La crisis del coronavirus supuso para la Administraciones públicas (sobre todo, el Gobierno central y las Comunidades autónomas) una dura prueba que puso al límite sus capacidades de gestión. En teoría, se aprendieron muchas y dolorosas lecciones. Y se lanzaron muchos compromisos y promesas. Una de ellas fue la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, anunciada por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, en agosto de 2020, que llegó a asegurar que en 2021 el proyecto de ley para ponerla en marcha estaría presentado en el Congreso de los Diputados. Dicho proyecto no fue aprobado hasta marzo de 2025.

La nueva crisis sanitaria que afronta el país, de momento de menor calado, la del hantavirus, no se está coordinando desde esta agencia. ¿Por qué? Porque el ministerio de Sanidad no encuentra edificio para ubicar su sede. De momento, la ley que regula esta agencia se ha quedado en papel mojado porque no se han desarrollado sus estatutos. No tiene sede ni presidente, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a colocar al frente a Fernando Simón, hoy director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

Así que la idea era que la Agencia Estatal de Salud Pública comenzará su andadura en la sede del Ministerio de Sanidad hasta que se determine qué ciudad de las que han presentado candidatura albergará definitivamente sus instalaciones. El Boletín Oficial de Estado (BOE) publicó en febrero la orden que oficializa el aplazamiento de la elección de la sede hasta el 18 de agosto y dejaba sin efecto la tramitación de urgencia con la que se iba a hacer este procedimiento. Y eso que “la urgencia se justificó por razones de interés para la salud pública, pues es necesario reforzar cuanto antes las capacidades del Estado ante futuras emergencias sanitarias”.

El problema es que el ministerio, tras analizar las ocho candidaturas, detectó que la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años. “Incluso en aquellos casos donde se ofrecen sedes provisionales, la necesidad de realizar adecuaciones técnicas impide un uso instantáneo de las mismas”, explicaba la orden que aplazó esta decisión. En este escenario. Las candidaturas recibidas presentan elementos que exigen “una valoración más detallada”. Se trata de Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia).

Consejo rector

En teoría, la Agencia podría operar desde la sede central del Ministerio de Sanidad mientras se determina su ubicación definitiva. Pero para ello necesita de su constitución mediante la reunión de su Consejo Rector, trámite que todavía no se ha celebrado. Lo que sí reconoce el ministerio es que se ha adquirido parte del equipamiento tecnológico necesario para la entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública. Los objetivos de este nuevo organismo serán reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, trabajar en vigilancia, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional, y en información y comunicación de riesgos para la salud. En defintiva, se tratará de un organismo con autoridad científica y respaldo político.

La mayoría absoluta habilita a Isabel Díaz Ayuso a legislar sin apenas sufrir desgaste en la Asamblea de Madrid, luego la oposición debe poner todos los huevos en la cesta de la comunicación. Para que esta sea eficaz, la acción y el mensaje deben sostenerse sobre la apariencia de un proyecto sólido, lo que pasa necesariamente por que todos y cada uno de sus representantes sean una sola voz, por intenso que pueda ser el debate interno. O que quien ha de depositar su voto en esas siglas tenga la confianza en que su mayor y más urgente propósito es poner en marcha cada una de las medidas por las que aboga.

Más Madrid tiene un capital político relevante. Se trata de la segunda fuerza en la Comunidad, pero más trascendente que eso, se identifica como la principal alternativa y azote del PP, dejando en segundo plano al centenario PSOE. Los socialistas tienen a su candidato trabajando en un ministerio, del que dimitirá cuando toque la campaña. Entre las fortalezas de la marca impulsada por Manuela Carmena en 2018 están precisamente su arraigo y también su no dependencia de un aparato superior. Superadas turbulencias iniciales o crisis de crecimiento, tampoco habían mostrado problemas de convivencia.

Hasta que el sábado 25 de abril, Mónica García proclamó: “Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”. Las elecciones estaban ahí, y Más Madrid no tenía un candidato, pero tampoco se aventuraba un episodio traumático. De un lado Manuela Bergerot, portavoz, principal activo frente a Díaz Ayuso, rival en los cara a cara. Por otro, Emilio Delgado, rostro televisivo y viral y subido al intento de Gabriel Rufián. La sorpresa es García, compañera de Óscar López, quien se suponía fuera de la carrera. Que Sanidad era un fin, un asiento, y no un trampolín.

“Emilio ha cometido dos errores”

La ministra ha anunciado su intención de saltar del barco cuando tiene importantes vías de agua abiertas. Los médicos han tomado nota y han dejado de considerarla interlocutora en su huelga. La ven ya enfocada en su salida y quieren negociar con Pedro Sánchez. Ahora tiene nuevos problemas, derivados de sus intenciones. García entró en Al Rojo Vivo de laSexta como en tantas ocasiones, pero no iba a ser como el resto. En la mesa estaba Delgado y Antonio García Ferreras apenas tuvo que deslizar el asunto para que entre ellos empezara a advertirse una tensión que trató de vestirse de cordialidad.

“No competimos entre nosotros, competimos con Ayuso, tenemos claro quién es el adversario. Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”, comenzó García. Siguió Delgado: “Para desalojar al PP es imprescindible arrancar con un enorme movimiento democrático que sea lo más participativo posible”. La frase, que parece lógica e inocente, tenía toda la intención. Todo responde al cambio en los estatutos de 2025, cuando por mayoría se decidió cambiar un sistema de participación “complejo e incomprensible”, según fuentes del partido, por uno más sencillo, reduciendo el censo.

Más Madrid pasó de reconocer tres figuras, la del inscrito, el afiliado y el colaborador, a solo dos, la del simpatizante y la del militante, según su grado de implicación en la actividad de la formación. Sobre este y otros asuntos hubo enmiendas, pero ninguna fue de Delgado. “Emilio ha cometido dos errores: no conoce las normas de su partido y no quiere someterse a lo que decidió la mayoría”, dicen desde la secretaría de Organización a Infobae. El aspirante, que hace cálculos en su pugna con García, considera que esta simplificación echa abajo sus posibilidades.

El PP deja hacer

Retrocediendo a la amable hostilidad en televisión, hay otra frase afilada, esta de García: “Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”. La ministra no estaba negando un proceso interno para elegir al candidato, sí apelando a la discreción, ya solo por los abundantes precedentes de cuantas opciones de izquierdas se han marchado por el mismo sumidero, el del liderazgo. La unilateral aventura de Delgado con Rufián no sentó bien, y todavía menos que este pusiera a García en un compromiso en pleno directo en televisión, actuando como rival y no como compañero.

Más Madrid tiene un capital político relevante, decíamos. Hoy, muchos dentro, de un lado y otro, coinciden en mencionar a Podemos, pero hoy también los chats echan humo, los partidarios de uno y otro disparan contra el otro y el uno, y hasta cerrar esta herida ya no puede pensar en las elecciones, para las que puede ser más crucial el cómo -se desarrollan las primarias- que el quién -las gana-. Ni García ni Delgado están dispuestos a ceder, convencidos de ser capaces de tumbar a Díaz Ayuso. Ya lo intentaron Ángel Gabilondo, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Juan Lobato y la propia García dos veces.

Los dos se consideran arietes para gobernar en la Puerta del Sol y entre los dos pueden dinamitar toda opción, poniendo a Díaz Ayuso una alfombra hacia cuatro años más. Con un PSOE débil, las dudas al PP podían surgirle con Más Madrid, fuerza joven pero con importante arraigo en distritos y barrios y empuje en redes sociales, y precisamente en ausencia de un PSOE fuerte, potencial voto útil en la izquierda. Pero ni con esas, uno y otro se necesitan, deben sumar. En el Gobierno de la Comunidad prefieren no intervenir, o no lo ven necesario después de poner laSexta. Que se maten entre ellos y a esperar el fruto.

“Emilio ha cometido dos errores: no conoce las normas de su partido y no quiere someterse a lo que decidió la mayoría”. Así resume una fuente de la Secretaría de Organización de Más Madrid la polémica que empieza a agrietar la formación liderada por la ministra Mónica García, que quiere ser la candidata a la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2027. García tiene un rival en esa aspiración. Emilio es Emilio Delgado, diputado autonómico y portavoz adjunto de esta formación en la Asamblea de Madrid. Aunque no lo ha anunciado oficialmente, Delgado quiere presentarse también a las primarias internas contra García. Para acrecentar sus posibilidades, ha multiplicado sus apariciones públicas en medios de comunicación y tertulias, creando incluso una página web sobre él y organizando debates.

Que hay un grave problema en Más Madrid lo empezó a conocer media España cuando ambos, Delgado y García, participaron juntos este lunes en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta. Delgado deslizó que las primarias que decidirán (todavía no hay fecha para celebrarse) quién será el candidato o la candidata a la Comunidad se han cambiado para restringir el número de votantes, lo que favorece a García y perjudica a Delgado, que quiere una votación mucho más abierta para aprovechar su tirón mediático. “Emilio se ha equivocado. Volvemos al psicodrama de la izquierda, a las lógicas de Podemos, donde el funcionamiento interno de los partidos tapa lo que realmente importa, las políticas que queremos ofrecer para solucionar los problemas de la gente, lo que realmente importa”, señala un veterano diputado de Más Madrid.

Las fuentes de la Secretaría de Organización creen importante contextualizar el escenario para que se entienda lo que está pasando. “Antes teníamos un sistema de participación complejo e incomprensible, en el que había tres figuras: el inscrito, el afiliado y el colaborador”. Entonces llegó el Congreso del partido en mayo de 2025 que reguló los nuevos estatutos. Se inició entonces un debate para articular cómo se podría vincular un ciudadano a Más Madrid: pagando una cuota económica (como en casi todos los partidos tradicionales) o valorando su participación. Se decidió lo segundo, creando la figura del militante y la del simpatizante.

Para ser militante, en un partido en el que se decidió que no había que pagar cuotas, solo hace falta haber participado en algún acto interno del partido cada cuatro meses, logearse en la página web y que se haya inscrito en la actividad. “Estamos hablando de tres actividades al año en un partido que organiza unas 100 al mes. Algo razonable”, explican desde Organización. Los simpatizantes son, en cambio, todas las personas que se inscriban como tal. Está pensado para una participación más puntual y, por ejemplo, pueden participar en consultas que se convoquen siempre que no sean vinculantes o “que no afecten a los estatutos, los reglamentos que los desarrollan o las decisiones de los órganos del partido”.

Esta propuesta se aprobó en los nuevos estatutos de mayo de 2025, que luego fueron refrendados por unanimidad por la Mesa Regional, el principal órgano del partido. En el Congreso de mayo se presentaron 477 enmiendas, 13 de ellas presentadas desde la agrupación de Móstoles, a la que pertenece Delgado. Se aprobaron 12 de ellas y ninguna discutía la nueva fórmula de militancia finalmente aprobada. Fuentes cercanas a Emilio Delgado aseguran que esta argumento de las enmiendas está manipulado. “Porque son enmiendas que presentaron agrupaciones, no personas, y de las 477 solo se aceptaron 19″.

Un partido con raíces

La pregunta es sencilla. ¿Por qué lo que se aprobó por la mayoría de la militancia en mayo de 2025 como normas generales de funcionamiento de repente ya no le vale a Emilio Delgado? “Emilio viene a impugnar el resultado de una participación democrática. Así de sencillo”, explica otro diputado regional muy próximo a Mónica García. “Nuestro diagnóstico es que queremos hacer una organización política con raíces, un partido que vaya más allá de la Comunidad de Madrid y que gane en otros municipios. Ahora solo gobernamos o cogobernamos en 8 localidades madrileñas. Y para crecer es importante que haya militancia activa y convencida. No solo simpatizantes. Y los compañeros que están con Emilio creen que hay que ganar en las televisiones. Las televisiones ayudan, te llevan al cielo pero también al infierno. Lo importante es echar raíces entre la ciudadanía”.

De momento, los partidarios de Delgado no dan por cerrada esta guerra interna y presentaron hace unos días al comité de garantías un recurso, de 16 páginas, en el que 67 militantes denuncian que la forma de diferenciar a militantes de simpatizantes favorece, a su juicio, a la dirección. Un comité de garantías que ha tenido que ser renovado porque en enero de este año dimitieron cuatro de los seis miembros entre críticas a la dirección por los últimos cambios estatutarios que, repetimos, fueron aprobados por el 72% de la militancia en mayo de 2025. Estos cuatro dimitidos forman parte de la corriente de Delgado.

Una persona muy próxima a Emilio Delgado explica que el reglamento de primarias, que no está cerrado, es uno para elegir candidato o candidata a la Comunidad de Madrid, “en donde solo podrán votar militantes”; y otro para elegir candidato o candidata en Madrid capital o en aquellas asambleas municipales con más de 50 militantes, “donde sí podrán votar los simpatizantes”. Y ponen un ejemplo, “las 1.650 personas que eligieron a Mónica García como candidata en 2023 no lo podrán hacer ahora, será un número menor. Es un problema de modelo de partido. Porque no todo el mundo milita todo el rato, y eso no es justo. Vas a ir expulsando a la gente si no milita constantemente, entonces solo quedarán trabajadores y cargos públicos. Y hay que integrar a gente distinta”. Para los de Delgado, si solo votan los simpatizantes lo harían unas 1.500 personas, pero si se abre a simpatizantes lo harían unas 34.000.

Parece que no tiene sentido, por tanto, que un simpatizante sí pueda votar en las primarias de Madrid Ciudad y que sin embargo no pueda hacerlo en un ámbito de participación más amplio que son las primarias para la Comunidad. Hay otro problema también de procedimiento. Porque el reglamento de primarias que va a regular todo este meollo no lo puede aprobar la Mesa Regional. Según los últimos estatutos, los precisamente aprobados en mayo, el único órgano que puede hacer este reglamento es el “comité de primarias”, que solo se forma al “convocar las primarias”. Los que piensan como Delgado creen que es “surrealista” que los simpatizantes puedan elegir a candidatos de municipios de más de 500.000 habitantes, pero no para cuando estos candidatos van a representar a 7.000.000 de personas.

El problema es si estamos ante un simple (pero complejo) enfrentamiento jurídico o una batalla más grande por el poder y el futuro liderazgo del partido. Mónica García representa el continuismo: la defensa de la sanidad pública, el feminismo, el ecologismo... Delgado cree en todas estas causas, pero considera que hay que defenderlas de forma incluyente y atrayendo también a otros sectores sociales para ensanchar el espacio político. “En todos los partidos hay pluralidad. Eso nadie lo discute, pero hay que saber ganar y perder y aceptar lo que dice la mayoría, ser leal. Teniendo en cuenta, además, que Emilio es un referente y está donde está porque tiene la confianza del partido”, explican desde el equipo de Mónica García. Las heridas están abiertas. Habrá que esperar ahora a ver si se cicatriza o se agranda y provoca una hemorragia. Emilio y Mónica eran buenos amigos. “Ya no lo son”.

La primera jornada de huelga médica este mes de abril ha continuado con cifras de seguimiento desigual. Mientras los sindicatos médicos elevan hasta el 70% los facultativos que se han sumado a los paros, las consejerías reducen la cifra y la sitúan en baremos entre el 10 y el 20% de seguimiento.

Se trata de la tercera semana de huelga que han convocado los sindicatos exclusivamente médicos este 2026. Las organizaciones exigen un estatuto propio que regule las condiciones de trabajo particulares de los facultativos, una reducción y mejor retribución de las guardias, disminuir la jornada semanal a 35 horas y la jubilación anticipada, entre otras reclamaciones.

La nueva convocatoria de huelga llega marcada por el anuncio de la candidatura de Mónica García para las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. El movimiento de la ministra ha causado revuelo entre los sindicatos, que la acusan de “falta de rigor” y consideran que ya no es una interlocutora válida. Por ello, han pedido la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lograr desbloquear la huelga.

Andalucía, la comunidad con mayor apoyo

En el extremo más bajo se encuentra Cataluña: la Conselleria de Salut de la Generalitat calcula que un 5,2% de los facultativos se ha unido a los paros del lunes, mientras que el sindicato Metges de Catalunya (MC) lo cifra en un 31%. Por ámbito asistencial, sería la atención primaria la que más ha sufrido la huelga, con un 33% de seguimiento según MC, frente al 25% de la atención hospitalaria.

Andalucía, por su parte, sería la comunidad con mayor seguimiento: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) calcula que el 19,31% de los médicos convocados se han unido a los paros durante la mañana del lunes. El seguimiento ha sido especialmente alto en Almería (24,675) y Huelva (24,26%).

En Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) calcula que el seguimiento de este lunes alcanza al 16,42% en los centros sanitarios de la comunidad. La participación de los médicos de atención primaria habría sido minoritaria (2,44%), mientras que en los grandes hospitales ha superado el 22%.

Extremadura (17,37%) y Castilla y León (18%) han reportado cifras similares durante la mañana, cancelando más de 5.600 consultas y casi 200 operaciones en esta última; mientras que en Canarias el seguimiento se desploma hasta el 12,98%. En el archipiélago balear, por su parte, el sindicato Simebal estima un seguimiento de hasta el 70% en hospitales y el 45% en centros de salud. En Cantabria, las organizaciones convocantes elevan al 70% el volumen de médicos que han secundado la huelga, si bien desde el Ejecutivo regional valoran un seguimiento de algo más del 20%.

Mónica García asegura que los médicos piden “cosas ilegales”

La ministra de Sanidad ha insistido este lunes en que el Estatuto Marco acordado el pasado mes de enero trae mejoras para los médicos, como la reducción de las guardias, la conciliación profesional o la convocatoria de oposiciones cada dos años; pero que el Comité de Huelga plantea reclamaciones “ilegales” que invaden las competencias de las comunidades autónomas y otros ministerios, con el objetivo de “mantener el conflicto vivo”.

“A mí un Comité de Huelga si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que trasgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí”, ha aseverado en declaraciones a los medios a la salida de la Jornada Reset al Odio Digital. A su parecer, la huelga de facultativos “ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales", que ya se han recogido en los acuerdos, sino que hay “alguna serie de intereses” detrás, que ha asegurado que desconoce.

Pese a ello, García ha asegurado que seguirá trabajando por la reforma del Estatuto Marco, “una oportunidad que no podemos perder”.

Los médicos españoles han comenzado este lunes su tercera semana de huelga de 2026. Los paros, convocados por los cinco sindicatos del Comité de Huelga, se alargarán hasta el próximo jueves 30 de abril, para exigir la creación de un estatuto propio y mejoras en las condiciones laborales de los facultativos.

Desde la última convocatoria a finales de marzo, el equipo de Mónica García ha mantenido cuatro encuentros con las organizaciones médicas. En la última semana, el ministerio propuso a los sindicatos reducir la jornada de los sanitarios a 40 horas en un plazo de cinco años, frente a las 48 actualmente vigentes; así como la creación de ámbitos específicos de negociación a nivel autonómico, avances considerados “insuficientes” para desconvocar la huelga.

Con el conflicto encallado, García anunció el pasado domingo que será la candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas de 2027 para intentar “que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas”. El paso político, unido a la “ausencia total de avances en la negociación”, ha hecho que los sindicatos pidan “la intervención directa del presidente del Gobierno”.

Una huelga que supera al ministerio

Para los cinco sindicatos del Comité de Huelga (la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)), el conflicto “ha alcanzado un punto decisivo”. Las organizaciones aseguran que los paros y manifestaciones no pararán hasta que se alcance una solución efectiva, que pasa por mejoras en las condiciones laborales de los facultativos.

En este escenario, consideran que “la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida” para desbloquear la huelga. “La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su ministerio“, afirman en un comunicado.

El Comité de Huelga acusa de “falta de voluntad” al Ministerio de Sanidad, que no ha propuesto “ninguna rectificación sustancial” del Estatuto Marco desde que se alcanzase un acuerdo en la Mesa de Negociación en enero. La propuesta del ministerio pasa por una reducción de las guardias de 24 a 17 horas, salvo excepciones; una nueva clasificación profesional y una reducción de 48 a 45 horas semanales de jornada para los médicos.

El acuerdo ignoraría las cuatro reclamaciones principales de los sindicatos médicos: un estatuto y ámbito de negociación propios, una jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional que les ubique por encima del resto de trabajadores del sector y una reducción de la edad de jubilación, para la que deberían contar las horas de guardia trabajadas durante la vida laboral.

Estas peticiones exceden las competencias ministeriales, tal y como admitieron los sindicatos el pasado 23 de abril. “Cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos", expresaron.

Pendientes del salto de García a la política madrileña, el Comité de Huelga ha pasado de pedir la dimisión de la ministra a solicitar la intervención de Pedro Sánchez, para “garantizar una negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión, que permita desbloquear una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas”. “España merece una sanidad pública fuerte, pero no habrá sanidad pública sin médicos, y no habrá médicos si se sigue legislando contra ellos”, concluyen.

El último intento del Ministerio de Sanidad para desbloquear las negociaciones con los médicos no ha terminado bien. Este miércoles, el Comité de Huelga decidió no acudir a la reunión concertada con los representantes gubernamentales después de que el equipo de García “impusiese” un mediador ajeno a la negociación. Se trataba de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, una propuesta de las comunidades autónomas que se acordó en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El desplante no ha sentado bien en el Ministerio de Sanidad. Este jueves, antes de que los consejeros sanitarios vuelvan a encontrarse de forma extraordinaria, Mónica García ha asegurado que “los sindicatos médicos se están quedando solos” en este conflicto. “Los profesionales quieren avanzar, quieren acelerar esos procesos de cambio y de mejora de sus condiciones laborales y son los propios sindicatos médicos los que están echando el freno y están bloqueando las posibles negociaciones y los posibles acuerdos”, ha manifestado la ministra.

García ha reafirmado su voluntad negociadora con los sindicatos médicos y ha recordado que “la no reunión” del pasado miércoles era la número 26 que mantenía con estas formaciones hasta la fecha. La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, “se quedó sola en una sala”, ha subrayado.

“Apostamos por los acuerdos a los que, he de recordar, hemos llegado en varias ocasiones ya con los propios sindicatos médicos”, ha afirmado, para añadir que no son “capaces de avanzar” porque, tras alcanzar entendimientos, “cuando salen por la puerta del Ministerio, de alguna manera, o no contemplan o revocan” los mismos. “Los profesionales no necesitan que los sindicatos se levanten de una mesa o no se sienten o bloqueen o pongan el conflicto como el centro”, ha declarado.

Los pacientes como mediadores

La POP no era la primera elección del Ministerio de Sanidad para mediar en las negociaciones. El pasado 5 de marzo, Mónica García alcanzó un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, en el que se encuentran representadas las principales organizaciones de facultativos, entre ellas la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del Comité de Huelga.

El pacto proponía una adaptación de la remuneración de las guardias y medidas en pos de la participación profesional, la clasificación de los trabajadores sanitarios y el reconocimiento de la penosidad. Sin embargo, los sindicatos se desmarcaron del convenio e insistieron en que los acuerdos debían establecerse dentro del Comité de Huelga.

Fueron el País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha quienes propusieron incluir a los pacientes como mediadores en las negociaciones, un planteamiento que Sanidad rechazó en un primer momento y que terminó aceptando tras el CISNS del 27 de marzo. Autonomías como Madrid o Extremadura se desmarcaron de este plan.

“La única salida es mejorar sus condiciones”

Las organizaciones sindicales del Comité de Huelga han criticado duramente “la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes” e insisten en que no ha sido “consensuada y pactada por ambas partes”, además de no cumplir “con los requisitos exigibles a un proceso de conflicto laboral de estas características”.

Para las organizaciones del Comité de Huelga, “la única salida” al conflicto es “mejorar” las condiciones de trabajo de los facultativos “con una norma propia que reconozca al médico su derecho a negociar sus propias condiciones laborales”. Por ello, mantienen su convocatoria de huelga indefinida, con nuevos paros entre el 27 de abril y el 1 de mayo en protesta por la reforma del Estatuto Marco. Pese a haberse levantado de la mesa el miércoles, aseguran que “acudirán a tantas reuniones como sea necesario”, siempre y cuando perciban “una auténtica capacidad negociadora y no una mera estrategia dilatoria”.

Los señalamientos sobre la legislación migratoria española como presunta causa de las agresiones sexuales sufridas por Noelia Castillo han sido parte de las inquietudes expresadas, según publicó el diario 'New York Post'. De acuerdo con este medio estadounidense, la Administración de Donald Trump solicitó explicaciones a España respecto a la eutanasia practicada a Castillo, subrayando su preocupación por “numerosas violaciones sistémicas de los derechos humanos” que derivaron en la decisión de la joven de solicitar el suicidio asistido. Ante la difusión de esta versión en medios internacionales, fuentes próximas al Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press han asegurado que no existe notificación formal alguna desde autoridades estadounidenses dirigida al Gobierno español para investigar el caso.

Según informó Europa Press, las fuentes cercanas al Ministerio dirigido por Mónica García señalaron que, hasta el momento, no se ha registrado ningún tipo de comunicación o requerimiento oficial provenientes de organismos estadounidenses ni por vía diplomática ni de ninguna otra índole acerca de la eutanasia de Noelia Castillo. No obstante, el 'New York Post' detalló que altos cargos de la embajada de Estados Unidos en Madrid habrían trasladado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez la seria preocupación de la administración estadounidense en torno a la gestión y el trasfondo del caso.

El medio estadounidense afirmó que la embajada de Estados Unidos, presuntamente, abrió una investigación para revisar la actuación de las autoridades españolas frente a los hechos que antecedieron la decisión de Castillo. El informe hace referencia a “repetidas agresiones sexuales, incluidas violaciones en grupo”, sufridas por la joven antes de su muerte. En la versión de 'New York Post', la “legislación migratoria laxa en España” sería uno de los factores asociados a los delitos perpetrados.

En reacción a la repercusión internacional del caso y a las declaraciones atribuidas a altos funcionarios estadounidenses, la ministra de Sanidad, Mónica García, formuló un mensaje en la red social 'X'. García interpela directamente a la administración de Donald Trump y destaca que miles de personas fallecen al año en Estados Unidos sin cobertura de seguro médico. Además, hace alusión a la política exterior estadounidense bajo su mandato, mencionando vulneraciones de derechos humanos en conflictos como los de Gaza e Irán.

La ministra defendió el marco regulatorio español vigente respecto a la eutanasia. Según consignó Europa Press, consideró “serio” y “sólido” el sistema sanitario nacional, y remarcó que el país cuenta con “un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”. Esta posición se ha mantenido constante en las recientes manifestaciones públicas de García, quien ha reiterado que la Ley de la Eutanasia aprobada en España posee carácter “garantista”.

De acuerdo con declaraciones previas, la titular de Sanidad sostiene que aquellas personas que solicitaron acogerse a la eutanasia lo han hecho ejerciendo un derecho, conforme al marco normativo, las evaluaciones clínicas y las garantías jurídicas establecidas por la legislación vigente. Además, insistió en que los procedimientos tienen supervisión tanto de comités clínicos especializados como de instancias judiciales, lo que, en su argumento, refuerza la protección de derechos fundamentales en el proceso.

Entre tanto, la prensa estadounidense, especialmente el 'New York Post', ha insistido en poner foco en los antecedentes del caso, vinculando las agresiones sufridas por Castillo con la política migratoria y catalogando supuestas preocupaciones oficiales de Washington como un cuestionamiento a la respuesta española. No obstante, las autoridades españolas sostienen que no han recibido ninguna manifestación formal ni petición investigadora a través de los conductos habituales de comunicación diplomática.

El episodio ha puesto nuevamente el foco sobre los mecanismos y garantías de la normativa sobre eutanasia en España, así como sobre el alcance y repercusiones internacionales de casos con alta exposición mediática. Mientras la ministra de Sanidad defiende el modelo actual y rechaza la injerencia de autoridades extranjeras en asuntos internos del país, el debate sobre el destino de Noelia Castillo y los factores implicados permanece abierto tanto en el plano nacional como en segmentos de la prensa internacional.

El Observatorio para la Prevención del Suicidio fue aprobado este martes en Consejo de Ministros, un paso que responde al desafío de comprender en profundidad la naturaleza multifactorial de las conductas autolesivas en España. Este esfuerzo apunta a consolidar la colaboración entre los diferentes ministerios para entender mejor las causas que llevan a casi 4.000 personas a perder la vida cada año en el país, señalando la necesidad urgente de nuevas estrategias públicas para la prevención, según informó Europa Press.

De acuerdo con este medio, la ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó la relevancia de la creación del Observatorio, identificando el suicidio como un problema prioritario de salud pública. Aunque se ha registrado un descenso de casi un 4 por ciento en el número de suicidios en el último año, García destacó en una entrevista en el programa La hora de La 1 que “todavía tenemos unas cifras que son muy pavorosas”. El objetivo de la nueva entidad es reforzar la coordinación para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas a nivel nacional, conscientes de la variedad de orígenes que pueden tener las conductas autolesivas.

Europa Press consignó que la ministra subrayó la importancia de que el Observatorio tenga carácter interministerial, argumentando que la complejidad de los factores que inciden en el suicidio requiere respuestas integrales y diagnósticos precisos. Esta herramienta institucional buscará identificar patrones, elaborar estrategias basadas en evidencia y coordinar las diferentes respuestas gubernamentales desde la prevención, el diagnóstico temprano y la atención pertinente.

El medio también recogió declaraciones de Mónica García respecto al reciente caso de eutanasia de Noelia Castillo. La ministra defendió el procedimiento regulado por la Ley de la Eutanasia en España, calificándola de “muy garantista”, aunque reconoció una demora de dos años en la tramitación del caso. Según detalló, durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se incluyó en la agenda un manual de buenas prácticas para acelerar los procesos, mejorar su evaluación y garantizar los derechos de los solicitantes.

Según publicó Europa Press, la ministra atribuyó parte de la dilación en el ejercicio del derecho de Noelia Castillo a actuaciones de colectivos como abogados cristianos, quienes, en sus palabras, han “impedido el ejercicio del derecho de Noelia Castillo a ejercer el derecho a ejercer sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia muerte”. García enfatizó la voluntad de su cartera de asegurar que los procedimientos estén claros, sean ágiles y respetuosos de los derechos aprobados por la legislación española.

En torno a la huelga de médicos convocada entre el 27 y el 30 de abril, Europa Press reportó que Mónica García explicó que después de meses de negociaciones y veintiséis reuniones con el Comité de Huelga, se han propuesto medidas que amplían el marco regulatorio y buscan mejorar las condiciones laborales de los sanitarios. La ministra destacó que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas mantienen una postura común para reconducir la situación mediante el diálogo y evitar la huelga, descrita como la última expresión de un conflicto laboral prolongado. García sostuvo que confía en que el Comité de Huelga cumplirá su parte en la ratificación de los acuerdos alcanzados.

Sobre la próxima ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud, Europa Press detalló que García aclaró que la nueva normativa no limitará las colaboraciones público-privadas, sino que buscará regularlas para contener las prácticas en que el ánimo de lucro predomina por encima del bienestar de los pacientes. La ministra denunció prácticas que, en territorios como la Comunidad de Madrid, implican el desvío de 5.600 millones de euros de fondos previstos para hospitales públicos hacia centros privados, etiquetando estas transferencias como “actos especulativos”, ya que los hospitales privados seleccionan a los pacientes por su rentabilidad, mientras los públicos atienden los casos más complejos.

El medio consignó también que García manifestó su compromiso con la defensa de la sanidad madrileña y del Sistema Nacional de Salud, declarando su disposición a proteger esta estructura “allá donde tenga que defenderla”. Finalmente, la ministra afirmó que el Ministerio de Sanidad está poniendo en marcha medidas orientadas a transformar el sistema sanitario nacional y consolidarlo como uno de los pilares sociales más relevantes del país.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, sostuvo que el espacio progresista debe ofrecer una “referencia y estabilidad” sostenida en el tiempo para convencer al electorado y avanzar en políticas transformadoras. García afirmó que el arraigo territorial resulta un factor determinante para obtener resultados en comicios, y subrayó que este proceso requiere trabajo previo y estrategias compartidas. Según informó Europa Press, la ministra respondió en estos términos durante una entrevista emitida en ‘La hora de La 1’ en TVE, a propósito de la reciente consulta interna de Podemos sobre su papel en la candidatura unitaria de la izquierda alternativa que concurrirá a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Tal como publicó Europa Press, García expuso que “las fuerzas progresistas con arraigo territorial son las que tienen buenos resultados en las urnas”, en referencia a los casos anteriores de Extremadura y Aragón. La dirigente insistió en que la fortaleza de una candidatura se va desarrollando durante varios meses previos a la cita electoral, y no se define en el periodo cercano a las elecciones. En palabras de la ministra, “al final no funciona una coalición de dos más dos”, en alusión a soluciones numéricas o aritméticas para construir alianzas, sino que la clave radica en la conexión real de los partidos con la sociedad local y su capacidad para transmitir propuestas relevantes a los ciudadanos.

En relación con los acuerdos entre las formaciones a la izquierda del PSOE, la ministra reconoció que el espacio progresista ha sido capaz de llegar a consensos, aunque consideró imprescindible mantener referencias consistentes y estables a lo largo del tiempo. Según consignó Europa Press, García puntualizó que las formaciones progresistas deben, con arraigo territorial, persuadir al electorado de que representan opciones capaces de llevar al país hacia medidas y políticas innovadoras.

Al ser consultada sobre su futuro papel en el liderazgo de la nueva confluencia nacional de la izquierda alternativa, García evitó definiciones concretas y reiteró su disposición a contribuir donde resulte más útil. Destacó su voluntad de “remar para que este espacio progresista vele por lo que ya estamos haciendo”, apuntando que la elección acerca de quién asumirá la representación de ese proyecto deberá surgir colectivamente en el momento oportuno. La ministra explicó: “Lo último será decidir entre todos, y por todos, quién es la cara visible de ese proyecto, que, por supuesto, tendrá que rendir cuentas a ese espacio progresista”.

Europa Press puntualizó que la reflexión de García surge después de que Podemos realizara una consulta para determinar su posible integración en una candidatura unitaria junto con otras formaciones de la izquierda alternativa, en vísperas de las elecciones andaluzas. Este mecanismo de consulta interna pone de manifiesto la importancia del acuerdo y la estrategia conjunta para establecer una alternativa electoral competitiva.

García, en este contexto, enfatizó que la construcción de coaliciones exitosas exige tiempo, referencias claras y estrategias comunes entre los diferentes partidos. El ejemplo de las elecciones regionales en comunidades como Extremadura y Aragón sirvió como referencia para ilustrar la importancia del trabajo a largo plazo y el contacto continuo con los ciudadanos. De acuerdo con la ministra, solo desde un sólido arraigo territorial pueden los proyectos progresistas consolidar candidaturas capaces de pasar del acuerdo político a la concreción de resultados en las urnas.

En la entrevista, la dirigente de Más Madrid reiteró que la última etapa en la conformación del espacio progresista será la elección de la figura representativa, haciendo hincapié en la importancia de que la decisión se tome de manera colectiva y transparente. La ministra insistió en que la rendición de cuentas deberá ser un principio fundamental para el liderazgo de ese proyecto.

El medio Europa Press detalló además que este debate sobre el método para alcanzar candidaturas unitarias y el rol de los diferentes actores en el espacio de la izquierda alternativa se desarrolla en un contexto marcado por la cercanía de los comicios autonómicos andaluces, poniendo de relieve la relevancia de los procesos internos de consulta y las negociaciones a varios niveles dentro de las formaciones implicadas. La posición de García pone el foco en la fortaleza que otorga la construcción prolongada de acuerdos, estrategias y arraigo local en contraste con iniciativas impulsadas en los días previos a la cita electoral.

El coste de la huelga médica ya representa 11 millones de euros para la Comunidad de Madrid, según cifras presentadas por las autoridades regionales. Este impacto económico acompaña la suspensión de 142.462 consultas, 6.952 cirugías y 14.489 pruebas diagnósticas durante los paros médicos realizados en una semana de febrero y otra de marzo, según consignó el medio Europa Press. En este contexto, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, dirigió una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamando una respuesta eficaz frente a la paralización prevista, cuestionando la legitimidad del mediador sugerido y advirtiendo sobre graves consecuencias económicas y asistenciales si no se soluciona el conflicto.

Según detalló Europa Press, Matute recordó en su mensaje que la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en la huelga médica por el Estatuto Marco no cuenta con el respaldo mayoritario de las Comunidades Autónomas. La consejera advirtió que, en caso de no lograrse una solución al conflicto, la ministra debería considerar dimitir. La polémica se produce después de la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada el pasado viernes y centrada exclusivamente en la huelga médica, donde el Ministerio de Sanidad aceptó la intervención de un mediador independiente, buscando facilitar el avance en los puntos ya negociados y evitar la huelga programada a partir del 27 de abril.

Europa Press reportó que la ministra de Sanidad, Mónica García, propuso que la figura de mediador fuese reconocida por todas las partes involucradas en el conflicto, con el objetivo de mantener la tramitación tanto del Estatuto Marco como de otras reivindicaciones del colectivo médico. Durante el encuentro, los representantes autonómicos sugirieron que una organización de pacientes asumiera el papel de mediación, basándose en el argumento de que son los pacientes quienes viven directamente las consecuencias de la situación. Por su parte, el Ministerio propuso inicialmente al Foro de la Profesión Médica como mediador, debido a sus conocimientos técnicos y jurídicos sobre las peticiones de los médicos. Finalmente, la ministra comunicó la intención de trasladar al Comité de Huelga la propuesta de que una organización de pacientes actuara como mediadora, conforme a la sugerencia de varias consejerías autonómicas.

En su misiva, Matute subrayó que el acuerdo alcanzado en el CISNS no contemplaba establecer la mediación en los términos defendidos por García. También puntualizó que la propuesta de la POP fue presentada solo por dos o tres consejeros, indicando que no contó con el respaldo mayoritario del Consejo. A pesar de reconocer el trabajo de la organización en favor de los pacientes, la consejera insistió en que su papel como mediador carece de amplio apoyo entre las comunidades.

La consejera de Sanidad responsabilizó directamente a la ministra por la gestión del conflicto, señalando la existencia de "un problema de liderazgo y de capacidad de negociación" en el Ministerio de Sanidad, según reportó Europa Press. Matute cuestionó que, hasta el momento, la ministra no haya mantenido una interlocución efectiva con los profesionales médicos para alcanzar una salida al conflicto. En su carta, señaló: "No estamos ante un desacuerdo técnico, sino ante un conflicto mal gestionado desde su origen".

En la carta, Fátima Matute enfatizó que la Consejería de Sanidad de Madrid no avalará "maniobras que desvíen el foco del problema o que pretendan diluir responsabilidades". Reiteró la exigencia de suspender de manera inmediata la tramitación del nuevo Estatuto Marco, mientras no haya una negociación real con garantías. Al mismo tiempo, la consejera reclamó que cualquier modificación normativa relevante cuente con una financiación finalista y la participación de los ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo, cuya ausencia en el proceso calificó de "incomprensible" y como evidencia de la "improvisación" con la que, según su visión, se ha abordado la reforma.

Europa Press también recogió la petición de Matute de establecer un marco de negociación específico, directo y vinculante para abordar la situación del colectivo médico y reconoció la singularidad de esta profesión. En su carta se incluye: "Hacerlo no divide, no confronta y no excluye: fortalece el sistema y respeta a quienes lo sostienen". Insistió en que prolongar el desacuerdo perjudica a pacientes y profesionales.

Finalmente, la consejera transmitió que, en caso de no existir voluntad por parte de la ministra de Sanidad, o si ha perdido la confianza de quienes deben negociar, esta debería actuar en consecuencia y dejar el cargo. La carta concluyó afirmando que "el sistema sanitario no puede permitirse más tiempo perdido", según publica Europa Press.

Al referirse a la reciente reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó la propuesta conjunta del Ministerio y las comunidades autónomas para introducir una figura de mediación en el conflicto con los sindicatos médicos, buscando desbloquear la huelga actual. Según informó Europa Press, García destacó que este acuerdo representa un paso relevante en el proceso de negociación, al señalar la participación de organizaciones de pacientes como posibles mediadores, y anunció que desde el Ministerio se mantendrán todos los esfuerzos para avanzar hacia consensos estables que permitan superar el paro de los profesionales sanitarios.

La ministra señaló que la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión de las condiciones laborales de los sanitarios resulta determinante para la resolución del conflicto. Según publicó Europa Press, García acusó a la Comunidad de Madrid de agravar la situación en torno al Estatuto Marco de los trabajadores del sistema sanitario, calificando su actuación como desleal frente a otras regiones. En sus declaraciones a Radio Nacional, la titular de Sanidad insistió en que algunas autonomías ya han avanzado en los cambios necesarios, mientras que otras no han cumplido con las expectativas. Remarcó que el sindicato médico ha reiterado a la administración madrileña que la mayoría de las mejoras dependen de su propia gestión, algo confirmado recientemente a través de un comunicado.

La ministra explicó que, desde el gobierno central, la estrategia busca un acercamiento contrario a la confrontación, enfocándose en forjar acuerdos amplios y transversales con todos los sindicatos del sector sanitario. García sostuvo, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la disposición de alcanzar un acuerdo para finalizar los paros mensuales de los profesionales médicos es robusta y extiende esa intención a todas las partes implicadas. Describió que en las mesas de negociación se han producido avances, obteniendo consensos y soluciones que trascienden la aplicación estricta del Estatuto Marco.

Durante la entrevista, García recalcó que el Estatuto Marco, al ser una ley delimitadora dentro de la estructura estatal, no puede resolver el conjunto de las demandas, responsabilizando a las autonomías de la materialización de muchos de los cambios reclamados por los sindicatos. La ministra empleó una metáfora musical al afirmar que la ley sienta la partitura, pero que corresponde a las comunidades interpretar la melodía y ajustar la armonía del conflicto al compás de los acuerdos alcanzados. Según reportó Europa Press, García insistió en que la resolución del enfrentamiento no solo incumbe al gobierno central, sino que exige la implicación activa de los ejecutivos autonómicos.

Preguntada por la advertencia del Partido Popular sobre la posibilidad de solicitar su dimisión si el conflicto no se solventa antes del 27 de abril, García argumentó que los responsables autonómicos de ese partido deben concentrarse en establecer mejoras inmediatas para el personal sanitario, subrayando que muchas de las reivindicaciones podrían implementarse sin demora. Según detalló Europa Press, la ministra defendió que gran parte de las competencias para ajustar las condiciones laborales corresponde a cada autonomía y animó a sus responsables a asumir sus obligaciones en lugar de promover el enfrentamiento.

García también abordó las críticas que le atribuyen un cambio de postura respecto a sus años de activismo, especialmente por su participación en las movilizaciones de las Mareas Blancas en defensa del sistema público de salud. Según consignó Europa Press, la titular de Sanidad puntualizó que su trayectoria ha estado marcada por la defensa activa del Servicio Nacional de Salud frente a la privatización y recordó su participación en huelgas y manifestaciones en favor de los derechos laborales de todos los trabajadores sanitarios. La ministra aseguró que mantener intactos el Estatuto Marco y la ley de ordenación de profesiones sanitarias sería equivalente a traicionar los principios que la llevaron a manifestarse hace más de una década, afirmando que se siente en plena sintonía con su papel actual respecto a sus convicciones pasadas.

El medio Europa Press detalló que García manifestó su convicción de que no resulta justo que el conflicto se perpetúe en perjuicio tanto de los profesionales como de los pacientes, en vista de los avances registrados en las negociaciones. Con este planteamiento, remarcó la necesidad de traducir la voluntad de acuerdo generalizada en una reducción del enfrentamiento laboral y confió en que los espacios de diálogo producidos en los últimos meses sirvan de base para encontrar una solución estable y consensuada a la huelga médica.

Europa Press publicó que, en el contexto de las deliberaciones más recientes, algunos consejeros autonómicos propusieron que la mediación se realice a través de organizaciones de pacientes, lo que revela un nuevo enfoque dentro de los esfuerzos por superar el desencuentro sectorial. La ministra aseguró la permanencia del Ministerio de Sanidad en la búsqueda de acuerdos, aunque reiteró que el marco normativo estatal establece límites que requieren la implicación activa de las comunidades autónomas para materializar los avances negociados.

De acuerdo con Europa Press, la ministra destacó que el Ministerio actúa como catalizador en el proceso de diálogo, pero insistió en la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos frente a la situación actual de los profesionales sanitarios. García sostuvo que resulta recurrente observar estrategias políticas de elusión de responsabilidades, al referirse a las administraciones que, en su opinión, no asumen la totalidad de sus obligaciones derivadas de la gestión sanitaria autonómica.

Durante su declaración, García insistió ante Europa Press en la importancia de mantener la cohesión y el compromiso para fortalecer el sistema sanitario público, señalando que el diálogo logrado hasta ahora representa la base para futuros acuerdos. De este modo, instó a los diferentes actores involucrados a priorizar la resolución práctica de los desacuerdos, con el objetivo común de garantizar tanto el bienestar de los profesionales como la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía.

La ministra de Sanidad y principal representante de Más Madrid, Mónica García, expresó mediante sus redes sociales que la presencia de Mónica Oltra representa una ausencia notoria para sus aliados y valoró su regreso como un acontecimiento significativo para el entorno político valenciano. De acuerdo con Europa Press, la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís ha anticipado su propósito de reincorporarse a la política y presentarse como candidata a la Alcaldía de Valencia.

La formación Más Madrid ha manifestado abiertamente su respaldo a Oltra tras el anuncio de su retorno a la política municipal. Tal como publicó Europa Press, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, comentó en sus redes sociales que cuando se han dirigido ataques hacia Oltra ha sido porque reconoce su determinación y su orientación hacia el servicio público. Bergerot señaló: “Cuando han atacado a Mónica Oltra es porque saben que ella no se rinde, que va a poner la política al servicio de su pueblo. ¡Toda la fuerza, compañera!”

Por la misma vía, Rita Maestre, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, destacó la importancia del regreso de Oltra para la vida municipal valenciana, señalando que se trata de “la mejor noticia de todas” en pos de que Valencia cuente con una administración acorde a las expectativas ciudadanas.

Este sábado, en coincidencia con el VII Congreso Iniciativa-Compromís realizado en Valencia, el medio Europa Press detalló que Oltra pertenece a la mencionada formación, escenario en el cual la figura de la exvicepresidenta ha recuperado visibilidad entre los militantes y cuadros políticos del partido.

Alberto Ibáñez, diputado por Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, sostuvo en una entrevista con Europa Press su convencimiento respecto a la inminente presencia de Oltra como protagonista principal en la política local. Ibáñez afirmó que la exvicepresidenta aparecerá con un cargo relevante en las próximas listas electorales, lo que, en su opinión, coincide con su posición de referente político para el partido y la coalición.

Europa Press ha consignado que la candidatura de Oltra, en caso de consolidarse, representaría un nuevo impulso dentro de Compromís y reforzaría el perfil municipalista de la coalición en Valencia. La posibilidad de que Oltra se convierta en la nueva candidata a la alcaldía plantea también expectativas sobre la dinámica de la formación y las alianzas progresistas en el municipio.

El medio informó que el retorno de figuras políticas experimentadas como Oltra suele interpretarse entre aliados y miembros de la oposición como un factor que introduce nuevos enfoques y fortalece la capacidad competitiva de los grupos que las reciben. La decisión de la exlíder de Compromís se produce después de un periodo en el que estuvo apartada de los espacios políticos más visibles, circunstancia que ahora se ve alterada con su anuncio de vuelta.

Al analizar las reacciones internas dentro de Más Madrid, Europa Press remarcó la valoración positiva sobre la trayectoria de Oltra y la consideración de que su figura puede aportar liderazgo en un contexto de transformación institucional y competencia entre formaciones de izquierda. La declaración de intenciones emitida por la exvicepresidenta se suma a los mensajes públicos de apoyo de sus compañeras y eleva el perfil de la coalición de cara al próximo ciclo electoral.

Las muestras de respaldo desde diferentes ámbitos políticos transmiten, según concluyó Europa Press, la percepción de que la decisión de Oltra de reincorporarse a la escena activa genera expectativas entre la militancia y sitúa nuevamente el foco sobre el papel que la exvicepresidenta puede desempeñar en la política valenciana y en la estrategia municipalista de la coalición Compromís.

Las medidas adoptadas entre 2010 y 2014 en España, que permitieron duplicar la cuota de medicamentos genéricos en volumen del 20 al 40 por ciento, condujeron a una reducción del 27 por ciento en el gasto en recetas, según datos expuestos en un foro sectorial. En este contexto, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha reclamado la introducción de propuestas regulatorias en la futura Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios para asegurar la viabilidad de los genéricos a escala nacional. Según informó SER Henares y Radio Madrid, la entidad insistió en la necesidad de este marco legal tanto para garantizar el acceso de los ciudadanos a los tratamientos farmacológicos como para mantener la sostenibilidad financiera y productiva del sistema sanitario.

De acuerdo con la información publicada por SER Henares y Radio Madrid, AESEG expresó su posición durante el encuentro ‘Conversa’, en el que resaltó que la tramitación de la nueva ley acumula varios meses de retraso. Esta situación, señalaron sus representantes, prolonga la incertidumbre sobre el entorno legal que determinará el funcionamiento del sector farmacéutico. Durante el acto, la secretaria general de AESEG, Elena Casaus, participó en una mesa redonda donde defendió el papel de los genéricos en la eficiencia del sistema de salud, señalando que la disponibilidad de estos medicamentos permite liberar recursos económicos para destinarlos a innovación y facilitar el tratamiento de un número mayor de pacientes.

Casaus enfatizó que la aplicación de políticas favorables a los genéricos ha demostrado impactos sustanciales en la eficiencia del gasto público. Presentó datos sobre el periodo entre 2010 y 2014, donde la implantación de estas medidas generó una disminución notoria en el coste de recetas y contribuyó de manera relevante a la cobertura de pacientes a través de productos alternativos más accesibles.

La directiva de AESEG subrayó en su intervención la importancia de que la legislación en preparación incorpore mecanismos que aseguren tanto la entrada como la permanencia de los medicamentos genéricos dentro del mercado español. Argumentó que se requiere una normativa que proporcione reglas estables y promueva la revisión del sistema de precios actual, el cual, según remarcó, presenta obstáculos significativos para la viabilidad de un número considerable de estos tratamientos.

El foro también abordó la dimensión industrial del sector. Casaus explicó que la industria de los medicamentos genéricos en España opera mediante una red de 27 plantas de fabricación repartidas por el país, las cuales son responsables de generar empleo y actividad económica, además de garantizar el suministro regular de medicamentos. Destacó que la producción local constituye un factor relevante para la autonomía del sistema sanitario y su capacidad de respuesta ante necesidades de salud pública.

En el encuentro participaron el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández. Este último ofreció una intervención centrada en la Estrategia de la Industria Farmacéutica, según detalló el medio. Según los organizadores del foro, se reunieron diferentes representantes tanto del ámbito sanitario como industrial para debatir el futuro reglamento y su impacto potencial en la cadena de abastecimiento, la competitividad y la seguridad en el acceso a medicamentos.

Durante el evento, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que el proyecto legislativo estaría disponible en las próximas semanas, con la intención de que la ley entre en vigor antes de que finalice la legislatura en curso. García expuso el objetivo del Gobierno de dotar de mayor seguridad, claridad y previsibilidad al sector farmacéutico nacional, un aspecto que AESEG y otros participantes consideraron fundamental para la sostenibilidad del sistema ante retos como la innovación terapéutica y las restricciones presupuestarias.

El medio también indicó que los representantes de la industria señalaron la necesidad de mantener el equilibrio entre la promoción de la producción nacional y la facilitación del acceso a alternativas terapéuticas frente a los fármacos de marca. Este balance se considera clave para minimizar la dependencia de mercados foráneos y apuntalar la resiliencia del suministro farmacéutico en España.

Según lo consignado por SER Henares y Radio Madrid, AESEG reiteró su llamado a los responsables políticos para que la futura ley incorpore las demandas del sector y se garantice la continuidad de las inversiones en plantas locales, así como la protección del empleo vinculado a la producción de genéricos. Para la asociación, la pronta aprobación de la nueva regulación representa un paso indispensable para resolver la actual incertidumbre y salvaguardar la estabilidad del entorno asistencial y productivo en el ámbito del medicamento.

La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, inicialmente programada para tratar cuestiones relacionadas con la eutanasia como el manual de buenas prácticas y la estrategia de cuidados paliativos, no abordó estos puntos ya que se centró únicamente en el conflicto de la huelga médica, según informó el medio original. Este cambio de agenda ocurrió el mismo día en que la ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó la disposición del Gobierno a estudiar la solicitud del Parlament de Cataluña para reformar la Ley de la Eutanasia, específicamente en lo referente a una posible reducción de los plazos cuando existan recursos judiciales. La noticia principal, tal como consignó el medio, gira en torno a las declaraciones de la ministra denunciando el acoso sufrido por Noelia Castillo ante su decisión de acogerse a la eutanasia, lo que vuelve a poner el debate legal y social sobre este derecho en primer plano.

Según publicó el medio original, Mónica García declaró en una rueda de prensa celebrada el viernes que Noelia Castillo había enfrentado presiones y acoso de parte de “organizaciones ultras”, debido a su decisión de ejercer el derecho legalmente reconocido a la eutanasia. La ministra lamentó la situación durante su comparecencia tras el Consejo Interterritorial y citó que, pese a ello, Castillo pudo acceder a un proceso que la ley le permitía, asegurando que “hoy por fin se ha puesto fin al sufrimiento de Noelia Castillo, ejerciendo su derecho a morir dignamente, así como contempla la ley de eutanasia”. García señaló que el acoso y las presiones se mantuvieron “hasta el último momento”.

La ministra de Sanidad retransmitió que el caso de Noelia Castillo no solo generó atención social, sino que también reavivó la discusión institucional sobre posibles mejoras normativas. El medio detalló que, antes del inicio de la sesión del Consejo Interterritorial, García comunicó a periodistas la predisposición del Gobierno central para analizar la iniciativa parlamentaria catalana. “Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos”, afirmó.

A pesar de que el cronograma del Consejo Interterritorial contemplaba en un principio la presentación de un manual de buenas prácticas para la aplicación de la eutanasia, así como el desarrollo de una estrategia asociada a los cuidados paliativos, estos temas quedaron fuera del debate. El medio señaló que la intensificación de la huelga médica absorbió la atención y el tiempo de la sesión, relegando temporalmente las cuestiones relacionadas con la eutanasia.

García también se refirió a la protección jurídica de quienes optan por solicitar la eutanasia bajo la normativa actual. Subrayó en sus declaraciones, según recogió el medio, que la Ley de la Eutanasia en vigor es “garantista” y que quienes han iniciado este procedimiento lo han podido completar de acuerdo con los requisitos establecidos. La titular de Sanidad remarcó la necesidad de salvaguardar el derecho de las personas a ejercer control sobre las decisiones relativas a su vida y su muerte, dentro del marco legal.

El medio indicó que, en ese mismo sentido, García diferenció entre el derecho reconocido y las interferencias externas que, según la ministra, vulneraron el proceso de Noelia Castillo mediante actos de acoso provenientes de colectivos ultraconservadores. La ministra hizo un llamamiento a respetar la elección individual dentro de las garantías que la ley española otorga desde su aprobación.

La petición del Parlament de Cataluña, destinada a modificar la Ley de la Eutanasia y acortar determinados plazos, tiene como objetivo reducir los retrasos potenciales provocados por litigios o recursos en el ámbito judicial. García no comprometió una postura definitiva, pero expresó la disposición del Ejecutivo para analizar la viabilidad de estos cambios, siempre que exista un consenso parlamentario suficiente, reportó el medio.

Durante sus declaraciones, la ministra insistió en el valor de la legislación vigente y en la existencia de mecanismos para asegurar su aplicación correcta. Recalcó, como recogió el medio, que el caso de Noelia Castillo ejemplifica tanto el ejercicio legítimo de este derecho como los obstáculos que algunas personas encuentran en su camino, planteando así la necesidad de mantener en la agenda política y social la protección de quienes acceden a este recurso.

Por último, el medio puntualizó que la ministra lamentó que la coyuntura de la huelga médica impidiera avanzar en la elaboración de nuevas estrategias sobre eutanasia y cuidados paliativos, áreas que considera fundamentales para el desarrollo integral del sistema sanitario frente a los retos actuales en el ámbito de la atención al final de la vida.

Durante la última huelga médica que tuvo lugar en Canarias, se cancelaron 16.000 consultas, abarcando tanto la atención primaria como hospitalaria, y se suspendieron 345 intervenciones quirúrgicas. La consejera de Sanidad canaria, Esther Monzón, comunicó que el impacto en la salud de los usuarios y el funcionamiento normal de los hospitales se agrava con cada nueva jornada de paro, por lo que consideró urgente la intervención de la ministra Mónica García y la búsqueda de acuerdos inmediatos con los sindicatos médicos, según consignó el medio original.

Tal como publicó la fuente, Monzón insistió ante el Ministerio de Sanidad en la necesidad de encaminar una solución que frene la huelga nacional de médicos, originada por el desacuerdo del personal sanitario con el Estatuto Marco aprobado en fechas recientes. El colectivo médico ha rechazado este documento normativo, lo que ha mantenido vigente el conflicto y provocado la continuidad de las protestas en todo el territorio español.

En el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró en Madrid, la consejera explicó, según recogió el medio citado, que los pacientes son quienes más sufren las consecuencias de esta huelga, al perder citas para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Cada jornada de paro afecta tanto la salud de las personas como la organización de los servicios asistenciales, puntualizó Monzón.

El Gobierno de Canarias, según reportó la fuente, subrayó la importancia de que la negociación entre la administración estatal y los representantes del colectivo médico se materialice en un consenso que garantice la calidad asistencial así como la seguridad jurídica en todo el Sistema Nacional de Salud. El objetivo, según la consejera, es mantener la igualdad de acceso y condiciones laborales en todas las comunidades autónomas, evitando diferencias entre regiones.

De acuerdo con lo manifestado por Monzón y recogido en la fuente, resulta prioritario que cualquier acuerdo con el comité de huelga esté respaldado por un conjunto de medidas pensadas para hacer posible su cumplimiento. Para la responsable regional de Sanidad, esto requiere afrontar el déficit de especialistas existente y asegurar que la financiación asignada permita cubrir las nuevas necesidades derivadas de los acuerdos que se alcancen.

Según expresó el departamento de área canario, la financiación adecuada es un factor clave para evitar que surjan diferencias entre comunidades autónomas en la prestación de servicios sanitarios o en los derechos laborales del personal médico. Monzón defendió que los fondos deben distribuirse de manera que no se generen territorios con mayores o menores oportunidades de acceso a la atención y la protección de los trabajadores.

El medio detalló que, tras exponer la situación durante el Consejo Interterritorial, Monzón recordó que la semana anterior remitió, junto a sus homólogos de Euskadi y Castilla La Mancha, una carta a la ministra en la que propusieron la incorporación de una figura de mediación independiente. La función de este mediador sería facilitar las conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos, promoviendo así un entorno propicio para el diálogo y la resolución efectiva del conflicto.

Según reportó la fuente original, en esa comunicación, la consejera reiteró su disposición a cooperar con el Ministerio para alcanzar una salida positiva tanto para los profesionales sanitarios como para los ciudadanos que dependen del sistema de salud. La nota oficial difundida subrayó la voluntad de las partes implicadas en alcanzar entendimientos, de forma que se eviten las tres semanas de huelgas previstas entre abril y junio, y se garantice estabilidad en la atención y en los derechos de quienes trabajan y de quienes reciben atención en los servicios médicos públicos.

Diversas comunidades autónomas han sugerido que una organización de pacientes actúe como intermediaria en el conflicto del sector sanitario, en el marco de las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los representantes médicos. Así lo expresó la ministra de Sanidad, Mónica García, según informó el medio, tras finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En ese contexto, explicó que tanto el Gobierno central como las administraciones autonómicas consensuaron presentar al Comité de Huelga una opción de mediación que cuente con la confianza de todos los sectores implicados, con el objetivo de desbloquear los actuales paros que afectan al sistema público de salud de España.

La ministra García detalló en rueda de prensa que la propuesta busca fortalecer el proceso de diálogo y encontrar una solución al conflicto laboral vinculado al Estatuto Marco, regulador de las condiciones del personal estatutario que presta servicios en los centros sanitarios del sistema nacional. Según publicó el medio, el acuerdo se articula en torno a la composición de una figura imparcial, validada por los diferentes actores, que facilite los avances sobre los temas que ya se han negociado y que ayude a evitar la continuación o intensificación de la huelga.

De acuerdo con lo reportado, una parte significativa del esfuerzo se centra en asegurar que la persona o entidad mediadora sea percibida como neutral y aceptada tanto por el Ministerio de Sanidad como por las autonomías y el propio Comité de Huelga. El medio detalló que en la discusión posterior a la reunión del CISNS se evaluó la posibilidad de que una organización de pacientes, propuesta desde algunas regiones, pueda ejercer ese rol, dada su posición de representación de los usuarios directos del sistema de salud.

El proceso de mediación acordado surge tras las dificultades experimentadas en los meses recientes para alcanzar un acuerdo entre las administraciones y las plataformas profesionales que han impulsado la huelga. Tal como consignó el medio, la mediación independiente se configura como una herramienta para facilitar puntos de contacto entre partes que hasta ahora no han logrado resultados definitivos, más allá de avances parciales en la negociación.

El conflicto se origina en reivindicaciones laborales recogidas en el Estatuto Marco, principal norma reguladora de los trabajadores sanitarios públicos. El medio explicó que la huelga actual pretende impulsar revisiones y mejoras en aspectos relacionados con la jornada laboral, la carrera profesional, la estabilidad en el empleo y otros derechos laborales del colectivo médico y de personal sanitario.

Según relató la ministra, el acuerdo sobre la figura de mediación se presentará formalmente ante el Comité de Huelga, buscando que su aceptación permita reanudar las conversaciones suspendidas y preparar soluciones efectivas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas consideran que este mecanismo puede contribuir a reducir la conflictividad y restaurar el funcionamiento pleno del sistema público de salud. El medio remarcó que el consenso sobre una figura mediadora fue fruto de un proceso de diálogo extendido y de la voluntad de lograr avances tangibles sin postergar la búsqueda de acuerdos que permitan, en lo inmediato, la desconvocatoria de los paros.

La ministra Mónica García subrayó que el objetivo de ambas partes es "seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y evitar la huelga", frase que el medio atribuyó a su intervención posterior al Consejo Interterritorial. El resultado de la propuesta dependerá, en última instancia, de la respuesta del Comité de Huelga y de su disposición a aceptar la presencia de una mediación con respaldo mayoritario.

El medio precisó que esta iniciativa representa una novedad en la vía de resolución del actual conflicto, ya que hasta ahora los intentos de desbloqueo no habían concretado la introducción de un agente neutral. Las próximas jornadas serán decisivas para determinar si la propuesta logra la aceptación suficiente y si representa un paso efectivo hacia la resolución de la huelga médica.

El Comité de Huelga ha acusado al Ministerio de Sanidad de intentar confundir a la opinión pública al sugerir desavenencias internas entre los convocantes de las protestas y desacuerdos respecto a las negociaciones oficiales. Según informó el propio Comité, este tipo de manifestaciones por parte del Ministerio, en la figura de la ministra Mónica García, se interpretan como una estrategia destinada a “deslegitimar al interlocutor sindical”, atribuyéndole incluso una desunión inexistente. Estas declaraciones surgieron después de la petición realizada por la ministra para que los profesionales médicos desconvoquen los paros previstos tras Semana Santa, instándolos a “cumplir” su parte en las negociaciones sobre el Estatuto Marco.

De acuerdo con lo publicado por el órgano sindical y detallado por diversos medios, los paros de médicos y facultativos siguen adelante conforme al calendario previamente fijado hasta junio, sin cambios. El Comité de Huelga aclaró que las movilizaciones permanecen intactas pese al llamamiento público de Sanidad para suspenderlas tras la Semana Santa, como quedó explicitado en las palabras de la ministra minutos antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este viernes. En esa misma jornada, representantes del Ministerio de Sanidad y del Comité sindical sostuvieron una reunión, tras meses de bloqueo desde diciembre, en la que acordaron reactivar el diálogo y mantener una voluntad negociadora. Aun así, ambos reconocieron que las posturas continúan siendo distantes en aspectos considerados fundamentales por el colectivo médico.

Según consignó el medio oficial, uno de los puntos principales de desacuerdo está en la jornada laboral. Los sindicatos exigen que la jornada para médicos y facultativos se limite a un máximo de 35 horas semanales, en concordancia con otros profesionales, mientras que Sanidad propone una máxima obligatoria de 45 horas en cómputo cuatrimestral solo para este grupo de trabajadores sanitarios. Esta diferencia, según el Comité de Huelga, refleja la disparidad entre las reclamaciones del colectivo médico y las propuestas del Ministerio, lo que dificulta el avance hacia un acuerdo definitivo.

En el ámbito de la representación profesional y la negociación colectiva, los sindicatos solicitan la creación de una mesa de negociación exclusiva para médicos y facultativos, argumentando la necesidad de discutir temas específicos del sector. El Ministerio, por su parte, plantea el fortalecimiento del Foro de la Profesión Médica y la formación de mesas técnicas no negociadoras, lo cual para el Comité no responde a la demanda de una interlocución directa y específica. Tal como reportó el órgano sindical, esta divergencia en cuanto al mecanismo de diálogo entorpece aún más las opciones de consenso.

Respecto a la clasificación profesional, el Comité de Huelga exige que la legislación reconozca a los médicos como un grupo profesional diferenciado, con la máxima responsabilidad en el proceso asistencial según la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias (LOPS). El Ministerio mantiene la clasificación propuesta en el Estatuto Marco, que sí contempla el matiz de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y el nivel de responsabilidad clínica, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre el alcance de esa diferenciación, según expuso el órgano sindical.

En cuanto a la computación de las horas de trabajo en exceso, los sindicatos reclaman que todas las horas que excedan la jornada ordinaria y sean de carácter obligatorio cuenten de forma cuantitativa para el cálculo de la edad de jubilación. El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, se remite a lo establecido en la normativa vigente de la Seguridad Social, en la que no se contempla este tipo de cómputo para las horas de trabajo extraordinarias y obligatorias.

El Comité de Huelga reconoció, según detalló el medio de comunicación que cubrió el desarrollo de la reunión, haber obtenido cierto compromiso por parte del Ministerio de Sanidad para mediar con las administraciones autonómicas en las próximas semanas. También se acordó la entrega de nuevos documentos para su estudio en la siguiente cita, aunque la fecha de este próximo encuentro no ha sido concretada. Según los representantes sindicales, esta apertura al diálogo ha permitido reactivar negociaciones suspendidas desde diciembre, pero insisten en que, mientras no se logre un acercamiento real sobre los temas de mayor peso, las huelgas seguirán en marcha.

En lo referente a las insinuaciones sobre una supuesta fragmentación interna o falta de unidad entre los convocantes, el Comité reiteró que estas afirmaciones no se corresponden con la realidad del movimiento, y criticó la utilización de estos mensajes como una muestra de lo que consideran una mala fe negociadora por parte del Ministerio. Señalaron que tales tácticas perjudican el proceso de interlocución y la confianza entre ambas partes, ralentizando la posibilidad de alcanzar un acuerdo que atienda las peticiones de los profesionales sanitarios.

El Comité de Huelga advirtió que la negociación se mantiene “abierta” pero que, sin avances sustanciales en los puntos clave mencionados, no contemplan levantar ni modificar la convocatoria de huelga. El calendario de movilizaciones, según reiteró el órgano sindical, sigue sin alteraciones, y la protesta continuará activa mientras las demandas de médicos y facultativos carezcan de respuesta satisfactoria por parte del Ministerio y las autoridades responsables.

Durante las recientes negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga médico, surgió una división interna entre los sindicatos, en la que algunos expresaron su intención de mantener las movilizaciones aunque el Estatuto Marco permanezca o sea retirado. Esta situación introduce dudas respecto al motivo principal de la huelga y debilita la cohesión de las demandas planteadas. Según informó Europa Press, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que los sindicatos han manifestado posturas distintas en relación a desconvocar la huelga frente al Estatuto Marco tras las festividades de Semana Santa.

Según detalló Europa Press, García declaró ante periodistas, previo al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que espera que los sindicatos médicos desconvoquen la huelga luego de la Semana Santa. García sostuvo que, tras la última reunión entre Sanidad y el Comité de Huelga, desde el Ministerio ya se cumplió con la parte que les correspondía, por lo que ahora los sindicatos deben "cumplir con su parte". La titular de Sanidad argumentó que toda la lógica apuntaría a que tras las celebraciones religiosas se ponga fin a las protestas laborales.

El medio Europa Press consignó que, pese al optimismo del Ministerio, García reconoció la existencia de diferentes criterios dentro del Comité de Huelga. Según sus palabras, algunos sindicatos muestran una predisposición clara al diálogo y a concluir el conflicto, mientras que otros no aseguran que las movilizaciones cesarán, independientemente de las decisiones que se adopten en relación al Estatuto Marco. En palabras recogidas por Europa Press, la ministra declaró que "ayer nos trasladaron que algunos de ellos, independientemente de que el Estatuto Marco se mantenga o se retire, tienen intención de continuar con las movilizaciones". Esta declaración pone de manifiesto que, dentro del propio movimiento sindical, existen discrepancias sobre los objetivos y las estrategias a seguir.

Durante el Consejo Interterritorial, la ministra enfatizó que el proceso de diálogo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas seguirá activo con el fin de buscar una resolución al conflicto laboral. Según publicó Europa Press, García recordó que muchas de las demandas de los sindicatos médicos están vinculadas a competencias gestionadas por las comunidades autónomas. La ministra explicó que los representantes sindicales solicitaron que las demandas que les corresponden sean trasladadas al Consejo Interterritorial y que se solicite a los gobiernos autonómicos adoptar una posición clara respecto a esos puntos.

Europa Press informó además que García hizo hincapié en que corresponde a las comunidades autónomas organizar y gestionar las mesas técnicas específicas para el colectivo médico, así como tomar decisiones relativas a las retribuciones del personal sanitario. La ministra recordó que el Ministerio de Sanidad ha mantenido veinticinco encuentros con los integrantes del Comité de Huelga, durante los cuales se integraron al Estatuto Marco varias de las principales reclamaciones de los sindicatos. Sin embargo, subrayó que hay reivindicaciones que exceden el alcance normativo del Estatuto y corresponden a la competencia autonómica.

En sus declaraciones, García insistió en que mantiene la confianza en la "buena fe negociadora" del Comité de Huelga y expresó su esperanza en que, tras la Semana Santa, los sindicatos inicien un proceso de desescalada de las movilizaciones. Según reseñó Europa Press, la ministra desea que la última ronda de conversaciones permita alcanzar un acuerdo definitivo y evitar la prolongación del conflicto laboral.

Por otra parte, García puntualizó la importancia del papel que juegan las comunidades autónomas en la resolución de estas demandas, ya que gran parte de las reclamaciones sindicales requiere una respuesta desde los gobiernos regionales. La ministra reiteró que desde el Ejecutivo central se ha incorporado todo aquello que correspondía al ámbito del Estado, reforzando la necesidad de colaboración entre las distintas administraciones para dar respuesta integral a las inquietudes de los profesionales sanitarios.

Durante las declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra evitó concretar si el Gobierno evalúa modificar el Estatuto Marco en el futuro, pero insistió en la disposición del Ministerio para continuar trabajando con los sindicatos y los gobiernos autonómicos. García subrayó la disposición al diálogo y la apertura del Ministerio para abordar tanto las reclamaciones que dependen del Gobierno central como aquellas que requieren actuaciones desde los ejecutivos autonómicos.

Tras varias semanas de protestas impulsadas por el conflicto en torno al Estatuto Marco, el Ministerio espera que la última ronda de negociaciones permita poner fin a las huelgas. Según Europa Press, la ministra reiteró su expectativa de que la desconvocatoria de las movilizaciones se produzca después de Semana Santa y destacó la voluntad del Gobierno de mantener los canales de diálogo abiertos, tanto con los sindicatos como con las comunidades autónomas, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada al conflicto existente en el sistema sanitario.

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad en Castilla y León, planteó interrogantes sobre el retraso en la apertura de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga, señalando que la demora significó la pérdida de millones de actos médicos y afectó a la población atendida en el Sistema Nacional de Salud. En ese contexto, Vázquez enunció que no detener la huelga antes de la nueva convocatoria del 27 de abril representaría una fuerte irresponsabilidad y advirtió que pedirán la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en caso de que no se resuelva la protesta. Esta posición fue expuesta en declaraciones públicas antes del inicio del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde se abordaría la situación generada por los paros convocados por los sindicatos médicos.

Según consignó el medio, la principal petición de los representantes autonómicos del Partido Popular se centró en la exigencia a Mónica García para que utilice sus competencias institucionales y frene de inmediato la protesta sanitaria. Argumentaron que existe un plazo de un mes hasta el próximo paro, previsto exactamente para el 27 de abril, intervalo que consideraron suficiente para que la titular del Ministerio de Sanidad actúe y solucione el conflicto, el cual, expresaron, pone en riesgo la estabilidad del sistema público y la atención a los pacientes en distintas comunidades autónomas.

De acuerdo con lo publicado, el origen de la huelga radica en la oposición de los sindicatos médicos al actual Estatuto Marco, dado que reclaman un marco normativo propio para el colectivo de médicos y facultativos. La convocatoria prevé una semana de paro cada mes hasta junio, como medida de protesta e instrumento de presión. Las reivindicaciones se incluyeron finalmente en el orden del día del CISNS luego de lo que el consejero Vázquez describió como "presión de las comunidades autónomas" del PP, quienes insistieron en la necesidad urgente de abordar la crisis sanitaria en el máximo foro de coordinación entre administraciones sanitarias.

El medio detalló que Vázquez reprochó abiertamente al Ministerio la tardanza en mantener la primera reunión formal con el Comité de Huelga. Pese a ello, señaló que durante la jornada anterior, el Ministerio de Sanidad sostuvo un encuentro con representantes sindicales, en el que ambas partes expresaron intenciones de proseguir el diálogo y acordaron nuevas reuniones para las próximas semanas, con el objetivo de buscar un acercamiento y desactivar el calendario de paros.

La postura del consejero se centró en la responsabilidad del Ministerio para evitar que el conflicto se prolongue, subrayando las consecuencias en la prestación de los servicios sanitarios y en los plazos de atención a pacientes que, indicó, ya enfrentan retrasos crecientes. Remarcó la necesidad de no cargar el costo del conflicto sobre los usuarios del sistema público y criticó la supuesta falta de interés del Ministerio por resolver la situación antes de la presión de los propios gobiernos autonómicos.

El consejero transmitió que los gobiernos autonómicos del Partido Popular, al abordar el pleno del CISNS, mantienen una actitud de diálogo y de trabajo encaminada a encontrar soluciones para los problemas sanitarios que afectan a la ciudadanía. Sostuvo que su voluntad es colaborar y aportar alternativas, advirtiendo que consideran la persistencia de la huelga como algo inadmisible tanto para los sistemas de salud autonómicos como para los pacientes afectados.

Durante sus declaraciones, Alejandro Vázquez insistió en que ya se ha perdido tiempo y que deben restablecerse los cauces de negociación de forma estable. Agregó que la responsabilidad de revertir la situación corresponde a la ministra, a quien solicitó que actúe para garantizar la continuidad de los servicios y la atención adecuada de los usuarios del sistema nacional de salud. La presencia de esta cuestión en el pleno del CISNS se interpretó como un triunfo de la insistencia autonómica sobre la agenda ministerial, recalcó el consejero, destacando que la urgencia para resolver la crisis sanitaria motivó la inclusión del punto en el orden del día tras la presión de las comunidades autónomas.

Los representantes autonómicos reiteraron su petición de colaboración y compromiso ante la situación planteada, señalando que el desenlace de las próximas semanas dependerá del margen para el diálogo y la disposición de la ministra a liderar un acuerdo que frene la protesta y asegure tanto la estabilidad del sistema como la satisfacción de las demandas profesionales de los médicos. Según reportó el medio, la advertencia sobre una posible solicitud de dimisión de la ministra de Sanidad se mantendrá en la agenda política si no se logra desactivar la huelga antes de la fecha prevista para nuevos paros.

El encuentro entre los representantes del Comité de Huelga y las autoridades sanitarias se celebró con la participación de la mayoría de los sindicatos profesionales a nivel estatal, en un escenario marcado por la prolongada movilización de los médicos en defensa de modificaciones en el Estatuto Marco. Según informó el medio original, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener las negociaciones abiertas y programaron nuevas reuniones para abordar las demandas de los profesionales sanitarios en las próximas semanas, tras las dos semanas de huelga.

Tal como publicó la fuente, la sesión contó con la presencia de portavoces de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). Estas organizaciones conforman el Comité de Huelga y acudieron a la cita junto a representantes clave del Ministerio de Sanidad, incluido el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra Mónica García, José Manuel López.

La reunión, que se desarrolló tras la segunda semana de paro médico, se distinguió por el reinicio de las conversaciones entre las dos partes después de que el contacto quedara interrumpido desde diciembre, según consignó la fuente original. El Comité de Huelga detalló que se aprovechó para intercambiar posturas y documentación relevante, con el objetivo de desbloquear la situación y buscar salidas dialogadas a las reivindicaciones en torno al Estatuto Marco.

El medio detalló que este encuentro representa la primera ocasión en que Miguel Ángel Máñez asume la interlocución como director general en el marco de negociaciones tan amplias y con participación de sindicatos representativos a escala nacional. Para los representantes sindicales, la voluntad negociadora manifestada constituye un avance respecto a la fase anterior, marcada por el distanciamiento y la ausencia de canales de comunicación activos.

Según informó el medio, los sindicatos trasladaron al Ministerio su postura y demandas, mientras Sanidad expuso sus propuestas, lo que allanó el camino para la programación de nuevas jornadas de diálogo. Ambas partes coincidieron en que la reanudación de los contactos supone un paso necesario para abordar los retos planteados por los profesionales médicos y avanzar en la mejora de sus condiciones laborales a través de reformas en el Estatuto Marco.

El contexto en el que se produce este nuevo marco de diálogo está condicionado por una alta implicación sectorial y la presión derivada de las movilizaciones, según consignó la fuente. En la cita se remarcó la necesidad de mantener una actitud negociadora y abierta a la participación de los diferentes actores del sector, de cara a próximas reuniones ya calendarizadas.

El reconocimiento de avances en el nuevo Estatuto Marco por parte del Comité de Huelga ha sido uno de los puntos destacados en las recientes declaraciones de la ministra de Sanidad, quien enfatizó que estos progresos requieren respuestas distintas al conflicto laboral y que las demandas que exceden las competencias ministeriales corresponden a las comunidades autónomas y otros organismos. Según informó elDiario.es, Mónica García se mostró confiada en que la reunión programada para este jueves entre su cartera y el Comité de Huelga médica permita alcanzar consensos con los sindicatos y evitar la huelga prevista para abril.

De acuerdo con lo publicado por elDiario.es, la ministra explicó que el Ministerio de Sanidad mantiene la voluntad de ceder dentro de las posibilidades que otorga el marco normativo actual. “El Ministerio va con la voluntad de ceder en la medida de lo posible. Creo que hemos cedido en casi todo lo que tenemos competencias, vuelvo a insistir, el Estatuto Marco no da más en lo que a competencias se refiere”, declaró. García reiteró su expectativa de que los sindicatos también asuman un papel activo en la desescalada del conflicto, evitando que se materialicen las convocatorias de huelga anunciadas para los meses de abril, mayo y junio.

En cuanto al origen de las protestas, la titular de Sanidad hizo referencia al malestar existente entre los profesionales sanitarios, aunque matizó que el Estatuto Marco no puede resolver todas las reivindicaciones, ya que parte de las demandas corresponden al ámbito competencial de las comunidades autónomas, como las cuestiones salariales, la organización de las plantillas y la gestión de las guardias. Según consignó elDiario.es, García subrayó que, pese a los avances pactados a través del nuevo Estatuto Marco y admitidos por los sindicatos, ciertas reivindicaciones sólo resultan abordables a través de medidas autonómicas.

Durante su intervención en el VI Foro Económico organizado por elDiario.es, la ministra remarcó que la estrategia del Ministerio durante las negociaciones se ha caracterizado por promover el diálogo y la búsqueda de acuerdos, al tiempo que instó a todas las partes a actuar con flexibilidad para lograr soluciones estables. García agregó que la actitud reivindicativa de los sindicatos debe ir acompañada de propuestas constructivas y disposición al consenso. “La respuesta no puede ser siempre una huelga cuando realmente estás avanzando y cuando los propios sindicatos asumen que son avances, que son mejoras y que el resto de mejoras que piden competen a las comunidades autónomas y a otros estamentos”, argumentó la ministra, según reportó elDiario.es.

A su vez, la ministra abordó otras cuestiones de la agenda sanitaria, como la solicitud presentada por Krystal Biotech para obtener financiación pública para el medicamento 'Vyjuvek', una terapia génica destinada al tratamiento de la epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa. ElDiario.es informó que García detalló el proceso habitual para este tipo de innovaciones terapéuticas y señaló que la presentación de la solicitud de financiación esta semana no implica que pacientes no hayan tenido acceso previo al medicamento por otras vías. Explicó que las comunidades autónomas pueden autorizar la administración y cubrir el coste de estos fármacos debido a su competencia en la financiación y adquisición. Además, mencionó los mecanismos de uso compasivo que permiten la utilización de tratamientos antes de la aprobación formal, asegurando así el acceso a terapias innovadoras para pacientes en situación crítica. García indicó que “en nuestro país, los pacientes pueden acceder a estos tratamientos antes de que estén formalmente aprobados”.

En el ámbito de las listas de espera, García señaló que el Ministerio de Sanidad trabaja en la reforma del real decreto que regula estas listas, con el propósito de unificar y actualizar un sistema vigente desde 2003. Solicitó la colaboración de las comunidades autónomas en este proceso y explicó la importancia de conocer con precisión el recorrido temporal del paciente desde su primer contacto con la Atención Primaria, pasando por pruebas y consultas con especialistas, hasta el momento en que recibe tratamiento o intervención. Según elDiario.es, García remarcó la falta de información integral sobre esta trazabilidad administrativa y asistencial, situación que el Ministerio espera solventar con la cooperación autonómica.

La ministra insistió en que tanto la resolución del conflicto laboral del sector sanitario como la modernización de los procesos de atención y gestión sanitaria requieren la implicación de las comunidades autónomas, especialmente en materias donde el marco legal nacional no otorga competencias directas al Ministerio de Sanidad. A través de estas afirmaciones, García subrayó las limitaciones normativas para dar cumplimiento a todas las demandas sindicales y reiteró la predisposición del Ministerio para facilitar acuerdos en la negociación colectiva, dentro del alcance legal previsto.

En conjunto, tal como publicó elDiario.es, el Ministerio de Sanidad apuesta por la flexibilidad y la búsqueda de consensos, al tiempo que llama a los interlocutores sindicales y autonómicos a asumir responsabilidades compartidas en la resolución de las tensiones laborales, la cobertura de innovaciones terapéuticas y la mejora en la gestión de servicios fundamentales para la ciudadanía.

La actualización del documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en personas mayores, prevista para el año 2026, figura entre los puntos que abordarán el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Según informó Europa Press, responsables sanitarios autonómicos y el equipo dirigido por la ministra Mónica García se reunirán para analizar el impacto de la huelga de médicos, convocada recientemente, además de tratar diversas cuestiones clave del ámbito sanitario.

Tal como publicó Europa Press, la convocatoria de este encuentro surgió a raíz de las peticiones formales enviadas por varias consejerías autonómicas a la titular de Sanidad, con el fin de evaluar las consecuencias de la huelga médica en la prestación de los servicios y la asistencia a los pacientes. Los participantes en el CISNS examinarán los efectos concretos de los paros y compartirán datos que permitan dimensionar la afectación al sistema.

El medio Europa Press detalló que, dentro del pleno ordinario, el ministerio presentará a las comunidades autónomas varios proyectos normativos en debate. Entre ellos, se encuentran dos anteproyectos de ley: uno dirigido a reglamentar las organizaciones de pacientes, cuyo objetivo es fortalecer la influencia de estas entidades en la toma de decisiones sanitarias, y otro relativo a la gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, pensado para robustecer la transparencia y las prácticas de buen gobierno en la estructura asistencial nacional.

En materia regulatoria, se someterá a examen un proyecto de real decreto destinado a reforzar los estándares de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y a adaptar el marco vigente de medicina nuclear. Esta iniciativa eleva los requisitos en los programas de garantía de calidad, control de dosis y formación de los profesionales sanitarios que trabajan en dichas áreas, reportó Europa Press. Además, se presentará otro proyecto que establece los nuevos Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, con el objetivo de actualizar las funciones, la representación institucional y los mecanismos de gobernanza de la profesión.

De acuerdo con Europa Press, la coordinación interterritorial impulsada en la cita dará luz verde a la aprobación de indicadores para el seguimiento del Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería. De igual modo, se prevé la aprobación del documento de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, que orientará la organización y evaluación de estos cuidados en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

A estos puntos se suma la actualización y desarrollo de diversas herramientas técnicas y manuales de referencia. Según reportó Europa Press, se presentará la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en eutanasia, así como un documento de consenso vinculado a la atención de la enfermedad renal crónica. El fortalecimiento de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel y la actualización del manual del Registro de Enfermedades Raras también figuran en la agenda.

En el transcurso del Consejo, está previsto cerrar acuerdos sobre el reparto de fondos estatales a las comunidades autónomas destinados tanto a la atención de personas refugiadas como al funcionamiento de la Red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Estos fondos se vinculan directamente a la planificación anual y a los objetivos operativos en cada una de las áreas.

El seguimiento de la prevención en la fragilidad y las caídas en personas mayores será objeto de revisión, con la aprobación de un nuevo documento de consenso que fijará pautas homogéneas para su detección y prevención en todo el sistema sanitario, informó Europa Press.

En las últimas intervenciones del orden del día, las autoridades sanitarias presentarán información actualizada sobre iniciativas estratégicas de carácter diverso. El informativo Europa Press enumeró varios de estos informes: el informe anual sobre violencia en la infancia, un mapa de recursos específicos para cuidados paliativos, un análisis sobre el impacto laboral del cáncer, informes en torno a la incidencia de la poliomielitis y la situación de las personas afectadas, datos sobre la huella de carbono del sector sanitario, y memorias sobre la actividad en Atención Primaria.

A este conjunto de documentos se suma el reporte del estado de ejecución de los créditos transferidos, tanto a las comunidades autónomas como al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), garantizando el control y transparencia en el uso de los recursos económicos. Según consigna Europa Press, en la sesión también se presentará la nueva Estrategia Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030, que busca incrementar el número de donantes y procedimientos de trasplante, equilibrando tales avances con los principios de calidad y equidad en el acceso.

Finalmente, el Consejo Interterritorial recibirá una actualización sobre los progresos logrados en el marco de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, iniciativa estratégica que persigue la transformación digital de procesos asistenciales y administrativos en el sistema, según subraya Europa Press.

El plazo para que los centros médicos ajusten sus procedimientos internos a las modificaciones legales será de seis meses, mientras que las comunidades autónomas tendrán hasta un año para adaptar su oferta asistencial según las definiciones detalladas en los nuevos anexos normativos. Estas adaptaciones surgen tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado martes, luego de identificarse casos de mala praxis vinculados al ejercicio de funciones sanitarias por parte de personal no acreditado, según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El BOE publicó la modificación al Real Decreto 1277/2003, que fija las bases generales para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, restringiendo la atención directa a profesionales con titulación adecuada y competencias comprobables. De acuerdo con la información difundida por el medio, esta medida legislativa se oficializó mediante el Real Decreto 239/2026, aprobado el 25 de marzo, con fecha de entrada en vigor el 1 de julio. Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó que esta exigencia busca proteger a los pacientes y reducir errores sanitarios en todos los niveles, como detalló el BOE.

El cambio normativo responde a la detección de episodios de intrusismo, sobre todo en el sector de la cirugía estética, lo que motivó un refuerzo del marco regulatorio sobre la práctica asistencial. Según recogió el BOE, el propósito central es extender la garantía de una atención sanitaria segura y evitar eventos adversos en cualquier unidad o servicio médico, independientemente de su especialidad. Concretamente, el nuevo artículo del Real Decreto obliga a los hospitales, clínicas y demás servicios sanitarios a garantizar que la atención se proporcione únicamente por profesionales con titulación oficial y acreditaciones o competencias homologadas.

La ministra Mónica García, en declaraciones remitidas a los medios y recogidas por el BOE, explicó: “Es sentido común convertido en ley. Aprender de lo ocurrido, proteger al paciente y garantizar que cada profesional haga lo que esté preparado para hacer”. Estas palabras subrayan la intención de que la nueva regulación traduzca las lecciones aprendidas en mejores prácticas y barreras contra la negligencia.

Según publicó el BOE, la normativa establece que los establecimientos sanitarios deberán contar con información detallada y actualizada de todo su personal, especificando la formación y especialidad de cada profesional. Además, obliga a proporcionar a los recién incorporados datos relativos a las prácticas seguras, reforzando la cultura organizativa en torno a la seguridad del paciente y la idoneidad del personal.

El texto también recoge que los mínimos exigibles por el Real Decreto pueden ampliarse en el ámbito autonómico. Las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas estarán habilitadas para complementar estos requisitos en función de las necesidades específicas de los centros y servicios bajo su competencia. De ese modo, el marco regulatorio ofrece una base común a nivel nacional, pero admite variaciones según las circunstancias locales, tal como comunicó el BOE.

Toda la asistencia sanitaria quedará, así, limitada a quienes dispongan de los títulos y certificaciones reconocidas por las autoridades, con la finalidad de minimizar posibles eventos clínicos adversos. La implantación de esta norma se traducirá en verificaciones más estrictas sobre la asignación de tareas, en controles periódicos del personal y en protocolos informativos que refuercen la formación en seguridad asistencial, según se desprende de la información oficial contenida en el BOE.

La ministra de Sanidad, Mónica García, resaltó que el borrador del nuevo Estatuto Marco plantea la eliminación de las guardias médicas de 24 horas, pero indicó que corresponde a cada comunidad autónoma decidir las condiciones concretas, como establecer turnos de menor duración, puesto que cuentan con la autonomía para ello. Con este argumento, defendió que la resolución del conflicto en torno a las huelgas de médicos también depende de la implicación de los gobiernos regionales. El medio El País reportó que García hizo estas declaraciones en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Según informó El País, García se dirigió al diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Joseba Agirretxea, quien cuestionó las acciones contempladas para evitar que la huelga médica se prolongue en el tiempo. La ministra manifestó su “preocupación” por las consecuencias de los paros en los hospitales, reiterando que el Ministerio de Sanidad llevó a cabo todos los esfuerzos posibles para evitar las movilizaciones, incluyendo más de 60 encuentros con el Ámbito de Negociación, entidad donde participan los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y representantes médicos, así como 25 reuniones adicionales con los comités de huelga.

La ministra afirmó, según consignó El País, que el Ministerio de Sanidad ha priorizado la escucha y el diálogo, resaltando que tales encuentros buscaban alcanzar consensos y atender las demandas sindicales. Ante los reproches de Agirretxea sobre una “clara incapacidad” para elaborar un Estatuto Marco “incluyente”, y considerando la petición de asumir su responsabilidad en las negociaciones con los profesionales médicos, García respondió que el ministerio seguirá abriéndose al diálogo cuando sea necesario, siempre respetando los acuerdos alcanzados previamente.

Respecto a la implementación de los cambios en las condiciones laborales del colectivo médico, García insistió en que los avances marcados en el acuerdo de Estatuto Marco deben ser concretados por las autoridades autonómicas, sin que su departamento invada las competencias regionales. Según detalló El País, la ministra citó como ejemplo declaraciones del consejero de Sanidad vasco, quien aseguró disponer de suficientes médicos para eliminar las guardias de 24 horas, exhortándole a materializar esa medida en su ámbito. García puntualizó que el Estatuto Marco establece el marco normativo, pero la aplicación efectiva depende de la gestión de recursos humanos en cada comunidad.

El medio El País recogió también la postura de la responsable de Sanidad, que remarcó la importancia de que todas las partes involucradas colaboren de manera coordinada, ya que mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios requiere suficiente personal, y la gestión de plantillas es exclusiva de los gobiernos autonómicos. Además, reiteró que el Ministerio de Sanidad mantiene su disposición al diálogo, pero necesita que los acuerdos de desescalada del conflicto se cumplan por ambas partes. En palabras de García, “lo que no puede ser es que lleguemos a acuerdos en los cuales hay una desescalada del conflicto y la otra parte no cumpla”.

El País detalló que el intercambio en la sesión parlamentaria tuvo como eje central la corresponsabilidad entre la administración estatal y las comunidades autónomas para superar la crisis derivada de las huelgas. García sostuvo que el Estatuto Marco contiene las directrices y límites normativos, pero que la disposición y capacidad de implementar mejoras dependen de los gobiernos regionales y de la dotación de profesionales disponibles en los hospitales y centros sanitarios del país.

En su intervención, la ministra reiteró que el Ministerio de Sanidad continuará el diálogo institucional con sindicatos y representantes laborales, apoyándose en la vía de la negociación para buscar consensos, pero advirtió que requiere el compromiso efectivo de las comunidades autónomas para transformar los acuerdos alcanzados en mejoras tangibles para los trabajadores del sector sanitario.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que quienes defienden la reducción de impuestos antes de invertir en programas de cribado de cáncer o de mejorar la retribución de los médicos están privilegiando intereses ajenos a la sanidad pública y cuestionó este tipo de posicionamientos. A raíz de este señalamiento, se centró el debate parlamentario en las consecuencias políticas y sociales de la gestión sanitaria reciente, desplazando la discusión hacia la responsabilidad de cada fuerza política respecto al estado actual del sistema de salud.

Según informó el medio original, García acusó al Partido Popular de utilizar el descontento de los médicos generado por el vigente Estatuto Marco como un instrumento de enfrentamiento contra el Ejecutivo nacional. Sostuvo que la oposición hace una defensa “falsa” de la sanidad pública, utilizando este malestar profesional para atacarla políticamente. Entre sus argumentos, señaló que el actual Estatuto Marco fue impulsado durante el mandato presidencial de José María Aznar hace 23 años, afirmando que “ustedes no han dicho absolutamente ni mu" desde entonces, en referencia a la bancada del Partido Popular.

De acuerdo con lo publicado, la ministra subrayó que el PP protagonizó los “mayores recortes” y las “mayores privatizaciones” o “desmantelamientos” en la sanidad pública española. Citó como ejemplo la defensa, por parte del PP, de que 5.600 millones de euros se destinen a empresas privadas como Quirón, en lugar de financiar la reducción de listas de espera o la mejora salarial de los profesionales sanitarios. Mónica García también recriminó a la oposición priorizar políticas de reducción impositiva por encima de la consolidación de programas sanitarios preventivos, particularmente en áreas como la detección precoz del cáncer de mama.

Durante su intervención, García manifestó que resulta complicado ser miembro del PP en las circunstancias actuales, aludiendo a lo que consideró contradicciones éticas y políticas del partido. Apuntó a la postura del partido en torno a conflictos internacionales, mencionando que “a veces resulta incluso incómodo e inmoral levantarse por la mañana defendiendo un genocidio en el que se han asesinado a 20.000 niños, o merendar por la tarde defendiendo una guerra injusta e ilegal, solo porque el Gobierno de tu país es un faro moral con el no a la guerra”. Estas declaraciones se enmarcaron en un contexto de reproches sobre el alineamiento del PP con intereses extranjeros, concretamente “lamiendo las botas de Trump” o “apuntándose al carro del primer fondo buitre que pasa por delante”, en alusión a la venta de activos públicos como la sanidad, la universidad o la vivienda.

La diputada del PP Carmen Fúnez respondió a las acusaciones de la ministra indicando que su función debería orientarse a la solución y no a la ampliación de conflictos. Según consignó el medio, Fúnez manifestó que “una ministra no está para crear problemas, sino para solucionarlos, ni para atacar a los profesionales, sino para trabajar y dialogar con ellos”. Rechazó que los médicos actúen como rehenes ni sobre los pacientes, y sostuvo que “el único rehén es la sanidad, que está condicionada por su mala gestión y su sectarismo”.

Fúnez también responsabilizó directamente a la ministra García del millón y medio de citas canceladas debido a la huelga médica. Remarcó que, detrás de esa cifra, se encuentran personas concretas y no solo datos estadísticos, haciendo especial énfasis en los pacientes que han visto sus tratamientos demorados o suspendidos. "Lo que nos preocupa son esos pacientes que, según nos trasladan plataformas y organizaciones, han visto cómo sus citas eran canceladas: un millón y medio. Detrás de esas cancelaciones no hay cifras, sino personas, especialmente enfermos que han visto cómo sus tratamientos se aplazaban (…) y en sanidad, aplazar es llegar tarde".

En otro pasaje del debate, la representante del PP criticó la actitud de la ministra hacia los médicos y planteó que “estamos a solo unos días de que la ministra empiece a referirse a los médicos como fachas con bata”, reforzando la preocupación del grupo popular por el tono y la dirección del diálogo entre autoridades y colectivo sanitario.

A lo largo del intercambio, la confrontación se movió desde el marco de la gestión administrativa hacia un plano más ideológico, con acusaciones cruzadas acerca de los intereses que guían tanto la acción de gobierno como la oposición. Tal como publicó la fuente, la ministra García insistió en que la presión ejercida por la oposición a través de las protestas médicas busca debilitar políticamente al Gobierno y que los rivales políticos estarían anteponiendo sus estrategias partidistas por encima del interés del sistema nacional de salud. Frente a ello, el Partido Popular situó en la gestión ministerial y en las políticas adoptadas por el actual Ejecutivo la raíz de los actuales conflictos, responsabilizando a la ministra tanto de la tensión con los profesionales sanitarios como de su repercusión en los pacientes.

El Comité de Huelga médico y el Ministerio de Sanidad han acordado mantener un encuentro el jueves a las 16:00, con la participación del Foro de la Profesión Médica como mediador, para examinar los motivos que han originado los paros y revisar posibles soluciones. Según informó Europa Press, los representantes sindicales han confirmado su asistencia como muestra de voluntad negociadora, pese a que la convocatoria no incorpora nuevos contenidos respecto al último borrador remitido en diciembre. Este paso forma parte de los esfuerzos conjuntos por resolver el conflicto de la huelga nacional de médicos, que será uno de los temas centrales en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este viernes, 27 de marzo, como solicitaron varias comunidades autónomas.

Tal como publicó Europa Press, el Ministerio de Sanidad incluyó la situación de la huelga de médicos como el segundo punto del orden del día en la reunión del Consejo Interterritorial, tras haber recibido solicitudes formales de consejerías de Andalucía, País Vasco, Madrid, Baleares y Extremadura. Estas comunidades, mediante escritos dirigidos a la ministra Mónica García, pidieron abordar la repercusión de la huelga sobre la prestación de los servicios sanitarios y las consecuencias económicas asociadas. El objetivo principal consiste en conocer el alcance real de los paros y los avances en la negociación con los sindicatos médicos.

El medio Europa Press detalló que las acciones de huelga, que tuvieron lugar en dos jornadas durante febrero y marzo, llevaron a cancelar miles de consultas en centros de salud y hospitales de toda España. Las autoridades regionales han insistido en la urgencia de encontrar un acuerdo que permita aminorar el impacto en la atención sanitaria y agilizar la reanudación de los servicios. Según fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por Europa Press, la continuidad del Consejo Interterritorial extraordinario, convocado para el 9 de abril y diseñado específicamente para tratar la problemática de la huelga, dependerá de los resultados de la reunión ordinaria de este viernes.

Europa Press informó que, además del análisis de la situación de la huelga de médicos, el Consejo Interterritorial incluye en su agenda la discusión de varios proyectos legislativos. Entre estos se encuentra el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, que busca potenciar el rol de estas agrupaciones en los procesos de toma de decisiones del ámbito sanitario. Igualmente, se discutirá la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, enfocada en incrementar los estándares de transparencia y reforzar la gobernanza en la administración sanitaria.

El orden del día contempla también proyectos técnicos como la actualización del real decreto sobre calidad y seguridad en radiodiagnóstico y su marco regulatorio para medicina nuclear. Este decreto incorpora mayores exigencias en programas de garantía de calidad, control de dosis y formación profesional. Paralelamente, se abordará la revisión de los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, orientada a renovar las funciones y la representación institucional del sector médico en España.

Otro aspecto relevante que consignó Europa Press corresponde a la coordinación entre autonomías para aprobar indicadores que permitan evaluar la implementación del Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería. El documento estratégico sobre cuidados paliativos para el periodo 2026-2030 constituye otro eje central de la sesión, con la meta de homogeneizar criterios y procedimientos en todo el territorio nacional.

El Consejo prevé, asimismo, tratar la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en eutanasia, presentar un documento de consenso sobre enfermedad renal crónica, fortalecer las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel y actualizar el manual del Registro de Enfermedades Raras. La reunión también tiene previsto repartir fondos a las comunidades autónomas tanto para la atención de personas refugiadas como para la Red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, de acuerdo a los planes anuales de trabajo en cada materia.

De acuerdo con Europa Press, otro de los temas a tratar será la aprobación de la actualización del consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en personas mayores, vigente para 2026, con el fin de establecer directrices conjuntas en el Sistema Nacional de Salud para identificar y prevenir estos riesgos.

En los minutos finales del plenario, antes de ruegos y preguntas, las autonomías y el Ministerio dispondrán de información sobre iniciativas y recursos actuales, entre ellos el informe anual relativo a la violencia en la infancia, el mapa de recursos de cuidados paliativos y un análisis sobre el efecto laboral del cáncer. A esto se añade el informe sobre poliomielitis y personas afectadas, el seguimiento de la huella de carbono del sector sanitario y los balances de actividad en Atención Primaria.

Uno de los anuncios destacados será la presentación de la Estrategia Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030, cuyo objetivo es incrementar el número de donantes y trasplantes preservando los criterios de equidad y calidad asistencial. También se dará cuenta de los avances en la Estrategia de Salud Digital del SNS, dirigida a modernizar y coordinar los sistemas de información sanitaria en todo el país.

El desarrollo final del encuentro prevé las memorias de actividades vinculadas a la Atención Primaria y la ejecución presupuestaria de los créditos transferidos tanto a las comunidades autónomas como al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), según explicó Europa Press. Estas presentaciones pretenden ofrecer un balance detallado y transparente de la gestión y los recursos empleados en las áreas mencionadas durante el último ejercicio.

A lo largo de la reunión, el Ministerio de Sanidad enfatizará la importancia de canalizar el diálogo hacia acuerdos operativos con los representantes del sector médico, esperando que las negociaciones propicien una resolución del conflicto con la menor afectación posible para la ciudadanía. Europa Press detalló que la tensión generada por los paros continúa siendo motivo de preocupación para gestores, profesionales y pacientes, y la evolución de las conversaciones determinará el siguiente paso en la agenda de la sanidad pública.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que en Andalucía se han suspendido cerca de medio millón de actos médicos como consecuencia de la huelga de médicos, un volumen que, según describió, representa un incremento considerable en las listas de espera y afecta directamente la atención de los pacientes. En un acto público dedicado a la ampliación del Hospital de la Axarquía, en Vélez-Málaga, Moreno destacó que este centro hospitalario ha logrado reducir la demora media para intervenciones quirúrgicas de 91 a 66 días, lo que, desde su perspectiva, marca una ruta positiva en la gestión de los tiempos de espera, a pesar de que el sistema sanitario atraviesa dificultades por el conflicto laboral.

Según informó el medio Europa Press, Moreno ha solicitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que tome la iniciativa para promover una negociación con el colectivo médico. El objetivo de este llamado es evitar que continúen nuevas jornadas de huelga motivadas por el rechazo al Estatuto Marco, la normativa que establece las condiciones laborales del personal sanitario. Moreno subrayó que, aunque la competencia para alcanzar un acuerdo corresponde a la ministra, considera esencial que busque fórmulas para solucionar el conflicto y minimizar el impacto sobre los pacientes.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de la Junta resaltó el compromiso de los profesionales sanitarios, al mismo tiempo que sostuvo que las cifras de reducción de demoras en el Hospital de la Axarquía muestran que el Plan de Garantía Sanitaria está aportando resultados en la gestión hospitalaria. Moreno, no obstante, hizo hincapié en que estos avances se producen en un contexto de conflicto laboral permanente entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, lo que dificulta la normalización de la atención médica.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, entregó una carta a la ministra Mónica García reclamando que en la próxima sesión del Consejo Interterritorial de Salud, prevista para el viernes, se trate de forma prioritaria la huelga motivada por el Estatuto Marco. Tal como publicó Europa Press, Sanz detalló que la última convocatoria de la huelga ha resultado en la cancelación de más de 256.000 citas, de las cuales más de 150.000 corresponden a Atención Primaria. Según especificó el consejero, también se han visto afectadas 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 intervenciones quirúrgicas.

Sanz expresó ante los medios de comunicación en Cádiz su preocupación ante la falta de respuesta de la ministra de Sanidad y remarcó la gravedad del conflicto para Andalucía, donde, según sus cifras, las tres convocatorias de huelga han desembocado en la suspensión de 777.000 actos médicos, afectando tanto la atención primaria como la hospitalaria. Europa Press consignó que el titular sanitario andaluz calificó de "soberbia y prepotencia" la postura de la ministra por no haber dedicado tiempo para dialogar con los sindicatos médicos tras las reiteradas huelgas.

En la carta dirigida a la ministra, según Europa Press, Sanz exigió que el Estado asuma su responsabilidad y se comprometa a buscar una solución a la huelga, que atribuyó al Gobierno central. Además, el consejero reiteró el respaldo de la Junta de Andalucía a las reivindicaciones del personal médico e insistió en la necesidad de un tratamiento urgente y específico de este conflicto en el Consejo Interterritorial de Salud, resaltando el impacto considerable que está teniendo en la sanidad pública de la comunidad.

El conflicto laboral tiene como origen el desacuerdo con el Estatuto Marco, que regula los tiempos, condiciones y organización de la jornada laboral de los profesionales sanitarios. Los médicos, según viene publicando Europa Press, mantienen su negativa al texto actual y reclaman mejoras que consideran indispensables para garantizar una atención adecuada y unas condiciones laborales ajustadas a sus demandas. La sucesión de jornadas de huelga y la falta de avances en la negociación han derivado en acumulación de retrasos y suspensión de servicios esenciales en distintos centros de salud y hospitales de la región.

El acto en el Hospital de la Axarquía sirvió también para que el presidente andaluz pusiera en valor la tarea desarrollada por los equipos profesionales durante este periodo de dificultades y destacó la bajada de tiempos de espera lograda en distintas áreas del hospital. No obstante, admitió que la mejora local no compensa el deterioro generado por la huelga en el conjunto del sistema.

Europa Press recalcó que tanto el presidente Moreno como el consejero Sanz insisten en que la solución pasa por una intervención definitiva del Gobierno central. Ambos solicitaron que la ministra García se reúna con los representantes autonómicos y los sindicatos para articular una respuesta que detenga la cancelación de actos médicos y permita restablecer la normalidad asistencial.

El desarrollo del conflicto y la ausencia de negociaciones directas hasta el momento han acrecentado la preocupación sobre el impacto que el paro médico genera en la atención sanitaria y en la percepción de los usuarios del sistema público. Las autoridades autonómicas han reiterado su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que devuelva la estabilidad al sector y reduzca los retrasos que afectan a miles de andaluces.

En medio de la controversia por las declaraciones de Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, varios miembros de Sumar han respondido desde el humor y la ironía, restando importancia a los comentarios sobre la higiene personal de sus dirigentes. Según detalló el medio, antes de la reunión del Movimiento Sumar, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, apuntó que acudían "muy aseados", marcando así su postura frente a las críticas. La noticia principal gira en torno a la reacción de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien describió esas palabras como simples "chascarrillos de fin de semana".

De acuerdo con la información difundida, Cuca Gamarra explicó en una rueda de prensa en Madrid que el Partido Popular no considera relevante el comentario hecho por De los Santos, quien se refirió de manera despectiva a figuras de Sumar en relación con su higiene durante las protestas del 15M. Gamarra señaló: "Esos son chascarrillos de fin de semana, y no hay que sacarlos de ese ámbito", descartando así que se trate de una postura institucional del partido.

El tema surgió luego de que, durante un evento de Nuevas Generaciones celebrado en Toledo, Jaime de los Santos mencionó el reciente 'plante' de Sumar en un Consejo de Ministros que trataba decretos anticrisis vinculados a la guerra en Irán. Según informó el medio, De los Santos afirmó que ese decreto "fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado en el que Yolanda Díaz, (Ernest) Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera".

La respuesta de Gamarra se centró en criticar la situación interna del Ejecutivo, a la que definió como un "vodevil" por la falta de cohesión entre los ministros y el presidente del Gobierno. De acuerdo con las palabras recogidas por el medio, la representante popular afirmó que le causa mayor preocupación "el vodevil que tiene el Gobierno, donde Pedro Sánchez no es capaz de sacar del gobierno a los ministros que se le rebelan, y los otros, su dignidad dura lo que su sueldo".

La polémica alcanzó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien al ser consultada por estas declaraciones respondió que "se retrata quien dice semejante estupidez", tal como consignó el medio. Dicha afirmación, pronunciada ante la prensa, reafirmó el enfoque crítico desde Sumar frente a los comentarios de De los Santos.

El medio reportó también que ese lunes, en la reunión convocada por el Movimiento Sumar para tratar asuntos de actualidad política e internacional, los cinco ministros de dicha formación hicieron frente común a las declaraciones. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló de manera irónica: "es evidente que aseados vamos", aludiendo a la crítica. En la misma línea, Rego expresó que el comentario le parecía "un chascarrillo que está un poco fuera de lugar", y sugirió que en política es más productivo confrontar ideas que recurrir a descalificaciones personales, las cuales, según sus palabras, "no ha lugar".

El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también se refirió al hecho y sostuvo que las palabras de De los Santos "se califican por sí solas". Además, lanzó una crítica indirecta al Partido Popular por recurrir a argumentos personales, y sugirió que podría deberse a la falta de bases para oponerse a temas como la prórroga de los alquileres.

La repercusión pública de estos comentarios ha generado respuestas inmediatas en diferentes esferas políticas, según la cobertura de los medios. Las declaraciones de De los Santos forman parte de un debate en torno al ambiente en el Consejo de Ministros y el papel de Sumar dentro del actual gobierno. Desde la dirección del Partido Popular se ha intentado minimizar el impacto del comentario, desvinculándolo de la postura oficial y recalcando que no constituye una posición institucional, mientras desde Sumar y los afectados se ha optado por responder principalmente con ironía y rechazo al tono del mensaje.

El grupo de ministros pertenecientes a la formación Sumar llegó de manera conjunta a la Sala Constitucional del Congreso tras las recientes declaraciones que cuestionaron su apariencia e higiene personal. Según publicó el medio de comunicación, las afirmaciones del vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, generaron respuestas directas por parte de los dirigentes de Sumar, quienes manifestaron su desacuerdo con el tono y el fondo de las críticas emitidas.

De acuerdo con lo reportado, las palabras de De los Santos surgieron durante un evento de Nuevas Generaciones celebrado en Toledo, en el que se abordaron diversas cuestiones internas y coyunturales del Gobierno. En ese marco, se refirió al rechazo de Sumar a participar en el Consejo de Ministros que votó los decretos anticrisis relacionados con el conflicto en Irán. El dirigente del PP cuestionó la actuación de los ministros del área minoritaria del Ejecutivo y añadió comentarios sobre su aspecto físico en el contexto del movimiento 15M, apuntando que “estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera”.

Tal como consignó el medio, este lunes los cinco ministros de Sumar, entre los que se encuentran Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García, se presentaron juntos a la reunión convocada por su espacio político, en la que planeaban analizar la situación política e internacional actual. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, tomó la iniciativa ante los medios señalando irónicamente que ese día asistían “muy aseados”, en una respuesta a los comentarios realizados el día anterior por el dirigente popular.

En el mismo acto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue consultada por las declaraciones de De los Santos. Según detalló la prensa, Díaz rechazó categóricamente el contenido de los comentarios, declarando: “se retrata quien dice semejante estupidez”. La líder de Sumar sostuvo esta postura sin añadir más valoraciones, manteniendo la crítica a la naturaleza de las afirmaciones del representante popular.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, las declaraciones de De los Santos se centraron en el contexto de la aprobación de decretos gubernamentales relacionados con la guerra en Irán, en un momento en el que los miembros de Sumar se posicionaron de manera crítica respecto a la forma en la que se gestionó el Consejo de Ministros. El dirigente del PP cuestionó tanto el fondo político como la postura personal de los ministros de Sumar, vinculando su decisión de ausentarse del Consejo a una imagen que él asoció con los activistas del 15M.

El incidente ha motivado reacciones inmediatas dentro del espacio minoritario del gobierno. Las respuestas públicas, tanto mediante declaraciones directas como alusiones irónicas, muestran una línea común de defensa ante lo que consideran un ataque que trasciende el debate político y entra en el terreno personal. Según informó la fuente, la llegada conjunta de los ministros de Sumar a la reunión y los mensajes transmitidos reflejan una estrategia de unidad política ante las controversias generadas.

A lo largo de la jornada, los distintos actores involucrados han mantenido sus posiciones respecto al tono y el contenido de las críticas. Mientras desde Sumar se han mostrado críticos con la descalificación personal, desde el Partido Popular las declaraciones han formado parte de un discurso más amplio respecto al funcionamiento reciente del Gobierno y la negociación interna de los decretos emergentes.

El intercambio refleja la tensión existente en el seno del Gobierno, especialmente en la interacción entre sus distintos socios y en la relación entre la coalición gubernamental y la oposición. La discusión alrededor de este episodio visibiliza los niveles de confrontación discursiva que se presentan en la escena política española, según viene reflejando la prensa nacional.

La aprobación del paquete de medidas en el Consejo Extraordinario de Ministros resultó de intensos debates previos, debido a diferencias internas sobre las medidas específicas a incorporar. Según publicó la prensa, integrantes de Sumar insistieron en que la negociación de último minuto permitió incluir la prórroga de los contratos de arrendamiento y la implantación de controles sobre los márgenes empresariales, dos de sus principales exigencias. Esta presión de Sumar hacia el PSOE terminó materializándose en el paquete social que se adoptó el viernes.

De acuerdo con lo informado por los ministros de Sumar y recogido por diversos medios, las disposiciones aprobadas comprenden tanto la extensión de los contratos de alquiler durante dos años adicionales como la implementación de un sistema para evitar márgenes considerados injustificados por parte de las grandes corporaciones. Además, el nuevo plan contempla el fortalecimiento de la protección para los trabajadores. El medio detalló la declaración de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien enfatizó en la red social 'Bluesky' que estas acciones amplían el conocido “escudo social”. Díaz expresó: “Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente”.

Tal como reportó la fuente, las negociaciones resultaron especialmente complejas debido a discrepancias sobre el alcance de las medidas propuestas. El acuerdo, alcanzado en el último momento, generó que el Consejo de Ministros experimentara un retraso antes de la sesión definitiva. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló que las dos medidas impulsadas por Sumar representan “dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país”.

El medio consignó que la ministra de Sanidad, Mónica García, utilizó la plataforma ‘X’ para destacar que el consenso gubernamental permite incorporar la prórroga en los contratos de alquiler, así como el control de los márgenes empresariales. García indicó además que desde la entrada en vigor del paquete, los inquilinos contarán con mayor protección y se impondrá un bloqueo a la especulación con los márgenes de los precios. Estas iniciativas acompañan a otras ayudas dirigidas a mitigar los efectos económicos derivados de la guerra.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, manifestó su opinión mediante declaraciones recogidas por el medio, señalando la importancia del acuerdo para evitar precios abusivos por parte de las empresas y para asegurar la continuidad de los contratos de alquiler. Rego dijo: “La ciudadanía no puede pagar el precio de la guerra ilegal de Trump”, y recalcó la función del Gobierno en la protección de la población.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, también subrayó en mensajes consignados por el medio que las iniciativas reflejan los compromisos asumidos previamente por la agrupación. Martínez destacó que ahora el país dispondrá de “un escudo para las gentes de este país: prórroga de alquileres y control de márgenes empresariales”, afirmando asimismo que la presencia de Sumar en el Ejecutivo responde a la defensa de este tipo de políticas.

El medio subrayó que la aprobación de estas medidas dentro del plan anticrisis busca responder a los efectos que distintos sectores atribuyen a la guerra internacional y a las consecuencias económicas que enfrentan los ciudadanos. Las iniciativas oficiales amplían las ayudas en materia de vivienda, refuerzan el control sobre los beneficios obtenidos por las grandes empresas en escenarios de volatilidad de precios y establecen herramientas adicionales de protección laboral para empleados.

Fuentes gubernamentales citadas por los medios recalcaron que el alcance del nuevo acuerdo evidencia la presión de las fuerzas de Sumar dentro del Ejecutivo, y que las medidas adoptadas constituyen una ampliación de los mecanismos de protección social existentes. El proceso de negociación y la aprobación del paquete social se produjeron en un contexto de particular tensión y con la atención puesta en la respuesta económica ante la situación internacional actual.

En las últimas horas previas al acuerdo, Sumar manifestó su desacuerdo con el Partido Socialista, retrasando el inicio de la reunión del Consejo de Ministros extraordinario por más de dos horas en busca de compromisos adicionales del Gobierno en materia de protección social. Según informó Europa Press, la insistencia de la coalición liderada por Mónica García derivó en la aprobación de dos reales decretos distintos: uno orientado a la vivienda y las demandas del espacio político de Yolanda Díaz, y otro enfocado en la reducción de los precios energéticos como parte de la respuesta a la crisis en Oriente Medio.

De acuerdo con Europa Press, Más Madrid consideró este resultado una rectificación de la postura inicial del Partido Socialista tras varias jornadas intensas de negociación, situación que generó tensiones abiertas en el Ejecutivo. Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, anunció en redes que el Gobierno ampliará el escudo social a través de la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación a los márgenes empresariales, medidas que, según sus declaraciones, buscan frenar la especulación en los precios y fortalecer la protección a los inquilinos desde el mismo momento de su entrada en vigor.

En mensajes publicados en plataformas sociales, la ministra García subrayó que estas disposiciones se suman a otras ya destinadas a mitigar los efectos del conflicto en Irán, calificando de inmediato los compromisos como esenciales para blindar a las familias ante la coyuntura derivada de la guerra. El medio Europa Press recogió el momento en que García, en los pasillos del Congreso de los Diputados, respondía con un escueto “seguro” ante la pregunta de si las medidas sobre vivienda se incluirían, mientras que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mostró matices sobre ese optimismo al afirmar “No tan seguro diría yo. Vamos trabajando”.

El acuerdo final permitió que ambos socios del Gobierno, PSOE y Sumar, firmaran ambos decretos en una sesión que alivió las tensiones previas y permitió consolidar la estrategia social ante el impacto de la crisis en Oriente Medio, detalló Europa Press. Los textos legales, según especificó la coalición, tienen como pilar central la protección inmediata para las familias arrendatarias y la introducción de topes en los márgenes de beneficio para empresas, una demanda reiterada por la bancada de Sumar en las últimas semanas.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, sostuvo que la prórroga de contratos de alquiler y el control sobre los márgenes empresariales representan un giro necesario en la política social, orientando la acción gubernamental hacia las necesidades de las familias afectadas. Bergerot indicó en redes sociales que tras varias semanas de debate en el seno del Ejecutivo español, el acuerdo alcanzado persigue la protección ciudadana ante las presiones económicas derivadas del conflicto bélico internacional.

Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, también expresó satisfacción por lo acordado y recalcó, según recogió Europa Press, que una de las metas logradas consiste en evitar que las grandes empresas incrementen sus beneficios a costa del esfuerzo de la ciudadanía. Maestre reconoció la dificultad de las negociaciones y situó la disposición de Sumar dentro del compromiso de su participación en la actual coalición de Gobierno.

El medio Europa Press reportó que, tras el pulso interno, las negociaciones concluyeron con dos textos normativos diferenciados. Uno de ellos respondía específicamente a las exigencias de políticas de vivienda y protección frente a la subida de precios de alquiler, mientras que el otro se focalizó en el paquete de respuesta frente al alza de precios energéticos producto de la guerra entre Irán y otros actores regionales.

Con este pacto, el Gobierno pretende responder a la presión social acrecentada por las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. El conjunto de medidas acordadas, según Europa Press, se pondrá en marcha de inmediato, buscando impedir que la espiral de inflación y encarecimiento del coste de vida recaiga en mayor proporción sobre los sectores más vulnerables. La coalición Sumar-Podemos ya había demandado durante las semanas previas una mayor ambición en la protección de arrendatarios y en la regulación de los beneficios empresariales, subrayando que sin estas garantías la respuesta estatal sería insuficiente frente al deterioro socioeconómico generado por el conflicto internacional.

Europa Press contextualizó también el anuncio de Mónica García en el marco de desacuerdos públicos manifestados entre representantes de Sumar y el PSOE. Las diferencias se evidenciaron en actos y declaraciones previas al plenario, aunque la firma final de ambos decretos logró contener la crisis interna y avanzar en la coordinación entre los dos socios gubernamentales.

Las discusiones para la redacción de los reales decretos incluyeron planteamientos reiterados sobre la necesidad de evitar que los incrementos de los precios recaigan sobre los inquilinos o que los márgenes empresariales se disparen, lo que podría agravar las secuelas económicas entre la población con menos recursos. Tanto Bergerot como Maestre expusieron en sus mensajes públicos la intención de impedir que las medidas beneficien solo a las grandes empresas y reclamaron un enfoque que priorice las necesidades de la ciudadanía común. Según consignó Europa Press, el acuerdo se percibe dentro de la coalición como un paso en la dirección de las demandas sociales que surgieron a raíz de la coyuntura generada por el conflicto en Oriente Medio.

La aprobación de ambos decretos supondrá la entrada en vigor inmediata de la prórroga de alquileres y el límite a los márgenes empresariales, sin que se precisara en este primer anuncio la duración de dichas medidas ni las condiciones detalladas para su aplicación. Europa Press detalló que la intención del Consejo de Ministros extraordinario fue responder de forma ágil a los retos interiores derivados de la situación en Irán, situando las medidas sociales en el epicentro de la política gubernamental tras un proceso de negociación caracterizado por presiones y posturas encontradas en el seno del Ejecutivo.

Las posiciones de Más Madrid y Sumar a lo largo del proceso enfatizaron que la salida a la crisis exige respuestas sociales inmediatas y la corresponsabilidad empresarial ante la coyuntura, apostando por fórmulas que desactiven los factores especulativos y prioricen la protección de la ciudadanía. El desenlace de la negociación marcó un nuevo episodio en la relación entre PSOE y Sumar, bajo observación de los aliados parlamentarios y en medio de un contexto internacional convulso que ha obligado al Ejecutivo español a adaptar su agenda social y política a las demandas internas y al impacto de los acontecimientos externos.

La aprobación de la prórroga automática para cerca de 600.000 contratos de arrendamiento figura entre los cambios más significativos adoptados por el Gobierno este viernes, medida que busca dar continuidad y ampliar la protección social ligada a la vivienda. Según Europa Press, la decisión se tomó durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que terminó con la firma de dos reales decretos tras horas de negociación y retrasos debidos a diferencias entre los socios que integran la coalición gubernamental, el PSOE y Sumar.

De acuerdo con Europa Press, la sesión del Consejo de Ministros comenzó después de más de dos horas de aplazamiento, pues representantes de Sumar solicitaron modificaciones sustanciales en los borradores presentados. Las discusiones se centraron en la estructuración de las reformas, optándose al final por separar en dos decretos distintos los paquetes de medidas: uno orientado a la vivienda y otro enfocado en la reducción de los costes energéticos.

El primer real decreto introduce varias iniciativas dirigidas a disminuir el impacto del precio de la energía en los consumidores. Dentro de lo aprobado figura una rebaja del 10% en el impuesto a los combustibles y una reducción de los tributos aplicados sobre la electricidad. Además, el texto contempla la ampliación del bono social eléctrico, lo cual incrementa el alcance de la ayuda a hogares vulnerables, según detalló Europa Press. En cuanto al control de los márgenes empresariales en el suministro de combustible, se aprobó la implementación de un sistema de supervisión bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que será la entidad encargada de analizar y evitar márgenes considerados injustificados.

El decreto también habilita al Consejo de Ministros a fijar límites en los márgenes empresariales cuando se estimen excesivos, mecanismo que ha sido una de las principales demandas de Sumar, según recogió la misma agencia. Junto a esto, se incluyó la prohibición de determinados suministros energéticos, medida reclamada expresamente por la formación de Yolanda Díaz.

Por otro lado, el segundo real decreto concentra las acciones que afectan al mercado de vivienda y alquiler. Una de las más relevantes es la prórroga automática de los alquileres que caducan durante el año en curso, beneficio que afectará a aproximadamente 600.000 contratos, según cifras difundidas por Europa Press. Sumar expresó satisfacción por el acuerdo alcanzado, resaltando la importancia de haber incluido tanto el control de los márgenes empresariales como la extensión de los contratos de alquiler, aspectos que definieron como elementos fundamentales en la defensa del "escudo social".

La ministra de Sanidad, Mónica García, manifestó a través de las redes sociales que el acuerdo del Consejo de Ministros representa un avance en la protección de los inquilinos y en la supervisión de los precios en sectores clave. "Hemos conseguido un acuerdo en el Consejo para ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales", escribió. García subrayó que, además de las ayudas orientadas a mitigar las consecuencias sociales y económicas de la guerra, queda activada la protección inmediata tanto para inquilinos como para controlar la especulación a través de la limitación de márgenes de precios, según reportó Europa Press.

La negociación previa fue intensa debido a la negativa de Sumar de avalar un único decreto focalizado solamente en rebajas fiscales. Inicialmente, el plan del Ejecutivo se centraba en una reducción tributaria general sobre los productos energéticos. No obstante, las gestiones de Sumar orientaron el diálogo hacia una respuesta más amplia, incluyendo mecanismos de control y reforzando la asistencia relacionada con la vivienda y los alquileres.

El medio Europa Press reportó que, luego de superar las diferencias, los portavoces de la coalición comunicaron la consecución de un acuerdo que da respuesta a la doble prioridad exigida por Sumar: asegurar alivios en las facturas energéticas y reforzar por medio de prórrogas la estabilidad en los arrendamientos residenciales. Esta decisión responde al contexto de presión social por los elevados costes tanto de la energía como de la vivienda, asuntos que han suscitado debates públicos intensos en los últimos meses.

Según fuentes gubernamentales citadas por Europa Press, la medida busca dar continuidad a políticas públicas ya existentes, pero, a la vez, incorpora nuevas herramientas destinadas a prevenir prácticas empresariales consideradas perjudiciales para los consumidores y a resguardar los derechos de los inquilinos frente a situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El Ministerio de Sanidad ha recordado que los gobiernos autonómicos cuentan con competencias para negociar y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios, poniendo como ejemplo el acuerdo alcanzado en Asturias y sugiriendo que la resolución de la huelga médica también podría lograrse a nivel regional. Esta postura cobra relevancia en el contexto del debate sobre la gestión del paro nacional del sector médico, marcado por desacuerdos respecto al Estatuto Marco, según reportó el medio que dio a conocer la respuesta del departamento dirigido por Mónica García.

Tal como publicó el medio citado, el Ministerio de Sanidad ha rechazado la propuesta de que una figura de mediación independiente intervenga para facilitar el diálogo entre el colectivo médico —representado por el Comité de Huelga— y el propio Ministerio. Esta alternativa había sido planteada mediante una carta conjunta remitida a la ministra Mónica García por los consejeros de Salud del País Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias: Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente.

En la misiva, según detalló el medio de origen, los representantes autonómicos propusieron valorar la designación de un agente neutral que permitiera abrir un nuevo cauce de negociación, generando confianza y contribuyendo a la resolución consensuada del conflicto. Estos consejeros sugirieron de manera propositiva que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ejercer ese papel mediador, argumentando su independencia y su compromiso con el interés general. En cualquier caso, los firmantes insistieron en que la elección definitiva de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal y subrayaron la necesidad de poner en marcha con urgencia un mecanismo efectivo de mediación.

De acuerdo con lo publicado, los consejeros autonómicos advirtieron que la huelga genera ya una presión adicional sobre los sistemas de salud de las distintas comunidades, calificando el impacto asistencial de "muy relevante" y apelando a la necesidad de encontrar una fórmula dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria. Explicaron que el conflicto en su estado actual podría prolongar sus efectos sobre pacientes y servicios públicos si no se logra activar con rapidez un instrumento que facilite el consenso entre los equipos de negociación.

El Ministerio, en respuesta, agradeció la iniciativa autonómica y la voluntad de diálogo, pero insistió en que ya existe un órgano de interlocución reconocido y en funcionamiento: el Foro de la Profesión Médica. Esta instancia reúne a las principales organizaciones representativas del sector y ha ejercido tareas de mediación en el pasado, recordó Sanidad. Según reportó el medio que cubrió la noticia, el departamento liderado por Mónica García subrayó que el Foro "es un espacio legítimo y plenamente operativo" para abordar las demandas de los médicos y canalizar los esfuerzos hacia una solución.

En este contexto, Sanidad reafirmó que se había logrado un acuerdo con los representantes del Foro de la Profesión Médica. Sin embargo, lamentó que el Comité de Huelga no aceptó ese pacto, lo que ha complicado el progreso hacia un consenso más amplio. El Ministerio sostuvo asimismo que ve innecesario crear nuevos mecanismos de mediación, abogando por reforzar el uso de los cauces ya existentes y seguir avanzando en la interlocución a través del Foro con el objetivo de acercar posiciones y facilitar una salida negociada al conflicto.

El medio también señaló que Sanidad aseguró que mantendrá la disposición al diálogo con el Comité de Huelga en el marco del Foro de la Profesión Médica, confiando en que este órgano continuará sirviendo como punto de encuentro y mediación entre todas las partes implicadas. En su visión, esa vía contribuiría a allanar el camino hacia una solución consensuada que permita el fin de la huelga e implique una mejora para los profesionales y la ciudadanía.

La situación actual refleja una diferencia de criterios entre el planteamiento de algunas comunidades que apuestan por un mecanismo externo para la mediación y la posición del Ministerio, que defiende la vigencia de las estructuras de diálogo ya implantadas y rechaza la introducción de figuras adicionales. Según publicó el medio informativo, estas divergencias han marcado la evolución de las negociaciones durante las últimas jornadas.

El documento remitido por los consejeros de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias insistió en la "urgencia" de activar nuevos procesos que permitan un avance efectivo de las conversaciones, y recalca la afectación asistencial que la huelga está ocasionando en los territorios. Por su parte, Sanidad ha reiterado que, además del papel del Foro de la Profesión Médica, las comunidades autónomas pueden impulsar en su ámbito soluciones que respondan a las demandas de sus profesionales sanitarios, mencionando a Asturias como caso en que se desactivó el conflicto tras un acuerdo.

Las posturas continúan enfrentadas, con Sanidad remarcando la operatividad del Foro y agradeciendo la propuesta autonómica, pero sin aceptar la mediación independiente, mientras algunas regiones insisten en que la gravedad del paro justifica buscar un entorno neutral para facilitar el acercamiento de posturas. Todo ello mantiene activo el debate sobre el papel de los órganos profesionales, la autonomía autonómica y los mecanismos más adecuados de negociación en el contexto del conflicto del sector médico a nivel estatal, según consignó el medio mencionado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se refirió al acceso a medicamentos huérfanos y sostuvo que en España "no hay ni una sola traba burocrática" que impida a los pacientes recibir tratamientos como 'Vyjuvek', según aclaró durante una comparecencia en el Congreso. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, García matizó que este fármaco, destinado a personas con epidermólisis bullosa o ‘piel de mariposa’, no ha sido aún financiado porque "la empresa no ha presentado su solicitud de financiación en España", rechazando así las acusaciones sobre supuestas barreras por parte del Gobierno para el acceso a este tratamiento y subrayando la ausencia de restricciones administrativas para su uso por medio de mecanismos de uso especial gestionados por las comunidades autónomas.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la intervención de la diputada de Vox, Rocío de Meer, quien centró su discurso en la situación de las familias afectadas por esta enfermedad rara que afecta a doscientas personas en España. De acuerdo con Europa Press, De Meer denunció que "estas familias conviven con un sufrimiento insoportable mientras el Gobierno les niega el acceso a tratamientos que podrían mejorar su vida", añadiendo que el coste de proporcionar 'Vyjuvek' a todos los pacientes, que rondaría los 200 millones de euros, resulta económicamente manejable. La diputada cuestionó la orientación del gasto público, afirmando: "¿Podemos recortar el despilfarro político para salvar a estos niños o vamos a seguir destinando miles de millones a propaganda, asesores y gasto ideológico?".

Europa Press detalló que Vox acusó al Ejecutivo de priorizar el modelo de sanidad universal mientras, en su opinión, se desatiende la financiación de medicamentos esenciales para ciudadanos españoles, dirigiendo recursos hacia la radiodifusión pública, la cooperación exterior y campañas institucionales. Además, la formación política vinculó el colapso del sistema sanitario con la inmigración, calificando la situación de "invasión" al citar la cifra de 10 millones de extranjeros residentes en España y alegando que la presión asistencial provocada por la población migrante grava las listas de espera. Vox sostuvo que, de acuerdo con sus datos, en 2024 se produjeron 2.151 muertes en listas quirúrgicas en Cataluña. Durante el debate, la diputada afirmó que "la sanidad universal mata" porque, bajo su perspectiva, aumenta el tiempo de espera y agrava la situación de los pacientes españoles que aguardan intervenciones o tratamientos.

En respuesta a estas afirmaciones y acusaciones, la ministra Mónica García defendió enfáticamente el modelo de sanidad pública y universal vigente en España. Según publicó Europa Press, García aseguró que el "derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa, ni de la capacidad económica" y señaló que el sistema sanitario nacional se basa en preguntarle al paciente por su estado de salud y necesidades, sin discriminar por la procedencia ni por el estatus administrativo. García manifestó: "No defendemos la universalidad porque las personas afectadas sean muchas o pocas. Lo hacemos porque consideramos que el derecho a la salud no depende ni del origen, ni de la situación administrativa, ni de la capacidad económica. Eso es lo que no entendemos".

La ministra también rechazó la vinculación entre el colapso sanitario y la gestión del actual Ejecutivo, atribuyéndolo en cambio a políticas previas de recorte presupuestario, privatizaciones y decisiones adoptadas, según sus palabras, por gobiernos de la derecha. A juicio de García, el actual modelo prioriza a los pacientes por encima de las ideologías y está diseñado para no dejar a nadie atrás, independientemente de cómo se llame o su origen. Europa Press consignó que la titular de Sanidad recalcó que cada año se suministran entre 30.000 y 40.000 medicamentos de uso especial por medio de los mecanismos previstos en el sistema, garantizando así la atención a todos los colectivos afectados por enfermedades poco frecuentes.

Durante el intercambio, la ministra criticó directamente la postura de Vox, acusando a sus representantes de actitudes racistas y de priorizar ataques hacia los colectivos inmigrantes o vulnerables. Según lo que recoge Europa Press, García ironizó sobre la actitud del partido al afirmar: "Qué valientes son ustedes con los inmigrantes, qué valientes son ustedes con los vulnerables, qué valientes son ustedes con los trabajadores de nuestro país y qué cobardes y sumisos son con los señores de la guerra", además de señalar que la universalidad sanitaria representa una de las principales decisiones tomadas por la sociedad española en democracia.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por Vox sobre el acceso a 'Vyjuvek', la ministra puntualizó que los procedimientos para el uso de medicamentos especiales están plenamente operativos y detalló que la responsabilidad sobre la financiación recae en la presentación de la solicitud por parte de la empresa fabricante, hecho que aún no ha ocurrido. También recordó que este sistema permite que ninguna persona quede excluida cuando precisa un tratamiento de este tipo, y resaltó la importancia de tratar y prevenir enfermedades en estadios tempranos, tanto por razones éticas como económicas, ya que la intervención precoz supone un coste menor que el tratamiento de patologías avanzadas.

El debate volvió sobre el coste de las políticas públicas y la asignación de prioridades presupuestarias. Vox insistió en la necesidad de atender con urgencia a las familias afectadas por epidermólisis bullosa, describiendo el sufrimiento cotidiano de los menores afectados y la vulnerabilidad que implica su condición. La formación enfatizó el contraste presupuestario entre la financiación destinada a iniciativas que calificó de ideológicas y los recursos que consideran faltarían para cubrir estos tratamientos huérfanos.

Según recogió Europa Press, García concluyó que "la sanidad universal es una de las mejores decisiones que hemos tomado como sociedad y como país", valorando el enfoque de una atención en la que "nadie tiene que sacar la cartera para entrar en un hospital". La responsable de Sanidad remarcó el compromiso del Gobierno con los principios de universalidad y equidad, defendiendo que se prioriza el bienestar de los pacientes por razones tanto morales como de eficiencia económica, y rechazando los argumentos que asocian la universalidad del sistema con la desatención a la población residente y nacional.

El malestar de un sector crítico de Izquierda Unida (IU) ante las declaraciones del coordinador federal, Antonio Maíllo, que propuso adelantar la designación de un candidato para las futuras elecciones generales, ha añadido nuevas tensiones en el proceso de definición del liderazgo y la estrategia electoral en el espacio de Sumar. Según detalló Europa Press, miembros de ese sector han calificado de inoportuna la solicitud de Maíllo porque, a su juicio, orienta la atención hacia los debates internos y genera la percepción de que la izquierda alternativa permanece concentrada en discusiones sobre posibles aspirantes, en lugar de centrarse en la unidad y los objetivos comunes.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reafirmó públicamente que no será candidato a la presidencia del Gobierno en los próximos comicios. Tal como reportó Europa Press, Bustinduy aclaró frente a los medios en el Congreso que ningún partido de Sumar le ha ofrecido formalmente liderar la coalición y reiteró que no aspira a esa función. “Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos”, expresó Bustinduy, según consignó Europa Press.

Bustinduy sostuvo que su contribución se enfocará en consolidar la izquierda y contribuir en los ámbitos en los que pueda aportar, pero descartó tajantemente cualquier aspiración personal a encabezar la candidatura: “No creo que ese sea el papel que yo deba asumir”, declaró, según publicó Europa Press. Su nombre, no obstante, figuró en las conversaciones internas del espacio como uno de los nombres con más peso y valoración por su gestión ministerial y su papel político al frente de Derechos Sociales, aunque siempre subsistió como obstáculo su limitado reconocimiento a nivel nacional y su disposición a mantenerse al margen de las dinámicas internas partidistas.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, desestimó cualquier preocupación sobre el vacío de liderazgo en Sumar. García declaró tajantemente ante las preguntas de los medios sobre este asunto: “No, en absoluto”. Ella misma dejó en claro que sus principales prioridades se centran en la gestión de la sanidad pública y en su labor en la Comunidad de Madrid. Ya en febrero, tras la renuncia de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia, García había adelantado que no aspiraba a liderar el espacio y reafirmó su compromiso con los retos que enfrenta desde su actual posición.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, explicó según recogió Europa Press, que ahora mismo los partidos reunidos en Sumar están centrados en un proceso de reflexión colectiva sobre los liderazgos y recalcó que “no le están pidiendo nada a nadie”. Santiago sostuvo que “Es un gran candidato como tantos otros y otras” refiriéndose a Bustinduy, aunque aseguró que no se le ha realizado propuesta formal. Agregó, según detalló el medio, que el objetivo es perfilar el relevo de Yolanda Díaz antes del mes de mayo.

Desde el grupo plurinacional en el Congreso, la portavoz Verónica Martínez Barbero subrayó que la prioridad actual es fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas, confiando en que llegado el momento contarán con la persona adecuada para encabezar la candidatura. Según ella, el rumbo definido previamente sigue vigente, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Fuentes de Sumar, Comuns, Más Madrid e IU consultadas por Europa Press ratificaron su respeto por la figura de Bustinduy, valorando su trayectoria y gestión, aunque insisten en que no han realizado ninguna petición de candidatura ni a él ni a ninguna otra persona. Estas fuentes destacaron que el proceso de selección de candidato se abordará en el momento oportuno y se comunicará directamente cuando se determine quiénes serán los referentes electorales más idóneos para el proyecto.

Europa Press también señaló que distintos sectores dentro de la coalición esperan que la deliberación en torno al liderazgo se resuelva conforme el espacio consolide internamente su alianza y defina posteriormente sus marcas y nombres propios para los comicios. Otras voces dentro de la misma coalición reclaman calma y cautela antes de dar pasos en la definición de candidaturas, subrayando la necesidad de fortalecer primero la cohesión de la plataforma y su proyecto político.

En este contexto, fuentes de Sumar han manifestado a Europa Press que comprenden la inquietud de algunos actores internos respecto a la definición de listas electorales y consideran que es vital avanzar en ese ámbito. Reafirmaron que el criterio es ampliar la participación y “ensanchar” el proyecto, según remarcaron dichas fuentes, recalcando además que las figuras de liderazgo no deben surgir de acuerdos cerrados entre pocas organizaciones, sino que deben incorporar la implicación de amplios sectores.

En resumen, el escenario en la coalición Sumar sigue orientándose hacia la consolidación de consensos y el refuerzo de la unidad interna antes de entrar en el proceso de selección de candidaturas para los próximos comicios generales. Las principales formaciones que integran la plataforma mantienen la postura de no anticipar nombres y rechazan las presiones sobre posibles aspirantes, al tiempo que recalcan la urgencia de mantener el foco en los desafíos legislativos y las prioridades sociales inmediatas.

Algunos aliados de izquierda, entre ellos Sumar, han solicitado que el próximo paquete legal para responder a la crisis en Oriente Medio incluya la suspensión de desalojos para personas vulnerables y la extensión de contratos de arrendamiento que vencen en 2024 y 2025. Estas demandas, centradas en el refuerzo de la protección social ante posibles impactos económicos derivados del conflicto, han generado tensiones en el seno del Gobierno en torno a los contenidos definitivos del texto que se presentará en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes. Según informó la prensa española, esta incertidumbre quedó en evidencia tras un intercambio entre dos miembros destacados del Ejecutivo en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El medio detalló que la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, aseguró ante los periodistas que el real decreto ley que el Gobierno planea aprobar contendrá de manera cierta medidas de vivienda. La declaración de García surgió en respuesta a preguntas sobre si la futura normativa, elaborada para mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, incorporará disposiciones destinadas a frenar la presión sobre los arrendatarios y las personas en situación de vulnerabilidad habitacional en España.

De acuerdo con lo consignado por diversos medios, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, matizó rápidamente las palabras de García, precisando: "No tan seguro diría yo. Vamos a trabajarlo", señalando la falta de consenso definitivo respecto a la inclusión de esas medidas en la versión final del decreto ley. El diálogo se produjo a la salida de la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, lo que puso de manifiesto la disparidad de perspectivas dentro del Ejecutivo sobre la respuesta legislativa a la crisis internacional.

Según reportó la prensa local, el origen de este desacuerdo reside en la presión ejercida por formaciones políticas de izquierda que reclaman la suspensión temporal de los desalojos y la prórroga de los contratos de arrendamiento. Estas formaciones argumentan que las repercusiones económicas del conflicto armado en Oriente Medio pueden agravar la situación de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, por lo que consideran imprescindible mantener o intensificar las medidas aprobadas en años anteriores para responder a crisis como la pandemia de COVID-19 o la inflación derivada de otras tensiones internacionales.

El medio señaló que Sumar y otros partidos reclaman que la suspensión de ejecuciones hipotecarias y desahucios, vigente en legislaciones previas en contextos excepcionales, continúe aplicándose dada la nueva coyuntura derivada del conflicto entre Irán y otros países de la región. Según la información publicada, la prórroga de los arrendamientos constituye otra de las prioridades para estos grupos, dado que numerosos contratos vencen próximamente y existe temor de que los hogares afectados enfrenten dificultades para renegociar en un escenario de encarecimiento de la vida.

La ministra de Sanidad, en sus declaraciones recogidas por la prensa, manifestó su convencimiento de que tales medidas estarán presentes en la normativa que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros extraordinario. Sin embargo, la intervención de Bolaños evidenció las contradicciones y debates aún abiertos dentro del Ejecutivo, particularmente respecto a los límites de la protección social y el alcance económico de las medidas en cuestión.

De acuerdo con los antecedentes publicados por la prensa, en ocasiones anteriores el Gobierno español adoptó medidas similares ante circunstancias excepcionales, aunque la inclusión de dichas disposiciones en nuevos paquetes normativos suele depender de intensas negociaciones internas y del equilibrio de fuerzas entre las formaciones que apoyan al Ejecutivo. La situación de incertidumbre acerca de la respuesta legislativa refleja, según las fuentes citadas, la complejidad de conciliar las demandas de los partidos aliados y las consideraciones de carácter económico o jurídico.

El desarrollo de los acontecimientos en los próximos días determinará si el nuevo decreto ley incorporará los mecanismos reclamados para frenar desalojos y prorrogar arrendamientos, o si prevalecerán fórmulas alternativas. Tal como publicó la prensa española, hasta el momento la deliberación política continúa abierta, con posiciones diferenciadas entre los ministros involucrados.

La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil, destacó la vigencia del ciclo electoral y afirmó que la formación de Sumar mantendrá su actividad y contribuciones dentro del Gobierno, remarcando que serán los propios electores quienes, en las urnas, decidirán si la continuación de Sumar en el Ejecutivo resulta adecuada. Esta reflexión coincidió con las declaraciones de diferentes representantes de la coalición, quienes rechazaron los rumores sobre una posible salida del Gobierno tras los resultados de las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León.

De acuerdo con una información publicada por 'El Confidencial', el debate sobre la presencia de partidos aliados en el Ejecutivo surgió tras los resultados desfavorables de la izquierda en las elecciones regionales. Tal como detalló este medio, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, defendió la continuidad de Sumar en el Gobierno, subrayando que la labor de estos partidos impulsa las medidas de mayor alcance social, incluyendo protecciones para inquilinos a través del denominado escudo social. García enfatizó que no existe discusión interna sobre una salida de Más Madrid ni de otros miembros de la coalición que forman parte del Ejecutivo, y aseguró que el foco está en reforzar las políticas progresistas necesarias para el país, frente a la incertidumbre que, según sus palabras, proviene de la derecha y la ultraderecha internacional.

La dirigente resaltó que Sumar participa en el Ejecutivo para avanzar medidas transformadoras, como la inclusión de la vivienda y la protección de inquilinos en el escudo social, además de proteger a la ciudadanía frente a contextos adversos. Insistió en que la coalición tiene como objetivo central el impulso de iniciativas que considera progresistas y que, según sus declaraciones recogidas en los pasillos del Congreso, el Gobierno tiene asegurada su continuidad para un periodo extenso.

El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se manifestó en la misma línea en una entrevista con 'TVE', descartando cualquier clima de ruptura. Destacó la relevancia de las políticas de vivienda dentro del escudo social y alegó que el papel de Sumar en el Ejecutivo es impedir que, bajo situaciones de tensión internacional como la guerra de Irán, las grandes empresas obtengan beneficios desmedidos. Bustinduy repitió que Sumar promovió el aumento de permisos de conciliación, el reconocimiento de la sanidad universal y el incremento del salario mínimo, reiterando que la prioridad debe centrarse en la defensa de la vida de la población.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, también subrayó el compromiso del grupo dentro del Ejecutivo, reivindicando que han sido responsables del impulso de las principales medidas sociales y de las iniciativas de presión para la prórroga de contratos de alquiler. Martínez Barbero rechazó que exista un debate sobre el futuro de Sumar en el Gobierno después de las elecciones autonómicas y afirmó que el trabajo actual está centrado en la elaboración del decreto de escudo social.

El coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, y el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, aportaron perspectivas similares. Ibáñez indicó que la importancia no reside en el lugar que se ocupe dentro del Gobierno, sino en las acciones concretas que se desarrollen. Subrayó la relevancia de impulsar políticas de vivienda sobre el número de ministerios. También advirtió al PSOE sobre la necesidad de acompañar los gestos políticos, como la defensa del “No a la guerra”, con intervenciones reales en el mercado, ya que apelar únicamente al voto útil y a las manifestaciones podría resultar insuficiente si no se promueven acciones concretas.

En el debate sobre la unidad tras los comicios de Castilla y León, Mónica García sostuvo que dichos resultados no se deben a divisiones electorales, sino a la realidad de que solo los partidos con fuerte implantación territorial logran buenos resultados en elecciones autonómicas. Citó como ejemplo la situación de Más Madrid, que obtuvo mejores cifras que el PSOE y consiguió el respaldo de uno de cada cinco votantes en la región.

Martínez Barbero argumentó, según reportó 'El Confidencial', que la respuesta de Sumar ante el revés electoral consiste en fomentar la máxima unidad posible. Gerardo Pisarello, por su parte, calificó los resultados obtenidos por la izquierda en Castilla y León de “preocupantes” frente al crecimiento del bloque conservador. Sin embargo, señaló que no existe una única solución mágica y consideró que la recuperación pasa por mayor unidad, cooperación y presencia territorial, junto a el desarrollo de programas compartidos que resulten útiles para la ciudadanía.

Pisarello recordó la experiencia de la izquierda en Francia, donde atribuye mejores resultados a una estrategia amplia de cooperación, lo que contrastó con la situación española ante el avance de la ultraderecha en ambas naciones. Esta visión fue compartida con la apreciación de que, para lograr avances significativos, los programas conjuntos y la valentía política resultan determinantes para obtener el respaldo popular.

El medio 'El Confidencial' consignó que el debate en torno a la permanencia de los socios minoritarios dentro del Gobierno surgió a raíz de las discusiones sobre el reciente desempeño electoral, pero los diferentes dirigentes de Sumar y sus aliados han reiterado su intención de continuar su labor en el Ejecutivo. Coincidieron en que la unidad, la gestión de medidas sociales progresistas y el fortalecimiento territorial constituyen prioridades para la coalición en el futuro inmediato, a la espera de que los electores valoren en el próximo ciclo electoral el alcance de las decisiones adoptadas.

El inicio de la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias surge como uno de los compromisos adquiridos recientemente entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica, marcando un paso clave para atender reivindicaciones históricas de los trabajadores sanitarios. Según indicó este martes Mónica García, ministra de Sanidad, el nuevo trámite de consulta pública representa una oportunidad para extender el proceso de negociación y diálogo sobre el desarrollo profesional en el sector sanitario. Así lo detalló el medio en referencia a las declaraciones previas de García antes de su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

El periódico informó que la ministra calificó como “muy buena noticia” el comienzo de la reforma normativa al considerar que habilita el espacio legal y político para avanzar en la modernización de legislaciones que, según sus palabras, llevan “encasilladas más de 20 años”. Además, recalcó que desde su llegada al Gobierno y al Ministerio de Sanidad se propuso rescatar las normas obsoletas, entre ellas el Estatuto Marco y la propia Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, para dar paso a cambios que respondan a las demandas de los profesionales.

Según destacó García en declaraciones recogidas por el medio, la negociación del Estatuto Marco, que regula una parte importante de las condiciones laborales de los sanitarios, ha alcanzado sus “límites” tanto legales como competenciales para atender las peticiones consideradas “legítimas” por los trabajadores del sector. Ante este escenario, sostuvo que el trámite de la nueva ley surge para abrir “otras vías de cauce de mejora”, planteando alternativas regulatorias orientadas a resolver problemáticas que permanecen sin respuesta desde hace décadas.

El arranque del procedimiento de consulta pública, indicó la ministra, pretende ofrecer soluciones a muchas de las demandas estancadas, así como fortalecer los procesos de diálogo y negociación en los que participan los diferentes colectivos sanitarios. Sanidad remarcó que estos avances forman parte de un proceso conjunto que busca “seguir negociando” y “seguir dialogando” mejoras del desarrollo profesional, involucrando a todos los actores del ámbito sanitario.

Respecto al conflicto con el Comité de Huelga médico, que sostiene movilizaciones en todo el país una semana al mes hasta el mes de junio, García expresó su postura sobre la posibilidad de que la reforma propicie una mayor aproximación entre las partes. Según publicó el medio, la ministra aseguró que “diálogo y acercamiento ha habido en todo momento” con los representantes de los profesionales en huelga. Añadió que, pese al incremento de medidas legislativas, acuerdos y espacios de conversación, una parte del Comité de Huelga ha optado por mantener el conflicto. En sus palabras, “yo lo siento mucho, pero a más acuerdos, a más diálogo, a más medidas transformadoras, a más leyes que abrimos, hay una parte del Comité de Huelga que ha decidido ponerle más conflicto y yo aquí niego la mayor, es que necesitamos todavía abrir más puertas”, enfatizando así su llamado a continuar impulsando iniciativas para la resolución de diferencias.

El medio añadió que García puntualizó que la vía del Estatuto Marco ya se encuentra “cerrada”, lo que sitúa el foco en otros espacios institucionales donde deben adoptarse decisiones para avanzar con las mejoras. En este sentido, subrayó que las comunidades autónomas ostentan “la llave” para implementar y concretar las reformas impulsadas por el Ministerio de Sanidad y trasladadas al marco jurídico nacional.

Según consignó la publicación, la ministra insistió en que las administraciones autonómicas deben asumir la responsabilidad de materializar progresos en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Recalcó que “necesitamos que las comunidades se hagan cargo de sus competencias. Y hacerse cargo de sus competencias es materializar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, concluyó García.

La reforma de la ley, en este contexto, aparece como un movimiento orientado a superar obstáculos legales y administrativos que limitaron la respuesta a viejas reivindicaciones del personal sanitario, a la vez que fomenta la colaboración entre el Gobierno central y los interlocutores autonómicos y profesionales para modernizar el sistema de salud. Según reportó el medio, esta actualización normativa también persigue fortalecer el marco de derechos y obligaciones del personal sanitario y aumentar la eficacia de la gestión de recursos humanos en el sector, reafirmando la perspectiva de diálogo continuo con las organizaciones que representan a los profesionales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que la implantación territorial resulta determinante para obtener buenos resultados en elecciones autonómicas, usando el ejemplo de Más Madrid, partido al que lidera y que ha superado en apoyo al PSOE en la región al captar cerca del 20% del electorado. Estas declaraciones siguieron a la reciente cita electoral del 15M en Castilla y León, en la que la izquierda no alcanzó los objetivos previstos. García posicionó la discusión en la importancia de una fuerte presencia local sobre la división interna de los partidos progresistas, según informó el medio.

De acuerdo con la información difundida por la agencia, Mónica García manifestó que no existen debates internos ni en Más Madrid ni en otras organizaciones integrantes de Sumar sobre una eventual salida del Gobierno de coalición, tras los resultados adversos en Castilla y León. La ministra afirmó que las formaciones asociadas a Sumar continúan comprometidas con las políticas sociales y reforzando iniciativas clave dentro del Ejecutivo, argumentando que "va a haber Gobierno para rato" gracias al empeño de estos grupos por mantener la dirección reformista.

Según reportó la fuente, García expuso que Sumar y los partidos que conforman esta plataforma, y que no pertenecen al PSOE, desempeñan un papel central en la promoción de medidas progresistas dentro del Gobierno. Señaló que su presencia tiene como objetivo impulsar propuestas "más transformadoras" relacionadas, por ejemplo, con la inclusión de la vivienda y la protección de los inquilinos en el denominado escudo social. La ministra recalcó que la participación de Sumar apunta a garantizar que los ciudadanos estén protegidos frente a las incertidumbres generadas por fuerzas conservadoras y de extrema derecha a nivel internacional.

La líder de Más Madrid insistió, según publicó la agencia, en que el enfoque territorial de los partidos juega un papel fundamental en el éxito electoral, afirmando que la fortaleza de su formación en la Comunidad de Madrid ha permitido superar los resultados obtenidos por el PSOE en esa circunscripción. Remarcó que la discusión no se centra en posibles fracturas internas, sino en cómo la estrategia de arraigo territorial proyecta mejores resultados en las urnas.

La ministra, tras asistir a una jornada en el Congreso, aclaró a los medios en los pasillos del Parlamento que los partidos adscritos a Sumar no están evaluando abandonar la coalición, a pesar de las peticiones en ese sentido por parte de algunos sectores. Destacó, nuevamente, que la labor de estos grupos dentro del Gobierno resulta esencial para avanzar en políticas que respondan a las necesidades sociales que demanda la población, remarcando la urgencia de mantener la actual orientación reformista más allá del PSOE.

Entre los aspectos más resaltados de sus declaraciones, García explicó que la protección de la vivienda como derecho fundamental y la defensa de los inquilinos frente a las dificultades económicas o sociales constituyen prioridades de Sumar en el Gobierno. Argumentó que estas medidas se consideran parte medular del denominado escudo social y forman parte de la respuesta a la incertidumbre que, según analizó la ministra, se ha visto acentuada por el auge de las derechas y ultraderechas internacionales.

En sus intervenciones, Mónica García defendió que la permanencia de Sumar y de los partidos afines en el Ejecutivo responde tanto al compromiso con la ciudadanía como a la convicción de impulsar reformas progresistas. Reiteró que, pese a los resultados electorales negativos en Castilla y León, no existen fracturas internas graves ni un debate abierto sobre la permanencia de Más Madrid u otras formaciones al interior de la coalición, señalando que la continuidad del Gobierno está garantizada.

Según explicitó el medio, García hizo hincapié en que el Gobierno de coalición constituye el mejor marco para desplegar políticas transformadoras, y que los partidos integrados en Sumar se mantendrán en el Ejecutivo para asegurar que ese rumbo no cambie. Cerró señalando que los debates actuales deben situarse en el plano del arraigo y la representación territorial, y no en eventuales divisiones internas que, según su valoración, carecen de fundamento.

Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, consideró que el reconocimiento, por parte del Rey Felipe VI, de los abusos cometidos por España durante la Conquista de América responde a demandas que organismos y gobiernos de la región, como el de México, han sostenido en los últimos años. Según consignó el medio, Pisarello señaló que el gesto “llega tarde” y resulta “insuficiente”, subrayando la ausencia de una petición formal de perdón por parte de la monarquía española, práctica adoptada por otras casas reales en referencia a episodios considerados genocidas durante épocas coloniales. Con estas declaraciones se marcó el inicio de un nuevo debate sobre los pasos que debe dar el Estado español frente a las solicitudes históricas de las sociedades latinoamericanas.

De acuerdo con el reporte difundido por la agencia, representantes políticos de España coincidieron en valorar como positivo que el monarca haya reconocido los abusos vinculados a la época de la conquista, aunque calificaron ese gesto de limitado, al faltar una disculpa formal y otras acciones más contundentes. Entre estas figuras se encuentra Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria del grupo plurinacional Sumar, quien declaró que el reconocimiento “ayuda a unir más” los lazos con los países y comunidades latinoamericanas, enfatizando en la hermandad que existe con esas naciones. Según detalló la fuente, la postura de Sumar considera que el gesto de Felipe VI constituye un primer avance, pero aún no satisface plenamente las expectativas de quienes piden una reparación integral.

En declaraciones realizadas en el Congreso, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó una posición alineada con la visión de avance aunque parcial respecto a las declaraciones del Rey. Según reportó la agencia, García evaluó positivamente que el jefe del Estado haya abordado explícitamente el tema de los abusos históricos durante la Conquista, destacando que representa un movimiento necesario para la memoria colectiva y las relaciones internacionales.

Mientras tanto, la exigencia de un gesto más rotundo fue compartida por Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional, quien sostuvo que las palabras del monarca, si bien van “en la buena dirección”, resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado en el continente americano. De acuerdo con información publicada por la agencia, Ibáñez subrayó que la responsabilidad histórica exige no solamente un reconocimiento moral, sino la adopción de medidas orientadas a una reparación económica, considerando que la revisión del pasado debe acompañarse de compromisos materiales.

Las críticas de Pisarello incluyeron referencias explícitas a la persistencia de discursos que, en su opinión, amparan los crímenes cometidos contra pueblos indígenas durante la conquista. El representante de los Comuns citó a figuras como el expresidente José María Aznar y el líder de Vox, Santiago Abascal, a quienes acusó de defender posturas que blanquean la memoria de esa etapa, de acuerdo con lo informado por la agencia. Para Pisarello, si bien el reconocimiento del rey podría incentivar una revisión sobre el racismo y el colonialismo que aún marcan parte de las relaciones internacionales, el proceso requiere mayor profundidad y gestos de reparación.

Los legisladores de los grupos plurinacionales insistieron en la necesidad de que España avance hacia una política más decidida de reconocimiento y reparación, que incluya una disculpa formal dirigida a las víctimas y sus descendientes. Según lo consignado en la información difundida, se hizo hincapié en que la actuación histórica de los antepasados españoles exige una revisión crítica, considerando que la historia “poco a poco hace su trabajo”, pero que resta una labor pendiente para saldar la deuda pendiente con las sociedades latinoamericanas.

La postura de los representantes políticos coincide en subrayar que este tipo de gestos por parte de la Casa Real podrían contribuir a reforzar los vínculos con América Latina, aunque recalcaron que para pasar de los símbolos a los hechos es necesario avanzar hacia una reparación que incluya tanto el ámbito moral como el económico. Tal como reportó el medio, la reivindicación de una disculpa formal y la adopción de medidas reparadoras siguen figurando como demandas centrales ante las palabras del monarca.

Las declaraciones del Rey Felipe VI, al reconocer los abusos cometidos durante la conquista del continente americano, se inscriben en una coyuntura marcada por la presión de la sociedad civil latinoamericana y de gobiernos que reclaman, desde hace años, una asunción de responsabilidades históricas. Según detalló la agencia, la respuesta de los grupos parlamentarios en España refleja el contexto contemporáneo de revisión y debate sobre el papel de la memoria y la justicia frente a los legados coloniales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este martes de las consecuencias que podría sufrir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no implantar el registro de objetores de conciencia al aborto. La medida, prevista en la ley del aborto del año 2003, ha supuesto un punto de conflicto en el último año entre el Gobierno y la capital, que lo considera una “lista negra” para perseguir a los médicos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó al Gobierno madrileño iniciar “de inmediato” los trámites para la creación de dicho registro. La Comunidad de Madrid comunicó que recurrirá el fallo, que no entra en “el fondo” del asunto.

Este martes, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la ministra Mónica García ha incidido en las posibles consecuencias de no acatar una orden judicial. “Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”, ha señalado García.

Al hilo de los reproches, Mónica García ha respondido a las declaraciones públicas de Isabel Díaz Ayuso, quien había manifestado que su “empeño personal” era no aplicar el registro de objetores. Frente a esta postura, García ha recalcado su propia posición: “El empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres”, conminando así a la presidenta autonómica a someterse a la normativa vigente.

Sanidad revisará la implantación del registro de objetores

El registro de objetores al aborto busca garantizar que esta prestación sanitaria se pueda obtener en la asistencia pública. En los últimos años, este servicio se ha ofrecido principalmente en la sanidad privada, un obstáculo que se atribuye a la objeción de conciencia de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud. El objetivo del registro es permitir a las autonomías conocer cuántos de sus facultativos se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo para poder organizar mejor sus recursos humanos y asegurar que los centros públicos pueden realizar estos procedimientos.

Desde que en diciembre de 2024 el Ministerio de Sanidad aprobase un protocolo que marcaba cómo debía desarrollarse el registro de objetores, todas las comunidades autónomas han dado pasos para iniciar el trámite, a excepción de Madrid. Este martes, García ha anunciado que el ministerio enviará una misiva a todas las consejerías de salud para solicitar información detallada acerca de cómo gestionan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Según su explicación ante la Comisión de Sanidad, esta comunicación requerirá a los gobiernos regionales especificar “qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva”.

Durante su intervención ante la Comisión de Sanidad del Congreso, la ministra Mónica García subrayó la existencia de una reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear el registro de objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. En este contexto, la titular de Sanidad recalcó que no cumplir con tal mandato podría derivar en consecuencias legales, entre ellas la inhabilitación para ocupar cargos públicos. García señaló que la Comunidad de Madrid es actualmente la única región que no ha avanzado en la implementación de dicho registro, siendo a la vez donde el 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas.

El medio detalló que la ministra, en su comparecencia, advirtió a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de la posibilidad de sanciones penales ante el incumplimiento de la normativa, recordando el artículo 410 del Código Penal. Esta disposición establece que las autoridades o funcionarios públicos que rechacen de manera abierta acatar resoluciones judiciales o instrucciones de la autoridad competente pueden incurrir en sanciones, que incluyen multas e inhabilitación para cargos públicos. De acuerdo con lo publicado, la ministra enfatizó la obligatoriedad de la aplicación de la ley, señalando: "En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan".

Según informó el medio, García contrastó el proceder de Madrid con el resto de las comunidades autónomas, destacando que todas, excepto Madrid, han progresado en la creación de sus respectivos registros. Asimismo, la ministra resaltó la activación de los mecanismos legales por parte del Ministerio de Sanidad para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Tal como publicó la fuente, la ministra anunció el envío en los próximos días de una comunicación a todas las comunidades autónomas con el objetivo de recabar información pormenorizada sobre la organización de esta prestación sanitaria. El requerimiento solicitará datos acerca de cuáles centros con servicios de ginecología y obstetricia llevan a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, la distribución de personal sanitario que ha presentado objeción de conciencia y las medidas que se están adoptando para garantizar la prestación efectiva del servicio.

Durante su intervención, García se refirió a declaraciones previas de Ayuso respecto a su falta de voluntad de poner en funcionamiento este registro, y contrapuso su propio compromiso de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de las mujeres, como consignó el mismo medio. También reiteró que el Ministerio de Sanidad actuó en función de los recursos jurídicos disponibles para que se respete la legislación vigente.

La ministra señaló, según reportó la fuente, que el Ministerio continuará supervisando la aplicación del registro en todo el territorio, insistiendo en que el cumplimiento de las normas no depende de la voluntad individual de las autoridades autonómicas. El caso de Madrid, al seguir derivando la casi totalidad de los procedimientos de aborto a clínicas privadas y no poner en marcha el registro de objetores, coloca a la comunidad en una situación excepcional dentro del Estado, de acuerdo con la información difundida por el medio.

Durante el VIII Simposio DentaidSEPA, diversos especialistas pusieron énfasis en la alta prevalencia de enfermedades periodontales entre la población mayor de 65 años, que afecta a más del 60 por ciento de este grupo, tal como muestra un estudio presentado por Dentaid. Este dato, compartido durante las ponencias, sirvió para subrayar la urgencia de adoptar estrategias preventivas y personalizadas que permitan mantener la salud bucodental en todas las etapas de la vida. Según informó SEPA, una correcta salud oral tiene un impacto directo en la calidad de vida, en la funcionalidad y en la autonomía de las personas, cuestiones decisivas en el proceso de envejecimiento.

Tal como publicó SEPA, la presidenta de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, Paula Matesanz, señaló durante el encuentro que el fomento de prácticas preventivas respaldadas por la evidencia y la realización de revisiones periódicas reduce no solo la incidencia de enfermedades, sino que también contribuye a un envejecimiento más saludable. El simposio se organizó bajo el lema “Salud bucal a lo largo de la vida: cómo conseguir que los 60 sean los nuevos 40”, y reunió tanto a profesionales sanitarios como a responsables institucionales interesados en promover políticas centradas en la salud integral.

El medio también recogió la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien trasladó en una videodeclaración institucional la importancia de que las personas vivan más años “con más salud y mayor calidad de vida”. García destacó que existe un consenso creciente en resaltar la relación directa entre la salud bucodental y la salud general. En sus palabras, “no hay salud general sin salud bucodental y, por lo tanto, cuidar la boca a lo largo de toda la vida es una de las inversiones más eficaces que podemos hacer en salud pública”. Además, remarcó la relevancia de la colaboración institucional y científica, reconociendo a SEPA como un aliado estratégico en el avance de la salud bucodental en España.

El evento, según detalló SEPA, también incluyó la presentación de una encuesta poblacional realizada a más de 2.400 personas en España. El sondeo confirma que la salud oral se percibe como un elemento fundamental del bienestar general. Destaca, además, la opinión de la población mayor de 60 años, entre quienes el 78 por ciento identifica al profesional dental como clave para conservar una buena salud bucal, priorizando la funcionalidad y el confort sobre enfoques puramente estéticos.

Durante el simposio, especialistas insistieron en que alcanzar una buena salud oral durante la vejez requiere una larga trayectoria de prevención, educación constante y acompañamiento profesional. Según las aportaciones recogidas por SEPA, los hábitos preventivos y la divulgación científica resultan imprescindibles para el diseño de intervenciones eficaces. Manel Vera, CEO de Dentaid, sostuvo durante su intervención la importancia de la investigación como motor del conocimiento y la necesidad de su divulgación para provocar un cambio real de hábitos. “Ese conocimiento es el que permite adoptar hábitos de salud que marcan la diferencia a lo largo de la vida. Por eso, si queremos una longevidad saludable, con autonomía y bienestar, la salud bucal debe cuidarse a lo largo de toda la vida. Mantener una boca sana es ganar calidad de vida hoy y en el futuro”, manifestó Vera, según consignó el medio.

En el ámbito clínico, se analizaron los retos y recomendaciones específicas para los adultos mayores, en un contexto de progresivo aumento de la longevidad. Lorenzo de Arriba, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que la adaptación de los protocolos de higiene bucal es esencial, sobre todo en presencia de limitaciones físicas, deterioro cognitivo o polimedicación. De Arriba detalló que entre las medidas preventivas imprescindibles se encuentran el cepillado mecánico eficaz con dentífricos fluorados, el uso regular de cepillos interdentales y, en determinados casos, la aplicación de colutorios como coadyuvantes, siempre orientados a preservar la función masticatoria y la salud oral en edades avanzadas.

El desarrollo del simposio, según reportó SEPA, permitió consolidar una visión compartida por profesionales y autoridades: la salud bucodental debe ocupar una posición central en las políticas de promoción y prevención de la salud, especialmente ante el envejecimiento de la población. Los expertos concluyeron que avanzar hacia un enfoque preventivo, coordinado y personalizado resulta esencial para ofrecer mejores resultados en los años venideros. Esto requiere no solo acciones clínicas, sino también la consolidación de alianzas entre el sector público y la comunidad científica, con el objetivo de trasladar la evidencia acumulada sobre salud oral a recomendaciones y servicios accesibles durante todo el ciclo vital.

Las intervenciones durante el simposio destacaron igualmente el valor de la educación desde etapas tempranas, la capacitación de los profesionales para abordar los desafíos específicos de la población de edad avanzada y la necesidad de una información clara y accesible para todos los sectores sociales. Así, la salud bucodental aparece, según los datos y opiniones recogidos por SEPA, como un componente estratégico en la construcción de una longevidad activa, con autonomía y calidad de vida, reforzando el mensaje de que la prevención y el seguimiento profesional constituyen una inversión imprescindible en salud pública.

La propuesta de prórroga para los contratos de alquiler existentes, con el objetivo de evitar incrementos de hasta un 50%, figura entre las demandas esenciales que Sumar aspira a incorporar en el nuevo decreto de medidas sociales. Según consignó el medio, la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, subrayó que el blindaje de la vivienda representa un pilar irrenunciable en cualquier mecanismo de protección, y remarcó la urgencia de garantizar la continuidad de unos 600.000 contratos, para impedir actualizaciones que afectarían gravemente a las economías familiares. En este contexto, el grupo liderado por Yolanda Díaz mantiene la presión sobre el PSOE para que incluya estas y otras disposiciones en la próxima norma que se aprobará el viernes.

De acuerdo con la información difundida, Sumar persiste en su exigencia de que el nuevo decreto de escudo social, dirigido a mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, contemple mecanismos que protejan los derechos de los inquilinos ante la expiración de sus contratos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló durante una intervención pública, junto a la titular de Sanidad, que su espacio político considera una prioridad absoluta que el escudo social incluya garantías específicas para las familias trabajadoras. Bustinduy defendió que la protección de la vivienda responde a uno de los derechos constitucionales esenciales, cuya defensa cobra mayor relevancia en situaciones de crisis como la actual.

Desde la perspectiva de Sumar, las eventuales medidas fiscales incorporadas al decreto deberían complementarse con regulaciones que eviten incrementos injustificados en el margen de beneficio de grandes empresas. Según detalló Pablo Bustinduy y reportó la plataforma informativa, la intención es asegurar que el esfuerzo fiscal no acabe repercutiendo negativamente sobre los consumidores o incrementando las desigualdades, motivo por el cual el espacio político apuesta por intervenciones en el mercado que garanticen la equidad en la distribución de los efectos de la crisis.

En el marco de las negociaciones previas al Consejo de Ministros extraordinario, Lara Hernández, coordinadora general del Movimiento Sumar, reiteró en rueda de prensa en Madrid que la extensión de la prohibición de desahucios para familias vulnerables constituye otro eje fundamental de sus peticiones. Hernández explicó que el mantenimiento de esta moratoria, rechazada recientemente en el Congreso por la derecha, y la prórroga de contratos de alquiler no solo se presentan como compromisos políticos, sino como necesidades materiales urgentes, dado el contexto actual. Así lo informó el medio, que también destacó la disposición del bloque de Sumar a insistir en estas medidas hasta su inclusión en la normativa.

En su declaración, Hernández recordó que “llevamos batallando por estas medidas”, y puso de manifiesto el papel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la promoción de decretos de carácter extraordinario, comparables a los diseñados en respuesta al conflicto en Ucrania, y orientados a fortalecer la protección social frente a escenarios de inestabilidad internacional.

Por su parte, Mónica García expresó la convicción de que lograrán convencer al PSOE para que la prórroga de los contratos afectados se contemple finalmente en el decreto. García añadió que la protección residencial es inseparable de un escudo social efectivo, y que omitirla supondría dejar sin respuesta a una parte significativa de la población afectada por las subidas de alquiler.

La demanda central de Sumar orienta el debate hacia la protección de sectores económicos y sociales más expuestos a las fluctuaciones del mercado inmobiliario y a las consecuencias sociales de la crisis energética y geopolítica provocada por la guerra en Irán. El medio destacó que todas las fuerzas representadas en Sumar insisten además en la necesidad de establecer límites a los posibles beneficios extraordinarios obtenidos por grandes empresas en este contexto, mediante la vinculación de cualquier medida fiscal con políticas de control de márgenes empresariales, para impedir que el peso de la recuperación recaiga sobre quienes cuentan con menos recursos.

El decreto a debatir y aprobarse el viernes concita de esta forma la atención tanto de representantes del gobierno como de organizaciones civiles y colectivos de inquilinos, atentos a si las demandas impulsadas por Sumar, que recogen las preocupaciones de un amplio espectro de familias trabajadoras y vulnerables, se reflejarán en el texto final. Según publicó el medio, el desarrollo de estas negociaciones marcará el alcance y la efectividad del nuevo paquete de medidas sociales promovido por el Ejecutivo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, cuestionó recientemente que las causas de la actual huelga médica estén motivadas principalmente por reclamaciones profesionales y expresó su inquietud ante la posibilidad de que el paro continúe debido a intereses políticos ajenos a las exigencias del sector sanitario. Durante su intervención en un acto celebrado en Madrid, la responsable de la cartera de Sanidad sostuvo que la mayoría de las demandas de la profesión médica ya figuran en la reforma del Estatuto Marco, según informó el medio El País.

García subrayó que existe la sospecha de que parte de la prolongación del conflicto provenga de razones políticas y no exclusivamente de la búsqueda de mejoras laborales para el personal sanitario, de acuerdo con lo publicado por El País. La ministra argumentó que “algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios, que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco”. García hizo referencia, para sostener su postura, a una entrevista reciente con el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, difundida este lunes por El País, en la que Lázaro explicó que el paro tiene como objetivo al Gobierno central, no exclusivamente al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad.

En este contexto, la titular de Sanidad insistió en su compromiso de continuar el diálogo con las partes implicadas, aunque pidió expresamente al colectivo sindical que reduzca la intensidad del conflicto. García recordó que muchas de las competencias relacionadas con las peticiones de los sindicatos pesan sobre las comunidades autónomas y no únicamente sobre la Administración central, por lo que considera necesario “abrir otras nuevas vías de solución del diálogo”, según consignó el medio El País.

La ministra anunció además que próximamente se abrirá también la discusión sobre la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, un espacio donde se espera que puedan canalizarse otras demandas de los profesionales del sector. No obstante, recalcó que corresponde a las comunidades autónomas implementar buena parte de las reformas acordadas, reiterando así el papel de estos gobiernos regionales para “hacer realidad todas esas reivindicaciones”.

Sobre las negociaciones con los sindicatos, García manifestó que está dispuesta a reunirse cuantas veces sea necesario, pero remarcó la necesidad de transparencia en los encuentros y criticó lo que consideró argumentos artificiales por parte de algunos colectivos médicos. En concreto, la ministra puso en duda la afirmación de que los representantes sindicales no estaban representados en el Foro de la Profesión Médica durante las negociaciones previas. Según García, “también representaba el comité de huelga, y ese comité de huelga nos pasó propuestas, les hicimos contrapropuestas, y la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Y esto no se puede entender fuera de los intereses de una serie de sindicatos que, a mi juicio, no están representando realmente las reivindicaciones de los profesionales. Porque, insisto, esas reivindicaciones están plasmadas en los documentos”.

Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica alcanzaran un acuerdo hace dos semanas para integrar parte de las reclamaciones históricas del sector en la reforma del Estatuto Marco. A pesar de este avance, las organizaciones sindicales han sostenido la convocatoria del paro y manifestado su desacuerdo con algunos aspectos del proceso.

De acuerdo con El País, García reiteró que el diálogo permanece abierto, pero exigió que los sindicatos rebajen la tensión y colaboren en la búsqueda de salidas negociadas. Insistió además en que la representación sindical cuenta con todos los cauces necesarios para canalizar sus reclamaciones y que el Gobierno seguirá dispuesto a negociar propuestas concretas, siempre en el marco del diálogo institucional.

El trasfondo del conflicto subraya la complejidad de las relaciones laborales en el sistema sanitario español, donde el reparto competencial entre el Ministerio y las comunidades autónomas condiciona el margen de maniobra de las partes. Según detalló El País, mientras la ministra incide en que los principales avances normativos ya se han incorporado a la reforma legislativa, los sindicatos insisten en proseguir el paro hasta que se materialicen completamente sus exigencias.

En este escenario, la ministra concluyó que la “excusa” de la falta de representación sindical ya ha quedado superada tras la constitución de los comités de diálogo y la participación directa en los procesos de negociación sectorial. La tensión entre Gobierno central, comunidades autónomas y sindicatos marcará, según publicó El País, el desarrollo de las próximas rondas de conversaciones, a la espera de nuevas propuestas que puedan facilitar la desescalada del conflicto y el retorno a la normalidad laboral en el sector sanitario.

Los médicos de toda España comienzan este lunes su segunda semana de huelga contra el Estatuto Marco. La norma, que llevaba sin reformarse desde el año 2003, ha comenzado su proceso de actualización, en el que los facultativos se han sentido excluidos y discriminados. El pasado 26 de enero, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios llegaron a un acuerdo para modificar la ley, pero las organizaciones exclusivamente médicas se han posicionado en contra de las medidas aprobadas y exigen su propio estatuto.

La movilización, organizada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato Omega de Facultativos de Galicia Independientes, programa una semana de huelga mensual, así como concentraciones y manifestaciones frente a hospitales y centros de salud en distintos puntos de España.

La primera semana de paros tuvo lugar a mediados de febrero y, desde entonces, el ambiente se ha tensado con un cruce de reproches entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el Comité de Huelga. El pasado viernes, la ministra Mónica García remitió un escrito a los sindicatos médicos en el que les acusó de haber “roto el principio de buena fe y el propósito de diálogo” para continuar “sin margen de negociación”. El Comité de Huelga replicó argumentando que el Ministerio pretende “deslegitimar” sus reivindicaciones y “fomentar” la fragmentación en el colectivo de profesionales sanitarios.

Qué piden los médicos y qué ofrece Sanidad

La principal reclamación de los sindicatos en huelga es la creación de un estatuto propio de la profesión médica, que regule las condiciones particulares de la profesión. La medida que más mueve al colectivo médico es la eliminación de las guardias de 24 horas que, además, deben pagarse por encima de la hora ordinaria. Los sindicatos plantean, además, que estas jornadas extraordinarias cuenten como tiempo de trabajo para adelantar la jubilación, la creación de una clasificación profesional particular y el establecimiento de un canal de interlocución directa en el plano laboral.

El Ministerio de Sanidad sí ha planteado una reducción de las horas de guardia, que pasarían a ser de 24 a 17 horas salvo excepciones, una mejora que los sindicatos consideran insuficiente. También se ha planteado una reducción de la jornada máxima a 45 horas semanales en cómputo cuatrimestral y la reforma de la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la constitución de mesas técnicas bajo el Estatuto Básico del Empleado Público, así como el estudio de jubilaciones anticipadas para supuestos que se encuadren en la normativa vigente.

El pasado 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad alcanzó un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, organización de la que CESM forma parte, donde también propuso adaptar la retribución de las guardias y reforzar la participación médica en las negociaciones. Pese a estos avances, la convocatoria de huelga continúa en pie. Los sindicatos médicos exigen retomar las conversaciones con el propio Comité de Huelga, que mantiene su “disposición a la negociación”.

Concentraciones y servicios mínimos

Acompañando a los paros en los servicios sanitarios, los sindicatos han convocado manifestaciones en todas las comunidades autónomas durante la semana. En Madrid, habrá protestas todos los días frente al Ministerio de Sanidad, organizadas por el sindicato Amyts, así como en los diferentes centros de salud y consejerías del país.

Para esta nueva convocatoria, se mantienen los servicios mínimos aprobados en el mes de febrero por los gobiernos regionales, incluso algunos de los denunciados como abusivos. Así, algunos servicios considerados urgentes deberán mantener el 100% de sus efectivos.

La propuesta del principal partido de la oposición incluye una ampliación de hasta el 15% en las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud, según estimaciones del propio partido recogidas en un documento parlamentario. La previsión señala que la Atención Primaria podría contar con un déficit de aproximadamente 4.500 médicos en la actualidad, cifra que podría acercarse a los 5.000 para el año 2029, lo que motiva la demanda de un nuevo modelo de planificación de recursos humanos. Junto a esta medida, el partido busca dar respuesta a las principales reivindicaciones del colectivo médico y evitar nuevas huelgas, en referencia a la que está convocada para esta semana.

De acuerdo con la información publicada por diversos medios, el Partido Popular registró una proposición no de ley en el Congreso y una moción en el Senado con el objetivo de exigir al Gobierno mejoras en las condiciones laborales, salariales y de reconocimiento específico para los médicos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas iniciativas parlamentarias reclaman la apertura de un canal de diálogo y negociación exclusivo con los profesionales médicos, a través del cual se aborden temas como la conciliación laboral y familiar, la evolución del sistema de guardias y su progresiva equiparación con las horas ordinarias, la mejora de la retribución, así como el establecimiento de una clasificación profesional que tenga en cuenta la formación y la responsabilidad asociadas al puesto.

Según detalló el medio, el grupo parlamentario 'popular' considera necesario introducir reformas que reduzcan la actual sobrecarga administrativa a la que se enfrentan los facultativos e implementar un refuerzo progresivo de los equipos médicos, particularmente en Atención Primaria. Las propuestas buscan incidir, además, sobre la gestión de los recursos humanos, mediante un modelo que permita no solo incrementar el número de profesionales, sino también una planificación que evite los actuales y futuros déficits de personal médico en el sector público.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, expresó la postura del partido ante la prensa, asegurando que “al Gobierno de Sánchez le falta diálogo y le sobra sectarismo”, al tiempo que insistió en la necesidad de alcanzar un consenso sobre la reforma del Estatuto Marco, involucrando tanto a profesionales de la sanidad como a las comunidades autónomas. Fúnez afirmó: “Vamos a abordar la clasificación profesional de los médicos y todo ello con un componente esencial y primordial como nunca antes se ha hecho en España y es apostando porque en el sistema de financiación autonómica haya una partida específica sanitaria para garantizar y sostener económicamente el Sistema Nacional de Salud”. Estas declaraciones fueron remitidas por el partido a los medios y consignadas en la cobertura especializada.

Según reportó la misma fuente, Fúnez también manifestó su solidaridad con los pacientes afectados por la huelga prevista para esta semana y responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la situación: “Es inaceptable y el único responsable es Pedro Sánchez”. En sus declaraciones, criticó también a la ministra de Sanidad, Mónica García, acusándola de no gestionar el “caos y la conflictividad laboral” que, según el partido de la oposición, ella misma habría originado.

En lo relativo a la formación médica, el Partido Popular exige que la oferta de plazas de formación especializada (MIR) sea ajustada cada año de manera dinámica a las necesidades reales del sistema, manteniendo un crecimiento sostenido y proporcional para cubrir tanto la demanda como la reposición de profesionales. La formación de los futuros médicos es identificada por el grupo como un aspecto fundamental de la sostenibilidad y calidad del SNS, según publicó la prensa. Además, se solicita que la oferta pública de plazas MIR incremente y que los criterios de acreditación de las unidades docentes sean flexibilizados, prestando atención prioritaria a especialidades con alta demanda como Medicina Familiar y Comunitaria o Pediatría.

En su planteamiento sobre la financiación autonómica, el PP propone que el futuro sistema incluya una partida específica y finalista destinada a sanidad, lo que, según el grupo, permitiría garantizar el acceso de toda la población a una asistencia que cumpla criterios de equidad, cohesión y sostenibilidad económica. De acuerdo con la cobertura de los medios, estas iniciativas representan la respuesta del partido de la oposición a la ronda de contactos mantenida por su líder, Alberto Núñez Feijóo, tanto con el Foro de la Profesión Médica como con el Comité de Huelga. En estos encuentros, Feijóo se comprometió con los representantes médicos a establecer un diálogo permanente en torno a la evolución del SNS y al reconocimiento de la labor de los sanitarios.

El Partido Popular, según las distintas informaciones difundidas, enfatizó que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha dejado fuera a los médicos de los principales procesos de negociación y ha generado niveles de conflicto laboral que califican de inéditos en el sector sanitario. Esta acusación se produce en un contexto de movilización, con la convocatoria de huelgas y el incremento de las reivindicaciones profesionales, en el que las demandas de diálogo y de reforma del marco normativo y retributivo para los médicos se sitúan en primer plano de la agenda política nacional.

El Comité de Huelga, compuesto por asociaciones como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), comunicó que se mantendrán las movilizaciones mientras el Ministerio de Sanidad no abra un proceso de diálogo directo con el propio Comité. Según informó el medio, las organizaciones sindicales han reiterado la necesidad de contar con un marco regulador específico que contemple las particularidades del colectivo médico y subrayaron que el acuerdo alcanzado por Sanidad y otros sindicatos no atiende a esa demanda central.

De acuerdo con la información publicada, los profesionales médicos y facultativos han sido convocados desde este lunes para una nueva semana de huelga a nivel nacional, la segunda en lo que va del año, con el objetivo de exigir un Estatuto Marco propio. Las protestas se extenderán hasta el viernes, de forma que médicos de todo el territorio participarán en una estrategia coordinada que incluye tanto concentraciones ante centros asistenciales y sedes de instituciones autonómicas y estatales, como diferentes manifestaciones. Según detalló el Comité de Huelga, tras la ronda de paros celebrada en febrero, no se han retomado contactos formales con el Ministerio de Sanidad.

El medio informó que la ministra Mónica García, al frente del Ministerio de Sanidad, ha dirigido distintas declaraciones a la prensa sobre este conflicto y ha intentado canalizar una salida mediante un acuerdo firmado con el Foro de la Profesión Médica el 4 de marzo. En una carta remitida al Comité de Huelga, García afirmó que este acuerdo incorporaba las principales demandas del colectivo médico y ofrecía una oportunidad para mantener abierto el diálogo. Además, la ministra señaló que el pacto se alcanzó "con conocimiento y participación" de las organizaciones sindicales, por lo que constituía una vía para evitar la huelga y reducir la tensión en el sector.

Sin embargo, el Comité de Huelga respondió, según publicó el propio medio, que en realidad lo que existía era solo una propuesta y no un acuerdo formal firmado, y puntualizó que, en cualquier caso, dicho acuerdo carecería de valor jurídico porque el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias para negociar condiciones laborales, función que corresponde exclusivamente al propio Comité de Huelga. Por este motivo, los sindicatos insisten en la urgencia de una negociación directa y exclusiva con el órgano legítimo para este tipo de interlocución.

Frente a esta situación, los sindicatos médicos siguen exigiendo un texto legal que reconozca las "especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales de la medicina y se adapte a su realidad específica. El Ministerio de Sanidad rechaza la posibilidad de crear una norma diferenciada para el colectivo médico, argumentando que ello supondría romper la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y generaría desigualdades entre los trabajadores sanitarios, según reportó el medio.

El pasado 26 de enero, Sanidad pactó con sindicatos generales como SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF la aprobación del anteproyecto de ley del nuevo Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de todos los profesionales del SNS. Según detalló el medio, este texto todavía debe pasar por el Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. No obstante, el Comité de Huelga estima que el proceso no responde a las especificidades del colectivo médico y rechaza su contenido.

Paralelamente a la huelga nacional, los sindicatos autonómicos han organizado en sus respectivos territorios diversas formas de protesta, como concentraciones a las puertas de hospitales y centros del sistema sanitario, así como manifestaciones ante sedes gubernamentales, tanto regionales como nacionales. En Madrid, la organización AMYTS ha convocado una manifestación para este lunes desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, prevista para las 10:00 horas. Asimismo, todos los días de la semana se efectuarán concentraciones diarias frente a la sede del Ministerio de Sanidad a las 11:00 horas.

En relación con los servicios mínimos establecidos durante la huelga, el Comité informó, según consignó el medio, que estos se mantienen en niveles similares a los fijados en febrero y que, en algunos casos, han sido denunciados por considerarse excesivos, señalando los casos de Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana.

Este paro médico constituye la segunda de las cinco huelgas previstas por el Comité de Huelga, salvo que se produzca un desbloqueo de la situación mediante una reunión bilateral con el Ministerio de Sanidad, según publicó el medio. Las siguientes jornadas de huelga quedarán distribuidas entre las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Una reciente misiva del Comité de Huelga médico dirigida al Ministerio de Sanidad omitió cualquier referencia a la demanda de crear un Estatuto específico para la profesión médica, petición que había sido central en anteriores protestas. De acuerdo con la información publicada por el medio, esta ausencia ha sido apuntada por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien respondió a la solicitud de los sindicatos expresando su desacuerdo con la persistencia de las movilizaciones y cuestionando la justificación de las huelgas en este contexto.

Según detalla el medio, Mónica García transmitió su postura a través de una carta remitida al Comité de Huelga, en la que afirma que mantener la convocatoria de paros tras haber alcanzado un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica implica “romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones”. La ministra destacó que dicho acuerdo fue conocido y participado por el propio Comité de Huelga, cuya representación dentro del Foro recae en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

El medio señaló que la respuesta ministerial se produjo después de que el Comité de Huelga solicitara negociaciones directas con el Gobierno, sin intermediación del Foro de la Profesión Médica. Los sindicatos argumentaron que las movilizaciones y la huelga contra el Estatuto Marco respondían a la necesidad de abordar de manera directa sus demandas con el Ministerio. No obstante, García subrayó que el diálogo con los integrantes del Comité no constituye un hecho reciente ni puntual, remarcando que a lo largo del último año se han celebrado numerosas reuniones tanto en el marco de las negociaciones formales como en más de 25 encuentros específicos con delegaciones del Comité.

En su carta, la ministra remarcó que varios acuerdos parciales se han dado durante este periodo, aunque dicha dinámica negociadora no se ha visto correspondida con una desescalada por parte de los sindicatos convocantes. Según consignó el medio, Sanidad ha reiterado que el acuerdo anunciado el 5 de marzo con el Foro de la Profesión Médica representaba una posibilidad para evitar la huelga al abordar los principales motivos de insatisfacción de los médicos. Para García, durante todo el proceso el Comité de Huelga estuvo plenamente informado y representado a través del CESM, que actuó como conducto para las propuestas y traslados de información.

El documento firmado y remitido al Ministerio por todos los sindicatos presentes en el Comité de Huelga, al que hace alusión García, evidencia, según el Ministerio, que sus demandas han recibido respuesta punto por punto. El medio indicó que en la última comunicación del Comité de Huelga no figura la antigua petición de un Estatuto exclusivo para el sector médico, pese a que anteriormente esa había sido una reivindicación fundamental.

García insistió en que el Ministerio mantiene su voluntad de negociar y acordar mejoras para el colectivo médico, siempre y cuando se cumplan los compromisos alcanzados previamente, los cuales incluían el cese de las huelgas y reconocían al Foro de la Profesión Médica como la vía adecuada para el diálogo sectorial. Como subraya el medio, la ministra reiteró la vigencia de esa disposición al diálogo, condicionada al respeto por los acuerdos y al funcionamiento de los cauces ya establecidos para la negociación.

“Hace 23 años el mundo también vivía tiempos de guerra y nosotros sabemos demasiado bien qué ocurrió después”, señaló Marisol Pérez, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, al citar la preocupación de las víctimas ante la expansión de conflictos internacionales. Pérez participó en el acto de conmemoración por el XXII aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, realizado en la estación de Atocha en Madrid, junto a representantes sindicales y autoridades. El objetivo de la ceremonia fue reivindicar la memoria de las cerca de 200 personas fallecidas y los cerca de 2.000 heridos, así como destacar la vigencia de un mensaje de firmeza social sin caer en posiciones belicistas. Según publicó Europa Press, en el evento se reclamó un compromiso social con la paz y la convivencia en un contexto internacional marcado por la escalada bélica.

Durante el homenaje, las secretarias generales de CC.OO. y UGT Madrid, Paloma López y Susana Huertas, acompañaron a la presidenta de la asociación en la ofrenda floral frente a la estación. Tal como detalló Europa Press, decenas de personas se congregaron en el entorno de la escultura “El día y la noche” de Antonio López para sumarse al recuerdo. Las autoridades asistentes incluyeron al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; así como portavoces de diversos partidos políticos representados en la Asamblea y en el Ayuntamiento capitalino.

El acto comenzó con la interpretación del “Poema de madera” de Juan Pagán, en versión para dos violines y piano. Los presentes dieron paso a discursos centrados en el rechazo a cualquier repetición de los hechos que originaron tragedias como la del 11-M. En palabras de Pérez, “cuando empiezan las guerras, los poderosos dan órdenes, los ricos financian la contienda y los pobres enviamos a nuestros hijos. Cuando terminan, los poderosos celebran las victorias, los ricos cobran los intereses y las familias encerramos a nuestros hijos. No queremos repetir la historia”. La presidenta de la asociación advirtió además que “las víctimas del terrorismo sabemos bien que las guerras rara vez se quedan donde empiezan. Sus consecuencias viajan y atraviesan fronteras”, en referencia a la preocupación por los conflictos activos en Ucrania, Gaza e Irán, según consignó Europa Press.

Pérez expresó un agradecimiento a los servicios públicos por “su presencia cuando la ciudadanía lo necesitaba” en los días posteriores al atentado. Extendió su solidaridad a los afectados por el reciente accidente de tren en Adamuz, cuyas imágenes evocaron recuerdos dolorosos entre los presentes. También planteó la necesidad de contar con mayor información sobre el nuevo monumento que el Ayuntamiento de Madrid proyecta tras las obras del Metro, y cuestionó la reutilización de la escultura previamente ubicada en San Agustín de Guadalix para homenajear a la Guardia Civil: “Resulta difícil explicar y más aún comprender que un reconocimiento necesario a las fuerzas de seguridad se realice reutilizando un monumento previamente dedicado a otras víctimas. Ni unos ni otros merecen, merecemos, homenajes así”, afirmó.

De acuerdo con Europa Press, Paloma López, secretaria general de CC.OO. Madrid, defendió la importancia de preservar la memoria colectiva frente a los intentos de “reescribir la historia” y de “borrar el recuerdo de estas víctimas del terrorismo”. López subrayó que “la guerra no puede ser la solución a ningún conflicto. Hay que apostar por el derecho internacional, terminar cualquier acción de violencia y llegar a la paz”. Destacó que la violencia solo puede generar más violencia, un fenómeno presenciado en el propio atentado del 11 de marzo de 2004.

Por parte de UGT Madrid, Susana Huertas insistió en que “se puede ser firme sin ser belicista” y que resulta posible condenar una agresión sin justificar ninguna intervención que viole la legalidad internacional. Huertas expresó que “se puede defender a la población civil sin alimentar la espiral de violencia. Y que se puede trabajar por la paz desde la diplomacia, el diálogo y la cooperación, sin renunciar a señalar con claridad qué vulneraciones del derecho internacional son inaceptables”.

El medio Europa Press reportó también declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, tras el homenaje, consideró que el Gobierno de España “es un faro moral internacional que dice no a la guerra” y que responde al sentimiento de una ciudadanía que el 11 de marzo de 2004 “se echó a las calles a ayudar, a donar sangre, a ser útiles y que dijo un no a las mentiras”. García afirmó que “el Gobierno está donde tiene que estar y la derecha está donde siempre ha estado: del lado de la mentira. Siempre ha estado del lado de los señores de la guerra y de aquellos que luchan en contra de los intereses de nuestro propio país y de la vida”, acompañada por portavoces de Más Madrid.

Entre las declaraciones recogidas por Europa Press, García criticó la postura de una “derecha que sigue apoyando guerras ilegales e ilegítimas, como la que ha impulsado Estados Unidos e Israel”. Recordó los hechos posteriores al atentado, señalando que “la derecha está donde siempre ha estado, siempre ha estado en el lado de la mentira. Tenemos que recordar las mentiras que sucedieron al 11 de marzo durante años intentando atribuir este acto terrorista a la banda terrorista ETA”.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, declaró que el homenaje “recuerda el rechazo que tiene el pueblo español y el pueblo madrileño hacia todas las formas de violencia, de terrorismo y de la guerra”. Espinar añadió que el acto de memoria hacia las 193 víctimas mortales del 11-M se convierte en un recordatorio sobre lo que unió en ese momento a la población española y madrileña, así como a su Gobierno. Destacó que ese sentimiento de paz se mantiene vivo en el rechazo a que la violencia altere la convivencia.

Europa Press puntualizó que en el vigésimo segundo aniversario de los atentados yihadistas del 11-M, las asociaciones de víctimas y las organizaciones sindicales centraron el mensaje del acto en la necesidad de mantener la memoria ante el peligro de que se repitan errores del pasado. También pidieron la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la solidaridad frente a la violencia. Para la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, el acto reforzó el rechazo colectivo a la guerra y remarcó la exigencia de un compromiso firme con la paz y la convivencia en la sociedad.

Durante el acto de homenaje a las víctimas del 11M, Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, dirigió un mensaje a los empresarios instándolos a sumarse a iniciativas de protección social en lugar de solicitar reducciones de impuestos, especialmente en el contexto de la crisis internacional derivada del conflicto en Irán. De acuerdo con lo publicado por diversos medios y destacado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, García centró sus palabras en la propuesta de Juan Roig, presidente de Mercadona, quien sugirió recientemente aplicar una rebaja del IVA de los alimentos al 0% ante la inestabilidad provocada por la guerra en Oriente Próximo. En el evento, organizado junto con los sindicatos CC.OO. y UGT, García cuestionó que tales exigencias tributarias provengan de responsables empresariales cuyos resultados anuales reportan beneficios de 1.500 millones de euros.

Según detalló el medio, la titular de Sanidad expuso que las circunstancias actuales requieren que quienes encabezan grandes empresas asuman responsabilidades solidarias ante la sociedad, en vez de centrarse únicamente en ventajas impositivas. "Esos mismos empresarios podían ponerse del lado de la paz y podían ponerse del lado de la protección y de los escudos sociales de la ciudadanía", afirmó durante su intervención. García calificó de estratégica la decisión sobre el papel que desempeñan estas compañías, remarcando que algunos actores económicos se benefician de situaciones de inestabilidad y guerra.

Tal como consignó la fuente original, las palabras de la ministra incluyeron una crítica explícita a determinados sectores empresariales por adoptar posturas que, según su interpretación, se colocan sistemáticamente de espaldas a las necesidades de la población, como ocurrió en el pasado con el salario mínimo interprofesional. García afirmó: "A esos empresarios les esperamos también en el lado bueno de la historia", en referencia a la expectativa de que asuman un rol más constructivo en circunstancias adversas.

El acto sirvió también para que la representante del Ministerio de Sanidad dirigiera críticas hacia los partidos de derecha, a quienes responsabilizó de haber votado en contra del decreto del escudo social. Según García, este conjunto de medidas habría facilitado la contención de la escalada de precios y contribuido a proteger a la población ante determinados abusos por parte de quienes, dijo, pretenden sacar rédito de tragedias colectivas. En su alocución, subrayó la relevancia de mantener estrategias gubernamentales que prioricen la defensa de la ciudadanía ante contextos de conflicto y presión económica.

El medio puntualizó que García expresó confianza en que el Ejecutivo impulsará próximamente un nuevo escudo social centrado en el derecho a la vivienda. Manifestó su intención de promover acciones que permitan la prórroga de contratos de alquiler y eviten los desahucios como una de las primeras medidas para garantizar la protección de la sociedad. "Vamos a seguir empujando para que el gobierno haga medidas para prorrogar esos contratos de alquiler y para que no se pueda desahuciar a nadie en este país como una primera medida para proteger a los ciudadanos", insistió la ministra, reiterando el compromiso de presionar al Gobierno para ampliar las medidas existentes.

Al concluir su intervención, García valoró la postura del Ejecutivo ante el conflicto internacional de Irán, señalando que el Gobierno defendió abiertamente el lema 'No a la guerra' y, según la ministra, actuó así atendiendo al sentir mayoritario de la sociedad española. Según recopiló la fuente, la ministra subrayó que la respuesta oficial ante la escalada bélica se ha alineado con la demanda de protección social y pacifismo que atribuye a la ciudadanía.

El evento, convocado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo con el respaldo de CC.OO. y UGT, se desarrolló como espacio de memoria y reivindicación, donde la titular de Sanidad aprovechó para trasladar el debate social y económico al primer plano de la agenda política, reclamando una mayor implicación de los distintos sectores empresariales en la defensa de los intereses colectivos frente a periodos de incertidumbre.

El día del aniversario del atentado del 11 de marzo ha estado marcado por un firme reclamo sobre el papel del gobierno español en los acontecimientos que antecedieron y sucedieron a la guerra de Irak. Según publicó Europa Press, integrantes destacados del espacio progresista expresaron críticas contra la gestión de José María Aznar, colocando en el centro del debate las decisiones tomadas en el periodo previo y posterior al ataque, en el que fallecieron 193 personas.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló directamente las declaraciones del Ejecutivo de entonces, subrayando la necesidad de recordar tanto a las víctimas como a quienes, desde el poder, distorsionaron la verdad. En un mensaje en la red social Bluesky, Díaz afirmó que el 11 de marzo se vivió “el miedo y el silencio” y, después, “la rabia al conocer las mentiras del gobierno de Aznar”, destacando además el papel de la ciudadanía, a la que describió como comprometida. Díaz afirmó además: “Recordar a las víctimas y señalar a los responsables es hacer justicia”.

Europa Press sostuvo que otros miembros del ejecutivo, también vinculados con Sumar y con cargos en distintos ministerios, urdieron intervenciones públicas alusivas a la guerra de Irak y el impacto que generó en la sociedad española. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, hizo una referencia explícita a la campaña ciudadana que utilizó la consigna 'No a la guerra', argumentando que hace 22 años “las consecuencias de otra guerra ilegal se llevaron la vida de 192 personas” y subrayando que, al recordar el atentado, renovaban ese rechazo a la implicación bélica exterior con un “alto y claro: 'No a la guerra'”.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, también difundió mensajes recordando el impacto del atentado y el significado de esa fecha para la sociedad madrileña. Según recogió Europa Press, García insistió en el homenaje a las víctimas y remarcó la respuesta solidaria de la población, aludiendo a la firmeza en condenar las guerras y “las mentiras que las justifican”.

En el mismo tono, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que el paso de los años no ha borrado la memoria del “trágico 11M”. Europa Press consignó que Rego compartió a su vez el mensaje de Izquierda Unida, organización de la que es militante, donde se reafirma una posición clara contra la guerra y donde se describe el 11 de marzo como una tragedia que puso a prueba a la sociedad, resultando en una reacción que mezcló solidaridad, dignidad y voluntad de paz.

El medio Europa Press detalló, asimismo, el pronunciamiento del movimiento Sumar a través de su cuenta oficial en Bluesky. Sumar reiteró el recuerdo de las 193 víctimas del atentado y mencionó “los 22 años de silencio del PP”, vinculando directamente la experiencia del 11M con las consecuencias del conflicto de Irak. El mensaje concluyó: “La guerra de Irak tuvo consecuencias. Recordar también es decidir qué no repetir”.

Según las publicaciones a las que accedió Europa Press, los líderes progresistas pusieron en primer plano la insistencia en la verdad histórica, la importancia de la memoria colectiva y la exigencia de justicia tanto para las víctimas del atentado como para quienes consideran que contribuyeron, desde la esfera gubernamental, al conflicto internacional que rodeó la tragedia.

Fuentes del Partido Popular han manifestado preocupación ante el riesgo de sobrecarga que, a su entender, supone la reciente aprobación de la atención sanitaria pública universal para inmigrantes en situación irregular. Según reportó el medio, el PP afirma que la nueva normativa puede comprometer la viabilidad de hospitales y centros de salud, criticando la falta de recursos económicos y humanos para mantener la calidad del sistema.

De acuerdo con la información publicada, el PP sostiene que la atención a cualquier persona necesitada forma parte del carácter humanitario y del espíritu que históricamente define el sistema público de salud de España. Sin embargo, matizó que consideran erróneo “convertir la irregularidad en un derecho”. El partido subraya que garantizar asistencia sanitaria no equivale a normalizar la situación administrativa de los inmigrantes y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de “confundir deliberadamente ambas cosas”.

El PP argumenta que la aproximación del ejecutivo a la política migratoria se basa en la premisa equivocada de considerar normal la presencia de personas en situación irregular en el país. Según los populares, este enfoque constituye el origen principal del problema, puesto que, a su juicio, el nuevo decreto amplia derechos en un contexto donde, denuncian, el sistema sanitario “está al límite”. Insisten en que las listas de espera presentan cifras elevadas, los profesionales muestran signos de saturación y las comunidades autónomas asumen la gestión casi exclusivamente.

En opinión de los representantes de la oposición, estos factores derivan en que la aprobación del real decreto tensiona aún más el sistema, bloqueándolo y agravando el deterioro progresivo que, denuncian, sufren los servicios públicos. Según publicó el medio, el PP atribuye el colapso a la conjunción de dos problemáticas: la falta de control efectivo sobre la inmigración irregular y el desgaste de los recursos sanitarios.

Las críticas del Partido Popular también alcanzan la gestión presupuestaria del Gobierno, al que acusan de no haber presentado cuentas para el sector y de no haber incrementado de forma suficiente las plazas para Médicos Internos Residentes (MIR). En este sentido, detallan que la falta de profesionales médicos limita la capacidad del sistema para responder al aumento de demanda. “Ahora se saca de la manga nuevas prestaciones sin planificación ni financiación”, señalaron fuentes del partido, según consignó el medio.

El PP reclama tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la ministra de Sanidad, Mónica García, que cesen en el uso partidista del Ministerio de Sanidad y que dejen de convertir los servicios sanitarios en motivo de conflicto político. En su declaración, el partido reclama que “los españoles necesitan un Gobierno centrado en los problemas reales del sistema: más profesionales, financiación suficiente y planificación para garantizar una sanidad pública de calidad en toda España”.

El medio destacó que, pese al tono crítico, el PP reitera el compromiso de España con la atención a quienes lo requieren, reafirmando la vocación humanitaria del sistema nacional de salud. Por último, los populares insisten en que su preocupación radica en la necesidad de mantener los estándares de calidad y sostenibilidad de la sanidad pública, reclamando una gestión que, a su entender, priorice recursos, planificación y refuerzo de plantillas por encima de nuevos derechos que pongan en tensión los servicios existentes.

El nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros introduce la posibilidad de obtener atención sanitaria pública desde la presentación de la solicitud en los centros de salud, lo que permite que la asistencia comience sin demoras. Según informó el Ministerio de Sanidad, la medida busca eliminar los obstáculos burocráticos mediante la aceptación de una declaración responsable y diversifica las formas de acreditar la residencia en España. De este modo, la norma establece que el acceso a la sanidad pública se convierta en la opción por defecto para todas las personas residentes en el país.

De acuerdo con el medio, la ministra de Sanidad, Mónica García, acudió a la presentación de este decreto destacando que el texto representa un "paso decisivo" para conseguir que la universalidad de la cobertura sanitaria sea efectiva y plena. García subrayó que la aprobación del decreto se produce en un contexto marcado por el avance de la ultraderecha, el racismo y las medidas de exclusión en distintos países del entorno, y situó la decisión del Ejecutivo dentro de una estrategia más amplia para fortalecer la cohesión y la protección social en España.

En declaraciones difundidas por el Ministerio de Sanidad, recogidas por el medio, Mónica García señaló: "Convertimos el acceso a la sanidad en una opción por defecto y reafirmamos un principio que es muy sencillo: la sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país". Según reportó el medio, la ministra hizo referencia directa a la situación generada en 2012, cuando el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy modificó el modelo, restringiendo el acceso y excluyendo a miles de personas en situación irregular de la sanidad pública, lo que, en palabras de García, rompió la universalidad del sistema sanitario español.

El medio detalló que el nuevo decreto simplifica la acreditación del derecho mediante una declaración responsable y amplía las posibilidades de demostrar la residencia, lo que —según la ministra— elimina la complejidad administrativa que hasta ahora dificultaba el acceso a quienes se encontraban en situación irregular. De acuerdo con las comunicaciones oficiales difundidas por el Ministerio y recogidas por el medio, otra novedad clave es que la asistencia sanitaria se iniciará en el mismo momento en que se presente la solicitud, evitando así momentos de desprotección mientras se resolvía el trámite.

La ministra, citada por el medio, afirmó: "Evitar obstáculos y hacer que el reconocimiento del derecho a la sanidad sea la opción por defecto" constituye el eje del Real Decreto, priorizando la protección de la salud como bien común. García expresó que la sanidad pública española se fundó sobre la premisa de que la salud concierne a toda la sociedad y recalcó que crear barreras al acceso repercute sobre la cohesión, la convivencia y la dignidad colectivas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio y detallada por el medio, la ministra volvió a recordar que el actual Gobierno ya impulsó medidas como la regularización extraordinaria para otorgar estabilidad y derechos a personas migrantes, igual que lo hace con la reforma sanitaria. En el acto, la titular de Sanidad enfatizó la posición del Ejecutivo frente a propuestas que abogan por deportaciones y exclusión, y remarcó la diferencia entre las políticas de su gobierno y las que apuestan por el cierre de fronteras.

La ministra, en una intervención recogida por el medio, afirmó que "la solidaridad es también la mejor vacuna contra el miedo, el racismo y el odio". Finalizó sosteniendo la apuesta de España por el cuidado y la garantía del derecho a la salud, transmitiendo el mensaje de que nadie debe sentir temor al solicitar asistencia médica dentro del territorio nacional.

El medio subrayó así el objetivo gubernamental de fortalecer la igualdad y la protección social a través de políticas inclusivas, dirigidas especialmente a quienes hasta ahora enfrentaban dificultades administrativas para acceder al sistema sanitario público. La publicación remarcó que la aprobación del Real Decreto forma parte de un conjunto de medidas que buscan reafirmar el principio de universalización y reducir las diferencias de trato para los residentes en España, independientemente de su situación administrativa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) resaltó que los médicos que convocaron la huelga nacional buscan proteger tanto sus derechos laborales como la seguridad en la atención a los pacientes, una postura que contrasta con las declaraciones recientes de la ministra de Sanidad, Mónica García. Según informó el medio, la CESM exigió que la titular de Sanidad rectificara después de que acusara a los médicos de utilizar a los pacientes como “rehenes” dentro del actual conflicto generado por el borrador del nuevo Estatuto Marco.

El sindicato, según consignó el artículo, calificó de “indignas” las palabras elegidas por la ministra y explicó que recurrir a expresiones como “rehenes” implica atribuir un rol de “secuestrador” al personal médico, algo que la organización rechaza y considera incorrecto. La CESM insistió en que los profesionales acuden a la huelga en respuesta a la negativa del ministerio a atender lo que describen como reivindicaciones clave relativas a condiciones laborales y calidad asistencial dentro del Sistema Nacional de Salud.

Tal como publicó el medio, la organización sindical insistió en que los médicos en huelga ejercen un derecho constitucional. Remarcaron que la convocatoria a los paros para los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo responde a la necesidad de defender la calidad asistencial y el futuro del sistema sanitario público, ambos afectados por las condiciones en las que hoy trabajan médicos y facultativos. Asimismo, la CESM resaltó que estos profesionales exigen la aprobación de un estatuto específico para la profesión médica y facultativa.

Según detalló el medio, en relación a la situación de las negociaciones, la CESM negó que su estrategia se limite exclusivamente al conflicto o a la confrontación. El sindicato puntualizó que nunca ha dejado de abrir puertas al diálogo con el Ministerio de Sanidad y recordó que fue este departamento, en la figura del secretario de Estado Javier Padilla, quien interrumpió de manera unilateral la negociación en diciembre pasado. Desde entonces, añadieron, no se ha reanudado el contacto con el comité de huelga, a pesar de los repetidos requerimientos del sindicato.

El mismo medio mencionó que la Confederación considera que el actual contexto deriva directamente de la falta de respuesta del Gobierno a las principales demandas de los médicos. Entre estas demandas figuran la mejora de las condiciones laborales, una actualización del marco normativo y el establecimiento de garantías suficientes para la protección de la calidad y la seguridad asistencial.

En su pronunciamiento, la CESM advirtió sobre el riesgo de que el conflicto y las declaraciones institucionales desemboquen en una estigmatización de los médicos ante la opinión pública, una situación que, señalan, puede perjudicar no solo a los profesionales sino también a la percepción ciudadana sobre la sanidad pública. La organización reclamó a la ministra de Sanidad una rectificación pública y una disculpa por las afirmaciones, argumentando que los facultativos actúan de acuerdo con los procedimientos democráticos y constitucionales y no como actores de un conflicto asimétrico.

La convocatoria de los paros y la exigencia de un estatuto propio para la profesión médica forman parte, según recopiló el medio, de un proceso de movilización a escala nacional, que busca involucrar tanto a médicos como a facultativos de todo el país. La CESM sostiene que solo con mejoras en la normativa y las condiciones laborales podrá garantizarse una atención sanitaria de calidad y la sostenibilidad del sistema público en el futuro.

De acuerdo con la información publicada, el sindicato reiteró su disposición a retomar el diálogo en cualquier momento y criticó la persistencia de una postura que, en su opinión, pone en riesgo el entendimiento necesario para resolver las diferencias existentes entorno al Estatuto Marco.

En la declaración de la ministra de Sanidad, se puso de relieve que gran parte de las discrepancias con los sindicatos médicos han quedado reflejadas en los textos legales existentes, e incluso algunas cuestiones aún pendientes se incorporarán a normativas en preparación, como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Con ello, la ministra Mónica García expuso que desde el Gobierno se han impulsado esfuerzos para encauzar las demandas médicas dentro del marco normativo, e instó a identificar soluciones que permitan superar el conflicto laboral, evitando nuevas huelgas que podrían afectar la atención sanitaria a los pacientes.

Según informó el medio, la ministra García solicitó abiertamente a las organizaciones sindicales del sector médico que mantuvieran el diálogo y no situaran a los pacientes "como rehenes". Su llamamiento surge a raíz de la huelga convocada desde febrero y que se prevé continúe en la tercera semana de marzo, siendo una medida de protesta frente al borrador del nuevo Estatuto Marco. García explicó que la semana anterior se alcanzó un acuerdo para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Foro de la Profesión Médica, donde participa el propio Comité de Huelga.

El medio detalló que la ministra subrayó la labor de negociación ya desarrollada, afirmando que todas las demandas "legalmente posibles" por parte de los profesionales médicos han sido recogidas en el Estatuto Marco. No obstante, indicó que las agrupaciones sindicales no presentaron una contrapropuesta para intentar desactivar la huelga. Según García, estos sindicatos consideran el conflicto y la huelga como el único camino disponible, mientras que el Ministerio sigue defendiendo el diálogo y el consenso, tras mantener conversaciones durante más de un año con todos los sindicatos representados en el Comité de Huelga.

En las declaraciones recogidas por el medio, la ministra enfatizó la amplitud de la negociación abierta. Apuntó que, más allá del Estatuto Marco, se ha propuesto ampliar la discusión a otras regulaciones clave, entre ellas el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con la finalidad de dar cabida a las últimas demandas pendientes del colectivo. García indicó que algunas reivindicaciones podrán contemplarse en futuras actualizaciones de la LOPS y en otros conjuntos legislativos, como parte de un proceso para resolver el malestar existente en la profesión médica.

El medio informó que, según García, el descontento manifestado por los médicos va más allá de las condiciones estrictamente laborales, ya que involucra cuestiones de desarrollo profesional y aspectos vinculados con la clasificación profesional, cuya revisión podría incorporarse a la LOPS. La ministra recalcó que las propuestas presentadas por el Ministerio "han llegado hasta el límite legal del Estatuto Marco", resaltando que la capacidad de acción normativa a nivel estatal encuentra límites legales impuestos por la legislación vigente.

Tal como publicó el medio, la ministra defendió la postura del Ministerio de Sanidad, subrayando la voluntad de encontrar vías de salida al conflicto que permitan preservar el derecho de los pacientes a acceder a la atención médica sin verse afectados por los paros laborales. García remarcó la disposición del Gobierno para mantener canales de interlocución abiertos y llamó a los sindicatos a buscar alternativas a la huelga mediante propuestas que puedan integrarse en el marco legal, con el objetivo de resolver de manera efectiva las preocupaciones del personal médico y asegurar la estabilidad del sistema sanitario.

El Comité de Huelga de los médicos ha realizado en las últimas horas una petición oficial de reunión urgente al Ministerio de Sanidad y ha enviado documentación orientada a facilitar un proceso de negociación, según informó el propio órgano en un comunicado. La principal exigencia del Comité se centra en que cualquier diálogo formal para intentar concluir la huelga y las movilizaciones en curso debe realizarse exclusivamente con este órgano, y no con el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), entidad que solo cumple un rol consultivo en este conflicto.

Tal como reportó el Comité y recogió el texto oficial difundido, se difundieron en las horas recientes varios comunicados públicos que afirmaban erróneamente que ya había comenzado una negociación entre el Ministerio encabezado por Mónica García y el FPME. Ante esto, la representación de los trabajadores subrayó ante el Ministerio la necesidad de realizar varias aclaraciones, destacando que ni el Foro ni ninguna de sus organizaciones integrantes —entre las que se encuentran el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)— tienen capacidad para formalizar acuerdos respecto a la huelga. De acuerdo con lo consignado en el comunicado, el Comité agradece el apoyo del FPME a las movilizaciones y a la huelga, pero aclara que el Foro no las convocó ni participa en la negociación que podría terminar con estos paros.

En relación a la ronda de contactos que tuvo lugar, el Comité describió una reunión entre representantes del FPME y la ministra de Sanidad, Mónica García, en la cual esta última expresó apertura a continuar las negociaciones con el colectivo médico en caso de que se suspendieran las movilizaciones y la huelga vigente. Según detalló el Comité de Huelga, en ese mismo encuentro se precisó que el único mecanismo válido para negociar una salida al conflicto es a través del propio Comité y que cualquier suspensión de medidas debe contar con la decisión de la CESM, que tiene alcance nacional y coordina las acciones con el Comité de Huelga.

El comunicado del Comité indica, además, que esta propuesta del Ministerio se remitió a los sindicatos agrupados dentro de la CESM y del Comité de Huelga, quienes debían considerarla y definir una respuesta. No obstante, el Comité de Huelga asegura que antes de que estas organizaciones pudieran valorar la oferta, el Ministerio publicó una nota de prensa estableciendo que el proceso de negociación ya estaba en marcha. Según publicó el Comité, entre el Ministerio y el FPME únicamente existe un diálogo institucional conforme a las funciones que competen a ambos organismos, descartando en todo momento que se haya abierto ya una negociación sobre la convocatoria o la eventual suspensión de movilizaciones y huelgas.

El Comité de Huelga remarcó que desea dejar sin lugar a equívocos, negando de manera unánime la existencia de negociaciones abiertas con el Ministerio en este momento, y recordando que ese órgano es la única instancia con legitimidad legal para negociar en representación de los trabajadores médicos respecto a este conflicto concreto, cuyo trasfondo es la reforma del Estatuto Marco.

En el marco de esta situación, el Comité de Huelga reiteró que se mantiene a la espera de una convocatoria formal por parte del Ministerio de Sanidad para abrir un proceso de negociación real. El órgano detalló que durante los últimos días se remitió documentación específica con el objetivo de avanzar en esta dirección. Al mismo tiempo, trasladó una petición oficial para la celebración de una reunión urgente este mismo viernes, buscando propiciar avances que puedan conducir a un acuerdo.

Finalmente, el comunicado difundido por los representantes de los trabajadores solicita al Ministerio de Sanidad que formule una oferta concreta y específica para la negociación, superando las declaraciones públicas que, según los médicos, se han limitado a manifestar disposición al diálogo sin aportar propuestas definidas. El Comité considera que una oferta tangible es imprescindible para que exista la posibilidad real de desbloquear el conflicto laboral y determinar un posible cese de la huelga y de las movilizaciones convocadas.

El marco de cooperación abarca desde el intercambio de buenas prácticas en nutrición y publicidad alimentaria hasta la realización de ejercicios conjuntos de simulación para responder a amenazas transmitidas por vectores. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, España y Portugal han formalizado este viernes dos memorandos de entendimiento durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en Huelva, con el objetivo de fortalecer la colaboración en la lucha contra la obesidad y en la preparación frente a emergencias de salud pública.

Según informó el Ministerio de Sanidad, la ministra española Mónica García y su homóloga portuguesa Ana Paula Martins encabezaron la firma de estos acuerdos, en los que también participó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Entre los compromisos destaca la promoción de una alimentación adecuada, saludable y sostenible, así como la prevención y tratamiento de la obesidad, dando un énfasis especial a la obesidad infantil.

El medio oficial detalló que el primer memorando pone el foco en políticas públicas orientadas a la nutrición y en la mejora de los entornos alimentarios en centros públicos. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos técnicos, experiencias y buenas prácticas, así como la reformulación de alimentos, la supervisión de la publicidad alimentaria, el fomento de la lactancia materna y la aplicación de medidas fiscales para facilitar hábitos de vida saludables. Como parte de esta estrategia, ambos países se comprometen a impulsar la investigación conjunta, programas formativos para los profesionales del sector y la evaluación continua de las políticas públicas desplegadas.

Por su parte, el segundo memorando se centra en reforzar la cooperación en vigilancia epidemiológica, ambiental y entomológica, así como en el estudio de enfermedades transmitidas por vectores. Según publicó el Ministerio de Sanidad, las actividades previstas contemplan la armonización de los sistemas de vigilancia epidemiológica entre España y Portugal, con la finalidad de establecer métodos comunes y compartir información de manera más eficaz. También se prevé fortalecer la formación conjunta de personal sanitario y científico, facilitar el intercambio de expertos y desarrollar ejercicios de simulación coordinados en zonas fronterizas para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

El acuerdo contempla además la creación de mecanismos de alerta temprana que permitan una notificación rápida ante la aparición de amenazas a la salud pública vinculadas a las enfermedades transmitidas por vectores. Estas iniciativas pretenden incrementar la preparación y respuesta de ambos países frente a brotes o emergencias transfronterizas.

El Ministerio de Sanidad ha subrayado que la firma de estos memorandos permitirá consolidar la coordinación y cooperación bilateral en áreas estratégicas de salud pública, favoreciendo la prevención de enfermedades relacionadas con los estilos de vida y el fortalecimiento de la respuesta conjunta ante situaciones de crisis sanitaria. Como parte del procedimiento, las autoridades sanitarias de ambos países intercambiarán experiencias sobre la gestión de políticas públicas y colaborarán en la implementación de proyectos comunes para mejorar el bienestar de la población.

El encuentro bilateral entre la ministra Mónica García y su homóloga portuguesa Ana Paula Martins se desarrolló en el contexto de la cumbre celebrada en Andalucía, donde ambos países refrendaron la importancia del trabajo conjunto para afrontar retos compartidos en el ámbito sanitario. Las medidas adoptadas buscan no solo responder a amenazas inmediatas, sino avanzar hacia sistemas de salud más resilientes y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía ibérica.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, subrayó que el rechazo a la intervención militar y a la imposición de intereses externos marca una parte esencial de la identidad política y social reciente de España. Según consignó el medio que dio cobertura, García defendió que la sociedad española ha demostrado en repetidas ocasiones su oposición a la guerra, posicionándose en favor de la paz y el respeto al derecho internacional, en contraste con lo que considera la actitud de los líderes de los partidos de oposición, Partido Popular (PP) y Vox.

De acuerdo con las publicaciones detalladas por medios nacionales, García respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había calificado a España como un “país perdedor” y le acusó de ser “muy hostil” hacia la OTAN. Trump también criticó que España se mantiene como el único país aliado que se resiste a destinar el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto militar, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de medidas de represalia. La ministra, a través de sus redes sociales, reivindicó que España, hace 23 años, expresó su rechazo a la guerra de Irak con multitudinarias manifestaciones en las calles. “Trump dice que España es ‘una perdedora’, pero hace 23 años salimos a la calle para decir ‘No a la guerra’. Hoy, desde el Gobierno de España, seguimos uniendo nuestra voz a quienes quieren paz y prosperidad en el mundo”, afirmó, según publicó el medio.

Además, la líder de Más Madrid vinculó esta postura a la respuesta actual del Ejecutivo español frente a crisis internacionales, señalando la reciente ofensiva en Irán como ejemplo de la posición estatal en favor de la paz y la prosperidad. García afirmó que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representan lo que denominó “el lado perdedor de la historia”, dando a entender que defienden intereses ajenos a los del país. Según reportes difundidos, la ministra enfatizó que ellos "volverán a demostrar" esa orientación y que no reflejan la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española ante los conflictos armados.

En su declaración, y de acuerdo con lo reportado por la prensa, la ministra adjuntó un video donde sostiene que la nación “no está para ser servil a ningún interés extranjero”. García recordó la “foto de las Azores”, en la que el expresidente José María Aznar posó junto a George W. Bush y Tony Blair en 2003, un suceso ampliamente recordado por representar el respaldo de España a la intervención militar en Irak. Argumentó que esa decisión implicó involucrar al país en una “guerra ilegal” cuyos efectos, según la ministra, fueron años prolongados de terror y caos. “Millones de españoles salimos a la calle para decir alto y claro no a la guerra”, recordó en su mensaje, destacando el peso de aquella movilización social y su significación histórica.

En la valoración expresada por García, ahora España vuelve a acaparar atención internacional, pero –enfatizó– por motivos opuestos a los de hace dos décadas. Remarcó que hoy el país es visto como un ejemplo por defender la legalidad internacional y por tener una posición reconocida como referente en el “no a la guerra”. De acuerdo con lo recogido por el medio original, García denunció que si dependiera de Feijóo, Ayuso y Abascal, España repetiría su papel de hace veinte años, aunque “esta vez con Trump” en lugar de Bush y Blair.

La tensión generada por las declaraciones de Trump sobre España y el debate abierto entre las distintas fuerzas políticas españolas sobre el papel del país en la relación transatlántica y la OTAN sigue ocupando un lugar central en la agenda pública. Según recuerdan varias crónicas, la postura de España respecto al gasto militar y la intervención extranjera ha sido motivo de discusiones en el seno de la Alianza Atlántica y entre los principales partidos. En este marco, la posición del actual Ejecutivo en favor de la paz se presenta, tal como consignó el medio, como un mensaje de reafirmación frente a quienes, según García, “querrían ver de nuevo a España en la foto de las Azores, ahora con Donald Trump”.

Durante un encuentro con profesionales de la salud organizado por Europa Press en el Foro Hospiten, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, comunicó que el Ministerio está diseñando herramientas en colaboración con las comunidades autónomas y el respaldo de la Organización Mundial de la Salud para ajustar tanto la cantidad como la formación de las enfermeras conforme a la complejidad de los cuidados requeridos por la población. Esta iniciativa busca pasar de una asignación uniforme de personal a una basada en la intensidad y necesidad real de los cuidados, un aspecto que depende tanto de factores clínicos como del contexto social en el que se encuentra cada paciente. La ministra subrayó con estas declaraciones la importancia de abordar los determinantes sociales en la planificación sanitaria, con el objetivo de garantizar cuidados seguros y apropiados para cada situación, según informó Europa Press.

El medio Europa Press detalló que, durante su intervención, García aseguró que la futura ley del medicamento constituirá una herramienta decisiva para otorgar seguridad jurídica a la práctica de la prescripción enfermera en el sistema nacional. Según explicó la ministra, esta ley no introduce un cambio en la práctica clínica habitual, pues la indicación y el uso de ciertos medicamentos por parte de las enfermeras ya se registran en el ámbito sanitario. No obstante, el nuevo marco legal pretende consolidar de manera explícita esta realidad, otorgando reconocimiento y respaldo jurídico siempre fundamentado en la evidencia clínica.

Durante el encuentro, la ministra señaló la necesidad de reconocer la evolución experimentada por la profesión enfermera, no solo en su formación académica sino también en el desarrollo de sus capacidades y en el impacto que su trabajo tiene dentro del sistema de salud. En ese sentido, García anunció próximos avances como el nuevo Estatuto Marco, al que consideró un paso relevante hacia una clasificación profesional más equitativa y en la mejora de las condiciones laborales del colectivo, detalló Europa Press.

La ministra sostuvo que cuidar el Sistema Nacional de Salud exige proteger y fortalecer a quienes se encargan de los cuidados, lo que pasa por reconocer su aportación profesional y dotarles de recursos adecuados. García afirmó: “Si queremos que nuestro Sistema Nacional de Salud siga siendo uno de los grandes patrimonios y colectivos de este país, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar a las personas que nos cuidan. Y este cuidado también empieza por sostener y cuidar a las personas que se encargan de los cuidados”.

Por otra parte, Europa Press explicó que la escasez de profesionales de enfermería representa un desafío compartido en el ámbito internacional y europeo. En respuesta, el Ministerio de Sanidad trabaja en líneas alineadas con iniciativas globales para atraer y fidelizar talento en el sector, planificando la plantilla en función de la intensidad de los cuidados requeridos y no solo en la situación clínica individual, lo que implica tomar en cuenta factores como el entorno social del paciente.

En relación al reconocimiento de las enfermeras, la titular de Sanidad mencionó la importancia de que estas profesionales participen en la toma de decisiones sobre los cuidados en los diferentes órganos directivos, destacando que esas decisiones no pueden efectuarse sin la participación activa de quienes están directamente implicadas en las tareas de atención y cuidado. "Desde el Ministerio de Sanidad vamos a seguir trabajando con diálogo pero también con muchísima ambición para reconocer todo el talento, para ordenar mejor nuestros recursos asistenciales, para ofrecer seguridad jurídica y para situar los cuidados en el lugar que corresponden, porque el futuro del sistema sanitario será con más cuidados, con más trabajo en equipo o no será", afirmó García, según publicó Europa Press.

La ministra reiteró el compromiso de su departamento de continuar impulsando el diálogo y la ambición para fortalecer la posición de la enfermería en el sistema sanitario español, dotando de mayor reconocimiento su labor y asegurando mejores condiciones tanto laborales como estructurales dentro del Sistema Nacional de Salud, reportó Europa Press. García enfatizó que la evolución y mejora del sector se vincula al desarrollo profesional de las enfermeras, a la justa valoración de su trabajo y a la adaptación de los recursos humanos según las demandas derivadas de la complejidad de los cuidados.

Finalmente, la intervención de la ministra, basada en información consignada por Europa Press, reseñó medidas orientadas a crear una estructura asistencial más justa, integrada y reconocida, y subrayó la urgencia de avanzar en la presencia activa de la enfermería en la toma de decisiones, tanto en beneficio del colectivo profesional como del conjunto del sistema sanitario.

La historia de Elena, una joven de 21 años con síndrome de Sanfilippo, cuya madre médica luchó durante años en busca de un tratamiento, ejemplificó durante el acto celebrado en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló las dificultades y desafíos que enfrentan familias y pacientes afectados por enfermedades poco frecuentes en España. Este testimonio sirvió como punto de partida para las demandas expuestas en el evento organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), en el marco del 'Día Mundial de las Enfermedades Raras', y que contó con la presencia de la reina Letizia. Según consignó el medio, la reina subrayó la necesidad de garantizar la equidad tanto en el diagnóstico como en el acceso a tratamientos y en la investigación científica, destacando que solamente bajo estas condiciones la inclusión se convierte en una estructura que reconoce derechos fundamentales.

Letizia puso el foco en la importancia de que, cuando la equidad se garantiza en el sistema sanitario, la inclusión deja de ser un ideal abstracto y pasa a formar parte integral de las instituciones y procedimientos, lo que se traduce en un reconocimiento efectivo de los derechos de las personas afectadas. El medio detalló que la monarca aprovechó el relato de Elena para ilustrar las consecuencias de la falta de equidad en el acceso a la atención sanitaria. Elena logró recibir un diagnóstico en su infancia, algo poco habitual en estos casos, y tuvo la posibilidad de incorporarse a un ensayo clínico con enzimas específicas desarrollado en Pittsburgh, Estados Unidos, tras múltiples esfuerzos familiares y una larga travesía en busca de alternativas, pero la falta de recursos económicos provocó su retorno a España. Ya de vuelta, su madre recorrió diferentes centros sanitarios españoles que, si bien ofrecen investigación de calidad y nuevas opciones de tratamiento, enfrentan limitaciones presupuestarias y obstáculos en la disponibilidad de medicamentos y recursos especializados, lo que evidenció, según la reina, la urgencia de incentivar nuevas políticas públicas e inversión en ciencia.

Durante su intervención, Letizia hizo extensivo su reconocimiento a todas las personas que intervienen en el cuidado, la investigación, la toma de decisiones y la gestión institucional vinculadas a las enfermedades raras, desde los familiares de los pacientes hasta los profesionales de la industria farmacéutica y quienes legislan y diseñan políticas de salud. El medio reportó que la reina enfatizó que, aunque en España se han producido avances notables en la materia, persisten desafíos significativos para garantizar que ninguna familia quede desprotegida y que la equidad sea una realidad para todos los pacientes, independientemente de la rareza de su patología.

La ministra de Sanidad, Mónica García, intervino en el encuentro para reseñar las dificultades y preguntas sin respuesta que acompañan a pacientes y familiares a lo largo del proceso de búsqueda de un diagnóstico y acceso a tratamiento, según publicaron los medios presentes. García insistió en el valor de la ciencia como pilar fundamental para responder a las necesidades de quienes conviven con enfermedades poco frecuentes, aunque reconoció que no siempre puede aportar certezas inmediatas. Definió la labor científica como una cadena de investigación que, al buscar soluciones para este tipo de enfermedades, impulsa también avances y terapias innovadoras que resultan útiles en patologías más comunes. “Son las enfermedades raras las que abren la puerta a las nuevas terapias”, expresó la ministra, reforzando la relevancia de invertir en investigación traslacional y garantizar recursos para abordar todo el espectro de patologías presentes en la sociedad.

García también hizo referencia al sistema nacional de salud, que calificó como robusto e incluyente, aunque matizó que requiere profundizar su transformación estructural para superar deficiencias identificadas. Según informó la ministra y recogió el medio, el actual Gobierno ha incrementado la cobertura de los programas de cribado neonatal, ampliando el número de enfermedades detectadas en recién nacidos de siete a veintitrés, y trabaja en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Además, el Ministerio de Sanidad respalda la primera resolución de la Organización Mundial de la Salud que impulsa la creación de una red internacional orientada al cuidado y la defensa de las personas con este tipo de diagnósticos.

Como responsable autonómico, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destacó la implicación del sistema público de salud valenciano en el avance de la atención a pacientes con diagnósticos poco frecuentes. Según consignó el medio, Pérez Llorca detalló que en la Comunitat Valenciana se encuentran cerca de 8.300 personas diagnosticadas con alguna enfermedad rara, y subrayó la reducción de los tiempos de diagnóstico gracias a las herramientas de secuenciación genética disponibles en el Hospital La Fe. El president mencionó la puesta en marcha de una red de nodos genéticos en seis hospitales de la región, lo que facilita el acceso a unidades especializadas y agiliza el proceso diagnóstico. Señaló, además, los progresos obtenidos en la atención neonatal a través del desarrollo de programas de cribado ampliado y el fomento de proyectos de investigación orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

Pérez Llorca reconoció el papel de los pacientes y sus familias como “ejemplo de dignidad y esperanza”, e hizo hincapié en que las autoridades autonómicas mantienen un compromiso activo para responder a sus necesidades mediante políticas inclusivas y sensibles. De acuerdo con la cobertura ofrecida por los medios, el jefe del Ejecutivo valenciano remarcó que los logros obtenidos en la región se deben al esfuerzo conjunto de pacientes, profesionales sanitarios e instituciones, aunque admitió que queda mucho por hacer para alcanzar una atención plenamente equitativa.

Por último, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, evocó a la escritora Carmen Martín Gaite y su reflexión sobre la fragilidad humana en la novela 'Lo raro es vivir', para señalar que la auténtica anomalía en la sociedad se encuentra en tolerar que millones de ciudadanos —en concreto, 3,4 millones en toda España, según recordó— afronten discriminación a causa de su condición de pacientes con enfermedades raras. Tal como publicó el medio, Carrasco expresó que la diversidad de experiencias vitales define a la colectividad, refiriéndose a la necesidad de eliminar cualquier forma de exclusión o vulneración de derechos entre aquellos afectados por diagnósticos infrecuentes.

Durante el acto, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) reiteró su demanda de políticas públicas inclusivas y de un mayor impulso a la investigación y a la adaptación de la atención sanitaria, ante los diversos testimonios de pacientes y familiares que relataron las dificultades para acceder a diagnósticos tempranos, tratamientos y ensayos clínicos. Según reportó el medio, tanto representantes institucionales como asociaciones presentes insistieron en la urgencia de reforzar el sistema nacional de salud y la cooperación entre instituciones, organismos científicos, pacientes, asociaciones y el sector privado, con el fin de garantizar respuestas eficaces frente a los desafíos que representan las enfermedades poco frecuentes en España.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado en una carta a la profesión médica que los problemas actuales del Sistema Nacional de Salud español tienen su origen en la falta de una planificación y coordinación adecuadas a nivel central, lo que ha conllevado, según su diagnóstico, a una gestión de recursos humanos y materiales marcada por cuellos de botella que han complicado la labor tanto de los profesionales como de los gestores. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Feijóo ha concretado su propuesta política en varios puntos, subrayando que, si llega al Gobierno, impulsará un incremento del 15% en las plantillas de médicos, lo que implicaría la incorporación de más de 26.500 profesionales al Sistema Nacional de Salud.

Según detalló Europa Press, este compromiso figura en la carta que Feijóo ha dirigido a los médicos, documento que recoge las propuestas anunciadas tras una reciente reunión con el Comité de Huelga Médica y el Foro de la Profesión Médica. Feijóo sostuvo en ese texto que "sin más médicos, no habrá menos guardias, ni mejor conciliación, ni reducción real de la jornada", y añadió que el objetivo esencial debe ser garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio.

Conforme informó Europa Press, Feijóo expresó que una de las primeras medidas de un eventual gobierno del PP consistiría en presentar, en los primeros 100 días, un nuevo modelo de planificación de recursos humanos para que las plantillas del Sistema Nacional de Salud sean adaptadas a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas actuales. Además, mostró su disposición a promover una financiación autonómica en la que el componente dedicado a sanidad se configure de manera diferenciada, argumentando que “lo que no se financia no se cumple” y defendiendo el destino del dinero público hacia necesidades fundamentales, sin que primen criterios de tipo territorial o independentista.

Europa Press consignó que la carta recoge igualmente el compromiso de Feijóo de revisar el modelo de incorporación de nuevos médicos a través de la oferta MIR, apostando por “un crecimiento sostenido anual y con un sistema de evaluación” que aporte certidumbre a los aspirantes. El dirigente popular manifestó su desacuerdo con las situaciones de incertidumbre y reclamaciones que, según él, han marcado los procesos recientes. "Todo médico que se enfrenta al examen más importante de su carrera merece certezas, no vivir un insólito proceso de incertidumbre y reclamaciones", expresó Feijóo, añadiendo que se implicará en la revisión de las condiciones laborales de los médicos en formación MIR.

De acuerdo con Europa Press, dentro del paquete de reformas planteadas, Feijóo incluyó la flexibilización de los criterios de acreditación para las unidades docentes, asegurando que el procedimiento será rápido y dará prioridad a aquellas especialidades que, en atención primaria y hospitalaria, soportan una mayor presión, como Medicina Familiar, Comunitaria y Pediatría. El presidente del PP indicó también que no solo se trata de formar a nuevos profesionales, sino de protegerles frente a la sobrecarga asistencial, la inestabilidad laboral y la falta de reconocimiento. En ese sentido, prometió un estudio sobre las cargas laborales para replantear la jornada anual, así como la implantación de mecanismos que aporten seguridad jurídica y agilidad con la finalidad de favorecer la estabilidad de los empleados en la sanidad pública.

En lo que respecta a las condiciones económicas, Europa Press relató que Feijóo anunció su intención de mejorar la remuneración y la duración de las guardias médicas. La equiparación del pago de las horas extraordinarias y ordinarias se abordará durante el primer año de legislatura, según la propuesta, y se aplicaría en su totalidad antes de finalizar el mandato parlamentario correspondiente. Entre las medidas orientadas a aliviar la carga de trabajo, Feijóo también propuso la reducción de la carga administrativa, introducción de nuevas tecnologías en los procedimientos asistenciales desde el inicio de la legislatura y la creación de una clasificación profesional que valore de manera explícita la formación, la capacitación y las responsabilidades de los médicos, estipulando que estas reformas quedarán reflejadas de manera concreta en el estatuto correspondiente y se implementarán mediante negociación directa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, replicó rápidamente a las declaraciones y propuestas del líder del PP. Según publicó Europa Press, García criticó que las regiones gobernadas por el PP apuestan por derivar servicios sanitarios a empresas privadas y aseguró que los gobiernos populares han dejado las plazas MIR en mínimos históricos. Mediante la red social X y adjuntando gráficos, García preguntó a Feijóo: "Alberto, ¿qué me estás contando de financiar la sanidad si en vuestras comunidades lo deriváis a empresas privadas, de subir las plazas MIR si las dejasteis en mínimos históricos y de mejorar las condiciones si vuestros consejeros se oponen a contratar más y pagar mejor?".

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también se manifestó en X, señalando a Feijóo que durante la gestión anterior del PP el número de plazas MIR sufrió una reducción. Padilla afirmó que los gobiernos de coalición progresistas han impulsado un aumento del 45% en estas plazas y han financiado asimismo un incremento de hasta el 15% en las plazas de grado de Medicina. Sobre la financiación autonómica específica para sanidad, Padilla recordó que la ministra de Hacienda ya ha expresado su disposición favorable a esta propuesta y sostuvo que ahora corresponde al PP apoyarla. Padilla insistió en que la política profesional en la sanidad depende de las decisiones tomadas en la década anterior y afirmó que el problema no radica en la oferta de plazas sino en la contratación efectiva, mencionando que en las comunidades gobernadas por el PP no se les da empleo tras la formación.

En el contexto del debate sobre la sanidad pública y las condiciones laborales del personal médico, Europa Press reportó que Feijóo concluyó su carta a los médicos reconociendo que afrontar el reto de transformar el sistema sanitario será, en sus palabras, uno de los mayores desafíos de su mandato en caso de asumir la presidencia del Gobierno. Sostuvo que del éxito de estas políticas depende la continuidad del modelo de bienestar social. Todas estas propuestas han sido anunciadas tras su encuentro con representantes de la profesión médica, con el objetivo declarado de ofrecer una solución integral a los principales problemas del sistema sanitario español.

El entorno publicitario ejerce una influencia sistemática sobre la infancia y la adolescencia al exponerlos diariamente a numerosas campañas que promueven productos no saludables, lo que limita notablemente la eficacia de los esfuerzos educativos en los ámbitos familiar y escolar. Según informó el medio de comunicación, este tema fue el eje central en el acto 'Comer sano no es un tema menor', celebrado en el Congreso de los Diputados, donde representantes del gobierno abordaron la necesidad de regular urgentemente la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores de edad.

Durante dicho evento, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, enfatizó la urgencia de establecer una normativa específica que restrinja la promoción de productos alimenticios poco saludables para niños y adolescentes en España. De acuerdo con el medio, Bustinduy sostuvo que en el país existen suficientes condiciones para plantear esta regulación de manera ambiciosa, aludiendo a la importancia de crear entornos seguros que favorezcan el correcto desarrollo de los menores.

El medio detalló que la reunión contó también con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quienes respaldaron la postura de Bustinduy sobre la necesidad de adoptar medidas legales que protejan a los menores de la presión publicitaria. Según publicó el medio, el titular de Consumo hizo referencia a modelos aplicados por países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia, donde ya existen restricciones para este tipo de publicidad.

Según consignó el medio, Bustinduy destacó que la sociedad respalda ampliamente una regulación de estas características, citando resultados de encuestas que muestran que hasta un 79% de la población española se manifiesta a favor de limitar la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. El ministro lamentó que los espacios comerciales y publicitarios bombardeen persistentemente a los niños y adolescentes con hasta 30 impactos diarios en promedio relacionados con bebidas y alimentos insanos, fenómeno que, según su análisis, reduce el efecto de las estrategias educativas promovidas tanto en los comedores escolares como en las familias.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, se sumó al debate señalando que los cuerpos de los ciudadanos se han transformado en objetos de mercado, destacando que “vivimos en una sociedad en la que la elección está cuestionada, sugerida o bombardeada por mensajes publicitarios”, según reportó el medio. Rego defendió la regulación de la publicidad como un paso fundamental para proteger la libertad individual y sostuvo que garantizar el acceso a una alimentación saludable constituye un “acto de justicia social”.

Uno de los puntos destacados fue el creciente consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes. Según informó el medio, Bustinduy recordó que el Ministerio de Consumo propone prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, extendiendo el veto hasta los 18 años para bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Estas propuestas surgen tras revelarse, a partir de datos de la encuesta ESTUDES realizada por el Ministerio de Sanidad, que un 38,4% de los jóvenes entre 14 y 18 años consume este tipo de productos. Además, el estudio indica que un 15% de los adolescentes los mezcla con alcohol, lo que incrementa los riesgos para la salud.

El informe ESTUDES, citado por el medio, señala que cuatro de cada diez adolescentes consume bebidas energéticas, con una prevalencia mayor entre chicos (45,7%) comparado con las chicas (31%). El hecho de que un 15% de estos jóvenes combine estas bebidas con alcohol fue subrayado como un factor de riesgo considerable por parte de las autoridades.

En paralelo al debate sobre la publicidad y el consumo de bebidas energéticas, la ministra de Sanidad, Mónica García, resaltó durante el acto el trabajo conjunto entre su departamento y otros ministerios en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil. García describió la obesidad infantil como la manifestación más visible de un malestar más profundo en la infancia, relacionado con el sedentarismo, el uso excesivo de pantallas, la falta de sueño y una alimentación inadecuada. Según recogió el medio, la ministra enfatizó la importancia de impulsar iniciativas legislativas para modificar estos hábitos.

Además, la ministra de Sanidad indicó que la obesidad infantil afecta el doble a los hijos de familias con menor renta, según datos reportados por el medio, subrayando el papel que los determinantes sociales desempeñan en la salud de la población infantil. Esta realidad, según las autoridades, deriva en mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, cáncer, problemas respiratorios, trastornos del sueño y dificultades de salud mental en la infancia y adolescencia. García puntualizó que el problema de la obesidad no se relaciona con la estética, sino con un tema central de salud pública.

Las declaraciones de las autoridades, según reportó el medio, pusieron de manifiesto la necesidad de situar a la infancia en el núcleo de las políticas públicas, especialmente en lo que respecta al impacto que los factores comerciales tienen sobre sus hábitos alimentarios. El acto en el Congreso concluyó con la reafirmación de los representantes institucionales en torno a la urgencia de regular la publicidad de productos perjudiciales y de reforzar la protección de las nuevas generaciones frente a la presión del mercado alimentario y publicitario.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló que el “estado genocida de Israel” representa uno de los peligros más significativos para Oriente Próximo y para el mundo. De acuerdo con el medio Europa Press, Rego insistió en la necesidad de “llamar a la desescalada y a la exigencia del cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos, y desde luego, no a la ley del más fuerte”, evaluando la gravedad de la situación y subrayando la posición que debe adoptar España en el escenario actual.

Según informó Europa Press, los representantes de Sumar en el Gobierno español —Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia)— expresaron este lunes una firme condena a los recientes ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los ministros alertaron que se está configurando un “mundo en llamas” en el que, según sus declaraciones, “se está poniendo en juego la paz y el orden mundial”. Frente a esto, reclamaron la reducción de las tensiones, la defensa de la diplomacia y el cumplimiento de las normas internacionales, además del respeto a los derechos humanos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, puntualizó que la coyuntura internacional actual resulta “altamente preocupante” tras la ofensiva militar, condenando “explícitamente” los ataques y apuntando que estos “ponen en juego el orden y la paz mundial”. Añadió que espera que el Gobierno español “esté a la altura de las circunstancias” en este conflicto. La ministra fue consultada en los pasillos del Congreso antes de su participación en una jornada sobre la publicidad de alimentos no saludables en la infancia y adolescencia. En ese contexto, reiteró el llamado a la “desescalada” e insistió en que las iniciativas unilaterales “no benefician en nada a la paz mundial” y no aportan soluciones para alcanzar la paz.

Respecto al apoyo manifestado por Francia, Reino Unido y Alemania a la intervención de Estados Unidos contra Irán, García destacó que el Gobierno español sostiene la condena a los ataques, manteniendo la perspectiva de que en Irán predomina una dictadura teocrática. Sin embargo, subrayó que “eso no significa que a través de iniciativas unilaterales se rompa esta paz mundial”. La ministra comentó que España “llama a la desescalada” y a la moderación, señalando además la preocupación ante el “riesgo para las leyes internacionales, la justicia internacional y los consensos internacionales” que han regido a la comunidad global durante décadas. Agregó que confía en la actuación responsable del Ejecutivo español en este escenario, según publicó Europa Press.

Por su parte, Pablo Bustinduy, a cargo de Derechos Sociales, intervino en la misma jornada y alertó sobre las consecuencias del “vaciado del orden multilateral y el ultraje constante del derecho internacional”. Bustinduy afirmó que la situación actual caracteriza a un “mundo en llamas”, donde cada agresión genera una respuesta similar y donde cada injusticia genera nuevas masacres. El ministro reflexionó que en ocasiones resulta difícil evitar asumir esta realidad como una “nueva normalidad”, en la que el mundo responde a la imagen “de la élite que se está apoderando de él”, en ausencia de normas y principios, lo que termina afectando siempre a “las mismas millones de vidas destrozadas y a sociedades que ven amenazado su futuro”.

Bustinduy destacó, según consignó Europa Press, que debates como la garantía del derecho a la alimentación en España tienen también una dimensión política frente a la evolución del contexto internacional, marcado por “aventuras imperiales”. Expresó que en España se busca “ser una excepción a esa deriva” y avanzar en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente los de la infancia y la juventud, considerándolo una cuestión central de salud pública y de principios democráticos.

En relación con el papel de la Unión Europea, Sira Rego mencionó que la atención principal para España debe centrarse en “cómo se sitúe” ante la guerra, manifestando de nuevo una condena “absoluta” a los ataques recientes. Durante la presentación del “Buzón de las personas becarias”, Rego declaró que Israel, con el respaldo de Estados Unidos, ha bombardeado “varios países de la zona sistemáticamente”, vinculando sus acciones al sufrimiento de la población palestina y a lo que calificó como un genocidio que persiste en la actualidad. Añadió que existen prisioneros palestinos en cárceles israelíes donde están siendo torturados, según reportó Europa Press.

Rego subrayó que la diplomacia representa la vía principal para responder a “una agresión que tiene consecuencias impredecibles”, defendiendo la sensatez en la postura internacional para promover la exigencia del respeto al derecho internacional. En su valoración, “lo que toca en este momento es llamar a la desescalada”, reiterando la dimensión global de la crisis y la necesidad de actuar conforme a los marcos legales y humanitarios existentes.

A lo largo de sus intervenciones, los ministros de Sumar han enfocado sus llamamientos en la defensa del sistema internacional de normas y el rechazo a la escalada militar unilateral. Este posicionamiento diferencia al Gobierno español de los países europeos que han manifestado apoyo a la intervención de Estados Unidos, según las declaraciones recogidas por Europa Press. Los representantes del espacio Sumar han subrayado la importancia de priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones diplomáticas, recordando que la prolongación de la violencia provoca efectos devastadores para millones de personas y amenaza los principios fundamentales que sustentan el orden internacional.

Al analizar el respaldo de Francia, Reino Unido y Alemania a la intervención liderada por Estados Unidos contra Irán, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que el Gobierno español ha condenado estos ataques sin dejar de señalar el contexto político iraní, donde, según sus palabras, “impera la dictadura y la teocracia”. No obstante, insistió en que ninguna de estas circunstancias justifica la alteración del orden y la paz mundial por medio de iniciativas unilaterales. A partir de este enfoque, García planteó que la administración encabezada por Pedro Sánchez se posicionará “a la altura de las circunstancias” frente a la crisis internacional, reportó El País.

Según consignó ese medio, García calificó la situación desencadenada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán como “altamente preocupante”, y afirmó que dichos ataques “ponen en juego el orden y la paz mundial”. Este pronunciamiento se produjo ante la prensa en los corredores del Congreso, donde la ministra enfatizó la necesidad de un proceso de “desescalada” para reducir la tensión en la región y evitar una ampliación del conflicto.

La ministra instó a privilegiar el “temperamento”, al igual que la búsqueda de soluciones diplomáticas, y reiteró que su gobierno ya ha realizado llamados a rebajar la tensión internacional asociada a los recientes acontecimientos. Según enfatizó El País, García manifestó que “las iniciativas unilaterales no benefician en nada a la paz mundial” y subrayó que no representan una vía efectiva para alcanzar un escenario pacífico ni para garantizar la estabilidad global.

Preguntada sobre la posible utilización de bases estadounidenses en territorio español para las operaciones contra Irán, García optó por no emitir una reacción directa, evitando confirmar o desmentir el uso de instalaciones nacionales en el marco de la ofensiva, detalló El País. La ministra advirtió, no obstante, sobre un riesgo mayor: “se están poniendo en riesgo las leyes internacionales, la justicia internacional, los consensos internacionales con los que nos hemos basado desde hace mucho tiempo”, sentenció la titular de Sanidad.

Sobre la posición mantenida por el Ejecutivo, García ratificó su confianza en la gestión que lleva a cabo el gobierno español en materia internacional. “Como ha hecho siempre, va a estar a la altura de las circunstancias”, indicó, de acuerdo con la cobertura de El País. Durante su intervención, la ministra de Sanidad mantuvo el foco en la responsabilidad de los estados para evitar una escalada del conflicto y destacó que la condena española a la ofensiva contempla tanto el contexto interno de Irán como la necesidad de salvaguardar el equilibrio global.

El contenido atribuido a la ministra profundizó aspectos relativos al orden internacional. García señaló que recurrir a la unilateralidad debilita el papel de las organizaciones multilaterales y de los consensos forjados en la comunidad internacional tras largos periodos de negociación. Para la ministra, preservar las estructuras legales y diplomáticas vigentes representa uno de los principales desafíos en el actual escenario bélico.

El País documentó también las palabras de García, en las que reiteró que la apuesta de España se mantiene anclada en la legalidad internacional y en la promoción de soluciones dialogadas, alejadas de la coacción militar. Al rechazar las acciones unilaterales, la titular de Sanidad sostuvo que únicamente abordajes multilaterales pueden favorecer una salida duradera a la crisis iniciada por los ataques contra Irán.

El intercambio con la prensa también sirvió para que la ministra recordara la trayectoria del Ejecutivo en anteriores situaciones de tensión internacional, defendiendo su compromiso con la paz y la diplomacia. Subrayó que este enfoque guiará las actuaciones futuras del gobierno ante cualquier desarrollo relacionado con el conflicto de Oriente Próximo.

La postura del Gobierno, según precisó El País, busca diferenciarse de los apoyos manifestados por otros socios atlánticos, como Francia, Reino Unido y Alemania, que han mostrado respaldo a Estados Unidos tras los ataques. García defendió la autonomía del gobierno español en la toma de postura ante crisis complejas, enfatizando que la condena a la ofensiva no implica ignorar las características autoritarias del régimen iraní, pero sí exige rechazar la disrupción unilateral del orden global.

Finalmente, con respecto a las perspectivas inmediatas, la ministra insistió en la urgencia de evitar un agravamiento de la situación y reiteró la convicción de que la “desescalada” y la búsqueda de consensos internacionales son las herramientas más adecuadas para proteger la paz mundial, según informó El País. En sus declaraciones, García presentó una visión de firmeza en la condena a los ataques, confianza en la labor del Ejecutivo y llamamientos repetidos a la legalidad y la responsabilidad internacional ante la crisis generada por la ofensiva sobre Irán.

Diversas voces dentro de la coalición han comenzado a señalar la necesidad de acordar mecanismos internos, como la celebración de primarias para la elaboración de las listas electorales, a fin de llenar el vacío generado tras la renuncia de Yolanda Díaz como candidata y proporcionar certezas a sus aliados. Según informó Europa Press, la confirmación de que Díaz no aspirará a encabezar la próxima candidatura de Sumar abre un escenario en el que las fuerzas integrantes deben abordar tanto la redefinición de sus liderazgos como las relaciones con Podemos, cuyo encaje dentro del espacio sigue en discusión.

De acuerdo con Europa Press, los partidos de Sumar presentes en el Gobierno consideran que la salida de Díaz como referente electoral elimina una de las mayores incertidumbres en torno a la reedición de la confluencia entre Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid. Sin embargo, reconocen que esto también les enfrenta al reto de gestionar el vacío de liderazgo en un contexto donde las quinielas electorales y la posible integración de nuevos aliados se presentan como temas centrales en su agenda. La relación con Podemos y sus reservas respecto a una alianza también figura entre los principales desafíos, especialmente tras la reiterada negativa de la formación morada a sumarse a un acuerdo electoral, según publicó Europa Press.

Uno de los puntos que más debate genera es el del liderazgo electoral. Europa Press consignó que, mientras la mayoría de organizaciones dentro del espacio apuesta por no precipitar la discusión ni abrir fuentes de tensión en torno a este asunto considerado especialmente sensible, otros sectores estiman que el hueco dejado por Díaz podría derivar en una aceleración de los plazos para definir la candidatura. En este contexto, han surgido diversos nombres como posibles cabezas de lista, aunque muchos de ellos se han ido descartando de manera pública o a través de su entorno.

El nombre que inicialmente obtuvo mayor relevancia fue el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cuya notoriedad política y resultados favorables en las encuestas lo posicionaron entre los favoritos. No obstante, tal como detalló Europa Press, tanto el propio ministro como personas de su entorno han reiterado que no desea asumir la candidatura y que no está interesado en convertirse en el referente electoral del espacio. Además, dirigentes de la coalición señalan que la visibilidad limitada de Bustinduy entre el electorado podría restarle opciones.

Entre los otros posibles candidatos que las quinielas han barajado figuran los ministros Ernest Urtasun, titular de Cultura, y Mónica García, al frente de la cartera de Sanidad, así como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Sin embargo, todas estas figuras también han rechazado la posibilidad de presentar su candidatura. A la lista de potenciales nombres se sumaron perfiles ajenos a la política institucional activa, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Este último aseguró a Europa Press que su foco está en la actividad sindical, alejando cualquier vínculo con futuras listas electorales.

La principal consigna entre las formaciones de la coalición pasa por enfriar el debate sobre la candidatura y retrasar la decisión hasta la conclusión del proceso de reconstrucción interna. Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que la preferencia actual se orienta hacia la búsqueda de un perfil novedoso capaz de generar un amplio consenso entre las distintas sensibilidades y transmitir una imagen de renovación. Sin embargo, esa apuesta por figuras ajenas a la primera línea política implica riesgos, especialmente por la falta de experiencia institucional, según admiten algunos dirigentes.

La estrategia de pausar la discusión pretende evitar especulaciones y posibles fricciones derivadas de la selección de un nuevo liderazgo. Europa Press recogió declaraciones del líder de IU en las que subraya la conveniencia de que los nuevos aliados de la coalición participen en la decisión sobre la candidatura, priorizando la inclusión y el trabajo conjunto como bases del acuerdo. Mientras tanto, dirigentes territoriales adscritos a la confluencia, como en el caso de Més per Mallorca, expresan que sus prioridades en la negociación pasan por la configuración del liderazgo en las islas y por preservar la naturaleza confederal del proyecto.

En lo que respecta a la relación con Podemos, el debate permanece bloqueado. Desde Sumar recalcan, según Europa Press, que la retirada de Díaz elimina los principales argumentos sostenidos hasta ahora por la formación morada para no sumarse al proyecto unitario, ya que ni Díaz ni el nombre de Sumar figurarán en la papeleta electoral en los próximos comicios. No obstante, distintos cargos consultados anticipan que Podemos podría mantener su distanciamiento aduciendo nuevas razones, especialmente ante la presencia de Más Madrid, organización surgida de una escisión del propio espacio morado, dentro de la futura alianza.

Cuadros de Sumar manifestaron a Europa Press su percepción de que los simpatizantes de Podemos podrían rechazar una candidatura conjunta si la formación no aborda, antes de un posible pacto, un cambio en la narrativa política mantenida hasta ahora hacia los partidos que forman parte del Ejecutivo. Respecto a la estructura de la coalición en el Parlamento y en el Gobierno, la renuncia de Yolanda Díaz no provocará cambios inmediatos; se mantendrá como referente en el Gobierno y seguirá trabajando estrechamente con su grupo para consensuar decisiones, según informó Europa Press. Tampoco se prevén modificaciones sustanciales en el grupo parlamentario, ya que la última reorganización tuvo lugar con un alto nivel de acuerdo entre las partes.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Sumar, IU, Más Madrid y Movimiento Sumar continuarán programando actos conjuntos para visibilizar su cooperación como espacio de referencia para la izquierda alternativa. Entre las próximas iniciativas sobresale una gira con paradas en Andalucía y Cataluña, así como una jornada especial en el Congreso centrada en la regulación de la publicidad de alimentos saludables y que contará con la participación de Pablo Bustinduy, Mónica García y la ministra de Infancia, Sira Rego.

El futuro de la confluencia se perfila condicionado por la capacidad de sus distintos actores para consensuar un liderazgo, reorganizar sus cuadros y articular acuerdos territoriales, todo ello al margen de las dudas planteadas por la expulsión o la entrada de nuevas fuerzas en el espacio. Europa Press refleja que el escenario permanece abierto, con debates y negociaciones que seguirán marcando la evolución de la izquierda en el arco parlamentario.

Las estrategias de campaña que funcionan en otras ciudades europeas y estadounidenses se presentan como modelo para la última iniciativa de Más Madrid, que implicará el contacto directo con miles de hogares a lo largo de la ciudad. Según informó la formación durante su plenario municipal, el objetivo es reforzar la presencia en los barrios madrileños para impulsar la movilización ciudadana, especialmente en zonas donde la abstención electoral ha sido elevada. Esta convocatoria forma parte de una campaña más amplia que busca entablar un diálogo con los vecinos y fortalecer el tejido comunitario en medio de denuncias sobre fenómenos de especulación urbana y políticas municipales que, según el partido, perjudican a la mayoría social.

De acuerdo con lo publicado por Más Madrid, la campaña cuenta con el respaldo de la ministra de Sanidad y líder de la formación, Mónica García, y de la portavoz municipal Rita Maestre, quienes participaron en el plenario bajo el lema “Te están robando Madrid”. Maestre insistió en que un grupo reducido de grandes fortunas y especuladores están apropiándose de la ciudad. En declaraciones recogidas por el medio, culpó al gobierno local, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, de facilitar esta situación. Señaló que este es un motivo para impulsar el cambio en la alcaldía y llamó a la ciudadanía a la acción colectiva. “Lo que vamos a hacer hoy aquí en este plenario municipal de Más Madrid es organizarnos, es armarnos, es movilizarnos, es concienciarnos. Hoy tenemos este plenario municipal para sentar las bases del trabajo estratégico del próximo año y medio en el que vamos a ponernos a trabajar calle a calle, barrio a barrio y esta vez también puerta a puerta”, expresó Maestre, según consignó la organización.

Durante el evento, García expuso que la intención de la formación es impulsar un proceso de diálogo abierto con los madrileños. Destacó la necesidad de “reflexionar sobre cómo recuperar la ciudad para la gente frente a un Madrid que expulsa a sus vecinos, frente a un Madrid que es prácticamente un parque temático para fondos buitre y para turistas y en el que es difícil arraigarse y en el que es difícil reconocerse”. Según la ministra, el partido ha conseguido casi el 20% del voto en la región, un resultado que interpreta como un respaldo suficiente para confrontar las políticas del Partido Popular y de la ultraderecha, tal como detalló el medio en el desarrollo del plenario.

En el marco del plenario municipal de Más Madrid, la formación anunció el inicio de la campaña “Otros hablan, aquí te escuchamos”, con el propósito de acercarse a los barrios donde la participación electoral se ha mostrado históricamente baja. Como parte central de la iniciativa, militantes y voluntarios planean visitar al menos 10.000 puertas de viviendas antes de concluir el año. “Vamos a tocar más de 10.000 puertas en lo que queda de año para llegar hasta el último rincón de esta ciudad, hasta el último problema de los vecinos de Madrid, para hablar de los problemas de la gente y para tratar de ponerles soluciones”, declaró Maestre a los medios, según recogió el partido.

Rita Maestre indicó que el trabajo de campo por barrios y la interacción directa con los residentes no es una táctica nueva para la formación, pero destacó que la estrategia del puerta a puerta pretende aumentar la eficacia frente a lo que denominó “proyectos reaccionarios”. Estos planes, según afirmó, intentan “reducir el poder y la riqueza de las grandes mayorías y entregárselo a las pequeñas minorías”, haciendo referencia también a las medidas económicas y laborales impulsadas en otros países, como Argentina, citando la reciente reforma laboral aprobada por el gobierno de Javier Milei, que calificó como “la peor de los últimos 50 años”.

En cuanto a la organización y el alcance de la campaña, Más Madrid detalló que la estructura de voluntariado incluirá herramientas digitales para coordinar las acciones presenciales en las calles y las actividades en redes sociales. El plan también contempla la promoción de servicios como comedores escolares universales y la celebración de encuentros frecuentes entre ciudadanos y representantes del partido para identificar inquietudes y proponer soluciones.

En el desarrollo del evento, el partido expuso cifras sobre el apoyo electoral entre la población joven, afirmando que, en las últimas elecciones, Más Madrid recibió el respaldo de un número superior de jóvenes en comparación con la formación de extrema derecha Vox. Para Maestre, esta tendencia refleja que la juventud madrileña se orienta hacia propuestas que priorizan temas como el acceso a la vivienda, la situación del empleo y la financiación de la educación superior pública, cuestiones que, según manifestó, afectan de manera relevante a este sector.

El medio también subrayó que la emergencia climática figura como uno de los ejes temáticos más relevantes entre los jóvenes de la ciudad, lo que llevó a la formación a insistir en el compromiso con políticas que atiendan la sostenibilidad y el futuro ambiental. Según declaraciones recogidas durante el plenario, Más Madrid se plantea como alternativa política que busca consolidar su presencia local mediante la participación activa, el contacto directo con la ciudadanía y la defensa de proyectos orientados a la mayoría social.

Durante una intervención en un acto de la formación Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que el Ejecutivo español asumirá su responsabilidad ante el "nuevo desorden mundial" derivado del conflicto internacional. Según informó Europa Press, en ese contexto García criticó tanto la reciente ofensiva militar coordinada por Estados Unidos e Israel contra Irán como a los líderes de ambos países, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a quienes acusó de alterar el equilibrio y la paz global.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, García expresó una condena enfática a la operación militar conjunta, considerándola como una "nueva operación imperialista", aunque ocurra en este caso –según sus palabras– contra "una teocracia" y "una dictadura", en referencia al régimen iraní. Al dirigirse a los asistentes, la titular de Sanidad insistió en que el Gobierno de España "nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo".

La ministra subrayó el compromiso del Ejecutivo español frente a situaciones de crisis internacional, reforzando la idea de que España, ante el surgimiento de nuevas tensiones geopolíticas, mantiene una postura activa y crítica. En su intervención, según detalló el medio Europa Press, García señaló el papel del Gobierno español a la hora de responder a los hechos que alteran el panorama internacional, destacando también que las decisiones recientes de Estados Unidos e Israel representan un desafío directo al orden establecido.

Durante el acto de Más Madrid, que congregó a militantes y simpatizantes de la formación, García vinculó los recientes ataques contra Irán con patrones históricos asociados a intervenciones que, según sus palabras, contribuyen a la inestabilidad en el escenario global. En ese sentido, la ministra insistió en que “el Gobierno nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo”, frase recogida por Europa Press como eje de su discurso y reflejo de la postura gubernamental.

Europa Press consignó además que durante la intervención la ministra recalcó la necesidad de distinguir el carácter del régimen iraní sin que ello implique justificar las actuaciones militares que desde su perspectiva contribuyen a agravar conflictos internacionales mayores. La definición de la ofensiva como una “nueva operación imperialista” estuvo acompañada de un llamamiento al respeto del derecho internacional y al debate político sobre las respuestas adecuadas en un contexto que, según García, se caracteriza por la alteración de la paz y el orden mundial.

El acto celebrado por Más Madrid, liderado en la actualidad por Mónica García, centró su atención en los desafíos globales y la respuesta de España ante ellos, con especial énfasis en los recientes acontecimientos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las declaraciones de la ministra se enmarcan en la línea crítica adoptada por el Gobierno de España respecto a acciones militares exteriores promovidas por otros Estados, reforzando la disposición del país a jugar un papel activo en la defensa del orden internacional.

La ministra concluyó su intervención reiterando la postura de condena a cualquier estrategia que suponga una escalada bélica, reforzándose así el mensaje de que el Gobierno español apuesta por diplomacia y el rechazo de intervenciones que, a su juicio, contribuyen a un contexto de mayor incertidumbre global, según detalló Europa Press.

Durante su participación en un acto de Más Madrid, Mónica García puso el foco en la importancia de construir alianzas con apoyo territorial sólido y en establecer objetivos definidos antes de abordar cualquier debate sobre posibles candidaturas electorales. Según consignó el medio de comunicación, al ser interrogada sobre la posibilidad de que ella misma encabece la lista electoral de la nueva coalición progresista en las próximas elecciones generales, García reiteró que tanto sus intereses como sus tareas actuales se centran en la sanidad pública y la defensa de Madrid como región, dejando de lado, al menos por ahora, las especulaciones sobre postulaciones a nivel estatal.

De acuerdo con lo publicado, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid explicó que la plataforma recién conformada entre su formación, Sumar, Izquierda Unida y los Comunes, no ha iniciado el proceso de debate sobre candidatos. García subrayó: “No nos estamos preguntando el quién, por ahora. Nos estamos preguntando el cómo y para qué”, marcando así una diferencia respecto a la urgencia mediática y a la presión que percibe en el entorno político nacional. El medio señaló que la dirigente enfatizó cómo la estrategia actual de las fuerzas progresistas pasa por cimentar principios y formas de trabajo antes de plantear nombres.

Tal como reportó el medio, García declaró que asume con calma el escenario de la izquierda tras la constitución del nuevo espacio político. Expuso que prefiere concentrarse en fortalecer la sanidad pública y en impulsar avances en la Comunidad de Madrid, afirmando: “Ahora mis preferencias y mis prioridades son tanto la Sanidad como Madrid”. El medio detalló que la ministra insistió en que no es momento de poner nombres sobre la mesa, ni de dejarse llevar por debates que, a su juicio, responden a la “dictadura de lo inmediato” y al “ruido mediático”.

Durante el evento, la líder de Más Madrid cuestionó la forma en que los nuevos actores políticos a la izquierda del PSOE deben actuar para hacer frente a corrientes políticas que catalogó como reaccionarias, que, según expresó, están ganando terreno tanto en Europa como en otras regiones del mundo. “Estamos construyendo la casa y en último lugar pondremos el tejado”, resaltó García conforme difundió el medio, aludiendo a la prioridad de consolidar el proyecto antes de definir su representación electoral.

En otro pasaje de su intervención, abordó las declaraciones recientes de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, relativas a la presunta intención de facilitar el regreso a España de Juan Carlos I. Según publicó el medio, García calificó como una “patochada” esa posición del dirigente ‘popular’. En este contexto, recordó que las razones que impiden el retorno del rey emérito no tienen relación directa con los hechos del 23-F, explicando que si ese hubiese sido el motivo, “se habría tenido que ir en 1981”. García sostuvo, de acuerdo con la información publicada, que, en su opinión, los impedimentos para que el exmonarca regrese responden a asuntos vinculados a los casos de corrupción en los que se ha visto implicado.

Según reseñó el medio de comunicación, la ministra empleó palabras que reflejan una postura firme en relación a la defensa de los servicios públicos, en especial la sanidad, situando este aspecto como prioritario frente a los debates internos sobre listas electorales. Apuntó que el trabajo dentro de la coalición de izquierdas debe ceñirse al fortalecimiento de sus bases territoriales y a una labor que facilite avances en políticas públicas frente a las tendencias conservadoras.

Las recientes alianzas entre Sumar, Izquierda Unida y los Comunes junto a Más Madrid, reportó el medio, representan un intento de consolidar el espacio progresista y fijar objetivos comunes. Dentro de ese marco, García remarcó que las decisiones acerca de liderazgos y posibles candidaturas llegarán una vez que se asiente el proyecto político y se afiance su arraigo social y territorial.

Durante el acto, tal como destacó el medio, volvió a subrayar su satisfacción por la responsabilidad institucional que ejerce tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, describiéndose como “una orgullosa ministra de Sanidad y una orgullosa líder de Más Madrid”, con atención prioritaria en las políticas regionales y la sanidad pública. Las declaraciones de García, de acuerdo con el medio, han buscado desmarcarse de la presión mediática que ha venido rodeando los próximos pasos de la coalición y de las especulaciones en torno a quien podría ser la figura principal de la izquierda alternativa para las elecciones generales.

De esta forma, la agenda de la ministra se centra en los retos inmediatos de gestión sanitaria y en el impulso político de la Comunidad de Madrid, en un contexto donde se replantean alianzas y estrategias por parte de los partidos a la izquierda del PSOE, según lo consignado por el medio.

Durante su intervención en un acto político de Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó que el Gobierno español asumirá su responsabilidad frente al panorama internacional tras la más reciente ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. García describió la acción como una muestra de un nuevo desorden global al que, afirmó, España no permanecerá ajena. Según informó la plataforma informativa, la ministra realizó una “condena absoluta” al ataque, calificando la intervención como una “nueva operación imperialista” pese a dirigirse contra un régimen teocrático y dictatorial como el iraní.

El medio detalló que las declaraciones de García incluyeron críticas directas a los líderes de los países involucrados, señalando a Donald Trump y Benjamin Netanyahu como responsables de alterar el orden y la paz mundial. La ministra subrayó la postura del Ejecutivo español ante este tipo de escenarios, asegurando que “el Gobierno nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo”.

Durante su discurso, García sostuvo que eventos de esta naturaleza contribuyen a desestabilizar el escenario internacional y remarcó la necesidad de reacciones firmes por parte de los gobiernos y la sociedad civil. Según consignó el medio, la ministra de Sanidad señaló que la intervención no puede ser justificada bajo la premisa del enfrentamiento a dictaduras, argumentando que la violencia y la imposición por la fuerza solo acentúan el desorden global.

El acto político en el que la ministra expuso su postura reunió a militantes y simpatizantes de Más Madrid. En ese marco, García reiteró que, ante situaciones donde la estabilidad internacional se ve comprometida, España ha demostrado capacidad y disposición para tomar posición y actuar ante gobiernos, tanto aliados como adversarios, que, en sus palabras, atenten contra la paz internacional.

Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han captado la atención global en los últimos días, con repercusiones en los distintos espacios multilaterales. De acuerdo a lo publicado por el medio, las autoridades españolas observan estos enfrentamientos con preocupación y destacan la importancia de mantener canales diplomáticos para evitar una escalada mayor.

En sus declaraciones, la ministra instó a la comunidad internacional a adoptar posturas que prioricen la protección del derecho internacional y a rechazar cualquier intervención unilateral, independientemente del régimen involucrado. García destacó que tanto la sociedad civil como los gobiernos deben mantenerse vigilantes y asumir posturas que respalden el orden internacional y contribuyan a la resolución pacífica de los conflictos.

Además, la responsable de Sanidad hizo mención a la historia reciente de la política exterior española, recordando que el país ha mantenido un enfoque crítico y autónomo frente a gobiernos de los Estados Unidos, Israel y otras naciones cuando sus acciones han contravenido la legalidad internacional o han puesto en riesgo la estabilidad global. Según publicó el medio, García remarcó la coherencia del Ejecutivo en ese sentido y reiteró el compromiso de España con valores como el diálogo, la paz y el respeto por las instituciones multilaterales.

Las palabras de la ministra se produjeron en un contexto marcado por la incertidumbre y el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Ante el auditorio de su formación política, García volvió a poner en relieve su rechazo a cualquier tipo de imperialismo y expresó que el Gobierno español continuará oponiéndose tanto a las injerencias como a las prácticas de los regímenes autoritarios.

Finalmente, durante el acto de Más Madrid, la ministra subrayó que España apostará por soluciones políticas y diplomáticas, y continuará defendiendo los principios que, a su juicio, deben regir la conducta de la comunidad internacional ante crisis como la generada por la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La preocupación por la creciente presencia de programas políticos que cuestionan los avances en políticas climáticas y ambientales ha generado intensos debates en el ámbito institucional sanitario de España, donde especialistas advierten sobre las consecuencias directas en la salud y el bienestar público. Según informó Europa Press, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que existen actualmente "dos fuerzas" en el Parlamento que proponen "luchar contra las políticas climáticas", calificando la situación como "extremadamente grave" en el contexto de la vulnerabilidad de España frente al cambio climático, implicando ejemplos recientes como episodios de danas e incendios.

De acuerdo con el medio Europa Press, la titular de Sanidad denunció que el "negacionismo climático" se manifiesta cada vez más en propuestas políticas y destacó que algunos programas incluyen repertorios específicos donde se plantea rechazar políticas dirigidas a enfrentar el calentamiento global. García participó en el Ministerio de Sanidad en la jornada 'Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables', organizada junto a la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), la plataforma Clean Cities y la empresa farmacéutica AstraZeneca. La ministra señaló que estas corrientes son incompatibles con la evidencia científica recopilada y subrayó la necesidad de transformar las ciudades para que sean entornos más sostenibles y justos, haciendo hincapié en que la política debe facilitar una transición urbana que promueva la salud pública.

El fenómeno climático extremo y las consecuencias de la contaminación presentan en la actualidad una "crisis de salud pública", motivada por factores como la pérdida de biodiversidad y el aumento de las emisiones contaminantes. García expuso, según publicó Europa Press, que la contaminación atmosférica causa 30.000 muertes anuales en España y que sus consecuencias son en gran parte invisibles para la sociedad. Además, existen datos que relacionan el incremento de ingresos hospitalarios con enfermedades crónicas y respiratorias, tales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), accidentes cerebrovasculares y cáncer.

La ministra también hizo referencia al impacto que estas condiciones generan en la población infantil, incidiendo en el desarrollo académico y neurológico. Europa Press consignó la declaración de García al subrayar que "la salud ambiental se mueve por determinantes sociales y de código postal", llamando la atención sobre la desigualdad en los efectos de la contaminación entre diferentes barrios. La ministra enfatizó que la combustión de combustibles fósiles constituye el principal origen de la contaminación, señalando a la acumulación de dióxido de carbono como causa fundamental del cambio climático y sus efectos en la salud.

García expresó que no puede haber "personas sanas en un planeta enfermo" y recordó que los progresos sociales y en salud pública suelen suscitar debates. Insistió en la necesidad de cambiar las estructuras de salud pública, ya que las decisiones sobre energías renovables y el diseño urbano tendrán un protagonismo indiscutible en el bienestar durante el siglo XXI. También resaltó el trabajo efectuado por ciudades como Vitoria, Valencia y Barcelona, cuyos municipios han aplicado estrategias enfocadas en el bienestar ciudadano.

El problema de la sostenibilidad urbana está estrechamente ligado al acceso a la vivienda, según reportó Europa Press. La titular de Sanidad señaló que la revolución en los entornos urbanos debe garantizar equidad y justicia social. Bajo este prisma, García defendió el derecho de todos los habitantes a tener zonas verdes, acceso a ocio saludable, centros escolares con aire limpio y ciudades accesibles para las personas mayores, abogando por la voluntad política y la colaboración entre distintas administraciones para materializar estos objetivos.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública, añadió que existe el propósito de que todos los documentos normativos incluyan una evaluación del impacto en salud antes de su implementación. Europa Press reflejó su declaración, destacando que la integración de este análisis permitirá que todos los ministerios del Ejecutivo incorporen la perspectiva de salud pública en sus políticas. Gullón señaló que el cambio climático es una realidad y que la forma de adaptación requerirá la elaboración de planes de preparación, dada la amplia evidencia científica sobre el impacto de la calidad del aire tanto interior como exterior.

Durante la jornada, se divulgaron datos adicionales que apuntan a la relevancia de las políticas ambientales para evitar muertes prematuras. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las iniciativas para proteger la salud pública podrían prevenir el fallecimiento de más de 70 personas al día en España, lo que representa el 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto del país, según mostró Europa Press. Igualmente, se indicó que el 65 por ciento de la población experimenta síntomas relacionados con problemas respiratorios, aunque solo el 40 por ciento recibe un diagnóstico. Un informe de Clean Cities sobre calidad del aire en entornos escolares reveló que el 99 por ciento de los centros escolares superan los límites de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Juan Ortiz, director general de ECODES, según consignó Europa Press, invitó a fortalecer el compromiso hacia modelos urbanos más saludables e igualitarios, destacando la labor de campañas como Clean Cities, iniciativa que cuenta con el apoyo de AstraZeneca y que promueve espacios urbanos más limpios y habitables. Ortiz destacó la urgencia de revertir la tendencia de minimización de los efectos de la contaminación y de rechazo a políticas en favor del medio ambiente. Planteó la necesidad de generar espacios urbanos que protejan la salud de las personas, especialmente aquellas con patologías crónicas. Ortiz aseguró que se conoce la eficacia de medidas como el fomento del transporte público, la transición a vehículos eléctricos y el impulso del uso de la bicicleta, asegurando que existen soluciones comprobadas.

En la cita también participaron autoridades locales y expertos. Blanca Torrent, primera teniente alcalde y delegada de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, integró el encuentro en representación de la plataforma 'Ciudades que Inspiran', resaltando la relevancia de la igualdad y la creación de espacios verdes donde todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones de uso. Cristian Quílez, co-coordinador de Clean Cities en España y responsable de Transporte y Movilidad en ECODES, se refirió a la importancia de maximizar el bienestar de las personas mediante una movilidad urbana más sostenible, proponiendo transformar los métodos de desplazamiento.

Otros proyectos abordados en la jornada incluyeron iniciativas como Comunidad #PorElClima, vinculada a ECODES, investigaciones desarrolladas por el Instituto de Salud Global (ISGlobal), así como la organización prevista de la Conferencia Europea de Salud Pública en 2026. Europa Press detalló que estos esfuerzos buscan promover la coordinación entre diferentes agentes públicos y privados para avanzar hacia ciudades que contribuyan activamente a la mejora de la salud colectiva.

La ministra de Sanidad ha recalcado que, actualmente, los principales retos para el Gobierno se encuentran en el ámbito sanitario y en la situación de la Comunidad de Madrid, señalando que el deterioro de los servicios públicos por parte del Ejecutivo regional representa una de sus mayores preocupaciones. Al referirse a estos desafíos, Mónica García ha insistido en que su atención está enfocada tanto en sus responsabilidades ministeriales como en las problemáticas específicas de Madrid. Esta postura implica, afirmó, priorizar el fortalecimiento de la sanidad pública frente a cualquier consideración sobre eventuales liderazgos en el escenario político progresista.

Según informó el medio, García también ha dejado claro que no considera relevante participar en los debates recientes sobre posibles candidaturas para encabezar la nueva coalición de partidos de izquierdas promovida por Sumar dentro del Gobierno. Ante las preguntas de los periodistas este viernes, detalló que el trabajo actual de su formación, Más Madrid, junto a Sumar, Izquierda Unida y Comuns, gira en torno a consolidar un espacio colectivo progresista. Este proceso, destacó, se realiza con un enfoque de calma, cuidado y fraternidad, colocando en un segundo plano las discusiones sobre figuras visibles o liderazgos concretos hasta una etapa posterior.

En sus declaraciones, García manifestó: “Lo que nos interesa ahora mismo es trabajar, como llevamos trabajando desde hace muchos meses, en ese espacio progresista, en esa casa de las izquierdas, en la que, entre todos y todas, decidiremos cuáles serán las caras visibles de este proyecto colectivo”, palabras consignadas por el medio. Al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en la principal referente de dicha coalición, la ministra resaltó su satisfacción por el cargo que desempeña y reiteró su compromiso con los ámbitos de la sanidad y la gestión en Madrid.

La responsable de Sanidad subrayó que el foco de sus actividades políticas permanece en la defensa de los servicios públicos, que, bajo su punto de vista, se ven amenazados en la Comunidad de Madrid por políticas aplicadas por el Ejecutivo regional del Partido Popular. Manifestó que estas acciones han generado su máxima atención y dinamizan su actividad dentro del Gobierno central, según publicó el medio.

Para Mónica García, el proceso interno de los partidos que conforman el entorno progresista debe centrarse primero en consolidar bases comunes y solidificar el proyecto colectivo antes de abordar los aspectos concernientes a los liderazgos. “Son las dos preocupaciones que tengo y en ese sentido voy a seguir trabajando”, concluyó, tal como reportó el medio, dejando fuera de sus prioridades actuales cualquier aspiración individual de candidatura.

El medio también detalló que la ministra enfatizó la importancia del trabajo coordinado y a largo plazo entre las diversas fuerzas políticas que integran el espacio progresista, incidiendo en la creación de un entorno estable y cohesionador antes de pasar a la selección de portavoces o cabezas de lista. Este enfoque, según destacó García en sus declaraciones, busca fortalecer al máximo la sanidad pública y, al mismo tiempo, servir de freno al retroceso de los servicios públicos que, denunció, experimenta la Comunidad de Madrid.

García explicó que la implicación de Más Madrid y el resto de partidos aliados con Sumar se orienta en la actualidad hacia la construcción de una “casa de las izquierdas” en la que las decisiones sobre liderazgo emerjan de un consenso colectivo y una agrupación de esfuerzos. Esta visión, divulgada por el medio, desplaza el debate sobre figuras individuales para centrarse en la articulación de políticas y proyectos compartidos.

Al reiterar su compromiso con la cartera de Sanidad, la ministra ha dado a entender, según relató el medio, que cualquier discusión sobre futuras candidaturas resultaría prematura y ajena a las urgencias que, puntualmente, afectan al sistema de salud y a las políticas sociales en Madrid. Por su parte, fuentes del entorno progresista mencionadas en la publicación resaltaron que esta postura responde a la voluntad de responder a las necesidades concretas de la ciudadanía antes de entrar en la dinámica de los procesos internos de designación de liderazgos.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el mensaje transmitido por García apunta a consolidar una hoja de ruta para el espacio progresista que ponga en primer término la defensa de los servicios públicos y la gestión eficiente de los recursos en sanidad, relegando a un segundo plano cualquier controversia sobre liderazgos individuales o estrategias electorales inmediatas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que el Estatuto Marco incluye un capítulo específico para el colectivo médico, algo que no se había modificado durante los últimos 23 años. La responsable sanitaria subrayó que algunas de las reclamaciones presentadas por los sindicatos médicos corresponden a cuestiones fuera de la competencia del Ministerio, como los aspectos retributivos, o conllevan incumplimiento normativo, según detalló el medio de comunicación. A dos días de que inicie marzo, mes previsto para una nueva serie de paros médicos que comenzarán el día 16, la ministra enfatizó la dificultad de que “las mejoras” introducidas en el borrador legislativo constituyan precisamente el argumento de la próxima huelga, según publicó el medio.

De acuerdo con lo señalado por Mónica García, el texto propuesto contempla reducciones tanto en la carga de las guardias como en la jornada laboral, aplicables no solo a médicos sino a otros profesionales sanitarios. Según consignó el medio, la titular de Sanidad destacó que el borrador recoge disposiciones para reflejar la penosidad y la nocturnidad en todos los colectivos sanitarios. García recalcó que estas revisiones han sido realizadas con el objetivo de garantizar avances tangibles para los trabajadores sanitarios.

El medio precisó que García ve paradójico que la convocatoria de huelga médica se fundamente en propuestas diseñadas para mejorar las condiciones laborales del sector. La ministra explicó, según reportó el medio, que las negociaciones con los sindicatos médicos y el resto del Foro de la Profesión Médica permanecen abiertas de forma casi continua. “No hemos dejado de hablar con los sindicatos y con el resto del Foro de la Profesión Médica”, declaró la integrante del Gobierno, quien insistió en que los contactos y las reuniones son permanentes.

En materia de diálogo, García aseguró, tal como recopiló el medio, que el Ministerio mantiene un contacto constante con los sindicatos exclusivamente médicos. La ministra afirmó que el objetivo central es que los pacientes no padezcan las consecuencias de las conversaciones y negociaciones sostenidas con las organizaciones convocantes. En palabras textuales recogidas por el medio: “Vamos a hacer todo lo posible para que, por supuesto, no sean los pacientes los que tengan que sufrir los diferentes diálogos que estamos teniendo con los sindicatos”.

El borrador del Estatuto Marco, según figura en las declaraciones recogidas por el medio, propone medidas como la reducción de jornadas y de los turnos de guardia, así como una regulación específica de las horas consideradas como trabajo penoso o nocturno para todos los empleados sanitarios. Estos cambios buscan modernizar un marco normativo que no había sufrido modificaciones en más de dos décadas.

La ministra también se refirió a las enmiendas planteadas por los sindicatos, puntualizando, según detalló el medio, que varias no corresponden al ámbito competencial de su departamento, como ocurre con la cuestión de las retribuciones salariales. García aclaró que, en ocasiones, las propuestas sindicales implicarían sobrepasar los límites legales vigentes. “Si alguien tenía expectativas de que este Ministerio se iba a saltar la ley, en una ley que mejora claramente las condiciones laborales de los profesionales, pues, obviamente, se ha equivocado”, aseguró la responsable del Ministerio en sus declaraciones, según recopiló el medio.

Además, durante su intervención en la jornada ‘Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables’, realizada en la sede ministerial en Madrid, Mónica García abordó brevemente la publicación de las notas del examen de Médicos Internos Residentes (MIR). En relación a este proceso, la ministra explicó: “Hemos cambiado algunas plataformas, espero que salgan lo antes posible”, según consignó el medio.

El medio también subrayó que el Ministerio ha reiterado la disposición a seguir negociando y actualizando el marco normativo en busca de un acuerdo que satisfaga tanto a los profesionales sanitarios como a las autoridades responsables de la regulación. Las próximas movilizaciones, previstas para marzo, tienen lugar dentro de este contexto de reforma del Estatuto Marco y de continuas conversaciones entre sindicatos del ámbito de la salud y el Gobierno central.

Durante el proceso informativo de este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que el retorno del rey emérito Juan Carlos I a territorio español solo resulta obstaculizado por los asuntos judiciales y económicos relacionados a su figura. Según detalló el medio, García destacó que las investigaciones sobre corrupción y apropiación indebida protagonizan el debate público, más allá de cualquier iniciativa política concreta. A raíz de ello, la funcionaria señaló directamente al Partido Popular como responsable de mantener viva la controversia vinculada al regreso del exmonarca. Esta postura enfatizó la cuestión sobre la permanencia fuera de España de Juan Carlos I y los motivos que la explican.

De acuerdo con las declaraciones publicadas por el medio, la ministra reprochó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por ser quien promueve la discusión acerca de la vuelta del antiguo jefe de Estado. “Es una polémica que ha generado el PP. Lo único que impide al rey emérito volver a España son sus casos de corrupción. Eso es lo único que le impide volver a España, sus casos de corrupción y sus casos de desfalco a los ciudadanos”, manifestó García frente a los periodistas. El medio recogió las palabras de la ministra, quien insistió en que la raíz del impedimento no proviene de disposiciones legales o administrativas vinculadas al Gobierno, sino de los procesos relacionados al supuesto mal uso de fondos y otros delitos.

El medio consignó además la perspectiva de la Casa del Rey respecto a las posibilidades de retorno de Juan Carlos I al país. Según lo publicado, la institución mantiene la posición de que el monarca emérito podría regresar si desea, aunque introduce un matiz respecto a la percepción pública. Para la Casa del Rey, salvaguardar la reputación tanto propia como de la institución requiere que el exjefe de Estado recupere su residencia fiscal en España, lo que implica regularizar su situación tributaria en el territorio nacional.

A lo largo de la jornada, múltiples sectores políticos expresaron opiniones en torno a la visita de Juan Carlos I a España y la reacción que provoca entre la ciudadanía y los representantes públicos. Según publicó el medio, el foco recurrente en los llamados “casos de corrupción y desfalco” ha colocado en primer plano el debate sobre la transparencia y las exigencias cuando se trata de figuras relevantes en la historia reciente del país. La ministra de Sanidad argumentó ante los medios que la situación fiscal y los antecedentes judiciales del exmonarca siguen provocando tensiones y evitando que pueda establecerse de nuevo en España sin enfrentar escrutinio público.

El medio amplió que el Partido Popular, a través de su máximo representante, planteó públicamente el tema durante la semana, lo que llevó a reacciones tanto dentro del Gobierno como en la Casa del Rey. La ministra García advirtió que cualquier discusión relativa al posible regreso del rey emérito se configura “como una cortina de humo” para desviar la atención de los temas de fondo, que, en sus palabras, remiten a la relación del rey Juan Carlos I con prácticas económicas bajo investigación. Además, según el medio, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la gestión de la monarquía y su relación con la fiscalización ciudadana, reforzando el debate institucional sobre las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en figuras públicas de alta relevancia.

La Casa del Rey, siempre de acuerdo con lo publicado por el medio, transmitió que no existe un obstáculo legal insalvable para que el monarca regrese, aunque vincula la cuestión reputacional a la fiscalización y a la claridad en la situación administrativa y tributaria de Juan Carlos I. El medio indicó que tanto la permanencia fuera de España como los movimientos que realiza el exjefe del Estado mantienen en tensión la interpretación social y política del papel de la institución monárquica en el marco democrático.

El reconocimiento a las políticas implementadas en el Ministerio de Trabajo, tales como la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional y la puesta en marcha del mecanismo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) durante la pandemia, fundamenta el respaldo de los principales dirigentes de Sumar y sus socios a la figura de Yolanda Díaz, tras anunciar que no será candidata en las próximas elecciones generales. Según reportó Europa Press, diversos ministros y cargos de la coalición han aprovechado este anuncio para poner de relieve tanto el liderazgo de Díaz como su papel en la articulación de alianzas que han frenado a las fuerzas conservadoras y propiciado avances en derechos laborales y sociales.

De acuerdo con Europa Press, la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, expresó un agradecimiento directo a Yolanda Díaz tras su decisión de no encabezar la lista de la izquierda alternativa en los próximos comicios. García destacó que la vicepresidenta segunda “ha estado a la altura” en un momento crucial para el espacio político progresista, además de resaltar los resultados obtenidos por el Ministerio de Trabajo en la mejora de las condiciones y derechos de la clase trabajadora, señalando que “hoy tiene más derechos y certezas que nunca”. García también enfatizó que Sumar consiguió, bajo el liderazgo de Díaz en las elecciones de julio de 2023, evitar la vuelta al poder de las derechas y asegurar la continuidad de un gobierno de coalición. “Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando”, concluyó la ministra en su mensaje recogido por Europa Press.

Según publicó Europa Press, Ernest Urtasun, titular de Cultura y portavoz de Sumar, manifestó que, pese al anuncio de Díaz, queda mucho trabajo por delante en la legislatura, transmitiéndole su apoyo con un “siempre contigo, compañera”. Por su parte, Pablo Bustinduy, responsable de Derechos Sociales, calificó a Díaz como “la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país” y valoró su defensa de los derechos de la mayoría trabajadora.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego, elogió el compromiso de Yolanda Díaz por situar en el centro de las políticas públicas a la población trabajadora, anotando que desde su cartera seguirán avanzando en la conquista de nuevos derechos. En otro mensaje publicado en la red social Bluesky, Rego envió un “abrazo feminista” a la vicepresidenta.

Europa Press también dio cuenta de la reacción de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en Sumar, quien remarcó la labor aglutinadora de Díaz en una coalición electoral que, según sus palabras, “frenó al fascismo”. Ibáñez resaltó su gestión al frente del Ministerio de Trabajo y su capacidad para unir a diferentes sensibilidades dentro de la izquierda.

Aina Vidal, coportavoz de los Comunes, señaló que cuentan con un año y medio más para seguir profundizando en la mejora de la vida de la clase trabajadora, enviando un mensaje de aliento a Díaz. La formación enfatizó su voluntad de continuar colaborando estrechamente con la vicepresidenta y el resto del Ejecutivo, con el objetivo de asegurar la estabilidad y avanzar en materia de políticas sociales. Desde la estructura catalana insistieron en el reconocimiento de los logros alcanzados en la cartera laboral, citando de nuevo la reforma del mercado de trabajo, los aumentos salariales mínimos y la gestión de los ERTEs como hitos principales.

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, agradeció el esfuerzo de Yolanda Díaz por priorizar los intereses de la mayoría social y la justicia, comprometiéndose a seguir trabajando junto a ella en la defensa de los derechos de las trabajadoras y en la construcción de nuevas expectativas de progreso.

Nahuel González, diputado de Izquierda Unida en Sumar, respaldó la decisión de Díaz de apartarse de la candidatura, subrayando que la vida de la clase trabajadora valenciana experimentó mejoras bajo su gestión en el Ministerio de Trabajo. Además, González resaltó que la presencia de Díaz fue un motivo determinante para concurrir en 2023 en la candidatura de Sumar, y valoró positivamente que siga ejerciendo su función de ministra y vicepresidenta en el Ejecutivo.

Según amplió Europa Press, González hizo un llamado a los partidos de la coalición para que actúen con responsabilidad y contribuyan a revalidar un gobierno que continúe el proceso de progreso. En palabras del diputado, la unidad debe ser construida a partir de la elaboración programática y el consenso, destacando la importancia de iniciativas recientes orientadas al fortalecimiento de la cohesión dentro de la izquierda transformadora.

Estas muestras públicas de apoyo y valoración enfatizan el rol central que ha desempeñado Yolanda Díaz en el fomento de la unidad dentro del bloque progresista y en la promoción de un nuevo marco laboral más favorable para la mayoría social. Las principales figuras del espacio destacan su legado en políticas laborales y sociales, y advierten que la continuidad de estos avances dependerá de la capacidad de los actores políticos para sostener el trabajo conjunto y garantizar un gobierno que priorice la cohesión y los derechos sociales, según informaron desde Europa Press.

Diversos representantes y miembros del Gobierno han manifestado que el impacto de la renuncia de Yolanda Díaz como candidata a las próximas elecciones generales configura un nuevo escenario en la política de izquierdas en España, según consignó Europa Press. Desde distintos sectores de la coalición Sumar y de sus socios minoritarios, estas voces han destacado la gestión de Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como su labor en la búsqueda de cohesión interna dentro de las fuerzas progresistas aliadas. La decisión, confirmada este miércoles, deja abierta la cuestión sobre el futuro liderazgo de la izquierda alternativa y el rumbo que tomará la coalición de cara a los próximos comicios.

De acuerdo con Europa Press, tras el anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno de no optar nuevamente como cabeza de lista, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó su agradecimiento por lo que denominó “haber estado a la altura” en un contexto histórico para la izquierda. A través de un mensaje difundido en la red social X y recogido por Europa Press, García remarcó los logros obtenidos desde el Ministerio de Trabajo bajo la dirección de Díaz. La dirigente destacó que estos avances han cambiado el panorama de los derechos y las condiciones laborales en España y han configurado lo que describió como “un nuevo laborismo del siglo XXI”. García también resaltó que, bajo el liderazgo de Díaz, la coalición Sumar logró frenar a las derechas en las elecciones del 2023 y sentar las bases para la continuidad de un ejecutivo de coalición, cuyo trabajo sostiene que se mantiene vigente.

La noticia de la retirada de Díaz ha suscitado reacciones desde distintos frentes dentro de Sumar. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, declaró a través de sus redes sociales, según reportó Europa Press, que la legislatura aún presenta retos importantes y reafirmó su respaldo a la vicepresidenta con un mensaje de continuidad y apoyo político. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se sumó a los reconocimientos, afirmando, según recogió Europa Press, que considera a Díaz como “la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país”. Bustinduy subrayó la defensa de los derechos de la mayoría trabajadora como un distintivo central de la acción política de la vicepresidenta.

Voceros de otras formaciones dentro de Sumar, como Compromís, también se pronunciaron. El diputado Alberto Ibáñez resaltó el rol integrador de Díaz para conformar una candidatura electoral diversa y plural que, en su opinión, “frenó al fascismo”. Ibáñez enfatizó el valor de la diversidad y la unidad alcanzada durante los procesos electorales recientes y valoró la capacidad de Díaz para “aglutinar, desde la diferencia”, distintos sectores de la izquierda.

Desde el entorno de los Comunes, la coportavoz Aina Vidal transmitió públicamente su apoyo mediante un mensaje de ánimo, señalando que el horizonte inmediato exige seguir trabajando con el foco puesto en la mejora de las condiciones laborales. Vidal manifestó el compromiso de la formación con los próximos dieciocho meses de legislatura como un periodo en el que se deben intensificar los esfuerzos por la clase trabajadora.

El diputado Nahuel González, representante de Izquierda Unida en el Congreso adscrito a Sumar, expresó, según reportó Europa Press, su respaldo a la decisión de Díaz y calificó positivamente su etapa en el Gobierno. González también puntualizó la influencia que tuvo la candidatura encabezada por Díaz en las elecciones de 2023 para su propia incorporación al Congreso. Destacó que la presencia de la vicepresidenta fue clave para que la clase trabajadora valenciana percibiera mejoras en su vida durante los últimos años y se mostró satisfecho por la continuidad de Díaz en el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia.

El contexto político posterior al anuncio de Díaz ha puesto sobre la mesa la necesidad de reflexión entre los partidos que componen la coalición, según transmitió González. En declaraciones a Europa Press, el diputado insistió en la importancia de una estrategia común y en la elaboración de un programa que permita consolidar una unidad efectiva, haciendo alusión al acto colectivo celebrado el sábado anterior en la ciudad de Madrid. En ese encuentro se subrayó el valor de la colaboración y el trabajo conjunto como herramientas para que el gobierno de progreso pueda revalidarse en el próximo ciclo electoral.

Desde la confirmación de la renuncia, los referentes consultados por Europa Press han hecho hincapié en los avances impulsados durante la gestión de Díaz en el ámbito laboral y social, convirtiéndola en una figura central para la agenda transformadora de la izquierda en el actual período político. La continuidad de Díaz como vicepresidenta y ministra de Trabajo aparece señalada como elemento estabilizador de la coalición y garante de la implementación de reformas en beneficio de la mayoría trabajadora, de acuerdo con las manifestaciones recogidas por el medio.

La decisión de Díaz ha dejado abierta la discusión sobre el perfil y el alcance del próximo liderazgo en el espacio de Sumar. Los distintos mensajes de respaldo y agradecimiento dirigidos a la vicepresidenta, publicados por dirigentes partidarios en redes sociales y reseñados por Europa Press, muestran el reconocimiento de su papel como articuladora, tanto en la obtención de logros legislativos como en la capacidad de hacer converger posiciones diversas.

El escenario ahora gira en torno a la consolidación de la unidad interna, la capacidad para mantener la relevancia electoral de la coalición y la manera en que la izquierda gestionará la transición política luego de la renuncia de quien fue su candidata principal. El desarrollo de los próximos meses será clave para evaluar el grado de cohesión logrado por Sumar tras este cambio y el impacto que tendrá en sus posibilidades de gobierno, tal como reportó el medio Europa Press.

Las recientes intervenciones públicas de varias figuras políticas de la izquierda española han coincidido en señalar la importancia de movilizar a la ciudadanía ante el avance de la extrema derecha. Según publicó Europa Press, Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, volvió a extender una invitación a Podemos y a otras fuerzas de la izquierda plurinacional a sumarse a la plataforma progresista que busca presentarse como un proyecto electoral común de cara a las elecciones generales de 2027. Hernández destacó la necesidad de consolidar un frente amplio que no pierda representación parlamentaria ante la ultraderecha y enfatizó la voluntad de Sumar de liderar un proyecto "ganador" que encarne las demandas y preocupaciones de la sociedad progresista.

El medio Europa Press detalló que Hernández compareció en una rueda de prensa realizada en Madrid, en la que remarcó el momento de "contacto" y "invitación" en que se encuentra la plataforma encabezada por Sumar. Insistió en que la propuesta está abierta, no solo para Podemos, sino también para partidos como Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Balears, Partido Verde y otras formaciones, con el objetivo de construir una casa común de las izquierdas.

Durante su intervención, Hernández se refirió a los actos celebrados la semana anterior, en los que participaron partidos como Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, y que también incluyeron la presencia del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. Según consignó Europa Press, la coordinadora de Movimiento Sumar interpretó estos eventos como una muestra del "pulso" que la ciudadanía progresista está dando al momento político actual.

Hernández explicó que Sumar parte de la convicción de que el nuevo frente debe apostar por un programa ambicioso que supere la simple defensa de lo conseguido hasta ahora o la mera oposición a la extrema derecha. Planteó que la alianza debe aspirar a convencer y motivar a los votantes progresistas con propuestas transformadoras, capaces de dar respuesta a las inquietudes sociales detectadas en los últimos meses.

De acuerdo con Europa Press, la líder de Sumar subrayó la inquietud social y la preocupación de la base progresista por el avance de la derecha radical. En esta línea, recalcó el sentido de responsabilidad de las cuatro formaciones que presentaron el acto en Madrid, asegurando que asumen el compromiso de responder a las demandas de quienes temen la pérdida de derechos ante una posible ampliación del peso parlamentario de la ultraderecha.

En la misma jornada, la ministra de Sanidad, Mónica García, vinculada a Más Madrid, ofreció declaraciones desde el Congreso de los Diputados, en las que resaltó el valor del evento organizado por Sumar y sus aliados. Según publicó Europa Press, García consideró que el acto representa "un refuerzo de las fuerzas progresistas" que buscan avanzar en la consolidación de un espacio político coordinado y fraterno. Además, insistió en que el objetivo común es construir una candidatura abierta en la que tengan cabida todas las sensibilidades de la izquierda, de modo que las opciones progresistas permanezcan unidas ante los desafíos electorales de los próximos años.

La coordinadora de Movimiento Sumar reiteró en varias ocasiones el carácter inclusivo de la oferta política que impulsa, subrayando que se trata de una casa común donde distintas fuerzas puedan integrar sus perspectivas en un proyecto político con vocación de mayoría. Hernández remarcó la intención de superar el marco de las cuatro formaciones participantes en el primer acto y ampliar la base de la plataforma para asegurar que ninguna voz progresista quede fuera en el proceso de construcción del programa electoral.

Según reportó Europa Press, los mensajes transmitidos apuntan a evitar una fragmentación del voto izquierdista, a la vez que se reclama la incorporación de colectivos y partidos que aún no han definido su posición ante la propuesta aliancista. Hernández manifestó que persiguen un proyecto que inspire y revitalice el compromiso de los votantes progresistas, de cara a unos comicios en los que prevén una competición fuerte contra sectores de la derecha y la extrema derecha.

Estas declaraciones y estrategias se producen en un contexto en el que las principales fuerzas progresistas españolas examinan posibles vías de colaboración para afrontar juntas el ciclo electoral que culminará en 2027. Diversos actores han coincidido en la necesidad de construir un frente común, capaz de presentar alternativas sólidas ante la ciudadanía y evitar que la dispersión del voto desemboque en un aumento de la representación parlamentaria de partidos de ideología contraria al progresismo.

Sumar, junto a sus potenciales aliados, sigue invitando a las diferentes fuerzas progresistas a dialogar y alcanzar acuerdos, con la intención de consolidar una propuesta que refleje tanto la pluralidad interna de la izquierda española como la aspiración de frenar el crecimiento de la extrema derecha en las instituciones.

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, se refirió a la importancia de abrir a la investigación histórica los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, subrayando que la labor de académicos y expertos contribuirá a ampliar la comprensión pública de ese periodo. En este contexto, Hernández expuso que la desclasificación de los archivos anunciada por el Gobierno marca un avance, pero consideró que se requiere ir más allá para garantizar una mayor transparencia democrática.

Según reportó el medio, Hernández celebró el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien adelantó que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los secretos oficiales relativos al intento de golpe de Estado del 23-F, justo cuando se cumplen 45 años del suceso. No obstante, Hernández manifestó que la apertura de estos archivos no resulta suficiente y resaltó la necesidad de modificar el marco legal vigente. Defendió que la aprobación de una nueva ley de información clasificada debe avanzar sin más demoras en el Congreso, ya que esta reforma significaría dejar atrás la ley de secretos oficiales que proviene de la etapa franquista, en vigor desde 1968.

La portavoz de Sumar puntualizó que la regulación actual, según consideró, representa un obstáculo para la salud de la democracia española al mantener apartados del conocimiento público numerosos documentos sobre episodios relevantes de la historia reciente. Hernández expuso que, en su opinión, cuando los documentos históricos se publican para conocimiento de la ciudadanía, la democracia se fortalece y gana legitimidad.

En la rueda de prensa, Hernández instó al Gobierno a materializar la desclasificación de manera efectiva para permitir el acceso a los documentos. Señaló también que los investigadores y estudiosos serán quienes ahora tomen el relevo, analizando el material liberado para proseguir con el entendimiento y la contextualización de los eventos ocurridos el 23 de febrero de 1981. La coordinadora subrayó que la principal tarea es seguir ampliando los mecanismos que hagan posible una sociedad informada y consciente de su pasado.

Según detalló el medio, el proyecto de ley de información clasificada lleva cerca de seis meses paralizado en el Congreso de los Diputados. Hernández lamentó la falta de avances e instó a los grupos parlamentarios a desbloquear esta iniciativa. La dirigente señaló que la reforma legislativa supondría superar definitivamente la normativa heredada del régimen anterior y establecer nuevas garantías para la consulta pública de archivos históricos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también se pronunció sobre este tema. De acuerdo con el medio, García declaró ante la prensa en el Congreso que el Ejecutivo está abordando las deficiencias existentes en materia de secretos oficiales. Según la ministra, España está avanzando en la materia, aunque admitió que el proceso legislativo enfrenta desacuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, lo que complica la aprobación de nuevas leyes como la de información clasificada.

García explicó que el Gobierno mantiene su compromiso de impulsar normativas que permitan adaptar la legislación sobre el acceso a documentación de interés público, pese a que la falta de consenso en el Parlamento retrasa su tramitación. A juicio de la ministra, el Ejecutivo ha mostrado avances en la agenda legislativa, aunque el ritmo se encuentra condicionado por las dinámicas políticas de la Cámara Baja.

El medio consignó que la desclasificación de los archivos del 23-F responde a una demanda sostenida tanto desde sectores políticos como desde la sociedad civil. De acuerdo con lo expuesto por Hernández, se trata de uno de los acontecimientos más opacos de la historia contemporánea de España y existe un interés creciente en clarificar las circunstancias y las responsabilidades de los hechos.

La expectativa ante la próxima publicación de archivos incluye la posibilidad de nuevas líneas de investigación sobre el contexto, preparación y consecuencias del intento de golpe de Estado. Tanto Movimiento Sumar como otros partidos han insistido en que la apertura de los archivos debe formar parte de una política más amplia de transparencia institucional, que permita a la ciudadanía participar y fiscalizar los procesos históricos y políticos del país.

En conclusión, los portavoces de Movimiento Sumar y del Gobierno han remarcado la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura informativa. La reivindicación de una nueva ley de información clasificada sigue presente en las demandas de los actores políticos y sociales, mientras que la desclasificación de documentos históricos se considera un paso para profundizar en el acceso público a la memoria democrática de España.

El Acuerdo de Estado por el Movimiento Asociativo en Cáncer plantea la necesidad de articular mecanismos de financiación que sean transparentes, evaluables y sostenibles, permitiendo así la profesionalización y estabilidad de las asociaciones de pacientes. Según consignó el medio que reportó la presentación de este documento, el objetivo principal es asegurar la presencia establecida de los colectivos de pacientes en todas las etapas de definición y revisión de las políticas públicas relacionadas con el cáncer. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) formalizó este lunes la propuesta en el Congreso de los Diputados, reclamando que la Ley de las Organizaciones de Pacientes respalde la figura del asociacionismo en la toma de decisiones sanitarias.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa se dio a conocer en la VIII Cumbre Española Contra el Cáncer, y busca que el texto legal garantice la cogobernanza y la integración sistemática de las asociaciones en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de estrategias oncológicas. GEPAC remarcó la necesidad de que estas organizaciones ejerzan un papel activo y regulado en la planificación y el seguimiento de las políticas sanitarias, trasladando así la experiencia y la voz de los pacientes a las estructuras formales de toma de decisiones.

La presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, explicó durante la jornada que el movimiento asociativo en oncología debe considerarse parte inherente de la sociedad, invitando a las instituciones públicas, a los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, sociedades científicas e instituciones sanitarias a asumir la corresponsabilidad en la gestión de la enfermedad: “El cáncer no puede gobernarse sin la participación de los pacientes”, manifestó Barragán, según el medio que difundió el encuentro.

La ministra de Sanidad, Mónica García, intervino en el acto para subrayar el impulso que supone este acuerdo, al consolidar la incorporación de la perspectiva de los pacientes en las políticas sanitarias y avanzar a una respuesta más estable y coordinada frente al cáncer. García expresó que la Ley de las Organizaciones de Pacientes pretende que estas asociaciones formen parte integral de las instituciones, asegurando que “la voz de los pacientes forme parte del diseño de nuestras políticas públicas”. Añadió que la lucha contra el cáncer requiere cohesión y apoyo a la ciencia, resaltando la importancia de combatir el incremento del negacionismo en materia científica y reforzar el papel del sistema sanitario público.

Durante el desarrollo de la cumbre, diversos expertos abordaron la repercusión del movimiento asociativo en la vida de los pacientes. El jefe de Servicio de Oncología Clínica del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, Pedro Pérez, puso de manifiesto que el asociacionismo ha sido fundamental, aunque consideró pertinente que las organizaciones eleven su nivel de participación e incidencia en la mejora de la asistencia y la toma de decisiones clínicas. Pérez insistió en que los pacientes requieren preparación y formación para afrontar la enfermedad junto a los profesionales sanitarios. En sus palabras, es relevante que los pacientes transmitan sus expectativas sobre el proceso asistencial, y que los médicos sean receptivos ante estas demandas.

En el ámbito de la enfermería, Pilar Serrano, de la Unidad de Hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, enfatizó en el tándem necesario entre profesionales de enfermería y asociaciones de pacientes. Sostuvo que solo a través de la colaboración coordinada se pueden proporcionar cuidados adecuados a quienes enfrentan el cáncer.

La visibilidad de tipos de cáncer menos reconocidos también fue objeto de reflexión por parte de la presidenta de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO), Charo Hierro. Hierro reclamó a los profesionales sanitarios que prescriban la relación con asociaciones como parte del apoyo integral al paciente, argumentando que el cáncer ginecológico sigue siendo un tema poco conocido en la sociedad. Detalló que las asociaciones desempeñan un papel de apoyo psicológico no solo para las pacientes, sino también para sus familiares, generando acompañamiento frente a situaciones de aislamiento tras el diagnóstico.

La participación real y efectiva del movimiento asociativo constituyó otro eje del debate. Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, defendió un modelo de trabajo conjunto que involucre tanto a centros sanitarios como a pacientes, proponiendo superar estructuras formales que no se traduzcan en acciones de participación efectiva. March argumentó que, aunque se han producido avances, el sistema sigue conceptualizando a los pacientes más como sujetos pasivos que como agentes activos en las decisiones sobre su salud.

Santiago Cervera, miembro del comité asesor de GEPAC y exconsejero de Sanidad de Navarra, advirtió sobre el riesgo de que las asociaciones se limiten al voluntarismo y no logren una proyección profesional e institucional dentro del sistema sanitario. Enfatizó que el reconocimiento profesional de estas agrupaciones debe impregnar la estructura y la cultura organizacional de la sanidad pública. Cervera recalcó que el proceso de gobernanza debe incluir a los beneficiarios de las políticas, integrándolos como elementos complementarios y responsables en la toma de decisiones.

En el mismo sentido, Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), reiteró que la integración activa de los pacientes en los comités hospitalarios es una medida indispensable, ampliando este rol a ámbitos de investigación y docencia. De Castro detalló que muchos hospitales han comenzado a implementar estas prácticas, fortaleciendo la presencia del paciente oncológico en el funcionamiento institucional y en el diseño de programas asistenciales.

El procedimiento que promueve GEPAC, según lo difundido por los medios presentes en la cumbre, aboga por una reforma que garantice instrumentos de financiación que respalden la durabilidad y profesionalización de las asociaciones, asegurando con ello su independencia y capacidad de colaboración. La propuesta también insiste en ampliar el radio de acción del movimiento asociativo para que su experiencia y conocimiento contribuyan de manera directa a la mejora en la atención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Las opiniones recogidas durante la cita reflejaron una convergencia en la necesidad de institucionalizar la voz de los pacientes y de profesionalizar su representación, al tiempo que se reconoció la importancia de establecer mecanismos concretos y medibles que garanticen la continuidad y el impacto de su participación en el sistema sanitario.

La ampliación del número de plazas en la universidad pública y en la formación sanitaria especializada ha sido una de las medidas destacadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, frente a las demandas persistentes de los profesionales médicos. Según consignó Europa Press, García aseguró que el Ejecutivo incrementó en un 15% las plazas de Medicina en la universidad pública y en un 40% las plazas correspondientes al MIR y otros programas de formación sanitaria especializada, lo que significa un crecimiento desde las 8.000 hasta algo más de 12.000 plazas. La ministra manifestó que esta situación responde a la necesidad de abordar tanto la escasez actual de médicos y enfermeros como la prevista por cambios demográficos.

De acuerdo con Europa Press, García anunció su respaldo a las reclamaciones presentadas por los médicos contra las condiciones que establece el Estatuto Marco. La ministra afirmó su intención de acompañar a los profesionales médicos para solicitar a cada comunidad autónoma mejoras vinculadas a cuestiones retributivas y organizativas que la ley no fija de forma específica. Estas declaraciones de García se produjeron en el marco de una entrevista para el pódcast 'Carne Cruda', recogida por el medio mencionado.

La huelga semanal convocada por los médicos se produce por la discrepancia con lo dispuesto en el Estatuto Marco, especialmente respecto a los elementos que consideran insuficientes. Uno de los focos de descontento surge de la regulación de las guardias médicas, pues los profesionales exigen que sean de 12 horas, de carácter voluntario, mejor remuneradas y acompañadas de descansos reales. También solicitan la equiparación de sus jornadas laborales con las del resto de sanitarios, el reconocimiento de la singularidad de la profesión médica mediante un estatuto propio, aumentos en plantilla y remuneraciones, además de la posibilidad de adelantar la edad de jubilación.

La titular de Sanidad explicó, según subrayó Europa Press, que el Gobierno no puede intervenir en la fijación de salarios ni en la organización de las plantillas, ya que esta competencia corresponde a las distintas comunidades autónomas, que deben establecer condiciones atractivas para los profesionales con el fin de retenerlos. García destacó que el Estatuto Marco, que aún debe pasar por el Consejo de Ministros, representa "un primer paso" para limitar posibles abusos en la gestión sanitaria de los últimos años, señalando que tras 23 años se trata de la primera base puesta para mejorar la situación.

Entre los puntos legislados en el Estatuto Marco, García indicó que se elimina la obligación de realizar guardias de 24 horas, fijando en 17 horas el máximo permitido, cifra que se corresponde con dos turnos sucesivos (tarde y noche), además de establecer la obligatoriedad de descanso antes y después de cada turno. Las comunidades autónomas cuentan con la facultad de reducir el tiempo de las guardias hasta las 12 horas, según detalló la ministra a Europa Press, pero advirtió que la voluntariedad absoluta en la asignación de guardias no es posible. Argumentó que no se puede "dejar la asistencia de los pacientes al albur de las necesidades de los profesionales".

Sobre las demandas de los médicos a favor de un estatuto propio, García señaló que el Estatuto Marco contempla un capítulo específico dedicado a los profesionales médicos. A su juicio, las particularidades del ejercicio de la medicina pueden incorporarse dentro de un marco legal común, y crear normativas diferenciadas fragmentaría el sistema sanitario. En cuanto a la jubilación anticipada, la ministra recordó que en España la edad de jubilación se determina por años trabajados y no por el volumen de horas realizadas.

La equiparación de jornadas con el resto del personal sanitario figura entre las peticiones de los médicos, quienes se apoyan en el ejemplo de la enfermería. En ese sentido, García estableció diferencias organizativas entre ambos colectivos, enfatizando que el modelo de trabajo de enfermeros, quienes pueden realizar noches consecutivas a lo largo de varias semanas, no se adapta a la realidad del personal médico, ya que comprometería la continuidad de la atención para los pacientes.

El déficit de profesionales plantea desafíos para el sistema sanitario público. García puntualizó, según informó Europa Press, que esta situación no afecta únicamente a médicos en ejercicio, sino que también abarca a estudiantes y residentes en formación. La ministra insistió en que el país necesita mejores condiciones salariales, más contratos y, en general, un esfuerzo creciente en contratación, pero este objetivo depende de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades que se establezcan en los presupuestos generales del Estado. Destacó la necesidad de avanzar de forma gradual en la mejora de las condiciones laborales para quienes trabajan en el sistema sanitario público.

Las posiciones adoptadas por el Ministerio se dan en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno central, los sindicatos médicos y las comunidades autónomas, como detalló Europa Press. El proceso de negociación implica niveles diferenciados de responsabilidad: mientras que el marco general corresponde al Estado, las condiciones concretas se definen en última instancia por las autonomías. García reiteró la disposición del Ministerio para acompañar las demandas de los médicos dirigidas a los gobiernos regionales, subrayando la corresponsabilidad en la mejora de la situación profesional y asistencial en la sanidad pública española.

La organización del evento decidió abrir la sala de cine vinculada al Círculo de Bellas Artes para acomodar a quienes no pudieran acceder al salón principal, después de observar que la fila de asistentes alcanzaba el centro comercial de Canalejas. Según las estimaciones recogidas por el medio, más de 300 personas aguardaban en los alrededores para ser parte del acto de refundación de la alianza entre Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida (IU) y Comuns, superando ampliamente las previsiones iniciales y el aforo de la sala Columnas, espacio con capacidad para aproximadamente 400 personas. La noticia principal se centra en la respuesta masiva que suscitó la nueva etapa de colaboración progresista, que reunió a una amplia representación del ámbito político, sindical y cultural en Madrid.

De acuerdo con la información aportada por la organización y consignada por la fuente original, el acto contó con la presencia de líderes destacados de los partidos implicados. Entre quienes intervinieron figuraron la ministra de Sanidad y líder regional Mónica García, el dirigente de IU Antonio Maíllo, el ministro de Cultura y referente de los Comuns Ernest Urtasun, junto a la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. Desde la organización detallaron que, dada la elevada afluencia, los ponentes tenían previsto salir a dirigir unas palabras directamente al público congregado en la calle, buscando involucrar también a quienes quedasen fuera del recinto.

El medio también detalló que la cita contó con el respaldo de figuras históricas y actuales del espectro progresista. El expresidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero, sumó su presencia a la de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del exministro y excoordinador federal de IU, Alberto Garzón. Además, asistieron los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como el exsecretario de Estado y antiguo dirigente de Podemos, Nacho Álvarez.

Entre los invitados se incluyó también a una variedad de representantes tanto de colectivos sociales como del ámbito vecinal y cultural, reflejando el interés transversal que despertó el acto según informó la fuente. Entre los asistentes se encontraban los exdirigentes de Podemos, Ramón Espinar y Noelia Vera, el portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago, las coordinadoras de los Comunes Candela López y Gemma Tarafa, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, o el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. Además, tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como EH Bildu enviaron delegados de sus direcciones.

La demanda de acceso al evento puso a prueba la capacidad organizativa de las formaciones convocantes y reflejó la relevancia percibida de esta refundación de la alianza electoral, orientada a rearticular las propuestas progresistas en el panorama político actual. Según publicó la organización a través de datos proporcionados al medio, la previsión de asistencia inicial quedó sobrepasada por el interés ciudadano, lo que llevó no solo a utilizar alternativas de espacio dentro del recinto, sino a buscar vías para no dejar fuera de la experiencia a quienes esperaban en el exterior.

El desarrollo del evento incluyó intervenciones de todos los líderes citados, quienes reforzaron el mensaje de unidad y colaboración. La participación de representantes sindicales se consideró especialmente significativa dada la coyuntura sociolaboral, mientras que la presencia de personalidades del mundo de la cultura y del activismo social y vecinal reflejó el deseo de integrar a amplios sectores en la construcción de este nuevo ciclo político.

Por otra parte, la asistencia de partes vinculadas a otras fuerzas aliadas de la izquierda, como ERC y Bildu, fue entendida en el acto, según consigna la fuente, como una muestra de apertura hacia otros proyectos políticos que comparten objetivos similares en materia social y territorial. El evento también sirvió de espacio para reforzar la visibilidad de referentes pasados y presentes, como los antiguos responsables de IU o Podemos, en un intento de subrayar la continuidad del trabajo realizado por sus distintas corrientes en los últimos años.

La convocatoria convocada por la plataforma Sumar ha provocado posicionamientos diferenciados entre los partidos progresistas que han formado parte de sus alianzas desde su fundación. Según detalló Europa Press, algunas formaciones como Chunta Aragonesista y Més per Mallorca anticiparon que no participarían en el evento organizado por Sumar para la presentación de su nuevo proyecto político, mientras que Compromís confirmó su presencia al acto, aunque subrayó que su participación no implica un compromiso en el desarrollo orgánico de la futura coalición.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá este evento bajo el lema 'Un paso al frente', con la intervención de representantes de cuatro formaciones clave: Mónica García (ministra y líder de Más Madrid), Ernest Urtasun (ministro de Cultura y referente de los Comunes), Antonio Maíllo (coordinador federal de IU) y Lara Hernández (coordinadora general de Sumar). Tal como consignó Europa Press, la sesión inicial será presentada por Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.

Junto a estos dirigentes, se anunció la asistencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, integrantes del Ejecutivo nacional. No formará parte del acto la vicepresidenta segunda y principal referente de Sumar, Yolanda Díaz. De acuerdo con lo informado por Europa Press, Díaz indicó que la cita debe estar centrada en las formaciones políticas y consideró que corresponde a los partidos articular los primeros pasos de la refundación de la alianza.

En el mismo sentido, otras organizaciones han marcado distancias frente a la cita de Sumar. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, declaró a Europa Press que no asistirá al evento, postura compartida por fuerzas soberanistas como EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). El propio Rufián encabezó en días recientes un diálogo sobre el futuro de la izquierda, que sí contó con la presencia de representantes de Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid.

Los partidos invitados a la celebración han expresado distintos motivos para justificar su ausencia o su participación parcial. Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y el Partido Verde rechazaron la invitación, según informaron fuentes internas a Europa Press. En particular, el Partido Verde sostuvo que la estrategia para frenar el avance de formaciones ultraderechistas requiere de alianzas amplias y que el encuentro del sábado no alcanza dicho objetivo. Aun así, desde el Partido Verde reiteraron su objetivo de contribuir a la construcción de un proyecto conjunto en el que todas las sensibilidades políticas del espacio progresista se vean reflejadas.

Compromís confirmó que una delegación acudirá al acto, precisando que no implica comprometerse en la elaboración estructural de la nueva plataforma. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, confirmó su presencia como parte del público. Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, figura entre los dirigentes de la formación madrileña cuyo desplazamiento al evento está previsto, según amplió Europa Press.

En el espacio mediático, las formaciones que acudieron promovieron el evento a través de sus cuentas oficiales. Así, las redes sociales de los cuatro partidos principales divulgaron el cartel de la convocatoria y el listado de ponentes, reforzando el alcance de la invitación y subrayando la orientación electoral del encuentro, tal como reportó Europa Press.

La segmentación entre los partidos aliados de Sumar durante las pasadas elecciones revela un proceso de redefinición dentro del espacio de la izquierda. El acto programado sienta las bases para una nueva fase de cooperación entre formaciones como Más Madrid, Comunes, IU y Sumar, mientras que otras fuerzas históricas del espacio progresista evalúan su nivel de implicación ante los desafíos electorales y estratégicos que enfrenta el sector.

Durante una reunión organizada para abordar dos comparecencias relacionadas con la proposición de ley sobre ratios de enfermeras en ámbitos sanitarios, Agustín Santos, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, ofició la convocatoria de la ministra de Sanidad, Mónica García, para el próximo 16 de marzo. Tal como informó el medio, la sesión tendrá lugar previsiblemente a las 16.00 horas, y responde a una petición impulsada por el Partido Popular.

Según publicó la fuente, la solicitud de comparecencia fue registrada por el Partido Popular el 13 de enero, motivada por la percepción de "incumplimiento reiterado" de los plazos establecidos para el proceso de exámenes MIR correspondientes a 2026. De acuerdo con el citado partido, estos retrasos afectan directamente tanto a los aspirantes como al adecuado funcionamiento de la planificación sanitaria, por lo que se requiere una explicación detallada por parte del Ministerio de Sanidad.

La intervención de la ministra en la Comisión de Sanidad ocurre en el contexto de un proceso parlamentario que examina varias cuestiones críticas vinculadas al sistema nacional de salud. Entre los temas abordados en la citada sesión del órgano legislativo se encuentran propuestas orientadas a garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios, en particular la discusión sobre la iniciativa legal para establecer ratios de enfermeras.

El medio especificó que, durante la convocatoria, Santos precisó a los diputados los detalles logísticos de la próxima comparecencia, posterior a la sesión centrada en las ratios de enfermería. Esta comparecencia de la ministra gana especial relevancia ante la insistencia de la oposición sobre la necesidad de esclarecer las causas y responsables de los retrasos en el proceso de selección para médicos internos residentes, que desempeña un papel clave en la conformación de las plantillas médicas y en la cobertura de las necesidades asistenciales de la población.

Los plazos para la convocatoria y resolución de las pruebas MIR revisten especial importancia para la planificación de recursos humanos en el sector sanitario, como recordó el Partido Popular en su solicitud, de acuerdo con lo consignado por la fuente. El retraso en el calendario afecta la organización de hospitales y centros sanitarios, así como la expectativa de los miles de titulados que aspiran a acceder a plazas de formación especializada.

La ministra de Sanidad, Mónica García, responderá a las preguntas de los parlamentarios y deberá exponer las acciones emprendidas por su departamento ante los retrasos denunciados, así como explicar los motivos que impidieron el cumplimiento de los plazos establecidos para la convocatoria de estos exámenes. Los diputados esperan detalles sobre las medidas correctoras previstas para evitar futuras demoras y sobre los criterios adoptados por el Ministerio para planificar la oferta y la adjudicación de plazas MIR.

La cita del próximo 16 de marzo figura ya en la agenda legislativa, tras la confirmación realizada por Agustín Santos en nombre de la Comisión. El proceso da continuidad al trabajo de fiscalización y control parlamentario de la acción del Gobierno en materia sanitaria, y al debate sobre el marco normativo destinado a mejorar las condiciones laborales y la seguridad en los servicios asistenciales, al tiempo que incide en los procedimientos de selección de profesionales médicos.

Entre los argumentos esgrimidos por Mónica García al defender los cambios en la ley de ratios de enfermeras, destaca el énfasis en los beneficios que aporta una adecuada dotación de personal de enfermería: según la titular de Sanidad, la evidencia científica indica que contar con suficientes profesionales permite disminuir complicaciones clínicas, reducir hospitalizaciones evitables y mejorar la satisfacción tanto de pacientes como de trabajadores sanitarios. García introdujo esta idea central al sostener que la correcta planificación de plantillas repercute directamente en la seguridad y la calidad asistencial, un punto principal que refleja la noticia revelada por el Ministerio de Sanidad.

Según informó el medio, la ministra de Sanidad ha justificado la introducción de enmiendas en la proposición de ley sobre ratios de enfermeras, argumentando que estas propuestas buscan transformar el modelo tradicional de relación fija entre el número de enfermeras y pacientes. García detalló en un video difundido por el Ministerio que los indicadores fijos sirven como referencia pero no reflejan las diferencias de necesidades entre pacientes ni la diversidad de complejidades dentro de los servicios sanitarios. Según sus palabras, la propuesta gubernamental se orienta a "planificar las plantillas en función de la complejidad real de las personas atendidas, la intensidad de los cuidados y el perfil profesional necesario en cada momento".

Durante la reunión de la Comisión de Sanidad celebrada este miércoles, se programaron dos comparecencias relacionadas con la proposición de ley sobre ratios para asegurar la seguridad de los pacientes en centros asistenciales y otros contextos del sistema sanitario. Tal como detalla la fuente, ante la Comisión comparecerán Paloma Ángela Calleja, asesora del secretario de Estado de Sanidad, y María Teresa Moreno, directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-isciii). Estas exposiciones aportarán información relevante sobre la organización y el impacto de los recursos humanos sanitarios.

De acuerdo con el medio, García recalcó que las enmiendas introducidas en la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) se orientan a asegurar una dotación segura y óptima de personal de enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en todas las áreas del sistema sanitario español. La ministra resaltó que esta iniciativa cuenta con respaldo social y profesional, surgió desde la sociedad civil y responde a demandas compartidas tanto por el personal sanitario como por la ciudadanía, con el objetivo de mejorar los estándares de calidad y seguridad en la atención.

El medio recogió las declaraciones de la ministra acerca del soporte que ofrece la literatura científica al subrayar los efectos positivos de ajustar las plantillas: "cuando hay una dotación adecuada de enfermería para los cuidados, bajan las complicaciones, se reducen los ingresos y las estancias hospitalarias y mejora la satisfacción de pacientes y profesionales". García insistió en que no se trata únicamente de optimizar las condiciones laborales, sino también de reducir la mortalidad prevenible y fortalecer la calidad y la seguridad del conjunto del sistema sanitario.

Según lo publicado, García manifestó que la principal aportación de las enmiendas se orienta a superar el paradigma tradicional fijado sobre la proporción enfermera-paciente, para dar paso a un enfoque más flexible y sensible a las demandas reales derivadas de la complejidad clínica y el perfil de quienes requieren atención. En sus palabras, buscar "más y mejores cuidados, seguridad y condiciones laborales", responde a la convicción de que el valor del sistema sanitario no se mide solo por la cantidad de tecnología disponible ni por la infraestructura, sino por la calidad de los cuidados diarios que reciben los ciudadanos.

El medio subrayó que la proposición de ley y sus artículos derivados se encuentran en proceso parlamentario y han generado debate sobre la mejor forma de planificar recursos humanos en los centros sanitarios. Durante este proceso, la opinión de expertos y representantes institucionales pretende aportar información empírica y propuestas destinadas a responder a las necesidades asistenciales presentes y futuras, prestando especial atención al vínculo entre recursos humanos adecuados, seguridad del paciente y eficiencia en la gestión de los centros de salud y hospitales.

García sostuvo, en línea con información aportada por el medio, que la mejora en la dotación y planificación de profesionales de enfermería prioriza tanto la protección de los pacientes como la satisfacción de los propios equipos de trabajo, y que una adecuada respuesta a los retos demográficos y sanitarios requiere flexibilidad y adaptación constante del modelo de gestión de plantillas. La ministra describió así la política de su departamento en materia de recursos humanos y planificación asistencial, señalando que el objetivo central es garantizar la seguridad, la calidad de cuidados y el bienestar de los profesionales.

Las comparecencias programadas ante la Comisión de Sanidad se enmarcan en el análisis detallado de las propuestas legislativas y en la búsqueda de consenso social y técnico sobre el modo de avanzar hacia una organización de recursos humanos que permita responder a los desafíos que enfrentan los sistemas de salud en el contexto actual. Según reportó el medio, voces institucionales y profesionales buscan aportar elementos objetivos para facilitar la toma de decisiones que redunden en una atención sanitaria basada en la evidencia y las necesidades reales de la población.

Durante su intervención ante el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó las afirmaciones sobre la supuesta privatización del sistema sanitario en Cataluña y puntualizó que el marco regulatorio catalán utiliza consorcios y conciertos exclusivamente con entidades públicas o sin ánimo de lucro. García subrayó que este enfoque mantiene el sistema alejado de cualquier modelo de gestión privada similar al del Partido Popular, desmarcándose de prácticas como la manipulación de listas de espera para obtener rendimientos económicos ligados a empresas privadas. La ministra afirmó que el objetivo del nuevo proyecto normativo es proteger el sistema catalán de este tipo de riesgos y garantizar la gestión pública de los servicios sanitarios.

De acuerdo con el medio de comunicación, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, García respondió a la pregunta de la diputada Pilar Calvo, representante del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, acerca de la posición ministerial sobre el modelo sanitario catalán. La ministra manifestó que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán, sino que lo protege". Esta afirmación se produjo tras recordar que el anteproyecto de la ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero.

Según reportó la misma fuente, Mónica García expuso que el sistema sanitario catalán constituye "uno de los grandes activos del Sistema Nacional de Salud (SNS)", destacando su papel pionero en áreas como la investigación, la innovación, las terapias avanzadas y la gestión sanitaria. Mencionó también la relación entre las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial, donde se comparten diversas iniciativas de gestión e innovación, señalando que Cataluña actúa en muchos aspectos como un referente nacional e internacional.

La ministra precisó que, aunque el sistema muestra carencias y debilidades comunes a los sistemas sanitarios europeos, destaca en áreas como la investigación translacional y la gestión innovadora. Además, indicó que la colaboración entre entidades dentro de Cataluña se realiza exclusivamente con organismos públicos o sin fines lucrativos. García enfatizó que "no es el modelo de Quirón, no es el modelo del Partido Popular", diferenciándose así de las estructuras vinculadas a la gestión privada. También rechazó los señalamientos recientes sobre intentos de manipular listas de espera con fines de lucro y calificó estos hechos de contrarios a la filosofía del sistema catalán, aclarando: "No es el modelo de los audios obscenos que oímos hace poco diciendo un CEO que iba a manipular las listas de espera para hacer caja".

La ministra de Sanidad, según detalló el medio, subrayó que la Ley de Gestión Pública tiene como finalidad frenar cualquier intento de introducir prácticas privadas que puedan afectar la integridad del sistema. Afirmó: "El objetivo de la nueva ley es poner coto a esos audios obscenos y proteger al sistema catalán de los 'Quirones' de turno". En contraste, resaltó que la sanidad pública de Cataluña dirige sus esfuerzos hacia el refuerzo de la salud de la población y la mejora de los servicios ofrecidos, manteniéndose al margen de intereses privados y comerciales.

Durante su comparecencia, García insistió en que calificar el sistema fiscalizado por parte del Gobierno central y de la Generalitat como privatizado corresponde a "falacias". Insistió en la importancia de distinguir entre modelos de gestión y subrayó la función de los consorcios y conciertos como mecanismos de colaboración dentro de la esfera pública. Así, la ministra defendió la nueva Ley de Gestión Pública como un instrumento legal que blinda el sistema sanitario catalán frente a movimientos privatizadores y a la influencia de intereses ajenos a la gestión pública.

El debate sobre el modelo de gestión sanitaria en Cataluña surge en un contexto en el que la protección ante la privatización y el fortalecimiento de la sanidad pública se encuentran en el centro de la agenda política. Tal como publicó el medio citado, García consideró que Cataluña se sitúa como referente en investigación, terapias avanzadas e innovación en gestión, y que la nueva normativa contribuye tanto a preservar estos avances como a impedir la entrada de intereses privados en la organización de los servicios sanitarios.

Al abordar el futuro de la izquierda alternativa en España, Mónica García destacó que toda construcción política de este sector debe integrar diversas sensibilidades y voces, incluyendo la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según recogió Europa Press, la ministra de Sanidad subrayó que “aquí no sobra nadie” al defender un espacio donde puedan converger distintos puntos de vista de la izquierda bajo una plataforma común y fraterna. García remarcó esta idea durante una entrevista con Catalunya Ràdio, situando la noticia en el contexto de los llamados a consolidar un frente progresista capaz de sostener uno de los pocos gobiernos de este perfil en Europa y responder a las expectativas del electorado y las bases militantes.

Durante su intervención, García afirmó que crear y mantener este espacio progresista implica una responsabilidad compartida para dar respuesta a los votantes, militantes y, en última instancia, a quienes aspiran a avances en derechos y libertades. Según informó Europa Press, la ministra consideró que el actual gobierno de coalición de perfil progresista en España cuenta con pocos equivalentes en el continente, lo que otorga especial relevancia a la unidad de la izquierda.

Al ser consultada sobre si acudiría al acto promovido esa misma tarde por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), junto a Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, García indicó su interés en participar en la cita, aunque condicionó su asistencia a cuestiones de agenda. El evento buscó abordar el futuro de la izquierda alternativa y la creación de nuevas alianzas políticas en ese espacio, según detalló Europa Press.

En la entrevista, la titular de Sanidad también abordó el uso del término “woke”, señalando que en su opinión los avances en materia de derechos y libertades forman parte de este concepto. García lamentó que la palabra haya sido objeto de ridiculización y defendió sus implicaciones sociales, según publicó Europa Press.

La ministra abordó asimismo la situación del sistema sanitario en España. Explicó que, en su valoración, se han revertido la mayoría de los recortes implementados por el Partido Popular en etapas anteriores. Como ejemplo, citó el crecimiento en la oferta de plazas de formación sanitaria especializada; según sus declaraciones, en el ciclo 2014-2015 se ofrecían cerca de 6.000 plazas, mientras que la oferta actual asciende a 9.000, según detalló Europa Press.

Respecto a la regulación de las guardias médicas, García criticó el mantenimiento de la idea de las guardias de 24 horas. Explicó que, aunque una ley estipula un máximo de 17 horas —equivalente a dos turnos—, esta misma legislación deja en manos de las comunidades autónomas y los servicios sanitarios la decisión de establecer guardias de 17, 12 u 8 horas. García cuestionó la lógica de que coexista un límite legal con la posibilidad de que se realicen turnos de hasta 24 horas, y señaló que este asunto requiere una explicación, según reportó Europa Press.

La ministra también fue consultada sobre los incentivos económicos propuestos por la conselleria de Salud catalana para reducir el número de bajas laborales en los centros de atención primaria. García opinó que el acto médico de conceder una baja no debe verse condicionado o alterado y evaluó que los incentivos económicos podrían tener efectos contraproducentes. “Entiendo que parte de esas bajas están justificadas por la lista de espera. Todo lo que sea agilizar el estado de espera, bienvenido, y todo lo que sea viciar el acto médico, pues habrá que verlo”, declaró García, según recogió Europa Press.

Sobre los desafíos de la Sanidad, García insistió en la importancia de mantener la atención en la calidad del sistema público y recordó la dificultad añadida que representan problemas estructurales como las listas de espera. Reiteró la necesidad de criterios claros y no presionados en la gestión de las bajas, enfatizando el valor de preservar la integridad profesional de los médicos.

De esta manera, la ministra de Sanidad defendió la articulación de un espacio progresista inclusivo dentro de la izquierda española y abogó por políticas que fortalezcan tanto la cohesión política como el sistema sanitario, según reiteró el medio Europa Press en su cobertura de la entrevista.

"Ojalá en vez de entrar a la guardia a las 8 de la mañana hubiera podido entrar a las 3 de la tarde", afirmó Mónica García al recordar su etapa laboral en el Sistema Nacional de Salud, valorando de manera positiva los cambios introducidos en el nuevo Estatuto Marco. De acuerdo con información publicada por el medio, la ministra de Sanidad rechazó la creación de un reglamento específico para el colectivo médico y defendió que la normativa actual ya incorpora los avances materiales posibles sin interferencias en las competencias de otras leyes y de los gobiernos autonómicos.

Según informó la fuente, la titular de Sanidad explicó que el Estatuto Marco surgió de la negociación y el consenso alcanzado con las principales organizaciones sindicales, que representan mayoritariamente a los trabajadores sanitarios, incluidos los médicos. Entre las agrupaciones implicadas en la elaboración del texto final se encuentran CCOO, UGT, CSIF y SATSE. La ministra remarcó que la inclusión de estos sindicatos legitima el acuerdo, ya que el proceso de diálogo se extendió durante más de tres años y en las reuniones participaron profesionales médicos.

Durante una intervención en los pasillos del Senado, Mónica García aclaró que el Ministerio de Sanidad descarta la elaboración de un estatuto exclusivo para el colectivo médico con el argumento de que la atención a la salud se organiza de manera multidisciplinar y que "la sanidad trabaja de manera multidisciplinar". La ministra manifestó: "No lo vamos a hacer porque no creemos en ello y porque la sanidad trabaja de manera multidisciplinar", enfatizando la importancia de no fragmentar el sistema sanitario nacional.

De acuerdo con el mismo medio, ante la convocatoria de huelga por parte de ciertos sindicatos médicos, García recordó que quienes impulsan la paralización cuentan con la posibilidad de impulsar una regulación propia a través de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, reiteró que las demandas relativas a la dotación de las plantillas, las políticas retributivas, la regulación de turnos, las guardias y la organización interna pertenecen a la gestión de las comunidades autónomas, no al Gobierno central.

Al ser consultada por el desgaste de su imagen frente al conflicto, la ministra declaró que se ha "desgallitado" al intentar comunicar las razones que motivan la huelga y puntualizó que, en su experiencia como médica del Sistema Nacional de Salud hasta 2022, nunca se encontró con reclamaciones similares respecto al Estatuto Marco. Detalló que la revisión de la normativa se mantuvo guardada durante más de dos décadas y que al promover los cambios actuales se generó una reacción considerable por parte de algunos sectores que consideran insuficientes los nuevos derechos laborales que otorga el texto.

Según publicó el medio, García destacó que los avances materiales incluidos en la revisión del Estatuto dependen en su mayoría de las autoridades autonómicas, enfatizando que cualquier cambio sobre aspectos como los recursos humanos, la mejora de las condiciones de trabajo y la organización de los servicios debe ser gestionado desde las consejerías de salud regionales. La ministra insistió en que el Ministerio de Sanidad no intervendrá en competencias autonómicas ni contravenirá la legislación vigente, postura que reiteró al rechazar solicitudes que impliquen segregar el sistema sanitario nacional.

Por último, la ministra aseguró que continuará defendiendo ante las distintas instancias la mejora de las condiciones laborales en el sector, aunque reconoció la existencia de opiniones divergentes sobre el alcance de las reformas. En su intervención, García instó a dirigir las reivindicaciones sobre temas laborales directamente a las administraciones autonómicas por corresponderles esas competencias, según reportó la fuente.

Durante la sesión de control celebrada en el Senado, Mónica García destacó la llegada a España de más de 60 niños y niñas procedentes de Gaza que han recibido atención médica gracias a la sanidad pública, una acción que enmarcó dentro de los logros recientes de su gestión al frente del Ministerio de Sanidad. Tal como informó el medio Europa Press, la ministra hizo referencia a esta iniciativa cuando defendió la magnitud y el alcance universal del sistema sanitario nacional, en respuesta a las críticas de la oposición durante el debate parlamentario.

En ese contexto, la senadora del Partido Popular (PP) Rosa Romero solicitó la realización de una auditoría externa sobre el sistema de selección de médicos especialistas, específicamente el examen MIR (Médico Interno Residente), y denunció supuestas irregularidades que incluyen la dimisión de expertos en el proceso y demoras en la publicación de las listas de resultados. Según consignó Europa Press, Romero calificó la última convocatoria del MIR como “un absoluto desastre” y expresó preocupación por la inseguridad jurídica que, según ella, enfrentan miles de aspirantes. La parlamentaria recordó que la Asociación MIR España también ha exigido una auditoría independiente para esclarecer responsabilidades en el proceso.

En respuesta, Mónica García defendió el récord de 12.366 plazas ofertadas en el proceso de Formación Sanitaria Especializada para este año y se identificó como “orgullosa responsable” de la gestión realizada en su departamento. Según detalló Europa Press, la ministra contrastó la cifra actual de plazas con las de anteriores gobiernos, señalando un aumento del 40 por ciento respecto a convocatorias previas, mencionando textualmente que “este año hemos sacado una cifra histórica con 12.366 plazas frente a sus pírricas 8.000”.

La titular de la cartera sanitaria destacó además el impulso de normativas para garantizar la universalidad del acceso al sistema sanitario y la aprobación del primer Plan Nacional Contra el Suicidio, integrando estas medidas en una defensa más amplia de la calidad y amplitud de la atención pública en España. García se refirió también a desafíos y cuestionamientos lanzados por la oposición, señalando que, en su opinión, la visión del sistema sanitario defendida por los senadores del PP se encuentra orientada hacia modelos como el de Estados Unidos, país en el que, según indicó citando datos presentados en el Senado, el 65 por ciento de las bancarrotas familiares están relacionadas con el coste de la atención médica.

Durante su intervención, García cuestionó los recortes realizados por gobiernos anteriores y reivindicó su propia trayectoria en movilizaciones en defensa del sistema público. “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”, afirmó durante su alegato en la cámara alta, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, subrayando el compromiso del actual Ejecutivo con la protección de la sanidad pública y la extensión de sus beneficios a toda la ciudadanía, incluyendo a personas que, según expresó, intentan desacreditar o limitar su alcance.

Por su parte, Rosa Romero insistió en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, reiterando que el examen MIR constituye una prueba fundamental como puerta de entrada para la formación de los futuros especialistas médicos. En sus palabras, “han convertido este examen en un absoluto desastre, en una inseguridad jurídica para miles de aspirantes que no se puede admitir”. La legisladora del PP enfatizó que el proceso de selección ha “sobrepasado todas las líneas rojas” y reclamó medidas para garantizar el rigor y la equidad del sistema.

Europa Press detalló que el debate entre la ministra y la senadora reflejó el clima de controversia existente en el ámbito político en torno a la reciente convocatoria de plazas y la gestión del acceso a la formación médica especializada. García defendió el aumento significativo de plazas y las iniciativas en marcha en materia de salud pública, insistiendo en que el sistema español mantiene su carácter universal y de calidad. La oposición, en cambio, aboga por mayor fiscalización y control sobre los procedimientos para evitar posibles irregularidades y falta de claridad en el proceso.

El contexto de estos reclamos incorpora tanto demandas de mayor transparencia en los procedimientos como argumentos sobre la orientación y políticas del sistema sanitario, según plasmó Europa Press en su cobertura. Durante la sesión, la ministra mencionó también los desafíos económicos que atraviesan sistemas sanitarios de otros países y sostuvo que el modelo español debe blindarse contra tendencias privatizadoras o de recorte de servicios, mientras la oposición reitera la urgencia de estudiar y auditar los procesos de selección, dado el impacto que tienen para el futuro de la atención médica.

Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha confirmado que participará en el acto de reedición de la confluencia de su formación política junto a Sumar, Izquierda Unida (IU) y Comuns, previsto para este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Según detalló Europa Press, Delgado, quien esta misma semana mantendrá una conversación pública con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, comunicó su asistencia a través de un mensaje en la red social X. "No hay incompatibilidad entre una cosa y la otra. Estaré encantado de asistir el 21, y por supuesto serán bienvenidos todos y todas las que quieran acercarse el 18 a la Galileo. Ojalá más normalidad y menos drama", expuso Delgado. Este gesto subraya la sintonía entre distintas corrientes del espectro progresista, mientras persisten incertidumbres acerca de la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, en este punto de encuentro político.

El medio Europa Press consignó que el evento marcará el relanzamiento público de la coalición formada por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns, proyecto que asume el objetivo de consolidarse como una alternativa electoral y de gobierno. Al acto asistirán ministros de las áreas de Derechos Sociales, Sanidad y Cultura: Pablo Bustinduy, Mónica García —también al frente de Más Madrid— y Ernest Urtasun, reforzando así el respaldo institucional del Ejecutivo a la iniciativa. En torno a la posible presencia de Yolanda Díaz, fuentes de su entorno señalaron que su asistencia depende de su agenda gubernamental y permanece en suspenso.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la convocatoria al evento se ha extendido a figuras políticas y sociales ajenas al PSOE, principal fuerza del Ejecutivo. El llamamiento abarca no solo a partidos del grupo parlamentario de Sumar, como Compromís —que ya confirmó representación—, sino también a actores sociales, sindicales y del ámbito cultural. No obstante, formaciones antes aliadas como Chunta Aragonesista y Més per Mallorca han comunicado su decisión de no participar en este acto de relanzamiento de la confluencia.

Por otra parte, la agencia comunicó que algunos partidos, anteriormente vinculados a este espacio político, han decidido desvincularse del encuentro. Tal es el caso de Podemos, EH Bildu y BNG. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, declaró que la formación no considera viable una reedición de Sumar, la cual ven subordinada al PSOE, y expresó públicamente su preferencia por otra fórmula para el espacio de la izquierda. EH Bildu y BNG adoptaron una posición similar, manifestando su ausencia y marcando diferencias con el proyecto en construcción.

En el caso de ERC, Gabriel Rufián comunicó que no puede estar presente por cuestiones de agenda, si bien transmitió —según las fuentes consultadas por Europa Press— que mantiene relaciones positivas con los impulsores del acto y que no criticará declaraciones o iniciativas que llamen a la unidad de la izquierda. Rufián también afirmó que su desempeño político continuará alineado con Esquerra Republicana, puntualización interpretada como una respuesta directa a la invitación realizada por Aina Vidal, coportavoz de Comuns.

El evento se desarrollará bajo el lema “Un paso al frente”, en alusión a la voluntad de avanzar hacia una alternativa de gobierno compuesta por las fuerzas participantes y abierta al diálogo con otros sectores progresistas y la sociedad civil en general. Izquierda Unida detalló que su líder, Antonio Maíllo, tomará la palabra en nombre de la organización durante el acto. La convocatoria se extiende tanto a cargos públicos y orgánicos de las formaciones organizadoras como a colectivos sociales y representantes del sindicalismo y la cultura, en un intento de fortalecer la base sociopolítica de la nueva etapa de la coalición.

Europa Press informó que la reedición de la alianza buscará perfilar una candidatura común para las próximas elecciones generales, propiciando la integración de nuevas formaciones y consolidando una alternativa a la izquierda del PSOE. Esta ceremonia de relanzamiento se produce en un contexto de debate interno en el espacio progresista y tras divergencias públicas sobre el rumbo de la coalición y la participación institucional de sus miembros.

El formato escogido —reuniendo a ministros del Ejecutivo, representantes parlamentarios y dirigentes orgánicos de las formaciones organizadoras, así como a otros actores del ámbito social— busca simbolizar la cohesión entre los participantes y transmitir tanto voluntad de unidad como apertura a otras sensibilidades progresistas. En este escenario, la asistencia de los tres ministros mencionados y la expectativa sobre la presencia de Yolanda Díaz ponen de manifiesto los equilibrios políticos internos y las dificultades inherentes a la articulación de un espacio político diverso que pretende reforzar su visibilidad e influencia de cara al futuro inmediato.

Según informó el medio, el Consejo General de Enfermería ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que alerta sobre las consecuencias que supone en la salud de las gestantes y sus bebés la asistencia a partos por parte de doulas. Estas últimas son señaladas como parteras que carecen de formación sanitaria y que actúan al margen de la evidencia científica y la regulación vigente. El CGE resalta que estas prácticas acontecen fuera del marco profesional y advierte que esta situación requiere de medidas urgentes por parte del Ministerio de Sanidad y de otros organismos pertinentes.

El medio detalla que el CGE ha centrado su atención en el colectivo Brigada Revolucionaria Unida por la Justicia, la Autonomía y lo Sagrado (B.R.U.J.A.S.), que difundió recientemente un comunicado en el que acusaba a las matronas de invisibilizar saberes ancestrales y privar a las mujeres de su derecho a decidir las condiciones del parto. A juicio del CGE, estas afirmaciones no se corresponden con la realidad profesional ni científica. El organismo subraya que las matronas son enfermeras que completan una formación de grado de cuatro años, seguida de dos años adicionales de especialización en salud sexual y reproductiva de la mujer, lo cual las habilita legalmente para el acompañamiento sanitario durante el embarazo y el parto.

La vocal matrona y vicetesorera del CGE, Montserrat Angulo, citada por el medio, abordó la correlación entre el aumento de partos sin asistencia profesional y la proliferación de la creencia de que estos procesos no implican peligro alguno. Angulo remarcó que la ausencia de cualificación de las personas que atienden estos partos puede desembocar en situaciones de riesgo inminente tanto para las madres como para los niños, subrayando el carácter “alarmante” de esta tendencia.

Por su parte, Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, enfatizó que la figura de la doula no cuenta con atribuciones legales ni forma parte del marco de profesiones sanitarias reconocidas. “No tienen competencias legalmente atribuidas, ni son una profesión sanitaria, ni profesionales sanitarios del área de formación profesional”, afirmó. Según consignó el medio, Pérez Raya planteó diversos interrogantes acerca de la seguridad y la toma de decisiones frente a complicaciones en partos atendidos por personas sin capacitación, y destacó el valor del sistema sanitario español y sus profesionales.

A raíz de esta preocupación, el CGE ha solicitado la adopción de medidas en los ámbitos de inspección, información y control a nivel estatal y autonómico. El objetivo es garantizar la protección de la salud de las mujeres y los neonatos, así como salvaguardar la calidad asistencial y el respeto a las competencias profesionales de las matronas. La demanda del Consejo incluye la promoción de políticas y acciones que limiten la actuación de las doulas en procesos de parto, de acuerdo con la regulación sanitaria vigente.

Tal como reportó el medio, las autoridades del CGE recalcan que la controversia no responde a una resistencia al cambio sino a la necesidad de priorizar la seguridad de las personas implicadas. La comunicación enviada a la ministra de Sanidad defiende la profesionalización del acompañamiento al parto y sostiene que cualquier intervención debe basarse en la formación especializada y la experiencia que caracteriza al personal sanitario titulado.

El Consejo reitera a las administraciones públicas la responsabilidad de aplicar políticas de inspección y control dirigidas a evitar la proliferación de prácticas asistenciales por parte de personas ajenas a la formación sanitaria, recalcando, según informa el medio, la importancia crucial de apoyar la labor de las matronas y respetar el marco legal de competencias en España.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, expresó su inquietud por el impacto que la huelga médica podría tener en la atención ciudadana y en la cancelación de miles de citas, subrayando que la interrupción de los servicios afectará, especialmente, a áreas como la atención temprana. Según publicó el medio, Moreno llamó de forma explícita a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que se siente a negociar con los sindicatos médicos y así evitar la continuidad de la huelga.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la convocatoria moviliza a cerca de 30.000 facultativos, incluidos médicos residentes (MIR) y profesionales sanitarios no médicos. El Servicio Andaluz de Salud, vinculado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, activó desde este lunes y hasta el 20 de febrero los servicios mínimos para mitigar los efectos de la primera semana de huelga. El medio consignó que estos servicios esenciales seguirán repitiéndose de manera mensual hasta junio, pues el grupo de sindicatos médicos —entre ellos el Sindicato Médico Andaluz (SMA)— planea continuar las protestas con una semana de huelga en cada uno de los meses siguientes.

La principal demanda de los convocantes radica en la petición dirigida al Ministerio de Sanidad para establecer un Estatuto Marco propio, es decir, una normativa específica para regular la situación laboral del personal médico. Según explicó el medio, el objetivo de estas movilizaciones es obtener un marco regulatorio que recoja las particularidades de la profesión médica y se adapte a sus reivindicaciones.

Durante su intervención en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Moreno evaluó la situación de la huelga y manifestó su respeto por las reivindicaciones legítimas del colectivo sanitario. No obstante, advirtió sobre las consecuencias de una protesta prolongada, señalando que la duración de las huelgas “supone la cancelación de miles de citas o de actos médicos”, lo que repercute directamente en el bienestar de la ciudadanía. El presidente indicó que, aunque se cumplen las obligaciones legales y el Servicio Andaluz de Salud fija los servicios mínimos, el impacto en la capacidad de atención será palpable durante las jornadas de protesta.

El medio informó que, ante este escenario, Moreno insistió en la necesidad de un esfuerzo negociador continuo por parte tanto del Ministerio como de los sindicatos. “Pedimos un esfuerzo decidido para llegar a un acuerdo lo antes posible y evitemos ese conflicto que afecta de manera decidida y determinante a nuestra sanidad”, declaró.

En cuanto a la organización de las huelgas, el Sindicato Médico Andaluz y otras entidades sindicales establecieron un calendario mensual de movilizaciones que se mantendrán hasta junio, mientras no se alcance el nuevo marco normativo reclamado. Tal como detalla el medio, la administración sanitaria y el propio presidente de la Junta reconocen el derecho de los profesionales sanitarios a reclamar mejoras, pero insisten en que la prolongación de la huelga implicará perjuicios tanto para los pacientes como para la organización de los servicios sanitarios autonómicos.

Tanto la Consejería de Sanidad como el Ejecutivo regional han reiterado la importancia de encontrar una solución negociada. Según la información publicada, el dispositivo de servicios mínimos pretende salvaguardar la prestación de atención imprescindible, sobre todo en casos urgentes y en pacientes más vulnerables, aunque el sistema afronta dificultades adicionales durante los días de paro convocados.

En este contexto, la petición de un marco normativo propio para el colectivo médico se convierte en el eje de las negociaciones y el motivo central de las movilizaciones. El medio subrayó que tanto la continuidad de la atención primaria como la reducción del impacto de las cancelaciones dependen del desarrollo y la resolución del conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del sector.

La huelga médica que arranca esta semana representa la primera acción coordinada de varias organizaciones profesionales que, tras expresar un creciente malestar por la falta de avances, buscan la elaboración de un nuevo marco legislativo adaptado a las especificidades de su labor. Según informó el Comité de Huelga, esta movilización responde tanto a la reciente aprobación de un preacuerdo impulsado por el Ministerio de Sanidad como a lo que consideran una falta de negociación real orientada a las demandas específicas de la profesión médica. Los sindicatos que conforman este Comité —la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)— convocaron la huelga que tendrá lugar entre lunes y viernes en todo el territorio español, según publicó el medio original.

Tal como detalló el medio, el trasfondo de esta convocatoria se centra en el rechazo de los profesionales sanitarios a la reciente propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, a la cual sí dieron su respaldo otros sindicatos como SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF. Este texto, fruto de tres años de negociaciones entre el propio Ministerio y los sindicatos del Ámbito de Negociación, regula las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El 26 de enero pasado, Sanidad y aquellos sindicatos anunciaron un acuerdo que incluye un capítulo dedicado específicamente al colectivo médico, pero desde el Comité de Huelga se sostiene que esta sección resulta insuficiente al limitarse en su mayor parte a la regulación de guardias y sin abordar el conjunto de condiciones profesionales del sector. Además, según consignó el medio original, los representantes de los médicos consideran que las medidas acerca de las guardias son insuficientes y discriminatorias para las demandas de su sector.

El Comité de Huelga subrayó, según el medio, que durante el proceso negociador con el Ministerio no se dio un verdadero espacio de negociación para los sindicatos médicos, ya que el CESM, único sindicato especializado en el ámbito facultativo presente en la mesa, tuvo una participación con una capacidad de acción considerablemente limitada. Bajo ese contexto, los profesionales exigen un Estatuto Marco propio que reconozca las asimetrías de formación, desempeño y responsabilidad inherentes a su labor en el sistema sanitario. Según el medio original, esta solicitud pretende diferenciarse del marco legal común que regulariza el empleo para el resto de categorías sanitarias, debido a la especificidad de las funciones y cargas que enfrentan los médicos.

La movilización de esta semana se suma a otras protestas realizadas en el año anterior y contará con un inicio simbólico: el sábado se llevará a cabo una manifestación en Madrid que partirá a las 12.00 horas desde el Congreso de los Diputados en dirección al Ministerio de Sanidad, con médicos de todas las comunidades autónomas convocados a visibilizar su postura y reclamaciones frente a la sede ministerial, detalló el Comité de Huelga según el texto facilitado.

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha reiterado su negativa a desarrollar una normativa específica y exclusiva para el conjunto médico. Según insistió la ministra, esto “rompería la cohesión y generaría desigualdades” dentro del Sistema Nacional de Salud. En respuesta a la convocatoria de huelga, la semana previa García remitió una carta al Comité de Huelga en la que instaba a los sindicatos a utilizar las vías parlamentarias disponibles o a entablar negociaciones directas con las comunidades autónomas para modificar o negociar sus condiciones laborales. En dicha misiva, la ministra expresó su reconocimiento al derecho a la huelga, aunque señaló el impacto negativo que este tipo de acciones tiene sobre los pacientes y el funcionamiento general del sistema sanitario, según consignó el medio.

El colectivo médico respondió defendiendo la huelga nacional como una medida de última instancia, esgrimida tras intentar diferentes alternativas como reuniones con el Ministerio, encuentros con responsables parlamentarios, comparecencias en el Senado y varias protestas y negociaciones en el ámbito autonómico. Argumentaron que el creciente deterioro de sus condiciones de trabajo incluye sobrecarga por listas de pacientes —atribuida a una carencia de recursos adecuados—, jornadas de hasta 24 horas que dificultan la conciliación y superan la carga laboral de otros profesionales sanitarios, recortes salariales y obstáculos al ejercicio profesional. Según destacan los sindicatos médicos en el texto fuente, estas circunstancias están motivando la salida de numerosos profesionales del sistema público de salud sin que hasta el momento se hayan atendido sus reivindicaciones.

La huelga convocada desde este lunes será la primera de cinco programadas hasta junio, según información recogida del medio, con futuras acciones previstas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. De acuerdo con la Confederación Española de Sindicatos Médicos, y siguiendo lo publicado por la fuente original, durante la semana de protesta hay concentraciones confirmadas en distintas regiones: Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.

Cada una de estas acciones responde a la estrategia adoptada por los sindicatos facultativos para presionar al Gobierno central en el reconocimiento, a través de una ley específica, de las condiciones de formación, desarrollo y responsabilidad que consideran distintivas de su profesión. El Comité de Huelga remarcó en el texto recogido que el actual marco regulador aumenta el riesgo de pérdida de motivación profesional y está afectando la estabilidad de los equipos sanitarios, planteando una situación que, tal como argumentan, requiere una reforma estructural que no se limite a capítulos puntuales en el Estatuto Marco, sino que asuma de manera integral las demandas de quienes ejercen la medicina en el sistema público de salud.

Los médicos de toda España prosiguen este martes con su cuarta convocatoria de huelga contra el Estatuto Marco. La norma, que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, lleva 23 años sin actualizarse y este 2026, Gobierno y sindicatos han conseguido alcanzar un acuerdo para llevar su reforma al Congreso de los Diputados.

Es un pacto que no ha convencido a las organizaciones exclusivamente médicas, que dicen sentirse discriminadas de las negociaciones. Los sindicatos de facultativos exigen tener un estatuto propio, que regule las condiciones particulares de su profesión. El aspecto que más enfados despierta dentro del colectivo son las guardias médicas, jornadas de 24 horas continuadas de trabajo que realizan estos sanitarios sobre las que se sostiene el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde antes de comenzar su carrera política, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, ha abogado por el fin de estas jornadas complementarias, obligatorias para la mayoría de facultativos y retribuidas por debajo de la hora ordinaria. Ahora, García asegura que el nuevo acuerdo ha acabado con las guardias. “Hemos sacado del cajón el Estatuto Marco, por primera vez en 23 años, para acabar con las guardias de 24 horas y mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales", insistía el lunes a través de sus redes sociales.

La ministra recordaba que se ha reunido “en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos” y que el anteproyecto de ley del Estatuto Marco incluye un capítulo exclusivo para regular el trabajo de los médicos. “Gran parte del malestar provocado por un Estatuto Marco caduco escrito hace más de 23 años queda subsanado en el nuevo texto: mejorando las condiciones laborales, eliminando las guardias de 24 horas y reduciendo el número de horas trabajadas. Todo ello respetando la ley y las competencias de las comunidades autónomas”, añadió desde la plataforma Twitter (ahora X).

Guardias de 17 horas, salvo excepciones

La última versión pública del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco establece una duración máxima de 17 horas de trabajo efectivo, frente a las 24 horas actuales. Si la jornada ordinaria y la guardia son consecutivas, tampoco se podrán superar las 17 horas continuadas. Igualmente, no se podrá trabajar la jornada ordinaria de después. Estos periodos inmediatamente anteriores y posteriores “se considerarán como jornada realizada, aunque no se computen como tiempo efectivo de trabajo”, especifica el texto.

Ahora bien, estos límites tienen excepciones, que suponen en definitiva que las guardias pueden ser de 24 horas. El Estatuto Marco permitirá alargar las jornadas extraordinarias para “garantizar la adecuada atención continuada y permanente, y siempre que existan razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen”. Este exceso de jornada debe hacerse con el consentimiento individual de cada médico a quien se le ofrezca, asegurando que nadie sufra perjuicio alguno por negarse y existan registros actualizados del personal que está dispuesto a alargar su jornada.

¿Hasta cuándo se pueden implantar estas excepciones? Todas las veces que se quiera, siempre que no se superen los límites máximos de jornada. En este nuevo Estatuto Marco, los médicos tienen una jornada semanal máxima de 45 horas en cómputo semestral. Es decir, la media de las horas trabajadas por semana en los últimos seis meses debe ser igual o inferior a 45. La normativa reconoce, sin embargo, que los médicos pueden hacer 150 horas anuales de más.

Para asegurarse de que no se abusa de estas excepciones, ministerio y sindicatos han incluido un punto extra: si más de la mitad de los médicos de una unidad superan el límite anual de 150 horas extra, se elaborará un informe por parte del servicio de prevención de riesgos laborales y del servicio de recursos humanos, que debe analizar las causas de esta sobrecarga y plantear propuestas de mejoras.

En todo caso, la ley considerará carga horaria excesiva cuando el profesional médico haga más de cinco guardias físicas mensuales de manera sostenida en el tiempo, a menos que haya dado su consentimiento expreso para que ocurra durante un mes concreto. También se considerará excesiva la asignación de guardias en periodos no equilibrados del calendario, con concentración en fines de semana o festivos, sin una planificación razonable; y la imposición sistemática de guardias adicionales por ausencia de cobertura estructural.

La manifestación de médicos y facultativos en Madrid tuvo su punto culminante frente al Ministerio de Sanidad, donde los representantes sindicales subrayaron la necesidad de un marco legal que contemple de forma exclusiva las características formativas, de desempeño y responsabilidad que distinguen a este colectivo. El evento, que contó con la participación de profesionales provenientes de todas las comunidades autónomas, sirvió como preámbulo a una huelga nacional de cinco días que pretende ejercer presión sobre el Gobierno y las autoridades sanitarias para modificar la regulación de las condiciones laborales de los sanitarios.

Según publicó la Delegación del Gobierno, alrededor de 5.000 profesionales de la salud recorrieron las calles de la capital el sábado, convocados por el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Los manifestantes iniciaron la marcha en el Congreso de los Diputados bajo el lema “Por un estatuto propio del médico y el facultativo”, y durante la protesta se escucharon consignas como “Mónica García, dimisión”, “Mónica, traidora” y “Sin médicos no hay Sanidad”, en referencia a la ministra de Sanidad y en rechazo al acuerdo sobre el Estatuto Marco alcanzado entre el Ministerio y otros sindicatos.

El medio reportó que este acuerdo, anunciado el 26 de enero por el Ministerio de Sanidad junto a SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, busca actualizar el Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud por primera vez en 23 años. Aunque el texto aún debe pasar por el Consejo de Ministros y continuar el proceso parlamentario, el Comité de Huelga ha expresado su total desacuerdo, argumentando que no se han escuchado ni negociado verdaderamente las reivindicaciones del sector. El Comité considera que, a pesar de contemplarse un capítulo específico para médicos en el nuevo estatuto, este sólo regula las guardias profesionales, dejando fuera otros aspectos esenciales de la relación laboral.

Según consignó la organización convocante, los acuerdos alcanzados han resultado insuficientes y discriminatorios hacia los facultativos, ya que solo se abordan puntos parciales de sus reclamaciones. Los representantes sindicales indicaron que la actualización del estatuto no incorpora medidas que resuelvan los problemas estructurales, como la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos humanos y materiales adecuados, y las pérdidas retributivas sufridas por el colectivo durante los últimos años. Esta situación, agregaron, se refleja en la elevada cantidad de profesionales que abandonan el Sistema Nacional de Salud, lo que incrementa la presión asistencial y dificulta la atención a los pacientes.

El Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, ha manifestado su negativa reiterada a la creación de una regulación exclusivamente dirigida a los médicos. García sostiene que una normativa de este tipo afectaría la cohesión del sistema y podría derivar en nuevas desigualdades dentro del sector público sanitario. De acuerdo con lo detallado por el medio, en los días previos a la manifestación la ministra envió una carta al Comité de Huelga, en la que recuerda el respeto del Gobierno al derecho a huelga, pero advirtió sobre el impacto negativo que este tipo de movilizaciones tiene en la ciudadanía y el propio funcionamiento del sistema de salud.

En la misma misiva, García invitó a los representantes sindicales a canalizar sus peticiones a través de propuestas parlamentarias o negociaciones directas con los gobiernos autonómicos. Frente a esta postura, los sindicatos médicos han defendido la convocatoria de paro nacional como un último recurso, después de haber agotado vías de diálogo mediante reuniones con el Ministerio, encuentros con grupos parlamentarios y la organización de protestas y huelgas en el ámbito autonómico.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos, uno de los impulsores de las movilizaciones, informó al medio que ya están programadas nuevas concentraciones y huelgas en diferentes regiones del país, incluidas Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia. El calendario de paros nacionales contempla nuevas jornadas de movilización durante la última semana de abril, a finales de mayo y en junio, después de la primera convocatoria prevista para la siguiente semana.

En declaraciones recogidas por el medio, los organizadores subrayaron que la situación diaria de los profesionales sanitarios se ha deteriorado debido a la acumulación de pacientes en consulta, la falta de recursos adecuados y la imposibilidad de conciliar la vida laboral con jornadas de hasta 24 horas, una carga que consideran no se compara con la de otras categorías sanitarias. Los sindicatos afirman que las autoridades han desatendido las advertencias y demandas del sector, lo que incrementa el riesgo de fuga de talento y compromete la calidad de la atención en el Sistema Nacional de Salud.

El Comité de Huelga ha señalado que las próximas movilizaciones buscan forzar la apertura de una verdadera mesa de negociación específica para los médicos y facultativos, con la finalidad de alcanzar un estatuto que reconozca en profundidad sus particularidades laborales, de formación y responsabilidad. El conflicto con el Ministerio de Sanidad permanece activo, mientras los sindicatos mantienen su postura de continuar las movilizaciones hasta lograr un acuerdo que satisfaga las aspiraciones del colectivo.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado un calendario de movilizaciones que contempla cinco jornadas de huelga nacional hasta junio y múltiples concentraciones en comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia. Tal como informó el Comité de Huelga y detalló el medio de comunicación, la protesta surge tras el rechazo de los principales sindicatos médicos al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y otros colectivos sindicales sobre el nuevo Estatuto Marco que regula el empleo público en la Sanidad española. La primera huelga está convocada para la próxima semana, con paros de lunes a viernes, y constituye la primera acción coordinada de este alcance entre las organizaciones médicas del país.

De acuerdo con la información publicada, esta reacción unificada responde al malestar acumulado durante los tres años de negociaciones con el Ministerio de Sanidad y los sindicatos incluidos en el Ámbito de Negociación. Según detalló el propio Comité de Huelga, integrado por la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), el nuevo Estatuto Marco aprobado preliminarmente no reconoce adecuadamente sus condiciones específicas de formación, responsabilidad y carga de trabajo, y no satisface la demanda del colectivo médico y facultativo de contar con un marco regulador diferenciado que responda a sus particularidades.

La insatisfacción sindical se intensificó desde el pasado 26 de enero, fecha en la que Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF alcanzaron un acuerdo sobre el anteproyecto del Estatuto Marco, texto que aún debe sortear los trámites del Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria. Aunque dicho acuerdo contemplaba un capítulo diferenciado para el colectivo médico, el Comité de Huelga consideró que solo regula de manera concreta las guardias y no da una respuesta integral a sus demandas laborales, tildando la regulación propuesta de las guardias como "muy insuficiente y discriminatoria" para el ejercicio médico, según consignó el medio. Los sindicatos de médicos argumentan que el texto no recoge las condiciones laborales, salariales y organizativas que requieren por la naturaleza de su trabajo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Como complemento a las huelgas, este sábado está convocada, según señaló el Comité de Huelga, una manifestación en Madrid a las 12.00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Esta protesta pretende dar visibilidad al rechazo generalizado de los médicos y facultativos de todas las comunidades autónomas al Estatuto Marco pactado. El medio recogió el planteamiento de que durante el proceso de negociación, el Ámbito de Negociación no permitió un diálogo real sobre las reivindicaciones presentadas por el único sindicato profesional de facultativos presente, la CESM, que denuncia haber tenido una capacidad de intervención "prácticamente anecdótica".

La ministra de Sanidad, Mónica García, reiteró su oposición a crear una normativa aparte para médicos, argumentando que una diferenciación normativa generaría "desigualdades en el Sistema Nacional de Salud" y afectaría la cohesión del SNS. En este contexto, la ministra remitió una carta al Comité de Huelga en la que recomendaba utilizar las iniciativas parlamentarias para avanzar en el reconocimiento de sus demandas o negociar directamente con las administraciones autonómicas, recordando el impacto de la huelga en la ciudadanía y su potencial perjuicio para los pacientes. Según recogió la fuente, la ministra señaló su respeto al derecho de huelga, aunque advirtió de las consecuencias que conlleva una interrupción de servicios sanitarios.

Acerca de la trayectoria del conflicto, los sindicatos médicos han asegurado que la convocatoria nacional de huelga surge como "última opción" tras agotar otras medidas. Sostienen que a lo largo de los últimos años han mantenido decenas de reuniones con el Ministerio, se han reunido con representantes parlamentarios y han comparecido en el Senado, además de promover huelgas en el ámbito autonómico y negociar con sistemas de salud regionales. No obstante, según la información difundida por los sindicatos y recogida en la cobertura mediática, las respuestas institucionales han sido insuficientes para abordar sus principales reclamaciones.

Los profesionales del sector denuncian sobrecargas laborales derivadas de turnos de hasta 24 horas, listas de pacientes que consideran inasumibles debido a recursos insuficientes y condiciones que dificultan la conciliación familiar y profesional. Según los sindicatos, estas circunstancias provocan una pérdida retributiva y ponen trabas al ejercicio de la profesión, conduciendo a que un número significativo de médicos opte por abandonar el SNS. Los portavoces sindicales advirtieron, según publicó la fuente, que el abandono progresivo de profesionales puede comprometer la atención sanitaria y señalaron que las administraciones implicadas no han atendido adecuadamente la magnitud del problema.

El Comité de Huelga confirmó que la movilización nacional de la próxima semana es la primera de al menos cinco huelgas planeadas en el primer semestre del año, con previsión de paros entre el 27 y el 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, además del actual llamamiento a paros y manifestaciones. El medio indicó que estas acciones tienen como objetivo presionar para la aprobación de un marco normativo adaptado a las exigencias y especialización del trabajo médico dentro del SNS.

En la planificación semanal de protestas, los sindicatos han registrado concentraciones en varias comunidades autónomas, demostrando, según informaron, un frente común en la petición de soluciones diferenciadas para el colectivo médico. En palabras del Comité de Huelga, el conflicto no radica solamente en la necesidad de mayor regulación de las jornadas y retribuciones, sino en la demanda de un reconocimiento normativo acorde a la responsabilidad, la formación especializada y las condiciones de riesgo propias de la profesión médica y facultativa.

Diversas organizaciones sindicales y médicas participantes insistieron, de acuerdo con el reporte del medio, en que la creación de un Estatuto propio no busca privilegios, sino el ajuste de la normativa a la realidad de su ejercicio profesional. Además, subrayaron que la actual situación influye negativamente en la calidad del servicio sanitario al saturar a los especialistas, frenar la incorporación de nuevos facultativos y acrecentar la presión asistencial sobre los equipos médicos en todos los niveles del SNS.

Con el desarrollo de las protestas, el sector sanitario permanece atento a la evolución de la tramitación parlamentaria del Estatuto Marco y a posibles nuevos contactos entre el Ministerio y los sindicatos. El Comité de Huelga manifestó que continuará con el calendario de movilizaciones y concentraciones programadas hasta obtener avances en sus exigencias, según la información publicada por el medio.

El desarrollo del examen de Formación Sanitaria Especializada realizado el 24 de enero de 2026 presentó varias incidencias que afectaron directamente a los aspirantes, según denunció la Asociación MIR España. Entre los problemas detectados se incluyeron cuadernillos mal grapados, que impedían la lectura íntegra de las preguntas, así como defectos de maquetación, errores en la impresión, imágenes pixeladas o con resolución deficiente, y la falta de una revisión previa del material entregado. Como consecuencia de estas irregularidades, la Asociación remitió una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que solicitó la realización de una auditoría externa, independiente y pública sobre todo el proceso, según informó el propio colectivo.

De acuerdo con lo expuesto por la Asociación MIR España y publicado en su comunicado, el proceso de Formación Sanitaria Especializada para el periodo 2025-2026 se ha caracterizado por una falta de transparencia en la gestión administrativa. En este contexto, relataron que se han producido retrasos, modificaciones de última hora, fallos técnicos y ausencia de información clara, lo cual, a su juicio, ha favorecido la incertidumbre entre los candidatos y una posible indefensión jurídica. Además, el colectivo señaló que la acumulación de estos episodios ha supuesto una pérdida objetiva de confianza en el sistema y afecta gravemente la percepción sobre la fiabilidad institucional del proceso.

El medio consignó que la Asociación advirtió sobre una tendencia a priorizar el aumento de plazas y números ofertados por encima de la calidad de la formación, la supervisión efectiva de los residentes y la ausencia de mecanismos sólidos que garanticen evaluaciones independientes y consecuencias concretas ante las irregularidades. Esta deriva, según detalló la entidad, ha llevado a una degradación institucional con pérdida de los estándares previstos de calidad, capacidad de anticipación y control en el proceso de acceso a la formación sanitaria.

La Asociación MIR España, según publicó el comunicado, denunció el volumen inusualmente elevado de consultas y quejas recibidas durante las semanas posteriores al inicio del proceso. Entre las inquietudes más reiteradas figuraron la confusión sobre la fecha real de la prueba, problemas de admisión, dudas sobre los plazos administrativos, la asignación de sedes y sobre las garantías jurídicas mínimas para los aspirantes. La organización también cuestionó la opacidad en torno al baremo académico empleado, cuya ponderación y verificación estaría afectada por errores, retrasos y carencia de información precisa.

Según el comunicado recogido por la Asociación MIR España, la organización exige la publicación íntegra de los resultados de la auditoría técnica, así como la intervención pública de los responsables gubernamentales para que expliquen ante la comunidad de aspirantes y la ciudadanía en general los motivos de los problemas detectados. Además, demanda la identificación y depuración de responsabilidades políticas y administrativas en función de las conclusiones de dicha auditoría, acompañada por la adopción de medidas correctoras verificables.

El colectivo solicita, explicó la fuente, el diseño de un calendario obligatorio y normativamente protegido que impida cambios unilaterales y establezca respuestas automáticas para mitigar cualquier incidencia futura, con el objetivo de devolver la certidumbre y la equidad al sistema. Asimismo, planteó la necesidad de suspender temporalmente cualquier reforma estructural relevante, como la descentralización del examen, la introducción de la prueba ECOE o nuevos cambios de gestión, hasta que exista un consenso técnico y social suficiente, estándares nacionales homogéneos y mecanismos de evaluación independientes.

En respuesta a la situación, la Asociación MIR España pidió al Ministerio de Sanidad una respuesta formal y escrita al registro de peticiones presentado. De ser necesario, requirió además la convocatoria urgente de una reunión técnica con los responsables del Ministerio para abordar directamente los problemas y elaborar mecanismos que permitan restaurar la confianza en el procedimiento de acceso a la Formación Sanitaria Especializada.

En palabras textuales del comunicado citado por la Asociación MIR España: “No podemos aceptar que un proceso que condiciona la vida profesional y personal de decenas de miles de médicos se gestione mediante improvisación estructural, opacidad administrativa y ausencia de responsabilidades. Exigimos rigor institucional, transparencia y respeto a quienes sostendrán el Sistema Nacional de Salud en los próximos años”, concluyó la organización, según reportó la fuente.

El informe presentado durante la jornada ‘Cuidar en casa es un derecho: Por unos Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio’ visibilizó la desigualdad en la provisión de cuidados paliativos pediátricos a domicilio en España, señalando que cuatro de cada diez provincias, es decir, 20 de un total de 50, no cuentan con este tipo de servicio. Esta carencia afecta directamente el bienestar de los menores con enfermedades graves y a sus familias, evidenciando una falta de equidad que ha motivado un nuevo llamamiento desde el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con los datos difundidos por el medio Europa Press.

Tal como recogió Europa Press, la ministra de Sanidad, Mónica García, instó a considerar el cáncer infantil como un “reto de país” y remarcó la necesidad de eliminar las diferencias en la atención en función del lugar de residencia, el conocido “código postal”. García cuestionó la homogeneidad en la atención recibida por los pacientes menores, planteando dudas sobre si todos los niños con cáncer acceden a los mismos tratamientos y los mejores recursos del sistema sanitario público, sin importar la comunidad autónoma o provincia en la que viven.

La ministra subrayó que su departamento mantiene una labor activa de escucha y colaboración, dirigida a encontrar soluciones integrales a las dificultades que experimentan las familias afectadas tras un diagnóstico de cáncer infantil. Estas acciones, detalló Europa Press, abarcan tanto aspectos clínicos como asistenciales, sociales y de acompañamiento. García especificó que para avanzar hacia diagnósticos más tempranos, resulta fundamental abordar los obstáculos propios del cáncer pediátrico, cuyos síntomas suelen ser inespecíficos y dificultar la identificación a tiempo.

Europa Press reportó que, para abordar esta problemática, se impulsa la formación de profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, de forma que cuenten con mayores herramientas para reconocer sintomatología sugestiva de cáncer infantil y agilizar su detección. La ministra remarcó la fortaleza del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su objetivo de no dejar a ningún paciente atrás, apuntando la importancia de reforzar el acompañamiento a los menores tanto durante el tratamiento como tras el alta médica, conforme a las directrices del Plan de Seguimiento del Largo Superviviente de Cáncer Infantil.

Durante el acto, el informe presentado estableció un mapa preciso de los puntos del territorio nacional donde los cuidados paliativos pediátricos a domicilio están implementados y aquellos en los que todavía no se han desplegado. García defendió que la disponibilidad de estos cuidados y apoyos no puede depender de la localización geográfica, reiterando el carácter universal del SNS y la injusticia que implica la discriminación según el domicilio.

En relación con el impulso científico, la ministra destacó ante Europa Press la prioridad de fortalecer la investigación, señalando la relevancia de la inversión estatal para propiciar estudios en fases preclínicas. García contextualizó esta apuesta por la ciencia en un momento en que se cuestiona el conocimiento científico, la política y las instituciones, y manifestó el objetivo de lograr resultados innovadores en la lucha contra el cáncer infantil.

A juicio de la titular de Sanidad, los avances recientes en medicina ofrecen nuevas oportunidades terapéuticas, como la terapia génica, la terapia molecular y la medicina nuclear, además de otras alternativas emergentes. García aludió a la importancia de que el SNS trabaje de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y las consejerías de las comunidades autónomas, así como con asociaciones y sociedades científicas vinculadas a la atención y apoyo a pacientes oncológicos pediátricos.

Durante su intervención, subrayó el compromiso de su equipo para continuar reforzando el sistema, con la meta de que cada niño y adolescente con cáncer, así como sus familiares, encuentren siempre un sistema sanitario accesible, competente y humano. García concluyó que se priorizará la combinación de talento y conocimiento como parte de una respuesta integral para afrontar las necesidades del cáncer infantil en el país, según reportó Europa Press.

Durante una entrevista en el programa ‘La hora de La 1’, Mónica García expuso que existen diversas modalidades de colaboración entre sectores público y privado en la gestión sanitaria, algunas de las cuales tienen un impacto perjudicial sobre la sanidad pública y los recursos del Estado. Según informó Europa Press, la ministra de Sanidad remarcó la necesidad de exponer y revertir aquellos modelos de gestión que, a su juicio, constituyen mecanismos de “malversación oculta de fondos públicos”, argumentando que solo mediante la transparencia y la investigación se podrá garantizar una administración sanitaria alineada con el bienestar colectivo.

La declaración de García llegó tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), un texto legislativo que, según publicó Europa Press, aborda precisamente el modo en que se pueden revertir los servicios externalizados en el sistema sanitario. García detalló que la reversión de estos modelos de gestión depende, en muchas ocasiones, de la expiración de los contratos vigentes, aunque existen otras vías legales y administrativas para abordar la recuperación de servicios. La ministra explicó que, además de esperar el vencimiento de acuerdos, las autoridades investigan activamente los procedimientos y mecanismos que han posibilitado el desvío de fondos públicos, con el objetivo de “sacar a la luz” aquellos casos considerados lesivos o perjudiciales.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, García defendió que la futura norma busca frenar la expansión de modelos público-privados que considera “muy lesivos” tanto para la salud pública como para las finanzas estatales. En su evaluación, insistió en que solo gobiernos con determinación y convicción pueden revertir aquellas fórmulas que resultan desfavorables para el sistema sanitario y el interés general. Al referirse a las posibles consecuencias de la nueva ley, la responsable de Sanidad expresó su esperanza de que entre en vigor a la mayor brevedad, con el fin de permitir la derogación de la Ley 15/97, legislación que ha permitido en los últimos años múltiples fórmulas de privatización sanitaria en diversos territorios de España.

Según detalló Europa Press, la ministra enfatizó la existencia de modelos de colaboración entre lo público y lo privado que pueden ser considerados “sanos” siempre que no persigan fines lucrativos. Explicó que, en su opinión, existen distintas fórmulas de conciertos o acuerdos en el país: mientras algunos, como los gestionados por Quirón y Ribera Salud, se consideran “tóxicos” y poco beneficiosos para la ciudadanía, otros pueden mantenerse dentro de la legalidad y el interés colectivo, siempre que no favorezcan resultados empresariales a costa de la sanidad pública. García definió el anteproyecto como una ley orientada al “sentido común”, subrayando la necesidad de acotar las prácticas especuladoras en el sector sanitario.

Europa Press también reportó las reacciones entre los responsables autonómicos, especialmente en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su rechazo al anteproyecto y amenazó con recurrirlo ante los tribunales. García consideró que esta reacción refuerza la justificación de la medida, ya que la futura ley aspira a limitar las oportunidades de privatización y de especulación en la sanidad. En palabras publicadas por Europa Press, la ministra afirmó: “Los tribunales se la van a llevar a ella (a Ayuso) más pronto que tarde por todos estos tejemanejes y toda esta malversación que está habiendo de fondos públicos con la sanidad pública en Madrid”.

Al abordar la posibilidad de que la Comunidad de Madrid obstaculice la implementación de la ley mediante procedimientos judiciales, García destacó el volumen de litigios emprendidos por el ejecutivo madrileño contra leyes del Gobierno, ironizando sobre el hecho de que la presidenta “se pasa más tiempo llevando a los tribunales leyes del Gobierno que gobernando realmente y haciendo leyes para que funcionen sus servicios públicos”. Con estas declaraciones, difundidas por Europa Press, la ministra articuló una defensa de la norma en términos de protección del interés público frente a las estrategias judiciales de determinadas administraciones autonómicas.

Durante la entrevista, según recogió Europa Press, la ministra insistió en la importancia de avanzar en reformas legales que impidan la “horadación” del derecho a la protección de la salud y de la existencia de una sanidad pública orientada exclusivamente al bienestar ciudadano. Reiteró que el exceso de fórmulas privatizadoras puede convertir la sanidad en un escenario favorable para intereses económicos particulares, haciendo necesario un marco legal que refuerce la integridad y la transparencia en la gestión de los recursos sanitarios provenientes del Estado.

A lo largo de la conversación, García diferenció explícitamente entre modelos de colaboración público-privada aceptables y aquellos que considera especialmente lesivos. De acuerdo con las informaciones de Europa Press, la ministra precisó que el anteproyecto de ley no pretende eliminar todos los acuerdos entre administraciones públicas y entidades privadas, sino regularlos y garantizar que no se conviertan en fuentes de malversación o beneficio económico injustificado a costa del interés colectivo. La ministra expuso que la diversidad de modelos existentes requiere una evaluación detallada y un marco normativo capaz de diferenciar entre aquellos modelos que contribuyen a la eficiencia en la gestión y aquellos que afectan negativamente a los recursos y derechos ciudadanos.

En este contexto, García apeló tanto a la firmeza institucional como a la valentía política para acometer procesos de reversión de servicios externalizados y defender una sanidad pública íntegra. Según la información reproducida por Europa Press, insistió en la necesidad de que los gobiernos asuman la responsabilidad de revertir prácticas y contratos identificados como perjudiciales para la sanidad y las arcas públicas.

El debate sobre el futuro de los modelos de colaboración entre el sector público y el privado en el sistema de salud español se sitúa así en el centro de la actualidad política y social, impulsado por el nuevo marco legislativo propuesto y por la controversia en torno a su aplicación en comunidades autónomas como Madrid, donde la judicialización de la política sanitaria abre nuevos escenarios de incertidumbre e intervención institucional.

El debate sobre los liderazgos personalizados y la necesidad de construir alternativas estables para afrontar desafíos políticos ha cobrado fuerza en los últimos días, a raíz de intervenciones como la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, quien ha instado a generar proyectos que despierten ilusión pero que se alejen de los hiperliderazgos. En este contexto, la ministra de Sanidad Mónica García ha afirmado que la futura plataforma progresista se encuentra en pleno proceso de conformación y contará con la participación activa de distintas formaciones políticas, incluidas figuras como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, según detalló Europa Press.

Durante una entrevista emitida por el programa ‘La hora de La 1’, que fue recogida por Europa Press, García explicó que el proceso de construcción de esta alianza de izquierda implica la colaboración entre distintos partidos, como Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes, y que la decisión sobre quién encabezará la futura plataforma se tomará colectivamente. La ministra subrayó que “el tejado lo pondremos entre todos y el liderazgo que se presente lo decidiremos entre todos”, insistiendo en que, antes de definir nombres para el liderazgo, es prioritario consolidar el proyecto conjunto.

Al preguntársele específicamente si Yolanda Díaz sería la candidata a liderar el espacio progresista, García señaló que la vicepresidenta es “parte de la construcción, por supuesto”, de la “casa común” que busca aglutinar a las fuerzas progresistas. García recordó además que el papel de Díaz resultó determinante para que la coalición electoral de 2023 saliera adelante, lo que permitió revalidar el gobierno de coalición progresista, según reportó Europa Press.

García describió el nuevo proyecto como una transición de una “coalición de siglas a una alianza de voluntades”, recalcando que el valor central radica en la construcción de una opción progresista competente frente a las ultraderechas. En sus palabras, el trabajo actual se centra en “primero construir la casa” antes de decidir “quién lo lidera” o de ponerle nombre, priorizando así la creación de un proyecto sólido y de largo recorrido.

La ministra insistió en que no existe margen para divisiones internas en este proceso, dado que “aquí no sobra nadie, aquí somos todos”. También restó importancia a las percepciones sobre una supuesta fragmentación en el campo progresista y defendió, de acuerdo con Europa Press, que nunca antes este espacio político había mostrado semejante cohesión y unidad. Según García, el momento actual se caracteriza por una estructura de red y un alineamiento de voluntades sin precedentes entre las corrientes progresistas.

Al respaldar las opiniones de figuras como Rufián, García argumentó que resulta necesario fomentar un debate constructivo centrado en crear una alternativa política que suscite entusiasmo, a la vez que preserve la estabilidad requirida para hacer frente a los retos de la ultraderecha en España. La ministra destacó que el objetivo compartido no radica en reforzar liderazgos individuales, sino en consolidar un proyecto político plural y sólido.

El anuncio y presentación formal de la alianza progresista está previsto para el día 21 de febrero, en un acto en que se hará pública la coalición entre Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes. Según la información de Europa Press, esta iniciativa busca capitalizar la unidad de las distintas fuerzas progresistas y presentar un frente común para las futuras citas electorales y políticas.

García reiteró que, a pesar del “ruido” mediático sobre posibles divisiones en la izquierda, la realidad que atraviesa el espacio progresista es de una unión inédita, reforzada por alianzas y pactos que trascienden las diferencias entre los partidos implicados. Europa Press indicó que la ministra considera este momento como un punto de inflexión para la política progresista en España, reflejando un compromiso explícito con la integración, el consenso y la consolidación de una alternativa robusta frente a los partidos de ultraderecha.

Durante el pleno en el Congreso de los Diputados, la diputada Carmen Fúnez señaló a la ministra de Sanidad, Mónica García, como “la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas”, relacionando esta situación con una presunta “falta de diálogo”, “sectarismo” e “incoherencia” de la titular sanitaria. Según detalló el medio, Fúnez argumentó que las recientes decisiones ministeriales acentuaron ese escenario, especialmente con la presentación de un anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el martes en Consejo de Ministros, y mencionó la publicación, en la misma jornada, de un contrato de privatización del servicio de psiquiatría en Ceuta firmado por la ministra. Estas observaciones surgieron en el contexto de la pregunta de la diputada del Partido Popular sobre si la ministra iba a asumir responsabilidad o dar explicaciones respecto a las huelgas convocadas por sindicatos médicos.

De acuerdo con la información publicada, Mónica García respondió que asume “con todo el orgullo” su “responsabilidad” por la defensa de la sanidad pública, reivindicando su actuación al frente del ministerio desde que asumió la cartera. García subrayó que su trabajo ha estado orientado a limitar la colaboración público-privada, actualizar el Estatuto Marco y ampliar el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada. Añadió: “Entono un ‘mea culpa’ por defender nuestra sanidad pública de sus falsas preocupaciones y de sus intentos de cargársela”, declaración recogida en la sesión parlamentaria y citada por la agencia.

La ministra remarcó durante su intervención que uno de los hitos legislativos de su gestión ha sido el impulso del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, presentado en Consejo de Ministros, cuyo objetivo es, según sus palabras, proteger el sistema sanitario frente a intentos de privatización. “Una integridad por la que por supuesto que me puse en huelga y por la que por supuesto que convoqué manifestaciones. ¿Para qué? Para librar a los españoles y a los madrileños de sus ansias privatizadoras y de sus ansias especuladoras”, afirmó García, en críticas directas a las políticas del Partido Popular, según recogió el medio.

Tal como publicó la fuente, la ministra recalcó también su compromiso con revertir los recortes impulsados por anteriores gobiernos del Partido Popular, haciendo especial énfasis en el aumento de las plazas ofertadas para la Formación Sanitaria Especializada. Detalló que bajo su gestión se ha alcanzado la cifra de 12.366 profesionales en esta etapa formativa. García reclamó al grupo popular haber asumido “el mayor recorte en nuestros profesionales” en épocas precedentes.

Adicionalmente, la titular de Sanidad destacó la recuperación del Estatuto Marco después de 23 años de permanecer sin actualizar, señalando que, durante ese periodo, no constató debates desde el Partido Popular acerca de cuestiones como las guardias, las condiciones laborales o la defensa del propio sistema sanitario. Acusó al grupo popular de acordarse de los profesionales solo cuando puede emplear ese interés como “arma arrojadiza contra el Gobierno de España”, citó la agencia.

La intervención de Fúnez también aludió a que el Estatuto Marco presentado carece, en su opinión, de los informes necesarios del Ministerio de Función Pública y del Ministerio de Hacienda, además de señalar la ausencia de participación de los médicos en su elaboración. Sumó críticas al referirse a supuestos problemas de organización en los exámenes de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, calificando la situación actual en el sector como un “clima de caos y confrontación”.

En ese sentido, la representante popular llevó el debate al terreno de la responsabilidad política, cuestionando que García continúe en el cargo pese a la situación descrita y afirmó: “Si hubiese sido un gobierno del Partido Popular, ¿qué habría pasado? Pues yo se lo digo, que la ministra hubiese estado en la calle desde hace semanas y desde hace meses”.

A lo largo de su intervención, Mónica García defendió la legitimidad de sus políticas y la orientación reformista de su mandato, asegurando que la defensa activa de la sanidad pública y el impulso de nuevas normativas buscan consolidar la integridad y el carácter público del sistema de salud. Según reportó el medio, la ministra se mostró firme en su rechazo a las acusaciones de falta de diálogo y defendió la apertura de procesos participativos en las reformas legales en curso.

El debate parlamentario reflejó la persistencia de divergencias entre el Gobierno y la oposición sobre el rumbo de la sanidad pública y la gestión de los recursos humanos y materiales del sistema nacional. Según consignó el medio, las posturas enfrentadas giraron en torno a la valoración de las recientes medidas normativas, las políticas de privatización, la gestión del personal sanitario y la respuesta ante las convocatorias de huelga por parte de los sindicatos médicos.