El cambio en la condición procesal de la funcionaria que gestionó la alerta sobre el mal estado de la pasarela costera de El Bocal se produjo inmediatamente después de su declaración ante la magistrada, informó el medio original. Según señalaron fuentes judiciales a la prensa, esta modificación tiene como objetivo asegurar todos los derechos de defensa de la afectada conforme avanza la investigación sobre el colapso de la estructura, suceso en el que murieron seis jóvenes y una persona más sufrió heridas graves en Santander.

La decisión, tal como publicó el medio, la tomó este viernes la jueza instructora de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander. Hasta ese momento, la gestora del 112 comparecía en calidad de testigo, pero a partir de la declaración pasó a investigada. Esta funcionaria había recibido, un día antes de la tragedia, una llamada de un vecino de Monte que alertaba del deterioro visible que presentaba la infraestructura peatonal sobre la costa. Tras recibir esa advertencia, la trabajadora del Servicio de Emergencias de Cantabria trasladó el aviso a la Policía Local.

El tribunal ya había advertido a la compareciente que debía acudir al juzgado acompañada de abogado, ante la posibilidad de que su situación en el procedimiento pudiera modificarse durante la audiencia, según consignó la fuente judicial. Una vez formalizado el cambio de condición, la investigada accede a garantías procesales plenas: puede contar con asistencia letrada, optar por no contestar a preguntas y no autoinculparse.

De acuerdo con lo que detalló el medio, la magistrada busca así proteger los derechos fundamentales de la gestora, en el marco de una investigación que indaga posibles responsabilidades en la gestión de las alertas previas al siniestro de la pasarela. La atención gira sobre el protocolo seguido tras la alerta vecinal y si existieron omisiones que pudieran haber evitado el derrumbe ocurrido poco después. Las diligencias abiertas abarcan tanto la gestión de la información recibida en el 112 como la actuación de los diferentes servicios municipales que fueron notificados antes del accidente.

El suceso de la pasarela costera de El Bocal generó gran repercusión por las víctimas resultantes y reavivó cuestionamientos sobre la supervisión y el mantenimiento de infraestructuras públicas en la región. La gravedad del accidente, en el que fallecieron seis jóvenes y resultó gravemente herida otra persona, situó la investigación judicial en el centro de la atención informativa local y nacional.

Según información del medio, fuentes judiciales insistieron en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa en todas las fases del proceso. El paso de testigo a investigada implica también que la funcionaria podrá presentar pruebas, alegar su posición y, si lo considera pertinente, ejercer su derecho a no declarar. El proceso judicial sigue en marcha mientras continúan las averiguaciones sobre las actuaciones realizadas desde la recepción de la llamada de alerta hasta la transferencia de la información a la Policía Local y las medidas que se adoptaron —o no— para prevenir el accidente.

La investigación abierta por la magistrada incluye el análisis de cada paso dado y la revisión del cumplimiento de los procedimientos internos tanto en el Servicio de Emergencias de Cantabria como en el ámbito policial. El juzgado prevé recibir nuevas comparecencias y aportar documentación técnica relativa al estado de la pasarela antes del colapso.

Reportó el medio original que la citación judicial cumplió el protocolo de advertencia habitual en los casos donde, según el desarrollo de la declaración, la condición procesal de la persona convocada podría variar. La adopción de medidas para asegurar el derecho de defensa se considera esencial para salvaguardar la transparencia y seguridad jurídica dentro de la causa.

La investigación del accidente mantiene bajo revisión el papel de las personas y organismos implicados en la cadena de alertas y respuestas, en un contexto de exigencia de explicaciones públicas por parte de los colectivos afectados y la sociedad cantábrica.

En un operativo llevado a cabo en la madrugada del martes, efectivos de la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones”, junto con la Sección “Puerto Rico” del Escuadrón 11 “San Ignacio” de Gendarmería Nacional, patrullaron una zona montañosa en Puerto Leoni, cerca de la Ruta Provincial N° 8 y la frontera internacional.

Durante el patrullaje, los gendarmes detectaron numerosos bultos camuflados entre la vegetación. Aunque no se encontraron responsables en el lugar, los agentes intensificaron la búsqueda sin éxito.

En presencia de testigos, los gendarmes abrieron los paquetes, encontrando 453 envoltorios rectangulares. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que contenían “cannabis sativa”, con un peso total de 504 kilos y 60 gramos.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá dispusieron el secuestro de la droga, de acuerdo con la Ley 23.737.

Y en otro procedimiento de GNA efectuado a mediados del mes de abril pasado también en la provincia de Misiones, miembros del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaban un control en la Ruta Provincial Nº 17 cuando se toparon con un incidente grave.

Allí, una camioneta, al recibir señales de detención, optó por ignorarlas, embistiendo el dispositivo de seguridad antes de darse a la fuga a gran velocidad hacia la ciudad de Bernardo de Irigoyen. Ante esta evasión, se activó una respuesta coordinada, solicitando el apoyo de unidades cercanas para bloquear las posibles rutas de escape.

Los Escuadrones 12 “Bernardo de Irigoyen” y 49 “San Vicente” se movilizaron rápidamente, desplegando patrullas en las Rutas Provinciales Nº 17 y Nº 20, así como en la Ruta Nacional Nº 14.

Sin embargo, a pesar de la persecución, el vehículo logró eludir varias patrullas y dispositivos de control durante horas, hasta que fue avistado abandonado cerca de una casa precaria en un camino adyacente al corredor vial.

En colaboración con las autoridades judiciales, efectivos de la Unidad Especial de Operaciones en Monte “Bernardo de Irigoyen”, que participaban en las labores de búsqueda, ingresaron al domicilio cercano a Piñalito Sur. Allí descubrieron un sótano improvisado donde se encontraron más paquetes, sumando un total de 912, con un fuerte olor característico de la marihuana.

Tras realizar pruebas de campo “Narcotest”, el Personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmó que las muestras eran positivas para “Cannabis Sativa”, con un peso total de 651 kilogramos y 565 gramos.

Informadas de estos hallazgos, las autoridades judiciales pertinentes, el Juzgado y la Fiscalía Federal de Eldorado, ordenaron el secuestro de la droga en cumplimiento de la Ley 23.737 de “Estupefacientes”.

Y a principios del mes de febrero, otra vez en Misiones, un control policial llevado a cabo por efectivos de la Sección “San José”, perteneciente al Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de la Gendarmería Nacional Argentina, resultó en el secuestro de 700 kilos de marihuana ocultos entre cargamento de madera en un camión, así como en la detención del conductor del vehículo.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 785 de la ruta nacional 14, cerca del Peaje Centinela. Durante la inspección del camión Scania, que se dirigía desde Oberá hacia la ciudad de Escobar en Buenos Aires, los agentes detectaron anomalías. A pesar de que la carga aparentaba ser madera, el escáner móvil de rayos X reveló la presencia de una sustancia orgánica que no coincidía con la declaración en la carta de porte electrónica.

Ante esta discrepancia, los oficiales emplearon al perro detector de narcóticos “León”, cuya reacción exaltada al pasar por el acoplado confirmó las sospechas. Tras este hallazgo, se solicitó autorización al Juzgado Federal de Posadas para trasladar el procedimiento a la Unidad de GNA, donde se realizaron pruebas de campo “Narcotest” y se llevó a cabo el pesaje de la sustancia incautada.

Los análisis realizados por los expertos de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron la presencia de 728 kilos de “cannabis sativa”, distribuidos en 1.094 paquetes rectangulares. En consecuencia, el Magistrado interviniente y la Fiscalía Federal de Posadas ordenaron el secuestro de la droga, así como del camión y un teléfono celular, mientras que el conductor fue detenido por violación a la legislación antidrogas.