Dos hombres fueron arrestados por su probable responsabilidad en el delito de motín luego de que habrían liberado a dos personas que se encontraban detenidas en el municipio de Jitotol.

Su captura se llevó a cabo durante una intervención coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El despliegue permitió la captura de los dos individuos, identificados como Salvador “N” y Enrique “N”, señalados como presuntos partícipes en el delito de motín.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 26 de octubre de 2025, cuando un grupo de personas armadas con palos y piedras irrumpió en la comandancia municipal de Seguridad Pública Municipal. La acción tuvo como objetivo la liberación de dos detenidos, quienes lograron salir de las instalaciones mientras el grupo huía del lugar.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los ahora aprehendidos habrían liderado la irrupción junto a otras personas aún no identificadas. Tras la fuga, las autoridades desplegaron un operativo que culminó con la detención de los señalados, quienes fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente.

Las autoridades informaron que los acusados permanecen bajo custodia mientras un juez determina el curso de su situación legal. La acusación principal radica en el agravio a la seguridad pública, al haber provocado una alteración del orden y facilitar la evasión de personas bajo arresto.

Arrestan a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Dos hombres de origen extranjero fueron detenidos con armas y drogas el pasado 31 de marzo en el municipio de Tapachula, Chiapas, tras ser identificados como presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala.

En la intervención realizada por la Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía del Estado, los elementos hallaron mil bolsitas de polvo blanco granulado con características de piedra (crack), así como 200 dosis de hierba seca tipo marihuana y un revólver calibre .44 abastecido.

Los detenidos, identificados como Juan “N” de Venezuela y Enrique “N” de Guatemala, circulaban por la 20 Avenida Norte y 5ta Calle Poniente, a la altura del Malecón, cuando fueron localizados durante patrullajes preventivos.

Las autoridades detallan que ambos extranjeros manifestaron pertenecer al grupo criminal Cártel de Chiapas y Guatemala. La dependencia estatal afirma que esta organización opera en diversas zonas del estado y mantiene vínculos, por estructura delincuencial, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La estructura y acciones recientes contra el Cártel de Chiapas y Guatemala

La detención de estos dos extranjeros se suma a otra acción ocurrida el pasado 4 de febrero, cuando autoridades estatales capturaron a Hugo “N”, alias “El Espíritu”, quien habría operado como jefe de plaza de la organización en el municipio de Ocozocoautla.

Este operativo, a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, culminó con la detención de “El Espíritu” y tres personas más tras un intento de secuestro.

Aparicio Avendaño indicó que la captura de “El Espíritu” debilita la estructura de distribución de drogas en municipios como Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa. El funcionario aseguró que Hugo “N” era un objetivo nacional, incluido en la Mesa de Seguridad y Paz de Chiapas, ya que las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Cabe señalar que el Cártel de Chiapas y Guatemala opera bajo el mando de Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, quien mantiene nexos con el CJNG.

Agentes de seguridad acudieron a la penitenciaria de La Mesa en Tijuana, Baja California. Los primeros reportes indican que en el sitio habría ocurrido un intento de motín.

Fuentes de seguridad estatales confirmaron a Infobae México que elementos de seguridad acudieron al sitio para brindar apoyo por reportes de disturbios en las instalaciones, sin que en un primer momento haya sido confirmado algún motín.

Lo anterior coincide con información de medios locales como Zeta Tijuana, el cual señala que habrían ocurrido disturbios durante la tarde del 9 de abril.

Material compartido en redes sociales muestra que al lugar acudieron diversos vehículos de Seguridad estatal. Información preliminar indica que calles aledañas al edificio fueron acordonadas por los efectivos.

La situación fue controlada

Las personas que estaban en los alrededores del centro penitenciario escucharon sujetos corriendo y gritos que provenían de las instalaciones, lo anterior derivó en que fueran alertadas las autoridades.

Además, los reportes señalan que los disturbios fueron controlados por el personal de la institución, lo que generó que las unidades que realizaban protección perimetral se retiraran del lugar.

Zeta Tijuana detalla que los incidentes de la tarde sucedieron en los edificios 1, 6 y 7 del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana.

Diversos eventos en el penal de La Mesa

En otras ocasiones, en las instalaciones referidas ya han sido registrados otros incidentes. En junio de 2020 el Sistema Estatal Penitenciario informó sobre una riña entre pandillas que buscan el liderazgo dentro de la prisión como resultado del traslado de presos a El Hongo.

Mientras que en octubre de 2022 hubo un intento de motín en el edificio 1 del penal de La Mesa. En dicha ocasión la gobernadora Marina del Pilar compartió un comunicado en sus redes sociales.

“Se presentó un conato de disturbio al interior de la Penitenciaria de la Mesa en Tijuana. La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la SEDENA, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana están en coordinación atendiendo los hechos para no poner en riesgo la integridad del personal que labora al interior del centro penitenciario, así como de todas y cada una de las personas privadas de la libertad”.

De igual manera, en diciembre de 2022 fue registrado otro intento de motín en el lugar. En dicha ocasión tres custodios fueron tomados como rehenes, de los cuales dos tuvieron que ser hospitalizados debido a las lesiones provocadas por los golpes en su contra.

Los hechos fueron generados por al menos seis sujetos privados de su libertad.

La escena incluyó abrazos y muestras públicas de alegría frente al penal, alterando la rutina del sector.

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La situación se produjo tras una jornada de control y requisas, en la que las autoridades planeaban trasladar a algunos reclusos a otros centros. La medida desató el rechazo de varios internos y dio paso a una protesta dentro del recinto.

Durante el motín, los detenidos se tomaron la azotea, lanzaron objetos contundentes a la calle y quemaron colchones, lo que generó un ambiente caótico tanto dentro como fuera del centro. Los enfrentamientos con la Policía culminaron con la muerte de un interno, mientras las autoridades investigan el origen del disparo fatal.

La fuga masiva de 34 reclusos y la exhibición festiva de los internos provocaron indignación entre los vecinos. Entre los prófugos figuran personas procesadas por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y hurto agravado.

Algunos de los reclusos escaparon sin mayor resistencia, salieron del centro de detención y, según testigos, caminaron hasta la bahía, se bañaron en el mar y regresaron sin que nadie pudiera impedirlo. El hecho mostró la debilidad de los controles y el ambiente de permisividad que reina en el lugar.

Mientras tanto, otro grupo de detenidos tomó el control de la Avenida Campo Serrano, la principal arteria comercial de la ciudad. Prendieron fuego, se enfrentaron con la Policía y generaron pánico entre comerciantes y transeúntes. En esos momentos de confusión, algunos privados de libertad abrazaron a sus familiares y pidieron disculpas, al tiempo que denunciaban las condiciones indignas en el centro de reclusión.

Los líderes de la protesta se expresaron con contundencia en las calles: “Estamos cansados de la mala alimentación, el hacinamiento extremo y las condiciones infrahumanas en las que permanecemos mientras avanzan nuestros procesos judiciales”. La falta de espacio y el deterioro de las instalaciones alimentan una tensión constante.

La crisis también paralizó la economía local. Los comerciantes de la carrera Quinta, el principal corredor comercial a cielo abierto de la ciudad, decidieron cerrar sus locales entre las calles 10 y 15. El temor a saqueos y nuevos disturbios forzó la suspensión de la actividad comercial en una de las zonas más dinámicas de Santa Marta.

Desde hace tiempo, los comerciantes exigen que el Centro Transitorio Norte sea trasladado fuera del área urbana. Aseguran que los desórdenes se repiten y cada episodio deja pérdidas considerables. Su reclamo refleja una preocupación persistente: la convivencia forzada con un sistema penitenciario desbordado.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello reconoció la gravedad de la situación y pidió ayuda al Gobierno nacional mediante sus redes sociales: “Le solicito me ayude a propiciar una reunión urgente (…) para buscar soluciones ante la crisis carcelaria que atraviesa la ciudad”, manifestó el mandatario.

Posteriormente, la Alcaldía informó que el orden fue restablecido en coordinación con la Policía Metropolitana y organismos del Ministerio Público. El saldo oficial fue un fallecido, tres policías heridos y cinco reclusos lesionados.

El Distrito activó un plan de respuesta inmediata, mejorando la alimentación y ofreciendo acompañamiento jurídico, pero insistió en la necesidad de soluciones nacionales.

En medio del motín, murió Keiner Almanzo, un recluso cuya familia denuncia exceso de fuerza policial. “Él era inocente de esa acusación y lo estaba demostrando en las audiencias”, afirmó su padre. La familia anunció acciones legales y exige que se esclarezca lo ocurrido. El hecho se suma a otros pendientes de investigación por parte de las autoridades.

Familiares de privados de libertad aseguraron que los guardias retenidos en Renovación 1, no serán liberados “hasta que las autoridades y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumplan con regresarlos a sus centros respectivos”. Subrayan que, de continuar la situación, se realizarán actos violentos en las calles y podrían asesinar personas al azar.

De manera simultánea, también se organizó un motín en Fraijanes II, prisión que se ubica en la carretera que conduce hacia El Salvador, y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en este último se encuentran los privados de libertad que están pendientes de sentencia.

El conflicto se agrava tras un incendio declarado en la cárcel Renovación 1, lo que ha incrementado la tensión en el penal y la preocupación de los familiares de los guardias y reclusos.

Hasta el momento, se reporta que 11 guardias de la cárcel Renovación 1 se encuentran retenidos, mientras los cuerpos de socorro se hicieron presentes para atender el incendio en esta prisión, donde el caos se desató luego que un grupo de reclusos se revelara contra las autoridades, generando violencia y daños en las instalaciones.

Fuentes locales de Escuintla han difundido distintas imágenes y videos del siniestro y el motín. Preliminarmente se indica que en el centro penal de la zona 18 se encuentran retenidos ocho guardias y el subalcaide de esta prisión.

De momento, no se han registrado lesionados a raíz de este incidente; sin embargo, las autoridades policiales no se han pronunciado al respecto.

A través de redes sociales, los cuerpos de socorro indican que se mantienen presentes en los centros penitenciarios para brindar atención. La Cruz Roja publicó imágenes con personal afuera de Fraijanes II y del centro penitenciario de la zona 18.

Según información oficial, el siniestro comenzó alrededor de las 21:30 y provocó la rápida intervención de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú. El humo y las llamas se expandieron con rapidez, lo que alarmó a los residentes de la zona y forzó el cierre de la avenida La Paz. Vecinos reportaron gritos y un inusual movimiento, mientras circulaban videos en redes sociales que mostraban la magnitud del incendio.

Durante el operativo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) actuaron para restablecer el orden y evacuar a los internos de las zonas afectadas. Un agente policial explicó que algunos jóvenes resultaron intoxicados por la inhalación de humo, aunque no se reportaron víctimas mortales. El balance oficial indicó dos personas heridas: un interno y un trabajador del INPE, este último lesionado por un objeto contundente lanzado desde el segundo piso.

El incidente desató momentos de tensión entre los familiares, quienes se congregaron en los exteriores del centro juvenil, exigiendo información clara sobre el estado de los internos y denunciando presuntos maltratos durante el control del motín.

La Defensoría del Pueblo intervino de inmediato para supervisar la gestión de la emergencia y verificar el respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes y jóvenes privados de libertad. Su personal coordinó directamente con las autoridades del centro y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), con el objetivo de asegurar la integridad física y emocional de los internos y prevenir nuevos riesgos.

Crisis y delitos en Maranguita: patrones de extorsión y falta de control

El motín más reciente en Maranguita revela una dinámica delictiva persistente en el centro juvenil. Las autoridades han detectado que, desde el interior, algunos internos organizan extorsiones dirigidas a empresarios y emprendedores, replicando esquemas que antes se observaban solo en cárceles de adultos. La Fiscalía halló durante requisas papeles con números telefónicos y mensajes en las paredes vinculados a posibles víctimas, lo que ha generado preocupación sobre el uso de estos centros como puntos de coordinación para actividades criminales.

Faviola Campos Hidalgo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, explicó que estos comportamientos representan patrones reiterados y no hechos aislados, lo que señala una crisis en el control interno tanto en Maranguita como en otros centros juveniles del país. Las inspecciones preventivas han permitido identificar esquemas de extorsión en etapa inicial, aunque suelen enfrentar resistencia por parte de los internos.

Las investigaciones muestran, además, que muchos adolescentes implicados en delitos graves provienen de contextos de alto riesgo social, vinculados principalmente al consumo de alcohol. Por este motivo, la Fiscalía realiza operativos en bares y discotecas para disminuir la exposición de los menores a estos peligros y evitar delitos asociados, como la violencia sexual.

Esta situación confirma advertencias previas, como la realizada en octubre de 2025 por un exdirector del centro, quien alertó que Maranguita se ha convertido en una “escuela del crimen” y que la institución está al borde del colapso debido a la sobrepoblación, hacinamiento y falta de recursos. Según su testimonio, las condiciones actuales dificultan los procesos de rehabilitación y favorecen la reproducción de conductas delictivas dentro del establecimiento.

En el último año, la seguridad del centro también se ha visto comprometida por distintos reportes de fuga de internos. En mayo de 2025, seis jóvenes escaparon utilizando una cuerda improvisada hecha con retazos de tela para descender un muro de diez metros de altura. Tras este episodio, el Ministerio de Justicia anunció la futura reubicación de Maranguita fuera del distrito de San Miguel, buscando mejorar la infraestructura y fortalecer los estándares de seguridad.

La falta de control interno, la aparición de delitos graves, los reportes de fugas y la exposición de los jóvenes a situaciones de alto riesgo confirman que los problemas en Maranguita exceden los incidentes puntuales. El caso pone de manifiesto la necesidad de reformas estructurales para contener el avance de la delincuencia juvenil y asegurar procesos de rehabilitación realmente efectivos.

La intervención se llevó a cabo el domingo 21 de diciembre, bajo las directivas y mecanismos de seguridad del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. El procedimiento forma parte de una estrategia nacional destinada a fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, luego de que la inteligencia penitenciaria identificó la amenaza interna que ponía en riesgo la estabilidad del penal y la vida de su personal.

Un traslado basado en informes de inteligencia

Según información proporcionada por el INPE, la alerta se generó a partir de datos recopilados por equipos especializados en seguridad penitenciaria. Las investigaciones revelaron que un grupo de internos, pertenecientes tanto al régimen cerrado ordinario como al especial, coordinaba acciones para burlar los controles y desencadenar un motín con el objetivo de fugar y negociar su liberación a través de la retención de rehenes.

La respuesta consistió en la reubicación simultánea de los veintiún reclusos a establecimientos penitenciarios en las ciudades de Cajamarca y Trujillo. El INPE indicó que esta decisión obedece a la necesidad de evitar incidentes graves y preservar el orden dentro del penal de Chiclayo.

Protocolos de estricta vigilancia

El operativo de traslado estuvo dirigido por la oficina Regional Norte del INPE, cuyos funcionarios coordinaron la intervención bajo protocolos rigurosos. Cada movimiento fue supervisado desde el inicio hasta la llegada a los nuevos destinos para garantizar la custodia y minimizar riesgos durante el desplazamiento.

Las autoridades tomaron como sustento la Resolución Directoral N° 541-2025-INPE/ORNCH, que permite la redistribución de internos considerados una amenaza significativa para la seguridad penitenciaria. El procedimiento busca no solo aislar a quienes representan un peligro latente, sino también contribuir a la disminución de niveles de violencia y extorsión al interior de los centros carcelarios del norte del país.

Medidas en marcha contra la criminalidad

El Instituto Nacional Penitenciario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia mayor orientada a combatir la extorsión y otras actividades ilícitas desde el interior de los penales. En los últimos meses, la institución ha reforzado el trabajo conjunto con las unidades de inteligencia y la capacitación permanente del personal de vigilancia.

Funcionarios del INPE reiteraron que la seguridad penitenciaria es prioridad, motivo por el cual se implementan de manera constante medidas extraordinarias para impedir planes que puedan poner en peligro tanto a internos como a servidores penitenciarios.

Diversas fuentes señalaron que el traslado se efectuó sin previo aviso, a fin de salvaguardar la efectividad del operativo e impedir filtraciones hacia los grupos internos involucrados en la tentativa de fuga y motín.

El traslado de internos considerados de alto riesgo responde a una política nacional orientada a prevenir situaciones de crisis dentro del sistema penitenciario, reforzando el control y la vigilancia para asegurar la protección de la población y la integridad de los centros de detención.

En la madrugada del domingo, un motín en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro (suroeste de Ecuador), dejó al menos cuatro personas muertas y más de cuarenta heridas, entre ellas un agente de la policía. Las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmaron la cifra de fallecidos en un comunicado publicado en la red social X, sin precisar si los muertos eran reclusos o funcionarios.

El incidente ocurrió cuando personal del centro penitenciario alertó sobre un amotinamiento en el establecimiento de Machala. Un “equipo táctico” de la Policía Nacional del Ecuador intervino y recuperó el control total de las instalaciones. Según el SNAI, la revuelta se desató en protesta por la reorganización de los internos con vistas al traslado a una nueva cárcel de máxima seguridad.

El centro penitenciario afectado, conocido como “CPL El Oro N.°1” en Machala, ya había registrado previamente episodios de extrema violencia. En septiembre de 2025, otro motín dejó al menos 31 muertos y varios heridos en la misma prisión por enfrentamientos de bandas. Ese antecedente convierte este nuevo estallido en un aviso de que la crisis penitenciaria ecuatoriana sigue sin solución.

La provincia de El Oro, ubicada en la costa y vecina del Perú, se ha convertido en un escenario recurrente de motines carcelarios en Ecuador, donde las cárceles están saturadas y delegadas en buena medida al control de bandas que operan al margen del Estado. Desde 2021, más de 500 reclusos han muerto en motines similares en el país, según datos del AP.

Ecuador atraviesa una crisis del sistema penitenciario que excede el incidente de Machala. La sobrepoblación, el poder de organizaciones criminales dentro de los penales —como la banda Los Choneros— y la persistente infiltración de armas son algunas de las causas estructurales. El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 que el país vivía un “conflicto armado interno” vinculado al crimen organizado y ordenó la intervención militar en las cárceles.

De acuerdo con los reportes, los enfrentamientos comenzaron cerca de las 02:45 hora local, cuando internos se sublevaron y se enfrentaron entre sí en varias alas del penal, generando detonaciones, incendios y caos. Los primeros informes hablaban de 43 heridos, incluidos al menos un agente policial que resultó gravemente afectado.

La medida de reorganización de internos que motivó el motín responde al traslado programado hacia una nueva cárcel de máxima seguridad que el gobierno construye en la zona costera. Las autoridades penitenciarias sostienen que los traslados son parte de la estrategia para desarticular redes criminales dentro de los penales. En la práctica, sin embargo, la iniciativa se ha visto minada por la falta de tiempo, recursos y coordinación.

Especialistas en seguridad señalan que mientras no se transforme el régimen interno, se garantice el control efectivo del Estado y se reduzca la impunidad, los motines carcelarios seguirán siendo moneda corriente en Ecuador. La fiscalización de las cárceles, la mejora de infraestructura, la capacitación del personal y el combate al contrabando de armas y explosivos son puntos señalados como prioritarios.

Para la población de Machala, ciudad portuaria de unos 300.000 habitantes, el episodio renueva la sensación de vulnerabilidad: la prisión ocupa espacio sensible en el imaginario colectivo y los vecinos relataron haber escuchado detonaciones y gritos durante la madrugada.

La rápida intervención de las fuerzas del orden permitió restablecer el control, pero el incidente dejó al descubierto la fragilidad de la seguridad penitenciaria y la persistencia de reclamos no resueltos dentro del establecimiento. El episodio, que se produjo apenas dos días después de la muerte de un recluso en una gresca interna, generó alarma entre los familiares que aguardaban para ingresar al penal y entre los vecinos de la zona.

Testigos relataron que, tras ser alejados de la puerta principal, escucharon múltiples disparos y percibieron un fuerte olor a bombas lacrimógenas provenientes del interior del recinto. La situación motivó un despliegue inmediato de la Policía Nacional del Perú (PNP), que acordonó los alrededores para evitar incidentes mayores y garantizar la seguridad.

Comunicado del INPE

De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el motín se originó como respuesta a una revisión ordinaria de ambientes, en la que se buscaban objetos prohibidos, armas punzocortantes y licor. Los internos, al oponerse a la medida, retuvieron a los agentes de seguridad, lo que llevó a la autoridad penitenciaria a informar de inmediato al Ministerio Público y a la PNP.

El INPE indicó que la prioridad fue salvaguardar la integridad tanto de los agentes como de los internos y de las personas de visita en el penal, cuya seguridad se vio comprometida durante el incidente.

El operativo conjunto entre el INPE y la PNP permitió, hacia el mediodía, ejecutar el encierro de los internos involucrados y restaurar la calma en el pabellón. En el comunicado difundido, la institución precisó: “Aproximadamente al mediodía de hoy, personal del INPE y la PNP ejecutó el encierro de estos internos, restaurando totalmente la calma en el pabellón”. Las autoridades descartaron la existencia de fugas, fallecidos o rehenes al cierre de la intervención, aunque reconocieron que la situación generó inquietud entre los familiares y la comunidad.

Intervención de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo acudió de inmediato al penal tras conocerse el motín, con el objetivo de escuchar el pliego de reclamos de los internos y trasladar sus demandas al director del establecimiento. En un mensaje dirigido a la opinión pública, la entidad informó: “En coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos, el 3 de septiembre habrá una reunión con INPE, la Fiscalía y delegados, donde participaremos de mediadores para garantizar un diálogo que evite nuevos hechos de violencia”. Además, la Defensoría exhortó a las personas privadas de libertad a mantener la calma y rechazar todo acto violento.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las posibles fallas en el control de los pabellones. Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en el penal de Huacariz, a la espera de los resultados de las indagaciones y de la reunión programada entre las partes involucradas.

Las autoridades de Veracruz ejecutaron 13 órdenes de aprehensión relacionadas con el motín ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, hecho que dejó un saldo de siete personas muertas y 11 heridos.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el marco del proceso penal 454/2025, las autoridades lograron la aprehensión de Iván N. en Cosamaloapan y Roberto Cristian N. en Acayucan. Ambos enfrentan acusaciones de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

Según la información oficial, Iván N. se desempeñaba como jefe del Departamento de Seguridad y Custodia mientras que Roberto Cristian N. laboraba como custodio, ambos presentes en el penal el día del motín.

En un operativo paralelo, en Xalapa, las autoridades aprehendieron a Óscar Yair N., otro custodio bajo las órdenes de Iván N. en el Cereso de Tuxpan durante los disturbios.

Por otro lado, dentro del proceso penal 127/2025, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en reclusión contra otros 10 internos: Iván Yamil N., Salvador N., Maury N., Arturo N., Antonio N., Eduardo N., Luis Ángel N., Carlos Felipe N., Eduardo N. o René Eduardo N. y Vicente N.

Todos ellos son señalados como probables responsables de los delitos de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Los 13 detenidos ya fueron presentados ante el juez de control correspondiente y se mantienen sujetos a proceso penal. La Fiscalía General del Estado de Veracruz subrayó que las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.

¿Cómo fue el motín en el Cereso de Tuxpan?

El motín tuvo lugar la noche del 2 de agosto, cuando internos del Cereso de Tuxpan tomaron el control de la prisión en protesta por presuntos abusos y extorsiones, según se informó en ese momento.

Diversos videos mostraron las instalaciones en llamas; además, circularon mensajes de reclusos que denunciaron el cobro de piso y la presunta complicidad de custodios con el llamado Grupo Sombra, una célula delictiva señalada de operar dentro y fuera del penal que en ese entonces estaba en la mira por el asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos lograron intervenir y recuperar el control.

Posteriormente, tres reclusos identificados como instigadores fueron trasladados al penal de Pánuco para su resguardo y continuar con las investigaciones.

La situación en Tuxpan se enmarca en una serie de episodios violentos que han afectado a la región y a los centros penitenciarios en Veracruz. En los meses previos al motín, la entidad registró asesinatos, extorsiones y amenazas atribuidas al crimen organizado, incluyendo el homicidio del exdirector del penal de Tuxpan, Antonio Huesca Figueroa, ocurrido en junio.

Ocho muertos, una decena de heridos y múltiples denuncias por extorsiones, amenazas y presuntos vínculos con el crimen organizado son hasta ahora el registro del motín ocurrido el fin de semana en el penal de Tuxpan, en el norte de Veracruz.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conflicto se prologó durante más de 12 horas, puso en evidencia las tensiones acumuladas dentro del centro penitenciario y la fragilidad del sistema carcelario en al entidad.

 Las autoridades señalaron que la revuelta comenzó la tarde del sábado 2 de agosto, cuando un grupo de internos se amotinó tomó el control de varias áreas del Centro de Reinserción Social.

Desde el interior, comenzaron a circular videos donde reos denunciaban abusos sistemáticos, extorsiones y cobros de cuotas presuntamente orquestados por miembros del grupo criminal conocido como Grupo Sombra.

En los clips difundidos por redes sociales, los internos señalaban que desde el penal incluso se habrían ordenado crímenes recientes, como el asesinato de la profesora jubilada Irma Hernández.

Colapso interno y violencia

Las imágenes del penal dieron rápidamente la vuelta al país: columnas de humo negro saliendo de las torres de vigilancia, ambulancias entrando y saliendo y familiares gritando nombres frente a las rejas.

Según los reportes, el caos se mantuvo hasta la mañana del domingo, cuando finalmente elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal lograron retomar el control del centro penitenciario.

El saldo confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública, es de ocho muertos (uno de ellos fallecido en el hospital horas después) y al menos 10 personas heridas, algunas con quemaduras graves.

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

• Edgar Luis Hernández Reina
• Elmer Leonel López López
• Jesús Eduardo Espinoza Santiago
• Edgar Estuardo Acajaban Lacan
• Fernando de la Cruz Moctezuma
• Roberto García Soto
• Eric Augusto Abad Morales
• William Alexis Molina Cabrera

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación y entrega a los familiares.

Extorsiones, amenazas y silencios oficiales

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública estatal atribuyó el motín a enfrentamientos entre grupos de internos, evitó confirmar si se trató de una protesta contra extorsiones, pese a que las acusaciones fueron retenidas por los reos desde el interior del penal.

En uno de los videos difundidos, cuatro presuntos miembros del Grupo Sombra confesaron prácticas de extorsión y violencia contra otros internos.

Horas después de restablecer el orden, tres de los internos señalados como responsables de las agresiones fueron trasladados al penal de Pánuco para evitar nuevos enfrentamientos.

“Asimismo, se informa que tres internos que fueron reubicados a consecuencia de este evento ya se encuentran instalados en el CERESO de Pánuco, sin novedades hasta el momento.”

“El Gobierno del Estado reitera su compromiso con la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en los centros de Reinserción Social, en estricto apego a la ley y en coordinación con los distintos órdenes de gobierno”, informó un comunicado de la SSP de Veracruz.

Un penal en crisis

El motín ocurre en un contexto de alta tensión dentro del penal de Tuxpan. Apeas el 1 de agosto, un comando armado privó de la libertad al subdirector del centro penitenciario. Un mes antes, el 17 de junio, el director del penal, Antonio Huesca Figueroa, fue asesinado a balazos. Ambos hechos apuntan a un deterior progresivo en el control institucional al interior del Cereso.

Ante la situación, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República serán las encargadas de investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades, asimismo, indicó que se prepara un diagnóstico integral para analizar las condiciones de seguridad en el penal.

“Nuestro gobierno no tiene pacto con nadie, más que con el pueblo”, aseguró la mandataria en entrevista, al tiempo que negó cualquier tipo de complicidad entre su administración y grupos del crimen organizado.

El motín de Tuxpan es ya uno de los más violentos registrados en Veracruz en los últimos años. En abril de 2018, una revuelta similar en el penal de La Toma dejó siete muertos, incluidos seis policías. Hoy, como entonces, las denuncias apuntan a la colusión entre autoridades y grupos criminales que operan con libertado dentro de los centros de reclusión.

El Gobierno del Estado de Veracruz informó que la mañana de este domingo, cerca de las 09:00, se llevó a cabo un operativo coordinado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan. La intervención permitió recuperar el control de las instalaciones y restablecer el orden luego de los disturbios ocurridos el sábado.

De acuerdo con el reporte oficial, el motín inició el 2 de agosto dentro del penal, ubicado en la carretera Tuxpan-Tamiahua. En redes sociales circularon videos que mostraban fuego en el interior del centro penitenciario. Las primeras investigaciones señalan que los reclusos habrían generado los disturbios para exigir la presencia de medios de comunicación ante supuestos abusos.

“El Gobierno del Estado informa que, esta mañana alrededor de las 09:00 horas, se realizó un operativo coordinado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, que permitió el restablecimiento del orden total y recuperar el control de las instalaciones tras los disturbios registrados este sábado”, reportó la autoridad.

De acuerdo con el comunicado, fue gracias a la intervención conjunta de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional (GN), los incendios provocados por la quema de objetos dentro del penal fueron extinguidos en su totalidad.

Las autoridades informaron que el despliegue permitió sofocar el fuego y evitar riesgos mayores para los internos y el personal. En cuanto al saldo del motín fue de siete personas Privadas de la Libertad (PPL) fallecidas y once lesionadas.

“Once personas lesionadas están recibiendo atención médica en distintos hospitales”, detallaron las autoridades en el comunicado oficial. No se reportaron heridos entre el personal penitenciario ni entre los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo.

El Gobierno estatal también comunicó que tres internos afectados por el evento fueron reubicados y ya están instalados en el Cereso de Pánuco, sin que haya novedades sobre su estado. “El Gobierno del Estado reitera su compromiso con la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en los centros de Reinserción Social, en estricto apego a la ley y en coordinación con los distintos órdenes de gobierno”, concluyó el comunicado.

El pasado 2 de agosto, familiares de personas privadas de la libertad recurrieron a videos en redes sociales para solicitar la intervención de las autoridades de seguridad y conocer el estado de los internos tras los disturbios en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan. En estas grabaciones, los allegados pidieron información sobre la salud de quienes se hallaban dentro del penal.

Los primeros informes señalaban que los reclusos denunciaron presuntos abusos, cobros de piso y extorsiones, atribuidas al Grupo Sombra, una célula vinculada al Cártel del Golfo que opera en Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública fue alertada y desplegó un protocolo especial para contener la situación y recuperar el control del centro penitenciario.

Dentro de los incidentes, se reportó que varios internos incendiaron distintos puntos del penal y generaron disturbios en las instalaciones. De acuerdo con autoridades estatales, tres personas privadas de la libertad fueron identificadas como los principales generadores del conflicto, motivo por el que se realizó su traslado a otro centro de reclusión.

Estos hechos se produjeron semanas después del asesinato de Antonio Huesca Figueroa, exdirector del penal, atacado en junio en el centro de Tuxpan. En marzo, una lona con amenazas de muerte dirigidas a Huesca Figueroa fue localizada en el mismo municipio y atribuida al crimen organizado.

Un motín se registró este sábado 2 de agosto al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, ubicado en la carretera de Tuxpan - Tamiahua, en Veracruz.

En redes sociales circulan videos en los que se observa fuego al interior del penal. De acuerdo con la información preliminar, los reclusos habrían provocado disturbios para exigir la presencia de medios de comunicación por presuntos abusos.

Familiares de las personas privadas de la libertad han comenzado a subir videos en los que solicitaron el apoyo de las autoridades de seguridad para verificar el estado de salud de las personas que se encuentran al interior del penal.

Además, los primeros reportes refieren que los reclusos estarían acusando presuntos abusos, cobro de piso y extorsiones por parte del Grupo Sombra, célula del Cártel del Golfo que opera en el estado.

Ante dicho acontecimiento, autoridades del lugar fueron notificadas, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública intervino, activando el protocolo de contención y recuperación.

Hasta el momento se desconoce cuántos heridos hay, aunque en un comunicado oficial el penal notificó que las personas lesionadas ya están recibiendo atención por parte de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. No se han reportado personas fallecidas hasta el momento.

En el calor de los hechos, se reportó que los internos tomaron las instalaciones para generar disturbios y prender fuego en varios puntos del lugar. En este sentido, las autoridades identificaron a tres personas privadas de su libertad como principales generadores del conflicto, por lo que se notificó su traslado a otro penal.

Este acontecimiento fue atendido con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (Sedena) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes apoyaron a restablecer el orden dentro del recinto.

Estos hechos suceden luego de que el pasado mes de junio fue asesinado el exdirector del penal, Antonio Huesca Figueroa, cuando se encontraba al interior de un automóvil en el centro de Tuxpan.

Anteriormente, en el mes de marzo, apareció una lona con amenazas de muerte dirigidas en contra de Huesca Figueroa, entonces director del penal, el cual fue atribuido al crimen organizado.

Autoridades informaron que los hechos fueron contenidos y reiteraron su compromiso por seguir garantizando la seguridad dentro de estos centros con el fin de promover un ambiente libre de choques violentos que pongan en riesgo la integridad de las personas que se encuentran privada de su libertad.

Un interno falleció y al menos diez personas resultaron heridas tras un motín registrado hacia el mediodía del sábado 19 de julio de 2025 en el bloque uno de la cárcel de máxima seguridad San Isidro, en Jamundí (Valle del Cauca).

La información preliminar apunta que el altercado ocurrió entre los internos de dos pabellones, dejando varios lesionados, que fueron trasladados al hospital Piloto del municipio vallecaucano para recibir atención médica.

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Hasta el momento no se han revelado las causas del altercado ni las identidades de los afectados. Lo que se conoce extraoficialmente es que el conflicto se habría originado por problemas de convivencia.

Entre tanto, personal de seguridad y organismos de salud continúan atendiendo la emergencia y adelantando las labores para restablecer el orden en el centro penitenciario. Las investigaciones siguen en curso.

La cárcel de Jamundí: antecedentes de violencia y crisis sanitaria

El establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Jamundí, ubicado en el corregimiento El Guabal, fue escenario de varios hechos violentos y alteraciones al orden público que han dejado saldos fatales.

Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2024 se registró una riña al interior de uno de los pabellones del centro penitenciario. Durante el enfrentamiento, murió el recluso Juan Diego Rojas Pérez, que fue asesinado con un arma de fuego por otro interno.

Según el El Tiempo, el presunto responsable fue identificado como Jhon Stiven Idrobo Pérez, alias Yerry, señalado cabecilla del grupo Los Rastrojos y oriundo de Cartagena, que purgaba condena en el penal por varios delitos.

De otro lado, el primer fin de semana de noviembre de 2024, la seguridad del penal se vio comprometida nuevamente debido a un ataque con un dron cargado de explosivos, dirigido contra un privado de la libertad que regresaba tras un permiso de salida.

Un comunicado de la Administración municipal señaló que se utilizó un artefacto explosivo, aparentemente una granada, cuando el interno ingresaba de nuevo a la cárcel. Este mismo fin de semana, un ciclomotor abandonado explotó cerca de las instalaciones, generando caos y desconcierto entre la población.

La Policía Nacional y la Alcaldía actuaron en conjunto para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el ataque coincidió con la llegada del recluso tras un permiso de 72 horas.

Tanto el interno como su esposa sufrieron heridas leves; ella fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente dada de alta, mientras que el hombre recibió atención en la prisión y se recuperó de las lesiones.

Imágenes del hecho permitieron observar que, además de los que ingresaban al penal, otras dos personas que circulaban en motocicleta fueron alcanzadas por la onda explosiva y quedaron heridas en el exterior del reclusorio. Las autoridades no descartaron la posibilidad de que estos hechos hayan intentado distraer la atención para ejecutar otro atentado.

Motín en cárcel del país en señal de protesta

Asimismo, este tipo de acciones han sido utilizadas por los reclusos como tipo de protesta.

El lunes 4 de noviembre de 2024 se registró un motín en la cárcel de La Ceja del Tambo, de Antioquia, donde un grupo de privados de la libertad prendió fuego a varios colchones en un supuesto intento de fuga, lo que provocó un incendio en las instalaciones del centro penitenciario.

La magnitud de la emergencia exigió la intervención de integrantes del Inpec y de la Policía Nacional, que acudieron al lugar para atender la situación y verificar lo ocurrido.

Según el medio local Mi Oriente, los guardias del Inpec desempeñaron un papel fundamental al lograr apagar las llamas, evitando que el incendio se propagara y causara mayores daños.

El mismo medio difundió un video en el que uno de los supuestos líderes del motín, con el rostro cubierto, explicó las razones que llevaron a los internos a tomar esta decisión. En sus declaraciones, el vocero denunció vulneraciones de derechos al interior de la cárcel, entre ellas la restricción de comunicación con visitantes, la prohibición de ingreso de medicamentos y alimentos, la escasa duración de las visitas conyugales y el mal estado de las instalaciones. Además, pidió el cambio del inspector encargado, mostrando varias hojas que, según indicó, contaban con más de 200 firmas de presos respaldando la solicitud.

Un grupo de 43 detenidas alojadas en la comisaría 5ª de Rosario, situada en el barrio Abasto, intentó iniciar un motín durante la tarde de este martes, hecho que incluyó la quema de colchones. Las internas reclamaron ser trasladadas al complejo penitenciario situado en las inmediaciones de 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de la ciudad.

El módulo de alojamiento transitorio de la seccional ubicada en Italia al 2100 tiene capacidad para 12 personas, por lo que el número de detenidas superaba ampliamente ese límite. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron a Infobae que ese edificio policial es uno de los utilizados como “punto de ingreso” de personas aprehendidas de Rosario y de otras localidades comprendidas en la Unidad Regional II. Esos lugares son vaciados cada siete días, según anunció el ministro del área, Pablo Cococcioni, la semana pasada.

Por la quema de colchones -que fue filmada por vecinos cuyas viviendas lindan con el patio del penal- intervino una dotación de Bomberos Zapadores, que sofocó las llamas. Durante el operativo policial en la comisaría no se registraron reclusas lesionadas, según informó el Gobierno. Tampoco se produjeron enfrentamientos. Al inicio del incidente, el tránsito se interrumpió en Italia, entre Cerrito y Riobamba, para despejar la zona.

Las internas manifestaron que debían ser trasladadas el viernes pasado al predio penitenciario del extremo oeste de Rosario, fecha en la que se realizó el anterior vaciamiento de seccionales policiales.

Cococcioni explicó el pasado viernes que, con la inauguración de los nuevos módulos en la cárcel de 27 de Febrero al 7800, se realizará una reestructuración del sistema de alojamiento provisorio de detenidos en la región. “Va a haber una nueva distribución de cupos, que tendrá de forma flotante 144 plazas, que es el cupo máximo actual”, señaló.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial indicó que, a partir de ahora, en la Unidad Regional II se derivarán a todos los detenidos a cinco puntos de ingreso, entre los que figura la comisaría 5ª de Rosario. Esa población carcelaria será trasladada semanalmente a distintos establecimientos penitenciarios, según los casos de personas imputadas y en prisión preventiva efectiva.

El funcionario santafesino agregó que el objetivo de la medida es evitar que la policía deba custodiar a las internas para prevenir motines, incendios o fugas.

Como ya publicó Infobae, en la seccional 5ª hubo cuatro fugas de presos el año pasado. Sucedieron en un lapso de tres meses. La primera ocurrió el 19 de mayo, cuando once presos cortaron los barrotes del techo del penal y se evadieron.

Ese hecho, de manera insólita, se descubrió al otro día, cuando uno de los prófugos se presentó en la comisaría acompañado por su madre, que le ordenó que se ponga a derecho. Por esa situación, en su momento desde el Ministerio Público de la Acusación se dispusieron medidas para investigar al personal policial.

La segunda evasión fue el 30 de junio. En esa ocasión fueron cinco los internos que escaparon. El método fue el siguiente: llamaron al policía a cargo de la custodia de los módulos, lo redujeron ni bien abrió la puerta, lo golpearon con el palo de una escoba y después treparon las paredes del fondo del edificio.

El tercer episodio tuvo lugar el 5 de julio. Un preso alojado allí seguía una audiencia imputativa por videoconferencia, pidió ir al baño y saltó por el techo. El caso fue alertado a la Policía por las visitas de los reclusos que aguardaban afuera de la comisaría. Rápidamente, fue recapturado a 50 cuadras del lugar.

La última sucedió el 15 de agosto, cuando seis internos escalaron por el techo de uno de los módulos transitorios de detención y saltaron hacia un estacionamiento lindero.

Un incidente de violencia tuvo lugar este sábado por la tarde en la Comisaría 3 de la ciudad de Santa Fe, cuando varias mujeres detenidas iniciaron un incendio dentro de la sección destinada a las reclusas. El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en Balcarce 1358, en el barrio Candioti, y fue rápidamente controlado por el personal de la comisaría.

Según los informes iniciales, el fuego se desató alrededor de las 21, cuando detenidas del área de Tránsito de Mujeres prendieron fuego a frazadas, aparentemente en el marco de un conflicto interno entre ellas. Aunque las primeras versiones indicaban que el incendio fue un acto de protesta, las razones detrás de este hecho aún están siendo investigadas por las autoridades.

El cuerpo de bomberos y las fuerzas de seguridad acudieron de inmediato al lugar, aunque el fuego ya había sido sofocado por los agentes de la comisaría antes de su llegada. El humo generado por el incendio causó que cuatro mujeres se descompensaran y necesitaran atención médica. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a centros de salud, ya que el personal de emergencias logró asistirlas en el mismo lugar.

Por otro lado, las autoridades identificaron a tres internas como las presuntas responsables del incendio. Estas mujeres fueron imputadas provisionalmente mientras continúa la investigación. La causa fue caratulada como “Foco ígneo” y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional Tercera de la Unidad Regional I.

El episodio causó alteraciones en el tránsito de la zona, debido a la presencia de múltiples vehículos de emergencia y la intervención policial. A pesar de la gravedad de la situación, no se registraron víctimas fatales ni daños estructurales importantes en el establecimiento.

El suceso sigue bajo investigación para esclarecer los motivos detrás de este incidente y determinar si hubo otros factores que contribuyeron al motín en la Comisaría 3 de Santa Fe.

Un hecho similar se registró el pasado 10 de abril en la Comisaría 15ª, ubicada en la esquina de Sarmiento y Ameghino, en la ciudad de Rosario, luego de un intento grupal de fuga por parte de los detenidos. Según informaron las autoridades, un recluso logró escapar, mientras que otros prendieron fuego colchones, ropa y otros objetos como forma de protesta. El delincuente fue detenido días después.

El suceso comenzó en horas del medio día cuando un cabo retiraba a uno de los detenidos para un traslado, lo que generó una avalancha de internos que intentaron alcanzar la puerta para fugarse. En ese momento, uno de los reclusos agredió a un agente de policía y logró escapar del lugar. Fue identificado como Matías Contrera.

En medio de todo el desorden, dos internos sufrieron quemaduras al prender fuego los colchones en el calabozo. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para recibir atención médica, según confirmó el comisario Daniel Acosta, jefe de la Policía de Rosario.

Todo este operativo incluyó a decenas de policías, dotaciones de bomberos y un detenido en calzoncillos, con el rostro visiblemente afectado por las llamas, saliendo a la vista de transeúntes y vecinos sorprendidos.

El incidente también provocó preocupación entre los padres de los alumnos de la Escuela N.º 1.032, ubicada a una cuadra de la comisaría, quienes acudieron al establecimiento para retirar a sus hijos debido a la proximidad del suceso.

Pese a la relevancia que tomó el hecho, desde el Ministerio de Seguridad aclararon al portal Rosario3 que, a pesar de los disturbios, no se trató de un motín, sino de un intento de fuga que generó la protesta violenta dentro del calabozo. Además, se destacó que la comisaría estaba superpoblada, al albergar 59 detenidos en un espacio destinado para solo 16 personas.

Luego de que se iniciara un operativo para dar con el paradero de Matías Nicolás Contreras (38), el único recluso que logró fugarse de la Comisaría 15ª de Rosario durante la revuelta de presos ocurrida semanas atrás, las autoridades confirmaron que el prófugo fue recapturado ayer por la tarde en plena vía pública.

A raíz de una denuncia anónima que ingresó al sistema de emergencias 911, el personal de la Brigada Motorizada de la Policía provincial detuvo al fugitivo mientras caminaba por la intersección de Necochea y Riobamba, en la zona sur de la ciudad. En ese momento, vestía una campera verde y negra a rayas y pantalón azul.

Al proceder con su identificación, se constató que el hombre tenía un pedido de captura activo por haberse evadido de la sede policial, ubicada en la esquina de Sarmiento y Ameghino.

Según la información publicada por Rosario3, los agentes trasladaron al delincuente hacia la Comisaría 2ª, ubicada sobre Paraguay al 1100, debido a que se trataba de la jurisdicción competente en la zona de la detención. No obstante, aún resta que la Fiscalía de turno determine cuál será su situación procesal y la sede en la que continuará arrestado.

El pedido de captura sobre Contreras se activó el pasado 9 de abril, después de que fuera identificado como el único recluso que logró escaparse de la Comisaría 15ª, cuando un grupo de presos prendieron fuego colchones, ropa y otros elementos a modo de protesta. Asimismo, fue señalado como el responsable de agredir a un policía segundos antes de huir de la dependencia.

El incidente sucedió al mediodía, cuando uno de los cabos ingresó al calabozo para retirar a uno de los detenidos que había sufrido quemaduras producto del incendio que se originó en el lugar. En ese momento, el fugitivo aprovechó para escapar tras producirse una avalancha provocada por el resto de los reclusos que se amotinaron en la puerta.

En la escena, se desplegaron varias dotaciones de policía y bomberos. Uno de los reclusos sufrió quemaduras en el rostro y fue visto saliendo de la comisaría en calzoncillos, para recibir asistencia médica. Finalmente, se confirmó que dos de los detenidos tuvieron que ser trasladados al Hospital Emergencias Clemente Álvarez (HECA), para recibir atención por las heridas sufridas.

Como consecuencia de los hechos, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aclaró que no se trató de un “motín”, sino de un intento de fuga que desencadenó en una protesta violenta dentro de las instalaciones. No obstante, reconocieron que en la dependencia había superpoblación carcelaria, debido a que 59 personas se encontraban detenidas, pese a que el edificio solo está preparado para albergar a 16 reclusos.

Las diferentes fugas en comisarías que se registraron en Santa Fe durante el último año llevó al Gobierno provincial a poner en marcha un operativo para aliviar la sobrecarga de presos en las dependencias policiales. De hecho, a principios de marzo se organizó el traslado de 62 delincuentes arrestados en la Comisaría 2ª y otros 34 internos de la Comisaría 24ª hacia el Complejo Penitenciario Rosario.

“Es mejor que los detenidos estén en las unidades penitenciarias, ya que el preso en comisaría genera como efecto de arrastre un montón de otros problemas”, apuntó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, al remarcar que “el patrullero tiene que estar dando seguridad, patrullando la ciudad, no siendo el remis del preso para llevarlo al hospital u otras diligencias”.

De la misma manera, el titular de la cartera provincial destacó que la cifra de detenidos en comisarías pasó de ser 600 a 302, por lo que se constituyó en el número más bajo registrado desde el cambio de gestión. En paralelo, aseguró que la población policial aumentó en un ritmo superior en 2024 en comparación con años anteriores.

“Teniendo en cuenta que la población penal no para de aumentar como consecuencia de algo que es positivo, que es la proactividad policial en calle y la mejora de las investigaciones criminales, durante todo el 2024 la población penal en total creció a un ritmo un 50% superior a años anteriores. Es decir, mientras sacamos presos de la comisaría, la Policía sigue deteniendo delincuentes”, sostuvo el ministro.

Un intenso operativo policial se registró este miércoles por la tarde en la Comisaría 15ª, ubicada en la esquina de Sarmiento y Ameghino, en la ciudad de Rosario, luego de un intento grupal de fuga por parte de los detenidos. Según informaron las autoridades, un recluso logró escapar, mientras que otros prendieron fuego colchones, ropa y otros objetos como forma de protesta.

El suceso comenzó en horas del medio día cuando un cabo retiraba a uno de los detenidos para un traslado, lo que generó una avalancha de internos que intentaron alcanzar la puerta para fugarse. En ese momento, uno de los reclusos agredió a un agente de policía y logró escapar del lugar. Fue identificado como Matías Contrera, quien hasta el momento no ha podido ser recapturado.

En medio de todo el desorden, dos internos sufrieron quemaduras al prender fuego los colchones en el calabozo. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para recibir atención médica, según confirmó el comisario Daniel Acosta, jefe de la Policía de Rosario.

Todo este operativo incluyó a decenas de policías, dotaciones de bomberos y un detenido en calzoncillos, con el rostro visiblemente afectado por las llamas, saliendo a la vista de transeúntes y vecinos sorprendidos.

El incidente también provocó preocupación entre los padres de los alumnos de la Escuela N.º 1.032, ubicada a una cuadra de la comisaría, quienes acudieron al establecimiento para retirar a sus hijos debido a la proximidad del suceso.

Pese a la relevancia que tomó el hecho, desde el Ministerio de Seguridad aclararon al portal Rosario3 que, a pesar de los disturbios, no se trató de un motín, sino de un intento de fuga que generó la protesta violenta dentro del calabozo. Además, se destacó que la comisaría estaba superpoblada, al albergar 59 detenidos en un espacio destinado para solo 16 personas.

Sobrepoblación carcelaria en Rosario: así trasladan a los presos

Durante el último mes, el gobierno de Santa Fe llevó a cabo un operativo de gran envergadura para trasladar a casi un centenar de detenidos a un penal de máxima seguridad, con el fin de aliviar la sobrecarga carcelaria en las comisarías. Este operativo incluyó el traslado de 62 reclusos desde la Comisaría 2ª de la Unidad Regional II de la ciudad de Santa Fe hacia el Complejo Penitenciario Rosario. Esta medida responde a la estrategia de reducir la cantidad de internos en las comisarías y mejorar la operatividad de la Policía.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó que los detenidos deberían estar en unidades penitenciarias en lugar de en comisarías, ya que su presencia genera diversos problemas operativos, como la desviación de recursos policiales hacia el traslado de presos en lugar de a la seguridad ciudadana. Cococcioni también señaló que, al asumir su gestión, había alrededor de 600 detenidos en comisarías, pero tras estos traslados, el número se redujo a 302, lo que representa una disminución significativa.

En paralelo, la situación de la sobrecarga carcelaria se convierte en un tema de conflicto también a nivel nacional, como lo demuestra el reciente fallo judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ordenó el traslado de presos desde las comisarías a cárceles federales debido al hacinamiento. Este fallo afecta a 411 detenidos, la mayoría bajo disposición de la justicia nacional.

La sobrecarga carcelaria sigue siendo un desafío crucial, con el aumento continuo de la población penal debido a la mayor proactividad policial y las mejoras en las investigaciones criminales. A pesar de los esfuerzos para reducir el número de reclusos en las comisarías, la situación sigue siendo crítica, con más de 2.200 detenidos en comisarías porteñas.

La protesta se llevó a cabo en los pabellones 1 y 5, donde los presos quemaron colchones y sábanas y colgaron banderas en las ventanas. “Tenemos derecho a la educación 1985-2025″, es uno de los mensajes que llegan a leerse en uno de los trapos que sobresalen en la cárcel ubicada en la calle Bermúdez al 2651, en el barrio porteño de Villa Devoto. “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”, dice otra las banderas colgadas en el penal.

De acuerdo con lo que trascendió, el motín comenzó hacia las 21:30 y se extendió por más de una hora y media. Está previsto que esta noche los presos se vuelvan a manifestar. No se informó acerca de heridos.

El reclamo de los reclusos se dio a más de una semana de que se diera a conocer la resolución -publicada en el Boletín Oficial- acerca de la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La autoridad que administra los establecimientos penitenciarios del país, argumentó la decisión señalando que esta dinámica afecta la principal finalidad que busca la readaptación social.

Además de los programas criminológicos de seguridad que el régimen desarrolla, se destacan los planes de reinserción de las personas privadas de la libertad, a la sociedad. Esta acción implica tareas obligatorias como las laborales y las vinculadas al mantenimiento de espacios comunes.

En este sentido, el documento sostiene que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”, e incluye también “aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos —artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL—, se orientan a compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo”.

Por tanto, el Ministerio de Seguridad estableció anteriormente la obligatoriedad para todos los internos alojados en el SPF de “participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.

Al respecto, la Resolución 372/2025 explicó que la asistencia de reclusos a las jornadas educativas, exceden los tiempos establecidos y afectan las reglas de progresividad. Además, mencionó que esa dinámica genera dificultades para el cumplimiento del tratamiento penitenciario individualizado, obligatorio por ley, y que incluso se han reportado alteraciones en materia de seguridad.

No obstante, el documento oficial firmado por la ministra, Patricia Bullrich, reconoció que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, este beneficio se encuentra amparado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que da lugar a la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.

Sin embargo, el Ministerio remarca que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente. “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”, describen desde el organismo.

Según explicaron, los detenidos se encuentran organizados bajo la figura de centros de estudiantes que “invocan la representación de internos estudiantes”, y que permanecen de lunes a viernes durante toda la jornada en esos espacios —entre las 9 y las 18 horas, dependiendo del establecimiento—, superando ampliamente el tiempo requerido para asistir a clases, bajo el pretexto de actividades estudiantiles.

Más de 30 personas han muerto y 1.500 se han fugado en un motín que se ha registrado este miércoles en la cárcel central de Matula, a las afueras de la capital de Mozambique, Maputo, en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, que han dado la victoria a la candidatura oficialista pese a las denuncias de fraude electoral.

El comandante general de la Policía del país africano, Bernardino Rafael, ha explicado en una rueda de prensa que en dicha prisión se encontraban internados 2.500 presos y detenidos, cuando "cerca de las 13.00 horas (hora local) un grupo de manifestantes subversivos se acercaron a las inmediaciones" para exigir que "sacaran a los presos que allí cumplen sus penas".

Según ha relatado, "esta agitación fuera provocó emociones dentro de la cárcel, que propició el colapso del muro", situación que "aprovecharon para pasar al otro lado". Ante esta situación, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los reclusos: "Esta confrontación ha resultado en 33 muertes y 15 heridos", ha cifrado, señalando que han conseguido recapturar únicamente a 150 detenidos.

Asimismo, ha cuestionado el objetivo de los manifestantes al supuestamente liberar a los presos, remarcando que en esa prisión se encontraban 29 terroristas convictos, "algunos de los cuales muy peligrosos", y ha alertado de un "fuerte aumento de la delincuencia, de todo tipo de delitos" en las próximas horas. Es por eso que ha pedido a los fugados "que regresen a la cárcel donde cumplen sus penas, que se presenten en las comisarías", y a la población que denuncie movimientos sospechosos.

No obstante, mientras que Rafael ha responsabilizado a los manifestantes del motín, la ministra de Justicia, Helena Kida, ha negado que fueran estos los culpables de la liberación de los presos, señalando que la fuga "tenía motivaciones internas, y la agitación comenzó entre los propios reclusos".

Mozambique vive el tercer día consecutivo de caos en las calles, tras el anuncio de los resultados definitivos de las elecciones generales, con saqueos, vandalismo y barricadas, especialmente en Maputo. En la víspera, el Ministerio del Interior cifró en 21 los muertos por el aumento de la violencia. Sin embargo, la ONG mozambiqueña Plataforma Eleitoral Decide ha confirmado 121 fallecidos en los últimos dos días, registrando un total de 248 muertes desde hace dos meses.

Venancio Mondlane, quien se ha erigido en principal figura de la oposición, insiste en que hubo fraude electoral y ha adelantado que seguirá instando a sus seguidores a que continúen con las protestas. Mientras tanto, él sigue fuera del país en paradero desconocido desde finales de octubre.

Asunción, 22 dic (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay acusó y pidió juicio oral y público en contra nueve integrantes del 'Clan Rotela', una organización que las autoridades paraguayas vinculan con el narcotráfico, dentro de una causa que se relaciona con una operación militar y policial desplegada en diciembre de 2023 para retomar el control en la cárcel de Tacumbú, la principal de Paraguay.

En declaraciones para la radio ABC Cardinal, la fiscal Fátima Girala refirió este domingo que con base en los elementos colectados durante la fase investigativa presentaron la acusación por la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.

Los acusados son Armando Rotela Ayala, el líder del 'Clan Rotela', y otras ocho personas autodenominados los "soldados de Rotela" quienes estuvieron presas en la cárcel asuncena de Tacumbú cuando se ejecutó la operación Veneratio, que se saldó con un policía y 11 reclusos fallecidos y 94 personas heridos.

Girala detalló que realizaron varios procedimientos, entre ellos requisas en la cárcel donde encontraron un centenar de armas contundentes, armas de fuego, dinamita, droga y desmantelaron un "sector vip" dentro de la penitenciaría.

También hicieron pericias a más de 320 celulares encontrados en varios procedimientos desarrollados entre los meses de diciembre de 2023 y enero y febrero de este año.

Según el medio ABC Color, la acusación refirió que el Clan Rotela "fue tomando mayor fuerza" cuando se instaló en Tacumbú donde fue captando adeptos, en su mayoría personas privadas de libertad denominados "pasilleros" o "soldados".

De este modo, la organización logró controlar el centro penitenciario y "consolidar su asociación criminal" dentro de la cárcel y fuera de ella, señaló el medio de comunicación.

En el operativo Veneratio del 18 de diciembre de 2023 participaron 1.100 militares y 1.218 policías y propició el traslado de aproximadamente 800 personas presas en Tacumbú hacia otras prisiones del país, entre ellas Rotela, quien deberá permanecer recluido hasta 2046. EFE

Ciudad de México, 20 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes d que ya se investiga el motín en una cárcel del estado de Tabasco, sureste del país, en el que se informó de la muerte de 7 reos, además de 10 heridos, entre ellos cuatro policías

"Se está haciendo la investigación para ver si fue correcto el operativo y porque se encontraban armas dentro del penal", dijo Sheinbaum en su conferencia de todos los días en Palacio Nacional.

El jueves por la noche la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco precisó en un comunicado el recuento del motín y remarcó que la violencia al interior del penal se dio tras intentar el traslado de dos reos considerados como generadores de violencia.

"El objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad a otro penal y al hacer el operativo (las autoridades) encontraron armas en el penal, y se dio esta circunstancia de enfrentamiento", explicó Shienbaum.

"Se tiene que dar toda la información y si hay alguna colusión (con autoridades) (...) donde ocurren en estas situaciones, se tiene que hacer una investigación", añadió.

En su comunicado, la Fiscalía expuso que los hechos ocurrieron en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) y el operativo los llevaron a cabo autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, quienes controlaron el motín tras varias horas de refriega.

El jueves en conferencia, el gobernador del estado de Tabasco, Javier May, aseguró que "todo estaba bajo control" en el penal de Villahermosa, donde desde la 05:00 horas (11:00 GMT) se registró un motín, sin dar detalles sobre la cantidad de muertos y heridos.

El secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, explicó que a las 5:00 horas local (11:00 GMT), fuerzas de seguridad ingresaron al Creset para realizar el traslado de dos reos y fueron agredidos con armas de fuego, al tiempo que los presos empezaron actos vandálicos como la quema de diversos muebles y basura en los patios de la instalación.

En un primer informe, Chávez no ofreció cifra de personas muertas o lesionadas durante el operativo, y se limitó a detallar la cantidad de armas aseguradas.

Entre los objetos confiscados, se encontraron un fusil AR-15, cinco pistolas calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, un cargador para fusil, tres cargadores para pistola y diversas municiones.

Previamente, el fiscal estatal, José Barajas, reportó a medios tener conocimiento de al menos dos muertos y varios heridos.

Al mismo tiempo del motín, se reportaron bloqueos e incendios de al menos 10 vehículos y tres negocios en distintas partes de la ciudad de Villahermosa, capital del estado.

Tabasco ha experimentado un aumento significativo en los homicidios dolosos en 2024, con 715 víctimas registradas de enero a octubre, un incremento del 243 % en comparación con los 208 casos reportados en el mismo periodo de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). EFE

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Al menos siete presos han muerto a causa de un motín en una cárcel en la ciudad mexicana de Villahermosa, situada en el estado de Tabasco (sureste), según han confirmado las autoridades del país norteamericano, que han afirmado que otras diez personas han resultado heridas.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha indicado en un comunicado que el motín, registrado en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), ha sido controlado tras un "operativo" por parte de las fuerzas de seguridad.

"Con motivo de estos hechos perdieron la vida siete personas privadas de su libertad", ha manifestado el organismo, antes de agregar que "otras seis resultaron lesionadas, además de cuatro policías".

"La Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido", ha zanjado, sin que por ahora haya una confirmación oficial sobre los motivos del motín, en el que han sido incendiadas parte de las instalaciones.

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- El gobernador del sureño estado mexicano de Tabasco, Javier May, aseguró este jueves que "todo está bajo control" en el penal de Villahermosa, donde en la madrugada se registró un motín, aunque no dio detalles sobre la cantidad de muertos y heridos.

"Comentarles que está todo ya bajo control, que vamos a seguir garantizando, que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro estado", mencionó May en una conferencia, donde no admitió preguntas de la prensa.

El Secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, explicó que a las 5:00 horas local (11:00 GMT), fuerzas de los tres niveles de gobierno ingresaron al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) para realizar el traslado de dos reos generadores de violencia.

"Cuando se ingresa, es recibida la autoridad con una agresión con armas de fuego; asimismo, empezaron a realizar actos vandálicos como fue la quema de diversos muebles y basura en los patios de la instalación", indicó Chávez.

Agregó que uno de los reos, identificado como Gerardo 'N', fue asegurado sin resistencia, pero el segundo, Javier 'N', intento evitar su aseguramiento y fue "custodiado por aproximadamente 20 personas privadas de la libertad".

"Al oponer esta resistencia, la autoridad tiene que actuar en defensa de su propia vida y realizar también lo que es la defensa de su vida, y de manera proporcional conforme a la ley nacional del uso de la fuerza y se logra el aseguramiento de esta segunda persona", expuso Chávez.

Sin saldo final de muertos y heridos

No obstante, el secretario no informó del número de personas muertas o lesionadas durante el operativo, y se limitó a detallar la cantidad de armas aseguradas.

Entre los objetos confiscados, se encontraron un fusil AR-15, cinco pistolas calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, un cargador para fusil, tres cargadores para pistola y diversas municiones.

"Cabe destacar que estas municiones eran las que ya les quedaban, porque desde que se arriba, desde las 5:00 horas de la mañana hasta las 9:15, hubo resistencia activa por parte de este generador de violencia de nombre Javier N", señaló Chávez.

Previamente, el fiscal estatal, José Barajas, reportó a medios tener conocimiento de al menos dos muertos y varios heridos.

"Hay personas heridas, dos personas han fallecido(…) No he tenido la oportunidad de acercarme para darles la información, voy a ver qué está pasando ahorita", dijo el fiscal antes de ingresar al penal, increpado por las familias de los presos reclamando respuestas.

En redes sociales, circularon videos presuntamente grabados por los mismos reos denunciando la violencia por parte de las autoridades, donde se escuchan disparos y se observan incendios, así como una columna de humo proveniente del reclusorio.

Al mismo tiempo, se reportaron bloqueos e incendios de al menos 10 vehículos y tres negocios en distintas partes de la ciudad de Villahermosa, capital del estado.

Tabasco ha experimentado un aumento significativo en los homicidios dolosos en 2024, con 715 víctimas registradas de enero a octubre, un incremento del 243 % en comparación con los 208 casos reportados en el mismo periodo de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). EFE

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- Un motín en un penal en el estado de Tabasco, sur de México, dejó al menos dos reos muertos y varios heridos la madrugada de este jueves, informó el fiscal estatal, José Barajas.

Al llegar al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), Barajas fue cuestionado por familiares de reclusos demandando respuestas ante los hechos de violencia que se han reportado desde el interior del penal, incluyendo disturbios e incendios, según se observa en videos de medios locales y redes sociales.

"Hay personas heridas, dos personas han fallecido(…) No he tenido la oportunidad de acercarme para darles la información, voy a ver qué está pasando ahorita", dijo el fiscal antes de ingresar al penal, increpado por las familias de los presos.

Los familiares reclamaron la falta de respuestas, pese a que desde las 4:00 hora local (11:00 GMT) se han reportado disparos dentro del reclusorio y han circulado videos presuntamente grabados por los mismos reos denunciando la violencia por parte de las autoridades.

"¿Y por qué los están matando? ¿Por qué entraron los de la Guardia Nacional?", cuestionaron los familiares al fiscal.

En los videos, también se observa una columna de humo proveniente del reclusorio; al tiempo que se han reportado bloqueos e incendios de vehículos y negocios en distintas partes de la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco.

"Tenemos aquí dos generadores de violencia, que son quienes controlan o tienen el control de los internos(…) Ellos siguen teniendo control de delincuentes que están todavía afuera", comentó Barajas antes de ingresar al penal.

El fiscal entró al Creset junto con una comitiva de agentes de la policía estatal y de la Guardia Nacional, y prometió a las familias dar respuestas a su salida.

Momentos después, el vocero del gobierno estatal, Fernando Vázquez, afirmó que ya se ha restablecido el orden en el penal, e informó que al mediodía darán una conferencia de prensa para detallar el operativo.

Tabasco ha experimentado un aumento significativo en los homicidios dolosos en 2024, con 715 víctimas registradas de enero a octubre de 2024, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto representa un incremento del 243 % en comparación con los 208 casos reportados en el mismo periodo de 2023. EFE

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde del martes en la comisaría, ubicada en el barrio de Pérez, Rosario. Todo comenzó cuando las reclusas comenzaron a quemar objetos dentro de los calabozos para exigir mejores condiciones de alojamiento. Su familia cortó la calle para sumarse al reclamo de las detenidas.

El hecho ocurrió en la seccional 22°, donde se alojan 39 mujeres que se encuentran detenidas, cuando el edificio está preparado para tan solo 12 personas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, las reclusas comenzaron a quemar objetos dentro de los calabozos, a modo de reclamo por mejores condiciones de alojamiento. Así, la tensión escaló y las detenidas comenzaron a arrojar fragmentos de almohadas en llamas al pasillo de la comisaría.

En este contexto, las autoridades alertaron a los bomberos voluntarios de la zona, quienes se hicieron presentes en el lugar para controlar el fuego. Sin embargo, la situación no terminó allí.

El motín sucedió en el horario de la visita, por lo que los familiares de las detenidas llevaron las exigencias de las criminales a la calle. Mientras las mujeres seguían con sus reclamos desde dentro, sus allegados exigían mejores condiciones de detención en las inmediaciones del establecimiento; sobre todo, durante estas jornadas de agobiante calor.

“Están viviendo mal. Está bien que están pagando lo que hicieron mal, pero tampoco para que vivan así. A veces les cortan el agua, no les pasan la comida, y con el calor se descomponen bastante porque es un lugar re chiquitito”, relataron en un diálogo con Telenoche.

En esa línea, sumaron que las mujeres “a veces duermen en el patio, no hay lugar para todas”. “Es un desastre”, definieron.

Como respuesta, el jefe de la zona, comisario inspector Flavio Aranda, ordenó que ingresen dos ventiladores a la seccional, en un intento de mitigar los efectos de las altas temperaturas y hacer lugar al reclamo de las reclusas para controlar la situación.

La sobrepoblación en las comisarías en un problema que se replica en casi todas las unidades de la ciudad. De hecho, en noviembre del año pasado, siete presos se fugaron de la seccional 2ª, ubicada en Paraguay al 1100, donde había 57 reclusos en un módulo preparado para 16 personas.

De acuerdo a la información oficial, los presos fueron recapturados al poco tiempo. Los presos fugados fueron los siguientes: Juan Abel Mena (38), Luis Ezequiel Vallejos (28), Facundo David Obregón (19), Brandon Ezequiel Gálvez (19), David Nazareno Godoy (31), Juan Eduardo Kelly Bustamante (63) y Ariel Agustín Montenegro (29).

En los operativos, fueron detenidas también dos mujeres. Edit Elsa Juliana M. (37) y Betiana Mabel Q. (45), quienes cayeron en Mendoza al 1600 después de intentar huir a pie al notar el operativo policial. Ambas fueron trasladadas a la comisaría 2ª y quedaron a disposición de la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Momentos antes, las mujeres estaban en un Siena negro en marcha en San Juan al 1400, a la vuelta de la seccional. Se sospecha que esperaban en ese lugar para ayudar a los evadidos a escapar.

Estos episodios forman parte de una serie de fugas ocurridas en diferentes seccionales de la ciudad a lo largo del año.

Por otro lado, el 13 de octubre, 16 internos escaparon de la comisaría 16ª, ubicada en Ayacucho al 3300, en la zona sur de Rosario. En ese momento, la dependencia alojaba a 52 detenidos, a pesar de que su capacidad era para 12.

En la seccional 5ª de Italia al 2100, en barrio Abasto, se registraron cuatro fugas en tres meses. La última fue en agosto, cuando seis reclusos forzaron una reja y saltaron hacia un estacionamiento contiguo. Tres de ellos fueron recapturados poco después.

Horas después de que se reportara una balacera al interior del Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), ubicado en Villahermosa, la Fiscalía General del Estado (FGE) brindó un breve pronunciamiento respecto a los hechos y confirmó que el saldo del presunto motín fue de siete muertos y 14 heridos.

Acorde con el informe oficial, todas las personas que perdieron la vida durante las agresiones estaban privadas de su libertad y fueron identificadas como Abraham “N”, Federico “N”, Charly “N”, Oswaldo “N”, Alejandro “N”, Jonathan “N” y Josué “N”.

Por otro lado, la FGE especificó que los lesionados responden a los nombres de Pedro Enrique “N”, Deyose “N”, Daniel Eduardo “N”, Jesús Alberto “N”, Emilio “N”, Cristhofer Rafael “N”, Marco Antonio “N”, Luis Arturo “N”, José Manuel “N”, Valdemar “N”, Isaías “N”, Luis Felipe “N”, Antonio “N” y Carlos Humberto “N”. Al respecto, la corporación señaló que todos son internos del penal de Villahermosa y fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad.

En una concisa reconstrucción de los hechos, la dependencia de seguridad precisó que los actos de violencia comenzaron a las 10:51 horas y, tras el despliegue de agentes estatales y federales, la situación quedó bajo control a las 11:30 horas.

Videos compartidos por habitantes de Villahermosa permitieron conocer que al interior del centro penitenciario fueron detonadas varias ráfagas de disparos de armas largas. Sin embargo, hasta la mañana del 5 de febrero, no había un reporte detallado respecto al origen de la confrontación.

“La Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido, reiterando su compromiso con la legalidad y la transparencia. De igual forma, reafirma su coordinación con la Mesa de Seguridad Tabasco, en favor de la seguridad de los tabasqueños”, puede leerse en el comunicado oficial.

Mes y medio antes de estos hechos, el 19 de diciembre de 2024, se registró otro motín al interior del CREST que también provocó la muerte de siete reclusos. Los detalles difundidos en aquel entonces por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntan que las autoridades acudieron al penal para efectuar un operativo de traslado. El objetivo era llevar a Gerardo “N” y Javier “N”, dos jefes criminales de alta relevancia, a otro reclusorio. Sin embargo, los oficiales fueron recibidos con disparos.

En ambos casos, las familias de quienes se encuentran privados de su libertad en el CREST cuestionaron a las autoridades sobre las circunstancias bajo las cuales habrían llegado las armas de fuego a los módulos del penal.

En 1946, la prisión más temida de Estados Unidos fue escenario de un enfrentamiento mortal que sacudió al país. El grito de la alarma se escuchó más allá de las paredes de Alcatraz, cruzando la bahía de San Francisco y llegando hasta la costa. Era el 2 de mayo, y lo impensable había ocurrido: un grupo de reclusos, liderado por el astuto ladrón de bancos Bernard Coy, había puesto en marcha un meticuloso plan para escapar de la infame prisión. Lo que comenzó como una audaz tentativa de fuga pronto escaló hasta convertirse en un feroz enfrentamiento conocido como la Batalla de Alcatraz, un evento que marcó la historia carcelaria de Estados Unidos.

Durante 46 horas, los pasillos de “La Roca” fueron escenario de una guerra interna. Los sonidos de disparos y explosiones dominaron el ambiente mientras los presos enfrentaban a guardias y, eventualmente, a los militares. Al final, el saldo fue devastador: cinco muertos, decenas de heridos y una prisión convertida en un símbolo de resistencia y brutalidad. ¿Qué llevó a estos hombres a jugarse la vida en un intento casi suicida? La respuesta yace en las vidas de los protagonistas y en las tensiones de una prisión diseñada para quebrar el espíritu humano.

Bernard Coy, un ladrón de bancos encarcelado desde 1938, era conocido por su habilidad para observar cada detalle. En los días previos al intento de fuga, Coy ideó un plan tan audaz como preciso: perder peso para poder deslizarse entre los barrotes del pasillo de armas, un lugar altamente custodiado dentro de la prisión. Este lugar albergaba las herramientas necesarias para cambiar el equilibrio de poder: armas y municiones. Coy, que trabajaba como celador, usó su acceso privilegiado para estudiar los patrones de los guardias y las debilidades de las estructuras físicas de la prisión.

En esta misión no estaba solo. Lo acompañaron Joseph Cretzer, un gánster conocido en la costa oeste; Marvin Hubbard, un cómplice de robos; y Clarence Carnes, un joven de 19 años condenado por asesinato. Dos prisioneros más, Sam Shockley y Miran Thompson, se unirían posteriormente al intento, aunque inicialmente no formaban parte del grupo. El plan era liberar a otros presos, hacerse con las armas y usar rehenes para negociar su salida de la isla, posiblemente en un bote.

La mañana del 2 de mayo, Coy comenzó a ejecutar su plan. Aprovechó una distracción creada por Hubbard para atacar al guardia William Miller, a quien golpearon y desarmaron. Con las llaves de Miller en su poder, liberaron a sus compañeros y neutralizaron a otros oficiales. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que un detalle clave les cerró el camino hacia la libertad: la llave que abría la puerta al patio de recreo, su ruta de escape, estaba escondida en el cuerpo de Miller.

El caos y la violencia descontrolada

A medida que los reclusos buscaban desesperadamente la llave faltante, el ambiente dentro de Alcatraz se volvió caótico. Frustrado, Joseph Cretzer tomó la decisión fatal de disparar contra los guardias retenidos como rehenes, hiriendo a varios y causando la muerte de Miller. Para entonces, la alarma de emergencia había sonado, alertando no solo a los habitantes de la prisión sino también a la ciudad de San Francisco.

La respuesta no tardó en llegar. Equipos de la Guardia Costera, la policía local y el ejército se movilizaron rápidamente. Los Marines, recién llegados de combates en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, usaron granadas y armas automáticas para retomar el control de la prisión. Los enfrentamientos duraron dos días completos, durante los cuales las celdas y pasillos se convirtieron en zonas de guerra. “El piso temblaba con cada explosión”, recordó años después el recluso Jim Quillen, quien quedó atrapado en el fuego cruzado.

Un final mortal para los líderes

El 4 de mayo, las fuerzas de seguridad finalmente lograron acorralar a los reclusos en un área restringida de la prisión. Bernard Coy, vestido con un uniforme de guardia en un último intento desesperado por escapar, fue encontrado muerto junto a Joseph Cretzer y Marvin Hubbard, todos acribillados. Mientras tanto, Sam Shockley y Miran Thompson, capturados vivos, serían condenados a muerte en la cámara de gas de San Quentin en 1948.

Por otro lado, Clarence Carnes logró evitar la ejecución tras testificar que intentó evitar los asesinatos. Sin embargo, su sentencia fue extendida, y permaneció en prisión hasta su liberación condicional en 1973.

La Batalla de Alcatraz dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Más de una docena de guardias resultaron heridos, y las paredes de la prisión todavía muestran los agujeros de bala de aquellos días fatídicos. A pesar de los esfuerzos de los atacantes, el intento de fuga fracasó estrepitosamente, consolidando la reputación de Alcatraz como una prisión inquebrantable.

Hoy, Alcatraz es un destino turístico donde los visitantes pueden recorrer los pasillos que fueron testigos de este evento histórico. Las historias de los protagonistas, los sacrificios de los guardias y el terror de aquellos que sobrevivieron resuenan como un recordatorio de las luchas y tensiones que definieron una era del sistema penitenciario estadounidense.

El servicio penitenciario de Ecuador (SNAI) ha informado de la muerte de quince presos, así como de catorce heridos más, en el motín que ha tenido lugar en la madrugada de este martes en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, una de las cárceles más conflictivas del país.

La refriega ha comenzado sobre las 3.30 hora local, después de que tanto los vecinos que residen en los alrededores del centro y las autoridades penitenciaras alertaran a la Policía de detonaciones de armas de fuego.

Los servicios de seguridad han actuado "de manera inmediata para tomar el control total de las instalaciones y activar un operativa de requisa a gran escala, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido", ha señalado el SNAI a través de una breve nota en su cuenta de X.

"Actualmente, el centro penitenciario se encuentra bajo control absoluto. Un contingente significativo de personal militar y policial ha sido desplegado para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes", ha destacado.

En ese mismo centro penitenciario se hallaron hace un mes los cadáveres de dos reos. A mediados de septiembre, la que era su directora, María Daniela Icaza, murió bajo los disparos de un asaltante cuando se dirigía a su domicilio.

Ecuador atraviesa una crisis penitenciaria que ha provocado que el Gobierno decretara el estado de conflicto armado interno en enero de este año tras la irrupción de un comando en un canal de televisión, colofón a una escalada de violencia que había tenido como escenario las cárceles del país.

Una de estas es la ya mencionada Penitenciaría del Litoral, de la que se fuego el jefe de Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias 'Fito', aún prófugo de la Justicia y uno de los responsables de aquellos amotinamientos en las cárceles.

La Policía ecuatoriana ha informado de la muerte al menos de ocho personas, así como de una docena de heridos más, en un nuevo enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, una de las más conflictivas del país, cuya anterior directora, María Daniela Icaza, fue asesinada hace dos meses fuera del penal.

La refriega ha tenido lugar durante la madrugada de este martes, después de que las autoridades penitenciaras alertaran a la Policía de detonaciones de armas de fuego. No descarta más víctimas e incluso que algún reo haya podido fugarse.

El informe policial detalla que además de los siete fallecidos por impacto de bala, se ha encontrado otro cuerpo desmembrado, informa el periódico 'Expreso'.

Por su parte, el servicio penitenciario (SNAI) no ha emitido todavía ningún comunicado oficial.

En ese mismo centro penitenciario se hallaron hace un mes los cadáveres de dos reos. A mediados de septiembre, la que era su directora, María Daniela Icaza, murió bajo los disparos de un asaltante cuando se dirigía a su domicilio.

Ecuador atraviesa una crisis penitenciaria que ha provocado que el Gobierno decretara el estado de conflicto armado interno en enero de este año tras la irrupción de un comando en un canal de televisión, colofón a una escalada de violencia que había tenido como escenario las cárceles del país.

Una de estas es la ya mencionada Penitenciaría del Litoral, de la que se fuego el jefe de Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias 'Fito', aún prófugo de la Justicia y uno de los responsables de aquellos amotinamientos en las cárceles.

Por indicación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno de Tabasco deberá dar detalles sobre el motín registrado la madrugada del 19 de diciembre en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST), ubicado en Villahermosa; mismo que dejó un saldo de siete muertos.

En la conferencia de prensa matutina de este viernes, realizada desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo informó que el asunto fue abordado en la reunión del gabinete de seguridad.

Confirmó que los hechos se originaron a raíz de un operativo para trasladar a dos reos a un penal federal, acción que no fue bien recibida por las Personas Privadas de la Libertad. La situación, aseguró, es investigada para determinar si el actuar de las autoridades fue correcto.

“Vamos a pedir que haya un comunicado, tiene que darse la información. (...) Al hacer el operativo encontraron armas, ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento. Se está haciendo la investigación para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal”, declaró.

En esa línea, advirtió que si la investigación que encabeza la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco revela algún tipo de colusión entre las autoridades y las actividades ilícitas que se desarrollaban dentro del CREST, también deberán de hacerse públicas.

¿Qué ocurrió?

Alrededor de las 5:00 horas del 19 de diciembre, elementos de seguridad estatal y federal arribaron a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, ubicado en la carretera federal de Villahermosa, para llevar a cabo el traslado de dos generadores de violencia, identificados como Gerardo ‘N’ y Javier ‘N’.

Sin embargo, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, a su llegada los uniformados fueron recibidos por un grupo de internos con agresiones.

Se informó que el conflicto se extendió por varias horas debido a que Javier ‘N’ opuso resistencia ante las autoridades y, con ayuda de al menos 20 internos más, dio inicio al motín.

“Hubo disparos de arma de fuego, quema de muebles y basura en el patio del centro de reclusión”, explicó el funcionario.

Se informó que el operativo se incautó un arsenal y sustancias ilícitas. Entre lo decomisado destaca un fusil AR-15 y cinco pistolas calibre 9 mm, así como al menos 541 dosis de droga.

Asimismo, se notificó el fallecimiento de siete reos, identificados como:

• Jorge Francisco ‘N’
• Marcelo ‘N’
• Mario de Jesús ‘N’
• Alejandro ‘N’
• Iván ‘N’
• Christian ‘N’
• Antonio ‘N’

Otras 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas cuatro policías. Por este hecho, la FGE ya realiza las investigaciones correspondientes.

Cabe destacar que lo ocurrido en el CRESET no fue el único incidente de violencia registrado la mañana del 19 de diciembre en Tabasco. Desde muy temprano se registró el incendio de tiendas de conveniencia y de vehículos en carreteras de la entidad.

Un motín en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST) durante la mañana de este 19 de diciembre dejó un saldo de siete muertos, de acuerdo con la Fiscalía General del estado.

El Ministerio Público local informó en un comunicado que las personas fallecidas en este motín, que comenzó luego de que las autoridades intentaron movieron a dos generadores de violencia del Centro de Reinserción Social de Tabasco, fueron identificados como: Jorge Francisco “N” y Marcelo “N”.

Además de Mario de Jesús “N”; Alejandro “N”; Iván “N”; Cristhian “N” y Antonio “N”.

La autoridad ministerial señaló que el motín también dejó seis personas y cuatro policías lesionados.

“La Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los sucedido”.

Reclusos del CREST se enfrentaron a las autoridades penitenciarias en un violento motín durante las primeras horas del este miércoles, cuando las fuerzas de seguridad intentaron trasladar a dos individuos identificados como generadores de violencia en la región, Javier “N” y Gerardo “N”.

El motín se desató a las 5:00 de la mañana, cuando los agentes de seguridad ingresaron al CREST con la misión de ejecutar una orden de traslado. Sin embargo, fueron recibidos con disparos y actos vandálicos, como la quema de muebles y basura en los patios del centro penitenciario, detalló Víctor Hugo Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad, en una conferencia de prensa posterior a los hechos.

Tras tres horas de tensión, las autoridades lograron ubicar y asegurar a Gerardo “N”. No obstante, la situación continuó siendo crítica, ya que Javier “N” y sus aliados (unos 20 Personas Privadas de su Libertad) persistieron en su resistencia, disparando contra los elementos de seguridad.

Este enfrentamiento se prolongó hasta las 9:15 de la mañana, cuando finalmente Javier “N” fue detenido en el Módulo 4 del centro penitenciario.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, junto con Chávez, explicaron la cronología de los eventos y presentaron el material incautado durante la operación.

El motín resultó en la muerte de las siete personas, aunque en un principió se aseguró que eran dos.

La operación de traslado, que pretendía mitigar el riesgo de violencia dentro del CREST, terminó desencadenando un episodio de caos y resistencia armada.

En el lugar fueron halladas armas, machetes y drogas, específicamente dentro de las instalaciones fue encontrado un fusil AR-15, cinco pistolas, una granada de fragmentación, un cargador de fusil, tres cargadores para pistola, así como 35 cartuchos.

También hallaron 460 dosis de marihuana, 81 de cocaína en piedras, así como un kilo 400 gramos de marihuana. Se localizaron siete celulares, cinco radios, 23 machetes, 14 cuchillos y 23 armas hechizas.

Durante las primeras horas del miércoles 19 de diciembre ocurrió un motín en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CREST), ubicado en Hermosillo, el cual dejó dos personas muertas.

Horas después de los hechos violentos el gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez y el titular de la Secretaría de Seguridad, Víctor Hugo Chávez, ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartió la cronología de los hechos y el material hallado.

Así fue el motín en Villahermosa

Eran las 5:00 de la mañana cuando agentes de seguridad entraron a las instalaciones del CREST con el objetivo de cumplimentar una orden de traslado de dos personas privadas de la libertad (PPL), identificados como generadores de violencia en Tabasco.

Sin embargo, los agentes de seguridad que irrumpieron fueron recibidos con disparos armas de fuego, además de que los reos “empezaron a realizar actos vandálicos como la quema de muebles y basura en los patios”, detalló Chávez Martínez.

Pasaron tres horas, pues ya para las 8:00 de la mañana fue ubicado y asegurado Gerardo “N”, quien estaba en la zona del Calabozo y no opuso resistencia.

Ya para las 8:15 de la mañana los agentes tenían un control parcial de las instalaciones penitenciarias, pero todavía había resistencia.

En cambio, otro de los generadores de violencia, identificado como Javier “N”, en conjunto con otras 20 PPL que lo custodiaban, disparó en contra de los elementos de seguridad. Dichas personas finalmente fueron detenidas en el Módulo 4.

Desde la entrada de las autoridades hasta las 9:15 de la mañana, momento en el que fue asegurado Javier “N”, hubo resistencia activa por parte de dicho sujeto. “Hubo demasiados disparos por parte de esta persona”.

“La autoridad tiene que actuar en defensa de su propia vida y de manera proporcional hacer uso de la fuerza”, comentó en el encargado de la seguridad en el estado.

Lo hallado tras el motín

En el lugar fueron halladas armas, machetes y drogas, específicamente dentro de las instalaciones fue encontrado un fusil AR-15, cinco pistolas, una granada de fragmentación, un cargador de fusil, tres cargadores para pistola, así como 35 cartuchos.

Además, en el CREST fueron encontradas 460 dosis de marihuana, 81 de cocaína en piedras, así como un kilo 400 gramos de marihuana. También fueron hallados siete celulares, cinco radios, 23 machetes, 14 cuchillos y 23 armas hechizas.

Luego de informar lo sucedido no hubo sesión de preguntas en el sitio.

Incendios, gritos y balazos es lo que se aprecia en los videos que se difundieron tras el motín que se registró en la madrugada de este jueves en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), el cual dejó dos muertos.

Los disturbios ocurrieron al interior del Creset, ubicado en el municipio de Villahermosa. De manera preliminar se informó sobre detonaciones de arma de fuego, lo que generó una movilización por parte de autoridades federales y estatales.

En Facebook y X se compartieron videos de lo sucedido. En uno de ellos se observa a un grupo de internos alrededor de lo que parecer ser inmobiliario incendiado. Algunos gritaban y chiflaban, mientras de fondo se escuchaban disparos.

En un segundo video se aprecian llamas de fuego en otro punto del penal, a la par que algunos presos intentan resguardarse para evitar se alcanzados por las balas. Los disturbios incluso se podían ver desde el exterior del Creset a través de una densa columna de humo.

En otro de los videos grabado en las afueras del penal se nota la presencia de decenas de patrullas de la Policía Estatal, así como unidades de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

Ante estos disturbios, familiares de los internos (en su mayoría mujeres) se reunieron en el exterior del Creset para exigir a las autoridades informes sobre lo ocurrido. Esto debido a que desconocían si había personas lesionadas o víctimas mortales.

Para ello, mantuvieron un bloqueo en la carretera federal de Villahermosa a Frontera, a la altura de Ciudad Industrial. Una de sus peticiones era ingresar al área de visitas para corroborar lo sucedido.

Horas después arribó el fiscal General del Estado, José Barajas Mejía, quien confirmó un par de muertos.“Solamente dos personas fallecidas. Ustedes son testigos que yo no he pasado. Estoy tratando de acercarles la información. Entiendo su situación. Yo les pido que guardemos la calma”, pronunció ante familiares y medios de comunicación.

Reporteros locales cuestionaron al fiscal si el motín en el Creset estaba relacionado con la quema de negocios y vehículos que se reportaron en el municipio.

“Parte de ello tiene que ver porque de aquí adentro, generadores de violencia han mantenido el control aún estando dentro de este penal”, respondió el fiscal.

Y es que además del incidente en el Creset, en diversos puntos de la ciudad se encontraron vehículos en llamas, como en la carretera de Villahermosa a Frontera, en la colonia Atasta y en los fraccionamientos Los Claustros y Bosques de Saloya.

El vocero del Gobierno de Tabasco, Fernando Vázquez, informó en entrevista con Manuel Sibilla que el motín pudo haberse originado por un operativo en el que hubo “resistencia” por parte de las personas privadas de su libertad.

A las 14:00 horas, autoridades de seguridad emitirán un informe en vivo para dar más detalles sobre lo ocurrido en el Creset.

Tras el motín que se registró en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) en la madrugada de este jueves, el fiscal estatal, José Barajas Mejía, confirmó dos muertos.

El fiscal se trasladó al penal ubicado en Villahermosa para verificar los disturbios reportados, pues se habían registrado detonaciones de arma de fuego. Esto generó preocupación entre los familiares de las personas privadas de su libertad (ppl), quienes acudieron al Creset para exigir informes sobre lo ocurrido.

Al cabo de unas horas, el fiscal Barajas Mejía se presentó en el Creset, donde ya había un dispositivo de seguridad instalado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano. Ante familiares y medios de comunicación, informó que hasta ese momento se tenían contabilizadas dos personas muertas por el motín.

Los familiares de los internos que se encontraban en el exterior del Creset comenzaron a criticar e insultar fuertemente al fiscal, tras informar que “solamente” hubo dos muertos. “No es tu familia, pendej*. No sientes dolor, mierd*”, “No es cierto, hay muchas (muertes)”, reclamaron.

Entre quejas y gritos, el fiscal hizo un llamado a mantener la tranquilidad mientras recibía más detalles de los disturbios. “Quiero facilitarles la información a ustedes, en atención a su familia. Entiendo su dolor, entiendo su desesperación, entiendo su frustración, pero debemos guardar la calma todos”, pronunció.

Aunado a ello, reporteros locales preguntaron a José Barajas si estos hechos estaban relacionados con la situación de inseguridad general en el estado. “Parte de ello tiene que ver porque de aquí adentro, generadores de violencia han mantenido el control aún estando dentro de este penal”, respondió el fiscal.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida durante los disturbios en el Creset. En la tarde de este jueves, las autoridades de seguridad emitirán un informe en vivo sobre lo sucedido.

Quema de vehículos en Villahermosa

A la par del motín en el Creset, en Villahermosa se reportaron vehículos incendiados en varios puntos de la ciudad.

Informes preliminares apuntan que hubo quema de vehículos en la carretera de Villahermosa a Frontera, en la calle Carlos Greene de la colonia Atasta y en los fraccionamientos Bosques de Saloya y Los Claustros.

Se desconoce si la quema de vehículos está relacionado con los disturbios en el penal. Por estos hechos no se tienen registros de personas detenidas.

En la madrugada de este jueves se reportaron disturbios en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), ubicado en Villahermosa. A la par de estos hechos se ha registrado la quema de vehículos en varios puntos de la ciudad, acompañado de bloqueos carreteros.

En un inicio se reportaron detonaciones de arma de fuego en el Creset, por lo que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen un dispositivo de seguridad en la carretera federal de Villahermosa a Frontera.

Debido a que las autoridades no se han pronunciado al respecto, familiares de personas privadas de su libertad (ppl) bloquearon dicha carretera, a la altura de Ciudad Industrial, para exigir informes sobre lo sucedido.

“¿Las ambulancias para qué son? No nos quieran ver la cara. Si hay ambulancia es porque hay algo ahí adentro. Hay heridos, muertos también, porque no son gente de la Guardia (Nacional) ni del Ejército que está allá dentro y lo saben, por eso no entran”, pronunció una de las familiares cuando observó la presencia de la Policía Estatal.

Incluso, reclamaron que observaron a personas vestidas de civiles y encapuchadas salir del Creset tras las detonaciones de arma de fuego, y acusaron que eran elementos policiacos.

Aunado a ello, se han registrado vehículos y tiendas de conveniencia incendiadas, como se observa en imágenes y videos difundidos en redes sociales.

De manera preliminar se ha informado sobre la quema de vehículos en la carretera de Villahermosa a Frontera, en la calle Carlos Green de la colonia Atasta y en los fraccionamientos Los Claustros y Bosques de Saloya.

Asimismo, se reportó la quema de un establecimiento Oxxo ubicado en el fraccionamiento villa Los Claustros, lo que generó una movilización por personal de Bomberos para sofocar el fuego.

El periodista independiente Gilberto Núñez indicó en entrevista con Azucena Uresti que se habían reportado seis heridos y dos muertos por el motín en el Creset. Sin embargo, estos reportes no han sido confirmados.

Y es que hasta la edición de esta nota, ninguna autoridad (ni de Tabasco ni de Villahermosa) ha emitido un informe sobre los disturbios registrados en el municipio. Por ello, se desconoce si hay personas heridas, víctimas mortales y si el motín en el Creset está relacionado con la quema de vehículos.

Un día después del motín, en una comisaría de Neuquén, se difundieron cuáles eran las exigencias de los delincuentes. A su vez, se conoció cómo se encuentra el efectivo del sistema penitenciario que fue rehén de los 13 presos que se apoderaron de la comisaría.

Todo sucedió el lunes por la tarde, cerca de las 18 horas. En ese momento, los reclusos aprovecharon el cambio de guarida para capturar al oficial, identificado como E.R. Una vez que las autoridades tomaron conocimiento de la situación, se montó un operativo de forma inmediata en el lugar. Los procedimientos estuvieron a cargo del comisario mayor Leonardo Antonio Muñoz, responsable de la Policía de Neuquén en Centenario, quien ordenó la intervención del Grupo Especial Antimotines y Requisa (GEAR).

Según contó el comisario inspector Félix Caporaso a Diario de Río Negro, los presos se mostraron “reacios” a negociar, por lo que la mujer que cumplió esta función ingresó de “civil”.

Las exigencias de los delincuentes estaban vinculadas a las condiciones edilicias en las que se encuentran cumpliendo sus penas. A su vez, reclamaron por un mejoramiento del espacio destinado a recibir visitas y que se incrementen los elementos de limpieza. Mientras tanto, otros exigieron ser trasladados a otras alcaidías.

Frente a esto y tras una larga conversación, las autoridades accedieron a brindarles mesas y sillas para que puedan ver a sus familiares y allegados, así como también hicieron lugar al pedido de incrementar los elementos de higiene. Sin embargo, con respecto a los traslados, dejaron en claro que es algo que depende de la Justicia. Así, la situación comenzó a destrabarse.

Sobre el espacio disponible en la comisaría, Caporaso reconoció que “es chico”, por lo que recalcó que “hay una emergencia carcelaria”. “Se está trabajando en lo edilicio”, precisó.

De esta manera, luego de tres horas, los presos liberaron al oficial. “Entró en estado de shock y fue trasladado al Policlínico. Psicólogos y médicos de la institución policial estuvieron ahí”, aseguró. En ese momento, tenía dificultades para hablar.

El hombre no presentó heridas físicas, pero debido a su estado emocional fue trasladado al Policlínico de Neuquén, donde permaneció ingresado por unas horas. Recibió el alta durante la madrugada del martes. Actualmente, se encuentra en reposo y con acompañamiento psicológico. La mayoría de los internos implicados en el motín cumplen condenas por delitos graves, incluyendo homicidios.

Hace tan solo unos meses, se vivieron momentos de tensión en una comisaría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 25 presos que no querían regresar a sus celdas. Todo sucedió a 800 metros de la Casa Rosada.

El conflicto se originó cuando uno de los detenidos portaba una faca en las áreas de esparcimiento y se negó a regresar a su celda, quedándose en el pasillo de acceso. Su actitud fue imitada por otros reclusos alojados en el mismo pabellón, lo que llevó al inicio del motín. El hombre que comenzó el enfrentamiento expresó su descontento por la duración de las visitas, las cuales consideraba “muy cortas”.

La situación alcanzó tal magnitud que los responsables de la sede policial recurrieron al apoyo de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaldías (DUTIA). Este equipo especializado fue desplegado para dialogar con los amotinados y tratar de persuadirlos para que depongan su actitud y cesen la toma de rehenes.

La Unidad de Flagrancia Este intervino en el caso y ordenó levantar actas por “resistencia a la autoridad y daños”. Las fuentes señalaron que, pese al conflicto, no hubo agentes heridos ni riesgo de fuga durante el motín. Además, se realizó una requisa de emergencia en el sector para verificar y confiscar posibles materiales peligrosos en posesión de los detenidos.

El lunes 11 de noviembre se produjeron incidentes de gravedad en la comisaría Quinta de la localidad de Centenario, ubicada en la provincia de Neuquén. Allí, 13 presos tomaron como rehén a un celador en un intento por presionar a las autoridades judiciales. Los hechos ocurrieron en la tarde, en la alcaldía ubicada en la calle Islas Malvinas, y generaron un operativo de seguridad de gran magnitud.

Para abordar el caso, intervinieron personal de Seguridad Metropolitana, bomberos de la Policía y el Grupo Especial Antimotines, en un procedimiento que se extendió durante varias horas hasta que finalmente se logró liberar al rehén.

La situación comenzó alrededor de las 18 horas, cuando los reclusos aprovecharon un cambio de guardia para capturar al agente identificado como E. R. El hecho derivó en un operativo inmediato que incluyó el corte de calles y la intervención de varias fuerzas de seguridad. Vecinos que circulaban por la zona observaron cómo la presencia policial aumentaba en los alrededores de la comisaría. En respuesta, las autoridades establecieron un perímetro para evitar altercados en las afueras de la unidad policial y prevenir posibles focos de conflicto que pudieran agravar la situación.

Las negociaciones con los internos fueron tensas y prolongadas. Cerca de las 23 horas se confirmó la liberación del agente penitenciario, quien fue inmediatamente atendido por personal médico tras sufrir una crisis nerviosa. Según consignó el diario Río Negro, el celador no presentó heridas físicas, aunque evidenció un marcado estado de shock. Una ambulancia lo trasladó al hospital Natalio Burd, donde los profesionales de la salud se encargaron de realizarle los controles pertinentes para estabilizar su estado emocional y asegurar su recuperación.

La mayoría de los reclusos implicados en el motín cumple condenas por delitos graves, entre ellos homicidios y asaltos, de acuerdo a lo informado por LM Neuquén. Frente a esta situación, el comisario mayor Leonardo Antonio Muñoz, a cargo de la Policía de Neuquén en Centenario, dispuso el despliegue del Grupo Especial Antimotines y Requisa (GEAR), que reforzó el operativo de contención y se prepara para retomar el control completo del pabellón en el que se originó la toma de rehenes.

Durante las horas de incertidumbre, familiares del celador se acercaron a la comisaría Quinta para manifestar su apoyo y acompañar su traslado al hospital. Por su parte, fuentes de seguridad señalaron que se activaron todos los protocolos pertinentes para reducir los riesgos y asegurar que el enfrentamiento con los reclusos concluyera sin daños personales graves.

Rosario: se fugaron siete presos de una comisaría en el centro y fueron todos recapturados

Días atrás, siete detenidos que se encontraban en la comisaría 2ª de Rosario, ubicada en Paraguay al 1100, en el centro de la ciudad, lograron escapar. Para hacerlo, cortaron las rejas del techo en el módulo de detenidos y huyeron atravesando propiedades vecinas hasta llegar a la calle. Los siete fueron recapturados en un operativo conjunto de la brigada motorizada y la brigada de orden urbano de la Unidad Regional II.

El hecho ocurrió el lunes 4 de noviembre. Al momento de la fuga, había 57 internos en un espacio diseñado para albergar a 16 personas, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según la información oficial, los detenidos recapturados fueron identificados como Juan Abel Mena (38), Luis Ezequiel Vallejos (28), Facundo David Obregón (19), Brandon Ezequiel Gálvez (19), David Nazareno Godoy (31), Juan Eduardo Kelly Bustamante (63) y Ariel Agustín Montenegro (29).

Durante el operativo, los agentes también arrestaron a Edit Elsa Juliana M. (37) y Betiana Mabel Q. (45), quienes estaban en un automóvil Siena negro en San Juan al 1400, cerca de la seccional. Se sospecha que esperaban a los fugitivos para facilitar su escape. Al percatarse del operativo policial, ambas mujeres abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie, pero fueron capturadas en Mendoza al 1600 y trasladadas a la comisaría 2ª, donde quedaron a disposición de la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Durante la jornada del lunes festivo 4 de noviembre de 2024 se registró un motín en la cárcel de La Ceja del Tambo, donde los privados de la libertad se organizaron para prender fuego a los colchones y así intentar fugarse del centro penitenciario.

Ante la gravedad de esta situación, se hizo necesaria la presencia de los miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional, que se encuentran verificando lo sucedido para entregar un reporte oficial sobre los hechos.

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Voceros de los privados de la libertad se pronunciaron

El medio local Mi Oriente reveló más detalles de esta situación, afirmando que los guardias del Inpec fueron clave para extinguir la conflagración que se presentó durante la jornada del lunes festivo. Además, publicaron un video en el que se ve a uno de los presuntos involucrados en el motín, dando a conocer las razones que los llevaron a tomar esta decisión.

El sujeto aparece en un video con el rostro tapado, con el fin de exponer las peticiones de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la cárcel de La Ceja, donde aseguran no tener condiciones dignas.

“Nos están vulnerando los derechos, pedimos que haya comunicación del interno con los visitantes, ni siquiera están dejando entrar medicamentos, tampoco permiten ingresar alimentos, los tiempos de las visitas conyugales son muy pocos y el lugar en pésimas condiciones”, expresó el hombre que se identificó como uno de los mediadores y voceros de los presos.

Del mismo modo, aseguró lo siguiente: “Estamos cansados del inspector, tenemos más de 200 firmas de todos los internos, estamos pidiendo el cambio del inspector, estamos cansados del inspector que hay”, pues aprovechó para mostrar varias hojas que, al parecer, están firmadas por una gran cantidad de presos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los privados de la libertad que se encontraban en el lugar lograron fugarse o si algunos de ellos resultaron lesionados por el incendio generado en el centro penitenciario.

Del mismo modo, los habitantes de la zona se preguntan sobre lo que sucedió con los guardianes del Inpec, puesto que también se encontraban en riesgo por la cantidad de presos que se encuentran en el lugar. Versiones preliminares indican que las llamas se desataron sobre el mediodía, por lo que el personal de seguridad de la cárcel se comunicó con el Cuerpo de Bomberos del municipio para dar a conocer la situación.

De inmediato, los organismos de socorro se desplazaron hasta el punto e iniciaron la respectiva revisión, mientras los familiares están a la espera del reporte oficial.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre en una cárcel colombiana, teniendo en cuenta que existen varios problemas en los centros carcelarios, entre los que se encuentra el hacinamiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la situación de hacinamiento en los centros de reclusión en el país continúa siendo alarmante, por lo que las autoridades están implementando acciones relacionadas con la resocialización de los presos en medio del cumplimiento de su condena, con el fin de evitar que vuelvan a recaer en los delitos, y así evacuar las cárceles.

“El hacinamiento en país supera el 1000% donde más de 22.000 personas privadas de la libertad sobreviven en estas circunstancias desde hace varios años, Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), denominados centros de detención transitoria, en su mayoría son sindicados, que gozan de derecho a la presunción de inocencia”, explicó el Inpec a través de un reporte oficial.

En la noche del lunes 9 de agosto se reportó una serie de disturbios al interior del Centro Penitenciario Estatal conocido como “La Pila”, en San Luis Potosí. Esto llevó a que elementos policiales ingresaran al penal para desplegar un operativo y restablecer el orden.

A través de redes sociales se difundieron diversos videos en los que se muestran a internos aglutinarse y lanzar objetos contra los custodios, mientras hacen un llamado a otras personas privadas de su libertad a unirse al motín.

Asimismo, desde el exterior se apreciaba una nube de humo debido a un incendio que habría sido originado durante las protestas. Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil estatal ingresaron al penal y realizaron un operativo en conjunto con la Dirección de Prevención y Reinserción Social.

Según los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), los disturbios se registraron en uno de los dormitorios debido a las acciones realizadas para decomisar teléfonos celulares, dispositivos que son prohibidos en el penal.

“Autoridades de la SSPCE realizan una incursión para establecer el diálogo por las presuntas inconformidades de personas privadas de la libertad del dormitorio número 2, derivado de mostrarse en contra de la prohibición y aseguramiento de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos que ponen en riesgo el orden al interior”, detalló la Secretaría.

Se informó que las autoridades usaron bombas de gas para dispersar a las personas que protestaban por estas acciones. Durante esta intervención no se reportaron elementos policiales lesionados, aunque familiares de los internos acudieron al penal ante la preocupación de que los disturbios escalaran en violencia.

Poco antes de las 23:00 horas, la Secretaría de Seguridad confirmó que se logró restablecer el orden en el penal. “El resto de las instalaciones del Centro Penitenciario se encuentra en calma y en resguardo por personal penitenciario”, se indicó.

Esta protesta se realizó luego de que se reportaran un brote de hepatitis A que habría afectado a una decena de personas privadas de su libertad en La Pila, mismas que recibieron tratamiento médico en el área de aislados por presentar síntomas.

La titular de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, Margot Montes Sandoval, dio a conocer que personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del área de epidemiología del sector salud supervisaron los distintos sector de La Pila para controlar los posibles contagios de hepatitis.

La evaluación se concentró en la cocina y en la zona de procesamiento y elaboración de alimentos. Aunque se tomaron muestras en agua purificadora, tortillería y comida preparada, no se obtuvieron datos que corroboraran la presencia de virus y bacterias.

Se informó que uno de los internos contagiados que fueron trasladados al Hospital Central fue dado de alta para su regreso al centro de reinserción. En tanto, las autoridades sanitarias continuarán con la supervisión para mitigar posibles contagios.

El Servicio Penitenciario Federal declaró que cuatro reclusos habían tomado como rehenes a ocho guardias de prisiones y cuatro reclusos. Apuñalaron a cuatro de los guardias, tres de los cuales murieron en el acto y el cuarto falleció más tarde en un hospital. Según la agencia, otros tres guardias fueron hospitalizados con heridas.

La Guardia Nacional rusa afirmó que sus francotiradores “neutralizaron” a los cuatro atacantes, liberando a todos los rehenes, mientras que el Servicio Federal de Prisiones también se atribuyó la muerte de los asaltantes.

La discrepancia no pudo explicarse de inmediato. Los detalles de la violencia en la prisión de Surovkino, en la región de Volgogrado, 860 kilómetros al sureste de Moscú, eran escasos y no estaba claro cómo los reclusos habían tomado rehenes varias horas antes.

Los vídeos que supuestamente procedían del lugar de los hechos y que circularon por medios de comunicación rusos y canales de aplicaciones de mensajería mostraban a hombres blandiendo cuchillos en el interior y en el patio de una prisión y a varios hombres con lo que parecían uniformes de guardia tendidos ensangrentados en el suelo.

En los vídeos, los presuntos atacantes reivindicaban su apoyo al grupo Estado Islámico y a los sospechosos detenidos en el atentado terrorista perpetrado en marzo en una sala de conciertos de Moscú, en el que murieron 145 personas. Una filial del EI reivindicó la autoría de ese atentado, en el que hombres armados mataron a los asistentes que esperaban la actuación de un grupo de música popular e incendiaron el edificio.

La agencia estatal de noticias Tass informó de que, según los registros judiciales, los secuestradores procedían de antiguos países soviéticos de Asia Central; todos los sospechosos del ataque a la sala de conciertos son de Tayikistán.

En junio pasado, prisioneros alineados con ISIS llevaron a cabo un asedio similar en una cárcel en la región sureña de Rostov. Entonces, las fuerzas especiales rusas lograron matar a los captores y liberar a los guardias después de un enfrentamiento.

Las tensiones sobre la migración están en aumento en Rusia tras el ataque en un concierto en Moscú en marzo que mató a 145 personas, el atentado terrorista más mortífero en el país en dos décadas.

Una rama centroasiática de ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque y los cuatro presuntos atacantes, ahora en detención preventiva, son ciudadanos de Tayikistán.

Millones de personas de Asia Central, que formaba parte de la Unión Soviética, viven en Rusia, muchos de ellos trabajando en empleos de baja calificación para enviar dinero de vuelta a sus familias.

ISIS prometió atacar a Rusia por su apoyo al líder sirio Bashar Al Assad, quien ha llevado a cabo una campaña militar para aplastar al grupo en Medio Oriente.

(Con información de AP)

Los líderes de la revuelta son al menos tres internos que mostraron insignias del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) al grito de “Alá es Grande”.

“En la IK-19 del Servicio Penitenciario de la región de Volgogrado (prisión de alta seguridad), durante una reunión de la comisión disciplinaria, los condenados tomaron como rehenes a empleados de la institución penal”, indicó el FSIN en Telegram.

Por su parte, fuentes citadas por la agencia rusa TASS informaron de que “según datos preliminares al menos cuatro presos atacaron a los empleados de la prisión”.

El Comité de Instrucción de Rusia abrió una causa penal por “captura de rehenes”, mientras que el FSIN federal envió al lugar a un equipo para “llevar a cabo una inspección”.

El IK-19 de la región de Volgogrado, con una capacidad de hasta 1.229 reclusos, se halla junto a la ciudad de Surovikino.

El presidente ruso, Vladimir Putin, envió refuerzos para retomar el control del lugar. Dijo que el jefe del Servicio Penitenciario Federal le informó sobre la situación. Escuchará los informes de los jefes del Ministerio del Interior, de la Guardia Nacional y de otros agentes de seguridad, indicó TASS.

En tanto, la Fiscalía comprobará el “cumplimiento de las normas” dentro del penal. El Servicio Penitenciario Federal envió empleados a la región de Volgogrado, lugar donde se creó una sede operativa para coordinar los trabajos de liberación de los rehenes.

“Se ha establecido un cuartel general operativo para coordinar el trabajo de liberación de los rehenes. Las agencias de seguridad y aplicación de la ley están llevando a cabo actividades operativas. No hay amenaza para la población civil”, aseguró el gobernador de Volgogrado, Andrey Bocharov.

Bocharov no comentó la identidad de los captores pero aludió a informes que decían que no eran ciudadanos rusos. “Todos en nuestro territorio están obligados a respetar y cumplir las leyes de Rusia. No permitiremos que nadie intente incitar a la discordia étnica”, expresó en un comunicado publicado por la administración regional.

La colonia penitenciaria IK-19 está ubicada en Surovikino, ciudad que se encuentra a unos 850 kilómetros al sur de Moscú.

En junio pasado, prisioneros alineados con ISIS llevaron a cabo un asedio similar en una cárcel en la región sureña de Rostov. Entonces, las fuerzas especiales rusas lograron matar a los captores y liberar a los guardias después de un enfrentamiento.

Las tensiones sobre la migración están en aumento en Rusia tras el ataque en un concierto en Moscú en marzo que mató a 145 personas, el atentado terrorista más mortífero en el país en dos décadas.

Una rama centroasiática de ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque y los cuatro presuntos atacantes, ahora en detención preventiva, son ciudadanos de Tayikistán.

Millones de personas de Asia Central, que formaba parte de la Unión Soviética, viven en Rusia, muchos de ellos trabajando en empleos de baja calificación para enviar dinero de vuelta a sus familias.

ISIS prometió atacar a Rusia por su apoyo al líder sirio Bashar Al Assad, quien ha llevado a cabo una campaña militar para aplastar al grupo en Medio Oriente.

Los presos de una cárcel de la periferia de la ciudad de San Pablo, en Brasil, se amotinaron este sábado y provocaron un incendio en el interior del penal, informaron fuentes oficiales.

La Secretaría Penitenciaria de San Pablo afirmó en una nota que “no hubo rehenes” en el motín, que empezó alrededor de las 13:00, hora local, de este sábado en la Penitenciaria I de Franco da Rocha, en la región metropolitana de la capital paulista, y fue controlado por agentes de seguridad cerca de las 14:00.

Por el momento, no hay información sobre posibles víctimas.

Según fuentes de la Policía, citadas por el portal G1, el motín fue una protesta de los presos por el hacinamiento del centro, un problema crónico que afecta al sistema penitenciario brasileño como un todo. Los reclusos prendieron fuego sábanas y colchones en un patio de la unidad penitenciaria y provocaron daños en dos de los pabellones habitacionales.

Un grupo táctico de agentes penitenciarios ingresó a la cárcel para sofocar la revuelta, de acuerdo con el Gobierno de San Pablo, el estado más poblado e industrializado de Brasil. Los bomberos también acudieron al lugar para “apagar el fuego provocado por los presos”.

Agentes de la Policía Militar estuvieron además en el área externa de la cárcel para dar apoyo.

Según datos del sitio web de la Secretaría de la Administración Penitenciaria (SAP), esta cárcel tiene capacidad para 914 detenidos, pero actualmente alberga a 1.926 internos en régimen cerrado, más del doble de su capacidad. Asimismo, existe una capacidad para 108 detenidos en régimen semiabierto, pero se encuentran 265 presos en esa modalidad.

La prensa local señaló que el operativo para dispersar a los amotinados comenzó aproximadamente a las 13:40 horas. Policías antidisturbios subieron al techo de la penitenciaría para reprimir la rebelión y lograron acorralar a los presos en uno de los patios de la unidad. Imágenes proporcionadas por TV Globo muestran a los detenidos desnudos, sentados en fila y de espaldas.

El medio G1 también divulgó imágenes del incendio y del operativo para controlar la situación.

En las cárceles del estado de San Pablo nació, en la década de 1990, el Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más poderosa de Sudamérica, con operaciones en prácticamente todos los países de la región, en especial en Brasil, Paraguay y Bolivia. Se dedica principalmente al tráfico de cocaína con destino a Europa, donde tiene lazos con mafias italianas, serbias y albanesas. La mayoría de sus capos están presos, lo que no les impide dictar desde la cárcel los rumbos de la banda.

(Con información de EFE)

Sobre la 1:00 p. m. del miércoles 3 de julio de 2024 se presentó un amotinamiento en el Centro de Traslado por Protección (CTP) de Soacha (Cundinamarca). La situación de orden público logró ser controlada por integrantes de la Policía de Metropolitana de Soacha, aunque, como resultado, 10 personas privadas de la libertad resultaron heridas.

“Dicha alteración se presentó en el momento del registro de control que desarrollan las autoridades en las celdas de forma rutinaria; allí, de las 351 Personas Privadas de la Libertad, algunos mostraron su descontento ante la labor rutinaria de registro y control, atentando contra los uniformados que realizaban su labor”, detalló el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, en X.

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El funcionario explicó que por lo menos cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Mario Gaitán Yanguas, mientras que los otros seis reclusos están recibiendo atención en salud en el CTP donde se generó el motín. De acuerdo con declaraciones que dio a Noticias Caracol el comandante operativo de la Policía de Soacha, coronel Belkin Villarreal, los reclusos no revisten gravedad y solo requieren curación y sutura.

Además de los privados de la libertad, un subteniente de la Policía Nacional resultó herido: tiene una fractura en el hombro izquierdo. Por ahora, permanece en un centro médico de Soacha y se planteó su traslado al Hospital Central de la Policía, ubicado en Bogotá. “Reiteramos que la situación fue controlada, sin presentarse ninguna fuga”, detalló.

Ocho presos se fugaron en Soacha

Esta situación se presenta casi un mes después de que en el mismo municipio se fugaran ocho personas que estaban detenidas en la estación de Policía de Ciudad Verde. El caso se registró a las 8:30 p. m., aproximadamente, del lunes 10 de junio de 2024, sin que los guardias que estaban de turno, custodiando a los privados de la libertad, lo notaran.

Los presos cortaron una de las rejas de la estación para poder escapar sin ser detectados. Las autoridades enlistaron los nombres de estos ciudadanos, siendo siete de ellos de nacionalidad colombiana:

• Gregorio Alberto Quiroz Montilla.
• Juan Camilo Hincapié Vergaño.
• Juan Sebastián Prieto Pico.
• Wilson Steven Pérez Beltrán.
• Jhon Henry Bernal Pimentel.
• Yesi Francisco Martínez Barbosa.
• Edinson Giménez Ruiz.
• Elkin Daniel González Ortega.

Estas personas estaban detenidas por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto calificado, porte ilegal de armas y violencia contra servidor público. Mientras se da con el paradero de los presuntos delincuentes, la ciudadanía manifestó su preocupación por la posibilidad de que se incremente la inseguridad en el sector.

41 reclusos se escaparon en Soacha

En agosto de 2023 también se registró un caso de fuga de presos que llevó a que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación al respecto. Los hechos se presentaron en el Centro de Retención de Transitorios de Cazucá (Soacha), de donde se escaparon 41 personas privadas de la libertad.

Los reclusos lograron salir del lugar luego de golpear a un uniformado que estaba custodiando a dos personas hacia el baño; después, burlaron el sistema de seguridad del centro de detención. En ese momento, las autoridades únicamente lograron encontrar y volver a detener a siete personas.

Por estos hechos, la Procuraduría inició una indagación previa en contra de funcionarios sin determinar de la Policía Metropolitana de Soacha, y de la Alcaldía del municipio, al considerar que pudieron haber estado implicadas en la fuga masiva de presos.

“Al parecer se presentaron irregularidades en algunas de las acciones desplegadas por los integrantes de la Fuerza Pública con respecto al manejo del Centro de Retención de Transitorios de Cazucá, situación que provocó la evasión de más de 40 de ellos”, detalló entonces la Procuraduría en un comunicado.

El organismo de control solicitó al entonces alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, tomar medidas para evitar situaciones similares. Le solicitó revisar las condiciones de los centros de retención y evaluar el estado del Complejo Administrativo Cazucá en términos de seguridad.

Debido a ello, el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, hizo un completo recorrido por dicha cárcel el viernes 14, tras lo cual redactó un informe con mayores detalles de la rebelión.

Entre los otros participantes de estos hechos aparecen varios miembros de “Los Gallegos”, al igual que otros del Tren de Aragua como Ovicmarlixon Garcés Briceño, David Fuentes Escalona y Lermi Albarrán Angulo. También estaban los acusados por el secuestro de un empresario en Rancagua, Angelo Cerdeño y Jorkenidy Torres Marchan, al igual que Wuilberth Olivares Peña, uno de los implicados en el crimen del mayor de carabineros Emmanuel Sánchez.

Otro de los implicados fue Edwards Nava Navarro, uno de los máximos líderes del Tren de Aragua en Chile, y Wilken Rondón Márquez y José Candurín Meléndez, miembros de “Los Piratas de Aragua”, condenados por varios secuestros y homicidios, incluyendo el crimen de tres hombres cuyos cuerpos lanzaron a una tubería ubicada bajo una autopista. A este mismo grupo también pertenecen Walter Rodríguez y Maickel Villegas, sindicados por el crimen del ex teniente Ronald Ojeda y actualmente prófugos, presumiblemente, en Venezuela, según las autoridades policiales chilenas.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), también llegó hace unos días hasta el Repas y aseguró que las peleas y “manifestaciones” de los internos no son más que medidas de presión que no intimidarán a las autoridades.

El motín

Hernán Landaeta Garlotti, el “Satanás”, se habría erigido como nuevo líder entre los reclusos tras ser el primero en comenzar la revuelta. Le siguieron Carlos González Vaca, apodado “Estrella”, y Luis Lugo, acusado del crimen del cabo Palma.

“Han participado fundamentalmente imputados de nacionalidad venezolana vinculados a organizaciones criminales”, aseguró el juez Guzmán, quien adjuntó a su informe tres videos en los que se pueden apreciar cómo se desarrolló la trifulca. El último de ellos, adelantado por El Mostrador, es el que registró el motín desde el patio número 3 Sur.

En el registro es posible apreciar a los reclusos saltando el típico muro con alambres de púas de todas las cárceles del mundo para caer en el patio, donde se abocaron a destruir una mesa de ping-pong, cuyas patas utilizaron para golpear la puerta del recinto y llamar la atención de los guardias.

Del otro lado del patio los gendarmes parecen responder con gas pimienta y se puede ver cómo los reclusos se cubren el rostro con diversas prendas para evitar la acción del gas. Alrededor del minuto 7 del registro, los gendarmes abren la puerta y una treintena de ellos entran al patio portando escudos y apuntando a los reclusos con sus armas reglamentarias.

Ahí comienza una feroz pelea en la que poco a poco los guardias logran controlar la situación, acorralando a los presos contra la pared y reduciéndolos a punta de lumazos.

Cabe señalar que en Chile hay actualmente 54.000 presos, pero los recintos penitenciarios sólo tienen capacidad para 42.000 y Gendarmería debe hacer malabares para ubicar a los nuevos, tarea que se ha vuelto cada vez más difícil con la llegada de reos de alta peligrosidad como los miembros del Tren de Aragua y sus respectivos brazos armados, quienes suelen actuar de manera violenta y coordinada para imponerse sobre los otros internos.

Lima, 18 jun (EFE).- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú declarará en emergencia al Sistema Penitenciario Nacional como paso previo a la construcción de nuevas cárceles para delincuentes de alta peligrosidad, según acordó este martes el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) reunido en el Palacio de Gobierno.

El referido ministerio informó que la declaración de emergencia permitirá que se emita un decreto de urgencia para que el Ministerio de Economía pueda transferir los recursos necesarios para la construcción de nuevas cárceles en el país.

Con esa normativa se podrá desarrollar la evaluación y formulación de proyectos de inversión, la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución física de un establecimiento penitenciario para 10.000 internos de alta peligrosidad, un centro penitenciario temporal de procesados para 16.000 internos, y la culminación del mega penal de la región sureña de Ica con una capacidad superior a 3.000 internos, entre otras medidas.

El Ministerio de Justicia será autorizado para realizar las gestiones para la aplicación del mecanismo de contratación de gobierno a gobierno y el convenio de administración de recursos.

En la sesión del Conasec, encabezada por la presidenta Dina Boluarte, también se acordó que la Policía Nacional tenga una línea de comunicación exclusiva para delitos de extorsión, y el lanzamiento de una campaña para erradicar las armas ilegales.

Asimismo, la secretaría técnica del Conasec convocará a una sesión extraordinaria para sustentar la creación del registro nacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en alto riesgo.

También para la creación del sistema nacional de protección de niños, niñas y adolescentes y para diseñar un marco legal que permita establecer y dotar de roles y funciones a los sectores y organismos constitucionalmente autónomos en esta materia. EFE

mmr/cpy

Caracas, 10 jun (EFE).- Los presos de al menos 16 cárceles de Venezuela mantienen la huelga de hambre que comenzaron el domingo en protesta, principalmente, contra el retraso procesal, informó a EFE este lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende los derechos de los privados de la libertad.

La ONG registró huelgas en 16 de los 23 estados del país, donde se incluyen, las cárceles, cuatro anexos de mujeres recluidas y 14 centros de detención preventiva.

A través de X, la ONG publicó varios videos que muestran a decenas de presos -hombres y mujeres- cantando el himno nacional y exhibiendo pancartas dentro de los centros penitenciarios.

En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos -cuyo número no fue facilitado- solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y defensa publica se presenten "para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial", que contemplaba solucionar en 60 días el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció el presidente Nicolás Maduro en 2021.

En el escrito, también se exige "libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal", así como la de "toda persona mayor de 70 años" y de quienes se encuentren en condiciones de salud "que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión".

"Tenemos un problema grave de retardo procesal, de garantías judiciales, de hacinamiento, de salud, corrupción; tenemos un problema grave de alimentación y tráfico de armas y de drogas", dijo a EFE Humberto Prado, director del OVP.

Sin mencionar la huelga, en las últimas 24 horas, los Ministerios de Interior y Penitenciario han compartido imágenes a través de X, donde se muestran presos junto a personal de salud y se informa sobre visitas "como parte de la garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria en el país".

La OVP informó a EFE que está documentando los casos y que ha enviado comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Mundial Contra la Tortura, Amnistía Internacional, al relator del Comité Contra la Tortura en Ginebra, a la Oficina del Alto Comisionado y la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

El penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, tiene una historia que se extiende por más de 75 años, marcada por eventos de violencia y sobrepoblación hasta su cierre definitivo en 2019. Su historial de motines, asesinatos, y contrastes entre celdas VIP y otras insalubres y sobrepobladas llevó a que en algún momento fuera considerada la prisión más peligrosa de México.

Este recinto, símbolo de los problemas del sistema penitenciario mexicano, testimonió una serie de sucesos que cuestionaron las condiciones de seguridad y derechos humanos de los internos.

Inaugurado en 1943, el Centro de Reinserción Social Topo Chico fue diseñado originalmente para albergar a una población carcelaria considerablemente menor a la que terminó conteniendo décadas después. A medida que pasaron los años, el aumento de la criminalidad y los cambios en el tejido social de Nuevo León llevaron a que el penal experimentara una sobrepoblación crónica, con reclusos viviendo en condiciones inhumanas.

Según información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad, hasta diciembre de 2015, el penal de Topo Chico albergaba a 3,965 reclusos, superando su capacidad máxima de 3,685 plazas. Cifra que fue exponencialmente creciendo con los siguientes años.

La infraestructura, pensada para otros tiempos, se vio rebasada, dificultando la gestión y el control por parte de las autoridades.

La violencia fue una constante en Topo Chico, con numerosos enfrentamientos entre reclusos y motines que dejaron un saldo trágico de muertos y heridos a lo largo de los años.

El 27 de marzo de 1980, la cárcel fue escenario de un motín en el que reclusos tomaron como rehenes al director, el Capitán Alfonso Domene Flor Milán, junto con tres de sus secretarias. Aunque el levantamiento fue sofocado, el trágico desenlace incluyó el asesinato del Capitán Domene dentro de las instalaciones.

Décadas después, el 10 de febrero de 2016, se registró el motín más letal en la historia del sistema penitenciario de México. La disputa por el dominio del penal, entre las facciones lideradas por “Z-27″ de Los Zetas y “El Credo” del Cártel del Golfo, resultó en la muerte de 49 reclusos.

De celdas con jacuzzi a otras con ratas y cucarachas

En el penal de Topo Chico, la desigualdad era patente incluso en las condiciones de vida de los reclusos: mientras algunos vivían en celdas con lujos impensables para un centro de reclusión, otros enfrentaban situaciones de insalubridad y abandono extremo. Esta polarización no sólo reflejaba las jerarquías internas y el poder de ciertos grupos dentro del penal, sino también la profunda crisis en el sistema penitenciario que permitía y sostenía tales diferencias.

Las celdas de lujo, a menudo asociadas con miembros de alto rango de organizaciones criminales como Los Zetas, contaban con comodidades que iban desde pantallas de televisión planas con cable, sistemas de aire acondicionado, hasta muebles de lujo, salas de juegos, barberías y jacuzzis.

También había locales de comida en donde los reos “de primer nivel” podían adquirir comida como hot dogs o sándwiches cuando quisieran; también había bares y hasta tenían derecho a visitas de mujeres, presuntamente quienes sufrían explotación sexual. También albergaban armas, drogas y dinero que obtenían también de otros prisioneros por otorgarles protección.

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Estas áreas eran consideradas verdaderos espacios de poder dentro del penal, marcando un contraste abismal con las condiciones del resto de la población carcelaria. Estas celdas, ubicadas en sectores estratégicos controlados por los grupos delictivos, no solo eran símbolo de estatus, sino que también servían para dirigir operaciones delictivas desde dentro del penal, como las extorsiones.

Por otro lado, la mayoría de los reclusos vivían en condiciones diametralmente opuestas con celdas diseñadas para unas pocas personas ocupadas por el doble o el triple de su capacidad. Esto llevaba a situaciones de insalubridad, con servicios sanitarios insuficientes y en mal estado, falta de ventilación adecuada, y acceso limitado a agua potable. Las enfermedades se propagaban con facilidad ante la imposibilidad de mantener medidas básicas de higiene, aunado a la presencia de ratas, cucarachas y otras plagas.

La complicidad de algunos miembros de las fuerzas de seguridad con el autogobierno ejercido por grupos delictivos dentro del penal de Topo Chico fue una realidad innegable que exacerbó los problemas de violencia e injusticia. Esta colusión no solo permitía la existencia de las celdas de lujo y el control interno por parte de ciertas facciones criminales, sino que también facilitaba la entrada de objetos prohibidos y el mantenimiento de redes delictivas operando desde la prisión.

En la actualidad

Tras el cierre del penal se anunció que las instalaciones, incluyendo dormitorios, celdas de castigo y áreas comunes, serían demolidas para dar paso a la creación de un parque público, proyecto apoyado por empresarios de la región. El Parque Libertad abrió el 20 de septiembre de 2021.

Sin embargo, se ha mantenido en pie un edificio, evocando el recuerdo de los episodios de violencia, motines y hasta rituales considerados satánicos que marcaron la historia del lugar. Vecinos de la zona se han opuesto a que este sea demolido debido a que también acabarían con las pocas áreas verdes que hay en la zona, pues el plan es construir tres edificios para la recreación, cultura, archivo, museo y cineteca, pero éste sigue en el aire.

Recientemente, influencers han visitado las instalaciones remanentes, constatando y documentando que, a pesar de los esfuerzos por transformar el espacio, la atmósfera y la memoria del terror que una vez imperó en Topo Chico permanecen intactas.

Youtubers e influencers han mostrado en video e imágenes que las paredes aún tienen murales dedicados a la Santa Muerte o figuras religiosas; además aún quedan colchonetas, prendas, basura y más.

Durante la tarde de este jueves se reportó un presunto intento de motín al interior del penal de La Pila, en San Luis Potosí; algunos de los familiares de los reclusos informaron haber escuchado varias detonaciones por arma de fuego producidas desde el interior de la cárcel.

Pese a que corrieron rumores respecto a la presencia de al menos una persona sin vida -información difundida por la agencia Quadratin-, los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado detallan que no hay personas lesionadas.

En un comunicado de prensa difundido por la dependencia a cargo de Guzmar Ángel González Castillo, y con información del director del penal, Arturo Cruz Andrade, se informa que las autoridades ya recobraron el orden en el centro penitenciario de La Pila.

También se aclaró que mantuvieron comunicación con los reclusos inconformes y se prometió la creación de una mesa de diálogo para atender las peticiones de quienes intentaron amotinarse; de igual forma se informó a los familiares respecto a las condiciones al interior de la cárcel, sobre la salud de los internos y para garantizarles el acceso a las visitas del día.

Internos de La Pila culpan al director del penal

“Todo esto está pasando por culpa del director”, gritan algunos internos mientras de fondo se aprecia a varios reos caminando (encapuchados) por las instalaciones del penal y generando destrozos en rejas que delimitan los espacios al interior de la cárcel: ¡”Ayúdennos desde afuera!”, gritan los reclusos a sus familiares.

Para exigir que las autoridades les dieran informes sobre los hechos ocurridos al interior de La Pila, familiares de los reclusos bloquearon la carretera 57 y denunciaron la presencia de fuego y disparos de bala, información que no ha sido desmentida ni confirmada por las autoridades.

Respecto al humo que se podía observar desde el exterior del penal, las autoridades de La Pila informaron a los familiares que éste se produjo al incendiarse el área de PET (botellas recicladas), además de confirmarles la reactivación de los trabajos y talleres en todas las instalaciones del penal.

“Graben para que escuchen los balazos que les están aventando a los internos, por favor, toda la gente grabe”, grita una mujer al exterior del penal, mientras de fondo se escuchan golpes o lo que ella califica como posibles disparos.

Dos policías y un reo muertos durante motín en La Pila

Apenas unas semanas atrás (14 de marzo) la Secretaría de Seguridad Estatal confirmó el despido de Roberto Hernández Rangel como titular del Centro Penitenciario Estatal #1 de La Pila, SLP, lo que dio paso a que Cruz Andrade tomara las riendas del penal.

La razón detrás de la destitución de Hernández Rangel estuvo relacionada con el motín al interior del penal que terminó con la muerte de dos policías y un interno, además de tres oficiales y mismo número de reclusos heridos.

En ese momento se indicó que los reclusos de La Pila se amotinaron a manera de protesta por el operativo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil del Estado para trasladar a 51 reos a otros penales.

El parte de las autoridades identificó a los oficiales fallecidos como Andrés González Sánchez y Francisco Hernández Saavedra; además recalcó que los disturbios comenzaron cuando los reclusos intentaron impedir el traslado de Pedro “N”, un reo señalado por otros internos como extorsionador de nuevos internos, principal generador de violencia al interior de La Pila y responsable de traficar artículos prohibidos al interior del penal.