La venta y circulación de motos eléctricas en el Perú crece rápidamente, pero la normativa no acompaña ese avance. Actualmente, estos vehículos necesitan placa y SOAT, pero no pueden ser inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) por la ausencia de un marco legal claro.

El consultor en transporte Gaetano Manfredi señaló que la falta de dispositivos legales y de una política integral ha generado un vacío que pone en riesgo tanto a conductores como a peatones.

“No ha habido por parte del Ministerio de Transporte ni por parte de Produce dispositivos legales. Una ley, por último un decreto de urgencia, hubiera podido paliar esta situación en donde se exigía a los importadores y a las fábricas que ensamblan esta moto generar un número de chasis, un número de motor eléctrico para poder homologarla y obviamente clasificarla”, afirmó Manfredi a Exitosa Noticias.

Advirtió que la clasificación de los vehículos es fundamental, ya que actualmente existen scooters que superan los 50 km/h y motos grandes que pueden alcanzar los 140 km/h, sin ningún tipo de control.

El especialista subrayó que la falta de identificación y homologación impide cualquier tipo de fiscalización. “No hay cómo identificar nada, porque no hay placa, no hay chasis, no hay homologación. Entonces, hablan de transporte sostenible. Yo he ido a varios eventos de transporte sostenible, pero acá el Estado es el gran ausente”, cuestionó.

Manfredi explicó que la ausencia de normas también genera confusión sobre las velocidades permitidas y el tipo de vía donde pueden circular estos vehículos.

“Las motos eléctricas pequeñas que tienen aro de ocho o nueve pulgadas no pueden andar a más de veinticinco kilómetros por hora porque no tienen la capacidad de frenado para andar a cincuenta kilómetros por hora, pero están andando en la vía reservada a bicicleta. Pretender que la moto eléctrica vaya en el carril vehicular normal también es peligroso”, advirtió.

Seguridad vial, infraestructura eléctrica y retos para el futuro

La falta de regulación impacta no solo en la formalización, sino también en la seguridad vial. Manfredi alertó que muchos usuarios de motos eléctricas y patines no usan casco porque consideran que no es obligatorio, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves.

“Un impacto a veinte o veinticinco kilómetros por hora tranquilamente puede ser fatal. Tenemos que pensar también en la seguridad”, insistió.

Otro tema crítico es la infraestructura de recarga. “Estamos poniendo a repentallo la seguridad de las personas, porque los motociclistas de motos eléctricas y de patines a veces no tienen casco... Además, necesitamos sistemas de recarga eléctrica. Esa moto se recarga en el enchufe de la casa, en el enchufe de la oficina”, explicó.

Sin embargo, la sobrecarga de los tomacorrientes puede provocar recalentamientos y hasta incendios. “He visto oficinas donde cargan tres motos en un enchufe. Este enchufe está diseñado para una carga de uno punto cinco kilovatios, cuatro kilovatios, y le están cargando ocho”, ilustró.

Manfredi recomendó instalar electrolineras y sistemas de recarga con cables de mayor sección y protección diferencial, además de consultar con empresas suministradoras de energía antes de adaptar la red eléctrica de edificios y condominios.

“Estos sistemas, estos wall box, estos sistemas electrolinera, es lo mejor que puede haber. Pero para poder alimentar una electrolinera, necesitas una línea de tensión, una línea de tensión diseñada para eso”, puntualizó.

Finalmente, el experto advirtió que el crecimiento del parque de vehículos eléctricos incrementará la demanda de electricidad, que hoy en día en Perú proviene en gran parte de fuentes térmicas.

Un juez de Nuevo México, Estados Unidos, ordenó a Meta (empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp) pagar una multa adicional de USD 567 millones en un caso sobre seguridad infantil y adicción en redes sociales.

Este monto se suma a los USD 375 millones impuestos en marzo de 2026 y eleva el total a USD 942 millones.

Andy Stone, portavoz de Meta, dijo que la empresa apelará la sentencia. En una declaración enviada por correo electrónico y recogida por TechCrunch, afirmó:

“Trabajamos duro para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar actores maliciosos y contenido dañino. Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en internet y continuaremos defendiéndonos de acusaciones que tergiversan los hechos”.

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, sostuvo que la empresa sabía desde hace años que sus plataformas perjudicaban a niños del estado. En una declaración citada por TechCrunch, acusó a Meta de anteponer la interacción y las ganancias a la seguridad de los menores.

Cuál es el origen de la sanción

La nueva decisión amplía la sanción impuesta en marzo dentro del mismo proceso. El fallo se refiere a daños atribuidos a las redes sociales y a patrones de adicción.

La orden judicial sostiene que un número significativo de personas en el estado sufre daños por los productos de Meta debido a riesgos de explotación sexual, interferencia con la educación y efectos adversos sobre la salud mental. El juez situó esos perjuicios en Nuevo México.

El magistrado reconoció que Meta no es la única plataforma vinculada a una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado. Aun así, concluyó que sus servicios tienen una participación importante.

El juez también sostuvo que la empresa causó un perjuicio público en Nuevo México y que debe corregirlo. Esa valoración forma parte de la base de la nueva orden.

Qué involucra la sanción

El tribunal ordenó además que la empresa cambie el funcionamiento de sus plataformas para usuarios menores de 18 años en ese estado.

La resolución exige ocultar el número de Me gusta, mostrar esa métrica a menores solo con autorización de un padre o tutor, pausar las notificaciones automáticas entre las 22:00 y las 7:00 y limitar el uso a 90 horas al mes.

La resolución llega después de otro revés judicial en Los Ángeles en marzo. En ese caso, un tribunal también falló contra la compañía por crear patrones adictivos.

Meta afronta además otros procesos en Estados Unidos. Entre ellos figura una demanda conjunta de 33 estados consolidada en un tribunal federal de Oakland, California, además de casos promovidos por otros estados, como Tennessee.

Según el fiscal estatal, el fallo obliga a la empresa a responder por los daños causados a niños, familias y escuelas en Nuevo México. También impone cambios en la forma en que Meta opera con menores en ese estado.

Medidas de Meta en sus redes sociales para la protección de menores

Meta ha aplicado distintas medidas de protección en Facebook e Instagram para reducir riesgos entre adolescentes.

Entre ellas, las Cuentas para Adolescentes, que activan por defecto perfiles privados y suman límites de interacción: control de mensajes para impedir contactos de desconocidos, bloqueos automáticos para que adultos sospechosos no puedan buscar ni vincularse con cuentas juveniles, y alertas dentro de los chats cuando detecta comportamientos inusuales.

También asegura que refuerza la moderación con filtros más estrictos para restringir contenidos sensibles, como publicaciones vinculadas a dietas extremas, autolesiones o material explícito, y herramientas específicas contra la desnudez, como el difuminado de imágenes íntimas en mensajes directos.

En paralelo, la empresa incorpora límites orientados a bajar la exposición y los estímulos: pausas de notificaciones en horario nocturno y topes de uso diario o mensual, en línea con exigencias regulatorias recientes.

Gloria Trevi obtuvo un fallo a su favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House, responsable del libro Todo a la luz, por el uso de fotografías de la cantante sin su autorización.

El IMPI ordenó suspender la comercialización de la obra mientras mantenga imágenes de Trevi sin su consentimiento. La publicación, editada bajo el sello Grijalbo y escrita por la activista Karla de la Cuesta, solo podrá volver al mercado si la editorial retira las fotografías cuestionadas o consigue la autorización expresa de la artista.

Además de la suspensión, el instituto impuso a Penguin Random House una multa de aproximadamente 540 mil pesos —equivalente a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— por la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor. La resolución advierte que la sanción podría incrementarse si la conducta infractora continuara.

El libro y su origen

Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad fue publicado en 2024 por Grijalbo. En sus 256 páginas, De la Cuesta —abogada y activista que se presenta como una de las víctimas del productor musical Sergio Andrade— describe manipulación, tortura, esclavitud y abusos presuntamente cometidos contra más de 40 adolescentes y jóvenes dentro del llamado clan Andrade.

Para la obra, la autora afirma haber tenido acceso al expediente judicial completo del caso, descrito como de casi una tonelada de fojas. El libro aborda el escándalo que involucró a Andrade, a Trevi y a Mary Boquitas, y que derivó en procesos judiciales que concluyeron con la absolución de las dos últimas, confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

El proceso legal: etapas y resoluciones

El litigio arrancó formalmente en 2024, cuando los representantes legales de Trevi solicitaron al IMPI medidas provisionales contra Penguin Random House por el uso de la imagen de la artista en la portada y en la campaña de promoción del libro.

Desde el inicio, la editorial y De la Cuesta sostuvieron que la cantante buscaba censurar la publicación. Trevi, por su parte, sostuvo que su objetivo era defender sus derechos de imagen, sin intención de impedir la libertad de expresión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo promovido por De la Cuesta y Penguin Random House contra esa medida provisional, y determinó que no existió censura previa por parte de la cantante. El mismo tribunal impuso a la editorial una multa superior a 500 mil pesos por haber continuado distribuyendo el libro a pesar de que la medida provisional ya lo prohibía.

La resolución del IMPI, emitida días después, acreditó la infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de la imagen de Trevi. El organismo otorgó a Penguin Random House un plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo ordenado y dispuso la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Juristas piden una revisión del caso

El fallo del IMPI encierra una contradicción que especialistas en derecho consideran problemática. Durante el proceso, el propio instituto había reconocido que el libro abordaba asuntos de interés público y que De la Cuesta actuaba como víctima y defensora de derechos humanos; con ese argumento, había levantado las restricciones iniciales sobre la venta de la obra.

La resolución final falló en sentido contrario sin explicar con claridad por qué cambió de postura dentro del mismo expediente. Para los juristas citados en el análisis del procedimiento I.M.C. 1477/2024, una autoridad del Estado no puede resolver un caso de una forma y luego hacerlo de otra sin dar razones sólidas, ya que eso afecta la seguridad jurídica: la certeza de que las reglas no cambian a mitad del proceso.

La preocupación va más allá de este caso. Si el criterio se consolida, cualquier periodista, escritor o documentalista que use el nombre o la imagen de una figura pública en la portada o promoción de una investigación podría enfrentar un procedimiento administrativo similar.

La sola posibilidad de multas y meses de litigio, advierten los especialistas, puede desalentar la publicación de obras sobre asuntos que la sociedad tiene derecho a conocer, aun cuando esas obras estén protegidas por la Constitución.

La distinción que marcó el fallo

Uno de los puntos que más debate generó fue si la resolución equivalía a prohibir el contenido del libro. El IMPI aclaró que el procedimiento no se concentró en lo que la obra narra, sino en si la imagen de Trevi fue utilizada sin autorización en un contexto de explotación comercial.

Según la resolución, la editorial no pudo demostrar que contara con el consentimiento de la artista para ese uso. El fallo no impide que el libro circule con otro diseño; la restricción aplica exclusivamente mientras mantenga el material gráfico cuestionado.

La reacción de Karla de la Cuesta

A través de un video publicado en su canal de YouTube, De la Cuesta expresó su desacuerdo con la resolución, aunque aclaró que Todo a la luz no señala a Trevi como culpable de delito alguno.

“Dicen que Gloria fue absuelta y sí, nosotros jamás en el libro hemos dicho que sigue presa o que fue condenada, es más, ni siquiera hemos dicho que es culpable”, afirmó la autora.

La agenda de Gloria Trevi en 2026

Mientras avanza en el frente legal, la artista mantiene una extensa actividad sobre los escenarios. En los primeros meses del año completó la gira La Fiesta, con fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en enero y febrero, en Puebla y en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

En mayo se presentó en el festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, y continuó con el Glow Tour en ciudades como Chihuahua, Morelia y Guadalajara.

Para la segunda mitad del año, la cantante tiene programado su Celebration Tour, que arranca el 25 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua y continúa el 26 en el Parque de la Industria de Guatemala. En octubre recorrerá Panamá —Arena Roberto Durán, el día 2— y Costa Rica —Parque Viva, los días 3 y 4—.

El recorrido también contempla una fecha europea: 24 de agosto en el Auditorio Starlite de Marbella, España. En México, la gira cierra con presentaciones en Tijuana el 10 de octubre, en el Auditorio Nacional el 24 de octubre y en Mérida el 11 de diciembre.

A partir de este 2 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) aplicará multas de S/ 550 a los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.

La sanción, codificada como G32 en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT), responde a la normativa que reserva estas vías exclusivas para bicicletas y vehículos de movilidad personal autorizados. El objetivo, según la autoridad, es reforzar el uso seguro de las ciclovías y reducir el riesgo para usuarios no motorizados.

La aplicación de las multas llega tras un periodo de orientación de 45 días a cargo de la Dirección de Tránsito de la PNP en Lima norte, centro y sur. Durante este tiempo, se informó a los conductores sobre la nueva disposición legal.

“La primera sanción que les corresponde es el circular por la ciclovía. La infracción es la G32 y equivale al 10% de la UIT, cuyo valor es S/ 550”, explicó Elliot Tarazona, presidente de la Asociación Automotriz del Perú.

Las motocicletas eléctricas, clasificadas como categoría L, deben circular por la pista igual que las motos convencionales y cumplir todos los requisitos legales para unidades motorizadas.

Entre ellos se incluye portar placa de rodaje, SOAT vigente, tarjeta de identificación vehicular y licencia de conducir categoría B-IIa si la velocidad de fabricación supera los 25 km/h.

Costo de infringir la norma puede superar los S/ 2.500

La multa de S/ 550 por invadir una ciclovía puede ser solo el comienzo de los problemas legales para los conductores de motos eléctricas. Si el conductor no cumple con otras obligaciones, como portar licencia o tener el SOAT vigente, las sanciones pueden acumularse. “El monto más alto es conducir un vehículo sin licencia de conducir, que equivale al 50% de la UIT, es decir, S/ 2,750”, detalló Tarazona.

Otras infracciones, como circular sin placa de rodaje o sin seguro obligatorio, generan multas equivalentes al 12% de la UIT (S/ 660) cada una. Además, el Reglamento Nacional de Tránsito autoriza a las autoridades a disponer el internamiento del vehículo cuando se detecte la falta de documentos obligatorios.

“Las sanciones no solo comprenden multas económicas, sino también el internamiento del vehículo en un depósito cuando corresponda”, señaló el presidente del gremio automotor.

El representante de la Asociación Automotriz del Perú reconoció que muchos propietarios no regularizaron su situación porque recibieron información errónea al momento de adquirir sus vehículos.

“Se les decía que eran vehículos de movilidad personal y que no requerían ninguno de esos documentos para circular. Ahí se originó todo este problema”, expresó.

Ante este contexto, la Asociación propuso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementar un proceso extraordinario que facilite la regularización de los propietarios, permitiendo tramitar matrícula, placa, SOAT y la licencia correspondiente.

Las ciclovías están destinadas únicamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal, como patinetas y vehículos autoequilibrados que no superen los 25 km/h y estén diseñados para una sola persona. Una licencia para conducir automóviles no habilita a manejar motocicletas eléctricas, advirtió el gremio.

La Ciudad de México cuenta ya con un nuevo delito específico para castigar el robo de datos personales y financieros a través de páginas, aplicaciones o mensajes falsos que simulan ser legítimos. La reforma, que adiciona el artículo 231 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, fue promulgada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

¿Qué castiga la nueva ley?

De acuerdo con el decreto, el nuevo artículo sanciona a quien, mediante engaño digital, cree o utilice:

• Mensajes falsos
• Páginas electrónicas apócrifas
• Dominios que simulan ser legítimos
• Aplicaciones fraudulentas
• Cualquier otra interfaz tecnológica engañosa

El objetivo de estas conductas, según el texto legal, es inducir a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio a la víctima.

¿Cuáles son las penas?

Quien cometa este delito enfrentará:

• De tres a seis años de prisión
• De 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de multa

Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima sea:

• Persona con discapacidad
• Persona mayor
• Persona menor de edad afectada por la comisión del delito

El proceso legislativo

El decreto fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura, el pasado 21 de mayo de 2026, con la firma de la Mesa Directiva integrada por el diputado Jesús Sesma Suárez como presidente, y las diputadas Cecilia Vadillo Obregón y Lizzette Salgado Viramontes como secretarias.

Posteriormente, la jefa de Gobierno promulgó el decreto el 21 de julio de 2026, junto con el secretario de Gobierno, César Arnulfo Cravioto Romero, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. La disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

La reforma se difunde en redes sociales

La noticia de la reforma comenzó a circular ampliamente en la red social X, luego de que el abogado Joel Gómez Treviño, conocido en la plataforma como @AbogadoDigital, compartiera el contenido íntegro del nuevo artículo, destacando que se trata de una tipificación específica del phishing como delito en la capital del país.

Un vacío legal que se cierra

Hasta antes de esta reforma, los casos de suplantación de sitios web o aplicaciones para robar información personal solían perseguirse mediante figuras penales más generales, como el fraude, lo que en ocasiones dificultaba su acreditación ante las autoridades.

Con la incorporación del artículo 231 Bis, la Ciudad de México se suma a las entidades del país que han comenzado a legislar de manera específica contra los delitos cibernéticos relacionados con el robo de identidad y datos financieros mediante medios digitales.

El Congreso de la Ciudad de México tipificó el phishing como delito autónomo en el Código Penal local, con penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 70,000 pesos para quien engañe digitalmente a una persona con el fin de obtener datos personales, financieros o contraseñas.

La reforma, publicada en la Gaceta Oficial este 22 de julio de 2026, entró en vigor este jueves 23 de julio y cierra un vacío legal que durante años obligó a encuadrar estos fraudes bajo figuras genéricas que dificultaban su persecución.

El nuevo artículo 231 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece que las multas van de 200 a 600 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con la UMA en 117.31 pesos diarios para 2026, el rango oscila entre 23,462 y 70,386 pesos. Las penas se incrementan hasta en una mitad —de 4.5 a 9 años de prisión como máximo— cuando la víctima sea una persona con discapacidad, adulta mayor o menor de edad.

El artículo 231 Bis sanciona el engaño digital en todas sus variantes

El texto del nuevo artículo abarca cualquier forma de suplantación tecnológica. Sanciona a quien, “mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio”.

La redacción cubre el phishing tradicional por correo electrónico, el smishing —mediante mensajes de texto— y el vishing, que opera vía llamadas telefónicas.

También incluye páginas clonadas, aplicaciones falsas y plataformas que imitan a instituciones bancarias, organismos gubernamentales o comercios electrónicos.

Hasta antes de esta reforma, los delincuentes que cometían phishing eran procesados bajo la figura genérica de fraude o, en algunos casos, delitos informáticos. Esa ambigüedad complicaba la acreditación del delito y no reflejaba la sofisticación técnica de las conductas.

México, segundo país más atacado en América Latina

El contexto que rodea la reforma refleja una escalada sostenida. México registró más de 14,000,000 de intentos de fraude digital en 2025, según datos del Banco de México y la CONDUSEF.

El país es el segundo mercado más atacado cibernéticamente en América Latina, solo detrás de Brasil.

De acuerdo con el análisis sobre phishing en México elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), 13,500,000 personas en el país han sido víctimas de esta modalidad. De ellas, 23.1% perdieron dinero, con una pérdida promedio de 8,750 pesos por persona. El 61.5% de las víctimas perdieron contraseñas y 38.5% perdieron datos personales como dirección, fotos o número de celular.

La CDMX concentra una parte desproporcionada del problema. Junto con el Estado de México y Jalisco, agrupa 45% de las denuncias por fraude en el país, según datos de TResearch International.

La Policía Cibernética advierte sobre técnicas cada vez más sofisticadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX alertó recientemente sobre una modalidad de phishing que emplea ventanas emergentes desarrolladas con tecnología Java para suplantar la interfaz de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

El fraude inicia con un enlace enviado por SMS, correo electrónico o redes sociales. Al abrirlo, el usuario llega a un sitio falso donde una ventana imita la apariencia oficial de la aplicación y solicita el código de autenticación.

Una vez que la víctima entrega el código, los delincuentes lo usan para registrar la cuenta en otro dispositivo y toman control total: acceden a conversaciones, información personal y contactos. La cuenta comprometida se convierte en herramienta para continuar el ciclo, contactando a los conocidos de la víctima para solicitar dinero o difundir nuevos enlaces fraudulentos.

La Policía Cibernética recomienda no compartir códigos de verificación ni contraseñas con nadie, aunque afirme representar a una empresa o plataforma digital; autenticarse únicamente desde aplicaciones y sitios oficiales; revisar con detalle la dirección URL antes de ingresar datos sensibles, y activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y demás aplicaciones que ofrezcan esa función.

El 21 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que sancionó a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun) y a cuatro personas naturales por restringir la libre competencia en el Puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Mediante un comunicado, la SIC informó que, mediante la resolución 50585 del 3 de julio de 2026, sancionó a la sociedad portuaria por implementar un conjunto de prácticas que restringieron la libre competencia en la prestación de servicios de operación de carga contenerizada, carga general y carga a granel al interior del Puerto de Buenaventura entre 2013 y 2025.

“Como resultado de la investigación, la entidad impuso las sanciones previstas en la ley y ordenó la adopción de medidas administrativas dirigidas a eliminar las conductas identificadas y restablecer condiciones efectivas de competencia en este mercado estratégico”, es parte del documento.

Sobre los detalles de la investigación, la SIC informó que se estableció que Sprbun aprovechó su doble condición de administradora de la infraestructura portuaria y compañía titular de la prestación de servicios de operación portuaria para favorecer sus propios servicios y limitar la capacidad de actuación de otros operadores en el puerto.

De acuerdo con la entidad, estas prácticas afectaron las condiciones de competencia en Buenaventura, perjudicando a los usuarios que contrataban el servicio de otras empresas por encima de los servicios ofrecidos por Sprbun.

Estas son las actuaciones del Sprbun con las que, según la SIC, se conformó un sistema destinado a restringir la competencia en el puerto:

• Carga contenerizada: limitó la participación de otros operadores; asumió de manera exclusiva determinados servicios requeridos para las inspecciones de las autoridades competentes; restringió la realización de movimientos verticales por terceros y limitó el otorgamiento de autorizaciones indispensables para su operación.

• Carga general: otorgó beneficios comerciales, consistentes en días libres de almacenamiento, condicionados a la contratación de los mismos servicios de SPRBUN o de ZELSA, empresa vinculada a esta, y creó obstáculos para la nominación de operadores mediante el sistema informático del puerto.

• Carga a granel: promovió condiciones favorables al principal operador independiente, entre ellas la realización de un proceso licitante cuya invitación incorporó una condición que propiciaba la terminación anticipada del concesionario saliente; impuso restricciones tecnológicas para el desarrollo de la operación y exigió el pesaje que generó costos adicionales sin justificación objetiva.

• Actuaciones transversales: asignó turnos de ingreso y salida de vehículos, programación de citas y aforos; otorgó ventajas competitivas a ZELSA y promovió modificaciones al contrato de concesión para incrementar su control sobre la operación portuaria.

Como consecuencia de los hechos señalados, la SIC impuso multas por más de 25.000 millones de pesos a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y cuatro personas naturales, cuya identidad aún se desconoce.

Además, la entidad informó que ha impartido órdenes administrativas para eliminar las prácticas mencionadas y poder retirar por completo los obstáculos que han sido denunciados por otras empresas que laboran en el puerto.

“Estas medidas buscan garantizar que la administración de la infraestructura portuaria se ejerza de manera compatible con los principios de libre competencia y en beneficio de los usuarios del servicio”, informó la SIC.

Cabe mencionar que la decisión no está firme, y que las partes podrán presentar un recurso de reposición para que la decisión final sea tomada por el Despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde la SIC pidieron que el despacho tenga en cuenta que, entre 2018 y 2021, cerca del 22% del comercio exterior colombiano transitó por el Puerto de Buenaventura, lo que evidencia la importancia de preservar mercados abiertos, transparentes y competitivos en este lugar.

Esta es la respuesta de los administradores del puerto

El 21 de julio, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun) se pronunció tras la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aclarando que el documento aún no se encuentra en firme.

La compañía afirmó que ha actuado siempre bajo el respeto a las autoridades competentes y ha mantenido una colaboración permanente y transparente con la SIC durante todo el proceso administrativo, destacando que ha ejercido su derecho a la defensa presentando argumentos y pruebas para demostrar que no ha violado el régimen legal de competencia.

La Sprbun indicó que utilizará los recursos legales disponibles, como el recurso de reposición, y que está dispuesta a acudir a instancias judiciales si es necesario. Además, señaló que la Superintendencia de Transporte, en una investigación sobre hechos similares, archivó el caso al no encontrar evidencia suficiente de prácticas sistemáticas para favorecer sus servicios o restringir el acceso a otros operadores. La compañía reiteró su compromiso de seguir colaborando con las autoridades y los actores del sector portuario, y de fortalecer su contribución al comercio exterior colombiano, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

La Justicia cerró la puerta al hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, en su intento por llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa de 274 millones de dólares que forma parte de la condena que se le impuso en la causa por la “ruta del dinero K”.

La Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible un recurso extraordinario de la defensa oficial, para que el máximo tribunal del país revise la decisión sobre el pago de la multa por lavado de dinero.

La sala IV del máximo tribunal penal federal del país confirmó ya la millonaria sanción impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, que juzgó y condenó a penas de prisión a los Báez y otros acusados. Se lo intimó a saldarla dentro de los diez días hábiles posteriores a la condena en 2025, en una decisión que ahora quedó firme.

La defensa del hijo mayor del dueño de “Austral Construcciones” buscaba que la Corte Suprema revise la sentencia que fijó la multa en u$s 274.364.333,45 o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial al momento del pago.

Los camaristas de Casación Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, fundamentaron su decisión en que los argumentos presentados no alcanzaron para habilitar la instancia extraordinaria ante el máximo tribunal del país.

La resolución remarcó que para acceder a la Corte es necesario demostrar que la decisión vulnera derechos federales en forma directa, algo que los magistrados consideraron ausente en la presentación de la defensa.

Condena y multa

La causa contra Martín Báez se inscribe en el marco de las investigaciones por lavado de activos en las que también resultaron condenados otros integrantes de la familia y exsocios del empresario patagónico.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, como parte de la condena a seis años y medio de prisión por lavado de dinero. El Tribunal lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que “hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa”. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida “viven los hijos menores de edad de Báez”.

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral pero luego Casación redujo la pena a seis años y seis meses. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios. Ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por “las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo”, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel unificados por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El expediente tomó notoriedad pública por las imágenes grabadas en la financiera SGI, ubicada en Puerto Madero y conocida como “La Rosadita”, en las que se observaba a varios de los involucrados contando grandes cantidades de dólares. La Justicia determinó que la estructura jurídica, bancaria y financiera montada por los acusados permitió lavar aproximadamente 55 millones de dólares.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 2 millones 36 mil 520 pesos e inhabilitó por 16 meses y 24 días a la empresa Bernabeu México, S.A. de C.V., luego de determinar que presentó información falsa durante un procedimiento de contratación relacionado con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Dos Bocas.

La dependencia informó que la sanción impide a la compañía participar, ya sea de manera directa o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal durante el periodo establecido.

La resolución fue notificada a la empresa el 9 de julio de 2026 y este 20 de julio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la medida entró en el ámbito público y quedó formalmente registrada.

Información falsa en licitación de ASIPONA Dos Bocas derivó en la sanción

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la empresa incurrió en irregularidades durante su participación en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-13-J2P-013J2P001-N-14-2025, convocada por la ASIPONA Dos Bocas.

El procedimiento tenía como objetivo contratar el Servicio Integral de Limpieza y Servicios Generales para edificios administrativos, áreas operativas, el Centro de Control de Tráfico Marítimo y espacios comunes del sistema portuario.

La investigación concluyó que Bernabeu México presentó 61 constancias de capacitación con las que buscó acreditar la experiencia del personal que prestaría el servicio, documentos que fueron considerados información falsa dentro del procedimiento de contratación.

¿Qué implica la sanción contra Bernabeu México?

Además del pago de la multa económica, la empresa fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, registro que concentra a personas físicas y morales impedidas para contratar con dependencias y entidades del Gobierno de México.

• La multa asciende a 2 millones 36 mil 520 pesos.
• La inhabilitación tendrá una duración de 16 meses y 24 días.
• La sanción deriva de la presentación de información falsa en una licitación pública.
• El procedimiento correspondía a un contrato para servicios de limpieza y mantenimiento en ASIPONA Dos Bocas.
• La empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrá participar en nuevas contrataciones federales durante el periodo establecido.

Empresa aún puede impugnar la resolución administrativa

La Secretaría precisó que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación vigente y tomando en cuenta criterios de proporcionalidad y la gravedad de la conducta detectada.

Asimismo, aclaró que Bernabeu México conserva el derecho de impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes.

En caso de que la empresa decida recurrir la sanción, la dependencia señaló que defenderá la legalidad de la resolución por considerar que fue emitida con apego al marco jurídico y en protección del interés público.

Buen Gobierno reafirma combate a la corrupción en compras públicas

Con este caso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que busca fortalecer los mecanismos de vigilancia en los procesos de contratación gubernamental y garantizar que las empresas participantes cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

La dependencia reiteró que las adquisiciones públicas deben desarrollarse bajo principios de legalidad, transparencia e integridad, por lo que la presentación de documentación falsa constituye una falta que puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

Finalmente, la autoridad enfatizó que las acciones emprendidas forman parte de su estrategia para proteger el correcto uso de los recursos públicos y asegurar condiciones de competencia equitativas entre los proveedores del Gobierno federal.

En ese sentido, subrayó que intentar obtener contratos mediante información falsa tiene consecuencias legales y administrativas, al tiempo que refrendó su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a prácticas que vulneren la transparencia en las compras públicas.

La disposición comprende el jirón Puno, la avenida Abancay y la av. Nicolás de Piérola, donde estos vehículos suelen concentrarse para el traslado y la venta de diversos productos.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, informó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que los operativos estarán a cargo del equipo de fiscalización en coordinación con la Gerencia Metropolitana. Según explicó, las intervenciones alcanzarán a las unidades que realizan comercio ambulatorio en espacios donde esta actividad no está permitida.

“El equipo de fiscalización de Lima, conjuntamente con la Gerencia Metropolitana, va a hacer la intervención de estas unidades que no tienen permitido hacer el comercio ambulatorio y que ya han puesto en riesgo la transitabilidad. Tenemos mucho tráfico producto de estos vehículos que no tienen permiso comercial para hacer ventas en la avenida”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que, además de la multa, las autoridades procederán con el internamiento del vehículo en el depósito municipal. Explicó que la unidad será devuelta únicamente después de que el propietario cumpla con el pago correspondiente de la infracción impuesta.

La decisión municipal ha generado preocupación entre los comerciantes que dependen de estos triciclos para trasladar y ofrecer sus productos en distintos puntos de la ciudad. Varios de ellos manifestaron que esta labor constituye su principal fuente de ingresos y que la aplicación de sanciones afectará directamente el sustento de sus familias.

“Lo que nosotros queremos solo es trabajar. No hacemos daño a nadie”, expresó uno de los vendedores consultados por el medio. Al ser preguntado sobre el impacto de la multa, respondió que los perjudica, aunque aseguró que necesitan continuar con su actividad porque de ella dependen para vivir.

Otra comerciante sostuvo que dejar de trabajar representa un problema para su alimentación diaria. “Si no trabajamos, ¿qué comemos?”, manifestó. También comentó que los operativos no son nuevos para quienes desarrollan esta actividad, ya que, según afirmó, con frecuencia son retirados de los lugares donde ofrecen sus productos.

Frente a la nueva disposición, algunos vendedores plantearon la posibilidad de una reubicación como alternativa para continuar desarrollando sus actividades sin afectar el tránsito. “Desde que nos coloquen un sitio para poder trabajar tranquilo, sin bulla, nosotros ya le agradecemos bastante si nos apoyan en algo”, señaló uno de los comerciantes.

La Municipalidad de Lima sostiene que la medida busca recuperar el orden en el Centro Histórico, facilitar el desplazamiento de vehículos y peatones, así como disminuir los riesgos derivados de la presencia de triciclos destinados al comercio ambulatorio en las principales arterias de la capital.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto para sancionar a la organización México Tiene Vida (MTV) con una multa de 113 mil 140 pesos, luego de acreditar la participación de 98 ministros de culto en diversas actividades relacionadas con su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

El proyecto fue aprobado por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, con el respaldo de las consejeras Rita Bell López y Frida Gómez Puga, mientras que el consejero Arturo Castillo, presidente de la comisión, emitió un voto en contra.

Además de la sanción económica, el documento establece que se dará vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que determine lo conducente en el ámbito de sus atribuciones.

Investigación confirmó la participación de ministros de culto

De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se comprobó que 98 personas registradas como ministros de culto participaron activamente en asambleas distritales y eventos de afiliación organizados por México Tiene Vida.

El expediente detalla que estas personas fueron identificadas con su nombre completo y número de registro ante la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se acreditó que ocho ministros colaboraron directamente en la recolección de afiliaciones, mientras que dos fueron electos como integrantes de la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización.

El documento aprobado señala que esta conducta vulnera el principio constitucional de laicidad, ya que la Constitución mexicana establece que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni intervenir en actividades partidistas.

Consejero Arturo Castillo votó en contra del proyecto

Durante la discusión del asunto, el consejero Arturo Castillo manifestó su desacuerdo con el proyecto al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar una participación gremial organizada de los ministros de culto que tuviera un impacto determinante en la validez de las asambleas realizadas por México Tiene Vida.

No obstante, la mayoría de los integrantes de la comisión concluyó que las pruebas recabadas sí eran suficientes para acreditar la infracción y respaldar la imposición de la multa.

El proyecto aún deberá ser analizado y votado por el Consejo General del INE, instancia que tendrá la última palabra sobre la sanción administrativa.

México Tiene Vida ya había perdido el registro como partido político

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, el Consejo General del INE resolvió negar el registro como partido político nacional a México Tiene Vida.

La decisión no solo se sustentó en la participación de ministros de culto, sino también en la recepción de recursos provenientes de un ente no autorizado, una irregularidad que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Actualmente, la organización mantiene una impugnación ante el Tribunal Electoral, por lo que las investigaciones y resoluciones del INE adquieren especial relevancia de cara a la sentencia definitiva que emitirá la autoridad jurisdiccional.

Denuncia también señalaba a otras organizaciones

La investigación inició tras una denuncia presentada por seis personas, quienes afirmaron que varias organizaciones en proceso de conformación como partidos políticos habían permitido la participación de ministros de culto.

En el escrito se señalaba que México Tiene Vida habría contado con la participación de mil 255 ministros de culto; Personas Sumando en 2025, con 878; Construyendo Sociedades de Paz, con mil 140; y Que Siga la Democracia, con mil seis.

Sin embargo, tras el análisis de las pruebas documentales, testimonios y registros oficiales, el INE únicamente pudo acreditar la participación activa de los ministros de culto en el caso de México Tiene Vida.

Respecto a Construyendo Sociedades de Paz, organización impulsada por integrantes vinculados a los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, la autoridad electoral únicamente detectó un caso de inscripción de un ministro de culto mediante una aplicación digital y no durante una asamblea, por lo que concluyó que este hecho no tuvo un impacto sustancial en el procedimiento de constitución.

Las celebraciones por Fiestas Patrias vienen acompañadas cada año por disposiciones municipales relacionadas con el uso de los símbolos nacionales. En varias jurisdicciones de Lima, las autoridades locales aprobaron normas que obligan a colocar la Bandera Nacional en viviendas, edificios, instituciones y establecimientos comerciales durante julio, como parte de las actividades por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

Las medidas no solo establecen la obligación de embanderar los inmuebles. También precisan la forma correcta de exhibir el símbolo patrio, el tipo de bandera que corresponde según el uso del predio y las sanciones aplicables frente al incumplimiento o al uso incorrecto de los emblemas nacionales.

Entre las dudas más frecuentes figura la posibilidad de recibir una multa de S/5.500. Sin embargo, las normas municipales aclaran que ese monto no corresponde simplemente por omitir la colocación de la bandera, sino por infracciones relacionadas con el uso indebido o la alteración del símbolo patrio.

Las ordenanzas y decretos de alcaldía publicados por diversas municipalidades detallan los distritos donde el embanderamiento resulta obligatorio durante este mes, además de precisar las condiciones que deben cumplir los vecinos y propietarios de inmuebles.

Distritos donde el embanderamiento es obligatorio

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el embanderamiento obligatorio del 15 al 31 de julio en todas las viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima. La norma establece que la bandera debe instalarse en la parte superior central del inmueble, sujeta mediante un asta. También precisa que las viviendas particulares deben colocar la Bandera Nacional sin escudo, mientras que el Pabellón Nacional con escudo corresponde únicamente a las entidades públicas.

La misma obligación también figura en normas emitidas por las municipalidades de Los Olivos, Independencia, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, Barranco, Jesús María y Magdalena del Mar. En todos estos distritos, los decretos de alcaldía disponen el embanderamiento de viviendas, instituciones públicas y privadas, además de establecimientos comerciales durante julio como parte de las celebraciones patrias.

Cuándo puede aplicarse una multa de S/5.500

La información difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima precisa que la sanción máxima de S/5.500 no corresponde por olvidar colocar la bandera. Ese monto puede aplicarse cuando existe uso indebido, alteración u ofensa contra el símbolo patrio, de acuerdo con la Ordenanza N.° 2200.

En cambio, la omisión del embanderamiento contempla sanciones menores. En el Cercado de Lima la multa alcanza los S/550, mientras que en el Centro Histórico asciende a S/1.375. El documento también indica que la sanción máxima está vinculada con infracciones más graves relacionadas con el tratamiento de la bandera.

Las disposiciones municipales establecen que la bandera debe permanecer limpia y en buen estado de conservación. Colocar una bandera rota, deshilachada, sucia o deteriorada constituye una infracción que puede recibir sanciones económicas, según las reglas vigentes en los distritos que aprobaron el embanderamiento obligatorio. Las normas también diferencian el tipo de emblema que corresponde según el inmueble. En viviendas particulares únicamente debe utilizarse la Bandera Nacional sin escudo. El Pabellón Nacional con escudo queda reservado para las instituciones del Estado, criterio que figura en las disposiciones municipales y en la Ley N.° 32251 citada por la Municipalidad de Jesús María.

Diferencias entre las sanciones según cada jurisdicción

Los decretos municipales indican que el monto por incumplir el embanderamiento depende de cada jurisdicción, debido a que las infracciones se calculan como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En varios distritos, las multas básicas por no colocar la bandera rondan el 10 % de la UIT, equivalente a aproximadamente S/550.

El documento también señala que la obligación alcanza a viviendas particulares, edificios multifamiliares, instituciones privadas y establecimientos comerciales. Asimismo, recuerda que la bandera debe ubicarse correctamente, mantenerse limpia y respetar las disposiciones sobre el uso del símbolo patrio establecidas por las autoridades municipales.

Desde el 15 hasta el 31 de julio, los propietarios deberán exhibir la bandera nacional conforme a las disposiciones vigentes. Las autoridades municipales también anunciaron un proceso de fiscalización que incluirá acciones informativas antes de la aplicación de sanciones económicas en los casos que correspondan.

La disposición busca que los inmuebles participen de las celebraciones por el 205.º aniversario de la independencia del Perú mediante la exhibición correcta del principal símbolo patrio. Para ello, los municipios recordaron que la bandera debe cumplir determinadas condiciones relacionadas con su conservación y ubicación.

En ese contexto, las autoridades exhortaron a los vecinos y comerciantes a revisar las normas de sus respectivas jurisdicciones antes del inicio de los operativos, debido a que cada municipalidad puede establecer requisitos específicos para el embanderamiento durante el mes de julio.

• No colocar la bandera en el Centro Histórico: S/ 1.375.
• Uso indebido o irrespetuoso de la bandera: Hasta S/ 5.500
• No colocar la bandera en el resto del Cercado de Lima: S/ 550.

Fiscalización comenzará desde el 15 de julio

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que desde el 15 hasta el 31 de julio resultará obligatorio colocar la bandera nacional en viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados dentro de su jurisdicción. Antes de la imposición de multas, el municipio indicó que desarrollará acciones de fiscalización progresiva e iniciativas informativas para orientar a la población sobre el cumplimiento de la norma.

La obligación alcanza a los distritos de Cercado de Lima, Los Olivos, Independencia, San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco, Jesús María y Magdalena del Mar, donde las respectivas ordenanzas establecen el embanderamiento obligatorio durante las celebraciones patrias.

Un recorrido difundido por ATV mostró que, a pocos días del inicio de la fiscalización, el nivel de cumplimiento todavía resultaba reducido en varias calles del Cercado de Lima. Según el informe, únicamente una vivienda exhibía correctamente la bandera nacional, mientras la mayoría de inmuebles todavía no cumplía con la disposición municipal.

• La bandera nacional debe instalarse obligatoriamente en la parte superior y central de la fachada del inmueble, asegurada firmemente mediante un asta de madera o metal. 
• No está permitido colgarla directamente de las ventanas, amarrarla a las rejas o sujetarla con elementos improvisados que alteren su caída natural.
• El estado físico del símbolo patrio es sumamente vigilado: debe encontrarse completamente limpia, libre de roturas, deshilachados o decoloración por efectos del sol. 

Multas varían según la ubicación y la infracción

Las sanciones económicas dependerán tanto de la ubicación del inmueble como del tipo de incumplimiento detectado por los fiscalizadores. En el resto del Cercado de Lima, la multa por no colocar la bandera asciende a S/ 550.

Para los predios ubicados dentro del Centro Histórico de Lima, la penalidad llega a S/ 1.375 debido a la normativa especial vigente en esa zona de la capital.

La municipalidad también advirtió sobre una infracción considerada de mayor gravedad. El uso inadecuado del símbolo patrio puede recibir sanciones superiores a S/ 5.500 cuando la bandera presente deterioro, roturas, suciedad, decoloración, alteraciones en su diseño oficial o cualquier utilización ofensiva contemplada por la normativa vigente.

Requisitos para evitar observaciones durante la inspección

Las autoridades recordaron que la bandera nacional debe encontrarse limpia, sin roturas y sin signos de desgaste. Además, corresponde instalarla en la parte superior central de la fachada del inmueble y sujetarla mediante un asta.

Otro aspecto precisado durante la información difundida por ATV corresponde al modelo que debe utilizarse en propiedades privadas. En viviendas y establecimientos comerciales únicamente corresponde colocar la bandera nacional con los colores rojo y blanco, sin escudo.

El pabellón nacional con escudo permanece reservado para las entidades públicas, por lo que su utilización no constituye un requisito para los inmuebles particulares incluidos en la campaña de embanderamiento.

La obligación depende de las ordenanzas municipales

Las autoridades recordaron que el embanderamiento obligatorio no se aplica automáticamente en todos los distritos de Lima. Cada municipalidad posee la facultad de emitir sus propias ordenanzas relacionadas con esta disposición durante el mes de julio.

Por ese motivo, los vecinos deben consultar las normas vigentes en sus respectivos distritos para verificar las fechas establecidas, los requisitos técnicos y las posibles sanciones económicas previstas por cada administración municipal.

En las jurisdicciones donde la obligación ya se encuentra vigente, los municipios reiteraron que las campañas informativas continuarán antes de la aplicación de multas, con el objetivo de orientar a los propietarios sobre la correcta colocación y conservación de la bandera nacional durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Símbolos patrios

El Tribunal Constitucional y la propia Carta Magna de 1993 establecen con total claridad que los únicos tres símbolos patrios del Perú con carácter oficial son la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional. Estos emblemas de la identidad peruana, diseñados para unificar a la nación y rendir homenaje a su historia de libertad, representan el legado histórico de la independencia y la riqueza de nuestro territorio. Cualquier otro elemento tradicional que se utilice de manera popular, por más arraigado que esté en las festividades de julio, queda fuera de esta categoría jurídica y constitucional.

Un caso emblemático de esta distinción es la escarapela del Perú, un accesorio de color rojo y blanco que millones de ciudadanos lucen con orgullo en el pecho durante las Fiestas Patrias. Aunque es un elemento profundamente arraigado en la cultura local, la legislación vigente determina que no posee la categoría de símbolo patrio, sino que se clasifica únicamente como un distintivo nacional. Este matiz legal, lejos de restar valor al fervor cívico de la población, ayuda a preservar la jerarquía de las insignias oficiales que representan formalmente al Estado peruano ante el mundo.

Desde cuándo se estila poner la bandera peruana por Fiestas Patrias

La costumbre de colocar la bandera en los hogares peruanos durante julio se remonta a los albores de la vida republicana en el siglo XIX. Tras la histórica declaración de la independencia por el general José de San Martín el 28 de julio de 1821, la joven nación adoptó rápidamente el embanderamiento como una manifestación espontánea de patriotismo y un acto de afirmación soberana frente al saliente dominio español. Con los años, lo que inició como un festejo popular y voluntario en las fachadas y balcones de Lima se extendió al resto del país, consolidándose como una de las tradiciones cívicas más representativas del mes patrio.

Este arraigo cultural se formalizó legalmente a mediados del siglo XX. En 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría, se promulgó el Decreto Ley 11323, el cual estableció el marco normativo para el uso de los símbolos patrios y reguló el izamiento de la bandera nacional. Posteriormente, la Ley 15253 de 1964 determinó la obligatoriedad de su uso del 27 al 30 de julio en todos los edificios particulares. En la actualidad, son las diversas municipalidades distritales las encargadas de emitir ordenanzas que regulan y exigen el embanderamiento general, aplicando multas a quienes no cumplan con lucir la bicolor en buen estado en el frontis de sus viviendas.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el financiamiento de la asociación México Tiene Vida, organización impulsada por grupos conservadores de Nuevo León que buscó obtener el registro como partido político nacional.

La resolución representa un nuevo revés para la organización, ya que fortalece los argumentos utilizados por el INE para negarle el registro partidista y sienta un precedente sobre la ilegalidad de las aportaciones que recibió durante su proceso de conformación.

Aunque todavía está pendiente otra sentencia del TEPJF relacionada con el registro definitivo de la asociación, la decisión emitida por la Sala Superior refuerza la postura de la autoridad electoral respecto al incumplimiento de las reglas de financiamiento establecidas en la legislación mexicana.

TEPJF avala multa de más de medio millón de pesos

Los magistrados confirmaron la multa de 565 mil 700 pesos impuesta por el INE a México Tiene Vida por aceptar aportaciones en efectivo provenientes de una persona impedida por la normativa electoral.

De acuerdo con la investigación de la autoridad electoral, la organización recibió 779 mil pesos mediante donaciones cuya procedencia presentaba irregularidades, por lo que el INE determinó que la asociación incumplió con la obligación de rechazar esos recursos.

El proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata concluyó que los argumentos presentados por la organización eran infundados y que la resolución del Instituto Nacional Electoral estaba debidamente sustentada.

Detectan depósitos vinculados con una empresa mercantil

Uno de los elementos que resultó determinante para confirmar la sanción fue el análisis financiero realizado por el INE.

Las investigaciones revelaron que una persona física, identificada como Vanessa Fernández Torres, recibió 50 depósitos bancarios provenientes de la empresa Construcciones Alcalá entre agosto y diciembre de 2025.

Posteriormente, esos recursos fueron entregados a México Tiene Vida mediante diversas aportaciones económicas.

En total, la simpatizante aportó alrededor de dos millones de pesos a la organización durante el proceso para obtener su registro como partido político.

La legislación electoral prohíbe que empresas mercantiles financien actividades partidistas o de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos, por lo que la autoridad consideró que existían elementos suficientes para sancionar a la asociación.

Continúan investigaciones sobre el origen del dinero

Además de confirmar la multa económica, la Sala Superior determinó que el INE deberá continuar con el procedimiento oficioso para investigar el origen y destino de los recursos utilizados por México Tiene Vida.

Las autoridades buscan determinar si existieron otras fuentes de financiamiento prohibidas o posibles irregularidades adicionales relacionadas con la obtención de recursos.

Durante el proceso, la asociación intentó acreditar que sus simpatizantes contaban con la capacidad económica suficiente para realizar las aportaciones efectuadas.

Sin embargo, los magistrados coincidieron con el criterio del INE al señalar que la documentación presentada fue entregada fuera de los plazos legales establecidos, por lo que no podía ser considerada como prueba válida para desvirtuar las observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora.

Otro intento de crear un partido también fue rechazado

En la misma sesión, la Sala Superior resolvió otro caso relacionado con el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

Se trató de la asociación Interacción y Empatía para Todos, A.C., la cual impugnó la negativa del INE para obtener su registro.

La organización únicamente logró afiliar a ocho personas, muy lejos de las 256 mil 030 afiliaciones requeridas por la legislación electoral para constituirse como partido político nacional.

Pese a ello, argumentó que el Instituto Nacional Electoral nunca le informó sobre los requisitos incumplidos.

Los magistrados rechazaron dicho planteamiento y confirmaron que la autoridad electoral actuó conforme a derecho al negar el registro.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la organización ciudadana México Tiene Vida, que buscó obtener su registro como partido político nacional.

Entre las determinaciones ratificadas destaca una multa de 565,700 pesos por recibir recursos de una empresa mercantil a través de una simpatizante, además de validar el inicio de investigaciones para esclarecer el origen de diversas aportaciones.

Con esta resolución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral respaldó, en lo impugnado, el acuerdo del Consejo General del INE sobre las irregularidades detectadas durante la fiscalización correspondiente al periodo de enero de 2025 a febrero de 2026.

Asimismo, desechó una segunda demanda presentada por la organización por preclusión y una impugnación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por carecer de una firma válida.

Tribunal respalda multa por recursos de origen prohibido

El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y aprobado por la mayoría del Pleno, determinó que el INE acreditó correctamente que la organización no rechazó una aportación proveniente de una empresa mercantil, lo cual está expresamente prohibido para las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos.

Los magistrados consideraron que la autoridad electoral sustentó su decisión mediante una valoración integral de las pruebas, entre ellas la coincidencia entre montos y fechas de diversos depósitos.

Además, reiteraron que corresponde a las organizaciones demostrar el origen lícito de los recursos que reciben durante su proceso de registro.

También se confirmó el inicio de procedimientos oficiosos para verificar el origen de otras aportaciones, al considerar que estas investigaciones únicamente buscan esclarecer el origen de los recursos y no generan, por sí mismas, una afectación jurídica para la organización.

¿De qué se acusa a México Tiene Vida?

Entre las irregularidades detectadas por el INE y que derivaron en sanciones o en la negativa de su registro como partido político se encuentran:

• Recibir una aportación de una empresa mercantil mediante una simpatizante.
• Presuntas irregularidades en el origen y destino de recursos durante su proceso de fiscalización.
• Simulación de miles de afiliaciones mediante fotografías alteradas y copias de credenciales para votar.
• Intento de soborno a una funcionaria del INE para validar una asamblea sin el quórum requerido.
• Participación de ministros de culto en procesos de afiliación y asambleas, lo que contraviene la legislación electoral.

El PRI y el PVEM tampoco obtuvieron un fallo favorable

Durante el análisis, la Sala Superior también resolvió los recursos promovidos por el PRI y el PVEM.

En el caso del partido tricolor, los magistrados calificaron como infundados e inoperantes sus argumentos, al considerar que confundía el procedimiento de fiscalización con el proceso para otorgar o negar el registro como partido político nacional.

El Tribunal explicó que la revisión únicamente se centró en las sanciones derivadas de la fiscalización y no podía traducirse automáticamente en un pronunciamiento sobre la negativa del registro.

Respecto al PVEM, la demanda fue desechada debido a que no cumplía con el requisito de una firma válida.

México Tiene Vida ya había perdido su registro como partido político nacional

La resolución del TEPJF ocurre semanas después de que el Consejo General del INE negara el registro nacional a México Tiene Vida, pese a que inicialmente había cumplido con los requisitos mínimos de afiliaciones y asambleas.

Sin embargo, la autoridad electoral concluyó que la organización incurrió en diversas irregularidades durante el proceso, entre ellas anomalías en la afiliación de ciudadanos, participación de ministros de culto, manipulación de documentos y faltas relacionadas con el financiamiento.

Como resultado, el INE impuso sanciones económicas que, en conjunto, superan los 2.5 millones de pesos, siendo la organización con la multa más alta entre las agrupaciones que aspiraban a convertirse en partidos políticos nacionales.

La resolución mantiene vigentes tanto la multa de 565,700 pesos relacionada con el financiamiento indebido como las investigaciones para verificar otras aportaciones, mientras que las sanciones y la negativa de registro previamente determinadas por el INE continúan surtiendo efectos.

El 20 de julio, el juez federal Brian Cogan dictará sentencia a Ismael “El Mayo” Zambada en Brooklyn. Ese día quedará asentado formalmente el decomiso de 15,000 millones de dólares que la fiscalía de Estados Unidos reclama al cofundador del Cártel de Sinaloa, acordado desde su declaración de culpabilidad en agosto de 2025 y ratificado en el escrito de sentencia presentado el 13 de julio de 2026.

Es la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano, y supera en 2,400 millones de dólares lo que se le ordenó pagar a su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Para dimensionar el monto: según el listado 2026 de Forbes México, esa cantidad ubicaría a Zambada entre las cuatro fortunas más grandes del país.

Carlos Slim Helú encabeza el ranking con 125,000 millones de dólares, seguido de Germán Larrea Mota Velasco con 67,100 millones y Alejandro Baillères Gual con 19,500 millones.

Zambada, con 15,000 millones, quedaría por debajo de los tres primeros pero por encima de María Asunción Aramburuzabala, cuya fortuna se estima en 9,300 millones de dólares.

Cómo se calcula la cifra y por qué casi nunca se cobra

Los 15,000 millones de dólares no corresponden a una cuenta bancaria ni a bienes confiscados. Son una estimación judicial construida a partir del volumen de drogas traficadas, el valor de mercado de esas sustancias, los bienes identificados, el flujo de dinero lavado y la información aportada durante la investigación.

El escrito de sentencia de la fiscalía, firmado por el fiscal del Distrito Este de Nueva York Joseph Nocella Jr., explica que la cifra es mayor que la impuesta a El Chapo porque refleja dos períodos distintos: el liderazgo conjunto de Zambada y Guzmán, y el período adicional en que Zambada dirigió el cártel en solitario tras la captura de su exsocio en 2016.

Bajo su mando en solitario, el Cártel de Sinaloa distribuyó al menos 1,500,000 kilos de cocaína, además de heroína y fentanilo, generando miles de millones de dólares anuales en ganancias.

Para entender la escala de esas operaciones: en su época de mayor expansión, el cártel llegó a recibir de noche hasta 15 o 20 aviones cargados cada uno con entre 1,000 y 1,500 kilos de cocaína procedentes de Colombia. Esas alianzas se construyeron primero con el Cártel de Medellín y posteriormente con otros cárteles colombianos. El cártel también fue pionero en el uso de trenes y túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para expandir el volumen y los tipos de droga distribuida, según el escrito de sentencia de la fiscalía.

La violencia fue el otro instrumento de esa expansión. Apenas meses antes de su arresto, en mayo de 2024, Zambada ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Antrax”, por cobrar deudas en su nombre sin autorización. Lo encontraron muerto en un auto a la orilla de la carretera en Culiacán, Sinaloa. En noviembre de 2023 había ordenado violencia en represalia por el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína en Tijuana, lo que resultó en al menos tres asesinatos, según el mismo documento.

Especialistas en justicia financiera advierten que en la mayoría de los casos el gobierno estadounidense no logra recuperar más que una fracción de estos montos en efectivo o bienes. No existe fecha límite para cubrir la totalidad del decomiso y, en la práctica, funciona como una sanción simbólica que respalda acciones de confiscación de activos en todo el mundo.

El propio Zambada reconoció durante su declaración de culpabilidad en agosto de 2025 haber traficado al menos 1,500,000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y haber mantenido durante décadas una estructura de corrupción que incluyó sobornos a autoridades policiacas, militares y políticas en México.

El ranking de las mayores multas a capos mexicanos

La cifra reclamada a Zambada, de confirmarse, encabezará una lista de sanciones económicas que las cortes estadounidenses han impuesto a líderes del narcotráfico mexicano en los últimos años.

Joaquín “El Chapo” Guzmán ocupa el segundo lugar. En julio de 2019, fue condenado a cadena perpetua más 30 años y recibió una orden de decomiso de 12,600 millones de dólares por la Corte del Distrito Este de Nueva York. El monto reflejaba las ganancias del cártel bajo su liderazgo conjunto con Zambada.

El Chapo figuró en la lista de multimillonarios de Forbes durante cuatro años consecutivos, de 2009 a 2012, con una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares en su mejor posición, en 2009. La revista lo retiró de la lista en 2013 por falta de certeza sobre la procedencia y destino de su riqueza.

Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue condenado en marzo de 2025 en la Corte del Distrito de Columbia a cadena perpetua más 30 años adicionales, con un decomiso y multa superior a los 6,000 millones de dólares por concepto de reparación de daños.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado en octubre de 2024 a 38 años de prisión en Nueva York con una multa de 2,000,000 de dólares tras ser encontrado culpable de narcotráfico y corrupción vinculada al Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, se declaró culpable en julio de 2025 ante una corte federal de Chicago y aceptó el decomiso de 80,000,000 de dólares, la cifra más baja del ranking pero la que llegó acompañada de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses.

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y quien habría orquestado la captura de Zambada, acordó en diciembre de 2025 el pago de 80,000,000 de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad ante una corte federal. El Departamento de Justicia explicó que el monto “representa ganancias atribuibles a sus delitos”.

Guzmán López también reconoció haber traficado al menos 36 kilos de fentanilo, 90 de heroína, 450 de cocaína, 45 de metanfetamina y 90,000 de mariguana. Su sentencia está programada para el 31 de agosto de 2026.

Lo que la cifra no puede recuperar

El decomiso de 15,000 millones de dólares que enfrentará Zambada el 20 de julio no tiene equivalente en bienes localizados. Las autoridades estadounidenses han identificado propiedades, cuentas y activos vinculados al capo a lo largo de décadas de investigación, pero la brecha entre lo reclamado y lo recuperable es, en todos los casos de esta lista, enorme.

En el ranking global actualizado de Forbes, la cifra de 15,000 millones de dólares coloca a Zambada a la altura de James Dyson y Shahid Khan, ambos en la posición 193 del listado mundial.

Dyson construyó su fortuna fabricando aspiradoras en el Reino Unido; Khan, con equipos deportivos y autopartes en Estados Unidos. Los tres comparten, en el papel, el mismo orden de magnitud de riqueza.

La sentencia formal del juez Cogan está programada para el 20 de julio de 2026.

Las nuevas reglas en WhatsApp están cambiando la manera en que los administradores de canales deben manejar el contenido y las colaboraciones comerciales. En medio del auge de los canales y la influencia digital, la frontera entre una recomendación genuina y una publicación pagada se ha vuelto difusa.

Lo que muchos no saben es que, hoy, no marcar adecuadamente una alianza comercial puede traer consecuencias legales y económicas serias, incluyendo multas.

En tiempos donde la transparencia digital es una exigencia de los reguladores y los usuarios, WhatsApp ha comenzado a implementar herramientas para que los administradores de canales cumplan con la ley y mantengan la confianza de sus seguidores. Si gestionas un canal, hay reglas que no puedes ignorar y omitirlas puede salir caro.

La obligación de marcar el contenido comercial

Reguladores en Estados Unidos, Europa y América Latina han endurecido las normas sobre la divulgación de contenido patrocinado en redes sociales. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, por ejemplo, obliga a que cualquier publicación pagada sea claramente identificable, y plataformas como X (antes Twitter) y ahora WhatsApp, ofrecen etiquetas específicas para estas alianzas.

Hasta hace poco, los administradores de canales en WhatsApp solo podían aclarar manualmente si una actualización era patrocinada, añadiendo una nota en el mensaje. Pero ahora, con las últimas actualizaciones para Android e iOS, WhatsApp ha lanzado una función que permite etiquetar con claridad cualquier colaboración comercial. Esta medida busca acabar con la ambigüedad y proteger tanto a los usuarios como a los creadores.

Cómo funciona la etiqueta de alianza pagada en WhatsApp

De acuerdo con información de WABetaInfo, activar la etiqueta es sencillo: solo tienes que mantener presionada la actualización del canal y seleccionar “Agregar alianza pagada” en el menú contextual.

Al hacerlo, la publicación mostrará de inmediato una marca visible para todos los seguidores, sin importar si usan Android, iOS o la versión web/escritorio. Esta etiqueta no se puede quitar una vez aplicada, garantizando que la información comercial quede expuesta de forma permanente.

Desde cuándo estará disponible la nueva opción de WhatsApp

La opción se está implementando gradualmente, por lo que puede que aún no esté disponible en todas las cuentas, pero su despliegue continuará en las próximas semanas.

La llegada de la etiqueta de alianza pagada responde a una necesidad urgente de transparencia. Los canales pueden alcanzar audiencias masivas y muchos seguidores confían en el criterio personal de sus administradores. Si una recomendación es, en realidad, un acuerdo comercial, no etiquetarla constituye una forma de publicidad engañosa.

Qué sucede si no divulgas una alianza pagada

Incumplir con la obligación de marcar las publicaciones patrocinadas puede generar consecuencias legales. En varios países, los reguladores consideran que el contenido comercial no revelado es publicidad engañosa y pueden imponer multas, iniciar investigaciones e incluso sancionar a los responsables.

Además del riesgo económico y legal, el golpe reputacional puede ser determinante: los seguidores pueden sentirse traicionados y abandonar el canal, afectando la influencia y el alcance del administrador.

El auge de los canales en WhatsApp ha ampliado la influencia de los administradores, pero también ha puesto bajo la lupa sus responsabilidades. Las leyes avanzan y las plataformas se adaptan: hoy, no marcar un contenido pagado puede traducirse en multas o sanciones que afectan tanto a grandes creadores como a administradores de pequeños canales.

Si eres administrador de canal en WhatsApp, no basta con generar contenido atractivo: ahora, la transparencia y el cumplimiento de las reglas marcan la diferencia entre crecer con confianza o exponerte a sanciones. Marca siempre tus alianzas comerciales y mantente al día con las normativas para evitar multas y cuidar tu reputación digital.

El Municipio de Panamá podrá inmovilizar temporalmente vehículos que obstruyan aceras, servidumbres públicas, áreas verdes, vías municipales y otros espacios de dominio público municipal, tras la promulgación del Acuerdo No. 184 de 23 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial.

La medida busca proteger la libre circulación peatonal, la accesibilidad universal y el uso adecuado del espacio público en el distrito capital.

La nueva normativa autoriza el uso de dispositivos de inmovilización vehicular, conocidos popularmente como “botas”, para impedir o dificultar gravemente que un auto pueda desplazarse cuando esté ocupando indebidamente áreas públicas.

El acuerdo define estos equipos como cualquier artefacto mecánico instalado o anclado temporalmente a un vehículo, sin importar su fuente de energía, y establece que solo podrán ser retirados por la autoridad competente después del pago correspondiente.

El reglamento deja claro que no se trata de una multa de tránsito, sino de una medida administrativa preventiva, temporal y correctiva. Su objetivo es recuperar el uso del dominio público municipal cuando un vehículo impida o perturbe el paso peatonal, afecte la accesibilidad o invada áreas destinadas al uso colectivo.

La norma tampoco sustituye las competencias de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que podrá actuar si al mismo tiempo se configura una infracción.

La inmovilización procederá cuando el vehículo, sin autorización municipal, limite, impida u obstruya el tránsito peatonal o el uso adecuado de espacios bajo dominio público.

El acuerdo precisa varios supuestos: cuando el auto impida total o parcialmente el paso peatonal, obligue al peatón a caminar sobre la calle, interrumpa accesos para personas con discapacidad u ocupe rampas, cruces peatonales, franjas podotáctiles, isletas o áreas verdes.

La razón de fondo es evidente: en la ciudad de Panamá, el estacionamiento sobre aceras y servidumbres se volvió una práctica tolerada durante años, con un costo directo para peatones, adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios del transporte público.

La normativa parte de la premisa de que el espacio público es un bien de uso colectivo y que su aprovechamiento debe prevalecer sobre el interés particular.

El procedimiento también quedó regulado. Antes de instalar el dispositivo, la autoridad municipal deberá documentar la actuación mediante fotografía, videograbación u otro medio idóneo; identificar las características visibles del vehículo; colocar la inmovilizadora; dejar constancia de fecha, hora, lugar y funcionario actuante; y ubicar un aviso visible sobre el auto con el motivo de la medida, instrucciones para solicitar la remoción y medios de contacto.

El acuerdo establece una tasa de $75.00 por el retiro del dispositivo de inmovilización vehicular. La norma es explícita en que ese monto corresponde exclusivamente al costo administrativo y operativo de colocación, control, custodia y remoción del equipo, y que no constituye multa ni sanción de tránsito.

Sobre si el conductor deberá pagar los $75.00 del dispositivo y además los $10.00 de la infracción de tránsito por vehículo mal estacionado, el acuerdo municipal no lo dice de forma expresa. Lo que sí establece es que la medida municipal no impide ni limita la actuación de la ATTT.

Por tanto, la lectura correcta es que son figuras distintas: el Municipio cobra una tasa por retirar el inmovilizador, mientras que la ATTT podría imponer la infracción No. 64, que tiene un costo de $10.00 y resta 2 puntos a la licencia.

Una vez verificado el pago de los derechos correspondientes, el Municipio deberá retirar el dispositivo en un plazo razonable que no podrá ser superior a seis horas. El propietario del vehículo también podrá presentar un recurso de reconsideración dentro de los cinco días hábiles siguientes a la remoción del inmovilizador.

La normativa además advierte que destruir, alterar, sustraer, dañar o retirar sin autorización el dispositivo obligará a resarcir al Municipio de Panamá por los daños o perjuicios causados, sin perjuicio de acciones administrativas, civiles o penales. En otras palabras: arrancar la “bota” puede salir bastante más caro que pagarla.

Un juez de Control con sede en Ensenada, Baja California, y otro con sede en la Ciudad de México vincularon a proceso a dos exservidores públicos —uno adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y otro al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que investigaciones administrativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectaron incrementos injustificables en sus patrimonios.

Ambos casos fueron denunciados por la SABG ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de investigar y perseguir los delitos federales. La FGR integró las carpetas de investigación correspondientes y solicitó a los jueces de Control la vinculación a proceso de cada exservidor público.

En conjunto, los dos exfuncionarios habrían acumulado más de 13 millones 769 mil pesos sin justificación durante periodos que van de 2010 a 2017, aunque los casos no tienen relación.

Exsubdirector del CICESE habría incrementado su patrimonio en 7.2 millones de pesos

La investigación sobre Ramón “N”, exsubdirector adscrito al CICESE, se centró en la evolución y verificación de su patrimonio durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017.

A lo largo de ese lapso de cinco años, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó un incremento injustificable de 7 millones 268 mil 750 pesos.

Con base en esos hallazgos, la dependencia presentó denuncia penal ante la FGR. En el marco de la investigación inicial, el juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincular a proceso al exsubdirector por el hecho que la ley señala como delito de enriquecimiento ilícito. El comunicado no precisó qué medidas cautelares le fueron impuestas.

Exjefe de departamento del IMSS enfrentará cargos por 6.5 millones de pesos sin justificar

El caso de Armando “N”, exjefe de departamento en el IMSS, también derivó de una investigación administrativa enfocada en la evolución y verificación de su patrimonio.

La Secretaría detectó un incremento injustificable de 6 millones 500 mil 496 pesos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017, un lapso de más de siete años.

La dependencia presentó denuncia penal ante la FGR y el Juez de Control con sede en la Ciudad de México resolvió vincularlo a proceso por enriquecimiento ilícito. A diferencia del caso del CICESE, las autoridades informaron que el juez le impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad responsable.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que ambas personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable, y que el proceso se conducirá con estricto apego a la ley, aportando los elementos y pruebas que resulten pertinentes.

Tribunal inhabilita hasta por 20 años a dos funcionarios del Infotec por faltas administrativas graves

En un tercer frente de acción, la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría acreditó que servidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en faltas administrativas catalogadas como graves.

Los hechos estuvieron relacionados con el abuso de funciones para la asignación de recursos financieros.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones a dos personas:

Hilda “M”, directora adjunta de Administración del Infotec, recibió inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos.

Por otra parte, Carlos “R”, gerente de Consultoría de Negocio de la misma institución, fue inhabilitado por 20 años —el doble que su compañera— y recibió una sanción económica por el mismo monto: 10 millones 909 mil 784 pesos.

Ambos tienen derecho a impugnar las resoluciones. La Secretaría advirtió que, de hacerlo, defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos.

Cabe señalar que los casos del CICESE y el IMSS corresponden a procesos penales presentados ante la FGR por enriquecimiento ilícito, delito que se persigue en la vía judicial. Mientras que las sanciones impuestas a los funcionarios del Infotec, en cambio, son de naturaleza administrativa, instancia que no juzga delitos sino faltas cometidas en el ejercicio del servicio público, y cuyas resoluciones se traducen en inhabilitación y sanciones económicas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 4 millones 872 mil 441 pesos contra cinco organizaciones ciudadanas que buscaban registro como Partido Político Nacional, tras detectar irregularidades en sus informes de ingresos y egresos durante el proceso de fiscalización.

Las cinco organizaciones sancionadas y los montos

El Dictamen Consolidado aprobado por el Consejo General establece las siguientes sanciones:

• Construyendo Sociedades de Paz, A.C.: 421 mil 626.66 pesos
• Que Siga la Democracia: 1 millón 553 mil 864.76 pesos
• México Tiene Vida, A.C.: 2 millones 568 mil 391.14 pesos
• Personas Sumando en 2025, A.C.: 327 mil 427 pesos
• Interacción y Empatía para Todos A.C.: 1 mil 131 pesos

El seguimiento fue posible gracias a los informes mensuales de ingresos y gastos recibidos entre abril de 2025 y abril de 2026, que permitieron documentar las conductas irregulares.

¿Qué irregularidades detectó el INE?

Las autoridades electorales identificaron distintos tipos de faltas entre las organizaciones fiscalizadas:

Donativos opacos y sin respaldo económico. México Tiene Vida, A.C. recibió donaciones en efectivo por 779 mil pesos de una persona que, según la indagatoria, carecía de capacidad económica para realizarlas.

Pago por asistencia a asambleas. Que Siga la Democracia fue sancionada por entregar dinero a ciudadanos a cambio de su presencia en una asamblea celebrada en un estado del país.

Concentración de financiamiento familiar. En el caso de Personas Sumando en 2025, el 33.3% de sus ingresos provino de una sola familia que encabeza una asociación civil dedicada al otorgamiento de becas.

Acarreo y dádivas en asambleas. El INE acreditó que Construyendo Sociedades de Paz ofreció y entregó dádivas durante una Asamblea Distrital celebrada el 10 de agosto de 2025 en el decimosexto Distrito Electoral Federal, con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco.

Uso indebido de siglas en 276 asambleas

Una de las irregularidades más extendidas involucró también a Construyendo Sociedades de Paz: el organismo electoral determinó el uso indebido de las siglas CSP en al menos 276 asambleas realizadas para cumplir con los requisitos de registro, lo que “pudo generar confusión en la ciudadanía”, señaló el INE.

Requerimientos a dependencias financieras

En paralelo al proceso sancionador, el INE informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió mil 891 requerimientos de información, de los cuales el 53% fue atendido en un plazo de uno a dos días. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 142 solicitudes: 135 fueron atendidas, aunque 55 de forma extemporánea y siete permanecen sin respuesta. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no recibió requerimientos durante el presente año.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la multa de USD 219.491.466,76 que el Tribunal Oral Federal 4 impuso al abogado de Austral Construcciones, Jorge Oscar Chueco, como parte de la condena en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

El fallo avaló la resolución del tribunal que, a fines de 2025, intimó a Chueco a abonar una suma cuatro veces superior al monto calculado como parte del dinero lavado, es decir, USD 54.872.866,69, convertidos a moneda nacional al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Central de la República Argentina vigente al momento del pago.

La defensa pública oficial impugnó el monto porque consideró que vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, teniendo en cuenta que Chueco no fue el único responsable del hecho.

También cuestionó que la multa se calcule según la cotización del dólar del día de pago, a la vez que solicitó que se tome como base el monto en pesos ingresado a las cuentas de Austral Construcciones S.A. tras la liquidación de bonos en el mercado local.

Los votos

El juez Javier Carbajo opinó que debía rechazarse el planteo porque la defensa no logró demostrar una falta de fundamentación en el método elegido por el juez de ejecución ni una afectación concreta de las garantías constitucionales.

Por su lado, el camarista Gustavo Hornos sostuvo que la defensa intentó reabrir aspectos ya definidos de manera definitiva en la condena y subrayó la importancia del principio de cosa juzgada como garantía de estabilidad y seguridad jurídica.

En tanto, el juez Mariano Borinsky respaldó el método de cálculo para la conversión de la cifra de dólares a pesos, por ser compatible con la necesidad de evitar la depreciación de la sanción pecuniaria.

Antecedentes

El planteo se originó en una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, que en diciembre de 2025 fijó el monto de la multa que Chueco debía pagar una suma equivalente a USD 219.491.466,76, convertida a pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago.

El principal condenado en ese expediente es Lázaro Báez, empresario de la construcción de Santa Cruz y fundador del grupo Austral, quien durante años fue uno de los mayores contratistas de obra pública en esa provincia.

La investigación sobre la ruta del dinero K comprobó maniobras financieras que permitieron transferir al menos USD 55 millones al exterior mediante sociedades vinculadas al entorno de Báez.

La sentencia fue revisada en 2023 por la Cámara Federal de Casación, que confirmó las responsabilidades penales pero redujo varias penas. En ese fallo, la condena de Báez quedó en 10 años de prisión y la de Chueco en seis años.

Durante el juicio oral, Chueco sostuvo que su tarea se limitó al asesoramiento y que desconocía el origen ilícito del dinero. Además, afirmó que su vínculo con Báez se inició a través del contador Daniel Pérez Gadín.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible una nueva apelación en la que uno de los hijos del empresario, Martin Báez buscaba suspender el decomiso de sus bienes. En su planteo, señaló que se incluyeron propiedades adquiridas con anterioridad a los hechos por los que fue condenado.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta como parte de la condena por lavado de dinero, en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y que hasta el día de hoy está impaga.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que un tercer magistrado, Mariano Borinsky, se pronunció en disidencia parcial.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, que asciende a más de 274 millones de dólares como parte de la condena a seis años y medio de prisión por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Pago en cuotas

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida viven los hijos menores de edad de Báez.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara rechazó esos argumentos. El juez Carbajo sostuvo que la multa “se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo que deberá hacerse efectivo sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado”. Por su parte, Hornos analizó que el planteo de Báez es “prematuro” porque no se rechazó en forma definitiva la posibilidad de pagar en cuotas sino que se postergó considerarlo a una etapa futura del trámite de ejecución de la multa “supeditada al resultado de la intimación de pago y al cauce legal previsto para la satisfacción de la pena pecuniaria”.

El juez Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular lo actuado y devolver el caso al tribunal de origen. Según su criterio, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio oral avanzó sin analizar previamente la alternativa de pago en cuotas solicitada por la defensa, lo que implicó un “déficit en el trámite” y una falta de fundamentación.

La condena

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral pero luego Casación redujo la pena a seis años y seis meses. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios. El hijo mayor del empresario Lázaro Báez ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre, dueño de “Austral Construcciones”, también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La investigación judicial por la “ruta del dinero” que llevaron adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financiero que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones inmobiliarias. Se determinó que todo tuvo como objetivo dar apariencia legal a más de 55 millones de dólares.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 14 de junio que 39 personas servidoras públicas fueron sancionadas por faltas graves y no graves detectadas en dependencias federales, con castigos que van de amonestaciones y suspensiones a inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias; de acuerdo con la propia dependencia, en los casos graves las resoluciones las impuso el TFJA y en los no graves actuó la Secretaría conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El castigo económico más alto corresponde a cuatro exfuncionarios de la CFE, quienes recibieron una multa solidaria por 1 mil 192 millones 500 mil pesos e inhabilitaciones de 10 y 20 años. La sanción deriva de la contratación, en 2017, de la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.

En el mismo bloque de faltas graves, el SAT registró un caso por la emisión fuera de plazo de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por ISR, IVA, recargos y multas en Quintana Roo durante 2018. La dependencia precisó que la sanción fue una suspensión de 90 días para Rubén D., adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”.

El TFJA impuso inhabilitaciones de hasta 20 años por faltas graves

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó en la CFE a Roberto V., de CFE Distribución; Alberto M., del Laboratorio de Equipos y Materiales; y José Q., de CFE Suministrador de Servicios Básicos, con inhabilitación por 20 años. Francisco D., de la Dirección Corporativa de Operaciones, recibió inhabilitación por 10 años.

En el IMSS, José R., del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, fue inhabilitado por 10 años por obtener un beneficio económico de 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería en 2020. Guadalupe H., del órgano desconcentrado en Celaya, Guanajuato, fue inhabilitada por un año por exigir y obtener 15 mil pesos fuera de su remuneración ese mismo año.

La SEP concentró otro expediente grave: Francisco O., del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, recibió inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 82 mil pesos por recibir un doble pago en 2021, uno por plaza de estructura de 130 mil pesos y otro por honorarios de 286 mil pesos.

En SHCP-INDAABIN, Carlos M., de la Administración Región Golfo Centro, fue inhabilitado por ocho años y sancionado con 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a su cuenta personal por ese mismo monto y no devolver un vehículo en 2019. En el Banco del Bienestar, Esmeralda O., de la sucursal de Villahermosa, Tabasco, recibió 10 años de inhabilitación y multa de 62 mil pesos por hacer una conciliación con información no verídica en 2023.

La Secretaría también informó sanciones en sucursales de Banco del Bienestar en Oaxaca. Verónica G., de Ayoquezco de Aldama, fue inhabilitada por siete años y multada con 50 mil pesos por realizar retiros sin consentimiento de los titulares de cuentas de 2020 a 2022, mientras que Ana J., de la misma sucursal, recibió 10 años de inhabilitación y una multa de 22 mil pesos por retiros por 21 mil pesos, además de otra inhabilitación de ocho meses y sanción de 15 mil pesos por retiros del mismo monto entre 2019 y 2022.

En La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo, Saira H., de la Gerencia de Ingeniería, fue inhabilitada por un año; Álvaro M., de la Gerencia General, y Noel M., de la Gerencia de Ingeniería, fueron suspendidos seis meses. La Secretaría señaló que las sanciones derivan de autorizar el pago de una estimación por 10 millones de pesos pese a que dos insumos no se recibieron a tiempo en 2019.

El SAT también sancionó a Carlos G., de la Administración de Recursos y Servicios en Celaya, Guanajuato, con 30 días de suspensión y multa de 25 mil pesos por celebrar un contrato por 200 mil pesos sin autorización presupuestal en 2019. Patricia C., de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Campeche, recibió 30 días de suspensión por actualizar contraseñas de contribuyentes sin soporte documental en 2020.

La Secretaría castigó faltas no graves en IMSS, Guardia Nacional, Pemex y otras dependencias

En las faltas no graves, la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una inhabilitación de un año a Vianet A., de la Unidad de Medicina Familiar de Tepic, Nayarit, por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un menor, lo que influyó en su fallecimiento en 2021. José B., de la Unidad de Medicina Familiar 33 en Culiacán, Sinaloa, fue suspendido 10 días por brindar un tratamiento inadecuado al diagnóstico de un paciente terminal en 2022.

El IMSS también registró una amonestación pública para Blas C., del Hospital General Regional 58 en León, Guanajuato, por expedir una incapacidad sin efectuar los registros correspondientes en 2023, y otra para Rodolfo B., de Servicios Administrativos en Campeche, por no realizar el acta entrega al concluir su cargo en 2024.

En Guardia Nacional, Enrique C., Jorge V., César T., Sujey G., Jovany H., José M. y Carlos G., todos adscritos a la Jefatura General de Coordinación Policial, recibieron suspensión de 30 días por proporcionar constancias de estudios sin validez en evaluaciones de permanencia y/o transición de licencia oficial colectiva para portación de armas de fuego en 2024.

La dependencia también reportó sanciones en Cultura, Procuraduría Agraria y Pemex. Alejandro R., de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, fue inhabilitado seis meses por no resguardar documentación de obra pública en 2023 y 2024; Armando J., de la residencia de la Procuraduría Agraria en Tamazunchale, fue inhabilitado tres meses por agredir a un ciudadano en un núcleo agrario en 2023; y Nishma R., de la Subgerencia de Confiabilidad de Equipos y Procesos de Pemex, fue suspendida 30 días por incumplir reiteradamente con su horario laboral en 2025.

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Sergio M., de la Estación de Combustibles México, fue suspendido seis días por provocar un derrame de 2 mil 679 litros de combustible en 2025. Y otras sanciones

Con el objetivo de evitar falsos inspectores, así como extorsiones y simulaciones en diferentes negocios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue habilitado un canal de comunicación directa que tiene como función atender denuncias por las irregularidades mencionadas.

En un comunicado compartido el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR) se establece que la medida busca evitar abusos y proteger a los comerciantes formales.

Además, el reporte destaca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no realiza inspecciones aleatorias ni tampoco clausura establecimientos, sino que las revisiones suceden cuando hay una solicitud de las partes afectadas.

“La transmisión pública de contenidos deportivos y el uso de marcas debe realizarse conforme a la normatividad aplicable y con las licencias correspondientes”, es parte de los compartido por la CONCANACO SERVYTUR.

De igual manera, el comunicado añade que que ningún funcionario puede solicitar pagos, transferencias, efectivo, o incluso acuerdos informales.

Cómo identificar a los revisores oficiales

Antes de que sea realizada una inspección, los establecimientos deben corroborar que las acciones son realizadas por elementos del IMPI, es decir, personal con gafete oficial, con camisa y chaleco institucional con los logotipos de la Secretaría de Economía y del IMPI.

Por su parte, CONCANACO SERVYTUR recibirán reportes de establecimientos afectados a través de sus cámaras confederadas en el país e integrantes, los cuales serán canalizados con el equipo del Director General del IMPI.

Es por ello que invitaron a presentar denuncias ante intentos de extorsión, amenazas de clausura, cobros irregulares o revisiones simuladas.

“El Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para México. Queremos que la derrama llegue a los negocios familiares: restaurantes, hoteles, comercios y servicios turísticos que todos los días generan empleo. Pero esa oportunidad no puede verse empañada por extorsiones, simulaciones o personas que usen indebidamente el nombre de una autoridad”, es parte del posicionamiento de las instituciones.

Finalmente, la Confederación pidió a los dueños de los derechos a generar esquemas con los que haya licencias y precios accesibles para las empresas de nivel micro, pequeñas y medianas con el objetivo de que sean participes en la economía mundialista.

Negocios cerraron poco antes del Mundial: IMPI va por negocios grandes

Por su parte, información compartida por la agencia EFE señalan que, poco antes del inicio de la justa mundialista, establecimientos de comida y bebida ubicados sobre Paseo de la Reforma, en la capital del país,, desmantelaron carteles, imágenes y cualquier elemento alusivo al torneo por temor a sanciones

Lo anterior debido a que el IMPI notificó a los negocios que el Gobierno de México prohíbe el uso de marcas, símbolos, logotipos y frases de la FIFA, así como la transmisión de los partidos sin contar con un permiso que acredite una señal autorizada para uso comercial.

“El Mundial ni siquiera parece Mundial en México, todo está prohibido. Los clientes nos preguntan si se va a transmitir, qué va a pasar, pero al final del día no parece que estemos en un evento tan masivo", afirmó Laura, gerente de una cadena de comida.

Y es que los reportes indican que Las penas económicas contempladas alcanzan las 250.000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a unos 28 millones de pesos, según informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Ciudad de México.

Ante este escenario, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, declaró a medios de comunicación que no existirá una “idea persecutoria” hacia los pequeños establecimientos y que los verificadores del instituto concentrarán su atención en “negocios grandes”.

La Cámara Federal de Casación rechazó este martes un planteo del financista Fabián Virgilio Rossi, uno de los condenados en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, y confirmó que sigue vigente la multa millonaria que le fue impuesta por el delito de lavado de activos. La decisión, en rigor, impide que el ex apoderado de la financiera SGI, apodada “La Rosadita”, obtenga la extinción de una sanción económica que el Tribunal Oral Federal N° 4 fijó en el equivalente a USD 164,6 millones.

La resolución fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país. El voto que abrió el acuerdo fue redactado por el juez Javier Carbajo y recibió la adhesión de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes coincidieron en que el planteo de la defensa carecía de fundamentos suficientes para habilitar una nueva revisión del caso.

El conflicto se originó durante la etapa de ejecución de la condena. En diciembre de 2025, el juez encargado de controlar el cumplimiento de la pena rechazó un pedido de prescripción formulado por Rossi y, además, determinó el monto de la multa en una suma equivalente a 164.618.600 dólares estadounidenses, a pagar en pesos según la cotización oficial del dólar vendedor del Banco Central vigente al momento de su cancelación.

El condenado, de 61 años, cumple actualmente una pena de cuatro años y seis meses de prisión en la cárcel federal de Marcos Paz. La condena le fue impuesta por su participación en las maniobras de lavado de activos investigadas en la Ruta del Dinero K, donde la Justicia determinó la existencia de una estructura destinada a canalizar y reinsertar en el circuito formal más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

Según la sentencia, el ex apoderado de SGI participó de operaciones desarrolladas desde la financiera ubicada en Puerto Madero que permitieron movilizar fondos provenientes del entramado investigado y reintroducirlos en el sistema económico formal.

La investigación tuvo como principal condenado al empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena de diez años de cárcel. También resultaron condenados, entre otros, su hijo Martín Báez, Jorge Chueco, Rodolfo Pérez Gadín y Leonardo Fariña.

En febrero de 2023, la propia Sala IV de la Casación revisó parcialmente el fallo condenatorio y fijó para Rossi una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa equivalente a tres veces el monto de la operación atribuida. Esa condena quedó firme el 29 de mayo del año pasado, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible la última queja presentada por su defensa.

La estrategia defensiva se apoyó en que la sanción económica nunca había sido específicamente cuestionada en las sucesivas instancias recursivas. A partir de esa premisa, sostuvo que la multa había adquirido firmeza en marzo de 2023 y que, al haber transcurrido más de dos años, correspondía declarar su prescripción conforme al artículo 65 inciso 4 del Código Penal.

También argumentó que las penas de prisión y multa debían analizarse por separado a los fines del cómputo de los plazos de prescripción, por tratarse de respuestas punitivas distintas.

La postura fue rechazada por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostuvieron que Rossi continuó impugnando la condena en su totalidad mediante recursos extraordinarios y posteriores presentaciones ante el Máximo Tribunal. Según señalaron, ello impedía considerar firme la multa de manera autónoma.

Al resolver la cuestión, el juez de ejecución destacó que la propia defensa había solicitado ante la Corte la absolución de Rossi y, de manera subsidiaria, una reducción de la pena. Para el magistrado, esa circunstancia demostraba que la condena seguía siendo objeto de discusión y que no podía afirmarse que la sanción económica hubiera sido consentida.

A la hora de analizar la admisibilidad del recurso de casación, el juez Carbajo consideró que el fallo cuestionado se encontraba debidamente fundado y que la defensa del financista no había logrado demostrar ningún error capaz de justificar la apertura de una nueva instancia de revisión.

“Advierto que el magistrado interviniente evaluó las particularidades de la causa y concluyó adecuadamente (...) que no correspondía hacer lugar a la prescripción de la pena de multa. En efecto, el juez se expidió fundadamente, explicando por qué motivos correspondía desestimar la posición de la defensa de Fabián Virgilio Rossi, según la cual la pena de multa habría quedado firme tras el fenecimiento del plazo para impugnar la sentencia de Reg. N° 125/23 dictada por este Tribunal", sostuvo el camarista que inició el acuerdo.

También afirmó que los agravios de la defensa “no pasan de ser la expresión de su particular punto de vista, ineptos para remover las razones” que sustentaron la decisión recurrida.

El juez Borinsky, en tanto, recordó que “la condena de Fabián Virgilio Rossi (...) adquirió firmeza el día 29/05/2025 con motivo de lo resuelto al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En esa línea, agregó que “cualquier interpretación en orden al cómputo del plazo de prescripción de la pena de multa en cuestión, no puede tener favorable acogida”.

Hornos, por su parte, coincidió en que la firmeza de la condena quedó definida con la intervención del máximo tribunal y sostuvo que “no puede prosperar ninguna interpretación relativa al cómputo del plazo de prescripción de la pena de multa involucrada en autos”.

Así, la Sala IV declaró inadmisible el recurso de la defensa y confirmó que la multa millonaria impuesta a Rossi en la causa por lavado de dinero continúa plenamente vigente.

Más de 7 millones de electores no participaron en la primera vuelta de las Elecciones 2026 a escala nacional, informó Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estos ciudadanos, por distintas razones, no acudieron a las urnas en el proceso anterior y ahora deberán atender el trámite correspondiente si buscan regularizar su situación electoral.

En medio del avance del conteo y la revisión de actas a cargo de la ONPE, el funcionario precisó que, por el momento, todavía no es posible establecer una cifra exacta de omisos en esta nueva jornada electoral. Según explicó, el organismo electoral sigue procesando la información de mesa y el cierre definitivo dependerá de la actualización de actas que continúe desarrollándose en las próximas horas. Mientras tanto, el JNE ya habilitó desde las 00:00 horas de este domingo la recepción de solicitudes para la dispensa y justificación de quienes no asistieron a votar el 7 de junio.

Cómo se tramita la dispensa y quiénes pueden solicitarla

Grillo detalló que el procedimiento se realiza principalmente de manera virtual, aunque también existe una vía presencial de forma excepcional. En esa línea, explicó que hay dos tipos de solicitudes: una es la que presenta directamente el ciudadano que no votó y la otra corresponde a las instituciones que remiten la relación del personal que no pudo acudir a sufragar por cumplir labores específicas durante la jornada electoral.

Entre los casos mencionados figuran los trabajadores de salud, personal del INPE y quienes integran el propio sistema electoral. Estos grupos, señaló el funcionario, también pueden acceder a la solicitud de dispensa o justificación si acreditan que su ausencia en las urnas respondió a obligaciones relacionadas con su función. El trámite, por tanto, no está pensado solo para el votante común, sino también para quienes estuvieron impedidos de participar por motivos laborales vinculados a servicios esenciales o a la organización del proceso.

Grillo también aclaró que los peruanos en el exterior no generan multa cuando la dirección consignada en su DNI corresponde al país de residencia y, además, figuran en el padrón electoral administrado por el consulado. Sin embargo, precisó que esa excepción no aplica para quienes se encuentran fuera del territorio nacional de manera temporal, como en el caso de un viaje. En ese escenario, advirtió, la regla es distinta y la ausencia no queda exonerada automáticamente.

¿Cuáles son las multas por no votar y qué pasa con los miembros de mesa que incumplen?

El voto es obligatorio en el Perú para los ciudadanos mayores de 18 años, por lo que quienes no participaron en la segunda vuelta electoral están sujetos a una sanción económica. El monto varía según la condición socioeconómica del distrito registrado en el DNI del elector, clasificación que se basa en los criterios establecidos por el INEI. Para este 2026, la multa asciende a S/110 para quienes residen en distritos no pobres, S/55 para los ubicados en distritos pobres no extremos y S/27,50 para los que pertenecen a zonas catalogadas como de extrema pobreza.

Las autoridades electorales también han advertido que las sanciones pueden acumularse. Esto significa que los ciudadanos que no acudieron a votar en la primera vuelta y tampoco lo hicieron en la segunda deberán cancelar ambas multas para regularizar su situación. El sistema electoral contempla además una penalidad mayor para quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplieron con la función asignada durante la jornada electoral.

En ese caso, la multa alcanza los S/275, equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Esta sanción se suma a la multa por omisión al sufragio. Por ejemplo, un miembro de mesa que reside en un distrito no pobre y no acudió a votar podría acumular una deuda total de S/385. Asimismo, mantener multas electorales pendientes puede generar restricciones para realizar determinados trámites administrativos, documentarios y financieros hasta que la deuda sea cancelada.

A menos de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió que bares, restaurantes y otros establecimientos podrían enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos, además de posibles clausuras temporales, si utilizan sin autorización marcas oficiales de la FIFA o realizan transmisiones que incumplan las disposiciones de propiedad intelectual del torneo.

La medida forma parte de las acciones de protección impulsadas por la FIFA, que busca resguardar más de 340 marcas registradas relacionadas con la justa mundialista. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México.

¿Por qué el IMPI podría sancionar a negocios durante el Mundial 2026?

De acuerdo con el IMPI, las sanciones están relacionadas con el uso comercial no autorizado de elementos protegidos por la FIFA, entre ellos nombres, logotipos, frases, mascotas e imágenes oficiales vinculadas al Mundial.

Las multas podrían alcanzar hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 29 millones de pesos. Además, las autoridades contemplan la clausura temporal de establecimientos por hasta 90 días en caso de incumplimiento.

Entre las acciones que podrían derivar en sanciones se encuentran:

• Cobrar una cuota de acceso para que los clientes vean los partidos.
• Organizar promociones utilizando marcas oficiales de la FIFA.
• Utilizar logotipos, mascotas o imágenes oficiales sin autorización.
• Anunciarse como establecimiento oficial o patrocinador del Mundial sin contar con permiso.
• Proyectar encuentros mediante transmisiones piratas o no autorizadas.

Las autoridades prevén reforzar las labores de vigilancia durante el desarrollo del torneo para detectar posibles infracciones relacionadas con la propiedad intelectual.

¿Qué sí podrán hacer los negocios durante la Copa del Mundo?

El IMPI aclaró que los establecimientos sí podrán aprovechar el ambiente futbolístico generado por el Mundial 2026 siempre que no utilicen marcas registradas de la FIFA.

Los comercios podrán decorar sus espacios con elementos genéricos relacionados con el futbol, como balones, banderas de selecciones participantes o siluetas de jugadores, siempre que no reproduzcan la identidad oficial del torneo.

Asimismo, podrán utilizar frases de uso común como “Apoya a tu selección”, “Vive la pasión del futbol” o “Fiebre futbolera”, ya que no forman parte de las marcas protegidas por la FIFA.

La autoridad recordó que cualquier uso comercial de logotipos, mascotas, imágenes o marcas oficiales requerirá autorización previa para evitar sanciones durante la celebración del Mundial 2026.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso una multa total de 19.9 millones de pesos a Rappi y Grupo Financiero Banorte por realizar una concentración sin autorización previa de la autoridad reguladora en México.

De acuerdo con la resolución difundida este domingo, ambas compañías concretaron una operación desde el 20 de julio de 2020, mediante la cual Banorte obtuvo facultades para intervenir en decisiones relacionadas con el negocio de tarjetas de crédito de Rappi, sin esperar el análisis ni el visto bueno oficial de la CNA.

La autoridad explicó que este tipo de procedimientos forman parte del llamado “control previo de concentraciones”, un mecanismo que busca prevenir posibles riesgos a la competencia económica antes de que una operación empresarial genere efectos difíciles de revertir en el mercado.

¿Por qué la CNA sancionó la concentración entre Rappi y Banorte?

La Comisión detalló que la legislación mexicana obliga a determinadas empresas a notificar operaciones corporativas que impliquen influencia, participación o capacidad de decisión sobre otros negocios, especialmente en sectores considerados estratégicos, como el financiero y el tecnológico.

Según el organismo, omitir este procedimiento puede afectar directamente variables como precios, calidad de servicios y opciones disponibles para consumidores y empresas.

La CNA subrayó que cumplir con este requisito no representa una formalidad administrativa opcional, sino una obligación legal aplicable para todas las compañías que participan en procesos de fusión, adquisición o alianzas estratégicas.

Puntos clave del caso

• La operación entre ambas empresas ocurrió el 20 de julio de 2020.
• Banorte obtuvo capacidad de intervenir en decisiones del negocio crediticio de Rappi.
• La transacción no fue autorizada previamente por la CNA.
• La multa total asciende a 19.9 millones de pesos.
• Las compañías aún pueden impugnar la resolución ante tribunales especializados.

RappiCard y el crecimiento de los servicios financieros digitales en México

La alianza entre Rappi y Banorte dio origen a RappiCard, una tarjeta de crédito lanzada oficialmente en 2021 bajo la sociedad denominada “Tarjetas del Futuro”.

El producto fue presentado como una tarjeta Visa sin anualidad ni comisiones por uso, enfocada principalmente en usuarios digitales y consumidores acostumbrados a operar mediante aplicaciones móviles.

Con el paso de los años, RappiCard logró posicionarse dentro del sector fintech mexicano.

Para 2024, la firma reportó una cartera crediticia superior a los 5 mil millones de pesos, mientras que en 2025 Banorte informó que el producto ya había superado 1.1 millones de tarjetas emitidas.

La estrategia comercial de la fintech se ha basado en herramientas tecnológicas capaces de analizar hábitos de consumo y comportamiento financiero en tiempo real para optimizar decisiones de crédito y retención de clientes.

Mercados financieros y tecnológicos, bajo mayor vigilancia regulatoria

La Comisión Nacional Antimonopolio indicó que reforzará la supervisión sobre operaciones corporativas en sectores donde las alianzas entre empresas tecnológicas y financieras crecen aceleradamente.

El organismo advirtió que este tipo de acuerdos pueden modificar las condiciones de competencia dentro del mercado, por lo que insistió en la importancia de respetar los procesos regulatorios antes de concretar cualquier concentración empresarial.

Además, recordó que las empresas sancionadas tienen derecho a presentar acciones judiciales e impugnar la resolución ante tribunales especializados en competencia económica.

CNA reafirma vigilancia sobre competencia económica en México

Con esta sanción, la CNA reiteró su intención de fortalecer el cumplimiento de las normas de competencia económica en México y mantener vigilancia sobre operaciones que puedan generar ventajas indebidas o afectar a consumidores.

La resolución también marca uno de los casos más relevantes recientes relacionados con el crecimiento de las fintech y las alianzas entre plataformas digitales y bancos tradicionales, un sector que continúa expandiéndose en el país.

Desviar más de 65 millones de dólares del erario público no quedó impune. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta 20 años a dos ex servidores públicos de la extinta Policía Federal, luego de que investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acreditaron faltas administrativas graves en su contra.

Las sanciones incluyen además indemnizaciones económicas que ascienden a la misma cantidad desviada: más de 65 millones de dólares estadounidenses.

¿Qué hicieron?

De acuerdo con el comunicado número 052 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los hechos se remontan a diciembre de 2015, cuando ambos funcionarios desviaron recursos destinados a cubrir obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

El dinero, de origen federal, nunca llegó a su destino.

Las sanciones impuestas

El TFJA determinó las siguientes consecuencias para cada implicado:

• Frida M., ex secretaria general: inhabilitación por 20 años e indemnización económica.
• Damián C., ex titular de la División de Inteligencia: inhabilitación por 15 años e indemnización económica.

Ambos quedan impedidos para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público durante ese periodo.

El caso no termina aquí

Los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las consecuencias legales para los implicados podrían escalar.

Buen Gobierno advierte: la corrupción tiene precio

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que denunciar actos de corrupción es un derecho y un deber cívico para proteger los recursos públicos, e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: sidec.buengobierno.gob.mx

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, señala el comunicado oficial.

Un contador y ex apoderado de la firma Austral Construcciones de Lázaro Báez tendrá que pagar una multa de poco más de 100 millones de dólares como parte de su condena a tres años de prisión en suspenso por lavado de activos, en la causa por la ruta del dinero K. Se trata de Claudio Bustos, un cordobés que fue juzgado junto a su ex jefe y otros acusados, y que si bien evitó ir preso porque la condena fue en suspenso, tendrá que afrontar ese pago confirmado ahora por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pesos o dólares

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron un planteo de la defensa que buscaba recalcular el monto y pasarlo a pesos argentinos tomando la cotización del dólar oficial que regía en 2010, fecha en la cual -según se concluyó en el juicio oral- comenzaron a cometerse los delitos de lavado de activos por parte de los Báez.

El planteo quedó descartado y la multa a pagar se fijó en 109.745.733 dólares, que podrán abonarse en pesos pero a la cotización oficial del dólar vendedor al momento del pago efectivo.

La defensa había planteado que resultaba “absolutamente arbitrario expresar en dólares estadounidenses un depósito bancario realizado en pesos argentinos” y sostuvo que, por aplicación del principio de legalidad, “la pena de multa impuesta debía calcularse no sólo tomando el valor de la operación al momento de la comisión del hecho sino en moneda de curso legal”. En esa línea, pidió que “se ordenara fijar el monto de pena de multa según la cotización vigente al momento de los hechos”.

Sin embargo, los jueces ratificaron el criterio del juez de ejecución de la pena, que había fijado la multa “en la cantidad de pesos equivalentes a U$S 109.745.733,38, conforme la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago”.

Casación sostuvo que la actualización no agrava la pena sino que preserva su valor real frente a la inflación y recordó que el monto de la operación de lavado ya quedó con condena firme, por ende es cosa juzgada y no puede revisarse.

La condena

Bustos fue condenado al término de un juicio oral por la llamada “ruta del dinero K” como partícipe necesario desde “Austral Construcciones”, en el montaje de un “complejo circuito de expatriación y reingreso de fondos” que se fijó en un total de U$S 54.872.866,69.

En ese juicio oral fueron condenados Lázaro Báez, su hijo Martín y otros acusados como el arrepentido Leonardo Fariña. Todas las penas quedaron firmes por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y comenzó la etapa de ejecución de la sentencia, que incluye las multas.

En el caso del hijo mayor de Báez, Martín, Casación también intervino la semana pasada y le rechazó un recurso para pagar en cuotas el monto de u$s 274 millones que se le impuso, con lo cual al estar impaga podría avanzarse en el remate de sus bienes.

Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, y está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de la empresa Musa del Pacífico, S.A. de C.V., luego de detectar que presentó información falsa durante un proceso de licitación internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionado con la adquisición de tiras reactivas para la medición de colesterol.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 18 de mayo de 2026, la dependencia federal impuso a la compañía una multa de 134,430 pesos y una inhabilitación de un año y tres meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Licitación del IMSS: detectan documentos falsos en concurso internacional

La sanción fue determinada por el Órgano Interno de Control del IMSS tras concluir que la empresa entregó documentación falsa durante su participación en la Licitación Pública Internacional Electrónica número LA-050GYR047-E6-2021.

Según las autoridades, Musa del Pacífico intentó acreditar la prórroga de modificaciones de dos registros sanitarios mediante la entrega de comprobantes de trámite que no correspondían a información válida.

La licitación estaba relacionada con la adquisición de tiras reactivas destinadas a programas de atención integral de salud en el primer nivel de atención y en el esquema IMSS-Bienestar.

La notificación oficial de la sanción fue realizada el 7 de mayo y este lunes apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que formaliza la restricción para que la empresa pueda contratar con el Gobierno de México durante el periodo establecido.

Musa del Pacífico: una empresa con experiencia en proyectos gubernamentales

Musa del Pacífico (MDP) se presenta como una empresa mexicana dedicada a ventas y representación comercial, con sede en Ciudad de México y operaciones en Brasil.

En su perfil corporativo asegura contar con más de 23 años de experiencia en ventas y marketing de productos de consumo, además de participación en sectores como:

• Electrónica de consumo
• Computación
• Educación tecnológica
• Mercancías generales
• Productos farmacéuticos

La compañía también señala tener una década de experiencia en proyectos gubernamentales en México y Sudamérica, además de relaciones comerciales con laboratorios internacionales y empresas dedicadas a productos médicos y farmacéuticos.

Segunda empresa sancionada por irregularidades en licitaciones del IMSS

El caso de Musa del Pacífico se suma a otra sanción reciente anunciada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V.

A inicios de mayo, la dependencia informó que dicha compañía fue inhabilitada igualmente por un año y tres meses y recibió una multa de 778,050 pesos por entregar documentación falsa en un procedimiento relacionado con la compra de medicamentos del IMSS para el ejercicio 2023.

En ese caso, la autoridad detectó una carta de respaldo presuntamente emitida por un fabricante, utilizada para respaldar la propuesta presentada durante una adjudicación directa.

Ambas resoluciones forman parte de la estrategia del gobierno federal para reforzar la vigilancia en los procesos de compras públicas, particularmente en el sector salud, donde las licitaciones relacionadas con medicamentos, insumos médicos y material clínico han estado bajo constante revisión.

Cómo funcionan las licitaciones del IMSS y los requisitos para participar

Para participar en licitaciones del IMSS, las empresas deben registrarse en la plataforma gubernamental CompraNet, donde se publican convocatorias, bases y fallos de los concursos públicos.

El procedimiento contempla varias etapas:

• Registro oficial como proveedor
• Revisión técnica y legal de las bases
• Participación en juntas de aclaraciones
• Presentación de propuestas técnicas y económicas
• Evaluación y adjudicación del contrato

Entre los documentos básicos solicitados destacan el RFC, acta constitutiva, poderes notariales y registros patronales, además de acreditar la capacidad técnica y sanitaria para suministrar productos médicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que las sanciones contra proveedores buscan proteger el interés público y garantizar la legalidad en las contrataciones gubernamentales.

Además, advirtió que las empresas sancionadas pueden impugnar las resoluciones, aunque aseguró que defenderá las medidas conforme a derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 18 de mayo que diversas sanciones previstas en la Ley para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil del Estado de Chiapas son inconstitucionales, al establecer multas y arrestos con plazo fijo sin evaluar las circunstancias del caso.

El Pleno de la Corte afirmó que las multas fijas violan el artículo 22 constitucional, ya que impiden a la autoridad considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, la reincidencia y la capacidad económica de la persona sancionada.

La SCJN invalidó de manera específica el artículo 214, fracciones III, IV, V, VII, XI, XII y XIII de la ley de Chiapas, que imponían multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) sin margen para ajustarlas entre un mínimo y un máximo, según se indica en el comunicado oficial de la Corte.

El tribunal también declaró inconstitucional la porción de la fracción I del mismo artículo que establecía “arresto de 36 horas y ”como sanción automática, al establecer el artículo 21 constitucional que dicho plazo solo puede aplicarse como máximo y nunca de forma fija, sin considerar las características particulares de cada caso.

Esta sentencia ordena notificar la resolución al Congreso del Estado de Chiapas y al Instituto responsable de la aplicación de la ley. El fallo corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 129/2025, resuelta por la SCJN en sesión de Pleno.

Suprema Corte protege el derecho de padres a pensión militar por fallecimiento

La SCJN reconoció en un fallo este 18 de mayo que madres y padres de militares muertos pueden solicitar la pensión por fallecimiento de sus hijas o hijos si prueban que dependían económicamente de ellos.

Dicha decisión define que esta garantía se extiende a los progenitores, quienes deberán demostrar la dependencia económica para acceder al beneficio, como ocurre con cónyuges, concubinas e hijos. Con este criterio, la Corte equipara el derecho de los padres con el de otros deudos directos, siempre bajo el requisito de acreditar dependencia.

El criterio de la SCJN estipula que solicitar evidencia de dependencia económica no discrimina ni restringe el acceso a la pensión, sino que asegura que el beneficio alcance a quienes realmente dependían financieramente de la persona militar fallecida. El Pleno del tribunal señaló que esta exigencia “no niega el beneficio, sino que condiciona su acceso a una dependencia real”.

Definición técnica de comercio en narcomenudeo no criminaliza la compra

El pasado 14 de mayo, la SCJN adoptó otro acuerdo relevante al precisar el significado jurídico de “comercio” en el contexto de narcomenudeo, abordando el Amparo en Revisión 994/2023. El Pleno estableció que la mera adquisición de narcóticos no basta para ser considerada delito federal: el objetivo es delimitar el alcance del concepto en la Ley General de Salud para prevenir la criminalización automática de quienes compran drogas.

Según el comunicado oficial del tribunal, se busca “brindar certeza jurídica al definir con claridad el alcance semántico de un concepto utilizado por la propia ley penal, sin que ello implique criminalizar automáticamente cualquier acto de adquisición de narcóticos”.

Esta interpretación surgió tras la demanda de una persona sancionada por delitos contra la salud, quien argumentó que el artículo 473, fracción I, de la Ley General de Salud violaba los derechos de consumidores por considerar la compra, venta, adquisición o enajenación bajo el término comercio.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) comenzará a aplicar desde este viernes 15 de mayo multas automáticas por infracciones detectadas mediante cámaras instaladas en autobuses de Queens y Brooklyn, como parte del programa Automated Camera Enforcement (ACE).

La medida tiene el objetivo de mejorar la circulación y la puntualidad del transporte público mediante el control automatizado de los carriles exclusivos para autobuses y las paradas habilitadas.

Según informó la MTA en su sitio oficial, el programa se desarrolla en conjunto con el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF) y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT). Actualmente, el sistema ya opera en 60 rutas y beneficia a más de un millón de pasajeros durante los días laborables.

De cuánto serán las multas por invadir carriles exclusivos

Los conductores que utilicen de manera indebida los carriles exclusivos para autobuses, bloqueen paradas o estacionen ilegalmente en doble fila recibirán multas que comienzan en USD$50 y pueden llegar hasta USD$250 en casos de reincidencia.

La sanción será enviada directamente al titular registrado del vehículo, mientras que el monto aumentará según la cantidad de infracciones acumuladas.

Qué rutas estarán afectadas por el sistema de cámaras ACE

En esta nueva etapa, las multas automáticas comenzarán a aplicarse en las rutas Q60 y B12, ubicadas en Queens y Brooklyn.

La MTA explicó que estas líneas fueron seleccionadas por su alto volumen de pasajeros y los frecuentes problemas de congestión vehicular. Además, adelantó que el programa se expandirá gradualmente hacia otros corredores considerados críticos para el transporte público neoyorquino.

Actualmente, más de 1.900 autobuses cuentan con el sistema ACE, cubriendo unas 810 millas de recorrido.

Cómo funcionan las cámaras instaladas en los autobuses

El sistema ACE utiliza cámaras colocadas en distintos autobuses para detectar infracciones de tránsito en tiempo real.

Cuando se registra una posible violación, las cámaras capturan imágenes, video, información de la matrícula, ubicación exacta y fecha y hora del hecho. Todos esos datos son enviados de manera segura al DOT de Nueva York para su revisión y procesamiento por parte de empleados municipales.

Qué está permitido en los carriles exclusivos para autobuses

La MTA recordó que los carriles exclusivos para autobuses funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, salvo que exista señalización específica indicando horarios diferentes.

Los conductores únicamente pueden ingresar a estos carriles para:

• Realizar una subida o bajada rápida de pasajeros,
• Girar a la derecha en la próxima calle, o acceder a un estacionamiento o entrada vehicular.

Además, los vehículos que permanezcan detenidos durante más de cinco minutos en un carril exclusivo y sean detectados por dos autobuses diferentes recibirán automáticamente una multa.

Cómo pagar una multa emitida por cámaras automáticas

Los conductores sancionados podrán pagar las multas de distintas maneras:

• En línea, mediante la aplicación móvil oficial, por correo postal, o personalmente en un Centro de Negocios del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York

Como se puede apreciar en las imágenes que fueron registradas por cámaras de seguridad, la mujer subió desde la avenida Illia por la rampa que desciende hacia la explanada frente al ingreso al Museo de Arte Contemporáneo (Macro) y al bar de los Silos Davis. El recorrido también fue grabado por peatones que transitaban el lugar. Todo ocurrió el sábado 2 de mayo a la noche.

Tras ser identificada, la conductora fue citada por la Fiscalía de Faltas y se presentó a finales de la semana pasada. “La conductora se presentó a finales de la semana pasada y se le impuso una sanción de 2.040.000 pesos e inhabilitación por seis meses”, precisó Adda en declaraciones a La Capital.

La penalidad, con todo, no es necesariamente definitiva. De acuerdo con lo informado por Rosario 3, la infractora tiene la posibilidad de solicitar la revisión de la multa ante el Tribunal de Faltas municipal para reconvertirla: en lugar de abonar el monto económico, podría realizar trabajos comunitarios o cursos, una alternativa habilitada por el Código de Convivencia. Esa reconversión queda sujeta a la autorización de un juez.

Como parte de la penalidad, según detalló Rosario 3, se propuso que la mujer participe en talleres de concientización y acciones comunitarias como forma de reparación frente al daño generado.

Adda, en diálogo con Cadena 3, explicó que la concientización es la razón por la que se aplican este tipo de sanciones para casos como este. “Estamos trabajando en un proyecto más integral donde podamos ver todas las temáticas relacionadas con la convivencia, el respeto por el espacio público, el cuidado del ambiente y la salud”, remarcó. Además, detalló que los cursos también abordarán temas como RCP, convivencia urbana y violencia de género.

Fue atrapado manejando borracho, en contramano y sin licencia en Rosario

Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario actuaron ante la presencia de una camioneta Ford Ranger que circulaba a contramano en la esquina de Río de Janeiro y Riobamba. Tras los controles y pruebas de rigor, se determinó que el conductor no tenía licencia y tenía casi 2 gramos de alcohol en sangre.

Fue la Policía quien advirtió la infracción y requirió la colaboración de la Dirección General de Tránsito para efectuar los controles del caso. El hecho tuvo lugar semanas atrás.

El conductor fue sometido de forma inmediata a un test de alcoholemia cuyo resultado marcó 1,98 gramos de alcohol en sangre, según confirmaron medios locales. La tolerancia en Santa Fe es cero. A esto se sumó que los agentes verificaron que la persona no poseía licencia de conducir.

Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia municipal, señaló ante La Capital: “Necesitamos tomar conciencia y ser responsables a la hora de manejar. Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir”.

Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control, indicó que no había forma de saber desde qué momento el conductor venía al volante bajo los efectos del alcohol y resaltó que el hecho ocurrió en horario escolar.

“Son tres faltas gravísimas, no sólo el alcohol en sangre, sino que, además, venía a contramano y sin licencia”, declaró Brocchi en Telefé Rosario. Precisó también que el monto de las multas quedará a criterio del Tribunal de Faltas, aunque adelantó que la sanción económica mínima será de 3 millones de pesos, más el retiro de la licencia y la inhabilitación para conducir.

De acuerdo con la normativa vigente, los agentes trasladaron el vehículo al corralón municipal y remitieron todas las actuaciones al Tribunal de Faltas, según añadió Rosario 3.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer a través de su cuenta oficial de X, acerca de los criterios que se tomarán en cuenta por el daño moral de acusaciones falsas que lesionen el honor o la reputación de una persona pueden generar responsabilidad civil.

En el caso analizado en redes sociales, el máximo tribunal revisó un conflicto familiar derivado de un divorcio y un proceso de custodia, y retomó la difusión de señalamientos de secuestro y sustracción de una menor que ya habían sido descartados por autoridades ministeriales.

La resolución partió de una disputa entre un hombre y su exesposa, en la que él publicó en un diario de circulación nacional acusaciones contra ella y contra integrantes de su familia.

Ante este hecho, la Corte concluyó que esos dichos falsos no podían leerse como una expresión amparada sin más por la libertad de expresión cuando existía una afectación directa al honor, la dignidad y la reputación de la mujer señalada. Por eso, el tribunal ordenó revisar otra vez el monto de la indemnización por daño moral.

“Un conflicto familiar derivado de un proceso de divorcio y custodia, en el que un hombre difundió en un diario de circulación nacional acusaciones falsas de secuestro y sustracción de su hija contra su exesposa y familiares, pese a que dichos señalamientos ya habían sido descartados por autoridades ministeriales”, escribió la SCJN en X.

Discusión de la SCJN sobre la difusión de información falsa

La discusión no se centró solo en si hubo una publicación ofensiva, sino en el alcance concreto del daño causado por la difusión de imputaciones falsas en un medio de circulación nacional y en espacios digitales. Para el órgano, ese contexto obligaba a medir con mayor precisión la dimensión real de la afectación, sobre todo por el impacto que ese tipo de acusaciones puede tener sobre la vida personal y social de quien las recibe.

Los ministros también señalaron que la reparación no debe fijarse de manera automática ni desproporcionada. Al devolver el expediente para una nueva cuantificación, por lo que se indicó que debían valorarse la gravedad de la afectación al honor y a la dignidad de la mujer, así como el alcance efectivo que tuvo la difusión de los mensajes en plataformas impresas y tecnológicas.

Según la Corte, la indemnización debe ser suficiente para reparar el daño moral acreditado, pero sin convertirse en una carga excesiva que termine por inhibir la libertad de expresión o fomente la autocensura entre particulares.

La resolución busca trazar un equilibrio entre la protección de los derechos de la personalidad y el resguardo del debate público.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, del financista Ariel Vallejo con supuestos vínculos al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, con una multa de $18.098.701.115, y dispuso la revocación de su autorización para operar, tras detectar graves irregularidades en su actividad cambiaria. La investigación determinó que, entre enero y diciembre de 2023, la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera con otras casas y agencias de cambio por más de 25 millones de dólares, sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos.

El BCRA concluyó que “la totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, en abuso de la habilitación otorgada.

De acuerdo a la resolución de la entidad monetaria, al momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD 25.878.624″.

Según la investigación oficial, el 99,1% de las ventas realizadas por ARS Cambios SAS se dirigió a otras casas y agencias de cambio —entre ellas Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA—. A la vez, la inspección arrojó que la operatoria de estas entidades no cumplía con la normativa vigente para su actividad, situación que motivó la apertura de actuaciones administrativas y sumarios en su contra.

“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y ‘alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo’, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habría sido utilizada como medio a los fines de su concreción”, reza el documento oficial.

Además, ARS Cambios fue sancionada por incumplir el límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades durante diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, superando el tope permitido por la normativa. Según la resolución oficial, durante ese período la firma concretó ventas en exceso por más de un millón de dólares, en infracción al punto 1.5 del texto ordenado sobre Operadores de Cambio. El organismo remarcó que estas conductas “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de política monetaria”.

La sanción también alcanza a las personas responsables de la firma: Graciela Beatriz Vallejo y su hijo Ariel Vallejo. La mujer, en su carácter de administradora titular y única accionista, recibió una multa de $7.228.280.446 e inhabilitación por seis años para desempeñarse en entidades financieras. Su hijo, también administrador, fue sancionado con una multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitación por cinco años. La resolución advierte que la conducta desplegada “implicó un abuso de la autorización oportunamente conferida” y que la sanción de inhabilitación tiene “efecto ejemplificador y preventivo” para el sistema.

El BCRA resaltó que las infracciones detectadas son de gravedad “muy alta” y “alta”, y que la revocación de la autorización para funcionar es la sanción más grave que puede aplicarse a una persona jurídica autorizada. Por último, el organismo informó que los sancionados pueden apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.

Sur Finanzas y ARS Cambios comparten como vínculo principal la figura de Vallejo. El hombre señalado como cercano a Tapia es identificado como titular o accionista de Sur Finanzas y, al mismo tiempo, fue directivo y accionista de ARS Cambios SAS, la casa de cambio recientemente sancionada por el Banco Central.

De hecho, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una denuncia penal contra Sur por presunta retención indebida de aportes previsionales y de obra social descontados a empleados, que no habrían sido depositados en los organismos correspondientes.

De acuerdo con la documentación presentada ante la justicia, la compañía habría omitido transferir al fisco un total de $46.511.222,65 entre junio de 2024 y noviembre de 2025, alcanzando siete períodos fiscales. Esta denuncia se enmarca en una causa judicial más amplia sobre las operaciones financieras de la empresa, que se encuentra en la mira de la Justicia por la compra irregular de dólares en el mercado cambiario entre 2022 y 2023.

La más reciente decisión del Central se tomó en el marco de un sumario financiero instruido a partir de las disposiciones de la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias concluyó la investigación y recomendó al Directorio del BCRA la revocación de la autorización de ARS Cambios SAS como entidad cambiaria, “por los fundamentos desarrollados en ese documento”.

El Directorio del Banco Central adoptó la recomendación y dispuso, según la resolución oficial, “revocar la autorización para funcionar de ARS Cambios SAS en los términos del inciso 6 del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras”. Además, el BCRA resolvió “formular oposición a la devolución de la garantía de funcionamiento constituida por ARS Cambios SAS”, en virtud de actuaciones administrativas aún en trámite en la entidad.

La decisión implica que ARS Cambios SAS debe “abstenerse de ejercer la actividad cambiaria” de manera inmediata. Si la sociedad decide continuar con otras actividades, deberá modificar su denominación social eliminando la palabra “Cambio” y adecuar su objeto social, suprimiendo toda referencia a operaciones cambiarias. Estos cambios deberán ser acreditados ante el Banco Central dentro de los 90 días de notificada la resolución. En caso contrario, la firma deberá acreditar el inicio del trámite de disolución de la sociedad ante los organismos correspondientes.

El texto oficial advierte que “la sanción impuesta únicamente podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con efecto devolutivo, dentro de los 30 días hábiles de notificada”.

El Directorio del BCRA fundamentó su competencia para adoptar esta medida en lo dispuesto por la Carta Orgánica de la entidad. Además, tanto la Gerencia Principal de Asesoría Legal como la Subgerencia General de Cumplimiento y Control participaron en el proceso previo a la resolución.

Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió las reglas del juego para miles de automovilistas en México, al establecer un criterio clave que fortalece el derecho de defensa frente a multas de tránsito.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre las multas?

El máximo tribunal resolvió que el plazo legal para impugnar una multa no inicia cuando se levanta la infracción o se notifica al conductor, sino cuando el propietario del vehículo tiene conocimiento real de la sanción.

Esto significa que, si el dueño del automóvil se entera días, semanas o incluso meses después, aún puede presentar un amparo o impugnar la multa dentro del plazo legal correspondiente.

La decisión surge de la resolución de la Contradicción de Criterios 170/2025, que buscó unificar criterios entre tribunales que interpretaban de forma distinta cuándo empezaba a correr el tiempo para defenderse.

¿Esto elimina las multas de tránsito?

No. Es importante aclararlo:

• Las multas no desaparecen ni se cancelan automáticamente.
• Lo que cambia es la posibilidad de defenderse legalmente.

El fallo obliga a las autoridades a demostrar que el propietario fue notificado correctamente; de lo contrario, la sanción puede ser impugnada e incluso perder validez en un proceso legal.

¿Por qué este fallo beneficia a los conductores?

Antes de este criterio, muchos automovilistas perdían su derecho a reclamar porque:

• La multa se notificaba a otra persona (el conductor).
• O se enteraban hasta revisar adeudos o hacer trámites.

Ahora, la SCJN reconoce que eso vulneraba el acceso a la justicia, por lo que estableció que:

• La notificación al conductor no equivale a notificación al propietario.
• El derecho de defensa comienza cuando el dueño tiene conocimiento efectivo del acto.

Defensa ante sanciones

Este nuevo criterio tiene un impacto amplio, especialmente en sistemas como:

• Fotomultas
• Infracciones captadas sin contacto directo
• Casos donde otra persona maneja el vehículo

En un país con millones de autos en circulación, la decisión abre la puerta para que muchas multas que antes se pagaban sin cuestionar ahora puedan revisarse legalmente.

¿Qué cambia a partir de ahora?

• El plazo para impugnar (generalmente 15 días hábiles) comienza cuando sabes de la multa, no antes.
• Las autoridades deberán mejorar sus mecanismos de notificación.
• Se fortalece el derecho de los ciudadanos a defenderse de sanciones indebidas.

En resumen, no es que ahora puedas “evitar” todas las multas, pero sí será más fácil defenderte si no fuiste notificado correctamente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió este 16 de abril de 2026, pero publicada el 22 de abril, rechazar la demanda de Rappi S.A.S., que buscaba anular la multa de $1.755′606.000 impuesta en 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por violaciones a las normas de protección al consumidor en Colombia.

El alto tribunal judicial determinó que la multinacional colombiana de tecnología fundada en 2015 no es solo un portal de contacto, sino que opera como una plataforma de comercio electrónico que debe cumplir las obligaciones de un proveedor.

El centro de la controversia: ¿portal de contacto o comercio electrónico?

La principal discusión fue si Rappi S.A.S. debía ser tratada como un mero intermediario entre comercios y consumidores —un “portal de contacto”— o como un verdadero proveedor digital bajo la figura de comercio electrónico.

El fallo estableció que, según las pruebas incorporadas y los contratos analizados, Rappi interviene directamente en todas las etapas de la venta y entrega de bienes y servicios, determina condiciones comerciales clave y recibe ingresos variables en función del volumen de ventas operadas en la plataforma. Este funcionamiento, afirmó el tribunal, la aleja del concepto de simple intermediario.

“La remuneración de Rappi se basa en comisiones sobre las ventas y no en un canon fijo por el uso de la plataforma, lo cual muestra su participación directa en los resultados económicos, propia de un esquema de comercio electrónico”, resaltó el tribunal.

Los argumentos de Rappi: defensa sobre su modelo de negocio

Rappi S.A.S. defendió su modelo comercial bajo la tesis de que la plataforma solo actúa como medio de contacto y cobra a los comercios un valor fijo de alquiler tecnológico. La empresa argumentó que no participa en la fijación de precios, en la relación de consumo entre comercios y clientes, ni en la entrega de productos, y que todos estos aspectos son responsabilidad de los comercios aliados y los repartidores independientes, denominados rappitenderos.

“Los ingresos de la demandante provienen exclusivamente del uso y alquiler de la plataforma tecnológica a los aliados comerciales, no de la venta de productos”, sostuvo Rappi. Además, advirtió que la sanción de la SIC distorsiona el principio de libre empresa y la obliga a cumplir obligaciones ajenas a su modelo.

La posición de la Superintendencia: precedentes y control efectivo

La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la sanción con un enfoque enfático en el control real que ejerce la plataforma. Sostuvo que diversos elementos prueban que Rappi S.A.S. no se limita al contacto entre partes, sino que dirige y condiciona la relación comercial.

Entre los elementos, el tribunal destacó que Rappi S.A.S. exige a los comercios compartir utilidades en base a un porcentaje variable del volumen de ventas, que ronda entre el 15% y el 27% en acuerdos de cooperación. Además, tiene potestad para modificar los precios al consumidor hasta un 10% extra sobre el precio real de los productos. Estas maniobras, según la sentencia, “no son propias de un simple portal de contacto, sino de un proveedor de bienes y servicios”.

La entidad técnica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también subrayó la gestión directa de medios de pago por parte de Rappi, incluyendo la creación de mecanismos propios como RappiPay y RappiCréditos, así como el control sobre la información comercial y la resolución unilateral de reclamos de usuarios.

Está documentado que, en los acuerdos analizados por el tribunal, la compañía exige estar presente en todas las transacciones y obtiene compensaciones directas cuando gestiona servicios como RappiPrime o RappiAntojo, profundizando su rol activo en la relación de consumo.

Rappi S.A.S. alegó que los actos administrativos de la Superintendencia sumaron fundamentos nuevos durante la segunda instancia, privándola de oportunidades de defensa. Señaló que se introdujeron argumentos (como la pluralidad de intervinientes o la incidencia en la fijación de precios) que no habían figurado en la primera resolución ni en el pliego original de cargos.

El tribunal respondió que “la profundización de argumentos en los recursos no altera la base de la acusación”. En su análisis, los criterios añadidos durante la segunda instancia administrativa surgieron, según el fallo, como consecuencia directa del debate y no introdujeron hechos completamente nuevos, sino que expandieron lo ya discutido.

Resolución final y consecuencias para el ecosistema digital

De acuerdo a la decisión, el fallo sienta un precedente respecto al alcance y las obligaciones de las plataformas tecnológicas que, como Rappi S.A.S., integran distintos servicios en un modelo de superapp, actuando no solo como un canal, sino como un actor principal del ecosistema de consumo digital.

El tribunal, en su sentencia, rechazó de manera definitiva la demanda de Rappi S.A.S. y confirmó la validez de la multa de $1.755 ́606.000, manteniendo firme la exigencia de cumplimiento pleno de la regulación colombiana para las plataformas de entrega a domicilio y servicios digitales.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), Armando Juan Echevarría, explicó que la jornada comienza desde muy temprano y que los miembros de mesa deben acudir puntualmente a sus locales de votación.

Según detalló, las mesas se instalan desde las 6:00 a.m., momento en el que los ciudadanos sorteados deben presentarse para asumir sus funciones. Sin embargo, advirtió que, si no se completa el personal necesario, se tomará a personas que se encuentren en la fila.

En esos casos, los ciudadanos serán capacitados en el mismo lugar por personal de la ONPE. Para ello, se cuenta con materiales como cartillas de instrucción que permiten explicar rápidamente las funciones que deberán cumplir.

El funcionario también hizo un llamado a los miembros de mesa titulares y suplentes para que acudan desde temprano y así evitar contratiempos en la instalación de las mesas. Asimismo, remarcó que si llegan tarde, también les corresponde pagar la multa

Qué pasa si faltan miembros de mesa el día de la votación

Cada mesa de sufragio está conformada por nueve personas: tres miembros titulares y seis suplentes. Todos ellos han sido sorteados previamente y tienen la obligación de presentarse el día de las elecciones.

Su presencia es clave, ya que son los encargados de instalar la mesa, verificar la identidad de los votantes y supervisar el proceso de votación.

Si no llegan a tiempo o no se presentan, la mesa no puede iniciar sus funciones con normalidad. Por eso, la ONPE aplica el mecanismo de convocar a ciudadanos en la fila para completar el equipo.

De acuerdo con el artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones, los electores no pueden negarse a integrar la mesa cuando hay ausencia de sus integrantes. Este procedimiento permite que la votación no se retrase y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin mayores inconvenientes.

La capacitación que reciben quienes son convocados se realiza en el momento, con el apoyo del personal desplegado en los locales de votación.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

No cumplir con el cargo de miembro de mesa tiene consecuencias. Según la ONPE, quienes no se presenten o se nieguen a asumir el rol incurren en una infracción electoral.

En estos casos, se aplica una multa de 275 soles. Esta sanción alcanza tanto a los miembros titulares como a los suplentes que no acudan al local de votación o no firmen el acta de asistencia.

Además, si un ciudadano convocado desde la fila se niega a integrar la mesa, también puede recibir esta sanción. La normativa establece que los electores deben cumplir con esta función para garantizar el desarrollo de la jornada.

En situaciones donde la negativa persista, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para que el ciudadano cumpla con integrar la mesa y así dar inicio al proceso electoral.

Qué pasa si no pagas la multa electoral

No pagar la multa por no ser miembro de mesa puede generar problemas más adelante. Las autoridades advierten que tener deudas electorales pendientes puede afectar diversos trámites.

Por ejemplo, si una persona desea renovar su DNI, el sistema puede detectar la multa y exigir su pago antes de continuar con el trámite. Lo mismo puede ocurrir al solicitar un pasaporte o realizar gestiones ante entidades como la SUNAT.

Incluso, en procedimientos notariales, se puede verificar si existen multas pendientes, lo que podría impedir completar ciertas operaciones.

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar el pago lo más pronto posible una vez concluido el proceso electoral, para evitar inconvenientes en trámites futuros.

Si acostumbras poner música a alto volumen, usar bocinas con volumen elevado o hacer ruido excesivo en casa o negocio, podrías enfrentar multas de hasta 35 mil pesos. En el municipio de Cuautla, autoridades anunciaron nuevas medidas para sancionar la contaminación acústica y proteger el descanso de la población.

De acuerdo con información de El Sol de Cuautla, las multas por exceso de ruido aplicarán tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales que rebasen los niveles permitidos de decibeles establecidos en la normativa ambiental.

Las autoridades municipales, a través del área de Protección Ambiental, advirtieron que quienes mantengan música fuerte, fiestas ruidosas o cualquier tipo de ruido excesivo durante la noche o madrugada podrán ser sancionados, especialmente si afectan a terceros. Las sanciones económicas van de los 17 mil a los 35 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

¿Cómo funcionan las multas por ruido?

El proceso para aplicar las multas por ruido inicia con una denuncia ciudadana. Tras recibir el reporte, personal del municipio acude al lugar para verificar el nivel de ruido y notificar al responsable. Si no se reduce el volumen o se ignora la advertencia, se procede a imponer la multa correspondiente.

Estas sanciones por ruido excesivo no distinguen entre casas, departamentos o negocios, por lo que cualquier persona que incumpla la normativa puede ser penalizada.

Límites de ruido permitidos en México

La regulación se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, la cual establece los niveles máximos de ruido en zonas habitacionales:

• 55 decibeles durante el día
• 50 decibeles durante la noche

Superar estos límites de ruido de forma constante se considera una infracción ambiental y puede derivar en multas económicas.

¿Por qué es peligroso el exceso de ruido?

La contaminación acústica no solo genera molestias, también afecta la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el ruido excesivo es uno de los principales riesgos ambientales.

Entre las consecuencias del exceso de ruido destacan:

• Insomnio y alteraciones del sueño
• Estrés y ansiedad
• Problemas cardiovasculares
• Daños auditivos permanentes

Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a evitar el uso de bocinas a alto volumen, respetar los horarios de descanso y prevenir sanciones por ruido excesivo, especialmente durante la noche.

Poseer una copia de Postal 2 en Nueva Zelanda puede enviar a una persona a prisión por hasta un año y acarrear una multa superior a 1.000 dólares, según advirtió la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura del país oceánico.

Esta entidad desde 2003 mantiene una prohibición total sobre este juego por su “capacidad de permitir que el jugador ponga a prueba cuánta violencia y humillación puede infligir a los seres humanos”.

El videojuego, lanzado en 2003 y creado con Unreal Engine 2 por el estudio estadounidense Running With Scissors, podría ser catalogado como uno de los títulos más violentos de la historia.

Qué pasa si una persona en Nueva Zelanda tiene el juego Postal 2

En la resolución del Gobierno de Nueva Zelanda, poseer Postal 2 implica una sanción de 1.400 dólares. Distribuir, exhibir o publicitar el videojuego implica enfrentar un proceso penal que puede culminar en hasta un año de cárcel.

Esta severidad determina un caso extremo dentro de la industria, porque la mayoría de los países que restringen títulos recurren a limitaciones de edad o ediciones reducidas, pero no a la criminalización directa de quien lo posea.

El pronunciamiento que justificó la prohibición fue contundente. la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura alegó que Postal 2 representa una “ofensa contra los derechos humanos” y catalogó el humor del juego como “grosero, racista, sexista y homófobo” en el trato hacia homosexuales, asiáticos, islamistas militantes, conservadores y otros.

Por qué el caso de Nueva Zelanda genera polémica en la industria de videojuegos

Mientras que la censura en videojuegos suele orientarse al control de venta y la clasificación por edades, Nueva Zelanda elevó la severidad con la penalización de la tenencia de un juego digital.

Vince Desi, fundador de Running With Scissors, expresó su perplejidad: “Me alegra que Peter Jackson pueda destrozar orcos, elfos y humanos en ‘El Señor de los Anillos’, pero un videojuego como Postal, que te permite orinarte encima, es de alguna manera malvado”.

La postura neozelandesa contrasta con la vigencia de Postal 2 en otros mercados, donde se puede adquirir en plataformas como Steam por menos de 10 dólares. Sin embargo, el caso neozelandés no es el único.

A lo largo de las últimas décadas, el debate sobre censura, regulación y prohibición de videojuegos ha experimentado matices diversos según el contexto social, político y cultural de cada nación.

En qué otros países se han lanzado acciones de censuras a videojuegos

Alemania ha implementado restricciones muy severas en lo que respecta a la simbología nazi: franquicias como Wolfenstein les ha tocado reemplazar esvásticas por emblemas ficticios para acceder al mercado alemán.

Por su parte, Australia cuenta con uno de los organismos de clasificación más rígidos, la ACB. Juegos como Manhunt fueron prohibidos por su “crueldad sádica”, y Saints Row IV inicialmente quedó fuera del mercado por representar drogas que daban ventajas jugables, condición inadmisible bajo la normativa local.

Asimismo, China figura entre los referentes más restrictivos a nivel mundial: prohíbe videojuegos que “atenten contra la unidad nacional” o contengan sangre y esqueletos. Modificaciones notorias se han aplicado a títulos como World of Warcraft, donde se eliminaron huesos expuestos en personajes no muertos para cumplir las exigencias regulatorias.

La censura por motivos políticos alcanza a otros países. En Corea del Sur, juegos como Homefront han sido vetados para evitar tensiones diplomáticas. Tailandia prohibió el acceso a Tropico 5 tras un golpe de Estado por temor a que su contenido afectara la estabilidad nacional.

El costo de la controversia trasciende fronteras: en Brasil, Bully fue excluido del mercado por promover el acoso escolar, y Rusia impuso restricciones a Modern Warfare 2 por incluir misiones de alto contenido político.

Un propietario de San Francisco afronta una multa de USD 50.000 por podar cinco árboles frente a su vivienda sin autorización de las autoridades municipales, un caso que exhibe las estrictas normativas sobre el arbolado urbano y la confusión sobre la titularidad y el cuidado de estos recursos públicos.

El medio local de San Francisco ABC7 News informó que el Departamento de Obras Públicas comunicó que la multa original de USD 50.000 se podría rebajar a USD 6.475, siempre que el propietario, Paul Dennes, cumpla un plan de poda elaborado por un arborista certificado y lo ejecute durante los próximos cinco años.

La sanción inicial preveía USD 10.000 por cada árbol, cifra que el municipio aplicó en varios casos similares tras la adopción de nuevas normativas de manejo forestal en la ciudad.

Dennes explicó al medio que podó los árboles por requerimiento de su aseguradora, que condicionó la cobertura del inmueble a la intervención en las copas que tocaban la fachada y los cables de energía eléctrica.

Aclaró que la familia es propietaria de la residencia desde 1988, y durante más de tres décadas creyó que era responsabilidad del titular del predio mantener los árboles sobre la acera. Dos días antes de Navidad, recibió la notificación de la multa por “poda ilegal”, tras haber intervenido cinco ejemplares en el “Panhandle”, una de las áreas residenciales de San Francisco.

La ciudad asumió el control de los árboles públicos en 2017 con fondos de USD 19 millones anuales

El cambio normativo que transfiere la responsabilidad de la poda de árboles públicos a la ciudad rige desde 2017, a partir de la puesta en marcha del programa StreetTreeSF, aprobado mediante la Proposición E y financiado con más de USD 19 millones anuales del presupuesto municipal, según detalló ABC7 News.

Esta medida asigna a la ciudad el cuidado de los árboles ubicados en la vía pública y establece estándares de poda desde 2006, que prohíben el “topping” o eliminación indiscriminada de ramas principales. Las autoridades recalcaron que este método puede suprimir entre el 50 y el 100% del follaje, lo que causa daños graves; entre las consecuencias están la disminución de la esperanza de vida del árbol y el aumento del riesgo de caídas futuras.

El Departamento de Obras Públicas precisó a ABC7 News que el primer inspector de Urban Forestry concluyó que los daños requerían la remoción de los ejemplares afectados y recomendó la multa máxima. Luego, la evaluación de un inspector de mayor rango determinó que los árboles podrían recuperarse, aunque con vida útil reducida y estructura debilitada, lo que llevó a reconsiderar la sanción.

Christopher Campbell, arborista certificado y propietario de la firma de arboricultura en San Francisco CC Tree Design, indicó a ABC7 News que muchos vecinos no saben si los árboles frente a sus casas les pertenecen y cuáles están sujetos a regulación: “Resulta bastante común esta confusión. A medida que se dan a conocer las sanciones, la gente comienza a informarse más, aunque las multas son realmente lamentables”.

Campbell explicó que en San Francisco, cualquier árbol con más de 30 centímetros de diámetro en el tronco, 6 metros de altura o una copa de 4,5 metros es considerado “significativo” y está protegido, incluso en parcelas privadas. Con lo cual, se requieren permisos especiales para su intervención.

El Departamento de Obras Públicas señaló que en los años recientes distribuyó volantes, colgadores de puerta y postales informativas para informar a los propietarios sobre los cambios introducidos en 2017. Dennes, residente en Marin y cuyos padres eran titulares originales de la propiedad, dijo no haber recibido ninguna notificación, ya que el principal residente tenía 94 años y no consultaba información digital.

Según declaró: “Nunca vi que la ciudad podara estos árboles. La comunicación no llegó de forma que pudiera enterarme”.

El área de Urban Forestry, dependiente del Departamento de Obras Públicas, dirige el mantenimiento de árboles públicos. Recomienda a los residentes usar sus servicios para cortar árboles en franja municipal.

Si un vecino necesita una poda fuera del programa regular, debe solicitarla formalmente y trabajar con un profesional certificado, después de una evaluación individual.

La poda sin permiso puede derivar en daños ecológicos, sanciones y gastos imprevistos

El concepto de “topping” implica cortar las ramas principales del árbol por encima de los nudos, lo que puede eliminar hasta el total del follaje, limitar la capacidad del árbol de generar energía, crear heridas que favorecen el deterioro y propiciar un rebrote débil y riesgoso.

El Departamento de Obras Públicas afirmó que esta práctica puede acortar significativamente la vida del árbol e incrementar la responsabilidad civil por posibles caídas.

Dennes sostuvo ante ABC7 News que lo trataron con severidad y se mostró crítico con el sistema de comunicación municipal: “Me siento acosado. Solo quería evitar que los árboles cayeran sobre los cables eléctricos. No quiero iniciar una guerra”.

Al intentar apelar, objetó la utilización de fotografías y datos municipales posteriores a la intervención.

De acuerdo con la acusación que recoge la Fiscalía y según consignó la fuente original, el responsable del establecimiento habría realizado actos de carácter sexual hacia uno de sus empleados mientras este limpiaba la bodega del local. El Ministerio Público sostiene que, en ese contexto laboral, el hostelero se acercó al trabajador y le propuso mantener relaciones sexuales ofrecíéndole, como contraprestación, un aumento de salario. En el momento en que la víctima rechazó la propuesta, el titular del bar efectuó tocamientos en las nalgas del empleado y procedió a masturbarse ante él, según consta en la denuncia recogida en la causa.

La Fiscalía solicita que el hostelero sea condenado a un año de prisión por un presunto delito de agresión sexual. Además, la acusación pública le imputa un delito contra la integridad moral, por el que pide una multa de 480 euros. El Ministerio Fiscal también ha reclamado que el encausado indemnice a la supuesta víctima con 200 euros por concepto de daños morales, recogió el medio en su información.

La sesión suspendida en el Juzgado tenía entre sus objetivos calificar los hechos conforme a las pruebas presentadas y dictaminar el avance del proceso. La investigación judicial se inició tras la denuncia del empleado, la cual relataba tanto el ofrecimiento sexual como el contacto físico no consentido y el acto de exhibicionismo del responsable del bar mientras el afectado realizaba tareas laborales.

Además de la pena privativa de libertad y las sanciones económicas propuestas, la Fiscalía enfatizó en su escrito la relevancia de los hechos respecto a la integridad y dignidad personal de la víctima en el ámbito laboral. Según reportó el medio que cubre el caso, el desarrollo de la causa se mantiene pendiente de una nueva fecha para la sesión de audiencia previa, que permitirá definir la responsabilidad penal del acusado a partir del análisis judicial de los hechos y del testimonio de las partes involucradas.

El caso se inscribe en la tipificación de delitos sexuales y de integridad moral en entornos profesionales, subrayando la importancia de la protección de los trabajadores ante situaciones semejantes en el ámbito laboral, conforme a los estándares legales actuales. La fuente consultada subrayó que la resolución judicial se emitirá tras la celebración de la vista reprogramada, en la que se determinará si los hechos son constitutivos de delito conforme a la calificación recogida por la Fiscalía.

Transportar personas en la batea de una camioneta tipo pickup en carreteras federales mexicanas está prohibido y puede resultar en una multa de hasta casi tres mil pesos. Esta restricción oficial se aplica sin importar la distancia recorrida ni el motivo del traslado, y constituye una infracción tanto para conductores como para propietarios del vehículo.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal prohíbe explícitamente transportar personas en el área de carga de una pickup. Según el artículo 70, solo se permite el número de pasajeros que corresponde a los asientos del vehículo, y en ningún caso pueden viajar personas en el espacio destinado para transportar objetos o herramientas.

Por ello, es importante que los automovilistas conozcan este tipo de restricciones antes de salir a carretera, en especial durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues es cuando las familias acostumbran a viajar en grupos numerosos, pero se pueden exponer a una multa de tránsito.

¿De cuánto es la multa por transportar a personas en la batea de la camioneta?

La multa por llevar pasajeros en la zona de carga de una pickup en carreteras o puentes federales de México se establece entre 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a dos mil 346 pesos ($2,346.20) y dos mil 932 pesos ($2.932,75).

Corresponde a la autoridad de tránsito federal determinar el monto exacto en cada caso. El reglamento no distingue entre trayectos largos ni cortos: desde el momento en que un vehículo circula por una vía federal, la norma entra en vigor sin excepciones. La norma se debe a que la batea no cuenta con asientos ni sistemas de sujeción adecuados, lo que incrementa el riesgo en caso de accidente.

¿Existen excepciones en municipios o estados?

Algunos municipios pueden aceptar que se transporten personas en la batea si van sentadas y sujetas, pero estas excepciones solo aplican en calles o avenidas municipales. Al entrar en una autopista o puente federal, la prohibición retoma su validez y la responsabilidad recae en el conductor.

Además de la sanción económica, trasladar personas en la batea implica un peligro real. Los ocupantes no disponen de cinturón de seguridad ni de protección ante impactos. Existen riesgos de caídas, lesiones graves o incluso de muerte en caso de frenadas intensas o accidentes, independientemente de la distancia o la velocidad del recorrido.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades aconsejan utilizar únicamente los asientos diseñados para pasajeros y exigir el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes. También recomiendan evitar que los pasajeros saquen el cuerpo por ventanillas o quemacocos y consultar los reglamentos locales únicamente cuando se circule por vías municipales.

Aunque el monto de la multa puede acercarse a los tres mil pesos, el verdadero riesgo es el potencial daño físico a quienes viajan en la batea sin ninguna protección. Cumplir la norma ayuda no solo a evitar sanciones, sino a prevenir accidentes con consecuencias graves.

El tribunal Taganski de Moscú impuso una nueva sanción a la red social Telegram, fijando una multa de 10,5 millones de rublos, equivalentes a 110.375 euros, tras encontrar a la empresa culpable de incumplir las normativas rusas sobre control de información. Según la información publicada por la agencia rusa de noticias Interfax, la corte atribuyó a la plataforma el mantenimiento de mensajes considerados prohibidos bajo la legislación local, citando la negativa a eliminar publicaciones que incitan a la comisión de ataques terroristas y que apoyan la participación en protestas contrarias al Gobierno ruso.

De acuerdo con Interfax, el tribunal determinó que Telegram violó el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa al no restringir el acceso a contenido previamente señalado como ilegal, incluyendo el soporte a acciones que las autoridades consideran amenazas para la seguridad nacional. El veredicto incluyó la declaración de culpabilidad y la imposición de una sanción administrativa, siguiendo procedimientos habituales en casos relacionados con tecnología y redes sociales en el país.

Tal como detalló el medio ruso, esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por el sistema judicial contra la misma plataforma durante los últimos años. En abril de 2025, la Justicia rusa ya había impuesto una multa de 7 millones de rublos (alrededor de 74.800 euros) debido a la negativa de Telegram a retirar contenidos que presuntamente vulneran las restricciones informativas del país. Las autoridades justifican la reiteración de estas sanciones por la persistencia de publicaciones dentro de la red social que, a su juicio, continúan promoviendo actividades como manifestaciones políticas no autorizadas o mensajes considerados peligrosos por las leyes locales.

El medio Interfax puntualizó que la legislación rusa exige a las plataformas digitales adherirse a normas de control de información y retirar materiales que entren en conflicto con las restricciones impuestas por el Estado. En caso de incumplimiento, los tribunales pueden proceder con penalizaciones económicas y administrativas, como quedó expuesto en el caso de Telegram. Estas políticas forman parte de la estrategia del gobierno ruso para ampliar su supervisión sobre los contenidos distribuidos a través de internet y redes sociales.

Según consignó Interfax, la sentencia contra Telegram representa otro episodio de tensión entre las empresas tecnológicas globales y el Estado ruso, que exige un riguroso acatamiento de las reglas sobre el acceso a determinados tipos de información. Las autoridades defienden estas acciones argumentando que buscan evitar la difusión de mensajes con potencial para incitar a la violencia o cuestionar el orden público, mientras que las plataformas enfrentan frecuentes acusaciones sobre su papel en la propagación de publicaciones consideradas peligrosas por organismos oficiales.

Las consecuencias de estas sanciones incluyen un mayor escrutinio sobre el funcionamiento de Telegram en territorio ruso y posibles obstáculos para el desarrollo de sus actividades habituales. Interfax destacó que la Justicia mantendrá su vigilancia respecto al cumplimiento de los mandatos legales, y que las sanciones podrían incrementarse si la empresa persiste en la difusión de materiales calificados como ilegales bajo la normativa vigente.

El medio ruso recordó, además, que los antecedentes de sanciones a Telegram en Rusia reflejan una tendencia sostenida de la administración local a intervenir sobre empresas tecnológicas que no ajusten sus prácticas a los estándares legales del país. La reciente penalización económica a la red social consolida esa línea de actuación, incrementando la presión sobre su política de moderación de contenidos y colaboración con las autoridades judiciales rusas. Según Interfax, no se descartan nuevas acciones legales si la plataforma repite conductas consideradas infractoras en el futuro.

Según detalló el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más de 65.122 anuncios que aparecían en la plataforma Airbnb fueron retirados en julio de 2025 tras constatarse diversas irregularidades en la publicación de alojamientos turísticos. Esta cifra sitúa el volumen de anuncios afectados en uno de los casos de mayor alcance en cuanto a la persecución de prácticas irregulares vinculadas a la oferta online de viviendas. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado la petición de medidas cautelares interpuesta por Airbnb, obliga ahora a la compañía a abonar la sanción de 63,98 millones de euros y eleva el perfil del caso, según consignó este lunes el propio Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

La noticia surge después de que la reconocida plataforma solicitara paralizar la multa mientras se resolvía el fondo del litigio, petición que ha sido rechazada por el TSJM, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De este modo, Airbnb deberá afrontar el pago inmediato de la sanción impuesta a finales de 2025, aunque todavía dispone de la opción de presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal competente, tal como precisó el citado organismo a medios.

De acuerdo con el expediente sancionador, las infracciones principales atribuidas a Airbnb están relacionadas con la publicación de anuncios de pisos turísticos sin la debida licencia, una práctica contraria a la normativa vigente en numerosas comunidades autónomas, que exige la inclusión del número de registro oficial en todas las ofertas publicadas. Según publicó el Ministerio, también se hallaron anuncios en los que el número de licencia o registro no coincidía con los códigos utilizados oficialmente, lo que atentaba contra la veracidad exigida por ley al sector. Además, reportó Consumo que la plataforma difundía anuncios que no reflejaban información verídica sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo en publicidad que, al no ajustarse a los requisitos legales, se calificó como engañosa.

El Ministerio de Consumo cuantificó la sanción principal, de 63,98 millones de euros, en función de lo que denominó “beneficio ilícito” obtenido por la plataforma durante el periodo en el que persistieron los anuncios a partir del apercibimiento oficial y hasta su eliminación de Airbnb en julio de 2025. Esta multa se calculó multiplicando por seis la cifra del citado beneficio, conforme a la gravedad atribuida a los hechos según las normas regulatorias vigentes, de acuerdo con el informe hecho público por las autoridades.

El medio añadió que, junto a la infracción principal, el expediente incluyó otras tres sanciones específicas. Por una parte, se impuso una multa de 10.000 euros por incumplimiento de las obligaciones legales en la celebración de contratos a distancia, que regulan las transacciones digitales entre consumidores y plataformas. Se sumaron otros 10.000 euros por obstrucción y negativa a facilitar información y documentación relevantes durante la investigación, lo que dificultó las labores de control, inspección y vigilancia previstas en el marco legal. Además, según publicó Consumo, se sumó una tercera infracción sancionada con 55.000 euros, motivada por el incumplimiento de las medidas provisionales acordadas por la Administración instructora para evitar riesgos o perjuicios adicionales a usuarios y consumidores mientras se resolvía el expediente.

Estas prácticas, identificadas tras un proceso de supervisión iniciado por el Ministerio, llevaron a un procedimiento sancionador que generó una inmediata reacción por parte de Airbnb. Según informó el propio Ministerio y recogió la prensa especializada, la plataforma recurrió la cuantía total de la sanción ante la justicia, lo que en su momento detuvo temporalmente la obligación de abonar el importe hasta resolución judicial definitiva.

Tal como reportó el medio, el reciente auto del TSJM establece que no concurren los requisitos para acordar la medida cautelar de suspensión solicitada por Airbnb. De esta manera, la compañía debe proceder al pago de la multa impuesta sin que el litigio principal haya quedado zanjado, si bien mantiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal, conforme a los procedimientos establecidos.

El órgano instructor del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el momento de hacer pública la sanción, puso énfasis en la protección de los consumidores y usuarios frente a “prácticas comerciales desleales” y “publicidad engañosa”, insistiendo en la importancia de cumplir la normativa de transparencia, legalidad e información veraz en la comercialización de alojamientos turísticos.

A raíz de este caso, subrayan desde el Ministerio que se evidencia la necesidad de verificar que todas las plataformas digitales que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas adopten mecanismos eficaces para cotejar la información aportada por los anfitriones, especialmente en lo tocante a la licencia de actividad y datos legales de los inmuebles anunciados, conforme a la legislación autonómica vigente en España.

El procedimiento abierto por Consumo y la decisión del TSJM marcan un hito relevante en la regulación y control de los servicios digitales ligados al turismo, centrando la atención en la responsabilidad de los intermediarios de alojamiento frente a los usuarios y frente al cumplimiento de la legalidad sectorial. Integran esta respuesta administrativa y judicial las consecuencias económicas y operativas para plataformas digitales como Airbnb, que deberán implementar nuevos procesos de verificación y transparencia para evitar sanciones similares en el futuro, según señalaron responsables del Ministerio al dar a conocer el impacto de la resolución judicial.

La Arena Monterrey fue el escenario de la primera edición del Ring Royale 2026, evento donde pelearon influencers, famoso y celebridades de talla internacional. Una de las peleas que generó euforia entre el público fue la de Nicola Porcella y Aldo de Nigris.

Ambos ex concursantes de La Casa de los Famosos México se enfrentaron arriba del ring, Aldo de Nigris se llevó el triunfo tras noquear al peruano en el segundo asalto, al final ambos influencers se fundieron en un abrazo para dejar la rivalidad a un lado.

Sin embargo, la actuación de Nicola en el Ring Royale 2026 le traería graves problemas y podría afrontar una multa millonaria. Y es que, uno de los detalles que generó controversia y polémica fue su vestimenta, pues usó la bandera de México como parte de los elementos decorativos de sus shorts para boxear, hecho que trajo críticas.

¿Nicola Porcella puede ser multado por usar la bandera mexicana en su vestimenta para el Ring Royal 2026?

Nicola Porcella podría ser sancionado porque la ley mexicana prohíbe que la bandera nacional se emplee en prendas deportivas, consideradas contextos inadecuados para el símbolo patrio. La excepción es su uso por deportistas que representan oficialmente a México, lo que no aplica en eventos privados ni para participantes extranjeros.

En el combate del Ring Royale 2026, Nicola Porcella lució un short decorado con la bandera nacional. Aunque ha expresado su aprecio y cariño por el país, la normativa es estricta respecto al uso y respeto de los emblemas nacionales. La ley indica que su utilización en ropa o uniformes debe cumplir condiciones específicas, y su violación puede dar pie a sanciones.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece restricciones claras respecto al uso de estos símbolos. En sus artículos señala que la bandera debe portarse con respeto y solo según los criterios determinados por la autoridad.

Qué sanciones podría enfrentar Nicola Porcella

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la entidad responsable de supervisar el respeto a los símbolos patrios y puede iniciar procedimientos sancionadores, ya sea de oficio o tras recibir denuncias ciudadanas.

La normativa prohíbe modificar la bandera o emplearla en situaciones que las autoridades consideren irrespetuosas, incluidas prendas deportivas. Se acentúa la falta cuando el portador es extranjero o no cuenta con autorización expresa para portar el símbolo en un evento privado.

La multa por alterar la Bandera de México puede alcanzar hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente equivale aproximadamente a un millón 131 mil 400 pesos mexicanos. Hasta el momento se desconoce si Nicola ya fue notificado por las autoridades por la vestimenta que usó recientemente.

La Cámara Federal de Casación habilitó la revisión de una multa millonaria fijada contra el abogado Jorge Oscar Chueco, uno de los condenados en la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”, cuyo principal protagonista fue el empresario patagónico Lázaro Báez.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes hicieron lugar a una queja presentada por la defensa pública de Chueco tras el rechazo de un recurso previo.

El planteo se originó en una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 porteño, que en diciembre de 2025 fijó el monto de una multa impuesta al abogado en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa donde fue hallado culpable. En esa decisión, el tribunal estableció que Chueco debía pagar una suma equivalente a 219.491.466,76 dólares, convertida a pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago.

La defensa intentó impugnar ese cálculo mediante un recurso de casación, pero el tribunal oral rechazó concederlo. Frente a esa negativa, acudió directamente a la instancia superior mediante un recurso de queja.

Al analizar ese planteo, los camaristas consideraron que el recurso había sido presentado en tiempo y forma y que los agravios invocados permitían habilitar la revisión del caso. En consecuencia, resolvieron declarar erróneamente denegado el planteo y concederlo para que sea analizado.

La decisión, en rigor, no se pronunció sobre el monto de la sanción económica fijada, sino que permitió que ese cuestionamiento sea examinado por la instancia de casación.

La causa conocida como “la ruta del dinero K” investigó un esquema de lavado de activos que permitió mover millones de dólares al exterior mediante sociedades y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de los fondos y reintroducirlos luego en el circuito económico formal.

El principal condenado en ese expediente es Lázaro Báez, empresario de la construcción oriundo de la provincia de Santa Cruz y fundador del grupo Austral, que durante años fue uno de los principales contratistas de obra pública en esa región.

En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, mientras que Chueco recibió ocho años de cárcel por su participación en el circuito financiero investigado.

La sentencia fue revisada en 2023 por la Cámara Federal de Casación, que confirmó las responsabilidades penales pero redujo varias penas. En ese fallo, la condena de Báez quedó fijada en 10 años de cárcel y la de Chueco en seis años.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Báez, lo que dejó firme la sentencia y dio inicio a la etapa de ejecución de las diferentes condenas.

Chueco fue señalado en la investigación como parte de la estructura jurídica utilizada para canalizar parte de las operaciones financieras bajo análisis. Su nombre apareció en las primeras etapas del caso vinculadas a la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”- y a la firma Helvetic Service Group, implicadas en las maniobras para mover al menos USD 55 millones al exterior.

Durante el juicio oral, el abogado -hoy de 74 años- sostuvo que había sido contratado para realizar tareas de asesoramiento y que desconocía el origen ilícito del dinero. También afirmó que su vínculo con Báez se había iniciado a través del contador Daniel Pérez Gadín.

Además de esta causa, Chueco también fue condenado en el expediente conocido como “El Entrevero”, relacionado con la compra de una estancia en Uruguay por 14 millones de dólares mediante una estructura de sociedades utilizada para canalizar fondos vinculados al empresario.

En ese caso recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que Báez fue condenado a cuatro años y seis meses.

El hermano de la mujer fallecida en Toén tras ser atropellada ha sido incluido por el Ministerio Fiscal entre los destinatarios de una petición de indemnización económica, que se suma a la solicitada para los hijos de la víctima. La solicitud de compensación forma parte del proceso judicial seguido contra el conductor acusado por el siniestro ocurrido el 21 de abril de 2023, según detalló el medio de referencia, y permanece a la espera de juicio luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes este lunes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía, se reclama una indemnización de 22.793,40 euros para el único hermano de la mujer atropellada, así como el pago de 30.232,50 euros destinados a los hijos de la fallecida. El Ministerio Fiscal ha considerado que estos montos responden al daño personal y moral derivado del fallecimiento de la víctima como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, además de proponer una multa diaria de 8 euros durante nueve meses para el acusado, configurando el castigo por un delito de homicidio por imprudencia menos grave.

Según el expediente fiscal citado por el medio, el día del accidente el acusado se encontraba en el kilómetro 9,4 de la carretera OU-0591, en el municipio ourensano de Toén. La furgoneta que conducía era propiedad de la empresa para la que trabajaba, y el motivo de la parada fue la entrega de medicamentos en una farmacia local. Tras pasar cerca de diez minutos estacionado, el conductor reanudó la marcha y realizó una maniobra en reversa con intención de cambiar de sentido. El documento del Ministerio Público sostiene que esa acción ocurrió “sin hacerlo lentamente y sin haberse cerciorado de que dicha maniobra no constituía un peligro para otros usuarios de la vía”.

En ese contexto, el conductor atropelló a la mujer, quien atravesaba el arcén tras la furgoneta en un tramo vial donde había una acera y un paso peatonal cercano, puntualizó la Fiscalía, según recogió la nota del medio. La víctima experimentó un politraumatismo severo del que no logró recuperarse y que, finalmente, le produjo la muerte.

Al tratarse de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, el cálculo de las compensaciones económicas se ajusta a los baremos legales para resarcimiento de familiares directos de víctimas mortales en siniestros de tráfico, según explicó el Ministerio Fiscal y refirió el medio. La cuantía propuesta, tanto para los hijos como para el hermano de la fallecida, refleja el impacto personal y la relación de parentesco, factores que la legislación vigente toma como base al definir los montos indemnizatorios en estos casos.

El proceso judicial contra el acusado continúa sin acuerdo entre las partes implicadas, según reportó el medio consultado, por lo que la vista oral ha sido programada para el 28 de octubre en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. La indefinición en la postura de los letrados y la Fiscalía mantiene en suspenso la resolución definitiva del expediente, mientras las familias aguardan la resolución sobre las responsabilidades penales y civiles que enfrenta el acusado tras el siniestro.

El caso ha generado procedimientos que contemplan tanto la dimensión penal como la civil, al imputársele al conductor no solo la imprudencia en la vía pública, sino también las consecuencias económicas derivadas del fallecimiento de la víctima, de acuerdo con los preceptos establecidos para la reparación de daños a terceros tras este tipo de accidentes.

Según informó El País, la investigación formal se inició en 2023 tras considerar el Ejecutivo comunitario que el ‘tick’ azul podía inducir a error sobre la autenticidad de cuentas y perfiles en la red social. En diciembre de 2025, los servicios europeos determinaron que la compañía había violado la DSA e impusieron una multa por valor de 120 millones de euros, que X deberá abonar antes del lunes 16 de marzo, a menos que prospere una solución alternativa derivada de la negociación actual.

El País indicó que, durante una rueda de prensa, Regnier anunció que la Comisión analizará de forma cuidadosa las modificaciones propuestas, sin ofrecer detalles adicionales debido a la reciente llegada de la propuesta a Bruselas. El diálogo entre la Comisión y representantes de X ha sido descrito por el portavoz como “constructivo”, con intercambios constantes después de la imposición de la multa.

El propio Regnier subrayó que “nadie gana con el pago de multas o sanciones periódicas”, agregando que la intención principal de la Comisión no reside en la recaudación de fondos, sino en lograr que las plataformas digitales acaten los marcos regulatorios y protejan adecuadamente a los usuarios europeos. Según consignó El País, Regnier enfatizó que la evaluación de la Comisión se centrará en la “sustancia” de los cambios propuestos y que, en base a ello, se continuará el diálogo con X para determinar si las medidas cumplen o no con los requisitos establecidos por la legislación europea.

El caso cobró relevancia al poner sobre la mesa la influencia de un distintivo como la marca azul en la percepción pública de la credibilidad en las redes, tras la constatación de que el acceso a este sello no depende de criterios objetivos ni está asociado de forma directa a la veracidad o identidad de quienes lo portan. El País explicó que las autoridades europeas consideran imprescindible que la información sobre los distintivos y verificaciones digitales evite inducir a error a los usuarios, especialmente por la magnitud de la audiencia afectada.

Respecto al futuro de la sanción, Regnier no adelantó si la presentación de la propuesta podría suponer una suspensión del cobro de la multa, señalando que el objetivo principal se mantiene en resolver el conflicto y salvaguardar los intereses de las personas usuarias. De ser insuficientes los cambios recibidos, la Comisión prevé nuevos contactos con X para concretar soluciones adicionales, dentro de un marco de diálogo que evita el estancamiento de las negociaciones.

En la investigación formal de 2023, el Ejecutivo comunitario evaluó los mecanismos de acceso y uso del distintivo azul, detectando que su gestión podía afectar la transparencia y seguridad en la plataforma. El País reportó que este proceso forma parte de una serie de medidas de vigilancia y cumplimiento de la DSA, cuyo propósito radica en aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales sobre los contenidos y servicios que ofrecen en la Unión Europea.

El análisis actual de la Comisión Europea sobre la propuesta de X refleja las presiones regulatorias crecientes sobre grandes plataformas tecnológicas, en un contexto donde se busca mayor claridad respecto al significado y alcance de las señales de verificación, como parte esencial de la protección de la integridad digital de millones de cuentas activas. El resultado del proceso determinará la manera en que la empresa de Elon Musk deberá modificar el funcionamiento de la marca azul, mientras persiste la expectativa sobre posibles ajustes a la normativa interna y sus implicaciones en otras plataformas del sector.

La vida de un hombre francés dio un giro inesperado cuando, tras convivir durante cuatro años con su gato, las autoridades descubrieron que el felino había ingresado al país de manera ilegal. Esta situación ponía a su dueño ante una amenaza muy seria: podía enfrentarse a una multa de hasta 300.000 euros e incluso a dos años de prisión. Por si fuera poco, el animal también corría el riesgo de ser sacrificado, lo que convirtió un trámite administrativo en una pesadilla para ambos.

A finales de 2022, Thierry Puech, residente de Sète, perdió a su mascota. Para llenar ese vacío, decidió acudir a una asociación local especializada en adopciones de animales, llamada Patte de Velours, con el objetivo de encontrar un nuevo gato. Fue allí donde apareció Tigrou, un felino que estaba siendo acogido temporalmente por otra familia.

Sin embargo, no todo fue sencillo. “La asociación me dijo que no habían podido leer su microchip, igual que el veterinario al que lo llevé en enero de 2023 para una revisión dental”, explicó Puech en declaraciones a Midi Libre. A pesar de esta dificultad, Tigrou recibió desde el principio todo el cariño y la atención de su nuevo dueño, quien lo llevaba regularmente a la clínica La Corniche para controles y vacunas.

En 2026, surgió una situación de emergencia. Tigrou desarrolló cálculos en la vejiga, lo que obligó a Puech a llevarlo a otro veterinario para una intervención especializada. Gracias a la atención de los expertos, el gato se recuperó por completo. Tras la operación, el veterinario le recomendó a Puech obtener una tarjeta I-CAD, un certificado oficial que acredita la propiedad del animal e incluye todos sus datos. Sin embargo, al solicitarla, recibió una carta donde le informaban que su gato era considerado ilegal, importado sin declarar y que, por lo tanto, no estaba vacunado contra la rabia.

En Francia y en la Unión Europea, para que un animal pueda acceder legalmente desde otro país, debe estar identificado con microchip y tener una vacunación antirrábica válida antes de la entrada al territorio.

El felino era ilegal, provenía de Túnez

Tras examinar nuevamente el microchip, esta vez sí funcionó y las autoridades descubrieron que Tigrou provenía de Túnez. “El problema era que si en 48 horas no presentaba una justificación, me enfrentaba a una multa de 300.000 euros, dos años de prisión y a la eutanasia del gato”, contó Puech. Ante la gravedad de la situación, actuó de inmediato.

Al día siguiente, acudió a la Dirección Departamental de Protección de la Población (DDPE) para explicar que llevaba cuatro años cuidando de Tigrou. Allí presentó toda la documentación de los cuidados que había recibido el animal desde 2022. Además, la familia que había acogido temporalmente a Tigrou envió un correo electrónico confirmando la información.

Una semana después, Puech recibió la mejor noticia posible: los procedimientos judiciales se habían archivado y la situación se había regularizado. Desde entonces, Tigrou continúa viviendo con su dueño, ahora reconocido oficialmente como su propietario, sin haber tenido que enfrentar ningún riesgo.

Mientras el partido aún continuaba y quedaban 4 minutos y 35 segundos para concluir el tercer cuarto en el Crypto.com Arena, Luka Doncic, basquetbolista esloveno, permanecía en el suelo tras una acción de ataque del New York Knicks. Desde esa posición, dirigió un gesto hacia uno de los árbitros, simulando el movimiento de frotar los pulgares con los índices, comúnmente interpretado como una referencia al dinero. Según informó este martes el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Baloncesto de la NBA, James Jones, la liga estadounidense anunció oficialmente la multa de 50.000 dólares, equivalentes a 42.927 euros, al jugador de los Lakers por lo que calificó como “un gesto inapropiado y poco profesional” durante el encuentro ante los Knicks.

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas por el medio, la conducta de Doncic ocurrió durante la victoria de Los Angeles Lakers sobre New York Knicks, el pasado 8 de marzo en Los Ángeles, con un marcador final de 110 a 97 a favor del conjunto local. La sanción económica se hizo pública a través de un comunicado de las altas directivas de la NBA, que consideraron necesario intervenir debido al comportamiento mostrado por el alero.

El incidente se originó en el contexto de una jugada ofensiva de los Knicks que terminó con Doncic en el suelo. Permaneciendo tumbado sobre la cancha, el esloveno realizó el citado gesto en dirección al árbitro como reacción a la decisión tomada durante la jugada. Tal como detalló el anuncio de la NBA recogido por los medios, el gesto de ‘dinero’ que efectuó el jugador es interpretado como una insinuación de corrupción o cuestionamiento a la integridad de los oficiales, lo que, según la liga, vulnera los principios de deportividad exigidos en el reglamento.

El vicepresidente ejecutivo James Jones fue el encargado de dar a conocer la sanción y contextualizó el motivo, subrayando que la imposición de esta multa se relaciona directamente con el carácter de la acción de Doncic. Según publicó el medio, la NBA mantiene una política estricta ante manifestaciones, gestos o declaraciones que puedan poner en entredicho la labor de los árbitros o el decoro deportivo de los participantes en sus competiciones.

A lo largo del partido, en el que los Lakers aseguraron su victoria sobre el equipo neoyorquino, la acción de Luka Doncic captó la atención no solo por su singularidad, sino también por el significado implícito en el gesto, considerado por el órgano rector del baloncesto estadounidense como una infracción grave a sus normas de conducta. El partido, disputado en la ciudad de Los Ángeles, marcó un episodio relevante tanto dentro como fuera de la pista debido a la intervención posterior de la NBA.

El monto de la multa, 50.000 dólares, corresponde a la cifra que la liga estadounidense suele emplear para sancionar actos considerados ofensivos hacia la autoridad de los árbitros. El reporte difundido por la NBA tras el suceso remarcó la intención de preservar la integridad institucional y el respeto hacia los encargados de impartir justicia en los encuentros.

La decisión de la NBA de sancionar a Luka Doncic fue comunicada oficialmente tras revisar las imágenes y los hechos acontecidos en el Crypto.com Arena. Fuentes consultadas por el medio confirmaron que la acción quedó documentada en la retransmisión televisiva y fue evaluada por las autoridades del baloncesto profesional. En el comunicado, la liga subrayó la necesidad de recordar a todos los jugadores el deber de mantener la profesionalidad y la disciplina, especialmente durante situaciones de alta tensión en los partidos.

No se han anunciado medidas disciplinarias adicionales para Doncic en relación con este incidente. La NBA reiteró, según publicó el medio, su compromiso con la imparcialidad y el respeto a los oficiales, recalcando que el gesto realizado representa una vulneración a sus códigos internos y que este tipo de conductas no serán toleradas en el seno de la liga.

Un tribunal federal condenó a John Diehl, ex presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, a 21 meses de prisión tras admitir que desvió fondos federales otorgados para el alivio económico durante la pandemia de COVID-19 hacia gastos personales.

La sentencia, informada por el diario estadounidense USA Today, incluye además una multa de USD 50.000 y se suma a la restitución ya realizada por Diehl, quien devolvió el monto íntegro al Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Diehl admitió en septiembre de 2025 haber obtenido fraudulentamente USD 379.900 en préstamos federales dirigidos a su despacho de abogados entre 2020 y 2022, bajo el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastres. La condena se dictó en marzo de 2026, una vez concluido el proceso judicial iniciado tras la confesión.

El destino inmediato de esos fondos fue el pago de vehículos de alta gama como un Tesla, un Audi y un Jeep, tarjetas de crédito, hipoteca, cuotas universitarias, clubes privados y retiros en efectivo, en lugar del uso prometido para el alivio económico causado por la crisis sanitaria.

El fiscal adjunto Hal Goldsmith, según declaraciones recogidas por el Departamento de Justicia, enfatizó durante la audiencia que “la práctica de derecho del demandado no sufrió durante la pandemia de COVID-19” y que Diehl consideró los préstamos como “una forma fácil y barata de ganar dinero”. El FBI también participó en la investigación.

Chris Crocker, agente especial a cargo de la división de San Luis, afirmó: “Programas de ayuda como este fueron creados para que las pequeñas empresas sobrevivieran a la pandemia, no para engrosar el bolsillo de alguien”.

USA Today destaca que Diehl desvió los fondos recibidos del gobierno a cuentas personales, incluyendo en septiembre de 2020 un movimiento de USD 50.039 al fondo de jubilación de su firma, del que era el único beneficiario. En abril de 2022, logró una segunda modificación de préstamo por USD 285.000, que también destinó a gastos propios, el fondo de retiro y la resolución civil derivada de su periodo como legislador.

Sanciones éticas y antecedentes de conducta inapropiada

La conducta de Diehl no se limitó al uso irregular de préstamos federales vinculados a la pandemia. En 2023, la Comisión de ética de Missouri le impuso una multa de USD 47.392 por usar indebidamente USD 6.762,70 de fondos de campaña y omitir el reporte de gastos personales adicionales por USD 28.700.

Parte del dinero obtenido de forma ilegal del préstamo federal, según USA Today, se empleó para cubrir un acuerdo civil asociado a su tiempo como portavoz de la Cámara.

Antecedentes de escándalos previos en la carrera de Diehl

La vida pública de Diehl, de 60 años, se vio marcada en 2015, cuando renunció como presidente de la Cámara de Representantes tras la publicación en el periódico regional The Kansas City Star de mensajes de texto con contenido sexual intercambiados con una estudiante universitaria participante en un programa de pasantía en el Capitolio estatal.

El episodio derivó en la retirada anticipada de los pasantes de la Missouri Southern State University, según narró Richard Miller, entonces decano de la Facultad de Artes y Ciencias, al mismo medio.

En esa ocasión, USA Today destaca que John Diehl expresó: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y lamento sinceramente haber fallado a quienes confiaron en mí. Pido perdón por el mal juicio demostrado que me puso a mí y a mi entorno cercano en esta situación”.

Los préstamos de COVID-19, bajo escrutinio federal

La investigación reveló que Diehl firmó certificados asegurando que emplearía el dinero recibido únicamente como capital de trabajo para subsanar el daño económico causado por la pandemia a partir de enero de 2020.

No obstante, la transferencia inicial de USD 94.900 en marzo de 2020 fue seguida por pagos personales, incluidos USD 1.320 en clubes y piscina, además de otras compras no vinculadas a la operación legal del despacho.

El expediente detalla que ningún recurso de los préstamos benefició a la firma de abogados. La sentencia y las sanciones impuestas a Diehl se suman a una serie de investigaciones y procesos relacionados con el uso ilícito de fondos reservados para la recuperación económica durante la emergencia sanitaria en Estados Unidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó este 9 de marzo que no tiene facultades para sancionar a proveedores por cuestiones de sanidad, higiene o manejo de alimentos, luego de declaraciones incorrectas emitidas por la dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte en Tampico, Tamaulipas.

Al aclarar su competencia, la Profeco subrayó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, lleva a cabo un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías mediante el programa “Quién es Quién en los Precios”, supervisa la publicación visible de precios en los establecimientos y asegura la calibración de las básculas para garantizar la venta de “kilos completos”.

Además, la Procuraduría realiza verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente en productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

La Profeco desmintió la versión sobre multas de hasta 4 millones de pesos a comercios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas, señalada de manera errónea por un funcionario de la Odeco Zona Golfo-Norte. En ese sentido, reiteró que está fuera de sus atribuciones imponer sanciones por el manejo o las condiciones sanitarias vinculadas a la venta de este producto.

El comunicado recalcó que su misión principal es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación tanto a proveedores como a los consumidores.

Profeco establecerá vigilancia en comercios durante el Mundial 2026

La Profeco, en coordinación con el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reforzado la vigilancia en comercios de todo el país en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta estrategia preventiva responde al incremento de la actividad comercial derivada del evento deportivo y busca evitar abusos en precios, publicidad engañosa e irregularidades en servicios cuya demanda suele aumentar durante acontecimientos de gran impacto turístico y comercial.

A menos de 100 días para el inicio del torneo, la Profeco recordó que los proveedores tienen la obligación de informar de forma clara, visible y notoria el precio final de bienes, productos o servicios. El objetivo principal es brindar certidumbre a los compradores y evitar cobros indebidos o sorpresas en las transacciones comerciales relacionadas con el Mundial.

Desde el 16 de febrero, personal de la Profeco ha monitoreado 9 mil 763 productos y efectuado 34 visitas de vigilancia junto a 60 verificaciones en establecimientos que incluyen tiendas de artículos deportivos y suvenires, hoteles, agencias de viajes, servicios de transporte, arrendadoras de vehículos, centros de apuestas, restaurantes, bares y cantinas. Estas labores son parte del programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.

Las acciones de supervisión incluyen orientación directa a los consumidores

Con el propósito de facilitar la identificación de precios, la Profeco ha instalado 6 mil 294 preciadores en diferentes establecimientos comerciales. Además, se han distribuido 1 mil 362 decálogos que explican los derechos básicos de los compradores, reforzando las actividades informativas y de orientación a la ciudadanía.

La dependencia también ha otorgado 560 asesorías a personas que solicitaron orientación sobre compras o contrataciones de servicios vinculados con el evento deportivo.

La Procuraduría General de la Nación sancionó a Isaí Castaño González con inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos, luego de que se confirmara que actuó como jurado de votación en Puerto Caldas durante las elecciones regionales de 2023 sin informar sobre el parentesco con un candidato local.

Según informó El Ministerio Público, Castaño González omitió reportar que su hermano se encontraba inscrito como aspirante a la Junta Administradora Local (JAL), lo que constituyó un conflicto de intereses grave.

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De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, la sanción impide a Castaño González contratar con el Estado colombiano en cualquier modalidad durante el periodo de inhabilitación.

“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda sostuvo en fallo de primera instancia que el disciplinado tampoco podrá contratar con el Estado por omitir el conflicto de intereses, pese a conocer objetivamente dicha circunstancia y no dar aviso oportuno a la autoridad competente”, dice la Procuraduría en su comunicado.

Además, la entidad impuso una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $29 millones, por no advertir oportunamente a las autoridades sobre el vínculo familiar que podría interferir en su función como vicepresidente de la mesa siete en el corregimiento.

La decisión de primera instancia, reportada por la Procuraduría, sostiene que el ciudadano actuó pese a conocer objetivamente la situación de impedimento y no realizó el aviso correspondiente, quebrantando así los principios de moralidad e imparcialidad exigidos para la función pública, aun cuando su labor fuera transitoria.

El Ministerio Público subrayó que “con su proceder, Castaño González quebrantó el cumplimiento que debía darle a los principios de moralidad e imparcialidad, independiente de que su servicio público haya sido prestado de manera transitoria, por lo que de manera definitiva calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

La sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación puede ser objeto de recurso ante la misma entidad, según el procedimiento legal colombiano.

La Procuraduría General activó el centro de comunicaciones y logística para reforzar la vigilancia electoral

La Procuraduría General de la Nación anunció la activación del Centro de Comunicaciones y Logística este 8 de marzo para los comicios de Congreso de la República y Consultas, con el objetivo de reforzar la vigilancia electoral a nivel nacional.

Este dispositivo estará conformado por 101 funcionarios especializados en normativa electoral, ética pública y gestión de la información, que ofrecerán atención ininterrumpida durante la jornada.

El equipo supervisará la trazabilidad de los reportes, el registro de incidentes y brindará respuesta eficiente a los requerimientos en todo el país. Los ciudadanos podrán contactar directamente al Centro de Comunicaciones y Logística utilizando el número +57 (601) 587 8750, seleccionando la opción 1.

En el proceso participarán más de 10.000 funcionarios, distribuidos entre la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías, quienes ejercerán la vigilancia en la jornada electoral y en las comisiones escrutadoras en sus diferentes niveles. Además, se realizará seguimiento a 27 Centros de Recepción Telefónica y se garantizará presencia institucional en los Puestos de Mando Unificado.

Para estas elecciones legislativas, el censo electoral asciende a 41.287.084 ciudadanos habilitados para votar, con 13.746 puestos de votación y 125.259 mesas disponibles en todo el territorio colombiano, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Centro de Comunicaciones y Logística contará con la participación de entidades como la Registraduría Nacional, Personerías, Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo y un representante del alto comisionado de la ONU.

Este mecanismo recibirá y clasificará quejas o denuncias sobre posibles irregularidades, además de orientar a la ciudadanía y asistir técnicamente a los funcionarios responsables de la vigilancia en las votaciones y el escrutinio.

Cuatro nuevos radares controlan desde este viernes la velocidad en carreteras de la Comunidad de Madrid. La medida, activada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se inscribe en el plan estatal que prevé desplegar 122 nuevos puntos de vigilancia hasta 2027. El organismo refuerza así su red de control en enclaves que combinan tráfico cotidiano y desplazamientos de ocio, con dispositivos ya operativos aunque, durante el primer mes, en fase exclusivamente informativa.

La ampliación afecta tanto a accesos habituales en el norte de la región como a uno de los corredores más transitados cuando suben las temperaturas. Dos de los equipos son radares fijos y los otros dos corresponden a un sistema de control de tramo que medirá la velocidad media en varios kilómetros de la M-501.

Refuerzo en la sierra y el corredor norte

Uno de los nuevos dispositivos se ha instalado en la M-601, en el kilómetro 0,930 en sentido creciente, dentro del término municipal de Collado Villalba. Se trata de una vía de entrada y salida hacia la sierra madrileña, con un tránsito constante de vehículos que se intensifica los fines de semana. El radar supervisará un punto cercano al entorno urbano, donde confluyen desplazamientos locales y trayectos de mayor recorrido.

El segundo radar fijo se ubica en la M-100, a la altura del kilómetro 22,940 en sentido decreciente, muy próximo a San Sebastián de los Reyes. Esta carretera articula varios municipios del norte metropolitano y soporta una circulación sostenida, especialmente en horas punta. Con su incorporación, la DGT consolida la vigilancia en un eje con alta movilidad interurbana.

Ambos puntos están señalizados conforme a la normativa y sus ubicaciones han sido difundidas en los canales oficiales del organismo, además de comunicadas a los operadores de navegación para su integración en los sistemas de guiado al conductor.

Velocidad media bajo supervisión en la M-501

La principal novedad se concentra, sin embargo, en la M-501. Entre los kilómetros 46,422 y 42,375, en ambos sentidos, entran en funcionamiento dos radares de tramo que controlarán la velocidad media de los vehículos. La carretera conecta Pelayos de la Presa con el entorno del Pantano de San Juan y Navas del Rey, un área que concentra numerosos desplazamientos recreativos, especialmente cuando el buen tiempo invita a acercarse al embalse.

A diferencia de los radares convencionales, que captan la velocidad en un punto concreto, el sistema de tramo registra la hora de paso al inicio y al final del recorrido controlado. El cálculo del tiempo empleado permite determinar si el conductor ha superado el límite permitido en el conjunto del trayecto. El objetivo es evitar aceleraciones puntuales y fomentar una conducción sostenida dentro de los márgenes legales.

La elección de este enclave responde al volumen de tráfico que absorbe la M-501 durante fines de semana y periodos estivales. Es una vía asociada a desplazamientos de ocio y, por tanto, a cambios significativos en la intensidad circulatoria según la época del año.

Un mes de carácter informativo

Aunque los dispositivos ya registran la velocidad de los vehículos, la DGT ha establecido un periodo de 30 días en el que no se impondrán sanciones económicas. Los conductores que superen los límites recibirán una carta informativa en su domicilio, a modo de advertencia. Superado ese plazo, las infracciones detectadas darán lugar a la correspondiente multa y, en su caso, a la pérdida de puntos del permiso de conducir.

Las sanciones por exceso de velocidad oscilan entre 100 y 600 euros, dependiendo de la gravedad, y pueden implicar la detracción de hasta seis puntos. En los supuestos más extremos, cuando se rebasan ampliamente los límites en vías interurbanas, la conducta puede constituir un delito contra la seguridad vial.

La ampliación de la red de radares suele ir acompañada de críticas que apuntan a un posible afán recaudatorio. La DGT sostiene, por su parte, que la velocidad es un factor determinante tanto en la probabilidad de sufrir un siniestro como en la severidad de sus consecuencias. A mayor velocidad, menor margen de reacción ante un imprevisto y mayor gravedad de las lesiones derivadas de un accidente.

María León reconoció recientemente que experimenta una sensación de “liberación” después de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara la sentencia que le obliga a pagar una multa de 5.700 euros por un incidente protagonizado en 2022 con la Policía Local de Sevilla. La actriz, quien regresó a Madrid tras asistir a la gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona, destacó sentirse satisfecha y tranquila respecto a la resolución judicial, según consignó el medio que cubrió su llegada a la capital.

Tal como publicó la fuente, León se mostró sonriente frente a la prensa y respondió a las preguntas sobre la sanción con un tono cordial, distante de episodios anteriores en los que se molestó ante cuestiones similares. “Yo estoy muy bien, contentísima, cariño. Liberada, por fin, sí. Claro que sí, ya es el momento. Muy contenta, trabajando mucho. Preparándonos para trabajar más todavía”, declaró la intérprete en su encuentro con los periodistas, según detalló el medio. La sentencia, ratificada por el tribunal sevillano, puso fin a un proceso derivado del altercado ocurrido en octubre de 2022, cuando fue detenida por la Policía Local de Sevilla en un incidente que entonces generó amplia cobertura mediática.

Al margen del proceso judicial, María León también compartió sus impresiones sobre su participación en la entrega de los Premios Goya, celebrados este año en Barcelona. En conversaciones reproducidas por el medio original, la actriz subrayó que vivió la gala como una experiencia muy valiosa, destacando la oportunidad de reencontrarse con colegas y disfrutar de momentos de fraternidad en el ámbito cinematográfico. “Ha sido muy bonito. La verdad, ha sido muy bonito. Nos hemos reunido los compañeros, hemos podido compartir, así que muy bien”, expresó la actriz al referirse a la ceremonia.

En la misma línea, León identificó uno de los instantes más conmovedores de la gala, detallando que “todos lloramos, aplaudimos, recordó a su abuela, a su abuelo, a Antonio... unas letras importantes. Fue un momento muy, muy, muy bonito. Qué suerte tener compañeros en la profesión así como Alba Flores. Qué orgullo tan grande, la verdad”, citó el medio. Estas palabras evidencian la relevancia personal y profesional que la actriz otorga a los lazos dentro del sector audiovisual, así como la importancia de encuentros como los impulsados por los premios Goya.

El incidente de 2022 entre la actriz y la Policía Local de Sevilla desembocó en una investigación penal y, finalmente, en una condena a una multa económica. Según reportó el medio, la Audiencia Provincial de Sevilla ratificó el fallo anterior, disponiendo que León debía hacer frente a la sanción estipulada, con lo que la intérprete pone punto final a un capítulo que impactó su imagen pública y acaparó titulares a nivel nacional. La confirmación de la sentencia coincidió con una etapa profesional activa para la actriz, quien ha enfatizado su enfoque en el trabajo y en sus próximos proyectos, según ha asegurado públicamente.

A lo largo de los últimos meses, el caso de María León ha suscitado debates sobre la relación entre personajes públicos y fuerzas de seguridad, así como sobre la exposición mediática de los procesos judiciales que involucran a figuras reconocidas del cine español. El seguimiento de la situación de León por parte de la prensa se ha mantenido constante, registrando tanto sus declaraciones como las decisiones de la justicia andaluza, según informó la fuente.

Mientras tanto, la actriz continúa su carrera y mantiene su presencia en eventos relevantes del ámbito cultural español. Durante su paso por los Premios Goya, la atención se centró tanto en su desempeño profesional como en su actitud ante la resolución legal. Según consignó el medio, la reacción positiva de León ante el fallo y el cierre del proceso contrasta con episodios previos en los que las consultas sobre la causa judicial generaron respuestas menos conciliadoras.

María León, hermana del también actor Paco León, se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre el valor del compañerismo dentro del sector cinematográfico. En la última gala de los Goya, volvió a remarcar la importancia de estos encuentros y de compartir reconocimientos con colegas, según declaraciones recogidas y difundidas por la prensa.

El fallo ratificado por la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a María León a abonar 5.700 euros como sanción por los hechos de 2022. Tras la confirmación de la sentencia, la actriz ha centrado su atención en los compromisos laborales y en proyectos venideros, habiendo declarado sentirse aliviada tras el cierre de este episodio judicial, detalló el medio que documentó su reciente regreso a Madrid.

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., sancionó al presidente de la República, Gustavo Petro, con una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato a un fallo de tutela.

La decisión se adoptó como respuesta a una acción promovida por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

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De acuerdo con la providencia fechada el 27 de febrero de 2026, el despacho consideró acreditado el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 28 de agosto de 2025, confirmada el 30 de septiembre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.

Solicitud de desacato y fundamentos

El accionante, actuando a través de apoderado judicial, solicitó la apertura de incidente de desacato mediante memorial del 5 de septiembre de 2025. Según se lee en el apartado de antecedentes, “De acuerdo con el sustrato fáctico y normativo traído a colación, se hace necesaria su intervención para que se declare el desacato por parte del Presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, por el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025″.

La disputa judicial por el buen nombre se originó en declaraciones públicas del presidente a través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, en las que vinculó al fiscal Burgos con carteles de narcotráfico y con el caso que tuvo como víctima al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En sus manifestaciones, el mandatario sugirió que el funcionario habría eliminado o desaparecido del expediente a Sebastián Marset, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo.

Estas afirmaciones motivaron la presentación de la acción de tutela por parte del fiscal, alegando vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

En la decisión que resolvió el incidente de desacato, el despacho señaló: “Estudiadas las órdenes de rectificación proferidas en este asunto, versus las rectificaciones emitidas por el Presidente de la República, se observa que estas desdibujan la orden judicial inicial (...) Como quiera que el punto que no se debe perder de vista es si con las declaraciones realizadas por el Presidente, objeto de rectificación, se afectó el buen nombre del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño”.

Asimismo, indicó: “Así, lo que corresponde al señor Presidente de la República es rectificar conforme se le ordenó en auto de 6 de octubre de 2025, orden que no ha sido cumplida aun cuando se ha concedido un término prudencial para ello, atendiendo a que es una orden compleja teniendo en cuenta el límite de las alocuciones presidenciales impuesto en la Sentencia del Consejo de Estado".

En consecuencia, resolvió: “PRIMERO: Imponer al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079, quien ostenta la calidad de Presidente de la República, una sanción de multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia”, en las cuentas señaladas a nombre de DTN-Multas y Cauciones - Consejo Superior de la Judicatura.

La providencia advierte que la multa no releva al mandatario del deber de cumplir cabalmente el fallo de tutela.

Negación de arresto y compulsa de copias

En la misma decisión, el despacho negó la solicitud de arresto y la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sobre el arresto, indicó que la multa impuesta resulta proporcional, pese a que el cumplimiento no se dio conforme a lo ordenado. Señaló que el presidente realizó declaraciones tendientes a atender la orden, pero estas no satisfacen de manera completa lo exigido por la providencia.

También descartó remitir copias para investigar posibles delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial, al considerar que el accionante puede iniciar directamente las acciones penales correspondientes y que no se evidencia la comisión de conductas punibles por parte del mandatario en el marco del incidente.

El expediente será remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para surtir el grado jurisdiccional de consulta, conforme al trámite previsto para este tipo de actuaciones.

Un editor de videos del canal de YouTube MrBeast, Artem Kaptur, fue suspendido y multado por el mercado de predicciones Kalshi tras ser acusado de operar con información privilegiada.

Junto a Kaptur, también fue sancionado Kyle Langford, ex candidato a gobernador de California, convirtiéndose ambos en los primeros casos disciplinados por la plataforma por este motivo.

La sanción para Kaptur incluyó una multa superior a USD 20.000 y una suspensión de dos años, tras detectar que realizó apuestas usando “información material no pública” obtenida durante su trabajo como editor en Beast Industries, la productora de MrBeast, según recoge BBC.

Los sistemas de Kalshi identificaron ganancias “casi perfectas” y “estadísticamente anómalas”, y varios usuarios advirtieron sobre la actividad sospechosa.

Un portavoz de Beast Industries señaló que la compañía no tolera este tipo de comportamientos y mantiene una política estricta contra el uso indebido de información confidencial.

Qué es Kalshi

Kalshi es una plataforma de mercados de predicción con sede en Estados Unidos que permite a los usuarios apostar dinero real sobre el resultado de eventos futuros, como elecciones, deportes, economía y otros temas de interés público.

La compañía opera bajo la regulación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), diferenciándose así de otras plataformas similares.

Los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, han crecido en popularidad en Estados Unidos al permitir apuestas sobre deportes, política y otros temas, lo que ha incrementado la preocupación por el uso de información confidencial.

Kalshi indicó que abrió unas 200 investigaciones por posibles violaciones a sus normas comerciales durante el último año, de las cuales más de una docena se han transformado en casos activos.

Bobby DeNault, responsable de cumplimiento en Kalshi, subrayó: “Ninguna bolsa financiera es inmune a los malos actores. Estamos comprometidos a disuadir y encontrar a los manipuladores y quienes engañan voluntariamente”.

En un caso aparte, Kyle Langford apostó a favor de su propia candidatura y promovió la operación en redes sociales, infringiendo las reglas de Kalshi que prohíben a los candidatos apostar en sus propias elecciones.

Como consecuencia, Langford recibió una multa superior a USD 2.000 y una suspensión de cinco años en la plataforma.

Ambos incidentes, tanto como el del editor de MrBeast como el de Langford fueron notificados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

MrBeast compra Step, una app bancaria

MrBeast, mediante su empresa Beast Industries, adquirió Step, una aplicación bancaria orientada a adolescentes y jóvenes de la generación Z.

El popular creador de contenido expresó en X (antes Twitter): “Nadie me enseñó sobre inversiones, cómo construir historial crediticio o administrar dinero cuando era joven. Por eso nos unimos a Step. Quiero dar a millones de jóvenes la base financiera que yo no tuve. Pronto compartiremos más detalles.”

Step ha logrado recaudar USD 500 millones en rondas de financiación y superó los 7 millones de usuarios. Su oferta se centra en servicios financieros diseñados para la Generación Z, con el objetivo de facilitarles la construcción de crédito, el ahorro y la inversión.

Entre sus inversores figuran personalidades como Charli D’Amelio, Will Smith, The Chainsmokers y Stephen Curry, además de firmas de capital de riesgo como General Catalyst, Coatue y la compañía de pagos Stripe.

Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, destacó: “La salud financiera es fundamental para el bienestar general; sin embargo, muchas personas carecen de acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para construir su seguridad financiera”.

Añadió: “Esta adquisición nos permite conectar con nuestro público objetivo, con soluciones prácticas y tecnológicas que pueden transformar su futuro financiero para mejor”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los planes de MrBeast en el sector fintech, más allá de lo anunciado sobre Step.

La decisión tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) incluyó una revisión minuciosa de los argumentos esgrimidos por las compañías aéreas acerca de la aplicación extraterritorial de la normativa europea. Según informó Europa Press, el pronunciamiento del tribunal con sede en Luxemburgo señaló que la Comisión Europea cuenta con la facultad de investigar y sancionar conductas colusorias desarrolladas fuera del espacio de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre que estas se apliquen en dicho territorio o sea previsible que sus efectos sean inmediatos y sustanciales en estos mercados. La sentencia hace hincapié en que es necesario que tales efectos sean previsibles, inmediatos y sustanciales para justificar la intervención de las autoridades comunitarias.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el TJUE rechazó la mayoría de los recursos de casación que habían presentado una docena de aerolíneas, incluidas Air France-KLM, British Airways, Air Canada, Lufthansa y SAS, para eludir el pago de la multa de 776 millones de euros por prácticas coordinadas en el transporte de mercancías aéreas. Esta resolución da respaldo a la decisión original de la Comisión Europea que en 2017 impuso esta sanción, la cual ya había sido reducida respecto a la inicial, que ascendía a 790 millones de euros en 2010.

El medio Europa Press detalló que el origen del caso se remonta a los años 1999 y 2006, periodo en el que las compañías sancionadas participaron en acuerdos bilaterales y multilaterales destinados a fijar los recargos por combustible y seguridad en el servicio de transporte aéreo de mercancías dentro del Espacio Económico Europeo. Dichos contactos permitieron que las empresas alinearan sus políticas en materia de precios, generando una distorsión en el mercado relevante. La Comisión Europea identificó este comportamiento como un cártel, sancionando a las implicadas por infringir la normativa comunitaria sobre competencia.

Pese a la firmeza mostrada por el tribunal europeo al confirmar la competencia de la Comisión, la sentencia reconoce de forma parcial el recurso interpuesto por SAS Cargo Group. Europa Press indicó que esa excepción no altera la ratificación general de la multa ni la responsabilidad atribuida al resto de compañías.

Tras la sanción inicial de 790 millones de euros impuesta en 2010, prácticamente todas las empresas sancionadas –a excepción de una– recurrieron la decisión ante la Justicia europea. Como resultado, en diciembre de 2015, el Tribunal General anuló el primer fallo debido a un defecto de procedimiento. En respuesta, las autoridades comunitarias revisaron el proceso, disminuyeron la sanción a 776 millones de euros y emitieron una nueva resolución en 2017 que subsanó las objeciones legales del tribunal. El TJUE resolvió el jueves la última instancia en relación con esta decisión revisada, rechazando nuevamente la mayoría de las alegaciones de las aerolíneas.

Sobre los fundamentos jurídicos que respaldan la autoridad de la Comisión Europea, la sentencia alude tanto al criterio de la aplicación territorial como al de los efectos cualificados. Según publicó Europa Press, el primero estipula que la Comisión puede sancionar conductas si son aplicadas dentro del territorio de la Unión o del Espacio Económico Europeo. El segundo establece que la Comisión está habilitada para actuar si existe una expectativa razonable de que esos comportamientos tendrán consecuencias inmediatamente perceptibles y significativas en esos territorios. Según el TJUE, esta doble posibilidad garantiza el alcance adecuado de la legislación de competencia, incluso frente a prácticas con origen externo, siempre que inciden en el mercado interior europeo.

En cuanto a los argumentos planteados por las aerolíneas, el tribunal europeo rechazó los planteamientos relativos a supuestos errores en la interpretación de los efectos cualificados. Europa Press dio cuenta de que el TJUE consideró que no existió desacierto legal por parte del Tribunal General al analizar si los efectos de los acuerdos anticompetitivos cumplían las condiciones exigidas para la intervención de la Comisión.

De este modo, la resolución del más alto tribunal europeo avala la actuación de la Comisión Europea y descarta la mayoría de las impugnaciones formuladas por las empresas involucradas. Este caso, que se ha prolongado por casi quince años, concluye con la confirmación de las multas a algunas de las compañías aéreas más relevantes que operan en el mercado internacional del transporte de mercancías. Según reportó Europa Press, quedan establecidas las directrices para futuros procedimientos en los que se debatan las competencias de las instituciones comunitarias ante prácticas colusorias transnacionales, especialmente cuando afectan al mercado interior mediante la manipulación de precios o la concertación de recargos.

La obligación de decir quién manda en una empresa no es un simple trámite. Es una pieza clave para la transparencia del mercado. Bajo esa premisa, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $40 millones al ciudadano francés Joseph Marie Oughourlian por no revelar de manera oportuna su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la sociedad que administra a Millonarios Fútbol Club.

La sanción se produjo tras una verificación de la entidad, que concluyó que el reporte de la situación de control no fue inscrito a tiempo ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como lo exige el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Esa norma establece que cuando una persona o compañía ejerce control sobre otra sociedad, debe informarlo formalmente para que quede registrado.

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En este caso, Oughourlian solicitó el registro de su condición de controlante a través de la sociedad Blas de Lezo Inversiones SL. Aunque reconoció la existencia del control sobre Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la Superintendencia determinó que la comunicación debió hacerse antes. El incumplimiento en los plazos fue el fundamento de la multa.

La decisión no implica la negación del control, sino el reproche por la tardanza en hacerlo visible ante las autoridades y el público. Frente a la sanción, el empresario cuenta con la posibilidad de interponer los recursos legales correspondientes, de acuerdo con el procedimiento administrativo.

Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, se refirió al alcance de este tipo de medidas y subrayó la importancia de que las estructuras societarias no oculten quién toma realmente las decisiones. Según explicó, el régimen de matrices y subordinadas busca hacer explícito quién ejerce el poder de dirección y control, más allá de la forma jurídica adoptada.

La revelación del control no es un formalismo menor, especialmente cuando se trata de compañías que administran clubes de fútbol profesional. Estos equipos no solo tienen impacto deportivo; manejan recursos significativos, cuentan con inversionistas y generan expectativas entre hinchas y acreedores. Saber quién está detrás de las decisiones estratégicas aporta claridad en un entorno donde confluyen intereses económicos y emocionales.

Desde la Superintendencia se insistió en que la transparencia sobre la estructura de control fortalece la confianza del mercado. La información oportuna permite que inversionistas, acreedores y otros grupos de interés evalúen riesgos con mayor precisión y establezcan relaciones comerciales con seguridad jurídica.

En términos prácticos, el registro de la situación de control facilita entender cómo se organizan las compañías y quién tiene la capacidad de influir de manera determinante en su administración. Esto es relevante en eventuales procesos de financiación, en negociaciones contractuales o ante situaciones de crisis empresarial.

El caso de Azul & Blanco Millonarios FC S.A. vuelve a poner en el centro del debate la importancia del cumplimiento formal en materia societaria, un aspecto que a menudo pasa desapercibido frente a decisiones más visibles como fichajes, resultados deportivos o movimientos financieros.

Sin embargo, detrás de cada sociedad existe una estructura de control que debe ser clara, verificable y oportuna. Aunque para algunos pueda parecer un asunto meramente técnico o administrativo, el régimen de información sobre control cumple una función esencial: evitar zonas grises en la propiedad y dirección de las compañías, prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que el mercado opere bajo reglas transparentes.

La revelación oportuna de quién ejerce el control real de una empresa no es un capricho normativo. Permite que inversionistas, acreedores, autoridades y demás grupos de interés sepan con quién están tratando y quién tiene la capacidad efectiva de tomar decisiones estratégicas. En sectores sensibles como el del fútbol profesional, que combina recursos privados, impacto social y alto escrutinio público, esa claridad adquiere todavía mayor relevancia. La transparencia en la estructura societaria fortalece la confianza y reduce el riesgo de incertidumbre jurídica.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) acordó revocar una multa de 20 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso al PRI por presentar un estudio plagiado.

Durante la sesión pública que el TEPJF realizó, el magistrado Felipe Fuentes solicitó que se revocara esta multa al considerar que el INE no explicó las razones para justificar dicha sentencia.

La resolución fue aprobada por una mayoría de magistrados, siendo la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón los únicos que votaron en contra de condonar esta multa.

¿Por qué el INE había multado al PRI?

De acuerdo a la sentencia del TEPJF, en el Informe Anual de Ingresos y Egresos que el INE hizo al PRI en el año 2019, determinó que un estudio que el partido entregó como investigación original, era plagio.

Se trata de una investigación sobre la Ley General de Partidos Políticos y varias legislaciones electorales que el PRI solicitó a la empresa LBGG Legal & Tech Services S.C.

Dicha investigación tuvo un valor de 20 mdp que el PRI justificó como gastos de partido. Sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada por el INE, se encontraron varias reproducciones textuales sin citar, por lo que determinó que era plagio.

La sentencia del INE fue del cien por ciento, es decir, se multó al PRI con 20 mdp, pues determinó que dicho gasto no cumplía con los requisitos para que pudiera considerarse como gastos de partido.

La apelación del PRI

Durante su participación en la sesión pública del TEPJF, este 18 de febrero, el magistrado Felipe Fuentes argumentó que en su resolución, el INE no definió qué debía entenderse por plagio ni explicó las metodologías para determinar esto.

Aseguró que el hecho de haber sido o no plagio, no afectó en ningún sentido legal con respecto al presupuesto utilizado por el PRI, por lo que no había justificación para continuar con esta sentencia.

“El punto central no es calificar jurídicamente la existencia de un plagio, sino determinar si el gasto cumplió con los fines partidistas”, afirmó el magistrado.

Con ello, el pleno del TEPJF aceptó la solicitud del magistrado de revocar dicha sentencia, anulando de esta manera la multa por 20 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia anuló una condena que obligaba a Colpensiones a pagar más de $3.300 millones en intereses moratorios, al determinar que el retraso en el pago de una pensión de sobrevivientes no fue culpa de la entidad, sino resultado de una extensa disputa judicial entre cinco mujeres que reclamaban el derecho.

La medida evita que el erario público asuma una obligación desproporcionada derivada de un procedimiento judicial prolongado durante 14 años.

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La resolución de la Corte dejó sin efecto el cobro de los intereses, pero confirmó que la esposa y la compañera permanente del afiliado Norman Sánchez Cardona recibirán el pago de la pensión y la indexación correspondiente.

“La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia protegió el patrimonio del Sistema Pensional e invalidó la decisión de un tribunal que condenó a la administradora pública de pensiones al reconocimiento de intereses moratorios de una pensión de sobrevivientes por más de $3.370 millones”, dice el comunicado del alto tribunal.

Esta última es el ajuste del valor monetario debido al paso del tiempo, cumpliendo con lo ordenado por el juez de primera instancia.

La disputa comenzó en 2002 tras el fallecimiento de Norman Sánchez Cardona. Al reclamar la pensión, el entonces Seguro Social, ahora Colpensiones, se enfrentó a una situación excepcional: cinco mujeres diferentes presentaron solicitudes para acceder a la prestación, cada una alegando ser beneficiaria legítima.

“Al resolver una acción especial de revisión interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de una orden la tutela de la Corte Constitucional en un proceso donde cinco mujeres se presentaron simultáneamente a reclamar la misma pensión de sobrevivientes, la Sala reiteró su jurisprudencia, de más de dos décadas, según la cual, en situaciones excepcionales en las que existe duda sobre el beneficiario, el hecho de que no se reconozca el derecho mientras la justicia define quien es el titular es razón para que no proceda la imposición de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993″, se añade en el comunicado.

Entre las demandantes figuraban la esposa del titular, una compañera permanente, la madre y otras dos ciudadanas. Dadas las dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada y la imposibilidad de determinar con certeza la legítima destinataria, Colpensiones optó por suspender el trámite administrativo de la pensión.

La normativa vigente es explícita: “Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios [...] se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente”.

En 2017, el Tribunal Superior de Cali condenó a Colpensiones al pago de intereses de mora desde el año 2002, lo que llevó la deuda a $3.372 millones, una cifra que superaba ampliamente el valor de la pensión original y comprometía los fondos del sistema de pensiones.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema consideró que este fallo violaba el debido proceso. Según el alto tribunal, no es posible imponer sanciones a la entidad por demoras originadas en la verificación de quién tiene derecho a recibir la prestación. Para la Corte, existía una “duda razonable” sobre el beneficiario real, lo que justificó la suspensión.

En el pronunciamiento, la Sala subrayó: “Se encuentra que la sentencia objeto de revisión, impuso condena con transgresión del debido proceso que le asiste a la convocada a juicio, toda vez que concedió los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sin tomar en consideración que la suspensión en el reconocimiento del derecho fue en aplicación del artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, y sin atender el precedente de esta Corporación, con lo cual, por contera, atentó contra los recursos comunes del Sistema”.

La Corte Suprema aclaró que reconocer el pago de estos intereses constituiría “un golpe injustificado al patrimonio público”, ya que el prolongado litigio no se debió a negligencia de Colpensiones, sino a la complejidad de la disputa entre las demandantes.

“Se trató de un desconocimiento injustificado del precedente vertical por parte del sentenciador de segunda instancia, que lo condujo a adoptar una decisión discorde con aquella que, en atención al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica, resultaba consecuente con los hechos que le fueron puestos en conocimiento”, se añade en la sentencia.

Con la sentencia, la justicia salvaguarda los recursos del sistema pensional y define que, tras concluir el pleito y establecer quiénes son las beneficiarias legítimas, únicamente deberán pagarse la pensión y la indexación, excluyendo los millonarios intereses de mora.

La noche del pasado martes 17 de febrero fue detenido en la playa de Olas Altas, Mazatlán, el cantante de regional mexicano Alejandro Ojeda Jr., hijo del reconocido exvocalista de la banda El Recodo, Alex Ojeda.

El arresto fue realizado luego de que las autoridades consideraran que la presentación musical de Grupo Codificado, el cual encabeza el joven como vocalista, estaba haciendo apología del delito durante su acto.

Según registros, Ojeda Jr. no fue el único detenido, sino que en la acción policial se arrestó a cuatro integrantes más de la agrupación antes mencionada.

Tras los hechos, internautas compartieron el momento de la detención, revelando el momento en que los elementos de seguridad se acercaron para notificarle su falta cívica.

En el material también se observa que lo acompañaba su padre, Alex Ojeda, quien horas mas tarde publicó un mensaje en sus redes sociales junto con una fotografía donde se le ve sentado en la batea de una patrulla.

Reportes de medios locales como Luz Noticias han revelado durante la cobertura del caso que los detenidos quedaron libres luego de que pagaron una multa menor a 400 pesos mexicanos.

Detención de Alejandro Ojeda Jr y el resto de integrantes de Grupo codificado

Un video compartido por testigos en el sitio y por medios locales como Luz Noticias confirmó la detención de Alejandro Ojeda Jr. y cuatro integrantes más de Grupo Codificado.

En las imágenes se observa como el joven es notificado de la situación y escoltado por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa.

Reportes extraoficiales señalan que el acto de Grupo Codificado no terminó debido a que fue cancelado por las autoridades.

En el video también se observa que lo acompaña su padre, el exvocalista de El Recodo, Alex Ojeda, quien horas más tarde publico una fotografía junto con un texto en el que indica que este 18 de febrero explicará lo sucedido.

“Al rato les explicamos qué pasó exactamente”, se lee en la publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook.

Declaraciones oficiales sobre la detención y costo de la multa

Según reportes de Luz Noticias, luego de la detención, el titular de la Secretaría de Seguridad Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, confirmó que Alejandro Ojeda Jr. y cuatro personas más fueron detenidos y posteriormente liberados por interpretar una canción considerada apología del delito.

Tras preguntas del medio antes mencionado, Barrón Valdez precisó que la multa impuesta a cada uno de los detenidos fue de 351.93 pesos, decisión que correspondería directamente al Juzgado Cívico.

El funcionario detalló que la labor de la corporación se limitó a realizar la detención y el traslado a barandillas, mientras que la sanción económica fue determinada por la autoridad correspondiente.

Además, explicó que los músicos recibieron información sobre la prohibición de interpretar corridos y, tras cubrir la multa, recuperaron su libertad de manera inmediata.

Hasta el momento la agrupación musical no ha comunicado su versión de lo sucedido, aunque en redes sociales han señalado que hoy mismo explicarán el hecho.

La notificación oficial sobre la firmeza de la sanción llegó a Facua-Consumidores en Acción a través de un comunicado de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid. En ese documento se estableció que, al no recurrir la empresa responsable del festival Brava Madrid en los plazos legales, la decisión que imponía la multa quedaba firme y el proceso administrativo continuaría hacia la fase de ejecución para hacer efectivo el cobro de la sanción. Según informó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sanción de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a Madrid Salvaje AIE tras la denuncia de Facua por la existencia de diversas cláusulas consideradas abusivas durante la edición 2023 del festival.

De acuerdo con Europa Press, la multa se originó a partir de dos infracciones administrativas graves. La primera fue la utilización de pulseras electrónicas bajo el sistema “cashless” como único método de pago para la adquisición de productos en el festival. La segunda estuvo relacionada con la inclusión de cláusulas limitativas en las condiciones generales, que restringieron los derechos de los consumidores. La Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid notificó oficialmente la imposición de la sanción en octubre de 2025 a Facua, tras concluir la investigación motivada por las irregularidades detectadas en el festival.

Tras emitir la sanción, la empresa organizadora optó por presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución administrativa. Sin embargo, según consignó Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM declaró la caducidad del recurso, ya que la promotora no formalizó la demanda en el plazo legalmente establecido. Como consecuencia de esta inactividad procesal, la resolución sancionadora quedó definitiva y el expediente pasó a la etapa de ejecución.

El expediente sancionador destaca que la imposición de las pulseras cashless, al establecer este sistema como vía exclusiva para las transacciones dentro del evento, restringió las opciones de los consumidores y constituyó una infracción a la normativa de defensa de los derechos del usuario. Según reportó Europa Press, también se reconocieron como ilícitas otras condiciones generales impuestas en la edición 2023, entre ellas el cobro de comisiones por la devolución del saldo no consumido en las pulseras al finalizar el festival.

Facua-Consumidores en Acción, asociación que impulsó la denuncia inicial, ha mantenido las acciones de vigilancia durante las ediciones posteriores del festival. Europa Press detalló que Facua denunció nuevamente al Brava Madrid en 2024 por continuar utilizando el esquema de pulseras cashless y apropiarse de parte del saldo sobrante, lo cual fue catalogado como una práctica reiterada de irregularidades. En 2025, Facua presentó una nueva denuncia a raíz de la prohibición de ingreso con alimentos y bebidas adquiridos fuera del recinto. De acuerdo con las denuncias realizadas ante la administración madrileña, esto implica la imposición indirecta de servicios adicionales no solicitados, genera un desequilibrio contractual y representa otra limitación a los derechos de los asistentes.

Otra acción legal promovida por Facua en 2025 tuvo como objetivo exigir la devolución del dinero a aquellos usuarios que solicitaron el reembolso del importe de las entradas después de que varios artistas cancelaran su participación y se produjera una modificación en el cartel del festival. Según consignó Europa Press, la organización promotora se negó a realizar tales devoluciones.

Europa Press puntualizó también que en 2025 se produjo una resolución favorable a Facua en un proceso judicial relacionado con otro evento organizado por la misma promotora: el festival Madrid Salvaje. El juez encargado del caso confirmó la nulidad de determinadas cláusulas, entre ellas la imposición de cobrar tres euros por la devolución del saldo no usado de las pulseras cashless y la prohibición de acceder con alimentos y bebidas del exterior. La sentencia estableció la prohibición a la empresa de repetir tales prácticas en futuras ediciones. Este fallo se encuentra pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial.

Las decisiones administrativas y judiciales descritas consolidan la postura de los organismos de defensa del consumidor respecto a la ilegalidad de imponer sistemas de pago únicos y limitar la capacidad de elección de los asistentes en festivales y eventos musicales en Madrid. Según resumió Europa Press, las resoluciones señaladas marcan un precedente relevante en la regulación del sector y en la protección de los derechos del público asistente a este tipo de espectáculos, ya que determinan la nulidad de prácticas contractuales restrictivas y refuerzan la intervención de las autoridades de consumo ante denuncias promovidas por organizaciones ciudadanas.

La Corte Suprema de Justicia marcó un precedente en Colombia al sancionar por primera vez a un abogado debido al uso indebido de inteligencia artificial en un trámite judicial.

La decisión, contenida en el Auto AC739-2026 de la Sala Civil, impone una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes a un profesional del derecho que, al sustentar un recurso, incluyó en su escrito varias referencias jurisprudenciales inexistentes.

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Dichas sentencias, con números, fechas y nombres de magistrados ponentes, no figuran en ningún repositorio oficial ni archivo judicial colombiano.

El caso fue informado públicamente por el abogado Jairo Parra Cuadros a través de la red social X, donde detalló que la Relatoría de la Corte certificó la inexistencia de las providencias citadas.

Según Parra Cuadros, la persona sancionada admitió haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial para redactar su recurso, lo que llevó a la Sala a advertir sobre los riesgos de emplear sistemas que pueden generar información aparentemente verosímil, pero sin respaldo en fuentes verificables.

La Corte enfatizó que estas tecnologías no contrastan datos reales, sino que producen texto a partir de patrones lingüísticos, generando así referencias plausibles aunque ficticias.

Este caso impulsó a la Sala Civil a fijar directrices orientadas al uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos judiciales.

Entre las reglas destacadas se encuentran el deber de veracidad, la obligación positiva de verificación de toda cita incluida en escritos, la indelegabilidad de la responsabilidad profesional y la neutralidad tecnológica.

Según la Corte, los abogados no pueden trasladar sus deberes éticos ni su obligación de diligencia a sistemas automatizados.

La gravedad de la sanción impuesta se vio incrementada por la reincidencia. Tras ser requerido formalmente para explicar las irregularidades advertidas, el abogado presentó un escrito de subsanación en el que añadió cuatro nuevas citas igualmente inexistentes.

Entre el documento inicial y la respuesta al requerimiento, se acumularon diez referencias apócrifas, circunstancia que, según la Corte, justificó una respuesta especialmente severa y ejemplarizante. La reiteración de la conducta, posterior a la advertencia, fue determinante para la severidad de la medida disciplinaria.

En palabras de Jairo Parra Cuadros, “estamos en una etapa de transición frente al uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial”.

El abogado subrayó que se trata de un fenómeno reciente que afecta tanto a litigantes como a jueces y al conjunto de la comunidad jurídica. “Todos estamos aprendiendo a dimensionar sus alcances y sus riesgos”, afirmó Parra Cuadros, quien considera que, en una primera fase, debería privilegiarse un enfoque pedagógico por encima de una respuesta únicamente sancionatoria.

Para el jurista, la fijación de estándares claros, la advertencia institucional y la delimitación precisa de los deberes profesionales podrían cumplir una función formativa y preventiva valiosa para el sistema judicial.

No obstante, Parra Cuadros reconoció que la reincidencia del abogado en el caso concreto justifica la rigurosidad de la respuesta de la Corte Suprema.

“La reiteración posterior al requerimiento explica la respuesta más rigurosa adoptada por la Corte. Esa circunstancia es jurídicamente relevante”, aseveró.

El reto de fondo, según el abogado, consiste en consolidar reglas proporcionales, uniformes y transparentes que orienten el trabajo de todos los actores del proceso judicial frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

El debate sobre el uso de estas herramientas tecnológicas en la justicia no solo involucra a abogados y jueces, sino también a los usuarios del sistema y al público general, que observa con atención cómo se gestionan los nuevos desafíos éticos y legales.

Parra Cuadros invitó a una conversación pública sobre la decisión y sus implicaciones, prevista para el martes 17 de febrero en la Universidad del Externado de Colombia, en la que se abordarán además otros aspectos relacionados con la aplicación de inteligencia artificial en la jurisdicción colombiana.

Por último, la decisión de la Corte Suprema constituye un llamado de atención a todos los operadores jurídicos para que el avance tecnológico no sustituya el rigor, la ética y la diligencia que exige la ley en el ejercicio del derecho.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad asumida por una entidad resultante de una absorción bancaria se apoya en el principio de continuidad jurídica, según recoge el fallo divulgado por Europa Press. Esta resolución recalca que el Banco Santander, como sucesor del Banco Popular, queda subrogado en la posición jurídica que ostentaba la entidad absorbida en relación con las infracciones cometidas antes de la integración, lo que implica que debe afrontar las sanciones económicas impuestas previamente.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Tribunal Supremo confirmó dos multas al Banco Santander que suman 4,5 millones de euros, impuestas originalmente al Banco Popular. El alto tribunal desestimó el recurso de casación que Santander había interpuesto contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional de 2022, la cual ya había rechazado la reclamación del banco contra las sanciones impuestas por el Banco de España.

El Banco de España impuso inicialmente dos multas: una de 1,5 millones de euros por infracciones relacionadas con la normativa sobre información precontractual y contractual que los bancos están obligados a proporcionar a los clientes, así como con errores en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) y el cobro de comisiones por servicios no prestados. La segunda sanción, de 3 millones de euros, derivó de incumplimientos en la normativa de compensaciones y comisiones aplicadas en casos de amortización anticipada y en la aplicación de cláusulas de redondeo en los tipos de interés, según consignó Europa Press.

Tras la absorción del Banco Popular, el Santander presentó un recurso de alzada argumentando que las sanciones correspondientes a la etapa anterior de la entidad absorbida no debían serle imputadas, dado que no cometió directamente las infracciones. Después del rechazo de esta pretensión por parte del Banco de España y, posteriormente, por la Audiencia Nacional, la entidad recurrió al Tribunal Supremo, el cual ahora ratifica las resoluciones previas y mantiene la vigencia de las multas.

Según la sentencia citada por Europa Press, el Tribunal Supremo explicó que no resulta adecuado desde el punto de vista jurídico alegar una separación entre la continuidad de la unidad económica a efectos sancionadores y la continuidad del procedimiento administrativo, cuando ambos aspectos están estrechamente vinculados. El texto del fallo señala que la imposibilidad de escindir la dimensión sustantiva de la procedimental obliga a entender el proceso como un todo integrado dentro de un único régimen de sucesión corporativa.

La resolución también establece que la entidad absorbente, el Santander en este caso, no actúa como un participante nuevo en el procedimiento, sino que hereda la posición jurídica de la entidad absorbida, asumiendo la responsabilidad vinculada a la actividad previa que desembocó en la sanción. Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, este principio garantiza que la gestión de responsabilidades no se vea interrumpida ni modificada por la operación de absorción, siguiendo el criterio de continuidad tanto material como procesal.

El medio Europa Press detalló que el Tribunal Supremo fundamenta esta decisión en la necesidad de asegurar que la eficacia de las sanciones administrativas permanezca inalterada ante modificaciones estructurales como fusiones o adquisiciones. Así, el objetivo es salvaguardar los derechos de los afectados y mantener la integridad del régimen sancionador previsto en la normativa bancaria.

El fallo, en esa línea, refuerza el criterio de que las empresas resultantes de una fusión o absorción asumen las obligaciones y sanciones que afectaban a la entidad adquirida, siguiendo el principio de sucesión universal previsto en las legislaciones mercantil y administrativa, según publicó Europa Press. La resolución subraya que esta doctrina evita que las operaciones corporativas sirvan como mecanismo para eludir o posponer el cumplimiento de sanciones impuestas por infracciones cometidas previamente a la integración.

La sentencia analizada por Europa Press recoge que este enfoque respalda tanto la seguridad jurídica como la protección de los intereses públicos en materia financiera, de modo que las prácticas bancarias se ajusten de forma efectiva a las normas y regulaciones establecidas. La disposición del Tribunal Supremo establece un precedente de aplicación directa para futuros casos en los que una entidad financiera resulte absorbida por otra tras la imposición de sanciones administrativas pendientes.

La Superintendencia de Sociedades informó la imposición de una sanción económica por SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000) a Diego Fernando Perdomo Rojas, tras establecer que no se reportó de manera oportuna una situación de control sobre un conglomerado empresarial, de acuerdo con un acto administrativo divulgado y reseñado por Semana.

La entidad explicó que el investigado ejercía control sobre un grupo conformado por Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S., sin que dicha condición fuera revelada dentro de los plazos exigidos por la normativa vigente.

Según la Superintendencia, el régimen de matrices y subordinadas obliga tanto a personas jurídicas como naturales que ejercen control a declarar estas situaciones, así como la existencia de grupos empresariales ante el registro mercantil correspondiente. En el proceso sancionatorio se concluyó que esa obligación no se cumplió de forma adecuada.

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El acto administrativo precisó que la exigencia de reportar situaciones de control no recae únicamente sobre las sociedades matrices, como argumentó el investigado durante la actuación administrativa, sino que se extiende a las personas naturales que ejercen control efectivo sobre varias sociedades.

La Superintendencia reiteró que la identificación oportuna de los grupos empresariales permite a las autoridades y a los terceros conocer la estructura real de los conglomerados, lo cual resulta relevante para la transparencia del mercado y el cumplimiento de las normas societarias.

En relación con el caso, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló: “le corresponde a la Superintendencia de Sociedades velar por la adecuada inscripción en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control. Durante los últimos años se han adelantado importantes investigaciones en esta materia, cuyos resultados contribuyen significativamente a la generación de confianza en el mercado, de acuerdo con los principios del buen gobierno corporativo”.

La entidad también destacó que la revelación de los verdaderos controlantes tiene implicaciones relevantes para distintos grupos de interés, en especial cuando se trata de conglomerados que incluyen clubes deportivos con atletas profesionales, como es el caso de Independiente Santa Fe S.A.

Escobar explicó que esta identificación incide en aspectos como la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, la consolidación de estados financieros, las operaciones entre vinculados y la protección de los accionistas minoritarios, además del manejo de conflictos de interés y los procesos de reorganización empresarial.

De acuerdo con lo informado por Semana, la Superintendencia subrayó que la información sobre control y subordinación también es clave para la aplicación del régimen de precios de transferencia y la correcta contabilización de las relaciones económicas entre las sociedades vinculadas.

El proceso administrativo concluyó con la imposición de la multa, dejando constancia de que la omisión en la revelación de la situación de control vulnera las disposiciones legales que rigen la actividad societaria en Colombia, independientemente del sector económico al que pertenezcan las empresas involucradas.

La Superintendencia indicó que los sancionados cuentan con los mecanismos legales para controvertir la decisión, en los términos y plazos establecidos por la ley. En este caso, proceden los recursos de reposición y apelación ante las instancias correspondientes dentro de la entidad.

Finalmente, Supersociedades precisó que el recurso de reposición debe presentarse ante la directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, mientras que el de apelación será conocido por la superintendente delegada para la protección del consumidor, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

El 5 de febrero de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una condena contra el pastor evangélico Tomás G. M. por apropiarse de los fondos donados a la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, siendo la mayor parte de ese dinero aportado por el exfutbolista colombiano Jackson Martínez. Los hechos, según documentación judicial, tuvieron lugar entre 2016 y 2017 y dejaron como resultado directo una orden de indemnización a favor de la entidad religiosa y la obligación de pagar una multa.

El fallo considera demostrado que el condenado empleó los 516.271 euros transferidos por los fieles en beneficio propio, desviando los recursos hacia su cuenta personal a espaldas de la congregación. El juzgado, según lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señala que, además de perder la totalidad del dinero aportado, la entidad afectada sigue sin recuperar las donaciones desviadas, lo que motivó la imposición de la multa de 3.000 euros.

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“La sentencia impone además al condenado una multa de diez meses, con cuota diaria de diez euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y la obligación de indemnizar a la entidad religiosa por el total del dinero no recuperado, más los intereses legales”, explicó el órgano judicial.

En la resolución queda constancia de operaciones reiteradas hechas entre febrero de 2016 y noviembre de 2017. Los montos transferidos variaron desde cifras modestas hasta traspasos individuales que alcanzaron los 150.000 euros. Según el fallo, el condenado, en su calidad de pastor y presidente de la congregación, se valió del acceso que tenía a las cuentas bancarias y de la confianza depositada por los fieles para realizar estos movimientos sin el visto bueno ni conocimiento del resto de los miembros.

La mayor parte de las aportaciones económicas vinieron del exdelantero colombiano Jackson Martínez, que adquirió notoriedad deportiva al militar en el Atlético de Madrid por seis meses tras una exitosa trayectoria en el Oporto de Portugal.

En el juicio, Martínez relató cómo en 2020 descubrió la desviación del dinero, que originalmente había destinado a “la difusión del evangelio”, y declaró: “Cuando supe que no se habían destinado a la iglesia, exigí al pastor que los devolviera, pero este no lo hizo.” El eclesiástico, por su parte, rechazó las acusaciones y afirmó tener el consentimiento del exjugador para todos los movimientos realizados.

La sentencia detalla el destino de los fondos ilícitamente apropiados. El tribunal describe que el ahora condenado utilizó el dinero para fines privados como la compra de un vehículo de su propiedad, el pago parcial de la hipoteca de su vivienda y la transferencia de 260.000 euros a su hijo, destinados a la adquisición de un inmueble.

Los miembros de la congregación no tomaron conocimiento del destino real de las donaciones hasta el año 2020, fecha en la que, tras una serie de acontecimientos internos, se revisaron las cuentas bancarias y se detectaron las irregularidades. El tribunal resalta que este tipo de aportaciones a entidades religiosas son consideradas “donaciones modales”, siendo obligatoria su aplicación a los fines propios de la institución y no para el beneficio personal del gestor.

A pesar de la gravedad de los hechos, la Sala desestimó agravar la condena por abuso de relaciones personales. Considera que la confianza depositada en el pastor ya forma parte inherente del delito de apropiación indebida y que una agravante adicional no corresponde en este contexto. La resolución no adquiere aún carácter definitivo y puede ser apelada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, España.

Desde este martes 3 de febrero, miles de usuarios del transporte público en Puebla podrían enfrentar serios problemas de movilidad. Transportistas y taxistas anunciaron un megaparo de labores luego de que concluyera el plazo para cumplir con la revista vehicular, un proceso obligatorio que define qué unidades pueden seguir operando y cuáles serán retiradas de circulación.

De acuerdo con los organizadores, más de 20 mil unidades dejarán de prestar servicio, lo que impactará no solo a la capital poblana, sino también a su zona metropolitana. Pese a la magnitud de la protesta, hasta ahora no se han especificado las rutas que participarán, lo que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que dependen diariamente del transporte público.

El origen del conflicto está en la postura de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, quien advirtió que a partir de febrero todas las unidades que no hayan aprobado la revista vehicular serán retiradas del servicio. Esta inspección, que busca verificar condiciones mecánicas, seguridad y documentación, concluyó oficialmente el 30 de enero.

Las consecuencias para quienes no cumplieron son severas: multas de hasta 25 mil pesos y envío de unidades al corralón, lo que, en los hechos, implica sacar de circulación a una parte significativa del parque vehicular.

La revista vehicular fue reactivada en 2025, luego de permanecer suspendida durante 12 años. Según el gobierno estatal, su objetivo es reducir riesgos para los usuarios y evitar que unidades en mal estado sigan prestando servicio. No obstante, para los transportistas la medida es vista como una estrategia recaudatoria que no toma en cuenta la realidad económica del sector.

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De un padrón de 35 mil unidades, solo 16 mil 548 lograron aprobar la revista, lo que deja a casi la mitad de los concesionarios en riesgo de ser sancionados o de perder su fuente de ingresos.

Ante este escenario, Samuel Méndez, representante de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), confirmó que el megaparo es una forma de rechazo directo a las inspecciones y a las nuevas exigencias de regularización. Según explicó, los concesionarios llevan al menos diez años sin aumentos en las tarifas, a pesar del encarecimiento de refacciones, combustible y mantenimiento.

Desde la perspectiva de los choferes, Puebla mantiene una de las tarifas más bajas del país, lo que limita seriamente la capacidad de invertir en mejoras mecánicas y cumplir con los nuevos estándares de seguridad impuestos por la autoridad.

El conflicto plantea un choque entre dos visiones: por un lado, el gobierno estatal que busca modernizar y ordenar el transporte público; por el otro, miles de familias que dependen de las unidades como su única fuente de ingreso y que aseguran no tener margen financiero para enfrentar multas, inspecciones y renovaciones forzadas.

Mientras tanto, la ciudadanía queda en medio del conflicto. Si el paro se concreta, Puebla podría enfrentar uno de los mayores colapsos de movilidad de los últimos años, con miles de personas sin opciones claras para trasladarse a escuelas, trabajos y centros de salud.

El juicio celebrado en la Audiencia de Valencia concluyó hoy con la confesión de un hombre que admitió haber atacado físicamente y con insultos a una joven por su procedencia hondureña. Según informó el medio, el acusado ha aceptado una condena de seis meses de prisión tras reconocer su responsabilidad tanto en un delito de odio como en uno de lesiones, en relación a los sucesos ocurridos en octubre de 2024 en la calle Sapadors de València.

De acuerdo con la información publicada, el incidente comenzó cuando la joven, de nacionalidad hondureña, intentó cruzar un paso estrecho. El hombre se dirigió a ella diciéndole: "Sudaca de mierda, ¿no ves que voy a pasar?", expresión en la que, según la sentencia, buscó menospreciar a la víctima por su origen. En ese momento, el acusado la empujó y continuó con los insultos: "Sudaca de mierda, regresa a tu país y cállate la puta boca". Ante la protesta de la joven, el hombre la agredió propinándole un golpe en el rostro.

Tal como detalló la sentencia consultada por el medio, la víctima experimentó un impacto emocional importante que la dejó paralizada tras la agresión, experimentando humillación y menosprecio, especialmente por haberse producido en un espacio público. El ataque físico provocó lesiones que requirieron atención médica más allá de una primera asistencia. Según lo consignado, las contusiones necesitaron tres días para sanar, incluyendo dos días de incapacidad para desempeñar sus tareas habituales.

La víctima formalizó la denuncia el 4 de octubre de 2024, poco después de los hechos. De acuerdo con la información de la Audiencia, las declaraciones y pruebas corroboraron el carácter discriminatorio de la conducta del acusado, razón por la cual se incluyó la condena por delito de odio, además del castigo por las lesiones físicas. El medioconsignó que, junto a la pena de prisión, el hombre deberá abonar sendas multas tanto por el delito motivado por prejuicios raciales como por el daño físico causado a la joven.

El proceso judicial, según lo reportado, se resolvió con el reconocimiento de culpa por parte del acusado ante el tribunal, lo cual facilitó la concreción del fallo condenatorio y la aceptación de las penas asociadas. Las autoridades señalaron que incidentes de este tipo se inscriben en el marco de la protección frente a conductas discriminatorias en espacios públicos, con el objetivo de salvaguardar la dignidad de las víctimas y sancionar acciones de menosprecio o violencia basada en el origen nacional.

En este caso, la resolución de la Audiencia de Valencia resalta la gravedad de los hechos y su carácter de delito de odio, contemplando tanto los comentarios vejatorios como la agresión física sufrida por la víctima. El caso reafirma el alcance de la legislación para sancionar comportamientos discriminatorios en el contexto social.

El anuncio se dio pocas horas después de que el presidente José Jerí confirmara que la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado, será publicada a más tardar este fin de semana. Esta norma, considerada clave por el Gobierno, busca frenar el avance de las mafias que operan en el transporte público y formal, un problema que afecta directamente a millones de ciudadanos en Lima y regiones.

Prohibición de motos con dos ocupantes: sanciones y pérdida definitiva del brevete

Uno de los puntos que más atención ha generado es el decreto supremo que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad que, según las autoridades, es utilizada con frecuencia para cometer robos, extorsiones y asesinatos por encargo. El ministro Aldo Prieto fue enfático al detallar que las sanciones no serán simbólicas y que apuntan a desincentivar de forma real esta práctica.

De acuerdo con lo explicado, la primera infracción será considerada una falta muy grave y significará la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor, además de una multa que podrá acceder al beneficio de pronto pago. Sin embargo, la segunda vez que un motociclista sea intervenido llevando a dos personas, la sanción se endurece de manera radical.

“O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete”, afirmó Prieto. En ese escenario, la multa se duplica, se eliminan los descuentos y se restan 60 puntos adicionales, lo que conlleva la cancelación definitiva de la licencia de conducir. La intención, según el MTC, es facilitar la identificación de posibles delincuentes y reducir el uso de motos en hechos violentos.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia vinculada a la Ley contra la extorsión y el sicariato, que entrará en vigencia en cuestión de horas. El propio presidente Jerí precisó que la norma será publicada como máximo el domingo para que rija desde el lunes 19 de enero, tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

Ley 32490 y nuevas acciones para proteger al sector transporte

La Ley 32490 considera al transporte como un servicio estratégico para la economía, por lo que incorpora mecanismos especiales para enfrentar el crimen organizado. Entre sus disposiciones centrales se encuentra la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), conformado por policías, fiscales y jueces que estarán sujetos a pruebas de polígrafo semestrales y contarán con un régimen especial de seguridad.

Además, la norma contempla la implementación de un Fondo estatal de riesgo, destinado a atender a empresas y unidades afectadas por atentados, así como el fortalecimiento de la inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados mediante billeteras digitales y cuentas bancarias. También se aplicará la figura de extinción de dominio exprés, que permitirá incautar bienes y dinero utilizados para el cobro de cupos.

Prieto explicó que, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en mesas técnicas sociales que abordan temas como orfandad, salud y programas sociales para las familias de transportistas víctimas de la violencia. Aunque algunas ayudas requieren leyes específicas, el ministro aseguró que ya se registran avances concretos en estos espacios de coordinación.

Metropolitano y Yape: recarga digital para casi un millón de usuarios

En ese mismo escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprovechó para felicitar un avance en la modernización del transporte urbano. Desde la Estación Central del Metropolitano, Aldo Prieto confirmó el lanzamiento de la recarga de tarjetas mediante la billetera digital Yape, una opción que permitirá retirar el efectivo del sistema de recaudo y hacerlo más seguro.

“Estamos modernizando el sistema de recaudo para hacerlo más fiable y accesible”, explicó el ministro. Esta modalidad beneficiará a cerca de un millón de usuarios diarios que utilizan el Metropolitano y los corredores complementarios, reduciendo colas y tiempos de espera en estaciones.

La iniciativa apunta a mejorar la experiencia del usuario y avanzar hacia un sistema más integrado para Lima Metropolitana, en un contexto donde la seguridad y la eficiencia se han vuelto prioridades para la población. El MTC adelantó que las mejoras en el sistema de recaudo continuarán, con el objetivo de ampliar la interoperabilidad y facilitar el uso del transporte público sin necesidad de efectivo ni trámites presenciales.

El acusado deberá pagar una multa de 1.080 euros en concepto de daños medioambientales y cumplirá una condena de un año de prisión con la condición de no reincidir durante un periodo de dos años, situación que evitó su ingreso efectivo en prisión. Esto se produce tras reconocer ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense haber provocado de manera intencionada cuatro focos de fuego en las inmediaciones de Serois, en el municipio ourensano de Calvos de Randín, en abril de 2024. Según consignó el medio, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y la defensa permitió rebajar la petición de condena inicial, que era de dos años y seis meses de cárcel, a un año sin necesidad de internamiento penitenciario, dado que la persona encausada no contaba con antecedentes penales.

Tal como desglosó la fuente, el encausado admitió su responsabilidad en los hechos, manifestando ante la autoridad judicial que “no estaba bien” al momento de los hechos. La fiscalía detalló que los actos ocurrieron sobre las 8:05 horas del 20 de abril de 2024, cuando el acusado utilizó un encendedor que portaba consigo para iniciar los focos de incendio en una finca ubicada en la localidad de Serois. Las condiciones ambientales registradas ese día, con una temperatura de 3,52 grados Celsius, una humedad cerca del 99% y una probabilidad de ignición del 60%, favorecieron la propagación de las llamas.

El ministerio público expuso que el incendio generado alcanzó una superficie total de 0,97 hectáreas, de las cuales 0,35 correspondían a terreno arbolado, según publicó la misma fuente. Como consecuencia, varias parcelas de propietarios privados se vieron afectadas, aunque sus titulares renunciaron posteriormente a emprender acciones civiles o penales contra el responsable.

La extinción de las llamas quedó a cargo de los Servicios de Extinción de Incendios de la Xunta de Galicia, quienes consiguieron frenar el avance del fuego tras desplegar los recursos necesarios. El coste de estas labores ascendió a un total de 4.447,09 euros, según detalló el medio consultado.

En cuanto a la sanción económica, el tribunal estableció que el acusado deberá abonar 1.080 euros, distribuidos en cuotas diarias de tres euros durante doce meses. La sentencia prevé además la posibilidad de que, en caso de impago de la suma establecida, el implicado podría enfrentar una pena de prisión de seis meses.

Según informó la misma fuente, la reducción de la condena y la suspensión del ingreso en prisión respondieron a la ausencia de antecedentes penales y al acuerdo alcanzado por las partes, bajo la condición imprescindible de no incurrir en nuevos delitos durante los próximos dos años.

El procedimiento judicial incluyó el reconocimiento de los hechos por parte del acusado y su aceptación de las consecuencias legales, lo que permitió agilizar el desenlace del caso mediante la fórmula de conformidad judicial. En virtud de este acuerdo, el cumplimiento de los requisitos impuestos por el tribunal permitirá evitar el internamiento efectivo, salvo que se produzca una recaída delictiva en el periodo pautado.

El expediente detalla además las condiciones meteorológicas presentes en el momento de la comisión del delito y cómo estas influyeron en la extensión alcanzada por el incendio, así como las consecuencias económicas y materiales del suceso.

A lo largo del procedimiento, tanto la fiscalía como el abogado defensor establecieron los términos del acuerdo, que incluyó la reparación de los daños mediante la sanción económica y la renuncia de los afectados a seguir acciones judiciales adicionales. El caso quedó cerrado por el momento tras la aceptación de la condena en los términos alcanzados en el juzgado de Ourense, según informó la fuente original.

El costo de las multas viales en el Estado de México (Edomex) sufrirá un cambio importante a partir de febrero de 2026, ya que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) subió a 117.31 pesos diarios.

Esta cifra, anunciada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incrementa el monto de todas las sanciones que dependen de la UMA de referencia.

Los automovilistas deberán poner especial atención a las nuevas tarifas, pues el sistema de penalizaciones en el Edomex adopta una lógica de rangos. El monto final depende tanto del tipo de infracción como del historial del conductor. Un conductor con reincidencia pagará más que quien comete una falta por primera vez, tal como estableció el Gobierno del estado.

¿Cuánto costará cada infracción en 2026?

El Reglamento de Tránsito del Edomex define tres niveles de multa: mínima, media y máxima. El rango se determina por la cantidad de sanciones pendientes.

• Multa mínima: Aplica para quienes no tienen infracciones sin pagar.
• Multa media: Corresponde a quienes acumulan dos o tres sanciones pendientes.
• Multa máxima: Se utiliza cuando el conductor tiene cuatro o más multas sin saldar.

El cálculo final se realiza multiplicando el número de UMAs asignado a cada falta por el valor actualizado. Así, el ajuste de la UMA repercute en los siguientes precios para las infracciones más comunes en 2026:

• Invadir carril confinado, ciclovía o realizar maniobras peligrosas:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

• Conducir sin licencia o por placas vencidas:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

• Estacionarse en zona prohibida:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

• No hacer alto ante paso peatonal:

- Mínima: 351.93 pesos (3 UMAs)

- Media: 469.24 pesos (4 UMAs)

- Máxima: 586.55 pesos (5 UMAs)

• Exceso de velocidad en zonas urbanas:

- Mínima: 1 mil 173.10 pesos (10 UMAs)

- Media: 1 mil 525.03 pesos (13 UMAs)

- Máxima: 1 mil 759.65 pesos (15 UMAs)

• Uso del teléfono móvil al manejar:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

¿Qué es la UMA y por qué importa para tu bolsillo?

La UMA es una referencia económica expresada en pesos que sirve para calcular pagos, multas, cuotas, créditos y deducciones. Desde 2016, la UMA reemplazó al salario mínimo en este tipo de cálculos, para evitar que los incrementos al sueldo base se traduzcan en sanciones o cargas mayores para las personas.

Cada año, el INEGI establece el nuevo valor de la UMA con base en el comportamiento de la inflación. Para 2026, el ajuste fue del 3.69 %, lo que llevó la unidad a 117.31 pesos diarios.

Este mecanismo da certeza financiera, tanto a los contribuyentes como a las empresas. Además, permite que las sanciones se mantengan alineadas con el poder adquisitivo y las condiciones económicas del país.

La Ciudad de México inició en 2026 un nuevo esquema obligatorio para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, con el propósito de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje. El sistema distingue tres categorías principales para la basura doméstica: residuos orgánicos, reciclables inorgánicos y no reciclables. Cada tipo de desecho cuenta con días específicos para su recolección, lo que permite facilitar el procesamiento y aprovechar materiales reutilizables. Según el calendario oficial, los residuos reciclables y no reciclables deben entregarse únicamente los lunes, miércoles, viernes y domingo.

En caso de que los residuos no se encuentren separados de forma adecuada o se presenten en días distintos a los establecidos, el personal del servicio público de limpia no procede a su recolección, lo que obliga a la ciudadanía a cumplir con la normativa.

Multa por dejar basura en las calles

En la Ciudad de México, tirar basura en la vía pública puede derivar en multas según la Ley de Cultura Cívica vigente. Esta disposición busca frenar la acumulación de residuos en calles y esquinas, un fenómeno que se intensifica en varias alcaldías debido al número de habitantes y la dinámica urbana de la capital.

Debido a que realizar este tipo de acciones se considera una infracción de clase B conforme a la Ley de Cultura Cívica. Por ello, quienes incurran en estas faltas quedan sujetos a una de las siguientes sanciones:

• Pago de una multa que va de 11 a 40 Unidades de Medida, lo que representa entre mil 244.54 y 4 mil 525.60 pesos mexicanos.
• Arresto por un periodo de 13 a 24 horas.
• Realización de trabajo comunitario de 3 a 6 horas.

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México clasifica como infracción arrojar desechos, animales muertos, muebles u objetos en el espacio público. Las personas detenidas por esta falta pueden recibir una multa económica, arresto de 13 a 24 horas o labor comunitaria de 3 a 6 horas. El monto de la sanción se calcula conforme a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la cifra varía cada año.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la capital generó más de 12 mil toneladas de basura diarias durante 2023. Esta cifra, que incluye residuos de residentes y visitantes, equivale aproximadamente al peso de 69 ballenas azules. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) atribuye el incremento de desechos a factores como el crecimiento poblacional, hábitos de consumo y la proliferación de materiales difíciles de reciclar.

La mala disposición de residuos puede provocar problemas sanitarios, advierte la SEDEMA, que recomienda modificar los hábitos de manejo y consumo. La acumulación de basura en lugares prohibidos representa un desafío para la gestión urbana y la salud de la población. Las autoridades capitalinas insisten en la importancia de cumplir con las normas para evitar sanciones y contribuir a un entorno más limpio.

El inicio de cada año suele estar marcado por una serie de ajustes en la vida cotidiana de quienes residen en la Ciudad de México. Entre los temas que más interés generan durante enero destacan los cambios en tarifas, impuestos y sanciones.

En este escenario, uno de los conceptos fundamentales para comprender cómo se actualizan diversos pagos oficiales es la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este indicador, aunque poco visible en la conversación diaria, tiene un efecto directo sobre las obligaciones económicas de millones de personas en la capital y el resto del país.

¿Qué es la UMA y quién determina su valor?

La UMA surgió como una medida estándar para calcular montos en sanciones administrativas, impuestos y otros cobros oficiales. Su objetivo es funcionar como referencia, evitando que los incrementos del salario mínimo tengan un impacto directo sobre multas y derechos, lo que a su vez protege el poder adquisitivo de los trabajadores. Su aplicación permite que los ajustes sean previsibles y ligados a la inflación, no a decisiones políticas o a factores externos.

Calcular y actualizar la UMA le corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cada año, este organismo realiza una revisión del comportamiento inflacionario, tomando como base el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado en diciembre. El resultado se traduce en un nuevo valor de la UMA que entra en vigor a nivel nacional.

El proceso sigue una metodología clara. Durante los primeros 10 días de enero, el INEGI publica en el Diario Oficial de la Federación los valores diario, mensual y anual de la UMA. Estos valores se calculan multiplicando el monto vigente el año anterior por el porcentaje de variación del INPC. De esta forma, la actualización refleja la realidad económica del país.

Hasta el 6 de enero de 2025, la evolución de la UMA había seguido una tendencia creciente:

• En 2021, la UMA se fijó en 89.62 pesos diarios.
• Para 2022 subió a 96.22 pesos diarios.
• En 2023 alcanzó los 103.74 pesos diarios.
• Durante 2024, el valor se situó en 108.57 pesos diarios.
• En 2025, la UMA se estableció en 113.14 pesos diarios.

El impacto de la UMA en las leyes de tránsito de la CDMX

En la Ciudad de México, las multas de tránsito se establecen en múltiplos de UMA, lo que significa que cualquier ajuste anual repercute de inmediato en el monto a pagar por quienes infringen el reglamento. Por ejemplo, invadir un carril exclusivo de transporte público puede costar entre 40 y 60 UMAs, cifras que en pesos aumenta cada año.

Otras conductas sancionables, como circular sin seguro de responsabilidad civil o agredir a personal de tránsito, también se cuantifican bajo este esquema.

El próximo ajuste de la UMA: lo que viene en 2026

A medida que avanza enero, surge una pregunta entre quienes deben cumplir con pagos oficiales: ¿cuándo y cuánto cambiará la UMA este año? El procedimiento será el mismo que en ciclos anteriores. El INEGI divulgará el nuevo valor durante los primeros días del mes, una vez que haya concluido la revisión de la inflación correspondiente a diciembre de 2025.

El dato clave para la planeación financiera personal y empresarial es la fecha en que este ajuste comenzará a aplicarse. Como marca la ley, el valor actualizado de la UMA entrará en vigor el 1 de febrero de 2026. A partir de entonces, todas las multas, trámites y cuotas oficiales se calcularán con base en el nuevo monto.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el INEGI no ha publicado el valor definitivo que regirá durante 2026. Por ello, quienes deban hacer frente a alguna obligación económica ante autoridades de la Ciudad de México tendrán que estar atentos a los comunicados oficiales para conocer el nuevo monto y evitar sorpresas en sus finanzas.

La Dirección General de Tráfico ha empezado a introducir en España dispositivos automáticos de control que rompen con la idea tradicional de radar. No están pensados para medir la velocidad del vehículo ni registrar excesos sobre el límite permitido. Su función es distinta y muy específica: vigilar y sancionar conductas concretas que se repiten a diario y que forman parte del Reglamento General de Circulación, pero que en muchas ocasiones pasan desapercibidas para el conductor y, hasta ahora, resultaban difíciles de controlar de manera sistemática.

Estos sistemas ya están en funcionamiento en puntos determinados, con un despliegue inicial limitado pero significativo. Actualmente se habla de cuatro cámaras destinadas a controlar la invasión de líneas continuas y otras dos centradas en vigilar el cumplimiento real de las señales de stop. La implantación se concentra, de momento, sobre todo en la Comunidad de Madrid, con la idea de ampliar progresivamente la red si el resultado es el esperado.

Radares para vigilar la línea continua

Uno de los comportamientos sobre los que más se ha puesto el foco es la invasión de la línea continua, una infracción que, pese a estar claramente prohibida, continúa siendo habitual. Se produce especialmente en zonas de incorporación a autovías y carreteras principales, donde muchos conductores deciden adelantarse a la señalización horizontal e introducirse en el carril principal antes de que finalice el tramo marcado con línea continua.

Los nuevos sistemas automatizados están diseñados precisamente para detectar esa maniobra. El funcionamiento es sencillo desde el punto de vista del usuario: si el vehículo se incorpora antes de tiempo y entra en el carril principal sin respetar la línea continua, la cámara registra la infracción y activa el proceso sancionador. No se necesita que el conductor circule rápido ni que supere ningún límite de velocidad; basta con que cruce donde no debe.

La sanción económica en estos casos asciende a 200 euros. No se trata de una actuación puntual de un agente, sino de un mecanismo automatizado que capta la infracción mediante imagen y la tramita posteriormente, siguiendo los cauces habituales de la DGT. El objetivo declarado es reforzar el respeto a la señalización horizontal en puntos especialmente conflictivos, donde estas maniobras indebidas pueden derivar en colisiones laterales o situaciones de riesgo.

Cámaras para controlar el stop

El otro gran frente de estos nuevos dispositivos es el cumplimiento efectivo de la señal de stop. La normativa es clara: el vehículo debe detenerse por completo antes de continuar la marcha. Sin embargo, en la práctica, lo habitual en muchos cruces es reducir la velocidad, hacer una breve pausa “a medias” y seguir adelante sin llegar a una detención completa.

Las nuevas cámaras están precisamente orientadas a detectar esa conducta. Controlan los vehículos que se aproximan al cruce y verifican si realmente realizan la parada obligatoria o si solo aminoran para continuar. En caso de no realizar la detención total, la infracción queda registrada. Más allá de la multa económica, este tipo de incumplimiento puede conllevar también la pérdida de puntos del carné de conducir, dado que se considera especialmente relevante para la seguridad en intersecciones. En escenarios acumulados o reiterados, la sanción puede implicar pérdida de hasta cuatro puntos.

Por ahora, el despliegue de cámaras de stop es todavía reducido, pero su incorporación entra dentro de una estrategia más amplia de la DGT para reforzar el control automático de comportamientos que, aunque no están relacionados con la velocidad, sí tienen un impacto directo en la seguridad vial.

Una nueva forma de entender los radares

La introducción de estos dispositivos supone un cambio de enfoque en la vigilancia del tráfico. Hasta ahora, para muchos conductores, “radar” era sinónimo de control de velocidad. A partir de la introducción de estas nuevas cámaras, ese concepto se amplía para incluir sistemas que vigilan cómo se respetan las normas que ordenan la circulación: desde una línea continua hasta una señal de stop.

Aunque el número de dispositivos todavía es limitado, su mera existencia ya marca el camino hacia un modelo de control más amplio y más pegado al detalle del comportamiento cotidiano al volante. La tecnología permite registrar de forma automática maniobras que tradicionalmente dependían de la presencia de una patrulla o de controles puntuales y abre la puerta a que, en los próximos meses, la vigilancia de este tipo de infracciones gane terreno en más puntos de la red viaria española.

La intervención de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de San Martín concluyó con la imposición de una sanción económica y la aplicación de medidas correctivas al colegio particular Alfred Nobel de Amazonas, administrado por Traden Servicios S.R.L.

La investigación determinó que la institución educativa incurrió en infracciones al dirigir a los padres de familia hacia la compra de útiles escolares de una marca específica y al emplear un Libro de Registro de Incidencias que no cumplía con la normativa vigente.

Las multas impuestas alcanzan los S/ 20.383,5, equivalentes a 3,81 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y la entidad deberá adecuar sus procedimientos para garantizar la libre elección de los consumidores y fortalecer los mecanismos de control frente a casos de acoso escolar.

Medidas correctivas y obligaciones impuestas

Un aspecto central de la resolución establece que el colegio deberá abstenerse de orientar o condicionar las futuras listas de útiles escolares hacia marcas determinadas. Asimismo, la comisión ordenó acreditar, en un plazo próximo, la adecuación del Libro de Registro de Incidencias conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación.

Estas disposiciones buscan reforzar la transparencia institucional, promover el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor y asegurar la protección de los derechos de los estudiantes y sus familias.

Según el informe final de la Comisión del Indecopi San Martín, las sanciones serán inscritas en el Registro de Infracciones y Sanciones una vez que la resolución quede firme. También se estableció la posibilidad de acceder a una reducción del 25% del monto si el colegio realiza el pago dentro de los plazos reglamentarios y decide no apelar la decisión. En caso de incumplimiento, el Indecopi podrá aplicar medidas coercitivas adicionales.

El proceso sancionador evaluó inicialmente cuatro imputaciones; sin embargo, dos fueron archivadas al comprobarse que dejaron de constituir infracción. Dichos cargos estaban vinculados al deber de informar sobre la fecha de pago de la cuota de ingreso y sobre las consecuencias para la renovación de matrícula en casos de morosidad.

La documentación revisada por la Oficina Regional de Amazonas evidenció que Traden Servicios S.R.L. regularizó oportunamente la omisión informativa antes de la notificación de cargos y, en la actualidad, proporciona los datos correspondientes en sus comunicaciones oficiales. Respecto a la renovación de matrícula, el Indecopi confirmó que los padres reciben la información por escrito tanto en el reglamento interno como en la documentación institucional. Con ello, la comisión archivó ambos cargos al constatar el cumplimiento del deber informativo.

Sanciones por prácticas restrictivas al consumidor

Las dos infracciones que sí derivaron en sanción se relacionan con prácticas consideradas restrictivas para los consumidores. En primer lugar, la institución incluyó en su lista de útiles escolares 2024 la marca APU de témperas y colores, lo que constituye una vulneración al artículo 73° del Código del Consumidor al condicionar la compra a un proveedor específico. La empresa reconoció el hecho y señaló que “nos comprometemos a evitar esta práctica en adelante”. Pese a ello, la comisión impuso una multa de 1,8 UIT, con reducción aplicada por reconocimiento de responsabilidad.

El segundo hallazgo se refiere a irregularidades en el registro de incidentes escolares. El personal de la ORI Amazonas comprobó que varias hojas del Libro de Registro para casos de violencia o acoso escolar no cumplían con el formato oficial establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N.º 004-2018-MINEDU. Algunos folios carecían de la estructura y requisitos técnicos exigidos, situación que no fue corregida a pesar del tiempo transcurrido. Por esta falta, se impuso una sanción de 2,01 UIT y se ordenó la estandarización inmediata de la documentación interna.

La resolución dispone que, en un plazo de quince días hábiles, la empresa deberá presentar evidencias que acrediten que ninguna lista de útiles direcciona la compra hacia marcas específicas y que todas las hojas del Libro de Registro cumplen con la normativa del Ministerio de Educación.

La comisión recordó además que el incumplimiento de las medidas correctivas habilita al Indecopi a aplicar nuevas sanciones coercitivas, mientras que la institución conserva su derecho de apelación dentro de los plazos establecidos.

Lo que comenzó como una multa terminó convirtiéndose en una larga batalla judicial. Una mujer de Australia Meridional logró que los tribunales anularan una sanción de apenas 58 euros, pero el proceso le costó cerca de 30.000 euros en honorarios legales y gastos extra. El caso, ocurrido en la ciudad de Adelaida, ha llamado la atención por el contraste entre la cuantía inicial de la infracción y el coste que supuso su defensa.

Según informó el medio francés Ouest-France, la protagonista, identificada como Mathie, decidió no pagar la multa y llevar el asunto a los tribunales al considerar que había sido sancionada de forma injusta.

El origen del conflicto se remonta a 2021. La mujer recibió una multa por estacionar en doble fila en la avenida Boucaut, una vía situada al norte de Adelaida, cerca de un colegio privado. La sanción, equivalente a unos 104 dólares australianos.

Recurrir la multa hasta el final

Lejos de aceptar la penalización, Mathie optó por recurrirla. Su argumento principal era que no estaba estacionada de forma voluntaria. Según su versión de los hechos, su vehículo se encontraba detenido debido a un atasco y no podía avanzar ni maniobrar sin incumplir otras normas de circulación. Consideraba, por tanto, que la multa no estaba justificada.

El recurso inicial dio paso a un proceso que se fue complicando con el paso del tiempo. El caso avanzó por distintas instancias judiciales y se prolongó durante casi cuatro años. Cada nueva fase implicó un incremento de los costes legales.

Finalmente, el tribunal falló a favor de la demandante y anuló la multa. Desde el punto de vista jurídico, Mathie logró su objetivo. La sanción de 58 euros quedó anulada. Sin embargo, el dinero que tuvo que pagar por ello - en trámites legales - superó su cuantía considerablemente. Para sostener el litigio tuvo que afrontar gastos en asesoría legal, tasas judiciales y otros costes administrativos que, en conjunto, ascendieron a unos 28.000 euros.

Un debate sobre los procedimientos legales

El caso ha generado debate sobre el acceso a la justicia y el coste real de impugnar sanciones administrativas. Aunque la mujer ganó el juicio, el precio que pagó por hacerlo fue desproporcionado en relación con la infracción original. El resultado fue una victoria legal acompañada de una pérdida económica considerable.

Esto refleja como, en muchos sistemas jurídicos existe la posibilidad de recurrir multas, pero los procedimientos pueden resultar muy caros, especialmente cuando el caso se extiende en el tiempo.

En consecuencia, este contexto plantea un dilema habitual para muchos ciudadanos. Pagar una multa que se considera injusta puede resultar frustrante, pero recurrirla implica asumir un riesgo económico que no siempre se puede abordar.

El caso de Mathie ilustra con claridad esa tensión. Aunque los jueces le dieron la razón, el recorrido judicial tuvo consecuencias financieras muy superiores al importe que trataba de evitar.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó a Luis Carlos Manzano Elizalde, proveedor de dicha institución por proporcionar información falsa.

De acuerdo con la dependencia, Luis Carlos Manzano Elizalde dio información falsa durante la vigencia del contrato abierto número ABTN202004050034 de prestación de servicios de órtesis y prótesis.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción detalló que dicho contrato se le adjudicó con la Licitación Pública Nacional LA-050GYR035-E11-2020, contenida en una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Por ello, la dependencia le impuso una multa por 134 mil 664 pesos y lo inhabilitó por un año para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En el mismo documento, precisó que la notificación de la sanción se realizó el 17 de diciembre de 2025, sin embargo, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además de que Luis Carlos Manzano Elizalde, ya fue inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La dependencia afirmó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, por lo que resaltó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución.

No obstante, advirtió que en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

La Secretaría Anticorrupción consideró la sanción una muestra del compromiso del gobierno con la legalidad y la integridad de las compras públicas, al asegurar que engañar en la ejecución de contratos públicos tiene consecuencias.

Asimismo, incluyó en el comunicado la página para consultar las actualizaciones del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/

La multinacional estadounidense Apple enfatizó que las herramientas de privacidad implementadas en su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT) han recibido elogios de diferentes autoridades de protección de datos, incluso de la plataforma Garante Privacy. Al mismo tiempo, la compañía reiteró que planea impugnar la reciente sanción impuesta por la Autoridad de Competencia de Italia, asegurando que las regulaciones se aplican indistintamente tanto a desarrolladores externos como a la propia compañía, además de contar con una valoración positiva entre sus usuarios.

Según informó el medio original, el regulador italiano determinó el pasado lunes una multa de 98,6 millones de euros contra Apple, tras realizar una investigación coordinada con la Comisión Europea, sobre la base de un supuesto abuso de posición dominante. La sanción se vincula a la política ATT establecida desde abril de 2021, normativa que regula cómo las aplicaciones ofrecidas en la App Store pueden rastrear datos de usuarios. El organismo antimonopolio italiano señaló el carácter restrictivo de las condiciones impuestas por Apple, subrayando que estas podrían afectar la competencia y limitar las opciones de empresas que desarrollan tecnologías publicitarias y servicios de seguimiento de datos.

Tal como consignó la fuente, Apple señaló su “total desacuerdo con la decisión”, afirmando que el regulador desestima los mecanismos de protección que generan las restricciones de la ATT en beneficio de compañías dedicadas a la tecnología publicitaria y al seguimiento de datos, las cuales buscan el acceso abierto y sin limitaciones a los datos personales de las personas usuarias. A través de un comunicado enviado por correo electrónico, el gigante tecnológico defendió la validez y el alcance internacional de sus medidas de privacidad, manifestando además: “Seguiremos defendiendo las sólidas medidas de protección de la privacidad para nuestros usuarios mientras recurrimos la decisión”.

La compañía añadió que, en su perspectiva, “la privacidad es un derecho humano fundamental”. En distintos apartados del comunicado, Apple insistió en que la función ATT ofrece un control sencillo para que las personas puedan elegir si permiten o no el rastreo de sus datos por parte de empresas en redes de aplicaciones o páginas web de terceros. Además, Apple remarcó que estas disposiciones no solo se aplican a empresas externas, sino que también su propia actividad como desarrollador queda sujeta a las mismas reglas.

El medio detalló que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia, tras una investigación catalogada como compleja, concluyó que las actuaciones de Apple representan un abuso de posición dominante, dado que su política podría suponer barreras para desarrolladores interesados en utilizar técnicas de seguimiento de información personal con fines comerciales o publicitarios en la App Store. El regulador sostuvo que este tipo de restricciones afectan a ciertos actores del mercado y priorizan, de manera indirecta, los intereses de Apple sobre los de proyectos independientes que compiten dentro del ecosistema de la compañía.

Apple, citada por la fuente, argumentó que las normas derivadas del ATT suman niveles adicionales de protección para la privacidad de quienes utilizan sus dispositivos, y que las medidas han recibido respaldo de múltiples autoridades europeas en materia de protección de datos. La empresa enfatizó su posición de desacuerdo frente a las conclusiones del regulador, a la vez que confirmó que está preparando su estrategia para apelar legalmente la resolución ante instancias competentes en Italia.

Un propietario australiano ha recibido una multa de 17.000 dólares (9.600 euros) y se le ha ordenado pagar los honorarios legales del ayuntamiento tras talar un árbol de su propiedad sin autorización. El veredicto se ha descrito como un “hito significativo” mientras los ayuntamientos de todo el país lidian con la tala no autorizada de árboles, ha informado Yahoo News.

Según la alcaldesa de Bassendean, Kath Hamilton, las autoridades fueron informadas de que el residente de Perth quitó el árbol sin aprobación, a pesar de saber que se necesitaba permiso.

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Por ello, el consejo presionó para procesar al residente bajo su política de retención y provisión de árboles recientemente adoptada, y ganó: “Esto envía un mensaje claro de que los árboles regulados no deben eliminarse sin aprobación”, dijo Hamilton.

Una política más amplia

La alcaldesa ha afirmado para el medio anteriormente mencionado que no solo es cuestión de plantar árboles nuevos, sino también de proteger los que ya están. Explica que los árboles nuevos tardan años en crecer lo suficiente como para ofrecer los mismos beneficios: “Cada árbol cuenta.”

La ciudad de Bassendean introdujo su nueva política de retención y provisión de árboles el año pasado en un intento de proteger cada etapa del desarrollo de los árboles, así como los “árboles regulados” en propiedades privadas.

Un “árbol regulado” tiene que medir más de ocho metros de altura, tener una copa más ancha que seis metros y una circunferencia del tronco de 1,5 m o más, y no estar catalogado como especie de maleza: “La ciudad está plantando árboles activamente en parques, calles y áreas naturales con el apoyo de grupos locales de cuidado de arbustos, pero para alcanzar su objetivo de una cobertura de dosel del 30% para 2040, la participación de la comunidad es esencial”.

Un problema en todo el país

La multa ha sido el último esfuerzo contra la tala no autorizada de árboles por parte de las autoridades, dado que el problema persiste en todo el país. Yahoo News ha informado sobre innumerables incidentes relacionados con envenenamiento de árboles y vandalismo, a menudo en un intento de mejorar las vistas al mar desde las propiedades.

La mayoría de los incidentes ocurren en terrenos municipales y los delitos continúan a pesar de que los ayuntamientos recuerdan a los infractores que pueden enfrentarse a fuertes multas si son atrapados.

Dañar o talar árboles sin autorización es un delito grave en todo el país. El Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur impone multas inmediatas de $3,000 (1.695,30 euros). Sin embargo, el estado puede imponer multas de hasta $220,000 (124.321,89 euros) para particulares y $1.1 millones (621.609,45 euros) para empresas. En Victoria, las multas son ligeramente superiores, a partir de $3,800 (2.147,38 euros).

Los ayuntamientos de todo el país han tomado medidas enérgicas contra esta conducta y muchos han optado por colocar grandes carteles donde antes había árboles y plantas para asegurarse de que los vándalos no consigan las vistas que deseaban matando los árboles.

El Consejo de Playas del Norte de Sídney informó a Yahoo News la semana pasada que estaba ofreciendo una recompensa de 10.000 dólares (5.651 euros) por cualquier información sobre un reciente acto vandálico contra un árbol que pudiera ayudar a conducir a un procesamiento exitoso.

El cantante de regional mexicano, Luis R. Conriquez, reveló que pagó una multa de 850 mil pesos tras interpretar un narcocorrido en un concierto realizado en Chihuahua.

En una conversación difundida el pasado 16 de diciembre por el empresario musical Melo Montoya en su podcast, Conriquez detalló el motivo de la sanción, las condiciones del show, las advertencias de las autoridades y la presión existente sobre los intérpretes ante la constante demanda del público por este tipo de canciones.

Estas sanciones habrían sido realizadas por el municipio de Chihuahua.

Advertencia previa y presión del público

Durante la entrevista realizada a Luis R. Conriquez, el artista confirmó que la sanción por cantar un solo narcocorrido resultó en el pago inmediato de 850 mil pesos, acción que realizó pese a que las autoridades le advirtieron sobre las consecuencias.

Antes de subirse al escenario, al cantante le habrían advertido que no cantara corridos porque lo iban a multar, por lo que decidió que intentaría solo tocar canciones románticas y otro repertorio durante esa presentación. Sin embargo, durante el show en Chihuahua, Conriquez habría sentido que el semblante de la gente le pedía que cantara un corrido de su repertorio.

Según el cantante, decidió que la última canción de su presentación sería un narcocorrido, para poder complacer a sus fans que iban a verlo principalmente por esos temas, sin embargo, durante la entrevista no especificó cuál de sus éxitos fue el sonado.

Tras la interpretación, Conriquez señaló que le tocó “marchar”, lo que haría referencia que tuvo que pagar la multa.

Luis R. es famoso por tener canciones que hacen referencia a cárteles y personas relacionadas con el mundo del narcotráfico mexicano, entre los que destacan canciones hacia el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y hasta al Cártel del Golfo.

Montos y sanción inmediata

La sanción por interpretar un solo narcocorrido fue de 850 mil pesos, cifra que sorprendió tanto al artista como al resto del equipo. “La multa es por cada corrido”, afirmó Luis R. Conriquez en la plática con Melo Montoya.

Sobre las acciones de las autoridades en contra de la apología del delito, el artista enfatizó que la gente no tiene la culpa de lo que pasa en México, ni Estados Unidos. Además, dijo que un corrido podría ser una historia basada en hechos reales o basada en hechos ficticios

En la conversación, Melo Montoya recordó otro ejemplo, el caso de Texcoco, en el Estado de México, donde el artista fue agredido por sus propios fans tras no cantar corridos en su presentación.

En el caso de Texcoco, Conriquez mencionó que a veces no solo se aplica sanción económica, sino que en ocasiones se firman acuerdos de que si llegan a cantar corridos, alguna persona de su equipo podría ser detenido, detallando que esa fue la condición por la que decidió no cantar corridos en Texcoco.

Críticas a la regulación y contexto nacional

Durante la charla, Luis R. Conriquez criticó que la regulación y censura se concentre en el narcocorrido, señalando que en el caso de las series de televisión no existe la misma censura.

“¿Qué pasa con las series?“, preguntó Luis, detallando que en ellas también se habla de narcotráfico a santo y seña. Asimismo, preguntó, por qué los callan, refiriéndose al movimiento de los corridos y narcocorridos.

La anécdota compartida por el cantante ilustra el entorno actual de la música regional mexicana en el norte del país, donde la demanda del público choca con regulaciones severas.

Pese a esa presión, la demanda y la popularidad del género mantienen su vigencia, aunque los intérpretes deben afrontar riesgos legales y financieros cada vez que incluyen estas canciones en sus presentaciones.

El número de personas que solicitaron excusarse de votar ya superó las 132.000, según detallaron las autoridades chilenas, mientras avanza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De acuerdo con los procedimientos descritos por los funcionarios, quienes justifican su ausencia deben hacerlo a través de la Comisaría Virtual y presentar motivos válidos previstos por la legislación, como encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación asignado. Este requerimiento refleja la obligatoriedad del voto, que rige para los más de 15 millones de ciudadanos chilenos llamados a sufragar en la jornada de hoy.

Según informó Radio Biobío, la segunda vuelta electoral en Chile se inició a las 08:00 horas (12:00 en la península ibérica de España), momento en que abrieron las urnas en todo el país. Lo hacen en un contexto de alta expectación, con dos candidatos enfrentados en extremos políticos opuestos: José Antonio Kast por la llamada extrema derecha y Jeannette Jara, representante de la coalición oficialista de izquierda. Las mesas de votación estarán disponibles hasta las 18:00 horas (22:00 en España), marcando una jornada clave para el futuro político del país.

El medio Radio Biobío consignó las primeras declaraciones públicas de Jeannette Jara al comenzar la jornada, quien aseguró que siente “tranquilidad y optimismo” ante el proceso electoral. Jara señaló: “He hecho toda la pega que había que hacer. Ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”, después de votar este domingo. Adelantó que en caso de obtener la victoria comenzará inmediatamente a trabajar en la formación de equipos y precisó que tiene listos tres discursos para la noche, cubriendo los posibles escenarios según el resultado.

Jara, quien tiene 51 años, obtuvo el primer lugar en la votación realizada el 16 de noviembre con un 26,9% de los sufragios. Esta cifra le permitió liderar la primera vuelta, sin alcanzar la mayoría necesaria para evitar el balotaje. Su contrincante, José Antonio Kast, consiguió un 23,93% y ha incrementado su base de apoyo gracias al respaldo explícito de los otros tres postulantes de derecha, quienes se han manifestado a su favor para esta segunda vuelta, detalló Radio Biobío.

El proceso está bajo la supervisión de las autoridades electorales y de seguridad, quienes han reforzado los controles para garantizar la transparencia y la participación. El requisito de voto obligatorio fue implementado por la legislación chilena para todos los electores inscritos y se aplican sanciones económicas a quienes no cumplen con este deber cívico, a menos que tengan una justificación legalmente válida y la tramiten de manera adecuada antes del plazo establecido.

En cuanto a la participación, el medio Radio Biobío reportó que la cifra de más de 15 millones de personas habilitadas para votar representa una porción mayoritaria de la población adulta, lo que incrementa la relevancia del resultado y la proyección de asistencia en comparación con otras contiendas recientes de la región. Las justificaciones para ausentarse contemplan, además de la distancia geográfica, otros motivos definidos por ley; todas ellas deben presentarse a través de la plataforma digital designada por las autoridades, con el fin de evitar la multa correspondiente.

La jornada electoral transcurre mientras ambos candidatos se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos. Jara, además de preparar discursos para diferentes escenarios, recalcó la importancia de la voluntad popular, manifestando confianza respecto al anuncio de los resultados nocturnos. Kast, por su parte, busca capitalizar los apoyos sumados tras la primera vuelta y sostiene la expectativa de una posible remontada, respaldado por el bloque conservador.

Según publicó Radio Biobío, la segunda vuelta presidencial en Chile no solo enfrenta dos modelos políticos diferentes, sino que se desarrolla bajo normas estrictas de control, participación obligatoria y mecanismos electrónicos para reclamos y excusas, lo que da forma a una de las citas electorales consideradas decisivas en la historia reciente del país. La alta cifra de solicitudes de excusa también incide en el monitoreo de la participación, elemento que será observado por analistas locales e internacionales una vez que se cierren las urnas y comiencen los cómputos oficiales.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), puso en marcha la implementación del pico y placa 24 horas para vehículos particulares y motocicletas durante la temporada turística y de fin de año.

Esta medida, formalizada mediante el Decreto 2206 del 7 de noviembre de 2025, busca ordenar la circulación y mejorar el flujo vehicular en la ciudad, ante el crecimiento sostenido del turismo nacional e internacional y el consecuente aumento del parque automotor.

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La estrategia fue difundida en una serie de acciones pedagógicas, lideradas por el equipo de Educación Vial y agentes de tránsito, quienes recorrieron los sectores de mayor afluencia vehicular y turística, como las vías de acceso a la ciudad, Bocagrande, Castillogrande, Manga, el Centro Histórico y la Terminal de Transporte.

También realizaron jornadas informativas cerca de centros comerciales y puntos neurálgicos del tráfico urbano, favoreciendo que residentes y visitantes recibieran de manera anticipada detalles sobre el alcance y beneficios del decreto.

Uno de los enfoques principales de la socialización incluyó a los vehículos de servicio especial —buses, busetas y vans— que en esta época ingresan en mayor número a la ciudad. Desde el Datt se reiteró que estos automotores solo pueden efectuar el embarque y desembarque de pasajeros, pero tienen absolutamente prohibido estacionar en vía pública, ya que el parqueo irregular es una de las causas principales de desorden y congestión, afectando la experiencia de tránsito tanto de ciudadanos como de turistas.

Los sitios donde el parqueo de buses está vetado son Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, Centro Histórico, La Boquilla, Crespo, Getsemaní, Marbella y El Cabrero. El cumplimiento estricto de esta indicación será verificado por los agentes de tránsito, quienes desplegarán operativos constantes en estos sectores.

La Administración distrital hizo un llamado al respeto del decreto 2206 y a la corresponsabilidad de todos los actores viales, resaltando que el orden y seguridad en la circulación resultan fundamentales en la temporada que representa uno de los mayores retos anuales para el tráfico de la llamada Heroica.

Con el cierre de la fase pedagógica del pico y placa 24 horas, el Datt anunció que desde el lunes 15 de diciembre de 2025 iniciarán los controles formales para hacer cumplir la regulación diaria de circulación, tanto para vehículos particulares como motocicletas. El horario de restricción se establece desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, de lunes a viernes, siguiendo la rotación según el último dígito de la placa. La lista de días y dígitos es la siguiente:

Pico y placa 24 horas en Cartagena

Del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

• Lunes: 3 y 4
• Martes: 5 y 6
• Miércoles: 7 y 8
• Jueves: 9 y 0
• Viernes: 1 y 2

Del 5 de enero de 2026 al 15 de enero de 2026

• Lunes: 5 y 6
• Martes: 7 y 8
• Miércoles: 9 y 0
• Jueves: 1 y 2
• Viernes: 3 y 4

Para conductores que ingresen a Cartagena en jornada de Pico y placa, la norma permite un plazo de tres horas para estacionar el vehículo en un lugar seguro tras su ingreso por las diferentes vías de acceso.

Una disposición especial aplica a los motociclistas que trabajan en la zona turística y hotelera. El Datt reiteró que quienes laboren en este sector pueden circular entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. únicamente si presentan el permiso especial gestionado por el empleador.

La solicitud debe tramitarse oficialmente y validarse ante la entidad, que hará llegar el documento vía correo electrónico. El permiso debe ser portado en formato digital y podrá ser requerido por las autoridades de tránsito.

A lo largo de los días de vigencia de la medida, agentes de tránsito estarán apostados en las principales avenidas y puntos estratégicos de Cartagena, verificando el cumplimiento del pico y placa e imponiendo las sanciones previstas ante cualquier incumplimiento. Las faltas pueden acarrear comparendos e inmovilización del vehículo, conforme a lo dispuesto por la ley vigente.

Según lo establecido para 2025, quienes vulneren la normativa de Pico y placa en la ciudad capital notarial enfrentarán una multa de $604.100, correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de asumir los costos adicionales por inmovilización y servicio de grúa y patios, en consonancia con la Ley 769 de 2002.

Con la llegada de diciembre y la proximidad del pago del aguinaldo 2025, muchas personas en la Ciudad de México comienzan a planear posadas, cenas navideñas, compras de fin de año y celebraciones familiares. Sin embargo, las autoridades capitalinas hacen un llamado a evitar que este ingreso adicional se vaya en multas de tránsito o sanciones administrativas, particularmente por reprobar el alcoholímetro.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria, establecida en la Ley Federal del Trabajo, y debe ser pagado a más tardar el 20 de diciembre de cada año. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México recordó que ya se encuentra en marcha el programa ‘Conduce sin Alcohol’, mejor conocido como el alcoholímetro, como parte del operativo decembrino Guadalupe-Reyes.

Alcoholímetro activo durante el Guadalupe-Reyes

El operativo de alcoholímetro estará vigente del viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026, periodo en el que se incrementan las reuniones sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será la encargada de implementar módulos de inspección en distintos puntos de la capital.

Estos puntos de revisión estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y proteger tanto a conductores como a peatones.

Las autoridades han reiterado que el alcoholímetro no tiene fines recaudatorios, sino que busca salvar vidas y reducir los siniestros viales durante una de las temporadas con mayor movilidad en la ciudad.

¿De cuánto es la multa por reprobar el alcoholímetro?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 50, las personas conductoras tienen prohibido manejar cuando el nivel de alcohol en la sangre es superior a 0.8 gramos por litro, o cuando el alcohol en aire aspirado supera los 0.4 miligramos por litro.

Asimismo, está prohibido conducir vehículos motorizados bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. En caso de incumplir con estas disposiciones, la persona conductora será sancionada.

La multa económica por reprobar el alcoholímetro es de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 6 mil 788 pesos. Este monto puede representar una parte significativa del aguinaldo, especialmente para quienes planean destinarlo a gastos familiares o de fin de año.

Arresto administrativo y traslado a ‘El Torito’

Además de la sanción económica, la persona que falle el alcoholímetro puede recibir un arresto administrativo de hasta 36 horas y será trasladada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como ‘El Torito’, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante las noches festivas, este centro suele ofrecer un menú especial navideño y de fin de año, con platillos como romeritos con papas, pozole de cerdo y cochinita pibil. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el menú correspondiente a las celebraciones decembrinas de 2025.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas reiteran la recomendación: si vas a tomar, no manejes, utiliza transporte público, taxi o aplicaciones de movilidad, y evita que la celebración termine en una multa o arresto.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a 2.013 millones de pesos colombianos a Comcel S.A. (Claro) al determinar que la empresa vulneró el derecho a la portabilidad numérica de usuarios beneficiarios del programa Última Milla Móvil MINTIC – NavegaTIC, una iniciativa liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La sanción se notificó el 28 de noviembre mediante la Resolución 95096 de 2025, expedida por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC.

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De acuerdo con la autoridad, Claro bloqueó procesos de portabilidad a usuarios del programa estatal, al asociarles una supuesta deuda pendiente con la compañía. Sin embargo, la SIC concluyó que la empresa no demostró la existencia real de tal obligación financiera.

La postura de Claro

A través de un comunicado oficial, Claro Colombia confirmó la notificación de la resolución y subrayó que la decisión no es definitiva, enfatizando que interpondrá los recursos de reposición y apelación que establece la legislación. “Durante la investigación administrativa presentamos argumentos y pruebas que desvirtúan los cargos imputados”, afirmó la compañía.

La empresa destacó que los recursos serán presentados ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios y, en el caso de la apelación, ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor. Esto mantiene abierta la posibilidad de que la sanción sea modificada o revocada.

Claro insistió en que “no vulneró el derecho de los usuarios ni incurrió en prácticas que afectaran la libre elección del operador”. La compañía sostuvo que, hasta que no se agoten los recursos definidos en la normatividad, el proceso no habrá concluido completamente.

La investigación de la SIC y las prácticas cuestionadas

Las indagaciones de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones se centraron en denuncias de beneficiarios del programa NavegaTIC.

Este programa público, impulsado por el MinTIC, busca promover la inclusión digital a través de la entrega de planes móviles gratuitos para estudiantes de colegios oficiales y población de estratos 1 y 2 en varias ciudades y municipios del país.

La SIC identificó que Claro rechazó múltiples solicitudes de portación argumentando una supuesta mora asociada a las líneas de dichos beneficiarios. Sin embargo, la autoridad determinó que la empresa no aportó evidencia que acreditara la existencia real de esa deuda.

“La consecuencia prevista era la pérdida del beneficio, no una obligación de pago que pudiera bloquear la portabilidad”, especificó la SIC.

La entidad concluyó que esa interpretación representó una barrera injustificada para que los usuarios ejercieran su derecho a cambiar de operador, pilar fundamental del régimen de portabilidad numérica en Colombia.

Compromiso declarado y derecho a la libre elección

En su pronunciamiento, Claro Colombia recalcó su compromiso con el cumplimiento del régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones. Apuntó que garantiza a sus clientes la posibilidad de ejercer el derecho a la portabilidad sin restricciones indebidas.

“Esperamos que, con el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas por Claro, se obtenga una nueva decisión por parte de la SIC”, expresó la compañía en su comunicado.

Tanto la SIC como Claro insistieron, con enfoques distintos, en la importancia de la portabilidad numérica como mecanismo que fortalece la competencia y la libre elección de los consumidores.

La autoridad regulatoria indicó que el caso evidencia la necesidad de supervisión permanente en el mercado de las telecomunicaciones para evitar prácticas que limiten los derechos de los usuarios.

Recursos legales pendientes

Contra la sanción impuesta proceden el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor. Mientras estas instancias se resuelven, la multa permanece en firme en primera instancia.

Una funeraria ha sido condenada por asesorar mal a una familia portuguesa durante la organización de un funeral. La decisión la ha tomado el Tribunal de Casación, que ha establecido que las empresas funerarias, como cualquier vendedor profesional, tienen un deber claro de asesoramiento hacia sus clientes, incluso en contextos especialmente delicados como un fallecimiento.

La información, publicada por Le Figaro Emploi, detalla un caso en el que una familia de origen portugués contrató a una funeraria para organizar el sepelio de un familiar y trasladar el cuerpo a Portugal. El coste total del servicio ascendió a casi 8.000 euros, incluyendo la elección del ataúd.

Según los hechos recogidos por el tribunal, el cuerpo fue colocado en una capilla abovedada al aire libre, una práctica habitual dentro de la tradición funeraria portuguesa. Sin embargo, tres años después, la familia descubrió que el ataúd se había deteriorado gravemente debido a su exposición al exterior y tuvo que ser reemplazado, asumiendo un nuevo gasto.

Un supuesto malentendido

La funeraria se defendió alegando que no había sido informada de que el féretro no sería enterrado, sino expuesto al aire. Según la empresa, de haber conocido ese detalle, habría recomendado un ataúd diferente, más resistente a las condiciones ambientales.

Este argumento no convenció a los magistrados. El Tribunal de Casación rechazó el recurso presentado por la funeraria y confirmó su condena. En su resolución, los jueces subrayan que el deber de asesorar no depende únicamente de la información que facilite el cliente, sino que exige una actitud activa por parte del profesional.

En palabras del propio tribunal, la empresa debía “indagar en las necesidades del comprador para poder informarle sobre la idoneidad del bien ofrecido para el uso previsto”. Es decir, no basta con ejecutar lo solicitado, sino que el profesional debe hacer las preguntas necesarias para entender el contexto y evitar decisiones inadecuadas.

La sentencia, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal de Casación el 3 de diciembre de 2025, marca un precedente relevante para el sector funerario. Hasta ahora, este tipo de conflictos solían resolverse en favor de las empresas, al considerarse que las familias tomaban las decisiones bajo su propia responsabilidad.

Este fallo introduce un cambio de paradigma. Incluso en situaciones emocionalmente complejas, las funerarias no quedan exentas de sus obligaciones como profesionales. Al contrario, se espera de ellas un nivel de profesionalidad mayor, precisamente por la vulnerabilidad de los clientes en esos momentos. Más allá del caso concreto, la resolución abre la puerta a una mayor protección del consumidor en un ámbito tradicionalmente poco cuestionado. También lanza un mensaje claro al sector: el asesoramiento no es opcional ni formal, sino una parte esencial del servicio.

La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, advirtió que conductas como el uso engañoso de marcas de verificación, la falta de transparencia en los anuncios y la restricción del acceso a datos para investigadores no se toleran dentro de la Unión Europea. Esta afirmación coincide con la imposición de una multa de 120 millones de euros a la red social X por parte del Ejecutivo comunitario, sanción motivada por prácticas que, según las autoridades, vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) y afectan la capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas sobre la plataforma, según consignó el medio.

De acuerdo con la Comisión Europea, la penalización comunicada este viernes responde principalmente al diseño considerado engañoso de la marca azul de verificación. Muchos usuarios interpretan esa insignia como una garantía de autenticidad de la cuenta, cuando en realidad su asignación queda supeditada a criterios discrecionales establecidos por la propia empresa, una acción clasificada como una vulneración de las normas de transparencia y equidad exigidas por la DSA. La investigación formal sobre estas prácticas comenzó en julio de 2024 y tenía como finalidad esclarecer si el funcionamiento actual de este distintivo podía inducir a error, afectando negativamente la libertad e información que poseen los internautas de la Unión Europea, detalló la Comisión Europea.

Según publicó la Comisión, la investigación también identificó otras irregularidades dentro de la operativa de X. Destaca la falta de transparencia en el repositorio de anuncios, mecanismo previsto para ofrecer a los usuarios y autoridades la información necesaria sobre los contenidos publicitarios difundidos en la plataforma. El órgano europeo observó que el acceso a los datos publicitarios y la claridad sobre los procedimientos seguidos para su publicación no cumplen los estándares de divulgación que fija la reciente legislación comunitaria. A esto se suma el incumplimiento de la obligación de facilitar a los investigadores el acceso adecuado a determinados datos necesarios para la evaluación independiente de riesgos y el análisis crítico sobre el impacto de la plataforma en la sociedad europea, reportó la Comisión Europea en su comunicación oficial.

El medio informó que la DSA se aplica a los servicios digitales que operan dentro de la Unión Europea, estableciendo exigencias para combatir la desinformación y proteger los derechos de los usuarios. El caso de X se enmarca en la intensificación de la supervisión de grandes tecnológicas desde la entrada en vigor de esta ley. El Ejecutivo comunitario subrayó el carácter ejemplarizante de la sanción y reiteró que busca garantizar una experiencia digital segura y transparente para todos los usuarios. Según informó Europa Press, la intención de la Comisión es asegurar que las empresas tecnológicas respeten tanto el derecho de los usuarios a una elección informada como las condiciones de acceso equitativo a información relevante sobre la autenticidad de cuentas, publicidad y datos disponibles para el análisis investigador.

La respuesta oficial de la red social X no se ha incluido en el comunicado de la Comisión Europea ni en las informaciones iniciales difundidas tras anunciarse la multa. Mientras, la vicepresidenta Henna Virkkunen enfatizó, según reproducen diversos medios, que la promoción de prácticas engañosas o el bloqueo al acceso de investigadores atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad que la Unión Europea busca consolidar en el espacio digital comunitario.

Un automovilista desató una fuerte polémica en redes sociales luego de publicar un video en el que presume conducir a 240 kilómetros por hora sobre el Segundo Piso del Periférico, ubicado en la Ciudad de México. La grabación, compartida principalmente en la red social X, generó indignación, críticas y llamados a que sea sancionado, debido al grave riesgo que implicó para él y para otros usuarios de la vía.

En el clip se observa al conductor sosteniendo el volante con una sola mano, mientras que con la otra se graba a sí mismo evidenciando la velocidad alcanzada. La grabación fue acompañada por el mensaje: “Manejen con cuidado porque me vengo cagando”, lo que aumentó aún más la molestia de internautas, quienes calificaron la conducta como irresponsable, peligrosa y temeraria.

Una usuaria de X resumió el sentir de cientos de personas al escribir: “Manejar a 240 km/hr en el segundo piso del periférico con una mano, y usar la otra para grabarte, debe merecer un premio”, en tono irónico. Otros usuarios exigieron que las autoridades identifiquen al conductor para que se le apliquen las sanciones correspondientes conforme al reglamento de tránsito vigente.

Límites de velocidad en CDMX: lo que marca la ley

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el automovilista superó por más del triple el límite permitido para ese tipo de vialidades. La normatividad establece que:

• En carriles centrales de vías de acceso controlado, la velocidad máxima es de 80 km/h.
• En vías primarias, el límite es de 50 km/h.
• En vías secundarias y laterales, la velocidad máxima es de 40 km/h.
• En zonas escolares, hospitales, asilos y albergues, el máximo permitido es de 20 km/h.
• En estacionamientos y vías peatonales, el límite es de solo 10 km/h.

Conducir a 240 km/h no solo representa una violación grave al reglamento, sino también un riesgo extremo que puede derivar en accidentes fatales, tanto para el conductor como para otros automovilistas.

Asimismo, la multa por conducir a exceso de velocidad puede alcanzar hasta las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 3 mil 394 pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón y puntos negativos en la licencia.

Otras multas de tránsito poco conocidas en la CDMX

Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones poco conocidas por las que los automovilistas pueden ser sancionados en la capital del país.

Una de ellas es arreglar el auto en la vía pública. Esta acción puede ser sancionada con 1 a 10 UMA, es decir, de 108.50 a 1,085.70 pesos, salvo que se trate de una emergencia que impida avanzar.

Otra infracción común es “apartar lugares” con cubetas, botes u otros objetos. El reglamento prohíbe expresamente colocar cualquier tipo de señalización para reservar espacios de estacionamiento. La sanción va de 11 a 20 UMA, lo que puede traducirse en multas de hasta 2,160 pesos, además de arresto administrativo de 13 a 24 horas y la obligación de retirar los objetos.

También es sancionable usar el claxon modificado o con sonidos distintos al de fábrica, ya que se considera ruido excesivo. La multa por esta falta va de 20 a 30 UMA, es decir, entre 2,160 y 3,255 pesos, según el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito.

El caso del automovilista que se grabó a 240 km/h en el Segundo Piso del Periférico vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la cultura vial en la Ciudad de México, así como la aplicación estricta del reglamento, para evitar tragedias provocadas por conductas imprudentes al volante.

Un hombre acaba de hacerse viral en las redes sociales tras contar que tuvo que pagar 20 euros (18 francos suizos) por no declarar dos cruasanes cuando pasaba la aduana suiza en el paso fronterizo de la autopista de Rheinfelden, en la vuelta a su país. En agosto, después de realizar compras por un valor superior a 300 euros en Alemania, este padre de Friburgo les dio a sus hijos dos cruasanes para comer. Pero al llegar a la frontera para sellar el certificado de exportación, como estaba acostumbrado hacer, se encontró con un laberinto burocrático.

El “certificado de exportación” es un documento emitido por la tienda en Alemania cuando un cliente no residente en la Unión Europea compra productos y desea recuperar el IVA alemán. Sin embargo, durante la inspección de la mercancía de este hombre, un funcionario notó que faltaban dos cruasanes en la lista de productos declarados. Como resultado, recibió una advertencia, acompañada de una multa de 20 euros (22 dólares estadounidenses). Los dos cruasanes habían sido un desayuno para sus hijos, y no les dio importancia como para ponerlos en ese documento.

Indignado, el hombre trató de apelar. En declaraciones al medio alemán Sudkurier, el hombre señala que se sintió perjudicado y presentó una queja ante la aduana principal. Pero la respuesta que recibió ante la queja formal ha sido la desestimación de la reclamación de la oficina principal de aduanas de Lörrach. En relación con el tema, el medio local Sudkurier informó que una solicitud de devolución del IVA siempre exige la obligación de presentar en la aduana todas las mercancías declaradas para la exportación. Es decir, los bienes cuyo IVA se puede devolver no pueden consumirse ni utilizarse en Alemania. El error de esta familia, por tanto, fue comerse los cruasanes.

El asunto sigue abierto para el hombre

El hombre, cuya identidad ha sido mantenida por los medios suizos en el anonimato, ha negado sistemáticamente haber consumido o dejado alguna mercancía en Alemania a pesar de las varias solicitudes de aclaración. Sin embargo, además de los dos cruasanes, la oficina de aduanas informa de la falta de otras mercancías que figuraban en el documento de exportación.

Según el medio alemán Sudkuriek, ya se le impuso una multa en otras ocasiones por reiteradas declaraciones falsas. Para el padre, el asunto no está cerrado, ya que él considera que se trata de una versión tendenciosa y exige que también se revisen las grabaciones del incidente.

Así es como no conocer las leyes de aduanas te puede generar un problema y una sanción económica. Los 300 francos suizos en mercancías de uso personal es el máximo que una persona, independientemente de la edad, tiene derecho a ingresar en la frontera de Suiza por día. Si esos productos superan el permitido, los impuestos van sobre el valor total de la importancia y no solo sobre el excedente.

No todos los objetos se pueden pasar. El tabaco, bebidas alcohólicas, los cárnicos y los lácteos están permitidos con restricciones de cantidad, y no tanto del valor.

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente sancionador a Kabuki Music SL, la empresa organizadora de los conciertos de Manuel Carrasco celebrados en 2023 en el Estadio de La Cartuja, a raíz de una denuncia presentada por Facua. La entidad de defensa de los consumidores alertó de que la promotora cobró a los asistentes 1,5 euros por un vaso reutilizable sin ofrecer la posibilidad de recuperar ese importe al finalizar el evento, una práctica que, según el Consistorio, incumple la normativa autonómica y estatal en materia de protección al consumidor. La propuesta de sanción asciende a 20.000 euros y, por el momento, queda pendiente de posibles alegaciones por parte de la empresa.

Fuentes municipales citadas por Europa Press explican que tanto la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía como el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establecen con claridad que no se puede obligar al consumidor a pagar por un producto accesorio que no ha solicitado, salvo en dos supuestos: que exista la opción de devolución del depósito o que se ofrezca una alternativa gratuita.

En el caso de los conciertos de Manuel Carrasco, el Ayuntamiento subraya que “no había ni devolución ni alternativa”, lo que convierte el cobro del vaso en una práctica considerada abusiva por la legislación vigente. Este tipo de cláusulas son especialmente vigiladas en eventos multitudinarios, donde la posición de vulnerabilidad del consumidor aumenta por la falta de alternativas inmediatas.

Apertura del expediente

Desde Facua se ha valorado la apertura del expediente como una victoria parcial, aunque la asociación considera que la multa propuesta es “extraordinariamente inferior” al beneficio que la empresa habría obtenido con la venta de estos vasos reutilizables. Según sostiene, la ley andaluza permite que el importe de la sanción alcance hasta diez veces el beneficio económico ilícito derivado de la infracción, por lo que, a su juicio, la sanción de 20.000 euros no sería proporcional al volumen potencial de ingresos generados en un evento con un aforo tan amplio.

Facua lleva años reclamando un mayor rigor en las sanciones para que sirvan como medida disuasoria frente a prácticas que vulneran los derechos de los consumidores, especialmente en festivales y grandes conciertos donde este tipo de cobros son frecuentes.

El Ayuntamiento, por su parte, justifica la cuantía propuesta en función del aforo de los conciertos, que pudo llegar a los 50.000 espectadores. No obstante, señala que se trata únicamente de una propuesta inicial y que la resolución no será firme hasta que la promotora presente, o no, las alegaciones pertinentes dentro del plazo legal. De este modo, el procedimiento administrativo continúa su curso, pudiendo derivar en una sanción definitiva o en una modificación del importe.

Este caso vuelve a poner de relieve el debate sobre la gestión de los vasos reutilizables en grandes eventos. Aunque su uso se impulsa por razones medioambientales y de reducción de residuos, su implementación debe respetar los derechos de los usuarios. La falta de transparencia o la ausencia de alternativas puede convertir una medida sostenible en una práctica sancionable. El expediente de Sevilla abre de nuevo la reflexión sobre cómo regular correctamente estos sistemas y garantizar que las iniciativas ecológicas no se transformen en un coste injustificado para el público.

A partir de noviembre, infringir las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires es más costoso para los conductores. Se trata de la nueva actualización del valor de las multas, que regirá durante dos meses.

El aumento —que representa un 6,5% respecto de los valores anteriores— está vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). Ese valor se utiliza para determinar los montos de las infracciones a través de una Unidad Fija (UF).

Con la nueva actualización, el valor de una UF se mantiene en $1.711 para el bimestre de noviembre y diciembre. La medida fue oficializada el pasado 31 de octubre mediante una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial provincial.

De este modo, infracciones como el exceso de velocidad, la falta de patente o de seguro, y la conducción con alcoholemia positiva pasan a tener un costo aún mayor en la provincia.

En el caso de quienes manejen con alcohol en sangre, las multas van de $855.500 a $2.053.200, dado que la sanción prevista es de 500 a 1200 UF. El mismo monto se aplica a los conductores que se niegan a realizar el test.

Otras faltas de alto impacto económico son circular en contramano o girar en lugares no habilitados, cuyas multas se ubican entre $513.300 y $1.711.000. A su vez, manejar sin seguro, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o sin licencia también implica sanciones dentro de ese mismo rango.

Entre las infracciones más comunes figura el exceso de velocidad, cuyas multas van de $205.320 a $1.711.000 (150 a 1.000 UF). También se sanciona la falta de casco en motos o el no uso del cinturón de seguridad, con valores que oscilan entre $85.500 y $171.100 (50 a 100 UF).

Asimismo, pasar un semáforo en rojo se penaliza con multas de entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF). En tanto, las infracciones por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, sin seguro o con exceso de ocupantes también se ubican entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

Cuáles son los aumentos que llegan en noviembre

El arranque de noviembre llega acompañado de una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales como las tarifas de luz y gas, los alquileres, las prepagas, el transporte público y los combustibles. Los diferentes ajustes aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras afectarán el costo de vida de usuarios en todo el país.

Alquileres

Quienes alquilan bajo contratos firmados según la derogada ley de alquileres afrontarán en noviembre una actualización del Índice de Contratos de Locación, lo que implica un aumento anual del 42,45%.

Esta cifra muestra una desaceleración frente a los movimientos de meses anteriores: en octubre la suba había sido del 46,1% y en septiembre, del 50,3%. La comparación con el primer semestre muestra un descenso aún más notorio respecto a los porcentajes superiores al 100% que rigieron en enero y la primera mitad de 2024.

Tarifas de gas y luz

Desde este mes, las facturas de gas verán un ajuste promedio del 3,8%. Este alza se suma a una suba similar en la electricidad.

El impacto de las nuevas tarifas supera el porcentaje de inflación proyectado para el mes, que ronda el 2,5% de acuerdo a relevamientos de consultoras privadas. El encarecimiento responde principalmente al traslado de la suba del dólar a los precios de los servicios, fenómeno que se profundizó durante el último tramo de la campaña electoral.

Transporte

Desde el 1 de noviembre, el boleto mínimo de colectivo cuesta $573,09 para quienes usan la SUBE registrada en el conurbano bonaerense, luego del ajuste anunciado por el Ministerio de Transporte provincial.

En Ciudad de Buenos Aires, el valor mínimo del colectivo pasó a $568,82 bajo la misma modalidad de pago. El criterio para actualizar los boletos combina la evolución del índice de precios con un adicional de dos puntos porcentuales, fórmula que en 2025 acumuló un alza del 54,39% en la tarifa mínima bonaerense, muy por encima del 22% de inflación acumulada hasta septiembre.

Los nuevos precios rigen para los usuarios de las líneas del 200 en adelante del conurbano bonaerense y para los servicios porteños que cubren recorridos dentro de la Ciudad, como los números 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Además, el subte de Buenos Aires tiene un valor de $1.157 para pasajeros que realicen de uno a veinte viajes mensuales con SUBE registrada. En caso de no tener el nuevo esquema de registro, el valor es de $1.839,63 por boleto.

La actualización de la licencia de conducción en Colombia implica una serie de requisitos y procedimientos que varían según la ciudad, el tipo de vehículo y la edad del conductor. Renovar este documento es una obligación legal para quienes continúan manejando, y omitir el trámite puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El proceso de renovación exige que el titular verifique la fecha de vencimiento, la cual figura en la parte posterior de la licencia. También es posible consultar el estado del documento a través del sistema en línea del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Cada categoría de licencia puede tener una fecha de expiración diferente, por lo que se recomienda revisar cada una antes de iniciar el trámite.

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Para llevar a cabo la renovación, el primer paso es estar inscrito en el Runt. El solicitante debe presentar el documento de identidad original y acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), donde se realiza el examen físico, mental y de coordinación motriz, el cual debe ser aprobado. Este examen tiene una vigencia máxima de seis meses. Además, es indispensable estar a paz y salvo por multas e infracciones, lo que puede verificarse en la plataforma del Simit.

Una vez cumplidos estos requisitos, el usuario debe acercarse al organismo de tránsito de su ciudad y abonar los valores estipulados para el trámite. En Bogotá, el procedimiento se realiza en la Ventanilla Única de Servicios, donde se acepta la cédula de ciudadanía, la contraseña para nacionales mayores de edad, la tarjeta de identidad para menores o la cédula de extranjería y pasaporte vigente para extranjeros. Si el documento de identidad está en trámite, la contraseña es válida, pero si ya está disponible para entrega, se debe presentar el original.

La licencia de conducción que se pretende renovar debe estar registrada en el Runt. La fotografía para el nuevo documento se toma sin costo en cualquiera de los 19 puntos de atención habilitados. En el caso de tener varias categorías en la licencia, es fundamental revisar la fecha de vencimiento de cada una, ya que pueden diferir.

Las categorías de licencias se dividen en servicio particular y servicio público. Para servicio particular, las clasificaciones son: A1 (motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos), A2 (motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos), B1 (automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses), B2 (camiones rígidos, busetas y buses) y B3 (vehículos articulados y tractocamiones).

Para servicio público, las categorías son: C1 (automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses), C2 (camiones rígidos, busetas y buses) y C3 (vehículos articulados de servicio público).

El periodo de vigencia de la licencia varía según el tipo de servicio y la edad del conductor. Para transporte público, quienes tienen menos de 60 años deben renovar cada tres años, mientras que los mayores de 60 deben hacerlo anualmente. En el caso de servicio particular, los conductores menores de 60 años renuevan cada diez años, los que tienen entre 60 y 80 años cada cinco años, y los mayores de 80 años deben renovar anualmente.

Conducir con la licencia vencida, adulterada o de una categoría distinta a la del vehículo conlleva sanciones. Las autoridades de tránsito pueden imponer un comparendo, inmovilizar el automotor y aplicar una multa de $321.800.

Cuánto cuesta la renovación de licencia en 2025

El costo de la renovación varía según la ciudad y el tipo de vehículo. Estas son la tarifas por ciudad, según valores de 2025:

• En Bogotá, la tarifa es de $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas.
• En Medellín, el valor aproximado es de $118.700 para automóviles y $204.000 para motocicletas.
• En Cali, para 2025, el costo es de $126.650 para automóviles y $220.050 para motocicletas, a lo que se suma el valor del examen médico, que depende del centro.
• En Barranquilla, la renovación cuesta $118.700 para automóviles y $204.000 para motocicletas.
• En Cartagena, el precio para automóviles oscila entre $126.650 y $128.700, y para motocicletas entre $220.050 y $222.100.
• En Bucaramanga, el costo estimado para automóviles va de $128.400 a $194.000, y para motocicletas de $204.000 a $220.000.

Finalmente, tenga presente que no es necesario renovar la licencia si la persona ya no conduce ningún vehículo. La actualización solo es obligatoria para quienes manejan automóviles, motocicletas u otros vehículos en las vías del país.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash – Sede Chimbote sancionó en primera instancia a la empresa de transporte ZBUSS S.A.C. con una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2′407.500, luego de comprobar que la compañía no implementó medidas adecuadas para prevenir el accidente ocurrido el 14 de mayo de 2023 en la vía Pativilca – Conococha, distrito de Cátac (Áncash).

El hecho, que derivó en la muerte de una pasajera y lesiones a otros ocupantes, se posiciona como referencia en la discusión sobre la seguridad de los servicios de transporte en el país, según detalló el organismo en un comunicado oficial.

Hallazgos críticos y responsabilidad empresarial

La decisión de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se basó en la evidencia de que los pasajeros fueron expuestos a un riesgo injustificado, en infracción del artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Investigaciones determinaron que el conductor del bus, identificado con placa B5E-956, abandonó el vehículo sin asegurar el volante ni colocar tacos de seguridad, lo que llevó al deslizamiento y despiste de la unidad.

Además, se comprobó que el ómnibus, fabricado en 2007, no recibía mantenimiento periódico, incrementando el nivel de riesgo para los usuarios del servicio de transporte interprovincial.

Los representantes de ZBUSS S.A.C. argumentaron que el incidente fue un hecho fortuito y que la empresa cumplía con las condiciones legales y técnicas requeridas para operar en Perú.

Sin embargo, Indecopi determinó que las medidas preventivas y de control son parte de la obligación permanente de las compañías de transporte para asegurar la seguridad de los pasajeros.

La sanción subraya que la responsabilidad de garantizar condiciones seguras recae en las empresas, sin que valga la exoneración por supuestos eventos aislados.

Proceso de apelación y llamados a cambios estructurales

La multa de más de dos millones de soles impuesta a ZBUSS S.A.C. es apelable ante la Sala Especializada de Protección al Consumidor de Indecopi, la instancia encargada de la revisión final del caso.

La entidad enfatizó que este proceso es parte de un enfoque más amplio para impulsar reformas reales en la seguridad de los servicios de transporte y recordó a los operadores la necesidad de cumplir, de manera estricta, los protocolos y mantenimientos exigidos por la legislación vigente.

El rol de Indecopi

El Indecopi es la entidad pública peruana encargada de velar por los derechos de los consumidores y promover la competencia leal en el país.

Entre sus funciones principales se encuentran la supervisión de prácticas comerciales, la sanción de conductas anticompetitivas y el control de la calidad y seguridad de los productos y servicios ofrecidos al público.

Además, elimina barreras burocráticas que dificultan la actividad empresarial y protege la propiedad intelectual, a través de la administración de registros de marcas, patentes y derechos de autor.

La institución también regula la publicidad comercial para evitar mensajes engañosos y promueve un entorno económico donde todas las empresas y consumidores gocen de igualdad de condiciones.

Un hombre de 37 años y su acompañante han sido detenidos en por las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, tras haber protagonizado un incidente en la autopista A1, en dirección a Dortmun. Al parecer, según ha informado el medio alemán Bird, el arresto tuvo lugar después de que un testigo alertara sobre un Ford que circulaba de forma errática, a aproximadamente 140 km/h, y en eses, poniendo en riesgo la seguridad vial.

El informante declaró ante la policía que el vehículo “amenazaba repetidamente con salirse de la carretera”. Una situación que puso en alerta a los cuerpos de seguridad. Aunque en Alemania no hay un límite de velocidad claro, las autoridades se preocuparon por este caso al saber que “el vehículo se desviaba tanto hacia la derecha que un camión tuvo que estacionarse en el carril de emergencia”. Además, al pasar por su lado, el testigo pudo ver perfectamente cómo “el conductor y la pasajera aparentemente estaban manteniendo relaciones sexuales”.

Qué consecuencias penales tendrá el detenido

Una vez lanzada la patrulla de detención, se consiguió concluir la persecución en una gasolinera ubicada en Steinfurter Straße, en las cercanías de Münster. En ese instante, los agentes efectuaron el arresto de ambos ocupantes. Ahora, “debido a su conducción peligrosa en el tráfico, el conductor de 37 años, de nacionalidad alemana, se enfrenta ahora a un proceso penal por interferencia peligrosa con el tráfico vial”, confirmaron los agentes, según las declaraciones recogidas por Midi Libre.

De acuerdo con la legislación vigente, el caso se tramitará bajo la Sección 315b del Código Penal alemán, que contempla penas de hasta cinco años de prisión para actos de interferencia peligrosa en el tráfico vial.

Qué dice la ley en España

En España, no existe una legislación que prohíba explícitamente tener sexo en el coche. Sin embargo, esto no implica ausencia de consecuencias legales, ya que la normativa contempla distintas situaciones dependiendo del lugar y la exposición pública de la conducta, según explican desde Chalaris Abogados, un bufete especialista en derecho penal. Y es que, pese a que el automóvil es un espacio privado, a efectos legales cualquier actividad que se realice en su interior se considera de lugar público, en el caso de que está estacionado en la vía pública.

De este modo, la policía puede intervenir si estas acciones se exteriorizan, afecta a terceros, o atentan contra la decadencia pública. El Código Penal es claro en lo relativo a los casos graves. El artículo 185 tipifica el delito de exhibicionismo y provocación sexual, castigando con penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses “a quien ejecute actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”, exponen. Así, aunque en la mayoría de situaciones los propios adultos pueden sentirse incómodos, no habría delito penal si no hay menores como espectadores.

Sin embargo, es sancionable por vía administrativa. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción leve “ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”, lo que puede traducirse en multas de 100 a 600 euros. Esto abarca actos sexuales o de desnudez en vehículos estacionados en la vía pública si se consideran ofensivos para la decencia. Por lo que, si una pareja es descubierta en su coche durante la noche en una zona transitada, puede recibir una sanción leve por acto obsceno en lugar público.

Mientras, realizar actividades sexuales con el vehículo en circulación constituye una infracción grave por seguridad vial. La DGT considera dichas conductas equivalentes a las más peligrosas: pueden acarrear multas de 500 euros y la retirada de seis puntos por conducción temeraria. Por su parte, la masturbación al volante se equipara a utilizar el teléfono móvil, con sanciones de 200 euros y seis puntos. Si la conducta resulta en un peligro concreto, puede tratarse de un delito contra la seguridad vial penalizado con cárcel, como es el caso del alemán de 37 años.

Tras varios intentos frustrados, la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), volverá a reunirse esta tarde -15- para consumar el difícil objetivo de dictaminar un proyecto para actualizar las irrisorias multas vigentes por evasión tributaria.

La iniciativa ya fue aprobada en Diputados por una abrumadora mayoría -226 legisladores- en agosto pasado, con acompañamiento de casi todos los bloques, incluidos los bandos peronistas/kirchneristas: en la Cámara baja sólo se abstuvieron la izquierda y un gremialista chubutense.

A pesar de lo ocurrido en la Cámara baja, el kirchnerismo ya vació un encuentro por esta discusión, aunque ayer dio una sorpresa a la hora de analizar una ley que restringiría los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y hay expectativa en cuanto a cómo se moverá, ante diversas especulaciones sobre intentos de diálogo entre la Casa Rosada y Cristina Kirchner.

El primer encuentro fallido ocurrió el 24 de septiembre. Los integrantes de la comisión son 17. Para dicho convite participaron, además de Pagotto, el peronista disidente Carlos Espínola(Corrientes), dos radicales -uno de ellos, el chaqueño Víctor Zimmermann-, el misionero renovador -no massista- Carlos Arce y la silvestre santacruceña Natalia Gadano, que llegó tarde al encuentro. Nadie del Frente de Todos estuvo. Tampoco se presentaron el aliado circunstancial de la Casa Rosada Luis Juez(Pro) y la filomacrista Beatriz Ávila.

“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a un juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó en su momento el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no forma parte de la comisión y empuja un articulado alternativo de su autoría.

Abad adelantó su acompañamiento a la norma aprobada por la Cámara baja, aunque dejó en claro observaciones a futuro, dado que el texto avalado por Diputados apunta a actualizaciones que serían por salarios y no por IPC, o la diferenciación entre escalas leve y grave. Y sentenció que el objetivo es que “el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco y no a las Pymes, emprendedores, con montos que son irrisorios”.

Para tener una idea de lo que implica el articulado. Para la evasión simple, la cifra actual de $1,5 millones pasaría a 345 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Como éste es de $322.000, sería poco más de $111 millones. En tanto, para la agravada, los $15 millones se irían a 3.450 SMVM. Otros ítems hablan del delirio vigente: por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la multa es de $100.000; por apropiación indebida de tributos, $200.000.

“Viene con un acompañamiento de la totalidad de los bloques y son las cosas que mejoran el funcionamiento del Estado. Estos proyectos mejoran la recaudación y hacen que los evasores tengan algún tipo de pena”, opinó la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien tampoco tributa en Justicia y Asuntos Penales.

Resto de agenda

Otras comisiones se reunirán durante la jornada de hoy. Por caso, la bicameral encargada de definir las ternas para Defensor del Pueblo -precisa dos tercios en ambos recintos- y Procurador Penitenciario tiene programado un convite para las 11, aunque quienes siguieron de cerca el proceso percibieron en las últimas horas que podría frenarse el ímpetu inicial al acuerdo que intentaban kirchneristas y radicales.

A la misma hora se juntará la de Economía Nacional, en modo seminario, sobre “conexión productiva y análisis de proyectos a futuro”, mientras que a las 13 lo hará la de Agricultura. Aparece, después de mucho tiempo, la de la Banca de la Mujer, a las 10.30.

Un empleado del Ministerio de Salud de Entre Ríos, identificado como Diego Alberto Figueroa, deberá afrontar el pago de una multa millonaria, luego de que fuera acusado de haber recibido fondos públicos que habrían sido asignados de forma irregular. De esta manera, deberá devolver una suma superior a los 8 millones de pesos al Gobierno entrerriano.

La medida, adoptada por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, también implicará la apertura de un sumario administrativo y la activación de mecanismos legales para recuperar los fondos. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial Nº 28.208 de la provincia, la devolución fue solicitada por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La decisión se fundamenta en los incisos a) y b) del Artículo 71° de la Ley 9755, normativa que regula el empleo público en la provincia. Según el decreto, Figueroa, quien ocupaba el cargo de Categoría 06 en la Carrera Administrativa del Escalafón General dentro de la División Concurso, habría incumplido las normativas establecidas, lo que derivó en la asignación indebida de fondos.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el texto oficial detalla que el monto a reintegrar asciende a $8.401.477,96, cifra a la que se suman los intereses generados desde el momento en que los fondos fueron otorgados de manera irregular hasta la fecha en que se concrete el pago.

En el texto del decreto se especificó: “Intímase a través del Ministerio de Salud al agente Diego Alberto Figueroa, para que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse”.

De esta forma, el decreto estableció un plazo improrrogable de treinta días desde la notificación para que el empleado de Salud efectúe la devolución. En caso de no cumplir con este requerimiento, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos será la responsable de iniciar las acciones legales necesarias para garantizar el cobro, lo que podría derivar en un proceso judicial.

Despidieron a una empleada del Ministerio de Salud de Entre Ríos por acumular más de 300 faltas injustificadas

Un extenso historial de ausencias llevó a que el Gobierno de Entre Ríos resolviera la cesantía de María Belén Paulina, una mujer que se desempeñaba en el Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud provincial, luego de que se descubriera que tenía cientos de ausencias en su puesto laboral.

La medida fue oficializada a finales de julio de este año, mediante la publicación del Boletín Oficial Nº 28.146 de la provincia, en donde las autoridades fundamentaron que la empleada contaba con la acumulación de 363 inasistencias injustificadas repartidas entre los años 2015 y 2019.

El sumario administrativo detalló la distribución anual de las ausencias: 62 días en 2015, 6 en 2016, 19 en 2017, 223 en 2018 y 53 en 2019. Todas estas faltas fueron consideradas infundadas, ya que la empleada no presentó la documentación requerida para avalarlas. Incluso en los casos en los que alegó haber presentado problemas de salud.

Por esto, el decreto que dispuso la sanción señaló de manera explícita: “La agente María Belén Paulina, no cumplió con su débito laboral en las fechas supra detalladas”. Además, el documento remarcó que la conducta de la trabajadora superó ampliamente el límite reglamentario de diez inasistencias injustificadas, continuas o discontinuas, en los doce meses inmediatos anteriores.

La resolución adoptada por las autoridades provinciales se apoyó tanto en la magnitud de las faltas como en la agravante detectada durante la investigación, que indicó la posibilidad de que la agente hubiera incurrido en nuevas ausencias tras el período analizado. La Comisión Asesora de Disciplina intervino en el proceso antes de que se aprobara la decisión final.

El cantante Junior H fue vetado del municipio de Zapopan y será acreedor a una multa luego de que interpretara los narcocorridos “El Azul” y “El hijo mayor” durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, informó este viernes 30 de octubre que el cantante ya no podrá presentarse en el municipio luego de que no acató la prohibición de interpretar corridos en eventos públicos al ser considerado como apología del delito.

Dicha medida se implementó en Zapopan tras el concierto realizado en abril de 2025 de Los Alegres del Barranco en el que se mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta persona no podrá volver a cantar en Zapopan, podrá cantar en otro lugar, pero aquí no”, afirmó el alcalde durante entrevista con medios.

Además de ser vetado del municipio, el cantante de corridos fue multado debido a la prohibición. Al respecto, el alcalde detalló que se deberá pagar la cantidad de 33 mil pesos, esto pese a que se preveía que fueran cerca de 300 mil pesos.

Frangie también comentó que previo a la presentación del cantante se compartió a las autoridades una copia de la lista de canciones que serían interpretadas en el concierto, en la cual no se habrían incluido los corridos.

“Nos lo presentaron todo, pero al final de cuentas muchas veces hay una buena voluntad del palenque y lo entiende perfectamente, pero de repente se caldean los ánimos y caen en un error”, comentó el alcalde.

“El Azul” y “El hijo mayor”: los corridos de Junior H

Durante su presentación del 28 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre, Junior H interpretó el corrido “El Azul”, el cual también ha cantado junto a Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón.

Este tema hace alusión al crimen organizado y a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera al utilizar como referencia “en la sangre traigo al 701″, número con el que se vincula al narcotraficante debido a que la revista Forbes lo colocó en ese lugar de su lista de personas más ricas del mundo en 2013.

Por su parte, el corrido “El hijo mayor” haría referencia a Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, no se menciona su nombre.

Su veto en Zapopan se suma a la presentación de Junior H en mayo de este año en la Feria Nacional de San Marcos 2025 de Aguascalientes, donde lo silenciaron cuando interpretaba este último corrido.

Una mujer fue multada con 170 euros en Londres por arrojar el sobrante de su café al desagüe de la calle justo antes de subir al autobús. El hecho, que ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por agentes de seguridad, ha generado polémica sobre si hay concordancia entre la acción y la sanción producida.

La protagonista, Burcu Yesilyurt, no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Para ella la sanción fue exagerada: “Me parece bastante injusto. Creo que la multa es excesiva. No es proporcional”, declaró al medio británico Express.co.uk.

Según las autoridades, verter cualquier tipo de residuo líquido en la vía pública, incluso café, puede constituir una infracción medioambiental, ya que podría afectar el sistema de drenaje urbano. Esta normativa se basa en el Artículo 33 de la Ley de Protección Ambiental de 1990 del Reino Unido, que establece que es delito depositar o eliminar residuos de manera que puedan contaminar la tierra o el agua, incluyendo expresamente el vertido de líquidos en desagües urbanos.

Diferentes versiones de los hechos

“Noté que mi autobús se acercaba, así que vertí lo que quedaba. No era mucho, solo un poquito. En cuanto me di la vuelta, vi a tres hombres, agentes de policía, persiguiéndome, y me detuvieron de inmediato” declaró Yesilyurt a la BBC.

La mujer pensaba que iban a hablar con ella sobre un problema con el autobús cuando la detuvieron, y no tenía conocimiento de que verter líquido en un canal de la carretera era una acción ilegal. “Fue un shock total”, reforzó, además de señalar que el encuentro con los agentes fue “bastante intimidante” y que se sintió “temblorosa” cuando fue a trabajar.

Un portavoz del Consejo de Richmond dijo que se habían revisado las imágenes de las cámaras corporales y que no estaban de acuerdo en que los agentes se comportaran de forma agresiva. “Las imágenes confirman que los oficiales actuaron profesionalmente y fueron sensibles a las circunstancias”, agregaron.

La multa, de 170 euros, podrá convertirse en 115 euros si se paga en un plazo inferior a 14 días. Sin embargo, la intención de la mujer no es pagar: ha presentado una denuncia ante el ayuntamiento y ha pedido que la ley se aclare con carteles cerca de los contenedores o paradas de autobuses.

El portavoz del Consejo de Richmond dijo que “A nadie le gusta recibir una multa, y siempre intentamos aplicar nuestras políticas de manera justa y con comprensión. Solo se toman medidas de cumplimiento cuando es necesario, y los residentes que consideren que se ha emitido una multa incorrecta pueden solicitar una revisión”, confirmando su posición sobre que la multa se ha emitido correctamente, como informa El Mirror. “Estamos comprometidos a proteger las vías fluviales de Richmond y a mantener las calles de nuestro distrito limpias y seguras”, añadió.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la normativa ecológica y el sentido común. ¿Es lo mismo tirar un café que arrojar basura por el desagüe? Para Burcu, definitivamente no.