“Deberías dejar de preguntarte por qué hace lo que hace”. Un ministro que participó de la mesa política respondió vía WhatsApp a Infobae ante la consulta por el último decreto de ajuste fiscal de 1,47 billones de pesos (1,6 % del PBI) publicado un día antes de la Marcha Federal Universitaria. Se refería a la forma de avanzar del presidente Javier Milei ante cada protesta social recibida como una amenaza.

El gabinete mostró (una vez más) sorpresa ante la estocada fiscal en una semana complicada en materia de gestión. En paralelo a la plaza llena de una multitud de estudiantes, sindicatos y políticos de la oposición, a pocos metros de la Casa Rosada, Karina Milei comandaba la mesa política para volver a tomar protagonismo en el Congreso de la Nación.

La orden de la secretaria general de la Presidencia fue sostener el proyecto de reforma electoral sin modificaciones, a pesar de los dichos de la senadora Patricia Bullrich, que buscó modificar la iniciativa separando “Ficha Limpia” para negociar con bloques aliados del Poder Ejecutivo. Así las cosas, esta tarde el Senado comenzará a debatir en comisión la reforma electoral de manera conjunta. A contramano de lo acordado por Bullrich junto a los bloques del PRO y la UCR.

“Sin negociación no hay ley. Es como que busca sostener la autoridad por la autoridad en sí misma. Saben que así no sale y van igual. No se entiende la estrategia, una vez más”, planteó una senadora aliada a este cronista. Lo cierto es que los enfrentamientos entre la hermana del Presidente y Bullrich pasaron a ser recurrentes. Al protagonismo de “Pato” en las sesiones extraordinarias se sumó el bloqueo de Karina a que asumiera Diego Valenzuela en Seguridad en un cargo clave justo por debajo de Alejandra Monteoliva.

“Patricia pensó que pasaba al Senado pero mantenía la palabra final en Seguridad. Y eso no pasó”, comentó un funcionario del ministerio que atravesó las internas por ser cuadro técnico. A las exigencias de respuestas al Presidente, se sumó que la exministra de Seguridad quedó en primer lugar de imagen positiva según los números de la consultora Management & Fit. ¿Milei? Quedó séptimo y con una imagen negativa por encima de la excandidata de Juntos por el Cambio. “Tiene una emocionalidad importante”, dijo Bullrich para detener la catarata de preguntas de la prensa por los gritos de Milei en la última reunión de gabinete del viernes pasado. Es una historia en desarrollo.

No fue del agrado libertario el abrazo entre Bullrich y Mauricio Macri. El titular del PRO salió con todo el domingo en un duro comunicado donde planteó serias diferencias con el Gobierno. Tanto las autoridades del espacio como el entorno del expresidente coincidieron en que el texto no fue discutido, sino que fue “la voz de Mauricio”. ¿Entonces? El enojo se hizo sentir dentro del PRO. Aunque nadie quiso plantearlo públicamente. Solo el jefe de gobierno, Jorge Macri, reconoció al aire en televisión que no había leído el texto. “Me enteré viniendo para acá”, dijo sorprendido en TN.

Macri y Milei no se ven desde aquella reunión en Olivos el 31 de octubre de 2025, cuando el Presidente cortó en seco al hombre del PRO que le proponía cambios en el gabinete. Por lo pronto, Macri volverá de Egipto y aterrizará casi de manera directa en Vicente López junto a su diputado más cercano, Fernando De Andreis. La semana que viene hará una aparición en la región de Cuyo. “Busca rearmarse. Sabe que falta mucho para la elección, pero en política es muy poco. Pensá que todos van a desdoblar. Esto ya se juega”, afirmó un armador del espacio.

En ese juego ya entró, como de costumbre, el peronismo. La frase de Juan Manuel Olmos sobre los vaivenes del mercado cuando el PJ asoma la cabeza generó un ruido intenso en la discusión opositora. Olmos dialogó con Infobae al respecto y reiteró su idea: “Tenemos que despejar el factor miedo para ser otra vez competitivos”, consideró. En el movimiento de los sectores que quieren ser, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó hasta Córdoba para buscar cicatrizar una herida que lleva más de diez años entre la población cordobesa y el kirchnerismo desde el levantamiento policial del 2013, donde el Estado nacional se corrió de la escena.

“El peronismo gobierna Córdoba desde hace muchísimos años. Es un peronismo con características cordobesas, pero me parece que el problema ha sido mirarlo desde acá”, sentenció Carlos Bianco para buscar un punto de encuentro con Martín Llaryora.

En tierras serranas también estuvo la CGT. En un acto del gremio de Sanidad, Héctor Daer volvió a pedir por “Axel Presidente”. No le será fácil. Teresa García, diputada cercana a Cristina Fernández, consideró que era hora de buscar “un nuevo (Héctor) Cámpora, es lo que va a pasar”. En sintonía con los dichos de Sergio Berni, hoy senador provincial pegado a La Cámpora. El exministro de Seguridad de Buenos Aires dijo que “si Kicillof no acepta la conducción estratégica de Cristina, buscaremos otro candidato”.

¿Y el escenario económico con un ajuste que no parece terminar? Martín Rapetti, licenciado en Economía por la UBA y doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, director ejecutivo de Equilibra Consultores, dio un panorama completo ante Infobae: “Estamos hoy en una economía que, más allá de algunos sectores puntuales como, sobre todo, energía, minería y el agro, el resto está en una economía con una actividad que está deprimida, si no es que está en un proceso directamente contractivo (...) En ese contexto, lo que ves es que la recaudación tributaria está cayendo mes a mes; abril fue el noveno mes consecutivo de contracción interanual de los ingresos tributarios. Y estás viendo que los ingresos vinculados a la actividad económica están en retroceso, por ejemplo, los ingresos de la seguridad social están en retroceso“.

Ante esta situación donde el Gobierno debe mantener el acuerdo con el FMI de un superávit primario del 1,4 %, “lo que está haciendo es recortar gastos o posponer gastos, no pagar algunos pagos, sobre todo a proveedores —hay casos elocuentes que están en todos los medios—”, consideró el economista.

“Y eso obviamente le permite ir manteniendo el objetivo de superávit primario, pero obviamente contrayendo el gasto”, agregó. “Esa contracción del gasto tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, porque ese gasto que no hace el gobierno es un faltante de caja para alguien, para alguna empresa proveedora, etcétera, que empieza a resentir su situación porque tiene que financiarse con tasas que, bueno, ahora están cayendo, pero que siguen siendo relevantes. Entonces ahí entras en una dinámica que es preocupante”, consideró.

Rapetti planteó que la preocupación principal no pasa por la “sanidad fiscal”, que parece estar cubierta a fuerza de ajuste, sino que el mercado vea un problema en la sostenibilidad del plan. “La impresión que uno tiene mirando las encuestas, hablando con la gente, es que a la sociedad le costó el esfuerzo, pero no pensaba que el esfuerzo iba a ser tan prolongado en el tiempo”.

Para el economista, el problema en materia de empleo y en materia de ingresos, puede generar “un problema de sostenibilidad”. ¿Por qué? “Porque si los mercados perciben que empieza a haber un riesgo de cambio de régimen político, eso puede preocupar, llevar a todos los inversores a tomar medidas más precavidas en sus portafolios, tener menor exposición a Argentina, tener menor exposición a activos en pesos, y eso puede generar eventualmente una suba del riesgo país y una presión en el mercado de cambios". ¿Los tiempos? Rapetti resumió: “Después de la cosecha gruesa y después del Mundial, cuando ya se empiece a vislumbrar un poco más en Argentina el proceso preelectoral, me parece que ahí estos temas van a empezar a aparecer con más nitidez y ahí es donde puede empezar a haber más dificultades".

A pocos días de comenzado el año, la cúpula del Gobierno dejó trascender a que tenían una meta informal en materia de política fiscal y de gestión: reducir un 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre. Esto no se concretó en los hechos y tiempo después el objetivo se reconvirtió con un nuevo horizonte, fines de 2026.

Se trata de un objetivo ambicioso. En particular, porque hubo un recorte sustencial de la dotación en los primeros dos años de la administración Milei. La profundización de la misma ya genera ciertos reparos entre algunos ministros, que reconocen que el margen para seguir acotando el personal es fino si es que no se quieren desnaturalizar las tareas de áreas u organismos clave.

El Informe de Gestión N° 145 que presentó la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados esta semana da cifras oficiales y magnifica lo hecho hasta entonces. En el universo de las empresas públicas, la reducción total entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue de 18.278 empleados, con una caída desde 91.166 a 72.888 puestos. En el conjunto de ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN), la merma alcanzó los 37.972 agentes sobre un total de 205.550, lo que equivale a una contracción del 18,5% en el período.

El sector del Ejecutivo que tiene la responsabilidad de la planificación de la política de empleo estatal es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y que reconoció en una de las respuestas que no hay prevista una meta cuantitativa de despidos para 2026.

“Las reducciones de personal no responden a una meta cuantitativa fija, sino que se producen de manera gradual, a medida que se avanza en el análisis detallado de cada área u organismo. Dicho análisis evalúa la existencia de superposiciones de funciones entre dependencias y si dichas funciones relevadas corresponden efectivamente a cometidos propios del Estado Nacional con sustento normativo de rango legal”, respondió la cartera en uno de los casos.

El proceso de evaluación sobre la dotación estatal llevó a la salida de casi 56.250 trabajadores entre empresas públicas y organismos del Estado. De querer desplazar al 10% de la dotación, deberían desplazar a cerca de 17.000 agentes solo en la APN y 7.000 en las empresas públicas.

La respuesta oficial, incluida en el informe parlamentario presentado esta semana, establece con precisión el criterio rector: cuando el análisis concluye que las funciones de un área se superponen con las de otra dependencia, o que no constituyen responsabilidades propias del Estado nacional con respaldo legal, se dispone la discontinuación de esa área y la desvinculación del personal afectado.

Cuando, en cambio, se trata de funciones indispensables previstas en una norma legal, se determina la dotación mínima necesaria para prestarlas de manera eficiente, con base en el volumen de trabajo y los procesos asociados. La política, según el texto oficial, es de adecuación funcional y racionalización organizacional, no de ajuste por cupo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordenó a los ministerios reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital (inversión/obra pública) para sostener el “déficit cero”. Tal y como informó oportunamente Infobae, hay ministros que no ocultan incomodidad por la medida, ya que el margen para cumplir con el objetivo informal de 10% es reducido.

Las empresas que encabezan la motosierra

Datos públicos publicada en el Anexo de la Pregunta N° 153 del Informe de Gestión, el Correo Oficial de la República Argentina encabeza la lista de empresas con mayor reducción en términos absolutos: perdió 4.891 empleados, con una caída desde 16.879 hasta 11.988. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E. (Trenes Argentinos Operaciones), que pasó de 23.875 a 19.934 agentes, con 3.941 puestos menos. Aerolíneas Argentinas registró una baja de 1.838 puestos, de 11.617 a 9.779, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) redujo su planta en 1.667 empleados, de 7.680 a 6.013.

Un caso particular es el de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF), que eliminó la totalidad de su planta: los 1.425 empleados que registraba en diciembre de 2023 no tienen continuidad en febrero de 2026. En términos proporcionales, la Agencia de Publicidad del Estado redujo su dotación un 78,5%, de 790 a solo 170 agentes. Otras empresas con bajas relevantes fueron Casa de la Moneda (-682), Corredores Viales (-640) y la Agencia de Publicidad del Estado (-620).

No todas las empresas mostraron caídas. Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) sumó 419 empleados en el período (aunque por el reordenamiento que hubo de las empresas públicas ferroviarias), Radio y Televisión Argentina (Canal 7) incorporó 147, e Intercargo registró una leve suba.

Los organismos con mayores caídas porcentuales

Entre los organismos de la APN, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) registró la mayor contracción proporcional: un 58,5%, con 377 puestos menos, de 644 a 267 agentes. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) cayó un 49,1%, de 275 a 140 agentes, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 48% de su dotación, de 508 a 264 empleados.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) disminuyó un 44,9%, con 335 puestos menos. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) registró una baja del 43,1%, y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) perdió el 41,3% de su personal. Los dos ministerios con mayor peso absoluto en esta franja fueron el Capital Humano, con una caída del 40,8% (-5.483 empleados), y el de Economía, con un 40,5% menos (-5.313 agentes).

El ENACOM perdió el 39,7% de su plantilla, otro dato que ilustra la profundidad del proceso en organismos regulatorios y de control.

En el otro extremo, el Ministerio de Seguridad sumó 442 agentes, un incremento del 45% respecto de su dotación inicial. El Ministerio de Justicia incorporó 129 empleados, la Procuración del Tesoro 48, y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) casi triplicó su planta, de 33 a 97 agentes. El incremento de esta última dotación se debe a la reestructuración dispuesta por el Decreto 344/2025, mediante el cual el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo de Sitio ESMA fueron transformados en unidades organizativas incorporadas a la estructura del CIPDH.

Organismos bajo revisión sin decisiones cerradas

El informe incluye respuestas de varias carteras que grafican el estado actual del proceso.

En el caso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo pasó de 5.391 agentes en diciembre de 2023 a 4.497 en marzo de 2026, con 894 desvinculaciones en el período. El informe precisa que esas bajas se enmarcan en el Decreto 1149/24 y sus modificatorias, que establecen restricciones al ingreso de personal en el sector público, y que no existe un plan específico y autónomo de reducción para el organismo.

Dos respuestas del informe merecen atención por su especificidad. El Ministerio de Defensa salió al cruce de versiones sobre posibles desvinculaciones masivas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La cartera negó que se vaya a desvincular a 500 trabajadores experimentados, aunque por estas semanas se efectivizó el despido de 240 trabajadores sin un plan de transición para comprar maquinarias que puedan suplir el trabajo de los desplazados.

La Cancillería, por su parte, explicó que en 2025 no convocó a un nuevo proceso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) porque un análisis interno concluyó que la dotación vigente y las necesidades de servicio no lo hacían imprescindible. El organismo continuó con las actividades de capacitación y perfeccionamiento de los diplomáticos ya incorporados.

En el sistema ferroviario, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSA) pasó de 23.833 empleados en diciembre de 2023 a 19.913 al 7 de abril de 2026, una reducción de 3.920 puestos. El Ministerio de Economía aclaró que no tiene previsto modificar la modalidad de contratación de los servicios de limpieza y control de pasajes.

El empleo público fue una constante de ajuste en los primeros 28 meses de gobierno de Milei. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada, dejaron de trabajar para el Estado un total de 67.253 personas en todo el país.

El último informe del organismo de estadísticas señala que, de los 67.253 despidos y renuncias, la mayor parte pertenecían a la Administración Pública Nacional (APN). En concreto, había 233.098 trabajadores activos en la APN en noviembre del 2023 -justo antes de la llegada de Milei-, y hay 187.734 en la actualidad. Es decir que, de punta a punta, se registró una caída de 45.364 trabajadores en esa área.

A su vez, de esos 45.364 ex empleados, 22.975 pertenecían a la “Administración descentralizada”, 16.893 a la “Administración centralizada”, 3.885 a la “Administración desconcentrada” y 1.611 a “Otros entes”.

La otra gran rama, la de “Empresas y sociedades”, tenía 110.259 trabajadores en noviembre de 2023 y bajó a 88.370 empleados en marzo de 2026. De ahí se desprende que en ese segmento hubo un recorte de 21.889 trabajadores.

Hay que tener en cuenta que en el transcurso de los primeros 28 meses de la administración libertaria muchas áreas de la APN dejaron de existir y otras fueron reestructuradas, lo que condujo a la desaparición de muchos puestos de trabajo.

Lo mismo ocurrió con las empresas y sociedades. Varias fueron cerradas o ingresaron en procesos de privatización, lo que llevó a que miles de personas dejaran su cargo.

El recorte de marzo

El tercer mes del año no fue una excepción, sino que confirmó la continuidad de una larga tendencia de recorte del empleo público. En total, se contabilizaron 276.104 trabajadores en todos los niveles de Gobierno, lo que representó una caída de 818 empleados respecto al mes de febrero.

Una vez más, se puede hacer una segmentación entre lo ocurrido en la Administración Pública Nacional y las “Empresas y sociedades”. En el primer caso, los datos de Indec muestran que la planta de personal se achicó en 479 trabajadores. En lo que respecta a las empresas, se perdieron 339 puestos de trabajo.

En ambos casos hubo algunas excepciones, con ciertas áreas o entidades que tuvieron más altas que bajas en el tercer mes de este año. Sin embargo, la tendencia general siguió mostrando el resultado contrario.

El último mes de la APN

Si se analiza la Administración Pública Nacional en detalle, se encuentra que la mayor parte de los despidos y renuncias se concentraron en la Administración descentralizada, que sufrió una baja de 485 trabajadores. Si se “abre” ese número, se encuentra que el recorte más significativo lo tuvo el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tuvo una reducción de personal de 135 trabajadores. Se destacaron también los resultados en el INTA (-54 empleados) y la Comisión Nacional de Energía (-32).

En la Administración Centralizada dejaron de trabajar 313 personas entre febrero y marzo. Entre ellos, la mayoría pertenecían a Presidencia de la Nación (-79 trabajadores entre febrero y marzo), el Ministerio de Capital Humano (-66) y el Ministerio de Economía (-60).

Por su parte, el segmento de “Otros entes” tuvo un recorte de 74 puestos de trabajo y la gran mayoría pertenecían al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI), que registró un recorte de 63 puestos de trabajo.

Un contraparte, la “Administración desconcentrada” sumó a 393 empleados en el mes de marzo. Si bien varias áreas tuvieron recortes, la diferencia la hizo el Estado Mayor General del Ejército Argentino, que incorporó a 443 empleados.

Las empresas del Estado

Como se mencionó, entre todas las empresas y sociedades que actualmente pertenecen al Estado se perdieron 339 puestos de trabajo en marzo. Ahora bien, al mirar “dentro” de ese número, se observa que fueron tres las compañías que tuvieron recortes significativos.

El caso más llamativo es el de la Operadora Ferroviaria S.E., que restó a 136 empleados en el tercer mes del año. Las otras dos empresas que se destacaron fueron el Correo Argentino (-75 empleados) y el Banco Nación (-59 trabajadores).

Con estos números, se confirma que el recorte de la planta de personal sigue siendo uno de los mecanismos de ajuste elegidos por el Gobierno. De hecho, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, declaró esta semana que “la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado”, por lo que se presume que la tendencia de ajuste continuará en los próximos meses.

El ajuste libertario en el empleo público arrancó apenas llegó el mandatario a la Casa Rosada, y aunque a diferentes velocidades, no se detuvo nunca en lo que a la planta de personal público se refiere.

En dos años y tres meses de la gestión de La Libertad Avanza hubo una reducción de 66.405 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas y sociedades del Estado, según los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Infobae analizó los datos desde noviembre de 2023 - último mes completo de Alberto Fernández - al 28 de febrero de 2026.

El 31 de marzo pasado, el INDEC actualizó los datos de la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que viene publicando mensualmente desde el año 2022.

La reducción de la planta de empleados tuvo su pico máximo en el primer semestre de 2024. Pero en el análisis mensual, se observa que no hubo un solo mes en el que el saldo de empleo público no fuera negativo.

La motosierra en la planta de personal comenzó a aplicarse apenas iniciado el gobierno de Milei. Al finalizar diciembre de 2023, es decir, 20 días después de asumir, se registró una reducción de 1.892 empleados respecto al mes anterior.

La mayor cantidad de despidos, retiros anticipados y voluntarios, y la no renovación de contratos alcanzó su pico en abril de 2024: 7.911 puestos de trabajo menos.

La reducción por trimestre

El análisis por trimestre revela que la motosierra en el empleo público nunca se apagó. En el segundo trimestre de 2024 se registró la mayor reducción de empleados estatales: 15.995.

Le sigue el primer trimestre de ese año, con 11.358 menos. En tanto, en el tercer trimestre, la bajas fueron 7.242; y en el cuarto, 5.013 puestos laborales menos.

En 2025, también se registraron desvinculaciones en la dotación del Estado en todos los trimestres: 7.369 en el primer trimestre; 5.315 en el segundo; 5.622 en el tercero; y 3.431 menos en el cuarto.

En los dos primeros meses de este año, el ajuste de la planta estatal continuó: entre enero y febrero, la reducción fue de 3.168 empleados públicos.

Comparación global

En el último mes del gobierno del Frente de Todos, el empleo público nacional, sumando la APN y las empresas y sociedades del Estado, tenía una dotación total de 343.357 personas.

Al 28 de febrero último, sumaban 276.952 empleados. Esta cifra incluye a los trabajadores tanto dentro como fuera de convenio, como quienes tienen contratos por locaciones de servicio. En dos años y tres meses de la actual gestión, se registraron 66.405 puestos de trabajo en el ámbito público nacional.

La APN está integrada por cuatro ramas de actividad: la centralizada incluye a Presidencia y los ministerios; la descentralizada contempla a los distintos organismos y agencias; la desconcentrada abarca a las Fuerzas Armadas, al INDEC y a otros entes, como el INCAA y el PAMI.

La mayor parte de los despidos y desvinculaciones - el 34% - se dieron en la administración descentralizada: alcanzaron a 22.461 personas. Le sigue el 32% de bajas en las empresas y sociedades del Estado con 21.549 empleos menos netos. Y en tercer lugar, aparece la administración centralizada (25%) con una reducción de 16.580 puestos de trabajo.

Dónde se dieron las mayores reducciones

De todas las dependencias y empresas públicas, la que muestra un mayor número de pérdida de empleos es el Correo Argentino, que cuenta con más de 1.400 sucursales en todo el país. Sufrió una reducción neta de 5.374 personas, con relación a los 16.897 empleados que tenía en noviembre de 2023. Para finales de febrero, su dotación pasó a ser de 11.523 personas.

Le sigue Operadora Ferroviaria - sociedad estatal cargo de Trenes Argentinos que opera los ferrocarriles de pasajeros metropolitanos de pasajeros, así como los regionales y de larga distancia en el país - con 3.768 bajas entre despidos, retiros anticipados y desvinculaciones. En noviembre de 2023 tenía una dotación de 23.834 empleados. Hoy es de 20.066.

En tercer lugar aparece la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con 3.375 empleados menos sobre una planta de 22.199 que tenía hace poco más de dos años. Actualmente, la ex AFIP emplea a 18.824 personas.

Luego, se ubica el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con una baja de 2.296 investigadores, becarios y administrativos sobre una dotación de 27.766 que había en noviembre de 2023. Hoy es de 25.470, y enfrenta una crisis por despidos y recortes presupuestarios para la ciencia bajo el actual gobierno.

El top five lo completa el Banco Nación, con 708 sucursales en todo el país, que registró un ajuste en su planta de 2.266 personas, sobre el total de 17.806 que tenía hace dos años y tres meses. Hoy tiene 15.540 empleados.

El Servicio Meteorológico Nacional

El último anuncio de despidos se conoció en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que tiene 130 estaciones de observación en todo el país. Con la decisión tomada de una puesta en marcha de un plan de modernización y restructuración de su operatoria, se dará de baja a 140 personas que trabajan en el SMN. Ennoviembre de 2023 tenía una dotación de 1.164 personas, mientras que a finales de febrero, contabilizaba 987 personas, o sea 177 menos. El achique de la planta fue progresivo a lo largo de los meses. Cada mes la dotación del personal se hacía más chica. En febrero, contabilizaba un total de 987 personas, es decir 177 menos.

La fusión del ENARGAS y el ENRE

Estas dos dependencias tienen a su cargo la regulación y el control de los servicios de gas y energía eléctrica. Funcionaron desde su creación como entes independientes. Entre ambas, sumaban 1.174 empleados en noviembre de 2023. Pero el 7 de julio de 2025 el gobierno dispuso la unificación de ambas en una sola dependencia que, a febrero pasado, tenía 813 empleados: 361 menos.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos. Desiré Santander

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión del programa que tiene con la Argentina. En el comunicado donde se anunció, se emitió la siguiente consigna: “El saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4% del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo”. Ayer, en su discurso frente a empresarios en el AmCham Summit, el presidente Javier Milei ratificó que lo que tiene que hacer su gestión es “mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando con la motosierra”.

Si los actores económicos se guían por ambas declaraciones, interpretarán que el Poder Ejecutivo tomará las medidas que crea necesarias para evitar que se vulnere el déficit cero.

Se trata de un asunto que atraviesa a toda la gestión libertaria, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) viene registrando que la recaudación acumula 8 meses de descenso en valores ajustados a la inflación. Esto implica menor capacidad de maniobra frente a diferentes sectores que pujan por demandas crecientes. El ámbito universitario por la Ley de Financiamiento, los prestadores del PAMI por una suba de sus prestaciones y las empresas de colectivo urbano por una suba de tarifa o incremento de los subsidios son algunos de los casos.

Frente a esta manta corta, en la Casa Rosada afirman que en los próximos meses podría haber un retroceso en esta dinámica recaudatoria. Marcan como un indicio que marzo fue más moderado que el mes anterior.

De manera preventiva, en la última reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada, el Presidente le dio el visto bueno a una medida para que todos los ministerios reduzcan un 2% su presupuesto. Se trata de una cifra altísima si se la pone en este contexto de manta corta.

Todas las fuentes del Gobierno atribuyen el impulso de esa medida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien convocó a los equipos técnicos del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para evaluar qué objetivo podían ponerles a las carteras ministeriales para continuar con la motosierra.

“El Presidente le delegó a Manuel [Adorni] la determinación de esa cifra. Le pareció que 2% era la cifra óptima después de hablar con la gente de Economía”, afirmó una fuente inobjetable que participó de esas conversaciones. También se dio la orden de que los ministerios reduzcan un 20% en ciertos gastos operativos como choferes y flotas de traslado.

Existe la idea de que cada uno de los ministerios van a tener que presentar un informe a fin de mes sobre qué tipo de programas y áreas son pasibles de ser recortadas, por lo que mayo sería el primer mes donde se ejecuten esas decisiones. “Será una carrera a ver quién cumple más y quiénes llegan primero. Ya van a poder mostrar resultados el primer mes”, se jactan entre quienes decidieron la medida, dando a entender que no se pretende que el 2% aplique de manera inmediata.

Hay quienes no ocultan su incomodidad por la medida, ya que en varios de estos ministerios han buscado que se les habiliten mayores erogaciones de parte de la Secretaría de Hacienda. Esta última cartera está a cargo del secretario Carlos Guberman, quien es el hombre de confianza de “Toto” Caputo para poder mantener el déficit cero.

Y es que varios de estos ministros hicieron gran parte del ajuste posible en los dos primeros años de la administración Milei. “Buscaremos con una lupa. Porque yo esos recortes los hice al principio”, indicó una figura clave del Gabinete, que cuenta que ya le solicitó al equipo de administración de su ministerio que busque posibles vías de ajuste para llegar al 2%.

“La verdad es que nos complica. Venimos de dos años de ajustar y bajar precios, siendo que varios de estos vienen en dólares. Pero estamos para cumplir con los pedidos”, indicaron a Infobae desde otro ministerio importante.

Adorni había dado una directiva de similar simbolismo a comienzos de año cuando le indicó a sus cinco secretarios de avanzar en una disminución del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama. Es decir, con la Jefatura en 3000 trabajadores, la intención del funcionario era desplazar a 500 más.

Uno de estos secretarios le había dicho en ese momento a este medio que el pedido era de extrema complejidad por asuntos operativos. Por lo que se supo, el ministro coordinador sabía esto, pero puso la marca de 20% para que sus subordinados recorten lo máximo posible. El último informe del INDEC sobre la Dotación del Personal de la Administración Pública Nacional informa que la Jefatura de Gabinete tenía 2524 empleados en febrero, mientras que en diciembre ese número era de 2990.

Un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre la Ejecución del Presupuesto indica que durante el mes de marzo, “el Gasto Total devengado de la Administración Pública Nacional mostró una variación interanual positiva de 2,6% ajustada por el IPC, con distintos comportamientos de sus componentes. Si se excluyen los pagos de intereses, que tuvieron una variación positiva del 4,5% ia. AxIPC, surge que el crecimiento del Gasto Primario fue de 2,5% i.a. AxIPC, alineado con el del Gasto Total”.

Aun así, hacen la salvedad que esta dinámica se trató por la regularización de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) correspondientes a enero y febrero de 2026. “Sin la mencionada regularización, la variación del Gasto Total para el mes bajo análisis sería negativa (-2,0% ia. AxIPC)“, concluyen.

En pos de ajustar los números y mantener el superávit fiscal, el Gobierno nacional continúa achicando su planta de personal. Desde que Javier Milei asumió como Presidente de la Nación, se produjo una caída del 19% en la cantidad de trabajadores del Estado Nacional. En total, había 343.357 empleados estatales en noviembre de 2023 y hay 276.952 en la actualidad, de donde se desprende que fueron despedidas (o renunciaron) 66.405 personas.

De ese número, 44.856 bajas pertenecen a la Administración pública nacional (APN) y 21.549 a las empresas y sociedades.

Entre los trabajadores afectados de la APN, 16.580 pertenecían a la administración descentralizada (30% de caída), 22.461 a la administración centralizada (-16%), 4.278 a la administración desconcentrada (-17%) y 1.537 a “otros entes” (-10%).

Lo llamativo, es que nunca en la actual gestión se registró un incremento de la planta de personal de un mes a otro. Hasta el momento, el mes más crítico fue abril de 2024, cuando la planta del Estado se achicó un 2,4% y se produjeron 7.911 despidos en sólo 30 días.

Qué pasó en febrero

De acuerdo a los números publicados por el Indec, en febrero otros 1.737 trabajadores del Estado perdieron su empleo. En total, se pasó de 278.689 trabajadores en enero a 276.952 en el segundo mes del año.

¿Dónde estuvo el recorte? Para responder a esa pregunta, es necesario analizar las estadísticas con mayor detalle. Según el organismo de estadísticas, la mayor parte de los despidos se produjeron dentro de la Administración pública nacional, que presentó una reducción de personal de 1.451 personas. Dentro de ese número, 408 despidos se dieron en la administración centralizada, 407 en la administración descentralizada y 664 en la administración desconcentrada. La excepción fue la categoría de “otros entes”, que incrementó su planta de personal en 28 personas.

Los otros 286 empleos que se perdieron se recortaron de las “empresas y sociedades”. En total, todas las compañías que pertenecen al Estado tenían 88.996 empleados en enero y bajaron a 88.710 en febrero.

La administración centralizada

Como se mencionó, fueron 408 los trabajadores que dejaron de trabajar para el Estado en la Administración centralizada, pero no todas las subdivisiones se comportaron de la misma manera. El desagregado estadístico presentado por el Indec permite conocer que el recorte más significativo se produjo en el Ministerio de Salud, que perdió a 149 trabajadores en el último mes.

Fue significativa también la reducción de personal en el Ministerio de Economía (96 trabajadores menos) y en la Jefatura de Gabinete de Ministros (-76).

La única excepción dentro de la administración centralizada fue el Ministerio del Interior, que incorporó a 26 empleados en el segundo mes del año.

La administración descentralizada

Entre las áreas del Estado que pertenecen a la administración descentralizada, se registraron varias bajas considerables. El organismo que más trabajadores perdió en febrero fue la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que pasó de 1.196 a 1.141 trabajadores (55 menos).

El segundo lugar en el ranking de despidos lo ocupó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo a los números publicados por el Indec, dejaron de trabajar 46 personas en ese organismo.

Otra entidad que sufrió de bajas fue la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con 37 empleados menos en total.

La administración desconcentrada

En la categoría de “administración desconcentrada” se dio una situación muy particular. Dos entidades achicaron considerablemente sus plantas de personal, mientras que otras dos las agrandaron.

El recorte más importante se dio en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, que experimentó una reducción de 645 empleados. Por su parte, el Estado Mayor General de la Armada Argentina sufrió 266 bajas.

En contraparte, sumó 117 trabajadores el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incorporó 128 empleados el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Empresas y sociedades

Entre las empresas y sociedades que pertenecen al Estado, sobresalieron los despidos en compañías que están pronto a ser privatizadas. Es el caso de Operadora Ferroviaria S.E., que en sólo un mes sufrió un recorte de su planta de personal de 131 trabajadores. De todas formas, sigue teniendo una planta de personal de tamaño significativo, con 20.066 empleados.

Se suma a la lista el Correo Argentino. De acuerdo a los datos del Indec, entre enero y febrero dejaron de trabajar para ese empresa un total de 43 personas.

En tercer lugar, empataron con 32 bajas el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.

Otros entes

Finalmente, dentro de la categoría de “otros entes”, hubo un solo organismo que experimentó más bajas que altas en el segundo mes del año. Se trata del Instituto Nacional de los Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp/PAMI), que sufrió de 61 despidos en ese período.

En el arranque de 2026, el Gobierno volvió a mostrar superávit en las cuentas públicas. En enero, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal primario de $3,13 billones y un superávit financiero de $1,11 billones, tras el pago de intereses de deuda por $2,02 billones.

El resultado se alineó con la estrategia de equilibrio fiscal que la Casa Rosada impulsa desde 2024, aunque se sostuvo en un fuerte ajuste del gasto. El mayor impacto se concentró en la obra pública, los subsidios —especialmente al transporte—, las jubilaciones y las transferencias a universidades.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto total se ubicó 31,7% por debajo —en términos reales— del mismo mes de 2023. Esa contracción compensó una caída de 2,7% en los ingresos reales, que aún no muestran una recuperación consistente.

Si se consideran ejercicios completos, la tendencia se mantiene. Entre enero de 2025 y el mismo mes de 2023, el gasto cayó 27,2%, mientras que los ingresos retrocedieron 8,1%. Esto quiere decir que el ajuste fue superior al deterioro de la recaudación.

Además, durante enero el Estado recibió $1,04 billones (unos USD 700 millones) por la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin ese ingreso extraordinario, calcula CEPA, el superávit primario se habría reducido a $2,09 billones y el financiero a $0,07 billones.

En este sentido, la inversión en obra pública volvió a ser el rubro más afectado. El gasto de capital cayó 89,3% en comparación con enero de 2023, lo que confirma que la paralización de proyectos sigue siendo una de las principales anclas del ajuste. “No se observan, por ahora, señales de reversión”, indica CEPA.

En paralelo, los subsidios económicos retrocedieron 38,1% frente a enero de 2023. Dentro de esa partida, el transporte registró una baja de 41,6%, en buena medida por la suspensión de compensaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a través del sistema SUBE.

En energía, si bien se observó un incremento interanual de 191,3% por mayores transferencias a CAMMESA, el nivel continúa 29,1% por debajo del registrado en enero de 2023, lo que refleja que el recorte acumulado sigue siendo significativo.

El ajuste también alcanzó al sistema universitario. Las transferencias a universidades nacionales totalizaron $0,39 billones, con una caída de 8,8% interanual y de 25% respecto de enero de 2023. El informe recuerda que desde diciembre de 2025 los salarios abonados corresponden al mes anterior, ya que en noviembre no se pagaron haberes durante el mes en curso, una situación que todavía no fue regularizada.

En el frente social, las prestaciones mostraron una baja de 1,5% interanual y de 20,2% frente a enero de 2023. Solo la Asignación Universal para Protección Social y las prestaciones del INSSJP registraron incrementos —40,5% y 29,7%, respectivamente—, aunque no alcanzaron para compensar la caída en jubilaciones y pensiones contributivas (17,2%), asignaciones familiares (31,4%), pensiones no contributivas (21%) y otros programas (59,5%).

Dentro de este último grupo se incluyen políticas como la Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores comunitarios, Potenciar Trabajo y Acompañar. Algunos de estos programas fueron suspendidos o reducidos y, en el caso de Potenciar Trabajo, el monto permanece congelado desde 2024, lo que implica una pérdida sostenida de poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar, por su parte, no se actualiza desde julio de 2024.

La recaudación no acompaña

Del lado de los ingresos, el panorama fue más débil. La recaudación total ascendió a $14,52 billones, con una caída interanual real de 1,2%. Entre los tributos con mayores retrocesos se destacaron Bienes Personales (14,6%) y los Derechos de Exportación (40,7%), afectados por liquidaciones anticipadas y cambios transitorios en retenciones.

El IVA también mostró en enero una contracción real, lo que sugiere que el consumo interno todavía no logra consolidar una recuperación.

El informe introduce además otro elemento que matiza el resultado fiscal. El superávit financiero informado no contempla la capitalización de intereses de títulos públicos en pesos, como LECAP, BONCAP y DUALES. Si se incorporan esos intereses devengados pero no pagados, el resultado del mes se tornaría deficitario.

“Si se incluyen únicamente los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (el mismo mes alcanzaron $2,81 billones), el resultado financiero pasaría a ser deficitario por $1,71 billones. A su vez, observando el acumulado del año pasado, el resultado financiero totaliza un superávit de $1,45 billones, mientras que los intereses capitalizados en LECAP suman $28,75 billones, más del doble la transferencia de utilidades efectuada por el BCRA al Tesoro el 25 de abril por $13,94 billones. Por lo tanto, considerando estos intereses capitalizados, el déficit financiero acumulado alcanzaría $27,30 billones en 2025″, analiza el relevamiento.

En paralelo, el Gobierno enfrenta el cumplimiento de metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La última revisión fijó un objetivo indicativo de superávit de $4,29 billones para marzo de 2026 y una meta de $8,46 billones para junio, sujeta a revisión. Si el desempeño de 2025 se replicara este año, CEPA adelanta que la meta de marzo se superaría, aunque faltarían $1,48 billones para alcanzar el objetivo de junio, lo que implicaría sostener un promedio mensual de $1,07 billones durante los próximos cinco meses.

Después de los hechos, el acusado permaneció sin ser localizado hasta la mañana siguiente, cuando fue arrestado en los alrededores de su vivienda. Según informó el Ministerio Público del Principado de Asturias a través de una nota de prensa recogida por la prensa local, el hombre presentaba lesiones en la comisura del ojo derecho y rastros de una sustancia roja en la cara y los brazos en el momento de su detención. La Fiscalía remarcó que no ha quedado demostrado que estas heridas se produjeran durante el altercado con su cuñado, contradiciendo el testimonio del propio implicado. Por estos hechos, el procesado ha estado en prisión provisional comunicada y sin derecho a fianza desde el 27 de agosto de 2024.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de ocho años de prisión y establece trece años de alejamiento respecto a la víctima para el acusado, al que considera responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. Tal como publicó el Ministerio Público, la vista oral se celebrará el miércoles 18 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a partir de las 10:30 horas.

La relación entre el procesado y su cuñado se caracteriza por una enemistad manifiesta, especificó el Ministerio Fiscal en su informe. Anteriormente, el acusado había sido condenado por una sentencia firme en julio de 2024 por dos delitos de amenazas graves empleando una motosierra. Uno de esos delitos se cometió contra el cuñado, y el otro, contra la hermana del acusado, destacó la Fiscalía en su informe remitido a los medios.

El 24 de agosto de 2024, hacia las ocho de la tarde, el Ministerio Público sostiene que el encausado tomó una motosierra en su domicilio, comprobó que funcionaba correctamente y la cargó en su vehículo. Según detalló la Fiscalía, condujo a gran velocidad hasta un camino agrario donde se encontraba su cuñado dentro de otro vehículo. El acusado interceptó el paso de la víctima, bajó de su coche con la motosierra, y se dirigió hacia su cuñado, quien también descendió de su automóvil.

En el momento del acercamiento, el procesado, según describió el Ministerio Público, encendió la motosierra y manifestó en voz alta “te voy a trocear”. Acto seguido, atacó a la víctima con el aparato, propinándole un corte vertical que afectó la parte derecha del cuello, el tórax y el brazo derecho. Las heridas alcanzaron varios tejidos y provocaron una lesión profunda en la vena yugular externa, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Tras la agresión, el herido logró alejarse del lugar corriendo durante unos 200 metros hasta llegar a un bar cercano. Allí, varias personas intervinieron, presionaron la herida para detener el sangrado y solicitaron asistencia médica mediante el teléfono 112, consiguiendo así que la víctima recibiera los primeros auxilios y se evitara una tragedia mayor, según relató el Ministerio Fiscal en la nota publicada por los medios asturianos.

Finalizado el ataque y antes de ser arrestado, el acusado pasó varias horas en paradero desconocido. Fue finalmente localizado y detenido a las siete de la mañana del 25 de agosto de 2024 en las inmediaciones de su domicilio, momento en el que las autoridades constataron las lesiones ya mencionadas. Tal como dijo la Fiscalía y recogió la prensa local, no se pudo acreditar que dichas lesiones fueran causadas por la víctima durante el enfrentamiento.

En el marco procesal, la Fiscalía del Principado de Asturias mantiene la calificación de homicidio en grado de tentativa, sobre la base de la secuencia de hechos, las pruebas e informes médicos recogidos. El Ministerio Público fundamenta su solicitud de pena no solo en la naturaleza violenta del ataque con una herramienta peligrosa como la motosierra, sino también en los antecedentes judiciales del procesado, ya condenando anteriormente por amenazar a los mismos familiares, todo ello detallado en los informes difundidos por la Fiscalía y reproducidos en la prensa regional.

La vista programada en la Audiencia Provincial de Oviedo es el siguiente paso en el proceso judicial, donde se debatirán tanto la solicitud de la pena por parte de la acusación pública como los elementos exculpatorios o atenuantes que pudiera alegar la defensa del acusado.

En medio de las negociaciones por los proyectos en las sesiones extraordinarias, el Gobierno realizó un ajuste significativo del gasto primario durante enero de 2026, que abarcó desde programas sociales hasta transferencias a las provincias. Esto podría anticipar por dónde pasará este año la “motosierra” de la gestión de Javier Milei para cumplir con la exigente meta fiscal prevista con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según un informe de la consultora Analytica, el gasto primario real devengado cayó 4,2% en relación con enero del año anterior. El monto ejecutado alcanzó $8,8 billones en términos constantes, mientras que en el mismo mes de 2025 el gasto había llegado a 9,1 billones de pesos. Esta reducción representó el nivel más bajo registrado para un mes de enero en la serie considerada.

Entre las partidas que sufrieron los mayores recortes se encuentran la obra pública, las transferencias a provincias y los programas sociales. La consultora detalló que la ejecución en obra pública se desplomó 97,1% en la comparación interanual. El rubro pasó de representar un monto marginal en 2025 a registrar valores prácticamente nulos en 2026. Tanto las construcciones como las transferencias de capital a las provincias quedaron prácticamente paralizadas, según Analytica.

En el caso de las transferencias a provincias, el ajuste alcanzó el 64,5 por ciento. El reporte indicó que este rubro cayó de 0,1 billón de pesos en enero de 2025 a un nivel cercano a cero en el mismo mes de 2026. Se registraron envíos discrecionales a las jurisdicciones subnacionales únicamente en situaciones de emergencia, como los fondos asignados a Chubut y Corrientes para afrontar incendios e inundaciones. De acuerdo a las estimaciones de la firma de análisis económico, la primera jurisdicción recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por los incendios, mientras que el segundo distrito obtuvo $3.000 millones por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.

Estos giros motivaron reclamos de los gobernadores a la Casa Rosada y, ante la negativa, impulsaron un proyecto en el Congreso para que se distribuyan en función de la coparticipación —al igual que el impuesto a los combustibles líquidos—, el cual fue vetado por el presidente Milei, quien argumentó que atentaba contra el superávit fiscal.

Gasto social

Los programas sociales también mostraron una caída relevante. Analytica precisó que el gasto en este rubro disminuyó 35,7% interanual, al pasar de $0,6 billones en enero de 2025 a $0,4 billones en el mismo mes de 2026. Dentro de esta categoría, el programa Potenciar Trabajo registró una baja de 25,6% y las políticas alimentarias retrocedieron 24,9%. El resto de los programas sociales presentó un descenso más pronunciado, del 59,6%.

El informe detalló que el gasto en bienes y servicios también retrocedió de manera considerable, con una reducción de 34,9% interanual. En cifras, este ítem pasó de 0,1 billón de pesos en enero de 2025 a un monto similar en 2026, aunque con un fuerte ajuste en términos reales.

Contrario a la tendencia general, los subsidios económicos mostraron una expansión significativa. De acuerdo con la consultora, este rubro creció 139,2% interanual, al pasar de $0,3 billones en enero de 2025 a $0,7 billones en 2026. El aumento respondió a la baja base de comparación del año anterior, cuando el Gobierno había recortado fuertemente estas partidas.

Este escenario cambiará en los próximos meses. A principios de enero, la administración libertaria postergó el nuevo esquema de subsidios por cuestiones administrativas, pero a mediados de mes comenzaron a regir los cambios para la electricidad y en febrero para el gas.

Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se eliminó el esquema de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unificaron todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. Solo podrán acceder quienes tengan ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un ‘Hogar 2’ según los datos que surgen del Indec.

La transición al nuevo régimen será gradual. En el primer mes, se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional, alcanzando una cobertura total del 75% en electricidad y 25% en gas en ese mes. Este plus se reducirá progresivamente hasta desaparecer a fin de año, evitando saltos abruptos en las facturas. El precio mayorista de la electricidad quedará alineado con el valor monómico de generación, estimado en USD 75 por MWh, y el gas tendrá un precio plano de USD 3,80 por millón de BTU.

El Gobierno tiene una meta fiscal de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es más ambiciosa que la de 2025, pero que puede ser renegociada durante la segunda revisión que está en curso.

Gasto inflexible

Entre los componentes del gasto público que mantuvieron un comportamiento estable o levemente positivo se encuentran las jubilaciones y pensiones, así como las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según Analytica, las jubilaciones y pensiones aumentaron 0,8% en términos reales, ubicándose en $4,9 billones frente a los $4,8 billones de enero del año anterior. Las asignaciones familiares y la AUH sumaron $0,8 billones, con una suba interanual de 1,1 por ciento. El aumento en la AUH fue de 5,4%, mientras que las asignaciones familiares se redujeron 6,1 por ciento.

El gasto en personal, que incluye salarios y otras erogaciones vinculadas a la administración pública, mostró un retroceso de 4,2 por ciento. Este gasto se redujo de 1,2 billones de pesos en enero de 2025 a 1,1 billón en el mismo mes de 2026.

El Presupuesto 2026 enfrenta un complejo escenario fiscal, marcado por el impacto de leyes aprobadas en 2025, la dinámica de la inflación y la discusión de la reforma laboral. Para alcanzar el superávit primario del 1,5% del PBI previsto por el Gobierno, el esquema exige una significativa reducción real en los gastos discrecionales, incluso mayor si se aprueban los cambios tributarios en debate.

De acuerdo al IERAL, de la Fundación Mediterránea, hay tres razones que cambian los números del Presupuesto 2026.

En primer término, este no contempla los mayores desembolsos derivados de las leyes sancionadas en 2025 vinculadas a educación y discapacidad. El impacto fiscal de la ley de financiamiento universitario se estima en torno al 0,23% del PBI, mientras que el de la ley de discapacidad asciende al 0,36%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Aunque el Ejecutivo intentó incorporar disposiciones para neutralizar esas mayores erogaciones, esa alternativa no logró avanzar en el Congreso.

En segundo lugar, si la inflación anual proyectada por el Gobierno (10,1%) termina siendo menor que la efectivamente registrada, es probable que la recaudación tributaria nominal supere lo previsto originalmente.

Bajo el supuesto de una inflación del 23% anual, el IERAL señala que los ingresos impositivos totales podrían aumentar alrededor del 33% en términos nominales y ubicarse un 4,7% por encima, en términos reales, de los niveles alcanzados en 2025.

Sin embargo, una inflación más elevada que la contemplada, que es el escenario más factible para los economistas, también implicaría un incremento del gasto por encima de lo presupuestado, en particular en aquellas partidas que se actualizan automáticamente por inflación, como jubilaciones, AUH y otros programas.

A ello se sumarían los gastos asociados a las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, que pasarían a tener un carácter automático.

Así las cosas, “con mayores recursos tributarios que aumentan nominalmente con la inflación, con algunas erogaciones que ajustan también automáticamente por inflación, si el resto de las erogaciones (’discrecionales’) se mantienen en los niveles presupuestados, el superávit primario en 2026 apuntaría a 1,9% del PIB, en lugar del 1,5% presupuestado. Pero esto es sin considerar la reforma laboral y tributaria que se discute en el Congreso”, resaltó el estudio elaborado por Marcelo Capello y Gaspar Reyna.

Los cambios tributarios de la reforma laboral

Además, en el corto plazo volverá a debatirse el proyecto de ley de Modernización Laboral, que contempla modificaciones impositivas. En caso de ser aprobado, implicaría una reducción de la recaudación por contribuciones patronales cercana al 0,5% del PBI, costo que recaería íntegramente sobre el gobierno nacional.

A ello se sumarían menores ingresos tributarios derivados de cambios en el impuesto a las ganancias, impuestos internos y otros gravámenes, con un impacto fiscal estimado en torno al 0,33% del PBI, según Invecq. De ese total, un 0,14% del PBI correspondería a la Nación y el 0,19% a las provincias, dado que se trata de tributos coparticipables.

“Si dicha reforma tributaria se aprueba, ¿cuánto debería variar el gasto discrecional en 2026, en valores constantes, para alcanzar el superávit primario presupuestado de 1,5% del PBI? En este caso, el gasto discrecional debería caer un 19% real anual para cumplir esa condición. Con una inflación esperada del 23%, implica que el gasto discrecional deba aumentar nominalmente sólo un 4% respecto a 2025″, precisó el IERAL.

“Inclusive, aun sin aprobarse el capítulo tributario de la Modernización Laboral, debería existir un recorte del 9% real en el gasto discrecional (implica una suba nominal del 17%), para alcanzar en 2026 un superávit primario de 1,5% del PBI”, estimó.

En síntesis, mientras que en 2024, a nivel nacional, se redujeron tanto el gasto con ajuste automático por inflación (-11%) como el gasto discrecional (-37%), en 2025 el gasto automático registra un aumento del 12%, en simultáneo con una caída del 12% del gasto discrecional.

De cara a 2026, según el análisis, si se aprueban los cambios tributarios contemplados en la reforma laboral, el gasto discrecional debería enfrentar un nuevo recorte del 19% en términos reales para cumplir con la meta de superávit primario del 1,5% del PBI. En caso de que dicha reforma no avance, el ajuste requerido sería del 9%.

“La situación se vuelve más desafiante, en materia de recortes de erogaciones, si las provincias consiguen que la Nación las compense por la caída de alrededor de 0,2% del PIB en los recursos de coparticipación que significaría la reforma en el impuesto a las ganancias, internos y otros. En este escenario, el recorte de erogaciones discrecionales por parte de Nación debería resultar del 22% real anual, para lograr el superávit primario de 1,5% del PBI”, añadió el informe.

La necesaria reforma tributaria

A criterio del IERAL, resulta necesario avanzar con algunos de los cambios impositivos previstos en el proyecto de modernización laboral, en particular la reducción de la carga de contribuciones patronales y de las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas, con el objetivo de acercar al país a los estándares de la OCDE y de ciertos países de la región.

No obstante, el instituto señala que, de manera prioritaria, también se requieren reformas tributarias adicionales sobre los 5 impuestos que consideran más distorsivos: derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos bancarios, ingresos brutos, sellos y la tasa de seguridad e higiene.

Los analistas sostienen que ese desafío exige continuar reduciendo el peso del gasto público sobre el PBI, tanto a nivel nacional como provincial, al menos mediante la congelación del gasto nominal durante varios años. En esa línea, el gasto primario acumuló una caída real del 27% en la Nación entre 2023 y 2025, frente a una reducción del 9% en las provincias.

Pero en 2025 el gasto primario todavía se ubica un 51% por encima del nivel de 2005 en el ámbito nacional y un 64% por encima en el conjunto de las provincias, en términos reales, mientras que la población creció apenas un 16% en las últimas dos décadas.

“Ergo, se produjo un avance desmedido del sector público en las últimas dos décadas, que ahora en buena medida debe desactivarse, para dar lugar a las reformas estructurales necesarias para que el sector privado pueda competir en el mundo”, concluyó el IERAL.

Aunque la motosierra perdió filo en 2025, tras el fuerte ajuste del año previo, el gasto público se mantuvo en mínimos históricos. La variación anual fue de apenas 0,1% una vez descontada la inflación. No obstante, hubo un cambio importante en la composición.

La dinámica del gasto expuso un esquema de prioridades donde algunas demandas postergadas en 2024 cobraron relevancia, en contraste con los recortes aplicados sobre otras áreas sensibles.

En 2025, los mayores aumentos del gasto se concentraron en las transferencias corrientes a las provincias, que crecieron un 22%, impulsadas principalmente por las erogaciones asociadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024, de acuerdo con un informe de Analytica.

También se registró un incremento en el gasto en bienes y servicios, con una suba del 14,2%.

En el caso de las asignaciones familiares y por hijo, el gasto avanzó un 12%, explicado en gran medida por el fuerte aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que creció un 18,9%, mientras que las asignaciones familiares tuvieron un alza más acotada, del 2%.

La mejora constante en esta partida desde que comenzó la gestión de Javier Milei se refleja en el poder adquisitivo de sus beneficiarios: según el economista Nadin Argañaraz, la AUH duplicó su capacidad de compra en los últimos dos años, siendo quienes la reciben el sector poblacional que más aumentó su ingreso real.

En contraposición, Analytica señaló que entre las partidas más ajustadas durante 2025 se destacan los programas sociales, que registraron una disminución del 21,7%.

Dentro de este rubro sobresale la fuerte reducción en Potenciar Trabajo (-44,5% interanual), seguida por las políticas alimentarias, que incluyen la Tarjeta Alimentar (-19,8% interanual), y las becas Progresar, con una caída del 38,5% interanual.

Asimismo, los subsidios económicos profundizaron su proceso de ajuste y registraron una contracción del 35,4% interanual, en un contexto marcado por los aumentos de tarifas en los servicios públicos, especialmente en electricidad y transporte.

El recorte fue más pronunciado en los subsidios a la energía eléctrica, que cayeron un 38,7% interanual, mientras que las transferencias destinadas al transporte se redujeron un 25,9%.

La consultora destacó que la evolución de estas partidas guarda coherencia con la dinámica de los precios regulados, reflejada en el aumento interanual en torno al 30% del rubro ‘electricidad, gas y otros combustibles’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la suba transporte público.

Una de las partidas que siguió reduciéndose en 2025 fue la obra pública, que registró una caída del 46,0% en términos reales. El recorte adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en 2024 esta partida ya había acumulado una contracción del 76,5%.

Al desagregar su composición, la mayor baja se observó en las transferencias de capital, que se redujeron un 59,3%, explicadas en gran medida por la marcada disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A., que cayeron un 83,3% tras la finalización del último tramo del gasoducto en octubre de 2024.

Por el contrario, el gasto en construcciones, correspondiente a la obra pública ejecutada directamente por el Estado Nacional, presentó un incremento del 4,6% en términos reales, impulsado sobre todo por el gasto en transporte (+13,9%), que representó el 63% del total destinado a construcciones.

Entre los proyectos más relevantes ejecutados por la Administración Nacional se destacan la Construcción del Reactor RA-10 (10,9% del gasto en construcciones) y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata (6,4%).

Por otro lado, la distribución del gasto por jurisdicción muestra que el 65,6% correspondió al Ministerio de Capital Humano, que incluye a la ANSES entre sus principales organismos.

Al desglosar el presupuesto según su función, el 63,3% se orientó a seguridad social, en tanto que los rubros de salud, educación y cultura, y energía, combustibles y minería recibieron asignaciones bastante menores, con participaciones del 6,1%, 5,8% y 4,9%, respectivamente.

Presupuesto 2026

De cara a 2026, y a partir de la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre, el crédito asignado asciende a $148,1 billones, lo que implica un aumento nominal del 18% respecto del presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, al considerar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto exhibiría en términos reales una contracción del 9,2%.

Al analizar los 15 principales programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presenta recortes en términos reales.

La única excepción es el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un incremento nominal del 50%, equivalente a una suba real del 15,4%.

“Nosotros tenemos presupuesto, lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero”, había dicho Milei tras la aprobación del proyecto.

“Sin subir impuestos, no es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal (...). Hay un límite moral de lo que se puede hacer y que no (...)”, agregó Milei en diálogo con LN+.

Igualmente, economistas señalan que el margen para recortar es limitado debido a la rigidez del gasto previsional, que representa alrededor de la mitad del total y se ajusta automáticamente con la inflación.

De momento, en el corto plazo, el Gobierno prevé profundizar este año la reducción de personal en distintas áreas de la Administración Pública Nacional (APN), con el objetivo de recortar un 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre, después de haber eliminado más de 60.000 puestos desde el inicio de la gestión.

Según el último informe del Indec sobre empleo público, hasta noviembre de 2025 la dotación estatal ascendía a 281.785 empleados.

Mientras los sectores productivos reclaman por los altos costos asociados a la falta de infraestructura, el Gobierno profundizó el ajuste en el gasto durante el último año, reflejado en una contracción significativa de los recursos asignados a obras públicas. Esto provocó la virtual paralización de algunos programas nacionales, con efectos directos sobre la competitividad, según un informe del CEPA.

En primer lugar, al analizar el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional (APN), el reporte verificó que el año pasado la ejecución total tuvo una caída real cercana al 29% en comparación con el mismo período de 2023, medida a valores actuales, y una contracción interanual del 4% en términos reales.

Si se analiza por función, se observa que la Seguridad Social concentró la mayor participación en el gasto total, con el 58% de la ejecución. Además, se destacaron los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 8% del gasto.

En contraposición, aparecen funciones con una incidencia menor, como Salud (6%), Educación y Cultura (5%), Energía, Combustibles y Minería (4%), Transporte (2%) y Promoción y Asistencia Social (2%). El resto de las partidas explicó menos del 2% de la ejecución total.

En materia de transporte y obra pública, “se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas”, alertó el CEPA.

Infraestructura en Municipios no registró ejecución en relación con 2023. Programas como Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron un 98%, a la vez que el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo cayó un 92% y la Construcción de Túneles y Puentes descendió un 95%.

En el mismo sentido, las Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional mostraron una retracción del 95%, Desarrollo de Obra Pública, del 93%; y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios, un 75%.

Por su parte, las Obras de Seguridad en Rutas Nacionales presentaron un ajuste del 93%, seguido por Construcción de Rutas Seguras (-89%) y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-85%).

Ligado a este rubro, la motosierra pasó también por el gasto en Vivienda y Urbanismo (-98%) y Agua Potable y Alcantarillado (-92%).

“El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental y una condición esencial para el desarrollo sostenible de cualquier país. Sin embargo, la infraestructura que soporta estos servicios en Argentina enfrenta un desafío creciente: el envejecimiento de las redes, la falta de inversión en mantenimiento y la necesidad de expansión en un contexto de cambio climático y creciente demanda poblacional”, había destacado un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

Según el presidente de la entidad, Gustavo Weiss, para crecer 4% anual durante un período prolongado, los gobiernos nacional, provinciales y municipales deberían destinar alrededor del 3% del PBI a la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente, y otro 3% adicional a la realización de nuevas obras.

Las empresas privadas que operan servicios de infraestructura —como energía, agua y saneamiento— tendrían que invertir un 3% del PBI adicional. En total, 9% del producto.

En los organismos vinculados al transporte y la obra pública, el CEPA advirtió también un notorio ajuste en la ejecución presupuestaria. La Dirección Nacional de Vialidad enfrentó una disminución del 72%, mientras que el Organismo Regulador de Aeropuertos cayó un 43%.

En menor medida, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sufrió un recorte del 34%, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 40% y la Administración de Bienes del Estado del 27%

IDESA había señalado que “la costosa y deficiente infraestructura de transporte” y el deterioro de las rutas son factores que disminuyen la competitividad, generando condiciones adversas para la producción.

A su vez, a raíz del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, Martín Rappallini, presidente de la UIA; sostuvo que el tratado interpela a la Argentina hacia adentro y que su aprovechamiento real dependerá de la corrección de asimetrías estructurales, entre ellas, los altos costos logísticos y las deficiencias de infraestructura y energía.

“A través de inversiones en infraestructura, energía, educación técnica, transferencia tecnológica y asociatividad productiva, esta integración puede ayudarnos a construir un nuevo contrato productivo basado en la competitividad”, dijo el industrial.

Tal como había anticipado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vía su cuenta de X días antes de que termine el 2025, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno implementó una política de ajuste en el sector público que derivó en la eliminación de 60.494 puestos de trabajo.

Ello representa una reducción del 12,1% en la dotación total de personal a noviembre de 2025, según confirmó la cartera mediante un informe dado a conocer este jueves. El Ejecutivo adelantó que la motosierra continuará este año.

El documento difundido precisó que a noviembre de 2025, la reestructuración generó un ahorro estimado de USD 2.444 millones para el Estado, cifra que contempla tanto los recortes en salarios como los costos asociados a infraestructura laboral.

El Ministerio destacó que la reorganización tuvo un impacto particular en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas estatales.

En el primer caso, la reducción de personal alcanzó el 17,1% (-35.127 puestos), mientras que en las empresas estatales la disminución fue del 19,9% (18.122 puestos). Dentro de la APN centralizada, la baja fue del 24,9%, y en la descentralizada, del 12,8%.

La política de reducción también afectó a los distintos tipos de contratación. La cantidad de empleados de planta permanente y transitoria disminuyó un 11,7%, mientras que el personal contratado según la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados bajo contratos LOYS (monotributistas, Decreto 1109/17) exhibieron caídas del 23,9% y 49,3%, respectivamente.

De acuerdo con los cálculos oficiales, hasta noviembre de 2025, la reducción de personal en el sector público generó un ahorro de USD 1.222 millones en sueldos.

El informe sostiene que el costo total de cada empleado duplica el salario por la incidencia de gastos asociados a la infraestructura laboral, como oficinas, mobiliario, equipos electrónicos y servicios. Esta proyección lleva el ahorro total a los ya mencionados USD 2.444 millones.

En el detalle por modalidad contractual dentro de la Administración Pública Nacional, el ahorro varió según el tipo de relación laboral. El recorte en personal de planta permanente y transitoria generó un ahorro salarial de USD 453 millones y un ahorro total, al sumar infraestructura, de USD 906 millones.

Con los contratos bajo Ley Marco, el ahorro en sueldos fue de USD 240 millones, mientras que el total, considerando los costos adicionales, se ubicó en USD 480 millones. En los contratos LOYS, el ahorro en salarios fue de USD 58 millones y la cifra final, incluyendo infraestructura, ascendió a USD 116 millones.

El ajuste también se extendió a las empresas estatales y al personal militar. Según los datos oficiales, la reducción de puestos en las empresas públicas generó un ahorro salarial de USD 355 millones y un ahorro total de USD 710 millones tras calcular los costos de infraestructura. Para el personal militar, el ahorro en sueldos fue de USD 116 millones, con un total de USD 232 millones al sumar los gastos adicionales.

Al analizar la magnitud de los recortes por organismo —según la forma en que se registran los cargos— se observa que cuatro instituciones redujeron su dotación en un 100%, es decir, dejaron de existir. Se trata del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SAPEM, de acuerdo con un estudio de Nadin Argañaraz.

Le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 79%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 51% y la Casa de la Moneda con una del 44 por ciento.

En el otro extremo, las cuatro instituciones que registraron la menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), con un recorte del 5%; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), con una baja del 7,5%; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una reducción del 10,5%; y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que también registró un ajuste del 10,5%.

“La estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”, anticiparon desde el Ejecutivo.

En agosto del 2023, después de triunfar en las primarias, el presidente Javier Milei hizo una aparición televisiva que trascendería las fronteras del país. Milei se paró frente a un panel donde aparecían pinchados papelitos con los nombres de las distintas dependencias del Estado. Arrancó cada uno de ellos, los revoleó por el aire, mientras gritaba: “¡Afueeera! ¡Afuera!”. El periodista que lo entrevistaba, en un momento le preguntó:

-¿Y el Conicet?

-Que se ocupe el sector privado.

-Vas a tener un despelote.

-Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio como hace la gente de bien. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado los científicos? No se nota su aporte. ‘Ganarás el pan con el sudor de tu frente’.

El triunfo electoral de octubre le dio a Javier Milei la posibilidad de cumplir, en la segunda mitad del mandato, sus sueños más intensos, como esos que expresó el día de los papelitos revoleados en la tele. Si hace dos años asumía un presidente de un partido minoritario, casi sin parlamentarios, hoy Milei conduce una fuerza desplegada en el territorio nacional y se ha transformado en el líder indiscutible de eso que se podría denominar –sin demasiado respeto por las categorías políticas—la centro-ultraderecha o de todas las corrientes sociales que comparten una intensa identidad antiperonista. Es un fenómeno mundial: Donald Trump se deglutió al Partido Reublicano, Niggel Farasch está haciendo lo propio con los Tories en el Reino Unido, José Antonio Kast desplazó a la tradición de centro liberal en Chile y Jair Bolsonaro fagocitó a la derecha tradicional en Brasil, para solo citar algunos ejemplos. En ese mundo, Milei es una super estrella.

Con toda esa fuerza, ahora va por todo lo que pueda. Algunas de las medidas, como la reforma laboral, son conocidas. Pero otras no tienen tanta difusión. Entre estas últimas, figura la decisión de desfinanciar completamente los Proyectos de Innovación en Ciencia y Tecnología. Nadie tiene por qué saber qué significa, pero se trata de una decisión de trascendencia dramática. Y en alguna medida, permite entender por qué el experimento mileísta no es únicamente un intento de ordenar la economía argentina bajo los principios de la ortodoxia económica. Se trata de algo mucho más profundo y extremo.

Lo que decidió el Gobierno respecto de la ciencia básica es sencillo de entender. A grosso modo, el financiamiento estatal de la ciencia argentina se nutre de dos fuentes: los salarios, las becas, que son financiadas por el Conicet, y los proyectos de investigación que, en cambio, se solventan desde la Agencia Nacional de Investigación. El Conicet es una estructura que tiene cierta autonomía en sus decisiones. Pero la Agencia depende del Ejecutivo, lo que es lógico porque los Gobierno defienden así su rol en la asignación de fondos. Eso fue establecido desde la época de Carlos Menem. Hasta la llegada de Milei, cada año se seleccionaban alrededor de 1500 proyectos, presentados por científicos muy destacados, entre alrededor de 6000. Los últimos fueron elegidos en 2022, pero nunca recibieron la financiación pactada. Desde entonces, ni siquiera se seleccionaron nuevos proyectos. Ahora se informó que toda la financiación se reduce a cero.

La decisión se apoya, evidentemente, en convicciones muy profundas. No es que el Gobierno decidió purificar una lista de proyectos según su utilidad relativa, o eliminar favoritismos hacia científicos que no los merecen. O sea: no se trata de una reforma sino de la desaparición de un sector del Estado. Lo que decidieron es que miles de científicos de distinto nivel se quedaran sin proyectos: aparentemente ninguno servía para nada. Si esos científicos quieren continuar con su vocación, deberán emigrar. Tampoco se trata de una decisión que obedezca a un criterio fiscal: el ahorro es de solo 80 millones de dólares anuales, la cuarta parte de lo que costaron los antiguos aviones de guerra comprados a Dinamarca.

La inmensa mayoría de los proyectos desestimados pertenecen a ese campo llamado ciencia básica, que se integra por investigaciones que no tienen necesariamente un resultado tangible a corto plazo. Para una persona ignorante, como el autor de esta nota, esos trabajos parecen devaneos inútiles de gente rara. Pero, claro, lo mismo podría haberse dicho de Galileo o de Copérnico: ¿para qué servía que se dedicaran a mirar el cielo? ¿Por qué no se dedicaban a algo útil? ¿Qué productividad tenían? ¿Por qué no se dedicaban a producir bienes de mejor calidad y mejor precio como la gente de bien?

En general, los países normales lamentan la emigración de investigadores. Por ejemplo, en el último documento sobre Seguridad Nacional difundido por el Departamento de Estado y firmado por el mismísimo Donald Trump, se puede leer: “Queremos seguir siendo el país más avanzado y creativo en ciencia y tecnología. Invertir en tecnologías emergentes y en ciencia básica para asegurar nuestra prosperidad, nuestras ventajas competitivas y nuestra hegemonía militar para las próximas generaciones”. En este caso, todos los incentivos se dirigen a que los cerebros vuelen hacia otros países que los valoren. Y hay muchos, porque son una fuerza laboral muy requerida.

Algunas historias particulares permiten entender qué es lo que se está eliminando. Por ejemplo, hace unos días se conoció que un grupo de investigadores argentinos crearon una vacuna que permitirá combatir los tumores de piel más agresivos. Ese resultado tan impactante arranca hace 30 años cuando un grupo de investigadores imaginó que algunos tumores podían ser desactivados si se entrenaba correctamente al sistema inmunológico para que los reconociera y los atacara. Era una idea audaz y minoritaria, porque la mirada hegemónica, por entonces, consideraba que los métodos para combatir el cáncer eran la quimioterapia y los rayos.

La convicción de que existía una vinculación entre la reacción del sistema inmunológico y la evolución de los tumores produjo otros hallazgos deslumbrantes en el maravilloso y rentable mundo de la investigación. Durante décadas, otro equipo, conducido por el biólogo Gabriel Rabinovich se dedicó obsesivamente a estudiar una proteína llamada Galectina 1. Eso les permitió descubrir que la agresividad de muchos tumores -carcinoma de colon, mama, próstata, pulmón, melanoma- está directamente relacionada con los niveles de presencia de esa proteína. Entonces, probaron que cuando se elimina esa proteína, los linfocitos se activaban y eran capaces de destruir los tumores. Finalmente, especularon correctamente que esa misma proteína, por su capacidad de inhibir la actuación del sistema inmunológico, podría servir para combatir enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Esos descubrimientos generaron reconocimiento internacional hacia los investigadores.

La vacuna contra el tumor de piel, o las aplicaciones de las investigaciones sobre Galectina 1 se iniciaron en la ciencia básica, que hoy se elimina. Pero no son casos aislados. Casi todos los descubrimientos –cualquiera: la vacuna sabin, la clonación de perros— arrancan en laboratorios donde se estudian cosas que, para los ignorantes, son pérdidas de tiempo y dinero.

El ambiente donde se han desarrollado estas investigaciones está sufriendo hace muchos años las penurias de la economía argentina, pero desde la asunción de Milei ha recibido estocadas que parecen definitivas. Los datos son impresionantes. El presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación cayó cerca del 85 por ciento, el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial un 45, el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria un 35, el de la Comisión Nacional de Energía Atómica un 43, el del Servicio Meteorológico un 33 por ciento. Los investigadores abandonan progresivamente sus proyectos porque al déficit de financiamiento se le agrega la caída de sus ingresos en alrededor de 37 por ciento, un poco más que la de los ingresos de los docentes universitarios, que se redujeron en un 31 por ciento. A favor de Milei hay que decir, sin duda, que nada de esto debería ser una sorpresa. Se trata del cumplimiento a rajatabla de una promesa electoral: la motosierra, el topo que destruye al Estado desde adentro.

Tal vez este ejemplo, el del abandono de la ciencia básica, sirva para entender las diferencias entre la puesta en marcha de una política de reducción del gasto para derrotar la inflación y el experimento mucho más extremo que se lleva a cabo en la Argentina. Ese rasgo, el extremismo, se refleja en muchas más áreas que el conocimiento científico. La fijación del Presidente en desfinanciar el sistema de atención a los discapacitados obedece a la misma concepción, según la cual quien ocupa la conducción del país no tiene ningún derecho a cobrar impuestos para colaborar con la vida de ninguna persona. El Parlamento aprobó la ley de discapacidad en ambas cámaras. El Presidente la vetó. El Parlamento insistió con más de dos tercios de sus integrantes. El Presidente decidió desobedecer la ley. La Justicia le reclamó dos veces que cumpliera con el mandato parlamentario. El Presidente no se movió. Ahora acaba de recibir una derrota en el Congreso porque en la ley de Presupuesto incluyó la derogación de la ley. No quiere ceder en ese punto que, por alguna razón muy extraña, es neurálgico.

Y algo así también sucede con la industria. La apertura económica y el crecimiento geométrico del ingreso de productos chinos ha generado una creciente preocupación en todo el entramado productivo, y en la sociedad que lo rodea. Esta semana tuvo mucha difusión una intervención de Orlando Canido, el dueño de Manaos, en la que recordó los años noventa para explicar por qué no entiende lo que ocurre. “Me acuerdo que cerca de mi casa, en Rafael Castillo, había siete u ocho fábricas textiles inmensas. La Castelar, 6.000 empleados, producía dos telas que se exportaban a todo el mundo. Todos los guardapolvos del mundo se hacían con la tela Arciel. Hoy hay una cancha de fútbol. Y en la textil Oeste hay un Walmart. En Morón hay un Jumbo donde antes había una industria. En los 90 trajeron Chemea, que vendía tres camisas por 6 dólares, y cerraron todos. ¿Eso cómo se recupera? Quedaron 50 mil empleos genuinos perdidos. Tornerías, matricerías, todo eso se perdió”. Con otras palabras, el dueño de Techint, Paolo Rocca sostuvo lo mismo en la Conferencia Industrial de la Uia.

El Presidente insiste ya con frecuencia diaria con que todos los que plantean esos temas son corruptos, o empresaurios. Este jueves, lo dijo en su streaming preferido. “Cuando hablamos de abrir la economía aparecen los parásitos prebendarios exigiendo que los argentinos paguen más caro bienes de peor calidad. ¿A ustedes les queda claro que el que está pidiendo por protección está pidiendo salarios más bajos? La protección puede ser efectivamente vía un arancel o alguna restricción o generando una política monetaria descontrolada para devaluar: todo conduce a lo mismo, reventar los salarios y aumentar los pobres e indigentes”.

El avance arrollador de Milei incluye, en fin, una transformación radical de la sociedad argentina. Sin ciencia, con menos industria, menos rutas, menos apoyo a discapacitados, menos financiamiento a la educación pública, y menos derechos laborales. Está claro que eso obedece a una teoría en la que el Presidente cree con firmeza, según la cual todos esos sectores gastan más de lo que producen, y su desaparición no será un motivo para lamentarse sino parte de un proceso virtuoso que hará despegar a la Argentina, porque ya no deberá cargar con el peso de tanta ineficiencia.

Flor de teoría, la verdad.

Si todo está bien calibrado, como dijo hace un mes Luis Caputo acerca del techo de la banda, poca gente extrañará a la Argentina que quedará atrás.

Desde el inicio del mandato de Javier Milei en diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional y las empresas estatales reflejaron una reducción del 17% en la cantidad de trabajadores registrados bajo su órbita. Un informe del economista Nadin Argañaraz puntualizó este proceso de achicamiento de la planta de personal como uno de los hechos más destacados de la etapa reciente en la gestión de los recursos humanos estatales.

La planta de personal difundida por el Indec en octubre representa 58.903 empleados menos que los existentes al asumir las autoridades de la administración de Javier Milei.

“En el mes de octubre de 2025, la dotación fue de 282.570 cargos. En relación a los 341.473 del mes de diciembre de 2023, se tiene una caída de 58.903 cargos”, señaló Argañaraz.

“Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”, agregó el economista, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El recorte más pronunciado se observó en la Administración Centralizada, que perdió 15.519 puestos desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025, de acuerdo con datos elaborados por Nadin Argañaraz a partir de cifras del Indec.

Durante ese mismo período, la Administración Pública Nacional, junto con empresas y sociedades estatales, mostró una disminución total de 58.903 empleados, pasando de 341.473 a 282.570.

Entre las entidades con mayor pérdida, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. redujo su plantilla en 5.114 trabajadores, mientras la Operadora Ferroviaria S.E. quedó con 3.353 menos. La AFIP, luego transformada en la ARCA, recortó 3.112 puestos y el CONICET descendió en 1.958 empleados.

El Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas presentaron descensos de 1.951 y 1.914 puestos respectivamente. La empresa del AMBA de agua y saneamientos AYSA perdió 1.677 empleados, y la ANSES unos 1.548.

Hubo organismos que fueron suprimidos y los datos oficiales los reflejan sin dotación alguna como Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A.C.P.E.M. (antes tenía 1.073) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI) (1.028).

El Estado Mayor General de la Armada Argentina reportó 969 bajas, Corredores Viales 795 y Télam S.E. quedó sin personal, tras la salida de 793 empleados. El INTI perdió 781 puestos, ENACOM 750, INTA 696 y el INSSJP/PAMI 695.

En la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) salieron 672 empleados y en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, 648. En Casa de Moneda se eliminaron 621 puestos, y SENASA redujo en 608 su personal. Otras pérdidas involucran a Belgrano Cargas y Logística S.A. (564), INCAA (543) y RENAPER (508), así como a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) (504).

También quedaron sin personal el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) (429), el INADI (408), el ENRE (396) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) (391). El agrupado como “Resto” exhibió una disminución de 8.885 empleados desde los 72.358 registrados en octubre de 2023, hasta los 63.473 en diciembre de 2025.

Más allá de los datos del informe de Argañaraz, para 2026 el Gobierno profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte que a lo largo del año próximo podría afectar otro 10% del total de empleados.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron en forma reciente a Infobae fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

Tras la reestructuración del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuela Adorni, coordina con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el plan que desplegarán para profundizar en la reducción de la planta del Estado que permita achicar la estructura, según confirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo. “La motosierra es constante”, justificaron sobre la decisión.

En Casa Rosada evitaron dar números específicos sobre la cantidad de empleados que alcanzará, pero anticiparon que podría afectar a “otro 10%” del total de empleados públicos.

Desde su cuenta de X, Sturzenegger estila dar el parte de las bajas de manera mensual que despierta una fuerte resistencia sindical. Si bien prepara para estos días la publicación correspondiente al mes de octubre, según los datos de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad y empresas del Estado.

Un informe del INDEC publicado el pasado viernes notificó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 0,3% en octubre de este año al tiempo que reveló que el total de trabajadores es de 282.570, cifra que apuestan a disminuir.

Por orden directa del presidente Javier Milei, la cartera se dedica a revisar mes a mes organismos, con extrema puntillosidad en sus estructuras y funciones bajo el objetivo de “lograr un Estado más eficiente”. “Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, confesaron a este medio, pero evitaron adentrarse en detalles debido a que detectan que se trata de “temas sensibles”, que involucran a trabajadores.

Según supo Infobae, en sus primeros dos años los recortes estuvieron enfocados en achicar la administración centralizada, por lo que el objetivo de este segundo tramo de la gestión es focalizar en los organismos descentralizados. Componen este último grupo la AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros. “En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje, depende del organismo o área. Los porcentajes varían mucho”, explicaron a este medio.

La nueva reducción sería “inminente” y continuaría durante los dos primeros trimestres de 2026, luego de que en diciembre se produzca el vencimiento de varios contratos que podrían no tener renovación. Otro porcentaje de los recortes de personal podría surgir de los planes de eliminación de los registros de automotores y de la privatización de varias empresas que aún mantienen en carpeta.

El libertario se jacta de su política de ajuste estatal que logró sintetizar en la motosierra como simbología, herramienta que obsequia a personalidades conservadoras como el ex funcionario republicano Elon Musk. "La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia", supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.

En plena campaña electoral, tras la derrota bonaerense, la administración libertaria tomó distancia de la simbología, incluso la motosierra había desaparecido de las fotos que se tomaban en la oficina presidencial, pero con el triunfo de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las viejas recetas volvieron potenciadas. Es por eso, que con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la reducción de personal y áreas, y aceitar la gestión.

Los plantes también alcanzan a los Medios Públicos. Como contó este medio, hay intenciones de abrir un retiro voluntario para avanzar con el achicamiento de la planta. El objetivo final es reducir un porcentaje del total de los 2400 trabajadores registrados que calculan conforman la estructura de la Televisión Pública y la de Radio Nacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó las reformas llevadas adelante por el Gobierno, pero advirtió que el modelo de liberalización económica y el “Plan Motosierra” ponen en riesgo a la industria y las capacidades productivas acumuladas.

Según el informe ‘Perspectivas económicas de Latinoamérica 2025: Promoción y financiación de la transformación de la producción’, la Argentina representa un caso particular con su Plan de Liberalización Económica (2023-presente) y el llamado Plan Motosierra para la desregulación. “Este enfoque busca minimizar la intervención estatal en los sectores productivos, eliminar subsidios industriales, reducir las barreras comerciales y privatizar empresas estatales”, remarcó el documento.

Además, señala la OCDE, prioriza la estabilización macroeconómica por encima de la intervención sectorial, con elementos distintivos como la exploración de la dolarización y la eliminación de los derechos de exportación.

“La naturaleza y los objetivos de esta estrategia —centrados principalmente en el ajuste fiscal, la liberalización del mercado y el retiro del Estado de los asuntos productivos— dificultan clasificarla como una Política de Desarrollo Productivo (PDP) en el sentido tradicional", sostiene el informe.

No obstante, “si bien se reconoce que el caso de Argentina representa una filosofía de desarrollo alternativa más que una variante de PDP, se incluye por razones de exhaustividad analítica, con el fin de ilustrar todo el espectro de enfoques de política que se aplican en la región”, aclara.

“Además, este modelo enfrenta importantes desafíos de implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y las capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de verse debilitadas en lugar de aprovechadas bajo la trayectoria actual”, añade.

Al mismo tiempo, en otro tramo del reporte, la OCDE resalta que en materia de políticas para la transformación productiva, Argentina emprendió desde diciembre de 2023 una primera serie de reformas estructurales “orientadas a estabilizar la economía y fomentar el crecimiento de largo plazo”.

“La consolidación fiscal y el fin del financiamiento monetario redujeron significativamente la inflación desde 2024. Los esfuerzos de estabilización incluyeron ajustes fiscales focalizados para mejorar la eficiencia del gasto público, principalmente mediante recortes discrecionales en la inversión de capital”, detallan. Como resultado, el país registró superávits fiscales primarios casi todos los meses de 2024, por primera vez desde 2010.

A partir de junio de 2024, la Ley Bases introdujo una serie de reformas laborales en la Argentina, orientadas a fomentar la creación de empleo formal y ajustar la protección de los trabajadores, según destaca la OCDE.

Entre los puntos clave, el texto eliminó la reincorporación obligatoria tras conflictos por despido y extendió el período de prueba, permitiendo hasta un año en el caso de las pequeñas empresas.

La entidad señala que las autoridades argentinas avanzaron en simplificar regulaciones empresariales y en reducir barreras comerciales, favoreciendo el clima de negocios. El sector energético, especialmente a partir de los desarrollos en Vaca Muerta y las nuevas infraestructuras gasíferas, se consolidó como eje de la transformación productiva y comenzó a generar superávits comerciales en 2024.

En materia de financiamiento, la política pública incluyó una reforma tributaria destinada a reducir los costos fiscales para las empresas. Según la OCDE, en septiembre, el gobierno lanzó un régimen de incentivo para grandes inversiones, con beneficios impositivos y cambiarios para proyectos de más de USD 200 millones garantizados por 30 años.

El informe añade que el ajuste fiscal y la revaluación cambiaria permitieron una reducción de la deuda bruta del Estado federal respecto al PBI

“Estas reformas resultan relevantes ante los bajos niveles históricos de inversión extranjera directa, aún concentrada en sectores manufactureros altamente protegidos. Al mejorar la estabilidad macroeconómica e incentivar la inversión a gran escala, Argentina sienta las bases para una estructura productiva más dinámica y diversificada”, concluyó la OCDE.

El Gobierno aplicó en lo que va de 2025 un recorte del 60% real en el gasto destinado a subsidios a las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte. La motosierra sobre esa partida fue clave para sostener el superávit fiscal durante el primer semestre.

La dinámica puede resultar contradictoria si se tiene en cuenta que en las últimas semanas el Ministerio de Economía decidió no trasladar los mayores costos de la energía propios del invierno a los usuarios finales ni el efecto de la devaluación, e incluso subió las subvenciones para usuarios que viven en zonas frías.

El objetivo es evitar que la corrección tarifaria presione demasiado la inflación. Incluso el Gobierno postergó la Emergencia Energética y pateó la definición de un nuevo esquema de asistencia al menos hasta el año que viene.

El gasto devengado en las tarifas de energía sumaron en lo que va del año $3,1 billones a precios constantes de julio, 57% menos que en el mismo período del año pasado, $7,1 billones, según datos del IIEP de UBA-CONICET.

La explicación de esa paradoja es que hay 2 millones de hogares que dejaron de estar categorizados como de bajos ingresos y quedaron en el segmento de altos ingresos, es decir, con una asistencia sensiblemente menor, explicó Julián Rojo, economista de UBA-CONICET.

“Se observa una reducción del 46% en los subsidios reales al agua, energía y transporte acumulados en doce meses corridos respecto a igual periodo anterior. Bajo esta medición, los subsidios en doce meses son 60% menores a los observados en enero de 2024 y 74% inferiores respecto del pico de doce meses acumulados observado en el mes de julio de 2022”, detalló el IIEP en un informe reciente.

De todos modos, desde que comenzó la gestión Milei hast ahora el gasto en servicios públicos para una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que releva el IIEP saltó 597 por ciento. La cifra es cuatro veces mayor al 154% de inflación acumulada desde diciembre de 2023.

“En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 50% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 50% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”, aclaró el informe.

Las reducciones de los subsidios a la energía y de programas sociales fueron claves para que el Gobierno pudiera compensar la suba real de gasto en jubilaciones (sin contar el bono, lo que arrojaría caída) y pensiones contributivas.

“En el primer semestre del año, el gasto primario del sector público nacional creció un 4,6% en términos reales. De los gastos que crecieron, según criterio base caja, el más significativo es el de jubilaciones y pensiones contributivas, con un aumento real interanual del 22,6 por ciento. De los gastos que cayeron, los que más lo hicieron fueron los subsidios a la energía y programas sociales, con bajas reales interanuales del 62% y del 32%, respectivamente”, dijo Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

“Si se relacionan las dos caídas con la suba del gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, base caja, se aprecia que en enero de 2025 el descenso de ambos fue igual al 37,7% del incremento en el gasto en jubilaciones. En el acumulado a mayo fue del 100,2%. Y, por último, en el acumulado a junio se mantuvo en 99,4%”, explicó.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger cuestionó con dureza el paquete de leyes que aprobó el Senado la semana pasada, aseguró que la compensación con nuevos impuestos para fondear el gasto que implican esas leyes es muy insuficiente y aseveró que si se llegaran a implementar revertirían el superávit fiscal y generarían un nuevo incremento de la inflación y la pobreza.

En una entrevista con LN+, el funcionario subrayó la importancia del equilibrio de las cuentas públicas al señalar que “Argentina parte de una situación de superávit que sostiene desde hace un año y medio, algo que da una fortaleza grande”. Definió ese superávit como “la piedra angular” de la actual estrategia económica y vinculó su defensa con lo ocurrido en el Congreso: “Por eso lo que pasó en el Senado es tan relevante. No es que ridiculiza a la vicepresidenta (Victoria Villarruel) con sus comentarios sino al Senado”.

Criticó con dureza la conducta de los legisladores: “El Congreso el año pasado había sido infantil y ahora lo sigue siendo”. Según Sturzenegger, se trata de “un intento del Congreso de decir que tiene que gastar tanta plata pero no decir de dónde sacarlo”, comparándolo con “cuando un niño pide un juguete, pero el niño no repara en el costo”.

En su análisis del impacto fiscal, alertó que se trata de “un paquete repartido en cinco iniciativas de 2,6 por ciento del Producto Bruto Interno de gasto”. Reconoció que esta vez el Congreso “intentó un atisbo para juntar cierta guita”, pero lo consideró irrelevante: “Es el 0,01 por ciento, tendrían que hacer 260 veces más de esfuerzo fiscal para cubrir ese gasto”.

Sturzenegger sostuvo que las consecuencias serían graves para la sociedad: “Quieren destruir a los argentinos, no al Gobierno”. Argumentó que “cada vez que bajás el gasto no necesitás cobrar un impuesto” y remarcó que el impuesto más regresivo es la inflación: “El que más bajo fue la inflación, que es un impuesto que más pagan los que menos tienen”. Atribuyó a la desinflación un impacto social positivo al afirmar que “eso sacó a 11 millones de argentinos de la pobreza”.

Advirtió que el conjunto de leyes votadas implica “volver a esa economía del último año de Massa, que le cobró un impuesto inflacionario a los pobres por unos 3 puntos del Producto Bruto Interno”. Según sus proyecciones, “este paquete revertiría la baja en la pobreza que logró Milei” y “crearía 4 o 5 millones de niños pobres en la Argentina”.

Además, expresó sorpresa por el apoyo que recibió el proyecto en Diputados: “Lo que me llama la atención es que venga de diputados que considero gente proba, éticamente, como la ‘Coneja’ Baldassi o Juan Manuel López”. Cuestionó la motivación detrás del gasto público elevado y dijo que “la crueldad es tener 10 millones de pobres más por financiar una casta política por financiarte con inflación”.

Sobre el ajuste del empleo público, Sturzenegger rechazó las críticas a los despidos y pidió cambiar el enfoque: “No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”.

Resaltó que “hoy Argentina tiene más empleados que hace un año” y precisó que “son 13,3 millones en el primer trimestre, había 13,1 millones hace un año”. Defendió la estrategia de recorte del gasto al argumentar que “cuando uno aplica la motosierra y bajás el gasto, bajás lo que le tenés que sacar a la gente para financiar ese gasto”. Explicó que eso permite crear “empleo más productivo” porque “no es la gente dándole la plata al político sino que se la devolvemos para que lo gaste en lo que quiera”.

En referencia al debate sobre las facultades delegadas, aclaró que “la motosierra sigue funcionando a full porque lo que hacíamos con facultades delegadas era el 10 por ciento del total”. Señaló que “todos los decretos, resoluciones o normas de rango inferior son potestad del Ejecutivo”, y puso como ejemplo la desregulación en el Senasa. Subrayó que “no tienen que ver con las facultades delegadas” y cuestionó la estrategia legislativa: “Es absurdo lo que se aprobó. Piensen un minuto el daño que van a crear con esto, revertiría la baja de la pobreza”.

Sobre el tipo de cambio, explicó que “el dólar es el precio relativo de dos monedas. Si imprimís muchos pesos, el precio cae”. Señaló que “si hubiéramos hecho este programa hace un mes, un economista te hubiese dicho que el peso estaba apreciado”. Detalló que “desde ese momento a ahora el dólar se apreció un 20 por ciento” y definió a esa dinámica como “la maravilla del tipo de cambio flotante”. Concluyó que “no hay pesos para que suba. El tipo de cambio es una consecuencia de la emisión monetaria, la inflación también”.

Por otro lado, Sturzenegger consideró que el debate parlamentario de la última semana “cambia el federalismo en Argentina”. “Uno de los proyectos que aprobó es para repartir de manera diferente los Aportes del Tesoro Nacional”, lo cual dejaría de manifiesto, según el ministro, que así el Congreso “puede cambiar por un simple tironeo”, la ley de Coparticipación federal de impuestos. Yo digo que esto cambia todo. Si se aprueba. De hecho, si el presidente me consulta, yo le diría, esta no la vete. Toda la discusión del federalismo cambia”, insistió.

Corrupción: qué dijo Sturzenegger sobre los seguros y la construcción

Por último, reflexionó sobre el vínculo entre tamaño del Estado y corrupción: “La corrupción es un tango que se baila de a dos”. Afirmó que “cuando menos Estado tenés, menos corrupción tenés” y criticó las regulaciones excesivas al considerarlas una barrera desigual: “La regulación es una valla fija. Las empresas grandes la pasan, pero las empresas chicas son las que peor la pasan”.

Sturzenegger contó de su experiencia en el Banco Ciudad, en la época en que Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad. Dijo que debía renovarse una póliza de seguro a punto de vencer y recibió un llamado de la aseguradora que tenía desde hace años el contrato, ofreciéndole USD 20.000 dólares mensuales para asegurarse la continuidad. El hoy ministro contó que le dijo a su interlocutor que no había “vuelto de Harvard” para eso y que buscaría que nunca más ganase el contrato de seguros del Banco.

Luego, en la licitación del próximo contrato, fue la única empresa que se presentó. Sturzenegger la anuló, habló con un conocido suyo de Sancor Seguros para que se presente, y cuando otras aseguradoras supieron que se presentaba Sancor, también se presentaron, con lo cual el nuevo contrato se asignó por un 20% del valor del anterior contrato. Luego -remató- cuando un empresario del seguro lo llamó para feclitarlo por haber desarmado “la mafia”, le dijo “¿y vos dónde estabas, que no te presentabas?”

Algo parecido dijo respecto de la corrupción en el sector de la Construcción que -explicó- estaba dentro de la propia ley, a través del criterio de “capacidad constructiva”, que permitía que las empresas se turnasen en las distintas licitaciones para asegurarse su parte, sin competir realmente con mejores ofertas.

En la previa a la pérdida de vigencia de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó por un año al Gobierno al aprobar la Ley Bases, este lunes se anunciaron una serie de reestructuraciones y cierres de organismos públicos. Las carteras de transporte y de agricultura son las que más cambios tendrán y el ahorro anual estimado alcanza los $570.500 millones. Es solo una parte del total de USD 2.000 millones por todas las áreas suprimidas.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía a Infobae, las modificaciones en el área de transporte implicarán un ahorro de $488.000 millones por año. En detalle, el cierre de Vialidad Nacional significará dejar de destinar $440.000 millones y el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, $16.000 millones.

La misma cifra rige en el caso de la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que concentrará tareas de fiscalización, control y sanción sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias; y de la Junta de Seguridad en el Transporte en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

En cuanto a los organismos vinculados al agro, se encuentra la la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que al pasar a ser una dirección de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, permitirá un ahorro de $1.000 millones anuales. A su vez, la reconversión en unidad organizativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) evita una erogación de $1.500 millones.

“Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo que imponía cargas burocráticas, costos, y que dificultaba la innovación y experimentación. La complicación era tal que nos manifestaban que debían destinar empleados exclusivamente a cumplir con los trámites y exigencias del INV”, justificó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El monto asciende a $80.000 millones en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya configuración será la de un organismo desconcentrado.

Sturzenegger indicó: “El INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación".

“Su presupuesto de gastos anuales es de $224.000 millones, mientras que los recursos asignados al organismo son de $411.000 millones, provenientes de una contribución sobre las importaciones y una parte de la recaudación de la tasa estadística. ¿El dato que expone el absurdo? Que los $411.000 millones asignados en recursos al INTA equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz", añadió.

La eliminación, absorción o transformación estructural de cada una de las dependencias estatales fue evaluada, según precisó el vocero presidencial Manuel Adorni, en función de criterios de eficiencia y racionalidad de los recursos, manteniendo sólo aquellas funciones consideradas esenciales para la administración pública.

“Su permanencia no se justificaba ni desde el punto de vista del gasto ni del servicio efectivo a la ciudadanía”, sostuvo el funcionario.

Todos los cambios realizados con facultades delegadas

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aseguran que las facultades delegadas solo representan el 5% de las disposiciones concretadas en los últimos meses desde que entró en vigencia la Ley de Bases. Afirman que para el resto de las resoluciones y decretos no necesitaron esa atribución del parlamento. Los cambios fueron los siguientes:

1. Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad
2. Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ahora la tarea la hará Gendarmería que realiza más de 80.000 controles de tránsito por año
3. Disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial
4. Disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que había quedado con pocas competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones con respecto a lo ferroviario y servicios públicos pasarán a una AGENCIA DE CONTROL DE CONCESIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE
5. Se transforma la Junta de Seguridad en el Transporte en la AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN limitando sus funciones
6. Unificación de la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS constituyendo la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”
7. Se eliminan las Delegaciones Sanitarias Federales –estructuras inactivas y sin funciones operativas– y se deja sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura de SAMIC
8. Transforma el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria
9. Se reorganizan funciones dentro del ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disuelve el Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán, que duplicaba funciones con los institutos Dr. Chaben y Dr. Maiztegui, también del Anlis-Malbrán
10. Se disuelve el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015
11. Disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal
12. Disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
13. Disolución del Instituto Nacional de Semillas. Se transfiere a agricultura
14. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura
15. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
16. Transformación en organismo desconcentrado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
17. Transformación en organismo desconcentrado del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
18. Se fortalece la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su rol como fuerza especializada en seguridad aeroportuaria y se la habilita, a requerimiento del Gobierno Nacional, a participar en tareas de seguridad en el transporte en general
19. Modernización de la normativa de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
20. Actualización del marco legal de la Prefectura Naval Argentina para consolidarla como Fuerza de Seguridad Federal diferenciada de la Armada
21. Modernización del marco normativo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un nuevo Estatuto que reemplaza normativas vigentes desde hace más de 50 años
22. Disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
23. Disolución del Instituto Nacional Belgraniano
24. Disolución del Instituto Nacional Browniano
25. Disolución del Instituto Nacional Newberiano
26. Disolución del Instituto Nacional “Juan D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas Sociales y Políticas
27. Disolución de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón
28. Transformación en unidad organizativa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
29. Transformación en unidad organizativa de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
30. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón
31. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
32. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional del Teatro
33. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Sanmartiniano
34. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Yrigoyeneano
35. Transformación en unidad organizativa del Museo Nacional de Bellas Artes
36. Transformación en unidad organizativa del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento
37. Disolución de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social
38. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional del Agua
39. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
40. Transformación en unidad organizativa del Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte
41. Transformación en organismo desconcentrado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y cambio de denominación a Registro Nacional de Armas
42. Transformación en organismo desconcentrado del Banco Nacional de Datos Genéticos
43. Fusión del Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
44. Fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino
45. Fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas constituyendo el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD
46. Adecuación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
47. Eliminación de créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos
48. Desregulación de las obras de arte, 30 años del Estado trabando la importación y exportación con trámites innecesarios
49. Desregulación del Transporte Automotor de Cargas: eliminación del (RUTA)
50. Eliminación del pedido de libre deuda a Obras Sanitarias para transferir inmuebles
51. Eliminación del Registro de Constructores
52. Simplificación del mercado de autopartes usadas para bajar el costo de las partes y de los seguros
53. “Eliminación de trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales”
54. Eliminación de las jornadas obligatorias de Educar en Igualdad
55. Eliminación del Fondo Nacional para la Construcción de viviendas de servicio del personal militar
56. Autorización para la Privatización de Intercargo S.A.U
57. Autorización para la Privatización de Corredores Viales S.A
58. Autorización para la Privatización de Energía Argentina S.A
59. Transformación del Banco Nación en S.A
60. Reorganización de la Casa de la Moneda S.A.U
61. Transformación de Yacimiento Carbonífero Río Turbio en S.A. para su posterior privatización
62. Ley de Pequeña y Mediana Empresa
63. Disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)
64. Liberación de las importaciones para Ciencia y Tecnología
65. Derogación de regímenes de promoción ganadera y agrícola
66. Desregulación de pilas
67. Desregulación de inversiones mineras
68. Desregulación de garrafas y GLP
69. Disolución del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE)
70. Disolución del Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS)
71. Disolución del Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS)
72. Disolución del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA)
73. Disolución del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)
74. Disolución del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO)
75. Disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE)
76. Disolución del Fondo Nacional de Emergencias (FONAE)
77. Disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR)
78. Disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP)
79. Disolución del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.)
80. Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)
81. Disolución del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (REFI)
82. Disolución del Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
83. Disolución del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA)
84. Disolución del Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE)
85. Disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU)
86. Disolución del Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (PRODAF)
87. Disolución del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social
88. Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)
89. Disolución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Aeroportuaria (INFRA. AEROP.)
90. Disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF)
91. Disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
92. Disolución del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC)
93. Disolución del Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS)
94. Disolución del Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (FFGLP)
95. Disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)
96. Disolución del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP)
97. Fusión por absorción de Construcción de Vivienda para la Armada por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A
98. Modificación leyes de energía Nros. 24.076 y 24.065
99. Modificación de las leyes Nros. 24.196 y 24.466 de inversiones mineras
100. Modificación de Ley de Turismo N° 25.997
101. Disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

El Gobierno ya no contará con las facultades delegadas que cedió el Congreso para reformatear la estructura del Estado pero continuará con una agenda de desregulación desde el ministerio que conduce Federico Sturzenegger, que tiene bajo su ala la eliminación de normativas y reglamentaciones.

En ese ministerio aseguran que las facultades delegadas solo explicaban el 5% de las disposiciones concretadas en los últimos meses desde que entró en vigencia la Ley de Bases, y que la gran mayoría de las acciones de esa cartera fueron resoluciones o decretos y que no necesitaron de la habilitación cedida por el parlamento.

Como últimas resoluciones de reformateo de la estructura estatal bajo facultades delegadas, el Ministerio de Economía detalló cómo será la reestructuración de siete organismos nacionales para “optimizar las funciones y recursos del Estado” y “cuidar el dinero de los contribuyentes”, según el comunicado oficial. Destacaron que estas reformas buscan “una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente”.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasará a ser una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria y Comercio, manteniendo su denominación. El Ministerio mencionó que el INTI “tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos”, con 2356 agentes y un presupuesto anual superior a $85.600 millones.

Según el texto oficial, en gestiones anteriores “el organismo había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados” y “ha ido incorporando tareas que podrían ser prestadas por el sector privado”. Se aseguró que la redefinición busca “preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI” en metrología, calidad, innovación e investigación.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) será un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con más de 6.000 agentes y un presupuesto cercano a $229.000 millones, el comunicado señaló que el INTA “se desvió durante los últimos años de su propósito original” y funcionó como “herramienta de militancia política” con un enfoque en la “Agenda 2030”. El nuevo esquema priorizará “la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos” para la producción agropecuaria.

La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) se disuelve y se transforma en una Dirección Nacional en la Secretaría de Industria y Comercio. Economía indicó que la experiencia de Ariccame mostró “sobredimensionamiento estructural” y “superposición de funciones”, dificultando una política efectiva. En el nuevo esquema, la Anmat regulará la flor de cannabis y la Secretaría de Industria el cáñamo industrial.

El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) se disuelve, quedando sus funciones en la Secretaría de Agricultura. El comunicado criticó su uso como “caja política” y resaltó que casi el 90% de su presupuesto se destinaba a sueldos.

El Instituto Nacional de Semillas (Inace) también se disuelve como organismo descentralizado, con sus competencias transferidas a la Secretaría de Agricultura, para “un esquema más integrado y técnicamente conducido”.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasará a ser una unidad organizativa dependiente de la misma secretaría. Economía aseguró que “mantendrá la denominación del Instituto” y la certificación internacional será “voluntaria a pedido del productor”.

Por último, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) se transformará en un ente desconcentrado en la Secretaría de Industria y Comercio. Según el Ministerio, sus funciones “no requieren un grado de independencia que justifique su condición de organismo descentralizado”.

Por su lado, el Ministerio de Transporte creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte para centralizar la fiscalización de concesiones viales y ferroviarias, el control de servicios públicos automotores y la aplicación de sanciones. Según el comunicado, la agencia “recepcionará y gestionará quejas y denuncias”, investigará accidentes ferroviarios y podrá suspender permisos o licencias. Percibirá tasas y resolverá conflictos por acceso abierto ferroviario.

Además, se redistribuyeron funciones de organismos eliminados. La Agencia Nacional de Seguridad Vial cedió licencias y políticas públicas de seguridad vial a la Secretaría de Transporte, y controles en rutas nacionales a Gendarmería. La Dirección Nacional de Vialidad transfirió estudios y obras al Ministerio de Economía y concesiones viales a la nueva agencia. La CNRT traspasó planificación de transporte automotor a la Subsecretaría de Transporte Automotor, mientras la agencia mantendrá controles y sanciones en el sistema.

La Junta de Seguridad en el Transporte se dividió: se creó la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación, mientras Transporte asumirá estadísticas de accidentes automotores y la nueva agencia investigará siniestros ferroviarios. El plan incluye un Consejo Vial Federal para coordinar obras con provincias.

La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad fue decidida sobre el cierre del plazo de utilización de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases, sancionada exactamente un año atrás. Esa norma, junto al DNU 70/23, fueron las herramientas que utilizó el gobierno de Javier Milei para disolver, fusionar y reorganizar reparticiones de la administración central del Estado, organismos descentralizados y otras dependencias públicas.

“Las principales desregulaciones y recortes de gasto del Ministerio se dieron en los siguientes ámbitos: empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor”, señaló el ministerio de Desregulación y Modernización del Estado que dirige Federico Sturzenegger. Ese ministerio, a cargo de la política que el gobierno simbolizó con la motosierra difundió el listado completo de modificaciones en el aparato estatal:

1. Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

2. Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de Fuerzas de Seguridad; ahora la tarea “la hará Gendarmería que realiza más de 80.000 controles de tránsito por año”.

3. Disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

4. Disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que había quedado con pocas competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones con respecto a lo ferroviario y servicios públicos pasarán a una Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

5. Se transforma la Junta de Seguridad en el Transporte en la Agencia de investigación e Incidentes de Aviación limitando sus funciones.

6. Unificación de la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS constituyendo la “Administración Nacional de Establecimiento de Salud”.

7. Se eliminan las Delegaciones Sanitarias Federales –estructuras inactivas y sin funciones operativas– y se deja sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura de SAMIC.

8. Transforma el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

9. Se reorganizan funciones dentro del ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disuelve el Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán, que duplicaba funciones con los institutos Dr. Chaben y Dr. Maiztegui, también del Anlis-Malbrán.

10. Se disuelve el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado.

11. Disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal que tenía más secretarios de Estado que el Ministerio de Salud y “es el ejemplo perfecto de agencias descentralizadas que se crean para hacer caja”. Sus funciones duplicaban las que ya tenía el ANMAT.

12. Disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que tenía 1.000 empleados y destinaba el 85% de la plata en sueldos.

13. Disolución del Instituto Nacional de Semillas, que se transfiere a Agricultura.

14. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

15. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

16. Transformación en organismo desconcentrado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

17. Transformación en organismo desconcentrado del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

18. Se fortalece la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su rol como fuerza especializada en seguridad aeroportuaria y se la habilita, a requerimiento del Gobierno Nacional, a participar en tareas de seguridad en el transporte en general.

19. Modernización de la normativa de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) adaptando su estructura para hacerla más eficiente, se optimiza su régimen de personal, y se jerarquiza el control interno con foco en la integridad institucional.

20. Actualización del marco legal de la Prefectura Naval Argentina para consolidarla como Fuerza de Seguridad Federal diferenciada de la Armada. Se eliminan competencias obsoletas y se actualiza su régimen de personal y carrera.

21. Modernización del marco normativo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un nuevo Estatuto que reemplaza normativas vigentes desde hace más de 50 años.

22. Disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenobofia y el racismo (INADI), “el ejemplo paradigmático de uso del Estado para la persecución y adocrinamiento político”, según el ministerio de Desregulación.

23. Disolución del Instituto Nacional Belgraniano, que como los que siguen, comenzaron como organizaciones civiles y en algún momento pasaron a depender del Estado.

24. Disolución del Instituto Nacional Browniano.

25. Disolución del Instituto Nacional Newberiano.

26. Disolución del Instituto Nacional ‘Juan D. Perón’ de Estudios e Investigaciones Históricas Sociales y Políticas.

27. Disolución de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón”.

28. Transformación en unidad organizativa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

29. Transformación en unidad organizativa de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

30. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.

31. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

32. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional del Teatro, donde el 65% del gasto era en sueldos.

33. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Sanmartiniano.

34. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Yrigoyeneano.

35. Transformación en unidad organizativa del Museo Nacional de Bellas Artes.

36. Transformación en unidad organizativa del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

37. Disolución de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, un organismo que brindaba microcréditos a microemprendedores pero su cartera era del 0,15% de sus recursos.

38. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional del Agua.

39. Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

40. Transformación en unidad organizativa del Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte.

41. Transformación en organismo desconcentrado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y cambio de denominación a Registro Nacional de Armas.

42. Transformación en organismo desconcentrado del Banco Nacional de Datos Genéticos.

43. Fusión del Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

44. Fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino, concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad.

45. Fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas constituyendo el nuevo Esnte Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

46. Adecuación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

47. Eliminación de créditos ANSES para que el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos.

48. Desregulación de las obras de arte, con la eliminación de trabas a la importación y exportación con trámites innecesarios. En 30 años el estado nunca uso esa facultad.

49. Desregulación del Transporte Automotor de Cargas: Eliminación del RUTA, “un trámite inútil que llevaba tiempo y dinero”.

50. Eliminación del pedido de libre deuda a Obras Sanitarias para transferir inmuebles.

51. Eliminación del Registro de Constructores.

52. Simplificación del mercado de autopartes usadas para bajar el costo de las partes y de los seguros.

53. Eliminación de trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales.

54. Eliminación de las jornadas obligatorias de Educar en Igualdad.

55. Eliminación del Fondo Nacional para la Construcción de viviendas de servicio del personal militar.

56. Autorización para la Privatización de Intercargo S.A.U.

57. Autorización para la Privatización de Corredores Viales S.A.

58. Autorización para la Privatización de Energía Argentina S.A.

59. Transformación del Banco Nación en S.A.

60. Reorganización de la Casa de la Moneda S.A.U.

61. Transformación de Yacimiento Carbonífero Río Turbio en S.A. para su posterior privatización.

62. Ley de Pequeña y Mediana Empresa. Eliminación de capas de programas, capacitaciones, registros y promociones “que siempre costaron mucho y nunca hicieron nada”.

63. Disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).

64. Liberación de las importaciones para Ciencia y Tecnología (ROECYT).

65. Derogación de los regímenes de promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas, del Gusano de Seda, de la Actividad Caprina, Ganadería Bovina en zonas áridas y semiáridas, Búfalos de Agua y Producción Algodonera.

66. Desregulación de la importación de pilas.

67. Desregulación de inversiones mineras.

68. Desregulación de garrafas, Gas Licuado de Petróleo (GLP): “Eliminamos barreras a la competencia en el sector que encarecen la actividad y liberamos la importación para que ingresen más garrafas al país”.

69. Disolución del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE), que estuvo operativo hasta su extinción en 2018.

70. Disolución del Fondo Cobertura Universal de Salud (CUS).

71. Disolución del Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS).

72. Disolución del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).

73. Disolución del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO).

74. Disolución del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO).

75. Disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).

76. Disolución del Fondo Nacional de Emergencias (FONAE).

77. Disolución del Fondo Fiduciario del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR).

78. Disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP).

79. Disolución del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR.).

80. Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).

81. Disolución del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (REFI).

82. Disolución del Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

83. Disolución del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (PROICSA).

84. Disolución del Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE).

85. Disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).

86. Disolución del Fondo para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (PRODAF).

87. Disolución del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

88. Disolución del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

89. Disolución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Aeroportuaria (INFRA. AEROP.).

90. Disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).

91. Disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

92. Disolución del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC).

93. Disolución del Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS).

94. Disolución del Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (FFGLP).

95. Disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)

96. Disolución del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP).

97. Fusión por absorción de Construcción de Vivienda para la Armada, por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.

98. Modificación leyes de energía 24.076 y 24.065, para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera.

99. Modificación de las leyes 24.196 y 24.466 de inversiones mineras.

100. Modificación de Ley de Turismo 25.997 a fin de suprimir intervenciones estatales distorsivas para el mercado y competencias nacionales en materia de turismo regional, como los hoteles sociales.

101. Disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con el fin de eliminar una caja utilizada por la política, se consolidan sus funciones en la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El próximo martes 8 será el último día de vigencia de las “facultades delegadas” que el Congreso de la Nación le otorgó por un año al gobierno al aprobar la “Ley Bases”. Si bien el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dice que esas facultades explican solo el 5% de las cosas que su cartera puede hacer para desenmarañar y eficientizar las regulaciones que rigen la actividad privada y el funcionamiento del Estado, el gobierno presentará, este lunes o el mismo martes, una última andanada de iniciativas en la que trabajan la propia cartera desreguladora y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, que serían dadas a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Buena parte de esa agenda se conoce, pero se fue demorando: involucran al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), actualmente “organismos descentralizados” del Ministerio de Economía, que pasarían a las órbitas de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente, perdiendo su autarquía, lo que implicará que ambas tengan un fuerte recorte presupuestario e involucre despidos y venta de bienes y patrimonio en distintos lugares del país.

En el caso del INTA el Gobierno buscará reestructurar el actual organigrama directivo y quitar influencia a las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, dicen en el sector agropecuario. Sturzenegger ha señalado, por caso, que el INTA “tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”.

El INTI, a su vez, pasaría a ser una “unidad organizativa”.“El kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado, con un montón de organismos que se llaman descentralizados, como la Anmat y el INTA. El organismo descentralizado puede cobrar, y cuando puede cobrar es una caja. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja, porque si sos parte de la administración pública no cobrás. Y si sos un organismo descentralizado tenés la potestad de cobrar. Esos organismos, a su vez, al poder hacer caja empezaron a crear trámites para cobrar, y generar caja para recaudar. Lo que vamos a hacer es volver esos organismos a la administración central”, dijo Sturzenegger, que en los últimos días habló con medios del interior del país para explicar y defender sus iniciativas desreguladoras.

Además, el Gobierno trabaja en la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), en lo que pasaría a llamarse Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, también dependiente de la cartera que encabeza el ministro Luis Caputo.

Esa fusión ya había sido propuesta en 2024, en el artículo 161 del proyecto original de la ley Bases, pero se cayó.

El gobierno también trabaja en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, prevé desguazar la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito, áreas que serían absorbidas por otras reparticiones de la Secretaría de Transporte o en funciones de Gendarmería asuma en los controles de tránsito de jurisdicción nacional.

Esto significaría una completa reestructuración de Vialidad, cambios en su presupuesto y la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que unifique las tareas de fiscalización y control de los contratos de concesión, también bajo el ala de Caputo.

De este modo, además, la Casa Rosada pretende traspasar a los gobiernos provinciales obras nacionales, aunque no está claro con qué recursos presupuestarios.

En sus entrevistas con medios del interior, Sturzenegger reiteró que en un año y medio de gestión el Gobierno logró ahorros de funcionamiento del Estado por USD 2.000 millones, que “volvieron a la gente”.

Por caso, en una entrevista televisiva con un medio santafecino dijo, respecto de la desregulación del mercado de GLP (gas en garrafa) que “la idea de que uno puede regular un mercado y digitarlo termina siempre en catástrofe. ¿Cómo hace uno para que la garrafa llegue de la manera más barata a la gente?”, se preguntó. Y respondió: “dejando que el mercado funcione con la mayor libertad posible”.

La norma sobre el sector, explicó, “prohibía la importación de gas si era un precio menor al del mercado local, prohibía a los argentinos comprar gas de manera más barata. Es una ley cuyo objetivo primario fue, lo hizo Néstor Kirchner en 2005, armar una suerte de centros de canje, como un intermediario que el mercado no necesita. Cada intermediario que vos pones en un mercado, lo encarece. Así que la idea es dejar que el mercado funcione de una manera más libre para que el gas esté más disponible y más barato”.

El balance de las “facultades delegadas”

Sobre el final de este período de facultades delegadas, Sturzenegger explicó que no se trató de un poder otorgado a título personal, sino a todo el Ejecutivo, con un enfoque claro: reducir el tamaño del Estado, eliminar estructuras redundantes y mejorar la eficiencia del aparato público. “Fue una herramienta puntual que nos permitió avanzar en una tarea conjunta, con el objetivo de que el Estado funcione mejor”, señaló en recientes entrevistas con medios del interior.

Según el ministro, el recorte de unos 50.000 empleos públicos a lo largo del último año y medio se tradujo en un ahorro estimado de USD 2.000 millones, recursos que —afirmó— ya no deberán salir del bolsillo de los contribuyentes. “Cada peso que el Estado deja de gastar es un peso menos en impuestos”, insistió, al justificar la estrategia de reducción del gasto como una forma directa de aliviar la carga fiscal.

En cuanto a la obra pública, Sturzenegger cuestionó la lógica de centralización implementada por gestiones anteriores, que derivó en el uso de fondos nacionales para proyectos de competencia local. “Cuando asumimos había un plan para gastar USD 6.000 millones en alcantarillas. ¿Es eso una obra nacional?”, se preguntó. Y apuntó contra el modelo de intermediación política que, según él, fomentaba la discrecionalidad y la corrupción.

Reforma en Vialidad Nacional

La nueva lógica oficial busca que cada nivel de gobierno se haga cargo de sus responsabilidades y que la Nación solo intervenga en obras estratégicas o de alcance interprovincial, como las rutas nacionales, que serán concesionadas.

En esa línea, el ministro anticipó una reforma profunda en Vialidad Nacional, con la intención de separar la ejecución de obras del control. “No puede ser que el mismo organismo que hace una obra sea el que se fiscaliza a sí mismo. Por eso, en los decretos que se van a publicar antes del martes, uno de los ejes será justamente reorganizar Vialidad y crear una agencia externa que supervise las concesiones”, adelantó.

Finalmente, Sturzenegger subrayó que, si bien las facultades delegadas otorgadas por el Congreso llegan a su fin, la agenda desreguladora continuará. “Estos poderes especiales representaban apenas un 5% de lo que hacemos. El resto lo seguiremos impulsando con decretos, resoluciones y normativa vigente. Vamos a continuar con esta tarea porque creemos que simplificar el Estado es clave para liberar a la sociedad y a la economía”, concluyó.

Durante el Conservative Political Action Conference (CPAC) en febrero, el magnate Elon Musk apareció en escena blandiendo una motosierra, regalo del presidente Javier Milei, para simbolizar el impulso de recortes y auditorías al gobierno federal estadounidense. Musk la presentó como la “motosierra para la burocracia”, un gesto simbólico para respaldar su “Department of Government Efficiency” (DOGE) y su ambición de reducir el tamaño del Estado.

La referencia a la motosierra, sin embargo, cobró un nuevo significado meses después, ya fuera del contexto original del evento. Musk se distanció por completo de Donald Trump y del impulso inicial para formar parte de una posible reestructuración estatal. Incluso declaró públicamente que participar de esa misión fue un error, reconociendo que sus intenciones de influir en políticas públicas desde una posición externa no son viables ni sostenibles.

Ahora, en una reciente publicación en X, Musk se arrepintió del gesto. El magnate enfatizó que el gobierno debe “reducir el ”el despilfarro y el fraude" y defendió la legislación que pone techo a la deuda. Y un seguidor recogió el guante y lo criticó: “Quizás no debiste subir con la motosierra al escenario y portarte como un tonto. Quizás podrías haber hecho más si no te preocupara tanto verte cool”.

Lejos de enojarse, Musk aceptó el comentario negativo y respondió con una señal de arrepentimiento. “Buen punto”, le dijo a su seguidor crítico. “Milei me dio la motosierra detrás del escenario y yo salí corriendo con ella pero, en retrospectiva, fue una falta de sensibilidad”.

Musk continúa defendiendo la necesidad de austeridad y límites al gasto público, pero su autocrítica añade matices sobre la forma en que comunicó dichos cambios. En ese sentido, su seguidor le replicó que aquella escena con la motosierra, y la presencia del presidente argentino, fue “un punto de inflexión” a partir del cual “los globalistas” comenzaron a dividir a los seguidores del Gobierno.

Un vínculo llamativo con Milei

Musk y Milei han protagonizado varios intercambios públicos en los últimos meses. Tras la victoria electoral del presidente argentino en noviembre de 2023, el empresario celebró el resultado y más tarde compartieron una reunión en Austin, Texas, en abril de 2024.

Allí dialogaron sobre inversiones tecnológicas, el rol del litio en la transición energética y la libertad de expresión, según informó la Casa Rosada. La relación entre ambos es cordial y mutuamente elogiada: Musk ha elogiado repetidamente las ideas libertarias de Milei, mientras que el presidente argentino lo considera un referente de innovación y “lucha contra el colectivismo”.

El episodio también reaviva el interés por el vínculo entre Milei y los sectores más influyentes del poder económico y político estadounidense. Desde que asumió la presidencia, el mandatario argentino ha realizado varias visitas a Washington, donde se reunió con figuras clave del Partido Republicano, empresarios, think tanks y organismos multilaterales, además del propio presidente Donald Trump, con quien también forjó una relación personal.

El punto es que ahora la relación entre Trump y el magnate sudafricano parece no tener retorno, dadas las constantes críticas del presidente hacia el empresario. “Puede recibir más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”, expresó. Tras esos dichos de Trump, las acciones de Tesla cayeron casi un 7%.

La nueva andanada del mandatario contra su antiguo aliado, importante donante en la campaña republicana y hasta hace poco asesor gubernamental, se produjo mediante un mensaje en su red Truth Social y se ha centrado en un proyecto presupuestario que el jefe de Estado estadounidense quiere aprobar antes del viernes; proyecto que, según Musk, aumentaría la deuda de Estados Unidos.

En su mensaje, Trump advirtió a Musk de que si se acaban los subsidios, se acabarán también “los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna”.

“Elon Musk sabía, mucho antes de apoyarme con tanta vehemencia como presidente, que me oponía firmemente al mandato de vehículos eléctricos. Es ridículo, y siempre fue una parte importante de mi campaña. Los coches eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno”, dijo Trump.

Un trabajador adolescente de 17 años murió el domingo 22 de junio en Muskegon, Michigan, tras sufrir una herida mortal en el cuello mientras utilizaba una motosierra para cortar un árbol caído en una residencia, según informó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Michigan (OSHA) a través de su sitio web.

El trágico suceso ocurrió cuando el joven, cuya identidad no ha sido revelada, recibió el encargo de retirar un árbol caído en una propiedad privada de la ciudad de Muskegon.

De acuerdo con la información proporcionada por People, el propietario de la vivienda encontró al adolescente “junto a la motosierra con una laceración en el cuello”.

El accidente se suma a una serie de incidentes laborales recientes en Michigan

La causa exacta del incidente aún no ha sido determinada, sin embargo, la muerte del joven representa la decimocuarta fatalidad laboral registrada en Michigan en lo que va del año, según datos de la OSHA.

Apenas tres días antes, un conductor de 48 años perdió la vida mientras repartía piedras. Durante la maniobra de retroceso de su camión, el vehículo se inclinó y volcó, aplastando la cabina y provocando la muerte del trabajador, de acuerdo con la misma agencia estatal.

En otro de los accidentes, tras el impacto de varias cerchas de acero, dos trabajadores quedaron atrapados en una plataforma elevadora mientras realizaban labores de refuerzo en el gimnasio de una escuela secundaria. Uno de ellos, de 27 años, falleció posteriormente en el hospital a causa de las heridas, según informaron fuentes cercanas al caso.

Horas antes de la tragedia, ambos empleados ya habían enfrentado una situación peligrosa cuando cerchas de acero sin asegurar se desplomaron; aquellas estructuras pesadas llegaron a caer al suelo y sobre la misma plataforma que ocupaban los trabajadores. Esta primera señal de alerta no impidió que continuaran con la tarea.

Al intentar reforzar las cerchas en un segundo intento, las estructuras nuevamente cedieron. El incidente derivó en que los trabajadores resultaran heridos de gravedad, y, tras ser hospitalizados, se confirmó el fallecimiento de uno de ellos.

El accidente ocurrió el 16 de junio de 2025, durante la fase de instalación de las cerchas metálicas en el recinto escolar.

La OSHA emitió recomendaciones sobre el uso de estas herramientas

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (OSHA) ha establecido directrices específicas para el uso seguro de motosierras, conscientes de los riesgos que implica su operación.

Según la agencia, “operar una motosierra puede ser peligroso”, y las lesiones pueden reducirse mediante el uso de equipo de protección personal adecuado y la aplicación de procedimientos de operación seguros.

Entre las recomendaciones de OSHA se encuentran arrancar la sierra en el suelo, evitar cargar combustible mientras la máquina está en marcha y no utilizar ropa holgada durante la operación. Además, la agencia advierte sobre el peligro de los contragolpes, una de las causas más frecuentes de accidentes graves con motosierras.

En palabras de OSHA, “tenga cuidado con el retroceso de la sierra. Para evitarlo, no corte con la punta. Mantenga el protector de la punta en su lugar”. Estas indicaciones buscan reducir el riesgo de que la motosierra rebote inesperadamente hacia el operador, lo que puede provocar lesiones graves o fatales, como la sufrida por el joven en Muskegon.

El uso de motosierras requiere no solo destreza técnica, sino también una comprensión profunda de los riesgos asociados y el cumplimiento estricto de las normas de seguridad. Las motosierras, herramientas esenciales en la industria forestal, el mantenimiento de jardines y la gestión de emergencias, pueden alcanzar velocidades de cadena superiores a 20 metros por segundo, aproximadamente más de 72 kilómetros por hora.

En línea con la premisa oficial de reordenar el Sistema de Salud, el Gobierno de Javier Milei dio de baja dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no mostraron avances en los planes de normalización de sus balances financieros ni operativos. Con estas nuevas decisiones, en la última semana ya se liquidaron cinco obras sociales.

La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial este lunes a través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicadas en el Boletín Oficial. Estas resolvieron dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, informaron fuentes gubernamentales.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Fuentes del organismo explicaron que la actual gestión intensificó los controles sobre los agentes del seguro. “No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja”, sostienen desde la SSS. En tanto, el titular del organismo, Gabriel Oriolo, afirmó que el objetivo es “velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran”.

La Superintendencia continúa con las auditorías sobre el sistema, que cuenta con casi 300 agentes. Desde el Gobierno reiteran que las medidas buscan garantizar la calidad y transparencia en la prestación de servicios de salud y evitar la permanencia de entidades que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.

Esta transformación va en línea con el objetivo de la gestión libertaria de depurar el sistema de Agentes de Salud, y, en particular, los aquellos denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas organizaciones que solo se inscribían en el sistema para obtener subsidios o brindar servicios que, en la práctica, estaban escasamente controlados. La falta de verificación posibilitaba la manipulación de registros para incrementar el volumen de fondos públicos determinados a su favor.

Al implementarse un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), numerosas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Con la modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un decreto, las transferencias de fondos estatales comenzaron a basarse en la cantidad real de afiliados y dejaron de considerar la compensación extra que previamente beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.

De un total de 290 entidades, 201 fueron perjudicadas por la nueva fórmula, sufriendo una merma inmediata de 3.483 millones de pesos. Por el contrario, las obras sociales que reportaron una mayor cantidad de afiliados resultaron ganadoras bajo el nuevo sistema.

Este recorte en las cajas de las obras sociales sindicales significó una reducción en los ingresos para gremios con estructuras menores. La situación guarda semejanza con la disposición tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud en febrero de este año, cuando se eliminó la intermediación entre las obras sociales y las empresas de medicina privada. Dicha decisión también generó controversias públicas en el ámbito sindical, aunque varios referentes gremiales admitieron en privado que la resolución impacta principalmente sobre las entidades identificadas como “sellos de goma”.

En un contexto electoral, la situación fiscal de las provincias argentinas se mantiene, por el momento, bajo control.

Según un informe de la consultora Empiria, la mayoría de los distritos muestra señales de orden fiscal a partir del ajuste realizado durante 2024. El relevamiento detectó que 21 provincias alcanzaron superávit primario, tras una contracción del 15% del gasto en términos reales.

El punto crucial es qué harán los gobernadores este año frente al habitual aumento del gasto que se produce en los años impares. “El año electoral no debería poner en riesgo la salud de las cuentas públicas provinciales”, afirma el reporte de la consultora fundada por el economista Hernán Lacunza.

El año electoral no debería poner en riesgo la salud de las cuentas públicas provinciales (Empiria)

Empiria sostiene que el reclamo de algunas jurisdicciones por fondos nacionales responde más a “la oportunidad del año electoral” que a un verdadero desfinanciamiento estructural. En ese sentido, advierte que los pedidos de obras de infraestructura coinciden con el calendario de campaña.

El informe descarta que la alarmante caída del 18% interanual de la recaudación nacional en mayo, que se profundizó al 23% en los impuestos coparticipables, sea señal de un cambio de tendencia, sino que le da a ese dato una explicación específica porque lo atribuye “al efecto base comparativa muy alta de la recaudación de Ganancias en 2024”.

Además, destacan que “las transferencias automáticas por coparticipación vienen creciendo 2,8% real en 2025, a partir de una recaudación de impuestos coparticipables que crece más que el promedio (teniendo en cuenta que el eliminado impuesto PAIS no era coparticipable)”.

Aunque las transferencias no automáticas siguen bajas frente a los niveles de 2023, Empiria aclara que representan una porción menor en los ingresos provinciales, por lo que su reducción no compromete el balance general de las cuentas.

Resultados del último año

Durante 2024, las provincias acompañaron la estrategia de ajuste del Gobierno Nacional. “Solo 3 de 24 quedaron con desequilibrio primario: Chaco, Catamarca y Buenos Aires, que aunque mantuvo el déficit, en el margen mostró una mejora de 0,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG)”. La mejora más destacada se observó en San Luis, que pasó de menos 2% a más 2,8% del PBG, junto a otras seis jurisdicciones que revirtieron su déficit: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.

El ajuste fiscal se sustentó principalmente en la reducción del gasto. “El equilibrio se alcanzó con un ajuste de 15% del gasto en términos reales, que más que compensó la caída en los ingresos”, precisa el informe. Buenos Aires redujo sus gastos totales 16% en términos reales, con una caída del 15% en gastos corrientes y del 28% en erogaciones de capital. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recortó el gasto un 7% real, desglosado en menos 6% corriente y menos 10% capital.

El caso más extremo fue San Luis, con una reducción real del 41%. A nivel nacional, los gastos en personal -que representan el 44% del total provincial- bajaron 15% real en promedio, destacando un esfuerzo generalizado para mejorar la eficiencia fiscal.

 La deuda provincial representó en 2024 el 26% de los ingresos

El análisis también incluye una radiografía de la deuda provincial, que en 2024 representó el 26% de los ingresos. Existen diferencias marcadas entre jurisdicciones: “PBA o La Rioja (49% y 45% respectivamente) hasta San Luis o Santa Cruz (0%)”. En total, 14 provincias mantienen bonos en los mercados internacionales, con un volumen de USD 12.000 millones, de los cuales USD 7.500 millones corresponden a la Provincia de Buenos Aires.

La duración promedio de estos títulos varía significativamente: 5,3 años para la Provincia de Buenos Aires -influida por el bono 2037- y 0,9 años en CABA y Jujuy. El rendimiento promedio de los bonos provinciales alcanzó el 12%, notablemente por debajo del 20% de 2023. Esto se interpreta como reflejo de la “buena performance fiscal de 2024”.

Los bonos más riesgosos -y por ende más rentables- son los de La Rioja (31%) y Chaco (16%). En el otro extremo, se ubican los de CABA (7,2%) y Neuquén (7,5%). Un caso particular es el bono 2037 de la provincia de Buenos Aires, con una TIR de 13,5%, que según Empiria “luce un rendimiento interesante -y líquido- en comparación con bonos de otras provincias”.

Si bien el gobierno bonaerense criticó públicamente la política fiscal de ajuste, los datos revelan una conducta alineada con el recorte general. “En 2024 redujo más de un 15% real su gasto en personal (más por salarios que por cantidad de plantel)”.

El proyecto de “Super IVA”

Por último, el informe analiza una propuesta de reforma tributaria estructural de origen oficial que se dio a conocer en los medios como “Super IVA”. La misma aspira a reemplazar los Ingresos Brutos e IVA coparticipable por un IVA provincial. Aunque reconoce el valor técnico de la medida -por su eficiencia y progresividad- Empiria la considera impracticable: “No va a suceder, o al menos no en esos términos”.

El argumento clave es el impacto fiscal y redistributivo entre provincias: “En el gráfico se aprecia lo que pondría en juego en términos de recursos cada jurisdicción (más de la mitad de los ingresos, en promedio), y el efecto redistributivo desde provincias productoras hacia consumidoras la hace políticamente inviable”.

En ese contexto, Empiria señala como alternativa más viable el retorno a la idea del Consenso Fiscal 2017, derogado en 2019, que proponía la sustitución gradual de Ingresos Brutos por un impuesto a las Ventas, como una opción “más realista”.

Javier Milei volverá este sábado de su gira más larga, con 10 días de duración y múltiples destinos visitados. En Argentina, particularmente en la Casa Rosada, lo esperaban con ansias para comenzar a resolver la salida de diferentes medidas gubernamentales que requieren de su firma en el país.

Algunas de ellas tienen fecha de extinción, como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decretos que resuelven asuntos en materia administrativa. Esto es porque en la Ley Bases sancionada el año pasado, el Gobierno logró facultades delegadas en ciertas materias, las cuales evitan que deban tramitarse de manera obligatoria por el Congreso Nacional.

La fecha de expiración para esas facultades será el 8 de julio próximo, a un año de que la Ley Bases fuera promulgada en el Boletín Oficial. Así, queda menos de un mes para que esas medidas desreguladoras que tiene en carpeta el Gobierno puedan ser firmadas por el Presidente y ejecutadas definitivamente.

Hay un aproximado de 13 decretos que están en carpeta y que precisan que se publiquen en las próximas semanas. Estos abordan cuestiones como reducción de gastos, el cierre de áreas y la centralización de organismos descentralizados.

Un informe realizado el mes pasado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló que la Administración Pública Nacional cuenta con 111 organismos, de los cuales 40 son organismos desconcentrados y 71 descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores.

Una de las últimas medidas que pudo realizarse por las facultades delegadas fue la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete. Según explicó el mismo Sturzenegger para fundamentar la medida, a diferencia entre un desconcentrado y un descentralizado es que este último duplica áreas de contabilidad, liquidación de sueldos, compras, una burocracia infernal que, a su modo de ver, podrían encargarse las áreas centrales.

La mayoría de las reformas de organismos pendientes responden al Ministerio de Salud, el de Capital Humano y el de Economía. De este último, los principales apuntados son las secretarías de Transporte, Agricultura e Industria.

Desde una de estas áreas explican que la confección de estas reformas son, en cierta forma, un entuerto legislativo. Los borradores hacen un tedioso proceso de correcciones por las áreas de Legales del área que se va a intervenir, el del Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de María Ibarzábal, la encargada de darle el visto bueno final.

Luego, debe decidirse el momento correcto para comunicarlo. Las medidas desreguladoras no dejan de ser balas comunicacionales clave en un Gobierno que no tiene iniciativa propia en el Congreso, depende plenamente en la marcha de la economía y que debe esperar al recambio legislativo de diciembre para imponer sus propias reformas.

Dado que el lunes es feriado y que los primeros días de la agenda estarán signados por la detención efectiva de Cristina Kirchner, altos mandos de la comunicación libertaria indicaron que no se prevé que algunas de estas medidas sea propulsada por esos días. “La agenda va a pasar, por otro lado”, reiteran.

Una de las reformas más significativas se concentra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo autárquico bajo la órbita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El objetivo es ajustar el presupuesto, reducir personal y desprenderse de un segmento de las 450 sedes que posee el instituto, además de modificar la gobernanza y considerar la venta de campos o propiedades, algo que ya se había evaluado y anunciado el año pasado.

No son igual de grandes que el INTA, que cuenta con más de 6000 empleados. Entre los organismos apuntados también están Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

A pesar de que se anunció hace más de tres meses, el Gobierno todavía no reglamentó los cambios en el Instituto Nacional del Cáncer (INC). La decisión busca eliminar la duplicidad de tareas, esto implica que los programas, el acceso a medicamentos y los tratamientos que antes gestionaba el INC pasarán a estar bajo la órbita directa del Ministerio, que aseguró la continuidad de estos servicios.

Además de acotar ámbitos burocráticos, todas estas medidas responden directamente con la premisa de reducción del gasto estatal y de la dotación de la Administración Pública Nacional. Hasta abril de este año, el número de contratados era de 292.801. Un año atrás ese número era de 322.197 personas. Una baja de casi 30.000 empleados.

Cabe hacerse la pregunta de qué puede suceder con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Sturzenegger, un raviol que se creó días antes de que quedara efectiva la Ley Bases. No es una idea concreta, pero diferentes funcionarios de la Casa Rosada teorizan que esa misma área podría reestructurarse después de que finalicen las facultades extraordinarias.

La capacidad de desregulación seguirá estando, pero a través de la sugerencia de derogaciones a otras carteras gubernamentales. Serán reformas menores a las que realiza a través de los DNU.

Una de las patas más significativas que se verá inalterada es la del diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público. En rigor, Sturzenegger es quien convalida los incrementos para los empleados de la Administración Pública Nacional. La encargada de hacerlo es la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a cargo de María Rosana Reggi.

Los empleados efectivos se rigen por paritaria negociada con los gremios estatales. Pero los incrementos de los monotributistas que se rigen por el Decreto 1109/17. Hay un fuerte malestar con este último sector. “A nosotros no nos aumentan el valor de las Unidades Retributivas desde octubre”, afirma una empleada ministerial. En rigor, en este sector solían estar acostumbrados a dos aumentos anuales. Pero el período de esta ocasión se extendió más de lo usual.

Esto ha llevado que los responsables de las principales carteras deban administrar las UR como si fuese oro, a los fines de poder incrementar los salarios tanto en esa categoría como en los directores, subsecretarios y secretarios de la Nación (quienes tienen el salario congelado desde diciembre de 2023).

Sturzenegger habló meses atrás con Javier Milei sobre este último asunto: que había que buscar una manera de descongelar aumentos para la plana mayor del Gobierno. El Presidente se negó. Como contrapartida, desde diversos sectores del Gobierno le han dicho a este medio que les es cada vez más difícil retener a personal calificado. “Solamente puede quedarse el que tenga muchísima plata”, afirman.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ratificó hoy la continuidad de la motosierra como núcleo de la gestión del gobierno de Javier Milei y también como propuesta electoral.

“Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias. ¿Para qué? Para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”, explicó el funcionario, en una entrevista por TN.

Sturzenegger dijo que a partir de la baja de 30% del gasto público el gobierno redujo 19 impuestos en 18 meses

“El más importante, el primero que bajó, fue el impuesto inflacionario, porque el gasto en gran medida se financiaba con emisión monetaria. Ha seguido bajando impuestos y vamos a seguir haciéndolo porque de eso se trata la motosierra: bajar el tamaño del Estado para poder cobrar menos impuestos”.

En ese sentido, dijo que ese será el núcleo de la propuesta y el debate electoral por parte del oficialismo. La carga tributaria, señaló, “no es solo del gobierno nacional; es del gobierno nacional, el gobierno provincial y de los gobiernos municipales. Cuando yo escucho alguna gente allegada a (Axel) Kicillof decir que la propuesta de ellos es que en la provincia de Buenos Aires no haya motosierra, es buenísimo que lo digan con tanto claridad, porque lo que están diciendo es que quieren mucho gasto público, mucho estado y eso quiere decir muchos impuestos. Y la propuesta de LLA, que ya estamos ejecutando y por eso Luis Caputo ha bajado 19 impuestos en 18 meses, es la propuesta que vamos a llevar a la provincia y a las municipalidades.

“Cuanto más logremos avanzar con la motosierra, y el presidente es en esto contundente e inclaudicable, el crecimiento económico va a ir generando más recursos”, señaló el funcionario, a quien Milei suele llamar “Coloso”.

Sturzenegger dijo que el kirchnerismo cuando tuvo más recursos mientras duró el crecimiento decía “uy, tengo más guita, ¿cómo la gasto?”. En cambio, subrayó, “Milei tiene una idea totalmente diferente: el gasto público va a ir para abajo y en la medida que suban los recursos por el crecimiento económico se van a dedicar enteramente a baja de impuestos”.

En ese contexto, siguió, “se va a generar un debate interesante sobre qué impuestos hay que bajar. Cada uno tendrá sus preferencias. Por ejemplo, el sector financiero va a decir ¿sacame el impuesto a los débitos y créditos (al cheque)’, que es un impuesto a la formalidad, porque la desincentiva. El campo te va a decir retenciones. La industria va a pedir rebaja de aranceles a los bienes de capital, para importarlos más barato”.

La CGT, sugirió el funcionario, “debería decir ‘bajame los impuestos al trabajo’ “. Y dijo que al respecto se podría empezar aliviando o eliminando aportes y contribuciones a los sectores de ingresos más bajos.

“Sería un buen comienzo. El impuesto a las Ganancias en la Argentina lo paga solamente el 15% más rico de la población. Es raro, porque en EEUU lo paga el 50% más rico de la población. En la Argentina es muy acotado y yo creo que es porque el sindicalismo tiene sus afiliados en ese 15%. Pero si el impuesto a las Ganancias es bajo, el IVA tiene que ser alto. En EEUU el impuesto a las Ganancias lo paga el 50%, pero el impuesto a las ventas, equivalente del IVA, es el 8%. Allí el 50% más pobre de la población paga mucho menos impuestos que el 50% más pobre de la Argentina”, dijo Sturzenegger.

Por todo eso, insistió, “Javier Milei va a abrir en la Argentina la posibilidad de que debata la baja de impuestos, y el margen para seguir bajando impuestos es porque vamos a seguir con la motosierra a full y el crecimiento nos va a dar margen”.

El 8 de julio expiran las “facultades delegadas” que por la ley Bases el Congreso le dio al ejecutivo para que -explicó Sturzenegger- “cuando encontráramos algo que hacía el Estado que era innecesario seguir, podíamos decir, el gobierno deja de hacerlo y si esa delegación venía de una ley, se puede cambiar esa ley. Ese proceso, todo lo que queríamos hacer va a estar hecho para el 8 de julio. Hemos trabajado muchísimo. Nos queda una parte final y el martes tenemos una reunión gabinete para ver qué falta”.

Cuando en la transmisión se mostraron imágenes de los disturbios y protestas ante un centro de inmigrantes en Los Ángeles, EEUU, Sturzenegger observó que en el mundo “se están dando movimientos demográficos muy importantes: en Japón la natalidad es de menos de un niño por mujer. Quiere decir que en una generación la población de Japón cae a la mitad. Quiere decir que en Japón van a sobrar edificios, trenes, infraestructura. Europa también está con la población en declinación. Los únicos lugares del mundo donde la población está creciendo son África, Medio Oriente y Centro América. Me parece que eso es un poco lo que está pasando en EEUU”.

Consultado específicamente sobre qué recortes más puede haber al gasto público, Sturzenegger refirió que la última etapa empezó en el área de Cultura que -dijo- “gastaba un montón de dinero en algo que la gente no estaba demandando”.

“Nosotros hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba. No vamos a cortar cosas que importen a la gente. La AUH es lo único que este gobierno subió”. Como ejemplo de gasto innecesario señaló que el INTA tenía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de $400.000 millones. Y que el Senasa tenía 700 camionetas. “Hay áreas que tienen más secretarios que varios ministerios. Son cosas que se hicieron para generar puestos y generar caja”, señaló. Y cuando se le marcó el nivel “ridículo” de lo que ganan los médicos residentes del Hospital Garrahan respondió: “Justamente, si tenés un montón de gente que no concurre a trabajar es más difícil pagar buenos suelos a quien realmente hay que pagarle. Los 50.000 empleos que nosotros hemos reducido le generan al Estado un ahorro de USD 2.000 millones al año. Son USD 2.000 millones menos de impuestos que le tenés que cobrar a los argentinos”.

El gobierno nacional buscará resistir con todas las herramientas disponibles un nuevo “embate” del Congreso Nacional, mientras se pone altas expectativas de cara a que la renovación legislativa de diciembre le permita avanzar no solo con reformas estructurales en el plano laboral, previsional y fiscal sino también con otras iniciativas que integran la tan arbitraria como heterogénea agenda de la “batalla cultural”.

Milei cuenta con varias herramientas a favor, como la fuerte desaceleración de la inflación -que podría perforar antes de las elecciones el 2% mensual- y la estabilidad cambiaria de la mano de un dólar “barato” que permite que algunos sectores de la sociedad (mayoritariamente medios altos y altos) perciban una cierta recuperación de su poder de compra y capacidad de consumo, pese a que la recuperación económica es todavía lenta y muy dispar según los sectores.

Con esos pilares del programa económico convertidos en potentes activos electorales, desde la Casa Rosada están convencidos de que el triunfo en las elecciones intermedias es casi inevitable, incluyendo a la provincia de Buenos Aires y los otros tres distritos electorales más importantes: ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Sin embargo, las altas expectativas cifradas en el resultado electoral podrían redundar en un voluntarismo tan ingenuo como peligroso. No solo porque aún ante una victoria contundente en octubre, ni la más optimista aritmética electoral le permitirá al oficialismo contar con mayorías propias en ambas cámaras legislativas, sino porque pareciera cristalizarse una peligrosa convicción de que la victoria da derechos y que, un triunfo en las urnas sería la habilitación para avanzar a como dé lugar, en los términos y condiciones fijados exclusivamente por la agenda del gobierno.

En este marco, resulta difícil pensar que los desafíos que el gobierno enfrenta en la coyuntura actual se disipen mágicamente tras una elección favorable del oficialismo en octubre. Si bien es cierto que el clima electoral, sumado a un oficialismo que -por decisión o impericia- carece de un sistema estable de acuerdos legislativos, y a la volatilidad de una oposición que no logra dejar atrás la fragmentación, parecen ser factores importantes para explicar las “batallas” que por estos días se libran en el Congreso, sería un grave error reducir esa agenda a la “demagogia populista” de la oposición o deslegitimarla como mera obra de la “depravación fiscal”.

El Gobierno ya anunció la decisión del presidente de vetar -argumentando su alto costo fiscal- las iniciativas con media sanción de Diputados referidas al aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, si estas prosperaran en la cámara alta, un escenario por estas horas bastante probable. Un veto cuyo blindaje legislativo, por cierto, parece más difícil que en los precedentes anteriores, no solo por el proceso electoral como telón de fondo, y los intereses cruzados que ello genera, sino también por una relación entre Nación y que atraviesa un momento de particular tensión, con los jefes provinciales que, aún ante las grandes diferencias que los separan, consensuaron desde el Consejo Federal de Inversiones un mensaje conjunto por la caída de la coparticipación, el mantenimiento de rutas nacionales y la falta de obras públicas de infraestructura.

Una tensión con los gobernadores que acabó trasladándose al recinto de la cámara baja y materializándose en el aporte de legisladores alineados con los mandatarios provinciales – tanto peronistas como provinciales- que si bien hasta la semana pasada jugaban abiertamente para LLA, en esta ocasión aportaron al quórum e incluso -en algunos casos- votaron a favor. Son los casos de los diputados del peronismo cordobés (Llaroyra), de Catamarca (Jalil) y Tucumán (Jaldo), y de expresiones “provinciales” como Santa Cruz (Vidal) o Salta (Sáenz). Este “giro”, junto a la decisión de 9 diputados del PRO muy cercanos a Macri (encabezados por Vidal y Lospennato) de abstenerse al momento de votar el aumento jubilatorio, fueron la clave para la derrota oficialista.

Lo cierto es que más allá del veto, y hasta de la discusión vinculada a las razones, la oportunidad, la conveniencia y la sustentabilidad de las iniciativas impulsadas, resulta innegable que hay una larga y diversa lista de reclamos, demandas y urgencias ciudadanas, con diferentes niveles de consenso, intensidad y alcance, que el gobierno no solo parece desatender o relegar en función de otros objetivos considerados más relevantes (el superávit fiscal, por ejemplo), sino incluso deslegitimar per se con argumentos simplificadores e incluso -como se vieron en los últimos días- con intervenciones poco felices, rayanas con la burla y la provocación.

Una vez más el Gobierno parece tener dificultades en priorizar y elegir las batallas, evidenciando un exceso de confianza en el acompañamiento de amplias franjas de la sociedad a una pretendida cruzada “anti-casta” que pareciera justificar cualquier avance de una “motosierra” desbocada que no conoce de matices ni permite el más mínimo ejercicio de templanza que posibilite no mezclar -como reza el refrán popular- “peras con manzanas”.

De la misma manera que no sorprende que amplias franjas de la sociedad hayan acompañado, sin reparos ni empatía con los afectados, los despidos de miles de empleados públicos en dependencias estatales que eran percibidas -de mínimo- como improductivas o innecesarias, tampoco deberían sorprender las reacciones diferentes de muchos que acompañaron esas medidas cuando se avanza sobre áreas sensibles como los jubilados, el empleo, la educación o la salud.

En otras palabras, mezclar una auditoría sobre el régimen de pensiones por discapacidad con la situación de decenas de miles de familias necesitadas de una atención o cuidado especial para un ser querido, o deslegitimar el reclamo de los médicos y residentes de un hospital pediátrico de excelencia como el Garrahan, vinculándolo a una discusión sobre empleados “ñoquis” en las áreas administrativas, convierte la evidente “sobreactuación” en un acto rayano con el desprecio, la manifiesta falta de empatía, y la crueldad.

Así las cosas, el “uso y abuso” de la motosierra, más aún cuando se aventura en terrenos alejados de lo estrictamente económico, al adentrarse sin matices ni modulaciones en el ámbito de los derechos, temas, e imaginarios culturalmente muy arraigados en la sociedad argentina, difícilmente pueda generar resultados diferentes según los resultados electorales de octubre.

Una vez más, más de lo mismo; y las similitudes entre el actual presidente y Cristina Fernández siguen asombrando. Así como ella alguna vez vetó la ley que disponía el 82% móvil para los jubilados, ahora, otro presidente megalómano y fundamentalista, aunque de signo contrario, confluye en la misma decisión.

La Cámara de Diputados de la Nación dio ayer media sanción a un proyecto de ley en virtud del cual se concede un aumento del 7,36 % a los jubilados (vaya si hay un sector de la población que requiere, con urgencia, una recomposición en sus haberes). Sin embargo, el presidente adelantó que, de convertirse en ley, la vetaría. Y nuevamente hablamos del institucionalmente nefasto “veto presidencial”.

Lo que resulta necesario destacar, como primera medida, es que la Constitución Nacional autoriza a los primeros mandatarios a utilizar este tipo de instrumentos.

A partir de allí, repasemos cómo opera, constitucionalmente, la utilización del veto. El efecto inmediato, es que la ley desechada debe volver al Congreso para que las Cámaras evalúen la posibilidad de torcer la voluntad del presidente que ha vetado. Para ello necesitan un cuórum elevado: los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Si ese cuórum fuera alcanzado, el presidente se vería obligado a promulgar la ley; por el contrario, si el Congreso no alcanzara esa cantidad de votos necesarios para insistir con la ley previamente sancionada, entonces el “rechazo presidencial” habría triunfado, y la ley observada no podría ser debatida hasta el año parlamentario siguiente, es decir, hasta el comienzo de las sesiones ordinarias del año 2026.

Este instrumento constitucional que el presidente utilizaría para impugnar la eventual ley jubilatoria, es una clara potestad constitucional de carácter discrecional (desde que su ejercicio no está sujeto a requisitos), y constituye un “acto político no judiciable” (es decir, no revisable judicialmente), que sólo podría ser declarado inconstitucional si el decreto autónomo que utilizaría eventualmente el presidente para vetar, tuviera un defecto formal, como por ejemplo si no llevara la firma del presidente o del ministro del área correspondiente al tema sobre el que versa la ley.

Las únicas leyes que, constitucionalmente, no pueden ser vetadas por el presidente, son las que sanciona el Congreso para convocar a una consulta popular vinculante u obligatoria, o cualquier proyecto de ley que haya sido sometido a una consulta de esa naturaleza y al que el pueblo haya avalado mediante el voto.

Obsérvese que, los diferentes treinta y cinco presidentes constitucionales que hubo en la Argentina, vetaron leyes en casi cuatrocientas cincuenta oportunidades. Casi la mitad de todos esos vetos fue realizada por Carlos Saúl Menem, que ha sido el presidente que mayor cantidad de tiempo gobernó la Argentina de modo continuado. Ello, no obstante, el que porcentualmente mayor cantidad de leyes ha vetado, en función de la extensión de su mandato presidencial, fue Eduardo Duhalde, quien gobernó al país durante un año y medio, vetando el veinte por ciento de las leyes sancionadas.

Sin lugar a dudas, la facultad presidencial de vetar una ley, aunque es constitucionalmente válida, resulta ser republicanamente polémica. En efecto, ocurre que esa validez constitucional de la medida, pone, en las alturas del análisis, la necesidad de analizar si, en estos casos, la insensibilidad presidencial, enfocada en el objetivo de no alterar al déficit fiscal, no debiera ser evaluada en función de una realidad ineludible: en ese “edificio” denominado “economía”, hay gente adentro, y particularmente jubilados (que tienen su propia “microeconomía”), cuya posibilidad de esperar que las cuentas se equilibren, es harto reducida.

El Gobierno de Javier Milei dio señales en los últimos días sobre cómo continuará el recorte de los subsidios residenciales a la luz y el gas natural. En 2024 hubo un ajuste de “shock”, mientras que el año electoral se caracterizará por un enfoque más gradual o lo que el Presidente definió como la “deep motosierra” según las últimas declaraciones de funcionarios y medidas publicadas en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo extendió este lunes la Emergencia Energética, las intervenciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) y el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados hasta el 9 de julio de 2026 a través de un Decreto. Es el marco jurídico para avanzar en los cambios previstos para el sector.

El subsidio del Estado Nacional permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida respecto al costo pleno de la electricidad y el gas, uno de los componentes de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos), que abonan el costo pleno; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se definen según los ingresos declarados por cada hogar en relación con la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec.

Es importante destacar que con la última programación estacional de precios, ni siquiera los N1 cubren el costo pleno de la energía en sus facturas. De todos modos, hubo un recupero significativo en la cobertura durante la gestión Milei que lo dejó muy cerca.

La estrategia del Gobierno ahora es “depurar” el padrón de beneficiarios del subsidio bajo la premisa de que muchos hogares tienen capacidad adquisitiva pero están registrados como N2 o N3. Una de las estrategias fue sumar un nuevo criterio de exclusión: quienes vivan en barrios cerrados, countries y zonas de alto poder adquisitivo manifiesto dejarán de recibir automáticamente subvenciones en sus tarifas. Ese criterio será aplicado primero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero la idea oficial es extenderlo a toda la Argentina, tal como anticipó Infobae en exclusiva.

Así lo confirmó este lunes el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, durante su participación en un evento organizado por el gobierno de Chubut que se celebró en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires: “Hay gente claramente que necesita subsidios, pero hay un montón de otra gente que no lo necesita. Por eso avanzamos hace pocas semanas con la quita de subsidios en barrios cerrados, en countries y en algunas zonas de Capital Federal. Y lo vamos a seguir haciendo en otros lugares con muchísimo cuidado, teniendo la posibilidad de aquel que injustamente haya perdido su subsidio, que pueda volver a subirse. Pero Fundamentalmente dándole o mostrándolo ilegítimo y lo injusto que es el sistema de subsidios así como está”.

También se habilitará una consulta a través de la aplicación Mi Argentina o el sitio web de la Secretaría de Energía, donde los usuarios podrán verificar su categoría, realizar reclamos, actualizar datos y solicitar una reconsideración de su situación.

En ese sentido, Energía también modificó el régimen de subsidios al gas en zonas frías. A partir de ahora, los usuarios con más de un medidor de gas a su nombre recibirán un descuento del 30% en lugar del 50% que se otorgaba anteriormente. Esta medida afecta a aproximadamente 137.975 usuarios y busca focalizar los beneficios en hogares que realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El régimen de zona fría, financiado por un recargo del 6% sobre el costo del gas que pagan todos los usuarios, acumuló un déficit de $54.000 millones el año pasado, cubierto por subsidios estatales. Con esta reforma, el Gobierno apunta a reducir el alcance del régimen, limitando los beneficios a las regiones originalmente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y excluyendo a las zonas incorporadas en la ampliación de 2021.

El aumento de las tarifas se mantendrá a lo largo del año en línea con la inflación, para no afectar el proceso de desaceleración en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Ministerio de Economía definió que, a partir de junio, las tarifas de luz y gas natural tendrán un aumento promedio del 2,6%, por caso.

El Gobierno también evalúa definir un nuevo esquema de subsidios antes de fin de año, con el objetivo de concentrar la ayuda en los sectores más vulnerables. Este cambio permitiría avanzar hacia una desregulación total del sistema eléctrico, algo que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con datos del IIEP para abril, las tarifas eléctricas del AMBA para hogares N1 aumentaron 262% y las de gas, 1.181% desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei. En ese período, la inflación acumulada fue del 149% según la misma estimación. El impacto estacional del consumo también influye en estos números.

El mayor ajuste tarifario se aplicó durante el primer semestre de 2024, con incrementos para transportistas y distribuidoras, además de la quita de subsidios. Posteriormente, el Gobierno optó por una actualización gradual para no afectar el proceso de desaceleración inflacionaria. Actualmente, busca aplicar ajustes más finos sin abandonar la política de recorte del gasto público, que resultó clave para sostener el superávit fiscal en el primer cuatrimestre del año.

Chubut

En el evento “Energía Chubut 2050 - Tierra de Futuro” que organizó la provincia patagónica ayer en el Four Seasons, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, celebró el regreso de “las exportaciones récord” en el primer cuatrimestre del año y destacó que los próximos desafíos giran en torno a “escalar en la cadena de valor y aportar a la calidad institucional”, con el objetivo de “dar vuelta de una vez por todas la página de la desidia y la incertidumbre y mostrar que somos una provincia confiable”.

“La misma pasión que ponemos en pelearnos por cuánto vale una docena de empanadas, pongámosla en mirar a la industria, el trabajo y el potencial enorme que tiene la Argentina. La agenda energética es la agenda que tenemos que abrazar si queremos que las futuras generaciones vivan en un país mejor. Para que el país crezca y tengamos el lugar protagónico que nos merecemos, necesariamente tenemos que mirar hacia el Sur”, dijo.

El evento contó con la participación del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos; el expresidente Mauricio Macri; los titulares de Pan American Energy e YPF, Marcos Bulgheroni y Horacio Marín; entre otros referentes, empresarios y especialistas del sector.

“No es casualidad que hoy estemos haciendo este encuentro en un contexto muy positivo, donde podemos celebrar que este cuatrimestre fue récord en exportaciones de los últimos 20 años por más de USD 1.270 millones. Pero lo más importante es que esta situación se da en un contexto geopolítico complejo, con un sacudón arancelario de los Estados Unidos, que generó mucha incertidumbre a nivel mundial, y donde hay una transformación profunda respecto a las relaciones laborales”, aseguró.

El mandatario provincial indicó que la Argentina profundizará el crecimiento en materia energética “sólo si se mantiene la paz social, la seguridad jurídica y la calidad institucional”. En ese sentido, expresó: “Estamos en un momento histórico en el que tenemos la responsabilidad de comprender que vamos a salir adelante como país si nos ponemos de acuerdo con esta agenda de desarrollo. Tenemos recursos, fuerza de trabajo y mano de obra calificada reconocidos a nivel mundial. No perdamos la oportunidad única de avanzar en conjunto”.

Durante el panel de cierre del evento, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se dirigió a Torres para decirle que se encuentra “al frente de una provincia que sin dudas es parte del futuro de la Argentina”, y que desde el Gobierno nacional acompañarán el crecimiento del sector energético “manteniendo las cuentas en equilibrio, teniendo superávit fiscal y bajando los impuestos”.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, también participó del panel y se refirió a los desafíos que enfrentan los empresarios: “Nuestra responsabilidad es invertir y ser eficientes y competitivos. Una parte importante de eso tiene que ver con la transformación tecnológica: no nos podemos hacer los distraídos con la incorporación de la inteligencia artificial, la digitalización y otras tecnologías”.

El Gobierno de Javier Milei extenderá a todas las provincias de la Argentina la quita de subsidios en tarifas de energía que anunció la semana pasada para countries, barrios cerrados como Nordelta y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según anticiparon fuentes oficiales a Infobae. Es decir, ese universo pagará más caro por la electricidad y el gas natural que consuman.

La iniciativa representa una profundización del recorte del gasto público, aunque focalizada en sectores de ingresos altos. Se trata de uno de los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una medida que, destacan funcionarios del área energética, no fue implementada durante el kirchnerismo.

La Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, incorporará en los próximos días un nuevo criterio de exclusión dentro del esquema actual de segmentación por ingresos a través de una serie de disposiciones que serán publicadas en el Boletín Oficial. Los usuarios que residan en zonas de elevado poder adquisitivo o donde se paguen expensas significativamente altas perderán automáticamente la bonificación, en caso de estar recibiéndola, explicaron las fuentes.

El subsidio del Estado Nacional permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida respecto al costo pleno de la electricidad y el gas, uno de los componentes de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos), que abonan el costo pleno; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se definen según los ingresos declarados por cada hogar en relación con la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec.

La Subsecretaría publicará en los próximos días una serie de disposiciones para determinar las zonas georreferenciadas donde los hogares quedarán excluidos del subsidio, independientemente de lo declarado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Para identificar estas áreas de alto poder adquisitivo, se solicitará la colaboración de las provincias y se priorizarán grandes aglomerados urbanos como AMBA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

También se habilitará una consulta a través de la aplicación Mi Argentina o el sitio web de la Secretaría de Energía, donde los usuarios podrán verificar su categoría, realizar reclamos, actualizar datos y solicitar una reconsideración de su situación.

La semana pasada, el Gobierno anunció que más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en countries y barrios cerrados del AMBA serían excluidos del régimen de subsidios. De ese total, el 44% se había declarado como de ingresos bajos (N2) y el 56% como de ingresos medios (N3). Se estima un ahorro fiscal de $3.000 millones anuales.

Hasta ahora, no se había especificado el marco normativo para implementar esta medida. “A pesar de haberse registrado como tales, gozaban de privilegios como piletas climatizadas y consumos similares a los de una PyME promedio”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El nuevo criterio de exclusión se aplicará a nivel nacional.

Según el IIEP (UBA-Conicet), el segmento N1 está compuesto por 6.918.821 hogares (42% del total), N2 por 6.244.657 (38,1%) y N3 por 3.211.792 (19,6%). Es decir, el 60% de los usuarios residenciales aún recibe subsidios, a pesar de una reducción de casi 2 millones de beneficiarios desde que asumió Milei. La electricidad es el servicio más generalizado en todo el país y representa cerca de dos tercios del gasto en subsidios del Tesoro.

El Gobierno también evalúa definir un nuevo esquema de subsidios antes de fin de año, con el objetivo de concentrar la ayuda en los sectores más vulnerables. Este cambio permitiría avanzar hacia una desregulación total del sistema eléctrico.

De acuerdo con datos del IIEP para abril, las tarifas eléctricas del AMBA para hogares N1 aumentaron 262% y las de gas, 1.181% desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei. En ese período, la inflación acumulada fue del 149% según la misma estimación. El impacto estacional del consumo también influye en estos números.

El mayor ajuste tarifario se aplicó durante el primer semestre de 2024, con incrementos para transportistas y distribuidoras, además de la quita de subsidios. Posteriormente, el Gobierno optó por una actualización gradual para no afectar el proceso de desaceleración inflacionaria. Actualmente, busca aplicar ajustes más finos sin abandonar la política de recorte del gasto público, que resultó clave para sostener el superávit fiscal en el primer cuatrimestre del año.

El ministro de Tranformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que no buscará renovar las facultades delegadas que le fueron otorgadas en julio de 2024 con la Ley Bases. Anunció que en los próximos 49 días habrá decretos con reestructuraciones de organismos.

“Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, dijo en diálogo con Bloomberg Linea.

“Yo puse estos relojes acá en mi oficina para que mi equipo estuviera consciente de qué es el tiempo”, afirmó y adelantó que el Gobierno planea una “profunda reformulación del Estado, apuntando en parte a “organismos con autonomía financiera que los habia llevado a una proliferación de trámites burocráticos”.

“En los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante”, aseguró y consideró que esas facultades delegadas por el Congreso estuvieron más vinculadas a la motosierra, permitiendo eliminar funciones estatales innecesarias.

Quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de las más próximas es un DNU que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias.

Cabe destacar que se denomina delegación de facultades a la decisión del Congreso de transferir al Poder Ejecutivo atributos y potestades propias.

Como principio general, la Constitución prohíbe la delegación de facultades legislativas al Presidente. Sin embargo, la propia Carta Magna determinó algunas excepciones en casos de emergencia pública, que debe ser establecida por ley y debe fijar un lapso determinado para las potestades que se ceden.

Durante el tiempo establecido, el Presidente puede ejercer las funciones legislativas que le fueron transferidas a través de decretos que serán controlados por la Comisión Bicameral.

Las facultades delegadas que votó el Congreso incluyen la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. El proyecto fue aprobado en el Senado de la Nación el 8 de julio de 2024 por lo cual caducan a mediados de este año.

Por otro lado, en relación con la posible pérdida de empleos en la industria electrónica de Tierra del Fuego tras la eliminación de aranceles, Sturzenegger minimizó el impacto negativo y subrayó los beneficios generales para la población. “Estamos hablando de 2.000 personas, sobre una masa laboral de seis millones y medio”, sostuvo en su entrevista con Bloomberg Linea.

Según cifras del gobierno provincial, el sector industrial fueguino, protegido desde 1972, emplea a unas 8.000 personas. La población total de la provincia ronda los 185.000 habitantes.

El ministro afirmó que el desmantelamiento del régimen especial generará más empleo del que podría perderse, al considerar que los consumidores dispondrán de mayores recursos al pagar menos por productos electrónicos. “El país en su conjunto va a tener mucho más empleo”, aseguró.

Asimismo, el funcionario fue optimista respecto al potencial de la isla: “No hay ningún motivo por el cual en pocos años no pudiera tener los niveles de ingreso de un país europeo”, mencionando sus reservas gasíferas y potencial pesquero y turístico.

Por otra parte, de cara a las vacaciones de invierno, Sturzenegger también se refirió al elevado costo en dólares del turismo en el país, especialmente en la Patagonia, donde actividades como las caminatas sobre el glaciar Perito Moreno llegaron a comercializarse en torno a los USD 400 por persona. “Una familia de cuatro personas tiene que hacer un paseo de la tarde. ¿US$2.000? No tiene absolutamente ningún sentido”, cuestionó.

Atribuyó esos valores a la existencia de monopolios concedidos por Parques Nacionales a empresas privadas, con las que se compartían las rentas. Según señaló, el Gobierno modificó el régimen de concesiones en parques nacionales hace aproximadamente un mes y medio, permitiendo ahora una explotación turística en condiciones de competencia. “Esperamos que esos precios bajen rápidamente”, anticipó.

El Gobierno de Javier Milei finalizó el primer cuatrimestre con superávit fiscal y quedó muy cerca del cumplimiento de la meta plasmada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mayo, luego de cerrar el 2024 con el primer saldo positivo en las cuentas públicas en 14 años.

En ese proceso fue clave el sostenimiento de la “motosierra” sobre el gasto en tres rubros fundamentales: subsidios en tarifas de energía y transporte, programas sociales y salarios públicos.

En abril, el superávit fiscal alcanzó los $572.300 millones, medido en moneda constante de abril de 2025. Este resultado contrastó con los $25.000 millones del mismo mes de 2024. A nivel primario, el saldo positivo fue de $845.950 millones, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Este resultado se apoyó en un recorte real interanual del 1,2% en el gasto primario, que cayó a $9,5 billones, el valor más bajo desde al menos 2016.

De acuerdo con el Iaraf, los ingresos totales crecieron 3,4% en términos reales, impulsados por una suba del 7% real en los ingresos tributarios, que compensó una baja del 24% real en los ingresos no tributarios. En tanto, los intereses de deuda cayeron 25%, lo que reforzó el resultado financiero del mes.

Un análisis del informe de Outlier indicó que esta mejora de abril rompió con la dinámica de los tres meses anteriores y se explicó principalmente por el desempeño de los derechos de exportación, que se incrementaron 123,2% nominal y 55,3% real interanual, en el marco de una aceleración en la liquidación del complejo agroindustrial.

En términos acumulados, entre enero y abril de 2025, el superávit primario fue de $5,5 billones y el financiero de $1,9 billones, según el Iaraf. Esto representó un 0,6% y 0,2% del PBI, respectivamente. La ejecución de gastos mostró un crecimiento real del 7,7% interanual, con 10 de los 16 componentes del gasto primario nacional en aumento, aunque los subsidios y programas sociales mostraron las caídas más pronunciadas.

Los subsidios económicos cayeron 66,3% interanual real en abril, hasta ubicarse en $0,47 billones, su nivel más bajo desde al menos 2016, según el gráfico elaborado por Portfolio Personal Inversiones (PPI). La mayor parte del ajuste provino de las subvenciones a la energía (luz y gas), que redujo sus asignaciones en 78,1%, hasta $0,25 billones. En tanto, los subsidios al transporte bajaron 8,2%, mientras que los correspondientes a otras funciones cayeron también 78%, hasta $0,01 billones.

El mismo gráfico mostró que los subsidios energéticos llegaron a representar $1,397 billones en 2022, mientras que en 2025 se ubicaron en apenas $252.000 millones. En el mismo lapso, los subsidios al transporte pasaron de $527.000 millones a $218.000 millones, también en valores reales de abril de 2025. El recorte acumulado colocó al total de subsidios por debajo del piso registrado en 2016.

El informe del Ministerio de Economía confirmó estos datos, al indicar que los subsidios económicos bajaron a $473.000 millones en abril, y que el gasto en subsidios energéticos se redujo drásticamente, en línea con la política de recorte del déficit. Según Outlier, la normalización en el pago a las generadoras y transportadoras del sector energético influyó en la comparación interanual.

El gasto social también mostró un fuerte ajuste. El rubro de programas sociales cayó 41,4% en abril y 35% en el primer cuatrimestre, según el Iaraf. De acuerdo con Outlier, la reducción real en estos programas fue del 40% anual en abril, y explicó el 46% del descenso total en el gasto primario. Por su parte, las transferencias corrientes a provincias bajaron significativamente en términos reales durante los primeros meses del año, aunque en abril mostraron subas puntuales por el bajo nivel de comparación del año previo.

Otro componente con peso fue el gasto en salarios públicos, que cayó 3,9% interanual real en abril, de acuerdo con Iaraf, y explicó un 6% de la baja total en el gasto. Este ajuste se dio incluso en un contexto en el que las prestaciones sociales aumentaron. Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones contributivas subieron 21,2% en abril y 31,8% en el primer cuatrimestre, impulsadas por la actualización de haberes y bonos compensatorios. Las asignaciones universales también registraron subas, con un alza de 36,8% real anual en abril, según Outlier.

Según el informe oficial, el 64,4% del gasto primario en abril correspondió a seguridad social, que mostró un crecimiento interanual real del 6,7% o $0,39 billones. Sin embargo, el resto de las partidas presentó caídas o subas mucho más moderadas, lo que permitió contener el gasto total.

Desde Outlier señalaron que, a pesar de la suba del gasto en abril en términos mensuales corregidos por estacionalidad, el ajuste de marzo y el fuerte descenso en subsidios lograron que el resultado fiscal de abril mejore respecto a 2024. La consultora proyectó que, si se mantiene esta tendencia, el resultado primario anual podría ubicarse en torno a 1,4%–1,5% del PBI, por encima de la meta pactada con el FMI.

Su panel fue moderado por el académico Jeffrey Frankel, de la misma Universidad, y en él, Sturzenegger no solo profundizó sobre la desregulación del Estado y la política de recortes fiscales que impulsó el gobierno, sino también sobre las próximas reformas que vienen: laboral, tributaria y de mayor apertura económica.

Bajo el concepto de “motosierra”, el ministro explicó cómo, en su opinión, la única forma de lograr un superávit fiscal es a través de la drástica reducción del gasto público y la eliminación de regulaciones que, según dijo, han sido un lastre para el crecimiento. “El camino hacia el superávit fiscal no pasa por aumentar los impuestos, sino por una drástica reducción en el gasto del gobierno”, señaló Sturzenegger, quien defendió la eliminación de políticas que consideraba innecesarias y perjudiciales para la competitividad de la Argentina.

Entre los ejemplos más notorios que mencionó, se destacan la eliminación de la Ley de Alquileres, que según sus palabras permitió una baja del 30% en los precios de las rentas y un aumento en la oferta de propiedades, y la apertura a servicios como los de Starlink, que finalmente permitió a miles de argentinos acceder a internet satelital en zonas donde antes era impensable. Sturzenegger también destacó que su ministerio recibió más de 12.000 reclamos de la ciudadanía, lo que permitió afinar la dirección de las políticas de desregulación.

Además, hizo referencia a los intereses de grupos de poder que, afirmó, frenaron el progreso económico del país a través de políticas de protección. “Los grupos de poder que se benefician de este sistema no se van a quedar tranquilos. Siempre van a tratar de revertir lo que estamos haciendo”, dijo.

En este contexto de cambio, Sturzenegger también mencionó las similitudes entre la agenda de Milei y la del magnate Elon Musk, quien se puso al frente de la agenda de recortes en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la eliminación de barreras regulatorias y la promoción de la libertad económica.

Finalmente, el ministro anticipó que las próximas reformas estructurales del gobierno, que vendrán después de haber estabilizado el escenario macro incluirán un ajuste en el mercado laboral y una apertura aún mayor de la economía para aumentar las exportaciones y mejorar la competitividad del país.

Principales Textuales de Federico Sturzenegger

• Sobre la agenda de desregulación y recortes:“El camino hacia el superávit fiscal no pasa por aumentar los impuestos, sino por una drástica reducción en el gasto del gobierno”.
• Sobre la ley de control de alquileres:“Eliminamos completamente el control de alquileres. Decidimos que la gente pudiera firmar los contratos en la moneda que desee, con las condiciones que quiera, en el tiempo que prefiera. La única cosa que sucedió fue que el precio de los alquileres bajó un 30% y la oferta aumentó drásticamente”.
• Sobre Starlink y la desregulación del internet satelital: “Eliminamos la prohibición para el internet satelital. A partir de allí, Starlink comenzó a operar en Argentina, lo que permitió que la gente tuviera acceso a internet, incluso en lugares donde la fibra óptica es casi imposible de llevar por la geografía del país”.
• Sobre los reclamos:“Recibimos más de 12.000 recomendaciones de la gente. Estas fueron claves para orientar nuestra agenda de desregulación”.

• Sobre el caso de la yerba mate:“Había una ley que regulaba cómo debía empacarse la yerba mate para la exportación. Decidimos eliminar esa regulación, lo que permitió que el sector se volviera mucho más competitivo”.
• Sobre los conflictos con los intereses de grupos de poder: “Los grupos de poder que se benefician de este sistema no se van a quedar tranquilos. Siempre van a tratar de revertir lo que estamos haciendo”.
• Sobre el caso de Elon Musk: “Milei ha tenido conversaciones con Elon Musk sobre nuestras políticas de desregulación. Creo que el enfoque de Musk sobre la libertad económica tiene mucha similitud con lo que estamos haciendo aquí”.
• Sobre la apreciación del peso debido al boom de exportaciones: “La Argentina está en medio de un boom de exportaciones, especialmente en sectores como la energía y la minería. Este aumento de las exportaciones podría generar una mayor oferta de dólares en el mercado, lo que permitiría una apreciación del peso”.
• Sobre las reformas:“Las reformas estructurales que vienen tienen que ver con la flexibilización del mercado laboral. Necesitamos ajustar el sistema tributario y abrir la economía para aumentar las exportaciones y mejorar nuestra competitividad”.

La Casa Rosada no tuvo un cronograma de anuncios en la última semana para no correr del eje mediático los efectos del levantamiento del cepo, que fue considerado por los funcionarios libertarios como el mayor triunfo político en lo que va del año. Esto hizo que por primera vez en meses el gobierno de Javier Milei pudiera recuperar la agenda de la discusión política, la cual pretenden seguir manteniendo y acentuando de cara a los próximos meses a través de la implementación de diferentes medidas.

En ese sentido, la agenda desreguladora que lleva adelante Federico Sturzenegger pretende ser insumo clave de la narrativa libertaria, aunque también podría darse por mera necesidad: en algo menos de tres meses se vencerán las facultades delegadas que el Congreso Nacional le dio al Poder Ejecutivo Nacional a través de la sanción de la Ley Bases.

En todo ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene una batería de medidas a tiro del decreto presidencial para seguir con el achicamiento de Estado Nacional, con diferentes reformas normativas y la desburocratización de procesos. En sus palabras, en este 2025 pretende seguir con la denominada “motosierra profunda” o “motosierra 2.0″.

El miércoles de esta semana, el Gobierno pretendía hacer un importante anuncio vinculado a una desregulación estatal; sin embargo, se optó por aplazarlo hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de las más próximas es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias. Incluso, muchos creen que era lo que se iba a dar a conocer ayer.

La mayoría de las áreas que sufrirán cambios son institutos. Un ejemplo son algunos que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son los que más modificaciones tendrán.

De todas maneras, el DNU abarca a más áreas del Gabinete. Es justamente por este motivo que esta medida lleva prácticamente medio año en estar en elaboración. Son muchos los sectores en los cuales se estudiaron cambios posibles y con los que se tiene que coordinar todo el proceso normativo y legal.

Incluso, se conoció que hubo pedidos de cambios a último momento para los ministerios. “Todos tenemos que hacer retoques clave, van a tener que esperar un poco más para conocerlo”, dijeron desde una área a Infobae. El Presidente lo había anunciado hace más de dos meses, afirmando que iba a publicarse en pocos días; pero no le habían comentado el entuerto legal que quedaba por delante.

En rigor, en las filas gubernamentales comunican que no sería un DNU, sino uno por cada área significativa. Hay dos razones al respecto: la primera es que publicar un decreto por cada cartera permite ser más efectivo en el mantenimiento de la agenda; mientras que la segunda es por motivos estrictamente preventivos en caso de que se judicialice la medida. “Cuando estaban con la idea de hacer un solo DNU, se dieron cuenta de que no era viable porque si un juez recibe un amparo y lo concede todo el decreto se frena”, explicó una fuente libertaria.

Parte de este paquete es posible para el Gobierno a partir de las facultades administrativas que son detalladas en el artículo 3 de la Ley Bases. Esta permite la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” innecesarias de los organismos, a la vez que habilita la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias”. Aun así, esa misma legislación bloquea la posibilidad de la disolución de más de 30 organismos.

Puede que no sean los únicos decretos de ese estilo que se vean en los próximos meses. Trasciende que la Casa Rosada también podría lanzar un conjunto de desregulaciones con espíritu similar a las contenidas en el “proyecto de ley Hojarasca”, que establece la derogación más de 70 leyes, consideradas “normativas obsoletas” o que restringen libertades. Podrían ser derogaciones de decretos o normas de menor rango que estén a tiro de decreto simple.

El proyecto fue enviado en octubre del año pasado al Congreso Nacional para ser tratado antes del fin de las sesiones ordinarias, pero el Gobierno no logró moverlo entre los diputados opositores pese a que eran optimistas su aprobación. Para este año planea darse el mismo panorama: a pocos meses de que comience el habitual “parate legislativo” por la campaña electoral, los libertarios prefieren dosificar su esfuerzo en iniciativas que resulten fundamentales. Ejemplo de ello es la reforma penal juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad en menores.

En el panorama también aparece como inminente una medida que podría transformar profundamente el sector marítimo del país. Y es que está próximo a publicarse un decreto que permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante nacional. Además, la normativa autorizará la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con los estándares internacionales de habilitación.

Según interpretan desde Balcarce 50, la decisión busca dinamizar el comercio marítimo y reducir las barreras burocráticas que afectan al sector. La medida fue coordinada por la cartera de Sturzenegger y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, y permitirá que los armadores puedan registrar sus buques bajo bandera extranjera sin que esto sea considerado una exportación.

El decreto contempla la posibilidad de que los armadores soliciten el cese de la bandera argentina para sus buques, lo que les permitiría registrarlos bajo banderas extranjeras sin que esto sea considerado una exportación. Este cambio podría facilitar la operativa de las empresas marítimas, pero también podría tener implicaciones en términos de control y regulación por parte del Estado, así como de empleos. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que la implementación de este plan podría significar la pérdida de al menos 3.000 empleos actuales, así como la reducción de la presencia argentina en ríos y mares.

(Desde Washington, Estados Unidos) Federico Sturzenegger sobresalió en un panel organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que compartió con Kristalina Georgieva, Rachel Reeves-Chancellor of the Exchequer del Reino Unido- y Jörg Kukies, ministro de Finanzas de Alemania.

El ministro de Desregulación distendió un panel sobre “Economía Global, Crecimiento y Resiliencia en un mundo incierto”-ese era su título-, adonde todo iba dirigido a condenar la política proteccionista de Estados Unidos con Georgieva sentada en medio de Reeves y Kukies, que están en DC para negociar una tregua en la guerra comercial que libra Donald Trump.

Sturzenegger fue ameno en las explicaciones, y al final de su participación regaló a la directora gerente del FMI un pin con la figura de la motosierra, el ícono que sintetiza la perspectiva ideológica de Javier Milei respecto al volumen que tiene que tener el Estado en el Siglo XXi.

Sturzenegger es fanático de la Guerra de las Galaxias, y aprovechó ese clásico de Hollywood para describir la situación en la región y la importancia de la estabilidad fiscal para preservar la estabilidad económica.

“Todo el mundo conoce Star Wars y el concepto del Lado Oscuro. Así que lo que intento decir es que, en estos tiempos turbulentos, simplemente hay que mantenerse firme en la misión, los valores y las políticas“, describió el ministro de Desregulación.

Y añadió: “Nuestro objetivo es esencialmente la estabilidad fiscal y la libertad económica, algo que América Latina, como región, ha carecido en general. Por eso América Latina se ha visto bastante decepcionada en términos de crecimiento futuro. Así que simplemente tomen a Dios en su vida y en su política y sigan al Maestro Yoda”.

Georgieva describió el actual escenario global y defendió el rol institucional del FMI ante los embates de la administración republicana. Reeves argumentó que la suba de aranceles tarifarios complicará el libre comercio. Y a su turno, Kukies, explicó el papel de Alemania en un contexto de fuerte tironeo entre Europa y Alemania.

Todo en un estilo muy Fondo Monetario Internacional: neutro y sin ironías.

Pero todo cambiaba cuando la moderadora, Sara Eisen, le daba la palabra al ministro de Desregulación. Era un stand up, adonde -literal- Sturzenegger mezclaba anécdotas sobre sandías con la gestión de Trump en la Casa Blanca.

El ministro, en un panel con Georgieva y trescientos invitados -entre burócratas, periodistas y economistas, contó lo siguiente:

“Un tipo me envió un correo electrónico y me dijo: ¿puedes ayudarme con mis sandías? ¿Sandías? Y dije: ¿cuál es el problema? No tienen buen sabor. No, tienen un sabor excelente. Soy un gran exportador de sandías de Argentina a otros países europeos, me contestó el tipo. ¿Cuál es el problema? Mi problema es que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) me exige envasar las sandías de una manera específica. Y yo les digo: «Miren, esta no es la forma en que mis clientes quieren comprar sandías». Y esto no está bien. Esto no está bien. Son sandías. De acuerdo. ¿Por qué me obligan a comprar eso durante diez años?“, narró Sturzenegger.

Y completó: “Me reúno con mi equipo y le cuento la historia. Y les digo que tiene que ser cierto, porque si intento imaginarlo, no puedo imaginar que sea inventado. ¿Por qué cuento esta historia? Debido a la decisión de la comisión, encontramos que la información siempre tiene un orden, y ese orden es un interés. Algunos empresarios se benefician de esto, de esta barrera de entrada o de la burocracia. Porque para la burocracia, el poder es una oportunidad para ejercerlo. Es una oportunidad para generar corrupción".

Cuando terminó la charla,Sturzenegger ya había capturado la atención de la audiencia. Fue el último en irse, y se cansó de sacarse selfies. Como si hubiera actuado como Obi-Wan Kenobi.

A horas de que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizara un desembolso inmediato de USD 12.000 millones al gobierno argentino, el organismo internacional presentó un documento sobre “reformas estructurales” de la Argentina. En el escrito, el FMI destaca que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, seguirá implementando la histórica legislación estructural (Ley Bases) e impulsará reformas adicionales para desregular y abrir la economía. Cabe recordar que, por invitación de la directora-.gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, Sturzenegger integra un Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del organismo, del que participan altos funcionarios internacionales.

El documento del FMI sostiene que se están mejorando la eficiencia y la gobernanza de las funciones estatales mediante el cierre de varios organismos descentralizados y fideicomisos, la racionalización y eventual privatización, en algunos casos, de empresas estatales, y la automatización y digitalización de los procesos administrativos, algo que el organismo ve con buenos ojos.

El documento distingue además tres grandes aristas de la política económica argentina: la desregulación, el funcionamiento del mercado y el intercambio comercial.

En el primer punto -desregulación-, el FMI estimó que los esfuerzos para consolidar las entidades estatales (fondos fiduciarios, oficinas estatales, empresas estatales) y profesionalizar el servicio público continuarán mejorando la eficiencia del estado y racionalizando funciones/estructuras innecesarias, al tiempo que garantizan una provisión adecuada de bienes y servicios públicos clave y mejoran la gestión financiera pública.

Reducir la burocracia

“Tras la introducción de procedimientos de autorización automática o aprobación tácita, que aliviaron significativamente las cargas administrativas en las operaciones comerciales, se continuarán los esfuerzos para reducir la burocracia, incluso mediante la expansión de la digitalización de los procesos administrativos”, remarcaron desde el organismo internacional.

Además, el programa también apoyará la agenda de las autoridades argentinas dirigida a mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos de contratación pública; fortalecer los marcos anticorrupción, incluso mediante la actualización de la Ley de Ética Pública; y desarrollar la implementación de las recomendaciones del reciente informe del GAFI, donde se dará prioridad temprana a las acciones dirigidas a mitigar los riesgos de lavado de dinero transfronterizo (finales de septiembre de 2025). “Estas reformas se llevarán a cabo en colaboración con el Fondo y otros socios para el desarrollo”, precisaron.

En lo que respecta al funcionamiento del mercado, el FMI consideró que unas reformas cuidadosamente planificadas fortalecerán aún más la flexibilidad del mercado laboral, a la vez que reducirán las barreras de entrada para fomentar la competencia y el empleo formal.

“Basándose en la agenda desregulatoria impulsada desde diciembre de 2023 en sectores clave de redes y servicios (por ejemplo, el mercado de alquileres), las autoridades ampliarán estos esfuerzos reduciendo las barreras de entrada y mejorando la competencia en otros sectores”, apuntaron.

Para el FMI, estos esfuerzos se verán respaldados por las recientes mejoras e implementación de la Ley de Competencia, así como por las evaluaciones continuas de las prácticas antimonopolio en sectores específicos. “En conjunto, estas reformas están ayudando a mejorar la asignación de recursos y a abordar los márgenes de beneficio excesivos de años anteriores”, indica el escrito.

“En el ámbito laboral, tras las reformas destinadas a permitir una mayor flexibilidad para negociar salarios y el régimen de indemnizaciones por despido a nivel sectorial, se seguirán impulsando la adhesión al nuevo marco, al tiempo que se considera una reforma más amplia de los mercados laborales”, apuntaron.

En términos más generales, consideraron que estas reformas del mercado deberán complementarse con una reforma del sistema tributario, así como con políticas activas del mercado laboral para apoyar la movilidad de los trabajadores hacia sectores con mayor potencial y mayor ventaja comparativa, especialmente a medida que se eliminan las restricciones a las importaciones.

Por su parte, en relación al comercio, el FMI sostuvo que las autoridades continuarán eliminando gradualmente las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias a medida que las condiciones fiscales lo permitan. “Estos esfuerzos cuentan con el apoyo del préstamo de apoyo presupuestario para el sector fiscal y la competitividad del Banco Mundial, que incluye medidas para expandir los volúmenes de exportación agroindustrial (5% interanual en 2026) y facilitar el acceso a productos intermedios y de capital, incluyendo la reducción de la duración del despacho aduanero", explicaron desde el Fondo Monetario Internacional.

Además, aseguraron, el Gobierno de Argentina garantizará una implementación efectiva, transparente e imparcial del RIGI, cuyo objetivo es brindar previsibilidad fiscal y regulatoria para incentivar grandes inversiones y fomentar el desarrollo de sectores estratégicos (especialmente energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento). “Esto se complementaría con esfuerzos para abordar las importantes deficiencias de infraestructura de Argentina, incluyendo la obtención de los recursos presupuestarios necesarios para la finalización oportuna de proyectos prioritarios de infraestructura pública, incluida la segunda fase de los gasoductos. Se espera que un nuevo marco regulatorio para las asociaciones público-privadas, con el apoyo del Banco Mundial, incentive al sector privado”, comentó el organismo.

Una resolución del Gobierno que dispone una suerte de “bono a la motosierra”, en las áreas que avanzaron con recortes en el Estado, generó un fuerte rechazo en el sector público, especialmente en el sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La medida que fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial -firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo- establece beneficios salariales adicionales para los funcionarios que logren disminuir su dotación de personal, según se desprende de la Decisión Administrativa 7/2025.

El artículo 5° de la disposición señala que las “unidades retributivas adicionales” serán otorgadas “en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. El premio se aplicará las “autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores”, es decir, a los funcionarios políticos.

El Gobierno definió la medida como una forma de “otorgar suplementos extraordinarios fundados en indicadores objetivos de productividad”. Ajustar personal es un indicador objetivo de la evaluación de desempeño. Como señaló Milei -primero en campaña y luego funciones-, la eliminación al mínimo de la estructura estatal es una de las misiones que perseguirá su gestión.

Las unidades retributivas (UR) es una de las medidas de valor que se utilizan en el Estado para definir algunos aspectos de la política salarial del sector público. El cálculo del adicional se computa con una fórmula que incluye: el valor de cada UR, la UR adicionales que percibirá cada área y jurisdicción, la baja de la dotación entre 2023 y 2024, y 6% del salario promedio estimado del empleado público (SINEP).

El otorgamiento del suplemento estará supervisado por la cartera a cargo de Sturzenegger, y organismos técnicos del ministerio de Economía. Y se especifica en el anexo de la normativa la cantidad de recursos que percibirá cada miembro que integra el Poder Ejecutivo, como piso, para repartir entre las autoridades de su área.

Según se desprende del anexo, desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los funcionarios que reportan de manera directa a Javier Milei -jefe de Gabinete, ministros, secretarios y titulares de organismos desconcentrados y descentralizados vinculados a Presidencia-, percibirán 10.000 UR. Los vicejefes de Gabinete tendrán un incremento de 7.500 UR; mientras que los secretarios que hayan sido otorgados rango equivalente recibirán 5.000 UR. Finalmente, subsecretarios y autoridades con escalafon similar obtendrán 3.000 UR para distribuir.

“Mirá lo que hacen con la plata de los despidos en la Administración Nacional”, publicó el viernes pasado el secretario de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano. El dirigente sindical compartió la norma que, “con formulita y todo” (sic) define que “por los despidos de los estatales van a subirle el sueldo “a las autoridades superiores”. “Dejan miles de familias en la calle, vacían áreas enteras de atención a la población y se guardan la platita en SUS bolsillos. No era para los contribuyentes...”, lamentó, en su cuenta personal de X.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, también repudió la medida. “¡LOS ENSOBRADOS DE MILEI! ¿En serio @JMilei que ahora van a cobrar por despedir? Al final el tuyo no es más que un Gobierno de mercenarios. El salariazo es solo para los funcionarios que luego de haber hecho el trabajo sucio, destrozado el Estado y cesanteado a miles de estatales, recibirán la recompensa", publicó en sus redes sociales.

Este jueves, el gremio de ATE en su conjunto convocó a una jornada de lucha a las 12, frente a la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en la avenida Alem y Viamonte, para exigir la reincorporación del personal despedido. Los sindicatos estiman que son 50.000 contratos en juego.

“Los estatales no podemos esperar hasta abril”, apuntó Rodolfo Aguiar, al referirse al paro general de la CGT. “Tenemos que evitar que a fin de mes el Gobierno ejecute un nuevo recorte en el Estado. Todos los contratos que vencen el 31 deben ser renovados de manera automática. No toleraremos cesantías masivas”, advirtió.

En contraste, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que encabeza el sindicalista dialoguista Andrés Rodríguez, no se pronunció sobre el adicional a los funcionarios políticos. Por el momento, solo se plegará a la huelga del 10 de abril de la CGT.

Esta mañana, en la previa a una nueva protesta de los estatales, Sturzenegger hizo un comentario alusivo al gasto político en el sector público, con un gráfico que muestra la reducción de los cargos jerárquicos. Según esas cifras oficiales, la dotación de puestos de alta dirección se achicó 34,9 por ciento. “La administración de @JMilei sigue adecuando la estructura “política” del gobierno. Menos cargos para funcionarios son menos impuestos para todos los argentinos. De eso se trata. VLLC!“, festejó.

La Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Kane anunció que no se presentarán cargos penales contra los agentes implicados, según reportó ABC 7 Chicago.

El hecho tuvo lugar el 1 de diciembre en el centro de vida asistida River Glen of St. Charles, cuando un hombre identificado como Daniel H. Escalera ingresó al lugar portando una motosierra.

El momento en el que la policía abatió a un hombre armado con una motosierra

De acuerdo con la investigación, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de Escalera, quien fue visto entrando al edificio con el arma en mano. La situación escaló rápidamente cuando los oficiales llegaron al lugar y se enfrentaron a una serie de decisiones críticas en un entorno lleno de residentes vulnerables.

El primer oficial en llegar al lugar encontró a Escalera cerca de varios residentes, en la entrada de la cafetería del centro. Según detalló ABC7 Chicago, el oficial intentó inicialmente bajar de tono la situación mostrando su pistola eléctrica (Taser) y ordenando al hombre que soltara la motosierra. Sin embargo, Escalera ignoró las órdenes y procedió a encender la herramienta dentro de la cafetería.

En un intento por neutralizar la amenaza, el oficial disparó el Taser, impactando a Escalera en el pecho. Aunque el disparo logró derribarlo momentáneamente, Escalera se levantó rápidamente, retomó la motosierra y corrió hacia el oficial. Este último se vio obligado a retroceder hacia el vestíbulo, mientras solicitaba apoyo adicional.

El enfrentamiento continuó cuando un segundo oficial llegó al lugar y ambos regresaron a la cafetería en busca de Escalera. Un tercer agente también se unió a la operación, siguiendo al hombre a través de una puerta secundaria que conectaba la cafetería con el vestíbulo. Fue en este punto donde la situación alcanzó su clímax.

Según las imágenes de las cámaras corporales, Escalera levantó la motosierra por encima de su cabeza y cargó directamente hacia uno de los oficiales. En respuesta, el agente disparó dos veces, pero no logró impactarlo. Escalera continuó avanzando y logró golpear al oficial con la motosierra antes de que este realizara un tercer disparo, que acabó hiriéndolo en el brazo.

Tras llegar al pasillo, Escalera se detuvo junto a un residente en silla de ruedas. Cuando se giró hacia los agentes, este recibió un cuarto tiro, con el que finalmente cayó al suelo.

Escalera fue esposado antes de que pudiera recibir atención médica, según ABC 7 Chicago. Tras el incidente, un equipo de paramédicos trasladó al hombre hasta el Hospital Delnor, donde más tarde fue declarado muerto.

La Oficina Forense del Condado de Kane confirmó que falleció a causa de las heridas de bala y que sufrió una intoxicación por metanfetamina. Informes toxicológicos citados por el medio reportaron la presencia de anfetaminas, metanfetaminas y olanzapina en su sistema.

Decisión de la fiscalía y antecedentes del caso

La fiscal del estado del Condado de Kane, Jamie L. Mosser, anunció el martes que, tras una investigación exhaustiva, su oficina no presentará cargos en contra de los oficiales de la policía de St. Charles involucrados en el tiroteo.

El medio reportó en el pasado que Escalera tenía antecedentes penales que incluían arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de estupefacientes como metanfetamina y cocaína, intoxicación pública y puesta en peligro, además de agresión doméstica.

Tal y como informó ABC 7, alguna vez fue acusado de apuñalar a su entonces esposa, acción que requirió la intervención de un equipo SWAT.

El gobierno del Reino Unido estudia un plan para reformar el Estado con un fuerte ajuste en la administración pública inspirado en la terapia de shock del presidente argentino Javier Milei y de Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos. La iniciativa, denominada internamente “Proyecto Motosierra”, propone recortar miles de empleos en el sector estatal, reducir la cantidad de organismos autónomos y trasladar funciones de agencias independientes a ministerios, según informó The Guardian.

El plan es impulsado por Labour Together, un think tank vinculado al Partido Laborista, y cuenta con el interés directo del primer ministro Keir Starmer y la canciller Rachel Reeves. Según fuentes gubernamentales citadas por el medio británico, el esquema busca hacer más eficiente la administración pública mediante una reorganización de dependencias y una revisión de organismos considerados innecesarios.

Si bien la autoridades evitaron confirmar que el proyecto lleve el nombre de “motosierra”, el término circula entre los funcionarios y medios locales en referencia a las políticas de ajuste implementadas por Milei. La figura del mandatario argentino ha generado interés en sectores políticos británicos, al punto de que Labour Together reconoció que su objetivo es tomar su “energía, pero con un propósito de centroizquierda”.

Un modelo inspirado en Musk y Milei

La denominación “Proyecto Motosierra” también hace referencia a un evento reciente protagonizado por el magnate tecnológico Elon Musk. En marzo, durante una Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, el empresario apareció en el escenario sosteniendo una motosierra que le había regalado Milei, un gesto que evocó los actos de campaña del presidente argentino.

El primer ministro británico remarcó que su objetivo no es “tomar una motosierra contra el sistema”, sino lograr una administración “más ágil y efectiva”. Sin embargo, los documentos analizados por el gobierno incluyen medidas que van en la línea de lo aplicado en Argentina desde la asunción de Milei, según reportó The Guardian. Entre ellas, se destacan:

• Eliminación de organismos estatales que no cumplen funciones esenciales.
• Fusión de entidades autónomas dentro de ministerios para reducir costos.
• Recortes de personal en la administración pública.
• Evaluaciones de desempeño más estrictas para empleados estatales, con incentivos para la renuncia en casos de bajo rendimiento.

El gobierno británico insiste en que su objetivo no es “destruir el Estado”, sino lograr que la administración pública sea más eficiente, según un portavoz citado por The National. A pesar de estas declaraciones, la iniciativa ha sido recibida con críticas en distintos sectores políticos y sindicales, que advierten sobre el impacto de los recortes en el empleo y la prestación de servicios públicos.

Un proceso en marcha

Los documentos analizados por Downing Street incluyen planes de ajuste en al menos 300 organismos estatales, indicó The Guardian, entre ellos NHS England, la agencia que gestiona el sistema de salud pública. Funcionarios del gobierno confirmaron a ese medio que la reforma buscará eliminar duplicaciones administrativas, con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia.

Uno de los cambios en estudio es la absorción de Homes England, el organismo encargado de financiar viviendas sociales, dentro del Ministerio de Vivienda. Esta medida le otorgaría al gobierno un control más directo sobre las políticas de construcción de viviendas, un punto clave dentro de las promesas de Starmer.

El proyecto también considera la posibilidad de aplicar despidos obligatorios en la administración pública. Hasta ahora, los recortes de personal en el Reino Unido se realizaron mediante planes de retiro voluntario o congelamiento de contrataciones, pero el ministro del Gabinete, Pat McFadden, analiza la opción de aplicar despidos directos en caso de bajo rendimiento.

Vínculos con Milei y la agenda de reformas

La referencia a Milei dentro del Proyecto Motosierra no es menor. Desde su llegada al poder en diciembre, el presidente argentino aplic un fuerte ajuste fiscal, con despidos masivos en el sector público y la eliminación de diversos organismos estatales. En febrero, Milei viajó a Estados Unidos y mantuvo un encuentro con Elon Musk, en el que le entregó una motosierra como símbolo de su programa de reformas. Durante la reunión, el mandatario argentino destacó la necesidad de reducir la burocracia y permitir una mayor participación del sector privado en la economía.

El gobierno británico no ha confirmado contactos directos con Milei, pero el interés en su modelo de reformas es evidente. El propio Labour Together reconoció que busca canalizar su energía, aunque con un enfoque diferente.

El ministro de Economía británico, Jeremy Hunt, sostuvo que el Estado británico se ha vuelto “demasiado pasivo” y que es necesario un cambio estructural para mejorar la gestión pública. En esa línea, el gobierno ya anunció la eliminación de la Autoridad Reguladora de Sistemas de Pago, un organismo que supervisaba a empresas como Visa y Mastercard, trasladando sus funciones a la Autoridad de Conducta Financiera.

Un debate abierto en el Reino Unido

El Proyecto Motosierra ha generado posiciones enfrentadas dentro del propio gobierno británico. Mientras algunos ministros ven la reforma como una oportunidad para mejorar la eficiencia estatal, otros advierten sobre las consecuencias sociales de los recortes masivos.

El líder laborista en Escocia, Anas Sarwar, sugirió que, en caso de llegar al poder en Holyrood, su administración tomaría referencias del modelo de Musk para la gestión pública. Este comentario refuerza la idea de que la influencia de la agenda de Milei y Musk va más allá del Reino Unido y se extiende a otros ámbitos de la política europea. A nivel parlamentario, la oposición ha pedido más detalles sobre las reformas antes de que el gobierno avance con los recortes.

Según cálculos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, la reducción de personal en la administración central equivale ya a un ahorro “permanente” de USD 349 millones y a un total de USD 4.548 millones “a valor actual”.

Entre diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, y enero de este año, dice un comunicado, mediante “una profunda reestructuración del sector público” se eliminaron 41.142 puestos de trabajo dependientes de diferentes sectores y modalidades de contratación del Estado, equivalentes a una reducción del 8,2% del personal total al inicio de la actual gestión presidencial.

Por cantidad de personal, la mayor reducción la Administración Centralizada y Descentralizada, en que a enero el número de empleos se redujo en 23.576 personas, seguido por los recortes en empresas del Estado (13.161 empleos menos) y en Personal Militar y de Seguridad (4.405 empleos menos).

“En particular, la Administración Pública Nacional (uno de los pocos sectores que había registrado crecimiento en el empleo durante la última década en Argentina) experimentó una disminución de más de 23.000 puestos”, destacó el Ministerio.

La reducción del empleo público se produjo en distintos sectores. “Al desglosar los datos, se destacan las caídas en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. En este período, la APN redujo su personal en un 11,5%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 14,4%, precisa el informe.

Modalidades de contratación

Hasta enero la información oficial precisa una reducción del 5,4% de la planta permanente y transitoria, del 17,9% en la llamada “ley Marco” (de Regulación del Empleo Público Nacional, sancionada en septiembre de 1999, sobre el final del segundo gobierno de Carlos Menem) y del 63% en el caso de los llamados contratos LOYS (Locación de Obras y Servicios).

La reducción del personal de la Administración Pública Nacional, según los cálculos “a perpetuidad” del Ministerio, generaron un ahorro total a largo plazo de 4.548 millones de dólares, equivalentes a un ahorro promedio mensual “de largo plazo” cercano a los 349 millones de dólares.

El mayor ahorro proviene de la reducción de los contratos regidos por la “ley Marco”, por USD 2.074 millones. En los contratos de modalidad permanente o transitorio, el ahorro estimado es de 1.708 millones de dólares y en la modalidad de contratos de Locación de Obras y Servicios, si bien fue proporcionalmente la de mayor reducción, el ahorro es inferior (USD 766 millones), por tratarse de un sector menos numeroso del conjunto del empleo público nacional.

Cómo se calcula el ahorro

El informe explica detalladamente que para calcular el ahorro total a largo plazo de USD 4.548 millones “se utilizó el salario promedio ponderado de enero de 2025 según el tipo de contratación, en base a datos del Informe Trimestral de Ocupación y Salarios”

Luego, “en primer lugar, se calculó el salario promedio ponderado para cada categoría de empleo según la participación de los empleados en cada rango salarial, se calculó el salario anual de cada categoría de empleo, se convirtió a dólares y se multiplicó por la cantidad de personas que fueron desvinculadas en el período analizado, obteniendo así el ahorro anual por estos despidos. Finalmente, se aplicó el concepto de perpetuidad para estimar el valor de los salarios futuros que no se pagarán más y se utilizó una tasa de descuento del 10% para obtener su valor actual”.

Se trata  de un procedimiento estándar para poder comparar flujos de valor o de dinero a lo largo del tiempo, expresados al momento en que se realiza el cálculo, aunque extraño a la percepción de personas ajenas al cálculo financiero.

Como fuere, el Ministerio destacó que la gestión del presidente Javier Milei “ha logrado un ahorro significativo de 4.548 millones de dólares mediante la reducción de personal en la Administración Pública Nacional (APN)”.

Esa medida, concluyó, “refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública. La estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.

En la apertura del año legislativo, Javier Milei planteó un discurso en tres actos: el caos del que venimos, el reordenamiento que se propuso en el primer año de gestión, y lo que nos espera por delante. A esto último le puso un nombre: el año de la reconstrucción. Tema que pasa a ser, a partir de ahora, el centro de su narrativa.

El reordenamiento y la reconstrucción van de la mano, porque se conseguirían de la misma forma: desmontando el estado sobredimensionado que ocasionó un caos de larga duración en Argentina. Milei no dejó de ser anarcocapitalista. Su método económico es la aceleración del desmonte. Según él mismo dijo ayer, si hubiera aplicado un recorte menor, la economía hubiera caído. Puede parecer contra intuitivo, pero no. Ésa es la idea que venía trabajando con -Demian- Reidel, y que discute con la teoría de la programación macroeconómica: el paradigma de la motosierra, que si no se apaga termina con el estado, combate a la trampa neoclásica del ajuste.

Por eso, para la reconstrucción de 2025 propone profundizar el rumbo de 2024. Más reformas y desregulaciones, más política para respaldarlas , y un acuerdo con el FMI para financiar la salida del cepo. Pero una diferencia entre la estabilización ordenadora y la reconstrucción es que se miden de forma distinta. El 2024 se midió con la baja de la inflación, del riesgo país y de la brecha cambiaria. También con la caída de la pobreza, que fue -hasta ahora- lo mismo que la estabilización de los precios. Pero la reconstrucción que avizora Milei, que sería un renacimiento económico de la sociedad, no se va a ver en el consumo, las ventas o el tipo de cambio. Si Milei tiene razón, en 2025 habrá que mirar otros indicadores. Como la inversión de los que tienen con qué, o el emprendedorismo de los que trabajan.

La trama del estancamiento argentino fue en la generalización de incentivos y comportamientos anti productivos. Ricos que esconden su capital, trabajadores del sector privado que aspiran al empleo público, pobres que prefieren un plan social al trabajo remunerado. La economía estaba atravesada por racionalidades irracionales, como los productores que acopian y no venden, los múltiples “rulos” financieros de los infinitos tipos de cambios, o los comerciantes que remarcan precios “preventivamente” por encima de lo que el comprador puede pagar. La Argentina se acostumbró a vivir así por generaciones y muchos aprendieron, incluso, a lucrar con ello.

El gobierno de Macri ajustó, pero no atacó el meollo de toda esa locura. Y no movió las agujas de la inversión o la productividad. Milei fue tanto más a fondo que Macri, que las diferencias ya no son solo de velocidad: es algo cualitativamente distinto, que ataca el meollo de la cultura estatista e inflacionaria. Si Milei tiene razón, la reconstrucción comienza en la micro.

Una pregunta, casi teórica a esta altura, es si la demanda (o, dicho de otro modo, la sociedad) la “va a ver”, o necesitará que la lideren hacia el nuevo régimen económico abierto. Porque las culturas de la indexación, la desinversión defensiva o la rentita improductiva penetraron muy intensamente en Argentina. Tal vez, las elecciones sean parte de esa batalla pedagógica. En nuestra consultora comenzamos a medir el ‘emprendedorismo’ popular, integrando diversos indicadores sobre cómo la gente ve el entorno económico y qué piensa hacer con ella. La primera medición comparativa es prometedora: en febrero creció 6,3% respecto de enero.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional, tal como lo anunció Infobae, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión se basa en la premisa de que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, con poca intervención del Estado nacional en esta área.

Gran parte de las funciones de la ex Secretaría de Vivienda se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que fueron disueltos o están en proceso de liquidación. Según el Gobierno, estos instrumentos presentaban un mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados concretos.

En este contexto, la administración nacional ratificó hoy que las provincias y municipios asumirán la responsabilidad de impulsar este tipo de obras, tras detectar irregularidades en la gestión estatal, y aplicó la “Motosierra” en esta área.

Transferencia y que ocurrirá

En un contexto marcado por la necesidad de reestructurar programas habitacionales y optimizar el uso de recursos públicos, el Gobierno de Javier Milei tomó medidas para abordar los desafíos en la construcción y entrega de viviendas. Actualmente existen 17.000 viviendas en proceso de construcción que aún no fueron finalizadas y que corresponden al eliminado Plan Procrear.

La administración nacional busca resolver esta situación mediante la subasta de propiedades y la transferencia de proyectos a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar su conclusión.

Este esquema ya fue implementado en agosto de este año, cuando se transfirieron proyectos habitacionales a provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof adoptó una estrategia similar, asumió la responsabilidad de concluir y entregar viviendas que ya contaban con un avance significativo en su construcción.

En algunos partidos del Conurbano bonaerense, como Avellaneda, se encuentran en ejecución 3.000 viviendas que fueron financiadas con recursos propios del gobierno provincial, lo que permitió avanzar en su finalización.

Es muy probable que las obras de Procrear sean finalizadas por municipios o empresas privadas en coordinación con el sector público, aunque ya no serán parte del Estado nacional. En este caso, dependerá del plan que tracen las provincias y distritos.

Las viviendas de los Desarrollos Urbanísticos, en su mayoría departamentos o PH de dos y tres ambientes, serían puestas a la venta, pero aún no se definió si contarán con financiamiento privado.

También se considera la entrega de unidades a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su disposición.

Auditorías y revisión de créditos otorgados

Desde inicios de 2024, el Gobierno inició un proceso de auditoría exhaustivo sobre las obras en ejecución que dejó la anterior administración nacional.

Cada proyecto es revisado de manera individual para garantizar la transparencia en su ejecución. Estas unidades habitacionales cuentan con financiamiento del Banco Hipotecario y, en algunos casos, del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que desde abril de 2024 está bajo la administración del Ministerio de Economía.

En el marco de las reformas del Gobierno, se detectaron irregularidades en fondos fiduciarios, como fallas en control y registro contable. Esto llevó a la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) la semana pasada.

El artículo 5 de la Ley Bases autoriza al Ejecutivo a modificar o disolver fondos fiduciarios públicos según sus normas, permitiendo una gestión más eficiente y transparente.

El Gobierno informó que revisó los últimos 2.500 créditos otorgados en noviembre de 2023, un mes antes del fin del mandato de Alberto Fernández. Según indicaron, cada beneficiario fue contactado y se le ofreció la posibilidad de cambiar el crédito hipotecario por uno personal. Hasta el momento, el 75% aceptó la propuesta.

Antecedentes

Mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno dispuso en noviembre del año pasado, la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había identificado demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, entre otras deficiencias.

Además, el Decreto 6/2025 de este mes determinó el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, señalado por su uso con fines políticos y clientelistas, así como por la detección de incumplimientos e irregularidades. En la misma línea, el Gobierno avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El Decreto también estableció el traspaso de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), encabezada por Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

El cierre de la Secretaría se implementará de manera ordenada y progresiva mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de garantizar la transición de responsabilidades. La administración nacional argumenta que la política habitacional se orientará hacia un esquema basado en el crédito privado y la participación del sector privado en la financiación de proyectos inmobiliarios.

Por su parte, los gremios advierten que la medida podría derivar en el despido de unos 500 trabajadores de la ahora ex Secretaría. En cuanto a la situación del personal, la normativa establece que quienes integran la planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.

El gobierno de Javier Milei publicó este viernes otros tres decretos en el Boletín Oficial y acumula 65 en poco más de un mes. El lunes o el martes, si continúa con este ritmo, se dará a conocer el 70/2025 que anunció el Presidente en uno de los últimos reportajes que concedió y que promete avanzar con los cambios en la estructura del Estado Nacional. Será a través de la fusión o de la eliminación de varios organismos y de leyes que, según el trabajo que encabezó el ministro Federico Sturzenegger, permitirán un ahorro y una mayor eficiencia en su funcionamiento.

Será un proceso semejante al que se dio con una de las primeras decisiones que tomó Milei cuando llegó a la Casa Rosada. El mega decreto 70/2023, que se conoció el 20 de diciembre de 2023, también apuntó a la desburocratización estatal con una serie de medidas que en el primer año de gestión le permitió la desregulación en varios sectores económicos.

Actualmente, existen 40 organismos desconcentrados, entre agencias, comisiones e incluso las Fuerzas Armadas y de Seguridad; otros 71 descentralizados, como institutos y administraciones, y 63 entes del sector público nacional, entre los que están empresas como Aerolíneas Argentinas, AySA, Acumar, el Banco Nación y el Correo que el Gobierno entiende que, en muchos casos, cumplen funciones superpuestas o vinculadas entre sí.

“Argentina tiene 27.000 leyes vigentes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones, circulares y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar, así como el método de Elon Musk, le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando, todo lo demás lo eliminás”, anticipó Milei y en ese sentido irá el nuevo decreto, profundizando su método “motosierra” para equilibrar las cuentas públicas.

Recientemente, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea realizó una evaluación de los efectos del decreto 70 del 2023, que abarcan desde los referidos al comercio hasta la liberación de precios y de importaciones, y de la desregulación del tráfico aéreo a los cambios en la relación entre las empresas y los usuarios de medicina prepaga.

Estos son algunos ejemplos:

● La eliminación de restricciones al comercio. La Secretaría de Comercio, con la Resolución 51/2024 derogó 69 normas (entre las que se encuentra la de abastecimiento, la de góndolas, el observatorio de precios, entre otras) que obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y asignaban al Estado un rol intervencionista que había agravado los problemas de abastecimiento y falta de transparencia de los precios.

● Empresas públicas sin privilegios. Por el Decreto 747/2024 se eliminaron los privilegios de las empresas públicas a la hora de contratar servicios y bienes por parte del Estado Nacional, promoviendo el uso de métodos competitivos y transparentes.

● Código aduanero. Por el Decreto 70/2023 se “prohíbe prohibir” el comercio internacional. En el Código Aduanero original, el gobierno se otorgaba a sí mismo las facultades de prohibir tanto las importaciones como las exportaciones. El DNU eliminó esta facultad. Además, se permitió que tanto las personas físicas y jurídicas puedan realizar operaciones de comercio exterior (Art 99 a 103), se elimina el registro de exportadores e importadores (Art 105 a 110); se establece como principio a los agentes de servicio aduanero la continuidad de las operaciones. Para interrumpir una operatoria se necesitan elementos de convicción de delito o infracción (Art 111); se establece la digitalización de las operatorias de comercio exterior y habilita la validez de la firma electrónica (Art 112), se autoriza la declaración anticipada para agilizar los procesos (Art 116 a 119, 125 a 127 y 131): se habilita el pedido de resolución anticipada con carácter vinculante (Art 120 y 132)

● Comercio internacional. Las mercaderías con procesos antidumping pasaron al canal de selectividad general (Resolución 112/2024 y Resolución 154/2024); se eliminaron el trámite de DJCP (Declaración Jurada de Composición de Producto), una barrera paraarancelaria vinculada al rubro textil y calzado (Resolución 49/2024), el control de Capacidad Económica Financiera (CEF) para la oficialización de SEDIs (Resolución Conjunta 5478 de la AFIP y la Secretaría de Comercio), las licencias automáticas y no automáticas al igual que las SIRAs mediante la implantación del Sistema SEDI (Resolución 1/2023), los valores de referencia para las exportaciones (Decreto 939/24) y se derogaron las circulares 701/99 y 799/2000, que obligaban a tener un veedor privado para liberar un contenedor en canal rojo (Resolución 5586/24).

● Servicios de correo. Por la resolución general 5608/2024 se elevó a 3000 dólares el monto para importación de mercaderías por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y courier. No se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares por envío, siempre que se trate de un bien adquirido para uso personal.

● Autopartes. Por la Resolución 188/2024 se amplió de 30 a 142 el número de autopartes que pueden ser recuperadas y reutilizadas provenientes de vehículos dados de baja en los 160 desarmaderos registrados en el país.

● Mercado laboral. Por Ley 27742 se permite a las distintas industrias construir su “propio sistema de indemnización”. La Ley 27742 también deroga las multas previstas en los artículos 8 a 17 y 120, inciso a), de la Ley Nacional de Empleo, vinculadas con la falta de registración, o registración deficiente.

También se creó un régimen especial unificado, habilitando que los trabajadores independientes puedan contratar hasta 3 trabajadores independientes.

● Transporte aerocomercial. Se impulsaron cambios del Código Aeronáutico: eliminación de la necesidad de convocar a audiencia públicas para el ingreso de nuevas empresas, limitación de la potestad del Estado en la fiscalización de los prestadores de servicios, el ingreso de aeronaves extranjeras y la inscripción de aeronaves nuevas, la Modernización del Registro Nacional de Aeronaves, autorización a cualquier empresa, argentina o extranjera, para transportar pasajeros o carga en vuelos internos, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad, autorización al Poder Ejecutivo para utilizar aviones con matrícula extranjera, la modernización de los documentos de viaje, con formato digital y electrónico (Arts 113, 116 y 120) y se mantuvo la posibilidad de subvencionar destinos de interés general para la Nación, con mecanismos del lado de la demanda.

Además, por el Decreto 599/2024 se facilitó el ingreso de nuevos operadores a todas las ciudades argentinas para el transporte de pasajeros, incluidos aviones de bajo porte. Se firmaron convenios de cielos abiertos con 9 países.

● Autodespacho. Por la Resolución 326/24 Se eliminaron y simplificaron los requisitos para la habilitación de más operadores aerocomerciales, lo que implica la pérdida de monopolio por parte de Intercargo.

● Transporte de carga y de pasajeros. Por el Decreto 1109/24 se eliminó el Registro Único de Transporte Automotor, una certificación “adicional” que debían cumplir los transportistas de carga aun cuando tuvieran los vehículos en orden con sus revisiones técnicas al día, los seguros correspondientes y cumplieran con la normativa del código de tránsito. A su vez, por el Decreto 883/23 se implementó la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros.

● Obras sociales y prepagas. El DNU 70/2023 devolvió la libertad a los trabajadores sobre el destino del 9% de su salario que se aporta al sistema de salud. El DNU habilita a los trabajadores a poder elegir libremente su obra social o prepaga para derivar sus aportes sin la obligación de usar un intermediario. Los medicamentos de venta libre puedan ser exhibidos y comprados directamente desde las góndolas de las farmacias. Las recetas obligatoriamente deben consignar el genérico, promoviendo la competencia en el sector.

● Competencia de Internet y TV satelital. El DNU 70/2023 habilitó la competencia de Internet y TV satelital, permitiendo que zonas rurales o aisladas puedan acceder a estos servicios de internet. A partir de este cambio, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a prestar servicios a OneWEB, Starlink y Amazon Kuiper.

● Alquileres. Derogación de la ley de alquileres por el DNU 70/2023. Los cambios dieron plena libertad para contratar, con el resultado de un aumento vertical de la oferta de propiedades en alquiler.

● Desregulación en el sector hidrocarburos. Por Ley 27742 se libera la comercialización e instalación de gasoductos. También libera el comercio internacional de hidrocarburos. Se elimina la autorización estatal para los trabajos de prospección. Se establece el concepto de open-access para la capacidad excedente de oleoductos y gasoductos. Todas las actividades de almacenamiento subterráneo por fuera de yacimientos pasar a ser libres y no requerirán autorización estatal (más allá de las evaluaciones ambientales). El esquema de licitaciones también se modifica. En vez de licitar por “trabajos” se licita por “mayor regalía”. De esta manera, en los prospectos más atractivos la regalía subirá y bajará en los marginales. La regalía fija desalentaba la inversión en las áreas menos atractivas. También se estableció que, a partir de ahora, todas las nuevas adjudicaciones no podrán renovarse a su vencimiento sin una nueva licitación.

Donald Trump ha ganado la carrera a la Casa Blanca y ha logrado que el Partido Republicano tenga mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes.

Dos ejes centrales de su oferta electoral le dieron el triunfo: acabar con la inflación y expulsar a los inmigrantes ilegales (e impedir nuevos ingresos).

En ambas administraciones se busca derrotar la inflación bajando el gasto público ineficiente. Milei lo ha logrado con un inmenso esfuerzo (carece de poder parlamentario). Además, esto viene de la mano de una batalla cultural para que más de la mitad de la población decidiera acompañar ese esfuerzo. Era bastante evidente, para la mayoría de los argentinos, que con el dinero de todos se financiaban gastos absurdos. También que quienes se enriquecían eran los mismos que gerenciaban esos gastos con el dinero del pueblo.

Trump acaba de iniciar el mismo camino:

• Fin del trabajo remoto en el Estado (una medida de la era Covid que la burocracia postergó).
• Retiros voluntarios con una compensación de diez meses de sueldo.
• Congelamiento de toda la asistencia federal. Se trata de subvenciones y préstamos de más de tres billones de dólares por año.

Estas partidas siderales serán estudiadas rubro por rubro. Incluyen todo lo que gasta EE.UU. en el mundo entero, desde ONG hasta programas de otras naciones.

En la Argentina se difundió la noticia de que en EE.UU. “la Justicia suspendió la medida”. En realidad, un juez federal de Washington D.C. suspendió hasta el lunes 3 de febrero la aplicación de la orden ejecutiva. Este y todos los temas de recorte del gasto serán judicializados por las miles de ONG beneficiarias de los fondos, fiscales, jueces, sectores de opinión vinculados al Partido Demócrata y otros interesados. Finalmente, será la Corte Suprema quien convalide, total o parcialmente, las medidas decididas por la Casa Blanca, así como también las leyes que impulse la mayoría republicana en ambas cámaras.

En Argentina, el apoyo popular a la baja del gasto público se funda principalmente en la reducción de la inflación, pero también en la cantidad de casos de corrupción que se han ido desnudando a lo largo de este primer año de gestión. La puesta en evidencia de las diversas malversaciones por parte de las organizaciones sociales y de los “gerentes de la pobreza” se presenta de manera innegable frente a los ojos del pueblo, y las mayorías sienten que vale la pena el esfuerzo.

Esta es una tarea imprescindible a la que el Trump Team deberá abocarse. Maquiavelo le decía al príncipe que la peor dificultad del cambio es que quienes se perjudican con él reaccionan para impedirlo, mientras que los beneficiarios del nuevo orden tardan en defenderlo porque aún no pueden ver las ventajas que traerá. Esa es la batalla más difícil, tanto para Trump como para Milei.

Sobre los inmigrantes ilegales, está actuando con celeridad. Las denuncias de los propios vecinos ayudan a la tarea de identificar a quienes delinquen. Aviones especiales los reenvían a sus países de origen, donde son recibidos (aunque Petro y Lula amaguen con otra cosa). La reapertura de Guantánamo es una opción extrema que demuestra, al igual que la militarización de la frontera con México, que el líder norteamericano está dispuesto a cumplir sus promesas electorales.

Elon Musk, uno de los empresarios más innovadores y exitosos de todos los tiempos, hombre más rico del mundo y ahora funcionario del gobierno de Donald Trump, que lo designó co-director del “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Estados Unidos, elogió hoy fuertemente una presentación de Federico Sturzenegger sobre el primer año de gestión de Javier Milei, en especial en la reforma y achicamiento del Estado y la promesa de Sturzenegger de que en 2025 será el turno de la “Motosierra.2″ o “Motosierra profunda”.

“Esto es estupendo”, escribió Musk en un posteo en X, la red social que compró en 2022 y en la que tiene más de 214 millones de seguidores, e incluyó un fragmento de poco más de dos minutos en el que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Milei explica lo que hizo a lo largo de 2024 y lo que pretende hacer en 2025.

El pasaje es apenas un fragmento de una exposición de más de una hora que Sturzenegger hizo el jueves ante la “Markus Academy” de la Universidad de Princeton, más precisamente en el Center for Finance Director Markus Brunnermeier, que todos los jueves entrevista -consigna la propia Markus Academy- a “académicos aclamados o líderes del pensamiento sobre temas críticos que enfrenta la economía global”.

De hecho, la entrevista anterior a Sturzenegger fue con el premio Nobel de Economía 2007 y excolumnista del New York Times, Paul Krugman, que hace poco puso fin a su relación con el influyente periódico alegando restricciones editoriales que sofocaron el espíritu original de sus columnas.

Recientemente, además, Sturzenegger fue invitado por la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para integrar un Consejo sobre emprendimiento y crecimiento en el que también participarán funcionarios internacionales, empresarios y académicos

En la presentación previa a la exposición de Sturzenegger, su anfitrión hizo una breve descripción de lo que a su criterio es ideológicamente el gobierno de Milei, el que pese a definirse como “anarco-capitalista” fue considerado en la presentación más cercano a las posiciones del liberalismo clásico del padre de la llamada “Escuela Austríaca”, Ludwig von Mises.

En el fragmento posteado por Musk, Sturzenegger muestra dos pilas de papeles que en la campaña electoral 2023 le había presentado a la candidata presidencial Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad del gobierno de Milei. “Estos son mis papeles originales. La pila de la izquierda son las leyes que debían ser eliminadas y las de la derecha las que debían ser modificadas”, cuenta.

“Le llevé a Milei estas dos pilas y empezamos a discutir el programa de reformas. Básicamente, lo que hicimos fue cortar 30% la estructura del Estado, la cantidad de agencias y posiciones. Lo hicimos rápidamente”, explica Sturzenegger, y anticipa que en 2025 “vamos a aplicar la Motosierra.2, lo que llamamos Motosierra profunda”.

El método

El método o procedimiento seguido para la reforma y achicamiento del Estado, explica Sturzenegger, fue preguntarse en el Gabinete “qué deber hacer y qué no debe hacer un gobierno libertario; si es algo que puede hacer el sector privado, entonces no lo hacemos”.

Y como ejemplo inicial mencionó la construcción de viviendas, área que el gobierno decidió eliminar, pues de eso se encarga el sector privado.

“Fuimos por todo el gobierno preguntando qué hacían y según la respuesta que nos daban chequeamos si estaba en la lista de lo que debía o no debía hacer un gobierno libertario. Y si estaba en la lista de lo que no debe hacer, cerramos el área”, explica Sturzenegger.

A continuación, el ministro se plantes la hipótesis de que Elon Musk lo llame para preguntarle cómo proceder en la tarea que le asignó Trump, que le fijó como objetivo recortar el gasto federal norteamericano en unos USD 2 billones, algo que muchos consideran casi imposible.

El consejo de Sturzenegger a Musk es el siguiente: “La cuestión no es hacer eficiente lo que tienes, sino hacer primero una pregunta más profunda: si es algo que el Estado debe hacer o no, antes que la idea de simplificar o desregular y mejorar la eficiencia. Hablo de la desregulación como algo a favor de las pequeñas empresas, algo contra la corrupción, pero la libertad es algo que debemos buscar por sus propios méritos”

Sturzenegger concluyó el pasaje posteado por Musk casi como una arenga libertaria: “La lucha por la libertad es dura, pero vale la pena. Estamos teniendo el (mejor) tiempo de nuestras vidas”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger, integrará el flamante Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del Fondo Monetario Internacional. El funcionario, clave en el ajuste en la estructura del sector público que impulsa Javier Milei, recibió la invitación de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, para acompañar a otros funcionarios del mundo, empresarios y académicos.

Desde la cartera que conduce Sturzenegger resaltaron que su ingreso al consejo es a partir de las profundas reformas llevadas adelante en la gestión Milei. “El mundo está expectante ante Argentina, donde las reformas favorables al mercado están revitalizando la economía de un modo que antes se creía imposible”, aseguró la directora gerente en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post.

“El desafío exige que redoblemos la apuesta por políticas económicas que sabemos que pueden mejorar de manera duradera las perspectivas de crecimiento (con lo que nos referimos al potencial de crecimiento estructural, no a medidas temporales para estimular la demanda interna). Significa redoblar nuestra búsqueda de nuevas ideas políticas prometedoras que funcionen del ‘lado de la oferta’”, planteó la principal directiva del FMI.

“Puede resultar tentador para los gobiernos impulsar el crecimiento a corto plazo estimulando la demanda mediante estímulos fiscales o monetarios, pero los beneficios de esas políticas suelen ser fugaces, mientras se acumulan desequilibrios que reavivan la inflación o alimentan los excesos del mercado financiero. En lugar de simplemente darle más gasolina a la economía, los responsables de las políticas deben mejorar su motor para que alcance una mayor velocidad de crucero”, continuó Georgieva en su columna de opinión.

Por otra parte, Sturzenegger será orador en forma virtual este jueves en un seminario organizado por la prestigiosa Universidad de Princeton, bajo el título de “La Motosierra y la desregulación: el primer año del gobierno de Javier Milei”. El encuentro, organizado por el Bendheim Center for Finance, contará con las palabras introductorias de Markus Brunnermeier, un economista alemán especializado en crisis económicas y política monetaria, asistente de la Reserva Federal de Nueva York.

Desde el Ministerio de Desregulación también informó que el ministro disertará en la conferencia inaugural Carmen Reinhart en LACEA y en la AIUIa Conference for Emerging Market Economies, organizada por el Ministerio de Finanzas del Reino de Arabia Saudita y el FMI, donde diversos funcionarios y académicos de primer nivel debatirán sobre la necesidad de generar canales para fortalecer el crecimiento en un mundo con cambios muy profundos.

Sturzenegger compartirá un panel sobre “Navegando entre tensiones e incertidumbres comerciales” con la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iwela, el ministro de Finanzas de Alemania, Jörg Kukies, su par de Marruecos, Nadia Fettah, y Danny, decano de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur.

“La tarea de desregulación encargada por el presidente Milei a este ministerio ya permitió la eliminación y derogación de cientos de leyes, junto con la puesta en marcha de numerosas desregulaciones tendientes a promover el crecimiento del sector privado, el empleo registrado y la promoción de las pymes, además de la reducción del peso del Estado a través de un achicamiento de su personal y de diversas dependencias del sector público”, aseguraron desde la cartera de desregulación.

El presidente Javier Milei finalizó su primer año de mandato con superávit fiscal, algo que no sucedía en la Argentina desde 2010 según datos oficiales. El ajuste que puso en marcha su Gobierno fue el más grande en más de tres décadas y estuvo explicado principalmente por un recorte de casi un tercio del gasto público. La promesa oficial es que en 2025 se mantendrá el orden en las cuentas públicas, una de las principales anclas del programa económico, y que se buscará una reducción en los impuestos.

La reversión del déficit heredado de la gestión de Alberto Fernández estuvo concentrada en unas seis partidas que explicaron la mayor parte del efecto “motosierra” de la que suele hacer referencia Milei: concentraron cerca del 70% de la caída total de las erogaciones por unos $38,9 billones, respecto al acumulado de 2023.

El mayor aporte lo hizo el gasto en jubilaciones que cayó $7,6 billones, sin contar el congelamiento del bono a los sectores de menores ingresos, y explicó el 20% del ajuste. Le siguieron obra pública (15%), transferencias a provincias (12%), programas sociales (10%) y salarios estatales (9%).

La única partida que mostró crecimiento del gasto el año pasado fue la de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La suba fue equivalente a $1,1 billones en términos reales.

Del total de gastos eliminados, las jubilaciones y pensiones soportaron el 19%, la inversión real directa (obra pública) el 15%, las transferencias a provincias el 17%, programas sociales el 12%, subsidios a la energía el 10% y salarios el 9%, entre los gastos más importantes. Los datos se desprenden de un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a los datos de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional (SPN) que informó este viernes el Ministerio de Economía.

El superávit primario, como diferencia entre ingresos y egresos, fue de $10,4 billones en 2024 o 1,8 puntos del PBI. El resultado financiero, teniendo en cuenta el pago de intereses de la deuda, fue de $1,764 billones, o 0,3 puntos del PBI. Es el primer saldo positivo en 14 años y el más alto en 16 años.

Los ingresos totales cayeron un 5,6%, mientras que el gasto primario descendió un 27,5% en términos reales. Entre un déficit fiscal de 4,4% del PBI en el periodo enero-diciembre de 2023 y un superávit fiscal de 0,3% del PBI en 2024 hay una diferencia de 4,7 puntos porcentuales del PBI. “Esta sería la magnitud efectiva del ajuste fiscal realizado”, precisó el Iaraf.

El trabajo resaltó que 15 de los 16 componentes del gasto sufrieron recortes interanuales en magnitud, en donde quedó reflejada la tensión con algunos gobernadores por menores giros discrecionales y una virtual paralización de la obra pública. Los de mayor caída fueron las transferencias de capital a provincias (-96%), inversión real directa (-70%) y transferencias corrientes a provincias (-67,8%). La excepción fue el gasto en asignaciones universales para la protección social que creció 39% real.

El gasto público total nacional tuvo un descenso interanual real del 26,4%, según el Iaraf. El ajuste superó ampliamente al 17% del año 2002, durante salida de la convertibilidad, que había sido la mayor reducción registrada previamente.

“Además, considerando el periodo 1993-2024, el ajuste fiscal de 4,7 puntos del PBI hecho en 2024, resultó ser el mayor ajuste anual realizado. Resulta importante resaltar que el mayor ajuste fiscal en términos del PBI realizado antes de 2024, correspondía al año 2021 (3,8 p.p. del PBI), no obstante, este ajuste es explicado fundamentalmente por el significativo aumento del PBI en el año posterior a la pandemia de COVID-19, ya que en términos reales el gasto total descendió un 1,7% respecto a 2020″, concluyó el Iaraf.

La vocación de Milei por sostener el orden en las cuentas públicas despertó asombro entre inversores, empresarios, analistas, medios y gobiernos de todo el mundo. Una de las dudas era cómo el Presidente podría avanzar con la motosierra en medio de la crisis económica heredada y con una representación escasa en el Congreso -tiene menos del 20% de las bancas en Diputados-. El primer año de mandato estuvo caracterizado por una reducción de la inflación mensual desde el 25,5% de diciembre de 2023, mes en el que el nuevo Gobierno aplicó una devaluación del 54% y disparó los niveles de pobreza, hasta el 2,7% que registró diciembre del 2024.

En medio de las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó recientemente la consolidación fiscal del Gobierno. También mencionaron que la sostenibilidad dependerá de la aceptación social y una mayor focalización de la asistencia. El mayor reclamo del organismo tiene que ver con la política cambiaria: piden salir del cepo y un dólar más flexible que permita acumular reservas.

A falta de la aprobación legislativa del Presupuesto 2025 que el Gobierno presentó en tiempo y forma a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 3/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, con la distribución de las partidas entre los ministerios, los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Tesorería y el servicio de la deuda pública.

Así lo establece el artículo 27 la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, como ocurrió en 2024, cuando el Gobierno debió tomar como base el Presupuesto de 2023, más la actualización del último año, para “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

En el Anexo I de la norma se desagrega en sus 254 folios el total de $170.786.950 millones de las partidas asignadas por cada jurisdicción. Representa un aumento de $81,1 billones en comparación con el total ejecutado por la Administración Central en 2024, y equivale a una suba del 90,5% nominal y 40,7% real, según la pauta de inflación para el promedio del año de 35,44%, implícita en el supuesto presentado al Congreso de 18,3% entre diciembre 2025 respecto de igual mes del año anterior.

Semejante incremento no implica el abandono de la “motosierra”, sello del gobierno de Javier Milei y que quedó de manifiesto en el primer año de presidencia, sino que responde a la concentración de vencimientos de la deuda pública que dejó la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, los cuales fueron estimados en $60,7 billones. Este monto sube respecto del ejecutado en 2024 en 544,5% en valores nominales y 375,8% descontado el efecto de la inflación proyectada.

El gasto primario -sin servicio de la deuda- se estimó inicialmente en $110,1 billones, con sendos crecimientos de 37,2% nominal y 1,3% en valores reales, en este caso equivalente a la cuarta parte del aumento real estimado del PBI (5 por ciento).

Ganadores y perdedores

Según los datos procesados por Infobae del citado Anexo I, se advierten áreas de Gobierno que contarán con aumentos de partidas y otros con nuevos recortes a los que ya registraron el año anterior.

Entre los aumentos en valores reales se destacan:

• Ministerio de Salud: 196,1%, contará con $6,16 billones, lo que representa una suba nominal 301 por ciento.
• Ministerio de Justicia: 156,3%, con $0,25 billones.
• Presidencia de la Nación: 65,2%, administrará $0,33 billones.
• Obligaciones a cargo del Tesoro: 35,1% y $13,13 billones.

El paso de la motosierra

Por el contrario, en la distribución de partidas se observa que la mayor parte de las jurisdicciones tendrán menos recursos asignados ajustados por la inflación esperada que el año previo, entre los que sobresalen:

• Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio del Interior: 44% de baja en valores reales, pasa de 4,48 a 3,74 billones de pesos.
• Poder Legislativo Nacional: 23,4%, a $ 0,55 billones.
• Ministerio Público: 23,3%, a $0,58 billones.
• Ministerio de Economía e Infraestructura: 20,4%, a $8,22 billones.
• Ministerio de Defensa: 17%, a $4,3 billones.
• Cancillería: 15,1%, a $0,54 billones.
• Ministerio de Seguridad: 11,8%, a $5,47 billones.
• Poder Judicial de la Nación: 8,7%, a $1,71 billones.
• Ministerio de Capital Humano: 2,5%, a $65,13 billones.

Otros aspectos destacados

• Prórroga presupuestaria: Se establecen los recursos y créditos presupuestarios vigentes en base a la Ley 27.701 (Presupuesto 2023), prorrogada para 2025 a través de los decretos 88/23 y 1131/24.
• Personal y contrataciones: Detalla los cargos y horas de cátedra incluidos en la prórroga presupuestaria. Exige certificar la vacancia y financiamiento para cubrir cargos vacantes.

• Control de modificaciones: Jurisdicciones y entidades deben notificar a la Secretaría de Hacienda cualquier modificación presupuestaria dentro de 5 días hábiles. La Oficina Nacional de Presupuesto tiene 8 días hábiles para aprobar o rechazar dichas modificaciones.
• Contribuciones al Tesoro Nacional: Jurisdicciones y entidades deberán ingresar en cuatro cuotas trimestrales, con fechas establecidas, salvo excepciones justificadas.
• Programación y ejecución: Obligación de presentar programación anual y trimestral de metas físicas y obras de proyectos. Se exige información sobre ejecución mensual para indicadores relevantes.
• Inversiones públicas: Ninguna obra podrá contratarse sin contar con la calificación de “formulación y evaluación satisfactoria” por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
• Montos indicativos: Los créditos presupuestarios de ciertas partidas y la clasificación geográfica tendrán carácter de referencia.
• Facultades delegadas: La Dirección y Subdirección de la Oficina Nacional de Presupuesto podrán modificar cuotas de hasta $50 millones por trimestre. La Secretaría de Hacienda puede establecer normas aclaratorias y prorrogar fechas de presentación.
• Régimen de retribuciones: Algunos funcionarios no están habilitados para el uso del Régimen de Unidades Retributivas establecido en normativas previas.
• Remanentes de recursos: Todos los remanentes del ejercicio 2024 deberán ingresarse a la Tesorería General antes del 30 de octubre de 2025, salvo excepciones legales

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, dio nuevas precisiones sobre el recorte del empleo público y cómo se repartió esa reducción entre personal de la Administración Pública Nacional, las Empresas Públicas y el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La reducción de la planta de empleados del Estado durante los primeros 12 meses de mandato del presidente Javier Milei, precisó, fue en total de 35.916 personas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, lo que equivale a una reducción del 7,2% del personal.

“En particular, la Administración Pública Nacional (uno de los pocos sectores que había registrado crecimiento en el empleo durante la última década en Argentina) experimentó una disminución de más de 21 mil puestos, lo que generó un ahorro de 4.012 millones de dólares”, dice un pasaje del comunicado de la cartera desregulatoria.

En el caso de la Administración Pública Nacional, la reducción fue de 21.408 empleos, equivalente a una reducción del 10,4% sobre ese subsector del Estado. En el caso de las empresas estatales la reducción fue de 11.951 puestos o cargos, equivalente a un recorte del 13,1% respecto de la dotación heredada por el actual gobierno en diciembre de 2023.

En cuanto a las modalidades de contratación, en la Administración Pública Nacional hubo una caída del 4,1% en el caso de los empleados de planta permanente y de planta transitoria, mientras que el recorte fue más pronunciado en el caso de los empleados contratados bajo la llamada “Ley Marco”, que cayeron 18,3%, y en especial en el de los monotributistas contratados bajo el decreto 1.109/17 (Contratos de “Locación de Obras y Servicios, conocidos como contratos LOyS), donde hubo motosierra profunda, con un recorte del 48,7% de los contratados; esto es, uno de cada dos monotributistas que tenían contrato de trabajo con el Estado.

Paradójicamente, el recorte más profundo en términos porcentuales se aplicó así sobre un tipo de contrato que había sido normada por un decreto de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, que imponía un límite de 12 meses a esas contrataciones y derogaba un decreto de 2008, del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre la contratación de “consultores profesionales”.

Para calcular el ahorro total a largo plazo el Ministerio encabezado por Sturzenegger utilizó el salario promedio ponderado de noviembre de 2024, según el tipo de contratación.

“Este cálculo se hizo aplicando el concepto de perpetuidad, que estima el valor de los salarios futuros que no se pagarán más, y luego se utilizó una tasa de descuento para obtener su valor actual.

El cálculo a perpetuidad, con la técnica de “Valor Actual” se aplicó a los diferentes tipos de contratación y arrojó como resultado un ahorro total de USD 4.012 millones: USD 2.114 millones de ahorro en el pago de los contratos firmados bajo la “Ley Marco”, USD 1.306 millones en los empleos de planta permanente y transitoria, y USD 592 millones en el caso de los contratos de “Locación de Obras y Servicios” (LOyS) con monotributistas

A la hora de las conclusiones, la cartera de Sturzenegger señala: “desde fines de 2023, la reducción del personal en el sector de APN ha generado un ahorro significativo” y que el ahorro logrado “demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”.

Los empleados del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en las instalaciones de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), se enteraron por mensajes de Whatsapp (horas antes de Año Nuevo) que este jueves 2 de enero no deberán presentarse a trabajar. El Gobierno, en el marco de una “reestructuración interna”, les avisó que deberán permanecer “en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursarán por etapas a los fines aludidos”.

Unos 50 empleados recibieron en las primeras horas de la tarde del 31 de diciembre el mensaje desde la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Julio Baños, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

“El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”, expresaba el texto que les enviaron.

Además les aclararon a todos los que hubieran adherido al plan de retiros voluntarios que se encuentra vigente que tampoco podrán ingresar a sus lugares de trabajo. “A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado ´trabajador imprescindible´ para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del día 02 de enero de 2025″, consignaron.

La actriz Lola Berthet, quien fue directora del Centro Cultural, publicó en Instagram: “Acaban de avisar que cierran el Conti por reestructuración y que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos y los que no entran en guardia pasiva y no pueden ingresar a partir del 2 de enero. Todo esto lo hacen a las 14 hs de un 31 de diciembre por WhatsApp. Este Gobierno es el mal en todo sentido. Todo mi apoyo a los y las trabajadores del @centroculturalconti lugar que tuve el placer de dirigir”.

El espacio que fuera creado en 2004 funciona como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos. Se realizan distintos tipos de actividades: cine, música, teatro, danza, literatura, artes visuales, fotografía y también recorridos educativos para recordar las atrocidades a las que fueron sometidos los detenidos desaparecidos en ese centro de detención clandestino durante la última dictadura militar.

El 26 de diciembre ya se había producido un repudio de los trabajadores a los más de 400 telegramas de despido que empezaron a llegar para el personal de la Secretaría, con un diálogo bastante subido de tono entre el gremialista de ATE Capital, Daniel Catalano, y Alejandro Urroz, un funcionario que se encargó de comunicar varios despidos en el área, a pesar de que no está formalmente designado en su puesto.

Al día siguiente, ante la amenaza de más despidos, como consecuencia de la reducción de la planta de trabajadores del Estado que impulsa la administración libertaria con su “motosierra” para que haya menos déficit de las cuentas públicas, hubo un abrazo simbólico al edificio de Avenida del Libertador 8151 que impulsaron los organismos de Derechos Humanos, sindicatos y partidos políticos.

Ese mismo 27, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 138.

La delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Paula Donadío, en declaraciones radiales contó que la Secretaría tiene actualmente alrededor de 800 personas trabajando, de las cuales a unas 200 que no son de la planta permanente no se les renovará el contrato. Como ocurrió en otras dependencias, esos vínculos se estaban renovando trimestralmente, pero esta vez serán interrumpidos.

Por ese motivo quienes se desempeñan en los Sitios de Memoria, junto a las Mesas y Comisiones de los ex centros clandestinos de detención Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Cevallos convocaron para este jueves 2 a las 10 de la mañana a una asamblea para “acompañar a lxs trabajadores en su ingreso a la ex ESMA”.

“El jueves 2/1 nos concentramos en la puerta de la sede de la Secretaría en la ex ESMA a las 10 así ingresamos todxs juntxs y realizamos la asamblea unificada. Luego vamos al Ministerio en micro para juntarnos con el resto de los sectores”, publicó la comisión de ATE.

“El equilibrio fiscal ha hecho que el riesgo país pase de niveles de 3.000 puntos cuando ganamos la elección a hoy debajo de 700, lo cual baja el costo del capital y favorece la inversión. Estamos eliminando la inflación, con lo cual se está eliminando la distorsión de precios relativos y eso favorece la acumulación de capital. Estamos bajando impuestos. Hicimos 800 reformas estructurales. Todos los días quitamos regulaciones”, aseguró el mandatario durante una entrevista con el periodista Alex Milberg para Forbes Argentina.

Enseguida, afirmó que “el ministerio de Federico Sturzenegger -que también es maravilloso- saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día” y recordó que “se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado”.

“Esa fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda. Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía", subrayó.

Entre las medidas más destacadas, Milei afirmó que tiene como objetivo eliminar el 90% de los impuestos actuales, conservando solo diez de ellos. Según el mandatario, esta simplificación apunta a disminuir la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas, buscando al mismo tiempo fomentar el crecimiento económico. En el ámbito laboral, en tanto, señaló que impulsará una reforma laboral integral.

“Vamos a seguir quitando regulaciones. Este año subimos 70 puestos en libertad económica. Pasamos del lote de los peores 35 al medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida en que nos permita el Congreso", detalló el Presidente.

En cuanto a las empresas estatales, Milei reiteró su compromiso con privatizar una gran parte del sector público, argumentando que el Estado no debería intervenir en actividades que, según él, pueden gestionarse mejor desde el ámbito privado. En esta línea, mencionó su intención de vender empresas estatales que actualmente operan con déficits significativos, aunque no especificó un cronograma ni los mecanismos para estas privatizaciones.

"Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional. Además, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos“, sostuvo el Presidente.

El mandatario también abordó la necesidad de reformas estructurales en el gasto público, proponiendo una fuerte reducción de partidas presupuestarias en áreas que considera innecesarias. Según Milei, estas medidas permitirán financiar la transición hacia un modelo de gobierno más “eficiente y sostenible”.

“Una forma de ganar competitividad en un modelo de transables y no transables es achicando el gasto público. Bajamos el gasto público 30% en términos reales”, explicó y destacó que el gobierno “viene bajando la pobreza de manera sustancial”.

Sin embargo, no quiso estimar en qué niveles de pobreza podría dejar el país al final de su mandato, previsto para 2027: “Yo no caigo en esas estimaciones. Yo me ocupo de hacer bien mi trabajo. Después, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las decisiones de los seres humanos que me exceden a mí, sobre todo siendo liberal. Teníamos controles de precios que ocultaban la verdadera pobreza (...). Para diciembre/enero, las estimaciones de González Rosada, de la Di Tella, dicen que era de 57% la pobreza verdadera que nos dejó el kirchnerismo. Hoy ese número está en 46%, la bajamos en 11 puntos porcentuales”.

Milei sostuvo que “hace más de seis meses que los salarios no solo le vienen ganando sistemáticamente a la inflación minorista, sino que le vienen pasando por arriba a Alimentos y Bebidas. La pobreza va a seguir cayendo. Erradicamos el peor impuesto que hay para los vulnerables, la inflación" y detalló que “la otra forma de seguir bajando la pobreza es generando crecimiento económico”.

El Presidente repitió que el ajuste que emprendió su gobierno cae sobre “la casta” y aseguró que “es mentira que cayó sobre la gente” al justificar que “cuando cortamos la obra pública, les pegamos a los chorros de los políticos”.

“Cuando vamos por una reducción de las transferencias discrecionales de las provincias, es a la casta. Cuando bajamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, se lo sacamos a los bancos. Cuando bajamos los ministerios de 18 a 8, cuando sacamos secretarías y subsecretarías, ¿a quién le pegó ese ajuste?“, le preguntó al periodista Alex Milberg y aseguró que ”estamos haciendo el mejor gobierno de la historia".

Este domingo Forbes Argentina publicó la nota completa a Javier Milei. La semana pasada había difundido un anticipo, que dio este medio, donde se expresaba el mensaje del Presidente a Mauricio Macri de cara a las elecciones del año que viene: “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”.

Consultado por sus modales, el mandatario argentino aseguró que no está dispuesto a cambiar. “A mí me votaron por ser como soy. Yo no soy un engendro del coaching”, dijo y destacó el trabajo de Santiago Caputo, una de las tres puntas del “triángulo de hierro” que conforma la mesa chica del Presidente junto a su hermana Karina Milei: “Una de las cosas por las cuales admiro a Santiago Caputo y soy feliz trabajando con él es porque en ningún momento tuvo la osadía de querer cambiarme. No voy a ficcionarme. Yo soy el que soy. Te gusta, bien. ¿No te gusta? No me votes“.

Milei explicó que así como Diego Armando Maradona se motivaba “mirando Rocky IV”, él lo hace “mirando Los 10 mandamientos” y explicó que su referencia es el personaje bíblico Moisés: “Algo que lo caracterizaba a Moisés era su gran humildad. Si este ser tan maravilloso no se subía al pony, ¿vos quién sos? Cuando el ego empieza a mostrar facetas fuera de los datos, estamos en problemas”.

Y contó que su hermana Karina es quien “me recontra caga a puteadas si me engancha meando afuera del tarro”. En ese sentido, el Presidente explicó que ella “es la tierra” y es “quien no me permite tener ni el más mínimo desvío de nada”.

No obstante, aseguró que no cree que Karina sea candidata en las elecciones legislativas de 2025: “El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no. Igual yo no me meto con esas cosas. Porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, actualizó hoy en un posteo en la red social X las cuentas sobre la disminución de empleo en el sector público, obra de la “motosierra” que el gobierno de Javier Milei ha tomado como ícono y como símbolo de su decisión de achicar el Estado y reducir el gasto público.

“Evolución de la dotación del sector público actualizado a noviembre. Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado”, escribió Sturzenegger. “En otras palabras -completó el ministro, a quien el presidente suele referirse como “Coloso” - es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC!”

Los datos que exhibió el ministro (ver gráfico, arriba) dan cuenta de una reducción total, al 30 de noviembre pasado de casi 36.000 empleos públicos, resultado de la sumatoria de las reducciones en la Administración centralizada y descentralizada (21.408), Empresas del Estado (11.951) y Personal Militar y de Seguridad (2.577 agentes menos) que arrojan exactamente un achicamiento de 35.936 puestos en el Estado Nacional y todas sus dependencias. El empleo provincial y municipal está fuera del alcance directo de las decisiones del gobierno central, aunque no de los efectos indirectos de sus políticas, que mediante la eliminación casi total de las transferencias “no automáticas” o discrecionales, ajenas al sistema de coparticipación federal, indujo a las gobernaciones provinciales a un manejo mucho más ajustado de los salarios y de sus plantas de personal.

Respuesta

El posteo de Sturzenegger es también una respuesta a las recientes y repudiables amenazas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos, cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, escribió en un posteo: “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, en referencia a los integrantes del gobierno nacional.

Aguiar hizo un posteo con una imagen generada por inteligencia artificial en el que se observa a cuatro supuestos empleados públicos, dos hombres y dos mujeres, identificados con pecheras de ATE, que munidos de dos motosierras se aprestan a cortarle la cabeza a un león, el animal con el que Milei se identifica a sí mismo y alecciona a sus seguidores.

Aguiar, quien afirmó explícitamente que no quiere “que le vaya bien” a Milei y al gobierno, rechazó los exámenes de idoneidad que empezó a tomar el gobierno a los empleados públicos. Y lo hizo en un momento en que, según datos oficiales consignaban la evolución de la planta total de personal estatal al mes de octubre.

El posteo de Sturzenegger, con los datos a noviembre, es una nueva ratificación de que el gobierno sigue y seguirá, en 2025, aplicando la “motosierra” en el gasto y en el empleo públicos. Cabe recordar que el Ejecutivo realizó también una drástica reducción en la cantidad de ministerios, que pasaron de 18 a 8, y eliminó el 33% de los puestos superiores en la estructura del Estado.

Qué dijo Milei

El propio presidente, en la entrevista que concedió a Forbes Argentina y que este fin de semana se publicó de manera completa, señaló: “El ministerio de Federico Sturzenegger saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día. Se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado. Esa fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda. Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”.

Cabe recordar, además, que en su primer año de gestión el Gobierno cerró aproximadamente 200 reparticiones del Estado. Además de los ministerios, que en la actualidad son ocho, y la reciente reestructuración de la AFIP, devenida ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), se incluyeron en el recorte secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, lo que fue recientemente detallado por el Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, quien expresó en su cuenta de X: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias. Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”.

En el listado de las 200 direcciones eliminadas se destaca la de áreas vinculadas a políticas de “género y diversidades”. El listado completo es el siguiente:

• COORDINACIÓN DE BASES DE DATOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS
• DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL
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Consultado durante una entrevista con Radio Mitre sobre si se arrepiente de la publicación, Aguiar expresó: “De ninguna manera. Lo que quedó claro es que a este Gobierno no le gusta tomar de su propia medicina. El Gobierno, más que preocuparse si se trata de una amenaza o no, lo que tiene que hacer es cumplir la ley y la Constitución y garantizar que se renueven los vínculos contractuales que vencen el 31 de diciembre”.

En ese sentido, alertó que en los próximos días vencen más de 57 mil contratos en el sector público: “Nosotros desde ATE no estamos dispuestos a tolerar un solo despido a fin de año”.

“Javier Milei nos declaró la guerra el 10 de diciembre de 2023. Para nosotros es el enemigo público número uno a derrotar”, insistió.

Aguiar publicó en sus redes sociales una imagen creada por inteligencia artificial que muestra a cuatro representantes de ATE con el logo correspondiente y el chaleco verde distintivo, con dos motosierras en las manos, una de ellas sobre el cuello de un león.

“En 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos”. Con estas palabras, el dirigente gremial aludió al símbolo utilizado por el presidente Javier Milei como parte de su retórica para justificar recortes en el sector público. “Más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos”, agregó.

Tras la publicación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que esa retórica busca imponer el miedo y la violencia como método, y enfatizó: “¿Querés jugar con fuego? Mirá que en este Gobierno no somos cobardes ni vamos a dejar pasar estos aprietes”.

Ante la posibilidad de que avance una denuncia penal en su contra, Aguar respondió: “Son de manual. Tres veces estuve preso con Mauricio Macri. ¿Habrá una cuarta? Espero que no porque quedaría demostrado que cuando asumió Milei se hirió de muerte a la democracia y nació un régimen autoritario“.

Aguiar exigió que el gobierno renueve los contratos de empleados públicos que vencen el próximo martes por un período mínimo de un año y acusó a la administración de promover la precarización laboral en el Estado. Asimismo, cuestionó el Sistema de Evaluación Pública, exigiendo la incorporación a planta permanente de los trabajadores que aprobaron las pruebas en su primera instancia, un porcentaje que, según él, alcanza el 96%.

El delegado de ATE también señaló que, de cara al próximo año, la estabilidad laboral debe volver a ser un derecho fundamental en el empleo público. Entre otras demandas, destacó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, y frenar lo que calificó como un “desguace del Estado” y la venta de su patrimonio.

Además de Bullrich, otros dirigentes del oficialismo, o cercanos a La Libertad Avanza, también repudiaron las declaraciones de Aguiar. “Hay que meterlo en cana (sic)”, señaló el presidente del bloque libertario en la legislatura bonaerense, Agustín Romo.

A su vez, el diputado José Luis Espert sostuvo: “El simio drogado del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, no entiende (o no quiere entender) que la motosierra del Presidente es para el gasto público que es robo para la gente de laburo. Si Aguiar salta así, ¿será parte del problema?“.

“Karina Milei, Santiago Caputo, Conan, Murray, Milton, Robert, Lucas, Aaron, y Javier Milei, más dos escarbadientes...”. Con esa frase, pronunciada en la noche del lunes en medio de la extensísima charla que mantuvo con Alejandro Fantino, centrada en la figura de John Keynes, Javier Milei aprovechó para resaltar la precariedad del sistema de toma de decisiones que implementó en su gestión de Gobierno, y que le alcanzó de todos modos para llegar a fin de año sin mayores sobresaltos, y con el dominio absoluto de la escena pública.

Con ese sistema, Milei encaró una política de gestión muy agresiva, atravesada por un fuerte recorte de la administración central y una reducción drástica del gabinete heredado que, sin embargo, no se evidenció en su anillo más cercano: en su primer año de mandato, el jefe de Estado expandió la estructura de la Presidencia con la creación de tres nuevas secretarías y el incremento de cargos hasta alcanzar un total de 222 entre la Secretaría General, la Legal y Técnica, Comunicación y Medios, Prensa, la Secretaría de Planeamiento Estratégico y Cultura, además de la SIDE y el Consejo de Asesores.

Así se consigna en el último informe del Observatorio de las Elites del Conicet y la UMET, confeccionado por Pablo Salinas y Ana Castellani -investigadora y ex secretario de Gestión y Empleo Público del anterior gobierno-, adelantado a este medio. “El tamaño de la estructura de Presidencia es superior a dos ministerios que tienen despliegue territorial nacional como Capital Humano y Seguridad, y que, en el caso del primero, concentra las funciones de tres ministerios en uno (Trabajo, Educación y Desarrollo Social)”, sintetizaron los especialistas.

Entre secretarías y subsecretarías, Presidencia alcanzó este año 25 casilleros, mientras que Capital Humano llegó a 20, y Seguridad a 12.

La información, incluso, no está completa porque fue recopilada en base al mapa del estado que reúne la estructura organizativa de la administración central y que aún no fue actualizada en el caso de algunas áreas como la SIDE, que tuvo movimientos en las últimas semanas. Se supone, entonces, que el número de cargos de la Alta Dirección Pública (ADP) es aún mayor. En comparación a los últimos datos conocidos del gabinete de Alberto Fernández, por ejemplo, que dobló a esta gestión en cantidad de ministerios, terminó con 229 cargos en torno a Presidencia, es decir, casi el mismo número que en la actualidad y con decenas de casilleros sin actualizar.

Milei inició su gestión, en diciembre pasado, con nueve ministerios, y hacia el final de su primer año de gobierno redujo en uno en el organigrama: Economía primero absorbió a Infraestructura tras la salida del fallecido Guillermo Ferraro, después la Jefatura de Gabinete hizo lo propio con Interior, que fue degradado a una vicejefatura bajo el paraguas del ministro coordinador, y a mediados de año se creó el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que se hizo cargo de la supervisión y ejecución del recorte de un buen número de áreas de gobierno.

En paralelo, el área de Presidencia no paró de ampliarse, con un liderazgo muy nítido de Karina Milei, “El Jefe”, y de funcionarios vinculados estrechamente con algunos de los tres vértices del “triángulo de hierro”, que completan el jefe de Estado y Santiago Caputo, hasta llegar a ocho reparticiones, que son secretarías: se trata de Javier Herrera Bravo, Manuel Adorni, Sergio Neiffert, Eduardo Serenellini, María Ibarzabal Murphy -una abogada del riñón del consultor estrella de la Casa Rosada que trabó además un vínculo estrecho con el mandatario-, Leonardo Cifelli y Demian Reidel.

En ellos, Milei concentró buena parte del poder de la administración central.

“Es interesante observar cómo se ha concentrado más poder en el área en general y en las secretarías General y de Comunicación y Medios, en particular”, destaca el informe. En el caso de la hermana del presidente, desde que asumió sumó Cultura, que antes dependía de Capital Humano, y la agencia para la promoción de inversiones que estaba bajo el ala de Cancillería. En el caso de Adorni, pasó de una subsecretaría a una secretaría con el control, por ejemplo, de la ex agencia Télam y Contenidos Públicos.

Se trata de dos casos relevantes porque entre ambos funcionarios suman buena parte de los 222 cargos mencionados: 90 en el caso de la Secretaría General y 54 de Comunicación y Medios. Cultura, por su parte, cuenta con 64 funcionarios entre direcciones y el área de coordinación, entre otras.

Entre la oficina de la hermana del presidente y la de Adorni, que desde hace meses tiene un cargo cada vez más relevante, se concentran además dos pilares fundamentales del proyecto libertario: el armado político, a cargo de Karina Milei, y la estrategia de comunicación política en la que talla principalmente el consultor Caputo, que solo tiene una contratación en la Secretaría General a pesar de su poderío interno cada vez más rutilante.

En Presidencia, además de la concentración y la expansión en recursos humanos, se dio este año un fenómeno particular: de las casi 70 salidas que hubo en el 2024 en la administración central, sin contar los organismos descentralizados, solo el 6% correspondió a esta área.

En el marco de la intención oficial de ajustar el sector público, en su primer año de gestión el Gobierno de Javier Milei ya cerró aproximadamente 200 reparticiones del Estado. Además de los ministerios, que en la actualidad son ocho, y la reciente reestructuración de la AFIP, devenida en ARCA, se incluyeron en el recorte secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales. Infobae accedió al listado de las principales. Se destaca la eliminación de áreas vinculadas a políticas de género y diversidades.

El Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, dijo a través de su cuenta de X: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias. Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”.

“Nos encontramos con áreas que cumplían funciones o tareas que puede hacer el sector privado o con otras que directamente cumplían funciones que le corresponden a las provincias o municipios rompiendo el federalismo”, agregó.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, citó la publicación del funcionario y dijo: “En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables. Gracias al Secretario de Transformación Maximiliano Fariña que junto a cada una de las áreas de gobierno (imposible mencionarlas todas acá) logró estas adecuaciones”.

Y finalizó: “Gracias sobre todo a Javier Milei por la convicción y liderazgo en la necesidad de reducir el Estado”.

Como correlato, cabe mencionar que desde la cartera de Sturzenegger informaron recientemente que durante los primeros 11 meses de su mandato, el Gobierno desvinculó 34.000 trabajadores del sector público ya sea a través de despidos o ceses de contratos. Esto implicó una reducción del 7% del personal del Estado Nacional. De esta manera, se generó un ahorro de USD 3.820 millones.

De acuerdo al Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.

Cuáles son las áreas eliminadas

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El presidente Javier Milei estuvo de gira por Italia, donde viajó para reafirmar su buena relación con la primera ministra, Giorgia Meloni, y para reunirse con empresarios locales que le prometieron inversiones en la Argentina.

En ese contexto, el jefe de Estado le dio una entrevista al diario Líbero, donde lo catalogaron como una “figura revolucionaria”, de esas que suelen generar adhesiones pero también muchos enemigos. Y al ser consultado sobre si eso no le hacía temer por su vida, respondió de forma contundente: “No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.

En la misma charla, el mandatario argentino destacó las figuras de Donald Trump y Elon Musk, consideró que tiene “un 60%” de respaldo en la Argentina y señaló que hay un factor decisivo para que su gobierno logre resultados económicos: “La clave del éxito del programa es la motosierra”.

Sobre este último punto aseguró que “si hubiéramos aumentado los impuestos para restablecer el equilibrio fiscal, habríamos entrado en recesión. Al recortar el gasto público aseguramos que el sector privado no sufriera, dando un impulso a la economía”.

Además de reiterar su idea de conformar una coalición internacional de partidos de derecha dijo sobre Trump, recientemente electo como nuevo presidente de los Estados Unidos que “es un gran defensor de la libertad y un firme opositor del socialismo, sabe que ese es el enemigo. La suya es una visión intuitiva, sus ideas no provienen de la academia, pero lo que dice contra el socialismo es épico”.

“Lo he hablado varias veces, está formado por Trump, (Giorgia) Meloni, (Nayib) Bukele y (Benjamín) Netanyahu”, especificó sobre esa probable unión de líderes que comparten una misma ideología. “Si logra erradicar el cáncer de la ideología woke, (Europa) se salvará”, advirtió.

También el magnate Elon Musk fue una figura que ensalzó el primer mandatario argentino. “Elon Musk es el Thomas Edison, el Leonardo da Vinci del mundo contemporáneo. Está a años luz de todos nosotros”, expresó. Y luego amplió el concepto: “Musk entiende cómo funciona el sistema económico, su idea está perfectamente alineada con la Escuela Austríaca de economía. La primera vez que lo conocí me dijo que se despierta todos los días pensando en cómo resolver los problemas de la humanidad. Musk desempeña el papel del empresario tal como lo configuró la Escuela Austríaca y ciertamente constituye una revolución impresionante en términos de valores”.

Al realizar un balance de este viaje por Italia, el 18° que hizo al exterior desde que es Presidente, el primer mandatario destacó sus encuentros con empresarios que poseen inversiones en Argentina. “Sin duda me llevaré a casa las inversiones de Rio Tinto y Stellantis, la profundización de los vínculos existentes entre Italia y Argentina. Y hemos puesto otra bandera en nuestra misión de difundir la libertad a nivel político”, describió. Río Tinto es una empresa de capitales australianos y británicos que acaba de anunciar un acuerdo para la explotación de litio en la provincia de Salta por 2.500 millones de dólares al amparo del RIGI (Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y Milei se vio con su CEO, Jacob Stausholm.

Con John Elkann, a cargo de la automotriz Stellantis -que controla, entre otras, a la marca Fiat-, hablaron de la posibilidad de fabricar las camionetas RAM en territorio argentino.

Milei sostuvo que la primer ministro italiana Giorgia Meloni “tiene valores muy sólidos, una fuerza admirable y se ve obligada a luchar contra un verdadero nido de ideologías despiertas”, dijo que su experiencia comercial con China “es muy positiva, es un socio comercial que no impone condiciones” y también afirmó que comparte muchas de las ideas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Comparto las ideas de Netanyahu, es un político brillante con una visión muy clara de a lo que se enfrenta. Creo que la defensa de Israel es ante todo una defensa de los valores occidentales. Por eso la izquierda lo ataca: Israel es un bastión de la moral capitalista y de la civilización occidental”, manifestó.

“Faltan 214 días”, decía el último viernes el cartel que mira todos los días Federico Sturzenegger antes de entrar en su oficina en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Allí figura la cuenta regresiva de los días que le quedan al Poder Ejecutivo antes de que se venzan las facultades delegadas por el Congreso para eliminar funciones, competencias y trámites que, en la visión oficial, son innecesarios.

La premisa de trabajo en la cartera es promover “la agenda de la libertad” y desde este lunes quedan 211 días para cumplir el objetivo sin obstáculos legislativos.

La herramienta fue habilitada tras la reglamentación del paquete de reformas que impulsó el Gobierno en la Ley Bases, de la que Sturzenegger es el autor principal, y tiene vigencia hasta el 8 de julio del 2025. Junto con el DNU 70/2023, explicó las principales desregulaciones y recortes que llevó adelante el ministro en los cinco meses que lleva oficialmente en su cargo.

Para “El Coloso”, como el Presidente llama afectuosamente a Sturzenegger, es el momento de acelerar con la agenda de desregulación y “motosierra”. Hubo anuncios de medidas vinculadas al transporte, el sector automotor, el empleo público, la reforma laboral, alquileres, comercio exterior, la salud y el turismo, entre otros sectores.

Si bien muchas de esas iniciativas recién se implementaron y están relacionadas con una agenda “de la micro”, ya se cuentan por decenas.

Estas políticas han tenido tanta repercusión que el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (D.O.G.E), promovido por Donald Trump para desburocratizar al gobierno de los Estados Unidos, se inspiró en la gestión de Milei y contará con la participación de empresarios como Elon Musk y Vivek Ramaswamy.

Es en este contexto, Infobae recopiló las principales desregulaciones y recortes que llevó adelante Federico Sturzenegger, tanto a través de la Ley Bases o el DNU 70/2023 como desde su Ministerio.

Empleo público

• Se redujo la planta del Estado en unos 33.000 puestos y podrían ser más en los próximos meses.
• Habrá exámenes de idoneidad para ocupar cargos públicos.
• Los empleados de planta permanente de la Administración Pública Nacional (APN) pueden pasar a disponibilidad en caso de que su organismo cierre o se disuelve.

• Se impulsó la jubilación de empleados públicos que están en condiciones de retirarse y se puso en marcha un convenio con Anses para identificar quienes cuentan con los 30 años necesarios de aportes.

Reforma Laboral

• La reglamentación busca “simplificar” las relaciones en el mercado de trabajo e incentivar la creación de empleo privado registrado.
• Sistema de acuerdo mutuo: se agregó la posibilidad de que empresas y sindicatos acuerden un esquema alternativo y optativo para finalizar la relación laboral. Hay tres opciones: fondo de cese, seguro y cancelación individual.
• Trabajadores independientes: permite la contratación de hasta tres personas para una tarea específica sin generar relación de dependencia.
• Período de prueba: se extendió de 3 a 6 meses y, en algunos casos, hasta un año.

Alquileres

El DNU 70/2023 introdujo cambios importantes en la forma en que se pactan los contratos de locación de viviendas:

• Tras la derogación de la Ley de Alquileres de 2020, los contratos volvieron a regirse por la legislación del Código Civil y Comercial de la Nación.
• Anteriormente, los contratos solían tener una duración de tres años con ajustes semestrales, pero desde enero 2024 se introdujeron ajustes trimestrales, cuatrimestrales o semestrales (entre otras opciones), que deben ser acordados por las partes en el documento a firmar.
• Libertad para elegir índice de actualización, frecuencia de los ajustes y moneda de cambio.

• Los contratantes tienen la libertad de acordar cualquier tipo de garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Industria y comercio

• Eliminación de normativas: Ley de Góndolas, del régimen de supermercados, del Observatorio de Precios y de las leyes de Abastecimiento; de estampillado; de valores criterio para importaciones, y de Recar.
• Habilitación de propinas a través de pagos digitales.
• Desregulación del Sistema postal.
• Liberación de la exportación e importación de Obras de Arte.

Transporte

• Cambios en estacionamiento: nuevas posiciones habilitadas.
• Reforma del Código Aeronáutico; autorización a operar en el país a las tripulaciones y aeronaves extranjeras en vuelos comerciales; las empresas podrán ofrecer sus servicios a otras aerolíneas; vuelos internacionales con escalas previas.
• Desmonopolización de Intercargo como única empresa de servicio de rampas.

• Eliminación de exclusividad: organismos de la APN ya no están obligados a comprar exclusivamente pasajes con Aerolíneas Argentinas.
• Simplificación de trámites para la autorización de aeronaves pequeñas.

Sector automotor

• Modificación del Registro de Transporte Único Automotor (RUTA): eleva la capacidad mínima para que un vehículo sea considerado como transporte de carga.
• Desregulación del transporte interjurisdiccional: flexibiliza los requisitos para dichos operadores dándole plena libertad para definir modalidad, cantidad, trayectos, horarios y tarifas de sus servicios entre los partidos del conurbano y CABA.
• Desregulación del transporte automotor de larga y media distancia: permite que cualquier operador de transporte de pasajeros pueda entrar a los aeropuertos y puertos. Las personas podrán trasladarse en transportes grandes a nodos centrales y luego ser derivados en combis o vehículos más pequeños a otros destinos.

*este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly

En Argentina diciembre suele ser un mes tenso, y no solo por las fiestas. En 2001, los saqueos en supermercados derivaron en una violencia callejera más amplia, lo que obligó a dos presidentes a renunciar en rápida sucesión antes de Año Nuevo. En la última década, mientras la economía tambaleaba de una crisis a otra, las protestas se convirtieron en una especie de tradición navideña.

Este año, algunos observadores se preguntaron si las protestas de diciembre volverían. Después de todo, el presidente Javier Milei ha pasado su primer año en el cargo reduciendo drásticamente el gasto público y los subsidios a la electricidad, el gas natural, el agua y el transporte público, cumpliendo con su promesa de “cortar” el presupuesto con una motosierra. Algunos analistas incluso debatieron la probabilidad de un “escenario de helicóptero”, en referencia a la huida del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 de la sitiada Casa Rosada.

En cambio, Buenos Aires está sorprendentemente tranquila. Los argentinos, aunque no del todo optimistas, están saliendo de un período prolongado de profundo pesimismo.

Visité Argentina en abril y ya estaba claro que casi todos habían subestimado a Milei, incluido yo. Antes de la segunda vuelta presidencial, dije en The Wall Street Journal que la competencia entre Milei y el ministro de Economía peronista (Sergio Massa) era una elección entre “alguien que puede gestionar predeciblemente el declive de Argentina y alguien cuyos intentos de revolucionar la gestión económica pueden incendiar la casa”.

Resulta que quien estaba equivocado era yo. Para cuando volví a Argentina en octubre, los éxitos de Milei eran innegables. Había doblegado al presupuesto, reducido la inflación y lo hizo sin desencadenar disturbios sociales ni una paralizante lucha con los sindicatos. La inflación, impulsada por el gasto excesivo y la emisión descontrolada de pesos, había bajado del 25% mensual en diciembre a menos del 3% mensual. El gobierno ahora gasta menos de lo que recauda en impuestos. El “Riesgo País”, un indicador de los precios de los bonos, está en su nivel más bajo en cinco años, lo que indica confianza de los inversores en que se les reembolsará.

Las políticas económicas radicales de Milei apenas le han costado apoyo popular. En su discurso inaugural, advirtió que “no hay alternativa al shock” y, un año después, aparentemente la mayoría de los argentinos está de acuerdo. En la encuesta de Poliarquía de noviembre, Milei registró un 56% de aprobación, exactamente el mismo nivel de apoyo que obtuvo en las elecciones. La confianza del consumidor está en alza. Ha habido varias huelgas nacionales de centrales sindicales y dos protestas multitudinarias contra los recortes en universidades públicas, pero en general, los argentinos están tranquilamente tomando mate.

¿Por qué la mayoría nos equivocamos con Milei? En parte, porque la magnitud de los problemas de Argentina habría sido desalentadora incluso para un político experimentado con un apoyo público abrumador, y Milei no tenía ninguna de esas cualidades. Antes de su elección al Congreso en 2021, era conocido como un polemista televisivo que había clonado a sus perros. En la primera vuelta de las elecciones del año pasado, obtuvo solo el 30% de los votos. Incluso los votantes de Milei a menudo describían su elección como un salto al vacío.

El programa económico de Milei resultó ser más práctico que el resto de su plataforma, que incluía propuestas libertarias como liberalizar la tenencia de armas y abrir un mercado de órganos humanos. Aun así, los argentinos tienen poca paciencia con las reformas económicas ortodoxas, y parecía probable que el sonido de Buenos Aires volviera a ser el estruendo de cacerolas en protesta perpetua.

Pero, tras haber probado todas las demás opciones, los argentinos demostraron estar dispuestos no solo a elegir a Milei, sino a darle una oportunidad de cambiar las cosas. El país había intentado de todo, incluyendo 16 años de populismo con Néstor Kirchner, su esposa Cristina y su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, además de un experimento de reformas gradualistas pro mercado que fracasó estrepitosamente.

Las excentricidades de Milei, mientras tanto, ahora parecen ser una ventaja, no un defecto. Cuanto más extravagante se comporta, menos se asemeja a los líderes desacreditados que le precedieron.

La política de Milei en la práctica

La presidencia también ha cambiado a Milei. Esto es quizás más evidente en su enfoque hacia el Congreso. Su recién fundado partido La Libertad Avanza tiene solo 39 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados, seis de los 72 del Senado y ninguna gobernación. En la oficina del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, frente a un busto de su tío, el ex presidente Carlos Menem, un mapa del Congreso codificado por colores parece garantizar un estancamiento legislativo.

Sin embargo, Milei, doctrinario y combativo, ha avanzado en sus sueños de reestructurar la economía argentina. En junio, tras seis meses de disputas públicas y negociaciones privadas, él y los legisladores acordaron un importante proyecto de reforma pro mercado que incluye incentivos para empresas que inviertan al menos 200 millones de dólares, la privatización de varias empresas estatales y reformas laborales.

Milei no obtuvo todo lo que deseaba; por ejemplo, el Congreso rechazó privatizar la aerolínea nacional y la petrolera estatal. Milei declaró recientemente que su resentimiento hacia el Estado sigue siendo “infinito”. Sin embargo, tras cerrar 11 de los 18 ministerios, parece satisfecho. Su fervor revolucionario ya no incluye la dolarización, una pieza clave de su campaña. Se ha mostrado cómodo negociando con miembros de lo que despectivamente llama la “casta”, incluidos gobernadores peronistas.

Las cosas aún podrían descarrilarse, como ocurre a menudo en Argentina.

Los inversores están entusiasmados con Milei. Pero, fuera de los sectores de energía y minería, no se apresuran a invertir. Hay varias razones para ello, ninguna de ellas fácil de abordar.

Muchos de los logros de Milei son fácilmente reversibles, y su estilo político divisivo dificulta construir una coalición duradera con el centroderecha o reclutar peronistas moderados. Las reservas de divisas son bajas, lo que complica la eliminación de los controles de capital. El último experimento pro mercado, bajo el presidente Mauricio Macri, terminó mal, dificultando cambiar la reputación del país de tener crisis recurrentes. Lo mismo ocurre con los litigios no resueltos con inversores y acreedores. El Mercosur sigue siendo el Mercosur, lo que dificulta abrir la economía.

Eventualmente, la oposición peronista podría reagruparse, desafiando a Milei en el Congreso y debilitando su monopolio sobre la conversación pública. De cualquier manera, la sociedad podría cansarse del shock. Se espera que la economía argentina se contraiga un 3,5% este año. La pobreza está en aumento, al igual que el desempleo, que ahora es la principal preocupación de los votantes. Las jubilaciones no están siguiendo el ritmo de la inflación. Si la popularidad de Milei disminuye, sus alianzas intermitentes en el Congreso podrían romperse nuevamente, quizás cuando se acerquen las elecciones de medio término en octubre.

No ayuda que Milei busque peleas innecesarias. Es admirado en Mar-a-Lago y Elon Musk es su fan, pero en Argentina, muchas de sus posturas están muy lejos del consenso general. Esto incluye su aparente simpatía por los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la “guerra sucia”, su admiración por Margaret Thatcher y su escaso entusiasmo por las reivindicaciones argentinas sobre las Islas Malvinas.

En cuanto a los recortes presupuestarios, el Fondo Monetario Internacional tiene opiniones mixtas sobre Milei. Si bien le insta a eliminar los controles de capital, también le advierte que los recortes “no recaigan desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”. También hay preocupación por el impacto de recortar obras públicas en la productividad y competitividad a largo plazo. En septiembre, el FMI apartó a su principal funcionario para América Latina de las negociaciones con su principal prestatario.

Aun así, dado el nivel de crisis que Argentina había alcanzado, no sorprende que Milei siga bajo tierra tras 12 meses en el poder. De hecho, es notable lo cerca de la superficie que ha llegado.

El Gobierno Nacional decidió eliminar el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, junto con el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), a través del Decreto 1077 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según las autoridades, la medida responde a la necesidad de optimizar el gasto público y alinear las prioridades administrativas con la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en diversas áreas.

Esta decisión implica también la derogación de los decretos 915/10 y 716/20, normativas que sostenían la creación y financiamiento de infraestructura en parques industriales a través de aportes no reintegrables (ANR) y créditos a tasa bonificada.

“El Decreto 915 había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario con el supuesto objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos a través del otorgamiento de ANR y Créditos a Tasa Bonificada. Posteriormente, se había creado el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales; el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) y el Observatorio Nacional de Parques Industriales”, precisó la Secretaría de Comercio.

A su vez, repasó que el RENPI apuntaba a recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas allí radicadas, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas. En tanto, con el objetivo de profundizar la implementación de las políticas públicas vinculadas con el tema se había impulsado, mediante el Decreto Nº 716, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

Según el Gobierno, el programa, inicialmente ideado para promover la planificación territorial y el desarrollo industrial, sufrió diversas irregularidades. Según cifras oficiales, se otorgaron 309 ANR, pero menos de la mitad presentaron una rendición de cuentas adecuada. En muchos casos, los fondos no fueron destinados a cumplir los objetivos previstos, como la mejora de la infraestructura intra y extramuros de los parques. Además, gran parte de los proyectos asociados a estos fondos quedaron inconclusos, mientras que otros se habrían utilizado con fines políticos, favoreciendo a distritos específicos, precisó el Gobierno.

Gastos no prioritarios

El Gobierno justificó la eliminación del programa argumentando que estos gastos no eran prioritarios en el actual contexto económico. La medida se enmarca en un plan más amplio de estabilización macroeconómica y aumento de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

De acuerdo con el decreto, el programa no logró cumplir su función de fortalecer las capacidades productivas de los parques industriales ni beneficiar sustancialmente a las empresas radicadas en ellos. Por otro lado, la administración destacó que parte de los fondos destinados al programa no fueron utilizados para promover el desarrollo industrial, sino para obras menores y desvinculadas del fortalecimiento de los parques.

Preocupación de los industriales

Si bien los industriales admiten, por lo bajo, que esos programas habilitaban un “despilfarro de fondos que no tenían justificación”, y que es correcta la decisión de derogar todo para barajar y dar de nuevo, no deja de generar preocupación acerca de cuál será ahora la política de parques industriales, y si efectivamente la habrá. Para muchos, es una medida más que blanquea cuáles son las prioridades del Gobierno, que según ellos, claramente no es la actividad manufacturera.

Desde la UIA anticiparon que la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, está trabajando en un nuevo plan, que se lo haría saber en los próximos días a los industriales. Pero lo que está claro es que no incluirá subsidios.

La relación entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha tensado recientemente debido a la ausencia del presidente Javier Milei en la 30ª Conferencia Industrial organizada por la central fabril. Esta inasistencia fue interpretada por los industriales como una señal de desinterés hacia el sector productivo, especialmente en un contexto donde se discuten políticas de apertura económica que podrían afectar la competitividad de la industria nacional.

Además, la implementación de medidas como la reducción de aranceles a las importaciones generó una fuerte preocupación en varios sectores. Los industriales argumentan que, sin una reducción concomitante de impuestos locales y ajustes en la política cambiaria, estas decisiones podrían perjudicar a la producción nacional al no poder competir en igualdad de condiciones con los productos importados.

Salamanca, 29 oct (EFE).- Un hombre de 31 años ha resultado herido en una mano al ser agredido con una motosierra esta madrugada en la plaza de la Constitución del municipio salmantino de Fuentes de Oñoro, en la frontera con Portugal, mientras que por el momento se desconoce el paradero de la persona que ha causado esas heridas.

El suceso ha ocurrido cerca de la una y media de la madrugada, tras lo que el Centro de Emergencias ha recibido una llamada que alertaba de lo ocurrido y ha dado aviso a los cuerpos policiales y el equipo sanitario, según ha informado el Servicio 1-1-2 en una nota de prensa.

El personal sanitario ha atendido al herido, que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca, mientras que no ha trascendido por el momento ninguna información sobre su agresor y el resto de circunstancias del suceso. EFE

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La escena en el sótano de la casa de Candace Craig revelaba más que un acto de violencia: una traición familiar en su estado más crudo. Allí, bajo bolsas de basura y restos de limpieza, los detectives de Maryland hallaron el cuerpo desmembrado de Margaret Craig, de 71 años, quien en vida fue enfermera y una abnegada madre de familia que nunca imaginó su trágico final. La responsable de este acto, según la justicia, fue su propia hija, Candace Craig, quien acaba de ser declarada culpable en un juicio que ha estremecido a la comunidad de Prince George’s County.

En un veredicto que tardó menos de una hora en deliberarse, el jurado encontró a Craig, de 46 años, culpable de asesinato en primer y segundo grado, así como de manipulación de pruebas y disposición ilegal de un cadáver, según reportó The Washington Post. El motivo de este crimen se remontaba, según los fiscales, a una disputa familiar que escaló de manera violenta: la anciana madre había confrontado a su hija por cargos fraudulentos en su cuenta bancaria, tras descubrir que la situación financiera de ambas se desmoronaba bajo las presiones económicas de Craig.

Era el 23 de mayo de 2023 cuando Margaret Craig lanzó un grito ahogado, captado solo por una persona: Salia Hardy, su nieta de 21 años, quien vivía en la casa. Hardy, que posteriormente testificaría en contra de su madre, describió cómo ese día escuchó el alarido de su abuela seguido de un silencio inquietante. Cuando intentó acercarse al cuarto de Margaret, su madre le dio una orden clara: “No entres allí”. Hardy obedeció, pero el hedor y la visión que hallaría más tarde detrás de aquella puerta marcarían el inicio de una pesadilla que la involucraría en uno de los crímenes familiares más brutales que haya presenciado la localidad.

Según su testimonio, citado por NBC News Washington, al día siguiente de la muerte de su abuela, Hardy entró en la habitación de Margaret y encontró su cuerpo en un recipiente plástico, cubierto con una bolsa negra y con restos de sangre en la alfombra. La joven, atónita, confrontó a su madre sobre lo que había encontrado. La respuesta fue tan fría como directa: tenían que deshacerse del cuerpo. ¿Cómo? Craig le planteó varias opciones: “Quemarlo, disolverlo en ácido o descuartizarlo”.

Intentos de ocultar la verdad

Candace Craig parecía determinada a que nadie encontrara los restos de su madre. Según el relato de Hardy, en un primer intento, la mujer intentó incinerar el cuerpo en el patio trasero. Para ello, compraron gasolina en una ferretería y herramientas para avivar el fuego en una parrilla, pero las llamas captaron la atención de los vecinos. Al día siguiente, con la ayuda de Hardy, volvieron a llevar el cadáver al interior de la casa, permitiendo que “se enfriara” para continuar con sus planes de destrucción.

Entonces, Craig dio un paso más allá: ordenó una sierra eléctrica por Amazon y, días después, comenzó a cortar el cuerpo en el sótano. Hardy recordaría más tarde con terror aquella escena, describiendo cómo su madre levantaba el cráneo de su abuela y decía, mientras hacía los cortes, “Esta es la parte difícil”. El sótano se tornó en un lugar siniestro, repleto de herramientas de limpieza, manchas de sangre y un doloroso silencio que abrumaba.

El 2 de junio, después de días sin recibir noticias de Margaret Craig, un familiar preocupado acudió a la policía. Según People, los oficiales llegaron para una revisión de bienestar, y el olor a descomposición los recibió apenas cruzaron la entrada. En el sótano, hallaron las bolsas con restos humanos, manchas de sangre y la sierra. Candace Craig, en su primer interrogatorio, negó todo, insistiendo en que su madre tenía la costumbre de salir sin avisar y que pronto regresaría. Sin embargo, su versión fue insostenible ante el cúmulo de pruebas.

La fiscalía, liderada por la Asistente del Fiscal del Estado, Shauna Coleman, presentó un caso sólido durante los ocho días de juicio, basándose en 600 piezas de evidencia y los testimonios de más de 30 testigos. Entre ellos estaba Hardy, quien detalló cómo su madre había intentado implicarla a ella y a su hermana menor en el crimen. Craig, en una jugada arriesgada, había dicho a los oficiales que no solo era inocente, sino que sus hijas, ambas con discapacidades, estaban involucradas en la muerte de su abuela.

El móvil del crimen se reveló tan crudo como los métodos para intentar ocultarlo. Según los registros bancarios, Margaret Craig había comenzado a notar cargos inusuales en sus cuentas desde marzo de 2023. Con una llamada grabada que fue reproducida en la corte, la anciana le decía a un representante de Capital One: “No tengo dinero. No tengo dinero para pagar mis cuentas”. Los cargos, realizados en su mayoría por Candace Craig, habrían sido el detonante de una serie de disputas que culminaron en el homicidio.

Margaret intentó proteger sus ahorros creando una cuenta separada para recibir su pensión y su Seguridad Social, ingresos que usaba para mantener a su hija y a sus nietos. Sin embargo, esto no detuvo a Candace, quien incluso usó a su hija más joven para llamar al banco en busca de tarjetas de débito que pudieran utilizar sin el conocimiento de Margaret.

Un veredicto rápido

La escena en la sala de juicio fue tensa cuando el jurado volvió con su decisión. Los familiares de Margaret Craig, muchos de ellos inmigrantes de Trinidad y Tobago, llenaron las bancas y escucharon atentamente mientras se leían los cargos y se declaraba a Craig culpable en todos ellos. Las lágrimas y los abrazos rompieron el silencio, mientras la fiscalía celebraba la decisión. Shauna Coleman, visiblemente emocionada, declaró ante los medios: “Esta mujer, que debería haber cuidado de su madre, decidió traicionarla y robarle su vida por avaricia. Hoy la justicia habló”.

A pesar del fallo abrumador, los defensores de Craig intentaron ofrecer una versión alternativa, alegando que las pruebas eran circunstanciales y que el motivo financiero no probaba directamente el asesinato. Allison Heldreth, abogada de la defensa, insistió en que el fiscal estaba retratando a su cliente como “un monstruo” para encubrir una falta de pruebas claras. Incluso argumentaron que la causa de muerte no era concluyente y que la misma nieta, Hardy, no había visto a su madre en el momento exacto del asesinato, sugiriendo que el crimen pudo haber sido obra de otra persona en la casa.

Sin embargo, la defensa no logró convencer al jurado, que deliberó en menos de una hora, tras días de escuchar los detalles más oscuros de la relación entre madre e hija. Al salir del tribunal, los familiares de Margaret Craig, con el peso de su pérdida y la amarga revelación de la traición, optaron por el silencio. Un pariente, al ser abordado por los periodistas, se limitó a decir: “Nos han quitado a alguien que nunca debió haber sido lastimada. No hay más que decir”.

Candace Craig ahora enfrenta una larga condena y el estigma de haber cometido un acto que no solo quitó una vida, sino que destruyó su propia familia y dejó una herida que la comunidad difícilmente olvidará.

El presidente Javier Milei visitó este viernes el quinto piso del Ministerio de Economía, donde mantuvo un encuentro con el ministro Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y gran parte de los integrantes de gabinete económico del Gobierno.

“Nos juntamos para felicitar a Toto por el premio, a todo el equipo y para cargarle combustible a la motosierra. Obvio hablamos de coyuntura y de lo que viene”, dijo una fuente oficial que participó del encuentro, con referencia al galardón que recibió la semana pasada en Washington Caputo como ministro de Finanzas del año por la revista LatinFinance.

En una de las fotos que se difundió en las redes sociales se ve al Presidente portando el galardón. El funcionario consultado dijo que el Gobierno está “esperanzado con la inflación”.

La cita tuvo lugar después de un mes que solo trajo datos positivos para la gestión actual: subieron los bonos, se consolidó la baja del riesgo país, las consultoras anticiparon una nueva desaceleración de la inflación para octubre y la brecha de los dólares paralelos con el oficial se mantuvieron estables. Milei estuvo acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por el ministerio de Economía participaron, además de Caputo, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario coordinador de Producción, Juan Pazo; El secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario coordinador de Infraestructura, Martín Maccarone; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el de Transporte, Franco Mogetta; la de Energía, María Tettamanti; el de Legal y Administrativo, José García Hamilton, y el de Agricultura, Sergio Iraeta, entre otros, mientras que solo faltó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Estuvieron también los asesores Martín Vauthier, Felipe Núñez y Diego Adúriz, además de la titular del ARCA -ex AFIP- Florencia Misrahi.

Por el lado del Banco Central, además de Bausili, se hizo presente el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning y el director Federico Furiase.

En el Gobierno mantienen optimismo por los datos económicos que dejó octubre. Las consultoras privadas mostraron que la inflación podría haber perforado el 3% mensual por primera vez en tres años, por caso. Una proyección que fue acompañada esta mañana con el recorte de tasas de interés que aplicó el BCRA.

Octubre fue el mejor mes para los mercados desde que asumió Javier Milei en diciembre último. Las acciones argentinas y los bonos en dólares cerraron con ganancias mensuales de hasta 33%, mientras el riesgo país cayó 23% por debajo de los 1.000 puntos básicos, para tocar su menor nivel cinco años.

Fue en medio de la entrada de fondos frescos de la mano del millonario blanqueo de capitales, las compras del Banco Central, la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración en la inflación, y el apoyo monetario de organismos internacionales.

Esto permitió al Banco Central de la República Argentina sumar más de USD 1.500 millones a sus reservas netas en octubre, una cifra récord para ese mes desde que se tiene registro, en un mercado cambiario tranquilo, algo inusual para los argentinos en los últimos tiempos.

Por su parte, el riesgo país elaborado por el JP Morgan cerró el mes por debajo de los 1.000 puntos básicos, a 984 bp. Las mayores ganancias de los bonos fueron lideradas por el Bonar 2041 (+17,3%), el Bonar 2035 (+16,6%), y el Bonar 2038 (+16%)

¿Habrá temporada 2 de la motosierra de Javier Milei? El Gobierno prepara la presentación del proyecto de Presupuesto del año próximo tras haber transcurrido su primer año de mandato sin ley de ingresos y gastos. La discusión promete ser áspera en el Congreso, un reducto con el que el Poder Ejecutivo tuvo idas y venidas durante el 2024 y que tras la aprobación de la Ley de Bases, ahora deberá discutir el proyecto de política económica hacia adelante más relevante para la Casa Rosada.

El jefe de Estado hará una presentación personal del proyecto presupuestario, una rareza para la tradición política argentina, con un mensaje al parlamento desde la Cámara de Diputados este domingo por la noche.

El Presidente fue anticipando en las últimas semanas algunos de los lineamientos conceptuales que estarán contenidos en la iniciativa, que llegará así al Congreso en el último día de límite previsto por la ley, pero la pregunta que sobrevuela es si habrá continuidad, y en todo caso de qué profundidad, del fuerte ajuste del gasto público que llevó adelante La Libertad Avanza en su primer año de administración para conseguir equilibrar las cuentas públicas rápido y eliminar el déficit fiscal. Milei había anticipado que buscará “rediseñar” la manera en que se expresa la hoja de ruta fiscal de un gobierno en ese texto de ley.

Cinco claves

Posiblemente el tema que capturará la atención será la defensa del déficit fiscal cero innegociable que sostendrá Milei ante los legisladores: el Gobierno quiere establecer una nueva “Regla fiscal” que garantice el equilibrio de las cuentas públicas y que algunos gastos estén atados a inflación o ingresos. La Argentina registra antecedentes de reglas fiscales luego incumplidas, desde fin de los 90 hasta el último año.

El proyecto de Presupuesto 2025 sobrevendrá con esa novedad, aunque sus alcances y la dureza de esa regla es aún incierta, se sabe que buscará que el superávit primario sea el necesario para que el sector público termine el año con equilibrio fiscal financiero y que de esa forma la deuda no pueda crecer, solo se hará roll over (renovación) de los vencimientos.

Según el último informe técnico elaborado por el Fondo Monetario, para 2025 la estimación fiscal del sector público era de 2,3% del PBI de superávit primario que diera paso a un superávit total -es decir al incluir en la cuenta el pago de intereses de deuda- de 0,5% del PBI.

En segundo lugar, en diciembre terminará la vigencia del Impuesto PAIS, lo que implicará un agujero fiscal que el Gobierno deberá compensar con mayores ingresos o menores gastos. A priori, la estimación oficial es que por ese efecto la presión tributaria bajaría en 2025 desde 21,61% a 21,16% del PBI.

“Dado que el Gobierno ha decidido no intentar la renovación del impuesto cuando finalice a fin de año, resulta interesante cuantificar el impacto. En efecto, la recaudación potencial que quedaría, luego de la rebaja, para 2025 sería del orden de 0,76% del PBI. Esto implica que el gobierno debe incorporar en el Proyecto de Presupuesto 2025 una alternativa de financiamiento, es decir un menor gasto o un mayor ingreso”, observaron los técnicos del FMI

“El Gobierno debe incorporar en el proyecto de Presupuesto 2025 una alternativa de financiamiento, es decir un menor gasto o un mayor ingreso. Si se cumple con la no renovación de impuesto PAIS cuando venza a fin de año, este impuesto habrá aportado, durante su vigencia, recursos por 2,95% del PBI. En dólares oficiales, el Impuesto PAIS finalizará su vida habiendo aportado USD 17.000 millones”, estimó Iaraf.

La rebaja de impuestos tendrá que hacer equilibrio con la necesidad que tendrá el Gobierno para mantener el superávit fiscal, que según la hoja de ruta oficial el año que viene será tan relevante como en 2024. Por esa razón una pérdida de recaudación podría ser un elemento crítico de esa ecuación. En los despachos oficiales aseveran que los ingresos fiscales mejorarán porque el escenario de base del año que viene es el de expansión económica, y cobro pleno de la recuperación del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, entre otros.

“En un 2025 sin recesión (aunque sin crecimiento espectacular), con escalas más razonables para ganancias cuarta categoría y recomposición del Impuesto a la Transferencia de Combustible, el Tesoro no debería extrañar tanto al distorsivo Impuesto PAIS”, analizó un informe de la consultora Econviews.

Aún no está explicitada cuál será la secuencia que sigue para el camino de baja de impuestos, aunque Milei ya había mencionado en mayo, que después del PAIS le seguirían las retenciones y el Impuesto al cheque, aunque en magnitudes y tiempos todavía no determinados.

Grandes incógnitas

La variación del PBI, la inflación y lo que viene sobre el dólar son las tres incógnitas que restan. Para el primer caso las estimaciones preliminares del Gobierno indican que en 2025 la economía rebotaría tras un 2024 que cerrará con una recesión que hará caer 3,5% el PBI.

En detalle, la actividad económica terminaría el 2024 con fuertes caídas en la industria y el comercio -menos 9,8% y baja de 9,1%, respectivamente-. “En suma, los rubros de bienes disminuyen en promedio 1% y los servicio 3,6%. Por el lado de la demanda, se prevén caídas de 6,6% en el Consumo Privado, 7,8% en el Consumo público y 17,2% en la Inversión; por su parte, las cantidades exportadas suben 20,9% y las importadas se reducen 17,7%”, planteó el Palacio de Hacienda ante el parlamento.

Para el año próximo el Gobierno aún no arriesgó una cifra de rebote de la economía, aunque alguna pista la puede dar la última proyección al respecto que hizo el Fondo Monetario tras el intercambio técnico que tuvo con los funcionarios del equipo económico a mitad de año. En julio la última actualización de sus estimaciones mostró que espera un 5% de crecimiento del PBI para 2025 tras una caída este año similar a la que proyecta la Casa Rosada.

Respecto a la inflación, la suba de precios esperada para el año próximo es menor a la de 2024. Este año terminará según las estimaciones oficiales con una inflación por debajo del 130% anual –la acumulada hasta agosto fue de 94,8%–, tal la cifra presentada ante el Congreso en el anticipo del Presupuesto 2025.

Alguna pista sobre qué espera el Gobierno la dieron los técnicos del equipo económico en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El organismo incluyó en su base de datos actualidad una estimación de inflación anual de punta a punta para el 2025 de 45%, lo que implicaría un recorte considerable en comparación con el ritmo de precios del año que se acerca a su final.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central para recoger las proyecciones del mercado muestra una inflación para 2025 incluso más baja, en el orden del 35 por ciento.

Posiblemente la incógnita sobre la que hay menos pistas tiene que ver con qué sendero de depreciación del peso habilitará en la discusión del presupuesto el Poder Ejecutivo. Eso tiene que ver con que el Gobierno podría revelar si sostendrá el ritmo de devaluación de 2% mensual en 2025 o hará modificaciones en el esquema cambiario.

A priori, el equipo económico esperaba poder hacer más lento el ritmo de crawling peg antes de que termine este año, aunque la persistencia de la inflación en los últimos cuatro meses en torno de 4% y una inflación núcleo que buceó por debajo de ese umbral y volvió a la superficie en agosto dan cuenta de un sendero de desinflación más lento para esta última parte del año.

Entre las medidas que también estarán en la mira para el año que viene y que desde el domingo podría conocerse su futuro será la del dólar blend exportador que destina el 20% de las liquidaciones al mercado de contado con liquidación, un 30% más alto que el mayorista que marca el Banco Central actualmente.

En marzo de este año las universidades públicas debieron lanzar una campaña para advertir que peligraba su funcionamiento si no se modificaba la partida de recursos asignados por el Estado nacional, ya que estaban funcionando con un presupuesto elaborado en septiembre de 2022.

Las autoridades nacionales atacaban a las universidades públicas al calificarlas como centros de adoctrinamiento, mientras las desfinanciaba por dos vías. Por un lado, no giraban los fondos para poder pagar los servicios y mantener la infraestructura existente. Simultáneamente, no actualizaban los salarios de sus trabajadores, que representan más del 87% del presupuesto total de las casas de estudio.

Esto derivó en un conflicto, en el que la inmensa mayoría de la sociedad (entre el 80 y el 90% de ella, según todos los sondeos de opinión) mostró un repudio a las decisiones gubernamentales. Luego de varias semanas, el punto de quiebre del conflicto fue una masiva manifestación que superó el millón doscientas mil personas expresando su apoyo a las universidades, en todas las ciudades del país. El gobierno debió tomar nota de esta realidad y anunció un reajuste de las partidas de gastos de funcionamiento.

Además, modificó su discurso público, que pasó del hostigamiento al reconocimiento de la excelencia de las universidades nacionales. Ante la enorme muestra de apoyo social, los voceros oficiales y no oficiales del gobierno se deshicieron en elogios a la educación pública. El propio Presidente de la Nación cuando ofrecía un discurso para convencer a posibles inversores extranjeros en el Instituto Milken en Los Ángeles expresó: “Tenemos también la ventaja comparativa más importante de todas: capital humano de primera categoría, recursos formados en universidades locales que son líderes en la región”.

Este cambio de postura pública, no tuvo la correspondiente actualización de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Si comparamos los salarios de noviembre de 2023 contra los de junio de 2024, la baja de su capacidad de compra alcanza el 45%. Es el doble que el ajuste que recibió el resto de los empleados estatales. Es una cifra escandalosa que empuja a quienes hacen la universidad pública todos los días por debajo de la línea de la pobreza, cuando en cualquier otra parte del mundo son profesionales reconocidos y están entre los mejores pagos. ¿Por qué el gobierno tiene este encono con ellos?

Recordemos que en el caso de la Universidad de Buenos Aires, nos estamos refiriendo a recursos humanos con la más alta calificación que dictan clases a 340.000 estudiantes y producen conocimiento en 72 Institutos reconocidos internacionalmente. Y también a profesionales de la salud que atienden en 6 hospitales universitarios. El de Clínicas, el más prestigioso hospital universitario de América Latina, el Odontológico que atiende a más de 250.000 pacientes al año, el Ángel Roffo que atiende a miles de pacientes con patologías oncológicas, el de alta complejidad Alferdo Lanari, el de Ciencias Veterinarias y el Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza.

Las consecuencias de la asfixia salarial son más evidentes sobre quienes la sufren directamente, pero alcanzan al conjunto de la sociedad. Las universidades privadas se benefician al contar en sus planteles docentes a profesores formados en la universidad pública, y por supuesto también las empresas privadas nacionales y extranjeras en las que se destacan sus egresados. Las actividades de investigación, tan necesarias en un mundo cada vez más sofisticado tecnológicamente demanda de capacidades que solamente la Universidad Pública posee. ¿Cómo se puede avanzar, involucionando así? ¿Cómo podemos recuperar la igualdad social perdida con una estructura educativa que pierde calidad y masividad, a la vez?

Las universidades públicas invierten en carreras estratégicas para el país, como no lo hace ninguna otra institución. Por ejemplo, el 77% de los médicos, el 97% de los físicos y los matemáticos, el 90% de los odontólogos y el 91% de los veterinarios de nuestro país estudiaron allí. ¿Alguien puede suponer que la Argentina va a estar mejor si renuncian docentes en estas facultades? Si al día de hoy cuesta cada tanto conseguir turnos con profesionales de la salud, imaginémonos qué pasaría si estas facultades se vacían de profesores e investigadores.

Un Estado que maltrata a sus docentes con sueldos por debajo de la línea de pobreza emite una señal para toda la sociedad, de que el conocimiento y la formación científica son despreciados por las autoridades. El gobierno intentó cerrar la universidad pública de un solo golpe, y la sociedad reaccionó y le hizo llegar su desaprobación. No se ha rendido, tal su tozudez ideológica, y ahora la quiere someter a una muerte lenta, asfixiándola. Debemos volver a reclamar por la actualización salarial de los docentes, no docentes e investigadores, porque sin ellos no hay universidad pública. Y sin universidad pública no hay futuro para la Argentina.

El Gobierno se enfrenta al desafío de terminar más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas heredadas de la gestión de Alberto Fernández. Entre esas obras se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia, enfocados en jubilados, según fuentes del sector.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmaron que la deuda del Gobierno con las empresas es de aproximadamente $55.000 millones. Y suman un interrogante: si una vez aprobada la Ley Bases en el Senado se destrabarán fondos para cancelar esas deudas.

Con la llegada del nuevo gobierno las obras se detuvieron en todo el país, lo que provocó el cese de puestos laborales. Gustavo Weiss, titular de la Camarco, señaló que “la deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año, y hasta ahora no se pagó nada”. De ese modo, las obras de construcción de unidades en desarrollos urbanísticos de Procrear y otros planes de viviendas sociales están sin actividad.

Weiss agregó: “Esto significó, por supuesto, el despido de operarios y seguramente algún ajuste en la estructura de mensualizados, como hicimos todos. El Gobierno nos dice lo mismo a todos: No hay plata, tienen que esperar, la prioridad ahora es el ajuste fiscal. Esa es la situación de la obra pública, en particular en Procrear”.

En revisión

Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, liderada por Rodrigo Aybar (quien reemplazó a Héctor Lostri cuando el área estaba en el Ministerio de Infraestructura y ahora depende directamente del Ministerio de Economía), trascendió que en este momento se están auditando los fideicomisos (Procrear, Fondo Fiduciario Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana, FISU) por parte de la Sindicatura General de la Nación.

Mientras esto ocurre, y con un presupuesto acotado, se trabajó en herramientas para incorporar a los privados y finalizar el stock de viviendas en ejecución. Aunque el presupuesto de la Secretaría de Vivienda para 2024 es de USD 374 millones, podría ser insuficiente para concluir todas las soluciones habitacionales en desarrollo.

Dado el presupuesto acotado, la secretaría está trabajando en ambos universos, en los que no sólo se considerará el avance de obra sino también el estado de la infraestructura comprometida y otros factores pertinentes.

Esta semana se publicaron las Resoluciones 361/24 y 368/24 (Reconstruir y Casa Propia), que permiten al Fondo Fiduciario Vivienda Social incorporar el cofinanciamiento. Así, los entes ejecutores podrán complementar el financiamiento del Estado Nacional con aportes particulares, privados u otras herramientas. Este fondo tiene aproximadamente 49.000 viviendas en construcción.

Beneficiarios en problemas

Los recortes fiscales afectan a 4.200 beneficiarios (número reconocido por la Secretaría que tiene bajo su órbita a la vivienda a nivel nacional) de la línea Construcción Casa Propia a través del Procrear II que fueron sorteados en junio de 2022, quienes no recibieron el segundo desembolso previsto en enero y no pudieron continuar las obras de sus hogares.

Recién entre septiembre y octubre de 2023 habían recibido (también con demora) el anticipo del 30% del préstamo, unos $3.000.000 de los $10.000.000 totales del plan, y todos los beneficiarios deben disponer de terreno propio.

Romina Nieva, de Paraná (Entre Ríos), dejó a medio construir su hogar y está preocupada porque en noviembre debería empezar a pagar por su hipoteca: “No creemos que podamos mudarnos porque, si no recibimos dinero, no podremos seguir edificando”, expresó a Infobae.

Casos como el de Nieva hay cientos en el país y muchos afectados deben seguir alquilando o renovando contratos, cuando ya podrían haber culminado su hogar y comenzar a pagar una cuota de $90.000 mensuales, ajustada por la fórmula Casa Propia (que actualiza según el ingreso salarial y no por UVA).

“Después de dos meses en los que el Banco Hipotecario (entidad fiduciaria de Procrear) nos decía que estaban demorados en las certificaciones de las fotografías para otorgarnos el primer desembolso, el argumento cambió a que, debido a la Resolución 200/2024 del Ministerio de Economía, no hay disponibilidad financiera en los fideicomisos Procrear”, explicó Nieva.

Los beneficiarios hacen reclamos al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Vivienda y al Banco Hipotecario, pero no reciben respuesta. Algunos iniciaron acciones a través de Defensa del Consumidor en sus municipios. Además, tienen varios grupos de WhatsApp para mantenerse unidos en el reclamo.

Cristian Rubia, otro afectado, apenas pudo iniciar su casa en Chimbas, San Juan. “Llegué a la altura de losa pero los albañiles no pudieron seguir porque no les puedo pagar. Sufrimos robos de materiales porque no se pudo continuar y estamos a 15 minutos del centro de San Juan”, comentó.

Al igual que otros beneficiarios, solo quiere recibir su segundo desembolso, aunque por los costos de construcción, que subieron un 289% interanual, ahora están desfasados y muchas familias están endeudadas.

En Coronel Pringles, Carolina Ocampo postergó la construcción de su hogar: “Las obras quedaron paradas, los albañiles se fueron y los presupuestos iniciales de construcción ya no son válidos. Es muy difícil terminar solo con los sueldos. La mayoría alquilamos actualmente”.