La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer a través de su cuenta oficial de X, acerca de los criterios que se tomarán en cuenta por el daño moral de acusaciones falsas que lesionen el honor o la reputación de una persona pueden generar responsabilidad civil.

En el caso analizado en redes sociales, el máximo tribunal revisó un conflicto familiar derivado de un divorcio y un proceso de custodia, y retomó la difusión de señalamientos de secuestro y sustracción de una menor que ya habían sido descartados por autoridades ministeriales.

La resolución partió de una disputa entre un hombre y su exesposa, en la que él publicó en un diario de circulación nacional acusaciones contra ella y contra integrantes de su familia.

Ante este hecho, la Corte concluyó que esos dichos falsos no podían leerse como una expresión amparada sin más por la libertad de expresión cuando existía una afectación directa al honor, la dignidad y la reputación de la mujer señalada. Por eso, el tribunal ordenó revisar otra vez el monto de la indemnización por daño moral.

“Un conflicto familiar derivado de un proceso de divorcio y custodia, en el que un hombre difundió en un diario de circulación nacional acusaciones falsas de secuestro y sustracción de su hija contra su exesposa y familiares, pese a que dichos señalamientos ya habían sido descartados por autoridades ministeriales”, escribió la SCJN en X.

Discusión de la SCJN sobre la difusión de información falsa

La discusión no se centró solo en si hubo una publicación ofensiva, sino en el alcance concreto del daño causado por la difusión de imputaciones falsas en un medio de circulación nacional y en espacios digitales. Para el órgano, ese contexto obligaba a medir con mayor precisión la dimensión real de la afectación, sobre todo por el impacto que ese tipo de acusaciones puede tener sobre la vida personal y social de quien las recibe.

Los ministros también señalaron que la reparación no debe fijarse de manera automática ni desproporcionada. Al devolver el expediente para una nueva cuantificación, por lo que se indicó que debían valorarse la gravedad de la afectación al honor y a la dignidad de la mujer, así como el alcance efectivo que tuvo la difusión de los mensajes en plataformas impresas y tecnológicas.

Según la Corte, la indemnización debe ser suficiente para reparar el daño moral acreditado, pero sin convertirse en una carga excesiva que termine por inhibir la libertad de expresión o fomente la autocensura entre particulares.

La resolución busca trazar un equilibrio entre la protección de los derechos de la personalidad y el resguardo del debate público.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, y habilitó el avance de la ejecución de sus bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta como parte de la condena por lavado de dinero, en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y que hasta el día de hoy está impaga.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que un tercer magistrado, Mariano Borinsky, se pronunció en disidencia parcial.

El caso se centra en la ejecución de la pena económica fijada contra Báez, que asciende a más de 274 millones de dólares como parte de la condena a 9 años de prisión por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 lo había intimado a pagar esa suma en un plazo de diez días, pero no se concretó, lo que habilitó avanzar con la ejecución de bienes embargados.

Pago en cuotas

Frente a eso, la defensa oficial cuestionó la decisión por prematura debido a que hay aún en análisis un planteo sobre la constitucionalidad de esa multa. Además, aludió a un “despojo patrimonial irreversible” y reclamó en todo caso que se le dé al condenado la posibilidad de pagar en cuotas. También sostuvo que en una de las propiedades sujetas a esa medida viven los hijos menores de edad de Báez.

Sin embargo, la mayoría de la Cámara rechazó esos argumentos. El juez Carbajo sostuvo que la multa “se encuentra firme y constituye por tanto un título ejecutivo que deberá hacerse efectivo sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado”. Por su parte, Hornos analizó que el planteo de Báez es “prematuro” porque no se rechazó en forma definitiva la posibilidad de pagar en cuotas sino que se postergó considerarlo a una etapa futura del trámite de ejecución de la multa “supeditada al resultado de la intimación de pago y al cauce legal previsto para la satisfacción de la pena pecuniaria”.

El juez Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular lo actuado y devolver el caso al tribunal de origen. Según su criterio, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio oral avanzó sin analizar previamente la alternativa de pago en cuotas solicitada por la defensa, lo que implicó un “déficit en el trámite” y una falta de fundamentación.

La condena

Martín Báez fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero en un juicio oral. En 2023, se le otorgó la excarcelación por haber cumplido más de dos tercios de la pena. El hijo mayor del empresario Lázaro Báez ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos años en Río Gallegos al momento de recuperar la libertad.

Su padre, dueño de “Austral Construcciones”, también fue condenado en esa causa penal a 10 años de prisión por las maniobras cometidas entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, en un veredicto que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lázaro Báez está detenido cumpliendo 15 años de cárcel por esta pena más los seis años de la causa Vialidad, donde se lo juzgó y condenó junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La investigación judicial por la “ruta del dinero” que llevaron adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, logró reconstruir un esquema financiero que incluía la creación de sociedades offshore, el uso de paraísos fiscales, movimientos bancarios en Suiza y Panamá, y operaciones inmobiliarias. Se determinó que todo tuvo como objetivo dar apariencia legal a más de 55 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, del financista Ariel Vallejo con supuestos vínculos al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, con una multa de $18.098.701.115, y dispuso la revocación de su autorización para operar, tras detectar graves irregularidades en su actividad cambiaria. La investigación determinó que, entre enero y diciembre de 2023, la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera con otras casas y agencias de cambio por más de 25 millones de dólares, sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos.

El BCRA concluyó que “la totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, en abuso de la habilitación otorgada.

De acuerdo a la resolución de la entidad monetaria, al momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD 25.878.624″.

Según la investigación oficial, el 99,1% de las ventas realizadas por ARS Cambios SAS se dirigió a otras casas y agencias de cambio —entre ellas Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA—. A la vez, la inspección arrojó que la operatoria de estas entidades no cumplía con la normativa vigente para su actividad, situación que motivó la apertura de actuaciones administrativas y sumarios en su contra.

“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y ‘alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo’, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habría sido utilizada como medio a los fines de su concreción”, reza el documento oficial.

Además, ARS Cambios fue sancionada por incumplir el límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades durante diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, superando el tope permitido por la normativa. Según la resolución oficial, durante ese período la firma concretó ventas en exceso por más de un millón de dólares, en infracción al punto 1.5 del texto ordenado sobre Operadores de Cambio. El organismo remarcó que estas conductas “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de política monetaria”.

La sanción también alcanza a las personas responsables de la firma: Graciela Beatriz Vallejo y su hijo Ariel Vallejo. La mujer, en su carácter de administradora titular y única accionista, recibió una multa de $7.228.280.446 e inhabilitación por seis años para desempeñarse en entidades financieras. Su hijo, también administrador, fue sancionado con una multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitación por cinco años. La resolución advierte que la conducta desplegada “implicó un abuso de la autorización oportunamente conferida” y que la sanción de inhabilitación tiene “efecto ejemplificador y preventivo” para el sistema.

El BCRA resaltó que las infracciones detectadas son de gravedad “muy alta” y “alta”, y que la revocación de la autorización para funcionar es la sanción más grave que puede aplicarse a una persona jurídica autorizada. Por último, el organismo informó que los sancionados pueden apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.

Sur Finanzas y ARS Cambios comparten como vínculo principal la figura de Vallejo. El hombre señalado como cercano a Tapia es identificado como titular o accionista de Sur Finanzas y, al mismo tiempo, fue directivo y accionista de ARS Cambios SAS, la casa de cambio recientemente sancionada por el Banco Central.

De hecho, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una denuncia penal contra Sur por presunta retención indebida de aportes previsionales y de obra social descontados a empleados, que no habrían sido depositados en los organismos correspondientes.

De acuerdo con la documentación presentada ante la justicia, la compañía habría omitido transferir al fisco un total de $46.511.222,65 entre junio de 2024 y noviembre de 2025, alcanzando siete períodos fiscales. Esta denuncia se enmarca en una causa judicial más amplia sobre las operaciones financieras de la empresa, que se encuentra en la mira de la Justicia por la compra irregular de dólares en el mercado cambiario entre 2022 y 2023.

La más reciente decisión del Central se tomó en el marco de un sumario financiero instruido a partir de las disposiciones de la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias concluyó la investigación y recomendó al Directorio del BCRA la revocación de la autorización de ARS Cambios SAS como entidad cambiaria, “por los fundamentos desarrollados en ese documento”.

El Directorio del Banco Central adoptó la recomendación y dispuso, según la resolución oficial, “revocar la autorización para funcionar de ARS Cambios SAS en los términos del inciso 6 del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras”. Además, el BCRA resolvió “formular oposición a la devolución de la garantía de funcionamiento constituida por ARS Cambios SAS”, en virtud de actuaciones administrativas aún en trámite en la entidad.

La decisión implica que ARS Cambios SAS debe “abstenerse de ejercer la actividad cambiaria” de manera inmediata. Si la sociedad decide continuar con otras actividades, deberá modificar su denominación social eliminando la palabra “Cambio” y adecuar su objeto social, suprimiendo toda referencia a operaciones cambiarias. Estos cambios deberán ser acreditados ante el Banco Central dentro de los 90 días de notificada la resolución. En caso contrario, la firma deberá acreditar el inicio del trámite de disolución de la sociedad ante los organismos correspondientes.

El texto oficial advierte que “la sanción impuesta únicamente podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con efecto devolutivo, dentro de los 30 días hábiles de notificada”.

El Directorio del BCRA fundamentó su competencia para adoptar esta medida en lo dispuesto por la Carta Orgánica de la entidad. Además, tanto la Gerencia Principal de Asesoría Legal como la Subgerencia General de Cumplimiento y Control participaron en el proceso previo a la resolución.

Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió las reglas del juego para miles de automovilistas en México, al establecer un criterio clave que fortalece el derecho de defensa frente a multas de tránsito.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre las multas?

El máximo tribunal resolvió que el plazo legal para impugnar una multa no inicia cuando se levanta la infracción o se notifica al conductor, sino cuando el propietario del vehículo tiene conocimiento real de la sanción.

Esto significa que, si el dueño del automóvil se entera días, semanas o incluso meses después, aún puede presentar un amparo o impugnar la multa dentro del plazo legal correspondiente.

La decisión surge de la resolución de la Contradicción de Criterios 170/2025, que buscó unificar criterios entre tribunales que interpretaban de forma distinta cuándo empezaba a correr el tiempo para defenderse.

¿Esto elimina las multas de tránsito?

No. Es importante aclararlo:

• Las multas no desaparecen ni se cancelan automáticamente.
• Lo que cambia es la posibilidad de defenderse legalmente.

El fallo obliga a las autoridades a demostrar que el propietario fue notificado correctamente; de lo contrario, la sanción puede ser impugnada e incluso perder validez en un proceso legal.

¿Por qué este fallo beneficia a los conductores?

Antes de este criterio, muchos automovilistas perdían su derecho a reclamar porque:

• La multa se notificaba a otra persona (el conductor).
• O se enteraban hasta revisar adeudos o hacer trámites.

Ahora, la SCJN reconoce que eso vulneraba el acceso a la justicia, por lo que estableció que:

• La notificación al conductor no equivale a notificación al propietario.
• El derecho de defensa comienza cuando el dueño tiene conocimiento efectivo del acto.

Defensa ante sanciones

Este nuevo criterio tiene un impacto amplio, especialmente en sistemas como:

• Fotomultas
• Infracciones captadas sin contacto directo
• Casos donde otra persona maneja el vehículo

En un país con millones de autos en circulación, la decisión abre la puerta para que muchas multas que antes se pagaban sin cuestionar ahora puedan revisarse legalmente.

¿Qué cambia a partir de ahora?

• El plazo para impugnar (generalmente 15 días hábiles) comienza cuando sabes de la multa, no antes.
• Las autoridades deberán mejorar sus mecanismos de notificación.
• Se fortalece el derecho de los ciudadanos a defenderse de sanciones indebidas.

En resumen, no es que ahora puedas “evitar” todas las multas, pero sí será más fácil defenderte si no fuiste notificado correctamente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió este 16 de abril de 2026, pero publicada el 22 de abril, rechazar la demanda de Rappi S.A.S., que buscaba anular la multa de $1.755′606.000 impuesta en 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por violaciones a las normas de protección al consumidor en Colombia.

El alto tribunal judicial determinó que la multinacional colombiana de tecnología fundada en 2015 no es solo un portal de contacto, sino que opera como una plataforma de comercio electrónico que debe cumplir las obligaciones de un proveedor.

El centro de la controversia: ¿portal de contacto o comercio electrónico?

La principal discusión fue si Rappi S.A.S. debía ser tratada como un mero intermediario entre comercios y consumidores —un “portal de contacto”— o como un verdadero proveedor digital bajo la figura de comercio electrónico.

El fallo estableció que, según las pruebas incorporadas y los contratos analizados, Rappi interviene directamente en todas las etapas de la venta y entrega de bienes y servicios, determina condiciones comerciales clave y recibe ingresos variables en función del volumen de ventas operadas en la plataforma. Este funcionamiento, afirmó el tribunal, la aleja del concepto de simple intermediario.

“La remuneración de Rappi se basa en comisiones sobre las ventas y no en un canon fijo por el uso de la plataforma, lo cual muestra su participación directa en los resultados económicos, propia de un esquema de comercio electrónico”, resaltó el tribunal.

Los argumentos de Rappi: defensa sobre su modelo de negocio

Rappi S.A.S. defendió su modelo comercial bajo la tesis de que la plataforma solo actúa como medio de contacto y cobra a los comercios un valor fijo de alquiler tecnológico. La empresa argumentó que no participa en la fijación de precios, en la relación de consumo entre comercios y clientes, ni en la entrega de productos, y que todos estos aspectos son responsabilidad de los comercios aliados y los repartidores independientes, denominados rappitenderos.

“Los ingresos de la demandante provienen exclusivamente del uso y alquiler de la plataforma tecnológica a los aliados comerciales, no de la venta de productos”, sostuvo Rappi. Además, advirtió que la sanción de la SIC distorsiona el principio de libre empresa y la obliga a cumplir obligaciones ajenas a su modelo.

La posición de la Superintendencia: precedentes y control efectivo

La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la sanción con un enfoque enfático en el control real que ejerce la plataforma. Sostuvo que diversos elementos prueban que Rappi S.A.S. no se limita al contacto entre partes, sino que dirige y condiciona la relación comercial.

Entre los elementos, el tribunal destacó que Rappi S.A.S. exige a los comercios compartir utilidades en base a un porcentaje variable del volumen de ventas, que ronda entre el 15% y el 27% en acuerdos de cooperación. Además, tiene potestad para modificar los precios al consumidor hasta un 10% extra sobre el precio real de los productos. Estas maniobras, según la sentencia, “no son propias de un simple portal de contacto, sino de un proveedor de bienes y servicios”.

La entidad técnica, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también subrayó la gestión directa de medios de pago por parte de Rappi, incluyendo la creación de mecanismos propios como RappiPay y RappiCréditos, así como el control sobre la información comercial y la resolución unilateral de reclamos de usuarios.

Está documentado que, en los acuerdos analizados por el tribunal, la compañía exige estar presente en todas las transacciones y obtiene compensaciones directas cuando gestiona servicios como RappiPrime o RappiAntojo, profundizando su rol activo en la relación de consumo.

Rappi S.A.S. alegó que los actos administrativos de la Superintendencia sumaron fundamentos nuevos durante la segunda instancia, privándola de oportunidades de defensa. Señaló que se introdujeron argumentos (como la pluralidad de intervinientes o la incidencia en la fijación de precios) que no habían figurado en la primera resolución ni en el pliego original de cargos.

El tribunal respondió que “la profundización de argumentos en los recursos no altera la base de la acusación”. En su análisis, los criterios añadidos durante la segunda instancia administrativa surgieron, según el fallo, como consecuencia directa del debate y no introdujeron hechos completamente nuevos, sino que expandieron lo ya discutido.

Resolución final y consecuencias para el ecosistema digital

De acuerdo a la decisión, el fallo sienta un precedente respecto al alcance y las obligaciones de las plataformas tecnológicas que, como Rappi S.A.S., integran distintos servicios en un modelo de superapp, actuando no solo como un canal, sino como un actor principal del ecosistema de consumo digital.

El tribunal, en su sentencia, rechazó de manera definitiva la demanda de Rappi S.A.S. y confirmó la validez de la multa de $1.755 ́606.000, manteniendo firme la exigencia de cumplimiento pleno de la regulación colombiana para las plataformas de entrega a domicilio y servicios digitales.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), Armando Juan Echevarría, explicó que la jornada comienza desde muy temprano y que los miembros de mesa deben acudir puntualmente a sus locales de votación.

Según detalló, las mesas se instalan desde las 6:00 a.m., momento en el que los ciudadanos sorteados deben presentarse para asumir sus funciones. Sin embargo, advirtió que, si no se completa el personal necesario, se tomará a personas que se encuentren en la fila.

En esos casos, los ciudadanos serán capacitados en el mismo lugar por personal de la ONPE. Para ello, se cuenta con materiales como cartillas de instrucción que permiten explicar rápidamente las funciones que deberán cumplir.

El funcionario también hizo un llamado a los miembros de mesa titulares y suplentes para que acudan desde temprano y así evitar contratiempos en la instalación de las mesas. Asimismo, remarcó que si llegan tarde, también les corresponde pagar la multa

Qué pasa si faltan miembros de mesa el día de la votación

Cada mesa de sufragio está conformada por nueve personas: tres miembros titulares y seis suplentes. Todos ellos han sido sorteados previamente y tienen la obligación de presentarse el día de las elecciones.

Su presencia es clave, ya que son los encargados de instalar la mesa, verificar la identidad de los votantes y supervisar el proceso de votación.

Si no llegan a tiempo o no se presentan, la mesa no puede iniciar sus funciones con normalidad. Por eso, la ONPE aplica el mecanismo de convocar a ciudadanos en la fila para completar el equipo.

De acuerdo con el artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones, los electores no pueden negarse a integrar la mesa cuando hay ausencia de sus integrantes. Este procedimiento permite que la votación no se retrase y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin mayores inconvenientes.

La capacitación que reciben quienes son convocados se realiza en el momento, con el apoyo del personal desplegado en los locales de votación.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

No cumplir con el cargo de miembro de mesa tiene consecuencias. Según la ONPE, quienes no se presenten o se nieguen a asumir el rol incurren en una infracción electoral.

En estos casos, se aplica una multa de 275 soles. Esta sanción alcanza tanto a los miembros titulares como a los suplentes que no acudan al local de votación o no firmen el acta de asistencia.

Además, si un ciudadano convocado desde la fila se niega a integrar la mesa, también puede recibir esta sanción. La normativa establece que los electores deben cumplir con esta función para garantizar el desarrollo de la jornada.

En situaciones donde la negativa persista, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para que el ciudadano cumpla con integrar la mesa y así dar inicio al proceso electoral.

Qué pasa si no pagas la multa electoral

No pagar la multa por no ser miembro de mesa puede generar problemas más adelante. Las autoridades advierten que tener deudas electorales pendientes puede afectar diversos trámites.

Por ejemplo, si una persona desea renovar su DNI, el sistema puede detectar la multa y exigir su pago antes de continuar con el trámite. Lo mismo puede ocurrir al solicitar un pasaporte o realizar gestiones ante entidades como la SUNAT.

Incluso, en procedimientos notariales, se puede verificar si existen multas pendientes, lo que podría impedir completar ciertas operaciones.

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar el pago lo más pronto posible una vez concluido el proceso electoral, para evitar inconvenientes en trámites futuros.

Si acostumbras poner música a alto volumen, usar bocinas con volumen elevado o hacer ruido excesivo en casa o negocio, podrías enfrentar multas de hasta 35 mil pesos. En el municipio de Cuautla, autoridades anunciaron nuevas medidas para sancionar la contaminación acústica y proteger el descanso de la población.

De acuerdo con información de El Sol de Cuautla, las multas por exceso de ruido aplicarán tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales que rebasen los niveles permitidos de decibeles establecidos en la normativa ambiental.

Las autoridades municipales, a través del área de Protección Ambiental, advirtieron que quienes mantengan música fuerte, fiestas ruidosas o cualquier tipo de ruido excesivo durante la noche o madrugada podrán ser sancionados, especialmente si afectan a terceros. Las sanciones económicas van de los 17 mil a los 35 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

¿Cómo funcionan las multas por ruido?

El proceso para aplicar las multas por ruido inicia con una denuncia ciudadana. Tras recibir el reporte, personal del municipio acude al lugar para verificar el nivel de ruido y notificar al responsable. Si no se reduce el volumen o se ignora la advertencia, se procede a imponer la multa correspondiente.

Estas sanciones por ruido excesivo no distinguen entre casas, departamentos o negocios, por lo que cualquier persona que incumpla la normativa puede ser penalizada.

Límites de ruido permitidos en México

La regulación se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, la cual establece los niveles máximos de ruido en zonas habitacionales:

• 55 decibeles durante el día
• 50 decibeles durante la noche

Superar estos límites de ruido de forma constante se considera una infracción ambiental y puede derivar en multas económicas.

¿Por qué es peligroso el exceso de ruido?

La contaminación acústica no solo genera molestias, también afecta la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el ruido excesivo es uno de los principales riesgos ambientales.

Entre las consecuencias del exceso de ruido destacan:

• Insomnio y alteraciones del sueño
• Estrés y ansiedad
• Problemas cardiovasculares
• Daños auditivos permanentes

Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a evitar el uso de bocinas a alto volumen, respetar los horarios de descanso y prevenir sanciones por ruido excesivo, especialmente durante la noche.

Poseer una copia de Postal 2 en Nueva Zelanda puede enviar a una persona a prisión por hasta un año y acarrear una multa superior a 1.000 dólares, según advirtió la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura del país oceánico.

Esta entidad desde 2003 mantiene una prohibición total sobre este juego por su “capacidad de permitir que el jugador ponga a prueba cuánta violencia y humillación puede infligir a los seres humanos”.

El videojuego, lanzado en 2003 y creado con Unreal Engine 2 por el estudio estadounidense Running With Scissors, podría ser catalogado como uno de los títulos más violentos de la historia.

Qué pasa si una persona en Nueva Zelanda tiene el juego Postal 2

En la resolución del Gobierno de Nueva Zelanda, poseer Postal 2 implica una sanción de 1.400 dólares. Distribuir, exhibir o publicitar el videojuego implica enfrentar un proceso penal que puede culminar en hasta un año de cárcel.

Esta severidad determina un caso extremo dentro de la industria, porque la mayoría de los países que restringen títulos recurren a limitaciones de edad o ediciones reducidas, pero no a la criminalización directa de quien lo posea.

El pronunciamiento que justificó la prohibición fue contundente. la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura alegó que Postal 2 representa una “ofensa contra los derechos humanos” y catalogó el humor del juego como “grosero, racista, sexista y homófobo” en el trato hacia homosexuales, asiáticos, islamistas militantes, conservadores y otros.

Por qué el caso de Nueva Zelanda genera polémica en la industria de videojuegos

Mientras que la censura en videojuegos suele orientarse al control de venta y la clasificación por edades, Nueva Zelanda elevó la severidad con la penalización de la tenencia de un juego digital.

Vince Desi, fundador de Running With Scissors, expresó su perplejidad: “Me alegra que Peter Jackson pueda destrozar orcos, elfos y humanos en ‘El Señor de los Anillos’, pero un videojuego como Postal, que te permite orinarte encima, es de alguna manera malvado”.

La postura neozelandesa contrasta con la vigencia de Postal 2 en otros mercados, donde se puede adquirir en plataformas como Steam por menos de 10 dólares. Sin embargo, el caso neozelandés no es el único.

A lo largo de las últimas décadas, el debate sobre censura, regulación y prohibición de videojuegos ha experimentado matices diversos según el contexto social, político y cultural de cada nación.

En qué otros países se han lanzado acciones de censuras a videojuegos

Alemania ha implementado restricciones muy severas en lo que respecta a la simbología nazi: franquicias como Wolfenstein les ha tocado reemplazar esvásticas por emblemas ficticios para acceder al mercado alemán.

Por su parte, Australia cuenta con uno de los organismos de clasificación más rígidos, la ACB. Juegos como Manhunt fueron prohibidos por su “crueldad sádica”, y Saints Row IV inicialmente quedó fuera del mercado por representar drogas que daban ventajas jugables, condición inadmisible bajo la normativa local.

Asimismo, China figura entre los referentes más restrictivos a nivel mundial: prohíbe videojuegos que “atenten contra la unidad nacional” o contengan sangre y esqueletos. Modificaciones notorias se han aplicado a títulos como World of Warcraft, donde se eliminaron huesos expuestos en personajes no muertos para cumplir las exigencias regulatorias.

La censura por motivos políticos alcanza a otros países. En Corea del Sur, juegos como Homefront han sido vetados para evitar tensiones diplomáticas. Tailandia prohibió el acceso a Tropico 5 tras un golpe de Estado por temor a que su contenido afectara la estabilidad nacional.

El costo de la controversia trasciende fronteras: en Brasil, Bully fue excluido del mercado por promover el acoso escolar, y Rusia impuso restricciones a Modern Warfare 2 por incluir misiones de alto contenido político.

Un propietario de San Francisco afronta una multa de USD 50.000 por podar cinco árboles frente a su vivienda sin autorización de las autoridades municipales, un caso que exhibe las estrictas normativas sobre el arbolado urbano y la confusión sobre la titularidad y el cuidado de estos recursos públicos.

El medio local de San Francisco ABC7 News informó que el Departamento de Obras Públicas comunicó que la multa original de USD 50.000 se podría rebajar a USD 6.475, siempre que el propietario, Paul Dennes, cumpla un plan de poda elaborado por un arborista certificado y lo ejecute durante los próximos cinco años.

La sanción inicial preveía USD 10.000 por cada árbol, cifra que el municipio aplicó en varios casos similares tras la adopción de nuevas normativas de manejo forestal en la ciudad.

Dennes explicó al medio que podó los árboles por requerimiento de su aseguradora, que condicionó la cobertura del inmueble a la intervención en las copas que tocaban la fachada y los cables de energía eléctrica.

Aclaró que la familia es propietaria de la residencia desde 1988, y durante más de tres décadas creyó que era responsabilidad del titular del predio mantener los árboles sobre la acera. Dos días antes de Navidad, recibió la notificación de la multa por “poda ilegal”, tras haber intervenido cinco ejemplares en el “Panhandle”, una de las áreas residenciales de San Francisco.

La ciudad asumió el control de los árboles públicos en 2017 con fondos de USD 19 millones anuales

El cambio normativo que transfiere la responsabilidad de la poda de árboles públicos a la ciudad rige desde 2017, a partir de la puesta en marcha del programa StreetTreeSF, aprobado mediante la Proposición E y financiado con más de USD 19 millones anuales del presupuesto municipal, según detalló ABC7 News.

Esta medida asigna a la ciudad el cuidado de los árboles ubicados en la vía pública y establece estándares de poda desde 2006, que prohíben el “topping” o eliminación indiscriminada de ramas principales. Las autoridades recalcaron que este método puede suprimir entre el 50 y el 100% del follaje, lo que causa daños graves; entre las consecuencias están la disminución de la esperanza de vida del árbol y el aumento del riesgo de caídas futuras.

El Departamento de Obras Públicas precisó a ABC7 News que el primer inspector de Urban Forestry concluyó que los daños requerían la remoción de los ejemplares afectados y recomendó la multa máxima. Luego, la evaluación de un inspector de mayor rango determinó que los árboles podrían recuperarse, aunque con vida útil reducida y estructura debilitada, lo que llevó a reconsiderar la sanción.

Christopher Campbell, arborista certificado y propietario de la firma de arboricultura en San Francisco CC Tree Design, indicó a ABC7 News que muchos vecinos no saben si los árboles frente a sus casas les pertenecen y cuáles están sujetos a regulación: “Resulta bastante común esta confusión. A medida que se dan a conocer las sanciones, la gente comienza a informarse más, aunque las multas son realmente lamentables”.

Campbell explicó que en San Francisco, cualquier árbol con más de 30 centímetros de diámetro en el tronco, 6 metros de altura o una copa de 4,5 metros es considerado “significativo” y está protegido, incluso en parcelas privadas. Con lo cual, se requieren permisos especiales para su intervención.

El Departamento de Obras Públicas señaló que en los años recientes distribuyó volantes, colgadores de puerta y postales informativas para informar a los propietarios sobre los cambios introducidos en 2017. Dennes, residente en Marin y cuyos padres eran titulares originales de la propiedad, dijo no haber recibido ninguna notificación, ya que el principal residente tenía 94 años y no consultaba información digital.

Según declaró: “Nunca vi que la ciudad podara estos árboles. La comunicación no llegó de forma que pudiera enterarme”.

El área de Urban Forestry, dependiente del Departamento de Obras Públicas, dirige el mantenimiento de árboles públicos. Recomienda a los residentes usar sus servicios para cortar árboles en franja municipal.

Si un vecino necesita una poda fuera del programa regular, debe solicitarla formalmente y trabajar con un profesional certificado, después de una evaluación individual.

La poda sin permiso puede derivar en daños ecológicos, sanciones y gastos imprevistos

El concepto de “topping” implica cortar las ramas principales del árbol por encima de los nudos, lo que puede eliminar hasta el total del follaje, limitar la capacidad del árbol de generar energía, crear heridas que favorecen el deterioro y propiciar un rebrote débil y riesgoso.

El Departamento de Obras Públicas afirmó que esta práctica puede acortar significativamente la vida del árbol e incrementar la responsabilidad civil por posibles caídas.

Dennes sostuvo ante ABC7 News que lo trataron con severidad y se mostró crítico con el sistema de comunicación municipal: “Me siento acosado. Solo quería evitar que los árboles cayeran sobre los cables eléctricos. No quiero iniciar una guerra”.

Al intentar apelar, objetó la utilización de fotografías y datos municipales posteriores a la intervención.

De acuerdo con la acusación que recoge la Fiscalía y según consignó la fuente original, el responsable del establecimiento habría realizado actos de carácter sexual hacia uno de sus empleados mientras este limpiaba la bodega del local. El Ministerio Público sostiene que, en ese contexto laboral, el hostelero se acercó al trabajador y le propuso mantener relaciones sexuales ofrecíéndole, como contraprestación, un aumento de salario. En el momento en que la víctima rechazó la propuesta, el titular del bar efectuó tocamientos en las nalgas del empleado y procedió a masturbarse ante él, según consta en la denuncia recogida en la causa.

La Fiscalía solicita que el hostelero sea condenado a un año de prisión por un presunto delito de agresión sexual. Además, la acusación pública le imputa un delito contra la integridad moral, por el que pide una multa de 480 euros. El Ministerio Fiscal también ha reclamado que el encausado indemnice a la supuesta víctima con 200 euros por concepto de daños morales, recogió el medio en su información.

La sesión suspendida en el Juzgado tenía entre sus objetivos calificar los hechos conforme a las pruebas presentadas y dictaminar el avance del proceso. La investigación judicial se inició tras la denuncia del empleado, la cual relataba tanto el ofrecimiento sexual como el contacto físico no consentido y el acto de exhibicionismo del responsable del bar mientras el afectado realizaba tareas laborales.

Además de la pena privativa de libertad y las sanciones económicas propuestas, la Fiscalía enfatizó en su escrito la relevancia de los hechos respecto a la integridad y dignidad personal de la víctima en el ámbito laboral. Según reportó el medio que cubre el caso, el desarrollo de la causa se mantiene pendiente de una nueva fecha para la sesión de audiencia previa, que permitirá definir la responsabilidad penal del acusado a partir del análisis judicial de los hechos y del testimonio de las partes involucradas.

El caso se inscribe en la tipificación de delitos sexuales y de integridad moral en entornos profesionales, subrayando la importancia de la protección de los trabajadores ante situaciones semejantes en el ámbito laboral, conforme a los estándares legales actuales. La fuente consultada subrayó que la resolución judicial se emitirá tras la celebración de la vista reprogramada, en la que se determinará si los hechos son constitutivos de delito conforme a la calificación recogida por la Fiscalía.

Transportar personas en la batea de una camioneta tipo pickup en carreteras federales mexicanas está prohibido y puede resultar en una multa de hasta casi tres mil pesos. Esta restricción oficial se aplica sin importar la distancia recorrida ni el motivo del traslado, y constituye una infracción tanto para conductores como para propietarios del vehículo.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal prohíbe explícitamente transportar personas en el área de carga de una pickup. Según el artículo 70, solo se permite el número de pasajeros que corresponde a los asientos del vehículo, y en ningún caso pueden viajar personas en el espacio destinado para transportar objetos o herramientas.

Por ello, es importante que los automovilistas conozcan este tipo de restricciones antes de salir a carretera, en especial durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues es cuando las familias acostumbran a viajar en grupos numerosos, pero se pueden exponer a una multa de tránsito.

¿De cuánto es la multa por transportar a personas en la batea de la camioneta?

La multa por llevar pasajeros en la zona de carga de una pickup en carreteras o puentes federales de México se establece entre 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a dos mil 346 pesos ($2,346.20) y dos mil 932 pesos ($2.932,75).

Corresponde a la autoridad de tránsito federal determinar el monto exacto en cada caso. El reglamento no distingue entre trayectos largos ni cortos: desde el momento en que un vehículo circula por una vía federal, la norma entra en vigor sin excepciones. La norma se debe a que la batea no cuenta con asientos ni sistemas de sujeción adecuados, lo que incrementa el riesgo en caso de accidente.

¿Existen excepciones en municipios o estados?

Algunos municipios pueden aceptar que se transporten personas en la batea si van sentadas y sujetas, pero estas excepciones solo aplican en calles o avenidas municipales. Al entrar en una autopista o puente federal, la prohibición retoma su validez y la responsabilidad recae en el conductor.

Además de la sanción económica, trasladar personas en la batea implica un peligro real. Los ocupantes no disponen de cinturón de seguridad ni de protección ante impactos. Existen riesgos de caídas, lesiones graves o incluso de muerte en caso de frenadas intensas o accidentes, independientemente de la distancia o la velocidad del recorrido.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades aconsejan utilizar únicamente los asientos diseñados para pasajeros y exigir el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes. También recomiendan evitar que los pasajeros saquen el cuerpo por ventanillas o quemacocos y consultar los reglamentos locales únicamente cuando se circule por vías municipales.

Aunque el monto de la multa puede acercarse a los tres mil pesos, el verdadero riesgo es el potencial daño físico a quienes viajan en la batea sin ninguna protección. Cumplir la norma ayuda no solo a evitar sanciones, sino a prevenir accidentes con consecuencias graves.

El tribunal Taganski de Moscú impuso una nueva sanción a la red social Telegram, fijando una multa de 10,5 millones de rublos, equivalentes a 110.375 euros, tras encontrar a la empresa culpable de incumplir las normativas rusas sobre control de información. Según la información publicada por la agencia rusa de noticias Interfax, la corte atribuyó a la plataforma el mantenimiento de mensajes considerados prohibidos bajo la legislación local, citando la negativa a eliminar publicaciones que incitan a la comisión de ataques terroristas y que apoyan la participación en protestas contrarias al Gobierno ruso.

De acuerdo con Interfax, el tribunal determinó que Telegram violó el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa al no restringir el acceso a contenido previamente señalado como ilegal, incluyendo el soporte a acciones que las autoridades consideran amenazas para la seguridad nacional. El veredicto incluyó la declaración de culpabilidad y la imposición de una sanción administrativa, siguiendo procedimientos habituales en casos relacionados con tecnología y redes sociales en el país.

Tal como detalló el medio ruso, esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por el sistema judicial contra la misma plataforma durante los últimos años. En abril de 2025, la Justicia rusa ya había impuesto una multa de 7 millones de rublos (alrededor de 74.800 euros) debido a la negativa de Telegram a retirar contenidos que presuntamente vulneran las restricciones informativas del país. Las autoridades justifican la reiteración de estas sanciones por la persistencia de publicaciones dentro de la red social que, a su juicio, continúan promoviendo actividades como manifestaciones políticas no autorizadas o mensajes considerados peligrosos por las leyes locales.

El medio Interfax puntualizó que la legislación rusa exige a las plataformas digitales adherirse a normas de control de información y retirar materiales que entren en conflicto con las restricciones impuestas por el Estado. En caso de incumplimiento, los tribunales pueden proceder con penalizaciones económicas y administrativas, como quedó expuesto en el caso de Telegram. Estas políticas forman parte de la estrategia del gobierno ruso para ampliar su supervisión sobre los contenidos distribuidos a través de internet y redes sociales.

Según consignó Interfax, la sentencia contra Telegram representa otro episodio de tensión entre las empresas tecnológicas globales y el Estado ruso, que exige un riguroso acatamiento de las reglas sobre el acceso a determinados tipos de información. Las autoridades defienden estas acciones argumentando que buscan evitar la difusión de mensajes con potencial para incitar a la violencia o cuestionar el orden público, mientras que las plataformas enfrentan frecuentes acusaciones sobre su papel en la propagación de publicaciones consideradas peligrosas por organismos oficiales.

Las consecuencias de estas sanciones incluyen un mayor escrutinio sobre el funcionamiento de Telegram en territorio ruso y posibles obstáculos para el desarrollo de sus actividades habituales. Interfax destacó que la Justicia mantendrá su vigilancia respecto al cumplimiento de los mandatos legales, y que las sanciones podrían incrementarse si la empresa persiste en la difusión de materiales calificados como ilegales bajo la normativa vigente.

El medio ruso recordó, además, que los antecedentes de sanciones a Telegram en Rusia reflejan una tendencia sostenida de la administración local a intervenir sobre empresas tecnológicas que no ajusten sus prácticas a los estándares legales del país. La reciente penalización económica a la red social consolida esa línea de actuación, incrementando la presión sobre su política de moderación de contenidos y colaboración con las autoridades judiciales rusas. Según Interfax, no se descartan nuevas acciones legales si la plataforma repite conductas consideradas infractoras en el futuro.

Según detalló el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más de 65.122 anuncios que aparecían en la plataforma Airbnb fueron retirados en julio de 2025 tras constatarse diversas irregularidades en la publicación de alojamientos turísticos. Esta cifra sitúa el volumen de anuncios afectados en uno de los casos de mayor alcance en cuanto a la persecución de prácticas irregulares vinculadas a la oferta online de viviendas. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado la petición de medidas cautelares interpuesta por Airbnb, obliga ahora a la compañía a abonar la sanción de 63,98 millones de euros y eleva el perfil del caso, según consignó este lunes el propio Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

La noticia surge después de que la reconocida plataforma solicitara paralizar la multa mientras se resolvía el fondo del litigio, petición que ha sido rechazada por el TSJM, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De este modo, Airbnb deberá afrontar el pago inmediato de la sanción impuesta a finales de 2025, aunque todavía dispone de la opción de presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal competente, tal como precisó el citado organismo a medios.

De acuerdo con el expediente sancionador, las infracciones principales atribuidas a Airbnb están relacionadas con la publicación de anuncios de pisos turísticos sin la debida licencia, una práctica contraria a la normativa vigente en numerosas comunidades autónomas, que exige la inclusión del número de registro oficial en todas las ofertas publicadas. Según publicó el Ministerio, también se hallaron anuncios en los que el número de licencia o registro no coincidía con los códigos utilizados oficialmente, lo que atentaba contra la veracidad exigida por ley al sector. Además, reportó Consumo que la plataforma difundía anuncios que no reflejaban información verídica sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo en publicidad que, al no ajustarse a los requisitos legales, se calificó como engañosa.

El Ministerio de Consumo cuantificó la sanción principal, de 63,98 millones de euros, en función de lo que denominó “beneficio ilícito” obtenido por la plataforma durante el periodo en el que persistieron los anuncios a partir del apercibimiento oficial y hasta su eliminación de Airbnb en julio de 2025. Esta multa se calculó multiplicando por seis la cifra del citado beneficio, conforme a la gravedad atribuida a los hechos según las normas regulatorias vigentes, de acuerdo con el informe hecho público por las autoridades.

El medio añadió que, junto a la infracción principal, el expediente incluyó otras tres sanciones específicas. Por una parte, se impuso una multa de 10.000 euros por incumplimiento de las obligaciones legales en la celebración de contratos a distancia, que regulan las transacciones digitales entre consumidores y plataformas. Se sumaron otros 10.000 euros por obstrucción y negativa a facilitar información y documentación relevantes durante la investigación, lo que dificultó las labores de control, inspección y vigilancia previstas en el marco legal. Además, según publicó Consumo, se sumó una tercera infracción sancionada con 55.000 euros, motivada por el incumplimiento de las medidas provisionales acordadas por la Administración instructora para evitar riesgos o perjuicios adicionales a usuarios y consumidores mientras se resolvía el expediente.

Estas prácticas, identificadas tras un proceso de supervisión iniciado por el Ministerio, llevaron a un procedimiento sancionador que generó una inmediata reacción por parte de Airbnb. Según informó el propio Ministerio y recogió la prensa especializada, la plataforma recurrió la cuantía total de la sanción ante la justicia, lo que en su momento detuvo temporalmente la obligación de abonar el importe hasta resolución judicial definitiva.

Tal como reportó el medio, el reciente auto del TSJM establece que no concurren los requisitos para acordar la medida cautelar de suspensión solicitada por Airbnb. De esta manera, la compañía debe proceder al pago de la multa impuesta sin que el litigio principal haya quedado zanjado, si bien mantiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal, conforme a los procedimientos establecidos.

El órgano instructor del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el momento de hacer pública la sanción, puso énfasis en la protección de los consumidores y usuarios frente a “prácticas comerciales desleales” y “publicidad engañosa”, insistiendo en la importancia de cumplir la normativa de transparencia, legalidad e información veraz en la comercialización de alojamientos turísticos.

A raíz de este caso, subrayan desde el Ministerio que se evidencia la necesidad de verificar que todas las plataformas digitales que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas adopten mecanismos eficaces para cotejar la información aportada por los anfitriones, especialmente en lo tocante a la licencia de actividad y datos legales de los inmuebles anunciados, conforme a la legislación autonómica vigente en España.

El procedimiento abierto por Consumo y la decisión del TSJM marcan un hito relevante en la regulación y control de los servicios digitales ligados al turismo, centrando la atención en la responsabilidad de los intermediarios de alojamiento frente a los usuarios y frente al cumplimiento de la legalidad sectorial. Integran esta respuesta administrativa y judicial las consecuencias económicas y operativas para plataformas digitales como Airbnb, que deberán implementar nuevos procesos de verificación y transparencia para evitar sanciones similares en el futuro, según señalaron responsables del Ministerio al dar a conocer el impacto de la resolución judicial.

La Arena Monterrey fue el escenario de la primera edición del Ring Royale 2026, evento donde pelearon influencers, famoso y celebridades de talla internacional. Una de las peleas que generó euforia entre el público fue la de Nicola Porcella y Aldo de Nigris.

Ambos ex concursantes de La Casa de los Famosos México se enfrentaron arriba del ring, Aldo de Nigris se llevó el triunfo tras noquear al peruano en el segundo asalto, al final ambos influencers se fundieron en un abrazo para dejar la rivalidad a un lado.

Sin embargo, la actuación de Nicola en el Ring Royale 2026 le traería graves problemas y podría afrontar una multa millonaria. Y es que, uno de los detalles que generó controversia y polémica fue su vestimenta, pues usó la bandera de México como parte de los elementos decorativos de sus shorts para boxear, hecho que trajo críticas.

¿Nicola Porcella puede ser multado por usar la bandera mexicana en su vestimenta para el Ring Royal 2026?

Nicola Porcella podría ser sancionado porque la ley mexicana prohíbe que la bandera nacional se emplee en prendas deportivas, consideradas contextos inadecuados para el símbolo patrio. La excepción es su uso por deportistas que representan oficialmente a México, lo que no aplica en eventos privados ni para participantes extranjeros.

En el combate del Ring Royale 2026, Nicola Porcella lució un short decorado con la bandera nacional. Aunque ha expresado su aprecio y cariño por el país, la normativa es estricta respecto al uso y respeto de los emblemas nacionales. La ley indica que su utilización en ropa o uniformes debe cumplir condiciones específicas, y su violación puede dar pie a sanciones.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece restricciones claras respecto al uso de estos símbolos. En sus artículos señala que la bandera debe portarse con respeto y solo según los criterios determinados por la autoridad.

Qué sanciones podría enfrentar Nicola Porcella

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la entidad responsable de supervisar el respeto a los símbolos patrios y puede iniciar procedimientos sancionadores, ya sea de oficio o tras recibir denuncias ciudadanas.

La normativa prohíbe modificar la bandera o emplearla en situaciones que las autoridades consideren irrespetuosas, incluidas prendas deportivas. Se acentúa la falta cuando el portador es extranjero o no cuenta con autorización expresa para portar el símbolo en un evento privado.

La multa por alterar la Bandera de México puede alcanzar hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente equivale aproximadamente a un millón 131 mil 400 pesos mexicanos. Hasta el momento se desconoce si Nicola ya fue notificado por las autoridades por la vestimenta que usó recientemente.

La Cámara Federal de Casación habilitó la revisión de una multa millonaria fijada contra el abogado Jorge Oscar Chueco, uno de los condenados en la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”, cuyo principal protagonista fue el empresario patagónico Lázaro Báez.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes hicieron lugar a una queja presentada por la defensa pública de Chueco tras el rechazo de un recurso previo.

El planteo se originó en una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 porteño, que en diciembre de 2025 fijó el monto de una multa impuesta al abogado en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa donde fue hallado culpable. En esa decisión, el tribunal estableció que Chueco debía pagar una suma equivalente a 219.491.466,76 dólares, convertida a pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago.

La defensa intentó impugnar ese cálculo mediante un recurso de casación, pero el tribunal oral rechazó concederlo. Frente a esa negativa, acudió directamente a la instancia superior mediante un recurso de queja.

Al analizar ese planteo, los camaristas consideraron que el recurso había sido presentado en tiempo y forma y que los agravios invocados permitían habilitar la revisión del caso. En consecuencia, resolvieron declarar erróneamente denegado el planteo y concederlo para que sea analizado.

La decisión, en rigor, no se pronunció sobre el monto de la sanción económica fijada, sino que permitió que ese cuestionamiento sea examinado por la instancia de casación.

La causa conocida como “la ruta del dinero K” investigó un esquema de lavado de activos que permitió mover millones de dólares al exterior mediante sociedades y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de los fondos y reintroducirlos luego en el circuito económico formal.

El principal condenado en ese expediente es Lázaro Báez, empresario de la construcción oriundo de la provincia de Santa Cruz y fundador del grupo Austral, que durante años fue uno de los principales contratistas de obra pública en esa región.

En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, mientras que Chueco recibió ocho años de cárcel por su participación en el circuito financiero investigado.

La sentencia fue revisada en 2023 por la Cámara Federal de Casación, que confirmó las responsabilidades penales pero redujo varias penas. En ese fallo, la condena de Báez quedó fijada en 10 años de cárcel y la de Chueco en seis años.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Báez, lo que dejó firme la sentencia y dio inicio a la etapa de ejecución de las diferentes condenas.

Chueco fue señalado en la investigación como parte de la estructura jurídica utilizada para canalizar parte de las operaciones financieras bajo análisis. Su nombre apareció en las primeras etapas del caso vinculadas a la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”- y a la firma Helvetic Service Group, implicadas en las maniobras para mover al menos USD 55 millones al exterior.

Durante el juicio oral, el abogado -hoy de 74 años- sostuvo que había sido contratado para realizar tareas de asesoramiento y que desconocía el origen ilícito del dinero. También afirmó que su vínculo con Báez se había iniciado a través del contador Daniel Pérez Gadín.

Además de esta causa, Chueco también fue condenado en el expediente conocido como “El Entrevero”, relacionado con la compra de una estancia en Uruguay por 14 millones de dólares mediante una estructura de sociedades utilizada para canalizar fondos vinculados al empresario.

En ese caso recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que Báez fue condenado a cuatro años y seis meses.

El hermano de la mujer fallecida en Toén tras ser atropellada ha sido incluido por el Ministerio Fiscal entre los destinatarios de una petición de indemnización económica, que se suma a la solicitada para los hijos de la víctima. La solicitud de compensación forma parte del proceso judicial seguido contra el conductor acusado por el siniestro ocurrido el 21 de abril de 2023, según detalló el medio de referencia, y permanece a la espera de juicio luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes este lunes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía, se reclama una indemnización de 22.793,40 euros para el único hermano de la mujer atropellada, así como el pago de 30.232,50 euros destinados a los hijos de la fallecida. El Ministerio Fiscal ha considerado que estos montos responden al daño personal y moral derivado del fallecimiento de la víctima como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, además de proponer una multa diaria de 8 euros durante nueve meses para el acusado, configurando el castigo por un delito de homicidio por imprudencia menos grave.

Según el expediente fiscal citado por el medio, el día del accidente el acusado se encontraba en el kilómetro 9,4 de la carretera OU-0591, en el municipio ourensano de Toén. La furgoneta que conducía era propiedad de la empresa para la que trabajaba, y el motivo de la parada fue la entrega de medicamentos en una farmacia local. Tras pasar cerca de diez minutos estacionado, el conductor reanudó la marcha y realizó una maniobra en reversa con intención de cambiar de sentido. El documento del Ministerio Público sostiene que esa acción ocurrió “sin hacerlo lentamente y sin haberse cerciorado de que dicha maniobra no constituía un peligro para otros usuarios de la vía”.

En ese contexto, el conductor atropelló a la mujer, quien atravesaba el arcén tras la furgoneta en un tramo vial donde había una acera y un paso peatonal cercano, puntualizó la Fiscalía, según recogió la nota del medio. La víctima experimentó un politraumatismo severo del que no logró recuperarse y que, finalmente, le produjo la muerte.

Al tratarse de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, el cálculo de las compensaciones económicas se ajusta a los baremos legales para resarcimiento de familiares directos de víctimas mortales en siniestros de tráfico, según explicó el Ministerio Fiscal y refirió el medio. La cuantía propuesta, tanto para los hijos como para el hermano de la fallecida, refleja el impacto personal y la relación de parentesco, factores que la legislación vigente toma como base al definir los montos indemnizatorios en estos casos.

El proceso judicial contra el acusado continúa sin acuerdo entre las partes implicadas, según reportó el medio consultado, por lo que la vista oral ha sido programada para el 28 de octubre en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. La indefinición en la postura de los letrados y la Fiscalía mantiene en suspenso la resolución definitiva del expediente, mientras las familias aguardan la resolución sobre las responsabilidades penales y civiles que enfrenta el acusado tras el siniestro.

El caso ha generado procedimientos que contemplan tanto la dimensión penal como la civil, al imputársele al conductor no solo la imprudencia en la vía pública, sino también las consecuencias económicas derivadas del fallecimiento de la víctima, de acuerdo con los preceptos establecidos para la reparación de daños a terceros tras este tipo de accidentes.

Según informó El País, la investigación formal se inició en 2023 tras considerar el Ejecutivo comunitario que el ‘tick’ azul podía inducir a error sobre la autenticidad de cuentas y perfiles en la red social. En diciembre de 2025, los servicios europeos determinaron que la compañía había violado la DSA e impusieron una multa por valor de 120 millones de euros, que X deberá abonar antes del lunes 16 de marzo, a menos que prospere una solución alternativa derivada de la negociación actual.

El País indicó que, durante una rueda de prensa, Regnier anunció que la Comisión analizará de forma cuidadosa las modificaciones propuestas, sin ofrecer detalles adicionales debido a la reciente llegada de la propuesta a Bruselas. El diálogo entre la Comisión y representantes de X ha sido descrito por el portavoz como “constructivo”, con intercambios constantes después de la imposición de la multa.

El propio Regnier subrayó que “nadie gana con el pago de multas o sanciones periódicas”, agregando que la intención principal de la Comisión no reside en la recaudación de fondos, sino en lograr que las plataformas digitales acaten los marcos regulatorios y protejan adecuadamente a los usuarios europeos. Según consignó El País, Regnier enfatizó que la evaluación de la Comisión se centrará en la “sustancia” de los cambios propuestos y que, en base a ello, se continuará el diálogo con X para determinar si las medidas cumplen o no con los requisitos establecidos por la legislación europea.

El caso cobró relevancia al poner sobre la mesa la influencia de un distintivo como la marca azul en la percepción pública de la credibilidad en las redes, tras la constatación de que el acceso a este sello no depende de criterios objetivos ni está asociado de forma directa a la veracidad o identidad de quienes lo portan. El País explicó que las autoridades europeas consideran imprescindible que la información sobre los distintivos y verificaciones digitales evite inducir a error a los usuarios, especialmente por la magnitud de la audiencia afectada.

Respecto al futuro de la sanción, Regnier no adelantó si la presentación de la propuesta podría suponer una suspensión del cobro de la multa, señalando que el objetivo principal se mantiene en resolver el conflicto y salvaguardar los intereses de las personas usuarias. De ser insuficientes los cambios recibidos, la Comisión prevé nuevos contactos con X para concretar soluciones adicionales, dentro de un marco de diálogo que evita el estancamiento de las negociaciones.

En la investigación formal de 2023, el Ejecutivo comunitario evaluó los mecanismos de acceso y uso del distintivo azul, detectando que su gestión podía afectar la transparencia y seguridad en la plataforma. El País reportó que este proceso forma parte de una serie de medidas de vigilancia y cumplimiento de la DSA, cuyo propósito radica en aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales sobre los contenidos y servicios que ofrecen en la Unión Europea.

El análisis actual de la Comisión Europea sobre la propuesta de X refleja las presiones regulatorias crecientes sobre grandes plataformas tecnológicas, en un contexto donde se busca mayor claridad respecto al significado y alcance de las señales de verificación, como parte esencial de la protección de la integridad digital de millones de cuentas activas. El resultado del proceso determinará la manera en que la empresa de Elon Musk deberá modificar el funcionamiento de la marca azul, mientras persiste la expectativa sobre posibles ajustes a la normativa interna y sus implicaciones en otras plataformas del sector.

La vida de un hombre francés dio un giro inesperado cuando, tras convivir durante cuatro años con su gato, las autoridades descubrieron que el felino había ingresado al país de manera ilegal. Esta situación ponía a su dueño ante una amenaza muy seria: podía enfrentarse a una multa de hasta 300.000 euros e incluso a dos años de prisión. Por si fuera poco, el animal también corría el riesgo de ser sacrificado, lo que convirtió un trámite administrativo en una pesadilla para ambos.

A finales de 2022, Thierry Puech, residente de Sète, perdió a su mascota. Para llenar ese vacío, decidió acudir a una asociación local especializada en adopciones de animales, llamada Patte de Velours, con el objetivo de encontrar un nuevo gato. Fue allí donde apareció Tigrou, un felino que estaba siendo acogido temporalmente por otra familia.

Sin embargo, no todo fue sencillo. “La asociación me dijo que no habían podido leer su microchip, igual que el veterinario al que lo llevé en enero de 2023 para una revisión dental”, explicó Puech en declaraciones a Midi Libre. A pesar de esta dificultad, Tigrou recibió desde el principio todo el cariño y la atención de su nuevo dueño, quien lo llevaba regularmente a la clínica La Corniche para controles y vacunas.

En 2026, surgió una situación de emergencia. Tigrou desarrolló cálculos en la vejiga, lo que obligó a Puech a llevarlo a otro veterinario para una intervención especializada. Gracias a la atención de los expertos, el gato se recuperó por completo. Tras la operación, el veterinario le recomendó a Puech obtener una tarjeta I-CAD, un certificado oficial que acredita la propiedad del animal e incluye todos sus datos. Sin embargo, al solicitarla, recibió una carta donde le informaban que su gato era considerado ilegal, importado sin declarar y que, por lo tanto, no estaba vacunado contra la rabia.

En Francia y en la Unión Europea, para que un animal pueda acceder legalmente desde otro país, debe estar identificado con microchip y tener una vacunación antirrábica válida antes de la entrada al territorio.

El felino era ilegal, provenía de Túnez

Tras examinar nuevamente el microchip, esta vez sí funcionó y las autoridades descubrieron que Tigrou provenía de Túnez. “El problema era que si en 48 horas no presentaba una justificación, me enfrentaba a una multa de 300.000 euros, dos años de prisión y a la eutanasia del gato”, contó Puech. Ante la gravedad de la situación, actuó de inmediato.

Al día siguiente, acudió a la Dirección Departamental de Protección de la Población (DDPE) para explicar que llevaba cuatro años cuidando de Tigrou. Allí presentó toda la documentación de los cuidados que había recibido el animal desde 2022. Además, la familia que había acogido temporalmente a Tigrou envió un correo electrónico confirmando la información.

Una semana después, Puech recibió la mejor noticia posible: los procedimientos judiciales se habían archivado y la situación se había regularizado. Desde entonces, Tigrou continúa viviendo con su dueño, ahora reconocido oficialmente como su propietario, sin haber tenido que enfrentar ningún riesgo.

Mientras el partido aún continuaba y quedaban 4 minutos y 35 segundos para concluir el tercer cuarto en el Crypto.com Arena, Luka Doncic, basquetbolista esloveno, permanecía en el suelo tras una acción de ataque del New York Knicks. Desde esa posición, dirigió un gesto hacia uno de los árbitros, simulando el movimiento de frotar los pulgares con los índices, comúnmente interpretado como una referencia al dinero. Según informó este martes el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Baloncesto de la NBA, James Jones, la liga estadounidense anunció oficialmente la multa de 50.000 dólares, equivalentes a 42.927 euros, al jugador de los Lakers por lo que calificó como “un gesto inapropiado y poco profesional” durante el encuentro ante los Knicks.

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas por el medio, la conducta de Doncic ocurrió durante la victoria de Los Angeles Lakers sobre New York Knicks, el pasado 8 de marzo en Los Ángeles, con un marcador final de 110 a 97 a favor del conjunto local. La sanción económica se hizo pública a través de un comunicado de las altas directivas de la NBA, que consideraron necesario intervenir debido al comportamiento mostrado por el alero.

El incidente se originó en el contexto de una jugada ofensiva de los Knicks que terminó con Doncic en el suelo. Permaneciendo tumbado sobre la cancha, el esloveno realizó el citado gesto en dirección al árbitro como reacción a la decisión tomada durante la jugada. Tal como detalló el anuncio de la NBA recogido por los medios, el gesto de ‘dinero’ que efectuó el jugador es interpretado como una insinuación de corrupción o cuestionamiento a la integridad de los oficiales, lo que, según la liga, vulnera los principios de deportividad exigidos en el reglamento.

El vicepresidente ejecutivo James Jones fue el encargado de dar a conocer la sanción y contextualizó el motivo, subrayando que la imposición de esta multa se relaciona directamente con el carácter de la acción de Doncic. Según publicó el medio, la NBA mantiene una política estricta ante manifestaciones, gestos o declaraciones que puedan poner en entredicho la labor de los árbitros o el decoro deportivo de los participantes en sus competiciones.

A lo largo del partido, en el que los Lakers aseguraron su victoria sobre el equipo neoyorquino, la acción de Luka Doncic captó la atención no solo por su singularidad, sino también por el significado implícito en el gesto, considerado por el órgano rector del baloncesto estadounidense como una infracción grave a sus normas de conducta. El partido, disputado en la ciudad de Los Ángeles, marcó un episodio relevante tanto dentro como fuera de la pista debido a la intervención posterior de la NBA.

El monto de la multa, 50.000 dólares, corresponde a la cifra que la liga estadounidense suele emplear para sancionar actos considerados ofensivos hacia la autoridad de los árbitros. El reporte difundido por la NBA tras el suceso remarcó la intención de preservar la integridad institucional y el respeto hacia los encargados de impartir justicia en los encuentros.

La decisión de la NBA de sancionar a Luka Doncic fue comunicada oficialmente tras revisar las imágenes y los hechos acontecidos en el Crypto.com Arena. Fuentes consultadas por el medio confirmaron que la acción quedó documentada en la retransmisión televisiva y fue evaluada por las autoridades del baloncesto profesional. En el comunicado, la liga subrayó la necesidad de recordar a todos los jugadores el deber de mantener la profesionalidad y la disciplina, especialmente durante situaciones de alta tensión en los partidos.

No se han anunciado medidas disciplinarias adicionales para Doncic en relación con este incidente. La NBA reiteró, según publicó el medio, su compromiso con la imparcialidad y el respeto a los oficiales, recalcando que el gesto realizado representa una vulneración a sus códigos internos y que este tipo de conductas no serán toleradas en el seno de la liga.

Un tribunal federal condenó a John Diehl, ex presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, a 21 meses de prisión tras admitir que desvió fondos federales otorgados para el alivio económico durante la pandemia de COVID-19 hacia gastos personales.

La sentencia, informada por el diario estadounidense USA Today, incluye además una multa de USD 50.000 y se suma a la restitución ya realizada por Diehl, quien devolvió el monto íntegro al Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Diehl admitió en septiembre de 2025 haber obtenido fraudulentamente USD 379.900 en préstamos federales dirigidos a su despacho de abogados entre 2020 y 2022, bajo el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastres. La condena se dictó en marzo de 2026, una vez concluido el proceso judicial iniciado tras la confesión.

El destino inmediato de esos fondos fue el pago de vehículos de alta gama como un Tesla, un Audi y un Jeep, tarjetas de crédito, hipoteca, cuotas universitarias, clubes privados y retiros en efectivo, en lugar del uso prometido para el alivio económico causado por la crisis sanitaria.

El fiscal adjunto Hal Goldsmith, según declaraciones recogidas por el Departamento de Justicia, enfatizó durante la audiencia que “la práctica de derecho del demandado no sufrió durante la pandemia de COVID-19” y que Diehl consideró los préstamos como “una forma fácil y barata de ganar dinero”. El FBI también participó en la investigación.

Chris Crocker, agente especial a cargo de la división de San Luis, afirmó: “Programas de ayuda como este fueron creados para que las pequeñas empresas sobrevivieran a la pandemia, no para engrosar el bolsillo de alguien”.

USA Today destaca que Diehl desvió los fondos recibidos del gobierno a cuentas personales, incluyendo en septiembre de 2020 un movimiento de USD 50.039 al fondo de jubilación de su firma, del que era el único beneficiario. En abril de 2022, logró una segunda modificación de préstamo por USD 285.000, que también destinó a gastos propios, el fondo de retiro y la resolución civil derivada de su periodo como legislador.

Sanciones éticas y antecedentes de conducta inapropiada

La conducta de Diehl no se limitó al uso irregular de préstamos federales vinculados a la pandemia. En 2023, la Comisión de ética de Missouri le impuso una multa de USD 47.392 por usar indebidamente USD 6.762,70 de fondos de campaña y omitir el reporte de gastos personales adicionales por USD 28.700.

Parte del dinero obtenido de forma ilegal del préstamo federal, según USA Today, se empleó para cubrir un acuerdo civil asociado a su tiempo como portavoz de la Cámara.

Antecedentes de escándalos previos en la carrera de Diehl

La vida pública de Diehl, de 60 años, se vio marcada en 2015, cuando renunció como presidente de la Cámara de Representantes tras la publicación en el periódico regional The Kansas City Star de mensajes de texto con contenido sexual intercambiados con una estudiante universitaria participante en un programa de pasantía en el Capitolio estatal.

El episodio derivó en la retirada anticipada de los pasantes de la Missouri Southern State University, según narró Richard Miller, entonces decano de la Facultad de Artes y Ciencias, al mismo medio.

En esa ocasión, USA Today destaca que John Diehl expresó: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y lamento sinceramente haber fallado a quienes confiaron en mí. Pido perdón por el mal juicio demostrado que me puso a mí y a mi entorno cercano en esta situación”.

Los préstamos de COVID-19, bajo escrutinio federal

La investigación reveló que Diehl firmó certificados asegurando que emplearía el dinero recibido únicamente como capital de trabajo para subsanar el daño económico causado por la pandemia a partir de enero de 2020.

No obstante, la transferencia inicial de USD 94.900 en marzo de 2020 fue seguida por pagos personales, incluidos USD 1.320 en clubes y piscina, además de otras compras no vinculadas a la operación legal del despacho.

El expediente detalla que ningún recurso de los préstamos benefició a la firma de abogados. La sentencia y las sanciones impuestas a Diehl se suman a una serie de investigaciones y procesos relacionados con el uso ilícito de fondos reservados para la recuperación económica durante la emergencia sanitaria en Estados Unidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó este 9 de marzo que no tiene facultades para sancionar a proveedores por cuestiones de sanidad, higiene o manejo de alimentos, luego de declaraciones incorrectas emitidas por la dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte en Tampico, Tamaulipas.

Al aclarar su competencia, la Profeco subrayó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, lleva a cabo un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías mediante el programa “Quién es Quién en los Precios”, supervisa la publicación visible de precios en los establecimientos y asegura la calibración de las básculas para garantizar la venta de “kilos completos”.

Además, la Procuraduría realiza verificaciones en cumplimiento de la normatividad vigente en productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

La Profeco desmintió la versión sobre multas de hasta 4 millones de pesos a comercios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas, señalada de manera errónea por un funcionario de la Odeco Zona Golfo-Norte. En ese sentido, reiteró que está fuera de sus atribuciones imponer sanciones por el manejo o las condiciones sanitarias vinculadas a la venta de este producto.

El comunicado recalcó que su misión principal es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación tanto a proveedores como a los consumidores.

Profeco establecerá vigilancia en comercios durante el Mundial 2026

La Profeco, en coordinación con el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reforzado la vigilancia en comercios de todo el país en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta estrategia preventiva responde al incremento de la actividad comercial derivada del evento deportivo y busca evitar abusos en precios, publicidad engañosa e irregularidades en servicios cuya demanda suele aumentar durante acontecimientos de gran impacto turístico y comercial.

A menos de 100 días para el inicio del torneo, la Profeco recordó que los proveedores tienen la obligación de informar de forma clara, visible y notoria el precio final de bienes, productos o servicios. El objetivo principal es brindar certidumbre a los compradores y evitar cobros indebidos o sorpresas en las transacciones comerciales relacionadas con el Mundial.

Desde el 16 de febrero, personal de la Profeco ha monitoreado 9 mil 763 productos y efectuado 34 visitas de vigilancia junto a 60 verificaciones en establecimientos que incluyen tiendas de artículos deportivos y suvenires, hoteles, agencias de viajes, servicios de transporte, arrendadoras de vehículos, centros de apuestas, restaurantes, bares y cantinas. Estas labores son parte del programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.

Las acciones de supervisión incluyen orientación directa a los consumidores

Con el propósito de facilitar la identificación de precios, la Profeco ha instalado 6 mil 294 preciadores en diferentes establecimientos comerciales. Además, se han distribuido 1 mil 362 decálogos que explican los derechos básicos de los compradores, reforzando las actividades informativas y de orientación a la ciudadanía.

La dependencia también ha otorgado 560 asesorías a personas que solicitaron orientación sobre compras o contrataciones de servicios vinculados con el evento deportivo.

La Procuraduría General de la Nación sancionó a Isaí Castaño González con inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos, luego de que se confirmara que actuó como jurado de votación en Puerto Caldas durante las elecciones regionales de 2023 sin informar sobre el parentesco con un candidato local.

Según informó El Ministerio Público, Castaño González omitió reportar que su hermano se encontraba inscrito como aspirante a la Junta Administradora Local (JAL), lo que constituyó un conflicto de intereses grave.

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De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, la sanción impide a Castaño González contratar con el Estado colombiano en cualquier modalidad durante el periodo de inhabilitación.

“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda sostuvo en fallo de primera instancia que el disciplinado tampoco podrá contratar con el Estado por omitir el conflicto de intereses, pese a conocer objetivamente dicha circunstancia y no dar aviso oportuno a la autoridad competente”, dice la Procuraduría en su comunicado.

Además, la entidad impuso una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $29 millones, por no advertir oportunamente a las autoridades sobre el vínculo familiar que podría interferir en su función como vicepresidente de la mesa siete en el corregimiento.

La decisión de primera instancia, reportada por la Procuraduría, sostiene que el ciudadano actuó pese a conocer objetivamente la situación de impedimento y no realizó el aviso correspondiente, quebrantando así los principios de moralidad e imparcialidad exigidos para la función pública, aun cuando su labor fuera transitoria.

El Ministerio Público subrayó que “con su proceder, Castaño González quebrantó el cumplimiento que debía darle a los principios de moralidad e imparcialidad, independiente de que su servicio público haya sido prestado de manera transitoria, por lo que de manera definitiva calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

La sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación puede ser objeto de recurso ante la misma entidad, según el procedimiento legal colombiano.

La Procuraduría General activó el centro de comunicaciones y logística para reforzar la vigilancia electoral

La Procuraduría General de la Nación anunció la activación del Centro de Comunicaciones y Logística este 8 de marzo para los comicios de Congreso de la República y Consultas, con el objetivo de reforzar la vigilancia electoral a nivel nacional.

Este dispositivo estará conformado por 101 funcionarios especializados en normativa electoral, ética pública y gestión de la información, que ofrecerán atención ininterrumpida durante la jornada.

El equipo supervisará la trazabilidad de los reportes, el registro de incidentes y brindará respuesta eficiente a los requerimientos en todo el país. Los ciudadanos podrán contactar directamente al Centro de Comunicaciones y Logística utilizando el número +57 (601) 587 8750, seleccionando la opción 1.

En el proceso participarán más de 10.000 funcionarios, distribuidos entre la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías, quienes ejercerán la vigilancia en la jornada electoral y en las comisiones escrutadoras en sus diferentes niveles. Además, se realizará seguimiento a 27 Centros de Recepción Telefónica y se garantizará presencia institucional en los Puestos de Mando Unificado.

Para estas elecciones legislativas, el censo electoral asciende a 41.287.084 ciudadanos habilitados para votar, con 13.746 puestos de votación y 125.259 mesas disponibles en todo el territorio colombiano, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Centro de Comunicaciones y Logística contará con la participación de entidades como la Registraduría Nacional, Personerías, Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo y un representante del alto comisionado de la ONU.

Este mecanismo recibirá y clasificará quejas o denuncias sobre posibles irregularidades, además de orientar a la ciudadanía y asistir técnicamente a los funcionarios responsables de la vigilancia en las votaciones y el escrutinio.

Cuatro nuevos radares controlan desde este viernes la velocidad en carreteras de la Comunidad de Madrid. La medida, activada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se inscribe en el plan estatal que prevé desplegar 122 nuevos puntos de vigilancia hasta 2027. El organismo refuerza así su red de control en enclaves que combinan tráfico cotidiano y desplazamientos de ocio, con dispositivos ya operativos aunque, durante el primer mes, en fase exclusivamente informativa.

La ampliación afecta tanto a accesos habituales en el norte de la región como a uno de los corredores más transitados cuando suben las temperaturas. Dos de los equipos son radares fijos y los otros dos corresponden a un sistema de control de tramo que medirá la velocidad media en varios kilómetros de la M-501.

Refuerzo en la sierra y el corredor norte

Uno de los nuevos dispositivos se ha instalado en la M-601, en el kilómetro 0,930 en sentido creciente, dentro del término municipal de Collado Villalba. Se trata de una vía de entrada y salida hacia la sierra madrileña, con un tránsito constante de vehículos que se intensifica los fines de semana. El radar supervisará un punto cercano al entorno urbano, donde confluyen desplazamientos locales y trayectos de mayor recorrido.

El segundo radar fijo se ubica en la M-100, a la altura del kilómetro 22,940 en sentido decreciente, muy próximo a San Sebastián de los Reyes. Esta carretera articula varios municipios del norte metropolitano y soporta una circulación sostenida, especialmente en horas punta. Con su incorporación, la DGT consolida la vigilancia en un eje con alta movilidad interurbana.

Ambos puntos están señalizados conforme a la normativa y sus ubicaciones han sido difundidas en los canales oficiales del organismo, además de comunicadas a los operadores de navegación para su integración en los sistemas de guiado al conductor.

Velocidad media bajo supervisión en la M-501

La principal novedad se concentra, sin embargo, en la M-501. Entre los kilómetros 46,422 y 42,375, en ambos sentidos, entran en funcionamiento dos radares de tramo que controlarán la velocidad media de los vehículos. La carretera conecta Pelayos de la Presa con el entorno del Pantano de San Juan y Navas del Rey, un área que concentra numerosos desplazamientos recreativos, especialmente cuando el buen tiempo invita a acercarse al embalse.

A diferencia de los radares convencionales, que captan la velocidad en un punto concreto, el sistema de tramo registra la hora de paso al inicio y al final del recorrido controlado. El cálculo del tiempo empleado permite determinar si el conductor ha superado el límite permitido en el conjunto del trayecto. El objetivo es evitar aceleraciones puntuales y fomentar una conducción sostenida dentro de los márgenes legales.

La elección de este enclave responde al volumen de tráfico que absorbe la M-501 durante fines de semana y periodos estivales. Es una vía asociada a desplazamientos de ocio y, por tanto, a cambios significativos en la intensidad circulatoria según la época del año.

Un mes de carácter informativo

Aunque los dispositivos ya registran la velocidad de los vehículos, la DGT ha establecido un periodo de 30 días en el que no se impondrán sanciones económicas. Los conductores que superen los límites recibirán una carta informativa en su domicilio, a modo de advertencia. Superado ese plazo, las infracciones detectadas darán lugar a la correspondiente multa y, en su caso, a la pérdida de puntos del permiso de conducir.

Las sanciones por exceso de velocidad oscilan entre 100 y 600 euros, dependiendo de la gravedad, y pueden implicar la detracción de hasta seis puntos. En los supuestos más extremos, cuando se rebasan ampliamente los límites en vías interurbanas, la conducta puede constituir un delito contra la seguridad vial.

La ampliación de la red de radares suele ir acompañada de críticas que apuntan a un posible afán recaudatorio. La DGT sostiene, por su parte, que la velocidad es un factor determinante tanto en la probabilidad de sufrir un siniestro como en la severidad de sus consecuencias. A mayor velocidad, menor margen de reacción ante un imprevisto y mayor gravedad de las lesiones derivadas de un accidente.

María León reconoció recientemente que experimenta una sensación de “liberación” después de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara la sentencia que le obliga a pagar una multa de 5.700 euros por un incidente protagonizado en 2022 con la Policía Local de Sevilla. La actriz, quien regresó a Madrid tras asistir a la gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona, destacó sentirse satisfecha y tranquila respecto a la resolución judicial, según consignó el medio que cubrió su llegada a la capital.

Tal como publicó la fuente, León se mostró sonriente frente a la prensa y respondió a las preguntas sobre la sanción con un tono cordial, distante de episodios anteriores en los que se molestó ante cuestiones similares. “Yo estoy muy bien, contentísima, cariño. Liberada, por fin, sí. Claro que sí, ya es el momento. Muy contenta, trabajando mucho. Preparándonos para trabajar más todavía”, declaró la intérprete en su encuentro con los periodistas, según detalló el medio. La sentencia, ratificada por el tribunal sevillano, puso fin a un proceso derivado del altercado ocurrido en octubre de 2022, cuando fue detenida por la Policía Local de Sevilla en un incidente que entonces generó amplia cobertura mediática.

Al margen del proceso judicial, María León también compartió sus impresiones sobre su participación en la entrega de los Premios Goya, celebrados este año en Barcelona. En conversaciones reproducidas por el medio original, la actriz subrayó que vivió la gala como una experiencia muy valiosa, destacando la oportunidad de reencontrarse con colegas y disfrutar de momentos de fraternidad en el ámbito cinematográfico. “Ha sido muy bonito. La verdad, ha sido muy bonito. Nos hemos reunido los compañeros, hemos podido compartir, así que muy bien”, expresó la actriz al referirse a la ceremonia.

En la misma línea, León identificó uno de los instantes más conmovedores de la gala, detallando que “todos lloramos, aplaudimos, recordó a su abuela, a su abuelo, a Antonio... unas letras importantes. Fue un momento muy, muy, muy bonito. Qué suerte tener compañeros en la profesión así como Alba Flores. Qué orgullo tan grande, la verdad”, citó el medio. Estas palabras evidencian la relevancia personal y profesional que la actriz otorga a los lazos dentro del sector audiovisual, así como la importancia de encuentros como los impulsados por los premios Goya.

El incidente de 2022 entre la actriz y la Policía Local de Sevilla desembocó en una investigación penal y, finalmente, en una condena a una multa económica. Según reportó el medio, la Audiencia Provincial de Sevilla ratificó el fallo anterior, disponiendo que León debía hacer frente a la sanción estipulada, con lo que la intérprete pone punto final a un capítulo que impactó su imagen pública y acaparó titulares a nivel nacional. La confirmación de la sentencia coincidió con una etapa profesional activa para la actriz, quien ha enfatizado su enfoque en el trabajo y en sus próximos proyectos, según ha asegurado públicamente.

A lo largo de los últimos meses, el caso de María León ha suscitado debates sobre la relación entre personajes públicos y fuerzas de seguridad, así como sobre la exposición mediática de los procesos judiciales que involucran a figuras reconocidas del cine español. El seguimiento de la situación de León por parte de la prensa se ha mantenido constante, registrando tanto sus declaraciones como las decisiones de la justicia andaluza, según informó la fuente.

Mientras tanto, la actriz continúa su carrera y mantiene su presencia en eventos relevantes del ámbito cultural español. Durante su paso por los Premios Goya, la atención se centró tanto en su desempeño profesional como en su actitud ante la resolución legal. Según consignó el medio, la reacción positiva de León ante el fallo y el cierre del proceso contrasta con episodios previos en los que las consultas sobre la causa judicial generaron respuestas menos conciliadoras.

María León, hermana del también actor Paco León, se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre el valor del compañerismo dentro del sector cinematográfico. En la última gala de los Goya, volvió a remarcar la importancia de estos encuentros y de compartir reconocimientos con colegas, según declaraciones recogidas y difundidas por la prensa.

El fallo ratificado por la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a María León a abonar 5.700 euros como sanción por los hechos de 2022. Tras la confirmación de la sentencia, la actriz ha centrado su atención en los compromisos laborales y en proyectos venideros, habiendo declarado sentirse aliviada tras el cierre de este episodio judicial, detalló el medio que documentó su reciente regreso a Madrid.

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., sancionó al presidente de la República, Gustavo Petro, con una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato a un fallo de tutela.

La decisión se adoptó como respuesta a una acción promovida por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

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De acuerdo con la providencia fechada el 27 de febrero de 2026, el despacho consideró acreditado el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 28 de agosto de 2025, confirmada el 30 de septiembre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.

Solicitud de desacato y fundamentos

El accionante, actuando a través de apoderado judicial, solicitó la apertura de incidente de desacato mediante memorial del 5 de septiembre de 2025. Según se lee en el apartado de antecedentes, “De acuerdo con el sustrato fáctico y normativo traído a colación, se hace necesaria su intervención para que se declare el desacato por parte del Presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, por el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025″.

La disputa judicial por el buen nombre se originó en declaraciones públicas del presidente a través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, en las que vinculó al fiscal Burgos con carteles de narcotráfico y con el caso que tuvo como víctima al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En sus manifestaciones, el mandatario sugirió que el funcionario habría eliminado o desaparecido del expediente a Sebastián Marset, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo.

Estas afirmaciones motivaron la presentación de la acción de tutela por parte del fiscal, alegando vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

En la decisión que resolvió el incidente de desacato, el despacho señaló: “Estudiadas las órdenes de rectificación proferidas en este asunto, versus las rectificaciones emitidas por el Presidente de la República, se observa que estas desdibujan la orden judicial inicial (...) Como quiera que el punto que no se debe perder de vista es si con las declaraciones realizadas por el Presidente, objeto de rectificación, se afectó el buen nombre del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño”.

Asimismo, indicó: “Así, lo que corresponde al señor Presidente de la República es rectificar conforme se le ordenó en auto de 6 de octubre de 2025, orden que no ha sido cumplida aun cuando se ha concedido un término prudencial para ello, atendiendo a que es una orden compleja teniendo en cuenta el límite de las alocuciones presidenciales impuesto en la Sentencia del Consejo de Estado".

En consecuencia, resolvió: “PRIMERO: Imponer al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079, quien ostenta la calidad de Presidente de la República, una sanción de multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia”, en las cuentas señaladas a nombre de DTN-Multas y Cauciones - Consejo Superior de la Judicatura.

La providencia advierte que la multa no releva al mandatario del deber de cumplir cabalmente el fallo de tutela.

Negación de arresto y compulsa de copias

En la misma decisión, el despacho negó la solicitud de arresto y la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sobre el arresto, indicó que la multa impuesta resulta proporcional, pese a que el cumplimiento no se dio conforme a lo ordenado. Señaló que el presidente realizó declaraciones tendientes a atender la orden, pero estas no satisfacen de manera completa lo exigido por la providencia.

También descartó remitir copias para investigar posibles delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial, al considerar que el accionante puede iniciar directamente las acciones penales correspondientes y que no se evidencia la comisión de conductas punibles por parte del mandatario en el marco del incidente.

El expediente será remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para surtir el grado jurisdiccional de consulta, conforme al trámite previsto para este tipo de actuaciones.

Un editor de videos del canal de YouTube MrBeast, Artem Kaptur, fue suspendido y multado por el mercado de predicciones Kalshi tras ser acusado de operar con información privilegiada.

Junto a Kaptur, también fue sancionado Kyle Langford, ex candidato a gobernador de California, convirtiéndose ambos en los primeros casos disciplinados por la plataforma por este motivo.

La sanción para Kaptur incluyó una multa superior a USD 20.000 y una suspensión de dos años, tras detectar que realizó apuestas usando “información material no pública” obtenida durante su trabajo como editor en Beast Industries, la productora de MrBeast, según recoge BBC.

Los sistemas de Kalshi identificaron ganancias “casi perfectas” y “estadísticamente anómalas”, y varios usuarios advirtieron sobre la actividad sospechosa.

Un portavoz de Beast Industries señaló que la compañía no tolera este tipo de comportamientos y mantiene una política estricta contra el uso indebido de información confidencial.

Qué es Kalshi

Kalshi es una plataforma de mercados de predicción con sede en Estados Unidos que permite a los usuarios apostar dinero real sobre el resultado de eventos futuros, como elecciones, deportes, economía y otros temas de interés público.

La compañía opera bajo la regulación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), diferenciándose así de otras plataformas similares.

Los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, han crecido en popularidad en Estados Unidos al permitir apuestas sobre deportes, política y otros temas, lo que ha incrementado la preocupación por el uso de información confidencial.

Kalshi indicó que abrió unas 200 investigaciones por posibles violaciones a sus normas comerciales durante el último año, de las cuales más de una docena se han transformado en casos activos.

Bobby DeNault, responsable de cumplimiento en Kalshi, subrayó: “Ninguna bolsa financiera es inmune a los malos actores. Estamos comprometidos a disuadir y encontrar a los manipuladores y quienes engañan voluntariamente”.

En un caso aparte, Kyle Langford apostó a favor de su propia candidatura y promovió la operación en redes sociales, infringiendo las reglas de Kalshi que prohíben a los candidatos apostar en sus propias elecciones.

Como consecuencia, Langford recibió una multa superior a USD 2.000 y una suspensión de cinco años en la plataforma.

Ambos incidentes, tanto como el del editor de MrBeast como el de Langford fueron notificados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

MrBeast compra Step, una app bancaria

MrBeast, mediante su empresa Beast Industries, adquirió Step, una aplicación bancaria orientada a adolescentes y jóvenes de la generación Z.

El popular creador de contenido expresó en X (antes Twitter): “Nadie me enseñó sobre inversiones, cómo construir historial crediticio o administrar dinero cuando era joven. Por eso nos unimos a Step. Quiero dar a millones de jóvenes la base financiera que yo no tuve. Pronto compartiremos más detalles.”

Step ha logrado recaudar USD 500 millones en rondas de financiación y superó los 7 millones de usuarios. Su oferta se centra en servicios financieros diseñados para la Generación Z, con el objetivo de facilitarles la construcción de crédito, el ahorro y la inversión.

Entre sus inversores figuran personalidades como Charli D’Amelio, Will Smith, The Chainsmokers y Stephen Curry, además de firmas de capital de riesgo como General Catalyst, Coatue y la compañía de pagos Stripe.

Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, destacó: “La salud financiera es fundamental para el bienestar general; sin embargo, muchas personas carecen de acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para construir su seguridad financiera”.

Añadió: “Esta adquisición nos permite conectar con nuestro público objetivo, con soluciones prácticas y tecnológicas que pueden transformar su futuro financiero para mejor”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los planes de MrBeast en el sector fintech, más allá de lo anunciado sobre Step.

La decisión tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) incluyó una revisión minuciosa de los argumentos esgrimidos por las compañías aéreas acerca de la aplicación extraterritorial de la normativa europea. Según informó Europa Press, el pronunciamiento del tribunal con sede en Luxemburgo señaló que la Comisión Europea cuenta con la facultad de investigar y sancionar conductas colusorias desarrolladas fuera del espacio de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre que estas se apliquen en dicho territorio o sea previsible que sus efectos sean inmediatos y sustanciales en estos mercados. La sentencia hace hincapié en que es necesario que tales efectos sean previsibles, inmediatos y sustanciales para justificar la intervención de las autoridades comunitarias.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el TJUE rechazó la mayoría de los recursos de casación que habían presentado una docena de aerolíneas, incluidas Air France-KLM, British Airways, Air Canada, Lufthansa y SAS, para eludir el pago de la multa de 776 millones de euros por prácticas coordinadas en el transporte de mercancías aéreas. Esta resolución da respaldo a la decisión original de la Comisión Europea que en 2017 impuso esta sanción, la cual ya había sido reducida respecto a la inicial, que ascendía a 790 millones de euros en 2010.

El medio Europa Press detalló que el origen del caso se remonta a los años 1999 y 2006, periodo en el que las compañías sancionadas participaron en acuerdos bilaterales y multilaterales destinados a fijar los recargos por combustible y seguridad en el servicio de transporte aéreo de mercancías dentro del Espacio Económico Europeo. Dichos contactos permitieron que las empresas alinearan sus políticas en materia de precios, generando una distorsión en el mercado relevante. La Comisión Europea identificó este comportamiento como un cártel, sancionando a las implicadas por infringir la normativa comunitaria sobre competencia.

Pese a la firmeza mostrada por el tribunal europeo al confirmar la competencia de la Comisión, la sentencia reconoce de forma parcial el recurso interpuesto por SAS Cargo Group. Europa Press indicó que esa excepción no altera la ratificación general de la multa ni la responsabilidad atribuida al resto de compañías.

Tras la sanción inicial de 790 millones de euros impuesta en 2010, prácticamente todas las empresas sancionadas –a excepción de una– recurrieron la decisión ante la Justicia europea. Como resultado, en diciembre de 2015, el Tribunal General anuló el primer fallo debido a un defecto de procedimiento. En respuesta, las autoridades comunitarias revisaron el proceso, disminuyeron la sanción a 776 millones de euros y emitieron una nueva resolución en 2017 que subsanó las objeciones legales del tribunal. El TJUE resolvió el jueves la última instancia en relación con esta decisión revisada, rechazando nuevamente la mayoría de las alegaciones de las aerolíneas.

Sobre los fundamentos jurídicos que respaldan la autoridad de la Comisión Europea, la sentencia alude tanto al criterio de la aplicación territorial como al de los efectos cualificados. Según publicó Europa Press, el primero estipula que la Comisión puede sancionar conductas si son aplicadas dentro del territorio de la Unión o del Espacio Económico Europeo. El segundo establece que la Comisión está habilitada para actuar si existe una expectativa razonable de que esos comportamientos tendrán consecuencias inmediatamente perceptibles y significativas en esos territorios. Según el TJUE, esta doble posibilidad garantiza el alcance adecuado de la legislación de competencia, incluso frente a prácticas con origen externo, siempre que inciden en el mercado interior europeo.

En cuanto a los argumentos planteados por las aerolíneas, el tribunal europeo rechazó los planteamientos relativos a supuestos errores en la interpretación de los efectos cualificados. Europa Press dio cuenta de que el TJUE consideró que no existió desacierto legal por parte del Tribunal General al analizar si los efectos de los acuerdos anticompetitivos cumplían las condiciones exigidas para la intervención de la Comisión.

De este modo, la resolución del más alto tribunal europeo avala la actuación de la Comisión Europea y descarta la mayoría de las impugnaciones formuladas por las empresas involucradas. Este caso, que se ha prolongado por casi quince años, concluye con la confirmación de las multas a algunas de las compañías aéreas más relevantes que operan en el mercado internacional del transporte de mercancías. Según reportó Europa Press, quedan establecidas las directrices para futuros procedimientos en los que se debatan las competencias de las instituciones comunitarias ante prácticas colusorias transnacionales, especialmente cuando afectan al mercado interior mediante la manipulación de precios o la concertación de recargos.

La obligación de decir quién manda en una empresa no es un simple trámite. Es una pieza clave para la transparencia del mercado. Bajo esa premisa, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $40 millones al ciudadano francés Joseph Marie Oughourlian por no revelar de manera oportuna su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la sociedad que administra a Millonarios Fútbol Club.

La sanción se produjo tras una verificación de la entidad, que concluyó que el reporte de la situación de control no fue inscrito a tiempo ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como lo exige el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Esa norma establece que cuando una persona o compañía ejerce control sobre otra sociedad, debe informarlo formalmente para que quede registrado.

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En este caso, Oughourlian solicitó el registro de su condición de controlante a través de la sociedad Blas de Lezo Inversiones SL. Aunque reconoció la existencia del control sobre Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la Superintendencia determinó que la comunicación debió hacerse antes. El incumplimiento en los plazos fue el fundamento de la multa.

La decisión no implica la negación del control, sino el reproche por la tardanza en hacerlo visible ante las autoridades y el público. Frente a la sanción, el empresario cuenta con la posibilidad de interponer los recursos legales correspondientes, de acuerdo con el procedimiento administrativo.

Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, se refirió al alcance de este tipo de medidas y subrayó la importancia de que las estructuras societarias no oculten quién toma realmente las decisiones. Según explicó, el régimen de matrices y subordinadas busca hacer explícito quién ejerce el poder de dirección y control, más allá de la forma jurídica adoptada.

La revelación del control no es un formalismo menor, especialmente cuando se trata de compañías que administran clubes de fútbol profesional. Estos equipos no solo tienen impacto deportivo; manejan recursos significativos, cuentan con inversionistas y generan expectativas entre hinchas y acreedores. Saber quién está detrás de las decisiones estratégicas aporta claridad en un entorno donde confluyen intereses económicos y emocionales.

Desde la Superintendencia se insistió en que la transparencia sobre la estructura de control fortalece la confianza del mercado. La información oportuna permite que inversionistas, acreedores y otros grupos de interés evalúen riesgos con mayor precisión y establezcan relaciones comerciales con seguridad jurídica.

En términos prácticos, el registro de la situación de control facilita entender cómo se organizan las compañías y quién tiene la capacidad de influir de manera determinante en su administración. Esto es relevante en eventuales procesos de financiación, en negociaciones contractuales o ante situaciones de crisis empresarial.

El caso de Azul & Blanco Millonarios FC S.A. vuelve a poner en el centro del debate la importancia del cumplimiento formal en materia societaria, un aspecto que a menudo pasa desapercibido frente a decisiones más visibles como fichajes, resultados deportivos o movimientos financieros.

Sin embargo, detrás de cada sociedad existe una estructura de control que debe ser clara, verificable y oportuna. Aunque para algunos pueda parecer un asunto meramente técnico o administrativo, el régimen de información sobre control cumple una función esencial: evitar zonas grises en la propiedad y dirección de las compañías, prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que el mercado opere bajo reglas transparentes.

La revelación oportuna de quién ejerce el control real de una empresa no es un capricho normativo. Permite que inversionistas, acreedores, autoridades y demás grupos de interés sepan con quién están tratando y quién tiene la capacidad efectiva de tomar decisiones estratégicas. En sectores sensibles como el del fútbol profesional, que combina recursos privados, impacto social y alto escrutinio público, esa claridad adquiere todavía mayor relevancia. La transparencia en la estructura societaria fortalece la confianza y reduce el riesgo de incertidumbre jurídica.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) acordó revocar una multa de 20 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso al PRI por presentar un estudio plagiado.

Durante la sesión pública que el TEPJF realizó, el magistrado Felipe Fuentes solicitó que se revocara esta multa al considerar que el INE no explicó las razones para justificar dicha sentencia.

La resolución fue aprobada por una mayoría de magistrados, siendo la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón los únicos que votaron en contra de condonar esta multa.

¿Por qué el INE había multado al PRI?

De acuerdo a la sentencia del TEPJF, en el Informe Anual de Ingresos y Egresos que el INE hizo al PRI en el año 2019, determinó que un estudio que el partido entregó como investigación original, era plagio.

Se trata de una investigación sobre la Ley General de Partidos Políticos y varias legislaciones electorales que el PRI solicitó a la empresa LBGG Legal & Tech Services S.C.

Dicha investigación tuvo un valor de 20 mdp que el PRI justificó como gastos de partido. Sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada por el INE, se encontraron varias reproducciones textuales sin citar, por lo que determinó que era plagio.

La sentencia del INE fue del cien por ciento, es decir, se multó al PRI con 20 mdp, pues determinó que dicho gasto no cumplía con los requisitos para que pudiera considerarse como gastos de partido.

La apelación del PRI

Durante su participación en la sesión pública del TEPJF, este 18 de febrero, el magistrado Felipe Fuentes argumentó que en su resolución, el INE no definió qué debía entenderse por plagio ni explicó las metodologías para determinar esto.

Aseguró que el hecho de haber sido o no plagio, no afectó en ningún sentido legal con respecto al presupuesto utilizado por el PRI, por lo que no había justificación para continuar con esta sentencia.

“El punto central no es calificar jurídicamente la existencia de un plagio, sino determinar si el gasto cumplió con los fines partidistas”, afirmó el magistrado.

Con ello, el pleno del TEPJF aceptó la solicitud del magistrado de revocar dicha sentencia, anulando de esta manera la multa por 20 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia anuló una condena que obligaba a Colpensiones a pagar más de $3.300 millones en intereses moratorios, al determinar que el retraso en el pago de una pensión de sobrevivientes no fue culpa de la entidad, sino resultado de una extensa disputa judicial entre cinco mujeres que reclamaban el derecho.

La medida evita que el erario público asuma una obligación desproporcionada derivada de un procedimiento judicial prolongado durante 14 años.

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La resolución de la Corte dejó sin efecto el cobro de los intereses, pero confirmó que la esposa y la compañera permanente del afiliado Norman Sánchez Cardona recibirán el pago de la pensión y la indexación correspondiente.

“La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia protegió el patrimonio del Sistema Pensional e invalidó la decisión de un tribunal que condenó a la administradora pública de pensiones al reconocimiento de intereses moratorios de una pensión de sobrevivientes por más de $3.370 millones”, dice el comunicado del alto tribunal.

Esta última es el ajuste del valor monetario debido al paso del tiempo, cumpliendo con lo ordenado por el juez de primera instancia.

La disputa comenzó en 2002 tras el fallecimiento de Norman Sánchez Cardona. Al reclamar la pensión, el entonces Seguro Social, ahora Colpensiones, se enfrentó a una situación excepcional: cinco mujeres diferentes presentaron solicitudes para acceder a la prestación, cada una alegando ser beneficiaria legítima.

“Al resolver una acción especial de revisión interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de una orden la tutela de la Corte Constitucional en un proceso donde cinco mujeres se presentaron simultáneamente a reclamar la misma pensión de sobrevivientes, la Sala reiteró su jurisprudencia, de más de dos décadas, según la cual, en situaciones excepcionales en las que existe duda sobre el beneficiario, el hecho de que no se reconozca el derecho mientras la justicia define quien es el titular es razón para que no proceda la imposición de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993″, se añade en el comunicado.

Entre las demandantes figuraban la esposa del titular, una compañera permanente, la madre y otras dos ciudadanas. Dadas las dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada y la imposibilidad de determinar con certeza la legítima destinataria, Colpensiones optó por suspender el trámite administrativo de la pensión.

La normativa vigente es explícita: “Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios [...] se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente”.

En 2017, el Tribunal Superior de Cali condenó a Colpensiones al pago de intereses de mora desde el año 2002, lo que llevó la deuda a $3.372 millones, una cifra que superaba ampliamente el valor de la pensión original y comprometía los fondos del sistema de pensiones.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema consideró que este fallo violaba el debido proceso. Según el alto tribunal, no es posible imponer sanciones a la entidad por demoras originadas en la verificación de quién tiene derecho a recibir la prestación. Para la Corte, existía una “duda razonable” sobre el beneficiario real, lo que justificó la suspensión.

En el pronunciamiento, la Sala subrayó: “Se encuentra que la sentencia objeto de revisión, impuso condena con transgresión del debido proceso que le asiste a la convocada a juicio, toda vez que concedió los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sin tomar en consideración que la suspensión en el reconocimiento del derecho fue en aplicación del artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, y sin atender el precedente de esta Corporación, con lo cual, por contera, atentó contra los recursos comunes del Sistema”.

La Corte Suprema aclaró que reconocer el pago de estos intereses constituiría “un golpe injustificado al patrimonio público”, ya que el prolongado litigio no se debió a negligencia de Colpensiones, sino a la complejidad de la disputa entre las demandantes.

“Se trató de un desconocimiento injustificado del precedente vertical por parte del sentenciador de segunda instancia, que lo condujo a adoptar una decisión discorde con aquella que, en atención al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica, resultaba consecuente con los hechos que le fueron puestos en conocimiento”, se añade en la sentencia.

Con la sentencia, la justicia salvaguarda los recursos del sistema pensional y define que, tras concluir el pleito y establecer quiénes son las beneficiarias legítimas, únicamente deberán pagarse la pensión y la indexación, excluyendo los millonarios intereses de mora.

La noche del pasado martes 17 de febrero fue detenido en la playa de Olas Altas, Mazatlán, el cantante de regional mexicano Alejandro Ojeda Jr., hijo del reconocido exvocalista de la banda El Recodo, Alex Ojeda.

El arresto fue realizado luego de que las autoridades consideraran que la presentación musical de Grupo Codificado, el cual encabeza el joven como vocalista, estaba haciendo apología del delito durante su acto.

Según registros, Ojeda Jr. no fue el único detenido, sino que en la acción policial se arrestó a cuatro integrantes más de la agrupación antes mencionada.

Tras los hechos, internautas compartieron el momento de la detención, revelando el momento en que los elementos de seguridad se acercaron para notificarle su falta cívica.

En el material también se observa que lo acompañaba su padre, Alex Ojeda, quien horas mas tarde publicó un mensaje en sus redes sociales junto con una fotografía donde se le ve sentado en la batea de una patrulla.

Reportes de medios locales como Luz Noticias han revelado durante la cobertura del caso que los detenidos quedaron libres luego de que pagaron una multa menor a 400 pesos mexicanos.

Detención de Alejandro Ojeda Jr y el resto de integrantes de Grupo codificado

Un video compartido por testigos en el sitio y por medios locales como Luz Noticias confirmó la detención de Alejandro Ojeda Jr. y cuatro integrantes más de Grupo Codificado.

En las imágenes se observa como el joven es notificado de la situación y escoltado por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa.

Reportes extraoficiales señalan que el acto de Grupo Codificado no terminó debido a que fue cancelado por las autoridades.

En el video también se observa que lo acompaña su padre, el exvocalista de El Recodo, Alex Ojeda, quien horas más tarde publico una fotografía junto con un texto en el que indica que este 18 de febrero explicará lo sucedido.

“Al rato les explicamos qué pasó exactamente”, se lee en la publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook.

Declaraciones oficiales sobre la detención y costo de la multa

Según reportes de Luz Noticias, luego de la detención, el titular de la Secretaría de Seguridad Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, confirmó que Alejandro Ojeda Jr. y cuatro personas más fueron detenidos y posteriormente liberados por interpretar una canción considerada apología del delito.

Tras preguntas del medio antes mencionado, Barrón Valdez precisó que la multa impuesta a cada uno de los detenidos fue de 351.93 pesos, decisión que correspondería directamente al Juzgado Cívico.

El funcionario detalló que la labor de la corporación se limitó a realizar la detención y el traslado a barandillas, mientras que la sanción económica fue determinada por la autoridad correspondiente.

Además, explicó que los músicos recibieron información sobre la prohibición de interpretar corridos y, tras cubrir la multa, recuperaron su libertad de manera inmediata.

Hasta el momento la agrupación musical no ha comunicado su versión de lo sucedido, aunque en redes sociales han señalado que hoy mismo explicarán el hecho.

La notificación oficial sobre la firmeza de la sanción llegó a Facua-Consumidores en Acción a través de un comunicado de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid. En ese documento se estableció que, al no recurrir la empresa responsable del festival Brava Madrid en los plazos legales, la decisión que imponía la multa quedaba firme y el proceso administrativo continuaría hacia la fase de ejecución para hacer efectivo el cobro de la sanción. Según informó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sanción de 96.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a Madrid Salvaje AIE tras la denuncia de Facua por la existencia de diversas cláusulas consideradas abusivas durante la edición 2023 del festival.

De acuerdo con Europa Press, la multa se originó a partir de dos infracciones administrativas graves. La primera fue la utilización de pulseras electrónicas bajo el sistema “cashless” como único método de pago para la adquisición de productos en el festival. La segunda estuvo relacionada con la inclusión de cláusulas limitativas en las condiciones generales, que restringieron los derechos de los consumidores. La Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid notificó oficialmente la imposición de la sanción en octubre de 2025 a Facua, tras concluir la investigación motivada por las irregularidades detectadas en el festival.

Tras emitir la sanción, la empresa organizadora optó por presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución administrativa. Sin embargo, según consignó Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM declaró la caducidad del recurso, ya que la promotora no formalizó la demanda en el plazo legalmente establecido. Como consecuencia de esta inactividad procesal, la resolución sancionadora quedó definitiva y el expediente pasó a la etapa de ejecución.

El expediente sancionador destaca que la imposición de las pulseras cashless, al establecer este sistema como vía exclusiva para las transacciones dentro del evento, restringió las opciones de los consumidores y constituyó una infracción a la normativa de defensa de los derechos del usuario. Según reportó Europa Press, también se reconocieron como ilícitas otras condiciones generales impuestas en la edición 2023, entre ellas el cobro de comisiones por la devolución del saldo no consumido en las pulseras al finalizar el festival.

Facua-Consumidores en Acción, asociación que impulsó la denuncia inicial, ha mantenido las acciones de vigilancia durante las ediciones posteriores del festival. Europa Press detalló que Facua denunció nuevamente al Brava Madrid en 2024 por continuar utilizando el esquema de pulseras cashless y apropiarse de parte del saldo sobrante, lo cual fue catalogado como una práctica reiterada de irregularidades. En 2025, Facua presentó una nueva denuncia a raíz de la prohibición de ingreso con alimentos y bebidas adquiridos fuera del recinto. De acuerdo con las denuncias realizadas ante la administración madrileña, esto implica la imposición indirecta de servicios adicionales no solicitados, genera un desequilibrio contractual y representa otra limitación a los derechos de los asistentes.

Otra acción legal promovida por Facua en 2025 tuvo como objetivo exigir la devolución del dinero a aquellos usuarios que solicitaron el reembolso del importe de las entradas después de que varios artistas cancelaran su participación y se produjera una modificación en el cartel del festival. Según consignó Europa Press, la organización promotora se negó a realizar tales devoluciones.

Europa Press puntualizó también que en 2025 se produjo una resolución favorable a Facua en un proceso judicial relacionado con otro evento organizado por la misma promotora: el festival Madrid Salvaje. El juez encargado del caso confirmó la nulidad de determinadas cláusulas, entre ellas la imposición de cobrar tres euros por la devolución del saldo no usado de las pulseras cashless y la prohibición de acceder con alimentos y bebidas del exterior. La sentencia estableció la prohibición a la empresa de repetir tales prácticas en futuras ediciones. Este fallo se encuentra pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial.

Las decisiones administrativas y judiciales descritas consolidan la postura de los organismos de defensa del consumidor respecto a la ilegalidad de imponer sistemas de pago únicos y limitar la capacidad de elección de los asistentes en festivales y eventos musicales en Madrid. Según resumió Europa Press, las resoluciones señaladas marcan un precedente relevante en la regulación del sector y en la protección de los derechos del público asistente a este tipo de espectáculos, ya que determinan la nulidad de prácticas contractuales restrictivas y refuerzan la intervención de las autoridades de consumo ante denuncias promovidas por organizaciones ciudadanas.

La Corte Suprema de Justicia marcó un precedente en Colombia al sancionar por primera vez a un abogado debido al uso indebido de inteligencia artificial en un trámite judicial.

La decisión, contenida en el Auto AC739-2026 de la Sala Civil, impone una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes a un profesional del derecho que, al sustentar un recurso, incluyó en su escrito varias referencias jurisprudenciales inexistentes.

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Dichas sentencias, con números, fechas y nombres de magistrados ponentes, no figuran en ningún repositorio oficial ni archivo judicial colombiano.

El caso fue informado públicamente por el abogado Jairo Parra Cuadros a través de la red social X, donde detalló que la Relatoría de la Corte certificó la inexistencia de las providencias citadas.

Según Parra Cuadros, la persona sancionada admitió haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial para redactar su recurso, lo que llevó a la Sala a advertir sobre los riesgos de emplear sistemas que pueden generar información aparentemente verosímil, pero sin respaldo en fuentes verificables.

La Corte enfatizó que estas tecnologías no contrastan datos reales, sino que producen texto a partir de patrones lingüísticos, generando así referencias plausibles aunque ficticias.

Este caso impulsó a la Sala Civil a fijar directrices orientadas al uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos judiciales.

Entre las reglas destacadas se encuentran el deber de veracidad, la obligación positiva de verificación de toda cita incluida en escritos, la indelegabilidad de la responsabilidad profesional y la neutralidad tecnológica.

Según la Corte, los abogados no pueden trasladar sus deberes éticos ni su obligación de diligencia a sistemas automatizados.

La gravedad de la sanción impuesta se vio incrementada por la reincidencia. Tras ser requerido formalmente para explicar las irregularidades advertidas, el abogado presentó un escrito de subsanación en el que añadió cuatro nuevas citas igualmente inexistentes.

Entre el documento inicial y la respuesta al requerimiento, se acumularon diez referencias apócrifas, circunstancia que, según la Corte, justificó una respuesta especialmente severa y ejemplarizante. La reiteración de la conducta, posterior a la advertencia, fue determinante para la severidad de la medida disciplinaria.

En palabras de Jairo Parra Cuadros, “estamos en una etapa de transición frente al uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial”.

El abogado subrayó que se trata de un fenómeno reciente que afecta tanto a litigantes como a jueces y al conjunto de la comunidad jurídica. “Todos estamos aprendiendo a dimensionar sus alcances y sus riesgos”, afirmó Parra Cuadros, quien considera que, en una primera fase, debería privilegiarse un enfoque pedagógico por encima de una respuesta únicamente sancionatoria.

Para el jurista, la fijación de estándares claros, la advertencia institucional y la delimitación precisa de los deberes profesionales podrían cumplir una función formativa y preventiva valiosa para el sistema judicial.

No obstante, Parra Cuadros reconoció que la reincidencia del abogado en el caso concreto justifica la rigurosidad de la respuesta de la Corte Suprema.

“La reiteración posterior al requerimiento explica la respuesta más rigurosa adoptada por la Corte. Esa circunstancia es jurídicamente relevante”, aseveró.

El reto de fondo, según el abogado, consiste en consolidar reglas proporcionales, uniformes y transparentes que orienten el trabajo de todos los actores del proceso judicial frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

El debate sobre el uso de estas herramientas tecnológicas en la justicia no solo involucra a abogados y jueces, sino también a los usuarios del sistema y al público general, que observa con atención cómo se gestionan los nuevos desafíos éticos y legales.

Parra Cuadros invitó a una conversación pública sobre la decisión y sus implicaciones, prevista para el martes 17 de febrero en la Universidad del Externado de Colombia, en la que se abordarán además otros aspectos relacionados con la aplicación de inteligencia artificial en la jurisdicción colombiana.

Por último, la decisión de la Corte Suprema constituye un llamado de atención a todos los operadores jurídicos para que el avance tecnológico no sustituya el rigor, la ética y la diligencia que exige la ley en el ejercicio del derecho.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad asumida por una entidad resultante de una absorción bancaria se apoya en el principio de continuidad jurídica, según recoge el fallo divulgado por Europa Press. Esta resolución recalca que el Banco Santander, como sucesor del Banco Popular, queda subrogado en la posición jurídica que ostentaba la entidad absorbida en relación con las infracciones cometidas antes de la integración, lo que implica que debe afrontar las sanciones económicas impuestas previamente.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Tribunal Supremo confirmó dos multas al Banco Santander que suman 4,5 millones de euros, impuestas originalmente al Banco Popular. El alto tribunal desestimó el recurso de casación que Santander había interpuesto contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional de 2022, la cual ya había rechazado la reclamación del banco contra las sanciones impuestas por el Banco de España.

El Banco de España impuso inicialmente dos multas: una de 1,5 millones de euros por infracciones relacionadas con la normativa sobre información precontractual y contractual que los bancos están obligados a proporcionar a los clientes, así como con errores en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) y el cobro de comisiones por servicios no prestados. La segunda sanción, de 3 millones de euros, derivó de incumplimientos en la normativa de compensaciones y comisiones aplicadas en casos de amortización anticipada y en la aplicación de cláusulas de redondeo en los tipos de interés, según consignó Europa Press.

Tras la absorción del Banco Popular, el Santander presentó un recurso de alzada argumentando que las sanciones correspondientes a la etapa anterior de la entidad absorbida no debían serle imputadas, dado que no cometió directamente las infracciones. Después del rechazo de esta pretensión por parte del Banco de España y, posteriormente, por la Audiencia Nacional, la entidad recurrió al Tribunal Supremo, el cual ahora ratifica las resoluciones previas y mantiene la vigencia de las multas.

Según la sentencia citada por Europa Press, el Tribunal Supremo explicó que no resulta adecuado desde el punto de vista jurídico alegar una separación entre la continuidad de la unidad económica a efectos sancionadores y la continuidad del procedimiento administrativo, cuando ambos aspectos están estrechamente vinculados. El texto del fallo señala que la imposibilidad de escindir la dimensión sustantiva de la procedimental obliga a entender el proceso como un todo integrado dentro de un único régimen de sucesión corporativa.

La resolución también establece que la entidad absorbente, el Santander en este caso, no actúa como un participante nuevo en el procedimiento, sino que hereda la posición jurídica de la entidad absorbida, asumiendo la responsabilidad vinculada a la actividad previa que desembocó en la sanción. Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, este principio garantiza que la gestión de responsabilidades no se vea interrumpida ni modificada por la operación de absorción, siguiendo el criterio de continuidad tanto material como procesal.

El medio Europa Press detalló que el Tribunal Supremo fundamenta esta decisión en la necesidad de asegurar que la eficacia de las sanciones administrativas permanezca inalterada ante modificaciones estructurales como fusiones o adquisiciones. Así, el objetivo es salvaguardar los derechos de los afectados y mantener la integridad del régimen sancionador previsto en la normativa bancaria.

El fallo, en esa línea, refuerza el criterio de que las empresas resultantes de una fusión o absorción asumen las obligaciones y sanciones que afectaban a la entidad adquirida, siguiendo el principio de sucesión universal previsto en las legislaciones mercantil y administrativa, según publicó Europa Press. La resolución subraya que esta doctrina evita que las operaciones corporativas sirvan como mecanismo para eludir o posponer el cumplimiento de sanciones impuestas por infracciones cometidas previamente a la integración.

La sentencia analizada por Europa Press recoge que este enfoque respalda tanto la seguridad jurídica como la protección de los intereses públicos en materia financiera, de modo que las prácticas bancarias se ajusten de forma efectiva a las normas y regulaciones establecidas. La disposición del Tribunal Supremo establece un precedente de aplicación directa para futuros casos en los que una entidad financiera resulte absorbida por otra tras la imposición de sanciones administrativas pendientes.

La Superintendencia de Sociedades informó la imposición de una sanción económica por SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000) a Diego Fernando Perdomo Rojas, tras establecer que no se reportó de manera oportuna una situación de control sobre un conglomerado empresarial, de acuerdo con un acto administrativo divulgado y reseñado por Semana.

La entidad explicó que el investigado ejercía control sobre un grupo conformado por Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S., sin que dicha condición fuera revelada dentro de los plazos exigidos por la normativa vigente.

Según la Superintendencia, el régimen de matrices y subordinadas obliga tanto a personas jurídicas como naturales que ejercen control a declarar estas situaciones, así como la existencia de grupos empresariales ante el registro mercantil correspondiente. En el proceso sancionatorio se concluyó que esa obligación no se cumplió de forma adecuada.

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El acto administrativo precisó que la exigencia de reportar situaciones de control no recae únicamente sobre las sociedades matrices, como argumentó el investigado durante la actuación administrativa, sino que se extiende a las personas naturales que ejercen control efectivo sobre varias sociedades.

La Superintendencia reiteró que la identificación oportuna de los grupos empresariales permite a las autoridades y a los terceros conocer la estructura real de los conglomerados, lo cual resulta relevante para la transparencia del mercado y el cumplimiento de las normas societarias.

En relación con el caso, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló: “le corresponde a la Superintendencia de Sociedades velar por la adecuada inscripción en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control. Durante los últimos años se han adelantado importantes investigaciones en esta materia, cuyos resultados contribuyen significativamente a la generación de confianza en el mercado, de acuerdo con los principios del buen gobierno corporativo”.

La entidad también destacó que la revelación de los verdaderos controlantes tiene implicaciones relevantes para distintos grupos de interés, en especial cuando se trata de conglomerados que incluyen clubes deportivos con atletas profesionales, como es el caso de Independiente Santa Fe S.A.

Escobar explicó que esta identificación incide en aspectos como la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, la consolidación de estados financieros, las operaciones entre vinculados y la protección de los accionistas minoritarios, además del manejo de conflictos de interés y los procesos de reorganización empresarial.

De acuerdo con lo informado por Semana, la Superintendencia subrayó que la información sobre control y subordinación también es clave para la aplicación del régimen de precios de transferencia y la correcta contabilización de las relaciones económicas entre las sociedades vinculadas.

El proceso administrativo concluyó con la imposición de la multa, dejando constancia de que la omisión en la revelación de la situación de control vulnera las disposiciones legales que rigen la actividad societaria en Colombia, independientemente del sector económico al que pertenezcan las empresas involucradas.

La Superintendencia indicó que los sancionados cuentan con los mecanismos legales para controvertir la decisión, en los términos y plazos establecidos por la ley. En este caso, proceden los recursos de reposición y apelación ante las instancias correspondientes dentro de la entidad.

Finalmente, Supersociedades precisó que el recurso de reposición debe presentarse ante la directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, mientras que el de apelación será conocido por la superintendente delegada para la protección del consumidor, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

El 5 de febrero de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una condena contra el pastor evangélico Tomás G. M. por apropiarse de los fondos donados a la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, siendo la mayor parte de ese dinero aportado por el exfutbolista colombiano Jackson Martínez. Los hechos, según documentación judicial, tuvieron lugar entre 2016 y 2017 y dejaron como resultado directo una orden de indemnización a favor de la entidad religiosa y la obligación de pagar una multa.

El fallo considera demostrado que el condenado empleó los 516.271 euros transferidos por los fieles en beneficio propio, desviando los recursos hacia su cuenta personal a espaldas de la congregación. El juzgado, según lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señala que, además de perder la totalidad del dinero aportado, la entidad afectada sigue sin recuperar las donaciones desviadas, lo que motivó la imposición de la multa de 3.000 euros.

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“La sentencia impone además al condenado una multa de diez meses, con cuota diaria de diez euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y la obligación de indemnizar a la entidad religiosa por el total del dinero no recuperado, más los intereses legales”, explicó el órgano judicial.

En la resolución queda constancia de operaciones reiteradas hechas entre febrero de 2016 y noviembre de 2017. Los montos transferidos variaron desde cifras modestas hasta traspasos individuales que alcanzaron los 150.000 euros. Según el fallo, el condenado, en su calidad de pastor y presidente de la congregación, se valió del acceso que tenía a las cuentas bancarias y de la confianza depositada por los fieles para realizar estos movimientos sin el visto bueno ni conocimiento del resto de los miembros.

La mayor parte de las aportaciones económicas vinieron del exdelantero colombiano Jackson Martínez, que adquirió notoriedad deportiva al militar en el Atlético de Madrid por seis meses tras una exitosa trayectoria en el Oporto de Portugal.

En el juicio, Martínez relató cómo en 2020 descubrió la desviación del dinero, que originalmente había destinado a “la difusión del evangelio”, y declaró: “Cuando supe que no se habían destinado a la iglesia, exigí al pastor que los devolviera, pero este no lo hizo.” El eclesiástico, por su parte, rechazó las acusaciones y afirmó tener el consentimiento del exjugador para todos los movimientos realizados.

La sentencia detalla el destino de los fondos ilícitamente apropiados. El tribunal describe que el ahora condenado utilizó el dinero para fines privados como la compra de un vehículo de su propiedad, el pago parcial de la hipoteca de su vivienda y la transferencia de 260.000 euros a su hijo, destinados a la adquisición de un inmueble.

Los miembros de la congregación no tomaron conocimiento del destino real de las donaciones hasta el año 2020, fecha en la que, tras una serie de acontecimientos internos, se revisaron las cuentas bancarias y se detectaron las irregularidades. El tribunal resalta que este tipo de aportaciones a entidades religiosas son consideradas “donaciones modales”, siendo obligatoria su aplicación a los fines propios de la institución y no para el beneficio personal del gestor.

A pesar de la gravedad de los hechos, la Sala desestimó agravar la condena por abuso de relaciones personales. Considera que la confianza depositada en el pastor ya forma parte inherente del delito de apropiación indebida y que una agravante adicional no corresponde en este contexto. La resolución no adquiere aún carácter definitivo y puede ser apelada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, España.

Desde este martes 3 de febrero, miles de usuarios del transporte público en Puebla podrían enfrentar serios problemas de movilidad. Transportistas y taxistas anunciaron un megaparo de labores luego de que concluyera el plazo para cumplir con la revista vehicular, un proceso obligatorio que define qué unidades pueden seguir operando y cuáles serán retiradas de circulación.

De acuerdo con los organizadores, más de 20 mil unidades dejarán de prestar servicio, lo que impactará no solo a la capital poblana, sino también a su zona metropolitana. Pese a la magnitud de la protesta, hasta ahora no se han especificado las rutas que participarán, lo que ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que dependen diariamente del transporte público.

El origen del conflicto está en la postura de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, quien advirtió que a partir de febrero todas las unidades que no hayan aprobado la revista vehicular serán retiradas del servicio. Esta inspección, que busca verificar condiciones mecánicas, seguridad y documentación, concluyó oficialmente el 30 de enero.

Las consecuencias para quienes no cumplieron son severas: multas de hasta 25 mil pesos y envío de unidades al corralón, lo que, en los hechos, implica sacar de circulación a una parte significativa del parque vehicular.

La revista vehicular fue reactivada en 2025, luego de permanecer suspendida durante 12 años. Según el gobierno estatal, su objetivo es reducir riesgos para los usuarios y evitar que unidades en mal estado sigan prestando servicio. No obstante, para los transportistas la medida es vista como una estrategia recaudatoria que no toma en cuenta la realidad económica del sector.

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De un padrón de 35 mil unidades, solo 16 mil 548 lograron aprobar la revista, lo que deja a casi la mitad de los concesionarios en riesgo de ser sancionados o de perder su fuente de ingresos.

Ante este escenario, Samuel Méndez, representante de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), confirmó que el megaparo es una forma de rechazo directo a las inspecciones y a las nuevas exigencias de regularización. Según explicó, los concesionarios llevan al menos diez años sin aumentos en las tarifas, a pesar del encarecimiento de refacciones, combustible y mantenimiento.

Desde la perspectiva de los choferes, Puebla mantiene una de las tarifas más bajas del país, lo que limita seriamente la capacidad de invertir en mejoras mecánicas y cumplir con los nuevos estándares de seguridad impuestos por la autoridad.

El conflicto plantea un choque entre dos visiones: por un lado, el gobierno estatal que busca modernizar y ordenar el transporte público; por el otro, miles de familias que dependen de las unidades como su única fuente de ingreso y que aseguran no tener margen financiero para enfrentar multas, inspecciones y renovaciones forzadas.

Mientras tanto, la ciudadanía queda en medio del conflicto. Si el paro se concreta, Puebla podría enfrentar uno de los mayores colapsos de movilidad de los últimos años, con miles de personas sin opciones claras para trasladarse a escuelas, trabajos y centros de salud.

El juicio celebrado en la Audiencia de Valencia concluyó hoy con la confesión de un hombre que admitió haber atacado físicamente y con insultos a una joven por su procedencia hondureña. Según informó el medio, el acusado ha aceptado una condena de seis meses de prisión tras reconocer su responsabilidad tanto en un delito de odio como en uno de lesiones, en relación a los sucesos ocurridos en octubre de 2024 en la calle Sapadors de València.

De acuerdo con la información publicada, el incidente comenzó cuando la joven, de nacionalidad hondureña, intentó cruzar un paso estrecho. El hombre se dirigió a ella diciéndole: "Sudaca de mierda, ¿no ves que voy a pasar?", expresión en la que, según la sentencia, buscó menospreciar a la víctima por su origen. En ese momento, el acusado la empujó y continuó con los insultos: "Sudaca de mierda, regresa a tu país y cállate la puta boca". Ante la protesta de la joven, el hombre la agredió propinándole un golpe en el rostro.

Tal como detalló la sentencia consultada por el medio, la víctima experimentó un impacto emocional importante que la dejó paralizada tras la agresión, experimentando humillación y menosprecio, especialmente por haberse producido en un espacio público. El ataque físico provocó lesiones que requirieron atención médica más allá de una primera asistencia. Según lo consignado, las contusiones necesitaron tres días para sanar, incluyendo dos días de incapacidad para desempeñar sus tareas habituales.

La víctima formalizó la denuncia el 4 de octubre de 2024, poco después de los hechos. De acuerdo con la información de la Audiencia, las declaraciones y pruebas corroboraron el carácter discriminatorio de la conducta del acusado, razón por la cual se incluyó la condena por delito de odio, además del castigo por las lesiones físicas. El medioconsignó que, junto a la pena de prisión, el hombre deberá abonar sendas multas tanto por el delito motivado por prejuicios raciales como por el daño físico causado a la joven.

El proceso judicial, según lo reportado, se resolvió con el reconocimiento de culpa por parte del acusado ante el tribunal, lo cual facilitó la concreción del fallo condenatorio y la aceptación de las penas asociadas. Las autoridades señalaron que incidentes de este tipo se inscriben en el marco de la protección frente a conductas discriminatorias en espacios públicos, con el objetivo de salvaguardar la dignidad de las víctimas y sancionar acciones de menosprecio o violencia basada en el origen nacional.

En este caso, la resolución de la Audiencia de Valencia resalta la gravedad de los hechos y su carácter de delito de odio, contemplando tanto los comentarios vejatorios como la agresión física sufrida por la víctima. El caso reafirma el alcance de la legislación para sancionar comportamientos discriminatorios en el contexto social.

El anuncio se dio pocas horas después de que el presidente José Jerí confirmara que la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado, será publicada a más tardar este fin de semana. Esta norma, considerada clave por el Gobierno, busca frenar el avance de las mafias que operan en el transporte público y formal, un problema que afecta directamente a millones de ciudadanos en Lima y regiones.

Prohibición de motos con dos ocupantes: sanciones y pérdida definitiva del brevete

Uno de los puntos que más atención ha generado es el decreto supremo que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad que, según las autoridades, es utilizada con frecuencia para cometer robos, extorsiones y asesinatos por encargo. El ministro Aldo Prieto fue enfático al detallar que las sanciones no serán simbólicas y que apuntan a desincentivar de forma real esta práctica.

De acuerdo con lo explicado, la primera infracción será considerada una falta muy grave y significará la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor, además de una multa que podrá acceder al beneficio de pronto pago. Sin embargo, la segunda vez que un motociclista sea intervenido llevando a dos personas, la sanción se endurece de manera radical.

“O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete”, afirmó Prieto. En ese escenario, la multa se duplica, se eliminan los descuentos y se restan 60 puntos adicionales, lo que conlleva la cancelación definitiva de la licencia de conducir. La intención, según el MTC, es facilitar la identificación de posibles delincuentes y reducir el uso de motos en hechos violentos.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia vinculada a la Ley contra la extorsión y el sicariato, que entrará en vigencia en cuestión de horas. El propio presidente Jerí precisó que la norma será publicada como máximo el domingo para que rija desde el lunes 19 de enero, tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

Ley 32490 y nuevas acciones para proteger al sector transporte

La Ley 32490 considera al transporte como un servicio estratégico para la economía, por lo que incorpora mecanismos especiales para enfrentar el crimen organizado. Entre sus disposiciones centrales se encuentra la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), conformado por policías, fiscales y jueces que estarán sujetos a pruebas de polígrafo semestrales y contarán con un régimen especial de seguridad.

Además, la norma contempla la implementación de un Fondo estatal de riesgo, destinado a atender a empresas y unidades afectadas por atentados, así como el fortalecimiento de la inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados mediante billeteras digitales y cuentas bancarias. También se aplicará la figura de extinción de dominio exprés, que permitirá incautar bienes y dinero utilizados para el cobro de cupos.

Prieto explicó que, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en mesas técnicas sociales que abordan temas como orfandad, salud y programas sociales para las familias de transportistas víctimas de la violencia. Aunque algunas ayudas requieren leyes específicas, el ministro aseguró que ya se registran avances concretos en estos espacios de coordinación.

Metropolitano y Yape: recarga digital para casi un millón de usuarios

En ese mismo escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprovechó para felicitar un avance en la modernización del transporte urbano. Desde la Estación Central del Metropolitano, Aldo Prieto confirmó el lanzamiento de la recarga de tarjetas mediante la billetera digital Yape, una opción que permitirá retirar el efectivo del sistema de recaudo y hacerlo más seguro.

“Estamos modernizando el sistema de recaudo para hacerlo más fiable y accesible”, explicó el ministro. Esta modalidad beneficiará a cerca de un millón de usuarios diarios que utilizan el Metropolitano y los corredores complementarios, reduciendo colas y tiempos de espera en estaciones.

La iniciativa apunta a mejorar la experiencia del usuario y avanzar hacia un sistema más integrado para Lima Metropolitana, en un contexto donde la seguridad y la eficiencia se han vuelto prioridades para la población. El MTC adelantó que las mejoras en el sistema de recaudo continuarán, con el objetivo de ampliar la interoperabilidad y facilitar el uso del transporte público sin necesidad de efectivo ni trámites presenciales.

El acusado deberá pagar una multa de 1.080 euros en concepto de daños medioambientales y cumplirá una condena de un año de prisión con la condición de no reincidir durante un periodo de dos años, situación que evitó su ingreso efectivo en prisión. Esto se produce tras reconocer ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense haber provocado de manera intencionada cuatro focos de fuego en las inmediaciones de Serois, en el municipio ourensano de Calvos de Randín, en abril de 2024. Según consignó el medio, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y la defensa permitió rebajar la petición de condena inicial, que era de dos años y seis meses de cárcel, a un año sin necesidad de internamiento penitenciario, dado que la persona encausada no contaba con antecedentes penales.

Tal como desglosó la fuente, el encausado admitió su responsabilidad en los hechos, manifestando ante la autoridad judicial que “no estaba bien” al momento de los hechos. La fiscalía detalló que los actos ocurrieron sobre las 8:05 horas del 20 de abril de 2024, cuando el acusado utilizó un encendedor que portaba consigo para iniciar los focos de incendio en una finca ubicada en la localidad de Serois. Las condiciones ambientales registradas ese día, con una temperatura de 3,52 grados Celsius, una humedad cerca del 99% y una probabilidad de ignición del 60%, favorecieron la propagación de las llamas.

El ministerio público expuso que el incendio generado alcanzó una superficie total de 0,97 hectáreas, de las cuales 0,35 correspondían a terreno arbolado, según publicó la misma fuente. Como consecuencia, varias parcelas de propietarios privados se vieron afectadas, aunque sus titulares renunciaron posteriormente a emprender acciones civiles o penales contra el responsable.

La extinción de las llamas quedó a cargo de los Servicios de Extinción de Incendios de la Xunta de Galicia, quienes consiguieron frenar el avance del fuego tras desplegar los recursos necesarios. El coste de estas labores ascendió a un total de 4.447,09 euros, según detalló el medio consultado.

En cuanto a la sanción económica, el tribunal estableció que el acusado deberá abonar 1.080 euros, distribuidos en cuotas diarias de tres euros durante doce meses. La sentencia prevé además la posibilidad de que, en caso de impago de la suma establecida, el implicado podría enfrentar una pena de prisión de seis meses.

Según informó la misma fuente, la reducción de la condena y la suspensión del ingreso en prisión respondieron a la ausencia de antecedentes penales y al acuerdo alcanzado por las partes, bajo la condición imprescindible de no incurrir en nuevos delitos durante los próximos dos años.

El procedimiento judicial incluyó el reconocimiento de los hechos por parte del acusado y su aceptación de las consecuencias legales, lo que permitió agilizar el desenlace del caso mediante la fórmula de conformidad judicial. En virtud de este acuerdo, el cumplimiento de los requisitos impuestos por el tribunal permitirá evitar el internamiento efectivo, salvo que se produzca una recaída delictiva en el periodo pautado.

El expediente detalla además las condiciones meteorológicas presentes en el momento de la comisión del delito y cómo estas influyeron en la extensión alcanzada por el incendio, así como las consecuencias económicas y materiales del suceso.

A lo largo del procedimiento, tanto la fiscalía como el abogado defensor establecieron los términos del acuerdo, que incluyó la reparación de los daños mediante la sanción económica y la renuncia de los afectados a seguir acciones judiciales adicionales. El caso quedó cerrado por el momento tras la aceptación de la condena en los términos alcanzados en el juzgado de Ourense, según informó la fuente original.

El costo de las multas viales en el Estado de México (Edomex) sufrirá un cambio importante a partir de febrero de 2026, ya que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) subió a 117.31 pesos diarios.

Esta cifra, anunciada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incrementa el monto de todas las sanciones que dependen de la UMA de referencia.

Los automovilistas deberán poner especial atención a las nuevas tarifas, pues el sistema de penalizaciones en el Edomex adopta una lógica de rangos. El monto final depende tanto del tipo de infracción como del historial del conductor. Un conductor con reincidencia pagará más que quien comete una falta por primera vez, tal como estableció el Gobierno del estado.

¿Cuánto costará cada infracción en 2026?

El Reglamento de Tránsito del Edomex define tres niveles de multa: mínima, media y máxima. El rango se determina por la cantidad de sanciones pendientes.

• Multa mínima: Aplica para quienes no tienen infracciones sin pagar.
• Multa media: Corresponde a quienes acumulan dos o tres sanciones pendientes.
• Multa máxima: Se utiliza cuando el conductor tiene cuatro o más multas sin saldar.

El cálculo final se realiza multiplicando el número de UMAs asignado a cada falta por el valor actualizado. Así, el ajuste de la UMA repercute en los siguientes precios para las infracciones más comunes en 2026:

• Invadir carril confinado, ciclovía o realizar maniobras peligrosas:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

• Conducir sin licencia o por placas vencidas:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

• Estacionarse en zona prohibida:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

• No hacer alto ante paso peatonal:

- Mínima: 351.93 pesos (3 UMAs)

- Media: 469.24 pesos (4 UMAs)

- Máxima: 586.55 pesos (5 UMAs)

• Exceso de velocidad en zonas urbanas:

- Mínima: 1 mil 173.10 pesos (10 UMAs)

- Media: 1 mil 525.03 pesos (13 UMAs)

- Máxima: 1 mil 759.65 pesos (15 UMAs)

• Uso del teléfono móvil al manejar:

- Mínima: 1 mil 876.96 pesos (16 UMAs)

- Media: 2 mil 111.58 pesos (18 UMAs)

- Máxima: 2 mil 346.20 pesos (20 UMAs)

¿Qué es la UMA y por qué importa para tu bolsillo?

La UMA es una referencia económica expresada en pesos que sirve para calcular pagos, multas, cuotas, créditos y deducciones. Desde 2016, la UMA reemplazó al salario mínimo en este tipo de cálculos, para evitar que los incrementos al sueldo base se traduzcan en sanciones o cargas mayores para las personas.

Cada año, el INEGI establece el nuevo valor de la UMA con base en el comportamiento de la inflación. Para 2026, el ajuste fue del 3.69 %, lo que llevó la unidad a 117.31 pesos diarios.

Este mecanismo da certeza financiera, tanto a los contribuyentes como a las empresas. Además, permite que las sanciones se mantengan alineadas con el poder adquisitivo y las condiciones económicas del país.

La Ciudad de México inició en 2026 un nuevo esquema obligatorio para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, con el propósito de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje. El sistema distingue tres categorías principales para la basura doméstica: residuos orgánicos, reciclables inorgánicos y no reciclables. Cada tipo de desecho cuenta con días específicos para su recolección, lo que permite facilitar el procesamiento y aprovechar materiales reutilizables. Según el calendario oficial, los residuos reciclables y no reciclables deben entregarse únicamente los lunes, miércoles, viernes y domingo.

En caso de que los residuos no se encuentren separados de forma adecuada o se presenten en días distintos a los establecidos, el personal del servicio público de limpia no procede a su recolección, lo que obliga a la ciudadanía a cumplir con la normativa.

Multa por dejar basura en las calles

En la Ciudad de México, tirar basura en la vía pública puede derivar en multas según la Ley de Cultura Cívica vigente. Esta disposición busca frenar la acumulación de residuos en calles y esquinas, un fenómeno que se intensifica en varias alcaldías debido al número de habitantes y la dinámica urbana de la capital.

Debido a que realizar este tipo de acciones se considera una infracción de clase B conforme a la Ley de Cultura Cívica. Por ello, quienes incurran en estas faltas quedan sujetos a una de las siguientes sanciones:

• Pago de una multa que va de 11 a 40 Unidades de Medida, lo que representa entre mil 244.54 y 4 mil 525.60 pesos mexicanos.
• Arresto por un periodo de 13 a 24 horas.
• Realización de trabajo comunitario de 3 a 6 horas.

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México clasifica como infracción arrojar desechos, animales muertos, muebles u objetos en el espacio público. Las personas detenidas por esta falta pueden recibir una multa económica, arresto de 13 a 24 horas o labor comunitaria de 3 a 6 horas. El monto de la sanción se calcula conforme a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la cifra varía cada año.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la capital generó más de 12 mil toneladas de basura diarias durante 2023. Esta cifra, que incluye residuos de residentes y visitantes, equivale aproximadamente al peso de 69 ballenas azules. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) atribuye el incremento de desechos a factores como el crecimiento poblacional, hábitos de consumo y la proliferación de materiales difíciles de reciclar.

La mala disposición de residuos puede provocar problemas sanitarios, advierte la SEDEMA, que recomienda modificar los hábitos de manejo y consumo. La acumulación de basura en lugares prohibidos representa un desafío para la gestión urbana y la salud de la población. Las autoridades capitalinas insisten en la importancia de cumplir con las normas para evitar sanciones y contribuir a un entorno más limpio.

El inicio de cada año suele estar marcado por una serie de ajustes en la vida cotidiana de quienes residen en la Ciudad de México. Entre los temas que más interés generan durante enero destacan los cambios en tarifas, impuestos y sanciones.

En este escenario, uno de los conceptos fundamentales para comprender cómo se actualizan diversos pagos oficiales es la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este indicador, aunque poco visible en la conversación diaria, tiene un efecto directo sobre las obligaciones económicas de millones de personas en la capital y el resto del país.

¿Qué es la UMA y quién determina su valor?

La UMA surgió como una medida estándar para calcular montos en sanciones administrativas, impuestos y otros cobros oficiales. Su objetivo es funcionar como referencia, evitando que los incrementos del salario mínimo tengan un impacto directo sobre multas y derechos, lo que a su vez protege el poder adquisitivo de los trabajadores. Su aplicación permite que los ajustes sean previsibles y ligados a la inflación, no a decisiones políticas o a factores externos.

Calcular y actualizar la UMA le corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cada año, este organismo realiza una revisión del comportamiento inflacionario, tomando como base el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado en diciembre. El resultado se traduce en un nuevo valor de la UMA que entra en vigor a nivel nacional.

El proceso sigue una metodología clara. Durante los primeros 10 días de enero, el INEGI publica en el Diario Oficial de la Federación los valores diario, mensual y anual de la UMA. Estos valores se calculan multiplicando el monto vigente el año anterior por el porcentaje de variación del INPC. De esta forma, la actualización refleja la realidad económica del país.

Hasta el 6 de enero de 2025, la evolución de la UMA había seguido una tendencia creciente:

• En 2021, la UMA se fijó en 89.62 pesos diarios.
• Para 2022 subió a 96.22 pesos diarios.
• En 2023 alcanzó los 103.74 pesos diarios.
• Durante 2024, el valor se situó en 108.57 pesos diarios.
• En 2025, la UMA se estableció en 113.14 pesos diarios.

El impacto de la UMA en las leyes de tránsito de la CDMX

En la Ciudad de México, las multas de tránsito se establecen en múltiplos de UMA, lo que significa que cualquier ajuste anual repercute de inmediato en el monto a pagar por quienes infringen el reglamento. Por ejemplo, invadir un carril exclusivo de transporte público puede costar entre 40 y 60 UMAs, cifras que en pesos aumenta cada año.

Otras conductas sancionables, como circular sin seguro de responsabilidad civil o agredir a personal de tránsito, también se cuantifican bajo este esquema.

El próximo ajuste de la UMA: lo que viene en 2026

A medida que avanza enero, surge una pregunta entre quienes deben cumplir con pagos oficiales: ¿cuándo y cuánto cambiará la UMA este año? El procedimiento será el mismo que en ciclos anteriores. El INEGI divulgará el nuevo valor durante los primeros días del mes, una vez que haya concluido la revisión de la inflación correspondiente a diciembre de 2025.

El dato clave para la planeación financiera personal y empresarial es la fecha en que este ajuste comenzará a aplicarse. Como marca la ley, el valor actualizado de la UMA entrará en vigor el 1 de febrero de 2026. A partir de entonces, todas las multas, trámites y cuotas oficiales se calcularán con base en el nuevo monto.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el INEGI no ha publicado el valor definitivo que regirá durante 2026. Por ello, quienes deban hacer frente a alguna obligación económica ante autoridades de la Ciudad de México tendrán que estar atentos a los comunicados oficiales para conocer el nuevo monto y evitar sorpresas en sus finanzas.

La Dirección General de Tráfico ha empezado a introducir en España dispositivos automáticos de control que rompen con la idea tradicional de radar. No están pensados para medir la velocidad del vehículo ni registrar excesos sobre el límite permitido. Su función es distinta y muy específica: vigilar y sancionar conductas concretas que se repiten a diario y que forman parte del Reglamento General de Circulación, pero que en muchas ocasiones pasan desapercibidas para el conductor y, hasta ahora, resultaban difíciles de controlar de manera sistemática.

Estos sistemas ya están en funcionamiento en puntos determinados, con un despliegue inicial limitado pero significativo. Actualmente se habla de cuatro cámaras destinadas a controlar la invasión de líneas continuas y otras dos centradas en vigilar el cumplimiento real de las señales de stop. La implantación se concentra, de momento, sobre todo en la Comunidad de Madrid, con la idea de ampliar progresivamente la red si el resultado es el esperado.

Radares para vigilar la línea continua

Uno de los comportamientos sobre los que más se ha puesto el foco es la invasión de la línea continua, una infracción que, pese a estar claramente prohibida, continúa siendo habitual. Se produce especialmente en zonas de incorporación a autovías y carreteras principales, donde muchos conductores deciden adelantarse a la señalización horizontal e introducirse en el carril principal antes de que finalice el tramo marcado con línea continua.

Los nuevos sistemas automatizados están diseñados precisamente para detectar esa maniobra. El funcionamiento es sencillo desde el punto de vista del usuario: si el vehículo se incorpora antes de tiempo y entra en el carril principal sin respetar la línea continua, la cámara registra la infracción y activa el proceso sancionador. No se necesita que el conductor circule rápido ni que supere ningún límite de velocidad; basta con que cruce donde no debe.

La sanción económica en estos casos asciende a 200 euros. No se trata de una actuación puntual de un agente, sino de un mecanismo automatizado que capta la infracción mediante imagen y la tramita posteriormente, siguiendo los cauces habituales de la DGT. El objetivo declarado es reforzar el respeto a la señalización horizontal en puntos especialmente conflictivos, donde estas maniobras indebidas pueden derivar en colisiones laterales o situaciones de riesgo.

Cámaras para controlar el stop

El otro gran frente de estos nuevos dispositivos es el cumplimiento efectivo de la señal de stop. La normativa es clara: el vehículo debe detenerse por completo antes de continuar la marcha. Sin embargo, en la práctica, lo habitual en muchos cruces es reducir la velocidad, hacer una breve pausa “a medias” y seguir adelante sin llegar a una detención completa.

Las nuevas cámaras están precisamente orientadas a detectar esa conducta. Controlan los vehículos que se aproximan al cruce y verifican si realmente realizan la parada obligatoria o si solo aminoran para continuar. En caso de no realizar la detención total, la infracción queda registrada. Más allá de la multa económica, este tipo de incumplimiento puede conllevar también la pérdida de puntos del carné de conducir, dado que se considera especialmente relevante para la seguridad en intersecciones. En escenarios acumulados o reiterados, la sanción puede implicar pérdida de hasta cuatro puntos.

Por ahora, el despliegue de cámaras de stop es todavía reducido, pero su incorporación entra dentro de una estrategia más amplia de la DGT para reforzar el control automático de comportamientos que, aunque no están relacionados con la velocidad, sí tienen un impacto directo en la seguridad vial.

Una nueva forma de entender los radares

La introducción de estos dispositivos supone un cambio de enfoque en la vigilancia del tráfico. Hasta ahora, para muchos conductores, “radar” era sinónimo de control de velocidad. A partir de la introducción de estas nuevas cámaras, ese concepto se amplía para incluir sistemas que vigilan cómo se respetan las normas que ordenan la circulación: desde una línea continua hasta una señal de stop.

Aunque el número de dispositivos todavía es limitado, su mera existencia ya marca el camino hacia un modelo de control más amplio y más pegado al detalle del comportamiento cotidiano al volante. La tecnología permite registrar de forma automática maniobras que tradicionalmente dependían de la presencia de una patrulla o de controles puntuales y abre la puerta a que, en los próximos meses, la vigilancia de este tipo de infracciones gane terreno en más puntos de la red viaria española.

La intervención de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de San Martín concluyó con la imposición de una sanción económica y la aplicación de medidas correctivas al colegio particular Alfred Nobel de Amazonas, administrado por Traden Servicios S.R.L.

La investigación determinó que la institución educativa incurrió en infracciones al dirigir a los padres de familia hacia la compra de útiles escolares de una marca específica y al emplear un Libro de Registro de Incidencias que no cumplía con la normativa vigente.

Las multas impuestas alcanzan los S/ 20.383,5, equivalentes a 3,81 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y la entidad deberá adecuar sus procedimientos para garantizar la libre elección de los consumidores y fortalecer los mecanismos de control frente a casos de acoso escolar.

Medidas correctivas y obligaciones impuestas

Un aspecto central de la resolución establece que el colegio deberá abstenerse de orientar o condicionar las futuras listas de útiles escolares hacia marcas determinadas. Asimismo, la comisión ordenó acreditar, en un plazo próximo, la adecuación del Libro de Registro de Incidencias conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación.

Estas disposiciones buscan reforzar la transparencia institucional, promover el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor y asegurar la protección de los derechos de los estudiantes y sus familias.

Según el informe final de la Comisión del Indecopi San Martín, las sanciones serán inscritas en el Registro de Infracciones y Sanciones una vez que la resolución quede firme. También se estableció la posibilidad de acceder a una reducción del 25% del monto si el colegio realiza el pago dentro de los plazos reglamentarios y decide no apelar la decisión. En caso de incumplimiento, el Indecopi podrá aplicar medidas coercitivas adicionales.

El proceso sancionador evaluó inicialmente cuatro imputaciones; sin embargo, dos fueron archivadas al comprobarse que dejaron de constituir infracción. Dichos cargos estaban vinculados al deber de informar sobre la fecha de pago de la cuota de ingreso y sobre las consecuencias para la renovación de matrícula en casos de morosidad.

La documentación revisada por la Oficina Regional de Amazonas evidenció que Traden Servicios S.R.L. regularizó oportunamente la omisión informativa antes de la notificación de cargos y, en la actualidad, proporciona los datos correspondientes en sus comunicaciones oficiales. Respecto a la renovación de matrícula, el Indecopi confirmó que los padres reciben la información por escrito tanto en el reglamento interno como en la documentación institucional. Con ello, la comisión archivó ambos cargos al constatar el cumplimiento del deber informativo.

Sanciones por prácticas restrictivas al consumidor

Las dos infracciones que sí derivaron en sanción se relacionan con prácticas consideradas restrictivas para los consumidores. En primer lugar, la institución incluyó en su lista de útiles escolares 2024 la marca APU de témperas y colores, lo que constituye una vulneración al artículo 73° del Código del Consumidor al condicionar la compra a un proveedor específico. La empresa reconoció el hecho y señaló que “nos comprometemos a evitar esta práctica en adelante”. Pese a ello, la comisión impuso una multa de 1,8 UIT, con reducción aplicada por reconocimiento de responsabilidad.

El segundo hallazgo se refiere a irregularidades en el registro de incidentes escolares. El personal de la ORI Amazonas comprobó que varias hojas del Libro de Registro para casos de violencia o acoso escolar no cumplían con el formato oficial establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N.º 004-2018-MINEDU. Algunos folios carecían de la estructura y requisitos técnicos exigidos, situación que no fue corregida a pesar del tiempo transcurrido. Por esta falta, se impuso una sanción de 2,01 UIT y se ordenó la estandarización inmediata de la documentación interna.

La resolución dispone que, en un plazo de quince días hábiles, la empresa deberá presentar evidencias que acrediten que ninguna lista de útiles direcciona la compra hacia marcas específicas y que todas las hojas del Libro de Registro cumplen con la normativa del Ministerio de Educación.

La comisión recordó además que el incumplimiento de las medidas correctivas habilita al Indecopi a aplicar nuevas sanciones coercitivas, mientras que la institución conserva su derecho de apelación dentro de los plazos establecidos.

Lo que comenzó como una multa terminó convirtiéndose en una larga batalla judicial. Una mujer de Australia Meridional logró que los tribunales anularan una sanción de apenas 58 euros, pero el proceso le costó cerca de 30.000 euros en honorarios legales y gastos extra. El caso, ocurrido en la ciudad de Adelaida, ha llamado la atención por el contraste entre la cuantía inicial de la infracción y el coste que supuso su defensa.

Según informó el medio francés Ouest-France, la protagonista, identificada como Mathie, decidió no pagar la multa y llevar el asunto a los tribunales al considerar que había sido sancionada de forma injusta.

El origen del conflicto se remonta a 2021. La mujer recibió una multa por estacionar en doble fila en la avenida Boucaut, una vía situada al norte de Adelaida, cerca de un colegio privado. La sanción, equivalente a unos 104 dólares australianos.

Recurrir la multa hasta el final

Lejos de aceptar la penalización, Mathie optó por recurrirla. Su argumento principal era que no estaba estacionada de forma voluntaria. Según su versión de los hechos, su vehículo se encontraba detenido debido a un atasco y no podía avanzar ni maniobrar sin incumplir otras normas de circulación. Consideraba, por tanto, que la multa no estaba justificada.

El recurso inicial dio paso a un proceso que se fue complicando con el paso del tiempo. El caso avanzó por distintas instancias judiciales y se prolongó durante casi cuatro años. Cada nueva fase implicó un incremento de los costes legales.

Finalmente, el tribunal falló a favor de la demandante y anuló la multa. Desde el punto de vista jurídico, Mathie logró su objetivo. La sanción de 58 euros quedó anulada. Sin embargo, el dinero que tuvo que pagar por ello - en trámites legales - superó su cuantía considerablemente. Para sostener el litigio tuvo que afrontar gastos en asesoría legal, tasas judiciales y otros costes administrativos que, en conjunto, ascendieron a unos 28.000 euros.

Un debate sobre los procedimientos legales

El caso ha generado debate sobre el acceso a la justicia y el coste real de impugnar sanciones administrativas. Aunque la mujer ganó el juicio, el precio que pagó por hacerlo fue desproporcionado en relación con la infracción original. El resultado fue una victoria legal acompañada de una pérdida económica considerable.

Esto refleja como, en muchos sistemas jurídicos existe la posibilidad de recurrir multas, pero los procedimientos pueden resultar muy caros, especialmente cuando el caso se extiende en el tiempo.

En consecuencia, este contexto plantea un dilema habitual para muchos ciudadanos. Pagar una multa que se considera injusta puede resultar frustrante, pero recurrirla implica asumir un riesgo económico que no siempre se puede abordar.

El caso de Mathie ilustra con claridad esa tensión. Aunque los jueces le dieron la razón, el recorrido judicial tuvo consecuencias financieras muy superiores al importe que trataba de evitar.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó a Luis Carlos Manzano Elizalde, proveedor de dicha institución por proporcionar información falsa.

De acuerdo con la dependencia, Luis Carlos Manzano Elizalde dio información falsa durante la vigencia del contrato abierto número ABTN202004050034 de prestación de servicios de órtesis y prótesis.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción detalló que dicho contrato se le adjudicó con la Licitación Pública Nacional LA-050GYR035-E11-2020, contenida en una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

Por ello, la dependencia le impuso una multa por 134 mil 664 pesos y lo inhabilitó por un año para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En el mismo documento, precisó que la notificación de la sanción se realizó el 17 de diciembre de 2025, sin embargo, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además de que Luis Carlos Manzano Elizalde, ya fue inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La dependencia afirmó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, por lo que resaltó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución.

No obstante, advirtió que en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

La Secretaría Anticorrupción consideró la sanción una muestra del compromiso del gobierno con la legalidad y la integridad de las compras públicas, al asegurar que engañar en la ejecución de contratos públicos tiene consecuencias.

Asimismo, incluyó en el comunicado la página para consultar las actualizaciones del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/

La multinacional estadounidense Apple enfatizó que las herramientas de privacidad implementadas en su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT) han recibido elogios de diferentes autoridades de protección de datos, incluso de la plataforma Garante Privacy. Al mismo tiempo, la compañía reiteró que planea impugnar la reciente sanción impuesta por la Autoridad de Competencia de Italia, asegurando que las regulaciones se aplican indistintamente tanto a desarrolladores externos como a la propia compañía, además de contar con una valoración positiva entre sus usuarios.

Según informó el medio original, el regulador italiano determinó el pasado lunes una multa de 98,6 millones de euros contra Apple, tras realizar una investigación coordinada con la Comisión Europea, sobre la base de un supuesto abuso de posición dominante. La sanción se vincula a la política ATT establecida desde abril de 2021, normativa que regula cómo las aplicaciones ofrecidas en la App Store pueden rastrear datos de usuarios. El organismo antimonopolio italiano señaló el carácter restrictivo de las condiciones impuestas por Apple, subrayando que estas podrían afectar la competencia y limitar las opciones de empresas que desarrollan tecnologías publicitarias y servicios de seguimiento de datos.

Tal como consignó la fuente, Apple señaló su “total desacuerdo con la decisión”, afirmando que el regulador desestima los mecanismos de protección que generan las restricciones de la ATT en beneficio de compañías dedicadas a la tecnología publicitaria y al seguimiento de datos, las cuales buscan el acceso abierto y sin limitaciones a los datos personales de las personas usuarias. A través de un comunicado enviado por correo electrónico, el gigante tecnológico defendió la validez y el alcance internacional de sus medidas de privacidad, manifestando además: “Seguiremos defendiendo las sólidas medidas de protección de la privacidad para nuestros usuarios mientras recurrimos la decisión”.

La compañía añadió que, en su perspectiva, “la privacidad es un derecho humano fundamental”. En distintos apartados del comunicado, Apple insistió en que la función ATT ofrece un control sencillo para que las personas puedan elegir si permiten o no el rastreo de sus datos por parte de empresas en redes de aplicaciones o páginas web de terceros. Además, Apple remarcó que estas disposiciones no solo se aplican a empresas externas, sino que también su propia actividad como desarrollador queda sujeta a las mismas reglas.

El medio detalló que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia, tras una investigación catalogada como compleja, concluyó que las actuaciones de Apple representan un abuso de posición dominante, dado que su política podría suponer barreras para desarrolladores interesados en utilizar técnicas de seguimiento de información personal con fines comerciales o publicitarios en la App Store. El regulador sostuvo que este tipo de restricciones afectan a ciertos actores del mercado y priorizan, de manera indirecta, los intereses de Apple sobre los de proyectos independientes que compiten dentro del ecosistema de la compañía.

Apple, citada por la fuente, argumentó que las normas derivadas del ATT suman niveles adicionales de protección para la privacidad de quienes utilizan sus dispositivos, y que las medidas han recibido respaldo de múltiples autoridades europeas en materia de protección de datos. La empresa enfatizó su posición de desacuerdo frente a las conclusiones del regulador, a la vez que confirmó que está preparando su estrategia para apelar legalmente la resolución ante instancias competentes en Italia.

Un propietario australiano ha recibido una multa de 17.000 dólares (9.600 euros) y se le ha ordenado pagar los honorarios legales del ayuntamiento tras talar un árbol de su propiedad sin autorización. El veredicto se ha descrito como un “hito significativo” mientras los ayuntamientos de todo el país lidian con la tala no autorizada de árboles, ha informado Yahoo News.

Según la alcaldesa de Bassendean, Kath Hamilton, las autoridades fueron informadas de que el residente de Perth quitó el árbol sin aprobación, a pesar de saber que se necesitaba permiso.

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Por ello, el consejo presionó para procesar al residente bajo su política de retención y provisión de árboles recientemente adoptada, y ganó: “Esto envía un mensaje claro de que los árboles regulados no deben eliminarse sin aprobación”, dijo Hamilton.

Una política más amplia

La alcaldesa ha afirmado para el medio anteriormente mencionado que no solo es cuestión de plantar árboles nuevos, sino también de proteger los que ya están. Explica que los árboles nuevos tardan años en crecer lo suficiente como para ofrecer los mismos beneficios: “Cada árbol cuenta.”

La ciudad de Bassendean introdujo su nueva política de retención y provisión de árboles el año pasado en un intento de proteger cada etapa del desarrollo de los árboles, así como los “árboles regulados” en propiedades privadas.

Un “árbol regulado” tiene que medir más de ocho metros de altura, tener una copa más ancha que seis metros y una circunferencia del tronco de 1,5 m o más, y no estar catalogado como especie de maleza: “La ciudad está plantando árboles activamente en parques, calles y áreas naturales con el apoyo de grupos locales de cuidado de arbustos, pero para alcanzar su objetivo de una cobertura de dosel del 30% para 2040, la participación de la comunidad es esencial”.

Un problema en todo el país

La multa ha sido el último esfuerzo contra la tala no autorizada de árboles por parte de las autoridades, dado que el problema persiste en todo el país. Yahoo News ha informado sobre innumerables incidentes relacionados con envenenamiento de árboles y vandalismo, a menudo en un intento de mejorar las vistas al mar desde las propiedades.

La mayoría de los incidentes ocurren en terrenos municipales y los delitos continúan a pesar de que los ayuntamientos recuerdan a los infractores que pueden enfrentarse a fuertes multas si son atrapados.

Dañar o talar árboles sin autorización es un delito grave en todo el país. El Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur impone multas inmediatas de $3,000 (1.695,30 euros). Sin embargo, el estado puede imponer multas de hasta $220,000 (124.321,89 euros) para particulares y $1.1 millones (621.609,45 euros) para empresas. En Victoria, las multas son ligeramente superiores, a partir de $3,800 (2.147,38 euros).

Los ayuntamientos de todo el país han tomado medidas enérgicas contra esta conducta y muchos han optado por colocar grandes carteles donde antes había árboles y plantas para asegurarse de que los vándalos no consigan las vistas que deseaban matando los árboles.

El Consejo de Playas del Norte de Sídney informó a Yahoo News la semana pasada que estaba ofreciendo una recompensa de 10.000 dólares (5.651 euros) por cualquier información sobre un reciente acto vandálico contra un árbol que pudiera ayudar a conducir a un procesamiento exitoso.

El cantante de regional mexicano, Luis R. Conriquez, reveló que pagó una multa de 850 mil pesos tras interpretar un narcocorrido en un concierto realizado en Chihuahua.

En una conversación difundida el pasado 16 de diciembre por el empresario musical Melo Montoya en su podcast, Conriquez detalló el motivo de la sanción, las condiciones del show, las advertencias de las autoridades y la presión existente sobre los intérpretes ante la constante demanda del público por este tipo de canciones.

Estas sanciones habrían sido realizadas por el municipio de Chihuahua.

Advertencia previa y presión del público

Durante la entrevista realizada a Luis R. Conriquez, el artista confirmó que la sanción por cantar un solo narcocorrido resultó en el pago inmediato de 850 mil pesos, acción que realizó pese a que las autoridades le advirtieron sobre las consecuencias.

Antes de subirse al escenario, al cantante le habrían advertido que no cantara corridos porque lo iban a multar, por lo que decidió que intentaría solo tocar canciones románticas y otro repertorio durante esa presentación. Sin embargo, durante el show en Chihuahua, Conriquez habría sentido que el semblante de la gente le pedía que cantara un corrido de su repertorio.

Según el cantante, decidió que la última canción de su presentación sería un narcocorrido, para poder complacer a sus fans que iban a verlo principalmente por esos temas, sin embargo, durante la entrevista no especificó cuál de sus éxitos fue el sonado.

Tras la interpretación, Conriquez señaló que le tocó “marchar”, lo que haría referencia que tuvo que pagar la multa.

Luis R. es famoso por tener canciones que hacen referencia a cárteles y personas relacionadas con el mundo del narcotráfico mexicano, entre los que destacan canciones hacia el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y hasta al Cártel del Golfo.

Montos y sanción inmediata

La sanción por interpretar un solo narcocorrido fue de 850 mil pesos, cifra que sorprendió tanto al artista como al resto del equipo. “La multa es por cada corrido”, afirmó Luis R. Conriquez en la plática con Melo Montoya.

Sobre las acciones de las autoridades en contra de la apología del delito, el artista enfatizó que la gente no tiene la culpa de lo que pasa en México, ni Estados Unidos. Además, dijo que un corrido podría ser una historia basada en hechos reales o basada en hechos ficticios

En la conversación, Melo Montoya recordó otro ejemplo, el caso de Texcoco, en el Estado de México, donde el artista fue agredido por sus propios fans tras no cantar corridos en su presentación.

En el caso de Texcoco, Conriquez mencionó que a veces no solo se aplica sanción económica, sino que en ocasiones se firman acuerdos de que si llegan a cantar corridos, alguna persona de su equipo podría ser detenido, detallando que esa fue la condición por la que decidió no cantar corridos en Texcoco.

Críticas a la regulación y contexto nacional

Durante la charla, Luis R. Conriquez criticó que la regulación y censura se concentre en el narcocorrido, señalando que en el caso de las series de televisión no existe la misma censura.

“¿Qué pasa con las series?“, preguntó Luis, detallando que en ellas también se habla de narcotráfico a santo y seña. Asimismo, preguntó, por qué los callan, refiriéndose al movimiento de los corridos y narcocorridos.

La anécdota compartida por el cantante ilustra el entorno actual de la música regional mexicana en el norte del país, donde la demanda del público choca con regulaciones severas.

Pese a esa presión, la demanda y la popularidad del género mantienen su vigencia, aunque los intérpretes deben afrontar riesgos legales y financieros cada vez que incluyen estas canciones en sus presentaciones.

El número de personas que solicitaron excusarse de votar ya superó las 132.000, según detallaron las autoridades chilenas, mientras avanza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De acuerdo con los procedimientos descritos por los funcionarios, quienes justifican su ausencia deben hacerlo a través de la Comisaría Virtual y presentar motivos válidos previstos por la legislación, como encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación asignado. Este requerimiento refleja la obligatoriedad del voto, que rige para los más de 15 millones de ciudadanos chilenos llamados a sufragar en la jornada de hoy.

Según informó Radio Biobío, la segunda vuelta electoral en Chile se inició a las 08:00 horas (12:00 en la península ibérica de España), momento en que abrieron las urnas en todo el país. Lo hacen en un contexto de alta expectación, con dos candidatos enfrentados en extremos políticos opuestos: José Antonio Kast por la llamada extrema derecha y Jeannette Jara, representante de la coalición oficialista de izquierda. Las mesas de votación estarán disponibles hasta las 18:00 horas (22:00 en España), marcando una jornada clave para el futuro político del país.

El medio Radio Biobío consignó las primeras declaraciones públicas de Jeannette Jara al comenzar la jornada, quien aseguró que siente “tranquilidad y optimismo” ante el proceso electoral. Jara señaló: “He hecho toda la pega que había que hacer. Ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”, después de votar este domingo. Adelantó que en caso de obtener la victoria comenzará inmediatamente a trabajar en la formación de equipos y precisó que tiene listos tres discursos para la noche, cubriendo los posibles escenarios según el resultado.

Jara, quien tiene 51 años, obtuvo el primer lugar en la votación realizada el 16 de noviembre con un 26,9% de los sufragios. Esta cifra le permitió liderar la primera vuelta, sin alcanzar la mayoría necesaria para evitar el balotaje. Su contrincante, José Antonio Kast, consiguió un 23,93% y ha incrementado su base de apoyo gracias al respaldo explícito de los otros tres postulantes de derecha, quienes se han manifestado a su favor para esta segunda vuelta, detalló Radio Biobío.

El proceso está bajo la supervisión de las autoridades electorales y de seguridad, quienes han reforzado los controles para garantizar la transparencia y la participación. El requisito de voto obligatorio fue implementado por la legislación chilena para todos los electores inscritos y se aplican sanciones económicas a quienes no cumplen con este deber cívico, a menos que tengan una justificación legalmente válida y la tramiten de manera adecuada antes del plazo establecido.

En cuanto a la participación, el medio Radio Biobío reportó que la cifra de más de 15 millones de personas habilitadas para votar representa una porción mayoritaria de la población adulta, lo que incrementa la relevancia del resultado y la proyección de asistencia en comparación con otras contiendas recientes de la región. Las justificaciones para ausentarse contemplan, además de la distancia geográfica, otros motivos definidos por ley; todas ellas deben presentarse a través de la plataforma digital designada por las autoridades, con el fin de evitar la multa correspondiente.

La jornada electoral transcurre mientras ambos candidatos se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos. Jara, además de preparar discursos para diferentes escenarios, recalcó la importancia de la voluntad popular, manifestando confianza respecto al anuncio de los resultados nocturnos. Kast, por su parte, busca capitalizar los apoyos sumados tras la primera vuelta y sostiene la expectativa de una posible remontada, respaldado por el bloque conservador.

Según publicó Radio Biobío, la segunda vuelta presidencial en Chile no solo enfrenta dos modelos políticos diferentes, sino que se desarrolla bajo normas estrictas de control, participación obligatoria y mecanismos electrónicos para reclamos y excusas, lo que da forma a una de las citas electorales consideradas decisivas en la historia reciente del país. La alta cifra de solicitudes de excusa también incide en el monitoreo de la participación, elemento que será observado por analistas locales e internacionales una vez que se cierren las urnas y comiencen los cómputos oficiales.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), puso en marcha la implementación del pico y placa 24 horas para vehículos particulares y motocicletas durante la temporada turística y de fin de año.

Esta medida, formalizada mediante el Decreto 2206 del 7 de noviembre de 2025, busca ordenar la circulación y mejorar el flujo vehicular en la ciudad, ante el crecimiento sostenido del turismo nacional e internacional y el consecuente aumento del parque automotor.

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La estrategia fue difundida en una serie de acciones pedagógicas, lideradas por el equipo de Educación Vial y agentes de tránsito, quienes recorrieron los sectores de mayor afluencia vehicular y turística, como las vías de acceso a la ciudad, Bocagrande, Castillogrande, Manga, el Centro Histórico y la Terminal de Transporte.

También realizaron jornadas informativas cerca de centros comerciales y puntos neurálgicos del tráfico urbano, favoreciendo que residentes y visitantes recibieran de manera anticipada detalles sobre el alcance y beneficios del decreto.

Uno de los enfoques principales de la socialización incluyó a los vehículos de servicio especial —buses, busetas y vans— que en esta época ingresan en mayor número a la ciudad. Desde el Datt se reiteró que estos automotores solo pueden efectuar el embarque y desembarque de pasajeros, pero tienen absolutamente prohibido estacionar en vía pública, ya que el parqueo irregular es una de las causas principales de desorden y congestión, afectando la experiencia de tránsito tanto de ciudadanos como de turistas.

Los sitios donde el parqueo de buses está vetado son Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, Centro Histórico, La Boquilla, Crespo, Getsemaní, Marbella y El Cabrero. El cumplimiento estricto de esta indicación será verificado por los agentes de tránsito, quienes desplegarán operativos constantes en estos sectores.

La Administración distrital hizo un llamado al respeto del decreto 2206 y a la corresponsabilidad de todos los actores viales, resaltando que el orden y seguridad en la circulación resultan fundamentales en la temporada que representa uno de los mayores retos anuales para el tráfico de la llamada Heroica.

Con el cierre de la fase pedagógica del pico y placa 24 horas, el Datt anunció que desde el lunes 15 de diciembre de 2025 iniciarán los controles formales para hacer cumplir la regulación diaria de circulación, tanto para vehículos particulares como motocicletas. El horario de restricción se establece desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, de lunes a viernes, siguiendo la rotación según el último dígito de la placa. La lista de días y dígitos es la siguiente:

Pico y placa 24 horas en Cartagena

Del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

• Lunes: 3 y 4
• Martes: 5 y 6
• Miércoles: 7 y 8
• Jueves: 9 y 0
• Viernes: 1 y 2

Del 5 de enero de 2026 al 15 de enero de 2026

• Lunes: 5 y 6
• Martes: 7 y 8
• Miércoles: 9 y 0
• Jueves: 1 y 2
• Viernes: 3 y 4

Para conductores que ingresen a Cartagena en jornada de Pico y placa, la norma permite un plazo de tres horas para estacionar el vehículo en un lugar seguro tras su ingreso por las diferentes vías de acceso.

Una disposición especial aplica a los motociclistas que trabajan en la zona turística y hotelera. El Datt reiteró que quienes laboren en este sector pueden circular entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. únicamente si presentan el permiso especial gestionado por el empleador.

La solicitud debe tramitarse oficialmente y validarse ante la entidad, que hará llegar el documento vía correo electrónico. El permiso debe ser portado en formato digital y podrá ser requerido por las autoridades de tránsito.

A lo largo de los días de vigencia de la medida, agentes de tránsito estarán apostados en las principales avenidas y puntos estratégicos de Cartagena, verificando el cumplimiento del pico y placa e imponiendo las sanciones previstas ante cualquier incumplimiento. Las faltas pueden acarrear comparendos e inmovilización del vehículo, conforme a lo dispuesto por la ley vigente.

Según lo establecido para 2025, quienes vulneren la normativa de Pico y placa en la ciudad capital notarial enfrentarán una multa de $604.100, correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de asumir los costos adicionales por inmovilización y servicio de grúa y patios, en consonancia con la Ley 769 de 2002.

Con la llegada de diciembre y la proximidad del pago del aguinaldo 2025, muchas personas en la Ciudad de México comienzan a planear posadas, cenas navideñas, compras de fin de año y celebraciones familiares. Sin embargo, las autoridades capitalinas hacen un llamado a evitar que este ingreso adicional se vaya en multas de tránsito o sanciones administrativas, particularmente por reprobar el alcoholímetro.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria, establecida en la Ley Federal del Trabajo, y debe ser pagado a más tardar el 20 de diciembre de cada año. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México recordó que ya se encuentra en marcha el programa ‘Conduce sin Alcohol’, mejor conocido como el alcoholímetro, como parte del operativo decembrino Guadalupe-Reyes.

Alcoholímetro activo durante el Guadalupe-Reyes

El operativo de alcoholímetro estará vigente del viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026, periodo en el que se incrementan las reuniones sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será la encargada de implementar módulos de inspección en distintos puntos de la capital.

Estos puntos de revisión estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y proteger tanto a conductores como a peatones.

Las autoridades han reiterado que el alcoholímetro no tiene fines recaudatorios, sino que busca salvar vidas y reducir los siniestros viales durante una de las temporadas con mayor movilidad en la ciudad.

¿De cuánto es la multa por reprobar el alcoholímetro?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 50, las personas conductoras tienen prohibido manejar cuando el nivel de alcohol en la sangre es superior a 0.8 gramos por litro, o cuando el alcohol en aire aspirado supera los 0.4 miligramos por litro.

Asimismo, está prohibido conducir vehículos motorizados bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. En caso de incumplir con estas disposiciones, la persona conductora será sancionada.

La multa económica por reprobar el alcoholímetro es de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 6 mil 788 pesos. Este monto puede representar una parte significativa del aguinaldo, especialmente para quienes planean destinarlo a gastos familiares o de fin de año.

Arresto administrativo y traslado a ‘El Torito’

Además de la sanción económica, la persona que falle el alcoholímetro puede recibir un arresto administrativo de hasta 36 horas y será trasladada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como ‘El Torito’, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante las noches festivas, este centro suele ofrecer un menú especial navideño y de fin de año, con platillos como romeritos con papas, pozole de cerdo y cochinita pibil. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el menú correspondiente a las celebraciones decembrinas de 2025.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas reiteran la recomendación: si vas a tomar, no manejes, utiliza transporte público, taxi o aplicaciones de movilidad, y evita que la celebración termine en una multa o arresto.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a 2.013 millones de pesos colombianos a Comcel S.A. (Claro) al determinar que la empresa vulneró el derecho a la portabilidad numérica de usuarios beneficiarios del programa Última Milla Móvil MINTIC – NavegaTIC, una iniciativa liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La sanción se notificó el 28 de noviembre mediante la Resolución 95096 de 2025, expedida por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC.

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De acuerdo con la autoridad, Claro bloqueó procesos de portabilidad a usuarios del programa estatal, al asociarles una supuesta deuda pendiente con la compañía. Sin embargo, la SIC concluyó que la empresa no demostró la existencia real de tal obligación financiera.

La postura de Claro

A través de un comunicado oficial, Claro Colombia confirmó la notificación de la resolución y subrayó que la decisión no es definitiva, enfatizando que interpondrá los recursos de reposición y apelación que establece la legislación. “Durante la investigación administrativa presentamos argumentos y pruebas que desvirtúan los cargos imputados”, afirmó la compañía.

La empresa destacó que los recursos serán presentados ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios y, en el caso de la apelación, ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor. Esto mantiene abierta la posibilidad de que la sanción sea modificada o revocada.

Claro insistió en que “no vulneró el derecho de los usuarios ni incurrió en prácticas que afectaran la libre elección del operador”. La compañía sostuvo que, hasta que no se agoten los recursos definidos en la normatividad, el proceso no habrá concluido completamente.

La investigación de la SIC y las prácticas cuestionadas

Las indagaciones de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones se centraron en denuncias de beneficiarios del programa NavegaTIC.

Este programa público, impulsado por el MinTIC, busca promover la inclusión digital a través de la entrega de planes móviles gratuitos para estudiantes de colegios oficiales y población de estratos 1 y 2 en varias ciudades y municipios del país.

La SIC identificó que Claro rechazó múltiples solicitudes de portación argumentando una supuesta mora asociada a las líneas de dichos beneficiarios. Sin embargo, la autoridad determinó que la empresa no aportó evidencia que acreditara la existencia real de esa deuda.

“La consecuencia prevista era la pérdida del beneficio, no una obligación de pago que pudiera bloquear la portabilidad”, especificó la SIC.

La entidad concluyó que esa interpretación representó una barrera injustificada para que los usuarios ejercieran su derecho a cambiar de operador, pilar fundamental del régimen de portabilidad numérica en Colombia.

Compromiso declarado y derecho a la libre elección

En su pronunciamiento, Claro Colombia recalcó su compromiso con el cumplimiento del régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones. Apuntó que garantiza a sus clientes la posibilidad de ejercer el derecho a la portabilidad sin restricciones indebidas.

“Esperamos que, con el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas por Claro, se obtenga una nueva decisión por parte de la SIC”, expresó la compañía en su comunicado.

Tanto la SIC como Claro insistieron, con enfoques distintos, en la importancia de la portabilidad numérica como mecanismo que fortalece la competencia y la libre elección de los consumidores.

La autoridad regulatoria indicó que el caso evidencia la necesidad de supervisión permanente en el mercado de las telecomunicaciones para evitar prácticas que limiten los derechos de los usuarios.

Recursos legales pendientes

Contra la sanción impuesta proceden el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor. Mientras estas instancias se resuelven, la multa permanece en firme en primera instancia.

Una funeraria ha sido condenada por asesorar mal a una familia portuguesa durante la organización de un funeral. La decisión la ha tomado el Tribunal de Casación, que ha establecido que las empresas funerarias, como cualquier vendedor profesional, tienen un deber claro de asesoramiento hacia sus clientes, incluso en contextos especialmente delicados como un fallecimiento.

La información, publicada por Le Figaro Emploi, detalla un caso en el que una familia de origen portugués contrató a una funeraria para organizar el sepelio de un familiar y trasladar el cuerpo a Portugal. El coste total del servicio ascendió a casi 8.000 euros, incluyendo la elección del ataúd.

Según los hechos recogidos por el tribunal, el cuerpo fue colocado en una capilla abovedada al aire libre, una práctica habitual dentro de la tradición funeraria portuguesa. Sin embargo, tres años después, la familia descubrió que el ataúd se había deteriorado gravemente debido a su exposición al exterior y tuvo que ser reemplazado, asumiendo un nuevo gasto.

Un supuesto malentendido

La funeraria se defendió alegando que no había sido informada de que el féretro no sería enterrado, sino expuesto al aire. Según la empresa, de haber conocido ese detalle, habría recomendado un ataúd diferente, más resistente a las condiciones ambientales.

Este argumento no convenció a los magistrados. El Tribunal de Casación rechazó el recurso presentado por la funeraria y confirmó su condena. En su resolución, los jueces subrayan que el deber de asesorar no depende únicamente de la información que facilite el cliente, sino que exige una actitud activa por parte del profesional.

En palabras del propio tribunal, la empresa debía “indagar en las necesidades del comprador para poder informarle sobre la idoneidad del bien ofrecido para el uso previsto”. Es decir, no basta con ejecutar lo solicitado, sino que el profesional debe hacer las preguntas necesarias para entender el contexto y evitar decisiones inadecuadas.

La sentencia, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal de Casación el 3 de diciembre de 2025, marca un precedente relevante para el sector funerario. Hasta ahora, este tipo de conflictos solían resolverse en favor de las empresas, al considerarse que las familias tomaban las decisiones bajo su propia responsabilidad.

Este fallo introduce un cambio de paradigma. Incluso en situaciones emocionalmente complejas, las funerarias no quedan exentas de sus obligaciones como profesionales. Al contrario, se espera de ellas un nivel de profesionalidad mayor, precisamente por la vulnerabilidad de los clientes en esos momentos. Más allá del caso concreto, la resolución abre la puerta a una mayor protección del consumidor en un ámbito tradicionalmente poco cuestionado. También lanza un mensaje claro al sector: el asesoramiento no es opcional ni formal, sino una parte esencial del servicio.

La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, advirtió que conductas como el uso engañoso de marcas de verificación, la falta de transparencia en los anuncios y la restricción del acceso a datos para investigadores no se toleran dentro de la Unión Europea. Esta afirmación coincide con la imposición de una multa de 120 millones de euros a la red social X por parte del Ejecutivo comunitario, sanción motivada por prácticas que, según las autoridades, vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) y afectan la capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas sobre la plataforma, según consignó el medio.

De acuerdo con la Comisión Europea, la penalización comunicada este viernes responde principalmente al diseño considerado engañoso de la marca azul de verificación. Muchos usuarios interpretan esa insignia como una garantía de autenticidad de la cuenta, cuando en realidad su asignación queda supeditada a criterios discrecionales establecidos por la propia empresa, una acción clasificada como una vulneración de las normas de transparencia y equidad exigidas por la DSA. La investigación formal sobre estas prácticas comenzó en julio de 2024 y tenía como finalidad esclarecer si el funcionamiento actual de este distintivo podía inducir a error, afectando negativamente la libertad e información que poseen los internautas de la Unión Europea, detalló la Comisión Europea.

Según publicó la Comisión, la investigación también identificó otras irregularidades dentro de la operativa de X. Destaca la falta de transparencia en el repositorio de anuncios, mecanismo previsto para ofrecer a los usuarios y autoridades la información necesaria sobre los contenidos publicitarios difundidos en la plataforma. El órgano europeo observó que el acceso a los datos publicitarios y la claridad sobre los procedimientos seguidos para su publicación no cumplen los estándares de divulgación que fija la reciente legislación comunitaria. A esto se suma el incumplimiento de la obligación de facilitar a los investigadores el acceso adecuado a determinados datos necesarios para la evaluación independiente de riesgos y el análisis crítico sobre el impacto de la plataforma en la sociedad europea, reportó la Comisión Europea en su comunicación oficial.

El medio informó que la DSA se aplica a los servicios digitales que operan dentro de la Unión Europea, estableciendo exigencias para combatir la desinformación y proteger los derechos de los usuarios. El caso de X se enmarca en la intensificación de la supervisión de grandes tecnológicas desde la entrada en vigor de esta ley. El Ejecutivo comunitario subrayó el carácter ejemplarizante de la sanción y reiteró que busca garantizar una experiencia digital segura y transparente para todos los usuarios. Según informó Europa Press, la intención de la Comisión es asegurar que las empresas tecnológicas respeten tanto el derecho de los usuarios a una elección informada como las condiciones de acceso equitativo a información relevante sobre la autenticidad de cuentas, publicidad y datos disponibles para el análisis investigador.

La respuesta oficial de la red social X no se ha incluido en el comunicado de la Comisión Europea ni en las informaciones iniciales difundidas tras anunciarse la multa. Mientras, la vicepresidenta Henna Virkkunen enfatizó, según reproducen diversos medios, que la promoción de prácticas engañosas o el bloqueo al acceso de investigadores atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad que la Unión Europea busca consolidar en el espacio digital comunitario.

Un automovilista desató una fuerte polémica en redes sociales luego de publicar un video en el que presume conducir a 240 kilómetros por hora sobre el Segundo Piso del Periférico, ubicado en la Ciudad de México. La grabación, compartida principalmente en la red social X, generó indignación, críticas y llamados a que sea sancionado, debido al grave riesgo que implicó para él y para otros usuarios de la vía.

En el clip se observa al conductor sosteniendo el volante con una sola mano, mientras que con la otra se graba a sí mismo evidenciando la velocidad alcanzada. La grabación fue acompañada por el mensaje: “Manejen con cuidado porque me vengo cagando”, lo que aumentó aún más la molestia de internautas, quienes calificaron la conducta como irresponsable, peligrosa y temeraria.

Una usuaria de X resumió el sentir de cientos de personas al escribir: “Manejar a 240 km/hr en el segundo piso del periférico con una mano, y usar la otra para grabarte, debe merecer un premio”, en tono irónico. Otros usuarios exigieron que las autoridades identifiquen al conductor para que se le apliquen las sanciones correspondientes conforme al reglamento de tránsito vigente.

Límites de velocidad en CDMX: lo que marca la ley

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el automovilista superó por más del triple el límite permitido para ese tipo de vialidades. La normatividad establece que:

• En carriles centrales de vías de acceso controlado, la velocidad máxima es de 80 km/h.
• En vías primarias, el límite es de 50 km/h.
• En vías secundarias y laterales, la velocidad máxima es de 40 km/h.
• En zonas escolares, hospitales, asilos y albergues, el máximo permitido es de 20 km/h.
• En estacionamientos y vías peatonales, el límite es de solo 10 km/h.

Conducir a 240 km/h no solo representa una violación grave al reglamento, sino también un riesgo extremo que puede derivar en accidentes fatales, tanto para el conductor como para otros automovilistas.

Asimismo, la multa por conducir a exceso de velocidad puede alcanzar hasta las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 3 mil 394 pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón y puntos negativos en la licencia.

Otras multas de tránsito poco conocidas en la CDMX

Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones poco conocidas por las que los automovilistas pueden ser sancionados en la capital del país.

Una de ellas es arreglar el auto en la vía pública. Esta acción puede ser sancionada con 1 a 10 UMA, es decir, de 108.50 a 1,085.70 pesos, salvo que se trate de una emergencia que impida avanzar.

Otra infracción común es “apartar lugares” con cubetas, botes u otros objetos. El reglamento prohíbe expresamente colocar cualquier tipo de señalización para reservar espacios de estacionamiento. La sanción va de 11 a 20 UMA, lo que puede traducirse en multas de hasta 2,160 pesos, además de arresto administrativo de 13 a 24 horas y la obligación de retirar los objetos.

También es sancionable usar el claxon modificado o con sonidos distintos al de fábrica, ya que se considera ruido excesivo. La multa por esta falta va de 20 a 30 UMA, es decir, entre 2,160 y 3,255 pesos, según el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito.

El caso del automovilista que se grabó a 240 km/h en el Segundo Piso del Periférico vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la cultura vial en la Ciudad de México, así como la aplicación estricta del reglamento, para evitar tragedias provocadas por conductas imprudentes al volante.

Un hombre acaba de hacerse viral en las redes sociales tras contar que tuvo que pagar 20 euros (18 francos suizos) por no declarar dos cruasanes cuando pasaba la aduana suiza en el paso fronterizo de la autopista de Rheinfelden, en la vuelta a su país. En agosto, después de realizar compras por un valor superior a 300 euros en Alemania, este padre de Friburgo les dio a sus hijos dos cruasanes para comer. Pero al llegar a la frontera para sellar el certificado de exportación, como estaba acostumbrado hacer, se encontró con un laberinto burocrático.

El “certificado de exportación” es un documento emitido por la tienda en Alemania cuando un cliente no residente en la Unión Europea compra productos y desea recuperar el IVA alemán. Sin embargo, durante la inspección de la mercancía de este hombre, un funcionario notó que faltaban dos cruasanes en la lista de productos declarados. Como resultado, recibió una advertencia, acompañada de una multa de 20 euros (22 dólares estadounidenses). Los dos cruasanes habían sido un desayuno para sus hijos, y no les dio importancia como para ponerlos en ese documento.

Indignado, el hombre trató de apelar. En declaraciones al medio alemán Sudkurier, el hombre señala que se sintió perjudicado y presentó una queja ante la aduana principal. Pero la respuesta que recibió ante la queja formal ha sido la desestimación de la reclamación de la oficina principal de aduanas de Lörrach. En relación con el tema, el medio local Sudkurier informó que una solicitud de devolución del IVA siempre exige la obligación de presentar en la aduana todas las mercancías declaradas para la exportación. Es decir, los bienes cuyo IVA se puede devolver no pueden consumirse ni utilizarse en Alemania. El error de esta familia, por tanto, fue comerse los cruasanes.

El asunto sigue abierto para el hombre

El hombre, cuya identidad ha sido mantenida por los medios suizos en el anonimato, ha negado sistemáticamente haber consumido o dejado alguna mercancía en Alemania a pesar de las varias solicitudes de aclaración. Sin embargo, además de los dos cruasanes, la oficina de aduanas informa de la falta de otras mercancías que figuraban en el documento de exportación.

Según el medio alemán Sudkuriek, ya se le impuso una multa en otras ocasiones por reiteradas declaraciones falsas. Para el padre, el asunto no está cerrado, ya que él considera que se trata de una versión tendenciosa y exige que también se revisen las grabaciones del incidente.

Así es como no conocer las leyes de aduanas te puede generar un problema y una sanción económica. Los 300 francos suizos en mercancías de uso personal es el máximo que una persona, independientemente de la edad, tiene derecho a ingresar en la frontera de Suiza por día. Si esos productos superan el permitido, los impuestos van sobre el valor total de la importancia y no solo sobre el excedente.

No todos los objetos se pueden pasar. El tabaco, bebidas alcohólicas, los cárnicos y los lácteos están permitidos con restricciones de cantidad, y no tanto del valor.

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente sancionador a Kabuki Music SL, la empresa organizadora de los conciertos de Manuel Carrasco celebrados en 2023 en el Estadio de La Cartuja, a raíz de una denuncia presentada por Facua. La entidad de defensa de los consumidores alertó de que la promotora cobró a los asistentes 1,5 euros por un vaso reutilizable sin ofrecer la posibilidad de recuperar ese importe al finalizar el evento, una práctica que, según el Consistorio, incumple la normativa autonómica y estatal en materia de protección al consumidor. La propuesta de sanción asciende a 20.000 euros y, por el momento, queda pendiente de posibles alegaciones por parte de la empresa.

Fuentes municipales citadas por Europa Press explican que tanto la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía como el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establecen con claridad que no se puede obligar al consumidor a pagar por un producto accesorio que no ha solicitado, salvo en dos supuestos: que exista la opción de devolución del depósito o que se ofrezca una alternativa gratuita.

En el caso de los conciertos de Manuel Carrasco, el Ayuntamiento subraya que “no había ni devolución ni alternativa”, lo que convierte el cobro del vaso en una práctica considerada abusiva por la legislación vigente. Este tipo de cláusulas son especialmente vigiladas en eventos multitudinarios, donde la posición de vulnerabilidad del consumidor aumenta por la falta de alternativas inmediatas.

Apertura del expediente

Desde Facua se ha valorado la apertura del expediente como una victoria parcial, aunque la asociación considera que la multa propuesta es “extraordinariamente inferior” al beneficio que la empresa habría obtenido con la venta de estos vasos reutilizables. Según sostiene, la ley andaluza permite que el importe de la sanción alcance hasta diez veces el beneficio económico ilícito derivado de la infracción, por lo que, a su juicio, la sanción de 20.000 euros no sería proporcional al volumen potencial de ingresos generados en un evento con un aforo tan amplio.

Facua lleva años reclamando un mayor rigor en las sanciones para que sirvan como medida disuasoria frente a prácticas que vulneran los derechos de los consumidores, especialmente en festivales y grandes conciertos donde este tipo de cobros son frecuentes.

El Ayuntamiento, por su parte, justifica la cuantía propuesta en función del aforo de los conciertos, que pudo llegar a los 50.000 espectadores. No obstante, señala que se trata únicamente de una propuesta inicial y que la resolución no será firme hasta que la promotora presente, o no, las alegaciones pertinentes dentro del plazo legal. De este modo, el procedimiento administrativo continúa su curso, pudiendo derivar en una sanción definitiva o en una modificación del importe.

Este caso vuelve a poner de relieve el debate sobre la gestión de los vasos reutilizables en grandes eventos. Aunque su uso se impulsa por razones medioambientales y de reducción de residuos, su implementación debe respetar los derechos de los usuarios. La falta de transparencia o la ausencia de alternativas puede convertir una medida sostenible en una práctica sancionable. El expediente de Sevilla abre de nuevo la reflexión sobre cómo regular correctamente estos sistemas y garantizar que las iniciativas ecológicas no se transformen en un coste injustificado para el público.

A partir de noviembre, infringir las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires es más costoso para los conductores. Se trata de la nueva actualización del valor de las multas, que regirá durante dos meses.

El aumento —que representa un 6,5% respecto de los valores anteriores— está vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). Ese valor se utiliza para determinar los montos de las infracciones a través de una Unidad Fija (UF).

Con la nueva actualización, el valor de una UF se mantiene en $1.711 para el bimestre de noviembre y diciembre. La medida fue oficializada el pasado 31 de octubre mediante una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial provincial.

De este modo, infracciones como el exceso de velocidad, la falta de patente o de seguro, y la conducción con alcoholemia positiva pasan a tener un costo aún mayor en la provincia.

En el caso de quienes manejen con alcohol en sangre, las multas van de $855.500 a $2.053.200, dado que la sanción prevista es de 500 a 1200 UF. El mismo monto se aplica a los conductores que se niegan a realizar el test.

Otras faltas de alto impacto económico son circular en contramano o girar en lugares no habilitados, cuyas multas se ubican entre $513.300 y $1.711.000. A su vez, manejar sin seguro, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o sin licencia también implica sanciones dentro de ese mismo rango.

Entre las infracciones más comunes figura el exceso de velocidad, cuyas multas van de $205.320 a $1.711.000 (150 a 1.000 UF). También se sanciona la falta de casco en motos o el no uso del cinturón de seguridad, con valores que oscilan entre $85.500 y $171.100 (50 a 100 UF).

Asimismo, pasar un semáforo en rojo se penaliza con multas de entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF). En tanto, las infracciones por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, sin seguro o con exceso de ocupantes también se ubican entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

Cuáles son los aumentos que llegan en noviembre

El arranque de noviembre llega acompañado de una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales como las tarifas de luz y gas, los alquileres, las prepagas, el transporte público y los combustibles. Los diferentes ajustes aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras afectarán el costo de vida de usuarios en todo el país.

Alquileres

Quienes alquilan bajo contratos firmados según la derogada ley de alquileres afrontarán en noviembre una actualización del Índice de Contratos de Locación, lo que implica un aumento anual del 42,45%.

Esta cifra muestra una desaceleración frente a los movimientos de meses anteriores: en octubre la suba había sido del 46,1% y en septiembre, del 50,3%. La comparación con el primer semestre muestra un descenso aún más notorio respecto a los porcentajes superiores al 100% que rigieron en enero y la primera mitad de 2024.

Tarifas de gas y luz

Desde este mes, las facturas de gas verán un ajuste promedio del 3,8%. Este alza se suma a una suba similar en la electricidad.

El impacto de las nuevas tarifas supera el porcentaje de inflación proyectado para el mes, que ronda el 2,5% de acuerdo a relevamientos de consultoras privadas. El encarecimiento responde principalmente al traslado de la suba del dólar a los precios de los servicios, fenómeno que se profundizó durante el último tramo de la campaña electoral.

Transporte

Desde el 1 de noviembre, el boleto mínimo de colectivo cuesta $573,09 para quienes usan la SUBE registrada en el conurbano bonaerense, luego del ajuste anunciado por el Ministerio de Transporte provincial.

En Ciudad de Buenos Aires, el valor mínimo del colectivo pasó a $568,82 bajo la misma modalidad de pago. El criterio para actualizar los boletos combina la evolución del índice de precios con un adicional de dos puntos porcentuales, fórmula que en 2025 acumuló un alza del 54,39% en la tarifa mínima bonaerense, muy por encima del 22% de inflación acumulada hasta septiembre.

Los nuevos precios rigen para los usuarios de las líneas del 200 en adelante del conurbano bonaerense y para los servicios porteños que cubren recorridos dentro de la Ciudad, como los números 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Además, el subte de Buenos Aires tiene un valor de $1.157 para pasajeros que realicen de uno a veinte viajes mensuales con SUBE registrada. En caso de no tener el nuevo esquema de registro, el valor es de $1.839,63 por boleto.

La actualización de la licencia de conducción en Colombia implica una serie de requisitos y procedimientos que varían según la ciudad, el tipo de vehículo y la edad del conductor. Renovar este documento es una obligación legal para quienes continúan manejando, y omitir el trámite puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El proceso de renovación exige que el titular verifique la fecha de vencimiento, la cual figura en la parte posterior de la licencia. También es posible consultar el estado del documento a través del sistema en línea del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Cada categoría de licencia puede tener una fecha de expiración diferente, por lo que se recomienda revisar cada una antes de iniciar el trámite.

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Para llevar a cabo la renovación, el primer paso es estar inscrito en el Runt. El solicitante debe presentar el documento de identidad original y acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), donde se realiza el examen físico, mental y de coordinación motriz, el cual debe ser aprobado. Este examen tiene una vigencia máxima de seis meses. Además, es indispensable estar a paz y salvo por multas e infracciones, lo que puede verificarse en la plataforma del Simit.

Una vez cumplidos estos requisitos, el usuario debe acercarse al organismo de tránsito de su ciudad y abonar los valores estipulados para el trámite. En Bogotá, el procedimiento se realiza en la Ventanilla Única de Servicios, donde se acepta la cédula de ciudadanía, la contraseña para nacionales mayores de edad, la tarjeta de identidad para menores o la cédula de extranjería y pasaporte vigente para extranjeros. Si el documento de identidad está en trámite, la contraseña es válida, pero si ya está disponible para entrega, se debe presentar el original.

La licencia de conducción que se pretende renovar debe estar registrada en el Runt. La fotografía para el nuevo documento se toma sin costo en cualquiera de los 19 puntos de atención habilitados. En el caso de tener varias categorías en la licencia, es fundamental revisar la fecha de vencimiento de cada una, ya que pueden diferir.

Las categorías de licencias se dividen en servicio particular y servicio público. Para servicio particular, las clasificaciones son: A1 (motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos), A2 (motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos), B1 (automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses), B2 (camiones rígidos, busetas y buses) y B3 (vehículos articulados y tractocamiones).

Para servicio público, las categorías son: C1 (automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses), C2 (camiones rígidos, busetas y buses) y C3 (vehículos articulados de servicio público).

El periodo de vigencia de la licencia varía según el tipo de servicio y la edad del conductor. Para transporte público, quienes tienen menos de 60 años deben renovar cada tres años, mientras que los mayores de 60 deben hacerlo anualmente. En el caso de servicio particular, los conductores menores de 60 años renuevan cada diez años, los que tienen entre 60 y 80 años cada cinco años, y los mayores de 80 años deben renovar anualmente.

Conducir con la licencia vencida, adulterada o de una categoría distinta a la del vehículo conlleva sanciones. Las autoridades de tránsito pueden imponer un comparendo, inmovilizar el automotor y aplicar una multa de $321.800.

Cuánto cuesta la renovación de licencia en 2025

El costo de la renovación varía según la ciudad y el tipo de vehículo. Estas son la tarifas por ciudad, según valores de 2025:

• En Bogotá, la tarifa es de $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas.
• En Medellín, el valor aproximado es de $118.700 para automóviles y $204.000 para motocicletas.
• En Cali, para 2025, el costo es de $126.650 para automóviles y $220.050 para motocicletas, a lo que se suma el valor del examen médico, que depende del centro.
• En Barranquilla, la renovación cuesta $118.700 para automóviles y $204.000 para motocicletas.
• En Cartagena, el precio para automóviles oscila entre $126.650 y $128.700, y para motocicletas entre $220.050 y $222.100.
• En Bucaramanga, el costo estimado para automóviles va de $128.400 a $194.000, y para motocicletas de $204.000 a $220.000.

Finalmente, tenga presente que no es necesario renovar la licencia si la persona ya no conduce ningún vehículo. La actualización solo es obligatoria para quienes manejan automóviles, motocicletas u otros vehículos en las vías del país.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash – Sede Chimbote sancionó en primera instancia a la empresa de transporte ZBUSS S.A.C. con una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2′407.500, luego de comprobar que la compañía no implementó medidas adecuadas para prevenir el accidente ocurrido el 14 de mayo de 2023 en la vía Pativilca – Conococha, distrito de Cátac (Áncash).

El hecho, que derivó en la muerte de una pasajera y lesiones a otros ocupantes, se posiciona como referencia en la discusión sobre la seguridad de los servicios de transporte en el país, según detalló el organismo en un comunicado oficial.

Hallazgos críticos y responsabilidad empresarial

La decisión de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se basó en la evidencia de que los pasajeros fueron expuestos a un riesgo injustificado, en infracción del artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Investigaciones determinaron que el conductor del bus, identificado con placa B5E-956, abandonó el vehículo sin asegurar el volante ni colocar tacos de seguridad, lo que llevó al deslizamiento y despiste de la unidad.

Además, se comprobó que el ómnibus, fabricado en 2007, no recibía mantenimiento periódico, incrementando el nivel de riesgo para los usuarios del servicio de transporte interprovincial.

Los representantes de ZBUSS S.A.C. argumentaron que el incidente fue un hecho fortuito y que la empresa cumplía con las condiciones legales y técnicas requeridas para operar en Perú.

Sin embargo, Indecopi determinó que las medidas preventivas y de control son parte de la obligación permanente de las compañías de transporte para asegurar la seguridad de los pasajeros.

La sanción subraya que la responsabilidad de garantizar condiciones seguras recae en las empresas, sin que valga la exoneración por supuestos eventos aislados.

Proceso de apelación y llamados a cambios estructurales

La multa de más de dos millones de soles impuesta a ZBUSS S.A.C. es apelable ante la Sala Especializada de Protección al Consumidor de Indecopi, la instancia encargada de la revisión final del caso.

La entidad enfatizó que este proceso es parte de un enfoque más amplio para impulsar reformas reales en la seguridad de los servicios de transporte y recordó a los operadores la necesidad de cumplir, de manera estricta, los protocolos y mantenimientos exigidos por la legislación vigente.

El rol de Indecopi

El Indecopi es la entidad pública peruana encargada de velar por los derechos de los consumidores y promover la competencia leal en el país.

Entre sus funciones principales se encuentran la supervisión de prácticas comerciales, la sanción de conductas anticompetitivas y el control de la calidad y seguridad de los productos y servicios ofrecidos al público.

Además, elimina barreras burocráticas que dificultan la actividad empresarial y protege la propiedad intelectual, a través de la administración de registros de marcas, patentes y derechos de autor.

La institución también regula la publicidad comercial para evitar mensajes engañosos y promueve un entorno económico donde todas las empresas y consumidores gocen de igualdad de condiciones.

Un hombre de 37 años y su acompañante han sido detenidos en por las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, tras haber protagonizado un incidente en la autopista A1, en dirección a Dortmun. Al parecer, según ha informado el medio alemán Bird, el arresto tuvo lugar después de que un testigo alertara sobre un Ford que circulaba de forma errática, a aproximadamente 140 km/h, y en eses, poniendo en riesgo la seguridad vial.

El informante declaró ante la policía que el vehículo “amenazaba repetidamente con salirse de la carretera”. Una situación que puso en alerta a los cuerpos de seguridad. Aunque en Alemania no hay un límite de velocidad claro, las autoridades se preocuparon por este caso al saber que “el vehículo se desviaba tanto hacia la derecha que un camión tuvo que estacionarse en el carril de emergencia”. Además, al pasar por su lado, el testigo pudo ver perfectamente cómo “el conductor y la pasajera aparentemente estaban manteniendo relaciones sexuales”.

Qué consecuencias penales tendrá el detenido

Una vez lanzada la patrulla de detención, se consiguió concluir la persecución en una gasolinera ubicada en Steinfurter Straße, en las cercanías de Münster. En ese instante, los agentes efectuaron el arresto de ambos ocupantes. Ahora, “debido a su conducción peligrosa en el tráfico, el conductor de 37 años, de nacionalidad alemana, se enfrenta ahora a un proceso penal por interferencia peligrosa con el tráfico vial”, confirmaron los agentes, según las declaraciones recogidas por Midi Libre.

De acuerdo con la legislación vigente, el caso se tramitará bajo la Sección 315b del Código Penal alemán, que contempla penas de hasta cinco años de prisión para actos de interferencia peligrosa en el tráfico vial.

Qué dice la ley en España

En España, no existe una legislación que prohíba explícitamente tener sexo en el coche. Sin embargo, esto no implica ausencia de consecuencias legales, ya que la normativa contempla distintas situaciones dependiendo del lugar y la exposición pública de la conducta, según explican desde Chalaris Abogados, un bufete especialista en derecho penal. Y es que, pese a que el automóvil es un espacio privado, a efectos legales cualquier actividad que se realice en su interior se considera de lugar público, en el caso de que está estacionado en la vía pública.

De este modo, la policía puede intervenir si estas acciones se exteriorizan, afecta a terceros, o atentan contra la decadencia pública. El Código Penal es claro en lo relativo a los casos graves. El artículo 185 tipifica el delito de exhibicionismo y provocación sexual, castigando con penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses “a quien ejecute actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”, exponen. Así, aunque en la mayoría de situaciones los propios adultos pueden sentirse incómodos, no habría delito penal si no hay menores como espectadores.

Sin embargo, es sancionable por vía administrativa. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción leve “ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”, lo que puede traducirse en multas de 100 a 600 euros. Esto abarca actos sexuales o de desnudez en vehículos estacionados en la vía pública si se consideran ofensivos para la decencia. Por lo que, si una pareja es descubierta en su coche durante la noche en una zona transitada, puede recibir una sanción leve por acto obsceno en lugar público.

Mientras, realizar actividades sexuales con el vehículo en circulación constituye una infracción grave por seguridad vial. La DGT considera dichas conductas equivalentes a las más peligrosas: pueden acarrear multas de 500 euros y la retirada de seis puntos por conducción temeraria. Por su parte, la masturbación al volante se equipara a utilizar el teléfono móvil, con sanciones de 200 euros y seis puntos. Si la conducta resulta en un peligro concreto, puede tratarse de un delito contra la seguridad vial penalizado con cárcel, como es el caso del alemán de 37 años.

Tras varios intentos frustrados, la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), volverá a reunirse esta tarde -15- para consumar el difícil objetivo de dictaminar un proyecto para actualizar las irrisorias multas vigentes por evasión tributaria.

La iniciativa ya fue aprobada en Diputados por una abrumadora mayoría -226 legisladores- en agosto pasado, con acompañamiento de casi todos los bloques, incluidos los bandos peronistas/kirchneristas: en la Cámara baja sólo se abstuvieron la izquierda y un gremialista chubutense.

A pesar de lo ocurrido en la Cámara baja, el kirchnerismo ya vació un encuentro por esta discusión, aunque ayer dio una sorpresa a la hora de analizar una ley que restringiría los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y hay expectativa en cuanto a cómo se moverá, ante diversas especulaciones sobre intentos de diálogo entre la Casa Rosada y Cristina Kirchner.

El primer encuentro fallido ocurrió el 24 de septiembre. Los integrantes de la comisión son 17. Para dicho convite participaron, además de Pagotto, el peronista disidente Carlos Espínola(Corrientes), dos radicales -uno de ellos, el chaqueño Víctor Zimmermann-, el misionero renovador -no massista- Carlos Arce y la silvestre santacruceña Natalia Gadano, que llegó tarde al encuentro. Nadie del Frente de Todos estuvo. Tampoco se presentaron el aliado circunstancial de la Casa Rosada Luis Juez(Pro) y la filomacrista Beatriz Ávila.

“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a un juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó en su momento el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no forma parte de la comisión y empuja un articulado alternativo de su autoría.

Abad adelantó su acompañamiento a la norma aprobada por la Cámara baja, aunque dejó en claro observaciones a futuro, dado que el texto avalado por Diputados apunta a actualizaciones que serían por salarios y no por IPC, o la diferenciación entre escalas leve y grave. Y sentenció que el objetivo es que “el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco y no a las Pymes, emprendedores, con montos que son irrisorios”.

Para tener una idea de lo que implica el articulado. Para la evasión simple, la cifra actual de $1,5 millones pasaría a 345 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Como éste es de $322.000, sería poco más de $111 millones. En tanto, para la agravada, los $15 millones se irían a 3.450 SMVM. Otros ítems hablan del delirio vigente: por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la multa es de $100.000; por apropiación indebida de tributos, $200.000.

“Viene con un acompañamiento de la totalidad de los bloques y son las cosas que mejoran el funcionamiento del Estado. Estos proyectos mejoran la recaudación y hacen que los evasores tengan algún tipo de pena”, opinó la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien tampoco tributa en Justicia y Asuntos Penales.

Resto de agenda

Otras comisiones se reunirán durante la jornada de hoy. Por caso, la bicameral encargada de definir las ternas para Defensor del Pueblo -precisa dos tercios en ambos recintos- y Procurador Penitenciario tiene programado un convite para las 11, aunque quienes siguieron de cerca el proceso percibieron en las últimas horas que podría frenarse el ímpetu inicial al acuerdo que intentaban kirchneristas y radicales.

A la misma hora se juntará la de Economía Nacional, en modo seminario, sobre “conexión productiva y análisis de proyectos a futuro”, mientras que a las 13 lo hará la de Agricultura. Aparece, después de mucho tiempo, la de la Banca de la Mujer, a las 10.30.

Un empleado del Ministerio de Salud de Entre Ríos, identificado como Diego Alberto Figueroa, deberá afrontar el pago de una multa millonaria, luego de que fuera acusado de haber recibido fondos públicos que habrían sido asignados de forma irregular. De esta manera, deberá devolver una suma superior a los 8 millones de pesos al Gobierno entrerriano.

La medida, adoptada por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, también implicará la apertura de un sumario administrativo y la activación de mecanismos legales para recuperar los fondos. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial Nº 28.208 de la provincia, la devolución fue solicitada por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La decisión se fundamenta en los incisos a) y b) del Artículo 71° de la Ley 9755, normativa que regula el empleo público en la provincia. Según el decreto, Figueroa, quien ocupaba el cargo de Categoría 06 en la Carrera Administrativa del Escalafón General dentro de la División Concurso, habría incumplido las normativas establecidas, lo que derivó en la asignación indebida de fondos.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el texto oficial detalla que el monto a reintegrar asciende a $8.401.477,96, cifra a la que se suman los intereses generados desde el momento en que los fondos fueron otorgados de manera irregular hasta la fecha en que se concrete el pago.

En el texto del decreto se especificó: “Intímase a través del Ministerio de Salud al agente Diego Alberto Figueroa, para que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse”.

De esta forma, el decreto estableció un plazo improrrogable de treinta días desde la notificación para que el empleado de Salud efectúe la devolución. En caso de no cumplir con este requerimiento, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos será la responsable de iniciar las acciones legales necesarias para garantizar el cobro, lo que podría derivar en un proceso judicial.

Despidieron a una empleada del Ministerio de Salud de Entre Ríos por acumular más de 300 faltas injustificadas

Un extenso historial de ausencias llevó a que el Gobierno de Entre Ríos resolviera la cesantía de María Belén Paulina, una mujer que se desempeñaba en el Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud provincial, luego de que se descubriera que tenía cientos de ausencias en su puesto laboral.

La medida fue oficializada a finales de julio de este año, mediante la publicación del Boletín Oficial Nº 28.146 de la provincia, en donde las autoridades fundamentaron que la empleada contaba con la acumulación de 363 inasistencias injustificadas repartidas entre los años 2015 y 2019.

El sumario administrativo detalló la distribución anual de las ausencias: 62 días en 2015, 6 en 2016, 19 en 2017, 223 en 2018 y 53 en 2019. Todas estas faltas fueron consideradas infundadas, ya que la empleada no presentó la documentación requerida para avalarlas. Incluso en los casos en los que alegó haber presentado problemas de salud.

Por esto, el decreto que dispuso la sanción señaló de manera explícita: “La agente María Belén Paulina, no cumplió con su débito laboral en las fechas supra detalladas”. Además, el documento remarcó que la conducta de la trabajadora superó ampliamente el límite reglamentario de diez inasistencias injustificadas, continuas o discontinuas, en los doce meses inmediatos anteriores.

La resolución adoptada por las autoridades provinciales se apoyó tanto en la magnitud de las faltas como en la agravante detectada durante la investigación, que indicó la posibilidad de que la agente hubiera incurrido en nuevas ausencias tras el período analizado. La Comisión Asesora de Disciplina intervino en el proceso antes de que se aprobara la decisión final.

El cantante Junior H fue vetado del municipio de Zapopan y será acreedor a una multa luego de que interpretara los narcocorridos “El Azul” y “El hijo mayor” durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, informó este viernes 30 de octubre que el cantante ya no podrá presentarse en el municipio luego de que no acató la prohibición de interpretar corridos en eventos públicos al ser considerado como apología del delito.

Dicha medida se implementó en Zapopan tras el concierto realizado en abril de 2025 de Los Alegres del Barranco en el que se mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta persona no podrá volver a cantar en Zapopan, podrá cantar en otro lugar, pero aquí no”, afirmó el alcalde durante entrevista con medios.

Además de ser vetado del municipio, el cantante de corridos fue multado debido a la prohibición. Al respecto, el alcalde detalló que se deberá pagar la cantidad de 33 mil pesos, esto pese a que se preveía que fueran cerca de 300 mil pesos.

Frangie también comentó que previo a la presentación del cantante se compartió a las autoridades una copia de la lista de canciones que serían interpretadas en el concierto, en la cual no se habrían incluido los corridos.

“Nos lo presentaron todo, pero al final de cuentas muchas veces hay una buena voluntad del palenque y lo entiende perfectamente, pero de repente se caldean los ánimos y caen en un error”, comentó el alcalde.

“El Azul” y “El hijo mayor”: los corridos de Junior H

Durante su presentación del 28 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre, Junior H interpretó el corrido “El Azul”, el cual también ha cantado junto a Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón.

Este tema hace alusión al crimen organizado y a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera al utilizar como referencia “en la sangre traigo al 701″, número con el que se vincula al narcotraficante debido a que la revista Forbes lo colocó en ese lugar de su lista de personas más ricas del mundo en 2013.

Por su parte, el corrido “El hijo mayor” haría referencia a Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, no se menciona su nombre.

Su veto en Zapopan se suma a la presentación de Junior H en mayo de este año en la Feria Nacional de San Marcos 2025 de Aguascalientes, donde lo silenciaron cuando interpretaba este último corrido.

Una mujer fue multada con 170 euros en Londres por arrojar el sobrante de su café al desagüe de la calle justo antes de subir al autobús. El hecho, que ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por agentes de seguridad, ha generado polémica sobre si hay concordancia entre la acción y la sanción producida.

La protagonista, Burcu Yesilyurt, no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Para ella la sanción fue exagerada: “Me parece bastante injusto. Creo que la multa es excesiva. No es proporcional”, declaró al medio británico Express.co.uk.

Según las autoridades, verter cualquier tipo de residuo líquido en la vía pública, incluso café, puede constituir una infracción medioambiental, ya que podría afectar el sistema de drenaje urbano. Esta normativa se basa en el Artículo 33 de la Ley de Protección Ambiental de 1990 del Reino Unido, que establece que es delito depositar o eliminar residuos de manera que puedan contaminar la tierra o el agua, incluyendo expresamente el vertido de líquidos en desagües urbanos.

Diferentes versiones de los hechos

“Noté que mi autobús se acercaba, así que vertí lo que quedaba. No era mucho, solo un poquito. En cuanto me di la vuelta, vi a tres hombres, agentes de policía, persiguiéndome, y me detuvieron de inmediato” declaró Yesilyurt a la BBC.

La mujer pensaba que iban a hablar con ella sobre un problema con el autobús cuando la detuvieron, y no tenía conocimiento de que verter líquido en un canal de la carretera era una acción ilegal. “Fue un shock total”, reforzó, además de señalar que el encuentro con los agentes fue “bastante intimidante” y que se sintió “temblorosa” cuando fue a trabajar.

Un portavoz del Consejo de Richmond dijo que se habían revisado las imágenes de las cámaras corporales y que no estaban de acuerdo en que los agentes se comportaran de forma agresiva. “Las imágenes confirman que los oficiales actuaron profesionalmente y fueron sensibles a las circunstancias”, agregaron.

La multa, de 170 euros, podrá convertirse en 115 euros si se paga en un plazo inferior a 14 días. Sin embargo, la intención de la mujer no es pagar: ha presentado una denuncia ante el ayuntamiento y ha pedido que la ley se aclare con carteles cerca de los contenedores o paradas de autobuses.

El portavoz del Consejo de Richmond dijo que “A nadie le gusta recibir una multa, y siempre intentamos aplicar nuestras políticas de manera justa y con comprensión. Solo se toman medidas de cumplimiento cuando es necesario, y los residentes que consideren que se ha emitido una multa incorrecta pueden solicitar una revisión”, confirmando su posición sobre que la multa se ha emitido correctamente, como informa El Mirror. “Estamos comprometidos a proteger las vías fluviales de Richmond y a mantener las calles de nuestro distrito limpias y seguras”, añadió.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la normativa ecológica y el sentido común. ¿Es lo mismo tirar un café que arrojar basura por el desagüe? Para Burcu, definitivamente no.

La cantante Rosalía volvió a revolucionar a sus seguidores el pasado lunes por la noche con un evento sorpresa en plena plaza de Callao (Madrid), en el que desveló la portada de su nuevo disco, titulado Lux, y anunció su fecha de lanzamiento: el próximo 7 de noviembre. El acto, anunciado con apenas unos minutos de antelación a través de un directo en TikTok, generó una masiva congregación de personas en la emblemática ubicación madrileña, provocando cortes en la Gran Vía, el cierre temporal de algunas bocas de Metro y un notable colapso en la movilidad de la zona.

Pese a que no se trató de un concierto y la artista simplemente saludó desde la ventana de un hotel, la expectación generada fue suficiente para paralizar el centro de la capital. Miles de fans respondieron de inmediato a la llamada de la artista catalana, colapsando el acceso peatonal y viario en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. La Policía Municipal tuvo que intervenir para controlar la situación, aunque no se registraron incidentes graves.

“La norma se aplica a todos por igual”

¿Hasta dónde llega a ser ilegal el acto de Rosalía en Madrid? La cantante no contaba con un escenario ni había planificado un acto público más allá de saludar a sus fans y presentarles su disco de una forma original. Sin embargo, se le fue de las manos y puede llegar a tener graves consecuencias. A pesar de no haber actuado frente a las miles de personas que abarrotaban las calles, su aparición fue lo suficientemente repercusiva, obstaculizando a cargos que estaban intentando hacer su trabajo.

Según han confirmado desde el Ayuntamiento de Madrid, por el momento “no parece” que Rosalía o su equipo hubieran solicitado la autorización necesaria para realizar una actividad de estas características en la vía pública. Al tratarse de una estrella a nivel mundial, la cantante era plenamente consciente de lo abarrotada que podría llegar a permanecer la ciudad durante horas.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, aseguró este martes que el consistorio está recabando toda la información sobre lo sucedido: “Por supuesto que vamos a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias, y lógicamente se actuaría en consonancia”, declaró. Añadió que, en caso de confirmarse la ausencia de permisos, se iniciaría un expediente sancionador. En la misma línea, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, informó que en su área “no consta que hubiera un permiso solicitado” para esta acción. Actualmente, se están revisando los registros de todas las oficinas de atención al ciudadano por si se hubiera tramitado alguna solicitud o comunicado el evento de manera informal o fuera de plazo.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado clara su postura frente al caso: “Puso en peligro la integridad física de las personas”. El evento, que congregó a más de 500 personas, obligó a movilizar a agentes antidisturbios, desviar el tráfico y cerrar temporalmente accesos al Metro y a varias líneas de transporte público. Aunque Almeida aseguró estar “orgulloso” de que la artista eligiera Madrid para presentar su nuevo disco, insistió en que “la norma se tiene que aplicar a todos por igual” y que actos de esa magnitud deben contar con permiso previo. Aún no se ha concretado la sanción, pero el Ayuntamiento estudia cómo proceder.

Posibles consecuencias legales y sanciones

Como ya se ha mencionado previamente, a pesar de que Rosalía no contaba con un escenario ni dio un concierto, el alto número de personas que se encontraban congregadas en la plaza de Callao puede encuadrarse dentro de las actividades reguladas por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. Según su artículo 41, la celebración de actos sin la correspondiente autorización puede conllevar sanciones económicas significativas.

Las infracciones leves, como el incumplimiento de horarios, pueden acarrear multas de hasta 4.500 euros. Las infracciones graves, que incluyen modificaciones no notificadas a las autoridades o la admisión indebida de menores, conllevan multas que oscilan entre 4.501 y 90.000 euros. Las infracciones muy graves, como la celebración de espectáculos públicos sin licencia o la superación del aforo permitido, pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se ha matizado que, dado que no hubo montaje de escenario ni emisiones de sonido, la falta podría no ser considerada de carácter grave. “La potencial multa, en caso de que se confirme la ausencia de permiso, no sería muy alta”, apuntó Carabante. Aun así, reiteró que “se debe abrir un expediente disciplinario si no se presentó la autorización”, lo que conllevaría, en su caso, la sanción correspondiente.

El Juzgado Federal de Rosario N° 1, a cargo del juez Gastón Alberto Salmain, condenó al Banco de la Nación Argentina a devolver 700 mil pesos a una clienta que denunció haber sido asaltada y golpeada en la vía pública por un motociclista que le robó el celular, desde el cual luego se efectuó una transferencia bancaria no autorizada. El magistrado entendió que la entidad debía asumir los riesgos derivados del uso de su aplicación digital, al comprobarse que la operación se había concretado en menos de una hora después del asalto y que los sistemas de seguridad del banco no advirtieron la maniobra.

La resolución, publicada este jueves, resolvió sentenciar a la demandada “a restituir a la parte actora” la suma en pesos “que le fuera oportunamente sustraída mediante la transferencia no autorizada de la mencionada suma de dinero que se encontraba depositada en su Caja de Ahorro (...)”, con intereses calculados “a la tasa activa promedio capitalizada mensualmente que publica el B.C.R.A., desde la fecha en que se realizó la transferencia (07/02/2023) y hasta su efectivo pago”.

La damnificada había iniciado una demanda de daños y perjuicios contra su banco en los términos del artículo 53 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, reclamando el reintegro del dinero transferido, una compensación por daño moral y una multa por daño punitivo. En su presentación, reseñó que el 7 de febrero de 2023, alrededor del mediodía, “iba caminando por Catamarca rumbo al oeste, cuando un vehículo tipo motocicleta circulaba y me pega un golpe de puño en el pómulo izquierdo y me arrebata el celular iPhone 12 y trata de arrebatarme la cartera, se da a la fuga”.

La mujer señaló que, luego del ataque del agresor, advirtió que desde su cuenta se había transferido un monto de $700.000 a nombre de un tercero desconocido. Allí explicó que era titular de una caja de ahorro en una de las sucursales del Banco Nación en Rosario y usuaria de la aplicación móvil BNA+. Aseguró también que la app “no se encontraba abierta al momento del robo ni tenía su clave anotada en ninguna parte del celular sustraído” y que la transferencia fue efectuada “en forma indebida y sin autorización de su parte”.

“Todo eso -aseveró la clienta- sucedió en 50 minutos”. Y ese dato dio cuenta, dijo, del “carácter endeble, frágil y casi inexistente” de la seguridad de la aplicación del banco demandado.

La denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la constancia médica del sanatorio médico -que diagnosticó una “contusión facial”- fueron incorporadas como prueba a las actuaciones, junto con el informe psicológico elaborado durante la tramitación de la causa. En este documento, la perito designada describió que durante el primer año de haber padecido el asalto en la vía pública, la mujer "no podía salir a la calle, debía salir acompañada para entrenar y no podía circular en bicicleta”. Agregó que “le inquietaba escuchar el ruido de una moto al acercarse” y que sufría “de miedo a ingresar a los cajeros automáticos desde el día del robo”.

Por su parte, el Banco Nación, al contestar la demanda, negó los hechos y rechazó toda atribución de responsabilidad civil. Alegó que la operación había sido “realizada desde la aplicación BNA+ con PIN correcto, con validación biométrica ante RENAPER”, y que la operatoria digital solo pudo haberse concretado “si la aplicación se encontraba abierta o, en su defecto, si en el dispositivo estaba anotada la clave personal de la clienta”. También dijo el relato de la demandante no se ajustaba “a la realidad de lo efectivamente acontecido” y que “solamente por el obrar negligente y descuidado de la parte actora, el tercero pudo concretar la operatoria que reclama”.

La entidad planteó además la prejudicialidad del proceso civil, en razón de la denuncia penal por el robo, pero el juez descartó ese pedido al constatar que el Ministerio Público había dispuesto el archivo del legajo por falta de identificación del autor.

Así las cosas, a la hora de estudiar el fondo del conflicto, el magistrado de primera instancia destacó que “no se encuentra controvertido que la actora resulta ser titular de la Caja de Ahorro (...)” ni que “el 07/02/2023, a las 13:08 hs., desde la aplicación BNA+ se realizó una transferencia por un importe de $700.000”.

El juez Salmain recordó que, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240, los proveedores de servicios financieros tienen un deber de seguridad de fuente constitucional y legal. En ese marco, mencionó las comunicaciones del Banco Central sobre seguridad informática, entre ellas la “A” 6878, que dispone la “implementación de mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones” y ordena a todas las entidades “monitorear las características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario para advertir y actuar oportunamente ante situaciones sospechosas”.

El informe interno del propio banco destacó que el sistema rechazó inicialmente la operación “por seguridad” y que minutos después se concretó una segunda transferencia por el mismo monto. En ese documento, la entidad reconoció que “no es factible determinar el modo de ingreso a la aplicación BNA+ debido a que en la auditoría este evento no se registra (no es posible determinar si se accedió usando PIN o rasgo biométrico)”.

El juez subrayó que “el mismo Banco, y en su propia tarea de investigación, reconoce abundantes elementos para presumir que la parte actora resultó ser víctima de una maniobra coincidente con fraude bancario”. En la pericia informática, en tanto, se corroboró que “no es posible ver esta información en el sistema”, y en la pericia contable se constató que “no se registraron alertas por operaciones sospechosas en la cuenta con fecha 07/02/2023”, pese a que la transferencia “ascendía a $700.000, monto superior al umbral de alerta establecido para las operaciones electrónicas”.

Con base en esa evidencia, Salmain se inclinó por la postura de la demandante y concluyó que “la aplicación BNA+ ha sido introducida por el Banco de la Nación Argentina, imponiendo su utilización al consumidor, y corresponde que el riesgo generado por su uso sea asumido por la entidad bancaria”.

Sin embargo, en cuanto al daño moral pretendido por la damnificada, el titular del Juzgado Federal de Rosario N°1 consideró que “los efectos sufridos por la actora no logran superar el umbral de lo que serían las meras molestias, inquietudes o perturbaciones propias de cualquier contingencia provocada por tener que acudir a una vía judicial” y que los síntomas de miedo o evitación “resultan ser producto del hecho delictivo configurado por la violenta sustracción de su teléfono celular”.

Además, desestimó aplicar una multa civil contra la entidad bancaria, al entender que “no se hallan verificadas las circunstancias excepcionales que autorizan a la fijación del ‘daño punitivo’”, ya que no se acreditó “dolo o culpa grave” por parte del banco.

De ese modo el fallo resolvió “hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y condenar al Banco de la Nación Argentina a reintegrar a la parte actora la suma de $700.000, con más los respectivos intereses desde la fecha del hecho y hasta la efectiva restitución del importe”, rechazando los otros reclamos por improcedentes.

El silencio de la madrugada se rompió en la madrugada del lunes en uno de los cementerios de Périgueux, una pequeña localidad del suroeste de Francia, cuando se produjo una llamada de auxilio a los bomberos tan inusual como desconcertante: una mujer estaba herida y atrapada dentro del cementerio, como informa France Blue.

En un primer momento, el aviso generó cierta confusión entre los equipos de emergencia. Era inusual recibir una llamada desde un camposanto en plena noche, y menos de una persona que afirmaba encontrarse encerrada en él. Por precaución, los bomberos llamaron a la policía como apoyo, temiendo que se tratase de un robo o algún acto vandálico.

Sin embargo, al llegar vieron una situación bastante diferente: una joven, de 24 años y originaria de Corrèze, se quedó encerrada en el cementerio tras ir a la tumba de su padre para presentar sus respetos. El incidente ocurrió cuando saltó el muro perimetral: la mujer, que quería disfrutar de un momento íntimo, no se percató de la hora de la visita y acudió al cementerio cuando este ya se encontraba cerrado. Decidió trepar, y al caer se lesionó el tobillo. Incapaz de volver a subir el muro, ni salir por la puerta, no tuvo más remedio que contactar con las autoridades para que le sacaran del apuro.

Los bomberos forzaron el candado de la puerta para sacarla y la ayudaron con su lesión. Además, la policía descartó rápidamente cualquier tipo de mala intención al no encontrar daños en el cementerio. Cabe destacar que, aun así, esta acción acarrea multas por allanamiento de una propiedad privada, aunque si hubiese cometido daños o algún acto vandálico, dichas multas serían mucho mayores al tratarse de una sanción por daños a la propiedad pública, según Áltima.

A pesar de que el susto fue grande, la historia terminó sin consecuencias. La joven fue rescatada a salvo y su historia es un recordatorio de cómo las pérdidas y el amor pueden pasar límites monumentales, como lo son los muros de un cementerio.

El duelo: posible causante de las acciones imprudentes

La psicología vuelve a dar una respuesta a este tipo de comportamientos, que son mucho más comunes de lo que parece. Durante un proceso de duelo, es habitual que las personas adopten conductas de riesgo como forma de gestionar el dolor emocional. Involucrarse en relaciones poco saludables, buscar experiencias extremas o realizar actividades que ponen en peligro la integridad física son ejemplos de vías de escape momentáneas, según explica la clínica Soulistic Hospice.

Estas acciones, aunque puedan parecer impulsivas o irracionales, suelen ser el reflejo de una elaboración del duelo inconclusa, impulsada por emociones intensas como la rabia, la culpa o la tristeza profunda. El psicólogo valenciano Enric Valls detalla que este tipo de comportamientos pueden interpretarse como una manera inconsciente de evadir el sufrimiento, intentar recuperar el control o llenar el vacío que deja la pérdida.

Cuando el dolor no se procesa de forma adecuada, el cuerpo y la mente buscan salidas alternativas que pueden derivar en decisiones imprudentes o cambios drásticos en los hábitos cotidianos. En esos casos, el acompañamiento psicológico es algo fundamental para reconducir las emociones y permitir que la persona logre adaptarse, poco a poco, a una nueva realidad.

Una investigación administrativa interna desembocó en la imposición de la multa económica más alta prevista por el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, contra una inspectora municipal de tránsito, que chocó alcoholizada.

El hecho investigado tuvo lugar a las 7:30 del 20 de junio pasado, en la intersección de Delfina Chumuy y Guanaranja, oportunidad en la que, según confirmaron fuentes policiales a LMNeuquén, la empleada —de planta permanente— chocó con un camión de recolección de residuos municipal mientras conducía un auto particular. Las pericias oficiales indicaron que la agente presentaba 1.92 gramos de alcohol por litro de sangre al ser sometida al test de alcoholemia.

La situación fue alertada a la Municipalidad luego de recibir una acta policial y un informe de la Secretaría de Transporte, datos que dieron origen a un sumario administrativo para determinar la conducta de la empleada involucrada en el siniestro vial.

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario municipal de Gobierno, Juan Pablo Naretti, la inspectora no se encontraba en funciones oficiales al momento del choque y viajaba en su vehículo particular. Actualmente, la trabajadora no cumple tareas vinculadas al área de Tránsito, sino que fue reasignada a otras obligaciones municipales mientras se resuelve el proceso administrativo.

Si bien el incidente no arrojó víctimas ni daños personales de gravedad, la infracción es considerada especialmente delicada al tratarse de una inspectora de Tránsito.

Según la resolución del Juzgado de Faltas de Villa La Angostura, la mujer deberá afrontar una multa de $4.370.000, el monto máximo para este tipo de infracción en el Código de Faltas municipal, y permanecerá inhabilitada para conducir por un plazo de 90 días.

Además, deberá completar un curso teórico sobre alcoholemia en la Dirección de Tránsito y acreditar su aprobación antes de volver a acceder al carnet. Si durante el período de sanción la agente volviera a conducir bajo efectos del alcohol o cometiera nuevas infracciones de tránsito, la normativa prevé la posibilidad de una inhabilitación definitiva para conducir en el ámbito local.

El expediente también prevé acompañamiento institucional mediante la intervención de personal médico laboral, en caso de que la inspectora requiera abordaje o asistencia por consumo problemático.

El proceso administrativo sobre la inspectora continúa bajo revisión y será el municipio quien determine la sanción disciplinaria definitiva, que podría llegar a la exoneración o la suspensión, según casos anteriores. Hasta entonces, la agente permanece alejada de sus funciones originales y cumpliendo otras tareas en dependencias estatales.

Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras de tránsito en Neuquén

Horas atrás y también en la provincia de Neuquén, un conductor en estado de ebriedad atropelló a tres trabajadoras de tránsito que cumplían tareas durante un operativo nocturno de limpieza en la ciudad capital provincial. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón, donde más de cuarenta empleados municipales se encontraban desplegados para realizar trabajos programados de recolección de residuos.

El episodio se registró cuando una camioneta que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra las tres agentes de tránsito, quienes iban a bordo de motos oficiales y con sus sirenas activas. El conductor, un joven que manejaba en aparente estado de ebriedad, no detuvo la marcha pese a los gritos y advertencias.

Por el contrario, una vez producido el choque, intentó maniobrar para escapar del lugar en reversa. Sin embargo, su fuga se vio frustrada: por la falta de reflejos y coordinación, el motor se apagó y el vehículo quedó detenido. En ese momento, intervino personal policial de la Comisaría Segunda, que procedió a su aprehensión.

El resultado del test de alcoholemia no dejó margen para las dudas. El conductor arrojó 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite legal permitido.

Las tres inspectoras accidentadas fueron asistidas por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladadas para su observación. Según confirmaron las autoridades municipales, las víctimas se encuentran fuera de peligro.

Por su parte, las motos oficiales terminaron sobre el asfalto con daños visibles, por lo que se realizaron las pericias correspondientes por parte del personal de Accidentología Vial. En paralelo, se restringió la circulación en el área del siniestro con cintas de seguridad mientras se llevaban adelante las diligencias de rutina para documentar la escena y evaluar las condiciones generales del hecho.

La Embajada de Estados Unidos en México ha comunicado una nueva disposición migratoria que impacta directamente a quienes consideran cruzar la frontera entre ambos países sin los permisos legales requeridos.}

Ahora, toda persona que ingrese a Estados Unidos de manera irregular deberá enfrentar una multa de 5 mil dólares (más de 92 mil pesos mexicanos), según lo informado oficialmente a través de la cuenta de X (antes Twitter) de la embajada por su portavoz, David Arizmendi.

“Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente hacia Estados Unidos. Respeta la ley, si cruzas ilegalmente enfrentarás graves consecuencias”, explicó el portavoz David Arizmendi en el video de la embajada.

En este comunicado, no se precisó a partir de qué fecha será obligatoria esta sanción, ni cuáles serán los mecanismos mediante los cuales se cobrará o cuánto tiempo tendrán los migrantes para pagar. Tampoco quedó definido qué implicaciones legales o administrativas tendrá el no pago de la multa.

Este anuncio se lleva a cabo en un contexto migratorio donde la presión política y social sobre la frontera sur estadounidense ha motivado medidas más estrictas. Este nuevo esquema de penalización se enmarca en un conjunto más amplio de políticas de control fronterizo promovidas por la administración actual en los Estados Unidos.

La Embajada de los Estados Unidos ha reiterado el llamado a acatar la normativa migratoria y acudir a las vías legales para la entrada al país.

Descenso del número de migrantes en la frontera sur

La imposición de esta multa coincide con un fenómeno que no se observaba en décadas: una reducción drástica en los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. Los datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revelados por CBS News, señalan que durante el año fiscal 2025—de octubre 2024 a septiembre 2025—se registraron apenas 238 mil detenciones de personas que intentaron entrar sin papeles, la cifra más baja desde 1970, cuando se reportaron 202 mil.

Este descenso contrasta radicalmente con el año fiscal 2022, cuando las detenciones alcanzaron 2.2 millones. Además, según las mismas cifras, más del 60% de los arrestos en 2025 ocurrieron en los últimos meses de la administración Biden, antes del inicio del actual gobierno encabezado por Donald Trump.

Durante los primeros ocho meses bajo la nueva administración, los arrestos mensuales promediaron menos de 9 mil, una cantidad que antes se alcanzaba en solo un día.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, destacó la efectividad de las políticas implementadas: “El presidente Trump ha cumplido ampliamente su promesa de asegurar nuestra frontera sur”. La funcionaria añadió que “los inmigrantes ilegales criminales no identificados y las drogas peligrosas ya no cruzan nuestra frontera sin ningún tipo de control”.

En más de una ocasión, la Dimayor, que es la máxima entidad del fútbol profesional en Colombia, junto con la FPC, ha estado vinculada a varios procesos legales por comportamiento de los equipos agremiados.

Es por ello que no ha generado sorpresa que en la tarde del 15 de octubre, El Tiempo expusiera que la entidad sería multada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por conductas anticompetitivas por parte de un grupo de clubes afiliados a la Dimayor.

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El medio citado indicó que la resolución 82856 está relacionada con una investigación que fue abierta en noviembre de 2021 por infringir normas e intervenir en el mercado de jugadores de manera irregular.

Entre las instituciones investigadas están Envigado FC, Boyacá Chico, Deportes Tolima, Once Caldas y La Equidad, además de otras escuadras que no han sido mencionadas en el informe.

En el comunicado de la SIC, en el que se mencionan tres patrones identificados con los que los clubes mencionados se comunicaban para bloquear la contratación de los deportistas, comenzando con conductas que mencionaban como “faltas disciplinarias”.

“En estas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que alguno de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria, o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato”, es parte del comunicado.

Los dirigentes de los clubes mencionados también mencionaban que existía un “pacto de caballeros” en el que se negaban a contratar a deportistas que hubieran tenido algún tipo de conflicto con otros presidentes.

“Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector”.

En el comunicado queda en evidencia que la Dimayor, a pesar de que debería regular para que este tipo de comportamientos no se registren, habría tenido una participación directa permitiendo que se “vetaran” a varios futbolistas.

“Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo. Además, la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.

Al confirmar que la Dimayor y los clubes mencionados deberán pagar multas por más de 8.000 millones de pesos, la SIC indicó que hay pruebas contundentes para demostrar que la “cartelización”, que se mencionó durante varios años como un mito del deporte, en realidad fue una realidad en Colombia.

“La existencia de estas comunicaciones fueron prueba de la materialización de la intención anticompetitiva que llevo a la limitación de la movilidad laborar de los jugadores”.

En la parte final, desde la Superintendencia de Industria y Comercio se indica que este tipo de sanciones buscan que casos de esta índole no se sigan registrando en el fútbol profesional en Colombia.

“Con esto, se busca no solo respetar las reglas del libre mercado, sino garantizar la dignidad de los jugadores, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”.

Cabe recordar que uno de los casos más polémicos de esta índole tuvo al mediocampista Rafael Carrascal como protagonista, que luego de terminar contrato con Deportes Tolima, tras renunciar denunciando ausencia de varios pagos, fue fichado por América de Cali y estuvo varias semanas sin poder jugar por un litigio entre las partes.

En ese momento, uno de los directivos del equipo de Ibague también utilizó el término de “pacto de caballeros”, para indicar que América no debió contratar a Carrascal por la forma en la que salió del Tolima.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó una sanción económica de S/165 mil 850 a Somos Perú por infringir la Ley de Organizaciones Políticas durante el manejo de fondos electorales. Según la Resolución 0337-2025-JNE, publicada en El Peruano, el máximo ente electoral consideró infundada la apelación presentada por el personero legal del partido, quien buscaba revertir la decisión emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en enero de 2025.

El caso involucra la emisión y firma de 22 cheques correspondientes al financiamiento público directo de Somos Perú entre el 23 de mayo y el 8 de junio de 2022. Según documentó la ONPE, las transacciones se efectuaron a través de un ex tesorero del partido político, alguien que ya no mantenía atribuciones institucionales al momento de ejecutar tales operaciones.

De acuerdo con la Ley 28094, la sanción considera esta acción como una infracción muy grave: “Recibir aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al personero titular o suplente o de los personeros descentralizados”, establece el artículo 36, numeral 1, literal c), citado en la norma.

El procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado por la ONPE concluyó con la disposición de una multa de 31 unidades impositivas tributarias (UIT), monto equivalente a S/165 mil 850. La resolución que confirmó la penalidad corresponde a la Resolución 0337-2025-JNE, en la que se rechazó la apelación del partido por carecer de argumentos válidos para revocar la sanción determinada en primera instancia.

La ONPE había oficializado la amonestación mediante la Resolución Jefatural-PAS N° 000023-2025-JN/ONPE, sustentando la gravedad de la conducta administrativa e institucional detectada.

La influencia de Patricia Li

La figura de Patricia Li Sotelo ha cobrado protagonismo en el entorno político peruano tras la llegada de José Jerí Oré a la presidencia de la República. Diversos reportes periodísticos han subrayado el papel articulador de Li en las negociaciones políticas y alianzas que permitieron a Jerí reunir apoyos clave en el Congreso y acceder a Palacio de Gobierno.

Con una trayectoria política vinculada a Somos Perú y otros espacios locales, Patricia Li ocupó cargos de liderazgo, como la alcaldía de Punta Negra, y fue presidenta de su partido durante 2015. En las elecciones de 2016 intentó disputar una curul, pero el retiro de su candidatura ocurrió tras una tacha por presunta falsificación de documento académico. Su gestión como alcaldesa terminó abruptamente por un pedido de vacancia relacionado con procesos administrativos.

El trabajo de Li Sotelo en la política nacional va más allá de cargos formales. De acuerdo con la periodista Graciela Villasís, Li es la principal articuladora entre gobernadores regionales y partidos políticos, consolidándose como una operadora influyente que mueve alianzas desde fuera del foco mediático principal. Villasís aseguró: “Ella es en realidad la que articula, la que habla con las organizaciones políticas”.

La política ha enfrentado también cuestionamientos legales, incluidas denuncias ante la Fiscalía de la Nación por presunta falsificación de su título de contadora, y su nombre aparece como cómplice en investigaciones de fraude fiscal. Su relación directa con José Jerí Oré ha sido identificada como decisiva en el ascenso del nuevo mandatario, al negociar respaldos clave frente a un escenario político fragmentado.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó que vehículos no autorizados provocaron 79 accidentes en la vía exclusiva del Metropolitano entre enero y el 10 de octubre de 2025, una situación que pone en alerta a usuarios y autoridades sobre la seguridad del sistema de transporte público.

Este corredor, que abarca 35 kilómetros desde Naranjal en Independencia hasta Matellini en Chorrillos, atraviesa ejes claves y depende de su uso restringido para asegurar la operación eficiente.

El proveedor oficial de datos, ATU, reveló que entre los 79 accidentes, 26 fueron generados por automóviles particulares, 14 por motocicletas y 12 por camionetas, incluyendo vehículos rurales, pick-up y SUV.

Camiones, ómnibus, mototaxis y bicicletas también figuran dentro de los vehículos infractores, aunque en menor proporción.

Ante esta problemática, la ATU y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutan operativos inopinados para identificar y sancionar a quienes transitan de manera prohibida.

Según el reporte institucional, en lo que va del año 118 conductores recibieron sanción administrativa por esta infracción considerada grave en el Reglamento Nacional de Tránsito bajo el código G10.

La sanción consiste en una multa de S/428 y la acumulación de 20 puntos en contra en el récord del conductor. Infobae reportó que la multa es equivalente al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Los operativos suelen implementarse en horas punta y en los tramos de mayor conflictividad, como las avenidas Túpac Amaru, Universitaria y Alfonso Ugarte, y la estación Quilca.

Un ejemplo de ello ocurrió el 23 de junio, cuando un operativo coordinado en la estación Honorio Delgado concluyó con la intervención y penalización de 17 conductores.

La normativa establece que sólo los vehículos de emergencia —ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos— pueden utilizar la vía exclusiva, siempre y cuando actúen en situaciones comprobadas de emergencia y hagan uso adecuado de luces y sirenas.

Quiénes pueden usar el carril del Metropolitano?

No cualquier vehículo está autorizado para circular por el carril exclusivo del Metropolitano. La Ley N.° 27200 y el protocolo operativo que regula la circulación por corredores segregados establecen criterios específicos. Solo los vehículos de emergencia pueden utilizar esta vía, y únicamente en situaciones verificables de emergencia.

Entre estos vehículos se incluyen:

• Ambulancias, que trasladan pacientes o responden a emergencias médicas.
• Patrulleros de la Policía Nacional, en situaciones de persecución o respuesta inmediata.
• Unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuando acuden a incendios o rescates.

En todos los casos, los vehículos deben circular con las señales reglamentarias activadas: luces de emergencia y sirena encendida. El uso de esta vía sin cumplir con estas condiciones puede ser considerado indebido y sancionado por la autoridad competente.

El acceso temporal a la vía exclusiva también está limitado. Cualquier solicitud o excepción debe ser evaluada conforme a la normativa vigente, y no puede asumirse como un derecho automático por parte de ninguna institución o particular.

Las cifras proporcionadas por la ATU muestran que el uso indebido no se limita a vehículos grandes o motorizados; bicicletas y mototaxis también figuran entre los causantes de accidentes, aunque en menor frecuencia. Este dato refuerza la necesidad de controles permanentes y de campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto real de las invasiones.

El acceso a las actas de asamblea y documentos no reservados en conjuntos residenciales de Colombia cuenta, desde el 7 de julio de 2025, con un respaldo normativo más robusto.

El artículo 2.2.8.18.12.1.7 del Decreto 768 de 2025 establece que, ante la negativa de entrega de estos documentos, una orden de policía emitida por el alcalde municipal o distrital será suficiente para exigir su entrega inmediata.

La disposición, según el Decreto 768 de 2025, confirma el derecho de los copropietarios y la transparencia en la administración de la propiedad horizontal, y contempla sanciones para quienes incumplan la orden.

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De acuerdo con el documento, la nueva regulación se apoya en el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, que ya reconocía el derecho de los propietarios a solicitar copias de las actas de la asamblea general y otros documentos que no estén sujetos a reserva legal. La novedad radica en que ahora, si el administrador o el consejo de administración se niega a entregar la documentación solicitada, el alcalde puede intervenir de manera directa y emitir una orden de Policía para garantizar el cumplimiento de la obligación.

El texto precisa que “bastará con la emisión de una orden de Policía debidamente expedida por el alcalde municipal o distrital para garantizar el cumplimiento de dicha obligación”.

El procedimiento para solicitar el acta

Ante esto, el procedimiento para solicitar el acta de asamblea comienza con la petición formal del copropietario ante la administración del conjunto. Si la solicitud no recibe respuesta o se rechaza sin justificación válida, el interesado puede acudir ante el alcalde municipal o distrital.

Según el Decreto 768 de 2025, el alcalde, al constatar la negativa, tiene la facultad de emitir una orden de Policía dirigida a la administración o al consejo de administración, que debe cumplirse de manera inmediata. El decreto aclara que la intervención no requiere la existencia de una sanción previa y que la orden de policía constituye un mandato claro y preciso, con advertencia expresa sobre las consecuencias legales de su incumplimiento.

Facultades de las autoridades y procedimiento de intervención

En cuanto a las facultades de las autoridades, el Decreto 768 de 2025 otorga a los alcaldes la potestad de ordenar la intervención de la Policía Nacional para asegurar la entrega de los documentos requeridos.

El artículo 2.2.8.18.8.2 del decreto señala que corresponde a los alcaldes “velar por la pronta ejecución de las órdenes de policía y las medidas correctivas impuestas, así como apoyar la realización y la materialización de las decisiones y órdenes de policía en el proceso verbal abreviado”.

De esta manera, la Policía Nacional actúa como garante del cumplimiento de la orden, interviniendo cuando la administración del conjunto persiste en la negativa.

Sanciones económicas

Se debe tener claro que el incumplimiento de la orden de Policía también puede acarrear sanciones económicas. El texto explicativo sobre el Decreto 768 de 2025 advierte que “la negativa a cumplir con esta disposición podría constituir una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), lo que implica sanciones específicas para quienes desacaten las órdenes de autoridad”.

Además, el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, citado en el texto, establece que desconocer o desacatar una orden legítimamente impartida afecta la relación entre las personas y las autoridades. Por ello, el parágrafo 2 del mismo artículo dispone la aplicación de una multa tipo 4 como medida correctiva.

Consecuencias legales

En términos concretos, la multa tipo 4 equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Para 2025, esta sanción representa un valor de $759.200. Así, si el administrador de un conjunto residencial se niega a entregar la copia del acta pese a la orden policial, debe cumplir con la entrega y también asumir el pago de la multa correspondiente, según lo estipulado en el Decreto 768 de 2025 y la Ley 1801 de 2016.

La disposición busca fortalecer la convivencia y la transparencia en la propiedad horizontal. El Decreto 768 de 2025, que adiciona un capítulo al Decreto 1070 de 2015 y reglamenta de manera practica la Ley 1801 de 2016, tiene como objetivo modernizar y ampliar el alcance de las autoridades en la resolución de conflictos de convivencia en conjuntos residenciales. La norma no modifica la Ley 675 de 2001, sino que la reglamenta y refuerza su cumplimiento, por lo que dota a los alcaldes y a la Policía Nacional de herramientas más eficaces para intervenir en casos de negativa injustificada a la entrega de documentos.

Protección y restauración

Además, resalta que el proceso único de Policía prioriza la protección, restauración, educación y prevención para restablecer la convivencia y el orden público.

Solo cuando estos mecanismos no resultan eficaces, se recurre a la imposición de sanciones. Asimismo, el decreto establece principios como la protección de la vida y la dignidad humana, la primacía de la Constitución y la prevalencia del interés general sobre el particular, que deben guiar la actuación de las autoridades en materia de convivencia.

Para las personas físicas en México, la supervisión de los depósitos y movimientos bancarios por parte del SAT es cada vez más meticulosa, específicamente cuando se trata de sumas elevadas ingresadas bajo conceptos como préstamos, donativos o regalos.

Según indica la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), cualquier ingreso percibido sin importar si proviene de familiares, amigos o instituciones, debe ser declarado si supera ciertos límites, con el objetivo de evitar que se considere ingreso gravado y prevenir discrepancias fiscales.

Uno de los puntos centrales que destaca la autoridad es que quienes reciban 600 mil pesos o más en un año fiscal están obligados a informar estos fondos en la declaración anual.

Este monto puede agruparse entre préstamos, donativos o regalos y, en caso de omisión, el SAT podrá interpretarlo como ingreso no reportado, aplicando ajustes e incluso sanciones.

Si el depósito proviene de una empresa bajo modalidad de préstamo, es indispensable dar aviso utilizando el formato 86-A en un plazo máximo de 15 días naturales después de recibir el dinero. La omisión de este trámite puede conllevar multas significativas y refleja para el SAT una posible evasión fiscal.

La importancia de contar con documentación adecuada es fundamental, aunque los montos recibidos sean menores al umbral establecido. El SAT recomienda que quienes perciban préstamos, donativos o regalos conserven contratos, recibos y comprobantes de transferencia que acrediten el origen y la legalidad de los fondos. 

No disponer de estos documentos puede resultar en penalizaciones si posteriormente la suma anualizada supera los 600 mil pesos y no se declara oportunamente.

El mecanismo de control del SAT se basa en la comparación de los datos reportados por los contribuyentes y la información proporcionada por terceros, como bancos y empleadores, sumando el registro de facturación electrónica (CFDI), declaraciones informativas y auditorías.

Dentro de los conceptos sujetos a revisión se encuentran la adquisición de bienes de alto valor, movimientos en cuentas bancarias, pagos con tarjetas, inversiones y gastos en viajes o entretenimiento.

Cuando el patrón detectado no corresponde con lo declarado, el SAT inicia procesos de verificación que pueden generar multas por hasta 35.000 pesos o importes equivalentes al monto omitido.

Este enfoque busca no solo asegurar el cumplimiento fiscal, sino también fortalecer la transparencia de las operaciones financieras personales, promoviendo la confianza en el sistema tributario mexicano. El propio SAT ha reiterado que la transparencia y la documentación completa de los movimientos bancarios constituyen la mejor protección ante posibles discrepancias y sanciones.

La noche del pasado miércoles, un hombre se disponía a enterrar a su fallecido gato en un parque público de Villeneuve-d’Ascq, en el norte de Francia, cuando se topó con algo totalmente inesperado. Mientras excavaba un hoyo para enterrar a su mascota, se encontró lo que parecía un cráneo humano, según informó a La Voix du Nord.

Impactado por el hallazgo, el hombre decidió avisar a la policía municipal al día siguiente. Poco después, los agentes acudieron al lugar de los hechos y confirmaron de que se trataba, efectivamente, de restos humanos. A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la policía forense, que ahora trabaja para determinar la edad de los huesos. Si los restos son recientes, podría abrirse una investigación penal.

Pero, ¿cómo se puede saber si un cráneo pertenece a alguien que murió hace décadas, siglos o apenas unos años? Los forenses cuentan con diversas herramientas científicas para estimar su antigüedad. Los expertos analizan principalmente las suturas craneales (las uniones entre los huesos del cráneo, que se cierran progresivamente con la edad) y la dentición (el estudio de los dientes), clave para establecer la edad en individuos jóvenes. En el caso de restos más antiguos, se recurre a métodos como la datación por carbono-14, una técnica que mide la cantidad de este isótopo en los tejidos orgánicos para estimar su antigüedad.

No obstante, el envejecimiento óseo no es un proceso exacto: factores genéticos, ambientales y de salud pueden influir en el desarrollo y conservación de los huesos. Por eso, los análisis ofrecen rangos de edad aproximados más que una cifra concreta, tal como explica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Descubrimiento tras una infracción: está prohibido enterrar animales

Tanto en España como en Francia está prohibido enterrar mascotas en espacios públicos o terrenos no autorizados, como jardines particulares, el campo o zonas de montaña. En el caso de España, esta restricción está respaldada por la Ley 8/2003 de Sanidad Animal y la reciente Ley 7/2023 de Bienestar Animal. A nivel comunitario, el Reglamento Europeo también regula esta práctica, recomendando la incineración como método preferente para la eliminación de restos animales. Aunque no prohíbe expresamente el entierro, lo desaconseja firmemente debido a los riesgos sanitarios que puede implicar tanto para otros animales como para las personas. El motivo principal detrás de esta normativa es por razones de salud pública e higiene. Enterrar restos animales sin control puede contaminar el suelo y las fuentes de agua, además de atraer fauna carroñera o propagar enfermedades.

Entonces ¿cuál es la forma correcta de actuar? La normativa es clara: los restos de un animal deben ser tratados por empresas autorizadas o ser llevados a cementerios de animales, crematorios o instalaciones municipales para su retirada.

Las consecuencias de ignorar esta ley no son menores. Aunque para muchos dueños enterrar a su mascota pueda parecer una práctica inofensiva, de amor o respeto, las sanciones pueden ser muy severas: en España pueden llegar incluso a los 60.000 euros de multa.

En este caso, sin embargo, la infracción terminó derivando en algo mucho más significativo: un posible hallazgo arqueológico o, incluso, un caso policial. Por eso, no sería descabellado pensar que las autoridades opten por mostrar cierta tolerancia y lo indulten de la multa correspondiente.

En la vida diaria de la Ciudad de México, muchos conductores buscan proteger la información personal que se exhibe en sus vehículos u optan por sortear los sistemas de videovigilancia y control vial. Dentro de esta tendencia, los cubre placas se han vuelto accesorios populares en el mercado automotriz local.

La función principal de los cubre placas resulta sencilla pero controversial: cubrir, oscurecer o dificultar la lectura de las matrículas vehiculares, ya sea con materiales reflectantes, micas translúcidas, láminas oscuras o incluso mecanismos electrónicos capaces de distorsionar los datos impresos.

Estos cubre placas responde, en muchos casos, a la intención de ocultar la identidad del propietario del automóvil, impedir la toma de la imagen de la matrícula por cámaras de seguridad o bien dificultar la visualización por parte de terceros. Su diseño puede incluir añadidos de neón, capas tratadas para reflejar la luz o materiales que alteran la visibilidad de los números y letras. 

El Reglamento de Tránsito de la CDMX es la norma que define los lineamientos y restricciones en materia de equipamiento vehicular y establece de manera específica las consecuencias de portar elementos que obstruyan la visibilidad de las placas. El artículo 43 prohíbe explícitamente la utilización de luces de neón, porta placas, micas, láminas transparentes u oscuras que dificulten la identificación de la matrícula de cualquier automóvil.

La multa por portar cubre placas, según lo dispuesto en el reglamento, se impone en función de la Unidad de Medida y Actualización, conocida por sus siglas como UMA. Para el año 2025, esta fue fijada oficialmente en 113.14 pesos diarios.

En términos prácticos, la multa para quienes son sorprendidos usando cubre placas o cualquier accesorio que impida leer adecuadamente la información de la matrícula vehicular asciende a 10, 15 o 20 veces el valor de la UMA vigente. El monto específico se determina de acuerdo con la evaluación de la falta y a criterio de la autoridad correspondiente.

Con la cifra actual, la sanción para este tipo de infracción se ubica entre 1 mil 131.40 pesos, en el caso mínimo (10 UMA), y 2 mil 262.80 pesos para la infracción máxima (20 UMA). Este rango aplica únicamente a las faltas relacionadas con la obstrucción intencional de la visibilidad de las placas.

En paralelo, el reglamento integra prohibiciones a otros dispositivos o modificaciones orientados a dificultar el control y regulación vehicular. Entre ellos destacan los sistemas antirradares, ruedas metálicas, luces de faro que no cumplen con las normas establecidas, sistemas de escape modificados para generar ruido excesivo, claxon que produzca sonidos no autorizados y vidrios con un polarizado superior al 20%.

Estacionar de manera adecuada para evitar sanciones exige interpretar con precisión una señal específica: la de “prohibido parquear”.

Conductores en Colombia dependen de esta comprensión para evitar multas e inmovilizaciones, sobre todo cuando se trata de grandes ciudades como Bogotá, donde el espacio es insuficiente para la cantidad de vehículos que hay.

La normativa colombiana define que la restricción inicia en el punto exacto donde se instala la señal y continúa hacia adelante, en la misma dirección de la vía.

Esta precisión determina si al dejar el automotor antes o después del aviso existe o no una falta. A pesar de la claridad jurídica, las dudas más habituales surgen respecto al trayecto cubierto por esta prohibición.

En las calles donde solo existe una señal, la recomendación oficial consiste en considerar que el veto se prolonga hasta la siguiente esquina o intersección.

De esta manera, la ausencia de información adicional no deja el espacio abierto a interpretaciones y, en la práctica, disminuye el riesgo de sanciones.

Existe otra variable: algunos corredores cuentan con señales complementarias. En estos casos, placas adicionales informan el límite, como “prohibido parquear 50 metros”, o precisan los horarios de aplicación. Las autoridades de tránsito recurren a estas indicaciones para reforzar la regulación y facilitar el entendimiento entre los conductores.

La ambigüedad sobre el punto final de la restricción ha causado sanciones a muchos conductores. Frente a esta incertidumbre, la recomendación consiste en no detener el vehículo hasta haber pasado la siguiente intersección. Esta precaución permite cumplir con la norma y disminuye el riesgo de recibir una multa costosa.

Según estipula el Código Nacional de Transito con la infracción C02 aplica una sanción de $604.100, con la posibilidad de inmovilización del vehículo ante el desacato.

El conocimiento detallado de estas medidas y la atención a las señales vigentes representan la principal defensa para quienes transitan, minimizando malentendidos y protegiendo el bolsillo de los conductores.

¿Qué significa la señal con la P y una X?

El Código Nacional de Tránsito agrupa las señales reglamentarias bajo estrictos parámetros definidos por el Ministerio de Transporte en el Manual de Señalización Vial. El diseño, el tamaño y la ubicación responden a normas técnicas que garantizan visibilidad y uniformidad en todo el país. La sanción solo procede cuando:

• La señal cumple con estos requisitos.
• Se instaló correctamente y resulta visible para los conductores.

Si alguna de estas condiciones falla, existe la opción de impugnar la multa.

La señal con una P y una X sobre un fondo blanco y borde rojo ofrece un beneficio clave para la seguridad y la movilidad: advierte que, en ese tramo, ningún vehículo puede detenerse. Esta disposición busca evitar bloqueos en la vía, reducir riesgos de accidentes y facilitar la circulación en sectores donde la ocupación de la calzada agrava los problemas de congestión.

La señal aparece en zonas donde la detención constituye un riesgo, por ejemplo en vías de alta velocidad, accesos o salidas de emergencia y calles urbanas afectadas por alta densidad vehicular. La restricción puede aplicarse en ambos costados dependiendo de la necesidad en cada caso. El propósito es claro: despejar rutas críticas y proteger tanto a los peatones como a los ocupantes de los vehículos.

El desconocimiento de esta norma se sanciona bajo la infracción tipo C02, la misma que con la del “prohibido parquear”, descrita anteriormente.

Las infracciones clasificadas en el grupo tipo C abarcan diversas conductas sancionadas por las autoridades de tránsito. Entre estas se encuentran no disminuir la velocidad en áreas que así lo requieren, conducir sin portar el cinturón de seguridad, no utilizar las señales direccionales y transportar pasajeros o carga que limiten la visibilidad del conductor hacia cualquier dirección. Todas estas acciones están sujetas a sanciones económicas dentro del mismo rango establecido.

El avance en la vigilancia de la carretera ha sumado un aliado tecnológico: cámaras equipadas con visión artificial para controlar el respeto a las señales de ‘stop’. Este sistema automático, desplegado por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir las infracciones y accidentes causados por el incumplimiento de la normativa en cruces especialmente conflictivos. Las estadísticas muestran el desafío. En 2021, 1.093 conductores implicados en accidentes con víctimas no respetaron una señal de ‘stop’, de acuerdo con el último balance con datos completos de la DGT.

A la vez, el número de sanciones por no obedecer una señal de ‘stop’ o un ceda el paso siguió en aumento: 29.560 conductores fueron multados en 2023, lo que representa un incremento del 7,15 % respecto al año anterior, según ha informado Coches.net. Para abordar este problema, la DGT implementó dos cámaras de video, los popularmente conocidos como ‘radares stop’ o ‘radares Ninja’, en dos puntos kilométricos concretos: uno se encuentra en la carretera CM-220, kilómetro 68,7, en la provincia de Cuenca, y el otro en la M-222, kilómetro 13,95, en la Comunidad de Madrid. Pese a su incorporación a la carretera a mediados de 2023, aún existen numerosas dudas sobre su uso.

¿A cuánto asciende la multa?

Tal como detalla El Motor, estos equipos constituyen una de las últimas apuestas tecnológicas del organismo para reforzar la vigilancia vial en puntos donde se ha detectado una alta incidencia de siniestros. Aunque se conoce comúnmente como radar, el sistema no mide la velocidad. El aparato se compone de cámaras de vídeo configuradas para captar el momento exacto en el que un vehículo se aproxima y detiene —o no— ante una señal de ‘stop’, según se establece en el artículo 151 del Reglamento General de Circulación (RGC).

El procedimiento es muy concreto: la cámara graba de forma continua el tráfico en el cruce, detecta si los coches cumplen la parada total obligatoria, y en caso contrario, envía la grabación al Centro de Tratamiento de Denuncias Automáticas. Una vez allí, el personal especializado revisa el material y verifica si efectivamente hubo una infracción. Solo tras esta revisión se inicia el procedimiento sancionador.

El incumplimiento de la señal R-2 está claramente tipificado y acarrea consecuencias: la multa asciende a 200 euros y supone la retirada de cuatro puntos en el permiso de conducir. La sanción se aplica también si el conductor convierte el ‘stop’ en un gesto de ceder el paso sin efectuar la parada total, tal como subraya la normativa.

La puesta en marcha de este sistema se inscribe en una estrategia más amplia de la DGT, que explora diversas tecnologías para controlar infracciones frecuentes con gran repercusión en la siniestralidad. De hecho, desde 2023 también están en fase de pruebas las cámaras para vigilar el respeto a la línea continua, que ya se han instalado en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Sin duda, este tipo de control refuerza la vigilancia en cruces y tramos conflictivos. Gracias a su éxito, todo indica que la DGT ampliará la red de cámaras en los próximos años.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó en segunda instancia administrativa severas sanciones para tres agencias de viajes en Áncash tras comprobar que promovieron la Laguna Parón como destino turístico aunque el acceso permanecía restringido por riesgo de desborde y caída de rocas.

Las empresas Lalo Travel Servicios Turísticos E.I.R.L. (Lalo Travel), Agencia de Viajes y Transportes Turístico Mirador Tours E.I.R.L. (Mirador Tours) y Empresa de Transportes Turístico Mony Tours E.I.R.L. (Mony Tours) recibieron multas que suman un total de 7.91 UIT; es decir, S/ 42.318,5, según detalló el organismo.

Durante la investigación, la Sala Especializada de Protección al Consumidor de Indecopi concluyó que las compañías infringieron el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor al ofrecer excursiones cuando el ingreso se encontraba cerrado debido a la posibilidad de emergencias.

El fallo ratifica la decisión adoptada en primera instancia por la Oficina Regional del Indecopi de Áncash y ordena el pago inmediato de las sanciones, bajo advertencia de acciones coercitivas ante el incumplimiento.

“Las agencias expusieron a los consumidores a un riesgo injustificado al promocionar el acceso cuando estaba restringido”, señala parte de la resolución administrativa.

Compromiso con los derechos de los consumidores

El Indecopi remarcó que estas medidas buscan proteger a los turistas ante la promoción de servicios en condiciones inseguras.

Además, exhortó a todas las empresas de turismo a actuar con total responsabilidad y transparencia para “garantizar la seguridad e integridad de los consumidores y evitar riesgos previsibles que puedan afectar su vida o salud”, declaró el organismo.

Laguna Parón: destino que conecta con la naturaleza

Esta laguna está ubicada 4185 metros sobre el nivel del mar, a pesar de ello, no es impedimento para que miles de turistas extranjeros y nacionales lo visiten en feriados largos o en sus días libres.

Para llegar a la cima de la montaña, desde donde tiene una vista panorámica, debes subir caminando entre 20 a 30 minutos, de acuerdo con tu resistencia física. A su vez, puedes tomar descansos, pero se sugiere que sea de manera tranquila.

En el camino te encontrarás con varios obstáculos, ya que existen grandes y pequeñas rocas que resbalan. Sin embargo, en compañía del guía podrás llegar. Asimismo, niños, jóvenes y adultos se atreven a comenzar con esta aventura.

Anteriormente, las empresas turísticas no incluían en sus paquetes este paisaje, pero poco a poco ha ido siendo la preferencia del público por sus aguas cristalinas y su encanto que te conecta con la naturaleza.

En 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Mientras que en febrero del 2010, el Ministerio de Ambiente también lo declaró como Patrimonio de la Nación, por lo que desde esa fecha pertenece al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

El Juzgado Tercero Laboral de Medellín impuso una sanción al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, debido al incumplimiento de un fallo judicial relacionado con una solicitud de información presentada por la Gobernación de Antioquia el 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el juzgado, el Ministerio de Educación no entregó la información solicitada, por lo que impuso una sanción de tres días de arresto y el pago de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de la cartera ($2.847.000). No obstante, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín.

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Según informó El Colombiano, el problema surgió por $3.800 millones, aproximadamente, que no se pagaron a los docentes de la Universidad de Antioquia por concepto de liquidación del pago de las cesantías. El Ministerio de Educación asignó la responsabilidad de pago al Gobierno departamental que, a su vez, pidió a la cartera sustentar la decisión y allegar documentos de respaldo. Estos son:

• Copia de los comprobantes de pago efectuados a los docentes.
• Copia de las actas de conciliación suscritas en sede judicial o extrajudicial que hayan dado lugar a los pagos que fueron endilgados al Gobierno departamental,
• Una relación detallada de los expedientes administrativos de los profesores que derivaron en la sanción moratoria.

Según informó el medio de comunicación citado, el Ministerio de Educación respondió a la solicitud de la Gobernación de Antioquia. No obstante, esta última presentó una acción de tutela alegando que la información allegada no estaba completa.

De acuerdo con Noticias Caracol, la cartera aclaró que “remitió al Departamento de Antioquia copia digital completa del expediente administrativo requerido, incluyendo la totalidad de las actuaciones que lo integran”. No obstante, reconoció que no allegó toda la documentación exigida en el fallo, porque no fue solicitada por el Gobierno departamental en un inicio.

El medio indicó que, luego de que se hiciera una segunda solicitud que no tuvo respuesta, el querellante obtuvo el respaldo del juzgado, que ordenó al ministerio dar respuesta a la petición inicial de la Gobernación de Antioquia en su totalidad.

Sin embargo, esa orden no fue acatada por la cartera, por lo que se presentó un incidente de desacato de la tutela que tuvo como resultado la sanción establecida contra el ministro Daniel Rojas Medellín.

Tribunal Superior de Bogotá respaldó al Ministerio de Educación

Según detalló la cartera en un comunicado, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín por medio de una sentencia del 23 de septiembre de 2025. De acuerdo con su explicación, el alto tribunal declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Departamento de Antioquia en contra del Ministerio de Educación.

“El Tribunal fue enfático en señalar que el Ministerio sí dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial, por lo que no existía ninguna vulneración ni amenaza a derechos fundamentales”, puntualizó.

Esta decisión de segunda instancia indica que la acción de tutela en cuestión carecía de objeto. En ese sentido, la sanción que establece el arresto y el pago de la multa contra el ministro de Educación quedó sin sustento jurídico.

“El auto que circuló en medios no está ejecutoriado. Esa información corresponde a una interpretación errónea de lo ocurrido en primera instancia, decisión que ya fue revocada conforme a Derecho por el Tribunal Superior”, aclaró.

Crítica al ministro Rojas y al Gobierno: “Fracasando”

El concejal de Medellín Santiago Perdomo se pronunció sobre la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín –desconociendo la determinación del Tribunal– criticando las omisiones del ministro de Educación en la petición que hizo la Gobernación de Antioquia. Aseguró que sus acciones ponen en evidencia la disposición del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de cumplir con las órdenes impartidas por las instituciones judiciales.

“La orden de arresto contra el ministro de Educación Daniel Rojas no es un hecho menor dentro de los funcionarios del Gobierno Nacional. Esto revela dos problemas de fondo: La incapacidad del Gobierno Nacional de acatar la justicia durante sus tres años de gobierno. La improvisación frente al magisterio, con un lío de cesantías que supera los $3.800 millones”, precisó el funcionario en su cuenta de X.

De igual manera, afirmó que la sanción impuesta a Rojas Medellín indicaría fallos en su gestión en la dirección de la cartera. “Cuando un ministro es sancionado por desacatar un fallo judicial, no solo se pone en juego la gestión de su cartera, sino que se demuestra la legitimidad institucional del Estado… En este caso, fracasando”, escribió el concejal en la red social.

Bien es sabido que las deudas en México son consideradas impagables con altos índices de intereses que aterran a la sociedad donde incluso, algunas empresas prestamistas amenazan con denunciar ante las autoridades la falta de pago e incluso andar a prisión a la persona deudora, sin embargo, ¿Qué tan probable es ir a prisión por falta de pago?

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), detalla que los mexicanos buscan cada año un panorama de resiliencia y libertad para cumplir objetivos económicos a largo plazo, por medio de ahorro, inversión, manejo de presupuestos, entre otras facilidades financiera.

La misma encuesta, apuntó en su último estudio que entre los mexicanos, más del 36% de la población de 18 años o más, tiene algún tipo de deuda, de los cuales, el 17% consideró que el endeudamiento es excesivo o impagable, mientras que un 48% percibe las deudas moderadas.

Una vez mencionado el panorama de deuda en México, cabe señalar que el artículo 17 constitucional menciona que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Lo que involucra deudas por tarjeta de crédito, hipotecas, deudas por automóviles, préstamos personales o de nómina.

De acuerdo con Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, así se deba millones de pesos, la persona no recaería en la cárcel sino en otro tipo de procesos legales para que el deudor pague lo antes posible y sin perjudicar su economía, lo que se debe.

“A los cobradores les encanta amenazar a las personas diciéndoles que si no pagan los van a meter a la cárcel, la gente ya se imagina con su traje naranja porque no pagó la tarjeta de crédito, el préstamo, el coche o la hipoteca.

“Las deudas no son un delito, deber no es un delito”, recalcó el especialista para El Economista.

Excepciones de deuda que sí ameritan prisión

De acuerdo con el artículo 386 del Código Penal Federal, los únicos motivos por los cuales una persona podría ir a prisión por endeudamiento es cuando el sujeto en cuestión comete fraude por medio de engaños o aprovechándose del error en sus datos personales.

Según la constitución, el fraude podría pagarse con prisión de hasta 12 años con multas de hasta 120 veces el salario.

“Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”, detalla el artículo 386.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

• Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario
• Con Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario
• Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario

En la Ciudad de México, el crecimiento de la población y la convivencia cotidiana entre personas y animales domésticos han llevado a establecer regulaciones sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en los espacios públicos.

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contiene lineamientos específicos que buscan mantener la limpieza urbana y garantizar la seguridad de todos los habitantes, regulando situaciones cotidianas como pasear a los perros y el manejo de sus desechos.

Uno de los aspectos más vigilados por las autoridades capitalinas es el manejo de las heces caninas en la vía pública. Según el artículo 29 de la mencionada ley, constituye una infracción contra el entorno urbano que un dueño no recoja del espacio urbano el excremento de su perro bajo su custodia o las deposite fuera de los contenedores establecidos.

La sanción por esta omisión se clasifica como una multa tipo B, de acuerdo con la tabla de sanciones estipulada en los artículos 31 y 32 de la ley. Esto implica que los infractores pueden ser sancionados económicamente con un monto que va desde 11 hasta 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Esta sanción económica puede alternar también en un arresto de 13 a 24 horas o en 6 a 12 horas de trabajo comunitario.

No solo la higiene urbana es una preocupación para las autoridades de la CDMX; la seguridad de las personas y otros animales en los espacios públicos es otro pilar fundamental. El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica señala que es infracción contra la seguridad ciudadana que el propietario o poseedor de un animal le permita transitar libremente o lo lleve sin las medidas de seguridad necesarias, tomando en cuenta las características particulares del mismo para prevenir cualquier ataque o altercado.

También se considera infracción no controlar al animal o incitarlo a comportamientos potencialmente peligrosos.

En este caso, la ley contempla exactamente la misma sanción para quienes paseen a su perro sin las medidas adecuadas, como portar correa, bozal si es necesario, y cualquier otro aditamento acorde a la necesidad específica del animal. Esta infracción por descuido se sanciona igualmente con una multa tipo B, correspondiente al mismo rango de 11 hasta 40 veces la UMA , igual arresto y trabajo comunitario.

De este modo, quienes transiten con perros por las calles, parques o cualquier espacio público de la CDMX deben observar no solo el respeto a sus conciudadanos, sino que también están sujetos a sanciones concretas en caso de no recoger las heces o sacar a pasear a los animales sin las medidas de seguridad adecuadas.

La batalla en el competitivo mercado de los yogures volvió a enfrentar a dos gigantes de la industria láctea en el Perú. Esta vez, Indecopi sancionó a la empresa Gloria tras declarar fundada la denuncia presentada por Laive, que acusó a su rival de usar un envase demasiado parecido al de su producto estrella Sbelt Probióticos, lo que habría generado un riesgo de confusión entre los consumidores.

La resolución en primera instancia determinó que la presentación del yogur Gloria Actibio replicaba colores, tipografías y elementos gráficos que recordaban a los de Laive, una coincidencia que, según la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, no podía pasar desapercibida en los estantes de supermercados y tiendas, donde ambos productos compiten directamente por la preferencia del público.

¿Por qué Laive denunció a Gloria ?

Laive expuso que Gloria habría empleado un empaque similar en la presentación de Gloria Actibio, especialmente en el uso de verde y blanco como colores predominantes, letras blancas sobre fondo verde y la colocación de frutas en el centro del envase. A su criterio, estos elementos eran casi idénticos a los de su producto Laive Sbelt Probióticos, presente en el mercado desde 2004 y con un formato actualizado desde 2020.

Por su parte, Gloria alegó que sus envases tenían características que lo diferenciaban de su competidor directo, como la inclusión de linaza, el doble de probióticos y la presencia visible de su marca corporativa, ampliamente reconocida por los consumidores. Además, presentó estudios de mercado que, según la empresa, demostraban que el público distinguía claramente ambas propuestas.

Sin embargo, Indecopi concluyó que en la práctica de compra en góndola, los elementos gráficos compartidos podían inducir a error al consumidor promedio. Por ello, impuso una multa de 21,20 UIT (equivalente a S/ 113.955), ordenó el cese inmediato de toda publicidad y presentación de Actibio que reproduzca elementos semejantes a Sbelt Probióticos y dispuso la inscripción de Gloria en el Registro de Infractores de la Comisión de Competencia Desleal.

Además de la sanción económica, se estableció que Gloria deberá asumir el pago de las costas y costos procesales incurridos por Laive durante el procedimiento. La medida busca garantizar un efecto disuasivo frente a futuros casos de riesgo de confusión empresarial en productos de consumo masivo.

La resolución emitida (N.º 104-2025/CCD-Indecopi) corresponde a primera instancia. Tanto Gloria como Laive tienen la posibilidad de apelar ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, que será la encargada de confirmar, modificar o revocar lo decidido.

Descargos de Gloria

El Grupo Gloria manifestó su posición frente al procedimiento en curso ante el Indecopi a raíz de la sanción. “Nuestra empresa rechaza las alegaciones de Laive, dado que existen abundantes elementos diferenciadores entre ambos productos, no solo en su aspecto visual, sino el uso de las marcas y el público objetivo al que están dirigidos. Ello ha quedado ampliamente demostrado en estudios de percepción presentados ante Indecopi”, expresó la compañía en su pronunciamiento.

La empresa señaló que la resolución emitida por la Comisión de Competencia Desleal forma parte de la primera instancia del proceso y que la misma ha sido apelada por Gloria. “La resolución N° 104-2025/CCD/INDECOPI emitida el 10 de junio del presente, corresponde a la resolución de primera instancia de la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi. Esta resolución no tiene carácter definitivo, y ha sido apelada por nuestra empresa, estando pendiente de resolución por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi”, indicó en el comunicado.

Asimismo, la compañía destacó que el Tribunal de Defensa de la Competencia rechazó una medida cautelar solicitada por Laive relacionada con este caso. “La decisión del Tribunal se basa en un análisis más exhaustivo y sustenta el rechazo de la medida cautelar planteada por Laive, entre otras razones, en la falta de un sustento legal verosímil que sustente las alegaciones de Laive, según consta en la Resolución 0132-2025/SDC-INDECOPI”.

Finalmente, Gloria reiteró: “Actuamos en todo momento en conformidad con el ordenamiento legal vigente, y confiamos en que nuestros argumentos serán considerados por el Tribunal de Indecopi al momento de resolver el caso de forma definitiva.”

Otro caso de lácteos llevado al Indecopi: Gloria y la polémica por el “yogur griego”

No es la primera vez que Leche Gloria enfrenta un proceso ante Indecopi por la presentación de sus productos lácteos. A inicios de 2025, la empresa fue denunciada por la Asociación de Protección y Defensa al Consumidor (Qawaq), que acusó a la compañía de incurrir en competencia desleal al publicitar un “yogurt griego” que, según ellos, no cumplía con las características tradicionales de este tipo de lácteo.

La denuncia se sustentó en que el término “griego” podría inducir a error a los consumidores, haciéndoles creer que se trataba de un producto auténtico de Grecia. Sin embargo, la defensa de Gloria argumentó que en el sector lácteo ese concepto se utiliza de manera comercial para destacar la cremosidad y el alto contenido de proteínas, y no como una referencia literal al país de origen.

Tras evaluar el caso, Indecopi declaró infundada la denuncia al no existir en el marco normativo peruano una definición específica de lo que constituye un yogurt griego. El organismo concluyó que, en ausencia de regulación, la empresa no incurrió en publicidad engañosa, dando así la razón a Gloria y permitiéndole seguir usando esa denominación en su portafolio de productos.

La furia kirchnerista que agitó las últimas semanas el Senado y lo puso a funcionar a toda máquina para enfrentar al Gobierno encontró un freno: los integrantes del Frente de Todos en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dejaron sin quorum una reunión donde se intentaba debatir un proyecto para actualizar las irrisorias multas vigentes por evasión tributaria. Lo más curioso de todo esto es que la iniciativa en cuestión fue aprobada en Diputados hace poco más de un mes por 226 legisladores de casi todos los bloques, salvo la abstención de la izquierda y de un gremialista chubutense.

El cónclave estuvo comandado por el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Antes que pasara la media hora para obtener un quorum que nunca se blindó -el oficialismo no mostró mucho interés para que esto ocurriera-, el legislador aclaró el sentido “informativo” de la reunión. Algunos mencionaron a tres integrantes, pero lo cierto es que, además de su titular, otros cuatro estuvieron presentes.

Quienes participaron, además de Pagotto, fueron el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), dos radicales -uno de ellos, el chaqueño Víctor Zimmermann-, el misionero renovador -no massista- Carlos Arce y la silvestre santacruceña Natalia Gadano, que llegó tarde al encuentro. Nadie del Frente de Todos estuvo. Tampoco el aliado circunstancial de la Casa Rosada Luis Juez (Pro) y la filomacrista Beatriz Ávila. Llamativa la ausencia de la última ya que, tras la evasión fiscal, el temario contemplaba el análisis de proyectos sobre maltrato animal, como el que presentó la tucumana.

“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a un juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no forma parte de la comisión y empuja un articulado alternativo de su autoría.

Abad adelantó su acompañamiento a la norma aprobada por la Cámara baja, aunque dejó en claro observaciones a futuro, dado que el texto avalado por Diputados apunta a actualizaciones que serían por salarios y no por IPC, o la diferenciación entre escalas leve y grave. Y sentenció que el objetivo es que “el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco y no a las Pymes, emprendedores, con montos que son irrisorios”.

Para tener una idea de lo que implica el articulado. Para la evasión simple, la cifra actual de $1,5 millones pasaría a 345 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Como éste es de $322.000 para agosto, sería poco más de $111 millones. En tanto, para la agravada, los $15 millones se irían a 3.450 SMVM. Otros ítems hablan del delirio vigente: por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la multa es de $100.000; por apropiación indebida de tributos, $200.000.

“Viene con un acompañamiento de la totalidad de los bloques y son las cosas que mejoran el funcionamiento del Estado. Estos proyectos mejoran la recaudación y hacen que los evasores tengan algún tipo de pena”, opinó la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien tampoco integra la comisión.

Tagliaferri después añadió: “Es lamentable que para algo que mejora el sistema argentino de recaudación sean solamente tres en esta comisión”. Minutos después, sentenció: “Se supone que los senadores van a estar la semana próxima ya que se está trabajando para sesionar. Si están en la ‘Casa’ y no quieren venir, que expliquen por qué no hay que actualizar las penas”.

En las últimas horas, el kirchnerismo sí se ocupó de acelerar un plenario para el miércoles próximo, con el fin de avanzar con una iniciativa de Oscar Parrilli (Neuquén) que declara “el acceso libre y gratuito de la transmisión del Mundial de Fútbol 2026, a desarrollarse en los Estados Unidos de América, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio”. La cabecera será la de comisión de Medios, que maneja su compañera de bancada Carolina Moisés (Jujuy).

La Comisión de Protección al Consumidor N.º 1 del Indecopi sancionó al Banco BBVA Perú por no garantizar la atención preferencial a un consumidor con discapacidad que acudió a una de sus agencias en el Centro de Lima. El caso, que se remonta a abril de 2024, concluyó con la imposición de una multa de 10 UIT (S/53 500) y la orden de capacitar al personal de la entidad en un plazo máximo de 15 días hábiles.

La denuncia fue presentada por un cliente que acudió a la agencia ubicada en la avenida Abancay, con la intención de retirar su pensión de invalidez. Según el expediente, el usuario se dirigió a la ventanilla destinada a personas con discapacidad, pero no recibió atención. Una trabajadora le informó que no había personal asignado en ese módulo y que debía sacar un ticket regular o recurrir a los cajeros automáticos, lo que ocasionó que esperara más de 45 minutos antes de ser atendido.

El caso que llevó a la sanción contra BBVA

El incidente ocurrió el 18 de abril de 2024, cuando el denunciante relató haber enfrentado una serie de obstáculos dentro de la agencia bancaria. Tras no recibir atención en la ventanilla preferencial, buscó apoyo de la subgerente de la oficina, quien le reiteró que no existía atención prioritaria en ese momento y que debía seguir el procedimiento regular.

En su declaración, el consumidor señaló que pidió apoyo para presentar un reclamo telefónico, debido a que solo contaba con una mano, pero este le fue negado. También indicó que se le impidió grabar los hechos, que se le negó el acceso al Libro de Reclamaciones físico y que su queja no fue respondida de forma oportuna.

Además, afirmó haber sido objeto de un trato discriminatorio reiterado por parte del banco: Expresó haber recibido “tratos indiferentes y hostigamientos” por haber interpuesto una denuncia en contra del banco, pues lo “miraban algo ajeno” y lo hacían esperar para la atención en ventanilla preferente

La resolución final N.º 2786-2025/CC1 del Indecopi evaluó cada una de estas denuncias de manera independiente. Tras la investigación, se declaró fundado únicamente el incumplimiento del derecho a la atención preferente, mientras que los demás señalamientos fueron desestimados al no encontrarse pruebas suficientes o por haber sido presentados fuera de plazo.

Como consecuencia, se impuso una sanción económica al banco y se le ordenó implementar medidas correctivas. Entre ellas, destaca la obligación de capacitar a su personal en un plazo no mayor de 15 días hábiles para asegurar el cumplimiento del artículo 41 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece el derecho a un trato preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y gestantes.

La resolución y las medidas dispuestas por Indecopi

En detalle, la Comisión determinó lo siguiente:

• Falta de atención preferente → Fundado. Se impuso una multa de 10 UIT (S/53 500) y se ordenó la capacitación del personal de la agencia.
• Negativa de apoyo para presentar reclamo → Infundado, al no acreditarse la infracción.
• Negativa de entrega del Libro de Reclamaciones físico → Infundado, pues se comprobó la existencia de un libro virtual donde se presentó el reclamo.
• Falta de respuesta al reclamo → Infundado, ya que la entidad sí respondió a la queja interpuesta.
• Trato discriminatorio reiterado → Infundado, al no existir pruebas suficientes que lo acrediten.
• Negativa a permitir la grabación de los hechos → Improcedente, debido a que la ampliación de la denuncia se presentó fuera de plazo.

Además, el Indecopi fijó el pago de S/36 por costas procesales, que el banco deberá cancelar en un plazo de 15 días hábiles. Una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, la sanción será inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones por un periodo de cuatro años.

La Comisión también recordó que el banco podrá obtener un descuento del 25 % sobre la multa si la cancela dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. En paralelo, se dejó a salvo el derecho del denunciante para iniciar un nuevo procedimiento respecto a la negativa de grabar lo ocurrido.

Este pronunciamiento corresponde a primera instancia, por lo que BBVA Perú aún tiene la posibilidad de apelar ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi. Mientras tanto, el caso se suma a otras sanciones previas contra la entidad bancaria, vinculadas a la falta de medidas de seguridad y a las llamadas de recordatorio de pago antes del vencimiento de las deudas.

Durante una reciente conversación en el pódcast On Purpose conducido por Jay Shetty, la actriz Emma Watson, de 35 años, habló por primera vez de manera pública sobre los detalles de su suspensión de seis meses para conducir en el Reino Unido. Watson, conocida mundialmente por su interpretación de Hermione Granger en Harry Potter, abordó el tema al describir su vida cotidiana tras apartarse del cine (Watson no aparece en pantalla desde Mujercitas de 2019).

La actriz relató cómo ha adoptado el ciclismo como un nuevo pasatiempo y explicó en tono de broma que comenzó a montar bicicleta antes incluso de la sanción: “Hace poco empecé a andar en bicicleta. Sí, empecé antes de mi prohibición para conducir, pero ahora es particularmente afortunado que también vaya en bicicleta por esa razón”, dijo entre risas.

Shetty, de 38 años, mencionó que la noticia de la prohibición se convirtió en “noticia de interés general”. Watson confirmó la magnitud de la difusión: “Me llamaban por teléfono. Salió en la BBC, fue noticia internacional, ¡en todo el mundo! Yo estaba como: ‘Mi vergüenza…’ Está en todas partes”.

Watson señaló que recibió numerosos mensajes de apoyo de personas que le confiesan haber vivido experiencias similares: “Me decían ‘me pasó lo mismo’ y ‘te entiendo, es horrible, es una mierda’”.

En el pódcast, Watson explicó que mientras trabajaba en películas, los seguros de las productoras le prohibían conducir por sí misma al set: “No sé si la gente lo sabe, pero literalmente no te dejan conducir hasta el trabajo. Lo he pedido un montón de veces. Tienes que ser trasladada. No es una opción. Especialmente porque te necesitan allí al minuto, básicamente, según lo que tengan planeado”.

La actriz recordó que, durante años, solo conducía los fines de semana o en vacaciones. El cambio llegó al comenzar su vida como estudiante, cuando pasó a manejar con frecuencia: “No tenía ni la experiencia ni las habilidades, claramente, que ahora tendré y tengo”, reconoció.

El incidente que derivó en la suspensión ocurrió en julio de 2024, por exceso de velocidad. De acuerdo con BBC News, la corte de High Wycombe Magistrates’ Court ordenó el 16 de julio de 2025 la retirada del permiso de conducir por seis meses tras constatar que Watson ya acumulaba nueve puntos en su licencia, y le impuso una multa de 1.044 libras (1.396 dólares). Watson no asistió a la audiencia, que según el medio duró apenas cinco minutos.

En el diálogo con Shetty, Watson describió cómo el episodio fue parte de una “torpe transición” a la vida adulta tras años bajo una rutina estricta: “Pasé de una vida súper estructurada a una etapa en la que era responsable de trasladarme y hacer cosas que prácticamente no hacía desde los 10 años”.

Reflexionó sobre lo que denominó un aprendizaje humilde: “Ha sido un descubrimiento y una travesía, diría que humillante. Porque en un set puedo hacer cosas súper complejas, acrobacias, cantar, bailar… y luego llego a casa y me digo: ‘Emma, parece que no puedes recordar tus llaves, la cartera, mantener la velocidad a 30 millas por hora en una zona de 30 millas. Hay cosas básicas que no logras hacer’… Ha sido humillante”.

Shetty también compartió su experiencia al borde de perder la licencia británica antes de mudarse a Estados Unidos: “Creo que me faltaban tres puntos para perderla antes de mudarme. Creo que ahora estoy de vuelta en seis puntos. Paso dos meses al año en Londres”.

Watson le agradeció entre risas: “Gracias por esa confesión, lo aprecio mucho”, aseguró la actriz, agregando que muchas personas se han acercado a contarle historias similares: “Mucha gente ha decidido confesármelo, lo encontré muy entrañable y lo agradezco de verdad”.

Lo que debía ser una simple reunión entre jóvenes en el sur de Francia terminó derivando en un caso judicial insólito. Una adolescente de Saverdun, en la región de Occitania, organizó una fiesta en la casa familiar durante la ausencia de sus padres, sin imaginar que la noche terminaría con el robo de dos armas de fuego. La historia, relatada en detalle por el medio local francés La Dépêche, se ha convertido en un ejemplo de cómo la imprudencia y la falta de control pueden desencadenar consecuencias graves.

Las armas no son juguetes

El episodio ocurrió el 30 de junio de 2024. La menor invitó a varios amigos a su vivienda para pasar la noche. Todo parecía una típica celebración juvenil, hasta que la anfitriona decidió mostrar dos armas que su padre, aficionado a la caza, guardaba en la casa: una escopeta y un rifle con mira telescópica. Según se reconstruyó en el juicio, los asistentes reaccionaron con entusiasmo, manipulando las armas “como si fueran juguetes”. Fue la propia joven quien lo describió así en sus declaraciones posteriores, una frase que hoy resume la dimensión de lo ocurrido.

La sorpresa llegó al amanecer. Cuando la fiesta se disolvió y los padres regresaron, descubrieron que las armas ya no estaban. La denuncia no tardó en presentarse y la investigación se puso en marcha. Pese a los esfuerzos, nunca se logró recuperar el armamento. Las sospechas se concentraron en Scott, un joven de 19 años, presente en la reunión, que se marchó de la vivienda en plena madrugada. El joven trabajaba en una planta de reciclaje de chatarra y presuntamente aprovechó un descuido para llevarse las armas. A su alrededor también aparecieron sospechas: uno de los amigos de Scott, que asistió a la fiesta, tenía antecedentes por robar una consola.

Detalles de la investigación

Además, otro detalle resultó clave en la investigación. El teléfono del principal acusado registró búsquedas inquietantes en internet la misma noche de los hechos: “rifle de 22 mm”, “arma de francotirador 220”, “me robaron en una fiesta, ¿qué hago?” y hasta “denunciar el robo de arma de caza si no está en caja fuerte”. Todas estas consultas se realizaron entre las 3:50 y las 17:50 horas del día siguiente. Para los investigadores, eran pruebas que apuntaban a su implicación. El acusado, sin embargo, negó haber hecho esas búsquedas y afirmó que, en ocasiones, prestaba su teléfono a otros. Su defensa insistió en que el interés en armas no necesariamente demuestra un delito y pidió al tribunal considerar la ausencia de pruebas directas. El valor del material sustraído fue estimado entre 1.100 y 4.000 euros. La escopeta podría costar entre 500 y 2.500, mientras que el rifle con mira telescópica se valoró entre 600 y 1.500 euros. A ello se sumaban los estuches de transporte, también desaparecidos.

Sentencia y repercusión social

Finalmente, el tribunal dictó sentencia: cuatro meses de prisión con periodo de prueba y una multa de 1.200 euros como resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, el caso puso sobre la mesa un debate sensible en Francia: la seguridad de las armas de caza en los hogares y el riesgo que representan cuando caen en manos inexpertas. La fiesta de Saverdun, que debía ser apenas un encuentro adolescente, terminó en una lección amarga para todos los involucrados.

Tener una mascota, implica, ante todo, agencia y responsabilidad. Esto es garantizar a los animales unos cuidados reales y un espacio seguro dónde se sientan en sintonía con el entorno. También, los dueños y cuidadores deben cumplir con unos mínimos legales asociados al bienestar de sus mascotas. No cumplir con estos requisitos puede suponer la imposición de multas y sanciones. Una divulgadora de contenido especializada en bienestar animal informa sobre ello. En un reciente vídeo de TikTok, Kaizen Dogs (@kaizen.dogs), comunica sobre las cosas ilegales que se derivan de una actitud irresponsable para con los perros.

Sobre la crianza

En primer lugar, dejarlos solos 24 horas. Según la especialista, esto es ilegal y como consecuencia jurídica puede incurrir en una multa de entre 500 y 50.000 euros. Dependiendo de la gravedad de la situación, la multa puede incrementarse. Esto tiene que ver con los posibles agravantes de un caso concreto. Por ejemplo, si una persona no solo ha dejado sin supervisión a su perro durante una cuantía considerable de tiempo, sino que además no le ha proporcionado comida y bebida, las consecuencias legales pueden empeorar considerablemente la sanción. No obstante, a pesar de que tengas víveres para subsistir, dejarlos sin supervisión durante 24 horas supone una transgresión de las responsabilidades que todo dueño o criador debe cumplir. “Así no pueden estar los perros”, declara la divulgadora.

En segundo lugar, la experta explica que está penado por el ordenamiento jurídico español criar sin licencia. “Si una persona se pone a vender perros, pero no tiene licencia, no se lo compres”, insiste. Para poder criar perros en España, antes que nada, debes registrarte como criador en el Registro de Criadores de Animales de Compañía y adquirir el reconocimiento o la licencia del Núcleo Zoológico. De esta manera, la crianza de los animales cumpliría con la Ley de Bienestar Animal que demanda una serie de registros y supervisiones previas.

Un delito de prisión

A continuación, otro de los requerimientos fundamentales asociados al bienestar canino y, a pesar de la incredulidad de algunas personas sobre la existencia de este tipo de actividades, son las peleas de perros. Se trata de una actividad que continúa perpetuándose, obligando a los animales a usar la fuerza bruta y la agresividad contra otros. Esto tiene como consecuencia jurídica la pena de cárcel, constituyendo un auténtico delito de prisión.

En cuarto lugar, desde el año 2023 está prohibido los collares de pinchos, eléctricos y todos los que pueden ocasionar molestias o ahogo a los animales. La multa puede oscilar entre 10.001 euros a 50.000. Además, es ilegal no ponerles microchip, algo que puede ser fundamental para determinar su localización en caso de que se pierdan. La multa oscilaría en una cuantía similar, desde 10.000 euros, llegando, en casos extremos, a 50.000.

Sobre el abandono

Por último, penado con multa y prisión, se encuentra uno de los delitos capitales contra los perros que, durante los meses estivales, muchas personas cometen. Se trata de el abandono canino. Gasolineras, lugares de paso, e incluso en el campo o la carretera, los animales son abandonados de forma cruel e inesperada, dejándolos a la intemperie.

El abandono no solo representa una traición al vínculo de confianza entre el ser humano y su mascota, sino que también supone un grave peligro para el propio animal y para la sociedad. Muchos de estos perros sufren accidentes, desnutrición o enfermedades y, pueden provocar accidentes de tráfico al deambular por carreteras. Además, las protectoras y refugios, ya de por sí desbordados, deben hacer frente a esta triste realidad con recursos muy limitados. La legislación vigente busca sancionar estas prácticas, pero la verdadera solución no radica únicamente en el castigo, sino en la educación y la concienciación. Adoptar a un animal implica compromiso y mucha empatía.

En definitiva, el abandono canino constituye una de esas deficiencias sociales donde el individualismo se antepone a las vidas de los otros. Un reflejo sintomático de la contemporaneidad nos presenta imágenes donde las vidas que no interesan se descartan en favor de aquellas que sí. En consecuencia, el bienestar animal, nos hace reflexionar sobre los afectos y la importancia de los cuidados para entretejer una sociedad más justa y considerada.

En ocasiones, entre algunas parejas, se dan situaciones de desconfianza que hacen aparecer determinadas actitudes. Se trata de conductas tóxicas que cuestionan la honestidad del otro y ponen en peligro la relación. Hablamos de revisar el móvil del otro sin que este lo sepa. Si bien estas dinámicas pueden no ser infundadas, es decir, suelen partir de una sospecha por lo que pueda estar haciendo el otro, hay veces en el que la necesidad controladora de algunas personas o un apego muy ansioso pueden socavar la intimidad de aquel con el que comparten su vida cotidiana. En casos extremos, donde la infidelidad es muy evidente, puede ser la prueba que necesitan para pedir explicaciones o poner fin a la relación. Sin embargo, esta actitud -mirar el móvil, mirar los WhatsApp o los mensajes directos de Instagram- puede ser más arriesgada de lo que muchas personas creen.

En un reciente vídeo de TikTok, un asesor legal y divulgador de contenido jurídico (@miguelangelmejias_), informó sobre los posibles riesgos de mirar el móvil a tu pareja sin que esta lo sepa. Al hacer esto, comunica el experto en leyes, muy pocas personas son conscientes de que podrían estar vulnerando la intimidad de su pareja. Aun cuando existen situaciones ambiguas, donde las acciones de alguien pueden estar motivadas por una sospecha y un malestar real, la ley sigue protegiendo la individualidad de las personas.

Un delito de revelación de secretos

Tanto mirar los mensajes de tu pareja como exigir que te los enseñe puede constituir un delito regulado por el Código Penal. Según el experto, estas actitudes podrían tener como consecuencia acabar en prisión. El Código Penal castiga con pena de hasta cuatro años de prisión a quienes, para vulnerar la intimidad de otra persona, se apoderen de sus mensajes, cartas o comunicaciones privadas. Esto se considera un delito de revelación de secretos. Además, el experto explica que hay casos recientes en los que esto ha sucedido. Por ejemplo, en una de las últimas sentencias de La Audiencia Provincial de Madrid, un hombre fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa de 2.000 euros. El motivo fue coger el móvil de su mujer y revisar sus mensajes.

Además, en el caso de que una persona obligue a otra a que le enseñe sus mensajes -con violencia, intimidación o simplemente con una actitud de intransigencia - puede constituir un delito de coacciones. En este tipo de delitos, existe una fuerza implícita subyacente que, a costa del miedo o la amenaza, obliga a una persona a hacer algo que realmente no quiere. Hablamos de un tipo de violencia que limita la libertad individual mediante un tipo de coacción psicológica.

Una breve mirada al Código Penal español

En efecto, una breve mirada a la legislación española respalda el comunicado del jurista. El delito de revelación de secretos se encuentra regulado en el Art. 197 del Código Penal:

“El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses“.

Por otro lado, el delito de coacciones está regulado en el Art. 172 del Código Penal:

“El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.

En definitiva, observamos como, en determinados contextos, mirar a escondidas el móvil de tu pareja puede incurrir en un auténtico delito regulado por el ordenamiento jurídico español. Si bien es cierto que existen determinadas situaciones de engaño y violencia donde, podría estar justificado correr el riesgo, en la mayoría de las situaciones se considera una grave invasión de la privacidad. Aunque la desconfianza y la sospecha puedan ser motivos para querer hacerlo, es importante recordar que este acto puede tener serias consecuencias legales, como multas e incluso penas de prisión.

En muchos hogares, negocios y oficinas todavía persiste una queja común: la señal de celular o de Internet móvil no siempre es estable. Para resolver este problema, algunos usuarios optan por adquirir dispositivos conocidos como amplificadores de señal, también llamados repetidores, potenciadores o incluso rompemuros. Sin embargo, el uso de estos equipos sin autorización del Estado no solo es ilegal, sino que puede costar una multa millonaria.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó una nueva advertencia a la ciudadanía: instalar o comercializar este tipo de aparatos sin permiso oficial constituye una infracción muy grave, sancionada con montos que llegan hasta los S/ 5,3 millones, además del decomiso inmediato de los equipos. La medida busca proteger la calidad del servicio móvil y evitar que estas instalaciones ilegales afecten a miles de usuarios en distintas zonas del país.

Multas millonarias por usar amplificadores de señal no autorizados

De acuerdo con el MTC, los amplificadores de señal no autorizados interfieren directamente con las frecuencias asignadas a los operadores de telecomunicaciones, lo que ocasiona que las llamadas se corten, que el Internet móvil sea inestable y que se degrade el servicio en áreas completas. “Tú te beneficias, miles se perjudican”, es el mensaje que busca dejar en claro la institución al recordar que estos equipos afectan a todos los que se encuentran alrededor.

Las sanciones están contempladas en la Ley de Telecomunicaciones. Para los usuarios que instalen este tipo de estaciones radioeléctricas, la multa puede alcanzar las 1000 UIT (S/ 5 millones 350 mil). En tanto, los comercios que vendan estos equipos sin autorización también enfrentan fuertes castigos: hasta 500 UIT (S/ 2 millones 675 mil) por cada infracción detectada.

El MTC explica que un amplificador de señal funciona como una estación completa, pues incluye antenas y accesorios que captan el espectro asignado de manera exclusiva a los operadores formales. Al ser instalados de manera clandestina, generan bloqueos o interferencias que dificultan el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos a las empresas de telecomunicaciones.

Por ello, la autoridad exhorta a los ciudadanos a evitar comprar equipos de dudosa procedencia y a verificar siempre que la tienda esté inscrita en el Directorio de Casas Comercializadoras del MTC. Además, si un usuario necesita mejorar la cobertura en su domicilio o negocio, debe coordinar directamente con su operador, que es el único autorizado para instalar de forma segura y legal los equipos que amplían la señal.

Más hogares rurales, sectores de menores ingresos y mujeres lideran el avance del acceso a internet

El acceso a internet en las zonas rurales del Perú experimentó un crecimiento histórico en solo cinco años. En 2019, apenas el 41,5 % de los hogares ubicados fuera de las ciudades contaba con conexión, lo que significaba que más de la mitad de las familias quedaban fuera del entorno digital.

Para 2024, el porcentaje casi se duplicó y llegó a 82,9 %, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel). Esto equivale a un incremento de más de 40 puntos porcentuales, considerado uno de los avances más significativos en conectividad nacional, ya que permitió que millones de ciudadanos en áreas alejadas puedan acceder a información, educación virtual, telemedicina y servicios en línea.

En el caso de los sectores con menores recursos, el impacto también es notorio. El nivel socioeconómico D - E pasó de tener 64,5 % de hogares con internet en 2019 a registrar 89,9 % en 2024. Esto significa que casi nueve de cada diez familias de este segmento ya cuentan con algún tipo de servicio fijo o móvil. El crecimiento en este grupo poblacional muestra cómo la masificación de los teléfonos inteligentes, presentes en el 94,8 % de hogares a nivel nacional, se ha convertido en la herramienta clave que facilita la conectividad.

Otro punto relevante del estudio se observa en los hogares encabezados por mujeres. En 2019, solo el 76,4 % de estas familias tenía acceso a internet, lo que revelaba una diferencia marcada respecto al promedio nacional. Para 2024, la cifra subió a 92,2 %, acercándose a la media general de 92,6 % de hogares con conexión.

El Programa Hoy No Circula inició el 20 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México (CDMX) para combatir la alta contaminación armosférica y los niveles de ozono, que eran alarmantes.

La medida fue instaurada como una emergencia ambiental, luego de que más de 250 días de ese año se superaron las normas de concentración de ozono. En un inicio se planeó como una restricción temporal durante el invierno, sin embargo, debido a su impacto, se estableció de manera permanente a partir de 1990.

¿Por qué se aplicó?

En esos años, el Valle de México experimentaba niveles muy altos de contaminación, superando las normas establecidas de ozono. La situación se volvió una emergencia ambiental, que requirió medidas inmediatas para reducir la emisión de contaminantes de los vehículos.

En invierno, las inversiones térmicas en el Valle de México atrapaban la contaminación, aumentando su concentración, por lo que la medida fue inicialmente pensada para esa temporada.

Evolución del programa

La primera etapa del programa comenzó en 1989, cuando se prohibió la circulación del 20% de los vehículos de lunes a viernes, basado en el último dígito de la placa.

La permanencia del programa se determinó en 1990, cuando se estableció que se llevaría a cabo todo el año y posteriormente se complementó con un programa de revisión semestral, denominado como Verificación Vehicular, que se lleva a cabo hasta la fecha, para determinar si los autos debían circular o ser ajustados.

Hoy No Circula Sabatino

Para el año 2008 se determinó externder el programa a los fines de semana, aplicando los días sábados. Esto, porque se registraban índices de calidad del aire más altos esos días.

Con el tiempo, el programa se ha ampliado y se ha ido modificando para incluir en otras zonas, como el Valle de Toluca, para seguir reduciendo la contaminación ambiental.

Multa por no cumplir el Hoy No Circula en la CDMX

En la Ciudad de México corresponde a personal autorizado para infraccionar adscritos a la Subdirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes podrán levantar la multa, sumado a que deberán presentar el vehículo a un depósito vehicular, como lo especifica el Reglamento de Tránsito vigente en la capital mexicana.

La sanción se aplicará en Unidad de Medida de Actualización (UMA), misma que se utiliza para pagar las obligaciones o infracciones de la ciudadanía, monto que anteriormente se calculaba en base al valor del salario mínimo, pero recientemente es actualizado año con año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los automovilistas que no respeten el programa se harán acreedores a una multa de entre 20 y 30 veces el valor UMA, que actualmente equivale a aproximadamente 113.14 pesos, por lo que la sanción puede oscilar entre los 2 mil 262.80 pesos y los 3 mil 394.20 pesos. Además de la multa económica, el valor infractor puede ser remitido al depósito vehicular (corralón).

En el caso del Estado de México, las infracciones podrán realizarlas Agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS), un agrupamiento integrado por mujeres en unidades debidamente balizadas y uniformes con distintivos naranjas, sumado a que portan una Hand held, una terminal electrónica desde donde se genera la infracción.

Los Ayuntamientos que cuenten con unidades de Policía de Tránsito, podrán emitir infracciones, aunque esto solo sea legal en 18 municipios adscritos al programa Hoy No Circula.

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco son dichos municipios.

El costo de las infracciones oscila en el mismo rango de lo establecido en la Ciudad de México, es decir, entre 20 y 30 UMAs.

La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a un grupo de directivos por $13.090.683.803,98 debido a la ausencia de reportes sobre operaciones sospechosas y una serie de incumplimientos en los requerimientos antilavado, según el expediente UIF N° 1367/2017 “Merryl Lynch Argentina S.A. — Supervisión CNV In Situ”.

La resolución administrativa, firmada el 16 de septiembre de 2025 por el presidente de la UIF, Paul Starc, desestimó los planteos de inconstitucionalidad, nulidad y prescripción de las partes involucradas y detalló los fundamentos por los cuales procedió a sancionar tanto a la firma como a directivos en lo individual.

El edicto notificó a Adrián Fernando Guibernau (DNI 20.838.545), Nuria Martínez (Pasaporte PAC901156), Leonardo Andrés Fernández, Sebastián Guido Loketek, Francis Joseph McGann y Lucas Péres, entre otros. En el proceso algunos solicitaron ser excluidos por falta de legitimación pasiva, aunque la UIF solo accedió parcialmente y mantuvo la imputación contra quienes determinó responsables por las infracciones.

Además de la multa que superó trece mil millones de pesos, la UIF aplicó una sanción adicional de $500.000, repartida en cinco conceptos: deficiencias para identificar a clientes, omisión de documentación respaldatoria, falta de precisión sobre los perfiles financieros, deficiente gestión de información sobre remitentes y destinatarios y errores en la evaluación interna de transacciones inusuales o sospechosas. Estas faltas infringieron disposiciones clave de la Resolución UIF N° 229/2011.

La Ley N° 25.246 exige que los sujetos obligados cumplan el “deber de conocimiento del cliente”, que incluye recabar y verificar documentos para probar la identidad y domicilio de cada cliente, así como identificar a los beneficiarios finales y actuar diligentemente frente a quienes operan en nombre de terceros. El marco legal contempla la cooperación entre entidades en la administración del riesgo de lavado, respetando la protección de los datos personales y el secreto profesional.

Los incumplimientos señalados por la UIF incluyeron la falta de cumplimiento del artículo 21 inciso a), relacionado con la deficiente identificación del cliente y los beneficiarios finales, así como la ausencia de la debida diligencia documental, y la insuficiente constatación de información sobre terceros. La responsabilidad por la debida diligencia recae en la entidad que actúa como sujeto obligado según la normativa.

En lo referente al artículo 21 inciso b) de la misma ley, la UIF señaló que existió una omisión en la obligación de reportar sin demora hechos u operaciones sospechosas — conocidas como ROS —, que pudieran estar vinculadas con ilícitos penales o financiamiento del terrorismo, o con la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta omisión determinó la imposición de una de las sanciones más significativas de la resolución.

Como parte de las consecuencias administrativas, la inclusión de una entidad en el Registro de Infractores de la UIF tiene efectos importantes en la reputación y la operatividad. Al ser público, este registro genera una publicidad negativa y resta credibilidad a la persona o firma involucrada ante clientes, proveedores y contrapartes. Además, produce restricciones reputacionales y puede originar dificultades para acceder al sistema financiero y crediticio. Instituciones bancarias, aseguradoras y otros sujetos obligados deben consultar dicho registro de manera obligatoria, lo que puede llevar a denegatorias en la apertura de cuentas, acceso a créditos, contratación de seguros u operaciones financieras.

La resolución administrativa detalló que, tras rechazar los recursos de inconstitucionalidad y nulidad, la UIF imputó responsabilidad por violaciones a los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley 25.246, junto con varios artículos de la Resolución UIF N° 229/2011. El Anexo IF-2025-65720402-APN-DRAS#UIF incluyó información específica sobre los montos involucrados y los cargos sancionados.

Las personas y la firma sancionada deben abonar la multa mediante el sistema electrónico eRecauda en un plazo de diez días desde la notificación, con la obligación de presentar la acreditación correspondiente en la sede de la UIF en la Avenida de Mayo 757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los cinco días posteriores al pago, bajo apercibimiento de inicio de ejecuciones si no cumplen.

La decisión estableció la publicación de la sanción por tres días en el Boletín Oficial y durante treinta días en el sitio institucional de la UIF, y ordenó informar de la medida a la Comisión Nacional de Valores. Los sancionados pueden recurrir la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal solo por ilegitimidad y dentro del plazo de treinta días hábiles judiciales previstos.

Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa actúa bajo el nombre BofA Securities, dedicado a servicios financieros y bancarios de inversión de Bank of America, y figura como agente del Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el mercado argentino.

La sanción lleva la firma de Paulo Starc, presidente de la UIF, y Valeria Rodríguez Fromm, directora de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

Miles de fanáticos que adquirieron entradas para los conciertos de Foreigner y Luis Fonsi en Lima recibieron este martes una noticia clave: el Indecopi ha ordenado a la empresa Total Entertainment S.A.C. devolver el dinero a todos los consumidores afectados tras la cancelación de ambos espectáculos. Las presentaciones estaban programadas para el 2 de mayo y el 29 de agosto de 2025, respectivamente, pero nunca se realizaron, dejando a los asistentes sin respuestas claras durante semanas.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte dispuso medidas cautelares para garantizar que los reembolsos sean efectivos y que los usuarios no queden desprotegidos. Entre las disposiciones se establece un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de cada solicitud para concretar la devolución del dinero. Además, en un lapso de cinco días hábiles la empresa deberá difundir en su página web, redes sociales y, si es necesario, en medios de circulación nacional, un comunicado oficial detallando el procedimiento de reembolso.

¿Cómo se realizará la devolución de entradas?

El Indecopi ordenó que Total Entertainment S.A.C. atienda de inmediato todas las solicitudes de reembolso y se abstenga de retirar los fondos que actualmente se encuentran en poder de las ticketeras. Asimismo, la empresa está obligada a informar periódicamente sobre el avance de los pagos a la Comisión. En caso de incumplimiento, podrían imponerse multas coercitivas que llegarían hasta las 200 UIT, con la posibilidad de duplicarse de manera sucesiva si persiste la desobediencia.

De manera paralela, la autoridad inició un procedimiento administrativo sancionador contra la compañía organizadora. Según el documento oficial, esta no habría concretado la devolución de entradas en los plazos debidos, tampoco habría brindado información veraz y suficiente a los consumidores, y no comunicó oportunamente la cancelación del concierto de Luis Fonsi.

El proceso sancionador podría derivar en multas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de S/ 2,4 millones, además de medidas correctivas en favor de los afectados, de acuerdo con lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La medida cautelar busca que los fanáticos que compraron entradas para los conciertos de Foreigner Tour 2025 y Luis Fonsi – 25 años Tour recuperen su dinero sin más retrasos, en un contexto en el que la expectativa de miles de asistentes quedó truncada tras la sorpresiva cancelación de ambos espectáculos.

Nueva ley fija plazos y controles para devoluciones de entradas

El Congreso de la República aprobó una norma que obliga a los organizadores de conciertos y a las empresas que venden entradas a devolver el dinero en un plazo máximo de 15 días hábiles cuando un espectáculo sea cancelado o modificado. La medida, que se aplica a eventos con aforos desde 500 personas, excluye obras teatrales y actividades financiadas por el Ministerio de Cultura, y busca poner fin a las demoras que durante años enfrentaron los consumidores para recuperar el costo de sus boletos.

Entre las obligaciones, la ley dispone que las entradas incluyan información clara sobre la razón social y RUC del organizador, el precio pagado y un enlace con las condiciones completas del evento. También se establece que los boletos no podrán superar el aforo autorizado por las autoridades municipales y que la validación durante el ingreso será responsabilidad directa del promotor. En caso de que la devolución no se realice dentro del plazo señalado, la empresa deberá transferir el dinero pendiente al Indecopi, que lo destinará a un fondo especial previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El texto legal fue corregido luego de observaciones del Ejecutivo, que retiró al Indeci como entidad autorizadora al no tener competencia en la evaluación de seguridad para espectáculos masivos. Finalmente, se mantuvo que la autorización municipal y la resolución del Ministerio del Interior son los únicos requisitos previos para realizar conciertos. Con ello, se busca reforzar la transparencia en la venta y devolución de entradas y garantizar que los asistentes no queden desprotegidos frente a cancelaciones o reprogramaciones.

La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció que busca imponer una multa de 3,1 millones de dólares a Boeing por violaciones de seguridad, luego de varios incidentes ocurridos entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.

Esta medida incluye irregularidades vinculadas al desprendimiento en pleno vuelo de un panel de la estructura de un avión Alaska Airlines en enero pasado de 2024, registrado poco después del despegue desde el aeropuerto de Portland, Oregón.

Según reportó The Associated Press, el periodo investigado comprendió el accidente de un Boeing 737 Max 9 operado por Alaska Airlines, el cual experimentó la pérdida de un “door plug” o tapón de puerta de emergencia mientras se encontraba a varios miles de metros de altitud.

En ese vuelo viajaban 171 pasajeros y seis miembros de tripulación, quienes no resultaron con lesiones graves, ya que los pilotos lograron retornar la aeronave de manera segura al punto de partida.

Los hallazgos de la FAA

De acuerdo con información difundida por la FAA, durante ese lapso se identificaron centenares de fallas en los sistemas de calidad en las instalaciones de fabricación ubicadas en Renton, Washington, además de la planta del subcontratista Spirit AeroSystems en Wichita, Kansas.

El regulador federal detectó prácticas como la presión ejercida por un empleado de Boeing a un miembro de la Unidad de Autorización de la Organización Designada (ODA) de la compañía, con el objetivo de aprobar la entrega de un avión pese a que no cumplía con las normativas requeridas.

Según documentó la FAA, “el empleado de Boeing buscó que el miembro del ODA firmara la certificación únicamente para que la empresa cumpliera con su calendario de entregas”.

La FAA subrayó la gravedad de estos hallazgos al señalar que “se encontraron violaciones sustanciales en el control de calidad tanto en Boeing como en Spirit AeroSystems”, hecho que amplificó la preocupación sobre el control interno de la aeronáutica estadounidense. Como parte del proceso administrativo, Boeing dispone ahora de 30 días para responder a la notificación oficial de la sanción.

La respuesta de Boeing

En una declaración a la prensa recogida por Reuters, Boeing afirmó que “está revisando la propuesta de sanción administrativa” y enfatizó la implementación desde el año pasado de un plan de seguridad y calidad bajo la supervisión de la FAA.

La empresa, con sede en Arlington, Virginia, manifestó además: “lamentamos el incidente del tapón de puerta en enero de 2024 y seguimos trabajando para fortalecer nuestra cultura de seguridad y mejorar la calidad y la rendición de cuentas en toda nuestra operación”.

Durante junio pasado, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) concluyó tras una investigación de 17 meses que la combinación de “deficiencias en el proceso de fabricación y supervisora en Boeing, junto con auditorías e inspecciones ineficientes de la propia FAA, antecedieron al desprendimiento del panel en el avión de Alaska Airlines”.

La caída de Boeing

Las dificultades asociadas con la familia 737 Max comenzaron a tener alto perfil desde los accidentes ocurridos entre 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía, donde dos aviones se estrellaron causando la muerte de unas 346 personas. Ambos hechos derivaron en la suspensión del modelo por casi dos años y pusieron en entredicho la supervisión de la empresa por parte del gobierno estadounidense.

Medios como Reuters y AP recordaron también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró en mayo pasado un acuerdo con Boeing para evitar procesos penales por presunta falta de transparencia ante los reguladores federales antes de los siniestros. El acuerdo excluyó cargos criminales, a diferencia de los procesos civiles y administrativos que ahora enfrenta la compañía.

Por otra parte, Boeing volvió a ser noticia recientemente tras el accidente de un 787 operado por Air India, aunque las investigaciones iniciales de la NTSB aún no hallaron defectos en ese modelo, que históricamente presenta un historial sólido de seguridad.

La atención sobre Boeing y la vigilancia en su cadena de producción siguen en aumento tras los diversos incidentes y hallazgos. La respuesta de la compañía al proceso de sanción y la evolución de las medidas regulatorias permanecerán bajo observación de la industria y entes gubernamentales.

La compra de productos cotidianos a través de plataformas internacionales puede acarrear consecuencias inesperadas para los consumidores, como lo demuestra el caso de una usuaria italiana que, tras adquirir artículos en Temu, recibió en su domicilio una multa de 618 euros y la notificación del decomiso de su pedido.

La sanción, que superó ampliamente el valor original de la compra, que era apenas superior a 40 euros, puso de manifiesto los riesgos legales asociados a la importación de mercancías desde países extracomunitarios.

Cómo se desarrolló este incidente que comenzó por una compra en línea

Según informó Agenzia Nova, la afectada, residente en Roma, había solicitado a través de Temu productos de uso diario, entre ellos globos, esponjas de cocina, un bañador, una camiseta y pinzas infantiles. Sin embargo, el paquete nunca llegó a sus manos.

En su lugar, a finales de agosto, la Agencia de Aduanas le remitió una notificación en la que se le imponía una sanción económica y se le informaba del decomiso de los artículos adquiridos.

La inspección aduanera detectó que algunos de los productos, como una camiseta con motivos de la película Monsters, Inc. y unas pinzas inspiradas en Inside Out, presentaban indicios de falsificación.

De qué forma las autoridades descubrieron que los productos eran falsificaciones

Para determinar la autenticidad de los artículos, la administración solicitó un peritaje técnico a consultores especializados de Disney Enterprises Inc., quienes concluyeron que se trataba de imitaciones.

Con base en este informe, las autoridades consideraron a la compradora como importadora a efectos legales, atribuyéndole la responsabilidad de introducir en territorio italiano mercancía que infringía derechos de autor y de propiedad industrial.

La asociación de consumidores Codacons intervino en el caso y destacó que, desde la perspectiva aduanera, el ciudadano es considerado el importador de las mercancías y, por tanto, responsable de cualquier infracción relacionada.

En palabras de la organización, “a efectos aduaneros, el ciudadano fue considerado efectivamente el importador de las mercancías y, por lo tanto, responsable de infringir las leyes relacionadas”.

Qué dijo Temu sobre los problemas legales que pueden causar recibir sus productos

Temu respondió a través de un comunicado en el que aseguró que “los productos mencionados en este caso ya han sido retirados. Exigimos a todos los vendedores que verifiquen su identidad y se comprometan a respetar los derechos de propiedad intelectual, los cuales aplicamos de acuerdo con las políticas de nuestra plataforma”.

Agregó que, “para fortalecer aún más la aplicación de la ley, hemos ampliado nuestro grupo de propiedad intelectual, hemos lanzado un centro de protección de marcas y hemos profundizado la colaboración con los titulares de derechos”.

Por qué la ley de algunos países sanciona productos falsificados

La legislación vigente en Italia establece que la introducción de productos desde países fuera de la Unión Europea que vulneren derechos de propiedad intelectual puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre 300 y 7.000 euros, además del decomiso administrativo de la mercancía.

En este caso, la multa impuesta ascendió a 618 euros, una cifra considerablemente superior al importe original del pedido. Desde Codacons advierten sobre los riesgos de adquirir artículos en plataformas internacionales, sobre todo cuando se trata de productos de diseño o inspirados en marcas reconocidas que se ofrecen a precios inusualmente bajos.

Ante situaciones similares, se debe consultar la normativa aduanera vigente y buscar información sobre los requisitos de importación para evitar infracciones involuntarias. Además, los consumidores pueden recurrir a canales oficiales y asociaciones de defensa para aclarar dudas relacionadas con la autenticidad de los artículos.

Estas medidas ayudan a minimizar el riesgo de sanciones y decomisos, porque la legislación suele atribuir la responsabilidad legal al usuario como importador, incluso si desconoce el origen o la naturaleza de la mercancía.

En el Perú, manejar un vehículo sin licencia de conducir vigente no solo representa una falta administrativa, sino que también es una de las infracciones más severas contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito. La sanción no se limita a un aspecto económico.

Recientemente se conoció el caso de un chofer de transporte público que, sin contar con licencia, manejaba un vehículo de servicio urbano en la Vía Evitamiento. Lamentablemente, perdió el control y chocó contra una valla metálica en el puente Santa Anita, provocando la muerte de dos pasajeros. Este hecho volvió a poner en agenda la importancia de contar con un permiso de conducir válido.

Aunque se trata de un caso particular, existen muchos conductores que circulan a diario sin el brevete correspondiente. Algunos lo hacen por desconocimiento de las sanciones, y otros, de manera irresponsable, creyendo que nunca serán intervenidos. Sin embargo, la ley es clara: manejar sin licencia puede salir mucho más caro que tramitarla.

¿Cuál es la multa por manejar sin licencia de conducir?

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC y sus modificatorias, compartido en la web del SAT de Lima, la infracción M03 sanciona a quienes conduzcan un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o un permiso provisional. Esta falta está clasificada como muy grave y conlleva una multa de S/ 2,675.

Además de la sanción económica, el infractor queda inhabilitado para obtener el brevete durante tres años. A esto se suma una medida preventiva inmediata: el internamiento del vehículo, lo que significa que no podrá circular hasta que se regularice la situación. Es decir, no solo se pierde dinero, sino también tiempo y movilidad.

Estas disposiciones buscan disuadir la conducción irresponsable y garantizar que todos los choferes tengan las competencias médicas, teóricas y prácticas necesarias para operar un vehículo de forma segura. El cumplimiento de la norma es vital para reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de pasajeros y peatones.

Esto es lo que pagan quienes conducen con el brevete retenido

El Reglamento Nacional de Tránsito también establece sanciones para los conductores que manejan pese a tener la licencia retenida, suspendida o cuando se encuentran inhabilitados para conducir. En este caso, la infracción corresponde al código M04, calificada como muy grave.

La multa en este escenario es de S/ 5,350, es decir, el doble de lo que se paga por conducir sin licencia. A esto se suma la suspensión de la licencia por tres años, si esta estuviera retenida, o la cancelación definitiva, si ya se encontraba suspendida. En ambos supuestos, el vehículo será internado y la licencia retenida de inmediato.

Este tipo de sanciones reflejan la seriedad con que se aborda la reincidencia o la desobediencia a las restricciones impuestas por la autoridad. Conducir con el brevete retenido no solo es una falta económica costosa, sino también una muestra de irresponsabilidad que puede traer graves consecuencias legales y sociales.

¿Cómo obtener mi licencia de conducir y evitar pagar estas costosas multas?

La única manera de evitar estas multas es obteniendo la licencia de conducir de forma regular y cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este documento certifica que el conductor está capacitado para manejar un vehículo en condiciones seguras.

Para obtener el brevete, se debe cumplir con requisitos básicos como tener 18 años cumplidos, no estar inhabilitado por resolución judicial y presentar un DNI vigente. Con estos requisitos, el postulante debe seguir un proceso compuesto por las siguientes etapas:

1. Examen médico: Este se realiza en centros autorizados y permite verificar la visión, audición y estado de salud general del postulante. Su costo varía entre S/ 200 y S/ 400, y el certificado tiene una vigencia de seis meses.
2. Examen de reglas de tránsito: Evalúa el conocimiento de las normas viales mediante una prueba escrita de 40 preguntas, de las cuales al menos 35 deben ser respondidas correctamente. El pago por este examen es de S/ 67.32 y se ofrecen hasta tres intentos.
3. Examen práctico de manejo: Consiste en una evaluación en circuito oficial donde se mide la destreza del aspirante al volante. Se programa previa cita y exige puntualidad, además de presentar el DNI original y vigente.
4. Emisión de la licencia: Tras aprobar las evaluaciones anteriores, se paga S/ 24.50 en el Banco de la Nación, Multired o Centros MAC. El brevete se entrega en aproximadamente 40 minutos en el Centro de Emisión de Licencias.

¿Cómo renovar mi licencia de conducir vencida?

Si el conductor ya cuenta con una licencia, es fundamental renovarla antes de que expire. La revalidación puede solicitarse hasta 60 días antes del vencimiento o incluso después, pero manejar con una licencia caducada también constituye una infracción que acarrea sanciones.

El proceso de revalidación de la licencia de conducir en el Perú se realiza siguiendo estos pasos:

1. Examen médico: Acudir a un centro autorizado por el MTC para aprobar la evaluación médica. Esta incluye pruebas de visión, audición y salud general. El certificado tiene costo adicional y es requisito obligatorio.
2. Pago de derechos: Cancelar el derecho de emisión de S/ 24.50 y el costo del examen médico en el Banco de la Nación o mediante la plataforma digital págalo.pe.Registro en línea: Ingresar al portal oficial del MTC en licencias.mtc.gob.pe, aceptar los términos y condiciones, e introducir el número de DNI junto con el código del recibo de pago.
3. Selección de oficina y recojo: Escoger una oficina del MTC para recoger la nueva licencia. En la fecha programada, acudir con el documento de identidad vigente para recibir el brevete revalidado.

La investigación por fraude fiscal abierta contra John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, ha concluido con la imposición de una multa de 138 millones de euros y una condena de un año de servicios comunitarios para el directivo, según informa Reuters. Junto a sus hermanos Lapo y Ginevra, Elkann cierra de esta forma uno de los capítulos más mediáticos de su vida, relacionado con la herencia de la influyente dinastía italiana Agnelli, fundadora y principal accionista de Fiat y dueña de la Juventus.

El acuerdo, ratificado por la fiscalía italiana y aún pendiente de validación judicial definitiva, implica que los tres hermanos Elkann asuman el pago de 183 millones de euros en total. De esa cantidad, la mayor parte corresponde al propio John Elkann, quien además deberá realizar un año de servicios a la comunidad. Este acuerdo supone la suspensión de cualquier cargo penal contra los implicados por el presunto fraude fiscal en torno al legado de su abuela, la noble Marella Caracciolo, viuda del famoso empresario del sector automotriz, Gianni Agnelli.

Tal y como ha confirmado el abogado de los Elkann, Paolo Siniscalchi, tras la firma y ratificación final de este acuerdo, los hermanos dejarán atrás el proceso penal que la fiscalía abrió para investigar la supuesta falta de declaración de 1.000 millones de euros en activos y 248,5 millones de euros en ingresos derivados de la herencia. La cuantía reclamada por el fisco italiano tenía su origen en posibles irregularidades en el pago del impuesto de sucesiones correspondiente al cuantioso patrimonio recibido tras el fallecimiento de Marella Caracciolo en 2019, quien residía en Suiza en el momento de su muerte.

Una disputa familia convertida en una batalla judicial

Este episodio judicial se inserta en una disputa mucho mayor: el enfrentamiento civil entre Margherita Agnelli, madre de John Elkann y heredera a su vez de 1.200 millones de euros de la fortuna familiar, y sus tres hijos mayores. Margherita Agnelli mantiene desde hace años un litigio para anular los conocidos como acuerdos de Ginebra, firmados en 2004 tras la muerte de su padre, Gianni Agnelli, artífice de la expansión internacional de Fiat y origen del actual Grupo Stellantis.

Los acuerdos de Ginebra atribuyeron la gestión y el control de buena parte del patrimonio a John, Lapo y Ginevra Elkann, dejando en una posición más desfavorable tanto a su madre como a los cinco hijos que Margherita tuvo en su segundo matrimonio. El conflicto, lejos de limitarse al ámbito familiar, se ha convertido en una auténtica batalla judicial que ha salpicado a los máximos responsables empresariales de algunos de los grupos automovilísticos más importantes del mundo.

La resolución administrativa y penal respecto al fraude en el impuesto de sucesiones permite a John Elkann y sus hermanos librarse de nuevas investigaciones penales, según han aclarado las autoridades italianas y recoge Reuters. Además, fuentes jurídicas han confirmado que hace falta únicamente la ratificación por parte del tribunal para que el proceso quede definitivamente cerrado.

No habrá más demandas por parte del Estado italiano

Gracias al acuerdo alcanzado, los Elkann evitan cargos penales, aunque a cambio asumen un fuerte impacto económico y la obligación, en el caso de John Elkann, de cumplir un año de servicios a la comunidad. Por el momento, el presidente de Stellantis y Ferrari debe comunicar a las autoridades italianas en qué institución o actividad desarrollará este periodo de trabajo en beneficio de la sociedad.

Asimismo, el pacto judicial implica también que se cierran las puertas a otras posibles demandas adicionales por parte del Estado italiano en cuanto a este caso de fraude fiscal relacionado con la herencia se refiere.