más seguras y ordenadas para todos.

El concejal Julián Forero manifestó una fuerte crítica ante la estrategia implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá denominada “Comparendos no notificados en vía”, la cual consiste en la imposición de órdenes de comparendo mediante la toma de fotografías de vehículos mal estacionados, sin que el agente de tránsito detenga e identifique en persona al presunto infractor.

Según expresó el cabildante a través del Concejo de Bogotá, esta modalidad podría estar vulnerando el marco legal vigente y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

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Caber resaltar que, cuando un agente de tránsito elabora una orden de comparendo en Bogotá, la notificación se realiza personalmente en la vía, lo que permite al conductor conocer de inmediato las opciones legales disponibles: impugnar el comparendo dentro de los siguientes cinco días o acogerse al 50% de descuento en la multa, tras realizar un curso de seguridad vial. Este procedimiento garantiza la debida notificación y permite al presunto infractor ejercer su derecho a la defensa.

La diferencia con las denominadas “foto multas” radica en que estas órdenes, sustentadas en imágenes captadas por cámaras o agentes, omiten ese contacto directo y constituyen, en palabras de Forero, una “presunta violación” del debido proceso.

Bajo la estrategia de “Comparendos no notificados en vía”, el agente simplemente toma una fotografía al vehículo infractor sin inmovilizarlo, tal como establece el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Cntt). A partir de esa imagen, amparado en el parágrafo 2 del artículo 129 de la Ley 769 de 2002, se genera el comparendo. Dicho parágrafo autoriza que ayudas tecnológicas, como cámaras de video y equipos electrónicos, sean tenidas en cuenta como prueba para imponer comparendos.

No obstante, Forero señaló que el verdadero problema no radica en la emisión de la orden, sino en la notificación y asignación de responsabilidad. El procedimiento impide conocer con certeza quién conducía el vehículo al momento de la infracción, pues el propietario solo se entera de la sanción posteriormente y, en muchos casos, no fue quien cometió la falta.

El propio artículo 129, en su parágrafo 1, establece que “las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción”. Así, corresponde al organismo de tránsito demostrar, más allá de toda duda razonable, que el propietario del vehículo fue el responsable.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-038 de 2020, estableció que el propietario de un vehículo no es automáticamente responsable de las infracciones; las sanciones deben ser individuales, y la autoridad debe identificar plenamente al conductor infractor. Según Forero, la toma de fotografías de vehículos mal estacionados sin certeza del conductor pone en entredicho este principio y puede llevar a multas “a diestra y siniestra”, sin garantías procesales adecuadas y en contravía de la jurisprudencia vigente.

El concejal también recordó que, durante el proceso contravencional, si el propietario del vehículo se presenta a la audiencia de impugnación y niega ser el infractor, resulta prácticamente imposible para las autoridades de tránsito probar lo contrario solamente con una imagen. Además, resaltó el derecho constitucional a la “no autoincriminación”, que ampara a toda persona para no declarar contra sí misma ni sus familiares directos.

Por otra parte, Forero precisó que en Colombia la Ley 2161 de 2021, mediante su artículo 10, sí faculta para responsabilizar al propietario directamente solo en cinco infracciones específicas: circular sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), sin revisión tecnicomecánica, por lugares u horarios no permitidos, excediendo los límites de velocidad, o irrespetando la luz roja de semáforos. Sin embargo, la infracción C.02 —“Estacionar en sitios prohibidos”— no se encuentra entre estas, por lo que la imposición directa de la multa al propietario carece de respaldo legal.

Forero enfatizó: “Consideramos que la Secretaría Distrital de Movilidad no solamente viola la ley al expedir una multa en contra del propietario, basados únicamente en una fotografía de un vehículo mal estacionado, sino que también se está aprovechando de la ignorancia de muchos incautos conductores que, al desconocer sus derechos, se limitan simplemente a pagar multas que legalmente no le son atribuibles”. Exigió a la Secretaría de Movilidad que cualquier sanción respete el debido proceso, el derecho a la defensa y la jurisprudencia sobre la responsabilidad individual del infractor.

“No nos lograrán callar a pesar de ataques sistemáticos y continuaremos realizando arduamente un trabajo de control político, denunciando hechos de corrupción, abusos, actuaciones arbitrarias o ilegales, en defensa de los buenos motociclistas y conductores”, concluyó el cabildante.

Las cámaras de fotomultas son cada vez más comunes las calles de Bogotá. Según la Alcaldía Mayor, su objetivo es reducir los índices de accidentalidad y, asimismo, salvar las vidas de no solo de los conductores de vehículos, sino las de todos los actores viales que se movilizan en la capital.

Sin embargo, según una denuncia de la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, las cámaras instaladas en la ciudad no están cumpliendo con su objetivo, sino que estarían siendo utilizadas por la Administración distrital para hacerse con ganancias importantes producto de comparendos.

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De acuerdo con la cabildante, en 2024 se impusieron más de 510.000 comparendos a través de las cámaras instaladas por el Distrito, los cuales le dejaron a la ciudad ingresos equivalentes a $125.000 millones, lo que sería una cifra positiva si se estuviera reduciendo la cifra de accidentes viales en la ciudad.

Por el contrario, Diago aseguró que en ese mismo año se registraron 29 accidentes de tránsito más que en 2023, por lo que fue enfática en que las denominadas “cámaras salva vidas” solo representan un gasto, en lugar de una inversión para las finanzas públicas.

En este sentido, cuestionó que el propio alcalde Carlos Fernando Galán insista en la instalación de 60 cámaras de fotomultas en 2026. Dichos elementos, según la cabildante, involucran la inversión de $20.000 millones que son producto de los impuestos de los conductores de la ciudad.

“Las cámaras de foto detección no salvan vidas, son un negocio de la Secretaría de Movilidad. Galán prefiere gastar en más sanciones que en soluciones reales para la seguridad vial. Esta es una caja registradora que va en contra del bolsillo de los bogotanos”, indicó la concejal uribista.

Sumada a su alerta, Diago enumeró los sectores en los que estas cámaras han impuesto el mayor número de comparendos. No obstante, en el ‘top’ se destacan sectores que son reconocidos por el alto grado de accidentalidad que termina cobrando la vida de conductores, ciclistas y peatones.

El primer lugar lo ocupa la Autopista Norte con calle 102, donde se han emitido 52.849 multas, seguido de la Avenida Ciudad de Cali con calle 15A (43.369); la Autopista Norte con calle 183A (41.693); la Autopista Norte con calle 95 (39.924); y la Avenida Villavicencio con carrera 28 (37.932).

Con base en estas cifras y en la intención de la Administración distrital de adquirir 60 nuevas cámaras de fotomultas, la concejal le hizo un contundente llamado al alcalde Galán y a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, para que actúen con responsabilidad frente a la crisis vial que no solo cobra vidas cada semana, sino que golpea con fuerza el bolsillo de los bogotanos.

“La ciudad necesita soluciones reales, las cámaras de fotomultas no reducen efectivamente la accidentalidad, como se evidencia en las cifras”, sentenció la cabildante.

Otra de las figuras del Concejo de Bogotá que se ha manifestado en contra de la adquisición de las nuevas cámaras es el concejal y líder motero Julián Forero que denunció que el objetivo de las nuevas instalaciones no es salvar más vidas en las calles, sino que la ciudad perciba mayores ingresos producto de los comparendos impuestos a los conductores.

“¿Por qué, en lugar de perseguir a los conductores con más cámaras, no invierten ese dinero en campañas reales y efectivas de seguridad vial? Galán les da la espalda a los conductores, priorizando el recaudo antes que la seguridad”, cuestionó el cabildante en una intervención en la corporación en septiembre de 2025.

El informe presentado por Forero en su momento detalla que los dispositivos automatizados estarán programados para detectar exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo, giros indebidos y circulación en contravía.

El 13 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá desató una fuerte polémica al anunciar que cualquier vehículo, distinto a los del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), que transitara por el carril preferencial de la carrera Séptima sería sancionado.

El comunicado estableció que la infracción aplicable sería la C14 “transitar por sitios restringidos”, penada con una multa de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo. Sin embargo, pocos días después, el alcalde Carlos Fernando Galán matizó la medida y afirmó públicamente que no se contemplaba “quitar” un carril a la Séptima, sino que solo se sancionaría a quienes lo bloquearan deliberadamente.

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Galán subrayó que únicamente serían objeto de sanción quienes estacionaran sus vehículos o bloquearan intersecciones, corrigiendo así la interpretación inicial que penalizaba por simplemente transitar por el carril. Como consecuencia de esa aclaración, la infracción originalmente señalada (C14) ya no consideraría el hecho de circular por el carril, sino acciones concretas de bloqueo y parqueo.

En ese nuevo contexto entran en juego las infracciones C02 (“estacionar un vehículo en sitios prohibidos”) y C03 (“bloquear una calzada o intersección con un vehículo”), que sí corresponden a las situaciones referidas por el mandatario.

Ante la falta de claridad administrativa y las contradicciones entre los funcionarios distritales, el concejal Julián Forero solicitó el aplazamiento de la medida hasta que el gobierno capitalino emitiera un acto administrativo que despejara las dudas y evitara sanciones injustas por interpretación errónea de la resolución.

Pese a esos llamados, el 5 de agosto, el concejal Fuchi denunció que cerca de 200 conductores habían sido multados mediante la C14 solo por transitar por el carril preferencial, sin encontrarse en periodo de pico y placa. El cabildante aseguró, tras un ejercicio de revisión de los comparendos, que esas sanciones no respondían a bloqueos ni estacionamientos, sino a circulación normal, lo que contrariaba las garantías ofrecidas por la administración.

Lo que anunciaba el alcalde Galán sobre la aplicación restrictiva de las sanciones no se cumplió, según lo expuesto por ciudadanos y concejales. La denuncia insistió en que las multas impuestas resultaron arbitrarias, pues la redacción confusa de las medidas propició castigos injustificados.

Finalmente, el 16 de septiembre, la Secretaría Distrital de Movilidad emitió la Resolución 1815115 de 2025, que aclara exhaustivamente las conductas que serán sancionadas en el carril preferencial de la carrera Séptima. Según lo dispuesto, podrán circular por dicho carril los vehículos de las siguientes categorías: Sitp, taxis, transporte intermunicipal, transporte público especial, vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, Policía, Ejército), particulares, transporte de carga y ciclistas, siempre que no bloqueen el carril.

De manera precisa, la Resolución establece para vehículos de servicio particular las siguientes reglas:

• Pueden circular por el carril preferencial dando prioridad a buses del Sitp y deben usar los carriles mixtos a la izquierda cuando esté disponible.
• Se autoriza el giro a la derecha para acceder o salir de predios y bocacalles, y paradas breves para ascenso o descenso de pasajeros (salvo en los paraderos del Sitp).
• Los conductores deben dar paso en los carriles mixtos a buses del Sitp que requieran adelantar.
• Está prohibido estacionar, bloquear el carril o las intersecciones, y afectar la operación del Sitp.

Tras la publicación de la resolución, el concejal Fuchi sostuvo el lunes 6 de octubre que: “Este es un logro para los conductores de Bogotá, en especial para quienes han sido sancionados injustamente por una administración que no se pone de acuerdo entre ella. Esta resolución muestra que nuestra lucha es necesaria y que rinde frutos, pues el distrito le queda claro que los conductores de Bogotá no están solos, que ejercemos una vigilancia y que la norma debe ser clara y justa”.

El concejal también anunció la vigilancia y control político de todos los carriles preferenciales en la ciudad, exigiendo la expedición de actos administrativos para reglamentar la conducta en todas las vías con delimitación preferencial, buscando prevenir futuras arbitrariedades y garantizar el debido proceso a los conductores.

Así, el reciente ajuste normativo ofrece claridad y certeza jurídica a los usuarios de la vía, eliminando la sanción por transitar y enfocando las multas solo en quienes bloqueen indebidamente el carril, en beneficio de la movilidad y la justicia para los ciudadanos de Bogotá.

El caso generó amplia preocupación por la actuación de los organismos responsables y el posterior proceso sancionatorio aplicado al afectado. Según el relato de Loaiza, que circulaba por el carril derecho en el momento del incidente, un vehículo lo arrolló con fuerza, lanzándolo hacia el capó y el parabrisas. Como consecuencia, sufrió una fractura en la vértebra L4 y recibió una incapacidad inicial de 30 días tras ser atendido en una clínica.

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“Al instante, pues llegó la policía del CAI y unos minutos después llegó la policía de tránsito, los cuales, pues, al parecer, no fue de mucha ayuda, porque el... mmm, al día de... el día de hoy me llega una notificación de comparendo por transitar en zonas prohibidas, lo cual no tiene lógica. Y estábamos investigando también si el conductor tenía comparendos o inmovilizaciones y no aparece ningún registro”, detalló Loaiza, en testimonio autorizado para su difusión.

El punto crítico en la denuncia es que a pesar de que el ciclista resultó herido, la autoridad le impuso un comparendo por “transitar en zona prohibida” días después del accidente. Según la víctima, tampoco hubo claridad sobre la práctica de la prueba de alcoholemia al conductor en el lugar del siniestro, y no se hallan registros de sanciones o inmovilizaciones asociados al vehículo implicado.

Desde el Concejo de Bogotá, Quintero calificó este hecho como un caso “inaceptable” de revictimización y critica el mensaje negativo que transmite la institucionalidad de la ciudad hacia los usuarios más vulnerables en la vía. “Esto no es ciclistas contra conductores; es la vida primero. No podemos normalizar que quien es arrollado termine, además, revictimizado con un comparendo”, aseguró durante una sesión en el recinto.

Pese a algunas respuestas ofrecidas por la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, el concejal advirtió que persisten muchas preguntas sin resolver, especialmente sobre los protocolos logrados durante la atención en el sitio del siniestro y las razones específicas para emitir la sanción al ciclista. La preocupación de fondo gira en torno a la eventual omisión de la práctica obligatoria de alcoholemia al conductor, una exigencia establecida por la Ley 769 de 2002 en el artículo 131 literal “F”.

La norma establece que, en cualquier caso de presunta embriaguez, se debe realizar una prueba que no cause lesión, determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, en caso de resultar positiva, el vehículo debe ser inmovilizado y la multa puede ir desde 3.623.565 pesos hasta 87.977.040 pesos, dependiendo de la reincidencia y el grado.

El incidente, ocurrido en un punto de alto flujo vehicular y ciclista de Bogotá, pone en cuestión la protección real para quienes se movilizan en bicicleta y evidencia, según Quintero, fallas en los procedimientos de atención y sanción. “La ciudad no puede transmitir el mensaje de que la víctima queda sola frente a la institucionalidad. Bogotá debe enviar una señal clara de que la vida está por encima de cualquier error procedimental”, recalcó.

El cabildante insistió en la necesidad de fortalecer las medidas para salvaguarda de los ciclistas. Propuso que se implementen agentes de tránsito priorizados para las ciclorrutas, con el objetivo de incrementar la vigilancia y garantizar que la autoridad esté presente en los corredores utilizados por este grupo, que es especialmente vulnerable en la vía pública. “Con estos agentes se evitará la impunidad y se garantizará que los imprudentes no escapen sin ser debidamente procesados”, afirmó.

Finalmente, Quintero se comprometió a hacer seguimiento permanente al caso de Alejandro Loaiza Riaño, hasta obtener respuestas concretas, claridad en los procedimientos y eventuales acciones correctivas por parte de las entidades involucradas. “Bogotá dice que prioriza la vida. La calle debe demostrarlo con controles efectivos, sanciones justas y respeto a las víctimas”.

La infracción quedó notificada a las 9:57 p. m. y, según lo consignado en la orden de comparendo, la multa que debe cancelar asciende a $604.100, en aplicación del código C02 del Código Nacional de Tránsito. En videos captados durante el operativo se observó el accionar de los agentes de tránsito e intercambios de palabras con motociclistas presentes en el sitio, incluidos los momentos en que se impone el comparendo al cabildante. Los procedimientos, no obstante, adquirieron un giro inesperado cuando Forero elevó denuncias públicas sobre el actuar policial y el desarrollo de las acciones de control en su establecimiento.

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Durante un debate sobre las políticas de seguridad del gobierno de Carlos Fernando Galán realizado la mañana del lunes 29 de septiembre, Forero aseguró ante el pleno del Concejo que fue víctima de lo que calificó como “un ataque y una emboscada disfrazada de operativo”.

El concejal sostuvo que más de 30 agentes de distintas dependencias, acompañados por personal de la alcaldía, ingresaron exclusivamente a su sede en el sector de Castilla, pese a ser una zona de alto flujo comercial y bares. Según su declaración, varios uniformados estaban encapuchados y algunos no figuraban como activos en la plataforma de Movilidad durante los operativos.

“Llegaron encapuchados como si fuera una banda de delincuentes, atropellando a la gente que se encontraba en ese momento en mi sede. Nos intimidaron, nos amenazaron. Trataron a mi mujer, a mi esposa… a mi esposa la trataron de perra. Me golpearon. Se inventaron comparendos. Entraron de manera agresiva, me dañaron cosas. ¿Esa es la forma de hacer los operativos, señor secretario de Seguridad? Si eso me pasa a mí, que soy un concejal, ¿qué le puede pasar a cualquier ciudadano cuando le llegan a su establecimiento?”, expuso Forero durante la sesión, señalando al gobierno de estar motivado por represalias políticas frente al control ejercido por su bancada.

El cabildante también mencionó que algunos de los vehículos de grúa que participaron en el procedimiento ocultaban las placas y subrayó que, al revisar la plataforma correspondiente, detectó que parte de los agentes no estaban debidamente habilitados para ese turno.

Forero cuestionó además la labor y la presencia de la Secretaría de Movilidad en temas clave para la ciudad, y denunció insultos y maltrato contra él y su familia, advirtiendo que no permitirá más agresiones de funcionarios distritales ni presiones sobre su labor de denuncia.

Las declaraciones de Forero motivaron respuestas de sus colegas, entre ellas la del concejal Fernando López, que le hizo un llamado al debate respetuoso. López manifestó: “Él tiene todo el derecho de protestar, tiene el derecho de representar su gremio, pero también lo invito a que lo hagamos aquí con altura, que lo hagamos con respeto. Las palabras que él utiliza incitan a lo que es nuestra sociedad, una sociedad hoy día violenta, una sociedad en donde la descomposición y la agresividad es el talante de lo que estamos viendo”.

López defendió el talante respetuoso de la administración de Galán y consideró que las diferencias deben canalizarse sin incitaciones a la violencia.

Forero respondió que su actitud fue consecuencia directa de la presunta agresión sufrida durante el operativo y reiteró sus señalamientos de irregularidad e intimidación. “Entiendo perfectamente su postura y también lo respeto, señor López, pero el día que se metan con su familia o con su esposa, me va a entender. Antes no lo va a hacer”, agregó, invitando a su colega a conocer las dificultades cotidianas que enfrentan conductores y ciudadanos ante las políticas de tránsito y seguridad vial en la ciudad.

Durante la discusión estuvo presente el secretario Gustavo Quintero, que atendió la denuncia, aunque la Secretaría de Movilidad no había sido convocada para ese punto del orden del día y, hasta el cierre de esta edición, no se ha pronunciado oficialmente sobre el altercado entre los agentes de tránsito y el concejal Julián Forero.

Si recibes un mensaje de texto con una invitación para acceder a un descuento del 50% en el pago de multas de tránsito junto con un enlace, la recomendación es no interactuar con el mensaje. Se trata de una nueva modalidad de estafa digital.

La cuenta de TikTok priceitlat expuso recientemente este fraude. Al ingresar en el enlace recibido, la víctima es dirigida a una página web que simula los portales oficiales, donde aparecen los datos reales de infracciones para reforzar la credibilidad.

La intención de esta maniobra es obtener dinero o información bancaria por medio de canales alternativos, como pasarelas de pago y códigos QR que no pertenecen a instituciones autorizadas.

En qué consiste esta nueva estafa

Los SMS suelen contener un texto breve, una llamada a la acción (“Aprovecha: descuento 50% en tus multas”) y el hipervínculo sospechoso. Al ingresar a la página, el usuario puede consultar por número de documento o placa.

Si existe una infracción real, el sistema muestra el monto con el supuesto descuento aplicado y habilita opciones de pago digitales, como PSE o códigos QR.

Para finalizar la transacción, los estafadores solicitan transferencias a cuentas bancarias, envíos a billeteras virtuales mediante QR, o piden los datos de tarjeta de crédito a través de pseudo-pasarelas.

Estas acciones buscan captar datos sensibles y fondos fuera de los circuitos oficiales, poniendo en riesgo la seguridad financiera de la persona afectada.

Cómo prevenir caer en este tipo de estafas

Para evitar ser víctima de estafas que ofrecen descuentos falsos en el pago de multas de tránsito, es fundamental adoptar hábitos de precaución y verificación ante cualquier comunicación que prometa beneficios inusuales.

Ante la recepción de un mensaje de texto con ofertas llamativas y enlaces, se recomienda no hacer clic ni proporcionar información personal o bancaria. Verifica siempre la autenticidad ingresando directamente a la página oficial de la entidad de tránsito, evitando enlaces compartidos por canales no oficiales.

Otra acción consiste en revisar cuidadosamente la redacción del mensaje. Los fraudes suelen contener errores ortográficos, urgencia y llamadas a la acción poco habituales en organismos oficiales.

Además, hay que recordar que los pagos legítimos de multas se realizan exclusivamente a través de canales bancarios y plataformas oficiales identificadas por los gobiernos locales.

En caso de duda, realiza consultas directamente a la entidad de tránsito correspondiente utilizando sus números y canales de atención oficiales. Nunca confíes en pagos mediante transferencias a cuentas personales, billeteras virtuales o enlaces extraños.

Si recibes mensajes sospechosos, repórtalos para prevenir que otros caigan en el engaño. La prevención y el escepticismo ante ofertas poco creíbles son las principales herramientas para no convertirse en víctima de este tipo de estafas.

Qué hacer si ingresé al link y entregué información

Si un usuario ingresó información personal tras acceder a un enlace fraudulento relacionado con supuestos descuentos en multas de tránsito, es fundamental actuar con rapidez para minimizar los riesgos.

El primer paso consiste en contactar inmediatamente a la entidad financiera o banco vinculado a los datos proporcionados, informar la situación y solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o cuentas involucradas. Esto puede evitar movimientos no autorizados y el uso indebido de la información.

Es recomendable también modificar las contraseñas de los servicios afectados y de cualquier otra plataforma donde se haya utilizado la misma clave.

Si se compartieron datos personales, como el número de documento o información de contacto, conviene notificar a la entidad emisora o a las autoridades pertinentes para dejar constancia del incidente.

Adicionalmente, se recomienda activar sistemas de autenticación en dos pasos en cuentas digitales y monitorear el estado de las cuentas bancarias y plataformas asociadas para detectar actividades inusuales.

Es útil conservar evidencia, como capturas de pantalla del mensaje y la página falsa, para facilitar denuncias ante las autoridades o entidades de control.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reforzó sus acciones de fiscalización sostenible durante los primeros días de septiembre, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los pasajeros que a diario utilizan el transporte público. Entre el 1 y el 5 de septiembre, se realizaron 74 operativos en diversos puntos de la capital y del Callao, que derivaron en el internamiento de 132 vehículos que prestaban servicio de manera informal.

De acuerdo con la ATU, 63 de las unidades intervenidas registraban multas acumuladas por un total de S/ 2 383 000. El caso más notorio fue el de la combi de placa B9N 743, detenida en el distrito de San Juan de Miraflores, con sanciones pendientes que ascienden a S/ 307 090.

Las autoridades precisaron que 53 de los vehículos eran conducidos por choferes sin licencia de conducir, mientras que seis unidades tenían más de 25 años de antigüedad, lo que representa un riesgo mayor en la prestación del servicio.

En lo que va del 2025, la ATU ha enviado al depósito un total de 3709 unidades que operaban al margen de la normativa.

Actas de fiscalización y modalidades detectadas

Durante los operativos, los fiscalizadores impusieron 221 actas de fiscalización, de las cuales 194 fueron por informalidad. Dentro de este grupo, se identificó a 109 vehículos que brindaban transporte regular sin autorización y a 85 que funcionaban como taxis sin contar con permiso alguno.

Asimismo, se levantaron cuatro actas contra unidades que prestaban el servicio de transporte público sin respetar el itinerario o los puntos de inicio y final de la ruta, establecidos en la ficha técnica. También se detectaron 15 casos de vehículos habilitados para taxi que ofrecían otro tipo de modalidad de transporte no permitida.

La ATU detalló que los operativos no se limitan al horario diurno. Solo en los primeros cinco días de septiembre se ejecutaron 24 intervenciones entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, lo que evidencia que la fiscalización se mantiene activa también en la noche y madrugada.

Fiscalización sostenible en Lima y Callao

Las acciones se desarrollan en puntos estratégicos previamente identificados como focos de informalidad en avenidas y calles de varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Estos operativos buscan reducir la presencia de vehículos informales que representan riesgos tanto por su falta de autorización como por las condiciones técnicas deficientes en las que suelen operar.

La ATU recordó que su labor de fiscalización se enmarca en un enfoque sostenible, que incluye no solo la sanción de las infracciones, sino también la prevención de accidentes y la mejora de la calidad del servicio para los usuarios.

Finalmente, la entidad exhortó a la ciudadanía a preferir medios de transporte autorizados y a denunciar casos de informalidad a través de los canales oficiales de la institución, con el fin de reforzar el trabajo conjunto por un transporte seguro, eficiente y formalizado en la capital y el primer puerto.

Decomisó tarjetas del Metropolitano

El uso irregular de tarjetas preferenciales en el sistema de transporte público de Lima y Callao ha experimentado un aumento significativo en lo que va del año, según datos recientes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Más de 2.500 tarjetas del Metropolitano han sido incautadas por uso indebido, una cifra que refleja la magnitud del problema y la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

La ATU ha detectado que 2.503 tarjetas preferenciales del Metropolitano han sido decomisadas hasta la fecha por ser utilizadas de manera inapropiada. El vocero de la entidad, Pavel Flores, informó que la estación Central concentra la mayor cantidad de casos, lo que evidencia un patrón de uso fraudulento en puntos neurálgicos del sistema. Este dato fue presentado durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los procedimientos implementados para enfrentar estas irregularidades.

El fuerte aumento de las multas de tránsito en la Argentina tiene una explicación que no siempre aparece en los titulares: el parámetro por el cual se calculan las sanciones no es arbitrario, sino que está establecido en Unidades Fijas (UF). Ese índice se actualiza de acuerdo con el precio de la nafta súper en estaciones de servicio oficiales de YPF.

En la Provincia de Buenos Aires, la UF se ajusta cada dos meses, lo que implica que las multas crecen bimestralmente al ritmo del aumento en los combustibles. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el ajuste es semestral.

Así, en septiembre la Unidad Fija aumentó en PBA a $1.606 y en CABA a $798,51. El resultado es un esquema en el que una de las infracciones más típicas, como es un exceso de velocidad, puede costar $120.000 en CABA y $240.000 en PBA. La diferencia entre ambas jurisdicciones se debe a que en CABA toman el valor de medio litro de nafta para determinar el valor de la Unidad Fija, mientras que en PBA toman el valor de un litro completo.

El ciudadano que llena el tanque también ve crecer el valor de su infracción, aun cuando su ingreso no se actualice con la misma velocidad. Así, la multa pierde su carácter pedagógico y se transforma en una pena indexada, atada a la volatilidad de los precios.

Un sistema desigual y complejo

Cada jurisdicción define no solo cómo se actualiza la UF, sino también al cuánto tiempo prescriben las multas y cómo se hacen los descargos. En algunos casos prescriben a los dos años, en otros recién a los cinco (como es el caso de CABA y Provincia de Buenos Aires).

Conductas que se repiten, sanciones que recaudan

Los listados oficiales muestran siempre las mismas infracciones en el podio: exceso de velocidad, estacionar en lugares prohibidos, no usar cinturón, cruzar en rojo. Son conductas que responden más a hábitos de conducción y a la falta de controles que a un verdadero desprecio por la norma. Sin embargo, constituyen una de las mayores fuentes de recaudación de muchos municipios.

El verdadero desafío

Como abogados especializados vemos que la política actual se apoya en el “castigo caro” más que en la educación vial. Pero la experiencia demuestra que lo que modifica conductas no es una multa de millones, sino el control efectivo, la prevención sostenida y la transparencia en el uso de lo recaudado.

Mientras tanto, las multas siguen indexadas al precio de la nafta y el ciudadano se pregunta si paga para mejorar la seguridad vial o para tapar agujeros fiscales.

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, recordó a la ciudadanía que el 31 de agosto de 2025 es la fecha límite para suscribir acuerdos de pago de comparendos de tránsito en mora, en el marco de los beneficios otorgados por la Ordenanza 033, impulsada por el gobernador Jorge Rey y respaldada por la Asamblea Departamental de Cundinamarca.

De acuerdo con el secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, el beneficio busca facilitar que los infractores normalicen su situación y eviten incurrir en mayores costos a futuro. “Este es un beneficio que permite a los ciudadanos normalizar su situación y evitar mayores costos a futuro. Invitamos a todos los infractores a no dejar pasar el plazo del 31 de agosto para firmar su acuerdo de pago; después de esta fecha, podrán seguir disfrutando de los descuentos, pero sin acuerdos”.

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Ubicación, condiciones y plazos del acuerdo

Los interesados en acogerse a estos planes deben acercarse al punto de atención ubicado en la Calle 13 No. 30-20 en el sector de Puente Aranda, en Bogotá. El procedimiento implica un pago inicial mínimo del 15% del valor adeudado y la posibilidad de pactar hasta 12 cuotas mensuales. El ciudadano debe cancelar el monto total de la multa y la parte correspondiente de los intereses que no sea objeto de condonación, según lo exija la norma.

Finalizado el 31 de agosto, perderá vigencia la posibilidad de establecer acuerdos de pago, aunque los beneficios en los descuentos sobre intereses de mora continuarán vigentes hasta el 26 de diciembre de 2025 para multas aplicadas en los municipios donde la Secretaría de Movilidad Contemporánea ejerce autoridad.

Entre los alivios ofrecidos se encuentran:

• 100% de descuento en intereses para comparendos impuestos antes del 31 de diciembre de 2019.
• 70% de descuento en intereses para comparendos emitidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Estos beneficios están orientados exclusivamente a los pagos que se realicen en su totalidad y dentro de los plazos definidos por la gobernación.

Consulta de deudas y canales virtuales

Para verificar el estado de cuenta respecto a comparendos, los ciudadanos pueden acceder a la página oficial de la Secretaría de Movilidad Contemporánea en https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secmovilidad/pago-de-multas, o consultar a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), disponible en fcm.org.co/simit/#/home-public. Allí, tras ingresar el número de identificación personal o la placa del vehículo, el sistema mostrará las multas o comparendos pendientes en cualquier región del país.

En caso de no registrar deudas, el sistema informará con el mensaje: “No tienes comparendos ni multas registradas en Simit. Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago”.

Alcance de los alivios y restricciones

Los alivios cubren comparendos impuestos en cualquier municipio bajo la jurisdicción de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, exceptuando aquellos casos en que la infracción esté relacionada con conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, conforme a la Ley 1696 de 2013. Tampoco son aplicables para multas impuestas en municipios que cuentan con su propio organismo de tránsito ni a aquellas por conducir en estado de embriaguez.

Asimismo, las personas con otras obligaciones tributarias pendientes con el departamento (en etapa de cobro persuasivo o coactivo) también pueden acogerse a los acuerdos y beneficios establecidos.

Para las personas que no cuenten con la totalidad del dinero, la opción de suscribir un acuerdo de pago se mantiene siempre que la solicitud sea radicada antes del vencimiento del plazo el 31 de agosto de 2025, y se cumpla el abono mínimo del 15%. El acuerdo podrá gestionarse sin necesidad de garantía, siempre que se declare la existencia de bienes embargables.

Requisitos adicionales y orientaciones

No es necesario presentar garantías adicionales si se pueden declarar bienes embargables. Los descuentos son válidos sin importar el número de cuotas recogidas en el acuerdo. Si bien los alivios fiscales responden a la jurisdicción de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, no cobijan sanciones de tránsito impuestas en municipios con autoridad propia ni aquellas correspondientes a conductores sorprendidos bajo el influjo de sustancias prohibidas.

Con esta disposición, la Gobernación de Cundinamarca busca incentivar la regularización de deudas atrasadas y la cultura de la legalidad en la movilidad departamental, mediante mecanismos de alivio tributario y facilidades de pago para miles de ciudadanos que mantienen multas en mora.

Con el objetivo de orientar a los automovilistas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México puso en marcha la línea Infracción transparente, en la cual podrán consultar si su vehículo cuenta con alguna infracción de tránsito.

Esta plataforma estará disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, por lo tanto será muy sencillo consultar cualquier duda técnica y jurídica relacionada con infracciones de tránsito.

Sólo hay que marcar al número telefónico 800 900 3300 y a continuación ingresar el número de placa del automóvil.

Además, esta línea servirá para realizar el reporte de actos de corrupción cometidos por los agentes de tránsito.

En caso de requerir una atención más personalizada, existen módulos presenciales en ciudades como Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Nezahualcóyotl, donde los usuarios pueden verificar si su vehículo tiene una infracción estatal, imprimir el formato de pago y recibir asesoría sobre el trámite.

Cuáles son las infracciones de tránsito en el Edomex

En los municipios fuera de la Zona Metropolitana, la lista de infracciones que pueden llevar al depósito del vehículo incluye circular sin ambas placas o con placas no vigentes, discrepancias entre los números y letras de las placas, calcomanías y tarjeta de circulación.

También la prestación de servicio público sin autorización, reincidencia en violaciones a las condiciones del servicio público de transporte, conducir con licencias vencidas, incumplimiento de la verificación vehicular obligatoria, contaminación ostensible, circular en días restringidos por motivos ambientales, permitir el uso de documentos oficiales por terceros sin la tarjeta de circulación correspondiente, y conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas o en estado de ebriedad.

Así puedes pagar una multa de tránsito en el Estado de México

La Secretaría de Seguridad del Estado de México ha implementado un sistema que permite a los ciudadanos saldar sus multas de tránsito en el mismo lugar de la infracción, utilizando tarjetas de crédito o débito.

Esta modalidad, que se apoya en dispositivos electrónicos portátiles conocidos como “Handheld”, garantiza la emisión inmediata de un comprobante impreso que detalla la sanción impuesta conforme a los Reglamentos de Tránsito estatales.

Quienes reciben una infracción en alguno de los 59 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México pueden obtener una reducción del 70 % si abonan la sanción el mismo día, o del 50 % si lo hacen al día siguiente y hasta 14 días naturales después.

En el resto de los municipios, el descuento es del 50 % si el pago se realiza el mismo día o dentro de los 15 días siguientes. Estas condiciones, vigentes según la normativa estatal, buscan fomentar el cumplimiento ágil de las obligaciones y evitar la acumulación de recargos.

Las agentes de tránsito, identificables por su uniforme de camisa blanca con franjas naranjas y pantalón azul marino, son las encargadas de operar este sistema, que busca dotar de transparencia y eficiencia al proceso sancionador.

La regulación y aplicación de los reglamentos de tránsito corresponde tanto a autoridades estatales como municipales, siempre que estas últimas cuenten con la transferencia de competencias en la materia.

El cumplimiento en tiempo y forma del pago de las multas resulta determinante para evitar restricciones administrativas.

La omisión en el pago impide realizar trámites como el alta o baja de vehículos en el padrón vehicular, el cambio de propietario, la actualización de datos, la verificación vehicular y la renovación o reexpedición de licencias de conducir.

La circulación de camiones por carriles no permitidos en las autopistas urbanas cuenta desde agosto con un sistema de fiscalización electrónica destinado a reforzar la seguridad vial y ordenar el tránsito en la Ciudad. Esta medida introduce controles automatizados y una multa significativa para quienes infrinjan la normativa vigente.

El sistema electrónico, recientemente instalado, identifica y sanciona a los camiones y ómnibus que circulen fuera de los carriles habilitados. La normativa exige que estos vehículos transiten exclusivamente por el carril derecho y utilicen el segundo solo para maniobras de sobrepaso. Según la ley de tránsito, “los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos”. Esta disposición busca reducir los riesgos asociados a la presencia de vehículos de gran porte en carriles centrales o de alta velocidad.

Normativa sobre circulación de camiones y ómnibus

La regulación establece límites claros para el desplazamiento de vehículos pesados en las autopistas urbanas. Camiones y ómnibus tienen prohibido utilizar cualquier carril salvo el derecho, y solo pueden acceder al segundo carril para adelantar. Esta restricción tiene como objetivo proteger a los demás usuarios de la vía y evitar situaciones que puedan derivar en accidentes o congestiones.

En agosto se sumaron ocho nuevos puntos de control electrónico, distribuidos y señalizados a lo largo de las autopistas de la Ciudad. Estos dispositivos permiten una vigilancia constante y precisa, sin requerir la presencia de agentes de tránsito. La ubicación estratégica de los controles busca maximizar la cobertura y la efectividad del sistema, promoviendo una mayor observancia de la normativa por parte de los conductores de vehículos pesados.

Multas y fiscalización electrónica en autopistas urbanas

La circulación indebida de camiones y ómnibus representa un riesgo concreto para la seguridad vial. Estos vehículos, por sus dimensiones y peso, requieren distancias de frenado más largas y generan puntos ciegos que dificultan la visibilidad de otros conductores. Además, su presencia en carriles no habilitados puede provocar congestión y afectar la fluidez del tránsito, con consecuencias directas en la experiencia diaria de quienes utilizan las autopistas urbanas.

El sistema de fiscalización electrónica contempla una sanción económica considerable para quienes incumplan la normativa. La multa establecida asciende a $146.000, correspondiente a 200 unidades fijas, cuyo valor actual es de $731,62 cada una. Este mecanismo automatizado permite detectar las infracciones de manera eficiente y registrar las evidencias necesarias para la aplicación de la sanción, eliminando la necesidad de operativos presenciales y agilizando el proceso de control.

La incorporación de este sistema se enmarca dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, que promueve la convivencia ordenada entre todos los actores del tránsito y busca mejorar la seguridad vial a través de herramientas tecnológicas y normativas actualizadas.

La automatización del control y la eliminación de la intervención discrecional permiten que la fiscalización de la circulación de camiones en las autopistas urbanas sea más eficiente y transparente, fortaleciendo la confianza en el cumplimiento de las normas y en la equidad del proceso sancionatorio.

Este caso reactivó la discusión sobre los límites de la autoridad policial y la protección de los derechos ciudadanos en el contexto del tránsito. El incidente comenzó cuando el conductor estacionó su motocicleta en un lugar que, según su testimonio, no contaba con señalización que prohibiera el parqueo.

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“La moto está aquí en un lugar donde se puede parquear”, insistió ante la agente de tránsito, quien solicitó los documentos y, de inmediato, intentó arrebatarle las llaves. El conductor, visiblemente alterado, cuestionó la legalidad de esa acción: “¿Es legal quitarle las llaves a uno a la fuerza?”. La situación escaló cuando los funcionarios retuvieron sus documentos durante veinte minutos y amenazaron con trasladar la moto a los patios, medida que finalmente ejecutaron junto con la imposición de dos comparendos.

El análisis del señor Biter se centró en la importancia de documentar desde el inicio cualquier procedimiento con la autoridad. “Siempre les he dicho: ‘Graben con anticipación’”, recalca, advirtiendo que muchos conductores solo comienzan a grabar cuando perciben un posible abuso, lo que debilita la validez probatoria del material obtenido.

Según su interpretación de la normativa, “los agentes de tránsito no pueden quitar las llaves ni usar la fuerza contra el conductor”, una restricción respaldada por documentos oficiales del Ministerio de Transporte. La ausencia de una grabación completa desde el primer momento deja espacio a la duda sobre lo ocurrido y complica la defensa del ciudadano ante eventuales excesos de la autoridad.

Sin embargo, en el video se puede detallar como la agente de tránsito, que inicialmente inició en el procedimiento de sanción y movilización del automotor, se comunicó por radio con otros agentes alegando agresiones por parte del ciudadano. En un momento se logra escuchar una voz que dice “¿el agresor sigue ahí?”. Posteriormente, llegarían otros funcionarios que arremetieron inmediatamente contra el ciudadano empleando la fuerza, sin antes medir palabras.

El procedimiento de traslado del vehículo a los patios introdujo una dimensión adicional de conflicto. Al reclamar su motocicleta, el conductor encontró rayones en la carrocería, el asiento perforado y el casco deteriorado. “Dañaron la pinche moto, parce”, expresó, cuestionando la responsabilidad de quienes debían custodiar el bien.

El señor Biter recordó que el Código de Tránsito exige la elaboración de un inventario detallado antes de remitir cualquier vehículo a patios, documento que sirve como respaldo en caso de reclamaciones por daños. “Tanto la grúa como el parqueadero deben responder por su custodia”, subrayó, y adviertió que, en la práctica, algunas autoridades omiten este paso, lo que obliga a los conductores a tomar fotografías y videos con la fecha visible como medida de protección.

La falta de un inventario y la imposibilidad de registrar el estado del vehículo en el momento de la inmovilización —en este caso, porque el conductor estaba siendo esposado— agravan la situación. Aunque el afectado conserva el derecho a presentar una demanda, la ausencia de pruebas contundentes dificulta el proceso. El señor Biter concluye que el error fundamental fue no haber grabado el procedimiento desde el inicio, una omisión que, en contextos de potencial abuso de autoridad, puede resultar determinante para la defensa de los derechos del ciudadano.

Inventario del vehículo

El Código de Tránsito establece que, si existen diferencias entre el inventario recibido y el de entrega, “el propietario o administrador del parqueadero autorizado incurrirá en multa 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, adicionalmente, deberá responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo”.

El parágrafo 1 del artículo 125 señala que antes del ingreso del automotor en alguno de los patios autorizados por la administración, este deberá hacerse con previo inventario de los elementos contenidos en él y con una detallada descripción del exterior del vehículo inmovilizado.

Con esto, lo que hace el organismo de control es entregarle un documento en el que se precisará el estado del automotor y todos sus componentes, tanto internos como externos, al momento de conducir el automotor al sitio autorizado. A su vez, el artículo suma que dicho procedimiento se deberá realizar al momento de la salida de la propiedad de los patios.

Sanciones por abuso de autoridad

El abuso de autoridad, según la definición legal, ocurre cuando un servidor público utiliza su posición para imponer su voluntad personal por encima de la ley, buscando beneficios propios en lugar de velar por el interés público. Este acto, calificado como arbitrario e injusto, puede ser denunciado ante las autoridades competentes para que se tomen las medidas legales correspondientes.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, cualquier ciudadano que sea víctima o testigo de un acto de abuso de autoridad tiene el derecho de presentar una denuncia formal. Este procedimiento puede realizarse de manera verbal o escrita ante la Fiscalía General de la Nación, proporcionando una narración clara y precisa de los hechos.

Asimismo, los ciudadanos pueden presentar quejas o denuncias ante la entidad donde trabaja el servidor público implicado. También es posible acudir a la Procuraduría General de la Nación, que tiene la facultad de iniciar procesos disciplinarios en caso de que se determine que hubo una falta. Si no se obtiene respuesta en estas instancias, se puede recurrir a la Personería Municipal o a la Defensoría del Pueblo.

Una vez presentada la denuncia o queja, se inician las investigaciones pertinentes, que pueden derivar en procesos penales o disciplinarios, dependiendo de la gravedad de los hechos, y conllevar sanciones que van desde multas hasta la pérdida del empleo o cargo público. El artículo 416 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años para el delito de abuso de autoridad. Además de la pena de prisión, se pueden imponer multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período igual a la pena de prisión.

La Secretaría Distrital de Movilidad implementó mecanismos que permiten a los conductores regularizar su situación de comparendos y multas de tránsito, ya sea mediante descuentos por cursos pedagógicos o a través de acuerdos de pago flexibles.

Cabe recordar que un comparendo constituye una orden formal de notificación que exige la comparecencia del presunto infractor ante la autoridad de tránsito, en este caso la Secretaría de Movilidad, por la comisión de una infracción. En cuanto a la multa, es la sanción económica impuesta por infringir la ley, que varía según la dimensión de la falta cometida.

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A partir de ese panorama, las autoridades han dispuesto de varias facilidades para que los ciudadanos puedan cumplir con estas obligaciones de manera sencilla y segura, sin necesidad de intermediarios. El acceso a descuentos en el pago de comparendos está condicionado a la realización de un curso pedagógico gratuito, cuyo objetivo es fomentar la reflexión y el compromiso con la seguridad vial.

Para beneficiarse de esta reducción, el infractor debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y agendar previamente el curso a través de la página www.movilidadbogota.gov.co o la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’. El proceso de inscripción no tiene costo y, para resolver dudas, se encuentra habilitada la línea telefónica (601) 364 9400, opción 2.

La ciudad cuenta con cinco puntos estratégicos para la realización de estos cursos:

• El Edificio Restrepo (calle 14 sur # 22-27)
• Fontibón Centro (calle 19 # 99-68)
• C.C. Tintal Plaza (avenida carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287)
• C.C. San Rafael (calle 134 # 55-30, Sótano 2)
• Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 (Calle 13 # 37-35).
• Se recomienda a los asistentes llegar con antelación y disponer de al menos dos horas para completar el proceso.

El porcentaje de descuento varía según el tipo de comparendo y el tiempo transcurrido desde la notificación. Para los comparendos notificados en vía, el descuento alcanza el 50% si el curso y el pago se realizan dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición.

Si el trámite se efectúa entre el sexto y el vigésimo día hábil, la reducción es del 25%. En el caso de los comparendos electrónicos, el descuento del 50% aplica si el curso y el pago se completan en los primeros once días hábiles desde la notificación, y del 25% si se realiza entre el día doce y el veintiséis.

Para quienes no pueden cancelar el valor total del comparendo, la Secretaría de Movilidad ofrece la opción de acuerdos de pago. Los requisitos incluyen la presentación de una fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificación bancaria y laboral (ambas con una vigencia máxima de 30 días), declaración de renta o certificación de ingresos para independientes, copia de un recibo de servicio público y una declaración juramentada ante notario sobre la existencia o no de bienes a nombre del solicitante.

Además, es indispensable no figurar en el Boletín de Deudores Morosos del Estado ni haber incumplido acuerdos anteriores. El acuerdo exige una cuota inicial del 40% del valor total, que debe abonarse en los cinco días hábiles siguientes a la firma.

La consulta de comparendos puede realizarse en línea, ingresando a www.movilidadbogota.gov.co o a la aplicación ‘Mi Movilidad a un clic’. El usuario debe seleccionar la opción “Consulta y Pago de Comparendos”, ingresar su número de documento de identidad o la placa del vehículo, completar el código de seguridad y revisar en pantalla los comparendos registrados.

El pago puede efectuarse en línea mediante PSE o presencialmente en entidades bancarias como Banco de Occidente o Caja Social, así como en puntos del Grupo Éxito, previa descarga de la tirilla de pago. Para 2025, a través de acuerdos de pago, la entidad permitirá alivios para deudas por comparendos desde $1.207.762, que incluyen capital e intereses. “Una oportunidad para ponerse al día con responsabilidad y sin cargas excesivas”, precisó la secretaría.

En caso de desacuerdo con la imposición de un comparendo, el presunto infractor puede solicitar la impugnación dentro de los mismos plazos establecidos para acceder al descuento del 50%. Esta posibilidad aplica tanto para comparendos notificados en vía como para los impuestos por medios tecnológicos, conforme a los artículos 136 y 137 del Código Nacional de Tránsito.

Finalmente, y si, tras el proceso contravencional, la autoridad declara responsable al infractor; este deberá abonar la totalidad de la sanción, sin opción a los descuentos por la realización del curso pedagógico.

De acuerdo con datos entregados por la Secretaria de Movilidad, indican que el 41% de las personas fallecidas en siniestros viales en Bogotá entre enero y mayo de 2025 eran peatones, una estadística que reveló la magnitud de la vulnerabilidad de quienes transitan a pie por la ciudad.

En la mayoría de estos casos, la interacción con motociclistas resultó determinante, lo que llevó a las autoridades a intensificar los controles para proteger la vida de los peatones y recuperar los espacios públicos destinados exclusivamente a ellos.

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A partir de ese panorama, la dependencia de Movilidad de Bogotá puso en marcha una serie de operativos de control para impedir que los andenes sean ocupados por motocicletas y otros vehículos motorizados. Según datos oficiales, durante el 2025 se han realizado 570 operativos enfocados en la recuperación de estos espacios, lo que ha derivado en 5.833 órdenes de comparendo a conductores que infringieron la norma.

Para la entidad, dichas acciones buscan frenar una conducta que, además de constituir una infracción, representa un riesgo directo para la integridad de los peatones. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que la estrategia de control se ha concentrado en localidades donde la invasión de andenes por motociclistas es más frecuente, como Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

No obstante, los operativos se han extendido a 19 de las 20 localidades de la ciudad, con el objetivo de garantizar una cobertura amplia y sostenida. Díaz subrayó: “En Bogotá ejercemos control constante sobre este tipo de comportamientos. Nuestra estrategia se ha focalizado principalmente en localidades como Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, donde más se presenta esta mala conducta”.

El impacto de estas medidas se refleja también en la cantidad de vehículos inmovilizados. Durante el primer semestre de 2025, las autoridades retiraron de circulación 3.070 vehículos que transitaban por zonas prohibidas, reforzando así el mensaje de tolerancia cero frente a la ocupación indebida de los andenes.

La Secretaría de Movilidad insistió en que los andenes han sido diseñados exclusivamente para el tránsito seguro de los peatones, quienes requieren condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y espacio para desplazarse. La invasión de estos espacios por motocicletas no solo incrementa la inseguridad vial, sino que obliga a muchos peatones a desplazarse por la calzada, exponiéndose a un peligro aún mayor.

El control más reciente se llevó a cabo en la Avenida Guayacanes, a la altura de la calle 2 Sur, uno de los puntos críticos donde la infracción se presenta con mayor frecuencia. La secretaria Díaz enfatizó la continuidad de estas acciones: “Seguiremos haciendo presencia en puntos críticos como la Avenida Guayacanes, con el propósito de recuperar los andenes y garantizar que quienes se mueven a pie lo hagan de forma segura y en andenes en buen estado”.

Cabe señalar que la sanción para quienes conduzcan por andenes o lugares no autorizados está definida en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), artículo 131, literal D05, que establece una multa de $1.207.800 para quienes circulen por aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.

Además del literal D05, que es común presenciarla en la ciudad, existen otros comportamientos contrarios a la ley - y del código D - que frecuentemente vinculan a algunos motociclistas, las cuales son:

• D02: conducir sin portar los seguros ordenados por la ley
• D03: transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. Las autoridades no podrán inmovilizar los vehículos implicados.
• D04: no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo
• D06: adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique.
• D07: conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.
• D08: conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código.

La circular emitida por el Ministerio de Transporte el 5 de diciembre del 2023 - 20234000000767 - introdujo un matiz fundamental en la interpretación de las infracciones relacionadas con el color de los vehículos particulares y de servicio público en Colombia.

Según el contenido de este documento, si el color registrado en la licencia de tránsito queda oculto por adhesivos que el conductor puede retirar en el momento, la sanción se limita a un comparendo y no implica la inmovilización del vehículo. Esta disposición, que hasta entonces no existía de forma explícita, marcó un antes y un después en la manera en que los agentes de tránsito aplican la Ley 769 de 2002, especialmente en lo referente a la infracción B07, que sanciona el cambio de color o motor sin notificación a la autoridad.

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El debate sobre la legalidad de los procedimientos de tránsito por el color de los vehículos cobró notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales, en lo que se observa a un agente de movilidad imponiendo un comparendo a un motociclista. El motivo: el tanque de la moto presentaba calcomanías rojas, mientras que la licencia de tránsito indicaba color blanco.

Para la autoridad, esto constituía una infracción, ya que el color visible no coincidía con el registrado oficialmente. El caso generó inquietud entre conductores, quienes se preguntan si modificaciones estéticas menores, como un techo negro en un automóvil cuya licencia indica “blanco polar”, pueden derivar en sanciones similares.

El creador de contenido sobre tránsito y movilidad Señor Biter abordó el tema en un video, en el que explicó que la confusión sobre el color de los vehículos y su registro en la licencia de tránsito ha dado lugar a procedimientos erróneos por parte de las autoridades.

Según su análisis, la información consignada en la licencia se refiere exclusivamente al color o colores predominantes en las partes metálicas o carrocería del vehículo. En el caso de las motocicletas, esto aplica al tanque y, si corresponde, al carenado. Elementos como rines o llantas no están sujetos a esta regulación, por lo que su color no debe coincidir necesariamente con el de la licencia.

El Ministerio de Transporte aclaró que las licencias pueden registrar uno, dos o hasta tres colores, pero no existe una jerarquía que determine cuál es el predominante. Lo relevante es que los colores consignados sean los que prevalecen en la carrocería.

En situaciones donde se utilizan stickers o calcomanías, si estos cubren el color predominante y no coinciden con los registrados, la autoridad puede imponer un comparendo e incluso inmovilizar el vehículo. Esta medida aplica tanto para automóviles como para motocicletas. La excepción introducida por la circular de diciembre de 2023 permite que, si el conductor retira los adhesivos en el lugar, se evite la inmovilización, lo que representa un alivio para quienes enfrentan este tipo de procedimientos.

El término “multicolor” en la licencia de tránsito tiene un significado específico: se utiliza cuando el vehículo exhibe cuatro o más colores simultáneamente en la carrocería, o cuando la pintura es tornasolada o “camaleónica”, es decir, cambia de tonalidad según la luz, tal como lo detalló Biter. En estos casos, la licencia debe indicar “multicolor” de manera obligatoria, pero esto no autoriza al propietario a modificar el color del vehículo a voluntad en diferentes momentos.

Durante 2023, se registró una oleada de inmovilizaciones de vehículos por supuestos cambios de color o la presencia de stickers, lo que motivó a un grupo de ciudadanos, incluido el Señor Biter, a reunirse con funcionarios del Ministerio de Transporte y la Dirección de Transporte y Tránsito.

El objetivo fue solicitar claridad normativa y frenar los abusos en la aplicación de la ley. De ese encuentro surgió la circular que, según el propio Biter, incluyó la posibilidad de subsanar la infracción en el sitio mediante la remoción de adhesivos, evitando así el traslado del vehículo a patios y los costos asociados.

El análisis del Señor Biter destaca que muchos concesionarios priorizan la venta sobre el conocimiento de la normativa, lo que puede generar problemas a los compradores desprevenidos. Es por eso que recomendó informarse adecuadamente antes de adquirir un vehículo, especialmente en lo relativo al registro de colores en la licencia de tránsito.

En el caso del motociclista sancionado, el vehículo presentaba tres colores visibles: blanco, rojo y negro. Si la licencia hubiera consignado “multicolor” y el número de colores en la carrocería fuera cuatro o más, la sanción no habría procedido. No obstante, los stickers no se consideran parte de los colores de la carrocería, salvo que cubran el color predominante.

Cabe destacar que el reglamento permite que elementos como rines, copas, entre otros elementos, tengan colores distintos a los registrados, sin que esto constituya una infracción. El Ministerio de Transporte enfatizó que lo determinante es el color predominante en la carrocería. El propio Señor Biter ejemplificó con su vehículo, cuya licencia indica “blanco polar”, aunque el techo es negro. Mientras el color predominante siga siendo el registrado, no existe motivo para sanción.

Recuperar los cerca de $30 billones en deudas antiguas con el Estado se convirtió en una de las alternativas más mencionadas por expertos y tributaristas para fortalecer el recaudo tributario en Colombia sin aumentar la carga fiscal sobre los contribuyentes activos. Para esto, un grupo de congresistas de cinco partidos políticos presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley de reactivación económica enfocado en incentivar el pago de obligaciones por medio de alivios tributarios y facilidades de pago, tanto en el ámbito nacional como local.

El proyecto nace de un consenso entre partidos como la U, Liberal, Alianza Verde, Conservador y Pacto Histórico y la meta es fortalecer la economía formal, promover la inversión y dar aire a las finanzas públicas sin poner en riesgo el rigor fiscal.

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“Unimos propuestas separadas del Partido de La U, el Liberal, Alianza Verde, el Conservador y el Pacto Histórico porque el trámite legislativo no permitieron que avanzaran en el periodo pasado”, explicó la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, del Partido Alianza Verde, a Valora Analitik.

Dentro de las medidas principales está la posibilidad de obtener descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses de deudas tributarias con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y hasta un 90% con la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) y en procesos de conciliación judicial.

Alternativa para el dinero no declarado

El articulado permite, solo por una vez, que personas con dinero no declarado lo puedan legalizar de manera voluntaria, siempre que los fondos no provengan de economía ilegal, y con la opción de pagar a cambio un impuesto especial entre 10% y 20%.

En el ámbito territorial, se prevé que municipios y distritos concedan descuentos del 8 % en los intereses de mora a quienes paguen el total del impuesto vehicular adeudado.

Para las deudas por multas de tránsito, los ciudadanos podrían saldar el 50% del capital, con exoneración total de intereses, comprometiéndose a completar cursos pedagógicos. Dichas acciones buscan aliviar la carga financiera de los hogares y estimular la cultura de cumplimiento voluntario.

Las expectativas, si estas medidas logran su objetivo, incluyen la posibilidad de reducir la tarifa del impuesto sobre la renta para las empresas del 35% al 30%, y permitir al sector gastronómico un cobro gradual del impuesto al consumo, primero en 4% y luego al 6% hacia 2027.

Exenciones al IVA

En cuanto a las exenciones al IVA, el plan de los congresistas coincide con las prioridades del Gobierno actual, que también, por medio del Ministerio de Hacienda, prepara su propio proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento para contar con los recursos suficientes en el Presupuesto General de la Nación (PGN). La iniciativa del Gobierno, que sería presentada en las próximas semanas, contempla, entre otras cosas, revisar exenciones al IVA y al impuesto al consumo, así como gravar productos contaminantes.

Los congresistas proponen dejar exentos del IVA los servicios hoteleros en municipios de menos de 200.000 habitantes, lo que beneficiaría a casi 1.100 poblaciones. Los proyectos relacionados con energías renovables y pequeños transportadores que reemplacen vehículos contaminantes también recibirían exenciones.

Descuentos en multas de tránsito

Por último, el articulado incorpora facilidades para los ciudadanos con obligaciones pendientes en el sector transporte y automotor. Se contempla la posibilidad de que quienes tengan multas de tránsito o deudas por impuesto de vehículos puedan acceder en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley a descuentos sustanciales en intereses y capital, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, como asistir a cursos de educación vial y pagar el monto principal de la deuda.

En 2025, Colombia ha establecido la multa de tránsito más alta del país para quienes reinciden conduciendo bajo los efectos del alcohol en grado severo.

Esta infracción, clasificada como tipo F en el Código Nacional de Tránsito, implica una sanción económica que asciende a 68.328.000 pesos colombianos, cifra equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv).

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La gravedad de esta multa no solo radica en su monto, sino en las consecuencias complementarias que la acompañan.

Los infractores que reinciden en el tercer grado de alcoholemia —es decir, con una concentración superior a 150 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre— enfrentan además la cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Consecuencias adicionales a la sanción económica

Sumado a esto, la autoridad de tránsito ordena la inmovilización del vehículo por un periodo que puede extenderse hasta 20 días hábiles, y la imposición de noventa horas de actividades comunitarias, con el fin de promover la sensibilización sobre la responsabilidad vial y el impacto social de esta conducta.

El ajuste de la multa al nuevo monto responde al aumento del salario mínimo legal para 2025, fijado en 1.423.500 pesos, además de un auxilio de transporte de 200.000 pesos.

En 2024, la misma infracción implicaba una multa de 62.399.520 pesos, por lo que el incremento es proporcional a la variación del salario.

Esta medida, más allá del impacto económico, busca enviar un mensaje contundente: la conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente en casos de reincidencia y niveles severos, no será tolerada.

El marco jurídico que soporta esta política está contemplado en la Ley 1696 de 2013, que estableció un endurecimiento significativo en las sanciones para conductores bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas.

Niveles de alcoholemia y sanciones establecidas

La legislación reconoce cuatro niveles de alcoholemia, con sanciones que van desde la suspensión temporal de la licencia hasta la cancelación definitiva en casos de reincidencia y altos grados de embriaguez. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los niveles y sanciones son los siguientes:

• De 20 a 39 mg/100 ml de sangre: suspensión de la licencia de 6 a 12 meses.
• De 40 a 99 mg/100 ml: suspensión de 1 a 3 años.
• De 100 a 149 mg/100 ml: suspensión de 3 a 5 años.
• A partir de 150 mg/100 ml: suspensión hasta de 10 años o cancelación definitiva en caso de reincidencia.

Esta graduación permite que la autoridad ajuste la sanción al nivel de riesgo demostrado, con especial énfasis en quienes reinciden, pues son quienes representan un mayor peligro para ellos mismos y terceros en las vías.

Para los conductores profesionales —incluyendo transporte público, transporte escolar e instructores de conducción— las sanciones son aún más severas.

Las multas en estos casos pueden alcanzar los 136.656.000 pesos colombianos, junto con la cancelación definitiva de la licencia y la inmovilización del vehículo.

Esta doble sanción responde a la mayor responsabilidad que asumen estos conductores, quienes deben garantizar la seguridad no solo propia sino también de terceros, especialmente menores y pasajeros vulnerables.

Además de las multas por embriaguez, en Colombia existen otras infracciones comunes que generan sanciones económicas, como conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), no realizar la revisión técnico-mecánica, estacionar en sitios prohibidos, no respetar señales de tránsito o semáforos, exceder los límites de velocidad, o conducir sin licencia o con licencia vencida.

Aunque estas multas también tienen un impacto económico, ninguna se acerca al nivel de la sanción por embriaguez severa y reincidencia.

Procedimiento y plazos para el cobro y prescripción de multas

El proceso para la imposición y cobro de estas multas se encuentra regulado con plazos y procedimientos estrictos. Según la Resolución 172831 del 22 de diciembre de 2021, que establece el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría Distrital de Movilidad, el plazo inicial para la prescripción de una multa de tránsito es de tres años desde la ocurrencia de la infracción.

Sin embargo, si la autoridad inicia un proceso de cobro coactivo —es decir, cuando el infractor no realiza el pago voluntario— y notifica el mandamiento de pago, el plazo de prescripción se interrumpe.

Esto implica que a partir de la notificación, la entidad encargada dispone de un nuevo periodo de tres años para recuperar la deuda, extendiendo así el tiempo total para el cobro efectivo a un máximo de seis años.

Durante este tiempo, la autoridad puede aplicar medidas como embargos a cuentas bancarias, vehículos o bienes inmuebles del deudor para asegurar el pago.

Si transcurren ambos períodos sin que la deuda sea saldada, el infractor puede solicitar la prescripción formal de la multa ante la autoridad de tránsito correspondiente.

La norma establece un término de 15 días hábiles para que esta autoridad responda la solicitud, según lo previsto en la Ley 1755 de 2015.

Continúa la controversia entorno a la decisión del Juzgado 23 Civil Municipal de Cali contra el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, en la que ordena tres días de arrestro y el pago de una multa por presunto desacato a la sentencia de una tutela.

Detrás de esta acción ciudadana figura Diego Mauricio Londoño, un conductor que pidió explicaciones y expresó sus reparos a algunas de las 21 infracciones de tránsito que reposan en su historial desde 2007.

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Así lo reveló la Secretaría de Movilidad de Cali, en un documento emitido el 23 de julio de 2025, conocido por El País de Cali, en el que figura el detalle algunas de las faltas y su estado actual.

Según la información oficial, de las 21 infracciones registradas, 16 fueron impuestas mediante fotomultas y cinco corresponden a comparendos manuales.

El informe señala que siete sanciones ya fueron exoneradas, cinco permanecen en estado moroso, dos figuran en estado de comparendo, nueve han sido pagadas, tres se mantienen en proceso de comparendo y seis están pendientes de notificación por fotodetección.

La Secretaría especificó que “el historial del conductor Diego Mauricio Londoño muestra hasta la fecha de consulta, hoy 23 de julio de 2025, 21 infracciones de tránsito, siendo la primera en el año 2007”.

Entre los casos más relevantes, cita el comparendo Nro. D76001000000031789456, “exonerado a través de audiencia de controversia celebrada el 26 de agosto de 2022, y fallada por la autoridad de tránsito el 13 de septiembre de 2022”. Esta sanción correspondería a la infracción D04, relativa a no detenerse ante luz roja o amarilla de semáforo, señal de “Pare” o semáforo intermitente en rojo.

Otras dos infracciones del ciudadano estarían en estado para audiencia de controversia y tuvieron reinicio de los términos del proceso el 11 de julio de 2025, luego de que el infractor se comunicara para agendar audiencias que quedaron programadas para mayo de 2026.

Además, dos infracciones que estaban en mora fueron incluidas en acuerdos de pago, suscritos el 11 de julio de 2025, según información firmada en la sede Avenida Plaza AP.

El historial también detalla que las 21 infracciones involucran nueve placas vehiculares diferentes, y que una multa actualmente sigue en proceso de notificación por fotodetección.

Contexto: orden de arresto al secretario de Movilidad

La información sobre el historial de multas surge en medio de la polémica por la orden de arresto dictada por el Juzgado 23 Civil Municipal de Cali contra Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, por presunto desacato a una sentencia de tutela.

El juzgado consideró que la entidad, encabezada por Orozco, “no ha atendido los requerimientos dados por el Juzgado” frente a una petición ciudadana radicada el pasado 5 de mayo por Londoño.

La juez Zully Vega Cerón, a cargo del despacho, señaló en la resolución que la Secretaría de Movilidad habría continuado vulnerando el derecho fundamental reclamado por el ciudadano.

Además del arresto por tres días, el funcionario fue sancionado con una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $2.874.500. La sanción también excluyó al alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras determinarse que este sí realizó gestiones para que la dependencia diera respuesta a la solicitud inicial.

Respuesta institucional: alegan cumplimiento de trámites

Desde la Secretaría de Movilidad, el abogado penalista Gean Carlos Guerrero afirmó que la respuesta a la petición se surtió antes de la sanción. “Nos sorprende que el Juzgado no tenga en cuenta que, siempre que se emite una orden de arresto por una tutela, se debe demostrar una intención dolosa de incumplir el fallo. Y el Juzgado no tiene en cuenta que la petición del accionante tiene 50 puntos a resolver”, declaró al medio citado.

Guerrero aseguró que el 11 de julio se remitió respuesta a Londoño respecto a la revocatoria de comparendos y actualización de registros en el sistema Simit, aunque el ciudadano argumenta que no todos los puntos fueron resueltos. Posteriormente, la Secretaría amplió la información dirigía al peticionario, aunque problemas técnicos en el aplicativo Orfeo impidieron notificar formalmente al Juzgado antes de emitirse la sanción.

Desde la administración municipal anticipan que esperan la revocatoria de la orden de arresto, tras insistir en que cumplirían con lo dispuesto judicialmente y que el proceso permanece a la espera de una nueva decisión por parte del Juzgado.

“No importa la placa que uno ponga ahí, no importa. Así sea una placa inventada siempre le va a arrojar comparendo 300.000 $ por la misma cosa. ¿Infracción 79 La misma fecha, sin importar qué placa ponga, va a botar eso? (sic)”. Con esta advertencia, un usuario de X alertó sobre una nueva modalidad de fraude digital que afecta a quienes buscan consultar sus multas de tránsito en línea.

El testimonio, difundido en video, expone cómo los delincuentes perfeccionaron la clonación de páginas web oficiales para engañar a los ciudadanos y obtener tanto dinero como información bancaria. La Federación Colombiana de Municipios – Simit confirmó la existencia de estos fraudes y detalló los mecanismos utilizados, así como las medidas que la ciudadanía debe tomar para protegerse.

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El fenómeno comienza cuando una persona busca en Google la consulta de comparendos y accede a los primeros enlaces que aparecen. Según el usuario de X, estos sitios imitan la apariencia de la página oficial del Simit, pero en realidad son portales falsos.

Al ingresar cualquier número de placa, incluso uno inexistente, el sistema siempre arroja el mismo resultado: una supuesta infracción número 79, con una multa de $300.000 y la misma fecha, sin importar los datos introducidos. El objetivo es inducir al usuario a realizar un pago o a entregar información personal y bancaria, lo que puede derivar en el robo de fondos o en la apropiación de datos sensibles.

Sin embargo, esta no es la primera denuncia que ha recibido el organismo. La Federación Colombiana de Municipios – Simit emitió un comunicado el 17 de marzo de 2025, en el que advirtió sobre la proliferación de páginas web y chats de WhatsApp que ofrecen descuentos inexistentes en el pago de multas de tránsito.

La directora nacional del Simit, Sandra Milena Tapias, explicó que los delincuentes han replicado la página web del Simit y, al momento de pagar, redirigen a los usuarios a chats de WhatsApp asociados a los números 3019276962, 3017706096, 3203733054, 3114411682 y 3012097293.

En esos chats, los estafadores utilizan los logos oficiales de la Federación Colombiana de Municipios y del Simit para simular legitimidad y solicitan datos como nombre y cédula, con el pretexto de enviar estados de cuenta con supuestos descuentos.

De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, la estafa se completa cuando los delincuentes envían códigos QR que conducen a cuentas bancarias y billeteras virtuales ajenas a la Federación Colombiana de Municipios – Simit. El usuario, tras realizar el pago, recibe un certificado falso que no tiene validez legal.

“Completar la estafa envían códigos QR que direccionan a cuentas de bancos y billeteras virtuales que no tienen relación alguna con la Federación Colombiana de Municipios – Simit y el usuario al enviar el comprobante de pago recibe un supuesto certificado de pago totalmente falso”, detalló Tapias en el comunicado.

Además de las páginas web fraudulentas y los chats de WhatsApp, la Federación Colombiana de Municipios – Simit detectó correos electrónicos maliciosos con el asunto “Notificación Fotocomparendo”. Estos mensajes invitan a los usuarios a descargar archivos y a ingresar con usuario y contraseña, con el objetivo de robar datos bancarios. Una de las direcciones web utilizadas para estas estafas es sinmulta.com.co, que suplanta la identidad digital de la entidad.

Para contrarrestar estos riesgos, el Simit recordó a la ciudadanía que la única página oficial para la consulta y pago de multas y sanciones por infracciones de tránsito es fcm.org.co/simit. Actualmente, no existe ningún tipo de beneficio por pago de multas ni amnistía.

Los acuerdos de pago deben gestionarse exclusivamente en los organismos de tránsito, nunca a través de intermediarios ni chats de WhatsApp. La página oficial del Simit no utiliza dominios terminados en .gov.co ni en .com.co, y la entidad no envía correos con archivos adjuntos que requieran contraseña para su apertura.

Los pagos de multas de tránsito pueden hacerse mediante el botón PSE en la página oficial o mediante recibo en entidades bancarias, pero no a través de Nequi, Daviplata, Transfiya ni consignaciones a cuentas de ahorros Bancolombia o Davivienda a nombre de personas naturales. Todos los trámites ante el Simit son gratuitos y no requieren intermediarios.

Ante cualquier duda sobre la información reflejada en el sistema Simit o para recibir asesoría sobre pagos, los ciudadanos pueden comunicarse directamente a la línea celular (+57) 333 602 68 00, la línea gratuita 01 8000 413 588 o la línea (+57) 601 593 40 26. También es posible contactar a la entidad a través de sus redes sociales: @Fedemunicipios en Instagram y X, y en Facebook como Federación Colombiana de Municipios.

La polémica por el incremento de comparendos en Cali durante 2025 llegó al Concejo municipal, donde el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, presentó un balance detallado de las acciones de control que adelanta su despacho. Aunque reconoció el aumento en el número de sanciones, fue enfático en negar que se trate de una persecución contra los conductores.

La sesión, que marcó el tercer día del debate de control político convocado por los concejales, estuvo centrada en el análisis del comportamiento de las infracciones y en la respuesta institucional frente a la movilidad en la ciudad. Orozco sostuvo que el alza en los comparendos obedece al fortalecimiento de la operación técnica y la implementación de más dispositivos de control en zonas críticas.

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Durante su intervención, el funcionario reveló que entre enero y julio de 2025 se impusieron 447.049 comparendos, una cifra significativamente superior a los 381.827 registrados en el mismo periodo de 2024. Atribuyó esta diferencia a los 6.600 operativos ejecutados en lo corrido del año. De ellos, 2.873 corresponden a controles ‘centella’ en puntos con alta siniestralidad, 3.463 a operativos ‘tornado’ para sancionar el mal parqueo en andenes, y 317 a operativos de velocidad. “Solo el 4 % de los vehículos son inmovilizados. Estas cifras desvirtúan las afirmaciones de persecución”, afirmó Orozco.

El secretario también destacó que las acciones tuvieron un impacto positivo en el comportamiento ciudadano. Según él, los comparendos por no portar el Soat se redujeron un 19% en comparación con el año anterior, lo que atribuyó a un mayor control y presencia institucional en las vías. Parte de los ingresos generados por las multas, explicó, son invertidos en obras de infraestructura vial, se demarcaron 650 calles, instalado 96 reductores de velocidad, construido 429 pasos peatonales y habilitado 125 pares viales.

En cuanto a los avances tecnológicos, Orozco detalló que Cali comenzó a implementar sistemas de sincronización semafórica conocidos como “olas verdes” en corredores estratégicos. Tres tramos fueron intervenidos hasta ahora, calle 5 entre carreras 27 y 44, Avenida Roosevelt en ese mismo sector, y Calle 9 entre carreras 23C y 66. “Hemos logrado una mejora del 40,6% en los tiempos de desplazamiento en Roosevelt durante las horas pico”, aseguró el secretario.

Uno de los puntos más críticos del debate giró en torno al contrato de semáforos inteligentes, tema cuestionado por la concejala Ana Erazo, que reclamó falta de resultados concretos. Orozco explicó que dicho contrato fue heredado por la actual administración con 50 intersecciones contratadas, pero al momento del empalme, solo cinco habían sido instaladas y ninguna contaba con tecnología verdaderamente inteligente ni operativa.

“Se anunció el proceso de liquidación porque era un contrato mal estructurado por la Administración anterior. El proceso tiene tiempos legales de hasta 30 meses”, aclaró.

Erazo, por su parte, insistió en que ya pasó suficiente tiempo para mostrar resultados propios, especialmente en temas clave de infraestructura y seguridad vial. “No pueden seguir culpando al exalcalde. Ya llevan un año y medio y no se ha avanzado en nada”, cuestionó.

Otro tema que generó inquietudes fue el uso de drones para labores de vigilancia vial. Aunque circulan videos en redes sociales que muestran estos dispositivos sobrevolando la ciudad, Orozco explicó que solo se trata de pruebas técnicas sin implementación operativa por el momento. “Muchas ciudades en el mundo, e incluso en Colombia, están innovando estos métodos y siempre estamos listos para innovar; las herramientas tecnológicas son consagradas en la ley y nos permiten ser más eficientes en lograr proteger la vida de los caleños”, dijo.

El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) ofrece a los ciudadanos diversas opciones gratuitas para consultar el estado de sus vehículos y evitar posibles sanciones por deudas o infracciones de tránsito. El acceso a esta información es fundamental para prevenir sorpresas como la captura o embargo del automóvil.

Cómo consultar multas

Para conocer si un vehículo tiene multas de tránsito o una orden de captura vigente, el SAT ha habilitado un sistema de consulta en línea. El procedimiento es sencillo y se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresar al portal Virtual SAT.
2. Seleccionar la opción “Multas de Tránsito”.
3. Digitar el código de placa del vehículo o el número de documento de identidad.

El sistema mostrará detalles como el tipo de multa, el importe a pagar y el estado de la deuda. Además, mediante el botón “Consultas en línea” y luego “Captura de vehículos”, el usuario puede verificar si su unidad tiene una orden de captura y el monto pendiente. Esta consulta se encuentra disponible de manera gratuita y rápida en la web oficial del SAT.

Más de 104,000 vehículos con orden de captura en Lima

La problemática de deudas vehiculares en Lima es considerable. Solo en 2025, el SAT reporta que más de 104,000 vehículos cuentan con orden de captura debido a papeletas impagas o deudas tributarias. Miguel Acevedo, vocero del SAT, indicó que en los próximos días se intensificarán los operativos de ubicación y detención de estas unidades, que posteriormente podrán ser internadas en los depósitos municipales.

La orden de captura vehicular se basa en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Este mecanismo permite al SAT embargar vehículos para asegurar el cobro de la deuda. Según datos recientes, 104,533 vehículos en Lima Metropolitana se encuentran bajo esta medida y corren el riesgo de embargo.

Internamiento y posible remate de vehículos

Acevedo explicó que, con el apoyo de la Policía Nacional, este año ya se han internado 26,873 vehículos. Si el propietario no cancela la deuda, la normativa establece que el vehículo puede ser rematado o chatarreado. Estas medidas aplican tanto para multas de tránsito como para otras deudas, como impuesto vehicular, predial, alcabala y arbitrios municipales.

Los deudores reciben notificaciones antes del embargo para que regularicen su situación y eviten la ejecución de la medida coactiva mediante el pago correspondiente.

Tipos de infracciones más comunes en 2025

Hasta julio de 2025, la Policía Nacional del Perú ha impuesto 427,527 papeletas a conductores en Lima Metropolitana. Entre las faltas más frecuentes se encuentran:

• Uso indebido de la bocina (L07), con 66,868 casos.
• Mal estacionamiento en lugares permitidos (L01), con 58,186 infracciones.
• No respetar las señales que regulan el tránsito (G57), con 47,144 infracciones.

El SAT brinda facilidades para el pago de deudas mediante fraccionamientos y compromisos, accesibles tanto en línea como de forma presencial en sus oficinas.

Sistema de alerta: Pitazo Preventivo

Otra herramienta disponible es el “Pitazo Preventivo”, que notifica a los conductores vía mensaje de texto o correo electrónico cada vez que su vehículo registra una nueva papeleta o recibe una orden de captura. El registro es gratuito, solo requiere la placa del vehículo y un medio de contacto.

Para más información sobre consultas y pagos, los ciudadanos pueden ingresar a www.sat.gob.pe, comunicarse al WhatsApp 999 431 111, llamar al (01) 315-2400 o escribir a asuservicio@sat.gob.pe. La atención también está disponible en las redes sociales institucionales (@SATdeLima).

El gobierno de Axel Kicillof aumentó los valores de las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires, un ajuste en consonancia con el reciente incremento en el precio de los combustibles , que rige desde el pasado 1 de julio hasta el 31 de agosto.

Esta actualización fue oficializada este martes a través de la resolución 8 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Vale recordar que el sistema bonaerense determina los montos de las infracciones mediante una Unidad Fija (UF), cuyo valor se calcula a partir del precio promedio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

Desde este mes, la UF subió de $1.416 a $1.435, lo que representa un incremento del 1,3% aplicado por la administración de Kicillof.

El nuevo esquema impacta en las sanciones para quienes incurran en faltas como exceso de velocidad, ausencia de Verificación Técnica Vehicular (VTV), circulación sin patente o sin seguro.

Para quienes consideren que una multa fue aplicada de manera incorrecta, existe la posibilidad de presentar un reclamo ante el Juzgado de Faltas correspondiente al domicilio. Es necesario aportar la documentación que respalde la impugnación.

Este es el nuevo cuadro tarifario de las infracciones de tránsito en PBA:

• Superar la velocidad máxima permitida: de $215.250 a $1.435.000
• Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: de $287.000 a $1.435.000
• Circular en contramano o por banquina: de $287.000 a $1.435.000
• Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: de $215.250 a $1.435.000
• Circular con más ocupantes de los permitidos por el vehículo: de $215.250 a $717.500
• Negarse a mostrar la documentación exigida: de $143.500 a $717.500
• Circular sin VTV: de $143.500 a $717.500
• Cruzar el semáforo en rojo: de $143.500 a $717.500
• Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de $143.500 a $717.500
• No usar el cinturón de seguridad: de $143.500 a $717.500
• Dejar el auto mal estacionado: de $71.750 a $143.500
• Circular sin patente: de $71.750 a $143.500
• Manejar con la licencia vencida: de $71.750 a $143.500
• Conducir sin seguro: $71.750 a $143.500
• Conducir sin cédula de identificación del vehículo: de $71.750 a $143.500

Cuál es la documentación necesaria para circular en auto en la provincia de Buenos Aires

Para evitar multas y cumplir con la normativa vigente, todo conductor en la provincia de Buenos Aires debe contar con una serie de documentos que acrediten su habilitación para conducir y la legalidad del vehículo.

La ausencia de cualquiera de estos documentos puede derivar en sanciones económicas y, en algunos casos, la retención del vehículo.

Los documentos obligatorios son:

• Licencia de conducir vigente: debe estar en buen estado y corresponder a la categoría del vehículo que se está manejando.
• Cédula de identificación del automotor: este documento certifica la titularidad o la autorización para circular con el vehículo.
• Seguro obligatorio vigente: todo vehículo debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a terceros.
• Certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV): este control mecánico es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y debe renovarse de acuerdo con los plazos estipulados.

Además de la documentación, es obligatorio contar con ciertos elementos de seguridad en el vehículo:

• Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
• Placas de identificación de dominio visibles.
• Matafuego con carga vigente.
• Balizas portátiles reglamentarias.
• Sistemas de seguridad originales del vehículo.
• Casco homologado en caso de motociclistas.

¿Cómo saber si tengo multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires?

El gobierno bonaerense dispone de una plataforma digital para consultar y gestionar infracciones de tránsito. A través de la Web del Infractor (https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion), cualquier conductor puede verificar si tiene multas registradas en su nombre o en un vehículo de su propiedad.

Pasos para consultar infracciones:

1. Ingresar a la Web del Infractor en el enlace oficial.
2. Elegir el método de búsqueda:
3. 1. Por patente del vehículo.
   2. Por DNI del titular (en este caso, es necesario indicar el tipo de documento y género).
4. Revisar el estado de infracciones:
5. 1. Si el sistema detecta multas pendientes, se mostrarán los detalles de cada una.
   2. Si no hay infracciones, aparecerá un mensaje indicando la ausencia de multas.
6. Opciones de pago:
7. 1. Descargar e imprimir el cupón de pago.
   2. Escanear el código QR para pagar en línea.
   3. Abonar a través de la Red Provincial Net Pago con tarjeta de débito o en efectivo en Rapipago.

Las multas leves prescriben a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco años, según el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449.

En caso de abonar dentro del plazo de pago voluntario, que es el período que sigue a la notificación de la infracción, se accede a un 50% de descuento sobre el valor mínimo de la multa. Si no se paga en el plazo estipulado, pueden aplicarse recargos e intereses, lo que aumenta considerablemente el monto original de la sanción.

En Medellín, los conductores que reciben una multa por exceso de velocidad u otra infracción de tránsito pueden acceder a un descuento de hasta el 50% si completan un curso de seguridad vial en el plazo estipulado por la normativa local. La medida, implementada por la Secretaría de Movilidad, busca incentivar la formación de los ciudadanos en normas de tránsito y promover una mayor responsabilidad en las vías de la ciudad.

La posibilidad de reducir el monto de la sanción económica representa un alivio para quienes, por diversas circunstancias, han incurrido en una infracción. El proceso, sin embargo, exige el cumplimiento estricto de ciertos requisitos y plazos, así como la realización de trámites en entidades autorizadas.

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El beneficio aplica tanto para quienes reciben un comparendo simple, impuesto directamente por un Agente de Tránsito, como para quienes son sancionados mediante el sistema de Fotodetección. En ambos casos, la clave para acceder al descuento radica en la rapidez con la que el infractor actúe y en su disposición para recibir formación vial.

El descuento máximo, que corresponde al 50% del valor total de la multa, se otorga a quienes realizan el curso de seguridad vial y efectúan el pago dentro de los primeros cinco días hábiles tras la imposición del comparendo simple. Si el conductor no logra cumplir este plazo, aún puede acceder a un descuento del 25% si completa el proceso en los siguientes quince días.

Para los comparendos por fotodetección, el plazo para obtener el 50% de descuento se extiende hasta once días hábiles desde la notificación, mientras que el 25% se mantiene disponible durante los quince días posteriores. Estos plazos son estrictos y el beneficio se pierde si no se cumplen a cabalidad.

El curso de seguridad vial constituye un requisito indispensable para acceder al descuento. Este se imparte exclusivamente en los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). En estos centros, los infractores reciben formación sobre normas de tránsito, seguridad vial y responsabilidad en la vía pública.

Además, el pago correspondiente al curso se realiza en el mismo CIA, y su valor se descuenta del monto total de la multa. La obligatoriedad de realizar el curso y efectuar el pago en el CIA autorizado elimina la necesidad de intermediarios o gestores, permitiendo que el proceso sea completamente gestionado por el propio ciudadano.

Una vez completado el curso y abonado su costo, el infractor debe pagar el saldo restante de la multa, ya con el descuento aplicado. Este pago puede realizarse a través de la plataforma digital Movilidad en Línea o de manera presencial en cualquiera de las sedes de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Tenga presente que la plataforma ‘Movilidad en Línea’ es el canal oficial para la gestión de trámites relacionados con el tránsito en la ciudad, facilitando el acceso a servicios tanto para el transporte público como para la movilidad privada y sostenible.

Para utilizar Movilidad en Línea, los ciudadanos deben ingresar al sitio web www.medellin.gov.co/movilidadenlinea y completar un registro previo. Una vez registrados, pueden consultar y pagar multas, verificar el estado de trámites, modificar documentación, consultar acuerdos de pago, revisar información sobre fotodetección, y obtener detalles sobre el estado de sus vehículos y licencias. La plataforma permite, por ejemplo, consultar si un vehículo está exento de la restricción de pico y placa, descargar certificados de inmovilización, y acceder a resoluciones relacionadas con comparendos.

El proceso para acceder al descuento no admite omisiones. Tanto el curso como el pago deben realizarse dentro de los plazos establecidos y en los lugares autorizados. No es necesario recurrir a gestores ni intermediarios, ya que todo el procedimiento puede completarse de manera personal y directa.

Si el infractor decide no realizar el curso, pierde automáticamente el derecho al descuento y debe abonar el 100% del valor de la multa. Asimismo, la demora en el pago puede acarrear intereses por mora e incluso embargos, lo que incrementa significativamente la carga financiera y administrativa para el ciudadano.

La información sobre el estado de las multas, los acuerdos de pago y otros trámites se encuentra centralizada en Movilidad en Línea, lo que permite a los usuarios hacer seguimiento detallado de cada gestión. Entre las opciones disponibles, se destacan la consulta del historial de solicitudes y pagos, la verificación de la situación jurídica y financiera de los vehículos, y la posibilidad de modificar documentación previamente cargada.

El lunes 23 de junio de 2025, Colombia conmemorará el festivo del Corpus Christi, una celebración que, aunque tradicionalmente se realiza un jueves, se traslada al lunes siguiente en el país gracias a la Ley Emiliani. Esta normativa, diseñada para fomentar el turismo interno, ajusta varias festividades religiosas al inicio de la semana, permitiendo la creación de puentes festivos.

Este ajuste no solo impacta las dinámicas de movilidad en ciudades como Bogotá, también impulsa actividades culturales y turísticas en distintas regiones del país. Durante la celebración del festivo, diversas regiones del país llevarán a cabo ferias y festividades que combinan tradiciones culturales y religiosas.

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Entre los eventos destacados se encuentran el Reinado Nacional de la Ganadería en Montería, el Festival Folclórico en Ibagué, el Festival Internacional de Tango en Medellín y el Festival Nacional del Porro en San Pelayo. Estas actividades no solo atraen a turistas locales e internacionales, también fortalecen las economías regionales.

A partir de lo anterior, y ante una alta demanda de viajeros durante la tercera semana de junio, la Secretaría de Movilidad pondrá en acción el Pico y placa regional el lunes 23 de junio para garantizar el ingreso a la capital y permitir el flujo vial en los nueve corredores principales de acceso y salida de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, entre las 12:00 p. m., y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar automóviles con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, de 4:00 p. m., a 8:00 p. m., el acceso estará permitido únicamente para vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, no habrá restricciones. Es importante que quienes desobedezcan la restricción serán sancionados con una multa equivalente a los $604.100, según las disposiciones señaladas en la Ley 769 de 2002, en su artículo 131, literal C14.

Los corredores donde se aplicará esta medida son los siguientes:

• Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte, en sentido norte-sur.
• Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
• Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente-oriente.
• Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80, en sentido occidente-oriente.
• Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.
• Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.
• Vía Suba Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.
• Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera 7, en sentido oriente-occidente.
• Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Flujo vial en el corredor Bogotá-Girardot

En paralelo, el corredor vial Bogotá-Girardot, recientemente modernizado, será uno de los puntos clave para la movilidad durante este puente festivo. Según informó la Concesión Vía Sumapaz, se espera el tránsito de más de 650.000 vehículos por esta ruta, gracias a las mejoras que han reducido los tiempos de desplazamiento entre el peaje de Chusacá y Girardot a un promedio de 2 a 2,5 horas.

Para garantizar la fluidez y seguridad en el trayecto, se ha desplegado un robusto Plan de Movilidad que incluye 23 unidades de atención de emergencias, más de 100 efectivos de la Dirección de Tránsito y Transporte, y un aumento del 56% en el personal operativo. Además, se habilitarán carriles exclusivos para pago electrónico y medidas especiales como reversibles en el sector de Boquerón.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte anunció restricciones para vehículos de carga durante los fines de semana festivos de junio, con el objetivo de mejorar la movilidad en las principales vías del país. Estas restricciones aplicarán en horarios específicos, como el viernes 20 de junio de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. y el lunes 23 de junio de 8:00 a. m. a 1:00 a. m. del martes siguiente. En Soacha, el Pico y placa regional también estará vigente, con horarios similares a los de Bogotá.

A partir del miércoles 18 y hasta el 30 de junio, los agentes de Tránsito Municipal podrán emitir amonestaciones sin costo a los automovilistas que infrinjan el reglamento vial, como parte del periodo de adaptación a un nuevo sistema tecnológico que será implementado en Cuautitlán Izcalli.

El anuncio fue realizado por el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, durante su conferencia semanal, donde explicó que esta etapa previa busca familiarizar a los agentes con el uso de nuevos dispositivos móviles que permitirán realizar infracciones de manera más ágil, segura y transparente.

Según detalló el alcalde, los 15 dispositivos móviles llegaron el lunes 16 de junio, y el martes 17 se impartirá la capacitación correspondiente a un grupo de agentes de tránsito conformado exclusivamente por mujeres, quienes estarán encargadas de operar la nueva tecnología.

“A partir del miércoles 18 y hasta el 30 vamos a realizar amonestaciones sin cobro. El martes 1 de julio iniciarían infracciones de tránsito con cobro, con estos 15 dispositivos y las agentes de tránsito”, informó Serrano Palacios.

Buscan reducir los actos de corrupción

Los nuevos dispositivos cuentan con diversas funciones que buscan modernizar el proceso de infracción y evitar actos de corrupción. Entre ellas, destacan la impresión inmediata de la infracción, la toma de hasta tres fotografías como prueba, la geolocalización del evento y del agente, lector de código QR para escanear licencias de conducir, y una conexión directa con el centro de monitoreo para el envío en tiempo real de cada caso.

Asimismo, estas herramientas permiten identificar si el vehículo cuenta con reporte de robo y crear una base de datos municipal de infractores.

Con el objetivo de prevenir actos de corrupción, los dispositivos también integran una cámara que se activa automáticamente al momento de iniciar una infracción, grabando todo el procedimiento. En caso de que la infracción no se concluya, se genera una alerta automática.

Cabe recordar que los agentes de tránsito constantemente fueron evidenciados por parar unidades con placas foráneas en la autopista México-Querétaro, donde no es su jurisdicción, hasta tráilers fueron remolcados al estacionamiento de la Comisaria por supuestas infracciones, donde fueron extorsionados y les pedían de 20 a 30 mil pesos, según el caso.

El presidente municipal reiteró que las nuevas medidas tecnológicas buscan profesionalizar al cuerpo de tránsito y fortalecer la confianza ciudadana. Además, hizo un llamado a la población para que respete el reglamento de tránsito y así evitar sanciones una vez que se inicien las infracciones formales a partir del 1 de julio.

“Queremos modernizar el sistema y garantizar que se aplique con total transparencia y legalidad”, concluyó el morenista.

Conducir en Colombia implica más que saber manejar. Se trata de conocer, respetar y adaptarse a un sistema de normas que, aunque a veces parecen engorrosas, buscan proteger vidas. Las sanciones por incumplir el reglamento de tránsito pueden ser severas, y no conocerlas no lo exime de tener que pagarlas. Algunas multas superan incluso los $50 millones, y otras, aunque más “económicas”, siguen representando un golpe duro para el presupuesto.

Una de las más onerosas es conducir en estado de embriaguez. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, esta infracción, catalogada bajo el literal F, puede costar hasta $57,9 millones, especialmente si el conductor se niega a hacer la prueba de alcoholemia o reincide por tercera vez en grado III de alicoramiento. Las sanciones no solo implican el pago de la multa, también se suman la suspensión de la licencia, la inmovilización del vehículo y la obligación de asistir a cursos pedagógicos.

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Por otra parte, el transporte público tiene sus propias reglas estrictas. Abastecer de gasolina un vehículo con pasajeros adentro puede costar $1,8 millones, lo mismo que negarse a prestar el servicio. Transportar personas junto a sustancias peligrosas también está penalizado con ese mismo valor. Esto responde a la alta responsabilidad que recae sobre quienes movilizan a diario a cientos de ciudadanos.

Recientemente, entró en vigencia una medida que generó atención en Bogotá, quienes obstruyan el carril preferencial de la carrera séptima, destinado a los buses del Sitp y TransMilenio, pueden recibir multas de hasta $600.000. El uso de cámaras de fotodetección permitirá sancionar a quienes estacionen en ese espacio, aunque no a quienes lo transiten sin detenerse.

Las infracciones no discriminan entre motos y carros. Acciones tan comunes como pasarse un semáforo en rojo, conducir sin luces o sin portar el seguro obligatorio, pueden costar hasta $1,2 millones. Estacionar en un lugar no autorizado, una de las más frecuentes, especialmente entre motociclistas, cuesta $604.000. Y aunque parezca menor, fumar mientras se conduce también está penalizado, con una multa de $402.700.

Para los motociclistas, el listado incluye faltas específicas. No usar el casco ni el chaleco reflectivo, elementos esenciales de protección, puede generar sanciones de $604.054. Transitar en contraflujo, desobedecer el paso peatonal o ignorar semáforos tiene un costo aún mayor: $1,2 millones. A esto se suman infracciones como invadir andenes —$1,2 millones— o no atender las instrucciones de una autoridad de tránsito —$201.351—.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado constante a los conductores para que consulten con regularidad la tabla oficial de infracciones y sanciones vigente. Esta herramienta, disponible en los canales digitales de la entidad, clasifica las faltas por letras, de la A a la H, y permite realizar el proceso de autoliquidación en línea. Gracias a esta opción, los ciudadanos pueden verificar con claridad no solo el tipo de infracción cometida, también el monto exacto a pagar y los plazos establecidos para hacerlo sin recargos.

Ignorar esta recomendación puede tener consecuencias serias. Al no estar informado, un conductor podría acumular sanciones sin darse cuenta o dejar pasar los tiempos de pago, lo que conlleva a la generación de intereses moratorios, embargos, la inmovilización del vehículo e incluso restricciones para realizar trámites oficiales como renovar la licencia o vender un carro.

En una época en la que cada gasto cuenta y el costo de vida sigue en aumento, cometer una infracción de tránsito puede significar un golpe inesperado y severo para las finanzas personales. Por eso, evitar sanciones no requiere grandes esfuerzos, sino acciones simples y conscientes, respetar las señales de tránsito, conducir dentro de los límites establecidos, tener los documentos en regla y mantener una actitud responsable al volante.

El gobierno municipal de Cuautitlán México anunció oficialmente la reactivación de las multas de tránsito en toda la demarcación, con vigencia desde el pasado 26 de mayo.

A través de un video, se informó que únicamente las mujeres policías están facultadas para aplicar infracciones viales, como parte de una estrategia para garantizar transparencia y orden en el proceso, tratando de reducir los altos índices de corrupción que tiene la corporación municipal.

De acuerdo con las autoridades municipales, las oficiales encargadas de realizar las sanciones estarán debidamente identificadas con un uniforme negro con una franja naranja.

Este distintivo permitirá a la ciudadanía reconocer fácilmente a las elementos autorizadas para infraccionar y prevenir cualquier intento de abuso por parte de personas no acreditadas.

Denuncia a Asuntos internos cualquier anomalía en las infracciones

El gobierno local también exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos y reportar cualquier irregularidad relacionada con el levantamiento de multas.

Para ello, puso a disposición de la población los canales correspondientes de la Dirección de Asuntos Internos, donde se podrán presentar quejas o denuncias sobre malas prácticas, corrupción o suplantación de autoridad.

Las autoridades municipales han señalado en diversas ocasiones, que la suspensión de multas por casi 5 meses, como lo hicieron otros ayuntamientos, fue una medida como parte de un esfuerzo integral para reducir los índices de corrupción en los elementos, mejorar la movilidad, reducir los índices de accidentes viales y fortalecer el cumplimiento del reglamento de tránsito.

Asimismo, señalaron que el proceso de infracción estará alineado con los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y equidad de género.

El regreso de las sanciones también tiene como objetivo generar mayor conciencia entre los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en zonas escolares, cruces peatonales y áreas con alto flujo vehicular.

En redes sociales, la comunidad ha manifestado opiniones divididas respecto a la reactivación de las multas, aunque muchos ciudadanos han expresado su respaldo a la medida siempre y cuando se realice con transparencia y sin fines recaudatorios injustificados.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso con una movilidad más segura y ordenada, y subrayó que las multas serán aplicadas conforme al reglamento vigente, evitando prácticas indebidas y garantizando el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Una grúa adscrita al sistema de tránsito de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, fue denunciada por circular en contra flujo con el propósito de inmovilizar varios vehículos automotores que se encontraban en la zona, según resaltó el concejal Julián Forero.

La denuncia, presentada por el cabildante el viernes 25 de abril ante la Secretaría Distrital de Movilidad, indicó que la infracción fue cometida bajo la supervisión de agentes civiles de tránsito, quienes no intervinieron para evitar la irregularidad.

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De acuerdo con la declaración del concejal, los agentes de tránsito no solo permitieron la infracción, sino que también omitieron tomar medidas para garantizar que los vehículos remolcados no sufrieran daños. En sus palabras, Forero señaló que:

“No estamos objetando las razones y las normas que llevaron a la inmovilización de los vehículos que lleva dicha grúa, no obstante, lo que sí está en cuestionamiento es el hecho que, al frente de dos agentes de tránsito, la grúa cometa infracciones de tránsito para realizar dichas inmovilizaciones”.

Es importante señalar que la grúa implicada pertenece a la empresa G&P, contratista del sistema de tránsito del distrito, que ya tiene varios procesos iniciados por el cabildante por irregularidades en su operación. Forero destacó que ese tipo de acciones pone en evidencia una posible protección de intereses particulares por parte de los agentes, en detrimento del bienestar colectivo.

Además, subrayó que las grúas, al igual que cualquier otro vehículo, están obligadas a respetar las normas de tránsito, incluso cuando operan bajo la supervisión de las autoridades.

En respuesta a la denuncia, la Secretaría Distrital de Movilidad informó, mediante el radicado No. 202530006123741 del 8 de mayo de 2025, que se abrió una indagación previa dentro del proceso No. 2025-208, conforme al artículo 208 del Código General Disciplinario. El procedimiento busca determinar las responsabilidades de los agentes involucrados y fue notificado al concejal Forero el 5 de mayo de 2025.

A partir de eso, Forero destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien ese tipo de irregularidades, especialmente cuando involucran a servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley. Según el cabildante, la omisión de funciones por parte de los agentes de tránsito podría constituir una falta disciplinaria grave, sancionable con suspensión e inhabilidad general de 3 a 18, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 1952 de 2019.

Asimismo, recordó que la obligación de los agentes de garantizar el cumplimiento de la ley está consagrada tanto en el numeral 1 del artículo 38 del Código General Disciplinario como en el artículo 2 de la Constitución Política.

El concejal hizo un llamado a las autoridades de tránsito para que actúen con imparcialidad y objetividad. En su declaración, enfatizó que “así como se sanciona a los ciudadanos que infringen las normas, también deben aplicarse sanciones a las grúas que violan el código de tránsito en presencia de agentes”.

Agentes de tránsito sin control en Bogotá

No es la primera vez en 2025 que el concejal Forero denuncia irregularidades relacionadas con la falta de sanciones a agentes de tránsito implicados en malos procedimientos o violaciones directas a las normas de tránsito, reguladas por la Ley 769 de 2002.

Forero denunció que 29 agentes de tránsito de la ciudad tienen infracciones graves pendientes, lo que pone en entredicho su capacidad para hacer cumplir las normas viales. Según indicó, esas faltas incluyen exceso de velocidad, estacionamiento en lugares prohibidos, conducción sin Soat, sin revisión técnico-mecánica, con licencias vencidas e incluso bajo los efectos del alcohol. Los datos fueron obtenidos del Simit y la Secretaría de Movilidad, según detalló el cabildante el pasado 28 de abril.

De acuerdo con el concejal, 19 de estos agentes han sido sancionados específicamente por exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes en las vías. Algunos de ellos acumulan hasta cinco infracciones diferentes, lo que evidenció un patrón de conducta reiterado que contradice su rol como garantes de la legalidad en las calles.

El concejal criticó duramente la falta de medidas por parte de la Secretaría de Movilidad, liderada por la ingeniera Claudia Díaz, a quien acusó de ser permisiva frente a estas conductas. “Resulta inadmisible que quienes deben ser ejemplo de respeto a la ley sean precisamente quienes la quebrantan de manera reiterada”, afirmó Forero.

Además, señaló que la situación genera un acto de doble moral que mina la confianza de los ciudadanos en la autoridad y en la justicia vial. Forero destacó que, mientras los ciudadanos comunes enfrentan sanciones inmediatas por cualquier infracción, los agentes de tránsito parecen gozar de una impunidad que socava la credibilidad del sistema.

“El ciudadano de a pie no recibe ninguna consideración cuando comete una infracción; en cambio, algunos agentes de tránsito, responsables de garantizar la legalidad en las vías, violan la norma sistemáticamente y no enfrentan ninguna consecuencia”, puntualizó.

A medida que los pagos digitales ganan terreno en la vida cotidiana, los códigos QR se han consolidado como una herramienta clave en las transacciones rápidas, sin contacto y sin necesidad de efectivo. Esta adopción masiva se intensificó durante la pandemia de COVID-19, y se ha mantenido en comercios y otros lugares públicos.

En línea con esa tendencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporó el uso de códigos QR interoperables para el pago de trámites no tributarios. A través de las Boletas Únicas Inteligentes (BUI), es posible abonar infracciones de tránsito, licencias de conducir, gestiones ante el Registro Civil, entre otros procedimientos, desde cualquier billetera digital compatible con el estándar del Banco Central.

Esta modalidad busca agilizar los pagos, reducir la circulación de efectivo y fomentar el uso de tecnologías digitales en gestiones administrativas. No obstante, su uso plantea riesgos de seguridad que requieren atención por parte de los usuarios.

Qué pasa si se escanea códigos QR desconocidos

Uno de los principales vectores de fraude al usar QR radica en su facilidad de manipulación. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), nunca se debe escanear un código QR cuya procedencia no esté verificada.

Un código falso, que aparenta pertenecer a un ente oficial, puede redirigir al usuario a un sitio fraudulento que captura datos sensibles como contraseñas o información bancaria. Además, en lugares públicos, los delincuentes pueden superponer una pegatina con un código falso sobre el QR legítimo.

Esta técnica, difícil de detectar a simple vista, permite desviar el pago hacia una cuenta no autorizada. Verificar que el código no tenga signos de alteración o superposición física es un paso esencial antes de realizar cualquier transacción.

De qué forma verificar que el código QR lleva al sitio web correcto

Para evitar redireccionamientos a páginas apócrifas, se debe activar en el dispositivo la opción de previsualización de enlaces antes de abrirlos. Esta función permite ver la dirección web completa y así detectar posibles anomalías.

También, es clave revisar si la URL pertenece, en el caso de hacer pagos en la capital argentina, al dominio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso es “buenosaires.gob.ar”.

Si la dirección tiene faltas ortográficas, dominios extraños o extensiones inusuales, debe considerarse sospechosa. El acceso al Portal Único de Pagos siempre debe hacerse a través del enlace oficial: https://sir.buenosaires.gob.ar/login.

Cómo saber si un código QR es fraudulento

Existen varios indicadores que deben generar alerta inmediata. Si al escanear el código QR se solicita la descarga de un archivo, sobre todo con extensión “.apk”, se debe cancelar la operación de inmediato. Este tipo de archivos está asociado a instalaciones fuera de tiendas oficiales y puede contener software malicioso.

Otra señal de alarma es cualquier sitio que solicite datos personales, contraseñas o información bancaria sin justificación. En esos casos, el Incibe aconseja no continuar con el proceso y reportar la irregularidad a la entidad responsable. La consigna es clara: ante la duda, no brindar ningún dato.

Qué medidas de protección deben mantenerse activas en los celulares

Contar con herramientas de protección actualizadas en el celular o computadora es un requisito básico. Esto incluye un antivirus confiable, actualizaciones del sistema operativo al día y la activación de funciones de seguridad como el escaneo de amenazas en tiempo real.

Las aplicaciones de billeteras digitales deben descargarse exclusivamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store, y mantenerse en su versión más reciente. Las versiones obsoletas pueden presentar vulnerabilidades que los atacantes pueden aprovechar.

Cuál es la ventaja de los códigos QR interoperables en trámites oficiales

El uso de QR interoperables, como los incorporados por el Gobierno porteño, permite que cualquier usuario con una billetera digital habilitada pueda realizar pagos sin importar qué aplicación utilice.

Este modelo, basado en estándares definidos por el Banco Central, elimina las barreras entre plataformas y facilita la adopción masiva del sistema, un mecanismo no solo busca eficiencia operativa, sino inclusión financiera.

La invasión de los carriles preferenciales en Bogotá, especialmente en vías principales como la carrera Séptima, generó una reducción significativa en la velocidad del transporte público, afectando a más de 4,2 millones de usuarios diarios.

Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad, en la mañana del lunes 12 de mayo, esta problemática disminuye hasta un 30 % la velocidad de los buses, lo que provoca retrasos y congestión en otras vías de la ciudad. Para contrarrestar esta situación, las autoridades implementarán un sistema de fotodetección que permitirá sancionar a los conductores que invadan estos carriles, con multas que ascienden a $601.400.

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De acuerdo con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, el uso de tecnología busca optimizar el control de estas infracciones, que anteriormente se realizaba únicamente de manera presencial. La funcionaria destacó que esa medida tiene como objetivo mejorar la movilidad en la ciudad y priorizar el transporte público, beneficiando a más de 120.000 usuarios de TransMiZonal que realizan aproximadamente 245.000 viajes diarios en los horarios de mayor demanda. Los carriles preferenciales, diseñados exclusivamente para los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), son esenciales para garantizar tiempos de viaje más cortos y eficientes.

La normativa vigente establece que los carriles preferenciales no pueden ser utilizados por vehículos particulares, salvo en casos específicos como giros a la derecha o el acceso a predios. La fotodetección funcionará las 24 horas del día, todos los días de la semana, y su implementación comenzará en la carrera Séptima, extendiéndose posteriormente a la carrera 13.

Asimismo, el cumplimiento de esta medida será supervisado por el Centro de Gestión de Tránsito, los Agentes Civiles de Tránsito y Transporte, los Guías de Movilidad y la Policía de Tránsito, quienes trabajarán de manera conjunta para garantizar su efectividad.

La carrera 13, una de las principales arterias viales de Bogotá, cuenta con 54 rutas del Sitp que conectan localidades como Suba, Usaquén, Chapinero y Santa Fe. Según datos oficiales, esta vía beneficia a más de 60.400 usuarios del transporte público, agilizando sus desplazamientos. Sin embargo, el estacionamiento indebido y las actividades de cargue y descargue fuera de los horarios permitidos generan congestión y afectan negativamente la movilidad.

Las actividades solo están autorizadas entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m., siempre que se utilicen dispositivos de señalización luminosa para garantizar la seguridad vial. Fuera de este horario, las operaciones deben realizarse desde un parqueadero cercano o ingresando el vehículo completamente al predio.

Por otra parte, Bogotá cuenta con una red de ocho carriles preferenciales que suman un total de 138,8 kilómetros, distribuidos en vías como la carrera 7, la carrera 15, la calle 72, la avenida NQS, la avenida de las Américas, la calle 19, la avenida Primera de Mayo y la avenida Boyacá. En estos corredores se realizan más de 329.000 viajes diarios, lo que subraya su importancia para la movilidad de la ciudad. La Secretaría de Movilidad recordó que el estacionamiento en estos carriles está prohibido y que los ciclistas deben utilizar las ciclorrutas disponibles en las carreras 13 y Séptima para garantizar su seguridad.

Para facilitar la gestión de comparendos y resolver inquietudes, los ciudadanos pueden acceder a la página web de la Secretaría de Movilidad, acudir a los Centros de Atención al Ciudadano o comunicarse a través de la línea telefónica 195. La entidad reafirmó su compromiso con una Bogotá más ordenada y eficiente, destacando que el éxito de estas medidas depende tanto del trabajo articulado entre las autoridades como de la corresponsabilidad de los conductores.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los ciudadanos para que utilicen el Sitp como una alternativa de transporte más eficiente y respeten las normas de tránsito, contribuyendo así a una movilidad más fluida y segura para todos los habitantes de la capital.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó una nueva modalidad de pago para trámites no tributarios, incorporando el uso de códigos QR interoperables compatibles con todas las billeteras virtuales que operan con dinero en cuenta. A partir de esta actualización, las Boletas Únicas Inteligentes (BUI) podrán abonarse con mayor comodidad y sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas.

El sistema permite realizar pagos directamente desde cualquier dispositivo móvil, a través de las aplicaciones de billeteras digitales, o bien desde una computadora mediante el Portal Único de Pagos, accediendo a través del enlace oficial https://sir.buenosaires.gob.ar/login. Esta funcionalidad se encuentra activa para diversas gestiones personales y administrativas, incluyendo licencias de conducir, multas de tránsito, servicios del Registro Civil y otros trámites recurrentes.

Entre los trámites que se pueden abonar mediante este nuevo canal digital se encuentran el otorgamiento de licencias de conducir, las infracciones de tránsito, la búsqueda de partidas del Registro Civil, el alquiler de la pista de aprendizaje para conducir y la rúbrica de documentación laboral, entre otras gestiones. Todos estos procedimientos pueden completarse ahora con un solo escaneo, optimizando tiempos y evitando filas.

Además, el gobierno porteño promovió un beneficio adicional para quienes elijan utilizar Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad. Los usuarios que abonen por primera vez mediante esta herramienta accederán a una promoción del 20% de descuento, con un tope de $10.000 en el primer pago efectuado. Esta iniciativa apunta a incentivar la adopción de medios digitales.

La nueva opción de pago con QR se enmarca en un proceso más amplio de simplificación administrativa que impulsa la administración de la Ciudad. Como parte de esta agenda, ya se eliminaron 157 trámites que antes requerían gestión presencial o documentación adicional, beneficiando particularmente a comerciantes, PyMEs y emprendedores. Esta reducción forma parte de un plan que busca “facilitar el día a día de todos los vecinos”, según explicaron en el ministerio de Hacienda y Finanzas porteño.

El código QR interoperable sigue el estándar dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que obliga a las billeteras digitales a permitir la lectura cruzada de códigos. Esto significa que cualquier usuario, sin importar qué billetera virtual utilice, puede realizar pagos escaneando el código QR dentro del circuito de trámites porteños.

El sistema también busca fomentar una mayor adopción del uso de medios de pago digitales en gestiones de gobierno, una práctica que creció con fuerza durante la pandemia de COVID-19. El canal de pagos online de la Ciudad ya ofrecía la posibilidad de abonar con tarjetas de débito y crédito, pero la incorporación del QR interoperable representa un paso más en dirección a una experiencia 100% digital y accesible desde cualquier parte del país.

La decisión de incorporar esta tecnología forma parte de una política más amplia orientada a la transformación digital de los servicios públicos. En informes recientes, autoridades locales destacaron que más del 90% de los trámites de la Ciudad ya pueden iniciarse de forma digital, y que continúa el desarrollo de nuevos módulos electrónicos para reducir la necesidad de asistencia presencial.

El uso del Portal Único de Pagos permite centralizar en una misma plataforma la consulta, generación y pago de las Boletas Únicas Inteligentes. Este canal fue diseñado con interfaces adaptadas para todo tipo de dispositivos y permite además descargar comprobantes, gestionar historial de operaciones y recibir notificaciones automáticas sobre vencimientos y pagos realizados.

Las autoridades porteñas indicaron que el nuevo esquema de pagos digitales también mejora el control fiscal y la trazabilidad de las operaciones, contribuyendo a una administración más eficiente. A su vez, representa un avance para los ciudadanos que ya se habituaron al uso de billeteras electrónicas en comercios, transporte y otras actividades cotidianas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, publicó este miércoles en el Boletín Oficial su actuación bimestral de los montos a abonar por multas de tránsito en territorio bonaerense. Con los nuevos importes, los excesos de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol podrían costarle al infractor más de $1.500.000.

A través de la Resolución 6/2025 se estableció el nuevo valor de cada Unidad Fija (UF) en $1.506, que es el valor que tenía el primer día de este mes el litro de nafta de mayor octanaje en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino de La Plata. Teniendo en cuenta que en marzo se había establecido el monto en $1.452, el incremento en esta tercera actualización del año es de un 3,58%.

Cada infracción de tránsito se sanciona con una cantidad determinada de UF, lo que significa que los montos pueden variar con cada actualización del precio de referencia.

Cuáles son los valores de cada infracción desde el 1 de mayo

Teniendo en cuenta cada tipo de infracción y sus distintos niveles de gravedad, la escala tarifaria por multas en provincia de Buenos Aires quedó de la siguiente manera hasta la próxima actualización, que será en julio:

Exceso de velocidad: de $225.000 a $1.506.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: de $301.200 a $1.506.000

Circular en contramano o por la banquina: de $301.200 a $1.506.000

Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: de $225.900 a $1.506.000

Transportar más pasajeros de los permitidos: de $225.900 a $753.000

Negarse a presentar la documentación exigida: de $150.600 a $753.000

Circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente: de $150.600 a $753.000

No respetar el semáforo en rojo: de $150.600 a $753.000

Manejar con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de $150.600 a $753.000

No usar el cinturón de seguridad: de $150.600 a $753.000

Estacionar en un lugar indebido: de $75.300 a $150.600

Circular sin patente visible o sin una patente reglamentaria: de $75.300 a $150.600

Conducir con la licencia vencida: de $75.300 a $150.600.

No contar con seguro obligatorio vigente: de $75.300 a $150.600

No llevar la cédula de identificación del vehículo: de $75.300 a $150.600.

Cuál es la documentación necesaria para circular en auto en la provincia de Buenos Aires

Para evitar multas y cumplir con la normativa vigente, todo conductor en la provincia de Buenos Aires debe contar con una serie de documentos que acrediten su habilitación para conducir y la legalidad del vehículo. La ausencia de cualquiera de estos documentos puede derivar en sanciones económicas y, en algunos casos, la retención del vehículo. Los documentos obligatorios son:

• Licencia de conducir vigente: debe estar en buen estado y corresponder a la categoría del vehículo que se está manejando.
• Cédula de identificación del automotor: este documento certifica la titularidad o la autorización para circular con el vehículo.
• Seguro obligatorio vigente: todo vehículo debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a terceros.
• Certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV): este control mecánico es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y debe renovarse de acuerdo con los plazos estipulados.

Además de la documentación, es obligatorio contar con ciertos elementos de seguridad en el vehículo:

• Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
• Placas de identificación de dominio visibles.
• Matafuego con carga vigente.
• Balizas portátiles reglamentarias.
• Sistemas de seguridad originales del vehículo.
• Casco homologado en caso de motociclistas.

¿Cómo saber si tengo multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires?

El gobierno bonaerense dispone de una plataforma digital para consultar y gestionar infracciones de tránsito. A través de la Web del Infractor (https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion), cualquier conductor puede verificar si tiene multas registradas en su nombre o en un vehículo de su propiedad.

Pasos para consultar infracciones:

1. Ingresar a la Web del Infractor en el enlace oficial.
2. Elegir el método de búsqueda:
3. 1. Por patente del vehículo.
   2. Por DNI del titular (en este caso, es necesario indicar el tipo de documento y género).
4. Revisar el estado de infracciones:
5. 1. Si el sistema detecta multas pendientes, se mostrarán los detalles de cada una.
   2. Si no hay infracciones, aparecerá un mensaje indicando la ausencia de multas.
6. Opciones de pago:
7. 1. Descargar e imprimir el cupón de pago.
   2. Escanear el código QR para pagar en línea.
   3. Abonar a través de la Red Provincial Net Pago con tarjeta de débito o en efectivo en Rapipago.

Las multas leves prescriben a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco años, según el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449.

En caso de abonar dentro del plazo de pago voluntario, que es el período que sigue a la notificación de la infracción, se accede a un 50% de descuento sobre el valor mínimo de la multa. Si no se paga en el plazo estipulado, pueden aplicarse recargos e intereses, lo que aumenta considerablemente el monto original de la sanción.

El concejal Julián Forero reveló una serie de irregularidades que involucran tanto a agentes civiles de tránsito como a las grúas contratadas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, lo que generó un intenso debate sobre la aplicación de las normas de tránsito en la ciudad.

Según señaló el cabildante, 29 agentes de tránsito presentan infracciones graves pendientes, mientras que las grúas de la concesión G&P, contratadas por la secretaría, incumplen sistemáticamente las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre sin recibir sanciones.

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Forero señaló que los agentes de tránsito, encargados de velar por el cumplimiento de las normas viales, han acumulado comparendos por conductas como exceso de velocidad, estacionamiento en lugares prohibidos, conducción sin Soat, sin revisión técnico-mecánica, con licencias vencidas e incluso bajo los efectos del alcohol.

El concejal, basándose en datos obtenidos del Simit y la Secretaría de Movilidad, destacó que 19 de estos agentes han sido sancionados específicamente por exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentalidad vial. Algunos de ellos acumulan hasta cinco infracciones diferentes.

Forero cuestionó la autoridad moral de estos funcionarios para imponer sanciones a los ciudadanos mientras ellos mismos incumplen las leyes. “Resulta inadmisible que quienes deben ser ejemplo de respeto a la ley sean precisamente quienes la quebrantan de manera reiterada”, afirmó. Además, señaló la falta de acción por parte de la Secretaría de Movilidad, liderada por la ingeniera Claudia Díaz, a quien acusó de permisividad frente a estas conductas.

“El ciudadano de a pie no recibe ninguna consideración cuando comete una infracción; en cambio, algunos agentes de tránsito, responsables de garantizar la legalidad en las vías, violan la norma sistemáticamente y no enfrentan ninguna consecuencia. Es un acto de doble moral que erosiona la confianza en la autoridad y en la justicia vial”, puntualizó Forero.

Paralelamente, el concejal también denunció irregularidades en el funcionamiento de las grúas contratadas por la Secretaría de Movilidad. Según un análisis realizado por su equipo, más del 95% de las grúas revisadas en noviembre y diciembre de 2024 presentaban irregularidades relacionadas con la ubicación de las placas de identificación vehicular. Estas infracciones, que violan el artículo 45 de la Ley 769 de 2002, incluyen la ausencia de placas en el extremo trasero o su ocultamiento detrás del yugo, lo que dificulta su identificación. A pesar de estas faltas, en los últimos siete años solo se ha impuesto un comparendo a estos vehículos.

El concejal subrayó la contradicción entre el trato riguroso que reciben los ciudadanos por infracciones similares y la aparente impunidad de las grúas de la concesión G&P. Según datos oficiales de la Secretaría de Movilidad, en 2024 se impusieron 14.237 comparendos por la infracción B.03, que sanciona la falta de placas visibles o en condiciones que dificulten su identificación. Sin embargo, las grúas contratadas parecen estar exentas de este control. Forero calificó esta situación como un caso de “doble moral” y cuestionó la falta de supervisión por parte de la Secretaría.

El artículo 6 de la Constitución Política de Colombia establece que los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) refuerza la obligación de los funcionarios de cumplir y hacer cumplir las leyes, incluyendo las disposiciones del CNTT. Este último, en su artículo 45, exige que todos los vehículos automotores porten dos placas iguales, una en el extremo delantero y otra en el trasero, sin obstáculos que dificulten su plena identificación. El incumplimiento de esta norma está tipificado como la infracción B.03, que puede conllevar la inmovilización del vehículo.

Forero denunció que las grúas de la concesión G&P no solo violan esta disposición, sino que además son utilizadas por agentes civiles y policías de tránsito para inmovilizar vehículos de ciudadanos, sin que se les aplique la misma normativa. “La ley debe ser para todos”, afirmó el concejal, que hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad para que ejerza un control más riguroso sobre estos vehículos y garantice el cumplimiento de las normas de tránsito de manera equitativa.

Los ciudadanos que no estén al día con sus multas de tránsito podrían enfrentar embargos de bienes, una medida que la Secretaría Distrital de Movilidad considera legítima para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Según indicó la entidad, esa acción puede incluir la retención de cuentas bancarias, salarios, inmuebles y otros bienes del deudor, como parte de un proceso de cobro coactivo. A partir de eso, la secretaria resaltó la importancia de respetar las normas de tránsito y mantenerse al corriente con los pagos para evitar sanciones de este tipo.

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Así funciona el cobro coactivo

Los embargos se aplican una vez que las multas de tránsito no son pagadas dentro de los plazos establecidos por la ley. En estos casos, las deudas pasan a un proceso de cobro coactivo, que puede iniciarse 30 días después de la infracción, tras la expedición de una resolución que declara al ciudadano como contraventor. Este procedimiento permite a la entidad identificar y embargar bienes del deudor, incluyendo productos financieros como cuentas de ahorro y corrientes.

Para evitar estas medidas, la Secretaría de Movilidad recomendó los ciudadanos consultar regularmente el estado de sus comparendos a través de su página web o del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). En estas plataformas, los usuarios pueden verificar sus deudas, descargar recibos de pago y realizar transacciones mediante el sistema PSE o en puntos autorizados. Además, se aconsejó mantener actualizados los datos personales en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), ya que las notificaciones relacionadas con multas electrónicas se envían a la dirección registrada en este sistema.

En caso de que un ciudadano sea embargado sin una causa aparente, la entidad dispone de mecanismos para presentar reclamaciones. Los afectados pueden ingresar a la página web de la entidad y verificar el estado de su cuenta. Si consideran que la medida es injustificada, tienen la opción de presentar una petición formal explicando las razones por las cuales no deberían ser objeto del embargo. Asimismo, si existe sospecha de suplantación o errores en la imposición de comparendos, se debe acudir a la Subdirección de Contravenciones al Tránsito para aclarar la situación.

Cuando el embargo implica el descuento de fondos de una cuenta bancaria, el dinero retenido se convierte en un depósito judicial que sirve como garantía para el cumplimiento de la deuda. No obstante, este depósito no se considera un pago automático. Para que los fondos sean utilizados para saldar la obligación, el deudor debe autorizar el desembolso mediante el formato ‘Solicitud Apropiación de Depósito Judicial’, disponible en la Secretaría de Movilidad. Si no se realiza esta autorización, el procedimiento continuará hasta que se agoten las etapas legales, lo que podría generar costos adicionales para el deudor, incluyendo intereses y gastos administrativos.

En los casos en que un ciudadano pague la multa por otros medios y aún tenga dinero embargado, es posible solicitar la devolución de los fondos. Para ello, se debe presentar una solicitud ante la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la entidad, utilizando el formato correspondiente. El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, a través de los canales dispuestos en la página web de la entidad. La Secretaría asegura que, una vez realizado el pago, el trámite de desembargo se gestiona ante la entidad financiera en un plazo de 15 días hábiles.

La dependencia enfatizó que todos los trámites relacionados con multas y embargos se realizan directamente con la entidad, sin necesidad de intermediarios. Asimismo, hizo un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, no solo para evitar sanciones económicas, también para prevenir accidentes y salvar vidas. Según la Secretaría, los cobros coactivos pueden duplicar el monto original de la deuda, al incluir intereses y otros costos asociados al proceso.

El Simit, el sistema que centraliza el registro de infracciones de tránsito en Colombia, es una herramienta esencial para los conductores que necesitan cumplir con sus obligaciones legales en cualquier parte del país.

Según indicó la Federación Colombiana de Municipios, la plataforma permite a los ciudadanos pagar multas de tránsito sin importar el lugar donde se haya cometido la infracción, facilitando el proceso especialmente para quienes se desplazan por diferentes regiones durante sus vacaciones.

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De acuerdo con la Federación, el Simit integra la información de infractores a nivel nacional, lo que significa que quienes no estén al día con sus multas no podrán realizar trámites relacionados con las autoridades de tránsito. Este sistema registra las violaciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre, establecido por la Ley 796 de 2002, ya sea que las infracciones hayan sido impuestas por agentes en sitio o mediante herramientas tecnológicas como cámaras de fotodetección.

Cómo consultar y pagar multas a través del Simit

Para quienes hayan recibido una multa en un municipio diferente al de su residencia, durante vacaciones, el Simit ofrece la posibilidad de gestionar el pago de manera virtual. Los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial del sistema y acceder a la opción ‘Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago’. Allí podrán verificar si tienen infracciones pendientes en cualquier parte del país.

Además, el portal permite identificar los puntos físicos de atención más cercanos al lugar de residencia del infractor, donde es posible realizar el pago de manera presencial y solicitar el certificado de paz y salvo. Ese documento también puede descargarse posteriormente desde la misma plataforma virtual.

En cuanto a los métodos de pago, la Federación explicó que las multas pueden cancelarse en las entidades bancarias que tienen convenio con el sistema: Banco Av. Villas, Banco de Bogotá y los corresponsales bancarios del Grupo Aval. Los pagos realizados en estas instituciones se actualizan automáticamente en el sistema, mientras que los efectuados a través de la plataforma virtual se reflejan de forma instantánea. En el caso de pagos locales, el usuario debe presentar el recibo en el organismo de tránsito correspondiente, y la actualización en el sistema se realiza al día siguiente.

Requisitos para realizar el curso pedagógico

El curso pedagógico es un requisito indispensable para acceder a los descuentos en las multas. Sin embargo, las condiciones para realizarlo varían según la ciudad donde se haya impuesto el comparendo. Por ejemplo, en Bogotá, los infractores deben realizar el curso en la capital, sin posibilidad de hacerlo en otra ciudad. Los puntos de atención habilitados incluyen centros como el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, el C.C. Mallplaza y el Paseo San Rafael, entre otros.

En Medellín, la Secretaría de Tránsito y Transporte ofrece el curso de manera presencial o virtual. Los interesados deben agendar una cita a través del sitio web de la entidad o de la Ventanilla Única de Servicios. El curso tiene una duración de dos horas cátedra, equivalentes a una hora y treinta minutos, y una vez completado, el descuento se aplica automáticamente al valor de la multa.

Por su parte, en Cali, los cursos pedagógicos han dejado de ser virtuales y ahora se realizan de manera presencial en la Casa de Justicia de Alfonso López. Ese espacio ha sido dispuesto por la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital para promover la sensibilización y la educación vial. Los infractores deben agendar su cita en el portal oficial de la Alcaldía de Cali y presentar el certificado de asistencia en la estación de policía correspondiente para cerrar la medida correctiva.

Descuentos y plazos para el pago de comparendos

El Simit también permite a los infractores acceder a descuentos en el valor de las multas, siempre y cuando cumplan con los plazos establecidos por la ley y realicen un curso pedagógico obligatorio. Según indicó la Federación, los descuentos aplican de la siguiente manera:

• Para comparendos físicos, los infractores tienen cinco días hábiles desde la fecha de imposición para obtener un descuento del 50%, y hasta 20 días hábiles para acceder a un descuento del 25%, siempre que realicen el curso pedagógico.
• En el caso de comparendos impuestos mediante medios tecnológicos, como cámaras de fotodetección, el plazo para el descuento del 50% es de 11 días hábiles desde la notificación, mientras que el descuento del 25% puede solicitarse hasta 27 días hábiles después de la notificación, previa realización del curso.

Para mejorar la seguridad vial y fomentar una conducción responsable, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) introdujo el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos en Perú. Este sistema no solo castiga las infracciones de tránsito, sino que también recompensa a los conductores que cumplen con las normas, incentivando una cultura de respeto y seguridad en las carreteras del país.

El sistema de puntos busca instaurar una cultura de respeto a las normas viales, incentivando a los conductores a comportarse de manera responsable para evitar las multas. Sin embargo, no todo es negativo, ya que el sistema también contempla beneficios, como bonificaciones de puntos para quienes no cometen infracciones en dos años, lo que genera un ambiente de motivación para mejorar el comportamiento en las carreteras.

El beneficio por no cometer infracciones de tránsito en dos años

El Sistema de Licencias de Conducir por Puntos de Perú no solo tiene un enfoque punitivo, sino también una política de incentivos. Uno de los beneficios más atractivos es la bonificación de 20 puntos que se otorgan a los conductores que logren pasar dos años consecutivos sin cometer ninguna infracción. Este beneficio tiene un plazo de vigencia de 24 meses y se otorga a aquellos que no hayan acumulado puntos negativos en su historial de tránsito. Este incentivo busca premiar la conducción responsable y fomentar el cumplimiento de las normativas viales.

Es importante mencionar que estos puntos adicionales no son acumulables con otras bonificaciones y su único propósito es mejorar el historial de conducción de los conductores que logran mantener un buen comportamiento durante este período.

Aunque los puntos adicionales no se pueden canjear por descuentos o beneficios materiales, su función es reducir los puntos negativos acumulados por infracciones previas. Esto significa que si un conductor tiene, por ejemplo, 30 puntos negativos y obtiene 50 puntos de bonificación, su saldo de puntos negativos se reduciría a 20, lo que podría evitar sanciones adicionales.

¿Cómo disminuir tus puntos negativos en el récord de conductor?

Para los conductores que han acumulado puntos negativos, existe la opción de reducir la cantidad de puntos en su récord. Esto es posible a través de un curso de seguridad vial que el MTC ofrece, tanto de forma virtual como presencial. Si un conductor ha acumulado puntos pero no ha llegado al tope de 100, puede inscribirse en el curso de seguridad vial para reducir hasta 30 puntos.

El curso está diseñado para reeducar a los conductores sobre las buenas prácticas de manejo, promoviendo la conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas de tránsito. Los conductores pueden acceder a este curso una vez cada dos años, siempre y cuando no hayan superado los 100 puntos negativos ni tengan su licencia suspendida o cancelada. Para inscribirse, es necesario buscar la página oficial del MTC, completar la información requerida y esperar una confirmación de inscripción por correo electrónico.

Sobre el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos

El Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos en Perú permite que los conductores acumulen puntos negativos por cada infracción cometida.

• Leves (1 a 20 puntos): Incluyen estacionar mal el vehículo, lanzar objetos desde el vehículo, usar el claxon innecesariamente o estacionar en lugares destinados a personas con discapacidad.
• Graves (20 a 50 puntos): Se consideran infracciones no ceder el paso, no llevar placas de identificación o conducir sin los documentos requeridos. También incluyen dejar el vehículo abandonado o hacer reparaciones en la vía pública, entre otras.
• Muy graves (50 a 100 puntos): Las faltas más serias incluyen conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, manejar sin licencia o con un brevete suspendido, y estacionar en lugares peligrosos. También se sanciona conducir con un número excesivo de personas o con partes mecánicas defectuosas.

El sistema funciona de manera que los puntos negativos permanecen en el historial del conductor durante un período de 24 meses o dos años. Pasado ese plazo, los puntos se eliminan automáticamente, lo que ofrece una oportunidad para que los conductores mantengan un historial limpio si logran mejorar su comportamiento en la carretera.

¿Qué pasa si acumulas puntos negativos en tu licencia de conducir?

Una de las características más severas del sistema de puntos es la sanción por llegar al límite de 100 puntos negativos. Cuando un conductor llega a este tope, su brevete es suspendido automáticamente. En el caso de que esta situación se repita por segunda vez, la suspensión se extiende por un año, y si el conductor llega a los 100 puntos por tercera vez, se procede a la cancelación definitiva de su licencia, lo que conlleva a una inhabilitación permanente para conducir.

Estas medidas buscan disuadir a los conductores de infringir las normas de tránsito de manera reiterada, asegurando que solo aquellos que respetan las leyes viales puedan seguir conduciendo. Este enfoque gradualmente promueve la responsabilidad y el respeto por las normas.

Consulta tu historial de puntos: ¿cómo saber cuántos tienes?

Para saber cuántos puntos tiene un conductor en su historial, el MTC ofrece una plataforma en línea (EN ESTE ENLACE) donde se puede consultar esta información de manera fácil y rápida. Los conductores pueden acceder al portal del Sistema de Licencias de Conducir por Puntos ingresando su número de DNI, licencia o nombre completo, junto con un código captcha. Esta herramienta permite verificar el historial de infracciones y el saldo de puntos acumulados, lo que brinda a los conductores la posibilidad de estar informados sobre su situación.

Este servicio en línea está disponible para todos los conductores que deseen conocer el estado de su licencia, lo que facilita el seguimiento de su comportamiento en las carreteras y asegura que puedan tomar medidas correctivas si es necesario.

Otros beneficios por no cometer infracciones

Además de las bonificaciones por puntos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece otros incentivos para promover una conducción responsable:

• Extensión de vigencia de la licencia: Los conductores profesionales sin infracciones en su historial pueden obtener una licencia con vigencia de 5 años, en lugar de los 2 años habituales.
• Curso de seguridad vial: Los conductores que han acumulado puntos negativos pueden participar en cursos gratuitos de seguridad vial. Al aprobar el curso, es posible reducir hasta 30 puntos de su historial, mejorando así su récord de conducción.

Diferencia entre puntos firmes y puntos en proceso

En el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos de Perú, los puntos se dividen en puntos firmes y puntos en proceso:

• Puntos firmes: Son los puntos que se restan a la licencia de conducir cuando un conductor comete una infracción de tránsito. Estos puntos son definitivos y permanecen en el récord del conductor durante un período de dos años, después de los cuales se eliminan automáticamente, siempre y cuando no haya otras infracciones.
• Puntos en proceso: Son aquellos puntos que se asignan provisionalmente mientras se lleva a cabo el procedimiento administrativo para determinar si la infracción fue cometida o no. Si el conductor presenta descargos y se resuelve a su favor, esos puntos en proceso se eliminan. Sin embargo, si se confirma la infracción, esos puntos se convierten en firmes.

Este sistema permite llevar un control más detallado de las infracciones y sanciones que afectan el historial de los conductores.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el brevete?

1. Edad mínima: Tener 18 años o más.
2. DNI: Presentar tu DNI (o carné de extranjería si eres extranjero).
3. Certificado de aptitud psicológica: Debes presentar un certificado psicológico que indique que estás en condiciones de conducir.
4. Certificado médico: Obtener un certificado médico que confirme que tienes buena salud y aptitudes físicas para conducir.
5. Aprobación de curso: Si es tu primera licencia, debes haber aprobado un curso teórico y práctico en una escuela de conductores autorizada.
6. Examen teórico: Aprobar un examen teórico sobre las reglas de tránsito, señales y normas de seguridad vial.
7. Examen práctico: Aprobar el examen práctico de conducción, que evalúa tu habilidad para manejar un vehículo en condiciones reales.
8. Pago de derechos: Realizar el pago correspondiente por los derechos administrativos del trámite.

Centros médicos autorizados para el examen médico para obtener la licencia de conducir en Perú

Para obtener una licencia de conducir en Perú, los solicitantes deben aprobar un examen médico que se realiza en centros médicos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Existen 623 establecimientos habilitados a nivel nacional , siendo Lima la ciudad con mayor cantidad de centros médicos, con un total de 198. También destacan ciudades como Cusco, que cuenta con 57 centros habilitados, facilitando el acceso a este requisito.

El examen médico evalúa la aptitud física y psicológica del solicitante para garantizar que esté capacitado para conducir. Los centros médicos autorizados están distribuidos en diversas regiones del país, y la lista actualizada de estos establecimientos puede ser consultada gratuitamente en el portal oficial del MTC (ENLACE AQUÍ), asegurando que todos los trámites se realicen conforme a las normativas vigentes.

Motivos comunes para la suspensión de licencia de conducir en Perú

En Perú, la suspensión de la licencia de conducir puede ocurrir por diversas infracciones graves, tales como:

• Acumular un número excesivo de puntos en el sistema de control de licencias por puntos.
• Conducir bajo efectos del alcohol o drogas, superando el límite permitido.
• Exceso de velocidad, especialmente en niveles peligrosos o repetidos.
• Conducir sin licencia o con licencia suspendida.
• Manejo imprudente o peligroso, como adelantar en lugares prohibidos.
• Negarse a realizar pruebas de alcoholemia o de drogas.
• Causar accidentes graves, por imprudencia o negligencia.
• Infracciones graves repetidas como no respetar semáforos o no usar cinturón de seguridad.
• Transporte de carga peligrosa sin autorización.
• Falsificación o alteración de documentos relacionados con la conducción.
• Condiciones de salud incompatibles con la conducción, como problemas de visión.

La suspensión varía según la infracción, y la persona afectada puede apelar la decisión. En algunos casos, la licencia puede ser cancelada definitivamente si se cometen faltas extremadamente graves.

Verifica si tu licencia de conducir está registrada en el MTC

Comprobar que tu licencia de conducir esté correctamente registrada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es un paso importante para asegurarte de que todo esté en orden antes de realizar cualquier trámite.

1. Accede al portal del MTC: Ingresa al sitio web oficial (ENLACE AQUÍ) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú.
2. Busca la sección de verificación: Dentro del portal, localiza la opción o herramienta de verificación de licencia de conducir.
3. Ingresa tu número de documento o licencia: Introduce el número de tu documento de identidad o el número de tu licencia de conducir, según sea solicitado.
4. Verifica los datos: Asegúrate de que los datos proporcionados coincidan con los registros correctos.
5. Consulta el estado: El sistema te mostrará si tu licencia está registrada y su estado actual, permitiéndote verificar si está en vigor o si tiene algún problema administrativo.
6. Recibe confirmación: Si la licencia está registrada correctamente, recibirás una confirmación. Si hay algún inconveniente, podrás tomar acciones para solucionarlo.

El Ministerio de Transporte de Colombia, en colaboración con diversas entidades nacionales, ha implementado un operativo especial para garantizar la seguridad y el flujo vehicular en las principales vías del país durante la temporada alta de Semana Santa, que se extenderá hasta el domingo 20 de abril.

Según informó el ministerio, las acciones buscan prevenir accidentes y reducir los problemas de congestión en los corredores viales más transitados, en un esfuerzo conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y las autoridades locales.

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Desde el departamento de Antioquia, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que se han desplegado equipos en puntos estratégicos de las carreteras nacionales, como el peaje de Amagá, donde históricamente se han registrado altos niveles de congestión vehicular. La funcionaria señaló que, además de las medidas inmediatas, se están evaluando soluciones estructurales para mejorar la movilidad en el largo plazo.

Requisitos para los conductores: el kit de carretera obligatorio

Bajo las acciones de los controles viales que se estarán adelantando, las autoridades han recordado a los conductores la importancia de portar el kit de carretera reglamentario, un requisito establecido por el Código Nacional de Transporte Terrestre. Según el artículo 30 de esta normativa, ningún vehículo puede circular por las vías del país sin contar con los elementos mínimos de seguridad y prevención.

El kit debe incluir los siguientes elementos:

• Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
• Una cruceta.
• Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.
• Un botiquín de primeros auxilios.
• Un extintor.
• Dos tacos para bloquear el vehículo.
• Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
• Llanta de repuesto.
• Linterna.

Las autoridades han enfatizado que la linterna es obligatoria, ya que no se aceptará el uso de teléfonos móviles como sustituto. El incumplimiento de la normativa puede resultar en una multa equivalente a $604.100, según lo establecido en el literal C11 del artículo 131 ‘multas’: “No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este Código o en la reglamentación correspondiente”.

Excepciones para motociclistas y recomendaciones adicionales

Aunque las motocicletas están clasificadas como vehículos según el artículo 2 del Código Nacional de Transporte, los propietarios de estos automotores no están obligados a portar el kit de carretera completo debido a las características específicas de este tipo de transporte. Así lo establece la circular número 20174230471821 del Ministerio de Transporte, que aclara que los elementos del artículo 30 no son aplicables a las motocicletas.

Sin embargo, el ministerio recomienda que los motociclistas lleven herramientas básicas que puedan ser útiles en caso de emergencias. Entre los elementos sugeridos se encuentran alicates, destornilladores, llaves de expansión, llaves fijas y guayas. Además, se aconsejó portar otros artículos como pinzas, punzones, mechas de caucho, cuchillas, botellas de aire comprimido y adaptadores, todos ellos diseñados para facilitar el mantenimiento y la reparación en carretera.

Medidas inmediatas y soluciones estructurales en las vías nacionales

En declaraciones desde Antioquia, la ministra Rojas explicó que se solicitó al concesionario del peaje de Amagá implementar acciones correctivas para garantizar un tránsito más fluido. Además, el Gobierno nacional está supervisando el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las concesiones viales, con el objetivo de avanzar en proyectos como la ampliación del peaje y la construcción de una doble calzada. Las obras, según la ministra, son fundamentales para resolver los problemas de embotellamiento que afectan a esta zona.

“Sabemos que de fondo hay un problema estructural y también estamos trabajando para que se cumplan las obligaciones contractuales de la concesión y se puedan adelantar obras como la ampliación del peaje, obras de doble calzada, que van a facilitar que esto que hoy es un embudo se supere”, afirmó Rojas.

Las cámaras de fotomultas en Colombia siguen generando controversia debido a irregularidades en su funcionamiento y en la normativa que las respalda. Según lo reportado, por el señor Biter en una de sus publicaciones, estos dispositivos, que tienen una vida útil de cinco años, requieren una autorización específica para continuar operando una vez vencido este plazo.

Sin embargo, señaló que algunas de ellas han seguido emitiendo comparendos sin contar con la renovación correspondiente, lo que pone en duda la legalidad de las sanciones impuestas. El problema se agrava al considerar que las infracciones detectadas por esos dispositivos no siempre están claramente definidas, lo que podría vulnerar el derecho al debido proceso de los ciudadanos sancionados, aún más cuando se trata de los motociclistas.

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De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Colombia están autorizadas 990 cámaras de fotomultas. En el caso de Bogotá, hay 91 de estos dispositivos a cargo de la Secretaría de Movilidad. En el video publicado por el Señor Biter, algunas de estas herramientas recientemente autorizadas para operar estarían impartiendo multas por la sanción C24. Literal, que anteriormente Biter ya habría expuesto que son sanciones inexistentes. Es decir, que estas cámaras de fotomultas estarían sancionando por:

a) Transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del presente código, así:

1. Ocupar el carril dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.
2. En una vía de sentido único de tránsito, con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha.
3. En una vía de sentido único de tránsito, donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.
4. En una vía de doble sentido de tránsito con dos carriles, el vehículo deberá transitar por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.
5. En una vía de doble sentido de tránsito con tres carriles los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central solo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente.
6. En una vía de doble sentido de tránsito con cuatro carriles, los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos.
7. Transitar en motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o ciclovías. Además, el vehículo será inmovilizado.

b) Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor.

c) Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores.

d) Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.

e) Los conductores y los acompañantes cuando hubiere, deberán utilizar casco de seguridad y en él, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción de los pertenecientes a la fuerza pública, que se identificarán con el número interno asignado por la respectiva institución. La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo.

f) No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías.

g) Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.

h) No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.

i) No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.

j) Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.

k) No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

Para Biter, esta infracción al no estar claramente definida en el Código Nacional de Tránsito, dado que la Ley 769 del 2002 solo señala “conducir una motocicleta sin observar las normas establecidas“, confundirá al conductor quien no sabrá por qué lo multaron.

“O sea, que tú no vas a saber si fue por luces, por chaleco, por casco, porque adelantaste entre vehículos, porque llevabas un objeto que incomoda al conductor o al pasajero, etcétera, etcétera, etcétera. Queriendo decir que si no sabes cuál realmente fue la infracción, ¿cómo te vas a defender por la C24 ante esa cámara de fotomulta? Al menos el agente de tránsito te va a decir cuál de esas 18 infracciones de la C24 es, la cámara, no. Eso vulnera el debido proceso que aparece en el artículo 29 de la Constitución. Y entonces, ¿cómo ejerzo mi derecho a la defensa si no sé cuál es la verdadera conducta por la cual me están culpando?“, precisó Biter.

Infracciones más comunes detectadas por las cámaras

Entre las infracciones más frecuentes captadas por las cámaras de fotodetección en Bogotá se encuentran cinco categorías principales. La primera, identificada como C14, corresponde a transitar por zonas restringidas o en horarios prohibidos, lo que acarrea una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. La segunda, C29, se refiere a exceder los límites de velocidad permitidos, que en Bogotá son de 50 km/h (31 mph) en los principales corredores viales y de 30 km/h (19 mph) en zonas escolares y residenciales.

Otras infracciones comunes incluyen la C32, que sanciona no respetar el paso de peatones en zonas designadas, con una multa de $604.054. La C35 penaliza no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo establecido o circular con un vehículo en condiciones inadecuadas, lo que puede implicar la inmovilización del automotor. Finalmente, la D02 sanciona conducir sin portar los seguros obligatorios, con una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo.

Pagar las multas de tránsito en la Ciudad de México (CDMX) ahora es más fácil y rápido que nunca. Gracias a la modernización de los trámites administrativos, los ciudadanos pueden cumplir con sus obligaciones sin necesidad de salir de casa, utilizando únicamente el número de placa de su vehículo.

Esta simplificación busca facilitar el proceso para los conductores y mejorar la eficiencia en la administración pública, ahorrando tiempo y eliminando la necesidad de realizar largos trámites presenciales. Pagar las multas de tránsito en la Ciudad de México nunca ha sido tan fácil.

¿Por qué es importante pagar las multas de tránsito a tiempo?

El pago oportuno de las infracciones no solo ayuda a evitar recargos, sino que también previene posibles bloqueos en otros trámites vehiculares esenciales, como la verificación o el refrendo. Además, contribuir al cumplimiento de las normas de tránsito fomenta una cultura de respeto en las calles y mejora la seguridad vial en la ciudad.

Los fondos recaudados de las multas se destinan a proyectos de infraestructura urbana, como el mantenimiento de calles, la señalización y la colocación de semáforos, beneficiando a todos los habitantes con una ciudad más segura y ordenada.

¿Cómo pagar las multas de tránsito en línea?

El proceso para pagar las multas de tránsito en CDMX se ha vuelto mucho más sencillo. A continuación, te mostramos los pasos a seguir para saldar tu deuda de manera rápida y segura:

• Accede al portal oficial: Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
• Consulta los pagos y adeudos: Una vez en el sitio, selecciona la opción “Consulta de Pagos y Adeudos”.
• Introduce el número de placa: Solo necesitarás tu número de placa para acceder a tus multas pendientes.
• Realiza el pago: Si tienes adeudos, haz clic en la opción “Pagar en línea”. Esto te llevará a una plataforma segura donde podrás completar el pago.
• Inicia sesión en Llave CDMX: Para proceder con el pago, deberás iniciar sesión en el sistema de Llave CDMX y seguir las instrucciones proporcionadas.
• Selecciona tu método de pago: Puedes elegir el medio de pago que prefieras, como tarjeta de crédito, débito o incluso pagos electrónicos.
• Descarga tu comprobante: Una vez realizado el pago, descarga el comprobante y verifica que la infracción esté liquidada en el sistema.

Aprovecha el descuento por pronto pago

Si pagas tu multa dentro de los primeros 10 días naturales después de la infracción, puedes obtener un descuento de hasta el 90 por ciento. Esta es una excelente oportunidad para ahorrar, evitando que los adeudos se incrementen debido a recargos y sanciones adicionales.

Este sistema de pago en línea es parte de los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México por digitalizar los trámites administrativos y reducir la burocracia. Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos ahora pueden gestionar sus multas de tránsito de manera eficiente y sin complicaciones, directamente desde su computadora o teléfono móvil.

Este avance representa una mejora significativa en la administración pública, permitiendo una interacción más ágil entre los habitantes de la ciudad y el gobierno.

Beneficios del pago en línea

• Ahorro de tiempo: Elimina la necesidad de hacer filas en oficinas físicas.
• Comodidad: Puedes realizar el pago desde cualquier lugar y en cualquier momento.
• Descuentos: Aprovecha los descuentos por pronto pago y paga menos por tus infracciones.
• Mayor eficiencia: El sistema es rápido, seguro y accesible para todos los ciudadanos.

El pago de multas de tránsito en CDMX nunca había sido tan fácil y conveniente. Con solo el número de placa del vehículo, puedes realizar el trámite en línea y aprovechar los beneficios del descuento por pronto pago. Este cambio hacia la digitalización de los trámites facilita la vida de los ciudadanos y mejora la recaudación de fondos para proyectos que benefician a la infraestructura urbana de la ciudad.

En el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz ha reactivado las multas de tránsito a partir del 1 de abril, luego de una suspensión de tres meses debido a denuncias de abuso de autoridad y corrupción por parte de elementos policiacos.

Esta medida busca reforzar la cultura vial en el municipio y garantizar que las infracciones se apliquen de manera justa y transparente.

El anuncio fue realizado a través de un video difundido por el primer regidor, en compañía del Comisario de Seguridad, Adrián Juárez Jiménez, y Jorge Alberto Gómez Estrella.

En el comunicado, Gómez Estrella destacó que la pausa en las sanciones permitió sensibilizar tanto a los agentes como a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

¿Quiénes estarán facultadas para infraccionar?

Una de las principales medidas adoptadas es que únicamente mujeres policías podrán infraccionar a los conductores que incumplan el reglamento vial.

Estas agentes estarán debidamente identificadas con uniforme negro con vivos naranjas y utilizarán un dispositivo Hand Held para emitir las multas de forma digital.

Esto busca evitar actos de corrupción y ofrecer mayor transparencia en el proceso, por lo cual, también se ha pedido a los ciudadanos estar con toda su documentación en regla.

Denuncia actos de corrupción

Como parte del esfuerzo para erradicar malas prácticas dentro del cuerpo de seguridad municipal, se ha habilitado un área de asuntos internos.

La ciudadanía podrá reportar cualquier abuso de autoridad o intento de extorsión a través del número telefónico 56 1053 1704 o el correo electrónico denuncia@tlalnepantla.gob.mx.

Beneficios de la reactivación de multas

• Refuerzo de la seguridad vial en Tlalnepantla.
• Mayor transparencia en la imposición de sanciones.
• Reducción de actos de corrupción con el uso de tecnología digital.
• Canales de denuncia accesibles para los ciudadanos.

Con estas nuevas medidas, Tlalnepantla busca recuperar el orden en sus vialidades y garantizar que las infracciones se apliquen de manera justa.

Se recomienda a los conductores respetar el reglamento de tránsito para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en el municipio.

De hecho, las elementos, como primer contacto, invitaran a los automovilistas para que si están mal estacionados o en lugares prohibidos, se muevan antes de multarlos.

Cabe recordar que la Tierra de Enmedio está entre los municipios más inseguros y corruptos del Edomex, según datos de la encuesta de inseguridad del Inegi, por lo cual se espera que estos factores sean reducidos con el nuevo gobierno que está por cumplir 100 días de administración.

Los conductores buscan evitar multas en su récord de tránsito, ya que la acumulación de infracciones puede resultar en severas sanciones. Entre las consecuencias más graves se encuentran la suspensión temporal de la licencia de conducir y la reducción de puntos en el sistema de licencias por puntos. Mantener un historial limpio es crucial para evitar problemas legales y garantizar una conducción segura y responsable.

Es importante que los conductores mantengan un seguimiento regular de su historial de multas. Consultarlo de manera periódica permite estar al tanto de cualquier infracción pendiente y tomar las medidas necesarias para evitar sanciones mayores. Además, en caso de que el conductor detecte alguna multa errónea, puede iniciar un proceso de apelación para corregir el error y evitar que afecte su historial.

El récord de multas del conductor es un historial que registra todas las infracciones de tránsito cometidas por un individuo en Perú. Este registro, gestionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), incluye detalles sobre cada infracción, como el tipo de falta, la fecha y el estado de la sanción. Es esencial para mantener un comportamiento vial responsable y para cumplir con las normativas de tránsito establecidas en el país.

Este historial puede incluir multas por exceso de velocidad, estacionamiento indebido, no portar documentos, entre otros tipos de infracciones. Es un documento importante tanto para los conductores como para las autoridades, ya que permite llevar un control del comportamiento vial de cada persona en las vías del país.

Paso a seguir para consultar tu record de multas de tránsito

Consultar el récord de multas de tránsito en Perú es un proceso sencillo, y se puede realizar de manera online a través del servicio web administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). A continuación, los pasos a seguir:

1. Accede al sitio web oficial del MTC (ESTE LINK) para consultar tu récord de multas.
2. Selecciona la opción que desees: consultar por número de documento del conductor o por número de récord.
3. Elige el tipo de documento con el que deseas realizar la consulta. Las opciones disponibles son: DNI, Carné de Extranjería, Carné de Solicitante, Tarjeta de Identidad o PPT/CPP. Luego, ingresa el número de documento.
4. Ingresa el código CAPTCHA que te aparecerá en el recuadro. El sistema diferencia mayúsculas de minúsculas. Finalmente haz clic en “Buscar”.

Si necesitas más ayuda, puedes contactar al MTC a través de su correo electrónico recorddeconductor@mtc.gob.pe o llamando al teléfono (01) 337-6400.

¿Qué hacer si tienes infracciones de tránsito pendientes?

Si tienes una multa de tránsito en tu récord, es crucial que tomes acción inmediatamente para evitar sanciones adicionales, como el aumento del monto de la multa, la inhabilitación para realizar trámites vehiculares o incluso la retención de tu vehículo. Lo primero que debes hacer es verificar la multa y proceder al pago. Puedes realizarlo en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en tu provincia o acudir a la municipalidad distrital para conocer los métodos de pago disponibles.

Recuerda que, si consideras que no cometiste la infracción, tienes derecho a apelar. Según el SAT, los conductores pueden presentar su descargo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la multa. El SAT evaluará los hechos y emitirá un Informe Final de Instrucción (IFI), en el que se determinará si corresponde aplicar la sanción o declarar que no hubo infracción.

Si no estás conforme con la resolución, puedes presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes. Para realizar el descargo o la apelación, debes presentar los documentos requeridos, como tu identificación y la resolución impugnada, y asegúrate de presentar argumentos sólidos con la debida documentación de respaldo.

Beneficios de pagar tus multas de tránsito a tiempo

El Reglamento Nacional de Tránsito ofrece descuentos significativos para los conductores que paguen sus multas dentro de ciertos plazos. Si se efectúa el pago dentro de los primeros cinco días hábiles desde la notificación de la infracción, se puede obtener un descuento del 83% sobre el monto total de la multa. Este incentivo motiva a los conductores a regularizar su situación de manera rápida. En caso de que el pago se realice entre el sexto y el décimo día hábil, el descuento es del 67%, lo cual sigue siendo una reducción considerable.

Sin embargo, no todas las infracciones son elegibles para estos descuentos. Faltas graves, como las tipificadas con los códigos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31, M32 y M42, quedan excluidas de estos beneficios. Estas infracciones están relacionadas con conductas peligrosas que afectan la seguridad vial y, por lo tanto, no son susceptibles a la reducción del pago.

¿Qué sucede con tus puntos al pagar tus multas de tránsito?

En Perú, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos asigna puntos negativos a los conductores según la gravedad de las infracciones de tránsito cometidas. Este sistema busca promover una conducción más responsable y mejorar la seguridad vial. Si un conductor acumula demasiados puntos negativos, puede enfrentar sanciones, que van desde la suspensión temporal de la licencia hasta la cancelación definitiva.

Es importante saber que pagar las multas no recupera los puntos negativos ya asignados. Estos puntos reflejan el comportamiento del conductor y permanecen en su historial, afectando su puntaje total. Sin embargo, el sistema ofrece incentivos a aquellos que mantienen un historial limpio: si un conductor no comete infracciones durante un periodo determinado, puede recibir bonificaciones de puntos, lo que ayuda a mejorar su puntaje y reduce el riesgo de sanciones más severas. Mantener un buen récord de conducción es clave para evitar consecuencias mayores.

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, anunció que las multas de tránsito no serán reactivadas este 1 de abril como estaba programado.

En conferencia de prensa, el alcalde dijo que la decisión obedece a la implementación de una campaña de concientización dirigida a motociclistas, con el objetivo de fomentar el uso responsable de este medio de transporte en el municipio.

El alcalde explicó que el aumento en el uso de motocicletas en Cuautitlán Izcalli ha sido significativo, lo que ha generado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, ya que explicó que muchos de los hechos violentos, que tengan que ver con homicidios o robo violento se hacen abordo de motocicletas, sumado al narcomenudeo.

Campaña de concientización

Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal llevará a cabo un ejercicio masivo de información en el que se darán a conocer normas de tránsito, medidas preventivas y recomendaciones para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

La campaña especial estará dirigida a todos los motociclistas del municipio e incluirá la distribución de material informativo, así como la realización de operativos en puntos estratégicos de Cuautitlán Izcalli. Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca reducir los incidentes viales y prevención del delito y fomentar una convivencia armónica entre todos los usuarios de la vía pública.

Como resultado de esta medida, la suspensión de infracciones se mantendrá hasta el 15 de abril, es decir, cuando el alcalde morenista cumpla los primeros 100 días de gobierno. A partir de esa fecha, las multas de tránsito serán reactivadas con normalidad en todo el municipio.

Cabe recordar que la suspensión de multas fue derivado por las constantes quejas ciudadanas sobre la corrupción de los elementos contra los automovilistas en avenidas principales, así como la autopista México-Querétaro, que es de responsabilidad estatal y federal.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las fechas y actividades de la campaña de concientización a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal. Además, exhortan a los motociclistas a participar activamente en estas iniciativas para mejorar la seguridad vial en Cuautitlán Izcalli.

Con esta decisión, el gobierno local reafirma su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y busca generar un impacto positivo en la movilidad del municipio. La reactivación de las multas a partir del 15 de abril marcará el inicio de una nueva etapa en la regulación del tránsito en Cuautitlán Izcalli.