Conflicto agrario entre San Juan Juquila Mixes

Hace más de siete años la comunidad Guadalupe Victoria experimentó un desplazamiento forzado originado por un conflicto político, social y agrario entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec.

El conflicto se origina en septiembre de 1975, cuando una Resolución Presidencial otorgó 47 mil 977 hectáreas de tierras comunales a San Juan Juquila Mixe, lo que generó inconformidad entre los pobladores de Ocotepec y desató tensiones que se han prolongado hasta la actualidad.

Tras la revisión de la problemática por parte del Secretario de Gobierno, Jesús Romero López en coordinación con el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz se comenzaron mesas de diálogo que permitieran construir las condiciones necesarias para el retorno de las familias, la pacificación y la seguridad. Otros organismos que han colaborado en este logro fueron la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión de Derechos Humanos (CADH), la policía estatal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Romero López destacó los resultados, “luego de un incansable diálogo con todas las partes, hemos logramos convenir algo que no se había podido por el abandono institucional de anteriores administraciones, y es que la asamblea de Guadalupe Victoria haya aprobado el retorno de los desplazados de Juquila Mixes, y que los desplazados hayan asumido la responsabilidad de regresar a su comunidad en un marco de respeto y de orden”.

Mediante estas gestiones se prevé que los habitantes recuperen el acceso a los servicios básicos, la educación pública, servicios médicos, y seguridad, el cual habían perdido desde el 7 de enero de 2017 al haber sido expulsados de su comunidad. Se prevé que se realice un despliegue y patrullaje de la policía estatal y la Guardia Nacional; la habilitación de un centro de salud con apoyo comunitario y la realización de un diagnóstico de las casas.

Acuerdo tras 70 años de disputas

Mediante el Programa de Paz con Justicia y Bienestar se realizaron acciones de conciliación que derivaron en la firma de 43 convenios de paz; uno de los más importantes es el suscrito para poner fin al conflicto entre poblaciones de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama (San Juan Ñumí) originado hace más de 70 años por diferencias agrarias, y que tiene en su haber un saldo de varias pérdidas humanas.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, destacó la voluntad de ambas comunidades que participaron activamente en al menos 10 mesas de diálogo y el convenio que permite el ingreso de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para realizar recorridos de vigilancia.

Representantes de ambos municipios, acompañados por autoridades agrarias, avaladas por autoridades comunitarias se comprometieron a generar las condiciones para establecer brigadas para la realización de la medición del polígono del territorio en conflicto. También participaron integrantes de la Junta de Conciliación Agraria (JCA), la Subsecretaría de Gobierno, la Coordinación de Atención para los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y de todas las instituciones participantes.

Avance en la pacificación del conflicto entre San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec

Asimismo, se informó sobre el avance que existe para la resolución del conflicto intermunicipal entre la agencia de San Juan Bosco Chuxnaban y su cabecera de San Miguel Quetzaltepec.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López detalló que se logró la firma de un acuerdo referente a la distribución de los recursos municipales del ramo 28 y 33 para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de Justicia Indígena, y queda a la espera del acuerdo definitivo que permita una vida libre de violencia para los habitantes.

Después de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmara el hallazgo sin vida de la activista indígena Sandra Domínguez y su esposo, sus familiares han planteado que ambos casos “son un reflejo doloroso y contundente de la realidad que enfrentamos como país”. Aunado a ello, pidieron a la sociedad que exijan el esclarecimiento y atención a esta problemática, ya que “no hay compromiso real del Estado”.

En una rueda de prensa, las hermanas de la defensora Ayuujk ―o mixe―, Kisha y Kenia Domínguez, así como su madre Aracely Martínez, leyeron un pronunciamiento en el que dieron a conocer el dolor por la pérdida de Sandra, mientras dijeron sentir una especie de calma por, al menos, “haberla encontrado”.

“Después de 206 días de angustia, de noches interminables y de una lucha incansable para exigir su regreso, hoy, con el corazón desgarrado, confirmamos que hemos encontrado a Sandra. No fue el final que soñábamos, pero al fin descansará entre quienes la amamos profundamente”, señalaron sus familiares.

En ese sentido, las dos hermanas y su madre recordaron la trayectoria como abogada de Sandra Domínguez. En especial, enunciaron una denuncia en la que exhibió cómo una serie de mujeres indígenas sufrían violencia digital. Esto luego de que funcionarios públicos difundieran imágenes comprometedoras y en estado de vulnerabilidad a través de chat de Whatsapp:

“Exhibió lo que muchos intentaron ocultar. Levantó su voz por la dignidad de todas, poniendo su propia vida en riesgo. Hoy más que nunca honramos su lucha, su valentía, su fuerza y su amor por su pueblo y sus hermanas”, subrayaron.

Caso Sandra Domínguez: una historia de activismo sobre la sierra mixe

El caso de Sandra Domínguez, defensora de derechos humanos y activista indígena mixe, ha conmocionado a México tras confirmarse su asesinato en Veracruz seis meses después de su desaparición en Oaxaca. Sandra y su esposo, Alexander Hernández, desaparecieron el 4 de octubre de 2024 en María Lombardo de Caso, Oaxaca. Sus cuerpos fueron hallados en abril de 2025 en fosas clandestinas en Santiago Sochiapan, Veracruz.

Sandra era abogada y activista reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y por su acompañamiento a víctimas de violencia de género. Su labor la convirtió en un referente de lucha en Oaxaca, pero también la expuso a amenazas constantes. A pesar de los riesgos, continuó denunciando abusos y participando en espacios públicos, lo que, según organizaciones sociales, pudo haber motivado su desaparición forzada.

Tras la denuncia de su desaparición, colectivos feministas, pueblos originarios y organizaciones de derechos humanos exigieron a la FGEO acciones inmediatas. La dependencia ofreció una recompensa de hasta 350 mil pesos por información, pero los avances en la investigación fueron limitados durante meses. Finalmente, el hallazgo de los cuerpos en Veracruz confirmó las sospechas de que se trataba de un crimen de alto impacto.

Autoridades estatales señalaron que Alexander podría estar vinculado con grupos criminales y que ella habría sido víctima colateral. Esta versión fue rechazada por la familia y colectivos que han pedido una investigación con perspectiva de género y derechos humanos. Hasta ahora, solo una persona ha sido detenida en relación con el caso.